El expresidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, anunció en enero de 2024 la elaboración de una auditoría forense del sector público de la Generalitat para clarificar supuestos “aspectos de dudosa legalidad” en cuanto a contrataciones, falta de control de recursos, colocación a dedo y pagos sin autorización, y anunció la supresión de seis empresas “fantasma” cuyas funciones aseguraba que estaban duplicadas.

Mazón trató de esta forma de sembrar dudas sobre la gestión del anterior Gobierno del Botánico presidido por el socialista Ximo Puig, con Mónica Oltra y Héctor Illueca como vicepresidentes. Sin embargo, no parece que la jugada le haya salido del todo bien a tenor del resultado de las dos primeras auditorías, según ha afirmado la diputada socialista del PSPV, Romina del Rey, quien ha tenido acceso a ambos documentos los cuales han sido cotejados por elDiario.es.

Del Rey ha comentado que los informes ponen de relieve “el aval, en términos generales, a la gestión del Consell del Botánico en el sector público de la Generalitat y, en concreto, sobre estos dos organismos, señalados por Mazón y el PP en su día como focos de irregularidades y mala gestión administrativa”, Según la diputada socialista, “lo que ha pasado de una manera contundente es que al PP le ha salido el tiro por la culata en sus denuncias contra la gestión de la izquierda en el Sector Público, lo que explica por qué de forma vergonzante liquidaron la comisión de investigación del sector público en las Corts sin llegar a hacer ningún trabajo”.

Los análisis se refieren a la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) y al Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (IVACE) y ponen de relieve que en términos generales ambas entidades son eficientes y cumplen con los objetivos para los que se crearon, si bien es cierto que señalan algunos indicadores como tasa de éxito de los proyectos en el primer caso o la ejecución presupuestaria en el segundo que han empeorado desde 2024, con el PP al frente del Consell.

En concreto, en el caso de la AVI que tiene como objetivo diseñar y coordinar la estrategia de innovación de la Comunitat Valenciana y promover el fortalecimiento y desarrollo del Sistema Valenciana de Innovación, la auditoría concluye, entre otros aspectos, que cuenta con un marco normativo bien estructurado. Se han implementado mecanismos de trazabilidad adecuados y se han corregido debilidades detectadas.

Además, presenta un ecosistema tecnológico consolidado. Dispone de un inventario actualizado, medidas de seguridad robustas y planificación estratégica tecnológica. Dispone de un procedimiento de subvenciones que demuestra un cumplimiento adecuado en todas las fases del procedimiento de concesión de ayudas y destaca por el uso efectivo de herramientas digitales, accesibilidad de la normativa y alineación con la normativa de protección de datos. También cuenta con un mapa de riesgos actualizado que identifica los riesgos por áreas y establece prioridades de acción.

En cuanto a la plantilla de la AVI, está compuesta por personal funcionarial y laboral, regulado por la normativa de función pública y derecho laboral: “Se han detectado vacantes en la plantilla que podrían impactar la capacidad operativa de la agencia y la calidad del servicio prestado”, dice el informe

En relación con la ejecución presupuestaria, el análisis muestra que en 2024, la AVI tiene un presupuesto total para operaciones no financieras de 61.422.000,00 euros, con obligaciones reconocidas de 35.827.181,69 €, lo que representa una diferencia del -41,6%. “Estas cifras de infra ejecución presupuestaria sugieren que persisten desafíos en la utilización efectiva del presupuesto asignado, aunque se debe tener en cuenta la gestión plurianual de las convocatorias de ayudas gestionadas por la AVI”.

Aunque se ha registrado una ligera disminución en el total de gastos en 2024, “se observa un aumento en los gastos de personal y en la amortización del inmovilizado”. La proporción de gastos de personal sobre el total de los gastos ha aumentado en 2024 respecto a 2023, 8% y 7,42% respectivamente, cuyo valor para el ejercicio 2022 fue de 7,81%.

En cuanto a la tasa de éxito de los proyectos ha pasado de los 37 de 2022 a los 29 de 2023 y 2024. El total de proyectos de innovación financiados ha oscilado de los 75 en 2022 a los 47 en 2023 y a los 55 en 2024. El plazo de realización de pagos ha pasado de 128 días en 2022 a 49 en 2023 y a 74 en 2024. El coste total de las operaciones fue de 34 millones en 2022, subió a 44,4 millones en 2023 y bajó a 42,5 millones en 2024. En cuanto a la ejecución presupuestaria fue del 56,9% en 2022, del 53% en 2023 y del 44,2% en 2024.

Auditoría del IVACE

El IVACE tiene como objetivo estratégico la gestión de la política industrial de la Generalitat Valenciana y el soporte a las empresas. La auditoría concluye, entre otras cosas, que presenta un sistema de control interno maduro, normativamente alienado y operativamente consolidado; cuenta con una infraestructura tecnológica consolidada y una estructura organizativa funcionalmente definida; dispone de diversos manuales de procedimientos que abarcan áreas clave de su gestión (es decir, que es comprobable, se puede hacer la trazabilidad). Además, tiene un plan estratégico de subvenciones y un plan de actividades como herramientas clave.

El informe destaca el exceso de externalizaciones, especialmente en los últimos dos años. En concreto, “el IVACE externaliza actualmente servicios como el asesoramiento a la internacionalización y la gestión de ayudas del PRTR, aunque se plantea que asumirlos con medios propios podría ser más eficiente”. La internalización, dice el estudio, “ofrecería mayor control y consolidación del conocimiento, pero también implicaría retos como mayores costes fijos y menor flexibilidad; es necesario analizar si esta opción mejora la eficacia y eficiencia a medio y largo plazo”.

En cuanto a la estructura de costes, “los otros gastos de explotación predominan, especialmente la partida de subvenciones concedidas” y apunta: “Aunque se ha registrado una ligera disminución en el total de gastos en 2024, se observa un aumento en los gastos por servicios exteriores y en la amortización del inmovilizado. La proporción de gastos de personal representa el 4,70% de los costos totales en 2024 (4,71% en 2023). Además, se ha observado un número elevado de puestos fijos vacantes en el IVACE, con 121 de un total de 170 puestos disponibles en 2024”.

Estos factores podrían tener “implicaciones negativas en la capacidad de la entidad para atender adecuadamente las demandas operativas y de gestión”.

Los gastos en servicios exteriores han aumentado considerablemente, “representando el 8,33% de los costos totales en 2024, lo que indica una creciente dependencia de estos servicios para el funcionamiento del IVACE. En términos de otros gastos de explotación, estos alcanzan el 93,55% de los costos totales, lo que es comparable a los niveles de otras entidades en el sector”.

El coste por trabajador en el IVACE es de 57.654,38 euros en 2024, que es “inferior a los costes incurridos por otras entidades que oscilan entre 62.020,90 euros y 66.825,45 euros”. En cuanto al número medio de empleados, “se mantiene en 136, mientras que las otras entidades tienen un número medio de empleados que varía entre 51 y 437”. Estas diferencias “no solo tienen su reflejo en materia de contención de costes de personal, sino que además demuestra una importante capacidad en la gestión de subvenciones, ya que el importe de subvenciones concedidas por trabajador en el IVACE es de más de 1 millón de euros por empleado, mientras que entidades como la Agencia para el Crecimiento de las Empresas de Catalunya (ACCIO) tienen un ratio de 87.655,96 euros por empleado (no obstante hay que tomar este ratio con prudencia, puesto que el importe de los programas de subvenciones varían enormemente y puede no ser un indicador del volumen de gestión de subvenciones por trabajador)”.

La auditoría señala que la ejecución presupuestaria con el Botànic fue del 55% en 2022, pero resulta que en 2023 y en 2024 se desplomó al 39,88%.

Sin auditoría, sin transparencia y bajo un clima de desgobierno absoluto. Así continúan las cosas un año después en Hervías. Un municipio que este domingo volvera a salir a la calle harto de las “promesas rotas”. La Plataforma Cívica Valle del Oja Hervías vuelve a convocar al vecindario a una nueva concentración este domingo 12 de abril a las 13:00 horas frente al Ayuntamiento. Un año después de los primeros compromisos, el pueblo regresa a la plaza para denunciar que el municipio sigue en el mismo punto de partida: sin auditoría, sin transparencia y bajo un clima de desgobierno absoluto.

El motivo principal, explican, es el “incumplimiento flagrante de la palabra dada por la alcaldesa, Elena Martínez Aguirre” porque a pesar de su compromiso de realizar una auditoría externa en junio de 2025, “diez meses después no existe avance alguno. Seguimos en la casilla de salida. La alcaldesa sigue sin actuar, demostrando una falta de voluntad política que solo aumenta las dudas sobre la gestión de las cuentas municipales”, señalan desde la Plataforma.

Además, hablan de “crisis de gestión sin precedentes”. El vecindario afirma que el Ayuntamiento carece un proyecto de pueblo real y que el equipo de gobierno funciona a base de “palos de ciego”. Una improvisación que se traduce en un “evidente derroche de dinero público, ejecutando proyectos de forma deficiente que, en muchos casos, han tenido que ser corregidos o deshechos posteriormente por su mala planificación”.

Por estas razones consideran que en Hervías hay desgobierno y falta de autoridad. “La alcaldesa ha llegado a admitir en sede plenaria que no tiene el control de lo que sucede en el ayuntamiento, algo inaceptable para quienes deben velar por el interés general y el patrimonio de todos los habitantes”.

Desgobierno, falta de autoridad y una “campaña de desinformación” por parte de Alcaldía, añaden desde la Plataforma vecinal. “La alcaldesa afirmó públiamente que había echado al anterior secretario-interventor por decisión propia, una versión que los documentos oficiales desmienten categóricamente”. Así, según el BOE del 5 de marzo de 2026, “el relevo en la plaza se debe exclusivamente a la resolución de un proceso selectivo de oposiciones a nivel nacional (Orden TDF/168/2026). Además, la Resolución de la Dirección General de Política Local de 25 de marzo de 2026 confirma que el anterior secretario ha vuelto a ser nombrado como interino para la agrupación”. De forma que “la alcaldesa ha utiizado los medios para atribuirse un cese que no es tal, tratando de enmascarar su falta de mando ante un secretario que, de hecho, sigue vinculado al Ayuntamiento”.

Y además del carácter reinvidicativo, la movilización de este año también servirá de homenaje a la concejala Milagros Martínez Cereceda “quien hasta el último momento defendió los intereses de los vecinos, impulsando mociones para proteger el municipio frente a las plantas de biometano mientras el resto del equipo de gobierno se mantenía en la tibieza o la abstención”.

El Palau de Congressos de València és un descontrol. Així ho apuntava un informe de l’auditoria de l’Ajuntament, que alertava del caos en les factures i el risc de frau en una empresa pública que ja ha patit dues estafes, i així ho deixa veure el mateix Ajuntament, que en tot just un any ha fet diverses contractacions externes per a auditar la comptabilitat de l’entitat pública.

El juliol passat, l’Ajuntament va formalitzar l’externalització de la gestió administrativa de l’espai municipal per 120.000 euros, amb un contracte de dos anys prorrogable dos més. La mercantil adjudicatària, Dula Asesores, va guanyar el concurs per ser l’única oferta, després de ser exclosa de l’anterior procés, que va quedar desert i en què també va ser l’única que va participar. Com ja va informar elDiario.es, el contracte esmentat comprén el servei d’assessorament comptable i fiscal, tramitació laboral i d’externalització de la gestió administrativa del Palau de Congressos. Fa referència a contribuir a la “millora contínua del funcionament intern del Palau, avançant-se a possibles incidències en les auditories de comptes, tresoreria i de compliment i operatives”.

No obstant això, l’encàrrec a la firma d’auditors sembla no ser prou. El 6 de març passat, just abans de la setmana gran de les Falles, l’Ajuntament va aprovar una resolució per a contractar una altra empresa amb una finalitat molt concreta: fer un estudi de les nòmines del personal. La resolució, a què ha tingut accés elDiario.es, apunta que “esdevé imprescindible” aquesta anàlisi amb “urgència”. Segons reconeix el consistori, s’han detectat “incidències de diferent índole” en les nòmines de la plantilla: en l’aplicació i el còmput de la carrera professional, en la manera de repercutir l’assegurança mèdica subscrita amb una entitat privada —que pot afectar les obligacions amb la Seguretat Social—, o les retencions que es practiquen a compte de l’IRPF. Encara que l’entitat ja té un responsable financer, l’Ajuntament considera que un professional ha de fer un estudi i adequar el sistema a la normativa.

Fonts de l'organisme públic apunten que l'encàrrec es deu a la necessitat de verificar que les pujades salarials retroactives i els diferents complements s'han aplicat bé, com és el cas de la carrera professional, un sistema de reconeixements que en cada entitat es regula d'una manera. En els últims anys s'han aplicat complements en el conveni i modificacions en alguns conceptes amb caràcter retroactiu en els 22 membres de la plantilla, entre els quals hi ha hagut diverses jubilacions i baixes. A més, expliquen que el contracte amb Dula Asesores no abasta aquesta anàlisi i apunten qu e no s'ha detectat cap irregularitat, sinó que es tracta d'una anàlisi preventiva.

En concret, la resolució apunta que el despatx ha de “fer un estudi en conjunt relatiu a les nòmines del personal del Palau de Congressos de València, a fi d’adequar-les a la normativa d’aplicació, regularitzar, si escau, les deficiències observades i establir un marc clar d’actuació que evite aquesta situació en un futur”.

L’encàrrec assenyala que s’ha d’avaluar el procés d’elaboració i contingut de les nòmines de la plantilla del Palau de Congressos des de l’any 2022, d’acord amb les RLT aprovades, l’Acord Laboral vigent, el Pla de Carrera Professional, i la normativa que resulte d’aplicació i insisteix a regularitzar les deficiències. Ho farà l’empresa Begur Legal SLP, un despatx especialitzat en la gestió d’insolvències, amb seu a Catarroja.

El Palacio de Congresos de Valencia es un organismo complejo en sus cuentas. Así lo apuntaba un informe de la auditoría del Ayuntamiento, que alertaba del caos en las facturas y el riesgo de fraude en una empresa pública que ya ha sufrido dos estafas, y así lo deja ver el propio Ayuntamiento, que en apenas un año ha realizado varias contrataciones externas para auditar y reforzar la contabilidad de la entidad pública.

El pasado julio, el Ayuntamiento formalizó la externalización de la gestión administrativa del espacio municipal por 120.000 euros, con un contrato de dos años prorrogable otros dos. La mercantil adjudicataria, Dula Asesores, ganó el concurso al ser la única oferta, después de ser excluida del anterior proceso, que quedó desierto y en el que también fue la única que postuló. Como ya informó elDiario.es, el citado contrato comprende el servicio de asesoramiento contable y fiscal, tramitación laboral y de externalización de la gestión administrativa del Palacio de Congresos. Un encargo que hace referencia a contribuir a la “mejora continua del funcionamiento interno del Palacio, adelantándose a posibles incidencias en las auditorías de cuentas, tesorería y de cumplimiento y operativas”.

Sin embargo, el encargo a la firma de auditores parece no ser suficiente para abarcar toda la gestión del órgano. El pasado 6 de marzo, justo antes de la semana grande de Fallas, el Ayuntamiento aprobó una resolución para contratar a otra empresa con un fin muy concreto: realizar un estudio de las nóminas del personal. La resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es, apunta que “se han detectado incidencias de distinta índole en las nóminas de la plantilla” y que “resulta imprescindible” este análisis con “urgencia”. Según reconoce el consistorio, hay “incidencias” en la aplicación y cómputo de la carrera profesional, en la forma de repercutir el seguro médico suscrito con una entidad privada, -que puede afectar a las obligaciones con la Seguridad Social-, o las retenciones que se practican a cuenta del IRPF. Aunque la entidad ya cuenta con un responsable financiero, el Ayuntamiento considera que un profesional externo debe realizar un estudio y adecuar el sistema a la normativa.

Fuentes del organismo público apuntan que el encargo se debe a la necesidad de verificar que las subidas salariales retroactivas y los distintos complementos se han aplicado bien, como es el caso de la carrera profesional, un sistema de reconocimientos que en cada entidad se regula de un modo. En los últimos años se han aplicado complementos en el convenio y modificaciones en algunos conceptos con carácter retroactivo en los 22 miembros de la plantilla, entre los que han habido varias jubilaciones y bajas. Además, explican que el contrato con Dula Asesores no abarca este análisis y apuntan qu eno se ha detectado ninguna irregularidad, sino que se trata de un análisis preventivo.

En concreto, la resolución apunta que el despacho al que se encomienda el trabajo debe “realizar un estudio en su conjunto relativo a las nóminas del personal del Palacio de Congresos de Valencia, con el objeto de adecuarlas a la normativa de aplicación, regularizar, en su caso, las deficiencias observadas, y establecer un marco claro de actuación que evite esta situación en un futuro”.

El encargo señala que se ha de evaluar el proceso de elaboración y contenido de las nóminas de la plantilla del Palacio de Congresos desde el año 2022, de acuerdo con las RPT aprobadas, el Acuerdo Laboral vigente, el Plan de Carrera Profesional, y la normativa que resulte de aplicación e insiste en regularizar las deficiencias. Lo realizará la empresa Begur Legal SLP, un despacho especializado en la gestión de insolvencias, con sede en Catarroja.

“Caos institucional”. Así describe el vecindario de Hervías la situación en este pueblo de La Rioja que hablan de “parálisis, desgobierno e irregularidades” provocado por una “alarmante falta de control” de la alcaldesa, Elena Martínez, y las actuaciones del secretario-interventor que, desde ayer, ha dejado de serlo, “por pura casualidad”. Tras el proceso de selección, y las oposiciones pertinentes, otra persona ha solicitado la plaza de Hervías, Cuzcurrita, Ochánduri y Zarratón, cuenta un vecino a este medio. “Por lo demás, esto sigue siendo un sindiós”. Y es que aseguran que “se han firmado actas de dudosa legalidad, se han perdido subvenciones y se ha despreciado al vecindario”.

Denuncian que el Ayuntamiento de Hervías “ha dejado escapar” ayudas para instalar placas solares en edificios municipales, “algo incomprensibles en un pueblo que cuenta con su propio parque fotovoltaico”. Y además, acusan al Consistorio de impagos a asociaciones. “Están ahogando a entidades fundamentales para la vida del municipio como la Peña (los chavales encargados de organizar las fiestas del pueblo) o la Asociación de Cazadores”.

Pérdida de subvenciones, impagos y desprecio al vecindario como el vivido ayer lunes en el pleno municipal donde se aprobó “el acta del pasado mes de noviembre porque ninguno de los asistentes se opuso”. Un pleno, añaden, “en el que se evidenció la desconexión total del equipo de Gobierno con el pueblo y una falta de respeto democrático. El ya exsecretario y dos concejales del PP abandonaron el pleno sin el permiso de la alcaldesa en el momento de ruegos y preguntas, cuando el vecindario tomaba la palabra”.

El hartazgo del vecindario es tal que han convocado una nueva concentración este sábado 21 de marzo a las 12:30 en la plaza del Ayuntamiento. Y además piden a la alcaldesa “que tras más de dos meses en el cargo tome las riendas del Ayuntamiento o dimita y devuelva la transparencia a la institución” porque como dicen, “Hervías necesita gestión y legalidad, no una huida hacia delante”. Y es que la auditoría externa sigue sin llegar a este pueblo. “El objetivo principal de esta movilización es que la alcaldesa cumpla su compromiso adquirido en junio de 2025 y comprobar el estado real de las cuentas municipales”.

Els grups de l'oposició a l'Ajuntament de Marratxí (Mallorca), PSIB-PSOE i Més, han reclamat responsabilitats a l'equip de govern, encapçalat pel PP, després que una auditoria externa hagi posat en dubte la contractació d'un afiliat de Vox en una de les empreses públiques del municipi, Marratxí XXI, dedicada a la gestió de residus i serveis. Tal com va informar aquest diari, la inspecció, realitzada a instàncies del Consistori, detecta mancances documentals significatives a l'expedient: el procés es va dur a terme sense cap informe que justifiqués l'elecció d'aquest candidat o la necessitat de crear la plaça de supervisor per a la qual va ser designat, com tampoc va ser acompanyat d'una entrevista a l'aspirant finalment seleccionat. 

Els socialistes han exigit explicacions “immediates i urgents” per part de l'Ajuntament davant les “greus irregularitats” que envolten la contractació, alhora que ha reclamat la dimissió dels responsables polítics implicats. En un comunicat, el PSIB retreu, tal com assenyala l'auditoria, que es modifiquessin els requisits de la plaça “per afavorir clarament un candidat que és militant de Vox”. El treballador va figurar a les llistes electorals de la formació d'extrema dreta en els comicis de 2023.

En la seva nota, els socialistes recorden que ja a l'abril de 2024 van sol·licitar formalment, mitjançant correu electrònic, la certificació dels cursos i titulacions al·legades pel candidat “sense que a dia d'avui encara s'hagi facilitat cap documentació”. “Aquesta falta de resposta només pot interpretar-se com una falta greu de transparència per part dels responsables polítics de l'empresa pública i de l'equip de govern municipal”, al·leguen. En aquesta línia, adverteixen que si es confirma que el candidat “va falsejar el seu currículum” es trobarien davant un possible cas de “falsedat documental”, una situació “absolutament incompatible amb la seva permanència en una empresa pública”.

El PSIB exigeix així el cessament immediat del treballador i que es torni a iniciar el procés de contractació “amb totes les garanties de legalitat, igualtat, mèrit i capacitat”.

Amb tot, asseveren que la responsabilitat “no pot recaure únicament en el treballador”, ja que, a parer seu, si els responsables polítics de PP i Vox “van permetre la contractació d'un afiliat seu sense comprovar ni validar la seva formació i experiència”, es tractaria d'un cas “molt greu d'ús partidista d'una empresa pública”.

“Cal recordar, a més, que existien candidats amb una preparació i experiència molt superiors a qui se'ls va negar l'oportunitat de cobrir aquesta plaça”, abunden els socialistes, qui subratllen que, a diferència d'altres processos selectius de Marratxí XXI, “ni tan sols es van realitzar entrevistes”, un fet que “reforça el sospita d'un procediment fet a mida i sense garanties”.

En la seva opinió, és “inacceptable” que l'empresa pública del municipi es converteixi en una “agència de col·locació al servei d'interessos partidistes”, mostrant els socialistes el seu “compromís amb la transparència, la legalitat i l'assumpció de responsabilitats fins al final”.

Per la seva banda, la portaveu de MÉS per Marratxí, Aina Amengual, considera que l'auditoria revela “un manera de governar opaca i clientelista”, per la qual cosa ha reclamat al batle de Marratxí, Jaume Llompart (PP), i al primer tinent de batle, Pedro Bestard (Vox), que compareguin al ple per donar compte de la contractació, expliquin per què es van descartar aspirants amb experiència més vinculada al sector i facin públics els expedients complets del procés amb les seves bases, criteris, baremació, actes i informes.

Amengual incideix en què la persona contractada és militant de Vox, la qual cosa, al seu judici, intensifica la “sospita evident” que els requisits es van dissenyar “a mida” per afavorir-lo i que, en definitiva, “a Marratxí XXI entra abans el carnet que el mèrit”.

A més d'exigir explicacions i accés a l'expedient complet, Més sol·licita revisar el procés, obrir una nova convocatòria amb criteris objectius i abordar un canvi en la governança de Marratxí XXI perquè funcions centrals com la secretaria del Consell d'Administració recaiguin en perfils tècnics i professionals, desvinculant així rols polítics dels processos de garanties i control intern.

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Marratxí (Mallorca), PSIB-PSOE y Més, han reclamado responsabilidades al equipo de gobierno, encabezado por el PP, después de que una auditoría externa haya puesto en duda la contratación de un afiliado de Vox en una de las empresas públicas del municipio, Marratxí XXI, dedicada a la gestión de residuos y servicios. Tal como informó este periódico, la inspección, realizada a instancias del Consistorio, detecta carencias documentales significativas en el expediente: el proceso se llevó a cabo sin informe alguno que justificara la elección de este candidato o la necesidad de crear la plaza de supervisor para la que fue designado, como tampoco fue acompañado de una entrevista al aspirante finalmente seleccionado. 

Los socialistas han exigido explicaciones “inmediatas y urgentes” por parte del Ayuntamiento ante las “graves irregularidades” que envuelven la contratación, al tiempo que ha reclamado la dimisión de los responsables políticos implicados. En un comunicado, el PSIB recrimina, tal como señala la auditoría, que se modificasen los requisitos de la plaza “para favorecer claramente a un candidato que es militante de Vox”. El trabajador figuró en las listas electorales de la formación de extrema derecha en los comicios de 2023.

En su nota, los socialistas recuerdan que ya en abril de 2024 solicitaron formalmente, mediante correo electrónico, la certificación de los cursos y titulaciones alegadas por el candidato “sin que a día de hoy todavía se haya facilitado ninguna documentación”. “Esta falta de respuesta solo puede interpretarse como una falta grave de transparencia por parte de los responsables políticos de la empresa pública y del equipo de gobierno municipal”, alegan. En esta línea, advierten de que si se confirma que el candidato “falseó su currículum” se encontrarían ante un posible caso de “falsedad documental”, una situación “absolutamente incompatible con su permanencia en una empresa pública”.

El PSIB exige así el cese inmediato del trabajador y que vuelva a iniciarse el proceso de contratación “con todas las garantías de legalidad, igualdad, mérito y capacidad”.

Con todo, aseveran que la responsabilidad “no puede recaer únicamente en el trabajador”, ya que, a su manera de ver, si los responsables políticos de PP y Vox “permitieron la contratación de un afiliado suyo sin comprobar ni validar su formación y experiencia”, se trataría de un caso “muy grave de uso partidista de una empresa pública”.

“Hay que recordar, además, que existían candidatos con una preparación y experiencia muy superiores a quienes se les negó la oportunidad de cubrir esta plaza”, abundan los socialistas, quienes subrayan que, a diferencia de otros procesos selectivos de Marratxí XXI, “ni siquiera se realizaron entrevistas”, un hecho que “refuerza la sospecha de un procedimiento hecho a medida y sin garantías”.

En su opinión, es “inaceptable” que la empresa pública del municipio se convierta en una “agencia de colocación al servicio de intereses partidistas”, mostrando los socialistas su “compromiso con ”la transparencia, la legalidad y la asunción de responsabilidades hasta el final“.

Por su parte, la portavoz de MÉS per Marratxí, Aina Amengual, considera que la auditoría revela “una manera de gobernar opaca y clientelista”, por lo que ha reclamado al alcalde de Marratxí, Jaume Llompart (PP), y al primer teniente de alcaldía, Pedro Bestard (Vox), que comparezcan en el pleno para dar cuenta de la contratación, expliquen por qué se descartaron aspirantes con experiencia más vinculada al sector y hagan públicos los expedientes completos del proceso con sus bases, criterios, baremación, actas e informes.

Amengual incide en que la persona contratada es militante de Vox, lo que, a su juicio, intensifica la “sospecha evidente” de que los requisitos se diseñaron “a medida” para favorecerle y que, en definitiva, “en Marratxí XXI entra antes el carné que el mérito”.

Además de exigir explicaciones y acceso al expediente completo, Més solicita revisar el proceso, abrir una nueva convocatoria con criterios objetivos y abordar un cambio en la gobernanza de Marratxí XXI para que funciones centrales como la secretaría del Consejo de Administración recaigan en perfiles técnicos y profesionales, desvinculando así roles políticos de los procesos de garantías y control interno.

Una auditoría externa realizada a instancias del del Ayuntamiento de Marratxí (Mallorca) ha puesto en duda la contratación de un afiliado de Vox por parte del Consistorio gobernado por el PP al detectar que el proceso se llevó a cabo sin ir acompañado de documentación clave: no consta ningún informe que justificara la elección de este candidato ni la necesidad de crear la plaza de supervisor para la que fue designado en la empresa pública Marratxí XXI, dedicada a la gestión de residuos y servicios municipales, como tampoco la entrevista al aspirante finalmente seleccionado. El trabajador, quien figuró como número 6 en las listas electorales de la formación de extrema derecha en 2023, es, además, el único de los contratados que cobra por encima de las tablas salariales de la empresa. La incorporación se habría producido en detrimento de aspirantes con mayor formación y experiencia.

En concreto, la contratación se formalizó para cubrir una plaza de supervisor-encargado de servicios, un puesto de mando intermedio encargado de coordinar y controlar la operativa diaria de la empresa pública. Según las bases de la convocatoria, entre sus funciones figuran la supervisión de los distintos servicios que presta Marratxí XXI, la gestión de incidencias -entre ellas, las recibidas a través de la ‘línia verda’-, la relación con las empresas adjudicatarias, la organización de servicios extraordinarios vinculados a fiestas u otros eventos, y la asignación y seguimiento de tareas del personal de brigada.

A partir de los requisitos formativos incluidos en la convocatoria, los autores de la auditoría, cuyo contenido ha sido avanzado por el diario Última Hora y a la que ha tenido acceso elDiario.es, realizaron una comparación con ofertas similares en otras empresas y constataron que, para puestos equivalentes, lo habitual es exigir perfiles vinculados al ámbito ambiental: desde FP de química o salud ambiental hasta grados en ciencias ambientales o ingenierías, además de formación específica en normativa y seguridad. En cambio, la auditoría subraya que los requisitos de formación y experiencia planteados para la plaza de supervisor-encargado en Marratxí XXI se alejan de los que se piden de forma generalizada en este tipo de empleos.

De acuerdo con los requisitos de formación solicitados para obtener esta plaza, los firmantes de la auditoría llevaron a cabo una investigación de los requisitos exigidos por parte de otras empresas para acceder al mismo puesto de trabajo, haciendo hincapié en que las titulaciones más demandadas son el FP de química ambiental o el de salud ambiental, el grado en ciencias ambientales y la ingeniería ambiental, además de contar con formación y conocimientos de las regulaciones ambientales y de seguridad. Sin embargo, el documento asevera que los requisitos de formación y experiencia solicitados para la plaza de supervisor encargado de servicios de Marratxí XXI nada tienen que ver con los de otras plazas similares.

No solo eso. La auditoría subraya que, al analizar el anuncio de la plaza, comprobaron que las bases incluyeron un apartado relacionado con funciones de comunicación audiovisual y periodismo -para que el futuro cargo pudiera encargarse de las redes sociales y de la comunicación en radio, prensa, etc.-, pese a que Marratxí XXI es una empresa dedicada a la gestión de residuos.

Una combinación que, como puso de manifiesto el PSIB-PSOE en una nota difundida en agosto de 2024, se interpretaría como un intento de orientar el proceso hacia un perfil concreto. Los socialistas, que llevan reclamando documentación sobre la contratación desde al menos marzo de 2024, cuando solicitaron formalmente los currículum recibidos para cubrir la plaza y los motivos por los que no se constituyó una bolsa de trabajo con el resto de aspirantes, denunciaron que se estaban introduciendo “funciones periodísticas y de comunicación” que no formaban parte de la ficha real del puesto y que, a su juicio, se habían añadido deliberadamente para beneficiar al candidato finalmente contratado.

La auditoría también analiza las retribuciones y destaca un elemento que afecta específicamente al supervisor-encargado: de acuerdo a los documentos remitidos por la gerencia y las comprobaciones llevadas a cabo, es el único puesto de Marratxí XXI que incluyó como concepto salarial una “mejora voluntaria” de 161,21 euros mensuales, una diferencia que no se reproduce en el resto de puestos analizados, por lo que el trabajador cobra más de lo indicado por las tablas retributivas de la empresa municipal.

El Ayuntamiento niega un trato de favor

elDiario.es se ha puesto en contacto con el regidor responsable de Marratxí XXI, Juan Antonio Estarellas, para recabar su versión sobre lo arrojado por la auditoría. En este sentido, rechaza que la contratación respondiera a un criterio político, aseverando -a pesar de que el consejo de administración de la empresa está integrado por miembros de PP y Vox- que el Ayuntamiento no podía conocer que el cantidado fuese afiliado del partido de Santiago Abascal. “Nosotros, cuando nos entregan los currículum, no lo podemos saber”, incide, recriminando un uso partidista del caso. A pesar de que otros aspirantes contaban con más formación y experiencia, el regidor enmarca la decisión de contratar a este empleado en el funcionamiento interno de la empresa: según alega, la selección corresponde en primer término a la gerencia y, después el nombramiento, pasa por un consejo de administración que decide respaldar o no la propuesta.

Asimismo, justifica que la inclusión de un perfil de comunicación en la convocatoria responde a que la plaza debía cubrirse con urgencia al tratarse de una sustitución por excedencia de otro trabajador y, en ese sentido, el Ayuntamiento apostó por un perfil que pudiera reforzar la comunicación institucional de la empresa municipal y facilitar el traslado de información al área de comunicación del consistorio. Al respecto, Estarellas señala que Marratxí XXI “no tiene ni redes ni web propia”, por lo que la comunicación se canaliza a través del Ayuntamiento y el trabajador contratado actúa como enlace para que la información llegue correctamente a los canales municipales. Asimismo, matiza el enfoque que sitúa a Marratxí XXI como una empresa dedicada exclusivamente a la recogida de residuos, al aseverar que se trata de una empresa de servicios con un ámbito “muy amplio” que incluye desde la gestión de centros de día hasta los parques y jardines, parques infantiles y otros servicios municipales, además de la propia recogida de residuos.

Respecto a otra de las críticas principales del informe -la falta de justificación sobre la necesidad de la plaza-, el regidor responde que la plaza no se creó ad hoc, sino que el organigrama de Marratxí XXI “existe desde hace veintipico de años” y que se trataba de puestos ya previstos pero no cubiertos. Según explica, al llegar al gobierno municipal, decidieron “dotar la estructura de personal necesario” dado que se encontraron una empresa “infradotada”. Desde esa óptica, defiende que no era necesaria una justificación específica de creación de plaza, porque se trataba de cubrir puestos que “ya existían”.

El concejal insiste en que la empresa ha actuado con “transparencia y total colaboración”. De hecho, destaca que la auditoría se ha hecho pública y se remitió al siguiente pleno municipal habilitado: “No la guardamos en un cajón, ni un mes, ni dos meses, ni un año. La llevamos a pleno al mes siguiente”.

La cita era este domingo 18 de enero a las 12:00 horas en el Ayuntamiento de Hervías. Allí se ha concentrado un centenar de vecinos y vecinas de Hervías y de localidades cercanas para pedir la dimisión de la alcaldesa de la localidad, Elena Martínez Aguirre, y de los concejales del PP, Santos Larrea y Ricardo Martín.

Tal y como te adelantó Rioja2 la semana pasada, la Plataforma Cívica Valle del Oja, ha convocado esta nueva concentración para denunciar “la parálisis administrativa y la pérdida de confianza en los actuales gestores municipales”. El Ayuntamiento de Hervías sigue sin contratar una auditoría externa. Este es el principal motivo de indignación del vecindario “a pesar de que la alcaldesa se ha comprometido a ello por escrito”, reiteran desde la Plataforma.

Además recuerdan que la alcaldesa participó en la última concentración convocada en ocubre de 2025 en la que también se pedía la contratación de una auditoría, “estaba en primera fila e incluso salió en la foto”. Algo “imcomprensible y carente de toda lógica institucional porque es ella, y solo ella como jefa del ejecutivo local, quien tiene la competencia y la responsabilidad de contratarla”, han señalado los portavoces que interpretan este gesto como “una maniobra de distracción frente a la realidad actual: el bloqueo sistemático de la transparencia por parte del equipo de gobierno y del secretario-interventor, Ángel Pérez”.

Pero además de este rechazo a la falta de transparencia en el Ayuntamiento de Hervías, con la concentración de este domingo el vecindario ha manifestado su oposición a la instalación de una planta de biometano en las proximidades del casco urbano. “Esta preocupación, que viene de lejos y ha motivado ya diversos actos de protesta, sigue siendo uno de los pilares de la lucha vecinal contra una gestión que consideran de espaldas a los intereses del pueblo”.

Por todo ello han pedido la dimisión de la alcaldesa y de los dos concejales mencionados porque consideran que “el oscurantismo, la opacidad, la falta de liderazgo, la mala gestión sumados a una evidente dejación de funciones y la ruptura de las promesas han agotado cualquier margen de confianza”.

De hecho, las más de cien personas que han acudido a la protesta de este domingo son reflejo “de un pueblo que no va a permitir que sus instituciones funcionen sin control ni transparencia”. Por último, desde la Plataforma rechazan las declaraciones de la alcaldesa restando importancia a la movilización. “Es lamentable que la alcaldesa prefiera fiscalizar a quién se manifiesta en lugar de fiscalizar las cuentas municipales, que es lo que le hemos pedido por escrito y en la calle”.

“No es un algo casual, es una estrategia deliberada de ocultación de información pública por parte del Ejecutivo del PP”. Así de rotundo se ha manifestado el diputado del PSOE, Miguel Gonzále de Legarra, quien ha denunciado la “opacidad y falta de transparencia del Goberno de La Rioa y muy especialmente la Consejería de Salud”. Algo que ha calificado de “realmente gravísimo”.

El diputado socialista ha recordado que María Martín “lleva ya seis años al frente de la consejería, y lo único que crece bajo su mandato no es el número de quirófanos, ni las plantillas médicas, lo único que crece, y mucho, son las externalizaciones”. Y esos contratos con las empresas privadas “siguen creciendo, ya que en el proyecto de presupuestos para 2026, el Gobierno de Capellán propone un nuevo aumento de 800.000 euros en las partidas destinadas a privatizaciones”.

 Y mientras tanto, “seguimos sin conocer la realidad de los días de espera que se están produciendo en la sanidad pública riojana”. Y es que la consejería “no hace públicos estos datos, lo que nos lleva a pensar que las listas de espera no se están reduciendo”. El problema, y lo más grave de todo, “es que, en estos momentos, ni los diputados, ni los propios ciudadanos podemos saber la verdad porque la Consejería de Salud no responde a las preguntas parlamentarias que presentamos desde el PSOE”. Además, “no entrega la documentación que le pedimos”.  

Miguel González de Legarra ha denunciado que “ya ni siquiera publica los datos en el portal del SERIS, como siempre se había hecho”. Así, en el Portal de Información Sanitaria del Gobierno de La Rioja, “solo aparecen los datos del segundo semestre del año 2024; del primer semestre de este año, ni rastro”. El diputado socialista ha aseverado que “ya hemos visto demasiadas veces que cuando las cifras no cuadran, las borran o las cambian”. Y, si hace falta, “las cuadran a martillazos”.

González de Legarra también ha afirmado que el Gobierno “también oculta la memoria de la Defensora del Usuario de la Sanidad Pública”. En esta memoria “se recogen las quejas, reclamaciones y casos reales de los pacientes de la sanidad pública riojana, y nos consta que se entregó a los responsables de la consejería el 31 de marzo”. Hoy, a mitad de octubre, la consejera María Martín “la sigue manteniendo escondida en un cajón”.

Por todo esto, Miguel González de Legarra ha exigido al Ejecutivo “que publique de inmediato los datos de todas las listas de espera del primer semestre de 2025 en el portal de transparencia del SERIS”. También, “que haga pública la Memoria de la Defensora del Usuario de la Sanidad Pública y que contrate una auditoría externa e independiente para conocer el estado real de las listas de espera”.

Llevan tiempo pidiendo una auditoría externa y ayer la reclamaron en forma de concentración frente al Ayuntamiento de Hervías. Un centenar de vecinos se reunieron este domingo frente al Consistorio para hacer visible su petición, transparencia y saber dónde y en qué se está gastando el dinero. Jesús Ruiz de Gopegui es el presidente de la Plataforma Cívica Valle del Oja de Hervías y se siente satisfecho de la respuesta del vecindario. “Lo más sorprendente es que la alcaldesa también acudió a la concentración”, presencia que dice “nos da esperanza de que va a hacer algo”. De hecho, y delante de la gente que acudió ayer a la concentración, la alcaldesa prometió delante de todos “hablar con el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, para cambiar al secretario, en caso contrario, dimitirá”, cuenta Ruiz de Gopegui.

Y es que según los miembros de esta plataforma, el secretario “hace y deshace a su antojo”. “Es una vergüenza que el secretario no dé explicaciones del dinero que hay”. Según sus cálculos, “entre el dinero proveniente de la empresa de las placas solares y de los distintos planes y subvenciones del Gobierno regional, en estos dos últimos años han entrado en el Ayuntamiento de Hervías dos millones de euros y no sabemos en qué ni cómo se están gastando. Es una vergüenza”, reitera.

Una situación que también ha generado mal ambiente en el pueblo. “Es muy duro”, confiesa el presidente de la plataforma aunque “la gente se está empezando a unir porque antes había dos bandos claramente diferenciados y ahora parece que nos estamos empezando a juntar, queremos saber en qué se está gastando el dinero que entra en el pueblo”. Y no cesarán en este empeño porque aunque son conscientes de que la vía judicial será lenta, “y el secretario también lo sabe y es consciente de ello, no nos vamos a detener”. Y así, de forma inmediata, van a solicitar toda la información y expedientes al Ayuntamiento y con esto acudirán al Tribunal de Cuentas del Gobierno de La Rioja y al Portal de Transparencia. “No descartamos más medidas, sobre la mesa están todas las opciones, desde pedir la dimisión de los dos concejales del PP que nos están amargando la vida hasta concentraciones semanales”.

El objetivo lo tienen claro aunque reconocen que no son muy optimistas. “El secretario está muy protegido, no sabemos por qué”, pero aun así advierte de que no cesarán en su empeño y seguirán luchando hasta conseguir, tal y como clamaban este domingo, “transparencia y una auditoría externa”.

El vecindario de Hervías quiere una auditoría y el Ayuntamiento parece que se niega. Al menos así lo asegura la Plataforma Cívica Valle del Oja de Hervías que nace con el hartazgo vecinal. Iñakil Estivariz es su secretario y en una conversación con Rioja2 avanza que han convocado una concentración el próximo domingo 5 de octubre a las 13:00 horas frente al Consistorio para hacer visible su malestar. “En Hervías está pasando algo parecido a lo que ocurre en Santo Domingo de la Calzada donde el Consejo Nacional de Transparencia ha obligado al Ayuntamiento a mostrar los expedientes”, apunta Estevariz. El Ayuntamiento de Hervías está compuesto por cuatro concejales del PP, incluida la alcaldesa, Elena Martínez, y un concejal de Adelante Hervías, Pedro Gómez. Y es precisamente el concejal de esta formación el que desde hace años está solicitando una auditoría que hasta la fecha no ha llegado. “Hay cosas que están pasando y que no entendemos”, añade Estevariz.

Y es que, según este vecino de Hervías y secretario de la Plataforma, “el secretario hace y deshace a su antojo junto con el apoyo de dos concejales del PP y la alcaldesa que no se entera de nada o no se quiere enterar”, asevera a la vez que censura la inacción de Martínez de la que dice “está más a favor del sentir del pueblo que de sus dos concejales”. En concreto cuenta que “desde que el actual secretario, Ángel Pérez, llegó al Ayuntamiento de Hervías, el vecindario está viendo una serie de actuaciones caciquiles que cuentan con el apoyo de dos concejales del PP. Hacen y deshacen en el Ayuntamiento sin tener en cuenta lo que pueda opinar la alcaldesa, el resto de concejales y mucho menos la ciudadanía”.

Y como ejemplo pone la remodelación de la Plaza Marqués de la Ensenada. Unas obras que asegura se han ejecutado “sin contar con la opinión el pueblo, saltándose la Ley de Transparencia y gastándose más de 35.000 euros simplemente porque a estos dos concejales y al secretario les apetecía”. Los arreglos de la plaza, detalla Estivariz, “han costado 24.000 euros de los que 20.000 euros proceden de una subvención del Gobierno de La Rioja que no aparece por ningún sitio. Y a este importe hay que añadir los 11.000 euros que se gastaron en invitar a comer a la Armada Española, presente el pasado mes de mayo con motivo de la inauguración de la Plaza”.

Pero hay más “cosas que no entienden” y para las que solicitan una auditoría. Hervías es un pueblo rodeado de placas solares instaladas por una empresa, “que pagó al Ayuntamiento una importante cantidad de dinero”. Tampoco conocen exactamente cuál es esa cantidad. “Unos hablan de 1,3 millones de euros, otros de un millón y el secretario dice que se abonaron 900.000 euros”. Estos pagos se han realizado entre 2024 y 2025 “y ya solo quedan 300.000 euros. Vamos a dar por válida la cifra del secretario, ¿dónde están los 600.000 restantes?”, se pregunta el secretario de la Plataforma “porque no se ha ejecutado ninguna gran obra en el pueblo”.

Reconoce que se han realizado actuaciones en el municipio, aunque también apunta que han sido financiadas con las subvenciones del Gobierno de La Rioja. Entre otras, “se han comprado papeleras, estufas de invierno para el bar que no se han puesto, una mesa de ping pong para los chavales y la plataforma para que actuara la banda de la Armada aunque nos dijeron que no se compró. Este tipo de cosas”.

Por eso consideran que “todos estos interrogantes quedarían resueltos con una auditoría externa”. En el pleno del pasado 2 de junio la solicitaron formalmente y se aprobó una monición para contratarla “en el menor tiempo posible”. La moción contó con el voto en contra de dos concejales del PP y el voto a favor de los otros dos, incluida la alcaldesa, y el concejal de Adelante Hervías.

Sin embargo, cuatro meses después, no hay rastro de esta auditoría. “El secretario del Ayuntamiento se excusa diciendo que esta auditoría debería estar contemplada en los presupuestos municipales por lo que nos remite a 2026 cuando al Ley de Transparencia dice que no es necesario. Se están saltando la Ley de Transparencia y el resto de leyes continuamente. Como la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), especialmente en los artículos 4, 25 y 36 que dicen que no es obligatorio que figuren en los presupuestos anuales aprobados porque la contratación de la auditoría se rige por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP). No nos fiamos del secretario” sentencia.

En definitiva, “se están aprobando mociones que no están saliendo adelante, incumplen las leyes y no pasa nada, nadie da explicaciones”, reitera cansado. Y por esta razón, han convocado esta concentración para el próximo domingo 5 de octubre, “lo vamos a hacer en domingo porque queremos que acuda la mayor cantidad de gente posible además de los medios de comunicación para hacer visible nuestra petición y hartazgo de la situación que estamos viviendo”.

La alcaldesa, Elena Martínez, por su parte ha insistido en que es la “primera que no tiene nada que ocultar” aunque reitera el argumento del secretario. “Ya se les ha dicho que la auditoría se realizará con los presupuestos de 2026, no tenemos nada que esconder”. Y además añade que también han enviado toda la información al Tribunal de Cuentas por lo que lanza un mensaje al vecindario, “que estén tranquilos porque no tengo nada que ocultar”, insiste aunque también reconoce que no le gustan estas sittuciones que “están generando mal ambiente en el pueblo”.

En el tablero político andaluz, las piezas se mueven con precisión cuando se trata de desmantelar instituciones públicas. Un actor clave en esta estrategia ha sido Alberto García Valera, exconsejero de Hacienda del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla y exdirector general de Tributos con Cristóbal Montoro. Su paso por la Junta fue breve, pero dejó huella: presiones internas para obtener un sobresueldo y facilitar contratos a su antigua consultora, Ernst & Young (EY), marcan su legado. Años después, esa misma empresa firmaría una de las auditorías más polémicas de la Junta: la de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP).

EY fue una de las principales beneficiarias del plan de auditorías externas pactado entre el PP y Vox: obtuvo el 44% del total licitado (1,3 millones de euros), incluyendo la auditoría a la EASP. No era casual. La sede andaluza de EY está dirigida por el propio García Valera, reincorporado tras su dimisión como consejero. Una puerta giratoria entre política y empresa que muestra cómo el aparato institucional puede ponerse al servicio de intereses privados.

La auditoría a la EASP estuvo plagada de irregularidades. Aunque el informe técnico no contenía recomendaciones graves, apareció una hoja suelta, sin paginar ni indexar, en la que se proponía su extinción y el traspaso de funciones a entidades como la Fundación Progreso y Salud (FPS) o el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP). Esa hoja no se correspondía con los análisis previos ni estaba justificada técnicamente. Funcionaba como una hoja de ruta política, camuflada bajo un supuesto criterio técnico.

La maniobra para reconvertir la EASP en un instituto centrado en la investigación y despojado de su vocación formativa y de salud pública es parte de un plan más amplio de desmantelamiento institucional

La respuesta del Comité de Empresa de la EASP fue contundente. Denunció que el informe final ignoraba las alegaciones previas, y que la supuesta duplicidad de funciones carecía de fundamento. Recordaron que la EASP está legalmente respaldada por la Ley Andaluza de Salud Pública y desarrolla funciones únicas en salud pública, formación y gestión sanitaria. Es, además, Centro Colaborador de la OMS y miembro de redes internacionales como ASPHER, EHMA o ALAESP. Ni la FPS ni FIBAO —entidades propuestas como sustitutas— cuentan con competencias ni experiencia para reemplazarla. El informe omitía el prestigio y la proyección internacional que la EASP ha cultivado durante décadas.

Más que una herramienta para mejorar la gestión, la auditoría fue usada como instrumento político. Se trataba de debilitar una institución incómoda por su independencia y su papel crítico dentro del sistema sanitario andaluz. La interventora general de la Junta, Amelia Martínez Sánchez, también nombrada por el PP, fue quien firmó el contrato con EY. La falta de transparencia y el desprecio a las alegaciones revelan una preocupante complicidad institucional.

El caso EY no es aislado. Las grandes auditoras arrastran escándalos por falta de independencia, errores graves e incluso conflictos de interés en sus informes. Su papel como legitimadoras de decisiones políticas ya tomadas es cada vez más evidente, erosionando la confianza en el control externo y en la propia administración pública.

Lo que está en juego con la EASP es mucho más que una institución. Es un modelo de salud pública. La maniobra para reconvertirla en un instituto centrado en la investigación y despojado de su vocación formativa y de salud pública es parte de un plan más amplio de desmantelamiento institucional. Y sucede, además, en un momento crítico: después de una pandemia que evidenció la necesidad de sistemas sanitarios sólidos, públicos y preparados.

Andalucía no necesita menos EASP, necesita más. Necesita instituciones sólidas, independientes, al servicio del bien común

La EASP no solo forma profesionales sanitarios o asesora a gobiernos. Su trabajo influye directamente en la capacidad del sistema de salud andaluz para responder a crisis, prevenir enfermedades y formar líderes en salud pública. Atentar contra ella es debilitar deliberadamente una de las herramientas más valiosas con las que cuenta la comunidad autónoma.

La reconversión legal de la EASP en 2024 fue el último paso: la convirtió en un instituto limitado, relegando su papel estratégico en salud pública. Fue la culminación del proceso iniciado años antes por García Valera, cuyo paso fugaz por la Junta bastó para influir decisivamente en el destino de una institución clave. Su trayectoria, marcada por sus vínculos con Montoro y la consultora EY, ejemplifica cómo los intereses privados pueden influir en decisiones públicas que afectan a toda la ciudadanía.

Andalucía no necesita menos EASP, necesita más. Necesita instituciones sólidas, independientes, al servicio del bien común. La historia reciente de la EASP es una advertencia sobre lo que ocurre cuando se convierte la política en una extensión de los negocios. La defensa de la EASP no es nostalgia burocrática: es la defensa del derecho a una salud pública de calidad, libre de injerencias, al servicio de todos.

Novedades sobre la compra de mascarillas por parte del Gobierno del PSOE de Concha Andreu. Al menos eso es lo que se desprende de la auditoría externa que encargó el pasado mes de junio el Gobierno de La Rioja de Gonzalo Capellán a la empresa KPMG. El motivo, esclarecer los interrogantes que, a su juicio, rodeaban la compra de 5,5 millones de mascarillas por 3 millones de euros.

Este martes se ha publicado el contenido de esta auditoria que para el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Domínguez confirma las “irregularidades en la compra de mascarillas en 2020 por el Gobierno socialista de Concha Andreu”. Y ante estas conclusiones, ha dicho que “el Gobierno de La Rioja está haciendo una ardua labor de recogida y ampliación de documentación para saber qué pasos dar en el futuro”.

Ha sido un medio de comunicación, La Razón, el que ha hecho público el contenido de la auditoría que según Domínguez “está en el portal de transparencia desde el pasado mes de octubre. No es una novedad, nosotros ya lo sabíamos”. Y viene a confirmar, ha reiterado, “los indicios de irregularidades”. En marzo de 2024, antes de encargar la auditoría interna, el Gobierno de La Rioja de Gonzalo Capellán, constató que “la aceptación del material, valorado en 3.080.000 euros, no siguió los cauces habituales, puesto que fue recepcionado por personal de la Fundación Riojana para la Innovación (FRI) y no por el del SERIS”. El portavoz del Ejecutivo regional señalaba entonces que “parte de estas mascarillas, además, nunca llegaron a ser empleadas una vez contrastado que no eran adecuadas para el uso sanitario, y permanecen guardadas en un almacén de la Comunidad Autónoma en Arrúbal”.

Esto es lo que dice la auditoría externa encargada

La información publicada por el medio de comunicación recuerda que el Gobierno de La Rioja de Gonzalo Capellán encargó en junio una auditoría externa para analizar la existencia de irregularidades en la compra de mascarillas. Y según el informe de la auditoría a la que dicen han tenido acceso, “el Gobierno de La Rioja compró 5´5 millones de mascarillas por más de 3 millones de euros y confirma que Andreu adjudicó la operación a la empresa en al que trabajaba la hermana de un alto cargo de su gobierno”. Y además, “las mascarillas que Andreu compró no cumplían con los requisitos mínimos para que el material sanitario suministrado fuera adecuado para evitar el contagio de la COVID-19”. Por lo que la empresa auditora habla de “incumplimiento de la obligación principal del contrato púbico” porque “no se pudo dar cumplimiento a la necesidad que justifica esta compra”.

Domínguez ha realizado estas declaraciones tras el Consejo de Gobierno celebrado este martes en Haro.

El mes de novembre ha estat de rècord per a l'edició valenciana d'elDiario.es (elDiariocv), que ha acabat amb una audiència de 5.126.126 usuaris únics, 13.658.623 visites i 15.184.626 pàgines vistes, segons les dades auditades per la consultora OJD. Amb aquestes dades, elDiario.es Comunitat Valenciana va ser el mitjà més llegit el mes passat només per darrere de Levante-EMV, que va aconseguir 7,7 milions de navegadors únics i prop de 39 milions de pàgines vistes (l'altre gran diari valencià, Las Provincias, no apareix a les estadístiques d'OJD).

D'aquesta manera, elDiariocv supera àmpliament mitjans com Mediterráneo, que va aconseguir 2.693.398 usuaris únics i 9.288.340 pàgines vistes, o Valencia Plaza, amb 2.051.476 navegadors i 7.159.650 pàgines vistes al novembre. L'edició valenciana d'elDiario.es fins i tot supera la suma de les audiències de Valencia Plaza, Alicante Plaza i Castellón Plaza, que junts van obtindre 2.714.481 lectors únics i 9.396.477 pàgines vistes.

La mitjana diària d'usuaris únics d'elDiario.es Comunitat Valenciana al novembre va ser de 379.107, amb 353.197 lectors de mitjana de dilluns a divendres i 439.563 en cap de setmana. Quant a la durada mitjana de les visites, se situa en 1,40 minuts, mentre que el temps mitjà d'interacció és de 1,56 minuts. El dia de més audiència del mes va ser el diumenge 3 de novembre, coincidint amb la polèmica visita dels reis, el president Pedro Sánchez i el cap del Consell, Carlos Mazón, a Paiporta, cinc dies després de la DANA que ha provocat la mort almenys 222 persones a la província de València.

Precisament, els lectors han premiat amb la seua fidelitat la informació que elDiario.es ha ofert sobre la gestió que la Generalitat Valenciana ha fet de les inundacions i la tragèdia, així com de les decisions prèvies al temporal i que han tingut conseqüències catastròfiques per a la població.

2024, un any de rècord

Des de començament d'any, l'edició valenciana d'elDiario.es està aconseguint unes dades d'audiència de rècord. D'aquesta manera, independentment de l'augment d'informació demandada pels lectors arran de la DANA del 29 d'octubre passat, el 2024 elDiariocv ha superat de llarg el milió de lectors únics en nou dels onze mesos auditats per OJD (en els altres dos, agost i setembre, l'estadística es va quedar a les portes d'aquesta xifra), en un d'ells, al febrer, es van superar els dos milions de navegadors i al març es va assolir la xifra d'1,7 milions.

A més, La Marina Plaça, capçalera associada a elDiario.es, també ha obtingut unes importants dades d'audiència al novembre, amb 164.533 usuaris únics, i 489.060 pàgines vistes, fet que suposa un creixement del 42% respecte al mes anterior.

El mes de noviembre ha sido de récord para la edición valenciana de elDiario.es (elDiariocv), que ha acabado con una audiencia de 5.126.126 usuarios únicos, 13.658.623 visitas y 15.184.626 páginas vistas, según los datos auditados por la consultora OJD. Con estos datos, elDiario.es Comunitat Valenciana fue el medio más leído el mes pasado solo por detrás de Levante-EMV, que consiguió 7,7 millones de navegadores únicos y cerca de 39 millones de páginas vistas (el otro gran diario valenciano, Las Provincias, no aparece en las estadísticas de OJD).

De este modo, elDiariocv supera ampliamente a medios como Mediterráneo, que logró 2.693.398 usuarios únicos y 9.288.340 páginas vistas, o Valencia Plaza, con 2.051.476 navegadores y 7.159.650 páginas vistas en noviembre. La edición valenciana de elDiario.es incluso supera a la suma de las audiencias de Valencia Plaza, Alicante Plaza y Castellón Plaza, que juntos obtuvieron 2.714.481 lectores únicos y 9.396.477 páginas vistas.

El promedio diario de usuarios únicos de elDiario.es Comunitat Valenciana en noviembre fue de 379.107, con 353.197 lectores de media de lunes a viernes y 439.563 en fin de semana. En cuanto a la duración media de las visitas, se sitúa en 1.40 minutos, mientras que el tiempo medio de interacción es de 1.56 minutos. El día de mayor audiencia del mes fue el domingo 3 de noviembre, coincidiendo con la controvertida visita de los reyes, el presidente Pedro Sánchez y el jefe del Consell, Carlos Mazón, a Paiporta, cinco días después de la DANA que ha provocado la muerte de al menos 222 personas en la provincia de Valencia.

Precisamente, los lectores han premiado con su fidelidad la información que elDiario.es ha ofrecido sobre la gestión que la Generalitat Valenciana ha hecho de las inundaciones y la tragedia, así como de las decisiones previas al temporal y que han tenido consecuencias catastróficas para la población.

2024, un año de récord

En lo que llevamos de año, la edición valenciana de elDiario.es está consiguiendo unos datos de audiencia de récord. De este modo, independientemente del aumento de información demandada por los lectores a raíz de la DANA del pasado 29 de octubre, en 2024 elDiariocv ha superado de largo el millón de lectores únicos en nueve de los once meses auditados por OJD (en los otros dos, agosto y septiembre, la estadística se quedó a las puertas de esa cifra), en uno de ellos, en febrero, se superaron los dos millones de navegadores y en marzo se alcanzó la cifra de 1,7 millones.

Además, La Marina Plaza, cabecera asociada a elDiario.es, también ha obtenido unos importantes datos de audiencia en noviembre, con 164.533 usuarios únicos, y 489.060 páginas vistas, lo que supone un crecimiento del 42% respecto al mes anterior.

Adela Suñer es economista, formada en la escuela de negocios ESADE, y tiene más de 30 años de experiencia profesional en empresas, primero como controller y luego más orientada hacia la consultoría estratégica. Es una de las pioneras en España de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), que en su caso acabó derivando en la necesidad de asumir un cambio mucho más de fondo para comprometer a las empresas con un modelo más humano y consciente de sus impactos sociales y medioambientales.

La Gran Recesión de finales de 2000 llevó a Suñer hacia el nuevo movimiento de la Economía del Bien Común, fundado por el austriaco Christian Felber, que va mucho más allá de la RSC y que proporciona herramientas y métricas para avanzar hacia un nuevo paradigma económico que ponga en el centro a las personas y el planeta y no la lógica del beneficio privado, una vía que facilita muchas más intersecciones entre las empresas mercantiles convencionales y la economía social.

Suñer es una de las referencias de la Economía del Bien Común en España, donde se ha ido consolidando una red de activistas y consultores, tanto para la investigación -incluso con una cátedra específica en la Universidad de Valencia-como para la investigación académica como para que sus principios y herramientas penetren en la organización de las empresas y también de las administraciones públicas. “El balance ético debería ser obligatorio para las empresas, al mismo nivel que el balance patrimonial y la cuenta de resultados”, sostiene Suñer. Y añade: “Está perfecto que una empresa tenga beneficios; muy bien, ¿pero cómo lo ha hecho para conseguirlo? Es importante saberlo”.

En esta videoentrevista con Alternativas económicas y ElDiario.es, la economista detalla los objetivos y la metodología de la Economía del Bien Común, así como de otro tipo de balances, que sugiere situar al mismo nivel de importancia que la economía convencional otorga a la contabilidad y las auditorías centradas en la rentabilidad para el inversor, con el objetivo de avanzar así de verdad hacia un modelo más sostenible. El objetivo es incluso es invertir la lógica misma de la economía: “La ortodoxia dice que mejorando la economía se reducirá la pobreza, pero en realidad es al revés: ¡invierte en acabar con la pobreza y mejorará la economía!”, subraya.

En su opinión, existe ya suficiente evidencia científica que demuestra que una economía más inclusiva y consciente de su impacto social mejora la economía en su conjunto -incluso en los parámetros convencionales- y está convencida de que la ciudadanía tiene mucho más poder del que imagina para precipitar cambios en esta dirección si asume su potencial en tanto que consumidores conscientes.

La videoentrevista a Adela Suñer es la sexta y última entrega de la primera temporada de Economía fuera del carril, una serie para dar voz y visibilidad a tradiciones económicas alejadas de la ortodoxia neoliberal, que a menudo suele ser presentada como la única existente y posible. Esta serie ha sido coproducida por Alternativas económicas, ElDiario.es y Locky Produccions gracias al apoyo del programa de Proyectos Singulares para la economía social de la Generalitat de Catalunya. Las otras entregas, con el mismo formato y cada una de en torno a una hora de duración, están accesibles en el canal de Alternativas económicas y han puesto el foco en la economía marxista (con Miren Etxezarreta), la economía social (Eloi Serrano), la ecológica (Enric Tello), la feminista (Carmen Castro), y la política monetaria (Susana Martín Belmonte).

Vox ha enviado a sus afiliados las cuentas anuales de 2023 en las que se descubre que durante ese año –en el que Vox afrontó su gran batacazo electoral en las generales de julio– han contado con un patrimonio neto de 6,8 millones de euros, con un saldo de tesorería de 2,5 millones de euros.

También disminuyeron sus ingresos por cuotas de los afiliados, porque aunque el partido tiene registrados cerca de 67.000, solo 35.000 están al corriente de pago, lo que suponen unos ingresos de 4.579.033 de euros por este concepto.

Según la cuentas presentadas –y que Vox aún no ha subido a su Web– se deduce que en comparación con el año anterior, el partido perdió unos dos millones de euros en ingresos. Además, Vox donó 3,5 millones de euros a la Fundación Disenso, según consta en el documento al que ha tenido acceso esta redacción. elDiario.es ya desveló el sistema de transferencias sistemáticas que ha ido haciendo en los últimos años la formación ultra a su Fundación de la que Abascal es su presidente.

Las cuentas, que los afiliados pueden votar online hasta el viernes, cuando serán aprobadas definitivamente en una Asamblea General Ordinaria, y que Vox presume de que han sido auditadas por una empresa “independiente” y sometidas además al estudio del Tribunal de Cuentas, desvelan lo que cobra Abascal y la cúpula del partido: 54.000 euros cada uno, lo que supone un total de 646.000 euros en sobresueldos para algo más de una docena de miembros de la dirección, que por otro lado no se especifican en la contabilidad.

Previamente, el secretario general del partido, Ignacio Garriga, envió una carta a los afiliados con un resumen económico realizado por el tesorero de Vox, Pablo Sáez, para exponerles la situación financiera del partido y detallarles la cuenta de resultados, con los ingresos y gastos del ejercicio 2023. En ese resumen, el tesorero les aclara que “durante el ejercicio 2024, el Partido ha cobrado como anticipo el 81% del importe de las elecciones municipales y ha reembolsado 1,8 millones de euros de parte de la financiación asociada a las mismas”. “También se han cobrado parte de los importes correspondientes a las elecciones autonómicas, los consells y los cabildos. No se ha cobrado ninguna cantidad correspondiente a las elecciones generales”, añade.

Algunos de los estos afiliados han protestado por no haber recibido hasta esta misma tarde las cuentas auditadas, y han señalado a esta redacción que es “inaudito” que el partido ahora les pida “votar online un documento a toda prisa” sin que pueda exponer sus dudas.

Vox ingresó el año pasado 13 millones de euros de las administraciones públicas en concepto de gastos electorales reembolsables, pero a esto hay que restar los nueve millones de deudas que contrajo con entidades de crédito para hacer frente precisamente a los procesos electorales de 2023, un año en el que el partido perdió nada menos que 19 diputados en el Congreso. Precisamente por esta merma de diputados y, por lo tanto, pérdida de subvenciones públicas, la formación de extrema derecha tuvo que hacer frente a recortes y despidos, lo que disparó el gasto de personal e indemnizaciones, que, según se desvela, fue en 2023 de 4,8 millones de euros, cifra que supera a los ingresos por cuotas de afiliados.

La formación de extrema derecha también tuvo una nada desdeñable partida presupuestaria para litigios de diversa índole, para los que provisionó unos fondos por valor de 561.000 para hacerles frente, cifra que Vox incluye en el concepto de “resultados negativos extraordinarios”.

El auditor de Soltec, EY, ha advertido de “una incertidumbre material que puede generar dudas significativas” sobre la capacidad del grupo “para continuar como empresa en funcionamiento”. En el informe de auditoría elaborado con motivo del informe anual de las cuentas de 2023 del grupo remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), EY llama la atención sobre una póliza de crédito con un límite de 90 millones de euros, dispuestos en su práctica totalidad al cierre del ejercicio 2023, formalizada con un sindicato de entidades financieras con el objeto de financiar sus proyectos específicos de suministro e instalación del segmento industrial vencido el pasado 11 de febrero y novada hasta este próximo 31 de mayo.

En este sentido, señala que la dirección del grupo se encuentra en negociaciones con las entidades financieras para alcanzar un acuerdo de renovación de esta póliza antes de finales de este mes. Asimismo, el auditor recoge en su informe un párrafo de énfasis respecto a la reformulación de sus cuentas que tuvo que llevar a cabo la compañía debido a las diferencias con EY.

Reformulación de las cuentas de 2023

El pasado 1 de abril, en el que el mercado estaba cerrado por día festivo, Soltec procedió a reformular sus cuentas anuales de 2023, con respecto a los resultados comunicados al mercado a finales de febrero. Este movimiento fu debido a una diferencia con su auditor sobre el criterio temporal de reconocimiento de ingresos a dejar de registrar en el ejercicio por un total 192 millones de euros por suministro de seguidores solares, junto con sus costes correspondientes por importe de 144 millones de euros.

Con esta nueva formulación de sus cuentas, el grupo reconoció 395 millones de ingresos consolidados, un resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado de 10,4 millones de euros a nivel consolidado y unas pérdidas netas de 23,4 millones de euros, frente a los 11,7 millones de euros de ganancias que había comunicado a finales de febrero.

Soltec aseguró que, aunque no compartía los criterios del auditor, había optado por aceptar los ajustes solicitados, ya que entendía que esta era “la opción más beneficiosa para salvaguardar el interés de la compañía y sus grupos de interés”.

En una conferencia con analistas al día siguiente, los directivos de la compañía subrayaron que la diferencia solamente se trataba de “un problema financiero” y que no tendría impacto para el grupo ya que su deuda neta financiera quedaba en la misma situación.

Además, estimaron que las cifras de ventas en el negocio de 'trackers' sería más alta para este año debido a ese reconocimiento de esos ingresos para este ejercicio, aunque indicaron que proporcionarán más detalles de la guía del grupo “en unos pocos meses”.

El fabricante de seguidores solares había publicado sus resultados del ejercicio 2023 a finales de febrero -tras la aprobación por parte del consejo de administración, previo informe favorable de la comisión de auditoría-, incluyendo en ellos los citados ingresos y gastos.

Toque de atención de la auditora EY a los Revoredo, dueños de Prosegur, por la falta de información sobre las inversiones en ladrillo en Estados Unidos que ha realizado la inmobiliaria de esta familia, una de las más ricas de España.

La firma EY ha puesto salvedades en su auditoría a las cuentas del ejercicio 2022 de esa inmobiliaria, Proactinmo. Esta empresa pertenece a la patrimonial de los Revoredo, Gubel SL. Es dueña de un importante patrimonio inmobiliario en Madrid y es el casero del gigante de la seguridad privada en varios de sus inmuebles en la capital de España.

Las salvedades de EY están relacionadas con la falta de información sobre la situación de Proactinmo US, Corp, una filial de Proactinmo que se creó en Estados Unidos en el año 2021 y que desde entonces ha realizado inversiones en al menos cuatro sociedades inmobiliarias con sede en el refugio fiscal de Delaware.

Según explica EY en su auditoría, la española Proactinmo recoge en sus cuentas la inversión en el capital de esa filial por su coste de adquisición, de unos 22 millones de euros. Pero deja entrever que esa cifra puede no corresponder con la realidad.

“En el transcurso de nuestro trabajo no hemos dispuesto de evidencia de auditoría adecuada y suficiente en relación con la estimación del importe recuperable de esta inversión, incluyendo, entre otras, las cuentas anuales auditadas de la sociedad dependiente, por lo que no nos ha sido posible concluir acerca del valor recuperable de la misma y la necesidad, en su caso, de registrar correcciones por deterioro de su valor al 31 de diciembre de 2022”, dice el informe de EY.

Por su parte, Proactinmo señala en sus cuentas que a 31 de diciembre de 2022 “no se han puesto de manifiesto indicadores de deterioro sobre la inversión” en esa filial en Estados Unidos. elDiario.es contactó con Prosegur para preguntar por este asunto, sin obtener respuesta.

La auditoría de EY está fechada el pasado 20 de diciembre de 2023. Esta firma audita tanto a Proactinmo como a Gubel. También es el auditor de Prosegur y de su filial Prosegur Cash (estas últimas, cotizadas en bolsa).

La filial estadounidense de la inmobiliaria de los Revoredo fue inscrita en North Palm Beach, Florida (EEUU) en mayo de 2021. Desde entonces y hasta el cierre de 2022 había invertido, según explica Proactinmo en sus cuentas de ese ejercicio, en cuatro sociedades radicadas en Delaware: Rienzi Dallas LLC, Homefield KS LLC, Carlton Miami LLC y Apache Tempe LLC.

Todas ellas han realizado “inversiones en otras sociedades vehículo” cuyo fin es invertir en proyectos inmobiliarios para la venta o alquiler, que Proactinmo no detalla.

Domiciliada en Madrid, Proactinmo es dueña de oficinas, hoteles, locales comerciales, viviendas y garajes en las mejores zonas de Madrid. También es propietaria de inmuebles en Sotogrande (Cádiz).

Desde 2015 tiene una filial dedicada al alquiler de viviendas, Proactinmo Viviendas, dueña de dos edificios de apartamentos en el barrio madrileño de Justicia, en pleno centro de la capital, en las calles Prim y Conde de Xiquena, por cuyas rentas facturó en 2022 cerca de 840.000 euros, según sus cuentas de ese ejercicio.

Activos por 283 millones

Con activos de 283 millones a cierre de 2022, un 13,8% más, ese año la cifra de negocios de Proactinmo creció un 36,5%, hasta 10,7 millones. De esa cantidad, unos 4,8 millones fueron alquileres que cobró al grupo Prosegur.

Entre los edificios que la compañía de seguridad privada alquila a Proactinmo está su sede central en Madrid, en la calle Pajaritos, 24, y el inmueble colindante, en la calle Santa Sabina, 8. En 2023, las rentas que pagó Prosegur a la inmobiliaria de sus máximos accionistas crecieron un 13,3%, hasta 5,44 millones, según detalla la multinacional en sus últimas cuentas anuales. En ellas deja claro que esos alquileres se pagan a precios de mercado. 

Los Revoredo también alquilan a terceros, entre otros, el edificio de la calle Barquillo, 13 que durante años fue la sede de la antigua Comisión Nacional de la Energía (CNE) y que actualmente alberga la delegación madrileña de la New York University. Los dueños de Prosegur adquirieron el inmueble en 2014 por 11,3 millones en una subasta organizada por el Ministerio de Hacienda, en una operación que fue ruinosa para el erario público: el antiguo regulador energético (que el Gobierno va a resucitar) había comprado el edificio el 16 de septiembre de 2008 –un día después de la quiebra de Lehman Brothers y en plena sacudida mundial– por un importe muy superior, de 19 millones.

Los dueños de Prosegur también han apostado por el sector hotelero. En el número 17 de la calle Alcalá, sobre antiguas oficinas del BBVA y junto al Casino de Madrid, en una zona con numerosos alojamientos de alto nivel como el Four Seasons, el Ayuntamiento tramita desde el año pasado un hotel de lujo con 60 habitaciones en una reforma que va a costar a los Revoredo 3,8 millones.

En 2022, Proactinmo amplió su apuesta por ese sector con la compra de un establecimiento en el barrio madrileño de las Letras, en la calle Moratín, 52 de Madrid, que tienen alquilado a la cadena Radisson.

200 millones para inversiones

La inmobiliaria de los Revoredo ha recibido desde su creación hace dos décadas cerca de 200 millones de euros de sus dueños para realizar inversiones en ladrillo. Está administrada por Bárbara Gut Revoredo, hija de Helena Revoredo, la presidenta de Prosegur y ex consejera de grandes cotizadas como Mediaset o Endesa.

Proactinmo pertenece a Gubel SL, la sociedad con la que esta familia canaliza parte de su participación en Prosegur y que es propiedad de la matriarca (49,99%) y de sus cuatro hijos. Recientemente la familia ha ampliado su participación en el grupo de seguridad privada hasta el 73,133% por unos 132 millones, tras lanzar recientemente una oferta pública de adquisición (opa) con la que han adquirido un 13,23%, adicional al 59,9% que tenían hasta entonces. La opa se quedó ligeramente por debajo del capital al que iba dirigido, del 15%.

La familia Revoredo es una de las más ricas de España, pese al desplome de la cotización que ha sufrido Prosegur en los últimos años. Actualmente, la capitalización del mayor grupo español de seguridad privada ronda los 850 millones, frente a los 4.000 millones que valía a cierre de 2018.

El último ranking de El Mundo coloca a esta familia en el puesto 74 de mayores fortunas del país, con un patrimonio estimado de 800 millones. Además de Prosegur y sus inversiones inmobiliarias, los Revoredo tienen fincas rústicas en Cuenca y Ciudad Real. 

Esta actividad la canalizan a través de filiales de Gubel como Agrocinegética San Huberto SL. Esta empresa fue condenada el año pasado por tratar de eludir 94.000 euros en el IVA por deducciones indebidas relacionadas con, entre otros aspectos, la reforma de un castillo medieval propiedad de la familia en su coto de caza en Salvacañete (Cuenca).

Esa sociedad es una de las firmas agrícolas de los Revoredo que durante años contrató los servicios del aristócrata, ingeniero agrícola y terrateniente Juan Pedro de Borbón. Borbón, hijo de un primo del rey emérito, Juan Carlos I, fue uno de los beneficiarios de la amnistía fiscal que el PP lanzó en 2012.