La Intervención de València ve riesgos de fraude en el Palau de Congresos, que ya ha sufrido dos estafas

La auditoría del sector público de València ve riesgos altos en el Palau de Congresos, que ya ha sufrido dos fraudes cuantiosos en los últimos cuatro años: casi 200.000 euros en 2024 y 21.000 euros en 2020. El informe del interventor municipal pone el foco en la gestión del edificio público y señala que en prácticamente todas sus áreas hay riesgos altos de fraude, apropiación indebida o manipulación y elabora una batería de recomendaciones para mejorar los controles en contabilidad y tesorería.

El documento, elaborado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento, valora que en 2025 se haya puesto en marcha un nuevo software que lleva la contabilidad y registra las facturas, un sistema que, según la gerencia, “incorpora mecanismos automáticos de control y trazabilidad que permiten auditar en cualquier momento el proceso completo de facturación, desde la recepción del documento hasta su pago final”. No obstante, en el análisis de 2024 ve numerosas alertas en la gestión ordinaria de la entidad, que vincula a la falta de control en los procedimientos. Por ejemplo, que las funciones de tesorería recaen en un técnico, que sustituye al director financiero, de baja laboral, una situación que implica que “no existe una debida segregación de funciones, lo cual aumenta el riesgo de fraude o error”.

Entre los riesgos que detecta la Intervención, en el plano de los gastos, señala: “No existe vinculación entre los pedidos y los expedientes de contratación a los que corresponden, de forma que pueden realizarse pedidos sin comprobar que se haya aprobado previamente el gasto correspondiente (es decir, sin contrato) o si se ha superado el importe aprobado (importe de adjudicación)”. “No hemos obtenido evidencia de que el personal técnico que da conformidad a las facturas realice un seguimiento de las asociadas a cada contrato, con el objeto de comprobar que no se supera el importe de adjudicación previamente a realizar el pago”, continúa el informe, que también recalca que hay pagos con tarjetas y sin justificantes. “Determinados pagos se efectúan a través de seis tarjetas prepago, cinco de las cuales están asignadas al personal del área comercial y una al director del área de administración financiera. Hemos seleccionado siete disposiciones efectuadas con cargo a las tarjetas, sin que la Entidad, en seis de ellas, haya aportado los justificantes del gasto que acrediten su realización”, señala.

La situación de la entidad durante el año 2024 y parte de 2025 resulta atípica y la dirección admite algunos errores. En el escrito de alegaciones, la gerente recalca que en los últimos doce meses -aunque la auditoría se refiere al ejercicio 2024- han operado en circunstancias complejas. Tres de los cuatro directores de área —jurídico, financiero e infraestructuras— estaban de baja, “lo que supuso una merma considerable en la capacidad de dirección y supervisión”, además de otros dos empleados de los 22 con los que cuenta. A esto se suma que dejaron la asesoría externa, “lo que dejó a la organización sin un servicio de apoyo contable, fiscal y laboral durante varios meses”, que tuvieron que cubrir con un contrato menor y no dispusieron “de un servicio en condiciones adecuadas hasta finales de julio de 2024”. En septiembre del citado año el Palacio de Congresos sufrió un fraude de 200.000 euros.

La entidad también defiende que en el presente año han reforzado la seguridad con la contratación de una nueva asesoría. Se trata, como ya informó elDiario.es, de la empresa Dula Auditores, cuyo administrador es hijo de un exconseller de Zaplana y quedó excluida inicialmente del proceso por no contar con un certificado de medidas antifraude. El concurso público quedó desierto y en el nuevo se eliminó este requisito. La gerente del Palacio de Congresos señala en el escrito de alegaciones: “En línea con las recomendaciones de la auditoría, desde el segundo semestre de 2025 se ha reforzado la revisión de los asientos contables mediante una verificación cruzada mensual, realizada conjuntamente por el personal administrativo y la asesoría externa Dula Auditores S.L.P., que actúa como segundo nivel de control y garantiza la integridad de los registros”.

Las recomendaciones del informe de intervención son sustanciales. Para mitigar los riesgos de “fraude, manipulación contable y trazabilidad”, dice el escrito, “el registro contable de las facturas debe ser posterior a la verificación de su conformidad por el responsable del gasto”. Entre los controles establecidos sobre los pagos, “se debería incluir que el sistema informático bloquease aquellos pagos en los que el importe facturado difiera o supere lo establecido en pliegos y contratos”. También reclama que se impidan “tanto la realización de pagos duplicados como de aquellos que no se hayan autorizado previamente” o que “las tarjetas prepago deben quedar indefectiblemente ligadas a su justificación” y “supervisar las conciliaciones bancarias con una periodicidad mensual y no anual”.