El comisario jubilado José Manuel Villarejo aseguró ante la jueza que le acusa del apuñalamiento de la doctora Elisa Pinto que si prolongó el contacto con Javier López Madrid fue porque temía que la situación de acoso que éste le describió por parte de la mujer pudiera terminar perjudicando al rey, amigo del empresario. “Era muy pesado, pero le aguanté por si había riesgo para la Casa Real”, afirmó el comisario ante la magistrada Belén Sánchez, aseguran fuentes jurídicas.

En la misma causa que Villarejo está imputado también el empresario Javier López Madrid, acusado del acoso a la mujer. La víctima asegura que Villarejo es el hombre que la pinchó en el costado el 20 de abril de 2014 y que mientras lo hacía, le dijo: “López Madrid quiere que cierres la boca”. El empresario asegura que es la doctora quien le acosaba y por este motivo la mujer está imputada en otro juzgado de Madrid. Villarejo negó el pasado junio taxativamente ante la jueza Sánchez ser el autor de la agresión y añadió que solo había visto a Pinto, de espaldas y ese mismo día de la declaración.

El policía jubilado declaró que conoció al entonces consejero de OHL Javier López Madrid en septiembre de 2013 por indicación de un amigo suyo, presidente de un banco. Su amigo le trasladó que se trataba de una persona muy importante, amigo del entonces Príncipe Felipe, y que accedió a verle por si el asunto pudiera perjudicar a la Casa Real. Villarejo, siempre según su versión, se habría presentado como antiguo policía, que ya no estaba en activo y que ejercía como abogado.

El comisario, destinado en realidad en la Dirección Adjunta operativa, se limitó a recomendar a López Madrid que hablara con la mujer, supuestamente ofendida porque el empresario había decidido finalizar la relación que mantenían, siempre según el testimonio del policía jubilado. Meses después, y ante la insistencia de López Madrid, Villarejo le ofreció que un abogado que trabaja con él, Rafael Redondo, le acompañara a la consulta de la doctora, relató a la jueza. 

La mujer, sin embargo, asegura que el hombre que acompañó a López Madrid fue el propio Villarejo. Una grabación de audio del encuentro terminó publicada en El Español y, según el trabajo de investigación V. Las cloacas del Estado, antes fue manipulada. El pasado 29 de junio, Villarejo declaró a la jueza Sánchez que si pidió a Redondo que acompañara a López Madrid fue solo para que este letrado diera “fe” del encuentro.

Rafael Redondo es el hombre que recibió a Victoria Álvarez en la estación del AVE cuando ésta viajó a Madrid para declarar ante la Policía sobre supuestos hechos delictivos del hijo mayor de los Pujol. Como consta en el sumario del caso Pujol, el juez Pablo Ruz se interesó porque fuera un abogado ajeno al Cuerpo y no un agente quien se encargara del traslado de la mujer hasta dependencias policiales. Redondo es asimismo secretario general de Transparencia y Justicia, la asociación que, bajo la apariencia de la lucha contra la corrupción, es utilizada por el comisario para acceder a distintos sumarios y maniobrar en las causas.

Villar Mir y el rey emérito

Durante la declaración, el policía destacó que el suegro de López Madrid, Juan Miguel Villar Mir, es “muy amigo” del rey emérito, según le dijo el propio empresario, y que el caso también necesitaba atención porque OHL es una empresa “muy importante” para los intereses de España.

Enfrentado abiertamente al CNI, el comisario Villarejo se refiere al servicio de Inteligencia en su declaración. Esta vez para asegurar que el abogado de la doctora en aquel entonces se dirigió a él para ofrecerle un pacto y advertirle que habían sido “unos amigos” de la mujer, antiguos miembros del Centro Nacional de Inteligencia quienes le habían indicado que debía mezclar en el contencioso al comisario Villarejo.

Antes de adoptar la medida de la orden de alejamiento, la jueza Sánchez escuchó también a la doctora, a la fiscal, a la defensa de Villarejo y a la de la doctora Pinto. Tanto la defensa del policía como la fiscal, Rosa Mayoral Hernández, se opusieron a la medida.

La fiscal defendió que la propia doctora había reconocido que no sufría ningún acoso desde 2015 y que, por tanto, no tenía sentido la medida. La abogada de la doctora alegó que la mujer temía represalias después de haber identificado a Villarejo en la rueda de reconocimiento. En un momento de su intervención, la fiscal Mayoral Hernández llegó a decir: “Si quiere ponerse seguridad privada es problema suyo el poder pagarla”. La jueza Belén Sánchez dictó finalmente orden de alejamiento al policía, que no puede acercarse a menos de 500 metros de la mujer.

La jueza Belén Sánchez ha citado al empresario Javier López Madrid para que declare como imputado el próximo 26 de julio por el presunto acoso a la doctora Elisa Pinto. La citación se produce después de que la mujer identificara al comisario José Manuel Villarejo como el hombre que la apuñaló en abril de 2014 mientras le decía: “López Madrid quiere que cierres la boca”.

La magistrada Sánchez archivó en marzo de 2016 el caso sin practicar una serie de diligencias solicitadas por la defensa de Pinto. La Audiencia de Madrid corrigió a la instructora y ordenó en mayo reabrir el caso. En el marco de esa instrucción se produjo la rueda de reconocimiento en la que Pinto reconoció a Villarejo.

El mismo día de la declaración de López Madrid, la jueza ha citado al inspector Alberto Carba, el autor del informe que incriminaba a Pinto y que dio pie a la jueza para archivar el caso. La defensa de la doctora presentó un escrito ante la Audiencia de Madrid en la que denuncia que se trata de “un montaje policial” para exculpar a Villarejo y, por extensión, a López Madrid.

Además, la jueza insiste en la declaración de una amiga de la doctora, Patricia Bárbara Romeu, que no se presentó a la primera citación, y en la de Mohamed Nurul, el antiguo vendedor de la tienda donde la Policía dice que Pinto compró unas tarjetas de teléfono con las que se amenazó al empresario.

Nurul reconoció a la doctora en sede policial, pero luego se desdijo al ser interrogado en el juzgado. Se da la circunstancia de que Nurul fue testigo en un caso de blanqueo de un grupo de indios en España en el que también se investigó, sin llegar a la imputación, al comisario Villarejo.

La doctora Elisa Pinto denunció en 2014 una campaña de acoso por parte de uno de sus pacientes, Javier López Madrid, por entonces consejero de OHL y yerno todavía de Juan Miguel Villar Mir. En el marco de ese acoso, la doctora ha denunciado dos agresiones con arma blanca. Una de ellas se produjo el 10 de abril en plena calle. López Madrid respondió con otra denuncia contra la mujer, que a día de hoy sigue imputada en otro juzgado.

Según el relato de la mujer, ella se bajó de su coche para dirigirse al maletero, momento en el que un hombre la acometió, le pinchó en el costado y dijo: “López Madrid quiere que cierres la boca”. Uno de sus hijos, que iba en el asiento trasero, también reconoce a Villarejo como el hombre que se dirigió una vez a él a la salida del colegio y al que pudo ver otras merodeando en los alrededores.

El consejero delegado de Ferroglobe está imputado en una pieza secreta del caso Púnica que investiga la financiación irregular del PP de Madrid. El pasado 21 de abril fue detenido por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dentro de la Operación Lezo. El juez Eloy Velasco dejó a López Madrid en libertad pendiente de que pagara una fianza de 100.000 euros. Según los investigadores, el empresario habría librado una partida de 1,4 millones desde OHL México para pagar una comisión a Ignacio López por la concesión de un tren en la Comunidad de Madrid.

El comisario José Manuel Villarejo no puede acercarse a la doctora Elisa Pinto a menos de 500 metros ni comunicarse con ella o con cualquier miembro de su familia. Así lo ha dictado este miércoles la jueza que investiga el presunto acoso a la mujer por parte del empresario Javier López Madrid, a las órdenes de quien habría actuado el policía en el apuñalamiento de la denunciante el 10 de abril de 2014.

La decisión de la magistrada se ha producido a petición de la defensa de Pinto, después de que la mujer reconociera a Villarejo en una rueda de reconocimiento organizada por el juzgado el pasado 6 de junio. La titular del Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid ha acordado la medida a pesar de la oposición de la fiscal del caso, Rosa Mayoral Hernández, informan fuentes jurídicas. El letrado Enrique Díaz-Bastien, que representa a Villarejo, ha anunciado que recurrirá la medida al considerar que “no tiene base jurídica alguna”.

Antes de acordar la orden de alejamiento, la jueza Belén Sánchez ha escuchado a la doctora y al propio Villarejo en la mañana del miércoles. La magistrada ha aprovechado la comparecencia del policía y la presencia de las partes personadas para tomarle declaración como imputado, lo que estaba fijado en un principio para el 29 de junio.

El día de la agresión, la mujer se había bajado del coche, en cuyo asiento trasero viajaba su hijo de diez años. Al ir a abrir el maletero fue asaltada por un hombre. “López Madrid quiere que cierres la boca”, le dijo el agresor mientras la pinchaba en el costado. Antes de eso, la mujer había denunciado al exconsejero de OHL por acoso y el empresario había respondido con otra denuncia, consecuencia de la cual la doctora sigue imputada a día de hoy en otro juzgado de Madrid.

La mujer llegó a acudir a la comisaría de Chamartín hasta en 13 ocasiones antes de que alguien se preocupara por su caso. Harta de la desatención, Pinto escribió a la Secretaría de Estado de Seguridad, que remitió la misiva al juzgado y a la comisaría de Chamartín. La agresión cometida presuntamente por Villarejo era la segunda que sufría. En otra ocasión, otro hombre golpeó con una moto su vehículo, se coló en el asiento de atrás y la cortó en el brazo. “Estás indefensa”, narra la doctora que le dijo.

Por fin, en mayo de 2015 el comisario jefe de Chamartín se puso al frente del caso. Jaime Barrado recibió una información de un confidente según la cual Villarejo habría participado en la segunda agresión a Pinto. El comisario Jaime Barrado organizó dos reconocimientos con fotografías de hombres parecidos a Villarejo e incluyó sendas instantáneas del sospechoso, una reciente y otra de hace más de quince años. La doctora lo reconoció en ambas “sin ningún género de dudas”, según consta en el acta.

La jueza Belén Sánchez citó entonces a Villarejo para la rueda de reconocimiento, pero el comisario logró aplazarla en dos ocasiones, el 16 de julio y el 3 de septiembre. Jubilado desde el pasado mes de agosto, el comisario estaba destinado entonces en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, a las órdenes de Eugenio Pino, el artífice de la policía política del PP y la Operación Cataluña, maniobras en las que el comisario Villarejo reconoce haber participado. La excusa de la Dirección de la Policía para justificar la incomparecencia de Villarejo en esas ruedas de reconocimiento es que se encontraba en viajes de trabajo en el extranjero.

Después llegaron una serie de informes policiales que tres años después de las primeras denuncias de la doctora daban un vuelco al caso. La Policía aseguraba que la mujer era la auténtica autora del acoso y que había falsificado pruebas. La jueza Belén Sánchez archivó el caso en marzo de 2016, pero la Audiencia Provincial de Madrid le ordenó el pasado mes de abril que lo reabriera y practicara una serie de diligencias pendientes, entre ellas la rueda de reconocimiento de Villarejo. La defensa de la doctora ha remitido varios escritos al juzgado en los que presenta una serie de datos que le hacen concluir que los informes policiales que la incriminan y exculpan a López Madrid y Villarejo son “un montaje”.

López Madrid y su relación con un grupo de comisarios

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, incorporado al sumario de la causa que investiga a Pinto, concluye que el empresario Javier López Madrid mantiene “una estrecha relación” con varios mandos de la Policía, según puso de manifiesto el análisis de su teléfono. López Madrid recurrió a ellos después de la denuncia de Pinto, según esto. Con Villarejo intercambió decenas de llamadas, como recoge el sumario.

La doctora de la defensa explicaba en su petición de la orden de alejamiento que después del apuñalamiento, el comisario y López Madrid se presentaron en su consulta y le exigieron que retirara la denuncia. Eso ocurrió el 10 de diciembre de 2015. “Conviene especificar que en ese momento ella no le había dicho al señor López Madrid que le había interpuesto una denuncia”, recoge el escrito. El audio fue publicado después por El Español y el trabajo V. Las Cloacas del Estado desveló que había sufrido una manipulación. 

El hijo de la doctora Pinto también declaró en el juzgado que un hombre de las características de Villarejo le abordó el 21 de diciembre de 2013 a la salida del colegio y le dijo: “Dile a tu madre que también estamos pendientes de vosotros”, le dijo ese hombre al niño el 21 de diciembre de 2013. En ocasiones posteriores, el mismo hombre aparecía a la salida del centro escolar y saludaba con la mano desde dentro de un coche al menor. El menor se encuentra en tratamiento psiquiátrico.

El comisario Villarejo asegura que le presentaron a López Madrid y que él solo le recomendó que denunciara el supuesto acoso de la doctora. Fuentes policiales aseguran que fue Francisco Granados quien puso en contacto al yerno de Juan Miguel Villar Mir con el policía. El presunto cabecilla de Púnica dijo el pasado domingo en 13 TV que es “amigo” de López Madrid y que conoce a Villarejo, pero negó tajantemente haberles puesto en contacto.

López Madrid y Granados están imputados en la pieza del caso Púnica que investiga la financiación irregular del PP de Madrid. Además, el empresario fue condenado a seis meses de prisión por las tarjetas black, está procesado en la pieza principal del caso Bankia y fue detenido, y continúa imputado, en la Operación Lezo, también por participar presuntamente en la financiación irregular del PP. Estas operaciones de corrupción son investigadas por la Guardia Civil. 

Según un comunicado remitido por el despacho de la defensa de Villarejo, resulta “realmente extraordinario” que la doctora Pinto reconociera al policía “antes de la rueda de reconocimiento”. Díaz-Bastien asegura que, tras la agresión, la doctora Pinto declaró a la Policía que el autor del pinchazo era “un hombre de 45 años, pelo canoso y que huyó rápidamente del lugar de los hechos”, se lee en la nota.

“En abril de 2014, don José Villarejo contaba con 63 años y acababa de ser intervenido de una lesión grave en la espalda que le impedía la celeridad y le dificultaba la movilidad”, añade.

La jueza Belén Sánchez ha citado al comisario de Policía José Manuel Villarejo para que declare como imputado por el apuñalamiento de la doctora Elisa Pinto en abril de 2014. La citación se produce después de que la mujer reconociera al policía jubilado en una rueda de reconocimiento celebrada la pasada semana en sede judicial y más de dos años después de que la agredida reconociera a su presunto agresor por primera vez en las fotografías que le fueron enseñadas en comisaría.

A pesar de aquel reconocimiento fotográfico de mayo de 2015, el comisario había logrado eludir una rueda de reconocimiento en el juzgado hasta el pasado martes. Las primeras citaciones tuvieron lugar en julio y septiembre de 2015. Entonces, Villarejo estaba destinado en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, a las órdenes directas del comisario Eugenio Pino, y el Ministerio del Interior le excusaba con el argumento de que estaba en misiones policiales secretas fuera de España.

Unos meses antes, en marzo de 2015, eldiario.es publicó que Villarejo había sido condecorado el año anterior por su participación en las maniobras policiales en Cataluña. El pasado verano fue el propio comisario quien, próximo a su jubilación, reconoció haber participado en la Operación Cataluña, la utilización partidista de medios materiales y humanos para investigar a políticos que lideran el proceso soberanista.

Aquel reconocimiento de sus actividades se produjo durante otra declaración judicial, también como imputado. Sobre Villarejo pesa todavía esa condición en una pieza separada del caso del Pequeño Nicolás, la grabación ilegal a otros policías y agentes del CNI, y su posterior difusión a los medios. Los investigadores del caso redactaron un extenso informe en el que denuncian un complot de la cúpula policial de Fernández Díaz para sabotear el caso del Pequeño Nicolás y proteger a Villarejo.

El ministro del Interior de la época, Jorge Fernández Díaz, destacó los servicios al Estado del comisario hoy jubilado cuando El País publicó que posee un patrimonio de 16 sociedad valoradas en 12 millones de euros.

La doctora Elisa Pinto denunció en 2014 una campaña de acoso por parte de uno de sus pacientes, Javier López Madrid, por entonces consejero de OHL y yerno todavía de Juan Miguel Villar Mir. En el marco de ese acoso, la doctora ha denunciado dos agresiones con arma blanca. Una de ellas se produjo el 10 de abril en plena calle. López Madrid respondió con otra denuncia contra la mujer, que a día de hoy sigue imputada en otro juzgado.

Según el relato de la mujer, ella se bajó de su coche para dirigirse al maletero, momento en el que un hombre la acometió, le pinchó en el costado y dijo: “López Madrid quiere que cierres la boca”. Uno de sus hijos, que iba en el asiento trasero, también reconoce a Villarejo como el hombre que se dirigió una vez a él a la salida del colegio y al que pudo ver otras merodeando en los alrededores.

Tras reconocerle en la rueda de reconocimiento, la defensa de la doctora ha solicitado a la jueza una orden de alejamiento para el policía jubilado que todavía no ha sido resuelta. La defensa de la mujer razona su petición en que “impida o dificulte la perpetuación de la actuación delictiva del presunto investigado”, quien habría continuado con un “hostigamiento” contra la denunciante con posterioridad a la agresión del 10 de abril de 2014.

El jefe de la comisaría donde denunció Elisa Pinto el acoso de López Madrid citó a la dermatóloga en mayo de 2015, después de recibir información de un confidente según la cual su compañero Villarejo podría ser el autor de la agresión. El comisario Jaime Barrado organizó dos reconocimientos con fotografías de hombres parecidos a Villarejo e incluyó sendas instantáneas del sospechoso, una reciente y otra de hace más de quince años. La doctora lo reconoció en ambas “sin ningún género de dudas”, según consta en el acta.

Después llegaron una serie de informes policiales que tres años después de las primeras denuncias de la doctora daban un vuelco al caso. La Policía aseguraba que la doctora era la auténtica autora del acoso y que había falsificado pruebas. La jueza Belén Sánchez archivó el caso, pero la Audiencia Provincial de Madrid le ordenó el pasado mes de abril reabrirlo y practicar una serie de diligencias, entre ellas la rueda de reconocimiento de Villarejo. También obligó a la jueza a tomar declaración a varios testigos.

Entre los que comparecieron el pasado martes están los facultativos que atendieron a la mujer y que ante la jueza descartaron que la doctora se autolesionara, como apuntaban los informes que exculpaban al yerno de Villar Mir y a Villarejo. La declaración de Villarejo está prevista para el próximo 29 de junio a las 11:00 horas. 

La doctora Elisa Pinto ha solicitado a la jueza que dicte una orden de alejamiento contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo, al que la mujer identificó el pasado martes como su agresor en una rueda de reconocimiento organizada en sede judicial. La defensa de la mujer razona su petición en que “impida o dificulte la perpetuación de la actuación delictiva del presunto investigado”, quien habría continuado con un “hostigamiento” contra la denunciante con posterioridad a la agresión del 10 de abril de 2014.

Aquel día, la doctora Elisa Pinto fue pinchada en plena calle por un hombre que le dijo: “López Madrid quiere que cierres la boca”. Antes de eso, la mujer había denunciado al exconsejero de OHL por acoso y el empresario había respondido con otra denuncia, consecuencia de la cual la doctora sigue imputada a día de hoy en otro juzgado de Madrid.

El jefe de la comisaría donde denunció Elisa Pinto el acoso de López Madrid citó a la dermatóloga en mayo de 2015, después de recibir información de un confidente según la cual su compañero Villarejo podría ser el autor de la agresión. El comisario Jaime Barrado organizó dos reconocimientos con fotografías de hombres parecidos a Villarejo e incluyó sendas instantáneas del sospechoso, una reciente y otra de hace más de quince años. La doctora lo reconoció en ambas “sin ningún género de dudas”, según consta en el acta.

La titular del Juzgdo de Instrucción número 39 de Madrid reconoció a Villarejo el martes junto a cuatro hombres que él mismo aportó a la rueda. Todos llevaban chaqueta y gafas. La doctora Pinto reconoció a Villarejo como su agresor de inmediato. Aun así, les pidió que se quitaran las gafas porque su agresor no llevaba en el momento del ataque.

La defensa de Pinto solicita ahora que Villarejo no se pueda acercar a menos de 600 metros de la víctima y que se le prohíba comunicarse con ella y cualquier miembro de su familia, así como “cualquier conducta cuya finalidad sea afectar o denigrar la fama y crédito de mi representada, o afectar a su honor e integridad o a la de su familia y sus hijos”, según recoge el escrito, al que ha tenido acceso eldiario.es.

Villarejo y la policía política

Villarejo había logrado aplazar la rueda de reconocimiento en dos ocasiones, el 16 de julio y el 3 de septiembre de 2015. Entonces estaba destinado en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, a las órdenes de Eugenio Pino, el artífice de la ‘policía política’ del PP y la Operación Cataluña, en la que el comisario Villarejo reconoce haber participado. Sin embargo, la excusa de la Dirección de la Policía para Villarejo es que se encontraba en viajes de trabajo en el extranjero.

Después llegaron una serie de informes policiales que tres años después de las primeras denuncias de la doctora daban un vuelco al caso. La Policía aseguraba que la doctora era la auténtica autora del acoso y que había falsificado pruebas. La jueza Belén Sánchez archivó el caso, pero la Audiencia Provincial de Madrid le ha ordenado que lo reabra y que practique una serie de diligencias, entre ellas la rueda de reconocimiento de Villarejo. También obligó a la jueza a tomar declaración a varios testigos.

Entre los que comparecieron el pasado martes están los facultativos que atendieron a la mujer y que ante la jueza descartaron que la doctora se autolesionara, como apuntaban los informes que exculpabal yerno de Villar Mir y a Villarejo.

En su escrito, la defensa de la doctora explica que después del apuñalamiento, el comisario y López Madrid se presentaron en su consulta y le exigieron que retirara la denuncia. Eso ocurrió el 10 de diciembre de 2015. “Conviene especificar que en ese momento ella no le había dicho al señor López Madrid que le había interpuesto una denuncia”, recoge el escrito. El audio fue publicado después por El Español y el trabajo de investigación V. Las Cloacas del Estado desveló que había sufrido una manipulación. 

En esta campaña de hostigamiento posterior a la agresión que denuncia la doctora también se incluye el envío al juzgado de un anónimo “lleno de vituperios e insinuaciones denigrantes” para la mujer y su marido. Pinto también ha sido denunciada ante la Fiscalía de Menores para que perdiera la custodia de su hijo. Los informes de la Policía que la Audiencia de Madrid ignora acusaban a la dermatóloga de haber utilizado al menor en el supuesto montaje contra López Madrid. 

La doctora Elisa Pinto ha identificado esta mañana en una rueda de reconocimiento al hombre que le pinchó en el costado el 10 de abril de 2014 por orden presuntamente de Javier López Madrid. Ese hombre, según el convencimiento de la doctora, es el comisario jubilado José Manuel Villarejo, informaron a eldiario.es fuentes jurídicas. 

Minutos después de las nueve de la mañana han sido presentados ante la mujer cinco varones, todos vestidos con chaqueta y gafas de concha. La doctora ha identificado inmediatamente a uno de ellos como el autor de la agresión, pero les ha pedido que se quitaran las gafas porque el atacante no las llevaba en el momento de los hechos. Este gesto ha ratificado su convencimiento de que entre los cinco hombres estaba el agresor y que es el comisario Villarejo, de 65 años. 

El 19 de mayo de 2015, la doctora Pinto supo por primera vez que el hombre que la había apuñalado era el comisario Villarejo. Fue después de identificarlo en comisaría, “sin ningún género de dudas”, en dos reconocimientos fotográficos, uno con una foto reciente, de entre un grupo de hombres de su edad; y otro con una foto tomada hace más de 15 años, también de entre varias personas parecidas. Se trataba, según su testimonio, del hombre que la habría pinchado en el costado mientras le decía: “López Madrid quiere que cierres la boca”. El comisario Jaime Barrado, que había recibido una información de que el policía era el agresor y por eso incluyó sus fotos entre las de otros hombres parecidos. 

La jueza Belén Sánchez citó entonces en dos ocasiones a Villarejo para una rueda de reconocimiento en el  juzgado, el 16 de julio y el 3 de septiembre de 2015, pero en ambas ocasiones el Ministerio del Interior lo excusó por estar fuera de España en viaje de trabajo. El comisario estaba destinado en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, a las órdenes directas de Eugenio Pino. El artífice de la ‘policía política’ del PP utilizaba a Villarejo para encargos delicados, entre ellos la ‘Operación Cataluña’.  Villarejo se jubiló el pasado agosto. 

Finalmente, unos informes policiales que acusan a la doctora Pinto de haberse inventado el acoso de López Madrid e, incluso, de haber utilizado a su hijo en esa maniobra, sirvieron a la jueza Sánchez para archivar el caso. La doctora Pinto ha denunciado en el juzgado, sin éxito, que esos informes constituyen un montaje para encubrir a Villarejo. Las conclusiones de los mismos son ignorados en el auto de la Sección 15 de la Audiencia de Madrid que ordena a la jueza Belén Sánchez reabrir el caso contra López Madrid. 

La actual citación es consecuencia de la resolución adoptada el mes pasado por la Audiencia Provincial de Madrid, en la que obliga a la jueza Sánchez a reabrir el caso que archivó en marzo de 2016 y a practicar una serie de diligencias solicitadas por la defensa de Pinto que en su momento había rechazado, entre ellas la rueda de reconocimiento. La magistrada ya adelantó que si el reconocimiento era positivo citaría a Villarejo como imputado. 

Villarejo debió comparecer en el Juzgado el pasado 26 de mayo “acompañado de otras cuatro personas de características físicas semejantes para poder formar la rueda de reconocimiento”. La dificultad para encontrar hombres de su edad y parecidos físicamente a él hizo que el comisario pidiera un aplazamiento, que la jueza fijo para este martes. Durante la jornada, la magistrada Sánchez interrogará a una decena de testigos. 

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha logrado aplazar una vez más la rueda de reconocimiento que debe practicarse en el caso de presunto acoso por parte de Javier López Madrid a la doctora Elisa Pinto. La jueza Belén Sánchez ha accedido a la petición de Villarejo, que se excusa en que no ha encontrado a otras cuatro personas de similar aspecto físico, como le pidió la magistrada que hiciera, informan fuentes jurídicas. 

El 19 de mayo de 2015, la doctora Pinto identificó, “sin ningún género de dudas”, a Villarejo en dos reconocimientos fotográficos, uno con una foto reciente, de entre un grupo de hombres de su edad; y otro con una foto tomada hace más de 15 años, también de entre varias personas parecidas. Se trataba, según su testimonio, del hombre que la habría pinchado en el costado el 10 de abril de 2014 mientras la decía: “López Madrid quiere que cierres la boca”.

La jueza Sánchez citó en dos ocasiones a Villarejo al juzgado, el 16 de julio y el 3 de septiembre de 2015. El comisario estaba destinado en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, a las órdenes directas de Eugenio Pino. El artífice de la ‘policía política’ del PP utilizaba a Villarejo para encargos delicados, entre ellos la ‘Operación Cataluña’. El argumento de la Dirección de la Policía para excusar a Villarejo de aquellos reconocimientos fue que estaba de viaje en el extranjero en las fechas señaladas. Villarejo se jubiló el pasado agosto. 

Finalmente, unos informes policiales que acusan a la doctora Pinto de haberse inventado el acoso de López Madrid e, incluso, de haber utilizado a su hijo en esa maniobra, sirvieron a la jueza Sánchez para archivar el caso. La doctora Pinto ha denunciado en el juzgado, sin éxito, que esos informes constituyen un montaje para encubrir a Villarejo. Las conclusiones de los mismos son ignorados en el auto de la Sección 15 de la Audiencia de Madrid que ordena a la jueza Belén Sánchez reabrir el caso contra López Madrid. 

La actual citación es consecuencia de la resolución adoptada el mes pasado por la Audiencia Provincial de Madrid, en la que obliga a la jueza Sánchez a reabrir el caso que archivó en marzo de 2016 y a practicar una serie de diligencias solicitadas por la defensa de Pinto que en su momento había rechazado, entre ellas la rueda de reconocimiento.

Villarejo debía comparecer en el Juzgado este viernes a las 11 horas “acompañado de otras cuatro personas de características físicas semejantes para poder formar la rueda de reconocimiento”. En otra providencia, la magistrada posterga el reconocimiento al 6 de junio, el mismo día en el que ha citado a diez testigos para que presten declaración. 

La reapertura de la investigación por acoso a la doctora Elisa Pinto contra Javier López Madrid ha motivado que la defensa de la mujer solicite el archivo inmediato de la denuncia que el empresario puso contra ella por los mismos hechos. Alega la defensa de Pinto que los hechos investigados en dos juzgados distintos son los mismos y que la Audiencia de Madrid ha avalado el relato de la mujer de tal forma que la jueza que la mantiene imputada debe decretar el archivo de la causa.

La Audiencia de Madrid dio un vuelco al caso la semana pasada al ordenar a la jueza Belén Sánchez que reabra el caso contra López Madrid. Esa magistrada había cerrado la investigación el 26 de febrero pasado de forma apresurada. Ese mismo día, la defensa de la doctora había presentado un extenso escrito en el que denunciaba un complot policial para encubrir al yerno de Juan Miguel Villar Mir que no fue atendido por la titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid.

El recurso presentado por la defensa de Pinto ha sido atendido en parte por la Sección 15 de la Audiencia de Madrid, que ordena la reapertura del caso y la práctica de varias diligencias, entre ellas una rueda de reconocimiento al comisario José Manuel Villarejo, al que la doctora reconoció en comisaria “sin ningún género de dudas” como el hombre que la pinchó por orden de López Madrid. El policía niega los hechos. Por contra, los jueces de la Audiencia de Madrid han rechazado unificar ambas causas. 

“El citado auto reconoce la existencia de una coherencia entre las denuncias y el relato de hechos de doña Elisa Pinto, apoyada por corroboraciones externas, como las declaraciones de sus personas más allegadas y conversaciones grabadas por la propia Policía, así como estudios de geolocalización de teléfonos que resulta contradictorios con posteriores informes del inspector CNP 078772, que confirman el efecto de atemorizamiento y miedo real sufrido por doña Elisa, así como la existencia de dos agresiones físicas que lo justifican”, dice el escrito de la defensa.

El policía al que se refiere la abogada de Pinto es el inspector que elaboró una serie de informes en los que se culpaba a la doctora del acoso, se le llegaba a acusar de haber utilizado a su hijo menor de edad en las amenazas y se la evaluaba psicológicamente sin siquiera haberla entrevistado. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil,  incorporado al sumario, pone de manifiesto la “estrecha relación” de López Madrid con un grupo de mandos policiales. 

Además de para archivar la causa contra López Madrid, los informes policiales llegaron a tiempo para evitar la rueda de reconocimiento al comisario Villarejo, al que la Dirección Adjunta Operativa de la Policía había excusado en dos ocasiones anteriores por estar supuestamente en misiones en el extranjero.

El auto de la Audiencia de Madrid, sin embargo, ignora esas conclusiones policiales a la hora de reabrir el caso. La defensa de la doctora recupera afirmaciones de ese auto, como las referentes a las llamadas de acoso que la Policía asegura que la mujer se hizo a sí misma y que resultan incompatibles con un informe de la Guardia Civil que sitúa al autor de esas llamadas en las inmediaciones del domicilio de la doctora cuando ella estaba en la República Dominicana. 

La doctora también alude a la visita que realizó por sorpresa López Madrid a su consulta y cuyo contenido grabado fue publicado por algunos medios de comunicación. La mujer presentó un informe pericial que concluye que la conversación, que se desarrolla “en tono amenazante y e intimidatorio” fue grabada por el empresario y filtrada después para “seguir menoscabando” la imagen y el honor de la doctora.

Desde que López Madrid dejó de estar imputado en el caso de la doctora Pinto su horizonte penal se ha ido complicando por momentos. Fue condenado a seis meses de cárcel en el juicio de las tarjetas 'black', imputado por la financiación irregular del PP de Madrid y, hace tres semanas, detenido y también acusado formalmente en la Operación Lezo, por el presunto pago de un soborno a Ignacio González.

La doctora Elisa Pinto, que denunció por acoso sexual al empresario Javier López Madrid, ha recurrido el archivo de la causa dictado por la jueza Belén Sánchez. En el escrito, su defensa asegura que han sido eliminados de los informes policiales unas llamadas entre uno de los teléfonos móviles investigados, de tarjeta prepago, y la Casa Real “o alguno de sus miembros”.

El citado número pertenecería a una tarjeta prepago que, según recoge el recurso, fue dado de alta a nombre de Javier López Madrid desde el 13 de diciembre de 2013 al 6 de mayo de 2014, pero la magistrada ha concluido que la documentación que se presentó para adquirirla era falsa. La defensa de la doctora afirma que la desaparición de ese flujo de llamadas se produce “sin que pueda explicarse el porqué”.

La tarjeta fue adquirida en un locutorio cercano al lugar de trabajo de la doctora Pinto. La investigación policial que se realizó el pasado verano concluyó apuntando a la mujer como la persona que estaba detrás de la adquisición, por estar la tienda cerca de su trabajo y haber sido reconocida por uno de los vendedores como asidua al establecimiento.

En total, la Policía encontró a cuatro antiguos trabajadores de la tienda, ya cerrada, y solo uno identificó a la mujer en una rueda fotográfica. Sin embargo, al ser citado por la jueza que investiga otra denuncia, presentada por López Madrid contra la doctora, el testigo se desdijo. Aseguró que nunca había vendido una tarjeta prepago a la mujer, a la que describió “con características físicas diametralmente opuestas” a las de Elisa Pinto, asegura su abogada.

La jueza Belén Sánchez ha archivado la causa provisionalmente y ha levantado la orden de alejamiento que pesaba sobre Javier López Madrid. El auto de archivo está fechado el 26 de febrero, pero su contenido trascendió el 11 de marzo, 48 horas después de que eldiario.es publicara una serie de mensajes entre los reyes y el empresario, en las fechas del estallido del escándalo de las tarjetas black, por el que el empresario se va a sentar en el banquillo de la Audiencia Nacional.

En su resolución razonada, la jueza denegaba asimismo una serie de diligencias que reclama la defensa de la doctora, quien denuncia un montaje policial para favorecer al amigo de los reyes. En ese auto se producen una serie de “errores”, según la abogada de Pinto, que ahora son expuestos en el recurso.

Por ejemplo, la jueza destaca que la doctora invirtiera una importante cantidad en una sociedad de López Madrid en las fechas en las que se producía el acoso. En cambio, la doctora sostiene que nunca se reunió con López Madrid para esa inversión sino con José Miguel Mate, así como que su cartera la llevaba otra persona y que ninguno de los dos ha sido citado a declarar para corroborarlo.

Además, la doctora alega que su inversión en Tresis fue mencionada por un desconocido, cuyos mensajes con López Madrid están incorporados a la causa. Esta persona le recomienda al empresario que utilice el hecho para defenderse de las acusaciones de la doctora en la causa judicial.

“No hubo ninguna relación”

La jueza dice también que López Madrid y la doctora se intercambiaron mensajes y llamadas desde sus respectivos teléfonos “mientras duró su relación”. “La realidad es que no hubo ninguna relación y las llamadas de doña Elisa, tal y como ha declarado insistentemente, se referían en exclusiva a las llamadas amenazantes”, asegura su defensa. Y añade que desde que comenzó a sentirse acosada, entre septiembre y diciembre de 2013, no consta ninguna llamada ni mensaje porque bloqueó el número de teléfono de López Madrid.

La doctora también critica que la jueza no haya tenido en cuenta llamadas amenazantes que se produjeron desde el entorno de su casa cuando ella estaba de vacaciones, con su familia, en Santo Domingo, como recoge un informe de la Guardia Civil. La tesis de la Policía es que esas llamadas son parte de un acoso fingido por la doctora.

Otra de las afirmaciones de la jueza que se rebaten es la que dice que la doctora denunció una agresión con arma blanca sufrida tres horas después y limpió su coche, eliminando posibles pruebas. La abogada de Pinto escribe que no pudo denunciar antes porque estaba siendo atendida en el hospital. “La doctora no se limpió la herida antes de acudir al hospital, tampoo limpió el coche y una vez personada la policía les pidieron que sacaran las huellas del vehículo, a lo que los agentes respondieron que no hacía falta”, se lee en el recurso.

Por otra parte, la doctora corrige a la jueza en el sentido de que “nunca manifestó” que los autores de las dos agresiones que sufrió fueran la misma persona, como dice la jueza. Pinto identificó en comisaría al policía José Manuel Villarejo en una rueda fotográfica realizada meses después y la magistrasa asegura que eso entra en contradicción con lo declarado con anterioridad.

La doctora vuelve a insistir en que se cite a declarar a su marido y unas amigas testigos del acoso. Asimismo rebate que no informara al colegio de su hijo de las amenazas que el niño había recibido y adjunta una llamada con un responsable del centro escolar.

El empresario Javier López Madrid ha salvado, al menos por el momento, la primera de las imputaciones judiciales que sobre él pesan. La jueza Belén Sánchez acordó el pasado 26 de febrero el archivo de la denuncia por acoso sexual que presentó la doctora Elisa Pinto contra él hace un año y medio, aunque la decisión no trascendió hasta el pasado viernes, tres días después que eldiario.es publicara los mensajes del empresario con los reyes.

La jueza ha asumido el criterio de la Fiscalía que, a su vez, hace suyas las conclusiones de unos informes policiales que la defensa de la doctora viene a calificar de montaje policial. Contra esa “sospechosa investigación a la carta”, la letrada Ana Blanco Vázquez de Prada presentó un escrito, en forma de recurso contra la petición de la Fiscalía de cerrar el caso. El documento está fechado el 25 de febrero, pero fue entregado en el juzgado al día siguiente. La jueza no atendió ninguna de las diligencias que solicitaba y esa misma mañana decretó el archivo de las actuaciones.

La defensa de la doctora pedía a la jueza Sánchez que, antes de adoptar una decisión, incorporara a la causa el testimonio de un ciudadano indio, clave en el informe policial que la señala. Se trata de un empleado del locutorio donde se vendieron tarjetas prepago utilizadas para verter las amenazas.

La tienda estaba cerrada el pasado verano, pero el grupo policial que se encargó de la investigación en su último tramo logró encontrar a cuatro de sus antiguos empleados. Tres no recordaban nada, pero uno de ellos reconoció a la doctora Pinto como la mujer de piel muy oscura que frecuentaba el locutorio. Le habían enseñado una fotocopia en blanco y negro. Cuando fue llamado a declarar por la jueza que investiga a la doctora -consecuencia de otra denuncia presentada por López Madrid- el testigo se desdijo.

Se da la circunstancia de que el ciudadano indio que reconoció a la doctora ante la Policía fue llamado a declarar en su momento como testigo en una investigación contra una red de blanqueo liderada por compatriotas suyos. En ese mismo caso fue investigado el comisario José Manuel Villarejo por una posible revelación de secetos.

Villarejo es el hombre al que Pinto señaló en comisaría como el autor del pinchazo que recibió en abril de 2014. Asuntos Internos concluyó que no había indicios contra Villarejo en el caso de los indios. El policía niega a su vez que sea el autor de la puñalada a la doctora. La jueza Sánchez no aceptó que el testimonio del único supuesto testigo de la compra de tarjetas se incorporara a su causa.

La investigación policial que señala a la doctora evitó que la jueza practicara finalmente la rueda de reconocimiento con el comisario Villarejo, anulada en dos ocasiones anteriores gracias al aval del Ministerio del Interior, según publicó El País. La abogada Blanco Vázquez de Prada la volvió a solicitar el día 26, el mismo día que la jueza rechazó aceptar la diligencia y archivó la causa.

Una de las conclusiones del informe policial es que el hijo de la doctora, de 10 años en el momento del acoso y los apuñalamientos, se inventó las amenazas y el apuñalamiento a su madre. La jueza no toma en consideración el testimonio del niño en sede judicial, pero tampoco accede a las intenciones del comisario José Manuel Villarejo para que remitiera un informe policial a la Fiscalía de menores y se retirara a la doctora la patria potestad del menor.

Villarejo también pedía que se deduzca testimonio contra la denunciante por acusación y denuncia falsa, injurias y calumnias, entre otros delitos. La magistrada rechaza tal pretensión, pero adopta la decisión “sin perjuicio de que las partes puedan ejercer las acciones que estimen oportunas en relación con los hechos”.

Ese informe policial que apunta a la doctora coteja unas amenazas recibidas por la doctora con exámenes del colegio del menor para concluir que fue él quien escribió las supuestas amenazas a su madre, inducidas presuntamente por ella misma. La defensa de la doctora cree que la prueba se ha manipulado y pidió en su momento que se realizara una en sede judicial. Los policías no explican por qué decidieron cotejar la letra de la amenaza con la del hijo de la doctora.

El 21 de mayo de 2014, el niño declaró ante la jueza sin ser informado por la familia a que iba, para no contaminar el testimonio. “Que tiene 10 años, que val colegio Willoughby, que tiene una hermana y un hermano (…) que vive con su madre y su padre. Que no sabe porque está aquí hoy”, comienza la declaración.

“Mi madre es preocupona y no me dejaría ir al parque”

Ante la jueza describió las visitas del hombre a la puerta del colegio, incluida una en la que le pidió que le dijera a su madre que les estaban vigilando. “Que se asustó y no dijo nada hasta llegar a casa porque su madre es muy preocupona y no le iba a dejar ir al parque…”, recoge el acta de la declaración.

También ofreció su testimonio sobre el apuñalamiento a su madre en el exterior del coche que él ocupaba. En el atestado policial incorporado a la causa, los agentes que se personaron en el lugar escriben que no pudieron interrogar en ese momento debido al “estado” en el que se encontraba. Los informes posteriores en los que se basa la Fiscalía para pedir el archivo dictado por la jueza concluyen que el niño fingió y ponen en duda, incluso, que la mujer fuera apuñalada y no que se autolesionara. Sobre nada de esto se pronuncia la jueza en su auto.

En la resolución razonada, la jueza Belén Sánchez recela de que los padres no advirtieran al colegio de lo que estaba ocurriendo. La defensa de la doctora, sin embargo, ha incorporado las llamadas que se intercambiaron la madre y la dueña del centro escolar donde estudiaban entonces el menor.

La abogada de la doctora entregó a la jueza el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el que se acreditan “estrechas relaciones” entre un grupo de comisarios de Policía y López Madrid. La abogada utiliza dicho informe para apoyarse en su denuncia de montaje policial, sobre todo por las llamadas de esos comisarios con López Madrid antes y después de vaciar el teléfono que después entregó al juzgado. Ese informe fue entregado por la Guardia Civil al Juzgado número 26, pero la jueza que ha dictado el archivo en favor de López Madrid no hace referencia alguna al mismo.

La magistrada también dice que la mujer ha cambiado de versión sobre el aspecto del hombre que la apuñaló en abril de 2010, como se recoge en el folio 260 del primer tomo del sumario. Asegura la jueza que la doctora dice que el hombre de la puñalada en abril de 2014 se parece al de la primera agresión que sufrió. Sin embargo, el folio 260 está dedicado a un oficio entre la Guardia Civil y la Policía.

En el folio 256 sí aparece la primera descripción que hace la mujer de su agresor ante la Policía: “varón, español, de unos 50-60 años de edad, complexión fuerte, pelo corto canoso, sin poder especificar ningún otro dato referetne a sus características fisonómicas ni de vestimenta”. Después de 13 denuncias infructuosas en Chamartín, el jefe de esa comisaría se hizo cargo del caso y dirigió un reconocimiento fotográfico con la doctora y su defensa el 19 de mayo de 2015. Ella señaló entonces en dos ocasiones al comisario Villarejo, que se jubila de la Policía en las próximas semanas.

La jueza dice que con las pruebas practicadas hasta la fecha es suficiente y que de ellas “se desprende que no ha quedado debidamente acreditada la participación de Javier López Madrid, en los hechos denunciados por Elisa Pinto, no existiendo indicios suficientes para continuar el procedimiento contra el referido investigado”. Contra el auto cabe recurso ante la Audiencia Provincial.

El empresario Javier López Madrid intenta evitar la difusión de los mensajes que prueban su amistad con los reyes en pleno estallido del escándalo de las tarjetas black, publicados en exclusiva por eldiario.es. Para ello ha presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid en el que solicita “excluir” de la causa contra la doctora Elisa Pinto “cualquier documentación o arhivo informático que no presente relevancia alguna para la investigación”.

En esa causa está incorporada la información que contenía el teléfono móvil de López Madrid y que la jueza le obligó a entregar en el juzgado. La magistrada puso el terminal en manos de la Guardia Civil, que logró recuperar una parte de la información que el empresario había borrado antes de depositar el teléfono en sede judicial.

La Unidad Central Operativa (UCO) elaboró un informe a partir de esa información, en el que apuntaba la intención de López Madrid de ocultar su “estrecha relación” con un grupo de comisarios de Policía. Estos le habrían ayudado en sus maniobras contra la mujer. La información recuperada también implicaría al consejero delegado del Grupo Villar Mir en el acoso denunciado por la doctora Pinto, según recoge el informe de la UCO.

La Guardia Civil entregó a la jueza un informe con los datos relevantes de la causa y, aparte, el bruto de toda la información recuperada del teléfono. Todo ello quedó incorporado a la causa por decisión de la jueza. Tras la repercusión de los mensajes publicados por eldiario.es, el abogado de López Madrid pide, “en particular, excluir de la causa todos los archivos relativos a las conversaciones o mensajes que de carácter privado haya podido mantener mi representado con cualesquiera pesonas y que obran en su teléfono móvil”.

En el caso de que la jueza acceda a tal pretensión, los mensajes quedarían fuera de la causa judicial y su difusión podría suponer un delito. El caso que instruye el Juzgado número 26 no está bajo secreto desde principios del mes de diciembre, lo que descarta que en estos momentos se dé el supuesto de revelación de secretos que recoge el Código Penal.

A pesar de ello, los ministros de Justicia y de Interior, Rafael Catalá y Jorge Fernández Díaz, respectivamente, reaccionaron a la noticia sobre el trato de los reyes al empresario con la advertencia de que podría darse un delito de revelación de secretos y de que se iba indagar en su “filtración”.

Los investigadores no han podido concluir si López Madrid dejó los mensajes al alcance de su recuperación cuando entregó el teléfono en el juzgado, incluido el rastro de su relación con los reyes, o si se trató de un descuido. La empresa que realizó el back up del teléfono goza de amplio prestigio en el sector, pero se desconoce si se limitó a realizar una copia de seguridad o participó en la “manipulación” del terminal de la que habla la Guardia Civil en su informe.

La UCO recuperó un mensaje del 30 de enero que decía: “Ya tenemos el backup de tu móvil para el juzgado. Todo controlado. Te voy contando la próxima semana un abrazo y buen finde. Si vienes a Baqueira avísame”. Tres cuartos de hora después, López Madrid escribió un mensaje de felicitación por su cumpleaños a Felipe VI.

La relación continuó

Otros mensajes de dos semanas antes constituyen la prueba de que los reyes dejaron crecer el escándalo de las tarjetas ‘black’, que sentará en el banquillo a López Madrid, sin que afectara a su relación con él. Como publicó este viernes eldiario.es, los reyes coincidieron con López Madrid y Silvia Villar-Mir, la mujer de éste, en el cine el 17 de enero. El rey escribió al empresario felicitándose del encuentro y proponiendo quedar más tarde. Una cita que se consumó, según otro mensaje enviado casi tres horas más tarde por Felipe VI desde su móvil al de Javier López Madrid.

Los datos recuperados del Iphone 5s de López Madrid también describen la estrecha relación del yerno de Villar Mir con algunos de los protagonistas de escándalos fiscales en España.

Por otra parte, en el Juzgado de Instrucción número 39 de la capital se investiga al consejero delegado del Grupo Villar Mir por un delito de acoso a la doctora Pinto. Según publicó elmundo.es en la noche de este viernes, la jueza Belén Sánchez ha archivado la causa. De confirmarse, la magistrada habría adoptado la decisión de acuerdo a la petición de la Fiscalía. Esta, a su vez, se apoya en una serie de informes de la Policía que, para la defensa de Pinto, constituyen un claro montaje en favor del amigo de los reyes.

En su último recurso ante la jueza, la defensa de Pinto presentó unas imágenes de una cámara de seguridad que probarían los hechos que denunció en relación con su apuñalamiento en abril de 2014, en contra de la tesis de la Policía y el fiscal. En sus últimas alegaciones, la defensa de la mujer denuncia también la desaparición de una serie de llamadas en los informes policiales para apoyar su inculpación, informa okdiario.com.

Las pruebas de la amistad de los reyes con Javier López Madrid en el teléfono móvil de éste se extienden hasta el 17 de enero de 2015, tres semanas antes de la cita para que entregue su terminal en el juzgado. Eso significa que Felipe VI y la reina Letizia conservaron su cordial relación con López Madrid al menos tres meses después de los mensajes de apoyo y cariño que se intercambiaron en un chat el 15 de octubre de 2014, en pleno escándalo de las tarjetas ‘black’. El borrado de la información contenida en el teléfono impide conocer qué ocurrió a partir del mes de febrero.

De los pocos datos que se pudieron recuperar del Iphone 5s hay varios que describen el encuentro del 17 de enero de 2015 entre los reyes y el matrimonio que forman López Madrid y Silvia Villar-Mir. Ambas parejas decidieron ir al cine ese sábado por la noche y, según se desprende de dos SMS enviados por Felipe VI al empresario, coincidieron en la sala.

A las 22:02:56 (horas, minutos y segundos) de ese día, el rey escribe desde su teléfono móvil al de Javier López Madrid celebrando que se hayan encontrado e invitándole a quedar a la salida. A las 00:36:17 del domingo, Felipe VI vuelve a escribir a su amigo y le indica que están situados “al fondo a la derecha”. Se deduce que en un local próximo al cine, al término de la sesión que han ido a ver.

La Casa del Rey sigue sin pronunciarse sobre el contenido de los correos y se limita a señalar que la amistad del monarca y la reina Letizia con el empresario “no existe” en los términos que señalaban los mensajes publicados el miércoles por eldiario.es.

Fuentes de Zarzuela rechazan precisar cuándo y por qué motivo se interrumpió la relación, pero varios medios publicaron este jueves una versión según la cual los mensajes revelados por eldiario.es marcan el punto y final en el tiempo de la amistad del empresario con los reyes.

Tantos esos mensajes, pertencientes a un chat a tres, como a los que se alude en la presente información están incluidos en la causa que sigue el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid por las presuntas amenazas que habría vertido el empresario a la mujer que le denunció por acoso. El secreto del sumario se levantó durante la primera quincena del mes de diciembre de 2015.

Los mensajes de apoyo de los reyes del 15 de octubre se produjeron a los cinco días de que se conociera el detalle de los gastos con las tarjetas ‘black’ de Caja Madrid, entre ellos los que hizo Javier López Madrid en restaurantes, hoteles y tiendas de lujo. Los medios de comunicación ya habían publicado el 2 de octubre el escrito de la Fiscalía Anticorrupción con los nombres de los 86 directivos que usaron la tarjeta opaca al fisco.

Entre el chat que recogía la información y los mensajes del encuentro en el cine, el caso no había hecho más que crecer en proporciones y consecuencias. Entonces ya se conocía la citación de Miguel Blesa y Rodrigo Rato para declarar en la Audiencia Nacional, lo que ocurrió al día siguiente del intercambio de mensajes en el chat.

El 16 de octubre, el juez Fernando Andreu impuso una fianza de 3 millones a Rato y de 16 a Blesa, en concepto de responsabilidad civil subsidiaria. Ese mismo día, Hacienda advirtió que la devolución del dinero -opción que adoptó López Madrid- no eximía a los usuarios del plástico de posibles sanciones.

Mientras, los consejeros y directivos vinculados a partidos, sindicatos o instituciones dimitían o eran directamente expulsados. El 20 de octubre se conoció que el que fuera vicepresidente económico del Gobierno se daba de baja del Partido Popular como consecuencia del escándalo de las tarjetas ‘black’. El 14 de noviembre, el Banco de Santander prescinde de los servicios de Rato.

Los datos que López Madrid no logró o no quiso borrar de su teléfono móvil incluyen un nuevo contacto el 30 de enero, un SMS al rey. Ese día es el cumpleaños de Felipe de Borbón y su amigo le escribe un mensaje de felicitación que firma con su nombre de pila y el de su esposa.

El borrado de los datos del teléfono no permite conocer si el rey contestó o si el intercambio continuó en los días siguientes. El juez Fernando Andreu había dictado un auto 24 horas citando a declarar como imputados a todos los usuarios de las tarjetas ‘black’, entre ellos Javier López Madrid.

“Ya tenemos el back up de tu móvil para el juzgado”

Pero ese 30 de enero deja otro mensaje relevante en la investigación desarrollada por la Guardia Civil. El mensaje de felicitación a Felipe de Borbón se produce a las 18:18 horas. Apenas tres cuartos de hora antes, a las 17:31, López Madrid recibe un mensaje del “asesor informático” del empresario. “Ya tenemos el backup de tu móvil para el juzgado. Tofo controlado. Te voy contando la próxima semana un abrazo y buen finde. Si vienes a Baquiera avísame”, dice el mensaje incorporado al informe policial.

Según este mensaje, López Madrid tenía ya una copia de seguridad de su teléfono realizada por la empresa Aiuken. No queda claro si la compañía también realizó un borrado parcial del teléfono de López Madrid o si, una vez hecha la copia de seguridad del terminal, fue el empresario quien eliminó las llamadas y mensajes que consideró.

Los investigadores se limitan a asegurar en su informe que “el terminal telefónico aportado ha sido manipulado antes de su entrega en sede judicial, acreditando esta información el mensaje de mensajería instantánea del día 30 de enero de 2015 ”Ya tenemos el backup...“. Además, los agentes destacan que la contraseña del iPhone tuvo que ser aportada por la empresa, que había cambiado la ofrecida por López Madrid.

La citación del juzgado para entregar el terminal estaba fechada para el 6 de febrero, pero se materializó días más tarde porque la magistrada se negó a recoger el teléfono de manos de un procurador y el “asesor informático” de López Madrid. Por este motivo, volvió a citar al empresario para que fuera en persona a entregárselo días más tarde.

Durante todo este intercambio de mensajes con los reyes, López Madrid permanecía imputado por acoso a la doctora Elisa Pinto. La titular del Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid, Belén Sánchez, había dictado la medida el 25 de septiembre de 2014. La noticia no trascendió en los medios hasta finales de febrero de 2015. Se desconoce si Javier López Madrid había contado a los reyes su situación judicial.

La fecha de la declaración como imputado fue fijada en un primer momento para el 24 de octubre, pero López Madrid alegó en el juzgado que no podía acudir porque pertenece al Patronato de la Fundación Príncipe de Asturias y los premios se entregaban ese día. Finalmente, López Marid declaró el 12 de noviembre y salió del juzgado con una orden de alejamiento a la doctora Pinto.

La misma jueza está pendiente de resolver la petición de la Fiscalía de Madrid de que archive el caso contra López Madrid. La doctora ha presentado un recurso contra esa petición en el que alega que es víctima de un montaje policial en defensa del amigo o antiguo amigo de los reyes. La relación del empresario con un grupo de comisarios de Policía también se conoció por el análisis del teléfono de López Madrid y fue objeto del informe entregado al juzgado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.