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Comisarios, llamadas y tarjetas prepago: la “íntima conexión” de los casos Villarejo y López Madrid

Elisa Pinto pide  reabrir la causa por acoso contra el amigo del rey tras las últimas revelaciones en la pieza separada del Pequeño Nicolás

Villarejo adquirió la tarjeta de su coartada en el 'caso Pinto' bajo la identidad de un uruguayo, según se ha conocido en la causa de la grabación ilegal 

La doctora entrega a la juez una grabación en la que Eduardo Inda niega que estuviera en ese momento con el comisario, como éste defiende

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El comisario Villarejo declara por el caso del ático de Ignacio González

El comisario Villarejo declara por el caso del ático de Ignacio González EFE

Las recientes revelaciones en una pieza separada del caso del Pequeño Nicolás sobre la utilización partidista de la Policía son utilizadas por la defensa de la doctora Elisa Pinto para intentar reabrir el caso de presunto acoso sexual contra ella de Javier López Madrid, yerno del poderoso empresario Juan Miguel Villar Mir y amigo del rey durante décadas. La aparición en ambas causas de los mismos comisarios, entre ellos el imputado por una grabación ilegal José Manuel Villarejo, y los métodos que utilizan estos policías, ponen de manifiesto la “íntima conexión” entre un caso y otro, según un escrito presentado en el juzgado por los abogados de Pinto.

Un informe de 572 páginas del pasado junio ha motivado la imputación de Villarejo por la grabación ilegal a los policías y agentes del CNI que investigaban al Pequeño Nicolás en octubre de 2014. En ese informe emergen varios números de teléfono utilizados habitualmente por Villarejo, entre ellos uno de tarjeta prepago adquirida con la identidad de un ciudadano uruguayo. Ante el juez del caso, el policía aseguró que se trata de un colaborador suyo en el país sudamericano que comenzó colaborando contra ETA en los ochenta.

Es el mismo número que el policía utilizó en julio del pasado año como coartada para demostrar que no podía ser el protagonista del segundo apuñalamiento a la doctora, ocurrido el 10 de abril de 2014. Villarejo pedía que se 'geolocalizara' esa tarjeta en el momento de la agresión, lo que demostraría que él estaba reunido con dos periodistas en un hotel de Madrid en ese momento. Como conoce cualquier investigador de la Policía, el rastro de la 'geolocalización' se destruye al año de acuerdo a la Ley de Protección de Datos, un periodo de tiempo sobrepasado de largo cuando Villarejo hizo la petición.

El asunto central del cruce de acusaciones por acoso entre la doctora y López Madrid son las llamadas realizadas con tarjetas prepago, adquiridas bajo identidades falsas, y el intento por demostrar quién las compró e hizo realmente las llamadas. Para la defensa de la doctora, los descubrimientos en el caso del Pequeño Nicolás "vienen a poner en duda que todas las tarjetas prepago falsas que aparecen en esta causa no estén relacionadas entre sí y con el señor Villarejo y, desde luego, ponen en duda su coartada". 

La defensa de la doctora se pregunta: "¿Dónde estaba el señor Villarejo en ese momento (el apuñalamiento)? ¿Qué necesidad tenía de fabricarse una falsa coartada si realmente no era culpable? (...) ¿Cuántas más tarjetas prepago falsas utilizó el señor Villarejo?".

El amigo del rey y "sus" comisarios

En aquel escrito de julio de 2015, Villarejo alegó que estaba con los periodistas Eduardo Inda y Esteban Uzteirrieta en el momento del apuñalamiento. Los periodistas nunca fueron llamados a declarar por la jueza Belén Sánchez. Ahora, la defensa de la doctora entrega una grabación entre un comisario de Policía e Inda en la que éste último asegura que tiene recibos de compra en una tienda de ropa a la hora en la que Villarejo dice que estaba reunido con él y con Uzteirrieta.

Otra causa, por la denuncia de López Madrid contra la doctora, sigue abierta en el Juzgado número 26 de Madrid. Su titular, Concepción Jerez, pidió a la Guardia Civil que examinara un teléfono móvil de López Madrid. De los datos recuperados, la Unidad Central Operativa concluyó que el empresario mantenía “una estrecha relación” con varios comisarios de Policía, uno de ellos Villarejo. Otro era Enrique García Castaño, para el que los investigadores de la grabación ilegal en el caso del Pequeño Nicolás también han solicitado, hasta ahora sin éxito, la imputación.

Tanto Villarejo, como García Castaño -mando de la lucha antiterrorista- mantienen una relación directa con el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, el número dos del Ministerio. Así queda acreditado en el informe de los investigadores de la grabación ilegal a través del tráfico de llamadas en los momentos claves del caso.

Se da la circunstancia de que la doctora, desesperada porque 13 denuncias de acoso en comisaría no servían para nada, envió un escrito a la Secretaría de Estado de Seguridad. Al final, esa decisión se volvió contra ella. Interior ordenó una investigación que concluyó, justo antes de la decisión de la jueza de no actuar contra Villarejo, que la mujer es una desequilibrada, que utilizó a su hijo para inculpar a López Madrid, que probablemente las llamadas fueron realizadas por ella misma y que el comisario no tiene ninguna participación en su apuñalamiento. La doctora Pinto ha denunciado que se trata de un montaje policial y ahora lo intenta demostrar con distintos informes periciales.

Los informes policiales con las citadas conclusiones fueron avanzados en exclusiva por la web informacionsensible.com. Sin embargo, la defensa de la abogada asegura en su escrito que el 10 de diciembre de 2015, esa web publicó: “Según informa el diario El Confidencial, la doctora Pinto empleó a su propio hijo….”. “Sin embargo, el diario El Confidencial no publicó la noticia hasta el día siguiente 11/12/2015”, añade el escrito de la doctora.

El policía represaliado

El comisario que grabó la conversación con Inda -2 minutos y 36 segundos, tomada el pasado 1 de marzo-  es Jaime Barrado, el mismo que organizó la rueda de reconocimiento fotográfica en la que la doctora reconoció a Villarejo como el hombre que la pinchó en el costado y la conminó a mantener la boca cerrada por orden de López Madrid. La carrera policial de Barrado comenzó a derrapar en ese momento. Primero fue destinado a una comisaria conflictiva y después, expulsado temporalmente de la Policía. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid obligó a la Dirección de la Policía a readmitirle. En el fallo del TSJM se apunta a una trampa urdida por unos abogados colaboradores de Villarejo contra Barrado.

La defensa de la doctora adjunta el auto y solicita, entre otras diligencias, que a la jueza Belén Sánchez  llame a declarar a Barrado, que solicite un rastreo de la utilización de las tarjetas de crédito de Eduardo Inda y que se practique de una vez la rueda de reconocimiento a Villarejo en sede judicial.

En su escrito, los letrados también recuperan la declaración de Villarejo en la que aseguró en sede judicial que conoce a López Madrid porque el ejecutivo de banca Donato González, al que conoce desde hace años, le pidió que le ayudara. Villarejo, según su propio relato, le vió como mucho tres veces y se limitó a recomendarle que denunciara. Los abogados presentan "más de 50 comunicaciones telefónicas" entre el amigo de los reyes y el comisario. 

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