El Gobierno de Aragón asume el control del edificio de Correos y mantiene la suspensión cautelar del derribo

La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón ha determinado que es la Comunidad Autónoma quien debe decidir sobre la protección del antiguo edificio de Correos del Portillo, lo que supone un giro en el proceso abierto alrededor del futuro del inmueble. Además, la Administración ha confirmado la suspensión cautelar de cualquier obra o intervención en el edificio mientras se decide sobre su posible declaración como Bien de Interés Cultural (BIC).

La resolución, fechada el 19 de febrero de 2026, establece que el inmueble ya no está adscrito a servicio público estatal tras el cese definitivo de la actividad postal en noviembre de 2025, por lo que no resulta aplicable la competencia excepcional del Estado prevista en la Ley de Patrimonio Histórico Español. En consecuencia, es la normativa del patrimonio aragonés la que ahora debe articular los pasos para determinar si la construcción merece ser protegida de forma permanente.

Las entidades que impulsan el manifiesto en defensa del antiguo Centro de Clasificación Postal de Correos, situado en la avenida Anselmo Clavé, celebran la nueva resolución. Para los firmantes del manifiesto —integrado por asociaciones ciudadanas, colectivos patrimonialistas y vecinos—, esta decisión aclara definitivamente el marco jurídico y sitúa la responsabilidad sobre la Administración autonómica. “El debate ya no es competencial. Ahora es una decisión política y cultural: proteger o permitir la pérdida irreversible de un edificio relevante de la arquitectura contemporánea aragonesa”, afirman.

El edificio, proyectado entre 1970 y 1972 por el arquitecto José Luis González Cruz, es considerado un ejemplo destacado del Movimiento Moderno con rasgos brutalistas y ha formado parte del paisaje urbano del Portillo durante más de cinco décadas. Su singularidad formal y su valor arquitectónico reciente han sido argumentos centrales de quienes defienden su conservación.

Tras la suspensión cautelar acordada por Patrimonio Cultural, las entidades han reiterado su solicitud de declaración como Bien de Interés Cultural o Bien Catalogado del Patrimonio Aragonés, y reclaman la incoación inmediata del expediente. Subrayan que proteger este edificio no solo supone preservar una obra arquitectónica, sino también cumplir con el mandato constitucional de defensa del patrimonio cultural y apostar por un modelo urbano más sostenible y responsable.

Con este objetivo, los colectivos estarán presentes en la próxima cincomarzada, solicitando el apoyo de organizaciones y ciudadanía para la conservación del patrimonio común. Asimismo, han convocado a la ciudadanía a participar en un abrazo simbólico al edificio el próximo 15 de marzo, como muestra de compromiso colectivo con el futuro del Portillo.