La Audiencia de Bizkaia ha condenado a seis meses de cárcel por el delito de apropiación indebida cualificado al expresidente de Kutxabank, Mario Fernández, y a un año al ex delegado de Gobierno, el socialista Mikel Cabieces, como cooperador necesario de ese delito. Los jueces condenan a seis meses de prisión por el mismo delito de apropiación indebida al abogado Rafa Alcorta en calidad de cómplice necesario de la actuación del expresidente de la entidad bancaria. Por contra, el fallo les absuelve del delito de falsedad en documento mercantil del que también se les acusaba.

La sentencia considera probado que la contratación de Cabieces por orden del expresidente de Kutxabank supuso un quebranto económico para la entidad bancaria y se atribuye la responsabilidad a Fernández. Y que no hubo control alguno del trabajo realizado por el exdelegado del Gobierno.

“Actuó de forma personal, al margen de la entidad, sin implicar a ésta en ningún momento, en una actuación por completo ajena a la actividad ordinaria del banco”, resumen la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado José Ignacio Arévalo.

La sección Sexta de la Audiencia Provincial de Bizkaia les ha juzgado por los presuntos pagos irregulares, por importe de 243.592 euros, del banco vasco -durante la etapa como presidente de Mario Fernández- al exdelegado del Gobierno, Mikel Cabieces, a través del bufete del letrado Alcorta. Para el tribunal, todo era una “apariencia”. “No puede hablarse, en definitiva, de contrato, de puesto de trabajo y ni siquiera de desempeño de ninguna actividad profesional remunerada”, explica, frente a lo argumentado en el juicio por los tres acusados.

La resolución judicial asegura que Mario Fernández “ordenó una disposición mensual de efectivo durante un plazo de tres años a favor de Miguel Ángel Cabieces con la intención de procurar a éste un beneficio económico que se produjo a costa del patrimonio de la entidad, instrumentándose los pagos a través del despacho del otro acusado Rafael Alcorta. El ánimo de beneficiar y el perjuicio correlativo son evidentes y fueron conscientes de ello los tres acusados”.

Nadie controlaba a Cabieces

“El detonante de la actuación del presidente ordenando que se llevaran a cabo las actuaciones pertinentes para que con cargo a las cuentas del banco el acusado Cabieces disfrutara durante tres años de esa cantidad mensual fue, única y exclusivamente, lo que el propio Mario Fernández explica. Le pareció razonable, una respuesta, que él mismo califica como el cumplimiento de una función social”, como reconoció en el juicio el propio Fernández.

“Del banco salía la cantidad que se le pagaba mensualmente sin que nadie del banco le controlara y sin que a nadie tuviera que rendir cuentas de nada”, apunta el fallo en alusión a Cabieces.

La Fiscalía pedía dos años de cárcel para los acusados por administración desleal o tres por apropiación indebida. La acusación popular, ejercida por LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE, Hiru, EKA y la plataforma de pensionistas de Euskal Herria, solicitaba tres años y medio de cárcel para el exdelegado del Gobierno en el País Vasco y el abogado Rafael Alcorta, y dos años y tres meses de prisión para el expresidente de la entidad financiera.

Recurso de Mario Fernández

El expresidente de Kutxabank ha anunciado que recurrirá la sentencia. “Recurro porque tengo la conciencia tranquila”, asegura. “Desde el respeto, manifiesto mi total disconformidad con la misma, que no ha atendido a ninguna de las pruebas presentadas en este largo proceso de instrucción. Vulneración de la presunción de inocencia. Desde el principio del proceso se ha producido una situación de indefensión que ha alterado todo el proceso. En lugar de probarse los presuntos hechos delictivos, hemos tenido los acusados que probar la inocencia”, se queda Fernández.

El expresidente de Kutxabank, con todo, ha visto atenuada la pena de cárcel porque la sala valora el hecho de que devolvió con “prontitud” y de su propio bolsillo el dinero cobrado por Cabieces, algo que para la fiscalía fue una prueba de reconocimiento del delito.

Fernández ha sido condenado también al pago de 4.500 euros de multa por un delito de apropiación indebida, la misma cantidad a la que ha sido condenado el abogado Rafa Alcorta. Al exdelegado del Gobierno en el País Vasco, Mikel Cabieces, se le ha impuesto el pago de 9.000 euros por cooperación necesaria.

“Ahora estoy más tranquilo”. Con esa frase se despedía al filo de las tres de la tarde el pasado viernes el exdelegado del Gobierno, Mikel Cabieces, una vez que el presidente de la Sección Sexta de la Audiencia de Bizkaia, José Ignacio Arévalo, dejara visto para sentencia el caso Kutxabank: los supuestos pagos irregulares por parte de Kutxabank a Cabieces a través del despacho de abogados de Rafa Alcorta con el que la entidad mantiene una iguala (un contrato para la prestación de servicios en materia laboral) desde la época anterior a la fusión de la entidad bancaria.

El juicio más mediático de los celebrados en los últimos años en los juzgados vizcaínos lo es precisamente por el plantel que se sienta en el banquillo de los acusados: Mario Fernández, el expresidente que, tras la fusión de las cajas y la creación del banco en 2012, dejó Kutxabank con los mejores ratios de solvencia de la banca española. Mikel Cabieces, exdelegado del Gobierno en Euskadi, exalcalde de Portugalete y miembro de la Ejecutiva del PSE-EE cuando estalló el escándalo de los supuestos pagos irregulares. Y el conocido abogado laboralista, con una relación estrecha con la entidad desde la etapa en la que trabajaba para la BBK, Rafa Alcorta.

“Si en vez del político Mikel Cabieces hubiera sido una persona sin relevancia, ¿habría terminado el caso en esta vista oral?” Esta cuestión, subrayada por el letrado de Alcorta, Jesús Urraza, en su informe final ha estado planeando desde el comienzo de la causa, a principios de 2015, semanas antes de que la Fiscalía remitiera al juzgado en febrero de 2015 este caso denunciado incialmente por Kutxabank. La letrada de la acusación popular, Jone Goirizelaia, inició su alegato final precisamente recordando que este caso se produce porque “Mario Fernández recibió una llamada de un alto representante del PP para que hiciera algo concreto para Cabieces”, en un claro ejemplo de “puertas giratorias”, según Goirizelaia. La abogada de la acusación quiso también dejar claro que lo que se estaba juzgando aquí no es el éxito en la gestión de Kutxabank de Mario Fernández, “que es evidente que lo ha he hecho muy bien”, ni el trabajo como asesor laboralista de Rafa Alcorta, que para la letrada también está fuera de duda. Lo determinante sigue siendo el pago por parte de Kutxabank de esos 243.598 euros que cobró Cabieces durante los tres años que trabajó para Alcorta por uno servicios que nunca se prestaron. Cobrar por no trabajar, algo que Cabieces ha negado hasta la extenuación desde el inicio de la causa. Porque como dijo el fiscal, Mario Fernández tenía que haberlo puesto “de su bolsillo desde el primer momento. Jugar con su propio dinero, no con el de la entidad que no era suyo”.

¿Por qué Kutxabank tira la piedra (lleva el caso a la Fiscalía), pero esconde la mano (no se persona como parte acusadora)?

Las defensas intentaron parar el juicio, sin éxito, con este argumento. “Hicimos lo que teníamos que hacer. Intentar esconder una cosa como esta era impensable, y menos en el contexto social en el que se producía. Y pese a que entendíamos que dar ese paso iba a dañar la imagen del banco”, argumenta una fuente de la entidad. De hecho, en la reunión del Consejo de Administración del banco de 26 de diciembre de 2014 en la que se da luz verde a exigir a Fernández la devolución del dinero, también se acordó por unanimidad “no ejercitar acciones de carácter judicial”, entre otras cosas para “evitar o minimizar el daño reputacional que pudiera ocasionarse a la entidad de hacer público los hechos”, según recoge el acta de la reunión. ¿Pero alguien pensaba en su sano juicio que si el caso se trasladaba para su conocimiento al regulador en España (Banco de España) y en la Unión Europea (Banco Central Europeo), como así se hizo, era posible enterrar el escándalo ante la opinión pública?

Precisamente por eso, este hecho alimenta una de las teorías que funcionó al inicio de esta causa: que todo obedecía a una 'vendetta' interna de determinados responsables del banco que nunca aceptaron a Mario Fernández y creyeron verse relegados en la entidad. Cobrada la pieza mayor, ¿para qué seguir ligando el nombre de la entidad a este caso? “A veces es más fácil abonar teorías conspirativas que pensar simplemente que las personas hacen bien su trabajo”, contesta la misma fuente.

Independientemente de esto, el tribunal ya ha decidido que la no personación de Kutxabank en la causa tras llevar el tema a la Fiscalía, decisión adoptada también por unanimidad en otro Consejo de Administración celebrado el 29 de enero de 2015, no influye para nada en el caso y no es razón para anular la causa. Aquel escrito fue para el tribunal, según la propia apreciación de la Fiscalía, un “escrito de denuncia”. Y “una vez presentada la denuncia es irrelevante que se haya renunciado por el perjudicado al ejercicio de la acción penal (...) En estos casos, la persecución del delito no queda a expensas del denunciante” ha zanjado el tribunal, recordando que “Kutxabank tenía la condición de perjudicada y por eso denunció”.

Mario Fernández no suele dejar heridos. ¿Si sale absuelto, el expresidente de Kutxabank iniciará acciones legales contra Kutxabank o su presidente, Gregorio Villalabeitia?

“Mi honor es lo único que tengo, conseguido a base de estar trabajando más de cuarenta años. Nadie me ha regalado nada, y no estoy dispuesto a dejar que cualquiera ponga en cuestión mi honestidad, y menos con Kutxabank”, señaló el mismo día que declaraba por primera vez como imputado ante la jueza que instruyó la causa, el 5 de febrero de 2017. El expresidente del banco vasco siempre ha denunciado el “engaño” de Villalabeitia -que nunca le advirtió que había una auditoría en marcha y que iban a llevar el caso a la Fiscalía- y ese día anunció que emprendería acciones legales, al tiempo que dejaba un aviso para su sucesor: “no suelo dejar heridos”.

Pero lo que cuenta siempre a nivel judicial no es lo que se dice delante de las cámaras a los periodistas, sino las acciones que finalmente se llevan adelante ante el juzgado de guardia o la Fiscalía. ¿Se puede interpretar como un aviso en ese sentido las palabras con las que concluyó su informe el abogado defensor del expresidente de Kutxabank, Carlos Bueren? El letrado de Fernández se dirigió al tribunal para señalar que en esta causa “no está en juego la libertad de mi defendido y su patrimonio solo. Se está jugando el honor de una persona”. 

Ni en la peor de sus pesadilla Mario Fernández pudo vislumbrar una salida tan accidentada de la presidencia de Kutxabank, su niña bonita, su criatura perfecta. Y eso no se lo perdona a su sucesor, Gregorio Villalabeitia, a quien ha acusado en todo este tiempo de haberle engañado. Pero habrá que esperar a la sentencia para dar respuesta a esta incógnita en el 'caso Kutxabank', otro de los agujeros negros de una causa en la que han confluido argumentos de motivación política y de seguridad, con razones de administración bancaria y supuestas vendettas internas. 

El juicio contra el expresidente de Kutxabank, Mario Fernández, el exdelegado del Gobierno en el País Vasco, Mikel Cabieces, y el abogado Rafael Alcorta, imputados por los pagos supuestamente irregulares, por importe de 243.592 euros, del banco vasco a Cabieces, arranca este lunes en la Audiencia Provincial de Bizkaia con el análisis de las cuestiones previas. Los días 14, 15 y 17 de febrero se celebrarán las sesiones de la vista oral del 'caso Kutxabank'.

La Fiscalía solicita una pena de dos años de prisión y 6.000 euros de multa para cada uno de los tres acusados por un delito de administración desleal en concurso con un delito de falsedad en documento mercantil cometido por particulares o, alternativamente, tres años de cárcel para cada uno de ellos por un delito continuado de apropiación indebida con un delito de falsedad en documento mercantil cometido por particulares. Aunque Kutxabank fue la que inició el caso al mandar el expediente a Fiscalía, finalmente decidió no presentarse como acusación.

La Audiencia vizcaína confirmó en mayo de 2016 la apertura de juicio oral contra Cabieces, Fernández y Alcorta, acusados de los delitos de administración desleal en concurso con apropiación indebida y falsedad documental, tras la denuncia interpuesta por el ministerio público por los citados pagos y entendió que había “indicios racionales” de que los hechos sean veraces y Mario Fernández se extralimitó en sus funciones “comprometiendo indebidamente fondos de la entidad” al propiciar la contratación indirecta de Mikel Cabieces como letrado, mediante un procedimiento “ajeno a los cauces establecidos”.

La Audiencia desestimó entonces los recursos de apelación interpuestos por los imputados y, en su auto, apreció “indicios de criminalidad” en la contratación de Cabieces “de modo innecesario y ajeno” a los cauces de Kutxabank y acercó a los tres acusados al banquillo de los acusados.

Este lunes se iniciará la vista oral contra Cabieces, Alcorta y Fernández, y en la primera jornada del juicio se abordarán las cuestiones previas. El juicio dará comienzo a las diez de la mañana.

Posteriormente, el 14 de febrero se reanudará la vista con la declaración de los tres acusados y de los tres primeros testigos citados por la Fiscalía. Al día siguiente, declararán el resto de testigos y peritos y se plantearán el resto de las pruebas, además de las conclusiones finales de las partes.

El último día del juicio será finalmente el 17 de febrero, ya que se ha cambiado una de las fechas porque el día 16, previsto inicialmente, no podía asistir la abogada de la acusación particular Jone Goirizelaia. Ese día está previsto que la partes presentes sus informe, eleven a definitivas las peticiones y concluya la vista oral.

La Fiscalía remitió al Juzgado en febrero de 2015 este caso denunciado por Kutxabank cuando ya estaba en la presidencia Gregoria Villalabeitia, al considerar que había indicios de la comisión de delitos en los pagos, por importe de 243.592 euros, realizados al exdelegado del Gobierno en el País Vasco Mikel Cabieces por el banco vasco durante el mandato de Mario Fernández. El propio Fernández, posteriormente, abonó al banco la cantidad que percibió Cabieces.

En su decreto, que acompañaba con la denuncia presentada por Kutxabank tras el traspaso de poderes en la entidad de Fernández a Gregorio Villalabeitia- , la Fiscal Provincial de Bizkaia, Carmen Adán, reclamaba la imputación de Cabieces, Fernández y del abogado Rafael Alcorta, a través de cuyo bufete cobraba el exdelegado del Gobierno, al estimar que podían haber incurrido en delitos de administración desleal, apropiación indebida y falsificación de documento mercantil. En su escrito de acusación, Adán consideraba que los tres actuaron “de común acuerdo” y guiados por el “ánimo de causar un quebranto económico a Kutxabank”.

El ministerio público solicita una pena de dos años de prisión y 6.000 euros de multa para cada uno de los tres acusados por un delito de administración desleal con un delito de falsedad en documento mercantil cometido por particulares o, alternativamente, tres años de cárcel para cada uno de ellos por un delito continuado de apropiación indebida con un delito de falsedad en documento mercantil cometido por particulares.

Inhabilitación especial

Además, reclama la inhabilitación especial durante el tiempo de condena para el desempeño del cargo de administrador o miembro del consejo de administración de sociedades mercantiles en el caso de Mario Fernández y para el ejercicio de la abogacía en el de los otros dos acusados. En el caso de los delitos de administración desleal considera a Fernández autor y a Cabieces y Alcorta cooperadores necesarios, mientras que, en el resto, considera a todos autores.

Por su parte, la acusación popular del 'caso Kutxabank', que representa a LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE, Hiru, EKA y la plataforma de pensionistas de Euskal Herria, ha pedido tres años y medio de cárcel para el exdelegado del Gobierno en el País Vasco, Mikel Cabieces, y el abogado Rafael Alcorta, y dos años y tres meses de prisión para el expresidente de la entidad financiera, Mario Fernández.

La acusación popular indica que los hechos que se enjuiciarán son constitutivos de un delito de administración desleal del artículo 295 del Código Penal, un delito continuado de apropiación indebida de los artículos 250.1 y 5; 252 y 74 del Código Penal y un delito de falsedad documental de los artículos 27 y 28 del Código Penal.

Por ello, piden para Mario Fernández la pena de dos años y tres meses de prisión, inhabilitación en ese tiempo para ser elegido cargo político especial y para cargos de administrador o miembro del consejo de administración de sociedades mercantiles, además de una multa de 27.000 euros.

Tanto para Cabieces como para Alcorta solicitan, para cada uno de ellos, la pena de tres años y seis meses de prisión e inhabilitación en este periodo para ser elegido cargo político y para el ejercicio de la abogacía. Además, a cada uno de ellos, se le piden 36.000 euros. Las organizaciones que ejercen la acción popular solicitan como prueba la declaración de los acusados.

La Audiencia de Bizkaia ha dado un paso más para sentar a Mario Fernéndez, expresidente de BBK y Kutxabank, en el banquillo. El Tribunal ha desestimado los recursos presentados por la defensa del banquero ya que considera que existen indicios suficientes como para seguir la instrucción. La cuestión llevaría a Mario Fernández a sentarse ante la justicia por la supuesta contratación irregular de Mikel Cabieces, ex delegado del Gobierno, como asesor de la entidad. Este hecho podría suponer la comisión de los delitos de administración desleal y de falsedad en documento mercantil.

Un vez que se conocieron los hechos, que saltaron a la luz durante el agitado cambio de presidente en la entidad controlada por el PNV, tanto Fernández como Cabieces recurrieron a la Audiencia de Bizkaia. Sin embargo, según ha publicado El Correo en su edición en papel, la Audiencia ha emitido un auto que respaldala acusación y acerca a los investigados a un juicio oral. Según la Audiencia, “hay indicios racionales” de los hechos sean veraces -fue la propia entidad quien presentó la denuncia tras el traspaso de poderes- y Mario Fernández se extralimitó en sus funciones “comprometiendo indebidamente fondos de la entidad” al propiciar la contratación indirecta de Mikel Cabieces como letrado, mediante un procedimiento “ajeno a los cauces establecidos”.

La respuesta de Fernández

Tras conocer la decisión de la Audiencia, Mario Fernández ha señlado que “aunque sea desde la disconformidad más absoluta, quiero manifestar el respeto que me merece una resolución judicial”. No obstante, el banquero ha señalado que “las pruebas practicadas durante toda la instrucción, no han sido tenidas en cuenta, ya que únicamente se ha basado en la denuncia de Kutxabank y el escrito del fiscal” y por lo tanto “se demuestra la indefensión de los afectados, ya que la resolución se fundamenta en algo que no ha sido objeto de prueba alguna en dichas diligencias, como es la referencia a una retribución supuestamente excesiva por los servicios prestados por el señor Cabieces”. Para Fernández, “una vez demostrados por las declaraciones del responsable del servicio y otros testigos que sí se prestaron (los servicios facturados por Mikel Cabieces), ahora se modifica el origen dirigiéndolo hacia la existencia de una retribución desproporcionada”. A pesar de todo, el que fuera presidente del banco vasco apunta a que ahora “comienza una nueva fase, un juicio oral, abierto, transparente, donde todos y cada uno de los actores y guionistas de este esperpento, tendrán que defender públicamente sus decisiones e intereses”.

Los sindicatos LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE e HIRU y las organizaciones EKA y Plataforma de Pensionistas de Euskal Herria, que conforman la acusación popular en el caso sobre presuntas irregularidades en Kutxabank, han denunciado que el exdelegado del Gobierno en el País Vasco, Mikel Cabieces, percibió durante un año la prestación de desempleo pese a que cobró del banco vasco y de Iberdrola un total de 110.000 euros.

En un comunicado, las organizaciones personadas en la causa contra expresidente de Kutxabank, Mario Fernández, el exdelegado del Gobierno en el País Vasco Mikel Cabieces y el abogado Rafael Alcorta como imputados por los pagos supuestamente irregulares, por importe de 243.592 euros, del banco vasco a Cabieces, han afirmado que esta información consta en el Juzgado de Instrucción nº 4 de la Audiencia de Bizkaia.

Según precisan, entre marzo de 2012 y el mismo mes de 2013, el exdelegado del gobierno, “además de las percepciones recibidas en Iberdrola”, que se cifran en 65.450 euros, y los 49.956 euros procedentes de Kutxabank, “cobró la prestación de desempleo por un importe de 14.004,39 euros”.

A su juicio, “en unos momentos en los cuales determinados partidos políticos están haciendo una ofensiva criminalizando las prestaciones sociales”, quienes “impulsan la política de las puertas giratorias, como ha sucedido con PP, PSE y PNV con el asunto de Cabieces, no tienen ningún problema en asumir los fraudes que como en este caso se ha cometido, empleando dinero público para beneficio personal”.

Por último, han advertido de que la percepción, por parte de Cabieces de la prestación por desempleo, “constituye un delito penal por percepción indebida”, del que, en su opinión, “era consciente, dada su condición de abogado y delegado del gobierno”.

El abogado Mario Fernández está en guerra contra su sucesor al frente de la presidencia de Kutxabank, Gregorio Villalabeitia, la persona que puso a rodar en los juzgados el 'caso Kutxabank', el pago a través de bufete del también imputado, Rafa Alcorta, de un sueldo al exdelegado del Gobierno, Mikel Cabieces. Y en las guerras no se suelen hacer prisioneros. Fernández ya advirtió en febrero, la primera vez que declaró ante la fiscal -antes de que el caso llegara a manos de la jueza que ahora investiga los posibles delitos de falsedad documental y administración desleal o apropiación indebida-, que cuando terminara este asunto emprendería acciones legales contra Villalabeitia. Sobre todo porque está en juego su honorabilidad.

“Mi honor es lo único que tengo, conseguido a base de estar trabajando más de cuarenta años. Nadie me ha regalado nada, y no estoy dispuesto a dejar que cualquiera ponga en cuestión mi honestidad, y menos con Kutxabank”, ha apuntado tras declarar este jueves como imputado ante la jueza que instruye la causa. El expresidente del banco vasco ha denunciado el “engaño” de Villalabeitia y ha reiterado que emprenderá acciones legales, al tiempo que dejaba un aviso para su sucesor: “no suelo dejar heridos”.

Pero al margen de esas declaraciones ante los medios de comunicación fuera del juzgado realizadas tras declarar ante la instructora, la titular del juzgado de Instrucción número 4 de Bilbao, Ana Isabel Álvarez Fernández, lo fundamental del testimonio de Mario Fernández en las diligencias abiertas es que ha vuelto a negar cualquier irregularidad en su actuación. Y ha señalado al que en la auditoría se apunta como origen de la causa, el bufete que trabajaba para Kutxabank cuando se contrató al exdelegado del Gobierno y exdirigente socialista, Mikel Cabieces. “Kutxabank no pagó un euro a Cabieces, quien era un colaborador externo del despacho de Rafael Alcorta, que es con el que Kutxabank tenía relación”, ha precisado, al tiempo que apuntaba al letrado que contrató al exdirigente socialista. “El señor Alcorta ha cobrado las minutas correspondientes a Kutxabank y, en consecuencia, la afirmación de la que se parte de que se han pagado cantidades por servicios no prestados es absolutamente falsa”, ha añadido.

“He visto el informe de auditoría interna de Kutxabank en el que se dice que se han pagado cantidades [a Mikel Cabieces] que no corresponden a servicios prestados”, la base de la acusación de administración desleal que ahora investiga la jueza. “Me han llamado a mí. El que emitía las facturas era el señor Alcorta, ¿le han llamado al señor Alcorta?, ni la fiscal llamó al señor Alcorta, que era el que emitía las facturas sobre las que puede existir la duda. Ahora le ha llamado la jueza. En definitiva, los hechos son ésos y yo no quiero nada más que poner de manifiesto esos hechos y que se saquen las consecuencias correspondientes”, ha subrayado.

Enfado de Alcorta

En su declaración, Rafa Alcorta ha explicado ante la jueza parte de los trabajos que encargó a Mikel Cabieces en el tiempo que duró su relación laboral, según fuentes conocedoras de su declaración. “Ha explicado casos concretos”, señalan las mismas fuentes, siempre reservando el secreto profesional que como abogado debe guardar, pero con la intención clara de explicitar que había una relación laboral real con Cabieces.

Alcorta también ha explicado que básicamente la relación con Kutxabank la tenía con el responsable de Recursos Humanos, Fernando López de Eguilaz y no con Mario Fernández. Ha relatado que muy al principio en un encuentro que tuvo con Fernández este “me preguntó qué tal me iba con el nuevo colaborador”, según la declaración. En todo caso, López de Eguilaz siempre le comentaba que de todos los asuntos estaba al tanto el entonces presidente de Kutxabank, según el testimonio de Alcorta, que no ha realizado declaraciones ante los medios de comunicación. Cabieces también ha detallado los trabajos que desempeñó para el bufete de Alcorta mientras duró la relación laboral con el bufete de Alcorta, según fuentes conocedoras de la declaración.

Alcorta ha podido finalmente explicar su relación con este caso, dado que ni Kutxabank primero, ni la Fiscalía después le llamaron para preguntarle por su relación laboral con Mikel Cabieces, ni sobre la iguala (el acuerdo) que tenía con el banco vasco y que se vio modificada con la inclusión del exdelegado del Gobierno en su equipo de abogados. Y durante estos meses ha visto, con gran enfado por su parte, cómo su nombre aparecía vinculado a unas supuestas irregularidades denunciadas inicialmente por Kutxabank y ahora a tres posibles delitos en la causa por la que esta imputado.

“Me siento engañado” por Villalabeitia

Las supuestas irregularidades en ese acuerdo entre el bufete de Rafa Alcorta, que también está imputado y ha declarado en la causa por primera vez este jueves, habrían supuesto un coste de 243.592,02 euros para el banco, justo la cantidad que presuntamente se habría pagado a Mikel Cabieces a través del bufete de Rafael Alcorta, con el que el banco ya tenía un acuerdo de iguala. Ni Cabieces, ni Alcorta han realizado declaraciones tras pasar por el juzgado en calidad de imputados.

El engaño del que habla Fernández tiene relación con la reunión que mantiene con su sucesor, Gregorio Villalabeitia, tras su relevo al frente del banco en la que le indica que han detectado irregularidades por valor de 243.592 euros. Inmediatamente, Fernández devolvió de su bolsillo a Kutxabank el dinero para que no hubiera dudas sobre posibles quebranto económico al banco.

“En esa cita no se me dijo que se había encargado ya un informe de auditoría interna, que había pasado por el comité de auditoría y que había pasado por el consejo. Me siento sencillamente engañado, y el que me engañó es el que, hablando conmigo, me lo ocultó, el presidente actual de Kutxabank”, se ha dolido Fernández.

El expresidente de la entidad y el exdelegado del Gobierno en el País Vasco responden por los pagos supuestamente irregulares, por importe de 243.592 euros, del banco vasco a Cabieces.

El expresidente de Kutxabank, Mario Fernández, el exdelegado del Gobierno en el País Vasco Mikel Cabieces y el abogado Rafael Alcorta declararán este jueves, 16 de abril, como imputados por los pagos supuestamente irregulares, por importe de 243.592 euros, del banco vasco a Cabieces.

Según han confirmado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), el primero en declarar será Alkorta, a las 11.00 horas. Por su parte, Fernández está citado a declarar a las 12.00 horas y una hora después, a las 13.00 horas, el exdelegado del Gobierno.

El auto por el que la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbao, Ana Isabel Alvarez Fernández, citaba a declarar como imputados a las tres personas investigadas, destaca que, de las declaraciones que éstos realizaron ante la Fiscal Provincial de Bizkaia, Carmen Adán del Río, y de la documentación de que se dispone, se deduce que puede haberse cometido un delito de administración desleal o bien apropiación indebida.

A su juicio, puede haber existido, presuntamente, “una disposición de los bienes administrados que excedía de las funciones propias del cargo, no justificada, y que causó un perjuicio económico a la sociedad en beneficio de un tercero”.

También considera que los imputados pueden haber incurrido en un delito de falsedad en documento mercantil “en relación con los documentos utilizados para servir de soporte a las salidas de dinero de la sociedad”.

El viernes, además, comparecerán en el Juzgado como testigos Fernando López de Eguilaz, director de Recursos Humanos del banco, y Roberto Moll, director de los servicios de autoría interna y encargado de supervisar el informe que el banco elaboró para que sirviese de base de la denuncia que realizó Kutxabank. El primero de ellos declarará a las 11.00 horas y Moll a las 12.00 horas.

La Fiscalía remitió al Juzgado el pasado 10 de febrero el 'caso Kutxabank', denunciado por la propia entidad financiera, al considerar que había indicios de la comisión de delitos en los pagos, por importe de 243.592 euros, realizados al exdelegado del Gobierno en el País Vasco Mikel Cabieces por el banco vasco durante el mandato de Mario Fernández.

En su decreto, que acompañaba con la denuncia presentada por Kutxabank sobre este asunto, la Fiscal Provincial de Bizkaia, Carmen Adán del Río, pedía la imputación de Cabieces, Fernández y del abogado Rafael Alkorta, a través de cuyo bufete cobraba el exdelegado del Gobierno, al estimar que podían haber incurrido en delitos de administración desleal, apropiación indebida y falsificación de documento mercantil.

Kutxabank, que había informado a la Fiscalía de los hechos, decidió el 25 de febrero, en un Consejo de Administración extraordinario, que no se personaría en las diligencias previas abiertas, después de que la entidad recibiera un escrito de la magistrada en el que le instaba a aclarar si se iba a personar o no.

El actual presidente de Kutxabank, Gregorio Villalabeitia explicó, en una comparecencia pública, que el banco quería “distanciarse” del caso y que la Justicia siguiera su curso después de que la entidad financiera “cumpliera con su deber” de informar al Banco de España, al BCE y al ministerio público de lo sucedido.

Además, recordó que se había compensado el quebranto, ya que el propio Mario Fernández abonó al banco vasco la cantidad que percibió Mikel Cabieces.

Operación “legítima”

Fernández, que declaró ante la Fiscalía el 6 de febrero como testigo antes de que el Juzgado abriera diligencias, aseguró que “la operación” que él realizó durante su mandato no fue “irregular”, sino “absolutamente legítima” y no ha ocasionado “daño” a la entidad financiera.

En un comunicado posterior remitido a los medios de comunicación, el expresidente de Kutxabank afirmó que “era práctica habitual” que a personas vinculadas a Interior y a la lucha antiterrorista se les posibilitara “una salida profesional”, algo que, según asegura, se ha hecho con Mikel Cabieces, exdelegado del Gobierno en el País Vasco.

Cabices también declaró ese día ante el ministerio público, después de haberse dado de baja el 30 de enero como militante del PSE-EE después de conocerse que el banco vasco había denunciado que había recibido pagos “irregulares” de la entidad.

La defensa del exdelegado del Gobierno defendió que los pagos que le realizó Kutxabank a su cliente estaban “justificados” por los servicios jurídicos que prestó a la entidad y afirmó que el exalcalde socialista es un “daño colateral de una guerra ajena a él”.

Gregorio Villalabeitia, presidente del banco vasco Kutxabank, quiere poner distancia sobre el 'caso Kutxabank' porque está afectando seriamente a la imagen de la entidad, como admiten internamente en el banco. Su presidente ha hablado por primera vez del 'caso Kutxabank', los supuestos pagos irregulares al exdelegado del Gobierno, Mikel Cabieces, por valor de 243.592 euros, a los que dio luz verde el anterior presidente del banco, Mario Fernández. Ambos están imputados en la investigación abierta por la jueza tras la decision de la fiscal de presentar una denuncia el pasado dia 9 por delito de administración desleal, apropiación indebida y falsificación de documento mercantil.

Y el objetivo de las acciones tomadas por el banco es poner distancia cuanto antes sobre un caso que afecta a la imagen de la entidad, como admiten internamente en el banco. Villalabeitia ha explicado las razones que le han llevado al Consejo de Administración de Kutxabank, el mismo que puso en marcha la bola judicial al llevar las irregularidades detectadas a la Fiscalía, a dar ahora un paso atrás y no personarse en la causa. Las razones son dos: el quebranto que hubiera podido existir fue compensado cuando Mario Fernández reitegró la cantidad pagada al bufete de Rafa Alcorta para que el prestaba sus servicios el exdirigente socialista. Pero sobre todo, el problema es la imagen, que ha quedado dañada por el escándalo político que siguió a la decisión de Villalabeitia de denunciar el caso ante la Fiscalía.

“Se nos dijo, se nos instó a que comunicásemos la operativa detectada a la Fiscalía. No se nos dijo más. Nosotros cumplimos con nuestro deber, nosotros comunicamos la operativa detectada a la Fiscalía, nosotros no nos personamos en ningún procedimiento, nosotros no denunciamos nada, ha sido la Fiscalía la que ha denunciado al juez los hechos con lo cual en el momento en el que se nos ha ofrecido la posibilidad de personarnos o no, hemos decidido no personarnos: primero porque el quebranto estaba compensado y en segundo lugar pues porque nos conviene, ya como institución, el intentar distanciarnos de esta situación que para nada nos ayuda”, ha explicado en su esperada primera comparecencia ante los medios de comunicación desde que accedió al cargo en sustitución de Fernández y desde que estallara el 'caso Kutxabank'.

Más beneficios

Kutxabank ha cerrado 2014 con un beneficio de 150,3 millones de euros, un 38,8% más que en 2013. De esos 150,3 millones, existe una aportación positiva de Cajasur de 11,9 millones, según ha informado este jueves el presidente de Kutxabank, Gregorio Villalabeitia.

El presidente de Kutxabank, al presentar los resultados de 2014, ha señalado que esta evolución positiva se ha logrado en un contexto marcado todavía por el desempalancamiento crediticio del sistema, “y especialmente, por los bajísimos niveles de los tipos de interés en el mercado”. A su juicio, dado el entorno “muy complicado” en el que se ha producido, supone su “mérito” por parte del banco vasco.

Además, ha apuntado que es una de las pocas entidades del Estado español que ha obtenido resultados positivos en los tres últimos años, lo que le permite incrementar su aportación a las obras sociales. También ha precisado que el volumen de negocio de Kutxabank ha alcanzado los 109.300 millones, mientras que ha reducido su tasa de mora individual al 7,9%. Además, ha asegurado que mantiene una “sólida posición de solvencia que se sitúa en el 13,1%”.

Cada vez que se escucha la voz de Gorka Maneiro (San Sebastián, 1974) en el Parlamento vasco, casi siempre suena por detrás el golpe seco de un látigo castigando las espaldas del Gobierno vasco y del lehendakari Urkullu. Temas no le faltan al único representante del partido que dirige Rosa Díez en la Cámara autonómica: el “enroque de la directora general de EiTB, Maite Iturbe”, los “acuerdos oscuros entre PNV, PSE-EE y PP que se han producido en Kutxabank” o el “rescate con dinero público” del Grupo Noticias.

La entrevista se produce horas después de que la Fiscalía haya pedido la imputación de Mario Fernández, Mikel Cabieces y del abogado Rafa Alcorta por tres delitos por el 'caso Kutxabank', en concreto un delito de administración desleal, apropiación indebida y falsificación de documento mercantil. Maneiro espera que el caso siga adelante en los tribunales. “No entendería un archivo, hay razones para que no sea así. Veremos en qué queda la solicitud de imputación de estas tres personas”, apunta.

Acabamos de conocer la decisión de la Fiscalía de remitir el caso Kutxabank al juzgado al ver indicios de delito de carácter societario en la actuación de estas tres personas.

Estamos ante un hecho grave porque evidencia como se han hecho las cosas en Euskadi durante muchos años, a base de pactos oscuros entre lo grandes partidos, principalmente el PNV, PSE y el PP. Y deber ser aclarado. Por eso le vamos a preguntar al lehendakari este viernes por la opinión que le merece este asunto. Estos partidos, en lugar de respetar la ley, han llegado a acuerdos oscuros para beneficiar a los suyos. Y ha sido así en la colocación de sus amigos en las distintas empresas públicas o en este caso de Mikel Cabieces.

¿Y cómo interpreta que el PP, que medió para la colocación del exdirigente socialista, ahora se quiere quitar de en medio? Arantza Quiroga ha cargado contra el expresidente del banco vasco y el PNV también asegura que no sabía nada.

Es un intento baldío de no asumir las responsabilidades que tienen ambos partidos, especialmente el PNV. Por lo que se ha dicho fue el propio Antonio Basagoiti el que pidió a Mario Fernández para que se le buscara una salida a Cabieces, y el PP parece ser que ha tomado la decisión de intentar desmarcarse de este asunto. No sé si la gente les creerá en última instancia y que estos partidos no sabían nada y que lo que ocurrió aquí fue un asunto privado entre Mario Fernández y Cabieces. Nosotros no lo creemos. Ha habido un pacto político para colocar a una determinada persona. El PP, viendo el hartazgo de la ciudadanía con muchos asuntos, igual prefiere empezar a actuar de otro modo, quiza sea eso. Pero ha sido el amiguismo lo que ha primado en la política vasca durante muchos años.

Se ha apelado por parte de Mario Fernández a una política de Estado para explicar esta decisión. El expresidente de Kutxabank hacía una pregunta muy clara que yo le traslado: ¿Qué harían cada uno de ustedes si se les pidiese ayuda para una persona que ha estado en la primera línea de la lucha antiterrorista?

Pues en todo caso respetar la ley y en ningún caso hacer lo que ellos han hecho. Se dice que se trata de premiar a una persona que estuvo involucrada en la lucha contra ETA. Pienso que la mejor forma de poner en valor el servicio que determinadas personas hicieron durante muchos años en contra de ETA es acabar definitivamente con ETA e impedir que haya ningún tipo de impunidad para los presos de ETA y defender a las víctimas del terrorismo. Esa es la mejor forma de homenajear a todas esas personas que lucharon contra ETA. Saltarse la legalidad vigente, utilizar Kutxabank para beneficiar a una determinada persona es algo absolutamente inaceptable en un Estado de derecho. Es lo que yo le respondería a Mario Fernández.

¿Y si se hubiese seguido la estela utilizada para otros casos como los exdelegados Paulino Luesma (PSE) o Enrique Villar (PP) o el exgobernador de Juan Mari Jáuregui (PSE), de darles una salida desde la administración del Estado?

Habría sido más limpio. En todo lo que se haga debe prevalecer la absoluta transparencia y respeto a la legalidad. Si determinadas personas van a trabajar en determinadas embajadas hay que asegurarse de que van a cubirir los requerimientos técnicos exigidos y van a trabajar en esos puestos. Esos son los límites que hay que respetar, nada de pactos oscuros.

¿Entendería que esta caso se archivara finalmente?

No lo entendería, hay razones para que no sea así. Veremos en qué queda la solicitud de imputación de estas tres personas por parte de la fiscal.

Este viernes UPyD lleva otro asunto a la sesión de control del Gobierno: la situación de debilidad d la directora general de EiTB tras la votación en la que toda la oposición ha exigido su dimisión por el ERE en Eusko Irratia. ¿qué espera del lehendakari?

Quiero saber por qué sigue apoyando, si todavía sigue apoyando, a la directora general de EiTB cuando hay una mayoría amplia de este parlamento que la rechaza y ha pedido incluso su dimisión. Maite Iturbe fue elegida en virtud de un pacto entre PNV y PSE, ese pacto ya no existe y tampoco esa mayoría. El PSE debería explicarnos por qué la apoyó y a cambio de qué. Nosotros hemos venido exigiendo la dimisión de la directora de EiTB básicamente porque la actual EiTB está al servicio del nacionalismo vasco, al servicio del PNV y del Gobierno. Llevamos meses pidiéndolo.

¿Cree que Iturbe va a seguir en el enroque actual?

Lleva varios meses enrocada, y una buena imagen de ese enrocamiento fue su comparecencia en una de las últimas comisiones de control de EiTB, donde en lugar de defender su gestión, lo que vino fue a atacar a diferentes grupos de la comisión y hacer consideraciones y comentarios políticos sobre cuestiones que no venían a cuento. Yo le vi muy enrocada en sus posiciones. No sé lo que le pasará ahora por la cabeza, pero espero que se haya dado cuenta de que no tiene apoyos y que debe irse. Quiero pensar que finalmente va a optar por presentar la dimisión. Nosotros presionaremos todo lo que podamos para que finalmente dimita.

Si no dimite y la situación se mantiene y el consejo de Administración no logra la mayoría cualificada para parar el ERE y que dimita y el Gobierno la mantiene, ¿qué hará UPyD?

Hemos pensado en esa posibilidad, nosotros volveríamos a llevar el asunto al Parlamento para volver a pedir su dimisión y si mantiene su enroque, dirigirnos de manera más contundente al lehendakari para que le retire su apoyo. Seguir presionando desde el ámbito parlamentario. Iturbe tiene que darse cuenta de que solo le apoyo el PNV en esa votación. Está absolutamente sola debe dimitir cuanto antes.

Su partido lleva meses con la campaña “Desenchufa al corrupto”. La situación parece insostenible, cada día tenemos un nuevo caso o segundas o terceras partes de los ya conocidos. Y ahora vuelve la 'lista Falciani'.

Uno de nuestros máximos propósitos en el 2007 cuando surge UPyD es la lucha contra la corrupción. Rosa Díez le preguntó al presidente del Gobierno hace cuatro años por la corrupción y éste le respondió que eso era algo minoritario en España. Los hechos han puesto en evidencia que la corrupción política es uno de los más grandes problemas que tiene el país, no solo por lo que significa de vileza ética y moral, sino por lo que supone en relación a la pobreza del país y a las cifras de paro. La gente está absolutamente harta e indignadísima por la corrupción. La ciudadanía se sube por las paredes. Y lo que pensamos es que los que nos han traído hasta esta situación no pueden sacarnos de ella, hace falta una regeneración política my profunda. UPyD está ahí como una formación limpia, transparente, decente, frente a los que han fomentado o permitido la corrupción política. Tenemos propuestas serias en todos los ámbitos políticos.

Pues, perdóneme, pero parece que otras fuerzas emergentes como Podemos o también incluso Ciudadanos les están comiendo la tostada...

España se merece un futuro mejor y UPyD es la mejor opción. Tenemos propuestas serias en todos los ámbitos políticos.

¿Diría que no son serias las propuestas de estos partidos que le acabo de citar?

No nos parecen que sean serias las propuestas de Podemos o de Ciudadanos. Nos parece bien que surjan nuevos partidos para que de ese modo la ciudadanía tenga un abanico más amplio donde elegir, pero nosotros presentamos el trabajo realizado en todos estos años en las instituciones, extraordinario en el Congreso con propuestas de reforma del modelo del Estado, de lucha contra la corrupción, de medidas por la regeneración democrática, de defensa del Estado del bienestar, de medidas económicas como el contrato único indefinido, propuestas muy trabajadas y solventes. Aunque tenemos que mejorar en que nuestras propuestas lleguen a la gente y las conozcan. Otros partidos son más mediáticos, pero detrás de ellos no hay fondo, son más palabras que hechos.

¿Cree que en Euskadi también se va a achicar el espacio político de su partido con la irrupción de Podemos?

Vamos a seguir creciendo, aunque sin duda la irrupción de nuevos partidos afecta, pero me da la sensación de que el fenómeno Podemos no va a afectar demasiado a UPyD. Tenemos nuestro espacio y nuestro programa político perfectamente asentado y en muchos temas nos seguimos quedando solos, como en la foralidad o el Concierto Económico. Una de las candidaturas de Podemos defiende con uñas y dientes la foralidad.

¿Dónde creen que pueden crecer en las elecciones municipales y forales?

Todo está muy abierto y cambiante. La ciudadanía parece que va a votar de la manera más libre que nunca y puede pasar cualquier cosa. Tenemos la esperanza de entrar en todas las instituciones donde nos presentamos: con más seguridad en Álava, pero también en otros lugares como Irún, Getxo o incluso Bilbao, donde estamos creciendo mucho.

Uno de esos hechos que mencionaba ha sido llevar a los tribunales las informaciones pagadas por parte del Gobierno al Grupo Noticias. La jueza intentó quitarse de encima la causa. ¿Hay alguna novedad?

No. Cuando se confirme quién lo va a instruir realizaremos la ampliación de la denuncia. Me parece una expresión muy acertada referirse a este caso como un rescate en toda regla con dinero público. No fue un intento por parte del Gobierno vasco de condicionar a un determinado medio de comunicación para loar las labores del Ejecutivo, eso ya lo venía haciendo y lo hacía probablemente gratis. Fue una forma de financiar ilegalmente o de rescatar un determinado medio de comunicación.

¿Para qué vale el Código Ético si luego no se puede utilizar por ejemplo en el caso de responsabilidades políticas en los casos Epsilon o Hiriko o en este caso del Grupo Noticias?

Algún partido se ha referido a ese código incluso para pedir la dimisión de la directora de EiTB. Creo que lo que hace el Gobierno con el Código Ético es básicamente propaganda. No está sirviendo para nada, salvo para intentar vender la idea a la sociedad de que son más transparentes que nadie, cuando no es así.

La fiscal Carmen Adán ha elevado al juzgado la denuncia presentada por Kutxabank contra el expresidente del banco vasco, Mario Fernández, el exdelegado del Gobierno en Euskadi Mikel Cabieces y contra el responsable del bufete para el que trabajaba Cabieces, Rafa Alcorta, al encontrar indicios de actividades irregulares en su actuación, según han confirmado fuentes del ministerio público a eldiarionorte.es. La denuncia se presentó el pasado dia 9 por delito de administración desleal, apropiación indebida y falsificación de documento mercantil y se piden diligencias a practicar por el juez instructor.

Esas supuestas irregularidades habrían supuesto un coste de 243.592,02 euros para el banco, que es la cantidad que presuntamente se habría pagado desde Kutxabank a Mikel Cabieces a través del bufete de Rafael Alcorta, con el que el banco ya tenía un acuerdo de iguala.

La Fiscalía ha elevado la denuncia al juzgado y en su exposición pide la imputación de ambos y también del letrado. A partir de ahora será el juez el encargado de instruir la causa. La decisión ha sido notificada a las partes esta mañana, según las mismas fuentes.

La fiscal encargada del caso, Carmen Adán, fiscal jefe de Bizkaia, investigaba si en la relación entre Kutxabank y el bufete de abogados para el que trabajaba el exdirigente del PSE Mikel Cabieces se ha producido un delito societario y un quebranto económico para la entidad.

Esto es lo que investigaba la fiscal, que la pasada semana tomó declaración a Cabieces, primero, y posteriormente a Fernández. Con esas diligencias, y con la petición del contrato suscrito entre el banco vasco y el despacho de abogados, la Fiscalía de Bizkaia ha tenido más que suficiente para elevar la causa al juzgado. Y para que el juez determine, a partir de ahora, los posibles delitos -“irregularidades”, según la auditoría encargada por el banco vasco que ha dado pie a la denuncia interpuesta por los actuales gestores de Kutxabank.

Un total de 5.783 euros para Cabieces

El propio Mario Fernández devolvió la cantidad tras conocerse la denuncia que hizo pública Kutxabank tras una auditoría interna. La entidad comunicó los hechos al Banco de España que, a su vez, lo trasladó al Banco Central Europeo, que citó al actual presidente de Kutxabank, Gregorio Villalabeitia, para conocer los detalles del caso.

El expresidente del banco, Mario Fernández, defendió ante la Fiscalía que la citada operación era “legítima” y que no se había causado “daño” a la entidad.

Fernández explicó que fue un líder del PP en Euskadi el que le pidió en 2012 la colaboración de Kutxabank para buscar “un puesto de trabajo” a Mikel Cabieces. Además, añadió que venía siendo “práctica habitual” posibilitar “alguna salida laboral” a las personas vinculadas a Interior y la lucha antiterrorista.

El expresidente de Kutxabank trasladó la solicitud al responsable de Recusos Humanos del banco y, según la declaración de Fernández, le propuso contactar con el despacho de abogados de Rafael Alcorta - con el que el banco ya tenía un contrato por un importe de 7.800 euros (más IVA)- para gestionar este tema y se llegó a un acuerdo en relación a los pagos a Cabieces por valor de 5.783 euros (más IVA).

Fernández también precisó que fue en octubre o noviembre de 2014 cuando le comunicaron que procedía liquidar ese acuerdo y aceptó la propuesta.

El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Egibar, asegura que su partido nunca tuvo conocimiento de la contratación de Mikel Cabieces por parte de Kutxabank.

El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Egibar, ha asegurado que su partido nunca tuvo conocimiento de la contratación del exdelegado del Gobierno central, Mikel Cabieces por parte de Kutxabank. De esta forma, el PNV trata de quitarse del foco de la polémica y centrarla únicamente en el expresidente de la entidad financiera, Mario Fernández. En declaraciones a Radio Euskadi, Egibar ha defendido la actuación del actual presidente, Gregorio Villalabeitia, y ha culpado a Fernández de cometer “una acción irregular”. Hasta ahora, el PNV había optado por la cautela sobre el papel jugado por el expresidente.

“¿Quién es Kutxabank, o Mario Fernández, por si, ante si, para sentirse responsable de la suerte profesional, ligada también a cuestiones de seguridad, del delegado del Gobierno español en Euskadi?. Creo que nada tiene que ver ni Kutxabank, ni Mario Fernández”, ha recalcado Egibar. “Entiendo que quienes han ido a pedir han cometido una injerencia política inadmisible desde el punto de vista de que ni Mario Fernández ni Kutxabank tienen la responsabilidad ni una obligación para ocupar a ninguna persona”, ha insistido. “Fernández no ha actuado de mala fe, pero no comunicó su decisión al PNV. Es posible que supiera entonces y sepa ahora, evidentemente, que si llega a evacuar consulta al PNV la respuesta hubiera sido no”.

Por ello, Egibar ha recalcado que para el PNV la actuación de Mario Fernández no ha sido correcta, sino “irregular”. Frente a esa forma de proceder “irregular”, el político nacionalista ha defendido la actuación del actual presidente del banco denunciando el caso, aunque “los efectos de publicidad puedan acarrear un deterioro de la imagen de Kutxabank”.

La versión de Mario Fernández es que en 2012 “un líder del PP” le pidió que buscara “una salida profesional” al exdelegado en el País vasco del Gobierno socialista, como se había hecho con otras personas vinculadas con la lucha contra ETA. Para ello se firmó un contrato con un bufete de abogados.

El 'caso Kutxabank' -la denuncia elevada a la Fiscalía de Bizkaia por el banco vasco contra su anterior presidente Mario Fernández por supuestas “irregularidades” en la contratación de los servicios de un bufete de abogados para el que trabajaba el ex dirigente socialista Mikel Cabieces- tiene dos vertientes. La judicial y la política. Ambas se entremezclan, pero para la fiscal encargada del caso, Carmen Adán, fiscal jefe de Bizkaia, lo fundamental es investigar si en esa relación se ha producido un delito societario y un quebranto económico para la entidad.

Esto es lo que investiga la fiscal, según fuentes del ministerio público. Y para determinar los posibles delitos -“irregularidades”, según la auditoría encargada por el banco vasco que ha dado pie a la denuncia interpuesta por los actuales gestores de Kutxaban, con Gregorio Villalabeitia a la cabeza- serán fundamentales las dos declaraciones que se van a producir en Palacio de Justicia bilbaíno este viernes. En el marco de las diligencias previas abiertas por la Fiscalía de Bizkaia, Carmen Adán interrogará a Mikel Cabieces y al propio Mario Fernández.

Los delitos societarios está incluidos en el Código Penal. “Los administradores de hecho o de derecho o los socios de cualquier sociedad constituida o en formación, que en beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo, dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraigan obligaciones a cargo de ésta causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios, depositarios, cuentapartícipes o titulares de los bienes, valores o capital que administren, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido”. Este es uno de los artículos del Código Penal que tipifica estas conductas.

¿En qué se va a fijar en la declaración la fiscal jefe? En el tipo de relación contractual existente entre el despacho para el que desarrollaba sus servicios Cabieces -Alcorta y Asociados, que dirige Rafa Alcorta- y Kutxabank. La relación entre el banco vasco y este despacho de abogados laboralista es histórica. El expresidente del banco y el exdirigente del PSE deberán probar que la prestación de servicios acordada por la entidad a través del bufete para el que trabajaba Cabieces era real y evitar así que la fiscalía eleve la denuncia a los tribunales por un delito societario.

¿Ha existido quebranto para Kutxabank? Esto es algo que también tendrá que determinar la fiscal jefe. En principio, la relación contractual entre Kutxabank y el despacho sirvió, presuntamente, para que el exdirigente socialista y exdelegado del Gobierno cobrará unos 6.000 euros al mes. Mario Fernández, al ser informado de las “irregularidades” detectadas en la entidad en ese contrato a través de una auditoría interna optó por devolver la cantidad concreta cifrada por Kutxabank en 243.592 euros. 

Quebranto económico para Kutxabank

Con la devolución de ese dinero, Mario Fernández pretende limitar precisamente ese posible quebranto para la entidad que dirigía hasta finales de noviembre pasado. Pero fuentes de la fiscalía vasca consultadas por eldiarionorte.es cuestionan que la mera devolución del dinero borre el quebranto. “En todo caso, si finalmente el caso llega a los tribunales se puede considerar como una atenuante”, sostienen las mismas fuentes, que en ningún caso prejuzgan el resultado de la incipiente investigación, abierta en tiempo récord por la Fiscalía. La denuncia se trasladó el pasado viernes y la Fiscalía incoó diligencias de manera inmediata. La Fiscalía tiene seis meses, prorrogables otros seis más, para determinar si existe causa penal, qué tipos delictivos existen y contra quién hay que dirigir la acusación.

La otra vertiente del caso está relacionada con las implicaciones políticas del caso, que de momento le han costado el puesto de dirigente a Cabieces en el PSE y su baja como militante del partido. La pregunta que también puede incluir en su cuestionario la fiscal es si la decisión de aumentar el costo del contrato que Kutxabank tenía con el bufete obedece a un acuerdo político previo para asegurar unos ingresos mensuales al exdelegado del Gobierno tras su cese. Cabieces abandonó el cargo de delegado del Gobierno después de las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011, tras la victoria del PP. Cabieces comenzó a prestar sus servicios para el citado bufete en el primer trimestre de 2012. Durante el tiempo que ha durado la prestación de servicios de Cabieces para el citado despacho de abogados, el exdirigente ha trabajado en los juzgados bilbaínos, según diversas fuentes consultadas por este diario. Esta será una de las líneas de defensa que empleará Cabieces ante la Fiscalía.

Junto a estas declaraciones, la fiscal analizará la información que le debe remitir el responsable de Recursos Humanos,  Fernando López de Eguilaz, que ya ha declarado en la causa el pasado miércoles. La fiscal ha solicitado a Kutxabank que le remita el contrato de prestación de servicios con el despacho de Rafa Alcorta y las posibles variaciones que se hayan producido a lo largo del tiempo. El Consejo de Kutxabank ha celebrado este jueves su primera reunión después de que el banco destapara las “irregularidades” y las enviara a la Fiscalía, tal y como le ordenó el Banco Central Europeo a Villalabeitia al informar de los hallado en la auditoría interna. Aunque el tema no figuraba en el orden del día, según han confirmado fuentes de la entidad, el asunto se ha abordado, dada la trascendencia que el tema ha tenido en la política vascas. La preocupación por el impacto que este caso pueda tener en la marca Kutxabank preocupa a los responsables del banco vasco.