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Fiscalía: "Qué mayor reconocimiento de culpabilidad de Fernández que la devolución del dinero pagado a Cabieces"

El fiscal solicita dos años de prisión para el expresidente de Kutxabank, para el exdelegado del Gobierno Mikel Cabieces y para el abogado Rafa Alcorta por el "quebranto" a la entidad bancaria

La Acusación Popular se suma a las peticiones de la Fiscalía y denuncia este caso como un ejemplo de "puertas giratorias"

Los letrados de los tres acusados sostienen que los trabajos de asesoría laboral de Cabieces para el banco a través del bufete de Alcorta se realizaron y niegan falsedad documental alguna

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EFE

A las 14:48 de este viernes ha quedado visto para sentencia en la Audiencia de Bizkaia el juicio por el caso Kutxabank, los supuestos pagos irregulares de Kutxabank al exdelegado del Gobierno, el socialista Mikel Cabices, a través del bufete de Rafa Alcorta. La Fiscalía en este caso ha asegurado, tras elevar a definitivas la petición de prisión e inhabilitación para los tres acusados, que en este caso ha quedado acreditado que la relación entre la entidad que presidía Mario Fernández, y el despacho de abogados de Rafa Alcorta para pagar un sueldo de 5.783 euros mensuales a  Mikel Cabieces, se basó en una actuación "fraudulenta" que pretendía encubrir unos trabajos de asesoría que nunca se realizaron.

"¡Qué mayor reconocimiento del daño causado y de la culpabilidad y responsabilidad de Mario Fernández que pagara de su bolsillo!" los 243.598 euros que cobró Cabieces durante esos tres años, ha argumentado el representante del ministerio público. A su juicio, tenía que haberlo puesto "de su bolsillo desde el primer momento. Jugar con su propio dinero, no con el de la entidad que no era suyo".

El fiscal, en su informe final, ha reiterado su acusación de que Fernández, Alcorta y Cabieces, actuando de "común acuerdo", llevaron a acabo un plan para "causar quebranto a la entidad Kutxabank". A juicio del Ministerio Público, pasara lo que pasara, "Kutxabank siempre salía perdiendo": si Cabieces no trabajó, "y no hay una sola prueba tangible del trabajo de Cabieces", ha remarcado, "salía ganando Cabieces". Si por el contrario, se produjeron esos trabajos de asesoría en materia laboral, el beneficiado era el despacho de Rafa Alcorta porque "tenía un abogado más trabajando para él pagado por Kutxabank", ha explicado.

La Fiscalía solicita una pena de dos años de prisión y 6.000 euros de multa para cada uno de los tres acusados por un delito de administración desleal en concurso con un delito de falsedad en documento mercantil cometido por particulares o, alternativamente, tres años de cárcel para cada uno de ellos por un delito continuado de apropiación indebida con un delito de falsedad en documento mercantil cometido por particulares. En la sesión de este viernes, la última de un juicio que se inició el pasado lunes, las ha elevado a definitivas.

El fiscal considera que el acuerdo al que se llegó entre Fernández y Alcorta para contratar a Cabieces simplemente era una forma de "vestir el muñeco con una apariencia no verosímil" de una prestación de servicios que, a juicio del fiscal, nunca se produjo. "Fernández firmó la propuesta y autorizó los pagos", ha señalado. Y acusa directamente al abogado Alcorta de "aceptar ese sistema encubierto" usando su bufete "como pantalla para el pago a Cabieces de manera encubierta". "No se conoce en Kutxabank ningún caso como este", ha clamado el fiscal en su alegato.

Para el fiscal, es determinante y destacable que el subdirector general y responsable de Recursos Humanos, Fernando López de Eguilaz, diera la voz de alarma ante el inminente relevo en la cúpula de la entidad bancaria, con la llegada del nuevo presidente, Gregorio Villalabeitia. Y que hubiese guardado en su "caja fuerte" el documento por el que se contrataba a Cabieces a través del despacho de Alcorta y nadie en la cúpula del banco lo supiera.

Por su parte, la abogada de la acusación popular, Jone Goirizelaia, quien se ha adherido a las peticiones de penas realizadas por la Fiscalía, al tiempo que mantenía alternativamente las suyas, ha calificado este caso de típico ejemplo de "puertas giratorias". "Mario Fernández recibió una llamada de un alto representante del PP para que hiciera algo concreto para Cabieces". Y ha puesto, como la Fiscalía, el foco en el hecho de que si todo era normal porque "el señor Eguilaz guarda la documentación y cuando viene el nuevo presidente se lo cuenta".  "¿Si todo era normalísimo por qué lo desveló?, se ha preguntado.

Por contra, los letrados de los tres acusados han negado con rotundidad la descripción realizada por el fiscal y la acusación popular de los hechos y han resaltado que los trabajos de asesoría laboral efectivamente se hicieron, que ahí estan las más de 20 facturas que se giraron a la entidad y Kutxabank, en esos tres años, nunca puso ningún reparo a esa relación que ella había definido unilateralmente. Carlos Bueren, abogado de Mario Fernández, ha negado que existiera "ocultación alguna en la contratación de Cabieces" por parte de Kutxabank y, negando la tesis del fiscal, ha señalado que "no se utilizó el bufete de abogados como pantalla para hacer llegar dinero de Kutxabank a Cabieces".

La sorna de la defensa de Alcorta

Bueren ha sostenido que los "servicios de Alkorta fueron prestados a Kutxabank, de eso no puede haber duda de ningún tipo. "No hay prueba de cargo, no hay delito, ni autor, ni participación en algo que no existe", han argumentado al tiempo que pedía la libre absolución de su defendido.

Sobre la falsedad documental de la última factura girada por Alcorta a la entidad para finiquitar, entre otras cosas, los servicios del exdelegado del Gobierno, Bueren han apuntado que "no hay ninguna factura que no se corresponda a los servicios prestados, emitida por el despacho de Alcorta y de la que se hace cargo Kutxabank".

El abogado Javier Beramendi, defensor de Alkorta, ha logrado arrancar las risas del público en la exposición de su informe, al tiempo que se ha empleado a fondo en intentar negar la tesis de las acusaciones de que nunca se prestaron los servicios por los que Kutxabank pagó en total a Cabieces 243.598 euros entre marzo de 2012 y octubre de 2014. Con su habitual sorna en el estrado, Beramendi ha recordado que la operación de fusión con Caja Sur multiplicó el trabajo en asesoría laboral que ya venía realizado Alcorta para Kutxabank. Y que es en ese contexto en el que Kutxabank le ordena a Alcorta contratar a Cabieces, sin tocar la iguala que ya mantenía con la entidad.

En esos tres años, ha indicado Beramendi, "nadie vio nada malo en Kutxabank", ni el presidente, ni el director general, ni el subdirector de Recursos Humanos, ha enumerado el letrado, "¿tenía que verlo Rafael Alcorta", se ha preguntado, tornando su mirada al público presente en la sala. "El trabajo existió, se hizo, no se falseó documento alguno y no hay ese dolo falsario" que coinciden en describir la Fiscalía y la Acusación Popular.

"¿El problema es que esa relación no estaba en el contrato de iguala [de Kutxabank con Alcorta] reflejado?", se ha preguntado Beramandi, para formular después otra pregunta: "¿Y esto se resuelve en la jurisdicción penal?", apuntando de esta manera que no hay caso.

Por su parte, el letrado de Cabieces, Jesús Urraza, el último en tomar la palabra, se ha preguntado si en vez de el político Mikel Cabieces hubiera sido otra persona, ¿"habría terminado el caso en esta vista oral?". Urraza ha afeado la labor del director de auditoría de Kutxabank, Roberto Moll, la persona que echó a andar el caso, ya que no solo no "realizó ninguna comprobación" de los servicios prestados por Cabieces, sino que incluso pasó por encima del derecho a la intimidad, violentándolo al entrar en las cuentas bancarias de Cabieces y Alcorta. "Esta intromisión vulneró el derecho a la intimidad" de ambas personas, ha censurado con vehemencia.

Peticiones de las acusaciones

El ministerio público solicita una pena de dos años de prisión y 6.000 euros de multa para cada uno de los tres acusados por un delito de administración desleal con un delito de falsedad en documento mercantil cometido por particulares o, alternativamente, tres años de cárcel para cada uno de ellos por un delito continuado de apropiación indebida con un delito de falsedad en documento mercantil cometido por particulares.

Además, reclama la inhabilitación especial durante el tiempo de condena para el desempeño del cargo de administrador o miembro del consejo de administración de sociedades mercantiles en el caso de Mario Fernández y para el ejercicio de la abogacía en el de los otros dos acusados. En el caso de los delitos de administración desleal considera a Fernández autor y a Cabieces y Alcorta cooperadores necesarios, mientras que, en el resto, considera a todos autores.

La Fiscalía pide 2 años de cárcel para los acusados del Kutxabank

La Fiscalía pide 2 años de cárcel para los acusados del Kutxabank EFE

Por su parte, la acusación popular del 'caso Kutxabank', que representa a LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE, Hiru, EKA y la plataforma de pensionistas de Euskal Herria, ha pedido tres años y medio de cárcel para el exdelegado del Gobierno en el País Vasco, Mikel Cabieces, y el abogado Rafael Alcorta, y dos años y tres meses de prisión para el expresidente de la entidad financiera, Mario Fernández.

La acusación popular indica que los hechos que se enjuiciarán son constitutivos de un delito de administración desleal del artículo 295 del Código Penal, un delito continuado de apropiación indebida de los artículos 250.1 y 5; 252 y 74 del Código Penal y un delito de falsedad documental de los artículos 27 y 28 del Código Penal.

Por ello, piden para Mario Fernández la pena de dos años y tres meses de prisión, inhabilitación en ese tiempo para ser elegido cargo político especial y para cargos de administrador o miembro del consejo de administración de sociedades mercantiles, además de una multa de 27.000 euros.

Tanto para Cabieces como para Alcorta solicitan, para cada uno de ellos, la pena de tres años y seis meses de prisión e inhabilitación en este periodo para ser elegido cargo político y para el ejercicio de la abogacía. Además, a cada uno de ellos, se le piden 36.000 euros.

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