El portavoz y candidato de Esquerra Unida a la presidencia de la Generalitat Valenciana, Ignacio Blanco, ha anunciado este martes que su formación recurrirá el sobreseimiento de la causa por el Centro de Convenciones de Castellón diseñado por Santiago Calatrava y que pedirá la imputación del expresident Francisco Camps y del exvicepresidente Gerardo Camps.

En los pasillos de Les Corts, Blanco se ha referido al sobreseimiento provisional, dictado ayer por el Juzgado de Instrucción número 5 de Castellón, de la causa abierta contra siete personas, entre ellas Calatrava, por el proceso para la adjudicación del citado centro, que no se llegó a construir.

EU, como acusación popular, “va a presentar recurso y a pedir la imputación de Francisco y Gerardo Camps, porque son los elementos políticos que, según el auto, intervienen por encima de quienes contrataron formalmente a Calatrava y quienes ordenaron los pagos”, ha apuntado Blanco, quien ha leído ante los periodistas fragmentos del citado auto.

“Entendemos que el juez ha hecho un buen trabajo, que el auto esta bien fundamentado y dice que hay sospechas, pero, como nadie señala a nadie, no hay indicios probatorios. Creemos que la investigación puede seguir en el TSJCV o en el Supremo, porque Francisco Camps y Gerardo Camps son aforados”, el primero en Les Corts y el segundo en el Congreso de los Diputados.

Blanco entiende además que el president de la Generalitat, Alberto Fabra, podría tener que declarar como testigo por su intervención en este proceso cuando ocupaba la alcaldía de Castellón, al tiempo que ha negado que la denuncia tenga que ver con la proximidad de las elecciones, porque “se presentó en marzo de 2011 y fue admitida a trámite en 2012”.

“Varapalo” a los gestores públicos

“El auto es un varapalo tremendo a los gestores del dinero público; dice que prácticamente todo se hizo mal, desde la contratación de Calatrava hasta la gestión de un proyecto que se planificó en unos terrenos donde no se podía construir”, ha afirmado el diputado de Esquerra Unida, que ha admitido sentirse perplejo por la reacción que ha suscitado entre los miembros del Consell el archivo de la causa.

“Una consellera que probablemente deba dimitir por los sobresueldos de Vaersa pide mi dimisión por denunciar los sobresueldos de Calatrava”, ha dicho en alusión a Isabel Bonig, consellera de Infraestructuras y coordinadora general del PP valenciano.

Asimismo, se ha referido a Fabra como el líder de un partido sobre el que pesa una “macrocausa de financiación ilegal”, que “no ha pedido perdón ni la dimisión de Ricardo Costa y Yolanda García”, pero sí la suya, “por defender los intereses de los valencianos”.

La coordinadora general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha solicitado la dimisión del portavoz y candidato de EU a la Generalitat, Ignacio Blanco, después de que el juez haya archivado provisionalmente la causa del Centro de Convenciones de Castellón en la que estaba imputado el arquitecto Santiago Calatrava.

Bonig ha afirmado que la justicia ha demostrado que “hay partidos que sólo buscan fines electoralistas sin importarles las formas”. Por ello la número 2 del PP ha invitado a Blanco y a su formación política a “dejar ya de emprender acciones judiciales que después quedan en nada porque los tribunales no les dan la razón”.

El juez ha archivado la demanda al entender que hay “indicios” pero no “pruebas” de irregularidades, así Bonig se ha preguntado si “¿van a pedir perdón a todas las personas que se han visto afectadas por sus difamaciones?”.

El magistrado del Juzgado de Instrucción 5 de Castellón ha acordado el sobreseimiento provisional causa abierta contra Santiago Calatrava y otras 6 personas por las presuntas irregularidades relacionadas con el proyecto del centro de convenciones de la ciudad.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha informado que el juez, tras practicar todo lo pedido por las partes, archiva provisionalmente “por no existir pruebas de supuestos delitos, sólo indicios”.

De este modo se da un carpetazo provicional al caso que Esquerra Unida puso en manos de la Fiscalía para que investigase el contrato firmado en 2007 por la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV) de la Generalitat Valenciana para que el arquitecto Santiago Calatrava hiciera la redacción de anteproyecto, proyecto básico, proyecto de ejecución y dirección de las obras del Centro de Convenciones de Castelló, con la empresa ubicada en Suiza Santiago Calatrava GmbH.

Pero de este proyecto únicamente se redactó el Master Plan, Anteproyecto y Proyecto Básico, por lo que cobró 2,7 millones de euros. La Sindicatura de Cuentas criticó en 2009 los acuerdos e incluso puso en duda la viabilidad y oportunidad de la iniciativa.

El proyecto del Centro de Convenciones fue presentado públicamente en 2008, pero, tras muchos retrasos, fue aparcado –oficialmente, de forma provisional- en 2012. La Generalitat reconoció que no tenía dinero para abordarlo: costaba 60 millones de euros.

El diputado autonómico de EU Ignacio Blanco ha registrado esta miércoles una solicitud para pedir que el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, comparezca en Les Corts, “y nos explique” si son ciertas las declaraciones de Santiago Calatrava en el juzgado de Castellón, donde “lo implicó en las gestiones para incrementar el proyecto y también el presupuesto del Centro de Convenciones de Castellón”.

Blanco considera “inaplazable” que Camps “dé la cara, de una vez por todas y nos explique por qué esas llamadas, por qué esas reuniones, por qué un presidente de la Generalitat se tomaba tanto de interés para favorecer a un contratista que acabó cobrando 2’7 millones de euros a pesar de que su proyecto no se ajustaba al contrato firmado”.

Las declaraciones de Calatrava ante el juzgado de Castelló se produjeron este martes durante una vista, dentro del proceso judicial iniciado a raíz de la denuncia presentada por Esquerra Unida por las presuntas irregularidades detectadas en la adjudicación y pago del proyecto del Centro de Convenciones de Castellón.

Blanco ha afirmado que “después de estas declaraciones del arquitecto de cabecera del PP, no sabemos si ahora el juez citará a declarar a Camps como imputado o como testigo. Lo que sí que está claro es que Esquerra Unida ha registrado ya la solicitud para que venga a Les Corts Valencianas, de las que además es miembro, aunque no suele acudir, a dar unas explicaciones políticas que hace mucho tiempo que tendría que habernos dado”.

Santiago Calatrava ha testificado este martes como imputado durante más de una hora en la Audiencia de Castellón por las presuntas irregularidades relacionadas con el proyecto de Centro de Convenciones. El arquitecto valenciano ha responsabilizado al expresident de la Generalitat, Francisco Camps, de esta iniciativa, ya que ha asegurado que le llamó para encargarle un edificio “emblemático” que “pusiera Castellón en el mapa”, y que contaría con un presupuesto de 180 millones de euros repartidos en tres fases.

Calatrava ha asegurado en un comunicado que su estudio realizó un “intenso” trabajo para desarrollar el proyecto según el encargo de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV). Durante más de un año, los profesionales del estudio del arquitecto valenciano realizaron “más de 350 bocetos y acuarelas, más de 300 planos de arquitectura, 15 informes y memorias”. Sin embargo, “por cuestiones devenidas de la situación económica”, no se ejecutó.

No responde a las preguntas de EU

Desde EU, el diputado autonómico Ignacio Blanco lamentaba que, como era “previsible”, no ha respondido a sus preguntas como acusación popular, así como tampoco al resto de defensas, “porque seguramente tienen intereses contradictorios. Hubiera sido un detalle de valentía y de coherencia haber respondido a las defensas de Eusebio Monzó y de los demás imputados”.

Blanco se ha referido a una llamada telefónica y una reunión con Camps, quien “estaba arriba del todo dando las órdenes, dando instrucciones, moviendo los hilos para que Calatrava saliera beneficiado con 2,7 millones de euros de dinero público que pudieron ser muchos más si el proyecto se hubiera llevado a cabo”.

Blanco también apunta a una llamada de Cristina Morató -responsable política de la SPTCV que también tiene que declarar esta semana- que fue “determinante para desbloquear un pago que se estaba negando reiteradamente argumentando, con informes técnicos, que no se había cumplido el contrato”.

Para el diputado autonómico, “lo que vemos es que esa foto de cuatro personas –Alberto Fabra, Carlos Fabra, Francisco Camps y Santiago Calatrava- presentando la maqueta del Centro de Convenciones de Castelló, nos costó 2,7 millones de euros porque se gestionaba de manera muy alegre el dinero público, porque aquí se tiraba con pólvora de rey, se gastaba tirando de chequera sin pensar que era dinero de todos los valencianos”.

“Ni sobrecostes ni elevación”

El entorno de Francisco Camps ha asegurado que ni el exjefe del Consell, ni el gobierno autonómico ni nadie de la administración autonómica indicaron ni autorizaron “sobrecoste ni elevación” alguna en el proyecto del Centro de Convenciones de Castellón.

Este proyecto fue el resultado de un convenio del Ayuntamiento de Castellón y la Generalitat Valenciana por el cual el consistorio ofrecía el suelo y la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV) encargaba el diseño, según han apuntado a Europa Press fuentes del entorno.En este sentido, afirman que todo el proyecto se realizó a través de los “trámites legales” que corresponde en todos casos y aseguran que la SPTCV rechazó una propuesta de proyecto “que estaba por encima en precio del inicialmente previsto”.

El arquitecto valenciano Santiago Calatrava testifica este martes como imputado -después de no ser localizado el pasado 1 de septiembre- ante el juzgado de Instrucción número 5 de Castellón por las supuestas irregularidades relacionado con el proyecto del Centro de Convenciones, por el que Calatrava cobró 2,7 millones de euros pese a que finalmente no se ejecutó, “ni siquiera se ajustaba a las condiciones del contrato”.

El diputado de Esquerra Unida Ignacio Blanco, mostraba su satisfacción porque este día “haya llegado”. Según señalan, están “persiguiendo los sobrecostes, las pifias y los abusos contractuales de Santiago Calatrava con dinero público de la Generalitat” desde hace tiempo, y explican que hace más de tres años y medio que denunciaron precisamente el caso del Centro de Convenciones de Castellón.

En ese tiempo ha relatado Blanco como ha habido un archivo de la Fiscalía y una serie de cuestiones judiciales, como la propia denuncia de Santiago Calatrava contra Esquerra Unida –una demanda por la página web calatravatelaclava.com “y de hecho estamos en segunda instancia defendiéndonos respecto a esa acusación”- y ha apuntado que “afortunadamente hay un juez que se ha tomado en serio los indicios de presuntos delitos de prevaricación o malversación que se dan en este caso”.

Ha destacada Blanco como “hoy Santiago Calatrava, por primera vez, tiene que dar explicaciones ante la justicia”, lo que les parece “muy positivo”, al tiempo que confían en que no sea la última vez, “porque hay casos similares, como el de las Torres de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, que tienen exactamente el mismo modus operandi: un proyecto que se le contrata en unas condiciones absolutamente ventajosas, adjudicado a dedo, sin informes que avalen ese tipo de procedimiento, y porque después él cobra una cantidad millonaria sin que veamos nada; es un proyecto fantasma, está el vacío”.

Es más, ha indicado que se trata de unos terrenos que están afectados por sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, “por posibles irregularidades urbanísticas, unos sobrecostes que no se justifican de ninguna de las maneras y una participación que creemos que puede ser determinante del Ayuntamiento de Castellón de la época en que Alberto Fabra era el alcalde”.

Así, ha insistido en que si Alberto Fabra como alcalde “intervino para favorecer a Calatrava, o para permitir al menos que hinchara el precio del proyecto, deberá dar también explicaciones en Les Corts Valencianes”. Por eso, “hemos solicitado una comisión de investigación, que ha sido rechazada por el PP, pero vamos a hacer otro tipo de iniciativas”.

En cualquier caso, esperan que Calatrava responda a las preguntas del juez, a las defensas, “porque lógicamente tienen sus abogados, que serán buenos y los habrá pagado bien, y esperemos que responda también a la acusación popular que ejerce Esquerra Unida. Porque creo que representamos los intereses generales, los intereses de los valencianos que quieren que su dinero público se gestione correctamente y que no se regale a arquitectos estrellas mimados por el Partido Popular”.

En opinión del diputado autonómico, “si no lo hace quedará en evidencia su nula voluntad por aclarar las cosas, pero en cualquier caso confiamos en que avance el proceso de instrucción judicial y esperamos a saber exactamente cómo ha podido justificar su actuación, y también cómo ha podido justificar la actuación de los poderes públicos, concretamente de la empresa de la Generalitat Sociedad de Proyectos Temáticos y del Ayuntamiento de Castellón que le favorecieron de esta manera, con este contrato, y con un pago que nunca debió hacerse”.

El arquitecto valenciano Santiago Calatrava declarará hoy como imputado ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Castellón en la causa que investiga las supuestas irregularidades en el proyecto del Centro de Convenciones de esta ciudad, que finalmente no se ejecutó.

Se trata de la segunda vez que el arquitecto está citado a declarar en la Ciudad de la Justicia castellonense, después de que, en la primera ocasión, que había sido establecida para el pasado 2 de septiembre, no se presentara ya que, según sus abogados, no se le había podido comunicar oficialmente la comparecencia.

Fuentes del gabinete de comunicación de Calatrava han confirmado a EFE que el arquitecto acudirá a las 10h de este martes a declarar ante el juez que investiga supuestas irregularidades por la contratación del proyecto del Centro de Convenciones por el que el arquitecto valenciano cobró 2,7 millones de euros, aunque la obra finalmente no se llevó a cabo.

Una denuncia de Esquerra Unida presentada en 2011 es el origen de la investigación judicial en torno a las contrataciones de este proyecto, que fue anunciado en 2008.

La Generalitat decidió suspender temporalmente la construcción del complejo a finales del año 2012 debido a la coyuntura económica.

Esquerra Unida, que ejerce la acusación popular en una causa cuyo sumario acumula, según esta formación, cerca de mil folios, ha instado al arquitecto a aclarar por qué se adjudicó “a dedo” el proyecto, sin concurso público, y “otra serie de condiciones privilegiadas que no han tenido otros contratistas”.

Por el mismo juzgado han comparecido ya como imputados el ex director general de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV) Nicolás Figueres, así como Javier Manso, quien también ocupó un cargo en la misma sociedad.

Para este jueves está prevista la declaración, también como imputada, de la ex directora general de Turismo de la Generalitat Cristina Morató por su supuesta implicación en las irregularidades investigadas.

El portavoz adjunto de EUPV en las Corts, Ignacio Blanco, ha lamentado que el arquitecto Santiago Calatrava “actuaba unilateralmente, imponía sus condiciones a la Generalitat y hasta ahora nadie le ha parado los pies en el Partido Popular”.

El diputado ha señalado que así se desprende de las declaraciones del director de la Sociedad de Proyectos Temáticos y del director técnico de esa misma empresa pública, que pagó 2,7 millones de euros a Calatrava por el proyecto del Centro de Convenciones de Castellón que nunca se construyó.

Por ello, ha agregado, “ahora es tan importante su declaración como imputado el día 28 de octubre”, en la que estará también presente Izquierda Unida como acusación popular.

“Y por eso también es importante que se abra una comisión de investigación en las Cortes Valencianas para que los responsables de la Generalitat, y también del Ayuntamiento de Castellón en aquel momento, como el señor Alberto Fabra, que fue quien pidió ese proyecto y el que incluso presentó un programa de necesidades que utilizó Calatrava para incrementar la superficie construida y el precio del proyecto básico, den explicaciones ante la ciudadanía”, ha incidido.

A su juicio, “no se puede consentir que los responsables de gestionar el dinero público lo gasten alegremente sin atender ni siquiera a la legalidad”.

El diputado ha recordado que en el caso del Centro de Convenciones de Castellón “queda documentado que se pagaron 2,7 millones de euros a Calatrava reconociendo incluso por escrito que el arquitecto había incumplido el contrato”.

“Por eso queremos saber quién dio esa orden, quién asumirá la responsabilidad política, y esperamos que también penal, después de la instrucción que lleva a cabo el juez de Castellón”, ha concluido.

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Castellón, que investiga supuestas irregularidades por la contratación del proyecto del Centro de Convenciones de la ciudad, ha citado a declarar como imputado al arquitecto Santiago Calatrava el próximo 28 de octubre.

Calatrava tenía que haber comparecido ante este juez el pasado 2 de septiembre, pero no lo hizo debido a que no había recibido “oficialmente” la citación remitida por el juzgado para declarar. Su abogado se puso en contacto telefónico con el juzgado ese mismo día para comunicar que en breve acudiría a la Ciudad de la Justicia de Castellón para personarse en las actuaciones.

Según han informado este martes fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Calatrava ha sido citado a las 10 de la mañana del 28 de octubre.

Denuncia de Esquerra Unida

Una denuncia de Esquerra Unida presentada en 2011 es el origen de la investigación judicial en torno a las contrataciones sobre el proyecto del Centro de Convenciones de Castellón, que fue anunciado en 2008, y por el que el arquitecto valenciano cobró 2,7 millones de euros por el diseño, aunque el edificio nunca llegó a construirse.

La Generalitat decidió suspender temporalmente la construcción del complejo a finales del año 2012 debido a la coyuntura económica.

Esquerra Unida, que ejerce la acusación popular en una causa cuyo sumario acumula, según esta formación, cerca de mil folios, ha instado al arquitecto a aclarar por qué se adjudicó “a dedo” el proyecto, sin concurso público, y “otra serie de condiciones privilegiadas que no han tenido otros contratistas”.

Denunciantes y acusación particular

Precisamente, el diputado de EU Ignacio Blanco reconocía que han descubierto “rocambolescamente” que fue se denuncia la que motivó las imputaciones de Eusebio Monzó, Javier de Diego y Fernando Benzo, “nosotros somos los denunciantes, por lo que estamos doblemente legitimados”, como acusación particular y como denunciantes iniciales.

Blanco insistía en que intentarán que se profundice en las responsabilidades del Ayuntamiento de Castellón, “el actual president de la Generalitat, Alberto Fabra, tiene un pasado en el que, el 14 de diciembre de 2007, firmó un protocolo de intenciones, por lo que está implicado en el caso del Centro de Convenciones de la manera que determinen los jueces”, al tiempo que añadía que son las peticiones del Consistorio castellonense las que “dan pie a Calatrava a hinflar su proyecto y, por tanto, su presupuesto”.

El arquitecto valenciano Santiago Calatrava no se ha personado todavía en la causa abierta para investigar las presuntas irregularidades en la contratación del Centro de Convenciones de Castellón, por el que cobró 2,7 millones de euros, aunque el edificio no llegó a construirse.

Así lo ha comunicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que ha anunciado además que Esquerra Unida, que denunció los hechos en 2011, ya forma parte de la causa tras ser aceptada su personación en la misma.

Calatrava tenía que haber comparecido en el juzgado de instrucción número 5 de Castellón para declarar como imputado el pasado 2 de septiembre, pero finalmente no acudió porque no había recibido la citación.

Su abogado se puso en contacto telefónico con el juzgado ese mismo día para comunicar que en breve acudiría a la Ciudad de la Justicia de Castellón para personarse en las actuaciones, pero este trámite todavía no se ha producido, han confirmado desde el TSJCV.

No obstante, según han sostenido las mismas fuentes, la semana transcurrida entra en los plazos “normales” porque el proceso es complejo.

Por otro lado, el TSJCV ha explicado que se ha admitido la personación en la causa de Esquerra Unida “con el pago de una fianza de 2.000 euros”.

Pese a que el presupuesto inicial del Centro de Convenciones de Castellón que debía construir el controvertido Santiago Calatrava era de 60 millones de euros -según el contrato rubricado en diciembre de 2007 entre Calatrava y la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana-, el arquitecto valenciano presentó en 2008 un proyecto a ejecutar en tres fases que valoraba en 100 millones sólo la primera de ellas.

Según informa el diario El País, Calatrava justificaba este notable incremento a cuenta de la ampliación de la parcela de los 17.000 metros cuadrados iniciales a los más de 62.000 a propuesta del Ayuntamiento del que entonces era alcalde el actual president de la Generalitat, Alberto Fabra.

Ante estos nuevos datos, el diputado autonómico Esquerra Unida Ignacio -quien mostraba su satisfacción por el hecho de que el caso, en el que están personados, siga adelante y que tanto Calatrava como altos cargos de la Administración autonómica tengan que declarar como imputados, como es el caso del cesado Eusebio Monzó, exnúmero dos de la conselleria de Hacienda- considera que también es necesario que se depuren responsabilidades políticas en el ámbito parlamentario.

Por ello, EU ha solicitado la creación de una comisión de investigación en Les Corts porque los 2,7 millones de euros que se le pagaron al arquitecto “a cambio de nada” fueron dinero de la Generalitat, “y por eso queremos que todos los responsables políticos del caso comparezcan para responder a nuestras preguntas”.

También Alberto Fabra -entonces alcalde de Castelló- “tiene que dar explicaciones sobre su intervención en el caso”, ya que, insistía Blanco en que “él fue quien pidió que se ampliara la superficie construida, quien dio a Calatrava la excusa perfecta para incrementar el presupuesto triplicando el precio del contrato”.

'Plante' al juez

Santiago Calatrava no acudía a declarar el pasado martes al juzgado de Castellón que investiga las supuestas irregularidades en torno al Centro de Convenciones al no haber recibido la notificación oficial. Su abogado, según fuentes judiciales, telefoneó al juzgado para comunicar que recogerá la citación del magistrado en breve.

Calatrava reside en Zurich (Suiza), aunque ha sido el arquitecto estrella de la Generalitat Valenciana durante la burbuja inmobiliaria. La megalómana Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia es obra suya. El 6 de agosto fue imputado en relación con el Centro de Convenciones de Castellón, un palacio de congresos cuyo anteproyecto costó 2,7 millones de euros.

Santiago Calatrava no ha acudido a declarar al juzgado de Castellón que investiga las supuestas irregularidades en torno al Centro de Convenciones de Castellón al no haber recibido la notificación oficial. Su abogado, según fuentes judiciales, ha telefoneado al juzgado para comunicar que recogerá la citación del magistrado en breve.

Calatrava reside en Zurich (Suiza), aunque ha sido el arquitecto estrella de la Generalitat Valenciana durante la burbuja inmobiliaria. La megalómana Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia es obra suya. El 6 de agosto fue imputado en relación con el Centro de Convenciones de Castellón, un palacio de congresos cuyo anteproyecto costó 2,7 millones de euros. Las obras, presentadas en público, nunca se iniciaron: fueron paradas por la quiebra técnica de la Generalitat.

Aunque los medios de comunicación informaron con profusión de la citación como imputado del arquitecto, el juzgado no pudo notificarle oficialmente su obligación de comparecer. El juez decidió no suspender la vista por si Calatrava decidía presentarse, pero no ha sido así. El juzgado deberá fijar su declaración en próximas fechas.

El lío judicial en Castellón

EU denunció en 2011 ante la Fiscalía los pagos a Calatrava por el Centro de Convenciones porque, supuestamente, la contratación del arquitecto valenciano se hizo al margen de cualquier concurso público y, por tanto, sin la publicidad ni la concurrencia que exige la ley. Además, los honorarios abonados podrían haber sido excesivos para las características del proyecto.

Antes, En 2007, una empresa de la Generalitat firmó un contrato de redacción de anteproyecto, proyecto básico, proyecto de ejecución y dirección de las obras del Centro de Convenciones de Castelló, con la empresa ubicada en Suiza Santiago Calatrava GmbH.Se pagaron unos honorarios por la redacción del Master Plan, Anteproyecto y Proyecto Básico, de 2.7 millones de euros. La Sindicatura de Cuentas criticó en 2009 los acuerdos e incluso puso en duda la viabilidad y oportunidad de la iniciativa.

El proyecto del Centro de Convenciones fue presentado públicamente en 2008, pero, tras muchos retrasos, fue aparcado –oficialmente, de forma provisional- en 2012. La Generalitat reconoció que no tenía dinero para abordarlo: costaba 60 millones de euros.

Calatrava es responsable de la megalómana Ciudad de las Artes y las Ciencias –donde el Palau de les Arts ha perdido su cubierta de trencadís, lo que podría acabar con una demanda del Consell al arquitecto-, ha cobrado de la administración valenciana por unas torres fantasma y está enzarzado en los tribunales con EU por una web crítica con el ingeniero,calatravatelaclava.com.

El arquitecto valenciano Santiago Calatrava está citado a declarar como imputado este martes en el juzgado de instrucción número 5 de Castellón por las presuntas irregularidades en el proyecto del Centro de Convenciones de Castellón, una actuación que no llegó a ejecutarse pero por el que se pagaron 2,7 millones de euros de fondos públicos. Sin embargo, el juzgado no ha podido notificar la citación ni a Calatrava ni al representante del grupo en España, Nicolás Figueres.

No obstante, según informa Europa Press, pese a las “negativas” de ambas citaciones, que no han podido ser entregadas, el juzgado ha decidido mantener la comparecencia para este martes por si el arquitecto valenciano o Figueres decidieran presentarse al haber tenido conocimiento del trámite por otra vía. Si finalmente no acudieran, el juzgado activaría otros mecanismos para hacer efectiva la citación.

“Llamativo” que no se le localice

A juicio del diputado autonómico de Esquerra Unida Ignacio Blanco, es “verdaderamente llamativo que Santiago Calatrava, que tiene el título de embajador la marca España, no esté localizable por la justicia española para que preste declaración como imputado”, e insisten en que hay que recordar “cuán presto acudía a las fotografías con Carlos Fabra, con Francisco Camps, con Eduardo Zaplana, y con todos los líderes del Partido Popular que le firmaron contratos con dinero público y le admitían sobrecostes absolutamente indignantes”.

Antecedentes

El pasado mes de julio se hacía pública la investigación al arquitecto valenciano y algunos altos cargos de la Generalitat -entre ellos el cesado Eusebio Monzó, exnúmero dos de Hacienda y exresponsable de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana- por el proyecto, incluido en el PAI Mestrets, que nunca se ejecutó. Esto provocó una denuncia de Esquerra Unida ante Fiscalía en 2011.

Precisamente, Ignacio Blanco confirmaba este lunes que mantienen su personación como acusación popular para “defender el interés general. Estaremos para interrogar a Calatrava, para contribuir a que se haga justicia, que se esclarezcan los hechos y para exigir que se depuren las responsabilidades políticas correspondientes en el ámbito parlamentario”.

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Castellón, que investiga supuestas irregularidades en relación con el Centro de Convenciones de Castellón, mantiene la imputación del exresponsable de la oficina del arquitecto Santiago Calatrava, Fernando Benzo, y del secretario autonómico, Eusebio Monzó.

Tanto Benzo, actual subsecretario del Ministerio de Educación, como el ex secretario autonómico de Hacienda y Presupuestos de la Generalitat habían pedido el sobreseimiento, que el juez ha rechazado, informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

En la investigación sobre el Centro de Convenciones ya fue citado a declarar como imputado Eusebio Monzó por supuestas irregularidades en contratos relacionados con el proyecto, aunque se pospuso al no haber recibido la notificación de su citación.

La imputación en este caso de Monzó, que fue director general de Proyectos Estratégicos de la Generalitat, llevó al Gobierno valenciano a destituirlo de su cargo el pasado 18 de julio.

Tampoco pudieron realizarse en su día las declaraciones del exresponsable de la oficina del arquitecto Santiago Calatrava Fernando Benzo, ni la del exdirector de la Sociedad Proyectos Temáticos Javier de Diego, debido a que los domicilios a los que se enviaron las citaciones no eran correctos.

La semana pasada el juzgado citó a declarar el próximo 2 de septiembre como imputado al arquitecto valenciano Santiago Calatrava, que diseñó el edificio del Centro de Convenciones, un proyecto que no llegó a materializarse.

El proyecto del Centro de Convenciones fue encargado por la Generalitat a Calatrava en 2008, al que pagó 2,7 millones de euros por la redacción del plan director, el anteproyecto y el proyecto básico, aunque su ejecución fue suspendida temporalmente a finales de 2012 por el Consell debido a la coyuntura económica.

El diputado de Esquerra Unida Víctor Tormo ha pedido la constitución de una Comisión de Investigación en Les Corts sobre el Centro de Convenciones de Castellón, “estamos hablando de un caso en el que supuestamente se han cometido delitos muy graves, como prevaricación, malversación, fraude, y al menos dos personas salen en el centro de estos delitos: Santiago Calatrava, arquitecto mimado del Partido Popular, y Alberto Fabra, que como alcalde de Castellón defendió el proyecto incluso contra la justicia”.

Tormo ha recordado que Esquerra Unida se ha personado como acusación popular en la causa judicial del Juzgado de Instrucción número 5 de Castelló contra Santiago Calatrava y altos cargos de la Generalitat Valenciana por el Centro de Convenciones. La formación ha presentado una querella en la que incluye la documentación desvelada en 2011 por EU con la intención de “ayudar a la justicia”.

El diputado autonómico de EU asegura que el president Alberto Fabra “tiene que explicar muchas cosas: por qué ha dejado a la capital de Castellón sin Plan General de Ordenación Urbana, tiene que explicar por qué le encomendó a Calatrava el proyecto del Centro de Convenciones sin acudir a un concurso público de ideas”.

De igual forma, insiste en que Fabra tiene que explicar “por qué no se hizo caso a los informes que apuntaban a que Calatrava estaba hinchando los costes. Tiene que de explicar por qué se pagan 2,7 millones de euros por un proyecto fantasma, por qué se paga esa cantidad a un individuo que no ha tributado lo que le correspondía a la Hacienda pública, por qué después de comprobarse que el proyecto es un fiasco todavía saca pecho defendiendo lo indefendible”.

“Por todo esto y muchas cosas más que la ciudadanía tiene derecho a saber, pedimos en Les Corts la constitución de una Comisión de Investigación parlamentaria en la que tendrá que comparecer el propio Alberto Fabra como

exalcalde de Castelló“, concluye el parlamentarios.

Esquerra Unida se ha personado como acusación popular en la causa judicial del Juzgado de Instrucción número 5 de Castellón contra Santiago Calatrava y altos cargos de la Generalitat Valenciana por el Centro de Convenciones. Así, han presentado una querella en la que incluye la documentación desvelada en 2011 por EU con la intención de “ayudar a la justicia”.

El diputado autonómico Ignacio Blanco ha asegurado que se personan en el caso del Centro de Convenciones de Castellón para “defender los intereses generales, para ayudar a aclarar un caso en el que se pagaron 2,7 millones de euros por un proyecto que no se construyó ni se podía construir a tenor de las ilegalidades urbanísticas que suponía”.

Blanco ha recordado que Esquerra Unida, por medio de la actual eurodiputada Marina Albiol, fue la primera al desvelar el contrato de Calatrava: “supimos entonces que cobraba un porcentaje sobre el coste final, que modificó las condiciones del encargo, que pagaba impuestos en Suiza, si se que los pagaba, pero no tributaba en España”. Por lo tanto, añade Blanco, es un contratista de obra pública “que no tiene el mismo trato que los demás”.

La Generalitat “ha estado mimándolo, el Partido Popular ha ido favoreciéndolo y ya es la hora de que se rompa esta relación estrechada de connivencia”, ha afirmado Blanco, quien también ha añadido, “queremos que se aclaren todos los hechos, que se depuren todas las responsabilidades y, por supuesto, tener la oportunidad de interrogar a Calatrava, que responda a nuestras preguntas, porque hasta ahora ha sido él quien nos ha demandado para contar la verdad”.

“Nosotros hacemos frente a cualquier demanda porque estamos absolutamente seguros que cumplimos con las leyes y, sobre todo, que ejercemos derechos fundamentales”, ha añadido diputado de EU quién concluía que “el que tiene que estar preocupado es Calatrava que hasta ahora ha ido sacando provecho del dinero público de los valencianos con unos proyectos plagados de pifias y de sobrecostos”.

Tras la imputación del arquitecto valenciano Santiago Calatrava por el proyecto del Centro de Convenciones de Castellón, una edificio de 60 millones de euros por la que Calatrava cobró 2,7 millones de euros, el president de la Generalitat, Alberto Fabra, aseguraba que demostraría la legalidad del contrato, pese a que ésta nunca llegó a construirse.

Ahora, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Castellón, Amparo Marco, ha criticado las declaraciones del jefe del Consell, que aseguró que era importante para la ciudad, y ha asegurado que Fabra quiere “tomarnos el pelo” justificando el pago de 2,7 millones de euros por una “maqueta”.

Así, ha afirmado que es “normal” que Fabra justifique ese gasto ya que considera que “fue cómplice de las políticas de grandes eventos y despilfarro del expresidente Francisco Camps y del PP siendo alcalde de Castellón”. A su juicio, el president “ha perdido el norte como se ha perdido el dinero del Centro de Convenciones”.

Según Marco, “ese dinero se hubiera podido destinar a diversificar el tejido industrial, en apostar por el conocimiento en la Universitat Jaume I, a mejorar las infraestructuras escolares o al pago de la ley de la dependencia en la ciudad en la que fue alcalde”.

Moribundo político

Por su parte, el diputado autonómico de EU Víctor Tormo se ha referido a la defensa de Fabra del Centro de Convenciones y ha explicado que “sólo puede responder a un moribundo político que no sabe dónde caer para que le dejen en paz las sombras de la sospecha”.

Tormo ha añadido que “si a estas alturas, cuando a su 'arquitecto estrella' todos sabemos que el Consell gobernado por el PP le pagó 2,7 millones de euros por un proyecto fantasma cuando Calatrava cobraba por porcentaje y aumentó la cifra que pedía a más de 30 millones de euros para así aumentar colosalmente sus beneficios, si a estas alturas con un juicio abierto porque la Justicia ve posibles delitos, si aún así Fabra cuando era alcalde de Castellón impulsó el proyecto fantasma del Centro de Convenciones, es que el presidente de la Generalitat está desahuciado y da un salto al vacío para escapar de una dimisión que cada vez es más esperada”.

La portavoz del Consell, María José Català, ha afirmado este viernes que, en cuanto a recursos públicos y gestión de dinero público, “al Consell no le tiembla el pulso” para denunciar “sea Calatrava o sea quien sea”, al tiempo que asegura que el Gobierno valenciano “nunca ha manifestado ningún tipo de miedo a firmar ningún tipo de denuncia o reclamación al despacho de Calatrava por alguna ejecución incorrecta por alguna obra que se haya ejecutado en la Comunitat”.

Así lo ha indicado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell al ser preguntada por la relación de la Generalitat con el arquitecto valenciano Santiago Calatrava y sobre si le retirarán la Mención Honorífica que el Gobierno valenciano le otorgó, después de ser imputado por presuntas irregularidades en los contratos del Centro de Convenciones que proyectó en Castellón.

Català ha explicado que la Generalitat se encuentra en un proceso de pleito con Calatrava por la construcción del revestimiento del Palau de les Arts y que el Consell “nunca ha manifestado ningún tipo de miedo a firmar ningún tipo de denuncia o reclamación al despacho de Calatrava por alguna ejecución incorrecta por alguna obra que se haya ejecutado en la Comunitat Valenciana”.

En este punto, ha destacado que espera que “salga una solución amistosa” en el caso del Palau de les Arts y que todas las partes “aporten una solución que tenga una semejanza oportuna. Esperamos no tener que llegar a los tribunales”, ha dicho, aunque ha añadido que en “lo que son recursos públicos y gestión de dinero público al Consell no le tiembla el pulso, sea Calatrava o sea quien sea”.

Colaborar con la justicia

Por otro lado, sobre el proceso judicial por el Centro de Convenciones, la consellera ha asegurado que si se demuestra durante ese proceso que “las actuaciones por parte de alguna de las instancias no fueran correctas, se actuará en consecuencia por parte de la justicia. Nosotros siempre acataremos y respetaremos ese proceso”.

Asimismo, ha indicado que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, “como alcalde de Castellón en aquel momento, entendió que todas las actuaciones eran correctas”. En aquel momento, “se consideraba que en la ciudad de Castellón era oportuno hacer un proyecto de arquitectura moderna y evidentemente el proyecto no se desarrolló y en este momento el Consell no estima oportuno hacer intervenciones de esas características”.

Català ha afirmado que el Consell va a “colaborar” con la justicia “en toda la documentación” que se les requiera. “Si hay algún hecho que sea tipificado y digno de ser calificado, como tal nosotros actuaremos en consecuencia, pero la actuación del Gobierno valenciano es siempre colaborar con la justicia”.

El diputado de Esquerra Ignacio Blanco ha mostrado su satisfacción por la imputación del arquitecto valenciano Santiago Calatrava por las irregularidades en la contratación del Centro de Convenciones de Castellón -ha sido citado a declarar por el juzgado de Instrucción número 5 de Castellón el 2 de septiembre-, cuatro años y medio después de la denuncia de EU. Una imputación que se produce “por los mismos delitos que nosostros referíamos ante la Fiscalía Anticorrupción”.

Además el diputado autonómico de Esquerra Unida ha denunciado que el Consell, “lo único que ha hecho ha sido proteger a su arquitecto estrella, al niño mimado del Partido Popular, a quien hizo negocio con el dinero de todos los valencianos para llevarse más de 100 millones de euros y dejarnos una serie de proyectos, algunos ni siquiera realizados, y los que sí que fueron construidos llenos de pifias y sobrecostes”.

Blanco ha anunciado que van a ir “hasta el final” en este caso y también en el de las torres de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, “queremos que la justicia depure las responsabilidades penales y eso sí, seguiremos exigiendo las políticas, que las hay y corresponden a los gobernantes del Partido Popular que le consiguieron a Calatrava todos sus caprichos”.

Ejemplo de “despilfarro”

En opinión de Carles Mulet (Compromís) la imputación de Calatrava es “un ejemplo más, del despilfarro y del saqueo de las arcas públicas valencianas”, al tiempo que ha explicado que la coalición hace tiempo que alertaba de “estas irregularidades contractuales, pero los responsables políticos del Partido Popular las han permitido sin mover un dedo para evitarlas”.

Los nacionalistas han realizado múltiples preguntas relacionadas con este tema, “siempre con el oscurantismo como respuesta, la carencia de transparencia de los miembros del Consell se ha vuelto norma, y este fraude a la administración pública, realizando el pago al arquitecto a pesar del incumplimiento del contrato, ha resultado suficiente para que se le impute”.

Mulet ha pedido a la Justicia que llegue “hasta el final” porque “hay que hacer limpieza de corruptos, hay que finalizar con la impunidad y es necesario que los que nos están haciendo avergonzar a todos los valencianos y valencianas sean condenados ejemplarmente”.

Problema “ajeno” al Consell

El conseller de Economía, Máximo Buch, también se ha referido a la imputación de Calatrava, que ha asegurado que es “ajena” al “problema” que mantienen con el artista, y ha asegurado que lo que a él le “preocupa” es el trencadís del Palau de les Arts, así como también ha destacado que hay que “respetar” y “dejar que la justicia funcione y haga su trabajo y llegue a las conclusiones que tenga que llegar”.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el juzgado de Instrucción número 5 de Castellón ha citado a declarar como imputado al controvertido arquitecto valenciano Santiago Calatrava el próximo 2 de septiembre en el contexto de la investigación por las supuestas irregularidades del Centro de Convenciones de la capital de la Plana.

El pasado mes de julio se conocía la investigación abierta por el juzgado castellonense a una empresa participada por Santiago Calatrava y a varios altos cargos de la Generalitat Valenciana por el proyecto del Centro de Convenciones de Castellón, un palacio de congresos cuyo anteproyecto costó 2,7 millones de euros. Las obras, presentadas en público, nunca se iniciaron: fueron paradas por la quiebra técnica de la Generalitat.

Denuncia ante Fiscalía

EU denunció en 2011 el caso ante la Fiscalía porque, supuestamente, la contratación del arquitecto valenciano se hizo al margen de cualquier concurso público y, por tanto, sin la publicidad ni la concurrencia que exige la ley. Además, los honorarios abonados podrían haber sido excesivos para las características del proyecto.

Entre los imputados se encontraba Eusebio Monzó -entonces responsable de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV), la empresa pública responsable de los grandes eventos- que fue cesado como número 2 de la Conselleria de Hacienda tras ser imputado.

En 2007, SPTCV firmó un contrato de redacción de anteproyecto, proyecto básico, proyecto de ejecución y dirección de las obras del Centro de Convenciones de Castelló, con la empresa ubicada en Suiza Santiago Calatrava GmbH.

Se pagaron unos honorarios por la redacción del Master Plan, Anteproyecto y Proyecto Básico, de 2.7 millones de euros. La Sindicatura de Cuentas criticó en 2009 los acuerdos e incluso puso en duda la viabilidad y oportunidad de la iniciativa.

El proyecto del Centro de Convenciones fue presentado públicamente en 2008, pero, tras muchos retrasos, fue aparcado –oficialmente, de forma provisional- en 2012. La Generalitat reconoció que no tenía dinero para abordarlo: costaba 60 millones de euros. Calatrava es responsable de la megalómana Ciudad de las Artes y las Ciencias –donde el Palau de les Arts ha perdido su cubierta de trencadís-, ha cobrado de la administración valenciana por unas torres fantasma y está enzarzado en los tribunales con EU por una web crítica con el ingeniero, calatravatelaclava.com.