Los sindicatos UGT y CCOO han acordado convocar una huelga general en otoño en respuesta a la crisis de la vivienda, haciendo suya la propuesta del Sindicato de Inquilinas, que ya contaba con el respaldo de CGT. La fecha, eso sí, está todavía por definir.

Ambas centrales han emitido un comunicado conjunto después de la reunión de sus ejecutivas en la tarde de este lunes y tras el anuncio de elecciones anticipadas el 29 de noviembre, un extremo que adelantó elDiario.es y que ha confirmado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta misma mañana.

“La fecha definitiva de la huelga se analizará con las organizaciones sociales y el sindicato de inquilinas, con el objetivo de movilizar a las personas trabajadoras para secundar este paro general de 24 horas, por el derecho a la vivienda y salarios dignos para pagarla”, dice la nota enviada por ambas organizaciones.

El Sindicato de Inquilinas lleva días presionando a los representantes de los trabajadores para convocar una huelga general por la crisis de la vivienda, después de las semanas de movilizaciones tras el desahucio de Maricarmen y en respuesta, también, al voto de PP, Vox y Junts en el Congreso, partidos que tumbaron los dos Reales Decretos-Ley del Gobierno en respuesta a la emergencia habitacional.

“La huelga general es la única manera de que se va a responder a lo que el pueblo está pidiendo, gobierne quien gobierne”, aseguró Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, en la primera reacción del movimiento que inició la acampada en Sol después del anuncio del adelanto electoral para el 29 de noviembre.

Si bien la CGT ya había anunciado su respaldo, el aval de los dos sindicatos mayoritarios es clave en términos de movilización y apoyo.

El comunicado de UGT y CCOO destaca que las manifestaciones del fin de semana “han mostrado la fuerza” del movimiento por la vivienda y recuerdan que entre sus propuestas para negociar con la patronal el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), la guía para los convenios, ya incluían cláusulas relativas al acceso a una casa y un “decálogo por el derecho a la vivienda, que reclama un pacto social y político, un parque público de vivienda protegida y permanente, la limitación del precio de los alquileres y la aplicación efectiva de la Ley por el Derecho a la Vivienda en todos los territorios”.

“La huelga general interpela a las diferentes administraciones públicas que tienen competencias en materia de vivienda y a las organizaciones empresariales que deben asumir que los salarios tienen que garantizar el acceso a un bien básico como es la vivienda; la renovación del AENC y el desbloqueo de los convenios colectivos, son ámbitos para demostrarlo”, aducen desde los sindicatos mayoritarios.

El apoyo de las dos centrales principales a escala nacional también es necesario de cara a la argumentación jurídica de la convocatoria. La ley de huelga, que es preconstitucional, establece que una convocatoria así puede ser declarada ilegal en el caso de “se inicie o se sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados”. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, reelegido la semana pasada, ya avanzó el fin de semana que una convocatoria así sería, a su juicio, ilegal al no tratarse de un conflicto laboral.

“Que la ciudadanía pueda manifestarse, opinar y hacer lo que crea es algo normal, porque lógicamente ahí está la democracia”, dijo en el Foro La Toja, pero sin que eso suponga que “invadamos los derechos de los demás”.

“CCOO y UGT llaman a las personas trabajadoras a sumarse a esta campaña, en los centros de trabajo y en la calle, y a secundar la huelga general. Seguiremos en la movilización y en la negociación colectiva hasta que la vivienda deje de ser un privilegio, y los salarios permitan vivir con dignidad”, concluyen los sindicatos.

Los principales sindicatos de la región han reaccionado al anuncio de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones generales al 29 de noviembre.

UGT, CCOO y CSIF en Castilla-La Mancha piden a los partidos que la campaña gire en torno a los problemas de la clase trabajadora y advierten de las reformas que pueden quedar paralizadas.

UGT reclama que la vivienda, los salarios, la subida del SMI y el control horario estén en el centro del debate. CCOO denuncia una situación de “bloqueo institucional” que ha hecho decaer los decretos de vivienda y llama a la participación para reforzar mayorías que defiendan los derechos laborales. CSIF, por su parte, exige que se cumplan los acuerdos retributivos con los empleados públicos y alerta de que la disolución de las Cortes deja en el aire el Estatuto Marco del personal sanitario.

UGT CLM: “Quedan reformas y avances por hacer”

La secretaria general de UGT Castilla-La Mancha, Lola Alcónez, ha pedido a los partidos políticos que la campaña para la próxima cita electoral esté centrada en los problemas de la ciudadanía y de la clase trabajadora. Tras el anuncio del presidente del Gobierno de adelantar los comicios al 29 de noviembre, ha puesto de manifiesto que, en esa agenda de prioridades, además de la vivienda, las organizaciones políticas deben incluir los salarios, el encarecimiento de los precios, la subida del SMI, la seguridad y salud de las personas trabajadoras, el control horario…

Ha remarcado que el sindicato –como integrante de la Plataforma por la Vivienda de Castilla-La Mancha- seguirá movilizándose para que la vivienda sea “un derecho real y efectivo” para la clase trabajadora y que el Congreso debe escuchar las protesta que se están produciendo en España en esta materia y “tenerlas muy en cuenta”.

No obstante, asegura que en España “aún quedan muchas reformas y avances por hacer”, citando entre ellas la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales, incrementar el Salario Mínimo Interprofesional y hacer realidad el control horario y de las horas extras.

La líder sindical teme que un cambio de paradigma paralice medidas “que iban en el buen camino para el conjunto de la ciudadanía”.

CCOO CLM: “Reforzar políticas que velen por los trabajadores”

Por parte de CCOO CLM, la valoración de la convocatoria electoral la ha realizado su secretario general, Javier Ortega, quien ha mostrado su deseo de que este hecho sirva para “conformar una propuesta política fuerte y progresista capaz de llevar a término todos los desafíos que han quedado pendientes con una perspectiva social”.

Ortega ha hablado de una situación de “bloqueo institucional” que asegura que “va en contra” de los intereses de la ciudadanía porque no se pueden desarrollar políticas “que son urgentes y necesarias como hemos visto estos días con los decretos de vivienda que han decaído”.

El sindicato pide que el Gobierno que salga de las urnas sirva al fortalecimiento del Estado del Bienestar en un momento en el que la ultraderecha pide paso para arrasar con los derechos ya consolidados imponiendo su dialéctica de prioridad nacional y frentismo a favor de los intereses privados y el capital.

“Por tanto, desde CCOO vamos a apelar a la participación en las próximas elecciones como un derecho democrático fundamental que sirva para reforzar mayorías políticas que velen por los derechos de la clase trabajadora y los más vulnerables. Al mismo tiempo mantendremos nuestra estrategia de movilización permanente, en alianza con movimientos sociales, para reivindicar mejoras laborales, salariales y el derecho a la vivienda”.

CSIF: “Queda en el aire el estatuto sanitario”

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido a Pedro Sánchez que cumpla los acuerdos en materia de retribuciones y condiciones laborales alcanzados en noviembre de 2025.

El sindicato también ha solicitado la convocatoria de la mesa de seguimiento del Acuerdo Marco, el cual supone una hoja de ruta con medidas y compromisos asumidos hasta 2028 y el adelanto de elecciones no debe interferir en su desarrollo: retribuciones, empleo público, planificación de recursos humanos, mejora de procesos selectivos, digitalización, igualdad, carrera profesional, reclasificación, conciliación, salud laboral, la mejora del mutualismo administrativo y la atención sanitaria, la prevención de riesgos laborales o las mejoras en las condiciones de jubilación.

“Este adelanto electoral también provoca que se quede en el aire el Estatuto Marco para el personal de ámbito sanitario, ya que su tramitación parlamentaria se verá interrumpida por la disolución de las Cortes”.

Por otra parte, CSIF considera fundamental aprovechar el debate público que se va a generar durante la precampaña electoral para llevar encima de la mesa los temas que preocupan a los empleados públicos, como es la recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010.

La secretaria general de CCOO Castilla y León, Ana Fernández de los Muros, ha reclamado este lunes, tras conocer el adelanto de las elecciones generales para el 29 de noviembre, que este hecho no frene la agenda social, a la vez que ha alertado del “riesgo” que supondría para el país un gobierno de PP y Vox.

En un comunicado, Fernández de los Muros ha sostenido que la parálisis legislativa no es un mero debate de partidos, sino “un problema real que termina afectando de forma directa a la ciudadanía” cuando se frenan medidas urgentes en materias clave como la vivienda.

Sobre la agenda social que defiende su formación, la dirigente sindical ha indicado que la prioridad absoluta pasa por garantizar “salarios dignos, contener los precios y aplicar medidas efectivas que faciliten el acceso a la vivienda a la clase trabajadora de la Comunidad”.

Fernández de los Muros ha insistido en que las dificultades para llegar a fin de mes “no se detienen por los tiempos institucionales” y exigen “respuestas inmediatas para evitar situaciones extremas como los desahucios”.

Sobre un hipotético gobierno de coalición de PP y Vox, la responsable de CCOO ha recordado que en Castilla y León “conocen bien las consecuencias de un Ejecutivo con presencia de Vox”, tras los “recortes, el menoscabo del diálogo social y los ataques a los derechos laborales” vividos durante la pasada legislatura autonómica.

Frente a las “propuestas de retroceso de la derecha y la extrema derecha”, la dirigente de CCOO ha defendido los avances logrados en los últimos años, como “el incremento del SMI, la estabilidad en el empleo o las oportunidades que abre la transición energética hacia el pleno empleo”.

CCOO Castilla y León ha hecho un llamamiento a “la participación masiva de los trabajadores y trabajadoras en las urnas” para evitar que a nivel estatal se repita el modelo de “retroceso social que ya ha sufrido la Comunidad”.

CCOO La Rioja denuncia no todo el personal implicado en las peonadas del SERIS recibe bonificación económica. La formación sindical explica que la programación de las peonadas quirúrgicas en el Servicio Riojano de Salud (SERIS) “traslada una carga de trabajo extraordinaria al personal no sanitario —especialmente al administrativo y auxiliar administrativo— sin reconocimiento, retribución ni compensación alguna, pese a ser indispensable para el desarrollo de esta medida extraordinaria orientada a reducir listas de espera”.

Advierten de que a partir del 13 de octubre, el Servicio de Quirófano del SERIS volverá a realizar peonadas (intervenciones en horario de tarde y sábados) para reducir las listas de espera a dos semanas del inicio de la huelga estatal indefinida de médicos, convocada para el 28 de octubre de 2026 por los sindicatos médicos que rechazan el Estatuto Marco y que piden un estatuto propio para el colectivo facultativo.

Y la realización de estas peonadas, “implica una tramitación administrativa adicional para los profesionales que deben de gestionar fuera de su jornada habitual. Horas adicionales dedicadas a estas tareas que no se reconocen, retribuyen ni compensan, pese a ser indispensables para el desarrollo de la actividad”. Mientras tanto, los facultativos perciben una doble retribución. “Por un lado, una cantidad económica vinculada al complemento específico por incompatibilidad o dedicación exclusiva y, por otro, un pago adicional por la realización de peonadas”. Sin embargo, “el personal no sanitario implicado en la gestión de estas operaciones extraordinarias —administrativa, celadora, TCAE y otros— asume una carga de trabajo adicional, en muchos casos con horas extra al final de su jornada, sin recibir ninguna compensación económica ni reconocimiento por ese esfuerzo”.

Y además del personal no sanitario, desde CCOO La Rioja aseguran que “las operaciones extraordinarias, también generan un aumento de trabajo en las plantas del hospital. Es el caso de la segunda planta (2ºB) donde se prevén doblar habitaciones sin que se hayan previsto refuerzos para los alguno para los Técnicos de Cuidados y Auxiliares de Enfermería, a pesar del aumento de su carga laboral”. Por ejemplo, “cuando una enfermera sobrepasa 35 minutos su jornada laboral, se le abona entre 40 y 70 euros brutos, sin embargo, el personal no sanitario en una misma situación no percibe nada”. En el caso de los facultativos, tal y como apuntan desde CCOO La Rioja, “un facultativo cobra por una peonada a fecha de 30 de septiembre ”unos 554 euros por cuatro horas de trabajo de tarde y unos 1.100 por peonadas los sábados“. Una dinámica que no solo se repite en quirófanos sino también en centros de salud cuando es el personal de gestión y servicios el encargado de organizar guardias y refuerzos de médicos”.

Por todo ello, CCOO La Rioja pide que se termine con estas diferencias de trato entre el personal sanitario y no sanitario. “No vamos a parar hasta que se les trate como personal imprescindible que son, como todas las categorías del SERIS”. El sindicato insiste en que “el dinero público hay que gestionarlo para mejorar la sanidad, pero controlando los desfases y bonificando a todas las personas que están implicadas en mejorarla”. Y añaden que sin existir un Estatuto Médico propio, “ya se está produciendo una excesiva desvalorización y desigualdad entre categorías del Sistema Nacional de Salud”.

UGT y CCOO Albacete han vuelto a concentrarse hoy viernes ante la sede de la patronal FEDA para mostrar, una vez más, su rechazo por el último accidente laboral mortal de la provincia, ocurrido ayer en la pedanía de Nava de Abajo, donde un hombre de 50 años fallecía tras caerle encima una pinza de maquinaria pesada.

En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general de UGT Albacete, Francisco Javier González, daba cuenta de las “trágicas cifras” que recoge el Ministerio de Trabajo: “En lo que va de 2026, de enero a julio (que son los últimos datos oficiales), en la provincia han perdido la vida cuatro trabajadores. Esta semana tenemos que sumar otra víctima más, así como todas aquellas en las que se está pendiente de determinar si han sido por accidente laboral”. Aunque el cómputo general de accidentes laborales ha bajado, González señala que los accidentes grave y mortales están teniendo un “importante” crecimiento: “En Castilla-La Mancha ya van siete fallecidos más que en 2025”.

“La relajación en materia de seguridad y salud viene a confirmar una regla negra: la falta de medidas preventivas cuesta la salud y la vida de muchos trabajadores y trabajadoras. No son meras estadísticas; estamos hablando de dramas familiares, de vidas truncadas y de compañeros y compañeras que ya no vuelven a casa. Esta realidad requiere de una respuesta contundente”, sostiene.

González recordaba la obligación del empresario de implementar en los centros de trabajo medidas de prevención de riesgos laborales. No obstante, “nosotros no escurrimos el bulto; queremos trabajar de la mano de las administraciones y de las empresas para acabar con este drama que sufren las personas trabajadoras, siendo siempre muy exigentes y firmes con aquellos empresarios incumplidores”.

Por su parte, el secretario general de CCOO Albacete, Paco Gómez, ha insistido en la necesidad de delimitar las responsabilidades de una manera clara “porque, aunque lo decimos abiertamente cada vez que podemos, algunos parecen no enterarse de la situación. La ley de prevención de riesgos establece que son las empresas las que deben tomar medidas para que no se produzcan accidentes. Es necesario establecer esa cultura preventiva y que esté incluso por encima de los intereses empresariales y de los objetivos empresariales de la maximización del beneficio”.

Paco Gómez se ha referido también a la fijación de las empresas con el tema del absentismo, asegurando que “de una manera vergonzante se están preocupando únicamente de sus bolsillos sin importarles nada la salud de las trabajadoras y los trabajadores”. A este respecto ha añadido que “tenemos que decirles que las jornadas interminables, las horas extraordinarias que no se pagan y la sobrecarga de trabajo también generan incapacidades temporales en las trabajadoras y trabajadores”.

El sector de la cuchillería en la provincia de Albacete ya ha firmado su convenio sectorial tras una “compleja negociación” que se inició a principios de 2026, según señalan los sindicatos CCOO Albacete y UGT-FICA tras alcanzar un acuerdo en lo que a la subida salarial se refiere.

El convenio firmado este jueves entre los sindicatos y la parte empresarial afecta alrededor de 700 personas trabajadoras. Desde los sindicatos apuntan que han alcanzado “el objetivo perseguido” de equiparar las tablas salariales del sector del metal, que contempla una subida salarial del 3% más un punto de actualización en el caso de que el IPC supere el porcentaje para 2026 y del 3,5% más un punto de actualización para 2027.

Según informan los sindicatos, este es el aspecto más destacable del nuevo convenio que ha estado precedido de unas negociaciones “complejas”, muy participadas y condicionadas por la “incertidumbre” que generó en las empresas la propuesta de modificación del Reglamento de Armas que acarreaba importantes restricciones para el uso de la navaja, y por tanto para su producción y comercialización.

En este sentido, Comisiones Obreras Albacete y UGT FICA señalan que se sumaron a la defensa de la cuchillería, compartiendo su preocupación “por el riesgo que esta propuesta suponía para el futuro y el empleo de una industria que es seña de identidad de la provincia”.

Pedro (nombre ficticio) tiene 33 años, pero camina con la pesadez y la cojera de quien soporta un desgaste de décadas. Diagnosticado con tres hernias discales, su vida cotidiana se ha visto reducida a una cuenta atrás donde la única constante es el dolor punzante y agudo. Trabaja como carretillero, pero lleva cerca de un año en situación de baja laboral. A la incertidumbre médica y al deterioro de su calidad de vida, se le suma ahora la presión administrativa. El plazo límite para enfrentarse a un tribunal médico del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) se acerca, mientras la cita especializada que necesita para no ser derivado a un puesto de trabajo que no puede asumir sigue sin llegar.

Pedro es uno de los muchos riojanos atrapados en el cuello de botella de la Unidad del Dolor de La Rioja. Derivado por su traumatólogo al considerarse demasiado joven para someterse a una intervención quirúrgica en la columna, la única alternativa que le ofrecieron para paliar su sufrimiento fue un tratamiento de infiltraciones que obligatoriamente debe ejecutarse en este servicio especializado. Sin embargo, desde que ingresó en la lista de espera, nunca ha llegado a ser recibido por un médico de esta área.

Desde el Gobierno regional reconocen la falta de medios y aseguran a la Rioja2 que la Consejería “está trabajando actualmente en nuevas medidas para reforzar y mejorar el abordaje del dolor y la atención a estos pacientes”. Desde los sindicatos, denuncian meses sin consultas y déficit de profesionales.

“Hace unos dos meses fui presencialmente a preguntar qué pasaba con mi cita. Me dijeron que no me agobiara, que esperara porque todavía iban citando por la lista de espera de junio del año pasado”, relata. En octubre, cumple un año entero en la lista de espera. 365 días sin haber recibido un solo mensaje o llamada de citación.

El estrés por la espera

El retraso en la atención no es solo una cifra en un registro de la administración pública. En el caso del protagonista de esta historia, la espera ha empeorado aún más su condición física. Y es que además de no poder caminar trayectos medianamente largos, agacharse con normalidad o coger peso, el dolor constante ha acrecentado sus niveles de estrés. “A raíz del problema con las hernias entré en una crisis de ansiedad tan fuerte que sufrí una parálisis facial”, confiesa.

El día a día se ha convertido en un ejercicio de resistencia donde las tareas más sencillas requieren pausas y estrategia. “Tengo un niño de siete años y hay veces que no lo puedo coger en brazos porque pesa 25 o 30 kilos. Son cosas que al final haces por inercia, pero que te cohíben completamente la vida social”, explica. Y es que además del dolor, muchas veces la medicación que toma para poder paliarlo, le provoca dolores de cabeza, mareos, vómitos o pitidos en los oídos. Por todo ello, también recurre a métodos caseros como aplicarse calor.

La desesperación también ha dejado episodios de desamparo en los servicios de urgencias de la región. En una de sus crisis más agudas de dolor, acudió al hospital a las cinco de la tarde y tras nueve horas de espera —hasta las dos de la mañana— decidió marcharse a casa sin ser atendido. “Me dijeron que era nivel 4 de triaje, que no era prioritario. No me dieron ni una bolsa de frío ni nada”.

Semanas en verano sin consultas

Los datos que manejan los sindicatos sanitarios ratifican la parálisis del servicio que denuncia Pedro. Jaime Sainz de Comisiones Obreras en La Rioja calcula que en esta Unidad deberían trabajar unos cuatro o cinco profesionales y atender una media de 80 consultas mensuales. Sin embargo, la realidad es otra. “Durante este verano solo ha habido un médico al frente de esta Unidad”. Un único profesional que “tampoco ha realizado el turno completo así que el número de consultas mensuales ha sido de cuatro”, asegura Sainz. “Antes del verano la cifra de consultas mensuales rondaba la veintena. Una cifra muy alejada de las 80 recomendadas”, insiste.

De hecho, desde la formación sindical aseguran que ha habido meses sin consultas. “Durante dos semanas en julio y las dos semanas antes de San Mateo no ha habido consultas en la Unidad del Dolor”. Una situación que está provocando una lista de espera de año y medio con una intención clara. Y es que para Sainz, la intención del Gobierno de La Rioja “es privatizar la sanidad. Estamos hablando de pacientes que conviven con dolores crónicos, de forma que muchos de ellos (los que se lo puede permitir) se van a la sanidad privada”. Otros, como el protagonista de esta historia, están obligados a convivir los dolores y buscar otras alternativas menos costosas.

Desde el Sindicato de Enfermería, Satse La Rioja, también denuncian falta de personal en la Unidad del Dolor especialmente durante los meses de verano. Y al igual que CCOO La Rioja, la secretaria autonómica, Patricia Mogena, asegura que “solo hay un médico por lo que hay muchas técnicas y tratamientos que no se pueden llevar a cabo”, y eso afecta al trabajo de las enfermeras también se ve afectado. “Se intenta organizar todo para que la lista de espera sea equitativa y perjudique lo menos posible a los pacientes, pero es imposible ofrecer un buen servicio en estas circunstancias. Van lidiando la situación como pueden”, relata a la vez que recuerda que “la enfermera es quien recibe las críticas y quejas” porque son las que están en la primera línea del cuidado.

Asimismo insisten en que esta situación no es nueva. “Todos los veranos pasa lo mismo con el agravante de que cada vez hay más pacientes y la lista de espera no deja de crecer. La falta de personal es una realidad y con dos enfermeras es imposible llegar a todo”. La solución apunta Mogena, “contar con un número de profesionales proporciona al volumen de personas que tratan en la Unidad”.

El temor de tener que volver al trabajo

Pero mientras las soluciones llegan, continúa con sus dolores físicos y el miedo de tener que volver al trabajo. A punto de cumplir el año de baja laboral, Pedro teme recibir una llamada. “Me preocupa que me llamen del Instituto Nacional de la Seguridad Social para pasar el tribunal médico y me digan que tengo que volver a mi puesto de trabajo como carretillero sin que ni siquiera me hayan hecho ninguna infiltración en la espalda ni me hayan valorado en la Unidad del Dolor”.

Lleva cerca de un año esperando a ser atendido por la Unidad del Dolor. Hemos intentado saber cuántas personas como él están esperando ser atendidos por primera vez en esta unidad, pero desde el Gobierno de La Rioja explican que “no existe una lista de espera única equiparable a la de una especialidad médica ni se calculan unos tiempos medio y máximo de demora con esos mismos criterios. Los pacientes son atendidos y priorizados en función de su patología, de la técnica o atención que precisen y de criterios de prioridad clínica establecidos por los profesionales responsables”.

Asimismo, desde el Ejecutivo regional explican que la Unidad del Dolor del SERIS “no funciona como un servicio o una especialidad independiente y, por tanto, no está sujeta al mismo sistema de seguimiento de listas de espera y demoras que otras especialidades médicas. Se trata de una unidad multidisciplinar en la que participan fundamentalmente profesionales de Anestesiología y Rehabilitación, además de Enfermería y otros perfiles asistenciales en función de las necesidades de cada paciente”. Su actividad, añaden, “incluye la valoración y el seguimiento de pacientes derivados por otros especialistas, así como diferentes técnicas intervencionistas y no intervencionistas para el abordaje del dolor crónico, neuropático, oncológico, etc.”

En cuanto al número de profesionales que atienden esta unidad –los sindicatos denuncian que solo hay uno– desde el Gobierno de La Rioja no facilitan una cifra exacta porque “al tratarse de una unidad multidisciplinar cuya asistencia se presta desde distintos servicios y profesionales, no resulta adecuado establecer una cifra cerrada de profesionales adscritos ni una referencia única sobre cuál debería ser el número óptimo de consultas mensuales”, defienden. “La actividad se organiza en función de las necesidades asistenciales y de los diferentes procedimientos que se realizan”, añaden desde el Gobierno regional.

Asimismo y ante la situación de Pedro, que lleva cerca de un año esperando a ser atendido, a preguntas de Rioja2 sobre si la Consejería de Salud tiene previsto adoptar medidas o alguna actuación específica en esta Unidad, la respuesta es que “es una línea de trabajo que se encuentra en desarrollo”. “Se está trabajando actualmente en nuevas medidas para reforzar y mejorar el abordaje del dolor y la atención a estos pacientes”, aseguran. Es una línea de trabajo que se encuentra en desarrollo y que podremos concretar y presentar próximamente. En todo caso, se garantiza la continuidad asistencial y la atención sanitaria de los pacientes en función de sus necesidades y de los criterios de prioridad clínica“, dicen textualmente desde el Ejecutivo regional.

Pero mientras estas “nuevas medidas para reforzar y. mejorar el abordaje del dolor y la atención a estos pacientes” llegan, uno de ellos, Pedro, seguirá esperando, seguirá viviendo con dolor y recurriendo a masajes y otros métodos caseros y menos costosos que acudir a la sanidad privada, algo que está fuera de su alcance.

Los trabajadores y trabajadoras del servicio de estacionamiento regulado en la vía pública (ORA) de La Rioja, conocido como “zona azul”, contarán con un nuevo convenio colectivo que contempla un incremento salarial acumulado de hasta el 14%, rebajas en la jornada anual y la duplicación de los descansos pagados durante las alertas naranjas por temperaturas extremas.

El acuerdo ha sido suscrito por la patronal ASESGA y la organización sindical USO, junto a CCOO como sindicato más representativo. El marco regulador tendrá una vigencia de cuatro años —desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2028— y aplicará sus efectos económicos de forma retroactiva desde el 1 de enero de 2025.

En el apartado económico, el texto establece incrementos salariales del 3% anual para los ejercicios 2025, 2026 y 2027, alcanzando una subida del 5% en el año 2028. Además, el aumento del salario base revalorizará automáticamente el complemento personal de antigüedad, estructurado en dos bienios del 5% y quinquenios del 10% calculados sobre el sueldo vigente.

Como novedad destacada en salud laboral, el convenio introduce medidas frente a inclemencias meteorológicas. En situaciones de alerta naranja emitida por la AEMET por temperaturas extremas (tanto por frío como por calor), se duplicarán los tiempos de descanso de la plantilla, computándose íntegramente como jornada efectiva de trabajo.

En paralelo, la jornada máxima anual se reducirá de forma progresiva:

Desde USO Servicios de La Rioja han valorado positivamente la firma del acuerdo, destacando el valor de la negociación colectiva y de la representación sindical para alcanzar estas mejoras operativas y salariales en el sector.

El histórico Manuel Amor Deus, líder de las revueltas obreras de Ferrol que sacudieron el franquismo en 1972, decía de él que “conocía a todos los directores de prisiones de España”. Xesús Redondo Abuín pasó en ellas, durante la dictadura, 3.000 días y 3.000 noches. “Es un hombre íntegro, posiblemente el hombre más honesto que conozco”, añadía Amor Deus, primer secretario general en la legalidad de Comisións Obreiras. A ese sindicato perteneció Redondo Abuín, primero minero, después obrero y comunista irreductible hasta el final, que murió esta semana en Santiago de Compostela a los 87 años.

Su biografía es la destilación individual del comunismo peninsular del siglo XX. Nacido en la parroquia de Asados (Rianxo, A Coruña) -la misma en donde en 1930 falleció el poeta vanguardista Manuel Antonio- en una familia pobre, a los 17 años se marchó a Asturias para trabajar en la mina de La Camocha. Su participación en las huelgas de 1962, las que sirvieron como fermento de las primeras comisiones obreras, le valió su primer exilio en Francia. En Estrasburgo trabajó en fábricas, pero de nuevo su militancia obrera provocó su expulsión. El entonces clandestino Partido Comunista, al que estaba afiliado, lo sacó a la Unión Soviética. Allí, con 25 años, aprendió a leer y a escribir, como recordaba en 2018 en una entrevista en La Voz de Galicia.

Tras la URSS se instaló en Bélgica, donde volvió a la mina. Y a su regreso a España fue detenido ya en el tren por Melitón Manzanas, colaborador de la Gestapo y torturador franquista al que ETA mató en 1968. El régimen lo mandó al Sáhara Occidental, aun colonia española, a cumplir condena. Lo soltó tras no mucho tiempo, se trasladó a las Canarias y, en un enfrentamiento con la policía, lo hirieron de un disparo en la pierna. “Comenzó entonces un largo periplo carcelario”, relata Comisións Obreiras de Galicia en el comunicado que difundió este miércoles, “por sus protestas y capacidad de lucha para mejorar las condiciones de las cárceles franquistas se convirtió en preso casi legendario”.

Redondo Abuín salió de prisión con la muerte de Franco y la caída de la dictadura. Formó parte de la primera dirección legal de Comisións en Galicia y nunca perdió el vínculo con el sindicato. Tampoco con el Partido Comunista. En 2018 presentó sus memorias: Alentos e desalentos dun de tantos. La periodista Montse Carneiro le preguntó entonces cuál había sido el motor de su militancia política: “El hambre. El objetivo era comer todos los días. Después la militancia se reafirma con la lucha”.

CIG y CCOO se reafirman en su oposición al enfoque que la Xunta -con el apoyo de la Confederación de Empresarios de Galicia y UGT- quiere aplicar a la cuestión del aumento de las bajas laborales. Consideran que el plan aprobado el lunes en el Consello lo certifica y supone “una criminalización” de las incapacidades temporales, poner la sospecha sobre quien enferma, engordar a las mutuas y evitar que el foco se ponga en las causas que están detrás del aumento de las bajas.

“Es un paso más en la campaña del Gobierno gallego en la criminalización de las bajas médicas, en el papel abusivo de las mutuas y en la privatización de la sanidad pública, mientras siguen sin adoptarse medidas ante el empeoramiento de la salud laboral de las personas trabajadoras, la precariedad y los recortes en la sanidad pública, verdaderas causas de las incapacidades temporales”, resume la CIG, el sindicato mayoritario, que ha rechazado participar en la mesa de diálogo social impulsada por la Xunta. Tampoco CCOO entró en las negociaciones del plan, que ve como “na cortina de humo diseñada para perseguir a las personas trabajadoras en situación de incapacidad temporal, justificar nuevas medidas de control y disciplina sobre quien enferma y canalizar recursos públicos hacia el tejido empresarial”.

El secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, el plan es un escándalo que “malgasta y despilfarra” fondos públicos -está dotado con 45 millones de euros- y a quien va a beneficiar realmente es a las empresas, las mutuas y el sector privado. La creación de la figura del acompañante de reincorporación la califica de tomadura de pelo, en especial “cuando se niegan las dotaciones de personal en la sanidad pública para que atienda como se debe a las personas trabajadoras”. Las medidas van a “engordar el negocio de las mutuas”, ya que considera que les derivan los tratamientos de enfermedades músculo-esqueléticas. “Sus abusos e ilegalidades se ven compensados con dinero público”, critica. La CIG tiene convocadas protestas el 8 de octubre ante los edificios administrativos de la Xunta contra el plan.

Por su parte, CCOO considera que la Xunta ha presentado el plan como algo que no es, con “un envoltorio de retórico de bienestar y protección”. En realidad, avisa, se consolidan medidas de control que se aplican con críticas de las propias organizaciones médicas. Pone como ejemplo que, entre los indicadores de seguimiento, aparece el porcentaje de altas de las mutuas resueltas dentro de plazo, lo que considera que es una presión para que los médicos den esas altas.

El sindicato carga contra el concepto del “uso responsable” del sistema del que habla el plan. “Convierte el derecho a la salud en un privilegio condicionado al comportamiento del titular”, critica y cita la medida concreta de la carta de derechos y deberes que se enviará a las personas de baja y que va a reclamarle que colabore en la recuperación y en la reincorporación, “como si la salud fuese un contrato bilateral”. También censura que haya un dispositivo concreto contra posibles abusos, pese a que el mismo texto reconoce que el fraude es una cuestión minoritaria. Añade también que no hay referencias a las horas extra no pagadas ni a las enfermedades profesionales, que se registran por debajo de su verdadera incidencia. “Quien enferma no es un sospechoso, es un titular de derechos”, concluye.

La representación sindical del sector —integrada por CCOO del Hábitat de La Rioja y USO Servicios— ha alcanzado un acuerdo para rubricar el primer Convenio Colectivo de Lavanderías Industriales de la región. El texto marca un precedente regulatorio decisivo para una actividad económica históricamente feminizada e invisibilizada, dotando por primera vez a sus plantillas de un marco normativo autonómico de protección y garantías laborales.

El elemento más relevante en el plano organizativo es la reducción progresiva del tiempo de trabajo. El texto contempla un recorte directo de 30 horas en la jornada anual distribuido a lo largo de los tres años de vigencia del texto, al que se incorporan tres nuevos días de asuntos propios con consideración explícita de jornada efectiva de trabajo. En la práctica, ambas medidas supondrán una minoración real de hasta 54 horas lectivas al año por persona trabajadora.

En materia retributiva y de compensación, la negociación sindical ha logrado articular complementos específicos para remunerar condiciones de penosidad y flexibilidad horaria. Destaca la implantación de un plus de 90 euros brutos por cada jornada festiva prestada, atendiendo a una de las reivindicaciones históricas del colectivo en un sector articulado con frecuencia en torno al flujo continuo de demanda hostelera y sociosanitaria.

A este incentivo por festividad se añade una compensación directa en concepto de movilidad. El convenio fija un plus de transporte de 2,15 euros diarios para aquellas trabajadoras y trabajadores cuyos desplazamientos hasta el centro de trabajo superen los diez kilómetros de distancia, con el objetivo de amortiguar el impacto del coste del carburante en salarios moderados.

El acuerdo introduce asimismo un blindaje significativo de la protección social. Las organizaciones firmantes han acordado fijar un complemento directo sobre la prestación por incapacidad temporal derivados de accidentes de trabajo o enfermedad profesional, el cual garantizará el cobro del 100% de la retribución salarial habitual en casos de baja por contingencias profesionales.

Por último, el marco laboral actualiza la tabla de licencias retribuidas ampliando los permisos ante situaciones personales y de cuidados familiares que requieran atención urgente o conciliación. Tanto CCOO como USO han valorado este hito como un punto de partida indispensable para vertebrar la calidad del empleo y equilibrar las relaciones de poder en una industria clave para la cadena logística riojana.

El sindicato CCOO ha convocado una huelga indefinida que comenzará el próximo 13 de octubre en el servicio de recogida selectiva de residuos, que gestiona la empresa Urbaser.

Esta decisión, según ha informado este martes la organización, se ha adoptado tras el acuerdo unánime de la asamblea de trabajadores “y ante la falta de avances en la negociación colectiva y el reiterado incumplimiento de derechos laborales y de prevención de riesgos”.

La huelga, de carácter indefinido, afectará a todo el personal que presta servicios en el centro de trabajo de recogida selectiva de Lanzarote. El comité de huelga está presidido por Echedey Hernández Martín, con el asesoramiento de CCOO.

La convocatoria, señala la nota, se sustenta en una larga lista de reivindicaciones “que la empresa ha ignorado sistemáticamente”.

El sindicato destaca que una de ellas se relaciona con la prevención de riesgos laborales, dada la falta de adecuación y mantenimiento de vehículos y herramientas de trabajo y de estudios ergonómicos o del consumo metabólico.

Otros puntos serían la aplicación del plus por días festivos, el incumplimiento de los períodos mínimos de descanso, en la entrega, reposición y disponibilidad de la ropa de trabajo, los reconocimientos médicos fuera del horario o el impago de las horas nocturnas efectivamente trabajadas y registradas.

Por otra parte, CCOO destaca el bloqueo de la negociación colectiva para actualizar las condiciones salariales, congeladas desde el 31 de diciembre de 2024.

La representación sindical recuerda que el Cabildo de Lanzarote, como administración titular del servicio, tiene la responsabilidad de garantizar que la empresa adjudicataria cumpla con la legalidad laboral.

“No es comprensible que desde el Cabildo se manifieste respeto por los derechos laborales mientras se permite que Urbaser incumpla los descansos, la prevención de riesgos y el convenio colectivo”, señalan desde CCOO.

A pesar de la convocatoria de huelga, el comité de huelga y CCOO mantienen su disposición a negociar con la dirección de Urbaser para alcanzar acuerdos que la eviten.

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO La Rioja ha alertado del trato de “desigualdad y falta de reconocimiento” que están recibiendo distintas categorías profesionales del Servicio Riojano de Salud (SERIS). Tras las negociaciones desarrolladas en torno a la partida de 30 millones de euros destinada a la mejora del personal sanitario, la organización sindical sostiene que los recursos disponibles deben repartirse con criterios de equidad, justicia y reconocimiento profesional. Sin embargo, advierten de que “el acuerdo alcanzado no garantiza mejoras para el conjunto de la plantilla y deja fuera a colectivos esenciales para el funcionamiento de la sanidad pública riojana”.

El pacto contempla mejoras para determinadas categorías, como el incremento de la productividad fija del personal de Enfermería, la mejora de las retribuciones de TCAE y TFAR, la reclasificación de determinados colectivos técnicos y un incremento del complemento de productividad del personal del grupo E, integrado por celadoras, celadores y pinches.

No obstante, desde CCOO argumentan que estos compromisos no pueden servir para aplazar indefinidamente la solución a las desigualdades existentes. La Administración ha justificado que los recursos económicos son limitados y que no es posible atender a todas las categorías, una postura ante la que el sindicato rebate que “este argumento no puede utilizarse para consolidar agravios comparativos dentro de un servicio de salud público, universal y de carácter nacional”.

Trabajadores sociales: una categoría “esencial y olvidada”

“Las trabajadoras y los trabajadores sociales desempeñan una función imprescindible en la atención integral a la ciudadanía y en la coordinación de los recursos sanitarios y sociales”, resaltan. Sin embargo, según denuncia la central sindical, continúan siendo una categoría profesional “claramente infravalorada y olvidada dentro del SERIS”.

A la hora de abordar el incremento de la productividad, este colectivo no ha sido incluido en el acuerdo. Además, el sindicato critica que la Administración “ni siquiera ha permitido que existiera una negociación específica y real sobre las condiciones de estas trabajadoras y trabajadores”.

Asimismo, CCOO señala que el colectivo carece de un órgano de gestión propio y que su organización depende actualmente de una estructura superior vinculada a Enfermería, a pesar de que se trata de una categoría con funciones, responsabilidades y conocimientos específicos. Por ello, estiman imprescindible que quienes gestionen una categoría profesional conozcan directamente su realidad y reclaman “una estructura de gestión propia para las trabajadoras y los trabajadores sociales, así como el reconocimiento retributivo y profesional que merecen”.

Personal administrativo: mismo trabajo, distinta retribución

Otra de las situaciones más graves expuestas por el sindicato afecta al personal de Gestión y Servicios, especialmente a las administrativas, los administrativos, las auxiliares administrativas y los auxiliares administrativos, un colectivo no sanitario pero imprescindible para la gestión de citas, la atención a la ciudadanía, la tramitación de expedientes y la organización de los centros.

Desde la organización sindical observan que otras categorías del mismo grupo profesional reciben mejoras o complementos cuando realizan funciones correspondientes a categorías superiores, una posibilidad que “no se está reconociendo de manera adecuada al personal administrativo y auxiliar administrativo”.

Esta situación resulta especialmente patente en aquellos centros y oficinas en los que auxiliares administrativos y administrativos realizan exactamente las mismas tareas pero perciben retribuciones diferentes. “En muchos casos, las auxiliares y los auxiliares administrativos desarrollan funciones propias de administrativos sin recibir el reconocimiento profesional ni económico correspondiente”, sostienen.

Para corregir lo que consideran “un agravio comparativo que debe resolverse de forma inmediata”, CCOO exige que se valore la reclasificación profesional de las auxiliares y los auxiliares administrativos cuando desempeñen funciones de superior categoría o, alternativamente, “que se limiten sus funciones y se reduzca su carga de trabajo para ajustarlas a su puesto real”, señalando que “no es aceptable que se exija la realización de funciones de mayor responsabilidad sin reconocerlas profesional ni retributivamente”.

Oficiales y personal técnico de mantenimiento

El personal oficial de mantenimiento también continúa sufriendo una situación de “abandono y falta de reconocimiento”, con retribuciones que se sitúan, en muchos casos, en niveles próximos al Salario Mínimo Interprofesional, a pesar de la importancia de sus funciones para la seguridad y la actividad asistencial.

Además, la formación sindical considera que la mejora retributiva de las guardias negociada en el acuerdo debería haberse aplicado a todo el personal que realiza guardias obligatorias, incluyendo a los oficiales y al personal técnico de mantenimiento. Desde CCOO tachan de inaceptable que esta mejora se limite exclusivamente al personal Facultativo y de Enfermería, “dejando fuera a profesionales que también deben responder ante incidencias urgentes, averías y necesidades asistenciales fuera de su jornada ordinaria”. Según explican, las guardias de estos colectivos continúan retribuyéndose como horas de día hábil cuando se realizan en domingos y festivos, sin que se reconozcan la disponibilidad ni la responsabilidad que conllevan.

Fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales

Las mejoras acordadas tampoco resuelven la situación de otras categorías profesionales como fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales, quienes acumulan años esperando un reconocimiento real por su labor en la recuperación funcional, la prevención de la dependencia y la autonomía personal de los usuarios.

Desde CCOO exigen que estas categorías no vuelvan a quedar fuera de las futuras mejoras retributivas y profesionales, advirtiendo de que “el compromiso de negociar en próximos ejercicios no puede convertirse en una nueva demora ni en una promesa sin calendario, contenidos ni garantías”.

Exigencia de una mejora justa para toda la plantilla

Para el sindicato, la financiación anunciada por el Ejecutivo autonómico debe traducirse en una mejora global, equilibrada y justa de las condiciones laborales del conjunto del personal del SERIS, sin concentrarse únicamente en determinadas categorías mientras se mantienen las desigualdades de quienes parten de las condiciones retributivas más bajas.

“Los 30 millones de euros anunciados por el Gobierno de La Rioja deben servir para reducir las desigualdades, no para ampliarlas”, afirman desde la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO La Rioja. Por ello, exigen que en las próximas negociaciones se incluya a todas las categorías postergadas, se priorice a las rentas más bajas, se reconozcan las funciones efectivamente realizadas y se corrijan los agravios comparativos.

“CCOO seguirá reclamando que ninguna trabajadora ni ningún trabajador del SERIS quede en el olvido. La sanidad pública no funciona solo con quienes aparecen en los acuerdos: funciona con todas y todos”, concluyen.

Un total de 41 profesionales sanitarios se han inscrito en el registro de objetores habilitado por el Servicio de Sanidad de Castilla-La Mancha para rechazar la práctica profesional del aborto en el sistema público de la comunidad autónoma.

Es el dato que, según informa Amnistía Internacional, ha facilitado “por primera vez” el SESCAM a la Plataforma por el Derecho al Aborto en la Pública de Castilla-La Mancha a través del Portal de Transparencia.

Según esa misma información, hay un total de 198 médicos en el conjunto de los servicios de Ginecología y Obstetricia de los hospitales de Castilla-La Mancha, aunque no ha concretado cuántas de las 41 personas objetoras son médicas ni cuál es el número total de profesionales de estos servicios.

“Incluso tomando el supuesto más desfavorable —que las 41 personas objetoras fueran médicas— representarían el 20,7 % de los 198 médicos, lo que significa que casi ocho de cada diez no estarían inscritos en el registro de objetores”.

La Plataforma por el Derecho al Aborto en la Pública de Castilla-La Mancha se concentró este domingo en Alcázar de San Juan, con motivo del Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, que se conmemora hoy, para reclamar que ninguna mujer tenga que salir de la sanidad pública para ejercer un derecho reconocido por ley. Desde hace un año las movilizaciones arrecian en la comunidad autónoma para lograrlo: “No es normal tener que ir a abortar a 180 kilómetros”, decían hace ahora un año.

En este tiempo, la Consejería de Sanidad ha anunciado que planea un “centro público” para abortos ante la objeción de conciencia casi total de sus médicos, según se decía el pasado mes de mayo. Con los datos de hoy en la mano, esa afirmación no es del todo cierta.

El colectivo ciudadano considera “especialmente relevante” que, después de años reclamando información, el SESCAM haya facilitado por primera vez datos oficiales sobre las personas inscritas en el registro de objetores de conciencia, pero cree que los datos que se proporcionan son “insuficientes” para conocer “con precisión” la dimensión de la objeción, al no especificarse las categorías profesionales ni la distribución por hospitales y áreas sanitarias. Creen que saberlo introduciría “datos objetivos en un debate en el que durante años se ha hablado de una supuesta objeción generalizada”.

Para la Plataforma, “este dato refuerza la necesidad de dejar de utilizar la objeción de conciencia como argumento para no organizar la prestación”. En su opinión, la obligación de la Administración es “organizar los servicios sanitarios de forma que una objeción individual no impida ni retrase el acceso de las mujeres al aborto en la sanidad pública”.

También inciden en que “la objeción de conciencia es un derecho individual de los profesionales, no una objeción de los servicios, unidades u hospitales” y en que “corresponde, por tanto, al SESCAM planificar los recursos humanos y asistenciales necesarios para garantizar la prestación”.

Además, vuelven a situar el foco en una reivindicación que se considera “pendiente” en Castilla-La Mancha: que el aborto se garantice de manera efectiva en la sanidad pública, con recursos, profesionales y una organización que permita acceder a la prestación sin tener que recurrir a centros privados y sin que las mujeres sean derivadas a otras comunidades autónomas, como ocurre actualmente en la mayoría de los casos.

El 99,95% de los abortos, en el sistema privado en 2024

Las organizaciones que integran la Plataforma han vuelto a denunciar que las mujeres de Castilla-La Mancha continúan encontrándose con una prestación que, pese a estar reconocida legalmente, se realiza fuera de la red pública. En 2024, el 99,95 % de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en Castilla-La Mancha se practicaron en clínicas privadas, según datos del Ministerio de Sanidad. Y alrededor del 60 % de las mujeres que han decidido abortar en los últimos 15 años han tenido que salir de la región para hacerlo.

Por ello, reclaman de nuevo “una red pública de interrupción voluntaria del embarazo integrada en el SESCAM, con recursos y profesionales suficientes y accesible en todas las provincias y áreas sanitarias.”

Durante la movilización, la Plataforma reclamaba al Gobierno de Castilla-La Mancha una red pública de aborto en todas las provincias, un calendario concreto, público y verificable para la implantación de la prestación, recursos y profesionales suficientes, garantizando que la objeción de conciencia individual no impida ni retrase el acceso, datos públicos y transparentes sobre profesionales objetores, recursos, derivaciones y prestación realizada dentro y fuera de Castilla-La Mancha, información pública, clara y accesible sobre el derecho al aborto, el itinerario asistencial y los recursos disponibles y protección efectiva frente al acoso y la intimidación para mujeres y profesionales.

Este lunes se celebra el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, y la Plataforma reafirma una reivindicación clara: “Abortar es un derecho, la sanidad pública debe garantizarlo”.

A estas peticiones se han sumado hasta 25 colectivos como Amnistía Internacional, Feministas de Pueblo o CCOO. Este sindicato reclama una “verdadera red pública” para poder acceder al servicio.

La CEOE de Tenerife sigue enfrascada en su lucha contra lo que llama “absentismo laboral”, ese que la OIT (Organización Internacional del Trabajo) denomina como causa injustificada para no ir al trabajo. El discurso se ha endurecido en los últimos años atacando las “bajas fraudulentas”. La patronal tinerfeña creó un buzón anónimo que fue denunciado por el Ministerio de Trabajo ante la Agencia de Protección de Datos. Ahora, asegura que tiene un listado de los centros de salud “con más propensión” a “dar” bajas laborales. El revuelo ha sido inmediato y los primeros en reaccionar han sido los propios médicos, que están en el centro de las sospechas. El Consejo Canario de Colegios de Médicos reclama respeto a su independencia profesional y que las diferencias estadísticas entre centros no se conviertan en sospechas generalizadas sobre la profesión. 

Los profesionales de la medicina recuerdan que “una baja laboral es consecuencia de una valoración médica individualizada sobre el estado de salud de una persona y su capacidad para desempeñar su trabajo habitual” y que “es un acto médico reglado en el que los profesionales actúan conforme a criterios clínicos, científicos, éticos y legales”. 

En este sentido, el médico y presidente de la Sociedad Canaria de Medicina de Familia y Comunitaria (SOCAMFYC), Gustavo Moreno, señala que “poner el foco en el profesional es una manera demasiado simplista de abordar el problema”. Subraya que “emitir una incapacidad transitoria, una incapacidad laboral, es un acto médico” y que “valoras la situación del paciente, la situación física y mental, y en función del tipo de trabajo que realiza y de las condiciones que tiene y de cómo se encuentra, decides si realmente está capacitado para ir al trabajo o no. Se emite porque la situación clínica del paciente es tan seria que es incapaz de realizar sus tareas laborales habituales o que corre riesgo su salud o la de otras para hacer una tarea laboral habitual”. Y pone el ejemplo de la COVID-19 cuando se corría el riesgo de contagio de otros compañeros y compañeras de trabajo. 

Moreno reprocha que se utilice el lenguaje de “coger una baja”, “dar una baja”, “pedir una baja”... como si te dieran “un kilo de tomates”, cuando la realidad es bien distinta. “La baja laboral es una herramienta terapéutica”, resume. Y su objetivo es proteger al trabajador o trabajadora y también el ambiente laboral. 

CCOO insiste en que el dato real de absentismo laboral en Canarias (personas que no acuden a su puesto de trabajo sin causa justificada) es ínfimo y que en cambio muchas otras acuden enfermas, la patronal no paga las horas extra y la comunidad sigue a la cabeza de los salarios más bajos. Sin embargo, la CEOE sigue con esta campaña en todo el territorio nacional, pero muy explícita en Canarias. Por ello, el sindicato está siendo muy beligerante combatiendo los datos. 

UGT, por su parte, también insiste en que “es un disparate lo que está haciendo la patronal, dando un paso más allá en el señalamiento a los médicos. Si analizas los datos de forma fría, puedes determinar que unos centros de salud son más propensos a dar bajas o no, o se registran más bajas en una zona geográfica de la isla o del archipiélago, pero son datos fríos. Hay que ver el contexto”, destaca Héctor Fajardo. En este sentido, apunta que el “único patrimonio que tienen los trabajadores es precisamente el derecho a la salud, a la salud pública. Por lo tanto, que se esté señalando a los facultativos para que se sientan más coaccionados para no dar esas bajas, que lo que buscan es coaccionar a los facultativos y coaccionar también a los trabajadores para que vayan a trabajar enfermos”. 

Cómo influye el estrés y las condiciones laborales

El presidente de la Sociedad Canaria de Medicina de Familia y Comunitaria (SOCAMFYC) también incide en que cuando se habla de disparidad de cifras entre centros de salud hay que tener en cuenta múltiples factores: edad, población, contexto socioeconómico… Apunta ejemplos como si el centro de salud está ubicado en una zona donde la mayoría de pacientes se dedican a la restauración, al turismo, son camareras de piso… “vas a tener, por tanto, una mayor prevalencia y un mayor índice de dolores y de patologías relacionadas con problemas lumbares, hombro doloso, codo de tenista… y un mayor número de incapacidades en este sentido que en otra zona donde la población no se dedique a ello”. 

Moreno incide en que el centro de salud se puede apreciar que a las personas les influyen muchos aspectos como sus condiciones laborales, el hecho de tener que coger varias guaguas para llegar a su trabajo o de cuidar a personas dependientes en sus casas mientras siguen trabajando. “Y esas personas, la mayor parte de las veces no llegan a consulta diciéndote que tienen una depresión o que tienen ansiedad. Al contrario, la mayor parte de las veces son personas que tiran para adelante con su vida, que tiran para adelante con lo que haga falta, pero que al final terminan padeciendo problemas”, asegura el facultativo, que agrega que muchos de estos dolores son osteomusculares, dolores de espalda, dolores de cuello, problemas musculares, problemas de artrosis, de columna… 

A su juicio, hay que atender también a las condiciones laborales. “¿Cuántas horas está trabajando? A lo mejor su contrato es de seis o de ocho y está trabajando doce. Esto pasa. Y sabemos que pasa en la restauración y en el turismo y en múltiples empresas”. “Yo no digo que no haya que analizar el tema de las bajas laborales. Creo que como cualquier otro tema, como cuando tuvimos la epidemia de COVID, había que analizarlo. O si mañana hay un repunte de gripe, también. Pero decir que esto tiene que ver solo y exclusivamente porque unos centros dan más bajas que otros, es una manera demasiado simplista”. 

“Si tú obligas a un trabajador a ir a trabajar enfermo, o sin capacidad para ejercer sus funciones, lo que estás haciendo es tirar piedras para tu propio tejado, provocando que esas bajas se cronifiquen, se prolonguen en el tiempo, que se reduzca aún más la productividad, tan preocupados que están con esa productividad… Entonces nosotros lo que vamos a pedir a los empresarios es que reduzcan esa tensión, al mismo tiempo que analicen bien los propios datos que tienen que ver con ellos, que tienen que ver por ejemplo con el gran número de horas extras que ni se abonan, ni se compensan a los trabajadores”, añade Héctor Fajardo (UGT). 

¿Qué tienen que decir las mutuas?

Insiste en que hay que analizarlo con rigor, que hace falta más formación a los propios profesionales en materia de Incapacidad Temporal y que hay que actualizarse, pero agrega que las mutuas también deben entrar en este debate, puesto que también deben hacer una labor de apoyo. Incide en la necesidad de un abordaje “integral e incluso multiprofesional. Es decir, aquí a lo mejor la mutua tiene algo que aportar porque me puede hablar del tipo de trabajo, de las horas que está trabajando el paciente, interesarse un poco más de qué condiciones hay para que eso pueda estar o no relacionado con la patología que tiene ahora y tener mayor comunicación en el ambiente laboral”. 

Porque con el debate de la patronal los profesionales creen que se han difuminado las enfermedades profesionales. 

De hecho, el lumbago es la incapacidad temporal más frecuente en Canarias y la causa es fundamentalmente “el estrés, la ansiedad, las posturas inadecuadas, los movimientos repetitivos o la sobrecarga de esfuerzo”. Así se desprende del estudio Incidencia de la enfermedad común y del accidente no laboral, y costes económicos generados por la incapacidad temporal. Canarias (2018-2021) publicado el pasado año y en el que se recuerda que “el grupo ocupacional de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores es el más afectado”.

Enfermedades profesionales no reconocidas

Juan Navarro, secretario general de la Federación de Sanidad de CCOO en Canarias reprocha este “discurso frívolo” de atacar a los médicos y médicas diciendo “que dan las bajas” y a los trabajadores y trabajadoras “que cogen las bajas” por ello rechaza que se ponga el foco en los médicos y en trabajadores supuestamente absentistas. Insiste en que el debate es mucho más amplio y que “podríamos hablar de que ha aumentado la población trabajadora, habría que hablar de las condiciones laborales, de si realmente está financiado el sistema público de salud en profesionales, en la gestión que se hace de los recursos…” 

“A la CEOE yo no la he escuchado hablar, por ejemplo, de la infradeclaración de enfermedades profesionales, y especialmente, por ejemplo, lo que tiene que ver con las patologías oncológicas, que son los datos más bajos desde cualquier país de nuestro entorno, parece que la gente no se enferma de cáncer en el trabajo, cuando es una de las mayores causas de cáncer”, afirma el representante de CCOO. ¿Por qué no se hacen campañas intensivas?, se pregunta. 

En este sentido, añade que tampoco escucha a la CEOE hablar de lo que tiene que ver con que las empresas “no cumplen con sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. Las personas trabajadoras enferman porque no se dan las condiciones saludables en las empresas”, afirma.

Héctor Fajardo agrega en este sentido que “hay muchas enfermedades profesionales que no las reconocen las mutuas como enfermedades profesionales, que las empresas no las reconocen como enfermedades profesionales. Ahí entra también el tema de la salud mental, que los empresarios se han negado sistemáticamente a profundizar sobre ella, procesos de ansiedad, de estrés, que tienen que ver con el entorno laboral, no olvidemos que pasamos gran parte de nuestra vida en el entorno laboral, en los centros de trabajo, y lo que ocurre en esos centros de trabajo, en ambientes que a veces se pueden calificar como tóxicos, repercute negativamente en la situación de salud mental de los trabajadores”. 

Fajardo añade que la patronal ha entrado en una escalada “demencial”. “Nosotros pedimos tanto al Gobierno canario como a las patronales que reduzcan ese discurso en contra de los trabajadores que se ponen enfermos, que reduzcan un poco la tensión que se está sometiendo a los facultativos, porque esto va a incidir negativamente en la economía de las islas”. 

“Ha entrado en una escalada de criminalización de los trabajadores y de los médicos que está alcanzando unas cuotas que a nosotros nos parecen disparatadas, que no responden a la realidad, que no responden a lo que de verdad está ocurriendo con los trabajadores en Canarias. También nosotros queremos que se mejoren las condiciones laborales de los médicos para poder tener más margen, más tiempo para atender a cada paciente en el área de primaria. Y todo eso redundará en una mejora de esas cifras de incapacidades temporales”, añade UGT. 

Qué dice el Gobierno de Canarias sobre la campaña de la CEOE

Desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, dirigida por Esther Monzón, han señalado a este periódico que el Servicio Canario de Salud participó el lunes de la semana pasada en una reunión, convocada por la consejería de Empleo del Gobierno de Canarias, a propuesta del propio SCS, en la que además del Gobierno estuvieron representadas la patronal, los sindicatos, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social con el objetivo de crear un grupo de trabajo dentro de la mesa de absentismo, para analizar la situación de la Incapacidad Temporal y trabajar para una gestión óptima de la misma en Canarias y buscar soluciones entre todas las partes. El SCS “se mostró dispuesto a analizar la situación conjuntamente y buscar soluciones que ayuden a resolver el tema”.

“Se trata de un problema complejo del que el SCS ha mostrado su voluntad de abordar y buscar soluciones conjuntamente con independencia de todas las medidas preventivas que deben ser implementadas por las empresas, en función de las recomendaciones y actuaciones de los servicios de prevención de riesgos laborales”, apuntan. Y valoran la creación de un grupo de trabajo con todos los actores implicados porque “es un problema complejo que depende de muchos factores socioeconómicos y empresariales, además de los de salud de los trabajadores, que en cualquier caso son primordiales”.

Sobre las declaraciones de la CEOE sobre los médicos, SCS asegura que “mantiene una confianza plena en los médicos que atienden a los pacientes independientemente de que tengan que conceder o no una incapacidad temporal, siendo consciente de que es el criterio científico y la valoración clínica lo que impera en todos los casos”. 

Desde la Consejería de Empleo y Turismo, dirigida por Jéssica de León, han afirmado que trasladan su “respeto” al trabajo que desarrolla el personal sanitario. “Desde el Gobierno de Canarias seguimos trabajando para que, entre todas las partes, Gobierno, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales, podamos alcanzar acuerdos que permitan abordar y atajar esta problemática”, concluyen.

CCOO Irakaskuntza ha denunciado el cierre definitivo de cuatro colegios públicos de Bizkaia aprobado por el Gobierno vasco, según recoge un decreto del 17 de septiembre, que suprime el CEIP Ingeniero Orbegozo Gorostidi y el CEIP Tomás Camacho, en Bilbao; el CEIP Larrañazubi, en Getxo, y el CEIP Lamiako, en Leioa. Para el sindicato, no se trata de un “simple ajuste administrativo”, sino que, según ha denunciado, son “cuatro comunidades educativas desmanteladas y cuatro espacios que pierde una red pública que debería ser el eje del sistema educativo vasco”.

El sindicato ha acusado al Departamento de Educación de “usar la caída de natalidad como excusa para debilitar la escuela pública mientras protege a la concertada”. A su entender, “menos alumnado debería servir para reducir ratios y reforzar los apoyos, no para cerrar centros”, recoge Europa Press. La central sindical ha señalado que Euskadi encabeza el Estado en escolarización privada concertada, con un 48,9%, según el informe La mercantilización de la educación, de la Fundación 1o de Mayo de CCOO.

En 2023, ha apuntado, “el 29,15% del presupuesto educativo no universitario vasco fue a parar a conciertos y subvenciones” y en Bachillerato, “más de la mitad del alumnado estudia en centros concertados”. CCOO también ha rechazado que estos cierres combatan la segregación escolar, como sostiene el Gobierno Vasco, y ha recordado que el 87% de los centros concertados vascos cobra cuotas a las familias. “Cerrar escuelas públicas no reduce la desigualdad: desplaza al alumnado, rompe sus vínculos con el profesorado y deshace proyectos educativos construidos durante años”, ha advertido.

El sindicato ha recordado que lleva todo el curso alertando de este proceso. En enero denunció que la reordenación afectaba a doce centros, más de 1.500 estudiantes y más de 150 docentes, “sin negociación sindical”. En junio, ha indicado, la comunidad educativa de Larrañazubi tuvo que acudir a los tribunales por “falta de información”. CCOO exige ahora la reversión de los cuatro cierres y la apertura de un proceso público y participado entre las plantillas, las familias, el alumnado y las organizaciones defensoras de la escuela pública. “No basta con lamentar cada supresión por separado. Hay que cambiar el modelo educativo que las produce. Menos alumnado debe significar más calidad y más escuela pública, no cuatro centros menos”, ha concluido.

Los sindicatos CCOO, UGT y USO han anunciado que se van a ampliar los paros convocados para reclamar reducciones de jornada en la planta de Saint-Gobain Isover de Azuqueca de Henares, en Guadalajara, tras no obtener respuestas por parte de la empresa.

Se ampliarán a tres horas por turno en el mes de octubre, tras 22 días de paros de dos horas por turno. Y es que, según los sindicatos, la dirección ha rechazado las demandas de la plantilla sin “una argumentación convicente”, frente a su posición que los considera “imprescindibles”, según han trasladado en un comunicado conjunto.

Las organizaciones sindicales esgrimen también los buenos resultados económicos de la empresa para justificar su reivindicación, y que han calificado como “excepcionales”.

“La plantilla está cansada de venir a trabajar para retirar atascos, estar parados o tirando material. Reduciendo las ineficiencias un 50% daría para reducir jornada, subir salarios y mejorar aún más el resultado empresarial”, han afirmado desde los sindicatos.

CCOO, UGT y USO han reivindicado la legitimidad de su posición y han advertido que los paros se intensificarán incluso más, a cuatro horas por turno, en el mes de noviembre.

“Con la intensificación de los paros se espera que empiece a verse afectado significativamente el servicio al cliente y la dirección se tenga que ver abocada a negociar. Es lamentable tener que llegar a estas situaciones, pero no nos dejan opción”.

Por su parte, la dirección de Saint-Gobain Isover asegura que mantiene su “voluntad de acuerdo” y niega que no haya planteado alternativas. No obstante, no pueden asumir las condiciones de los sindicatos.

La Consejería de Sanidad de Castilla y León prevé aprobar a finales de 2026 el decreto que extenderá a todas las categorías profesionales del sistema sanitario público el complemento de atención continuada por el trabajo en sábados, y el pago, que incluirá el abono retroactivo hasta 2024, se pagará a partir del 1 de enero del 2027, según ha trasladado a CCOO.

En concreto, así se lo ha comunicado el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez -que ha visitado el Hospital Santa Bárbara acompañando al Rey de España Felipe VI-, a una delegación de la Federación de Sanidad de CCOO de Soria durante una reunión mantenida este viernes con motivo de su visita al Hospital Santa Bárbara junto al rey Felipe VI.

Vázquez, según CCOO, se ha comprometido a aprobar a finales de este 2026 el decreto sobre el complemento de atención continuada en sábados a todas las categorías profesionales del sistema sanitario público de Castilla y León. El pago incluirá, además, el abono retroactivo correspondiente al año 2024, que se hará efectivo a partir del 1 de enero.

En la actualidad, este complemento lo perciben las categorías de enfermería, enfermería especialista y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE). Con el nuevo decreto, el beneficio se extenderá a todo el personal de los subgrupos A2, C1, C2 y agrupaciones profesionales, lo que incluye a fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, técnicos sanitarios, trabajadores sociales, administrativos, celadores y operarios de servicios, entre otros.

La medida incluye, entre otros, a fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, técnicos sanitarios, trabajadores sociales, administrativos, celadores y operarios de servicios.

Atrasos desde 2024

Por otro lado, CCOO también le ha trasladado su queja por la escasa calidad de la comida que se suministra a los profesionales sanitarios que realizan guardias en centros de salud, emergencias y ambulancias. Pedro Ortega ha lamentado que “los menús son poco saludables, insípidos y de escasa calidad”.

El líder sindical ha planteado como posibles soluciones que los sanitarios en guardia puedan comer en establecimientos cercanos, lo que beneficiaría a la hostelería local, especialmente en el medio rural. El consejero, según CCOO, ha explicado que existen dificultades tributarias para cambiar el modelo, pero aún se ha comprometido que lo estudiará.

Dudas sobre el hospital Virgen del Mirón

Durante la reunión, CCOO también ha trasladado sus dudas sobre el futuro del Hospital Virgen del Mirón, ante las que Vázquez se ha comprometido a mantener este centro en servicio.

El sindicato ha planteado asimismo la situación de los contratos temporales encadenados en el Hospital Santa Bárbara y ha advertido de casos que, según su planteamiento, superarían los límites establecidos por la normativa laboral.

Vázquez ha instado al sindicato a trasladar a la Consejería los casos concretos para analizarlos y, en su caso, darles una solución conforme a la legislación vigente.

El sindicato también se ha referido a la problemática de los contratos temporales encadenados. La normativa laboral fija que un trabajador no puede estar contratado de forma temporal durante más de 18 meses en un periodo de 24 meses, ya sea con contratos sucesivos o a través de ETT, algo que se incumple en el Hospital Santa Bárbara. Alejandro Vázquez, según lo trasladado por el sindicato, ha instado a CCOO a que traslade todos los casos concretos que existan para darles una solución conforme a la ley.

El sector de Conservas Vegetales está llamado mañana, 25 de septiembre, a secundar una huelga para conseguir una mejora sustancial en su convenio colectivo ante las “grandes deficiencias” de las que adolece, tal y como han subrayado UGT y CCOO. La industria conservera de La Rioja es un motor fundamental en la economía de La Rioja, con más de 70 fábricas, una facturación de 1.200 millones de euros y más del 40% de la producción destinada a la exportación.

Tras la negativa patronal a negociar mejoras reales, las personas trabajadoras del sector afrontan esta huelga exigiendo un incremento salarial que de un impulso real en los salarios, así como una nueva clasificación profesional que ordene la situación. Otro de los puntos determinantes radica en el complemento económico durante las situaciones de incapacidad temporal. Además, exigen una reducción de jornada, el aumento y creación de pluses, la mejora en los permisos, medidas que garanticen el empleo estable y de calidad y el desarrollo efectivo de medidas sociales y de igualdad.

La jornada de huelga arrancará a primera hora de la mañana con piquetes informativos en los principales puntos productivos del sector en la comunidad y especialmente en Rioja Baja, donde se concentra la mayor parte de la actividad de Conservas Vegetales. 

Posteriormente, UGT FICA y CCOO llaman a las personas trabajadoras a asistir a la convocatoria de concentración que tendrá lugar a las 12 horas en la Plaza de San Isidro de Autol. 

Tal y como han venido informando las organizaciones sindicales, los días de huelga general en el sector serán 25 de septiembre y 7 y 8 de octubre. Los paros son de 24 horas cada día, iniciándose a las 00:00 y finalizando a las 24:00 horas. No obstante en aquellos centros de trabajo en los cuales esté implantado un sistema de trabajo a turnos, el turno de noche iniciará el paro con la hora de arranque de su turno. 

Comisiones Obreras (CCOO) y los trabajadores y trabajadoras del ciclo integral del agua de la provincia de Toledo van a iniciar movilizaciones para exigir un “convenio colectivo digno” que “no elimine derechos ni provoque la pérdida de poder adquisitivo”.

Lo harán el próximo 8 de octubre en la capital castellanomanchega, con una concentración frente a la sede de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha (IACLM). El objetivo de la protesta es exigir que la Junta de Castilla-La Mancha presione a las empresas concesionarias para que se sienten a negociar “de inmediato” el convenio colectivo y se garanticen los derechos laborales “de un servicio público esencial”.

Bajo el lema 'Por un convenio digno y con derechos', la plantilla manifiesta su “rotundo rechazo” al “estancamiento” de la negociación, a la vez que quiere visibilizar el malestar de un sector esencial para la ciudadanía frente a las empresas concesionarias.

Entre las principales reivindicaciones del colectivo destacan la actualización salarial vinculada al IPC para evitar la pérdida de poder adquisitivo, la recuperación del 2% pendiente del convenio anterior, la “regulación justa” de la jornada laboral y la retribución de las guardias, así como el refuerzo de las medidas de seguridad y salud laboral.

No podemos permitir que un sector tan crítico y profesionalizado continúe sufriendo una pérdida constante de derechos

El sindicato destaca que la labor desarrollada en el ciclo integral del agua (que abarca desde la captación, potabilización y distribución, hasta el saneamiento y la depuración), es fundamental para el día a día de los municipios y de la ciudadanía. Por ello, considera “inaceptable precarizar el servicio a costa de empeorar las condiciones laborales”.

“No podemos permitir que un sector tan crítico y profesionalizado continúe sufriendo una pérdida constante de derechos. Los trabajadores y trabajadoras han demostrado sobradamente su compromiso y profesionalidad y es hora de que las empresas del sector reconozcan su valor con un convenio justo y proporcionado”, subraya Enrique Clavero, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO Toledo.

CCOO advierte por último de que si no se producen avances y las empresas no se sientan a la mesa de negociación en los próximos días, no se descartan intensificar las medidas de protesta. Entre las acciones contempladas figura la convocatoria de un calendario ampliado de concentraciones ante los principales ayuntamientos de la provincia (Toledo, Talavera de la Reina, Illescas, Mora y Ocaña), así como ante la Consejería de Desarrollo Sostenible.