Un albañil de 53 años ha resultado herido este lunes tras sufrir una caída en altura en La Pesquera (Cuenca), por lo que ha tenido que ser hospitalizado.

Así lo han señalado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha. El aviso se ha recibido a las 11.33 horas en la calle del Arrabal del municipio. Una UVI lo ha trasladado al Hospital Universitario de Albacete y hasta el lugar se ha trasladado un médico de Urgencias.

Tres muertes en los últimos días

Este suceso llega después de una semana en la que ha habido que lamentar tres muertes en accidente laboral en Castilla-La Mancha, la última de ellas ocurrida este sábado, cuando un trabajador de 22 años murió electrocutado en una urbanización de El Casar de Escalona.

La concurrencia de estos accidentes ha llevado a los dos sindicatos mayoritarios en la región a pronunciarse este lunes. CCOO estudia personarse en los accidentes mortales con indicios de incumplimiento de las medidas de seguridad, mientras que UGT insiste en la necesidad de poner en marcha “cuanto antes” la figura del delegado territorial de prevención de riesgos laborales, ante una situación que considera “preocupante” en Castilla-La Mancha.

Huelga indefinida en la recogida de bioresiduos en La Rioja a partir del 17 de julio. Así se acordó en la asamblea del pasado 3 de julio ante la falta de interés de la empresa, “Valoriza Servicios Medioambientales, a negociar un convenio colectivo con unos incrementos salariales y condiciones laborales dignas”, informan desde CCOO La Rioja.

De hecho, mañana martes 7 de julio, se realizará el correspondiente registro de la convocatoria de huelga ante la Dirección General de Empleo, Diálogo Social y Relaciones Laborales del Gobierno de La Rioja y en la Delegación del Gobierno en La Rioja. Y es que, tal y como relatan desde la formación sindical, “a día de hoy, los trabajadores no tienen registrado ningún convenio en la oficina de registro de convenios y la empresa ha comunicado al representante y a CCOO La Rioja la existencia de un convenio que se firmó con el anterior delegado, pero que no se registró”. Y tras revisar este convenio, desde el sindicato denuncian que “los salarios están por debajo del SMI y los incrementos previstos son totalmente insuficientes en relación con el nivel de vida actual”.

CCOO La Rioja ha planteado a la empresa una revisión de los salarios para este año 2026 “y llegar así al Salario Mínimo Interprofesional, además de un incremento para los dos próximos años (2027 y 2028) de un uno por ciento más de lo ofrecido por la empresa y 350 euros por cada año más de lo que propone la empresa en la paga”.

Estas son las reivindicaciones planteadas por la formación sindical que exige “a la empresa un acuerdo para la firma del convenio con unos incrementos acordes a la situación actual existente”.

El sindicato CCOO estudiará su personación en los procedimientos judiciales derivados de accidentes de trabajo mortales cuando existan indicios de incumplimiento de las medidas de prevención y seguridad por parte de las empresas.

A juicio del secretario regional de CCOO, Javier Ortega, “detrás de demasiadas muertes en el trabajo no hay fatalidad, sino fallos evitables en la organización preventiva, en las medidas de protección o en el cumplimiento de la normativa de seguridad”.

Por ello, CCOO anuncia que ofrecerá asistencia jurídica para estudiar la personación del sindicato en aquellos procedimientos judiciales relacionados con accidentes laborales mortales por causas materiales en los que existan indicios de incumplimientos preventivos.

El objetivo, explica Ortega, es “contribuir al esclarecimiento de los hechos, exigir responsabilidades cuando proceda y defender el interés colectivo de que ninguna muerte en el trabajo quede sin investigar hasta sus últimas consecuencias”.

UGT insiste en la figura del delegado territorial de prevención

Mientras, el sindicato UGT insiste en la necesidad de poner en marcha “cuanto antes” la figura del delegado territorial de prevención de riesgos laborales, ante una situación que considera “preocupante”.

Recuerda que esta es una reivindicación del sindicato y “una herramienta fundamental” para mejorar la seguridad en las pequeñas y medianas empresas, donde en muchas ocasiones no existe representación legal de las personas trabajadoras y, por tanto, tampoco delegados de prevención.

Esta figura, sostiene UGT, permitiría asesorar, impulsar la cultura preventiva, detectar deficiencias y promover el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud laboral, contribuyendo de forma decisiva a reducir la siniestralidad.

Tras expresar “su más profundo pesar” por las tres muertes en accidente laboral ocurridas en los últimos días, reclama que se investiguen “con el máximo rigor” las circunstancias de estos nuevos accidentes para esclarecer sus causas y depurar, si las hubiera, las responsabilidades correspondientes.

“La prevención no puede convertirse en un mero trámite administrativo ni quedar relegada por las prisas, la falta de inversión o la insuficiente organización del trabajo”, asegura la secretaria de Organización y Política Sindical de UGT Castilla-La Mancha, Silvia López, quien también reclamaba reforzar los recursos de la Inspección de Trabajo, incrementar las campañas de vigilancia y control, garantizar una formación preventiva de calidad y promover una mayor implicación de las empresas en la protección de la salud y la vida de las personas trabajadoras.

“No podemos normalizar esta tragedia. La seguridad y la salud en el trabajo son un derecho, no una opción. Es el momento de impulsar medidas eficaces y valientes que permitan llegar allí donde hoy la prevención sigue siendo insuficiente, especialmente en las empresas de menor tamaño, donde se concentra una parte importante del tejido productivo de Castilla-La Mancha”.

Más de la mitad de los migrantes que han pedido la regularización en Castilla y León son de Colombia (31,9%), Venezuela (19,1%) y Perú (12,4%), según los datos que ha facilitado este viernes Comisiones Obreras y que han atribuido a la Delegación del Gobierno. Estas personas han entrado de manera “legal, segura y ordenada”. “Eso que nos vende el discurso del odio de que vienen en pateras no es cierto, aunque llene muchos titulares en los medios”, ha explicado el secretario de Empleo, Protección Social y Migraciones de CCOO-CyL, Javier Moreno, quien ha defendido que esta regularización les permita “tener un contrato y condiciones laborales y sociales dignas”.

El número de solicitudes para el proceso ha superado las previsiones del sindicato de 25 o 30.000 requerimientos -la Junta niega que tuvieran cualquier tipo de estimación- al haberse alcanzado las 39.981 peticiones, que puede servir de referencia. “No significa que todas se vayan a aceptar, pero sí permite ver la importancia de esas personas invisibles en nuestra sociedad. El obejtivo es sacar a flote la economía sumergida”, ha reivindicado Javier Moreno en una rueda de prensa este viernes, que ha puesto el foco en que algunas empresas tienen problemas para encontrar trabajadores, en parte por el saldo demográfico actual. “Ya hay personas inscritas como demandantes de empleo dispuestas a trabajar. Veremos que se cubren esas vacantes”, ha augurado el representante de CCOO.

Castilla y León ha registrado el 3,4% de las peticiones y esta cifra supone también una cifra inferior por población a la media española. Javier Moreno ha destacado cómo los datos del paro de junio permiten extraer “alguna conclusión”: en los cuatro grandes sectores ha bajado el desempleo, pero también ha aumentado “de manera considerable” el número de aquellas personas que se han inscrito por primera vez como demandantes de empleo. “Hay personas a las que se les ha admitió a trámite el expediente y ya se han inscrito como demandantes de empleo”, ha explicado.

El representante sindical también ha hecho un llamamiento a las Administraciones Públicas para que refuercen los servicios administrativos y sociales que pueden verse afectados por la regularización para evitar que estos “colapsen” por la falta de efectivos. Moreno ha ejemplificado la situación laboral de los trabajadores de Extranjería, cuyas plantillas deben ser fortalecidas y premiadas con un complemento.

CCOO ha tramitado mil expedientes

CCOO, que es una de las entidades colaboradoras en el proceso, ha tramitado mil expedientes en Castilla y León (7.500 en todo el país) y ha informado a unas 4.000 personas a través de consultas, talleres y asambleas, en las que han colaborado de manera altruista 37 sindicalistas, con especial atención al medio rural.

La obligación del gobierno es en 15 días contestar a las tramitaciones para saber si el proceso se ha admitido a trámite o no, y luego el Gobierno tiene tres meses para resolver favorable o negativamente. Sin embargo, una vez el proceso es tramitado, los migrantes pueden inscribirse como demandantes de empleo.

La coordinadora de los centros de información a trabajadores migrantes (Cites), Cristina de la Torre, ha recordado que el permiso de trabajo que permite la regularización extraordinaria es de un año y que luego aquellos que cumplan determinados requisitos (como haber cotizado un número determinado de meses u otros requisitos) podrán solicitar un nuevo permiso de cuatro años o renovar otro permiso más breve.

Hace unos meses, Comisiones Obreras ha presentado una queja ante el Procurador del Común para advertir de posibles problemas que pueden darse más adelante ante la ausencia de criterios comunes para elaborar el informe de esfuerzo de integración que deberán rellenar los Servicios Sociales en el próximo año. “Va a generar muchos problemas por las competencias entre el Estado, las autonomías y entidades locales”, ha advertido Cristina de la Torre. La técnica del sindicato ha explicado que, hasta ahora, uno de los factores era la asistencia a un curso de 40 horas sobre los valores democráticos y la historia del país y de Castilla y León, pero el Gobierno ya ha advertido que eso resultará insuficiente, por lo que se está a la espera de lo que decida el gobierno autonómico.

El elevado volumen de solicitudes registradas en Castilla-La Mancha para acogerse al proceso extraordinario de regularización de personas migrantes -se ha cerrado con un total de 52.041 peticiones- ha llevado a concluir a CCOO que la región necesita “algo más que un proceso extraordinario y coyuntural”.

Su secretario de Empleo, Formación y Migraciones en Castilla-La Mancha, Juan Carlos del Puerto, ha propuesto este jueves conformar, junto a la Delegación del Gobierno, la Junta, los agentes sociales y las entidades especializadas, “un pacto por los derechos de las personas migrantes que aborde el refuerzo de medios humanos y técnicos en materia de extranjería y empleo; planes específicos de inserción laboral y homologación de cualificaciones profesionales; el acceso a la vivienda, sanidad y educación en condiciones de igualdad; y mecanismos de detección y actuación frente a la economía sumergida y la explotación laboral”.

Desde el punto de vista del sindicato, que en Castilla-La Mancha ha tramitado más de 800 expedientes y ha atendido más de 3.000 consultas de personas trabajadoras migrantes de toda la región dentro del proceso extraordinario de regularización, el paso duro viene a partir de la admisión a trámite.

“Aun teniendo una regularización aceptada o una posibilidad de trabajo, se están viendo situaciones en las que el empleador para el que actualmente trabajan no les quiere dar de alta. El problema inicial se convierte en problema laboral y por eso el sindicato se implicó desde el principio, porque sabíamos que la irregularidad no es más que otro aspecto de una situación laboral no deseada”, afirma Del Puerto.

La Inspección de Trabajo de Toledo ha emitido un informe reconociendo los riesgos que supone para la salud de los agentes medioambientales dedicados a la prevención y extinción de incendios las jornadas “extremas de trabajo y las deficiencias en la organización del mismo”, a raíz de una denuncia de CCOO.

“La Inspección de Trabajo ha constatado, y así lo hace constar, incumplimientos en horas de extinción y descansos entre jornadas, así como deficiencias en la gestión y control del tiempo de trabajo, lo que afecta a la conciliación de la vida personal y laboral por la incertidumbre de la duración de la prestación laboral o desplazamientos, especialmente cuando se activa un caso de gran incendio forestal”, argumento el sindicato.

Advierte igualmente sobre riesgos provocados por “la inseguridad y el miedo” en el trabajo a desarrollar, y de la responsabilidad que conlleva la toma de decisiones cuando asumen la dirección técnica de la extinción del incendio y de la “fatiga física acumulada”.

“Todos estos incumplimientos y deficiencias en la organización del trabajo por parte del Gobierno Regional suponen poner en grave riesgo a los trabajadores y trabajadoras en los incendios forestales, además de que comprometen la propia eficacia del dispositivo Infocam, y en consecuencia la seguridad de la población afectada”.

Jornadas de hasta 23 horas

Dicho esto, CCOO ha recordado que en 2018 la Administración regional fijó un máximo de 12 horas continuadas de presencia en extinción, incluyendo desplazamiento y un descanso mínimo entre jornadas que debía respetarse como regla general.

“Sin embargo, los nuevos procedimientos publicados por la Consejería de Desarrollo Sostenible en los años 2025 y 2026 regulan jornadas de trabajo de hasta 23 horas continuadas sin descanso. Pero lo más grave, es que el sindicato ha recibido comunicaciones formales por parte de trabajadores y trabajadoras que alertan de casos concretos de más de 30 horas de trabajo sin descanso, y registros oficiales Fidias con jornadas de entre 18 y 22 horas, tras las cuales el agente medioambiental debe conducir su vehículo hasta la base o su domicilio”.

Según el sindicato, estas condiciones han causado accidentes 'in itinere' por falta de descanso y la necesidad de apartarse al arcén para descansar “por el riesgo percibido de accidente”.

“A todo ello se suma un problema que el personal viene trasladando desde hace tiempo, como es que durante las guardias de incendios no siempre se releva al agente de otras funciones ordinarias, lo que multiplica la carga mental, introduce conflictos de prioridades de emergencias y dificulta una dedicación verdaderamente centrada en los incendios forestales en la época de riesgo alto y extremo que nos encontramos”.

Dos cartas a Page, sin respuesta

Dicho esto, ha criticado que pese a sus intentos de llegar a acuerdos con la Administración, habiendo remitido incluso dos cartas dirigidas al presidente Emiliano García Page, hasta la fecha no ha habido respuesta. Por ello, hace hincapié en que los agentes medioambientales no están pidiendo privilegios, sino trabajar “con seguridad, con descansos suficientes, con medios adecuados y con una organización coherente y acorde a la responsabilidad que asumen en cada incendio forestal”.

Frente a esta situación, considera “inaceptable” que la respuesta de la Administración sigue siendo “publicar procedimientos con más exigencias y mantener inercias organizativas obsoletas y peligrosas, mientras los problemas de fondo continúan sobre el terreno”.

“Pedimos directamente al presidente, Emiliano García-Page, que interceda para que tanto la Consejería de Desarrollo Sostenible como la Consejería de Administraciones Públicas y Hacienda se pongan de acuerdo para la revisión inmediata del sistema de guardias, descansos y compensaciones recibidas en todas las funciones de emergencias”.

CCOO concluye que no va a tolerar que, tras las advertencias efectuadas a la Administración y la constatación inspectora de incumplimientos laborales, y que no se actúe y se siga “poniendo en riesgo” a los trabajadores. Advierte de que si esta situación da pie a un accidente laboral, actuará judicialmente contra los responsables por todas las vías legales, incluida la penal.

Más de 300 personas se han manifestado en Toledo en una marcha que ha recorrido el trayecto entre la sede de la patronal de Castilla-La Mancha, CECAM, y la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en defensa de “un convenio colectivo digno que recoja condiciones salariales decentes” y para exigir en Castilla-La Mancha que se abra una única mesa de negociación de un convenio de ámbito regional que favorezca las condiciones de trabajo y permita combatir la precariedad laboral.

En la región existen cinco convenios colectivos provinciales de limpieza de edificios y locales, cuya vigencia finaliza este año, y que afectan a más de 18.000 personas trabajadoras. De ellas más del 80% son mujeres y 3 de cada 4 con contratos a tiempoparcial.

“Basta ya de precariedad laboral”

“Convenio justo, salario digno”, “No somos invisibles, somos imprescindibles”, “Patronal escucha, la limpieza está en la lucha”, “Basta ya de precariedad laboral” o “Una sola mesa de negociación” son algunos de los eslóganes que han coreado los trabajadores y trabajadoras durante la movilización.

El responsable de Acción Sindical y Negociación Colectiva de CCOO del Hábitat, Juan Carlos García, ha explicado que el objetivo es “trasladar a la patronal nuestro desacuerdo con las condiciones de trabajo que se están planteando” y, a la Consejería, “que se comprometa con el sector para que podamos abrir una mesa de convenio regional para intentar que las condiciones de las trabajadoras de la limpieza de edificios y locales de la región sean homogéneas”.

La secretaria general de la Federación de CCOO del Hábitat, Maribel Cabañero, ha señalado que la Junta de Castilla-La Mancha es el mayor cliente de las empresas de limpieza si bien ha lamentado que “cada vez destina menos dotación, lo que nos hace pensar que la administración está en modo ahorro en algo que no es un gasto sino una inversión como puede ser la sanidad, la educación o los servicios sociales”.

Cabañero ha indicado que los empresarios están bloqueando las mesas de negociación con el tema del absentismo. “Lo que pretenden es empeorar la situación de las prestaciones cuando alguien cae enfermo. Pero no olvidemos una cosa: la gente trabajadora no se firma el parte de baja, lo firma un facultativo o facultativa”.

En cuanto a las principales reivindicaciones, el colectivo pide mejoras salariales acordes al coste de la vida, el mantenimiento de los derechos laborales y el reconocimiento profesional de un servicio esencial para el funcionamiento de centros sanitarios, educativos, administrativos e industriales.

Los responsables sindicales han explicado que estas trabajadoras están muy afectadas por la parcialidad y han denunciado la discriminación que sufren con respecto a los trabajadores del sector, teniendo ellas categorías profesionales de limpiadora y ellos de especialistas.

De cara a la negociación colectiva del año que viene en la región CCOO del Hábitat pretende que haya una única mesa para las cinco provincias donde se negocien las mismas condiciones de trabajo y que la administración se implique“ han señalado.

En este sentido, se ha registrado un escrito en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo solicitando su apoyo a este sector y que realice las gestiones convenientes con las distintas patronales para la apertura de una mesa de negociación de ámbito regional.

Los dos sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, han anunciado este martes una importante iniciativa para fortalecer la lucha por un aumento de los salarios y mejoras en los convenios colectivos. Las centrales lanzarán este año un “fondo de solidaridad” con cuatro millones de euros –en realidad dos fondos paralelos de dos millones cada uno – que compense los salarios de sus afiliados durante los procesos de huelga.

Los líderes de ambos sindicatos, Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT), han presentado la iniciativa “experimental” en una rueda de prensa. El fondo se pondrá en marcha de momento por dos años, en 2026 y 2027, con cuatro millones al año, que saldrán de las cuotas que pagan el conjunto de afiliados y afiliadas a ambas organizaciones.

Los “fondos de solidaridad” garantizarán “al menos el salario mínimo” interprofesional (SMI) a los trabajadores y trabajadoras en huelga afiliados a sus sindicatos en aquellos conflictos por el aumento de salarios o por la mejora de convenios colectivos que logren la aprobación de las comisiones internas de sus organizaciones.

Aunque se tratará de dos fondos paralelos, estos funcionarán con cierta “coordinación”, han explicado Sordo y Álvarez, que han situado la iniciativa como una muestra de “unidad sindical” y no una herramienta para competir entre ambas organizaciones de trabajadores.

Pepe Álvarez ha explicado que este tipo de iniciativas abunda en otros países europeos, como Alemania, Bélgica y Francia, donde la afiliación a los sindicatos marca una mayor protección de los trabajadores. En cualquier caso, el líder de UGT ha recordado que los sindicatos sufragan con las cuotas de sus afiliados decisiones y medidas que repercuten en el conjunto de empleados en España, como las mejoras de convenios y la negociación de planes de igualdad en muchas compañías.

Fortalecer a los trabajadores para dar la batalla salarial

Los dirigentes sindicales han subrayado que el objetivo es “reforzar la posición de la clase trabajadora en los convenios colectivos” y en las pugnas para subir los salarios. “Es una medida ambiciosa. No busca la huelga por la huelga, pero sí dar poder de negociación a los sindicalistas que se las ven canutas para sacar adelante convenios colectivos”, ha afirmado Unai Sordo.

Álvarez y Sordo han recordado que siguen insistiendo a la patronal para que negocie un gran acuerdo de negociación colectiva (AENC), con un marco acordado para las subidas salariales de los próximos años. Esta negociación está bloqueada de momento por el lado empresarial, ante lo que CCOO y UGT han advertido de que no se van a quedar “con los brazos cruzados”, impulsando movilizaciones y huelgas allí donde sea necesario.

Ultimátum al Gobierno con el registro horario: 31 de julio

Además, los líderes de CCOO y UGT han dado un ultimátum al Gobierno para que apruebe el registro horario pactado con los sindicatos “antes del 31 de julio”. “Ya vale de estar mareando la pelotita, ya vale de juego de trileros”, ha afirmado Unai Sordo, que ha afirmado que de lo contrario los sindicatos no participarán en más acuerdos con el Ejecutivo.

En la misma línea, Pepe Álvarez ha insistido al Gobierno en que cumpla sus compromisos, con la aprobación del refuerzo del registro horario antes de que termine julio, pero también con la reforma de la compensación de pluses para que no absorban los aumentos del salario mínimo.

La plantilla de Teknia Santander ha aprobado por unanimidad (78 votos favorables) el principio de acuerdo del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) alcanzado el pasado viernes 26 de junio en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA).

El acuerdo, que el comité de empresa (UGT-FICA y CCOO) y Teknia firmarán este martes en la propia fábrica en Ampuero, fue en una votación que se prolongó hasta última hora del lunes con la correspondiente al turno de noche.

El acuerdo reduce nueve despidos de los inicialmente planteados (de 28 a 19); acepta voluntariedad en las salidas, y estipula una indemnización de 29 días por año trabajado con un tope de 19 mensualidades.

Además, recoge la oferta de una empresa de recolocación; una bolsa de trabajo hasta el 31 de octubre de 2027; mejora el convenio regulador hasta los 63 años, y también compensa económicamente la afectación del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) aplicado en el año 2021, al incluirlo en las condiciones de la indemnización, ha informado en un comunicado el presidente del comité de empresa de Teknia Santander, Iñaki Martín (UGT-FICA).

El acuerdo del ERE aprobado por la plantilla de Teknia en Santander surge de una negociación que se inició el pasado 1 de junio y que se cerró el pasado viernes 26 de junio, en víspera de una huelga de dos días (29 y 30 de junio) convocada por el comité de empresa.

Este lunes 29 de junio, en un acto con la pompa y el boato que nos tiene acostumbrada la consejera de educación, Begoña Pedrosa, ha tenido lugar la última reunión de este curso de lo que se ha venido llamando “pacto anti-segregación escolar” oficial y pomposamente “Eskola Bikaina Denontzat”. Café para todos en un marco incomparable. 

Allá por octubre, el departamento, con gran eco mediático, y a imagen y semejanza del relativamente fallido “pacto por la salud”, hizo un llamamiento a organizaciones varias relacionadas directa o tangencialmente con el mundo educativo, a una mesa que quiso ser “plural” que abordara el grave problema que cuenta nuestro sistema educativo, el vasco, el de aquí. Un problema, el de la segregación escolar por motivos socioeconómicos, que no tiene reflejo en ninguna otra comunidad de Europa, por lo abultado y grave de sus índices, y que tiene como principal motivo, bajo nuestro punto de vista, y bajo la pura lógica, el reparto del alumnado de la reglada no universitaria al 50/50 entre la escuela pública (tenemos obligación de aclarar que es pública de titularidad pública) y la privada concertada, también sin reflejo en ninguna otra comunidad de Europa. 

Desde el comienzo las personas de CCOO Irakaskuntza ya expresamos que no compartíamos el planteamiento de la mesa por muchas razones. Por los escenarios elegidos, como por ejemplo ¡Lauaxeta Ikastola!, paradigma de centro de élite segregado. Por la elección de los participantes, como el director de un concertado de Santurtzi, que orgulloso, nos contaba cómo era “norma” del centro que el personal educativo saliera a diario a recibir al alumnado con una sonrisa; “esto es como una familia”, decía, mientras los sindicatos sabemos que el suyo es uno de los centros que incumplen, entre otras cosas, la reducción de una hora lectiva firmada por su patronal, Kristau Eskola, en el acuerdo de fin de huelga de 2024. 

Por la metodología impuesta, que ha ido atomizando las tareas y la propia mesa, en una suerte de equipos de trabajo reducidos, donde las voces discordantes (básicamente la nuestra) han quedado diluidas hasta niveles de homeopatía. Por el objetivo último de esta escenificación, que ha ido transitando de aliviar el “índice de disimilitud” de los centros más segregados, a justificar el reparto de recursos (financiación, personal, apoyos, subvenciones) y el desvío de alumnado vulnerable de la escuela pública a la privada, en nombre de la “equidad” y el “reparto de responsabilidades”, pero que encierra una clara intención de no dejar las aulas de ciertos centros privados vacías de alumnado por el bajo índice de natalidad. 

No compartíamos el planteamiento de la mesa porque no compartimos, de entrada, la lectura del departamento del diagnóstico del estudio del ISEI-IVEI del año 2023, que en su “resumen cualitativo” que ha servido de partida para “Eskola Bikaina Denontzat” afirmaba, entre otras lindezas, que “en los últimos cursos se han producido avances relevantes que marcan un cambio de rumbo en la política educativa vasca frente a la segregación escolar”. Y por supuesto porque veíamos, y con razón, que el “conjunto articulado de instrumentos de planificación, admisión, respuesta educativa y apoyo educativo y gobernanza” que se buscaba desarrollar, estaban básicamente encaminados a disfrazar de equidad un sistema educativo que, por su naturaleza dual, es segregador y no puede no serlo.

El tiempo ha traído una clara desbandada de sindicatos y de organizaciones como EHIGE, que comprendemos perfectamente, visto el cariz que ha ido tomando esta mesa “plural”, pero que ha provocado que la Escuela Pública Vasca haya ido perdiendo defensores en este foro (si es que podemos entender así a alguna organización que ha dejado de participar), perdiendo también, paulatinamente, su presencia, habiendo sido CCOO Irakaskuntza la única pero firme voz discordante, entre tanto compadreo y autocomplacencia, como así debieran reflejar las actas, si es que llega a haberlas. Porque esta ha sido otra de las características de esta mesa: la única transparencia que parecía autorizarse ha sido la de las recurrentes declaraciones de la consejera, que no ha dudado en reprender a CCOO Irakaskuntza por “no decir nada positivo”.

Pero poco positivo se puede decir de la escenificación de un pacto contra la segregación que dejó de serlo para convertirse en un “grupos de trabajo”; de una mesa de organizaciones educativas “plural”, que paulatinamente se ha ido convirtiendo en un foro de patronales de la educación concertada hablando de su financiación. Patronales que han aprovechado la ocasión brindada por el departamento, para hablar de cómo mantener el imposible equilibrio de reclamar igual financiación e iguales recursos que la “más cara escuela pública”, pero sin tocar la independencia de los “proyectos” que garantizan una “calidad educativa” que no quieren perder, porque disponer de la misma financiación no debería implicar “ser igualados a la baja”, identificando “a la baja” con “la educación pública”.

Porque, en el fondo, reunión a reunión, conversación a conversación, Eskola Bikaina Denontzat se ha ido convirtiendo en una suerte de lugar de encuentro de personas ajenas a la escuela pública, que no entienden los servicios públicos como esenciales para el desarrollo social, y mucho menos la escuela pública. Personas, muy majas y agradables, todas, todo hay que decirlo, pero que solo conciben una educación de calidad en base a la libertad total de elección de proyecto educativo y de centro, y que la aportación de dinero privado, las cuotas, que declaran imprescindibles, y que sostienen, sí o sí, una educación diferenciada, son perfectamente compatibles con una financiación pública que evite tener que pagar lo más caro, el salario del personal, y seguir así pudiendo pagar el transporte fuera de los pueblos y barrios, los comedores con menús de cercanía, la infinita oferta de extraescolares, los intercambios en el extranjero, o en el “intrajero”, que en precio lo mismo da, las caras actividades complementarias “imprescindibles”, los iPad y los uniformes: es decir, seguir pagando lo que diferencia. Eskola Bikaina Denontzat, si se ha caracterizado por algo ha sido por la ideología liberal que rezumaban sus debates, liderados, por quien más debiera preocuparse del bienestar de la Escuela Pública Vasca: su titular. Pedir al PNV, a consejeros y consejeras como Uriarte, Bildarratz o Pedrosa, que defiendan la Escuela Pública Vasca, que la lleven a su máximo posible, que la financien suficientemente, que garanticen una plaza pública en una escuela pública de titularidad pública, para todo aquel y toda aquella que lo desee, es pedir peras al olmo, lo sabemos. 

Por no por eso nos vamos a callar, y ya lo hemos dicho: en CCOO Irakaskuntza creemos firmemente que sólo una apuesta clara y decidida por una escuela pública vasca fuerte, bien dotada y que garantice una escolaridad universal es, no sólo el único camino posible para atacar de raíz el problema de la segregación escolar, sino que es también el único para garantizar una buena calidad educativa y la pervivencia y la transmisión de la lengua y la cultura vasca, que, de insistir por este camino, corre el riesgo de convertirse también en herramienta de segregación escolar y social. La mera coexistencia de las dos redes educativas en un escenario de paridad sostiene y garantiza una diferencia de disponibilidad de recursos que impide la lucha contra la segregación, y la educación diferenciada, base de la propia existencia de los centros privados sostenidos con fondos públicos; y eso no hay Eskola Bikaina Denontzat que lo cambie.

Comisiones Obreras ha denunciado el desprendimiento de parte del techo de las dependencias de la Unidad de Trabajo Social (UTS) del Ayuntamiento de Santander ubicada en Cazoña tras ceder fragmentos de bovedillas de hormigón del forjado y traspasar el falso techo de escayola para terminar sobre los puestos de trabajo.

Un suceso que ha tenido lugar el pasado miércoles 24 y ante el que “solo la suerte ha decidido que no haya que lamentar daños personales”, ha advertido en un comunicado el delegado de CCOO en el Ayuntamiento de Santander, Raúl Rivera, que ha explicado que “el escombro cayó sobre una de las mesas de trabajo de una empleada municipal que, afortunadamente, en ese momento se encontraba en el archivo”.

Representantes del sindicato en el Consistorio se han reunido con funcionarias del servicio para analizar el episodio, “que es muy grave porque afecta a la seguridad de la propia plantilla”, y han denunciado “la situación de abandono, desidia generalizada e improvisación en la conservación y mantenimiento de numerosos centros de trabajo y oficinas municipales”.

Rivera ha afirmado que, “desde hace años”, estas instalaciones “no reúnen las condiciones mínimas dignas” para atender a los usuarios del barrio de Cazoña.

Situadas en el bajo de un edificio en obras, “cuentan con la presencia de cascotes sin las protecciones adecuadas, una bajante de aguas rota que vierte directamente o suciedad permanente en el entorno que obliga a la plantilla a limpiar lo que encuentra en la puerta de acceso, además de sufrir defectos en techos o ventanas y problemas graves de humedad, sin calefacción y con mobiliario roto, dándose incluso la presencia de ratas en el interior en alguna ocasión”, ha detallado el representantes de CCOO.

De hecho, los sindicatos vienen denunciando “su deplorable estado y la insostenibilidad de continuar trabajando allí”, cuando, además, existe una nueva dependencia a la que trasladar este servicio, disponible desde hace cinco años y próxima al lugar, pero “que no termina de hacerse efectiva a pesar de las reiteradas denuncias”, por lo que han vuelto a exigir de el traslado se lleve a cabo “ya”.

Trato digno para plantilla y ciudadanía

De este modo, la representación sindical de CCOO ha exigido al Ayuntamiento de Santander “que se tome en serio la seguridad de la plantilla municipal”, que revise y haga mantenimiento adecuado de las oficinas y centros de trabajo, convoque el comité de seguridad y salud mensualmente, como establece el reglamento -en 2025 solo se celebraron dos reuniones- para estudiar y dar solución a estos problemas, y “trate con dignidad a plantilla y ciudadanía”.

En este sentido, el sindicato ha advertido que “cuando una administración recorta recursos, no actualiza los sistemas de gestión o mantiene durante años infraestructuras y herramientas obsoletas, está trasladando la presión del sistema a los trabajadores y trabajadoras que sostienen los servicios públicos que, en cambio, necesitan inversión, planificación y medios suficientes porque no se puede dejar la seguridad a merced de la improvisación”.

Esta situación, la de trabajar “en lugares que no reúnen las condiciones mínimas de seguridad e higiene en el trabajo”, se suma “al pisoteo constante de sus derechos que sufren los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento por parte de los responsables de Recursos Humanos que, por ejemplo, deniegan injustamente permisos retribuidos, negando incluso el cobro del salario íntegro al que se tiene derecho, y abocan a la plantilla a una indefensión tan absoluta que, muchas veces, no les queda otra salida que recurrir a los tribunales”, ha concluido Rivera.

El sindicato CCOO ha denunciado este viernes en un comunicado que se repite, un verano más, la falta de medidas eficaces frente al calor en centros sanitarios de Valladolid, con temperaturas de más de 30 grados en algunos de ellos, por encima de la normativa vigente.

La situación afecta, según denuncia CCOO, a algunos centros como el de especialidades Pilarica, el centro de salud de Canterac, el edificio Rondilla y el centro de salud de Parquesol.

También a las unidades de hospitalización UCI pediátrica neonatal y neonatología del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

El sindicato ha alertado de que esas condiciones “suponen un riesgo evidente para la salud de las plantillas y de las personas usuarias, especialmente en un contexto de episodios de calor cada vez más frecuentes e intensos”.

Ha recordado que la exposición prolongada a altas temperaturas puede provocar golpes de calor, agotamiento térmico, deshidratación y otros problemas derivados del estrés térmico.

En cuanto a las soluciones adoptadas hasta ahora, basadas principalmente en la instalación puntual de ventiladores o equipos portátiles de refrigeración, “son claramente insuficientes”, según CCOO, para quien “no se puede normalizar que profesionales que prestan un servicio esencial tengan que desarrollar su trabajo en condiciones que vulneran la normativa de prevención de riesgos laborales”.

Por ello, CCOO ha registrado las comunicaciones de riesgo a los servicios de prevención de riesgos laborales correspondientes para exigir que se adopten medidas correctoras de manera inmediata, y ha urgido a la Consejería de Sanidad actuaciones eficaces, estables y definitivas, en lugar de parches temporales e ineficaces.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha reclamado a las patronales que, si quieren negociar medidas para abordar el fenómeno de unas bajas laborales por enfermedad cada vez más largas y costosas, primero tendrán que abandonar el discurso de los “trabajadores de cristal” y del abuso de las incapacidades temporales.

“Si se quiere plantear la idea de que hay un abuso sistemático de las bajas porque los trabajadores son de cristal, con las bajas psicosociales, y que los médicos dan bajas al tuntún, nosotros no vamos a dar la partida”, ha dicho el líder sindical durante su intervención en el Seminario de verano organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander.

Si bien Sordo ha reconocido que el presidente de la gran patronal, Antonio Garamendi, no abunda en esta idea, “otros representantes patronales sí”. El secretario general de CCOO se refería a las desafortunadas declaraciones del presidente de CEOE en Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, que llamó “memos” a los jóvenes que solicitaban una baja por salud mental durante una jornada sobre “absentismo” –como denominan los empresarios este fenómeno– organizada por CEOE. Posteriormente se disculpó.

El líder sindical ha reconocido que este asunto es de gran complejidad y que, por ello, ya en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva firmado en 2017 plantearon, junto a UGT y las patronales, la puesta en marcha de un Observatorio que evaluara el “problema” de la eclosión de las bajas laborales por enfermedad. Para Sordo, este asunto tiene más que ver con una infrafinanciación de servicios públicos como la atención primaria, lo que dilata el adecuado diagnóstico de los procesos de incapacidad; además del progresivo envejecimiento de la mano de obra en el país, que hace más propensos a los trabajadores a tener que solicitar una baja por enfermedad.

Sordo ha criticado que la respuesta de la patronal para tratar de resolver este asunto sea “apretar las tuercas” a los trabajadores con la eliminación de los complementos por incapacidad temporal incluidos en los convenios colectivos, por los que las empresas complementan hasta el 100% la paga de sus empleados de baja, que corre a cuenta de la Seguridad Social.

Un factor que sería contraprudecente, a ojos del sindicalista, en tanto que gran parte de los permisos psicosociales –donde se incluyen las bajas por salud mental– por contingencias comunes “tienen una relación con el trabajo o con la relación del trabajo con el tiempo de vida de la gente”, bien sea por situaciones de estrés o ante dificultades de conciliación con el cuidado de hijos o personas mayores.

“Es una casuística súper amplia que estamos dispuestos a ver, pero siempre que se aquilate bien qué es lo que está pasando”, ha dicho el líder de CCOO, que ha advertido que no permitirán pérdidas de derechos o “lecturas simplistas” de lo que está pasando.

“La banca no puede seguir prescindiendo de plantillas”

Preguntado sobre los procesos de prejubilaciones y salidas voluntarias que se están produciendo en el sector financiero, Sordo ha vinculado esta pérdida de mano de obra con una mayor presión sobre la plantilla que se queda. Trabajadores que son llevados al límite y que acaban necesitando de estos permisos por salud mental.

“El sistema financiero no puede seguir prescindiendo de plantillas”, ha insistido, señalando que eso aboca a grandes sectores de la sociedad y del territorio a la exclusión. Y trabajadores que “han mutado en una especie de comerciales permanentes”, con objetivos cada vez más difíciles de cumplir.

El líder sindical ha participado en el tradicional curso de verano de la APIE, que este año versa sobre la energía, la Inteligencia Artificial y la situación del mercado de la vivienda. Para hablar de estos asuntos ha tirado de una metáfora: la película El bueno, el feo y el malo.

En la parte positiva, la transición ecológica y la electrificación del productivo, ha dicho Sordo, podrían acercar a España a la ansiada meta del pleno empleo y coloca al país ante una “oportunidad histórica” de competir por los bajos precios de la energía, en lugar de por los bajos salarios. Dar marcha atrás a estas políticas verdes por parte de quienes abanderan el “negacionismo climático” sería “la decisión estratégica más estúpida y errónea” de la historia del país, ha señalado.

El 'feo' sería la IA, “el gran elemento de riesgo” de las sociedades y que, ha reconocido, va a reconfigurar por completo las estructuras productivas del país, con la destrucción de miles de puestos de trabajo y la creación de otros nichos. En este sentido, Sordo ha advertido sobre el empleo de algoritmos a la hora de organizar el trabajo, con fórmulas desconocidas nutridas con todo tipo de datos que tomarán decisiones “aparentemente neutras” que “pueden poner en cuestion todo el marco de derechos laborales que hemos conocido con unos sesgos absolutamente inasumibles”.

El 'malo' sería la situación del mercado de la vivienda, para lo que ha reclamado una intervención completa, desde topar precios del alquiler en determinados espacios a incentivar la oferta de vivienda no especulativa, de tal manera que se construya más, pero esto no infle los precios.

Una sentencia reconoce a una trabajadora personal laboral de un centro educativo de la provincia de Toledo el derecho a disfrutar de los días de asuntos particulares en periodo lectivo y la Junta de Castilla-La Mancha se ve obligada a retribuirle el día que le fue descontado.

Desde CCOO Castilla-La Mancha señalan que una mujer, personal laboral fijo en un instituto toledano, solicitó un día de asuntos particulares -que es retribuido- en diciembre de 2024 por el fallecimiento de una tía, pero “la administración lo rechazó descontándole el día de sueldo por no asistir al trabajo”. A través de una demanda, donde el sindicato ha sido la parte defensora, el Tribunal de Instancia de Toledo, de la Sección Social ha reconocido su derecho “tal y como refleja el convenio colectivo del personal laboral”.

La administración alegaba que, por necesidades del servicio y por analogía con el régimen de vacaciones, los asuntos particulares deben disfrutarse en periodos de menor actividad o no lectivos, algo que no ocurría con el día solicitado. Sin embargo, la magistrada concluye que “no existe norma que obligue a disfrutar de los asuntos propios exclusivamente en periodos no lectivos ni la administración puede imponer restricciones que el convenio colectivo no contempla”. Este es el punto “más relevante” para la secretaria general de la Federación de Enseñanza, Ana Delgado, que hace hincapié en otro aspecto positivo de la sentencia y es que “refuerza la seguridad jurídica y la fuerza vinculante de la negociación colectiva porque los derechos que se pactan en el convenio pueden aplicarse tal y como están redactados sin entrar en interpretaciones”

Según Delgado, la sentencia realiza una defensa “muy relevante” de la propia naturaleza de los días de asuntos particulares, retribuidos, porque están concebidos para que las personas puedan atender circunstancias personales, familiares o administrativas sobrevenidas en cualquier momento del calendario por eso “los derechos de conciliación y de organización de la vida personal no pueden quedar vacíos de contenido por decisiones de la administración”.

La sentencia es firme

El tribunal estima la demanda, reconoce el derecho de la persona trabajadora a disfrutar del permiso por asuntos particulares, y condena a la Consejería de Educación a abonarle los 58,29 euros detraídos más el 10% de interés pro mora. La resolución es firme y no cabe recurso.

CCOO tiene interpuesto un conflicto colectivo en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha del que espera sentencia y confía en que esta resolución pueda sentar un precedente a la hora de orientar futuras actuaciones de la administración.

Sobre la negociación del convenio colectivo del personal laboral

La secretaria de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO CLM, Carmen Juste, ha felicitado a la trabajadora que ha conseguido “de forma valiente” el reconocimiento de un derecho que afecta a todo el personal laboral. De ahí que haya apuntado que CCOO “ha sido el único sindicato que se posicionó a favor de aprobar el texto del noveno convenio colectivo del personal laboral de la Junta y que incluía numerosas mejoras peleadas por el sindicato”. Entre ellas, el complemento específico para 700 mujeres de centros educativos que tienen jornada de tarde; que 70 fijos discontinuos fueran fijos; que la administración aceptara aplicar en su máxima extensión la jubilación parcial del personal laboral; una nueva regulación de bolsas de empleo para que el personal laboral de nuevo ingreso tenga mejores condiciones; garantías para quienes cambian de trabajo por motivos de salud y para los casos de incapacidad permanente total.

Juste ha lamentado que CCOO se haya quedado sola en este posicionamiento y se pregunta, apelando al resto de sindicatos que no quisieron firmar, “¿tenemos derecho las organizaciones sindicales a primar los intereses particulares a los intereses generales del conjunto de los trabajadores de la Junta?”. Asimismo, ha expuesto que “todas esas personas que iban a empezar a disfrutar de todos esos derechos no podrán hacerlo el próximo 1 de julio y la negociación seguirá sin cerrar”.

La brecha de sueldos entre los primeros ejecutivos del Ibex 35 y sus empleados ha vuelto a crecer tras dos ejercicios a la baja. En 2024, las diferencias salariales entre la persona mejor pagada de cada una de las empresas del índice que agrupa a la élite empresarial española y el promedio de la plantilla volvieron a ensancharse, según un informe de CCOO y la Fundación Primero de Mayo presentado este jueves en Madrid.

La retribución de los primeros ejecutivos del selectivo en 2024 fue 74,5 veces la remuneración agregada de las plantillas. Esta cuantía “supone una diferencia que es 1,1 puntos superior al año anterior (73,4)”, según el informe. No obstante, esa brecha está muy lejos del nivel que alcanzó en 2017, cuando la retribución de los primeros espadas del Ibex llegó a ser 125 veces la de sus empleados, según los datos que CCOO publicó en su momento.

Esa ratio está calculada con una retribución media de los empleados que en 2024 fue de 63.372 euros, un 2,9% más, según el dato que tiene en cuenta la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y que, según ha explicado durante la presentación del informe Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, incorpora “conceptos que no son estrictamente retributivos”, como indemnizaciones y planes de pensiones.

Si se tiene en cuenta el salario medio en el Ibex, entendida como la partida de sueldos y salarios, que recoge “lo que verdaderamente cobran los trabajadores”, las ratios serían mucho más elevadas, ha advertido Bravo. Ese salario medio fue de 45.000 euros anuales por persona y año, un 6,6% más.

A la cabeza sobresale Merlin Properties (una de las empresas del Ibex con menos empleados, 293 en 2024) con 105.900 euros anuales por persona ocupada, seguida de Colonial, otra de las compañías con menos plantilla del selectivo (88.600 euros), Grifols (84.800 euros) y Cellnex (80.800). Entre las que tienen un gasto salarial menor destacan Inditex (28,9 mil euros), (33,4 mil euros), Logista (35,3 mil euros) o Sacyr (36,7 mil euros).

Según CCOO, “tenemos 8 empresas con aumentos salariales por encima del 6,6%. Las empresas con mayores subidas salariales para sus plantillas son Unicaja (17,2%), BBVA (12,8%), IAG (12%) y Fluidra (10,9%)”.

El informe, que ya va por decimoquinta edición, subraya que estas diferencias entre ejecutivos y empleados se producen “en el marco de empresas cuya retribución media interna es muy superior a la media general de la economía y de las relaciones laborales”. Así, si se compara con el conjunto de la población española, puede comprobarse cómo la brecha salarial entre los ejecutivos del Ibex y el sueldo medio se ha agigantado en 20 años.

Así lo mostraba hace unos meses este análisis de elDiario.es, a partir de los informes publicados por la CNMV y los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE): entre 2004 y 2024, los vocales ejecutivos (no solo primeros espadas del Ibex, ya que en varias empresas hay consejeros con esa condición además del CEO o el presidente ejecutivo) han visto crecer sus sueldos casi el triple que los sueldos medios en España.

El informe “Evolución de indicadores de Buen Gobierno en las empresas del Ibex 35 durante el ejercicio 2024”, elaborado por CCOO y la Fundación Primero de Mayo, refleja que la compañía donde existía una mayor diferencia entre la remuneración del primer ejecutivo y el conjunto de la plantilla en ese año fue Inditex (295,1 veces), “seguida de Banco Santander (225,8), Puig (216,6), Iberdrola (168,4), Telefónica (166,4), BBVA (165,4), Sacyr (143,3), Logista (138,4), Ferrovial (132,5) o ACS (132,4), todas ellas con valores superiores a 100”. En el otro extremo estaban Aena (4,2), y Solaria (3,1).

La remuneración agregada de los primeros ejecutivos fue en 2024 de 160,5 millones, un 7,6% más, a unos 4,7 millones por cabeza (400.000 euros más que en 2023). Los mayores sueldos correspondieron a los primeros espadas de Iberdrola (14,1 millones), Santander (13,7 millones), Puig (12,7 millones) e Inditex (11,2 millones).

La remuneración total de los miembros de los consejos de administración del Ibex evolucionó de manera similar a la de los ejecutivos del selectivo: cobraron más 331,5 millones en 2024, un 7,4% más, a unos 765.600 euros anuales por vocal, 30.000 euros más que en 2023, con un aumento del 4,1%. El análisis no incluye a ArcelorMittal, cuya matriz está en Luxemburgo y no publica estos datos. Tampoco está toda la información de Puig Brands, que comenzó a cotizar en mayo de 2024.

El informe destaca que “los beneficios crecieron significativamente en 2024”, con un aumento del 21,5%, hasta 67.300 millones, “y también lo hizo el empleo, en menor medida”: el total de personas empleadas por las empresas del Ibex fue de 1.294.767, un aumento del 3,2% (unas 40.600 personas) respecto a 2023.

El empleo “sigue estando concentrado en las 5 mayores empresas del Ibex, con ”más de la mitad del total“. Se trata de Santander (que destaca como la empresa que más personal redujo en ese ejercicio: 6.000 personas), Inditex, ACS, Telefónica y BBVA. ”Casi dos tercios de las personas trabajadoras se encuentran en el extranjero“: el 63,32%, con más de 817.000 efectivos.

“Otra de las desigualdades que observamos año tras año, es el incremento de los beneficios y una contribución fiscal que, en el caso de España, disminuye con respecto al año anterior. La opacidad en la información de un indicador fundamental, como es el tipo efectivo pagado por las empresas, impide realizar una evaluación más pormenorizada”.

Para Bravo, no es “razonable” que se haya producido una “disminución de la contribución fiscal” de las empresas en un contexto de beneficios al alza.

Presencia femenina

El informe de CCOO, que refleja que la alta dirección del Ibex recibió en 2024 algo más de 500 millones, un 0,8% menos que un año antes, destaca que “en la dirección de las empresas, apenas hay mujeres que ocupen el cargo de CEO”, y en la alta dirección “su participación apenas supera el 25%”, tras aumentar algo menos del 2% el número de altas directivas.

Hay una única empresa “que excepcionalmente tiene más mujeres que hombres”, la semipública Aena, y tres compañías en las que hay paridad: Enagás, Colonial e Iberdrola. “La distancia más desfavorable para las mujeres en las empresas está representada por Grifols (7,7% de mujeres) y Unicaja (7,1%)”.

“Se ha logrado alcanzar el 40% de mujeres en el consejo, pero no de una manera equilibrada, ya que su participación en los puestos de dirección de las empresas sigue siendo minoritaria, con el consiguiente impacto en las retribuciones percibidas”.

Desde el punto de vista de brecha de género, la brecha salarial bruta crece en 2024 y la ponderada y ajustada se mantiene estable, dando como resultado una diferencia de más de 11.500 euros en el salario medio. “Queda, por tanto, mucho que avanzar en transparencia, gobernanza y reducción de las desigualdades”.

En el año 2024 las empresas del selectivo mostraron una tasa de temporalidad media del 7,2%, inferior en 0,6 puntos porcentuales a del año anterior (7,8%). Entre las empresas con más temporalidad, sobresale Inditex (17,3%), seguida de Ferrovial (15,6%), Acciona (14,1%) o ACS (14%). En el lado opuesto se encuentran Amadeus, Banco Sabadell, CaixaBank, Cellnex, Iberdrola, Merlin Properties, Redeia y Unicaja con un 1% o menos de temporalidad.

“En materia de negociación colectiva se está reduciendo la cantidad y la calidad de la información aportada” tras la entrada en vigor de un reglamento europeo menos exigente que la ley española 11/2018, advierte el informe.

Para Luis de la Fuente, sociólogo de la Fundación 1º de Mayo, el balance de este informe “es dual”. Por un lado “hay una mayor riqueza de información”, pero hay “riesgos de pérdida de cumplimiento y empeoramiento de la cantidad y de la calidad de la información” en lo referente a las plantillas y negociación colectiva, porque “lo está permitiendo la normativa europea”

 Comisiones Obreras ha denunciado que la Consejería de Educación y Formación Profesional ha instado a los centros de educación secundaria a incluir en los impresos de matrícula del curso 2026-2027 la materia optativa 'Extremestiza: puente entre Extremadura y América', pese a que el decreto que pretende incorporarla al currículo extremeño todavía no ha sido aprobado ni publicado en el Diario Oficial de Extremadura.

La propia Secretaría General de Educación remitió el pasado 10 de junio una nota informativa a los centros “en la que reconoce expresamente que el proyecto de decreto continúa en tramitación y está pendiente de publicación”, ha informado este jueves la Federación de Enseñanza del sindicato en una nota.

Sin embargo, ha criticado, en esa misma comunicación autoriza a los equipos directivos a incluir la asignatura en los sobres de matrícula de 3.º y 4.º de ESO, lo que ha provocado que la materia aparezca ya en documentos oficiales de matrícula de los centros educativos, junto al resto de asignaturas optativas actualmente vigentes.

En algunos de estos impresos se advierte, además, de que la matrícula constituye un documento administrativo vinculante y de que las materias elegidas no podrán modificarse una vez iniciado el curso.

Para CCOO, “no estamos ante una simple consulta orientativa destinada a conocer el posible interés del alumnado, sino ante la inclusión efectiva de una materia todavía inexistente en el currículo vigente dentro de documentos oficiales y vinculantes de matrícula”.

Ha afirmado que la Consejería está actuando como si el decreto ya hubiera sido definitivamente aprobado, anticipando los efectos de una norma que todavía debe completar su tramitación, lo que “vulnera los principios de seguridad jurídica, publicidad normativa y respeto a los procedimientos administrativos, además de generar una evidente confusión entre el alumnado, sus familias y el profesorado”.

Consejo Escolar

La “gravedad” de esta actuación, ha advertido CCOO, se ha puesto de manifiesto durante el Pleno del Consejo Escolar de Extremadura celebrado el martes, 23 de junio.

En él, ha indicado, las tres enmiendas presentadas contra el borrador del decreto fueron aprobadas por mayoría de los consejeros, en contra del criterio de la Administración educativa y del dictamen favorable que había emitido previamente la Comisión Permanente del Consejo Escolar.

Estas enmiendas, ha explicado el sindicato, cuestionan la implantación de Extremestiza y evidencian que el órgano superior de participación de la comunidad educativa extremeña no comparte mayoritariamente la creación de esta nueva asignatura.

Sin embargo, tras la aprobación de las enmiendas, la Presidencia del Consejo Escolar decidió someter a votación el dictamen elaborado por la Comisión Permanente, que finalmente resultó aprobado tras un empate que se dirimió con el voto de calidad de la presidenta del Consejo.

Se produce así una situación “profundamente contradictoria”, a juicio de Comisiones Obreras, dado que el Consejo Escolar aprueba formalmente un dictamen favorable a la modificación del currículo, pero ese dictamen será elevado acompañado de tres enmiendas, también aprobadas por mayoría, que expresan el rechazo del Pleno a la nueva materia.

Este resultado demuestra que el dictamen favorable “no refleja fielmente la posición mayoritaria manifestada por los miembros del Pleno durante el debate y las votaciones de las enmiendas”.

Para CCOO, es “especialmente preocupante” que la Consejería haya decidido incluir Extremestiza en las matrículas antes incluso de conocer el pronunciamiento definitivo del Consejo Escolar.

“Esta forma de proceder vacía de contenido los órganos de participación educativa, desprecia el resultado de sus deliberaciones y compromete seriamente la credibilidad de todo el procedimiento de elaboración normativa”, ha añadido.

Impresos de matrícula

Por ello, la Federación de Enseñanza de CCOO ha exigido a la Consejería la “retirada inmediata” de Extremestiza de los impresos oficiales de matrícula mientras el decreto no haya sido aprobado, publicado y haya entrado en vigor.

Asimismo, ha reclamado que se informe por escrito a los centros educativos y a las familias de que cualquier elección realizada hasta este momento carece de carácter definitivo y vinculante, y que se garantice al alumnado la posibilidad de modificar libremente su elección de materias optativas.

CCOO exige también que no se adopte ninguna decisión sobre la creación de grupos, la elaboración de horarios, la configuración de las plantillas o la supresión de otras materias optativas basándose en estas matrículas anticipadas.

Del mismo modo, ha instado a la Consejería a respetar las enmiendas aprobadas por mayoría en el Pleno del Consejo Escolar de Extremadura y a reconsiderar la implantación de la nueva materia. 

El sindicato CCOO ha calificado como “potencialmente pobres” a la mayor parte de las personas que trabajan en el sector de las grandes superficies, debido principalmente a los salarios bajos y a las contrataciones a tiempo parcial. Esta situación se da a unos meses de negociar el nuevo convenio de la asoación empresarial La Distribución Anged, que cuenta entre sus asociados con el El Corte Inglés, Ikea, Alcampo, Carrefour o Leroy Merlin y que afecta a cerca de 240.000 trabajadores en España.

Según un informe presentado este miércoles, CCOO asegura que “gran parte” de los trabajadores del sector se sitúa en los perfiles más bajos de renta salarial del país y opina que esta situación es “una trampa de la que es difícil escapar”, según recoge la agencia EFE.

El sindicato ha cifrado en 17.284 euros brutos anuales el salario de un empleado del sector cuando acceden a este mercado laboral.

Añade que la mayoría de ellos cobra 17.800 euros brutos y que, según sus cálculos, es un 40% menos que el salario medio, fijado en unos 20.400 euros (un 26% por debajo del salario bruto medio del conjunto de la economía).

Sobre esta cuestión, CCOO concluye que la remuneración de las plantillas solo supone un 9% de los costes de las empresas, frente al 12% de la media nacional.

En cuanto a los contratos parciales, CCOO estima que la cifra de empleados en esa situación es superior al 25%, lo que contrasta con el 16% nacional.

En cuanto al trabajo en fines de semana, una encuesta planteada por CCOO a las plantillas refleja que el 71% rechaza trabajar en sábados y domingos sin compensación económica.

El secretario general de Servicios del sindicato, Ramón González, ha comentado durante la presentación del informe sobre el empleo en los grandes almacenes que el convenio “ha quedado desfasado, con algunas asimetrías que deben ser corregidas en línea con otros sectores del comercio y otras empresas de la distribución”.

Expira el convenio con la patronal Anged

El próximo 31 de diciembre finaliza la vigencia del convenio colectivo del sector firmado con una de las patronales Anged, si bien recientemente CCOO firmó un acuerdo para un nuevo marco laboral con el colectivo de empresas del sector que aglutina Arte.

Entre las exigencias que CCOO llevará en 2027 a la mesa de negociación del nuevo convenio (afecta a 240.000 trabajadores) figura una subida salarial del 7% para el próximo año en todas las tablas y del 4% mínimo anual desde 2028, con un diferencial de más del 5% sobre el SMI y que se supere los 20.000 euros brutos anuales para el grupo profesional durante el convenio.

Sobre el tiempo trabajo, propondrá una reducción a 1.712 horas anuales, con 12 fines de semana completos libres y domingos y festivos voluntarios y compensados.

Además, exigirá que el 90% de los contratos sean indefinidos, una jornada mínima de 28 horas semanales en contratos parciales y la posibilidad de elaborar planes de pensiones por parte de las empresas.

Al margen de las reivindicaciones, CCOO ha enumerado, como factores a corregir en el sector, la extensión de los horarios, la “amazonización” (competencia 'online') de la economía que, a su juicio, “presiona al modelo comercial tradicional” y la necesidad de “despegarse del salario mínimo interprofesional”.

“Es el tiempo de ser más ambiciosos, ya que las empresas tienen salud financiera para ser más justas en el reparto de trabajo y las condiciones”, ha concluido González.

Una funcionaria de la Oficina de Justicia de San Asensio ha tenido que ser trasladada al Hospital San Pedro de Logroño tras sufrir un golpe de calor. Así lo ha comunicado CCOO La Rioja a la vez que denuncia las “graves condiciones térmicas” que padecen los trabajadores y trabajadoras de dicho centro.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes 22 de junio a medio día. La trabajadora comenzó a encontrarse indispuesta debido a las elevadas temperaturas registradas en el interior de las dependencias judiciales. Así, y tras activarse los servicios de emergencia mediante una llamada al 112, cuentan desde la formación sindical, la trabajadora fue trasladada al servicio de Urgencias del Hospital donde fue estabilizada.

Este incidente, recuerdan desde CCOO La Rioja, se produce días después de “advertir formalmente el grave riesgo para la salud existente en la Oficina de Justicia de San Asensio. De hecho, el pasado jueves, presentaron un escrito al Ayuntamiento de San Asensio ”alertando de la falta de climatización del edificio y reclamando medidas urgentes para proteger la salud de los empleados públicos“. Entre las soluciones propuestas ”figuraba la instalación de equipos portátiles de aire acondicionado, una medida de rápida implantación que no requiere obras ni instalaciones complejas“.

Asimismo, denuncian que esta Oficina “no solo carece de sistemas de refrigeración, sino también de elementos básicos de protección frente al calor, como persianas en las ventanas. Como consecuencia, durante la mañana del lunes se alcanzaron temperaturas cercanas a los 30 grados en el interior de las instalaciones”.

CCOO La Rioja ha trasladado este caso al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Gobierno de La Rioja “y la única respuesta ofrecida por el Ayuntamiento fue la entrega de un ventilador, una medida claramente insuficiente para garantizar unas condiciones de trabajo seguras y saludables ante las altas temperaturas registradas”. Por esto, y mientras no se adopten soluciones definitivas, la formación sindical “aconseja de manera provisional reorganizar la atención al público, desarrollándola entre las 9:00 y las 12:00 horas en la Oficina de Justicia y trasladándola entre las 12:00 y las 14:00 horas a un espacio habilitado dentro del Ayuntamiento de San Asensio, edificio que sí dispone de climatización adecuada”.

Desde la formación sindical no comprenden que la Oficina de Justicia “continúe sin unas condiciones mínimas de habitabilidad cuando el Ayuntamiento de San Asensio recibió el pasado 30 de abril una subvención superior a 6.000 euros concedida por el Gobierno de La Rioja para sufragar los gastos de funcionamiento del antiguo Juzgado de Paz”. Y exigen medidas eficaces e inmediatas que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores y trabajadoras de la Oficina de Justicia de San Asensio porque “la prevención de riesgos laborales no es una opción, sino una obligación legal que todas las administraciones públicas deben cumplir”.

La bandera LGTBI+ ha quedado colocada este martes en la fachada del sindicato CCOO en Toledo, en un acto en el que el sindicato ha estado arropado por el PSOE, IU y la Asociación Bolo Bolo Castilla-La Mancha. Se trata de un acto simbólico para apoyar al colectivo y visibilizar el mensaje de que no van “a dar ni un paso atrás en la lucha contra los derechos de las personas del colectivo en los centros de trabajo”.

Así lo ha expresado, en declaraciones a los medios, la secretaria de organización, mujeres y políticas LGTBI de CCOO Toledo, Mayte García, que ha recordado que la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) “dice que el segundo escenario donde más suceden delitos de odio es en los centros de trabajo”.

Ha criticado que en este escenario “muchas de las patronales son neutrales y nuestros ayuntamientos gobernados por PP y Vox siguen sin poner las banderas y los signos LGTBIQ+ en los balcones” lo que, a su juicio, es “contribuir a los delitos de odio, son cómplices”.

Por ello, CCOO quiere mostrar su apoyo al colectivo y a la defensa de sus derechos con acciones como esta y con otras que se realicen por la provincia, apoyándolo también en el ámbito rural, donde CCOO va a poner la bandera y las insignias “en todas las sedes del sindicato”.

También se colocará la bandera en su sede de Talavera de la Reina, donde hace unos días desconocidos vandalizaron el mural de la diversidad y la libertad. “Desde aquí decimos que frente a su odio, nuestra diversidad y nuestro orgullo”, ha señalado, antes de animar a toda la ciudadanía a participar en todos los actos que se van a celebrar organizados por los distintos colectivos LGTBIQ+.

También el sindicato UGT ha colgado en todas sus sedes de Castilla-La Mancha la bandera arcoíris “como muestra de su compromiso con la igualdad y la diversidad”.

PSOE: cuarto año que PP y Vox no despliegan la bandera LGTBI

Desde el PSOE municipal, su portavoz, Noelia de la Cruz, quien ha detallado que durante toda la semana van a estar apoyando al colectivo, ha mencionado que este es el cuarto año consecutivo desde que PP y Vox llegaron a la Alcaldía y Carlos Velázquez es alcalde de la ciudad, “que no se despliega la bandera en el balcón del Ayuntamiento”.

Un acto que no solo es simbólico sino que manda el mensaje de “que la Ciudad de las Tres Culturas, la ciudad símbolo de convivencia y de inclusión tradicionalmente”, excluye y no acoge bien a las personas del colectivo LGTBI, “y manda el mensaje de que la administración local, el Ayuntamiento de la ciudad de Toledo, pues no integra, no incluye a estas personas en sus políticas activas”.

“Está muy bien plantear fiestas, está muy bien, pero lo que realmente necesita este colectivo es que se les escuche, es que se les visibilice y que se eduque en valores de igualdad para que puedan tener una vida normal y no se tengan que esconder”, ha expresado De la Cruz, que ha lamentado que “el Ayuntamiento de Toledo no están estas”.

“¿Esta ciudad acoge o no acoge al colectivo de personas elegido?. Pues claramente el mensaje es que no acoge a estas personas”, ha zanjado, confiando en que “ojalá que el año que viene, en el 2027, en el ayuntamiento haya un alcalde o una alcaldesa progresista que sea capaz de tener esa sensibilidad que se necesita para que estas personas puedan disfrutar plenamente de sus derechos como cualquier otra”.

IU: PP Y Vox, “alejados de la defensa de los derechos humanos”

En el mismo sentido, el portavoz del Grupo Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, ha incidido en que “Partido Popular y Vox están muy alejados de la defensa de los Derechos Humanos. Lo demuestran con todas y cada una de sus declaraciones que tienen que ver con las prioridades nacionales antes que con las prioridades humanas”.

Es por eso, en su opinión, que “ni van a aprobar ninguna moción que tenga que ver con la defensa de los Derechos Humanos ni van a poner ninguna bandera que visibilice la lucha precisamente de eso, la lucha de garantizar los Derechos Humanos”.

“Tenemos un ayuntamiento que, si no cree en esto, nos engaña, como nos engañó en el pleno del mes de junio del año 2025” cuando dijo “que había formado a la plantilla del Ayuntamiento en materia de sensibilización de políticas LGTBI”, pero “después de un año pidiéndoselo no han dado ni un dato” por lo que desde IU entienden “que no han hecho absolutamente nada” al respecto.

Fernández ha declarado que desde el equipo de Gobierno “ni visibilizan, ni quieren visibilizar, ni defienden, ni quieren defender”, pero desde IU van “a seguir peleando”, recordando e insistiendo en que este colectivo “no necesita ser valiente” sino “ser libre libre para expresarse como le dé la gana también en el ámbito laboral pero en todos y cada uno de los ámbitos de su vida”.

Bolo Bolo pide perspectiva LGTBI en los derechos laborales

En último término se ha dirigido a los medios el coordinador del Grupo Trans de Bolo Bolo, David Rey, quien ha agradecido el apoyo del PSOE y particularmente de CCOO, porque les ofrecen espacios y hablan con ellos a largo del año.

Rey ha reivindicado la importancia de los derechos laborales para asegurar que si no tienen una perspectiva LGTBI “no se llega a ningún sitio”, al igual que pasa con las personas migrantes, las personas discapacitadas o las que tienen “cualquier otro tipo de circunstancia que hace más difícil que se incorporen al mundo laboral y que puedan trabajar en condiciones dignas”.

En este punto, ha confesado que en la Asociación hay varios casos individuales de personas que buscan trabajo y no han logrado encontrarlo “entre otras cosas, por su orientación sexual y, sobre todo, por su identidad de género”, siendo las mujeres trans las que “más dificultades tienen” a la hora de encontrar trabajo.

Finalmente, ha recordado que la Asociación Bolo Bolo está organizando Toledo Entiende, una semana cultural que incluye distintas actividades, como talleres, un concierto, y la manifestación del sábado, a las que ha invitado a participar, especialmente a la manifestación, recordando que “el orgullo es una manifestación, empezó como tal y lo sigue siguiendo y lo tiene que seguir siguiendo, en un momento en el que los delitos de odio y la discriminación cada vez está aumentando más y cada vez nos vemos más expulsados de los diferentes espacios”.

Movimiento Sumar pide a PP y Vox que cuelguen la bandera LGTBI

Hoy además Movimiento Sumar Toledo le ha pedido al Ayuntamiento de Toledo, gobernado por PP y Vox, que cuelgue la bandera LGTBIQA+ en la balconada del edificio. La petición fue trasladada mediante un escrito remitido la pasada semana y también lo hacía a través de un irónico vídeo publicado en las redes sociales.

Según el informe Estado del Odio 2026, elaborado por la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+), el porcentaje de personas del colectivo que afirma haber sufrido agresiones ha pasado del 7% en 2024 al 22 % en 2026, triplicándose en apenas dos años.

Ante esta situación, Movimiento Sumar considera que las instituciones públicas “deben mostrar un compromiso firme e inequívoco con la igualdad, la diversidad y los derechos del colectivo LGTBIQA+”.

José Luis Resuela, portavoz local de Movimiento Sumar, ha señalado que “es de vital importancia que no haya fisuras en el respaldo al colectivo ni en el rechazo a los discursos de odio por parte de todas las fuerzas políticas democráticas. Colgar la bandera del Orgullo en el Ayuntamiento es un gesto de apoyo y reconocimiento que contribuye a visibilizar la diversidad de nuestra sociedad y el compromiso de las instituciones con los derechos humanos”.

UGT coloca el símbolo en sus sedes provinciales

UGT ha desplegado en sus diferentes sedes de Castilla-La Mancha la bandera LGTBI, una enseña con la que el sindicato “reitera su firme compromiso con la igualdad y los derechos del colectivo, y reivindica la lucha por unos centros de trabajo justos, inclusivos y plurales libres de discriminación y desigualdades”, según ha explicado.

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores entiende que, “hoy más que nunca, es necesario visibilizar las dificultades a las que se enfrenta el colectivo y la realidad de las personas LGTBI en el ámbito laboral”. Califica de “muy preocupante ” la situación, que arroja datos como que 3 de cada 10 manifiesta haber sufrido agresiones verbales y el 75% considera que no tiene las mismas oportunidades laborales que las personas heterosexuales.

Desde el sindicato recuerdan que las empresas de más de 50 trabajadores y trabajadoras tienen la obligación de incorporar en sus convenios colectivos los planes LGTBI y conseguir así entornos laborales respetuosos y libres de discriminación y perjuicios. Y subrayan también la importancia de la legislación laboral reciente para avanzar en esta dirección, especialmente el artículo 15.1 de la Ley 4/2023, el Real Decreto 1026/2024, de 8 de octubre, y el protocolo de acompañamiento para la transición de las personas trans en las empresas impulsado por el sindicato.

“Estas herramientas refuerzan la prohibición de la discriminación, promueven la sensibilización en los centros de trabajo y mejoran la protección de las personas trans en el ámbito laboral”.

No obstante, UGT recuerda que los avances legales no eliminan por sí solos la discriminación cotidiana que siguen sufriendo muchas personas LGTBI. Por ello, considera imprescindible mantener el compromiso político, sindical y social para garantizar una igualdad efectiva y real y evitar retrocesos en derechos y libertades.

Vox abre la puerta a colocar la bandera en Toledo

Por su parte, Vox ha sorprendido en Toledo dejando en manos del Partido Popular que el Consistorio pueda volver a lucir este año la bandera LGTBI con motivo de la Semana del Orgullo.

Así lo ha trasladado la vicealcaldesa, Inés Cañizares, durante la Junta de Portavoces en la que ha asumido la Presidencia de la misma ante la ausencia del alcalde, Carlos Velázquez.

Tal y como informa Toledodiario, en la votación que han llevado a cabo para decidir si se instala esta bandera, los portavoces de PSOE, PP e IU han votado favorablemente mientras que Vox ha vuelto a rechazar la iniciativa.

Sin embargo, Cañizares ha manifestado que se podría dar por válida la votación al haber mayoría, rompiendo así el acuerdo no escrito que alcanzaron en 2023 los dos socios de gobierno local -PP y Vox- para que no se instalase ningún símbolo en la fachada del Consistorio si no había unanimidad.

CCOO PV ha presentado una querella en defensa de la profesora agredida brutalmente por un agente de la Policía Nacional en las inmediaciones del recinto de la Conselleria de Educación durante la huelga educativa del personal docente del País Valencià. Los hechos se produjeron el pasado 31 de mayo cuando, durante la celebración de una concentración pacífica del colectivo en huelga, un policía de la unidad de antidisturbios empujó a la demandante por la espalda, provocando su caída de bruces al suelo y generándole diversas lesiones físicas. 

El sindicato decidió el 2 de junio, en su Comisión Ejecutiva, la personación en calidad de acusación popular, entendiendo que los hechos que habían trascendido a los medios de comunicación eran indiciarios de delito para presentar una querella. Se tramitó el 12 de junio en el juzgado de guardia y se está a la espera de que sea admitida. CCOO PV estima que la misión del agente es la de amparar los derechos fundamentales y, sin embargo, con su actuación afectó su libre ejercicio.

En la querella se solicita que el agente que provocó los hechos sea imputado penalmente por la comisión de siguientes delitos: delito de lesiones con el agravante de abuso de superioridad y prevalimiento del carácter público, delito contra la integridad moral de la profesora agredida, consecuencia del trato degradante que menoscaba su dignidad, y delito de falta de auxilio inmediato a la víctima. Además, el sindicato ha solicitado una medida cautelar de suspensión de funciones al agente antidisturbios mientras dure el procedimiento. El 15 de junio la jueza inició formalmente la investigación de los hechos.