El sindicato CCOO ha pedido hoy que se reconozca el cáncer de piel provocado por la exposición al sol durante el trabajo como enfermedad profesional.

Lo hace tras elaborar un informe sobre los riesgos de la exposición solar en el trabajo. Según los datos recopilados una de cada tres muertes por cáncer de piel no melanoma está relacionada con la exposición a la radiación solar durante la jornada laboral. Estos datos están avalados por una investigación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicada en 2023.

El estudio señala, además, que la exposición ocupacional a la radiación ultravioleta solar es el tercer carcinógeno ocupacional más importante, solo por detrás del amianto y el polvo de sílice.

Además, dicha investigación constata que entre 2000 y 2019, las muertes por cáncer de piel no melanoma atribuibles a la exposición solar durante el trabajo aumentaron un 88%, al pasar de 10.088 a 18.960 fallecimientos.

Es importante destacar, según el sindicato, que el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC) cataloga la radiación solar como cancerígeno de categoría 1, y su sobreexposición la principal causa evitable del cáncer de piel.

Es un 8,4% de los casos en Castilla-La Mancha

Según el Observatorio del Cáncer de la AECC, cada año se diagnostican en España más de 20.000 casos de cáncer de piel y su incidencia ha aumentado un 40% en los últimos cuatro años. En Castilla-La Mancha esta tipología supone el 8,4% de los casos de cáncer, con cerca de 1.000 personas diagnosticadas al año.

La secretaria de salud laboral de CCOO Castilla-La Mancha, Raquel Payo, ha insistido en “la importancia de tener en cuenta que el calor es un riesgo laboral en el periodo estival debido a la exposición a la radiación ultravioleta al sol” Payo ha recordado que esa exposición prolongada durante la jornada laboral “incrementa en un 60% el riesgo de desarrollar cáncer de piel”.

Ante esta realidad, CCOO reclama reforzar la prevención de los riesgos derivados de la exposición solar, especialmente entre las personas que trabajan al aire libre, como agricultores, trabajadores de la construcción y carreteras, pescadores, jardineros y personal de limpieza viaria o recogida de residuos. “Por eso hacemos un llamamiento fundamental que es el reconocimiento de este tipo de patologías como enfermedad profesional” ha dicho Payo.

Además, el sindicato advierte que es fundamental que las empresas identifiquen y evalúen el riesgo de exposición a la radiación ultravioleta, planifiquen el trabajo teniendo en cuenta los niveles de radiación solar y adopten medidas preventivas adecuadas.

Entre estas medidas podemos citar algunas como limitar la exposición en las horas de mayor radiación, habilitar zonas de sombra, proporcionar ropa y equipos de protección adecuados, y garantizar la formación e información de las personas trabajadoras, así como una vigilancia de la salud específica que permita diagnósticos precoces.

El nuevo Plan contra el Cáncer, abierto a la participación ciudadana

La demanda del sindicato llega el mismo día en el que el Gobierno regional abre el proceso de participación de la ciudadanía para que opine sobre el nuevo Plan contra el Cáncer de Castilla-La Mancha 2026-2030. Es la hoja de ruta para los próximos cinco años, con las principales líneas de actuación de la región para avanzar en la prevención y el diagnóstico precoz de la enfermedad y seguir mejorando la atención, el seguimiento y la calidad de vida de las personas con cáncer.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha y el Portal de Participación recogen desde hoy el inicio del proceso participativo y el primer borrador del plan, que permanecerá abierto durante 20 días naturales para que ciudadanos, entidades y plataformas ciudadanas puedan realizar aportaciones y observaciones antes de continuar con su tramitación.

La nueva estrategia regional apuesta por seguir avanzando hacia una atención oncológica integral, equitativa y humanizada, incorporando los avances científicos y tecnológicos y adaptando la respuesta sanitaria a las características demográficas, territoriales y sociales de Castilla-La Mancha.

El Plan parte de un diagnóstico detallado de la situación actual y actualiza la planificación regional frente al cáncer después de los importantes cambios experimentados en su abordaje durante los últimos años. Una evolución marcada por la renovación tecnológica, el incremento de la capacidad diagnóstica y terapéutica, el desarrollo de la Oncología de Precisión, la aplicación de herramientas digitales y de Inteligencia Artificial y la incorporación de tratamientos innovadores como la inmunoterapia y las terapias CAR-T.

A estos avances se suma la evolución de la atención al cáncer infantil y adolescente, con la consolidación de la Red de Profesionales y Expertos en Oncohematología Pediátrica y del Comité Regional de Tumores Pediátricos, así como el impulso de los cuidados paliativos dirigidos a esta población.

El Plan contra el Cáncer 2026-2030 se estructura en cinco grandes ejes: promoción y prevención; atención oncológica integral y humanización; recursos y estructura organizativa sostenible; sistemas de información y evaluación; y conocimiento.

El primero de los ejes, dedicado a promoción y prevención, contempla actuaciones para impulsar hábitos de vida saludables, prevenir factores de riesgo como el tabaco y el alcohol, promover la vacunación frente al virus del papiloma humano y reforzar la educación para la salud. En el ámbito de la detección precoz, plantea seguir avanzando en la cobertura y participación en los programas de cribado de cáncer de mama, colorrectal y de cuello uterino, así como en el diagnóstico precoz de las neoplasias más prevalentes y en los programas regionales de detección de cáncer hereditario y consejo genético.

El segundo eje se centra en una atención oncológica integral y humanizada, desde el diagnóstico y el tratamiento hasta el seguimiento y la calidad de vida, con especial atención a las necesidades específicas de las poblaciones más vulnerables, entre ellas la población infanto-juvenil y las personas de edad avanzada. El objetivo es continuar avanzando hacia un modelo asistencial centrado en la persona y en sus necesidades a lo largo de todo el proceso de atención.

En el ámbito de los recursos y la estructura organizativa, el Plan apuesta por optimizar la organización sanitaria y facilitar el acceso a los servicios y tratamientos, garantizando una asistencia equitativa, eficiente y continuada. Este planteamiento adquiere especial relevancia en una comunidad autónoma caracterizada por la dispersión geográfica y el peso de la población rural, factores que condicionan el acceso a los recursos sanitarios.

El cuarto eje está dedicado a los sistemas de información y evaluación, con el objetivo de avanzar en la recopilación y estandarización de los datos de salud para disponer de un conocimiento más preciso de la realidad oncológica y asistencial y facilitar la evaluación y mejora continua. Para ello, el propio Plan incorpora un cuadro de indicadores y prevé la creación de una Comisión de Evaluación y Seguimiento encargada de revisar periódicamente su implantación y sus resultados.

Finalmente, el eje de conocimiento pone el foco en la investigación, el desarrollo y la innovación en Oncología, tanto para favorecer nuevos tratamientos y enfoques terapéuticos como para reforzar la capacitación de los profesionales sanitarios y mejorar la información y concienciación de la población.

Durante los 20 días naturales permanecerá abierto el plazo para que cualquier ciudadano, persona jurídica o plataforma ciudadana pueda realizar aportaciones al borrador a través del Portal de Participación de Castilla-La Mancha.

Además, se ha habilitado una encuesta para conocer la opinión de la población sobre el cáncer y las políticas dirigidas a su prevención y atención. Entre otras cuestiones, permitirá conocer la percepción de la ciudadanía sobre los factores de riesgo, el diagnóstico precoz, los programas de cribado, las medidas que considera más eficaces para reducir la incidencia de la enfermedad y la prioridad que debe ocupar el cáncer dentro de las políticas sanitarias.

Una vez finalizada la fase de aportaciones se analizarán las propuestas recibidas y se elaborará un informe de conclusiones. El Plan contará, asimismo, con una Comisión de Evaluación y Seguimiento y con un cuadro de indicadores que permitirá analizar periódicamente el grado de implantación de las actuaciones previstas y sus resultados.

Nadia empezó a trabajar como camarera de piso en un hotel de Brihuega (Guadalajara) en junio de 2023. Año y medio después, su cuerpo empezó a acusar la sobrecarga en forma de dolor. Las primeras molestias aparecieron en noviembre de 2024: acudió al centro de salud por un dolor en la espalda que le trataron con una infiltración, pero su efecto duró “poco” y tuvo que seguir desempeñando su labor en las mismas condiciones. Los dolores no dejaron de aumentar, y a las molestias en la espalda se sumaron otras en codos, cadera y piernas. El desenlace ha llegado ahora en forma de despido, después de que el servicio de prevención la declarara “no apta” para el puesto que, según sostiene ella, le había causado las lesiones.

La trabajadora lo relaciona directamente con las tareas que repetía cada jornada. “Como se hace tanto movimiento repetitivo, se levanta tanto peso… Estás haciendo fuerza todo el tiempo, moviendo la base, haciendo la cama, levantando colchones que muchas veces son de 2x2 y bastante pesados”, describe. A eso suma el desgaste de limpiar duchas y bañeras y el de subir y bajar constantemente entre las cuatro plantas del establecimiento. Reconoce que llegó a acudir a trabajar tomando calmantes a diario.

Cuando lo trasladó a su supervisora, asegura, la respuesta fue que “era lo que había”, acompañada de la amenaza de tomar medidas. “Llevo más de un año, desde marzo del año pasado, pidiéndole al hotel una reubicación por unas dolencias que se me han ido presentando a raíz del trabajo y de la carga laboral. Y ellos siempre se han negado en redondo, siempre me han dicho que no”, denuncia. En ese tiempo, afirma, han salido varias vacantes en recepción y en el área comercial de las que ha quedado “totalmente excluida”.

En abril de 2025, el servicio de prevención ya había comunicado una posible epicondilitis y leves signos artrósicos que podrían estar detrás de los dolores lumbares y de cadera que padecía. En marzo de este año, la trabajadora solicitó un reconocimiento específico que evaluara su aptitud para el puesto y definiera medidas para evitar que sus lesiones se agravaran.

La empresa de prevención la certificó entonces como apta con restricciones: recomendaba que no manipulara cargas superiores a ocho kilos, que no subiera y bajara escaleras más de dos veces por hora y que no realizara tareas de pie durante más de dos horas seguidas. Apenas dos meses después, ese mismo servicio emitió un certificado de no apta. A continuación, Nadia recibió la carta de despido.

La afectada rechaza la indemnización que le ofrece la empresa porque lo que quiere es seguir trabajando, y reclama que la recoloquen en otro puesto. No obstante, asegura que la compañía rechaza esta solución alegando que carece de la experiencia necesaria para otras áreas.

Este medio se ha puesto en contacto con el hotel Castilla Termal, donde trabajaba Nadia, para conocer su versión de los hechos. Según la explicación ofrecida, la organización ha actuado “conforme a la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud”.

“Los procedimientos aplicables parten siempre de la valoración realizada por los profesionales sanitarios competentes del Servicio de Prevención, quienes pueden emitir distintos criterios de aptitud para el puesto de trabajo. En los casos en que se establecen restricciones o limitaciones, se procede a analizar las medidas preventivas y organizativas para valorar la adecuación de las condiciones de trabajo a las recomendaciones emitidas, garantizando en todo momento la protección de la salud de la persona trabajadora”.

Castilla Termal afirma que este ha sido el procedimiento que han aplicado en el caso de Nadia, sin querer entrar en más detalles “por respeto a la privacidad de la persona afectada”.

La trabajadora hace un análisis de la situación de su profesión más allá de su propio caso. “Lo que les hace falta a las camareras de piso es que haya mucha más prevención, que se evalúen más los riesgos ergonómicos y los psicosociales, porque hay mucha presión por entregar habitaciones y demasiada carga de trabajo. Un buen día te pasan ocho habitaciones y al siguiente, quince”, advierte. Y lo extiende al conjunto de la plantilla: “No es solo con las camareras de piso; con los camareros de sala, en todas las áreas, es exactamente la misma problemática. No hay nada que realmente evite que las personas enfermen en el trabajo”.

CCOO reclama la nulidad del despido

La Federación de Servicios de CCOO en Castilla-La Mancha ha mostrado este lunes su apoyo a la trabajadora y ha pedido que el despido se declare nulo por vulneración de derechos. En una concentración celebrada este lunes a las puertas del Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) de Guadalajara, donde se ha celebrado un acto de mediación entre Nadia y la empresa, previo a la vía judicial, el sindicato ha puesto el foco en la precariedad de un colectivo compuesto mayoritariamente por mujeres y denuncia unas condiciones de penosidad física y psicológica que, cuando llegan al límite e incapacitan para el trabajo, la empresa “aprovecha” para desprenderse de la plantilla.

“La mayoría son mujeres migrantes, y el problema son las cargas de trabajo: no puede ser que una mujer esté haciendo treinta habitaciones todos los días”, señala el secretario de Acción Sindical de Servicios de CCOO en Castilla-La Mancha, Santiago Zafrilla. “Ese sobreesfuerzo mina su salud, termina dañando las articulaciones y la espalda, y a causa de esos problemas la despiden. Primero me exprimes y luego me despides”, resume.

El sindicato subraya, además, que la afectada es miembro del comité de empresa, y se suma a la petición de Nadia de que, si no puede continuar como camarera de piso, se la reubique en otro puesto del hotel.

Una enmienda a la futura Ley de turismo

CCOO ha trasladado el caso al debate sobre el borrador de la futura Ley de turismo de Castilla-La Mancha. A través de una propuesta a ese texto, insta a que se obligue a las empresas a realizar evaluaciones ergonómicas específicas de cada puesto, evaluaciones periódicas de los riesgos psicosociales y una medición objetiva de las cargas de trabajo. El sindicato confía en que la Junta sea “sensible” a una problemática que, sostiene, es fácilmente prevenible con los medios técnicos y la organización del trabajo adecuados.

“La ley, en su espíritu, debe promover la sostenibilidad del sector en sus distintas vertientes, valorando especialmente la sostenibilidad social centrada en el bienestar de las personas trabajadoras, que son sus verdaderas protagonistas”, reivindica la organización.

El sindicato pide también al Gobierno central que aplique coeficientes reductores que permitan a estas trabajadoras acceder a la jubilación anticipada. Según los estudios que maneja, más del 70% del colectivo padece dolor crónico y necesita medicación para aliviarlo, y hasta un 95% sufre ansiedad.

La Federación de Servicios de CCOO recuerda que se trata de una actividad de gran exigencia física, con una incidencia significativa de lesiones musculo-esqueléticas, estrés crónico y otros problemas de salud, a los que se suman riesgos químicos y biológicos.

CCOO de Andalucía ha calificado este lunes de “crítica” la situación actual del dispositivo Infoca en el ecuador de la campaña de peligro alto de incendios forestales. La organización sindical ha alertado de que “el incumplimiento de las coberturas operativas supone un riesgo extremo que podría agravarse”, confirmando la “falta” de un dispositivo cubierto al 100% en la comunidad.

La central sindical ha subrayado en un comunicado que “la deficiente gestión administrativa ha mermado la capacidad operativa del servicio público”. El secretario general de la sección sindical en la Agencia EMA, Raúl Mena, ha advertido de que “actualmente, faltan por contratar más de 250 bomberos forestales en el dispositivo, y mucho nos tememos que se queden sin cubrir”.

Esta falta de personal se debe principalmente al incumplimiento de los plazos de resolución de las Ofertas de Empleo Público (OEP) en curso, lo que ha provocado el agotamiento de las bolsas de trabajo. Para intentar paliar el déficit, se está recurriendo al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), un procedimiento que para estos casos “ralentiza” la incorporación de personal al requerir perfiles con una formación adecuada.

Sobrecarga y falta de cobertura

En ese sentido, la organización ha denunciado que las carencias en la primera línea de fuego, especialmente en Grupos de Bomberos Especialistas y Bomberos Conductores de Autobombas, han llevado a recolocar al personal de las torres de vigilancia, “desmantelando la estructura de detección temprana del Infoca”. “Esta sobrecarga, la falta de formación, sumada a la falta de cobertura de las bajas de larga duración, ha derivado en un incremento significativo de los accidentes laborales respecto a ejercicios anteriores”.

Asimismo, el secretario general de la Federación de Industria de CCOO de Andalucía, José Hurtado, ha situado el origen del colapso en el traspaso del servicio a la nueva macroagencia. “Desde CCOO no nos opusimos a su creación, pero esta Agencia nació carente de medios humanos necesarios en recursos humanos y servicios horizontales para resolver los procesos administrativos en los plazos requeridos”, ha afirmado Hurtado.

Además, ha criticado que “después de más de 210 kilómetros recorridos por el fuego, árbol a árbol, parcela a parcela, calcinándolo todo, la inacción no puede ser la respuesta”, denunciando el negacionismo ante el cambio climático instalado en el Gobierno andaluz tras el pacto de Gobierno entre PP y Vox. Este “colapso administrativo” mantiene “bloqueados” los concursos de traslado y promoción interna, obligando a cientos de trabajadores a permanecer desplazados lejos de sus hogares. Asimismo, los órganos de representación laboral, como el Comité Intercentros, se encuentran completamente paralizados por la falta de interlocución con la dirección de la Agencia.

CCOO de Andalucía ha reclamado la apertura inmediata de una “investigación exhaustiva” sobre el trágico incendio de Los Gallardos y ha exigido al Gobierno andaluz una “correcta gestión” de los recursos para “garantizar la seguridad laboral ante un incremento significativo de los accidentes respecto a años anteriores” y la activación inmediata de la interlocución paralizada en el Comité Intercentros.

Sanz: “Decir que no se trabaja en prevención es faltar a la verdad”

Por su parte, el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha defendido la gestión contra los incendios por parte del ejecutivo andaluz. En este sentido, ha señalado que “más de la mitad” del presupuesto del Plan Infoca “se destina a prevención” y que Andalucía “es la única comunicad con la plantilla contratada los 365 días del año”.

“Decir que no se trabaja en prevención es faltar a la verdad. La gestión contra el fuego se demuestra con hechos y datos”, ha afirmado Sanz este lunes en una publicación en la red social X. Ha subrayado que el personal del Infoca “está cubierto al 95%, el restante responde a bajas puntales” y que la Junta “hace inversiones millonarias en silvicultura preventiva (más de 12 millones de euros), caminos forestales (24 millones) y en la red verde (45 millones). ”Frente al relato, prevención y gestión real los 12 meses del año“, ha concluido el vicepresidente primero.

Críticas de la oposición

Unas palabras que se dan tras las críticas del sindicato y, también, de la oposición. El PSOE ha pedido la convocatoria de un pleno “urgente y extraordinario” para que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, “dé explicaciones” sobre el incendio forestal de Niebla (Huelva). La portavoz adjunta del grupo socialista, María Márquez, ha lamentado la “política nefasta” respecto a la gestión y previsión del incendio.

“Una tragedia medioambiental histórica con más drama aún teniendo en cuenta que quien nos gobierna en estos momentos en Andalucía es negacionista del cambio climático. Muy preocupados ante lo que ha pasado y por lo que puede venir”, ha señalado Márquez quien ha pedido información sobre las medidas tomadas por el ejecutivo andaluz antes y durante el incendio.

En esta línea, el alcalde de Paterna del Campo (Huelva), Juan Salvador Domínguez (PSOE), había criticado días anteriores “la gestión y las decisiones” tomadas en relación con el incendio de Niebla. “Primero, no se ataja a tiempo ni con la seriedad que un incendio siempre requiere. Se le achaca la densidad del incendio no a la gestión sino a la árboleda, a la vegetación que había”, ha aseverado en una nota de audio.

Comparecencia “urgente” en el Parlamento

Por su parte, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha defendido la gestión del ejecutivo andaluz en el incendio de Niebla (Huelva), así como en materia de prevención. “Jamás en Andalucía había habido tanta dotación de medios como hay ahora”, afirmó en una atención a los medios en Málaga.

Sobre la petición de un pleno “urgente” en el Parlamento por parte del PSOE-A para “dar explicaciones” sobre el incendio, España ha asegurado que “no tienen ningún problema”. “Si hay que comparecer, se comparecerá”, ha señalado a la par que ha puesto en valor la figura del consejero Antonio Sanz.

CCOO Ciudad Real ha celebrado un homenaje a las víctimas del accidente en la refinería de Repsol Puertollano del 14 de agosto de 2003 que causó la muerte de nueve trabajadores, hiriendo a otros 10. Un accidente que provocó un cambio en las normas de prevención de riesgos laborales del sector industrial español.

La secretaria general de CCOO Ciudad Real, Esther Serrano, ha recordado a Mariano, Josep, Roberto, Gil Remigio, Luis, Jesús Ángel, Juan Carlos, Juan de Dios y Tomas, los nueve trabajadores a cuyas familias rotas “volvemos a abrazar hoy con todo nuestro afecto, respeto y memoria sindical”.

Siete muertos este año hasta junio en accidente laboral

La dirigente ha aprovechado para recordar que en el primer semestre del año se han producido en la provincia de Ciudad Real un total de 2.305 accidentes laborales, según ha informado la central sindical.

“Entre enero y junio ya son siete los fallecidos y las familias destrozadas frente a los dos siniestros mortales del pasado año por estas fechas, es intolerable” Serrano ha exigido un cambio de actitud en la patronal “que tiene que dejar de preocuparse de lo que cuestan las bajas y garantizar que sus puestos de trabajo en sus empresas sean seguros”.

“Menos lamentarse por las bajas médicas y más invertir en prevención - ha dicho - porque el ahorro de seguridad para recortar costes termina cobrándose vidas humanas”, ha afirmado, exigiendo la aprobación inmediata, y entrada en vigor, de la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

“Mantener la lucha diaria para proteger a quienes hoy están a pie de tajo es el mejor homenaje a los nueve trabajadores de Repsol” ha dicho. “De ahí que la mejor forma de rendirles homenaje sea conquistar derechos como se ha hecho en la reciente huelga del metal ”gracias a la movilización“, ha añadido.

Por último ha hecho mención especial, en estas fechas, a los bomberos y bomberas forestales de GEACAM que arriesgan su vida para salvar las de los demás. “Es inaceptable que estén defendiendo nuestros montes, nuestros pueblos y casas en condiciones límite, sin que se respeten descansos, con retenes mermados y con 120 vacantes sin cubrir solo en en nuestra provincia”, ha concluido.

La implantación estructural, pública y universal del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) en la Región de Murcia es una medida de urgencia social y pedagógica que tendría que haberse iniciado de forma seria y contundente hace mucho tiempo. Mientras la evidencia científica y los expertos en desarrollo cognitivo no se cansan de repetir que los tres primeros años de vida son cruciales para el aprendizaje y la equidad social, la administración pública regional sigue arrastrando los pies. Lo que debió haber sido una red de protección para la infancia y una herramienta indispensable para garantizar la conciliación real de las familias murcianas se ha convertido, por culpa de la inacción y la falta de previsión política, en un laberinto burocrático y en un foco de precariedad laboral insostenible.

Durante décadas, el tramo de 0 a 3 años se ha tratado erróneamente desde las esferas institucionales como un servicio puramente asistencial o de “guardería”, un recurso secundario destinado simplemente a la custodia de menores. Despojar a esta etapa de su innegable carácter educativo ha sido el primer gran error histórico de la gestión autonómica. Cuando la necesidad de plazas públicas es acuciante y miles de familias de clase media y trabajadora se ven obligadas a hacer encajes de bolillos económicos para costear la escolarización temprana, la parálisis administrativa pasa de ser una ineficiencia para convertirse en una injusticia social. Llegar tarde a la regulación y financiación del ciclo 0-3 significa, lisa y llanamente, ensanchar la brecha de desigualdad desde la cuna.

En este complejo escenario, la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se sitúa en el centro de todas las críticas legítimas de la comunidad educativa. Lejos de diseñar una hoja de ruta sólida, basada en presupuestos autonómicos propios y en la creación de infraestructuras públicas estables, la Consejería ha optado sistemáticamente por una política de parches y propaganda. La realidad que se vive en las escuelas infantiles dista mucho de los grandes anuncios institucionales de “gratuidad universal” que se lanzan a los medios de comunicación. CCOO llevan tiempo saliendo a la calle para denunciar la falta de planificación real, el retraso crónico en las aportaciones económicas y la asfixia generalizada que sufren los centros de la comunidad.

El reflejo más nítido y preocupante de este modelo de improvisación es, sin duda, el recurso sistemático a los llamados nombramientos por programas. En lugar de consolidar plazas fijas y estructurales dentro de la plantilla pública de la Comunidad Autónoma, la Consejería de Educación fía la escolarización del tramo de 0 a 3 años a proyectos temporales y presupuestos con fecha de caducidad. Este perverso mecanismo contractual tiene consecuencias devastadoras en dos frentes diferenciados.

Por un lado, somete al personal interino a una inestabilidad laboral crónica, con contratos precarios que se extinguen al finalizar el programa de turno, destruyendo cualquier atisbo de carrera profesional digna para un sector tradicionalmente feminizado y maltratado. Por otro lado, esta falta de estabilidad de las plantillas dinamita por completo la continuidad pedagógica en las aulas. Los niños y niñas en edades tan tempranas necesitan referentes afectivos y educativos estables para su correcto desarrollo; cambiar de profesionales continuamente debido a las costuras de un contrato temporal es una falta de respeto al alumnado.

La Consejería de Educación utiliza los nombramientos por programas como un escudo administrativo para eludir su responsabilidad presupuestaria a largo plazo. Al no crear plazas estructurales, la administración regional evita comprometer fondos propios para el futuro, dejando la educación de los más pequeños supeditada a vaivenes económicos externos. No se puede construir el futuro educativo y el estado del bienestar de la Región de Murcia sobre los cimientos de la provisionalidad. Las familias murcianas no necesitan promesas electorales, ni las educadoras merecen ser tratadas como mano de obra de usar y tirar en programas con fecha de vencimiento.

Es hora de exigir un giro de 180 grados en la gestión educativa. La Consejería de Educación debe asumir de una vez por todas sus competencias, dotar al ciclo 0-3 de un presupuesto autonómico blindado y sustituir los parches de los programas temporales por plazas fijas y estables en la función pública. La educación de calidad de nuestros niños y niñas de cero a tres años no son un proyecto piloto ni un lujo financiable a plazos: son un derecho que ya ha esperado demasiado.

La Federación de Servicios de la Ciudadanía (FSC-CCOO) de Castilla-La Mancha reclama mejoras en las condiciones y prestación del servicio público en las escuelas infantiles de la región. Consideran que tras la finalización del curso, que ha estado protagonizado por “importantes movilizaciones” del sector de 0-3 años en la región, “es el momento de seguir exigiendo a las administraciones competentes (autonómica y local) garantías para unificar calendarios en todas las escuelas infantiles de la región”.

Apuntan que recientemente se ha conseguido, a través de la negociación con el Ministerio de Educación, la disminución del número de alumnado por aula para acercarse a los estándares recomendados por la Unión Europea. La FSC exige que esa bajada de ratios se aplique, también, a las escuelas infantiles municipales.

“Quedan muchas cuestiones fundamentales para dignificar las condiciones laborales de los y las profesionales de este ciclo educativo. Es un sector feminizado y olvidado, en muchos casos, por la administración que lo trata como un mero recurso para la conciliación, obviando que constituye la primera etapa de la educación de nuestros hijos e hijas” ha explicado Carmen Juste, secretaria general de la FSC-CCOO Castilla-La Mancha.

“Sólo hay que ver los reglamentos de funcionamiento de escuelas infantiles municipales para comprobar que no hay referencias expresas a que el personal cuente con tiempo suficiente para realizar tareas de organización y planificación del centro”, señala. Por eso, aprovechando el inicio del nuevo curso escolar en Septiembre, “queremos exigir a la Consejería de Educación y a los distintos ayuntamientos una serie de reivindicaciones fundamentales para que las personas trabajadoras de escuelas infantiles municipales realicen su trabajo con garantías para proporcionar una educación de calidad, inclusiva y centrada en el bienestar del menor”.

Entre esas medidas están la implantación de dos profesionales por aula para una “atención segura y emocionalmente respetuosa”; la integración estructural de profesionales; la coordinación con otros servicios básicos para la detección y atención temprana y garantizar a los niños con necesidades especiales una inclusión real y segura; o la implantación de medidas de conciliación familiar y personal para el colectivo de escuelas infantiles.

“Aunque lo más importante, cita Juste, es el reconocimiento profesional y salarial de quienes educan en la etapa de 0-3 como profesionales de la educación que son o la implantación del grupo B en las escuelas infantiles municipales públicas”.

“Desde CCOO reafirmamos nuestro compromiso con la mejora del ciclo 0-3. Seguiremos trabajando sin descanso para avanzar hacia un sistema educativo con condiciones dignas para sus profesionales, siempre desde el diálogo social, la negociación colectiva y la acción sindical responsable, encaminada a mejorar las condiciones laborales y salariales de las personas trabajadoras”, concluye la máxima responsable de FSC-CCOO en Castilla-La Mancha.

Comisiones Obreras ha denunciado este jueves la “precariedad” del operativo de incendios en la provincia de Ávila, donde se ha registrado el incendio más extenso de los registrados históricamente en España (50.000 hectáreas), ya que 20 de los 82 puestos del operativo de la Junta de Castilla y León siguen vacantes, lo que equivale a uno de cada cuatro.

Según ha relatado CCOO en una nota de prensa, la situación del año pasado “vuelve a repetirse” en 2026, pero en esta ocasión “con mayor número de puestos vacantes” y tras el mayor incendio registrado en España, que ha quedado este jueves estabilizado quince días después de su inicio.

En este sentido, ha recordado que en 2025, los responsables del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila “se acordaron el 13 de agosto de que tenían 14 puestos sin cubrir de vigilantes de incendios, conductores-maquinistas de autobomba y peones de montes y extinción”. Este año, la situación “vuelve a repetirse”, pero con “un mayor número de puestos vacantes”, ya que de los 82 existentes, una veintena se encuentran sin cubrir, lo que a su juicio “ha impedido una participación de todos los medios propios de la Junta de Castilla y León requeridos en el gran incendio” de Burgohondo (Ávila), ya estabilizado.

En la relación de puestos de trabajo de la Junta en Ávila, de las tres categorías profesionales, existen un total de 82 puestos de trabajo distribuidos entre 19 localidades, de los cuales, a fecha 1 de julio de 2026, “había 19 sin cubrir”, si bien el día que comenzó el incendio de Burgohondo -22 de julio- las vacantes habían subido a 20 por la jubilación de otro trabajador.

Efectivos “sobrecargados”

Comisiones Obreras lamenta que, pese a que este incendio tiene un perímetro de 160 kilómetros, “los 20 puestos siguen sin cubrir”, lo que se traduce en “turnos de trabajo que no se pueden atender”, mientras que “se sobrecarga a los efectivos disponibles”.

Este sindicato señala que el 24 de julio, día en el que se declara por primera vez la emergencia nacional por un incendio forestal, es el día en el que “alguien descubre esta situación y se acuerda de que hay que llamar a personas que puedan ocupar estos puestos de trabajo, esenciales todo el año y más en una situación de estas características”.

Sin embargo, lo que ven como “imprevisión de la Consejería supone que las bolsas de empleo están desiertas, sin nadie a quien poder llamar”, ya que su actualización fue “tardía” y, para las tres categorías profesionales fueron convocadas los días 9, 10 y 11 de junio, aunque su entrada en funcionamiento “requerirá de meses de tramitación administrativa”.

Con poca experiencia

Esta situación obliga, según el convenio colectivo aplicable, a acudir al servicio público de empleo (Ecyl) para efectuar llamamientos de personas que cumplan los requisitos exigidos, si bien es “muy posible que no tengan experiencia laboral en estas actividades y, por tanto, sin la preparación mínima para enfrentarse de inicio a situaciones complicadas y potencialmente peligrosas”.

Comisiones Obreras critica que la Junta “llame ahora del paro a personas para vigilancia y dotación de sus autobombas, que se encontraban sin personal suficiente, para afrontar un desastre” como el del incendio de Burgohondo.

“Vamos corriendo detrás de los incendios, terminamos exhaustos, no nos da el cuerpo para la voracidad de estos fuegos. No somos suficientes. Esto no puede seguir así. Necesitamos dotaciones estándar, con compañeros a tu lado para que todos los bomberos y bomberas veamos que el trabajo es efectivo”. Con estas palabras ha resumido Ignacio Blanco, delegado en Guadalajara de la sección de CCOO en la empresa pública de extinción de incendios de Castilla-La Mancha (GEACAM) la situación de este colectivo, no solo en la provincia con motivo del gran incendio de La Mierla, Guadalajara, sino en toda la comunidad autónoma.

Representantes de la sección de este sindicato en la empresa pública han esperado a que la situación de los fuegos, tanto de La Mierla como de Almorox, en Toledo, estuviera controlada para poner sobre la mesa sus principales denuncias y peticiones ante una situación que consideran “insostenible” y que llevan años denunciando.

Manuel Amores, secretario de la sección sindical de CCOO en GEACAM, ha tenido en primer lugar palabras de ánimo para todos los vecinos y vecinas que han perdido sus tierras, viviendas o ganado en los fuegos y ha agradecido la colaboración de todos los bomberos y bomberas del Plan Infocam, de las brigadas forestales, de los retenes de otras comunidades autónomas y de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Dicho esto, ha querido poner sobre la mesa los avisos que el sindicato venía realizando desde hace tiempo, de manera más incipiente desde 2020. “Año tras año, se han hecho recortes en retenes, autobombas, y en puestos de vigilancia fija, móvil y nocturna”. Concretamente, cifra en 672 los efectivos “recortados” en toda la comunidad autónoma: 142 en Albacete, 120 en Cuenca, 152 en Guadalajara, 120 en Ciudad Real y 140 en Toledo. Actualmente, hay 1.800 bomberos y bomberas en toda la región, un 30% menos en invierno.

Como antecedente de lo que ha sucedido en el fuego de La Mierla, ha detallado cómo el 20 de septiembre del año pasado, dos días después del incendio en el Pico del Lobo de Guadalajara, se quitaron seis de los siete retenes de la zona. Solo uno pudo salir a apagar ese incendio, que quemó 3.000 hectáreas.

Afirma que ya entonces, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, responsable del Plan Infocam, les “insultó” por realizar esa denuncia diciendo “que no teníamos ni idea de incendios”. El tiempo considera Amores, les ha dado la razón. El pasado 6 de junio, el sindicato ya avisó de las deficiencias en el dispositivo y el día 16 de julio, con el inicio del incendio de La Mierla en Guadalajara, todos los sindicatos estaban manifestándose por su situación.

“El día 23 de junio había retenes inoperativos tanto en la provincia de Toledo como en la de Guadalajara, y qué casualidad que justo los dos grandes incendios de la región han sido en estas dos provincias”, ha dicho. Ha recordado además que hasta el 15 de junio no se desplegó el total del operativo contra incendios, dos semanas después del inicio oficial de la campaña. Y además, comenzará a replegarse el 18 de septiembre, cuando la campaña no termina hasta el día 30 de ese mes.

“La cuestión es que en Guadalajara se han quemado 32.000 hectáreas y aquí no pasa nada. El próximo día 18 de septiembre se desactivará la vigilancia fija y aquí no pasa nada. Se han evacuado 34 poblaciones y aquí no toma nadie ninguna decisión. La extinción ha sido un desastre total tanto en este fuego como en el de Almorox”, ha dicho el dirigente sindical muy afectado.

Dormir poco o nada, y al día siguiente, el mismo traje con todas las cenizas, sin sitio donde lavarlo

A la falta de efectivos ha sumado las malas condiciones en que han trabajado: alojamientos sin ventilación, camas sin sábanas, descansos de apenas diez horas, en vez de las 12 horas estipuladas por convenio, búsqueda de comida “por tu cuenta” y solo un EPI por persona durante cuatro días. “Dormir poco o nada, y al día siguiente, el mismo traje con todas las cenizas, sin sitio donde lavarlo”.

Conducir autobombas hasta 22 horas al día

Manuel Amores también ha puesto el acento en el hecho de que los conductores de autobombas, vehículos de más de 10.000 kilos, están exentos de llevar tacógrafo, que estipula que solo pueden trabajar nueve horas diarias, pero “no exentos de cumplir la normativa de tráfico”. Algunos, afirma, han conducido hasta 22 horas diarias. CCOO ha denunciado esta situación concreta, que se ha dado en los dos incendios mencionados, ante la Inspección de Trabajo.

“Es mentira todo lo que dice la Administración sobre la efectividad de las labores extinción y prevención”, añade. Detalla que el pasado mes de diciembre se eliminaron las dos cuadrillas por provincia que estaban realizando labores de prevención, y que este mismo trabajo ya no se va a retomar hasta enero de 2027 porque muchos de los efectivos deben recuperar durante el otoño las horas extra realizadas durante el verano.

Limpiar el monte, sí, pero antes evaluar el entorno de los pueblos

De hecho, sobre esta cuestión, ha incidido en la importancia de los trabajos de limpieza en el monte, pero considera que actualmente es más relevante realizar planes de evaluación alrededor de los núcleos de población, “porque hay que proteger a la ciudadanía”. “Si existiera esta planificación, no tendríamos que dejar el incendio del monte para salvar las vidas humanas y las casas, pero eso no sucede, y debemos priorizar”.

Todo ello, remarca Manuel Amores, con turnos de trabajo “que nos dejan exhaustos” y con “cero euros” para la renovación y mejora de su convenio laboral, estancado desde diciembre de 2024. Hasta ahora, en las reuniones convocadas por el Jurado Arbitral tras la demanda el sindicato para la renovación del convenio, no ha habido avances. CCOO pide al menos tres turnos al día como los de las brigadas forestales (BRIF), y no dos turnos de 12 horas, pero a GEACAM “no le da la gana cambiarlos”.

“Es muy triste que tengamos que seguir pidiéndolo”, ha concluido, exigiendo en este punto la dimisión de la consejera y de su viceconsejeroro de Medio Ambiente, José Almodóvar. Si no dimiten, piden que el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, los cese, y de no ser así, este último será el “responsable”.

Por su parte, Ignacio Blanco, delegado del comité de CCOO de GEACAM en Guadalajara, ha lamentado, también muy afectado, las consecuencias del incendio de La Mierla. “Vendrán luego en unas semanas las valoraciones económicas, pero no sé qué valor económico tiene levantarte por la mañana, mirar alrededor y ver todo carbonizado. Es muy difícil ponerse en esa situación”.

Afirma rotundo que el modelo actual de extinción de incendios “no funciona”. “Solo corremos detrás de los fuegos, que generan sus propios climas, y que en una tarde pueden arrasar 2.000 hectáreas. Así vamos a perder siempre la batalla. O se hace algo o seguiremos viendo desalojos, viendo cómo se pierden miles de hectáreas de monte y sintiéndonos cada vez más impotentes”, ha subrayado.

Con un 30 por ciento de temporalidad, de interinos, de fijos discontiuos que desde el 18 de septiembre empiezan a irse, ¿quién va a trabajar luego en prevención si somos cuatro gatos?

En una provincia como Guadalajara, donde la mayor parte de la superficie es forestal, el recorte de efectivos se ha dejado notar a lo largo de los años. “Con un 30 por ciento de temporalidad, de interinos, de fijos discontinuos que desde el 18 de septiembre empiezan a irse, ¿quién va a trabajar luego en prevención si somos cuatro gatos?”, ha lamentado.

Solo corremos detrás de los fuegos, que generan sus propios climas, y que en una tarde pueden arrasar 2.000 hectáreas. Así vamos a perder siempre la batalla. O se hace algo o seguiremos viendo desalojos

Ignacio Blanco — Delegado de CCOO Guadalajara en GEACAM

Finalmente, Javier Rubio, delegado en Toledo de CCOO en GEACAM, ha remarcado que “viendo las barbaridades que la naturaleza hace”, trabajar con menos efectivos en incendios de sexta generación, está llevando a los bomberos y bomberas “al límite”.

Como ejemplo, ha puesto el hecho de que en el incendio de Almorox, muchos retenes consiguieron el avituallamiento de comidas a través de vecinos y vecinas de los pueblos, cuando GEACAM, recuerda, dispone de “una logística para ello”.

Estos bomberos no descartan seguir con sus ya numerosas movilizaciones y manifestaciones para pedir mejoras en el dispositivo, pero lo dicen desalentados por los nulos avances conseguidos hasta ahora. “Esperaremos a que termine la campaña contra incendios, y lo estudiaremos con otros sindicatos, pero llevamos ya años y años pidiendo lo mismo. Es de lógica, de sentido común. Que nos hagan caso ya de una vez, por favor”.

CCOO Cantabria ha criticado la “arbitrariedad” con la que, a su juicio, la Consejería de Educación está gestionando la concesión de comisiones de servicio para el próximo curso escolar y ha exigido una “regulación clara” con “criterios objetivos y evaluables”.

En un comunicado, la Federación de Enseñanza del sindicato ha explicado que “se están rechazando solicitudes motivadas que sí se concedían en cursos anteriores” y “sin explicación clara ni criterio público que avalen el cambio de criterio” al tiempo que “se aceptan otras con menor justificación”.

Además, según CCOO, “se están aprobando comisiones de servicio para algunos puestos que se denegó a otros docentes en cursos anteriores”.

La Federación ha explicado que está recibiendo “numerosas quejas de docentes que han visto rechazada su solicitud pese a acreditar circunstancias personales, familiares o profesionales que tradicionalmente eran aceptadas por la Consejería”.

El sindicato ha detallado que entre los casos denegados figuran solicitudes de docentes cuyos cónyuges pertenecen a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o a personal médico y sanitario destinado en Cantabria; situaciones familiares con personas dependientes o con hijos e hijas en edad escolar; personas reconocidas por el ICASS como cuidadoras de familiares con dependencia severa o gran dependencia, o comisiones de servicio vinculadas al impulso de proyectos de dirección en centros con características educativas complejas.

La Federación ha señalado que la Dirección General de Personal Docente ha remitido las denegaciones a perfiles docentes que habían solicitado y “justificado sobradamente” su petición de comisión de wervicio y que, en algunos casos, ya habían ocupado el mismo destino en cursos anteriores.

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, Conchi Sánchez, ha opinado que “no es aceptable que docentes que llevan años obteniendo una comisión de servicio por circunstancias familiares o profesionales perfectamente acreditadas reciban ahora una denegación genérica sin ninguna explicación”.

“Si se han modificado los criterios qué menos que explicarlos, hacerlos públicos y aplicarlos de igual manera para todo el profesorado”, ha aseverado. Para el sindicato, esta situación se suma a una sucesión de decisiones que, a su juicio, evidencian “una preocupante forma de gestionar los recursos humanos de la educación pública”, después de denunciar durante las últimas semanas el recorte de más de 160 plazas docentes y la supresión de más de una treintena de unidades educativas.

“Es una Consejería que toma decisiones sin negociación y sin transparencia”, ha criticado Sánchez, que ha pedido a la Consejería que establezca “una regulación clara de las comisiones de servicio, con criterios objetivos y evaluables, tal y como están implantados en otras comunidades autónomas a modo de concursillo”.

Los sindicatos CCOO Industria y UGT FICA han suscrito un preacuerdo con la patronal del sector vinícola de Ciudad Real de cara al próximo convenio colectivo en la provincial.

El preacuerdo incluye una subida salarial del 3,5% en 2026, y del 3% en 2027 con cláusula de revisión salarial de hasta un 1% adicional cada uno de los años de vigencia, según han informado las organizaciones sindicales.

Los salarios podrán llegar al 4,5% y al 4% con efecto retroactivo desde el 1 de enero, para los 6.000 trabajadores del sector en la provincia.

Reducción de la jornada laboral

Además incluye una reducción de la jornada laboral en 8 horas quedando fijada la máxima anual en 1.792 horas por lo que las personas trabajadoras tendrán un día más de descanso.

En el preacuerdo se establece el mantenimiento de la antigüedad y los complementos de IT en las mismas condiciones uno de los puntos de fricción entre los sindicatos y la patronal.

Además incluye ultraactividad de forma que el convenio estará vigente mientras no haya otro que lo sustituya. Una vez se firme y se publique el texto definitivo del convenio los atrasos irán desde los 400 euros para la categoría más baja en adelante.

El secretario general de CCOO Industria Ciudad Real, Víctor Manuel Arias, ha indicado que “todas estas mejoras, sin ningún recorte, se han conseguido gracias a la movilización de los trabajadores y trabajadoras del sector que avanzan en derechos y mejoran sus condiciones laborales”.

El responsable sindical ha apuntado a la importancia de las subidas salariales y la reducción de la jornada Recuerda que la lucha que comenzó el sector del metal “no solo ha servido para el convenio del metal sino que está sirviendo de referencia para todos los convenios de la provincia de Ciudad Real ya que, de forma mayoritaria, se están firmando con cláusulas de revisión salarial y subidas por encima del IPC”.

Por parte de UGT FICA Ciudad Real, Alfredo Nieto ha destacado que, hasta llegar al acuerdo que hace posible este convenio, la negociación ha sido “dura y difícil” con momentos en los que “hemos tenido que recurrir a la movilización”.

Al final, ha apuntado, “nos podemos sentir satisfechos con las mejoras alcanzadas, sobre todo con la subida salarial y la cláusula de revisión que hemos podido introducir en el texto; la reducción de la jornada; y, algo muy importante, la ultraactividad, de tal manera que este convenio permanecerá vigente mientras no haya otro que lo sustituya”. La Federación de Industria Construcción y Agro de UGT resaltaba que se trata de un sector estratégico en Ciudad Real, provincia a la cabeza tanto en producción como en exportación, de ahí “nuestro empeño en seguir avanzando en derechos y en mejores condiciones laborales”.

Alfredo Nieto ha señalado que aún quedan reivindicaciones pendientes “sobre las que seguiremos trabajando en las próximas negociaciones”.

El sindicato CCOO ha denunciado que 17.452 personas trabajan cada semana en Castilla- La Mancha un total de 117.789 horas extraordinarias sin remuneración.

El Gabinete Económico de CCOO ha hecho público un informe, con datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que constata que las horas extraordinarias no remuneradas continúan siendo “una de las principales formas de abuso laboral en nuestro país”.

En Castilla-La Mancha 42.426 personas trabajadoras reconocen haber hecho horas extra de un total de 804.284 asalariados y asalariadas.

En el último año se pagaron 230.358 horas extra cada semana a un total de 29.491 personas asalariadas de media.

Sin embargo, se dejaron de pagar en ese mismo periodo 117.789 horas extra a 17.452 personas. La secretaria de mujeres, igualdad y juventud, Ana Villaseñor, recuerda que esto “es un fraude y tiene una consecuencia muy grave: que muchas personas que buscan trabajo no tienen una oportunidad y otras acumulan horas sin cobrar, por lo que no podemos aceptar que ésa sea la forma de organizar el empleo”.

Es un fraude y tiene una consecuencia muy grave: que muchas personas que buscan trabajo no tienen una oportunidad y otras acumulan horas sin cobrar

A nivel nacional, esta práctica fraudulenta supone 2,54 millones de horas extras no pagadas que cada semana trabajan de media en España un total de 436.000 personas asalariadas.

Las horas extra no pagadas equivalen en nuestro país a 68.000 puestos de trabajo a jornada completa y a 3.378 millones de euros al año que el empresariado deja de pagar en salarios, cotizaciones e impuestos. De media, una persona afectada trabaja 5,8 horas extra no pagadas a la semana. Eso supone “regalar” a la empresa 148 euros a la semana o 7.696 euros al año entre sueldo y cotizaciones.

¿Dónde se concentran las horas extra pagadas y no pagadas?

Los datos muestran que las horas extraordinarias pagadas en Castilla La Mancha se concentran principalmente en actividades vinculadas a la industria (34.819), el transporte (20.937) y la construcción (29.290). En cuanto al volumen de horas no pagadas destacan las actividades de transporte (25.016), las actividades sanitarias y de servicios sociales (16.868) , educación (11.623) y hostelería (9.606).

A nivel nacional, los sectores con mayor volumen de horas no pagadas son la educación (19,5% horas extra no pagadas), industria manufacturera (9,9%), profesiones científicas y técnicas (9,8%) y hostelería (8,9%).

Si miramos el porcentaje de personas afectadas, los sectores que encabezan el ranking son las finanzas y seguros (6,5% de sus asalariados trabajan horas extra no pagadas) y educación (5,2%)

Los sectores con mayor intensidad de horas extra no pagadas son los de la edición, radiodifusión y distribución de contenidos: 8,5 horas extra semanales de media; hostelería, 7,5 horas extra no pagadas a la semana y transporte – almacenamiento, siete horas semanales gratis.

CCOO vuelve a insistir en que debe reforzarse el control del cumplimiento de la normativa sobre jornada laboral para erradicar una práctica que vulnera los derechos de las personas trabajadoras, altera la competencia entre empresas y supone la disminución de los ingresos públicos.

Villaseñor recuerda que “la ley existe pero hay que hacerla cumplir porque nadie debería regalar su tiempo de trabajo. Cada hora trabajada tiene que pagarse, es una cuestión de derechos, de salarios y de creación de empleo”.

La precariedad del sector de los técnicos y montadores de los eventos culturales vascos les llevará a una huelga en Vitoria entre las 6.00 horas del 5 de agosto y las 6.00 horas del 6 de agosto si no media una reacción de última hora de la patronal que no se ha producido en meses. El momento elegido condiciona buena parte del día grande de las fiestas de La Blanca, con decenas de actos programados, y a la noche de conciertos, incluido el de Leire Martínez, uno de los platos fuertes del programa en la plaza de los Fueros.

De momento, en vista de la convocatoria, las txosnas ya han confirmado la suspensión de actividades por las protestas. Pero también están llamados a parar los trabajadores de los actos de la plaza de la Provincia o de la plaza del Matxete, otros dos puntos neurálgicos de La Blanca. “Fiestas que cuentan con un presupuesto millonario y, a pesar de ello, van a estar ligadas a la explotación y a la precariedad laboral”, sostienen los convocantes, que miran a la patronal Euki, pero también a las instituciones públicas promotoras de los eventos y que “adjudican los contratos sin importarles las condiciones de los trabajadores”.

Los convocantes son el colectivo Teknikariok y los sindicatos ESK, LAB, UGT, CCOO, ELA y CNT. Ya hicieron movilizaciones en primavera —aseguran que lograron un seguimiento cercano al 80% en un colectivo de unas 300 personas—, pero ahora buscan el altavoz de las fiestas de las capitales, ya que igualmente anuncian movimientos similares en Donostia y en Bilbao. Las respectivas 'semanas grandes' arrancan el 8 y el 22 de agosto, respectivamente.

“La paralización será muy amplia [...]. Y tenemos el apoyo del público y de la cultura”, vaticinan los convocantes, que han celebrado una rueda de prensa cerca de la Virgen Blanca de Vitoria, donde se iniciarán las fiestas este martes a las 18.00 horas. Marta Castro Dehesa, de Teknikariok, ha apelado a la “empatía” de la ciudadanía y “de los que se suben al escenario” porque “sin el que conecta el audio nada sería posible”.

El Ayuntamiento, ante el temor a que se le caiga parte de la programación, ha sugerido que serían necesarios “servicios mínimos”. Los convocantes han acogido con extrañeza la petición. “Ya nos gustaría que la cultura” fuera considerada un servicio básico, han ironizado. Insisten en que ese deseo “no se aplica de ninguna manera” y ven una “intención política” de “aparentar que están intentando hacer algo”.

Los convocantes recalcan que “no era la intención” llegar a la huelga, pero “después de más de dos años y medio la negociación sigue bloqueada” y ni siquiera las protestas de primavera han espoleado a Euki. Dicen que el suyo es un sector “completamente desregularizado” que, además, tiene que cohabitar con “paracaidistas”, es decir, empresas que vienen de fuera a festivales y cuyas condiciones son diferentes. No tienen calendarios ni pluses de nocturnidad o festivos y la Inspección de Trabajo ha emitido ya varias resoluciones sobre el sector, han recalcado Teknikariok y los sindicatos promotores de la huelga.

El Tribunal de Instancia, Sección de lo Social, de Logroño ha dado la razón a una trabajadora de SEMARK AC GROUP, S.A. (Supermercado Lupa), asistida por el servicio jurídico de CCOO, en la demanda presentada por modificación sustancial de condiciones de trabajo que la empresa le impuso al suprimir el plus de “quebranto de moneda” que venía percibiendo desde el inicio de su relación laboral en 2015.

La Sentencia nº190/2026, dictada el 27 de julio de 2026, declara nula la decisión empresarial y reconoce el derecho de la trabajadora a ser repuesta en sus condiciones laborales anteriores, condenando además a la empresa a abonar todas las cantidades dejadas de percibir desde que se eliminó este concepto retributivo. La sentencia es firme y no cabe recurso.

La trabajadora, con categoría profesional de cajera, venía percibiendo un plus de “quebranto de moneda”, un plus reconocido en el Convenio Colectivo de comercio de La Rioja para quienes tienen como función del cobro de ventas. A partir de enero de 2025, la empresa dejó de abonarle este complemento y, posteriormente, llegó incluso a descontarle de nómina las cantidades ya percibidas por dicho concepto durante 2024.

La supresión de este complemento, se detectó gracias a la labor constante de revisión de nóminas que realizan las delegadas de CCOO en la empresa (especialmente intensificada tras la publicación del nuevo Convenio Colectivo de comercio de La Rioja el 27 de febrero de 2025) de este modo, se detectó la irregularidad y pudo iniciarse la reclamación.

La empresa alegaba que la trabajadora realizaba otras funciones además del cobro en caja y que, por tanto, no tenía derecho al plus. Sin embargo, la prueba practicada en el juicio (incluido el testimonio de una delegada de personal de CCOO en la empresa y del responsable de relaciones laborales de la propia empresa) acreditó que la trabajadora únicamente realiza labores de reposición cuando no hay clientes que atender, sin desempeñar ninguna otra función fuera de caja.

Ante esta sentencia, CCOO resalta que la sentencia sienta un precedente: “las empresas no pueden modificar unilateralmente el sistema de remuneración sin respetar los trámites y las causas que exige la ley”

Los sindicatos amenazan con movilizaciones en el sector vinícola ante el bloqueo de la mesa negociadora. Así lo han asegurado UGT y CCOO, presentes en la mesa negociadora del convenio de Industrias Vinícolas y Alcoholeras de La Rioja porque “tras meses de negociación, la patronal sigue rechazando las mejoras salariales y laborales e incluso plantea más flexibilidad y nuevos recortes”.

Y además de las movilizaciones, los sindicatos han trasladado a las plantillas la negativa a realizar horas extraordinarias de cara a la campaña de vendimias así como el desarrollo de un calendario de acciones reivindicativas que “en caso de no lograr avances finalizará en una huelga general en todo el sector a mediados de septiembre y principios de octubre”, en plena campaña de vendimia.

Esta es la respuesta de la patronal que aseguran no tiene voluntad negociadora porque “tras meses de reuniones sigue rechazando las principales reivindicaciones planteadas para mejorar las condiciones laborales y salariales de las personas trabajadoras”. Entre ellas, recuerdan desde UGT y CCOO, plantean “un incremento acorde a la inflación con el objetivo de no perder poder adquisitivo, una cláusula de revisión topada al uno por ciento, una reducción de jornada de ocho horas para 2027 aumentando un día de vacaciones y actualización de licencias y permisos”.

Propuestas ante las que las formaciones sindicales lamentan el “desinterés de la patronal que además de rechazarlas, se compromete a realizar nuevos encuentros que luego no convocan o suspenden”. Piden “unidad” y “participación” de las plantillas en las movilizaciones que se convocarán a partir de septiembre “para exigir un convenio colectivo que garantice salarios dignos, mantenimiento de las condiciones de trabajo y el reconocimiento del esfuerzo de quienes sostienen uno de los sectores más importantes de La Rioja”.

Por su parte, la parte empresarial ha tachado de “irresponsable” la amenaza de movilizaciones por parte de los sindicatos, especialmente en un momento tan delicado para el sector vitivinícola. “Nuestra voluntad es mantener abierto el diálogo y continuar la negociación en septiembre con el objetivo de alcanzar un acuerdo equilibrado”.

No obstante, en un comunicado recogido por la FER, consideran que las peticiones de los representantes sindicales “son irreales y conllevarían la destrucción de empleo, cuyo mantenimiento es prioritario para nuestro sector”. Por ello, han reclado “una muestra de responsabilidad”, ya que esta medida, según consideran, “únicamente puede agravar la situación y ocasionar un mayor perjuicio para las empresas, los trabajadores y el conjunto del sector”.

CCOO en Correos ha denunciado que la empresa pública ha reducido en torno al 35% la contratación de verano en Cantabria respecto a la campaña estival de 2025, una decisión “especialmente grave” a juicio del sindicato por producirse en pleno periodo vacacional y en un contexto de creciente carga de trabajo para las plantillas.

Según los datos recopilados por CCOO, los mayores recortes se han producido en carterías, oficinas o localidades donde la cobertura de vacaciones y ausencias se encuentra “muy por debajo” de las necesidades reales del servicio. Así, entre las localidades especialmente afectadas están Santander, Torrelavega, Laredo, Castro Urdiales y Maliaño, en las que el recorte en la contratación supera el 40%.

Según la delegada de CCOO en Correos, Patricia Herrero, la entidad postal “pretende prestar más servicios con menos personas”. “Cada verano recorta la contratación mientras aumenta la población, crece la paquetería y se incorporan nuevas tareas a las ya existentes. Es una decisión exclusivamente económica que acaba pagando la plantilla y la ciudadanía”, ha lamentado.

CCOO ha considera que este recorte constituye el mayor ajuste de contratación estival registrado en la comunidad y responde a una política continuada de reducción de costes laborales que se viene aplicando en Correos desde hace años.

El sindicato ha criticado que la empresa utilice conceptos como eficiencia o productividad para justificar “una estrategia basada en la disminución de efectivos, el incremento de las cargas de trabajo y el deterioro progresivo del servicio postal público”.

También ha censurado que estos recortes resultan “especialmente contradictorios” por cuanto la dirección de Correos continúa presentando públicamente a la empresa como un instrumento esencial para la cohesión territorial y anuncia nuevos servicios públicos que requieren más recursos humanos.

El sindicato ha apuntado que el recorte en la contratación de verano se produce con la reciente publicación del Informe Anual 2025, en el que la empresa declara unos beneficios de 11,5 millones de euros. “No se puede presumir de beneficios cuando una parte importante procede de vender patrimonio y de recortar empleo. Si los resultados se consiguen reduciendo contratación y aumentando la carga de trabajo, quien está financiando esos beneficios es la propia plantilla”, ha afirmado la delegada sindical.

Para CCOO, no se puede hablar de éxito empresarial cuando ese resultado se obtiene a costa de reducir contratación, aumentar la presión sobre las plantillas y deteriorar las condiciones de trabajo, porque Correos “mantiene niveles de temporalidad incompatibles con una empresa pública, miles de puestos pendientes de estabilización, una elevada parcialidad y una oferta de empleo paralizada desde hace cuatro años”, ha denunciado.

Además, este verano presenta una situación “especialmente preocupante” según CCOO porque “nunca las personas que permanecen trabajando durante el periodo estival habían contado con tan poco apoyo de contratación adicional y nunca quienes aspiraban a acceder a una contratación temporal de verano habían encontrado tan pocas oportunidades laborales”.

El sindicato ha advertido que esta política repercute directamente en la ciudadanía, que sufre retrasos, acumulación de envíos y una peor atención, mientras la plantilla soporta una carga de trabajo cada vez mayor, con el consiguiente incremento de los riesgos psicosociales, del desgaste físico y emocional y del absentismo laboral.

Por todo ello, CCOO ha exigido a Correos la recuperación inmediata de los niveles de contratación necesarios para garantizar la cobertura de vacaciones, permisos y ausencias, reforzar las plantillas y asegurar la prestación de un servicio postal público de calidad en Cantabria.

La mayoría sindical en Osakidetza, conformada por los sindicatos Satse, ELA, LAB, CCOO y UGT —y apoyada por ESK desde fuera—, ha respondido este miércoles al acuerdo de mejora de condiciones laborales exclusivamente para el colectivo médico, aprobado ya definitivamente este martes, con el anuncio de una “dinámica de huelgas y movilizaciones” en otoño. El calendario, eso sí, no ha sido definido y se hará “después del verano”.

El consejero Alberto Martínez confirmó ya la entrada en vigor del pacto alcanzado con el SME y que tendrá una dotación total de 75 millones de euros. Para el resto de organizaciones con representación en Osakidetza, en cambio, “no da respuesta a las reivindicaciones del colectivo ni afronta los retos estructurales del sistema sanitario público vasco” y consolida un modelo de “autoconcertación”, es decir, de abono de horas extraordinarias para reducir listas de espera sin ampliar la plantilla estructural.

Asimismo, critican que Osakidetza ha operado “fuera de los cauces ordinarios de negociación colectiva, debilitando el papel de la mesa sectorial”, tras unas conversaciones bilaterales con el SME, “que no puede ser considerado como único interlocutor válido del colectivo médico”. “El futuro de Osakidetza no puede construirse mediante respuestas parciales ni acuerdos que afecten únicamente a una parte de la plantilla. Cualquier reforma del sistema sanitario debe abordarse de manera global, contando con la representación de todos los colectivos profesionales y garantizando la cohesión de los equipos asistenciales”, han dicho.

La plataforma de la unidad sindical incluye la exigencia de un convenio para toda Osakidetza —el anterior es de 2008—, políticas para “mejorar” el sistema sanitario público y “respeto” para las mayorías representativas. Satse y los cuatro sindicatos de clase, en una rueda de prensa en Bilbao, han querido recalcar también que sus reclamaciones “no se dirigen contra ningún colectivo” aunque el consejero Martínez haya buscado, a su juicio, “enfrentar” a los diferentes grupos.

Los sindicatos CCOO y UGT en Castilla-La Mancha y la Confederación de Empresarios en la región (Cecam) han trasladado un mensaje de apoyo a los afectados por los incendios en esta Comunidad autónoma y en el resto del país.

En un acto junto con la consejera de Igualdad, Sara Simón, para la firma de un convenio en apoyo al colectivo LGTBI, los representantes sindicales y de la patronal han tenido una especial mención a la situación que vive la región y el país respecto al fuego.

Desde UGT, Lola Alcónez ha deseado una “pronta” vuelta a sus casas de los desalojados y que sufran “las menores pérdidas posibles”. Ha recordado que tienen a su disposición cuatro días de permiso retribuido si tienen dificultad para acceder a sus puestos de trabajo y las empresas tienen otras herramientas como pueden ser los ERTE si se han visto muy afectadas por estos incendios.

Ha afirmado que “para combatir el impacto de los incendios forestales, lo mejor es que no se produzcan”, y para ello ha abogado por “reforzar la prevención mediante una adecuada gestión del monte, contando con los medios humanos, materiales y tecnológicos necesarios”.

“Una detección temprana, una respuesta rápida y una intervención eficaz. Invertir en prevención y en recursos evitará estos grandes incendios, protegerá a la población, preservará el patrimonio natural”, ha remarcado, haciendo alusión a los profesionales que combaten el fuego.

En este sentido, ha confiado en las medidas del Gobierno central para “restablecer la normalidad” en este tipo situaciones en la que las que los incendios “están suponiendo una catástrofe real”, favoreciendo que trabajadores y empresas las puedan implantar “cuanto antes y de una manera casi en automático”, sin “esperar a que se anuncien medidas específicas”

CCOO alenta a “dar agilidad” para preservar la seguridad

Por su lado, desde CCOO, su secretario general, Javier Ortega, ha mandado “un mensaje de apoyo y de solidaridad a todas las personas que han sido afectadas o que están siendo afectadas por esta dramática situación de los incendios”, asi como “un mensaje de ánimo a las personas que están trabajando duramente para evitar que estos incendios se produzcan y que cuanto antes finalicen”.

Respecto a las medidas de las administraciones para trabajadores en estos casos, ha confiado en que este martes el Consejo de Ministros tome alguna decisión al respecto, con el objetivo de dar “cierta agilidad, en circunstancias de estas características” para que se pudieran preservar “la seguridad y la salud de los trabajadores, asi como el funcionamiento habitual y normal de las empresas en situaciones de excepcionalidad”.

Por su lado, el presidente de Cecam, Ángel Nicolás, ha expresado su solidaridad y apoyo a todas las personas que se están viendo afectadas “por los terribles incendios que están golpeando distintos puntos de nuestro país”, así como “a los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad, servicios de emergencias, personal de extinción y protección civil o voluntarios”

Ha reseñado “su enorme profesionalidad, esfuerzo y compromiso con el único objetivo de proteger a las personas y seguir luchando sin descanso contra las llamas”. “Nuestro recuerdo y apoyo están hoy con las víctimas y con quienes luchan sobre el terreno para hacer frente a esta tragedia”, ha afirmado Nicolás.

Comisiones Obreras ha cuestionado la creación de la Agencia de Seguridad y Emergencias mientras el servicio actual “continúa inmerso en el colapso organizativo”.

Así lo ha definido la Sección Sindical de CCOO en el Cuerpo Técnico Auxiliar de Prevención, Extinción y Salvamento del Gobierno de Cantabria en un comunicado, en el que ha opinado que el Ejecutivo “pretende crear una estructura administrativa más compleja sin haber sido capaz de resolver los problemas de personal, gestión e inversiones que arrastra el actual Servicio de Emergencias”.

Mientras la Consejería de Presidencia presenta este proyecto como una reforma destinada a modernizar y mejorar la gestión de emergencias en la comunidad, desde CCOO consideran “imprescindible” analizar previamente la realidad actual, “que continúa deteriorándose tras tres años de legislatura, con graves deficiencias de gestión que afectan directamente tanto a los profesionales como a la calidad del servicio”, ha afirmado.

Manuel Herrero, funcionario del cuerpo de bomberos y portavoz de CCOO en este servicio, ha denunciado que el funcionamiento ordinario del servicio “depende, en gran medida, del esfuerzo extraordinario realizado por su plantilla, que soporta una jornada anual superior en aproximadamente 120 horas respecto al resto de empleados públicos en el mismo régimen de dedicación”.

En este sentido, Herrero ha apuntado que “lejos de corregirse esta situación”, el déficit estructural de personal obliga a recurrir de forma permanente a la realización de horas extraordinarias para garantizar la prestación del servicio. En cifras, ha asegurado que durante el primer semestre del año la plantilla ha realizado más de 14.000 horas extra, “reflejando un modelo organizativo basado en el sobreesfuerzo continuo de los trabajadores y no en una adecuada planificación de los recursos humanos”.

Al hilo, el sindicato ha destacado “la incapacidad preocupante” para ejecutar las inversiones durante esta legislatura en la que, a pesar de disponer de financiación específica para mejorar estos servicios, procedente de fondos que aporta UNESPA -el sector asegurador- y “no del dinero del Gobierno de Cantabria”, se ha ejecutado “menos del 20% de inversiones previstas para la legislatura”, según el sindicato, que ha lamentado que este hecho repercute directamente en la seguridad de los profesionales y en la capacidad operativa, “con infraestructuras deficientes, vehículos envejecidos y más riesgos en cada intervención”.

Por todo ello, Herrero ha reivindicado que la prioridad debe ser “gestionar mejor, no crear una administración más compleja” y ha cuestionado que se aborde un cambio de estructura administrativa “sin resolver los problemas que vienen lastrando el servicio”.

Así, el sindicato ha exigido la cobertura del déficit estructural de personal, la mejora de las condiciones laborales, la ejecución efectiva de las inversiones pendientes y la apertura inmediata de un proceso de negociación con la representación de los trabajadores para garantizar “personal suficiente, instalaciones adecuadas, vehículos seguros y los medios necesarios para prestar el servicio público”.

Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado públicamente lo que considera una “grave actuación de represalia” por parte de la entidad Arpa Autismo Rioja. Según ha trasladado la organización sindical, la dirección del centro ha abierto expedientes de despido disciplinario a varias trabajadoras de la plantilla, una medida que coincide cronológicamente con sus gestiones para promover una candidatura del propio sindicato para las elecciones al comité de empresa

Desde CCOO señalan que esta coincidencia resulta “demasiado grave para pasarla por alto” y apuntan a la existencia de indicios claros de vulneración de derechos fundamentales. La entidad, que ya ha vivido episodios previos de conflictividad laboral en el pasado, vuelve a situarse en el foco sindical por recurrir a la vía disciplinaria en lugar de apostar por el diálogo social, cortando de raíz el intento de la plantilla por dotarse de representación legal democrática.

ARPA Autismo Rioja ha querido manifestar que “los expedientes disciplinarios abiertos se circunscriben exclusivamente al ámbito de las relaciones laborales entre la entidad y sus empleados, dentro de los procedimientos previstos por la legislación vigente” y niegan que estos expedientes guarden relación con el proceso de elecciones sindicales ni con la libre organización sindical de la plantilla. “ARPA rechaza cualquier interpretación que vincule estas actuaciones con el ejercicio de derechos sindicales y reitera su máximo respeto a la libertad sindical y al marco legal que la protege”.

Sin embargo, el sindicato alerta de las consecuencias colaterales que esta decisión tiene sobre el conjunto de la plantilla de la organización sociosanitaria. A juicio de la central sindical, la apertura de estos expedientes busca inocular una política del miedo para amedrentar al resto de profesionales, enviando la consigna de que el ejercicio de la acción sindical o la reclamación de mejoras laborales puede derivar en sanciones directas o despidos.

Esta denuncia se produce escasos días después de que el propio sindicato hiciera público un patrón de conducta similar en la empresa Salsa Rica, lo que desde Comisiones Obreras califican como una tendencia “especialmente preocupante” de prácticas antisindicales en el tejido empresarial riojano. Ante este escenario, el sindicato ha exigido a la dirección de Arpa Autismo Rioja la paralización inmediata y el archivo de los expedientes abiertos, el cese de cualquier injerencia en el proceso electoral y el restablecimiento del diálogo respetando la Constitución.

La central sindical ha avanzado que pondrá a disposición de las trabajadoras afectadas sus servicios jurídicos y la cobertura sindical necesaria para garantizar la defensa de sus puestos de trabajo. “Organizarse no puede costarle el empleo a nadie”, han enfatizado desde la organización, ratificando su compromiso de acudir a la inspección de trabajo y a los tribunales si la entidad no da marcha atrás de forma inmediata.

Comisiones Obreras ha anunciado este viernes que va a estudiar “acciones jurídicas” contra la ley aprobada en el Parlamento de Canarias que permite la utilización de informes privados en la tramitación de licencias urbanísticas.

Anteriormente esos informes tenían que ser realizados por los servicios municipales, pero a raíz del decreto aprobado en 2025 por el Gobierno de Canarias, convalidado en el Parlamento y aprobado tras ser tramitado como proyecto de ley este mismo miércoles (con el rechazo de PSOE y NC y la abstención de Vox), también pueden ser emitidos por colegios profesionales o entidades urbanísticas de colaboración, contratados por el propio promotor de la construcción.

El objetivo de la nueva norma, según el Gobierno de Canarias, es agilizar la burocracia permitiendo que los informes técnicos para construir viviendas puedan ser emitidos por colegios profesionales y no necesariamente por técnicos municipales, pero para PSOE y NC lo que se hace es “privatizar” el control urbanístico.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Canarias también considera que ese decreto, de abril del año pasado, es “un paso decisivo en la privatización de funciones públicas esenciales para el control del territorio y del uso del suelo” y lamenta que el Parlamento le haya dado luz verde.

Supone una huida del derecho administrativo que traslada funciones sometidas al estatuto de derechos, deberes e incompatibilidades del empleo público a personas y entidades externas sujetas al derecho privado, lo cual pude entrar en conflicto con la doctrina del Tribunal Supremo, según CCOO.

La ley “debilita el control público del suelo, reduce las garantías sobre el interés general del territorio y abre la puerta a la compraventa de informes en un ámbito reservado históricamente a la Administración”, argumenta.

El Consejo Consultivo, algunos ayuntamientos y profesionales y personal de oficinas técnicas y gerencias de urbanismo han rechazado esa fórmula, señala el sindicato, porque “subordina el interés general a lógicas privadas y mercantiles en un territorio sometido a una elevada presión urbanística”.

CCOO denuncia que los denominados informes técnicos de conformidad podrán ser emitidos en régimen de colaboración por colegios profesionales, entidades urbanísticas de colaboración o medios propios personificados y cuando sean favorables no será obligatorio un informe técnico ni una verificación o ratificación pública.

“Este mecanismo desplaza a los servicios técnicos municipales en una materia directamente vinculada al ejercicio de potestades públicas y a la garantía de la legalidad urbanística”, advierte el sindicato.

Para CCOO, las funciones que determinan qué puede construirse, con qué condiciones y de acuerdo con qué usos “no deben convertirse en una prestación sujeta a las reglas del mercado y de la rentabilidad”.

La normativa permite que el informe sea solicitado por la persona interesada con un coste entre el 0,5% y el 3% del presupuesto de ejecución del proyecto, lo que deja en situación desigual a la ciudadanía con respecto a los grandes promotores, según CCOO.

El sindicato considera que se utiliza la emergencia habitacional “como coartada para crear un nuevo mercado en torno a las licencias urbanísticas”.

La solución de la vivienda “no pasa por facilitar una vía de pago a los grandes promotores ni por profundizar en la dinámica especulativa del suelo en Canarias”, argumenta.

Otra objeción de CCOO es que la normativa supone una intromisión en la autonomía local, al obligar a los ayuntamientos a un acuerdo plenario en el caso de que se decida rechazar un informe urbanístico privado.

La privatización de los informes urbanísticos puede acabar desplazando determinaciones del planeamiento municipal, alterar el régimen de equipamientos, dotaciones, aprovechamientos y usos del suelo, alerta el sindicato.

Denuncia además CCOO que la calificación de las viviendas asequibles incentivadas tendrá una duración de siete años, tras lo cual, salvo las excepciones previstas, pasarán a ser viviendas libres.