“Ahí sigue, imperturbable, lanzando esas inmensas diatribas geopolíticas”, dice Dionisio Gómez, exdirigente de CNT Cantabria. José López Coterillo (Miengo, 1937) ha recibido el homenaje de sus compañeros de Comisiones Obreras, el sindicato que fundó y dirigió en Cantabria desde la clandestinidad de la dictadura. “Ilegales, que clandestinos no hemos sido nunca”, ironiza Cote. La historia del sindicato y la propia biografía de Coterillo son dos historias enhebradas con el mismo hilo, escritas con el mismo lápiz.

El reconocimiento -impulsado por Félix Rodríguez, Fernando Sopeña y Javier Gómez Acebo- ha unido a una generación de protagonistas de la lucha contra el franquismo que se saludaron emocionados y evocaron algunas vivencias. “Estoy más nervioso que cuando me perseguían los grises”, bromeó el homenajeado. Un tipo que ha demostrado que siempre ha puesto y pone su ideología y sus principios por delante de todo lo demás, describió un compañero.

Coterillo nació en Miengo (Cantabria) mitad de la Guerra Civil en una familia represaliada. Creció en una dictadura. “Y no quiero irme en otra”, proclamó preocupado por la deriva política actual.

Cuenta que su abuelo murió justo antes de la caída de Santander en manos de los golpistas lo cual siempre generó en la familia dos sensaciones encontradas. Por un lado, el dolor por su fallecimiento y por otro la satisfacción de que los falangistas no pudieron fusilarle. Es el orgullo que les quedó.

Hasta bien entrada la edad adulta su vida fue un conflicto permanente en rebelión contra la terrible herencia de la dictadura franquista hasta el punto de que fue torturado y pasó ocho años en la cárcel. Empezó a trabajar con quince años en la fábrica donde estaba empleado su padre, Nueva Montaña Quijano, donde se formaba y se cantaba el Cara al Sol antes de iniciar la jornada laboral. Le sorprendió el miedo que tenían los trabajadores a quienes aquel chaval empezó a movilizar. Primero para conseguir algunas pequeñas mejoras, como agua caliente en las duchas, hasta que consiguió que saliesen a la calle en aquellas huelgas ilegales en las que se jugaban mucho.

La personalidad y el liderazgo de Coterillo fueron determinantes para forjar su relevante personalidad sindical. Con poco más de quince años ya militaba ya en el PCE y había tomado conciencia de que había que luchar por los derechos sociales y laborales. Empezó a participar en las reuniones para organizar Comisiones Obreras, algunas de ellas en el Barrio Pesquero, en la casa del cura Alberto Pico.

En 1962 fue elegido responsable del sindicato en una asamblea que se celebró en Maliaño. Se organizaron huelgas clandestinas en Standard Eléctrica, SNIACE, Nueva Montaña, cuando todavía no estaba legalizado ese derecho. Dos años después de convertirse en líder del sindicato le despiden de la fábrica. En aquel momento no había seguro de desempleo y se creó una cooperativa para abrir el taller mecánico LIFE en Cartes, donde podían trabajar temporalmente aquellos que perdían su trabajo por formar parte de listas negras. El propio Coterillo, cuyo nombre estaba escrito con mayúsculas en una de ellas, tuvo problemas para colocarse. Cada vez que superaba las pruebas de acceso le denegaban el trabajo por los avisos de peligrosidad que daban las autoridades.

Coterillo fue también corresponsal de Radio España Independiente, la emisora clandestina del PCE que emitía desde el extranjero y se escuchaba a escondidas.

José María Gruber, dirigente del Sindicato Unitario de Cantabria, dice que Coterillo siempre ha estado del lado de los inconformistas, de los comprometidos y de los luchadores, de los que han decidido “salir a ganar” aunque ello representase un riesgo personal.

El episodio más amargo de su biografía personal y sindical es cuando en 1967, el Tribunal de Orden Público –una de las organizaciones siniestras de la dictadura franquista- declaró ilegal a Comisiones Obreras. En Cantabria se descabeza el sindicato con la detención de 40 personas, entre ellos Coterillo, acusado de asociación ilícita y propaganda ilegal.

Fue torturado y encarcelado. Fue el penúltimo de los detenidos en salir de prisión. Pasó ocho años en las cárceles franquistas, desde la provincial de Santander, pasando por Jaén y acabando en Pontevedra. Una vez en libertad fue elegido secretario general de CCOO de Cantabria en el primer congreso que se celebró en la primavera de 1978. El dictador Franco había muerto pero el sindicato todavía no estaba legalizado. Pasó a formar parte de la Comisión Ejecutiva Confederal, dentro del equipo de Marcelino Camacho, con quien mantuvo un fuerte vínculo.

El exsecretario general del Partido de los Trabajadores, José Guerrero, le recuerda junto a Santiago Carrillo y Nicolás Sartorius en aquel multitudinario en el hipódromo de Bellavista (Cueto) de las primeras elecciones generales de 1977.

En diciembre de 1982 deja la dirección del sindicato. Dimite -deja paso a Roberto Rufino Venero- y se reincorpora a su puesto de trabajo en Nueva Montaña, que había recuperado. Pero en los años 80 vuelve a primera línea con la reconversión industrial, una época amarga en la que se perdieron muchos empleos.

A lo largo de su dilatada militancia sindical Coterillo se encerró en la galería con los mineros de Reocín; con los trabajadores de la desaparecida Ibero Tanagra, defendió FYESA, Astilleros del Astillero y Santander, lideró conflictos en Sniace y en su propia empresa de Nueva Montaña Quijano.

“Coterillo es una persona con la que me he encontrado en todos los sitios prohibidos”, evoca su compañero del metal, Félix Rodríguez. En el largo invierno de la dictadura y en tiempos más recientes. “Mucha gente puede estar al frente de un sindicato, pero ser un líder es otra cosa. Coterillo siempre lo ha sido”, subraya. Javier Gómez Acebo recuerda que su despacho de abogado sirvió de tapadera para la sede del sindicato, una asesoría laboral con pisos en más de media docena de localidades de Cantabria. “Yo no sabía ni cuántos estaban a mi nombre”, bromeó al tomar la palabra en el homenaje.

Más proletarios que antes, pero no lo saben

El día del homenaje Coterillo no se resignó a hablar solo del pasado. Sigue muy de cerca toda la actualidad y, desde su propia experiencia —la de fundar y dirigir un sindicato cuando el franquismo era una realidad y hacerlo implicaba riesgo de represalias—, recordó que aquella organización colectiva y defensiva partía de una convicción clara: “Nadie nos iba a rescatar”.

Ve lecciones de aquellos años que no solo siguen vigentes, sino que hoy vuelven a ser necesarias: desde la construcción de espacios de participación desde abajo: “recuperar el espíritu de hacer que la gente participe en pequeñas cosas”, la importancia de la comunicación y las relaciones personales frente al aislamiento del teletrabajo y la necesidad de “recuperar la conexión” entre los distintos niveles en los que se ejerce la actividad laboral, es decir, entre obreros y profesionales.

Los problemas y necesidades siguen existiendo -asegura- aunque adopten nuevas formas de precariedad que hacen que haya “muchos proletarios, probablemente más que antes, pero no lo saben”.

En estas décadas de defensa por los derechos de los trabajadores el mundo ha cambiado mucho. Ese cambio también ha hecho posible la igualdad. Así que el testigo de Coterillo ha ido pasando a lo largo de los años hasta que ha tomado el relevo, al frente de la secretaría general, una mujer, Rosa Mantecón. “Su vida ya forma parte de la historia de la democracia y del sindicalismo de Cantabria”, dijo de él. “Ha pasado de ser patrimonio del sindicato a ser patrimonio colectivo”, concluyó.

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha hecho un balance de la respuesta ciudadana ante el proceso de regularización extraordinario aprobado por el Gobierno, cuyo plazo finaliza el próximo 30 de junio. Según informan desde la organización, las sedes sindicales están registrando una alta afluencia de personas que acuden con dudas y necesidad de asesoramiento.

En La Rioja, la atención presencial se centraliza en la sede de CCOO en Logroño, ubicada en la calle Pío XII, nº 33 (3ª planta), y se realiza mediante el sistema de cita previa. Este servicio, de carácter totalmente gratuito , se enmarca en un despliegue nacional en el que participan más de 200 sindicalistas para asistir de forma presencial y telemática a las personas migrantes que requieren tramitar su situación administrativa ante las oficinas de extranjería.

A pesar de la colaboración de numerosas entidades para que la regularización se ejecute dentro del plazo establecido , CCOO advierte de que la efectividad real del proceso depende de la capacidad de respuesta de la Administración. Por este motivo, el sindicato considera urgente reforzar de manera continuada y con personal suficiente las oficinas de extranjería, dotándolas de un presupuesto estable.

Desde el sindicato recuerdan que los procesos extraordinarios de regularización han sido impulsados históricamente en España tanto por Gobiernos del PP como del PSOE , reportando beneficios sociales y económicos. En este sentido, señalan que el procedimiento actual persigue dos objetivos compatibles: garantizar los derechos humanos de quienes ya viven y trabajan en el país e incrementar las cifras de cotizantes para sostener el estado del bienestar.

Denuncias por abusos y cobros desproporcionados

La organización sindical también ha puesto el foco en las malas prácticas detectadas durante estas semanas. Por un lado, apuntan que la medida incomoda a los empleadores que incurren en la explotación laboral, ya que les obliga a cumplir las normas sectoriales, asegurar a los trabajadores y cotizar por ellos.

Por otro lado, CCOO denuncia públicamente el negocio lucrativo que están realizando algunos abogados, quienes llegan a cobrar hasta 1.600 euros a sus propios compatriotas por una tramitación que no requiere obligatoriamente de sus servicios. El sindicato alerta incluso de casos extremos en los que se retiene la documentación original —como pasaportes y resoluciones— para exigir un pago adicional de 800 euros.

Frente a estas situaciones, desde el sindicato destacan el impacto positivo de la medida en el entorno vecinal al eliminar el miedo a la falta de documentación , permitiendo que la población migrante acceda a unas condiciones laborales y de vida dignas, con los mismos derechos y obligaciones que el resto de la ciudadanía.

El personal técnico sanitario de Formación Profesional de grado medio y superior, en todas las especialidades, celebrará huelga los días 25 de mayo y 15 de junio, durante 24 horas, en Castilla-La Mancha en una convocatoria para todo el territorio nacional.

La huelga del colectivo de Personal Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAEs) y Técnicos de Grado Superior está convocada por la Federación Estatal de Sanidad y de Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras (FSS-CCOO). El objetivo es exigir la implantación de la reclasificación profesional tanto de los técnicos medios como superiores. Fue una medida pactada con el Gobierno de España dentro del Acuerdo para una Administración del Siglo XXI pero continúa pendiente casi tres años después, sin financiación.

Este viernes la Consejería de Sanidad castellanomanchega publica los servicios mínimos de atención sanitaria que prestarán estos profesionales en el ámbito del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) durante la huelga.

Según el Diario Oficial de Castilla-La Mancha con carácter general, los centros hospitalarios y de atención especializadas tendrán “garantizada la atención urgente con los efectivos propios de un día festivo”, mientras que en Diálisis, Hospital de día Oncohematológico, Oncología Radioterápica y Unidades de reproducción asistida y fertilidad estarán presentes el cien por cien de los efectivos.

Además, para garantizar la debida atención sanitaria ordinaria mínima no demorable, tanto en centros donde ordinariamente no se tiene asignado turno de trabajo los días festivos, como en aquellos otros que sí los tienen pero la huelga puede incidir negativamente en el desarrollo y evolución de tratamientos en curso, los servicios mínimos serán del 25% de los efectivos de un día ordinario, pudiéndose recurrir al redondeo para ciertos casos.

La huelga se desarrollará en dos tramos, de las 8 horas del 25 de mayo a las 8 horas del 26 de mayo y desde las 8 horas del 15 de junio a las 8 horas del 16 de junio.

Los sindicatos con representación en Iberdrola celebrarán el 125 aniversario de la eléctrica con huelgas y movilizaciones. Mientras la empresa que dirige Ignacio Sánchez Galán anuncia conciertos y diversas actividades para conmemorar su fundación, las centrales calientan motores para movilizar a la plantilla a partir de la próxima semana con dos días clave, que serán jornadas de paro. Son el 29 de mayo, cuando se celebra la junta de accionistas de la empresa en Bilbao, y está convocada huelga en Euskadi, Navarra y Galicia, y el 19 de junio, coincidiendo con actos de celebración del cumpleaños empresarial, con una huelga en todo el Estado. Los sindicatos buscan con los paros elevar la presión a la empresa en unas negociaciones de convenio que siguen sin avances desde enero de 2025 y que ya el año pasado llevaron a los trabajadores a convocar la primera huelga en la historia de Iberdrola.

Aunque los objetivos son comunes, la negociación del convenio, los sindicatos van separados en las convocatorias. El primer día de paro, el 29 de mayo, la convocatoria la realiza ELA en Euskadi Navarra y la CIG en Galicia. Estos sindicatos acompañarán la jornada de paros con diversas concentraciones en los centros de Larraskitu y ante la Torre Iberdrola, donde se celebrará la junta de accionistas, y con columnas de manifestaciones por Bilbao. Estos dos sindicatos son minoría en la representación del comité estatal. ELA sólo tiene un representante de los 13 asientos del comité donde UGT -cuatro representantes- y CCOO -tres delegados- son mayoría, y la CIG ni siquiera tiene presencia, pero ambas centrales han considerado “esencial la convocatoria del paro coincidiendo con la reunión de la junta de accionistas”. “Nos hubiera gustado ir en unidad de acción, también aquí en Euskadi, pero no ha sido posible”, señala Mikel Cubeiro, delegado sindical de ELA. UGT y CCOO han preferido dejar la convocatoria de huelga para el 19 de junio a nivel estatal -que también secundará ELA y CIG- aunque arrancarán una semana de concentraciones diarias frente a la Torre Iberdrola a partir del próximo lunes para culminar el viernes día de la junta, con una gran movilización de delegados.

Todos los sindicatos reclaman que la empresa, que acumula “enormes beneficios”, traslade esos buenos resultados a la plantilla. Lejos de ello, denuncian que los trabajadores pierden poder adquisitivo año tras año. Aseguran que en los últimos cinco años se ha perdido más de un 19% de poder adquisitivo por parte de los trabajadores. Exigen, por un lado, recuperar lo que se ha perdido y que sus subidas salariales se liguen al IPC.

Según los cálculos que realizan desde ELA, el coste de la subida salarial del IPC sería 10 millones y 67 millones la recuperación del 19% de poder adquisitivo de estos años, frente a unos beneficios de 6.285 millones de euros durante el año pasado. “Ha pasado más de un año desde el inicio de la negociación del convenio y la dirección de Iberdrola niega a su plantilla las legítimas reivindicaciones que ésta lleva demandando más de cinco años, que son mantener el poder adquisitivo y subidas garantizadas mínimas del IPC. Pese al aumento de los Beneficios empresariales, la aprobación de una mayor retribución al accionista y la presentación del Plan Estratégico para los próximos cuatro años, en el que se prevé aumentar el beneficio un 47%, la retribución al accionista un 65% y 400 millones de bonus para directivos, Iberdrola niega a la plantilla, que es la que hace posible llegar a esas cifras, el acuerdo mínimo exigible para la firma de un convenio justo”, denuncian desde ELA.

La mayor discrepancia en la negociación, que de momento no se retomará hasta el 16 de junio, está en que la empresa no quiere ligar la subida salarial al IPC: “La empresa propone para sus trabajadores y trabajadoras en España una 'fórmula de incremento salarial' basada en parámetros empresariales y en el cumplimiento de la previsión de Ebitda para España, marcada de forma unilateral por la alta dirección”, señalan desde UGT. El Ebitda es un indicador en el que al beneficio neto se le suman los gastos por intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. “Es una propuesta que en ningún caso garantiza el poder adquisitivo de los trabajadores”, señalan. “La propuesta de la empresa es una vergüenza para la que presume de ser un líder energético global y una de las mayores compañías eléctricas por capitalización bursátil del mundo”.

Recuerdan desde los sindicatos que durante la vigencia del actual convenio, es decir desde 2021, “el beneficio neto se ha incrementado un 12% pasando de 4.803 millones de euros a 6.285 millones, acumulando desde 2021 un beneficio neto total de 24.924 millones de euros. El presidente de la compañía ha incrementado su remuneración en un 6,45% pasando de 13,2 millones de euros a 14,11 millones” denuncian. Aseguran que el negocio en España ha aportado en 2025 el 46% del beneficio neto a nivel mundial y que la plantilla de España supone el 23% del total a nivel mundial. Sin embargo, pese a las grandes cifras de beneficios, “la plantilla de Iberdrola en España ha tenido un incremento salarial desde 2021 del 2,8%, acumulando una pérdida de poder adquisitivo del 16%”, denuncian.

Desde UGT recuerdan además la “conflictividad sin precedentes” que se está produciendo en la empresa “por la actitud de la dirección”. Señalan que en los dos últimos años, la Audiencia Nacional “ha condenado a Iberdrola en cuatro ocasiones, obligándola a revalorizar las prestaciones de riesgo del Plan de Pensiones en base al IPC, declarando ilícita la implantación del voto telemático en las elecciones sindicales, anulando la subida de más del 25% pactada con SIE, ATYPE y USO en la cuota de uno de los beneficios sociales de la plantilla y obligándola a subir un 10% el sueldo a los nuevos ingresos por declararse ilegal la doble escala salarial implantada en el convenio de 2021 firmado por SIE, ATYPE y USO”. “A estos juicios se suman otros tantos acuerdos prejudiciales de ámbito nacional en distintas materias: penalización de absentismo, permisos de hospitalización, restricciones a la tarifa empleado y un buen número de demandas a nivel local con asuntos de diversa índole”.

Festival con Juanes y Antonio Orozco

Desde elDiario.es/Euskadi se ha intentado recabar la opinión de la empresa sobre las huelgas y el estado de la negociación del convenio, pero sin éxito. La compañía está inmersa en la preparación de la junta y de los distintos festejos para la celebración de su aniversario, que en el caso de Euskadi tendrá lugar el 12 de junio con un festival gratuito y de acceso libre en el parque de Doña Casilda de Bilbao en el que actuarán Juanes, Antonio Orozco, Rigoberta Bandini y Süne. A continuación, tendrá lugar un espectáculo con 1.500 drones que se podrá ver desde gran parte de la capital vizcaína.

La jornada forma parte de un programa más amplio con el que la compañía conmemora, bajo el lema “125 años luz”, su aniversario a través de iniciativas dirigidas a empleados, clientes, accionistas y al público en general. Entre sus principales citas destacan el festival de música del 27 de junio en Madrid, con Lenny Kravitz, Manuel Carrasco, Ana Mena y Álvaro de Luna, y el concierto de Estopa y Mafalda Cardenal el 28 de noviembre en Valencia. El pasado martes la empresa realizó un acto en la Torre Iberdrola de Bilbao para dar arranque a los festejos al que asistió el lehendakari Imanol Pradales entre otras autoridades.

No ha pasado ni un mes de la publicación del decreto por el que la Xunta de Galicia pretendía regular el diálogo social y este ya se encuentra en entredicho. Si el principal sindicato gallego, la CIG, ya se había negado de entrada a participar, ahora es Comisiones Obreras la que suspende su participación en la Mesa de Diálogo Social. ¿El motivo? La ofensiva del Gobierno de Alfonso Rueda dirigida a dificultar el derecho a baja de los trabajadores. “Rechazamos frontalmente la narrativa que reduce el incremento de las bajas por enfermedad a una cuestión de fraude o absentismo”, afirma el sindicato en un comunicado.

Los ataques del Ejecutivo autonómico comenzaron con un anuncio en el último debate sobre el estado de la autonomía. Alfonso Rueda arremetió entonces contra los supuestos abusos de los trabajadores, “un problema muy serio que está lastrando la productividad en Galicia”. Puso además el acento en las incapacidades temporales más comunes, las relacionadas con la salud mental y con lesiones musculares. No aportó contexto ni cifras. Oposición y sindicatos criticaron con dureza la idea. “Es un vasallo de la patronal”, sostuvo la CIG, que convocó movilizaciones en contra. Pero Rueda no se movió.

A lo largo del último mes y medio, el presidente gallego ha insistido. Aseguró que realizaría su plan, redoblar “la vigilancia” sobre las bajas, haya o no haya acuerdo en el diálogo social. Y avisó de que su gabinete gastará tres millones de euros en contratar 18 inspectores para supervisar a los médicos del sistema público de salud y sus decisiones sobre las bajas de sus pacientes. Este mismo jueves transcendía que el Servizo Galego de Saúde dará incentivos económicos a los facultativos si las incapacidades temporales de su cupo tiene “una duración estándar”.

“Estigmatizar a las personas trabajadoras no solo es injusto, sino que desvía la atención de las verdaderas soluciones”, sostiene, por el contrario, Comisiones Obreras, “que pasan por investir en prevención primaria, bienestar laboral y el fortalecimiento de la atención sanitaria”. Galicia encabeza los índices estatales de siniestralidad laboral y muertes en el trabajo, las listas de espera se han disparado en atención primaria pero también en especialistas y los cuadros de trabajadores de las empresas, denuncian los sindicatos, han envejecido. La Xunta de Galicia no ha tenido en cuenta ninguno de estos factores estructurales.

Comisiones Obreras considera además que el diálogo social según lo ha diseñado el Gobierno gallego está “vacío de contenido real”. “Impulsa medidas ejecutivas de forma paralela a la mesa y convierte el diálogo social en un mero escaparate mediático que no responder a los principios de negociación colectiva, buena fe y respecto a representación sindical”, añade. La central dice mantener su disposición retomar las conversaciones si “cesa la presión contra las personas que ejercen su derecho a la salud y se paralizan anuncios o medidas que vacían la negociación”.

CCOO ha recorrido este jueves varias calle de Las Palmas de Gran Canaria con una manifestación por las condiciones laborales del archipiélago.

En la protesta ha participado el secretario general de CCOO, Unai Sordo, quien ha reclamado a la administraciones que el crecimiento macroeconómico que está viviendo España se traslade a los hogares de la clase trabajadora del país. “Y esto se hace con salarios, peleando en los convenios colectivos y con políticas mucho más efectivas y ambiciosas en materia de vivienda”, ha dicho.

Al respecto, Sordo ha entendido que, si se miran las cifras oficiales, España es el país de los grandes de Europa que más crece, el empleo está en récords históricos “y nunca ha habido más gente trabajando”, la contratación indefinida ha cobrado un protagonismo “muy importante” e incluso si se miran los salarios medios, estos suben. “Pero esta es una parte solo de la foto”, matizó.

En este sentido, el secretario general de CCOO incidió en que la otra parte dice que sigue habiendo mucho trabajo precario, muchos empleos de escasa calidad están “mal pagados”, y hay 9,5 millones de personas que teniendo un trabajo, “e incluso con incrementos salariales”, sus sueldos “no dan para llegar a final de mes”.

“Hay precios que laminan la capacidad de compra de las familias, en concreto los precios de productos de primera necesidad y sobre todo de la vivienda. Y ahí el sindicato sitúa la gran reivindicación del momento. El crecimiento macroeconómico tiene que trasladarse al conjunto de los hogares de la clase trabajadora de nuestro país”, destacó.

Además, Sordo comentó que “no puede ser” que los precios de la vivienda estén “disparados” y, por ello, ha señalado que CCOO “no se resigna a este escenario.

“Queremos pelear los convenios colectivos -continuó- e instar a las administraciones a que sean mucho más valientes para contener unos precios de la vivienda que son absolutamente abusivos”.

“En mi vida he pasado tanto miedo por la sensación de peligro”. Es el testimonio de un celador que trabaja en el Hospital San Pedro de Logroño que ha relatado a CCOO lo que considera “un episodio de extrema gravedad”. Un paciente, “en estado de agitación estuvo a punto de agredir a un celador, a varios técnicos de ambulancia y a más personal sanitario”. El paciente, “trató de agredir a los profesionales utilizando el cinturón de una camilla, de hecho golpeó con la hebilla los cristales de los boxes donde se encontraban más pacientes en situación crítica”.

Y ante hechos de estas características, CCOO La Rioja muestra su preocupación porque “además de las denuncias constantes denuncias del personal de Urgencias se une ahora las inseguras condiciones laborales en las que operan cada día”. Y es que denuncian que se ha cerrado una de las vías de salida con motivo de las obras que se están realizando en Radiología. Un cierre que alertan “reduce drásticamente las opciones de evacuación y convierte el área en una zona de alto riesgo en caso de emergencia”.

Además, añaden la deficiente cobertura de las cámaras de seguridad. “La ubicación de estas cámaras no permite controlar adecuadamente todas las zonas de Urgencias de forma que zonas especialmente sensibles como el pasillo de la zona de psiquiatría no está suficientemente vigilado por lo que el riesgo para pacientes y profesionales aumenta”.

CCOO La Rioja insiste en que “celadores y celadoras, como personal de primera acogida de pacientes, desempeñan una labor esencial en condiciones de continuo riesgo. Bien sea por exposición a riesgos biológicos, por la falta de personal o por situaciones de violencia como la que denunciamos, su seguridad no está garantizada”

Por todo ello consideran “inadmisible en un servicio ya de por sí peligroso, se agraven las condiciones de seguridad con decisiones como el cierre de una de las salidas por las obras de Radiología de Urgencias, unido además a la evidente carencia de personal de seguridad y a un sistema de videovigilancia claramente insuficiente”.

La segunda jornada de huelga convocada este martes por el comité de empresa en Prysmian, la fábrica de cables de fibra óptica de Maliaño, ha vuelto a cerrar la fábrica y a paralizar la actividad productiva desde las 6.00 de la mañana.

Como en la primera jornada de huelga celebrada el miércoles pasado, la planta ha permanecido cerrada desde esa hora y con los trabajadores apostados en la puerta.

Se trata de la segunda movilización de las cinco convocadas hasta el momento contra la “cerrazón” de la dirección para aceptar incrementos salariales vinculados al IPC real y el empeño por congelar los salarios de sus aproximadamente 140 trabajadores. Todo ello, según el comité, “pese a los buenos resultados y los beneficios del grupo empresarial”.

“No entendemos la postura de la empresa, pero sí sabemos que la plantilla está unida y dispuesta a luchar porque lo que pedimos es justo, es acorde a la realidad”, ha trasladado el presidente del comité de empresa, Ismael Vega (CCOO).

El sindicalista ha recalcado que “simplemente” quieren un convenio “justo” que no haga que sigan “perdiendo poder adquisitivo tras dos años de ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) e incluso despidos de compañeros”.

Además, el comité ha señalado que las convocatorias de huelga se producen porque la posición de la empresa ha sido “inamovible” y “no pueden permitir” seguir con un convenio caducado desde diciembre de 2024, tal y como habría transmitido el personal en las distintas asambleas.

La siguiente jornada de huelga está prevista para el próximo jueves, 21 de mayo, a la que seguirán dos paros más la próxima semana, los días 26 y 28.

La mayoría sindical en Tubos Reunidos de Amurrio ha decidido “suspender la huelga” indefinida que arrancó el 15 de marzo y esperar a ver cómo evoluciona el procedimiento de concurso de acreedores en el que está inmersa la empresa y qué ocurre con el ERE en el curso de ese proceso. Precisamente, el próximo día 26 de mayo la jueza que se ha hecho cargo del procedimiento, María Teresa Trinidad Santos, ha citado a la representación legal de los trabajadores y al administrador concursal para empezar a decidir que se hace con el ERE puesto en marcha por la empresa y que, de momento, está suspendido.

La decisión de volver al trabajo por parte de la mayoría del comité se ha trasladado a la plantilla -no se ha votado- en una tensa asamblea que llega después de que este mismo lunes hayan empezado a incorporarse a sus puestos los trabajadores que el pasado 7 de mayo votaron en referéndum abandonar la huelga, apoyados por los sindicatos UGT y CCOO. La mayoría sindical que forman ELA, LAB y ESK -este último sindicato era partidario de seguir con el paro- han señalado este viernes que la decisión de suspender la huelga no tiene nada que ver con esta situación de división entre la plantilla. En cualquier caso, han advertido de que la suspensión no significa que acabe el conflicto: “Seguiremos movilizándonos y llamando a todas las puertas necesarias para garantizar el futuro de todos y todas”. De entrada ya han convocado dos días de huelga que se llevarán a cabo el 26 y el 28 de mayo.

Según han señalado los representantes de la mayoría del comité a través de un comunicado conjunto la suspensión de la huelga se basa en que el concurso de acreedores supone un cambio de escenario que obliga a realizar un análisis serio, responsable y colectivo de la situación“, aunque han dejado claro que los que ha cambiado es ”el escenario“, no sus objetivos de mantener el empleo y la actividad.

Han insistido en que la huelga no ha llevado a Tubos Reunidos al concurso. “La huelga ha sido la consecuencia de las imposiciones de la empresa, de años de mala gestión y de una absoluta falta de transparencia y negociación”, y “frente a quienes intentan desacreditar la lucha de la plantilla” han reivindicado todo lo que la huelga ha conseguido durante estos meses, poniendo en el centro del debate “el verdadero problema de Tubos Reunidos” y “señalar públicamente responsabilidades empresariales e institucionales”. “La pregunta que debería hacerse cualquiera es en qué escenario estaríamos hoy si no hubiéramos peleado. Probablemente, nos encontraríamos con el ERE consolidado, con la acería cerrándose y con la logística externalizada, y todo ello sin haber solucionado ninguno de los problemas reales de la empresa”. Consideran que con el concurso entra una nueva interlocución y una administración concursal, y pretenden que el ERE que ahora está en suspenso “se convierta en retirada definitiva”

La vuelta de los trabajadores a la actividad, puede facilitar el mantenimiento de la actividad de la compañía, y que sea menos complicado la entrada de inversiones que impidan que el proceso de concurso acabe en liquidación. La jueza ha nombrado administrador concursal a la firma PKF Attest Concursal SLP de todas las sociedades del grupo Tubos Reunidos menos de la matriz, que cotiza en Bolsa, ya que en este caso la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tiene que presentar una terna de administradores concursales a la jueza para que designe uno. La CNMV ha abierto un plazo hasta el 1 de junio para que se presenten los posibles interesados entre los que elegirá tres entre los que la jueza elegirá el administrador final.

La sección sindical de CCOO Euskadi ha denunciado en un comunicado que trenes de Renfe en Bizkaia, con origen o destino Bilbao, circulan sin personal de intervención, lo que “pone en riesgo la seguridad de las personas viajeras en trazados complejos, con zonas de difícil acceso y escasa cobertura telefónica”, e incumple “los acuerdos alcanzados tras la huelga ferroviaria del pasado año”. El sindicato ha precisado que entre los trenes de Renfe afectados por esta falta de personal se encuentran los de la línea Bilbao-Santander.

Según CCOO, los accidentes de Adamuz y Gelida pusieron de manifiesto, una vez más, lo “imprescindible” que es contar con personal de intervención en los trenes. Entonces, tras una huelga de 24 horas convocada para denunciar “las deficiencias del sistema ferroviario”, se alcanzó un “acuerdo amplio” entre la representación sindical, Renfe y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha recordado.

CCOO Euskadi ha apuntado que uno de los compromisos adquiridos fue “reforzar las plantillas de intervención mediante procesos de promoción interna”, un procedicimiento que se ha resuelto este mes de mayo.

La central sindical ha advertido de que el resultado en Bizkaia “no es el esperado”, ya que “en ninguna de las residencias de Bizkaia, ni en Bilbao ni en Balmaseda, se ha completado la plantilla objetivo”.

Ha añadido que parte del personal con base en Bilbao está siendo destinado a servicios que no tienen origen ni destino en la capital vasca, “lo que agrava aún más el problema”. Según ha explicado, si se produjera un incidente grave o una incapacitación del maquinista, “las personas viajeras se encontrarían en una situación muy comprometida, sin manera fácil de comunicar lo ocurrido ni de precisar en qué punto de la línea se encuentran”.

Personal imprescindible en casos de emergencia

CCOO ha insistido en que “toda la responsabilidad” de gestión de incidencias, emergencias y atención al viajero “no puede recaer exclusivamente en el personal de conducción”. En este sentido, ha apuntado que el personal de intervención “está formado para ello, conoce la línea, sabe manejar los sistemas de comunicación ferroviaria y está capacitado para coordinar actuaciones de emergencia”.

La central sindical ha exigido que estos servicios circulen con personal de intervención a bordo y ha avisado de que “no hacerlo supone ignorar las lecciones aprendidas tras los últimos accidentes, incumplir los compromisos adquiridos y poner en riesgo a las personas que cada día confían su seguridad al ferrocarril”.

La Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura y la Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado de Centros Públicos (FREAMPA-CP) han lanzado la campaña 'Necesitamos aulas, no saunas', ya que prácticamente ninguno de los cerca de 800 centros educativos de la región está adaptado para afrontar el calor.

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura, Tomás Rodríguez; y la secretaria de Salud Laboral de esta federación, Virginia Chamorro, han presentado este miércoles la campaña y han advertido de que el problema del calor en los centros educativos no puede seguir tratándose como una incidencia puntual o como una simple cuestión de incomodidad, dado que es un problema de salud, de prevención de riesgos laborales, de calidad educativa y de condiciones dignas para enseñar y aprender.

El sindicato pedirá a los centros educativos que registren las temperaturas alcanzadas en aulas y espacios de trabajo, con el dato de centro, localidad, fecha, hora, dependencia medida y temperatura registrada. También se solicitarán fotografías de las mediciones. El objetivo es disponer de información objetiva que permita conocer la dimensión real del problema y exigir actuaciones proporcionadas.

Rodríguez ha aclarado que la campaña no se dirige contra los equipos directivos ni contra los centros, que llevan años gestionando con buena voluntad y recursos insuficientes una situación que no han creado, sino a la Junta de Extremadura, que debe planificar, financiar y ejecutar las medidas necesarias. Aunque ha reconocido que se están haciendo inversiones, a su juicio la inversión es “totalmente insuficiente” para solucionar el problema a largo plazo.

Rodríguez ha recordado que los centros de Infantil y Primaria son propiedad de los ayuntamientos y para ellos se han lanzado dos convocatoria de ayudas para la mejora de la eficiencia energética, implantación de energías renovables y sistemas de climatización. De los 30 millones de euros de la primera de ellas, sólo se adjudicaron 9.480.782 euros. Las ayudas fueron solicitadas únicamente por 63 entidades locales y permitieron actuar en 74 centros educativos. Además, quedaron excluidas las solicitudes de 20 ayuntamientos por problemas de documentación o por no ajustarse a las bases.

El plazo para acceder a la segunda convocatoria, de 20.713.358,20 euros, estará abierto hasta el 22 de mayo. Para poder ejecutar la totalidad de las ayudas, financiadas por la Unión Europea, Rodríguez ha reclamado la simplificación de la burocracia. También ha pedido que los pequeños ayuntamientos no deban aportar el 20% de la inversión para la cofinanciación de las obras, ya que ello limita la presentaciones de solicitudes.

Rodríguez ha aclarado que el problema afecta también a centros educativos construidos en los últimos años, como el Ortega y Gasset de Almendralejo, con un diseño muy acristalado que hace de lupa, o el colegio de Cerro Gordo de Badajoz.

Para el resto de centros educativos de la región, propiedad de la Junta de Extremadura, ha exigido mayor inversión porque el problema del calor afecta a todos por igual.

CCOO y FREAMPA reclaman a la Consejería de Educación transparencia sobre la participación de los ayuntamientos en la segunda convocatoria de ayudas; apoyo técnico específico a las entidades locales, especialmente a los municipios pequeños; y planificación plurianual de actuaciones.

Además de la evaluación de riesgos laborales ante episodios de calor extremo, protocolos homogéneos para los centros mientras se ejecutan las obras estructurales, medidas urgentes en los espacios más expuestos -ventilación, zonas de sombra, acceso al agua y protección especial para personas vulnerables- y cumplimiento efectivo de la Ley 4/2019.

Chamorro, por su parte, ha considerado que este asunto no será de “primer orden” debido al contexto político que hay ahora en Extremadura de limitación de lo público y con un gobierno en el que hay “negacionistas” del cambio climático. 

El mismo día en el que el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica publica las instrucciones del proceso de admisión y matrícula del alumnado de Ciclos Formativos de Formación Profesional (FP) de Grado Básico, Grado Medio y Grado Superior en centros públicos de La Rioja, CCOO La Rioja afea a la Consejería de Educación que elimine la oferta pública en Santo Domingo de la Calzada y Alfaro “mientras crea nuevos ciclos en la privada concertada”.

Y es que para la formación sindical, la oferta formativa de FP prevista por el Gobierno de La Rioja para el próximo curso “vuelve a evidenciar una política educativa orientada a debilitar la red pública y favorecer la expansión de la privada concertada”. En concreto, “ya no se oferta el Grado Superior de Gestión de Alojamientos Turísticos en Santo Domingo de la Calzada y el Grado Básico de Aprovechamiento Forestal en Alfaro, dos enseñanzas públicas vinculadas al territorio, al empleo y a sectores estratégicos para sus respectivas comarcas”.

De hecho consideran “especialmente grave” la desaparición de oferta pública en estas localidades, Santo Domingo de la Calzada y Alfaro. “Supone reducir oportunidades educativas y profesionales fuera del eje central de la comunidad y la Formación Profesional no puede concentrarse ni privatizarse; debe servir para vertebrar el territorio, fijar población y garantizar que cualquier joven o persona trabajadora pueda formarse sin depender de la oferta privada o concertada”

Y al mismo tiempo, el Gobierno de La Rioja elimina grados de la pública, aseguran que crea otros en la privada: “dos nuevos ciclos de grado medio en la privada concertada y un nuevo ciclo de grado superior, también en la privada concertada. Mientra en la pública transforma un grado medio y dos grados superiores en dobles titulaciones. Es decir, mientras la creación de nueva oferta se dirige a centros concertados, en la pública se suprimen enseñanzas o se reorganizan las ya existentes”.

Una decisión que para CCOO La Rioja “no es casual ni aislada ya que forma parte de una línea política clara: dejar de invertir en la Formación Profesional pública y abrir espacios de crecimiento a la privada concertada”. Y desde la formación sindical, “una FP fuerte, moderna y vinculada al tejido productivo riojano debe construirse desde los centros públicos, con planificación, recursos suficientes y criterios de equidad territorial”.

Por todo ello exigen a la Consejería de Educación que rectifique esta orientación y “que cualquier ampliación de la oferta de Formación Profesional se realice en centros públicos, reforzando sus medios materiales, sus infraestructuras y sus plantillas.” Y es que aseguran que “no se puede hablar de apuesta por la FP mientras se cierran ciclos públicos y se crean nuevas enseñanzas en la concertada”. Porque consideran que la FP pública “es una herramienta fundamental para la igualdad de oportunidades, la cualificación profesional y el desarrollo económico de La Rioja”.

La plantilla de Prysmian, la fábrica de cables de fibra óptica de Maliaño, ha respaldado de forma unánime la primera jornada de huelga, de un total de cinco convocadas, según ha informado CCOO en un comunicado. Los trabajadores han interrumpido este miércoles su actividad ante el bloqueo de la negociación del nuevo convenio colectivo, con una dirección que, según ha informado el comité de empresa, “se niega a aceptar incrementos salariales vinculados al IPC real y se ha cerrado en su propuesta de congelación salarial”.

CCOO ha explicado que “la actividad de la fábrica ha permanecido totalmente parada en el primer turno de la mañana, con una planta cerrada a cal y canto y con unos trabajadores asentados en la puerta exigiendo un convenio justo, con una actualización de salarios acorde al IPC”.

“Son unas exigencias justas, no estamos pidiendo nada desorbitado, pero la empresa se empeña en congelarnos los salarios en 2025 y 2026 y está en una posición inamovible”, ha criticado Ismael Vega (CCOO), presidente del comité de empresa, que ha recordado que el convenio está caducado desde diciembre de 2024.

Hay que recordar que la plantilla de Prysmian, compuesta en la actualidad por unas 140 personas, viene de dos años con Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y ha sufrido varios despidos posteriores y, de ahí, que consideren justo poder mantener el poder adquisitivo tras un tiempo estancados, donde sin embargo, el personal ha seguido realizando su trabajo.

“La empresa nos aseguró tras el ERTE y los despidos que volvíamos a la normalidad pero no nos dijeron que la normalidad era a costa de congelar nuestros salarios y de perder poder adquisitivo y por ahí no podemos pasar”, ha dicho el presidente del comité de empresa.

Sin convocatoria para volver a reunirse en el ORECLA (Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales), el comité de empresa ha lamentado que hasta hace una semana “se estaba trabajando bien pero en cuanto ha aparecido la convocatoria de huelga el trabajo sorpresivamente ha bajado”.

“Hemos perdido básicamente un tercio de la plantilla desde 2013, ahora somos 138 y entonces 216. Si el volumen de trabajo ha bajado es porque tampoco hay trabajadores que puedan hacerlo y no entendemos el empeño de la congelación salarial, que no puedan actualizar el IPC a poco más de un centenar de personas, cuando se trata de un grupo que está batiendo récord de beneficios. No vamos a consentir que saquen la mayor rentabilidad posible a costa de nuestros salarios”, ha concluido Ismael Vega.

Tras esta primera jornada de huelga, las movilizaciones continuarán los días 19, 21, 26 y 27 de mayo.

CCOO La Rioja denuncia la situación de los quirófanos durante las tardes y sábados. Un servicio extraordinario (peonadas) impulsado por el Gobierno de La Rioja para agilizar las listas de espera. “No se puede seguir operando a costa de la seguridad de pacientes y trabajadores”, aseguran desde la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de La Rioja.

Desde la formación sindical explican que “en numerosas ocasiones, el número de intervenciones realizadas en estos turnos extraordinarias supera el horario ordinario de mañana y se llevan a cabo sin la dotación de personal adecuada”. Entre este personal, denuncian la falta de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) y celadores, “dos categorías esenciales para garantizar una atención digna y segura”.

De hecho, la falta de estos profesionales aseguran que está provocando situaciones que califican de “graves e inadmisibles”. Así hablan de “pacientes que se quedan solos bajo los efectos de medicación sedante, lo que pone en riesgo su seguridad” y de un ritmo de trabajo “estresante” para los profesionales que en ocasiones les obliga a saltarse protocolos higiénicos imprescindibles en un entorno quirúrgico.

En su denuncia, CCOO La Rioja también incluye a los celadores, “profesionales que trabajan codo con codo con el personal sanitario y cuyos efectivos disminuyen durante el turno de tarde a pesar de que la presión asistencial es mayor por las tardes. ”Esta desproporción genera situaciones de peligro para pacientes y trabajadores“. El servicio de limpieza, contratado externamente por el SERIS, ”también sufre una exigencia de rapidez incontrolable que compromete las medidas de higiene esenciales porque cuando la velocidad prima sobre la organización, se pone en jaque la seguridad de todo el equipo y, sobre todo, la de los pacientes“.

Con todo, desde la formación sindical alertan de que “este servicio extraordinario no se presta con la misma calidad y garantías que el horario ordinario de mañana” a la vez que insisten en que “cualquier intervención quirúrgica, sea en el horario que sea, debe contar con los mismos estándares de calidad, seguridad y atención humana, porque está en juego la salud de la ciudadanía.

Por todo ello, piden al Gobierno de La Rioja “que dé a la ciudadanía el respeto sanitario que merece”. Desde CCOO La Rioja son conscientes del malestar de diversos profesionales, pero “no hay que olvidar a otras categorías que hacen posibles el funcionamiento del Servicio Riojano de Salud porque para que el sistema funcione, todas las categorías son necesarias y todas merecen ser dotadas de medios suficientes”.

La Federación de Pensionistas de Comisiones Obreras en Cantabria ha organizado cuatro asambleas abiertas a la ciudadanía dentro de la campaña estatal 'La dependencia es tu derecho, no puede esperar, exígelo', con el objetivo de informar, debatir y reclamar un mayor compromiso político y social con el sistema de atención a la dependencia.

Las asambleas se celebrarán este mes, el día 14 en la sede de CCOO en Torrelavega, el 15 en Santander, el 18 en Laredo y el 19 en Reinosa. Todas comenzarán a las 17.00 horas y tendrán entrada libre y abierta para toda la ciudadanía hasta completar aforo.

El secretario general de la Federación de Pensionistas de CCOO en Cantabria, José Antonio Sánchez Gimeno, ha explicado este martes en un comunicado que estas asambleas “buscan acercar a la población una realidad que afecta cada vez a más personas y que necesita respuestas urgentes tanto desde las administraciones como desde el conjunto de la sociedad”.

Sánchez ha subrayado que “la dependencia es un derecho y no puede seguir esperando mientras miles de personas continúan en listas de espera o sin recibir las prestaciones y servicios que les corresponden”.

La Federación de Pensionistas de CCOO ha indicado que en Cantabria más de 14.700 personas reciben actualmente prestaciones del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, aunque todavía más de 1.300 permanecen pendientes de recibir una prestación o servicio, según los últimos datos disponibles.

Durante las asambleas se abordarán las principales modificaciones planteadas en la reforma de la Ley de Dependencia, actualmente en tramitación, y que incluyen medidas como la eliminación de periodos de espera para acceder a ayudas, la compatibilidad de prestaciones con el empleo, el reconocimiento automático de grados de discapacidad o la ampliación de los perfiles de cuidadores reconocidos.

“Es fundamental que conozcamos nuestros derechos y las mejoras que son necesarias para garantizar unos cuidados dignos y una atención de calidad”, ha señalado Sánchez Gimeno, que también ha incidido en que “Cantabria afronta un importante reto demográfico y social con una población cada vez más envejecida”.

Desde CCOO se ha animado a pensionistas, personas cuidadoras, familiares, profesionales del sector y ciudadanía en general a participar en estas asambleas para compartir inquietudes, resolver dudas y reforzar la defensa de un sistema público de dependencia “más ágil, más justo y que cuente con financiación suficiente”.

La Inspección de Trabajo y Osalan investigan a una empresa de Bizkaia por los altos niveles de arsénico detectados en los análisis de varios trabajadores que se encuentran de baja médica. Al menos hay nueve empleados a los que se les ha detectado niveles que duplican o triplican los valores que se pueden considerar fuera de los márgenes de peligro. Se trata de la empresa Montorretas, ubicada en Durango, que cuenta con alrededor de 32 personas en plantilla y que se dedica a la fabricación de perdigón de plomo para caza y competición. Además, parte de la actividad está centrada en la producción de granulado de plomo, principalmente utilizado en la tecnología de encapsulados en las acerías.

La denuncia, adelantada por el diario 'El Correo', ha partido de los propios trabajadores de la plantilla. Varios de ellos se han dirigido a CCOO, que ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo, y otros a ELA, que han denunciado el caso ante Osalan. Fuentes de estos dos organismos han confirmado que los técnicos han iniciado el procedimiento de inspección tras la denuncia y que está a la espera de conocer los resultados.

Algunos de estos trabajadores acudieron a la mutua tras encontrarse mal y al realizarles análisis de sangre y orina se detectaron valores muy por encima de los 35 microgramos sobre los que ya saltan las alarmas. Algunos tenían más de 68 microgramos y otros tenían picos de hasta 400, según señalan desde el sindicato ELA. Por su parte, CCOO ha denunciado incumplimientos en las medidas de seguridad para proteger a los trabajadores de este compuesto altamente venenoso. Además de los trabajadores a los que se les ha detectado el arsénico en los análisis, hay un trabajador de la empresa ingresado en el hospital de Usansolo, pero está aún sin confirmar si su ingreso está directamente relacionado con el contacto con el arsénico.

La empresa utiliza el arsénico como materia prima en uno de los procesos de fabricación de perdigones, tal y como se recoge en su declaración ambiental integrada, que también especifica medidas de seguridad para minimizar el impacto de este compuesto. Los trabajadores afectados y que se encuentran de baja trabajan en el horno y clasificación.

La empresa confía en “esclarecer los hechos con rigor”

Fuentes de la empresa han señalado a través de un comunicado que tan pronto como la dirección tuvo noticia de que varios trabajadores de la empresa “podrían estar atravesando una situación que pudiera afectar a su salud”, se pusieron en marcha “de forma inmediata los protocolos establecidos, notificando el caso a las autoridades competentes en cumplimiento de la normativa aplicable”.

“Como medida de cautela y en atención al bienestar de toda la plantilla, la empresa está llevando a cabo las actuaciones preventivas que la situación requiere para garantizar que el conjunto de los trabajadores continúa desarrollando su actividad en las condiciones adecuadas”, han señalado. Por otra parte, han confiado en que “la investigación en curso por parte de las autoridades competentes contribuirá a esclarecer los hechos con rigor”. “Esta empresa tiene como única prioridad en este momento la salud de sus trabajadores y la colaboración plena y sin reservas con las autoridades competentes”, han indicado y han rechazado realizar “declaraciones adicionales hasta que se haya esclarecido lo ocurrido”. Además de transmitir su total apoyo y cercanía a los trabajadores afectados“, han recordado que la empresa formar parte del tejido industrial de Durango desde 1959 y que las personas que la integran son ”como siempre, su mayor activo“.

La mayoría del comité de empresa de Tubos Reunidos ha culpado a la dirección y accionistas de la empresa y a las instituciones de la situación de insolvencia de la compañía que le ha llevado a presentar este lunes el concurso de acreedores voluntario ante la imposibilidad de hacer frente a los pagos. “La huelga no ha traído a Tubos Reunidos hasta aquí”, han señalado. Y ante la nueva fase que se abre ahora, en la que las decisiones se tomarán bajo la dirección judicial, han exigido que se “obligue a una solución justa” para la plantilla.

Representantes de ELA, LAB y ESK han valorado este martes el nuevo escenario que se abre con la tutela judicial que implica el concurso de acreedores -la antigua suspensión de pagos- , una fase a la que los sindicatos que forman el comité de empresa llegan completamente divididos. De hecho, las tres centrales que conforman esta mayoría han convocado una comparecencia de prensa ante las oficinas de la empresa en Bilbao y una posterior manifestación por la capital vizcaína, sin unidad de acción con CCOO ni de UGT, aunque algún delegado de este sindicato ha participado en la movilización. Ambos sindicatos, UGT y CCOO, son partidarios de que la plantilla de la planta de Amurrio pueda votar si quiere mantener o no la huelga indefinida. ELA, LAB y ESK ya han anunciado este martes que no acudirán a la asamblea convocada este jueves por un grupo de trabajadores que tienen el aval de 235 firmas, para votar si continúan o no con el paro.

“El problema no está en hacer o no asambleas, si no en hacerlas para llevar propuestas o soluciones, no para quitar derechos fundamentales. Entramos en un nuevo escenario y evidentemente no estamos en el mismo punto que ayer”, han señalado los representantes de la mayoría en un comunicado que han leído durante la comparecencia y que han recordado que este miércoles la dirección de la empresa les ha convocado a una reunión. Un encuentro que, por cierto, la dirección mantendrá por separada con el comité de Amurrio y de Trápaga, pese a que todas las reuniones del ERE la dirección exigió que se realizaran con una única representación para ambas empresas. “Vamos a esperar a la reunión de mañana, a escuchar qué plantea la empresa y a analizar la nueva situación con responsabilidad”, han indicado los representantes de la planta de Amurrio.

Las centrales parten de la base de que se entra en una nueva fase en la que “hay que estar más organizados, más unidos y más firmes que nunca”. “En esta nueva fase esperamos que tengamos la posibilidad de interlocución y de negociación que hasta ahora la dirección había bloqueado. Hasta ahora todo ha sido imposición. Ahora se abre un escenario distinto y esperamos que sirva para hablar de verdad, con transparencia y con toda la información encima de la mesa”, han señalado tras asegurar que siempre han estado dispuestos a negociar. “Pero negociar de verdad, negociar con transparencia, negociar sin chantajes, negociar sin presiones. Negociar con toda la información encima de la mesa y con participación real de la plantilla. Eso es lo que hemos exigido desde el primer día y eso es lo que seguimos exigiendo hoy”.

Después de que la dirección culpara el lunes a la huelga indefinida en Amurrio de buena parte de la situación de insolvencia de la empresa, al estar paralizada la actividad, las centrales han reiterado que “la plantilla no ha elegido este conflicto. A la plantilla la han empujado al conflicto”. En este sentido, han señalado que ya advirtieron de que “las medidas planteadas por la dirección, despidos, cierre de la acería y externalización de la logística, no resolvían el problema de fondo de Tubos Reunidos. Dijimos que el problema no era la plantilla, ni sus condiciones, ni sus derechos. Dijimos que el problema era financiero, pero también de gestión y de dirección. Y dijimos que hacía falta abrir un proceso de negociación real, transparente y con participación efectiva de la plantilla. No quisieron escuchar. Eligieron la imposición, el chantaje y la presión. Eligieron intentar hacer pagar a la plantilla las consecuencias de años de mala gestión”.

En este sentido, han recordado que la empresa presentó el ERE como “imprescindible” para garantizar la viabilidad y facilitar la refinanciación. “Hoy ese ERE queda suspendido, porque ni siquiera pueden hacer frente a sus costes. Nos dijeron que el cierre de la acería y la externalización eran necesarios para salvar la empresa. Ahora la empresa solicita entrar en concurso de forma voluntaria. Los hechos son claros, ni el ERE era la solución, ni el cierre de la acería era la solución, ni la externalización de la logística era la solución. Y eso hay que decirlo alto y claro”, han señalado.

Las centrales han recordado que el de Tubos Reunidos “no es un concurso cualquiera. Hay dinero público de la Sepi detrás. Eso significa que hay margen para salvar la empresa. Y si hay dinero público, tiene que haber empleo y actividad industrial. Ahora ya no decide solo la empresa. Aquí entran más actores: Sepi, los bancos como BBVA, la administración concursal y los gobiernos. Y por eso ahora hace falta más presión que nunca. Porque lo que se decide ahora es muy claro: si la empresa se salva a costa de la plantilla o si se obliga a una solución justa”, insisten.

Además, los trabajadores miran a los acreedores privados, además de la Sepi, como el BBVA, que es una de las entidades a las que también debe dinero Tubos Reunidos. La plantilla se ha concentrado ante la sede de la empresa en Bilbao.

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha cuestionado este martes al Gobierno de Cantabria (PP) por pactar acuerdos con organizaciones sindicales y colegios profesionales, al margen de la mesa sectorial de sanidad: “Que se sienten a negociar en el foro que toca y no con colegios profesionales y en foros que no son adecuados; [no puede haber] pactos políticos y pactos profesionales”, ha reclamado Arancha Cosío, secretaria general autonómica de la Federación de Sanidad de CCOO.

Mientras avanza el anteproyecto de ley del Estatuto Marco para los profesionales sanitarios en España, la representante sindical ha hecho este llamamiento tras diversos acuerdos individuales del Ejecutivo autonómico en la presente legislatura desde Presidencia o desde la Consejería de Salud con el colegio profesional de médicos y el Sindicato Médico, los sindicatos Satse y CSIF y el colegio profesional de enfermería, además del convenio privatizador de 256 millones con el hospital Santa Clotilde, que incluye a su personal en el Sistema Cántabro de Salud (SCS).

Tras estos ejemplos concretos, concentrados entre 2024 y 2025, Cosío ha denunciado que los pactos benefician solo a “unas partes a las que [al gobierno] le interesa” en lugar de englobar a todo el personal sanitario “sin excepción ninguna”.

El borrador del estatuto marco lleva tres años de negociación —ha explicado la sindicalista antes de una asamblea informativa en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla—, tras 22 años sin actualizar. El documento incluye mejoras como la desaparición de las guardias de 24 horas para el personal facultativo y todo la plantilla que tenga guardias; la eliminación de los turnos nocturnos para el personal mayor de 55 años; la actualizacioón de categorías, la prevención y, entre otras cosas, por primera vez, se incluye formalmente al personal investigador como personal estatutario del sistema de salud.

Cosío ha estado acompañada de dos representantes de la federación a nivel nacional (Humberto Muñoz, secretario general de la Federación Estatal de Sanidad, y María García Soria, integrante del área de acción sindical). Los tres han comparado los intentos de negociar condiciones por separado para cada categoría con modelos que han considerado “obsoletos” frente a las mesas de negociación.

El estatuto, han reivindicado los sindicalistas antes de la mesa informativa en Valdecilla, una vez aprobado, se alejará de lo que han denominado “convenio franja”, que favorece mediante pactos individuales.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha declarado improcedente el despido de Mercadona a un trabajador que realizaba actividades cotidianas mientras estaba de baja en León por una patología crónica, artritis reumatoide, una “patología de carácter inflamatorio y crónico”. El trabajador trabajaba para la compañía desde diciembre de 2010 en Villadangos del Páramo (León). El empleado ya había estado de baja, se había incorporado a trabajar y de nuevo tuvo que pedir la baja médica por el mismo motivo. Los investigadores que contrató la empresa notificaron que el empleado paseaba a su perro, de pequeño tamaño, además de ir a una lavandería, sentarse allí y manipular su móvil. También se le vio conduciendo una moto en “trayectos cortos”, acudía a un supermercado a comprar y cargaba algunas bolsas, según detallan desde CCOO.

La Justicia ha obligado a la empresa a readmitir al trabajador y a pagarle los salarios correspondientes o a indemnizarle con 39.845,25 euros. El TSJ revoca el fallo inicial del Juzgado de lo Social de León y considera que dichas actividades constituyen una “transgresión de la buena fe contractual ni una simulación de enfermedad”, según ha informado Comisiones Obreras a través de un comunicado.

Las limitaciones médicas que tenía el empleado incluían la dificultad para agacharse en cuclillas y arrodillado de forma repetitiva y mantenida, realizar prensión repetitiva o continuada con ambas manos, así como la prohibición expresa de exposición al frío o a bajas temperaturas, en particular el trabajo en cámaras de refrigerado o congelado, donde debía trabajar.

Mercadona defiende que ha acatado la sentencia e indemnizado al trabajador como correspondía según la sentencia, fechada en marzo de este año.

Actuaciones “compatibles” con su patología

La empresa contrató a unos detectives privados que siguieron y grabaron al trabajador durante dos días y después notificaron las actividades ordinarias que realizaba el trabajador, que el juzgado entiende como “compatibles” con su patología. “Se trata de actuaciones compatibles con el desarrollo normal de la vida cotidiana de una persona afectada por una patología que limita determinadas actividades laborales, pero que no exige una inactividad absoluta”, señala la sentencia.

El informe del detective privado, publicado parcialmente en la sentencia, refleja con qué mano el trabajdor sujetaba la correa o las heces del perro, o con qué mano se colocaba la capucha de la sudadera, entre otros, según la sentencia que ha remitido el TSJ.

El Alto Tribunal recuerda que es necesario que las actividades del trabajador interfieran en su curación o demuestren que se simula una patología para que el empresario pueda despedirle durante una baja médica. Sin embargo, ninguna de las conductas de ese trabajador cumplía con estas características.

La Sala Verdugo de Plasencia (Cáceres) acogerá del 4 al 8 de mayo la exposición 'Vías de dignidad. La lucha sindical por el ferrocarril', organizada por CCOO de Extremadura y la Fundación Cultura y Estudios y centrada en la histórica reivindicación de un tren digno en la región.

La muestra, de acceso libre y con horario de 19:00 a 21:00 horas, propone un recorrido visual por el pasado, presente y perspectivas de futuro de las infraestructuras ferroviarias extremeñas.

Según los organizadores, el objetivo es sensibilizar a la ciudadanía sobre una problemática “que durante décadas ha condicionado el desarrollo de la comunidad”, al tiempo que se reivindica el papel de la movilización social en los avances logrados en materia ferroviaria.

El contenido expositivo se estructura en torno a tres ejes: la memoria histórica del ferrocarril en Extremadura, el papel del sindicalismo en la consecución de mejoras y el compromiso social en defensa de unas infraestructuras consideradas estratégicas.

“Es fundamental que se conozca de primera mano que cada avance en materia ferroviaria ha sido consecuencia directa de la movilización social, y no de decisiones aisladas”, ha defendido CCOO.

En este sentido, la exposición pretende reforzar la conciencia colectiva sobre la “necesidad de seguir exigiendo inversiones y mejoras que permitan superar el déficit histórico en este ámbito”.

La programación se inaugurará el lunes 4 de mayo con la intervención de la secretaria general de CCOO Extremadura, María Berrocal. Además, el 5 de mayo se celebrará una mesa redonda bajo el título 'Presente y futuro del tren en Extremadura', en la que participarán representantes del ámbito sindical, empresarial y político para analizar los principales retos del sistema ferroviario en la comunidad.