Salvemos los Campos denuncia que la construcción de una macroplanta fotovoltaica de Solaria afecta a aves en peligro de extinción.

El macroproyecto 'Helena Solar' plantea 10 macroplantas fotovoltaicas al Oeste de Toledo unidas por una vía de evacuación de más de 60 kilómetros. Según destacan desde Salvemos los Campos, “la destrucción de áreas críticas para la supervivencia de especies en peligro de extinción y de un paisaje cultural de gran relevancia regional como la campiña vitivinícola de la D.O. Méntrida”, son elementos nucleares del contencioso administrativo interpuesto por el colectivo.

Aseguran que la promotora ha iniciado las obras este mes de mayo, coincidiendo con el período reproductor de las especies afectadas, como el sisón o el águila imperial ibérica, algo “explícitamente prohibido” por la Declaración de Impacto Ambiental.

La alerta saltó a inicios del mes de mayo, cuando vecinos del norte de La Torre de Esteban Hambrán y Méntrida (Toledo), así como agentes forestales de la Junta de Castilla-La Mancha observaron cómo, “aún sin contar con todas las licencias oportunas para el inicio de las obras, maquinaria pesada entraba en los campos cerealistas del Sur de Méntrida” donde se proyecta una de las “mayores secciones” de placas solares del macrocomplejo 'Helena “Solar', promovido por Solaria. Se trata de una zona con ”riquísimos valores ambientales“ al ser área reproductora de dos especies ”icónicas“ en peligro de extinción: el sisón común y el águila imperial ibérica. Pero sus valores ambientales no quedan ahí, al dar cobijo también al aguilucho cenizo, al aguilucho pálido, el milano real o el buitre negro. Desde el colectivo apuntan que el lugar ”reúne las condiciones“ para ser declarada como Zona de Especial Relevancia para las Aves (ZEPA).

La planta se sitúa en un “área crítica” para superviviencia de las especies

La iniciación de las obras de este parque promovido por Solaria “es especialmente grave, no solo porque aún no cuenta con todas las licencias necesarias, como la calificación urbanística o la licencia de construcción, sino porque además la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) prohíbe explícitamente la realización de actividad alguna en la zona en el periodo reproductor de las especies afectadas, como el sisón, siendo el momento más crítico de su ciclo biológico”. Salvemos los Campos asegura que esta especie ha visto mermadas sus poblaciones “en más del 50% solo en los diez últimos años”, y los terrenos de ubicación de las plantas Helena Solar 2, 3 y 6 constituyen “un área crítica para su supervivencia”, como ha sido alegado por el colectivo en el procedimiento de autorización de las plantas. El sisón fue oficialmente declarado en peligro de extinción en abril de 2023, “y aún no se ha aprobado su plan de conservación, como exige la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y Biodiversidad”, exponen.

Respecto al águila imperial ibérica, la zona “es un territorio de presencia histórica de la especie”, y también “área crítica”, con numerosas nidificaciones coincidentes o en el entorno del proyecto. “Tanto es así que en el inicio de las obras ha aflorado una nidificación a escasos metros de la zona de ubicación de las plantas Helena Solar 2, 3 y 6, constatándose la vital importancia del mantenimiento de estos terrenos para la recuperación de su estado de conservación, igual que para otras numerosas especies con un acusado declive de sus poblaciones”, explica el colectivo ecologista.

Por otra parte, la DIA también exige la elaboración de un Programa de Vigilancia Ambiental, cuyos condicionantes se fijan en su apartado tercero. “Ante el atropello causado contra especies en peligro de extinción en época reproductora mediante el uso de maquinaria pesada, solo caben dos alternativas: o la empresa promotora no tiene Programa de Vigilancia Ambiental, pues no sabe ubicar dónde están criando las especies protegidas (ante lo que el Ministerio debería revocar de inmediato la Autorización Administrativa Previa como pide Salvemos los Campos), o por el contrario ha actuado negligentemente al iniciar obras en pleno período reproductor, ocasionando molestias y perturbaciones que provocan daños irreparables a las especies afectadas, y con las eventuales responsabilidades a que ello diera lugar”, señalan.

Daños “irreparables” a especies en peligro de extinción

Salvemos los Campos explica que han podido documentar -al igual que vecinos, técnicos forestales de la Junta de Castilla-La Mancha y expertos ornitológicos independientes-, que maquinaria pesada ha estado trabajando “en esta zona vetada para actividad alguna” al menos entre los días 4 a 18 de mayo. “Como queda acreditado por las fotografías aportadas, se trata de maquinaria que habría realizado unas 150 perforaciones en toda la zona para insertar barras de metal codificadas con la letra ”H“ y seguidas de numeración correlativa, que presuntamente delimitan las diferentes secciones de la planta fotovoltaica”, recalcan.

Sabiendo que el sisón común y otras esteparias como el aguilucho pálido y cenizo anidan en el suelo de estas llanuras cerealistas entre los meses de marzo a julio, “es difícil imaginar una actuación más nefasta para los valores ambientales de la zona antes de la posible construcción de la planta”. Apuntan que se trata de unos trabajos realizados “en el momento más crítico del año”, en una zona donde ya se documentó por parte de esta y otras asociaciones la existencia de machos reproductores de sisón, “algo de lo que también son conocedores la Junta de Castilla-La Mancha y el Ministerio para la Transición Ecológica”.

El papel del Ministerio en este proyecto: “Muy discutido desde el inicio”

El papel jugado por el Ministerio para la Transición Ecológica “ha sido muy discutido” desde los inicios de este proyecto. Por una parte, en su papel de órgano ambiental, desde Salvemos los Campos consideran “inconcebible que se siga tramitando un proyecto que la propia DIA estima como de impacto crítico sobre especies en peligro de extinción”. El colectivo apunta que entre las muchas menciones al caso del águila imperial ibérica, “encontramos en la página 7: El impacto sobre esta especie debe considerarse crítico y de principal atención en la ejecución del proyecto”.

Por otro lado, Salvemos los Campos denuncia que “la DIA, publicada en el BOE el 2 de febrero de 2023, fue firmada por Marta Gómez Palenque, incursa en una investigación penal por autorizaciones ambientales a centrales fotovoltaicas en Cáceres promovidas por Iberdrola, y relacionada con el caso Forestalia”.

Apuntan que “otro de los atropellos medioambientales de la DIA” es la aceptación de la ubicación de una de las subestaciones del complejo, en la zona de las Loberas (Méntrida, Toledo), que se ubicaría en terreno “especialmente protegido”.

Salvemos los Campos critica “el doble rasero de la DIA, al plantear a Solaria unas limitaciones respecto a los hábitats de especies en peligro de extinción como el sisón o el águila imperial más laxas que las establecidas para otras plantas fotovoltaicas en la misma zona”.

Desde el colectivo ecologista denuncian que el Ministerio está poniendo “una infinidad de obstáculos” al contencioso administrativo interpuesto por ellos, donde han solicitao “innumerables veces” la aportación del expediente completo del proyecto por parte del Ministerio, “que de forma recurrente ha incumplido los plazos para proveer dicha información, poniendo además un sinfín de trabas que no hacen sino añadir opacidad a todo el proceso y creando una situación de clara indefensión a la asociación”.

En este contexto, Salvemos los Campos expresa que seguirá vigilante tanto en el terreno como en los tribunales para asegurar la preservación “de los riquísimos valores ambientales de la zona”, reservándose para ello el derecho a recurrir a cuantas medidas legales estime conveniente.

Este medio ha contactado con Solaria para conocer su versión, sin respuesta hasta el momento.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado una propuesta estratégica a los llamados 'esquemas provisionales de temas importantes del cuarto ciclo de planificación hidrológica (2028-2033)' de las siete demarcaciones hidrográficas que discurren por la región. Es decir, las bases para planificar la gestión de los ríos en España.

El objetivo es avanzar en una gestión hidrológica justa y adaptada a las necesidades hídricas presentes y futuras de la región y se alinea además con los principios recogidos en el 'Acuerdo de Posición Común en Materia de Agua de Castilla-La Mancha', según el Ejecutivo regional.

La propuesta ha sido trasladada este viernes durante la reunión extraordinaria del Consejo Regional del Agua, presidida por la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, junto a la directora general del Agua, Montserrat Muro; que se produce un día después de la sentencia del Tribunal Supremo que avala el vigente plan hidrológico del río Tajo, que lleva ya diez sentencias que ratifican la implantación de caudales ecológicos en su curso medio.

La consejera asegura que “Castilla-La Mancha actúa hoy con más fuerza que nunca en la defensa de nuestros intereses hídricos, que son también nuestros intereses sociales, económicos y ambientales”. La intención, añadía, es “seguir avanzando hacia un modelo hídrico basado en el consenso, la sostenibilidad y la garantía de oportunidades para las generaciones presentes y futuras”.

El Ejecutivo autonómico explica hoy que se trata de reforzar la defensa de los intereses hídricos de Castilla-La Mancha y consolidar una posición común de la mano de toda la sociedad castellanomanchega, en continuidad con el trabajo desarrollado desde la firma del Pacto Regional del Agua en diciembre de 2020.

“Momento decisivo”: en la región hay 7 cuencas hidrográficas

La consejera ha señalado además que Castilla-La Mancha afronta “un momento decisivo para el presente y el futuro de nuestra tierra”, al tratarse de una comunidad autónoma afectada por siete demarcaciones hidrográficas, “una realidad singular que no comparte ninguna otra región de España”.

Durante el proceso participativo previo a la elaboración de este documento de conclusiones, el Gobierno regional ha mantenido mesas de trabajo en las cinco provincias con la participación de 71 representantes de distintos sectores vinculados al agua, que han realizado cerca de 200 propuestas.

El documento de conclusiones presentado ante el Consejo Regional del Agua, según ha indicado la consejera, “reafirma la necesidad de impulsar un modelo hídrico capaz de garantizar una reserva estratégica de agua para el abastecimiento, el desarrollo económico y la cohesión territorial de Castilla-La Mancha, especialmente en las demarcaciones del Tajo, Guadiana, Júcar y Segura”.

¿Qué pide Castilla-La Mancha?

Entre las principales líneas de actuación recogidas en las alegaciones destaca la defensa del principio de unidad y prioridad de la cuenca hidrográfica, de manera que los recursos excedentarios únicamente puedan considerarse como tales “una vez atendidas las necesidades de la propia cuenca cedente y garantizado el suministro de las distintas demandas existentes”.

Por otra parte, el Gobierno regional solicita la realización de balances hidrológicos completos e individualizados por cuenca, incluyendo tanto los recursos convencionales como los alternativos, y defiende que “las demandas regionales deben ser satisfechas con carácter prioritario antes de considerar recursos hídricos excedentarios”, ha explicado Gómez.

La propuesta también apuesta por garantizar las asignaciones previstas en los planes hidrológicos vigentes, impulsar los regadíos sociales y compatibilizar los objetivos medioambientales con el desarrollo socioeconómico de los territorios afectados.

Del mismo modo, el documento pone de manifiesto la necesidad de mejorar el conocimiento técnico de las distintas demarcaciones hidrográficas, reforzando especialmente las redes piezométricas para avanzar en una gestión más transparente y eficiente de los recursos hídricos.

Otro de los ejes fundamentales es dar respuesta a las dificultades que afrontan los pequeños municipios y las zonas afectadas por la despoblación, especialmente en materia de abastecimiento, calidad del agua de consumo humano y cumplimiento de la normativa de depuración.

Mercedes Gómez ha insistido además en la necesidad de acelerar la transición hacia un nuevo modelo de gestión hídrica y avanzar en soluciones e infraestructuras hidráulicas adaptadas al actual contexto climático. “Necesitamos infraestructuras resilientes, capaces de garantizar el suministro y responder a cualquier circunstancia derivada del cambio climático”, ha señalado.

En este sentido, la consejera ha reiterado que Castilla-La Mancha mantendrá una posición “firme e inflexible” ante la Administración General del Estado para que la planificación del cuarto ciclo incorpore “medidas e infraestructuras realistas y eficaces que respondan a las necesidades del territorio”, ha señalado. Gómez ha defendido que “si el agua se transforma en economía, como ya sucede en otros territorios, debe hacerse primero allí donde se genera el recurso”.

Si el agua se transforma en economía, como ya sucede en otros territorios, debe hacerse primero allí donde se genera el recurso

Finalmente, Mercedes Gómez ha animado a ayuntamientos, agricultores, sectores económicos, organizaciones conservacionistas y ciudadanía en general a aprovechar los últimos días del periodo de información pública, antes del 28 de mayo, para presentar alegaciones y propuestas que consideren oportunas para defender las demandas de uso del agua.

“Este esfuerzo no corresponde únicamente a la Administración regional, queremos que toda la sociedad castellanomanchega participe y haga oír su voz para construir entre todos una planificación hidrológica adaptada a las necesidades reales del territorio”, ha concluido Mercedes Gómez.

La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha manifestado que espera que la admisión a trámite del recurso contencioso-administrativo contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para que se apliquen las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura sea suficiente para que se cambien estas normas, aunque ha advertido de que, en caso de que no sea así, el Gobierno autonómico seguirá “insistiendo”.

“Han pasado más de dos años”, ha recordado la consejera, desde que este cambio se debería haber hecho y la “paciencia” del Gobierno de Castilla-La Mancha ha llegado a un punto en el que les ha “obligado” a presentar una demanda contra el Estado pidiendo y exigiendo que se cumpla lo que dice el Real Decreto, y “es que se tiene que contar con unas nuevas reglas de explotación”.

Para la consejera, desde el Estado “se piensan que, como este año ha empezado con lluvias en primavera, ya está todo solucionado”. “Pero no está solucionado”, ha aseverado.

Por todo ello, el Gobierno autonómico ha presentado un informe en su demanda que “viene a demostrar” la existencia de “daños” por el incumplimiento de los caudales. “Esa es la situación que nosotros hemos puesto encima de la mesa, han admitido a trámite nuestra demanda y lo que esperamos es que, cuanto antes, se nos presente una modificación de las reglas de explotación”, ha apuntado.

La Xunta de Galicia se opone a la protección del lobo y es una firme defensora de que debe poder cazarse. Ni los datos de su último censo, que concluye que la población de la especie no crece, sino que está estable, ni las conclusiones del Gobierno central sobre que el estado es desfavorable en la península ibérica ni las decisiones judiciales que han frenado las normas gallegas que permiten abatir ejemplares han hecho cambiar de idea a la Consellería de Medio Ambiente. En su persistente batalla por aplicar un control letal sobre estos animales, se ha puesto al frente de una inusual maniobra que pretende forzar que el informe que se presente ante Bruselas sobre la situación del lobo no sea el elaborado por el Gobierno central, sino uno alternativo redactado por la Xunta y al que han dado su apoyo varias comunidades autónomas. Con este embrollo sobre la mesa, y tras la petición de varias organizaciones de que se pueda consultar toda la documentación, el Ministerio para la Transición Ecológica ha decidido que va a sacar a información pública el material, según adelantó la Agencia EFE.

Una de esas organizaciones es el Fondo para la Protección del Lobo. Ernesto Díaz, su coordinador, considera que la estrategia de las comunidades que pelean por poder cazar lobos, con la Xunta al frente, es “insólita”. Dice no recordar otro caso en el que una comunidad haya decidido recopilar la información de las demás para presentar un informe alternativo al ya elaborado por el Gobierno central con los datos remitidos por las propias autonomías. Asegura que lo que se está desplegando es “una maniobra orquestada fundamentalmente por los gobiernos de las comunidades del noroeste”, que han ido reuniendo apoyos de otras administraciones “afines”, sobre todo del PP. Y detrás de todo esto interpreta que lo que hay es “una búsqueda del voto rural”, con el discurso, cuestionado por expertos, de que están aumentando los ataques de lobos al ganado y amenazando su viabilidad.

Pero, para llegar a la situación actual, se han entrecruzado varios hilos. La postura de la Xunta ha sido clara y favorable a la caza de lobos. En 2021, cuando la especie se incluyó en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), lo que llevó a que no se pudiese cazar, el Gobierno gallego se opuso. Esa prohibición duró hasta marzo de 2025, cuando una enmienda a la ley sobre desperdicio alimentario le retiró esa protección, con el apoyo de PP, Vox, Junts y PNV. La Consellería de Medio Ambiente se había preparado para aprovechar de inmediato ese nuevo escenario: autorizó de nuevo la caza de lobos solo un día después de que el cambio entrase en vigor. La Justicia paralizó después esa posibilidad de matar a estos animales (y la Xunta lo recurrió).

Esa modificación normativa contiene un segundo aspecto que ha permitido la maniobra con el contrainforme: obliga a que los informes sexenales sobre el estado de conservación de fauna y flora silvestres que se deben remitir a la Comisión Europea pasen antes por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente -que reúne a Gobierno central y comunidades- y reciban su visto bueno. Antes de ser elevados a esa Conferencia, deben analizarse en la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, en la que también están representadas las comunidades autónomas y el Ejecutivo estatal. Y en este foro es en el que la Xunta presentó su informe alternativo. Antes de estos cambios, que han sido recurridos ante el Tribunal Constitucional por el Defensor del Pueblo, el Gobierno central los elaboraba y los enviaba directamente a Bruselas.

El Gobierno español está fuera de plazo para presentar estos informes sexenales (y Bruselas ha abierto expediente por este motivo), que debía haber entregado antes de julio de 2025. Fue a esas alturas cuando el Ministerio para la Transición Ecológica difundió los datos del último censo del lobo: hay 333 manadas en España, que son 36 más que una década antes, pero menos que las 500 que los expertos defienden como el umbral de seguridad para confiar en las buenas perspectivas de la especie a largo plazo. Con esta información, el informe sobre el estado de conservación concluyó que la situación era desfavorable, algo que hace más difícil que entre las medidas de gestión que se adopten para la especie estén las letales.

El documento se presentó en Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, pero no fue aceptado. Lo que ocurrió fue que la Xunta acudió a la cita con un informe alternativo que llega a la conclusión contraria y que ha sido apoyado por buena parte de las comunidades autónomas. Votaron a favor Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Navarra, Comunitat Valenciana, Extremadura, Illes Balears, La Rioja, Asturias, Murcia, la ciudad autónoma de Ceuta y la propia Galicia. Castilla-La Mancha, Catalunya y Euskadi se abstuvieron y el Gobierno central votó en contra. El siguiente paso es elevarlo a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, algo que aún no ha ocurrido y que va a tardar, dado que el Gobierno central ha decidido sacar a información pública toda la documentación.

El contrainforme

La Xunta defiende la maniobra de intentar forzar el cambio en las conclusiones que se envíen a Bruselas y asegura que su informe alternativo “es una especie de réplica/alegación a la propuesta del Ministerio”. En su justificación, la Consellería de Medio Ambiente acusa al Gobierno central de estar haciendo “valoraciones subjetivas” y exponer “falsedades” con el “único fin” de que la conclusión sea que el estado es desfavorable. El documento gallego, al que ha tenido acceso elDiario.es, repasa parámetro por parámetro los datos para las regiones atlántica y mediterránea y defiende que en ambas debe considerase que la situación es favorable. Cuestiona la interpretación que hace el Gobierno de los criterios establecidos en Europa para las evaluaciones y también critica que se tome como referencia que la población de seguridad sea de 500 manadas para la península ibérica.

El Ministerio replica a varias de las consideraciones de la Xunta y agrega un análisis de los resultados si no se tomasen como referencia esas 500 manadas. La conclusión es que, aun así, el estado sigue siendo desfavorable en las tres regiones (atlántica, mediterránea y alpina). El Gobierno central defendió también que es necesario tener en cuenta el impacto de los ejemplares que ya han sido cazados en comunidades como Cantabria y Asturias y el de los gigantescos incendios del pasado verano en territorios habitados por la especie.

La Consellería de Medio Ambiente señala, en respuesta a preguntas de esta redacción, que tomó la iniciativa de elaborar un análisis que contradice el del Ministerio “en el marco de la coordinación y colaboración existente entre las comunidades autónomas con intereses en esta materia”. Asegura que, en otras ocasiones y asuntos, han sido otras comunidades las que han adoptado este papel. Sobre la elaboración del informe afirma que lo hicieron técnicos de la Xunta, que es un trabajo riguroso y que el contenido “recoge la información aportada por las distintas regiones” y que se han utilizado para el censo estatal - los datos “son los oficiales, que son públicos”, aclara-. Es decir, han empleado la misma información que el Gobierno central para llegar a la conclusión opuesta.

Mientras la Xunta acusa al Ministerio de hacer valoraciones subjetivas, son varios los expertos que dicen que quien tiene una postura ideológica y alejada de la ciencia es la Consellería de Medio Ambiente. Ernesto Díaz la califica de “arbitraria” y cree que Galicia y el resto de comunidades del noroeste, como Asturias, Cantabria o Castilla y León están en “una carrera hacia el precipicio de matar lobos”.

La beligerancia de la Xunta

En enero de este año, varios responsables de estos territorios se reunieron en Cantabria para reclamar la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que debería aprobar el informe sexenal sobre el lobo y en la que quieren que salga adelante el documento de la Xunta. Tras el encuentro, la conselleira gallega, Ángeles Vázquez, volvió al argumento del impacto en el ganado y consideró que eso es una evidencia de su buena situación en Galicia: “Su estado de conservación es favorable, como acredita el hecho de que los ataques de esta especie hayan aumentado un 72% en relación con 2021”. Estos datos de muertes de animales causadas por el lobo también son discutidos por biólogos, que avisan de que un aumento de los reportes no implica necesariamente que hayan crecido los ataques porque no se analiza si hay ADN de esta especie o de perros asilvestrados ni se distingue depredación de carroñeo. Apuntan también a posibles fraudes en un contexto en el que han aumentado las compensaciones por ganado muerto.

Vázquez ha insistido en los últimos años en una postura especialmente beligerante para autorizar la caza de lobos en Galicia, a pesar de que es una medida que, cuando ha estado permitida, apenas se ha usado ni ha tenido éxito en Galicia: un informe publicado en 2023 por Unións Agrarias indicaba que en la década anterior se habían autorizado 60 batidas, que se saldaron con solo 11 animales cazados. Después de que la Justicia paralizase la medida que reintroducía la posibilidad de abatir ejemplares de esta especie, la conselleira reaccionó con exageración: “Lo que no se puede pretender es que Galicia albergue a todos los lobos de toda España”.

A la espera de que se inicie el proceso de información pública anunciado por el Ministerio para la Transición Ecológica lo que se abren son incógnitas sobre el informe sexenal del estado del lobo. Ernesto Díaz señala que se desconoce cómo va a ser el trámite, de qué manera se van a gestionar las alegaciones y cómo van a influir posteriormente en la información que se remita a Bruselas.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha confirmado la admisión a trámite del recurso contencioso-administrativo contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para que se apliquen las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

“Estamos ya enfocados a que se empiece a tramitar la demanda que hemos hecho, la denuncia ante el Ministerio y espero que simplemente se vean obligados a cumplir. Es tristísimo ganar sentencias y sentencias y tener que seguir yendo los tribunales para que se cumplan”, ha afirmado en Toledo con motivo de la Romería del Valle.

En este punto, ha tildado de “absolutamente inasumible la inactividad del Gobierno”, a pesar de “muchas sentencias y después de haberse aprobado y estar vigente planes hidrológicos que obligan al cambio de las reglas de explotación”. “Me da mucha tristeza, me da mucha pena, pero no como presidente no me voy a confirmar con lamentarlo”, ha aseverado.

Estamos para defender los intereses de la tierra, esté quien esté en el Gobierno

Reconociendo que “algunos se extrañan” de que un presidente del PSOE pueda recurrir o pleitear con el Gobierno del mismo signo político, ha señalado que “hay que retratarse y ser sinceros”. “Estamos para defender los intereses de la tierra, esté quien esté en el Gobierno”.

Le “duele especialmente” a García-Page cuando se incumple “la palabra que nos han dado a todos, que está en el Boletín oficial” y que a él mismo le han dado “muchos responsables públicos”. “Van unos, vienen otros, pero lo cierto y verdad es que la gestión hidráulica en España está muy lejos de estar a la altura del país”.

Esta realidad, ha lamentado, se replica “casi confederación a confederación, cuenca a cuenca”, y una región como Castilla-La Mancha tiene siete cuencas hidrográficas, ha señalado.

El Parque Nacional de Cabañeros, en Castilla-La Mancha, ha registrado, por primera vez desde que fue declarado como tal, el nacimiento de una camada de lince ibérico (Lynx pardinus), según ha informado el Ministerio para la Transición Ecológica que lo califica de “hito de gran relevancia ecológica que evidencia la eficacia de las estrategias de reintroducción y manejo adaptativo aplicadas en este espacio protegido, así como el avance en la recuperación de una de las especies más amenazadas del mundo”.

Se trata de dos individuos, crías de Uvita y U2. La primera, nacida en 2023, fue capturada el 24 de septiembre de 2024 en la finca La Garganta, en Sierra Morena, en el marco de las actuaciones del Programa Nacional de Conservación del Lince ibérico. Antes de su traslado definitivo al Parque Nacional, permaneció en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre ‘El Chaparrillo’ perteneciente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, donde completó un periodo de cuarentena. Durante este tiempo se realizaron los correspondientes chequeos veterinarios, con el fin de minimizar riesgos sanitarios asociados a la translocación.

El 9 de octubre de 2024, Uvita fue trasladada al cercado de presuelta del Parque Nacional de Cabañeros, donde permaneció en régimen de semilibertad durante 30 días. Este periodo permitió su aclimatación progresiva al entorno, favoreciendo la adquisición de referencias espaciales, la identificación de refugios y la adaptación a las condiciones tróficas locales. Finalmente, el 10 de noviembre de 2024, se procedió a su liberación definitiva, iniciando su fase de vida en libertad.

El macho reproductor, U2, presenta también una historia destacada dentro del programa de conservación. Tras la muerte por atropello de su madre, fue trasladado junto a sus tres hermanos al centro de cría en cautividad de lince ibérico La Olivilla, en Jaén. Allí, la camada fue criada mediante un sistema de crianza mixta, que combina la intervención humana controlada con el contacto con ejemplares adultos, con el objetivo de evitar la impronta hacia humanos y garantizar el desarrollo de comportamientos propios de la especie, como la caza y la territorialidad.

Posteriormente, U2 fue trasladado al Parque Nacional de Cabañeros el 29 de febrero de 2024, permaneciendo en el cercado de pre suelta hasta su liberación el 15 de abril.

El seguimiento realizado por el equipo técnico (tanto del Organismo Autónomo Parques Nacionales como de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha) de ambos individuos mediante técnicas de fototrampeo, radioseguimiento GPS y análisis de uso del espacio, permitió detectar interacciones entre ambos ejemplares a principios de diciembre de 2024.

Estas observaciones sugerían la posible formación de un territorio reproductor compartido. No obstante, durante el primer ciclo reproductor no se registraron eventos de cría, lo cual es compatible con patrones observados en procesos de reintroducción, donde la estabilización territorial y el éxito reproductivo pueden requerir varios meses o incluso temporadas completas.

“Exito reproductor que es indicador clave de viabilidad poblacional”

El reciente nacimiento confirma la consolidación de la pareja y la adecuada integración funcional de ambos individuos en el ecosistema. “Este éxito reproductor constituye un indicador clave de viabilidad poblacional”, señala el ministerio, ya que refleja no solo la supervivencia de los individuos liberados, sino también su capacidad para reproducirse en condiciones naturales, contribuyendo al establecimiento de una población autosostenible.

Desde una perspectiva ecológica, el éxito de la reintroducción del lince ibérico en el Parque Nacional de Cabañeros está estrechamente vinculado a la disponibilidad de su presa principal, el conejo de monte (Oryctolagus cuniculus), que puede representar entre el 80-90 % de su dieta.

El éxito de la reintroducción del lince ibérico en el Parque Nacional de Cabañeros está estrechamente vinculado a la disponibilidad de su presa principal, el conejo de monte

En el Parque Nacional de Cabañeros se han desarrollado durante cerca de cuatro décadas actuaciones de restauración ecológica orientadas a la recuperación de esta especie clave. Estas incluyen la construcción de vivares artificiales; la instalación de cerramientos selectivos para reducir la presión de herbívoros; la mejora del hábitat mediante siembras específicas y refugios, así como programas de refuerzo poblacional mediante repoblaciones controladas.

Estas actuaciones se han implementado en distintas fases y bajo diversos enfoques metodológicos, incluyendo proyectos LIFE cofinanciados por la Unión Europea (incluyendo el último LIFE denominado Lynxconnect) y programas del Organismo Autónomo Parques Nacionales con financiación propia.

El objetivo ha sido generar núcleos estables de conejo que permitan sostener poblaciones viables de depredadores especialistas y generalistas, contribuyendo así a la restauración de las redes tróficas del ecosistema mediterráneo. Entre estas especies se encuentran, además del lince ibérico, el águila imperial ibérica (Aquila adalberti), el águila real (Aquila chrysaetos) y el gato montés (Felis silvestris).

Además, el territorio ocupado actualmente por U2 y Uvita se corresponde con la zona de actuaciones mencionada, lo que pone en valor el esfuerzo humano y económico realizado para fomentar el conejo y su hábitat.

A pesar de las dificultades históricas, asociadas principalmente a enfermedades como la enfermedad hemorrágica vírica (EHV) y la presión de depredadores, los esfuerzos de gestión continuados han permitido mejorar progresivamente las condiciones del hábitat, sentando las bases para la recuperación de la cadena trófica en el ecosistema mediterráneo.

En este contexto, el nacimiento de esta camada no solo representa un éxito puntual, sino que constituye una evidencia del restablecimiento de procesos ecológicos esenciales, como la depredación especializada y la dinámica poblacional de grandes carnívoros mesopredadores. Asimismo, refuerza el papel del Parque Nacional de Cabañeros como enclave estratégico dentro de la red de áreas de distribución del lince ibérico.

Este acontecimiento supone, en definitiva, señala el MITECO, “un avance significativo en la conservación de la biodiversidad y la gestión de este parque nacional”. También, añade, “reafirma el compromiso institucional y científico con la recuperación del lince ibérico, una especie emblemática cuya conservación requiere un enfoque integrado basado en la gestión adaptativa, el conocimiento científico y la cooperación entre administraciones, entidades conservacionistas y comunidad científica”.

Ecologistas en Acción Cantabria (EAC) ha solicitado formalmente el cese del responsable de la Demarcación de Costas en Cantabria, José Antonio Osorio, tras la tragedia de El Bocal -en la que el 3 de marzo murieron seis jóvenes y otra resultó herida al colapsar una pasarela- y ante “la persistencia de graves deficiencias en la gestión del litoral”.

Según ha explicado la asociación en un comunicado, la petición se fundamenta en “la falta de actuaciones eficaces para resolver problemas estructurales”, así como “decisiones controvertidas en la gestión de infraestructuras costeras que han generado un notable rechazo social y técnico”.

Los ecologistas consideran que la actual dirección “ha demostrado una falta de diligencia, transparencia y capacidad de respuesta ante retos ambientales críticos, comprometiendo la protección del dominio público marítimo-terrestre y la conservación de ecosistemas sensibles”.

Por todo ello, la asociación reclama al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) la “adopción urgente de medidas” que permitan una renovación en la dirección, con el objetivo de “garantizar una gestión más rigurosa, sostenible y alineada con el interés general”.

La directora del Instituto para la Transición Justa (ITJ), Judit Carreras, se ha reunido este martes con el alcalde de Andorra (Teruel), el socialista Rafael Guía, y le ha trasladado que desde el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) trabajan para que Enel optimice el volumen de potencia renovable que puede instalarse en el Nudo Mudéjar, de acuerdo con las condiciones de la declaración de impacto ambiental del proyecto. Carreras ha descartado un nuevo concurso y ha manifestado que la energía sobrante, unos 800 megavatios, se adjudicarán a otras empresas para que “esa capacidad se quede en el territorio”.

Así se lo ha trasladado en una reunión mantenida para abordar la situación del concurso de transición justa, tras la propuesta provisional de Enel Green Power España de modificar su proyecto, ganador del concurso, e instalar 406,3 MW de potencia renovable, apenas una quinta parte de lo que pretendía.

Carreras ha informado a Guía sobre el detallado estudio que el ITJ está realizando sobre dicha propuesta, así como sobre su incidencia sobre los compromisos socioeconómicos vinculados al proyecto, de acuerdo con las reglas del concurso. También ha confirmado a Guía la voluntad del ITJ de que la capacidad de acceso a la red eléctrica del Nudo Mudéjar que finalmente no utilice el proyecto de Enel sea aprovechada por otros proyectos en beneficio del territorio, empleando mecanismos propios de transición justa, descartando la celebración de un nuevo concurso.

La directora del ITJ ha querido dejar claro que la capacidad sobrante “no se pierde”. “Es muy importante asegurar que esa capacidad se quede en el territorio con criterios de transición justa y por eso estamos trabajando en las opciones administrativas para que así sea”. Eso, ha explicado, “no significa un nuevo concurso”, y ha recordado que hubo “una lista de adjudicatarios muy larga”. “Estamos trabajando para ver cómo ofrecérsela a los siguientes adjudicatarios”, ha incidido.

520 millones en ayudas

Carreras ha recordado que el ITJ ya ha concedido 520 millones de euros en ayudas a 180 proyectos empresariales, municipales y de restauración ambiental, junto con ayudas sociales; y ha insistido en que el ITJ seguirá trabajando con el alcalde de Andorra y la zona afectada para seguir apoyando el territorio, incidiendo en que en el segundo semestre de este 2026 habrá una nueva convocatoria de ayudas.

Hay que recordar que el que prometía ser el mayor desarrollo de energía renovable proyectado en España se quedará reducido a casi una quinta parte. Endesa comunicó hace diez días que solo ejecutará instalaciones con una potencia conjunta de 406 megavatios en el Nudo Mudéjar de Andorra, en el punto de conexión a la red que quedó libre tras el cierre de la central térmica de carbón de Andorra hace casi seis años. La cifra supone apenas el 22% de los 1.844 MW que su filial renovable, Enel Green Power España, había planificado mediante la combinación de siete parques eólicos, otras tantas plantas fotovoltaicas y sistemas de baterías.

La compañía remitió el pasado 17 de marzo al Instituto para la Transición Justa, del Ministerio de Transición Ecológica, la nueva configuración, dentro del plazo fijado en las bases del concurso adjudicado en 2022. El plan contempla únicamente tres parques solares y uno eólico, frente a las catorce instalaciones del diseño original.

El Gobierno de Castilla-La Mancha lo venía rumiando desde el año pasado, en el mes de enero avisó de que se está preparando y en el último día de marzo de 2026 se ha confirmado: habrá una demanda contra el Gobierno de España por incumplir el compromiso- regulado en el Plan Hidrológico del Tajo- de cambiar las normas para explotar el trasvase Tajo-Segura, que envía agua desde el complejo Entrepeñas-Buendía, en la cabecera del Tajo, hacia las provincias de Alicante, Murcia o Almería a través de un acueducto que conecta con el río Segura.

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde hoy a la autorización para que se interponga una demanda en el ámbito contencioso-administrativo para obligar el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a cumplir su propia normativa estatal.

Lo detallaba la consejera de Desarrollo Sostenible Mercedes Gómez en una comparecencia en el Palacio de Fuensalida y minutos después, desde Talavera de la Reina, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se refería a la cuestión reconociendo -tras meses de dilatar la decisión- lo “duro” de tener que denunciar en los tribunales “con importantes consecuencias” a un Gobierno “del mismo partido político”, el que preside Pedro Sánchez.

García-Page visitaba hoy el Centro de Atención Directa (CAD) de la Asociación Daño Cerebral en Talavera de al Reina y ha insistido en la “falta de cumplimiento” de las sentencias sobre los caudales ecológicos del río Tajo. Algo que considera que podría entenderse por muchos servicios jurídicos como un “delito ecológico”. Hay que recordar que el propio ministerio pidió hace unas semanas esperar a las resoluciones del Tribunal Supremo que todavía debe dirimir dos recursos pendientes.

“Yo no sé cuántos políticos hay en Castilla-La Mancha y, probablemente, en otras regiones que, llegado el momento, estarían dispuestos realmente a poner por delante los intereses de su tierra incluso para llegar a tener que denunciar en los tribunales, con importantes consecuencias, a un gobierno que es de su mismo partido político”, comentaba.

“Un año de margen” para el cambio que no llega

El presidente castellanomanchego ha recordado que han dado “más de un año de margen” para la ejecución de las sentencias pero, finalmente, han tenido que tomar una decisión “práctica y clara”.

En todo caso, ha confiado en que haya “solución” para esta problemática e incluso en que se pueda llegar a “retirar el pleito” contra el Gobierno de España.

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde este martes a la iniciativa para que el servicio jurídico de la Junta de Comunidades interponga una demanda contencioso-administrativa con el objetivo de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) cambie las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

La consejera de Desarrollo Sostenible ha justificado la iniciativa ante los tribunales calificando la situación del trasvase Tajo-Segura de “insostenible ambiental y jurídicamente”. Mercedes Gómez ha recordado que el ministerio “ha incumplido su propio plazo de un año”, el que se propuso tras publicarse en febrero de 2023 la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas, entre ellos el del río Tajo. “No se ha cumplido”, ha insistido, recordando que el documento para cambiar la explotación del trasvase debería haberse elevado al Consejo Nacional del Agua en febrero de 2024 .

“Se dan todas las circunstancias para presentar la demanda. Una vez admitida nos reservamos la opción de pedir las medidas cautelares que sean necesarias”, ha añadido. Unas medidas que no ha concretado, ya que dependerá de la posición que adopta el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. “Es el único río que no ha tenido caudal ecológico”.

Pasados tres años, ni ha habido modificación de las reglas del trasvase, ni avances en la aplicación de los caudales ecológicos. De hecho, ha citado lo que tacha de “irregularidades en los volúmenes de agua establecidos para 2025”, refiriéndose a los episodios vividos en Toledo en agosto de 2025 cuando el río se quedó sin caudal a su paso por la capital de Castilla-La Mancha. “Si eso es un caudal ecológico… habría que verlo”, ironizaba.

“Eso ha provocado el hartazgo del gobierno. Castilla-La Mancha siempre ha sido solidaria. El presidente Page siempre ha dicho que mientras que haga falta agua para beber no habrá problema para trasvasar, pero todo tiene un límite”, advertía.

Después de 47 años de trasvase, incidía la consejera, “no puede ser que se esté dilapidando este recurso hídrico y que no se sacie la demanda de murcianos y alicantinos”.

El impacto hídrico y los daños “irreparables” en la Red Natura 2000

Mercedes Gómez ha explicado que el hecho de mantener el actual sistema de trasvases no solo está teniendo un “impacto claro” con un “balance hídrico negativo”, sino que la infraestructura no se ha acomodado a la situación de cambio climático. “Aunque parezca que hay agua, es un espejismo. Las reglas del trasvase deben adaptarse para que el río Tajo sea un río vivo, con caudal suficiente para mantener la vida y vegetación de ribera”.

No puede ser que se esté dilapidando este recurso hídrico y que no se sacie la demanda de murcianos y alicantinos

A esa circunstancia se añade lo que ha calificado de “daño ecológico irreparable en cinco espacios protegidos de la Red Natura 2000”, para referirse a las ZEPA de la Sierra de Altomira, Yesares-Valle del Tajo, Carrizales y Sotos del Jarama, Islas de Malpica y Azután o Barrancas de Talavera. “Se encuentran en estado de conservación desfavorable o muy limitado por estar vinculados al régimen hídrico que debería ser el adecuado en la cuenca del Tajo”. Y eso es algo que, recordaba hoy, ya lo especificaba la sentencia emitida por el Supremo en 2025, avalando por sexta vez la necesidad de que el Tajo cuente con caudales ecológicos. “Dijo que los hábitats de interés comunitario como consecuencia del trasvase estaban teniendo daños irreparables”.

Sobre las expectativas en torno a lo que pueda suponer esta demanda judicial, Gómez confía en que sea “un impulso” para el Gobierno de España, pero ha advertido que además el cambio de las normas del explotación del trasvase debe “convencer” al Ejecutivo castellanomanchego. “Hace un año presentamos propuesta técnicas que no se ha contestado por parte del ministerio. Creemos que esa propuesta puede dotar de sostenibilidad para hacer mejor las cosas con el trasvase”.

Sin relación con la ministra Aagesen

Mercedes Gómez ha lamentado la falta de comunicación con el MITECO. “Desde que Sara Aagesen está al frente la relación directa para analizar el trasvase u otras cuestiones no existe”, pero los trasvases se siguen produciendo. Con el sistema actual, y en situación de normalidad (nivel 1), acaba de aprobarse una derivación de agua hacia Alicantes, Murcia o Almería de 180 hm3.

“Si se siguen manteniedo estas circunstancias, o incluso en nivel 2, se batirían records de trasvases desde que hace 47 años se pusiera en macha la infraestru ra. El máximo es 600 y ya vamos por 555 hm3, el 73% del agua trasvasada en los últimos años”, alertaba.

Y ha seguido dando más cifras. En 47 años, hasta 29 marzo 2026, se han trasvasado 15.148 hm3. “Suponen 15.148 piscinas olímpicas o el abastecimiento de 63 millones de viviendas. Son cifras que hay que poner sobre la mesa porque desde el punto de vista de gestión del agua se han restringido los crecimientos urbanísticos o agrarios en Toledo y Guadalajara. Eso es insostenible”.

Ha vuelto a insistir en que el Estado debe “tomar cartas en el asunto” y modificar las reglas de explotación del trasvase porque “ya vamos tarde”. También ha respondido, sin citar su nombre, a la ministra de Educación, la toledana Milagros Tolón, que la semana pasada pidió seguir negociando: A quienes dicen que no se ha negociado suficiente, el presidente Page lleva seis meses esperando cita con la nueva ministra y esta consejera lleve un año pidiendo una reunión. Si eso es forma de negociar y de entender los problemas de una comunidad autónoma, desde luego no compartimos esta forma de trabajar ni de entender las políticas“, ha comentado.

A Castilla-La Mancha tampoco le vale el argumento del MITECO sobre la necesidad de esperar a dos nuevas sentencias del Tribunal Supremo en respuesta a los recursos interpuestos por el Sindicato indicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) y la Diputación de Alicante. La consejera ha dicho que se conocerá el pronunciamiento del Alto Tribunal en breve y ha dado fechas: el 21 de abril y el 5 de mayo, respectivamente.

Precisamente hoy el presidente del Scrats Lucas Jiménez ha reivindicado la vigencia del trasvase en el 47 aniversario de la llegada de sus aguas, tras calificar la infraestructura como una “magna obra de la solidaridad y de la ingeniería española” y asegura que allí “pelearán” por otros tantos años más para la infraestructura.

A los argumentos de los regantes, la consejera contestaba hoy con el mismo que se mantiene en Castilla-La Mancha desde hace ya una década: se incumple tanto la normativa europea del agua como las sentencias judiciales - hasta seis ya- del Tribunal Supremo que avalan la aplicación de los caudales ecológicos en el tramo medio del río Tajo.

Los municipios afectados por el Nudo Mudéjar han cerrado filas con el Gobierno de Aragón para exigir una respuesta inmediata tras la reducción del proyecto energético de 1.844 a 406 MW. La decisión, conocida tras casi seis años desde el cierre de la térmica de Andorra, genera “incertidumbre” y obliga a buscar alternativas que garanticen inversión, empleo y futuro para la provincia de Teruel.

El origen del proyecto se remonta a 2021, cuando el Ministerio para la Transición Ecológica convocó el concurso del nudo de transición justa de Andorra (Nudo Mudéjar) para reindustrializar la zona tras el cierre de la central térmica, clausurada en 2020. La adjudicación, resuelta en 2022 a favor de Endesa —a través de Enel Green Power—, se plantó sobre una petición de más de 1.800 MW vinculados a una inversión millonaria, creación de empleo y proyectos asociados al territorio.

Sin embargo, el desarrollo del proyecto ha acumulado retrasos y no fue hasta febrero de 2026 cuando el Ministerio emitió la declaración de impacto ambiental (DIA), que recortó de forma significativa el alcance inicial por condicionantes ambientales. La situación del proyecto de Enel (Endesa) ha dado un vuelco drástico un mes después debido a limitaciones ambientales que han reducido la potencia solicitada, provocando que la inversión caiga de 1.600 a 350 millones de euros.

Este lunes, los alcaldes de diez municipios afectados por la resolución del Nudo Mudéjar han trasladado al Gobierno de Aragón su preocupación por el impacto del recorte del proyecto energético y han acordado mantener una posición común para exigir soluciones, tanto a la empresa adjudicataria como al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

En la reunión han participado Miguel Iranzo (Alcorisa, PP), Pedro Bello (La Puebla de Híjar, IU), Víctor Manuel de la Sierra (Lécera, PP), Rafael Guía (Andorra, PSOE), Alfonso Pérez (Samper de Calanda, PSOE), Celia Trullón (Albalate del Arzobispo, PSOE), Miguel Ángel Estevan (Alcañiz, PP), Jesús Antonio Puyol (Híjar, PP), Carlos Ros Monfort (Ariño, PSOE) y Luis Javier Gómez (Jatiel, PSOE), junto a la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero; la secretaria general técnica, Cristina Asensio; y la directora general de Energía y Minas, Yolanda Vallés.

Tras el encuentro, los ediles han coincidido en subrayar la necesidad de actuar con unidad y responsabilidad ante una decisión que, aunque tiene distinto grado de afección en cada municipio, impacta en todo el territorio.

El alcalde de Andorra, Rafael Guía —que ha actuado como portavoz de los regidores municipales—, ha adoptado una postura de máxima exigencia frente a los plazos, denunciando que el territorio lleva casi seis años en una “espera insoportable” desde el cierre de la central térmica. Para el edil, el tiempo de las promesas y las prórrogas ha terminado, y considera inaceptable que la burocracia o los cambios en el proyecto sigan dilatando la llegada de la reindustrialización. Guía sostiene que la comarca ha cumplido con su parte de responsabilidad y paciencia, por lo que ahora urge al Ministerio y a Enel a pasar de los anuncios a las realidades materiales sobre el terreno sin más demoras.

Respecto a las alternativas de Enel (Endesa), el alcalde rechaza tajantemente que el recorte en la potencia instalada de los parques renovables sirva como pretexto para reducir el plan de acompañamiento industrial. Su posición es firme: el compromiso de creación de empleo y las fábricas proyectadas deben mantenerse íntegros, ya que fueron la base por la que la empresa ganó el concurso del Nudo Mudéjar. Guía defiende que, si Endesa no puede ejecutar toda la potencia prevista por las restricciones ambientales, esa capacidad sobrante debe liberarse de inmediato para que otros proyectos y empresas puedan aprovecharla, garantizando así que no se pierda ni un solo puesto de trabajo de los prometidos originalmente.

Además, el mandatario andorrano ve en la resolución de las declaraciones de impacto ambiental un punto de inflexión que elimina cualquier “excusa” técnica que tuviera la compañía. Al ser ahora un proyecto con plenas garantías legales y ambientales, Guía exige que se inicien las obras de las alternativas industriales de forma inminente. Su mensaje es claro: la prioridad absoluta es blindar el desarrollo socioeconómico de los municipios afectados, asegurando que la transición energética sea justa y que la pérdida de megavatios de Enel se compense con una diversificación industrial que no dependa exclusivamente de las decisiones de una sola eléctrica.

Respecto al Miteco, el alcalde —que este martes tiene una entrevista en agenda—  mantiene una postura de exigencia directa, recordando que el Ministerio es el garante último de que la Transición Justa no sea un eslogan vacío. Guía considera que el “varapalo ambiental” emitido por el Ministerio no debe ser el final del camino, sino el inicio de una renegociación urgente. Su mensaje hacia Madrid es que, si el Gobierno ha limitado la potencia a Endesa por razones ecológicas, tiene ahora la responsabilidad política de buscar mecanismos legales para que esos megavatios sobrantes se queden en el territorio y no se pierdan en la red general.

El Gobierno de Aragón abandera

El diagnóstico es compartido con el Gobierno de Aragón porque no se trata solo de un problema local, sino de un golpe a un proyecto estratégico para toda la comunidad. “No estamos hablando solo de unos municipios, sino del conjunto de la provincia de Teruel y de Aragón”, ha señalado la vicepresidenta en funciones del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero.

El Nudo Mudéjar estaba llamado a ser el eje de la reindustrialización de una zona marcada durante décadas por la dependencia del carbón. La reducción de la capacidad prevista —de 1.200 a 400 megavatios— supone, según ha advertido la vicepresidenta, un freno a las expectativas generadas durante años: “Lo que se consigue es frustrar unas expectativas que tenían que servir para compensar el esfuerzo de tantas décadas del territorio”.

El Gobierno de Aragón ha defendido la necesidad de articular una respuesta conjunta y ha señalado directamente a dos interlocutores: el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) y Enel Green Power, adjudicataria del concurso.

Al Ministerio ya se le ha remitido un acuerdo del Consejo de Gobierno en el que se rechaza la nueva situación y se solicita que la capacidad de acceso a la red que no se utilice pueda destinarse a nuevos proyectos industriales o tecnológicos. “Es necesario que se ofrezcan alternativas”, ha insistido Vaquero.

El Ejecutivo autonómico solicitará una reunión con el Miteco —sin confirmar aún— y aspira a que en ella participen tanto el Gobierno como una representación de los alcaldes. “El Gobierno de Aragón defenderá los intereses de los municipios porque este es un proyecto estratégico para toda la comunidad”, ha afirmado.

En paralelo, se pedirá un encuentro con Enel para que explique las razones de la reducción del proyecto, que la empresa vincula a su viabilidad económica. “A Enel hay que exigirle que cumpla con las condiciones del concurso”, ha añadido.

El calendario sitúa en junio la resolución sobre la autorización administrativa previa, un plazo que el Ejecutivo considera clave para intentar influir en el desarrollo del proyecto. No obstante, ha advertido de que el retraso acumulado es ya irrecuperable: “El retraso de seis años es irrecuperable. Lo que no podemos permitir es seguir acumulando retrasos”.

Por ello, el Gobierno de Aragón reclama que el Ministerio esté trabajando ya en alternativas que permitan atraer nuevas inversiones a la zona. “Hay zonas que no pueden esperar para su reindustrialización”, ha subrayado Vaquero.

En cuanto a posibles compensaciones también desde el Ejecutivo autonómico, Vaquero ha señalado que, por el momento, la prioridad es garantizar alternativas reales. “Las compensaciones que pedimos son alternativas que garanticen inversión, empleo y desarrollo”, ha explicado, sin descartar futuras acciones: “Llegado el caso, se estudiará la necesidad de pedir responsabilidades”.

El Gobierno de Aragón ha reiterado además su apoyo “sin fisuras” a los municipios y su compromiso de acompañarlos en sus reivindicaciones. Sobre los plazos para un eventual plan alternativo, el Ejecutivo autonómico ha insistido en que “es el Ministerio quien tiene que dar los plazos y plantear las alternativas”.

Desbloquear la situación

Pese a la urgente necesidad de no dilatar más procesos en el teimpo, lo que a muchos no se les escapa es que el calendario de la transición justa para el Nudo Mudéjar no será tan rápido, si se tiene que rehacer, invalidando los hitos temporales pactados. Tras seis años de espera desde el cierre de la térmica, el recorte del 75% de la potencia de Endesa y la necesidad de tramitar nuevas Declaraciones de Impacto Ambiental para cualquier alternativa obligan a reiniciar el cronómetro administrativo. Esta situación sitúa al territorio en una nueva fase, ya que la fabricación de electrolizadores o plantas de reciclaje genera incertidumbre ante la caída de la potencia renovable que debía alimentarlos, así como por los contratiempos en proyectos de hidrógeno verde como Catalina.

Ante este escenario, la posible readjudicación de los 796 MW liberados por Endesa a nuevos actores industriales abre un proceso de licitación que puede añadir años de burocracia adicional. Mientras el alcalde de Andorra y los municipios afectados exigen concreción inmediata para frenar la sangría económica, la realidad técnica dirá si el plan de reindustrialización ha vuelto a la casilla de salida. Lo único seguro es que el vuelco de marzo de 2026 confirma que los plazos originales son ya físicamente imposibles de cumplir, forzando al Ministerio y a las empresas a diseñar un nuevo cronograma que encaje en las actuales exigencias ambientales.

El Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico paralizó este martes las polémicas obras del parque eólico El Escudo promovido por Biocantaber que suponen la instalación de 24 aerogeneradores y afectan a los municipios cántabros de Luena, Campoo de Yuso, San Miguel de Aguayo y Molledo.

Cada uno de estos molinos de la empresa participada por Iberdrola Renovables, Ocyener y Banco Santander tiene una altura de 150 metros, con aspas de 68 metros, y una capacidad de 4,2 megavatios. La obra ya está muy avanzada y solo faltan de instalar dos aerogeneradores.

La Delegación del Gobierno de Cantabria ha confirmado que la Guardia Civil acompañada de un técnico del Ministerio se personó en el parque para comunicar la suspensión de las obras, que siguen paradas en todo el trazado, a consecuencia de unos recursos de alzada presentados por asociaciones ecologistas ante el Ministerio.

Fuentes de Iberdrola aseguran que las obras se han parado por petición de la Delegación del Gobierno, pero que el parque eólico tiene “todos los permisos administrativos en vigor”. También subrayan que los tribunales les han dado la razón hasta la fecha frente a los recursos y alegaciones que han presentado las asociaciones ecologistas.

La orden de suspender la actividad se produjo como consecuencia de un oficio del Ministerio para la Transición Ecológica, a través de su Secretaría Técnica. El documento consultado por elDiario.es informa de que se han presentado varios recursos contra cinco resoluciones y autorizaciones del parque eólico, sin especificar qué cuestiones concretas alegan los denunciantes ni quiénes son.

El oficio ministerial sí explica que los recursos afectan a resoluciones de la declaración de impacto ambiental del proyecto y la autorización de la Dirección General de Política y Energética y Minas para las lineas subterráneas y aéreas y la instalación de la subestación eléctrica. Además de otras resoluciones de este último departamento sobre los aerogeneradores que se suprimen, la potencia y la infraestructura de evacuación y la extensión del plazo solicitado por Biocantaber para obtener la autorización definitiva de explotación.

Los Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio explican que, aunque aún no tienen confirmación del motivo exacto que ha motivado la paralización de las obras en este momento, creen que “la lógica lleva a pensar” que el desencadenante ha sido el documento emitido el pasado 9 de marzo por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que declaraba que las autorizaciones otorgadas al polígono eólico El Escudo tienen la ejecutividad suspendida por silencio administrativo. “Esta falta de ejecutividad afecta tanto a la Declaración de Impacto Ambiental, como a la Autorización Administrativa Previa y de Construcción”, señalan.

El parque eólico de El Escudo ha sido objeto de numerosas alegaciones y recursos por parte de diferentes asociaciones y colectivos sociales, mientras que para la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Burauga (PP), es “un símbolo de progreso y sostenibilidad”. “Hoy es un gran día”, dijo la jefa del Ejecutivo autonómico cuando visitó el inicio de las obras y dio la enhorabuena a Iberdrola “por no tirar la toalla ni perder la fe” para sacar adelante una iniciativa que ha tenido que “sortear un camino lleno de dificultades y con épica algo quijotesca”.

La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROU) autorizó en 2023 la instalación del parque que ha generado numerosas protestas sociales en contra. La Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) recurrió la instalación sin que los tribunales le dieran la razón. Otras agrupaciones como Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio o la Plataforma en Defensa del Sur de Cantabria también presentaron recursos.

Los municipios de Molledo, Luena y Campoo de Yuso acogen 23 de los 24 aerogeneradores previstos -en el municipio de Aguayo se instalará el aerogenerador restante- así como la subestación eléctrica del parque. El proyecto de Biocantaber cuenta con u2na inversión de 120 millones. La empresa promotora aseguró que “una parte importante” de la partida destinada a la construcción está comprometida con empresas locales y “tendrá un impacto en el empleo de hasta 200 puestos de trabajo en periodos de punta”.

“Sucesión de irregularidades”

Desde los Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio denuncian sin embargo una “sucesión de irregularidades” en todo el proceso de tramitación del polígono eólico El Escudo: inexactitudes en los emplazamiento de las infraestructuras, sondeos iniciales sin permiso legal y las obras posteriores.

Ahora, el colectivo celebra la paralización de las obras, pero exige que los promotores asuman la responsabilidad de las consecuencias del “ecocidio” que han cometido en una zona protegida por la Directiva Hábitats de la Unión Europea, “en la que han destruido áreas de turberas, se han eliminado ejemplares de especies de flora protegidas, se ha fragmentado un importante corredor de aves migratorias y se han asfaltado pistas para el tránsito de camiones sin ningún tipo de autorización.

A ello suman que se ha alterado la capacidad de infiltración del acuífero Puerto de El Escudo y que “se han ignorado los diferentes vestigios culturales que la empresa ni siquiera consignó en sus informes”, además del enorme impacto social y visual.

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, no se ha achantado a la hora de rebatir al Gobierno central, de su mismo partido y delante de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana Isabel Rodríguez con la que ayer, miércoles, compartía un acto en el concejo asturiano de Mieres, para puntualizar que su Ejecutivo no ha ocultado información alguna al Instituto de Transición Justa (ITJ).

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) confirmaron que no les consta información oficial alguna de que Asturias tuviera actividad de extracción de carbón y explicaron que se habían enterado, en marzo de 2025, a raíz del accidente que costó la vida, ese mes, a cinco trabajadores de la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña.

Para apoyar estas manifestaciones, desde el MITECO remitían al hecho constatable de que esta información no venía recogida en la Estadística minera de este organismo, que se elabora a partir de los datos que facilitan las comunidades autónomas.

“Hay máxima transparencia”

Una denuncia pública que no comparte el presidente del Ejecutivo autonómico y, además, niega cualquier ejercicio de falta de transparencia. En el acto de Mieres aseguró a los periodistas que su gobierno está actuando con “máxima transparencia, rotundidad, rigor y serenidad”, así como “explicando todo a medida que dispone de información”.

Sin embargo, no ha sido la única matización que ha hecho el presidente, quien tampoco se ha callado a la hora de rechazar que la entrega de la documentación que se solicita se realice de forma lenta, como sostiene el ITJ que ha añadido que se analiza todo lo que les llega, especialmente lo que es relativo a los planes de labores de las explotaciones.

El reintegro de ayudas

Desde MITECO se destaca igualmente que, una vez conocida la actividad extractiva a raíz del siniestro laboral en la mina de Zarréu, se ha ido solicitando formalmente información al Principado para identificar las explotaciones activas y verificar si se encuentran afectadas a la obligación de reintegro de ayudas.

El ITJ recuerda que la explotación de las minas de carbón está sujeta a la obligación de reintegro de ayudas, conforme al artículo 29 de la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética, si se encuentran afectadas por el Plan de Cierre de la Minería no Competitiva (Decisión 2010/787/UE).

“Analizar, chequear y reimpulsar”

A estas declaraciones también ha respondido Adrián Barbón. En su encuentro con los periodistas en Mieres remitió a la investigación abierta por parte de la Consejería de Ciencia, de la que es titular Borja Sánchez.

El presidente del Principado ha enmarcado la actuación de su gobierno en la línea de la “orden estricta” que transmitió al consejero cuando lo eligió para el cargo: “analizar, chequear y reimpulsar todo y ver qué era lo que había pasado”.

La comunicación

Otra de las cuestiones era conocer qué “podía haber funcionado más o menos” de forma acertada o “más o menos erróneamente” para sacar conclusiones y actuar al respecto.

No obstante, ha reconocido que él no está “en condiciones” de saber si había esa obligación de comunicar, ni quién la tenía, ya que en este momento no le han “pasado esa información”, y “si se comunicó o no”, por lo que no puede “aventurar nada al respecto”.

El ejemplo de Nicolasa

Adrián Barbón ha resaltado que le sorprende que se diga que “no se sabía” que se extraía carbón cuando el ITJ conocía que en Nicolasa se extrajo carbón hasta finales de diciembre de 2024.

El máximo responsable del Ejecutivo autonómico ha dicho que desde el Principado se ha trasladado a la empresa TYC Narcea que, al hilo de un oficio remitido por el ITJ, tiene que dilucidarse si tiene que devolver o no ayudas para continuar con la actividad.

Una interpretación de la ley

El Gobierno autonómico ha reivindicado su actuación con “transparencia absoluta”, a la vez que evita “entrar a valorar” el debate abierto entre TYC Narcea y el Ministerio sobre la devolución de las ayudas, por ser una “interpretación de la ley”.

En respuesta a los periodistas, Adrián Barbón ha negado que haya preguntado sobre este asuntos a las exconsejeras, según recoge Efe, puesto que difícilmente“ ya les puede preguntar”, ha dicho, y además considera que sería “ilógico” hacerlo porque ya no forman parte de su Consejo de Gobierno. 

Otras explotaciones mineras

Los hechos expresados desde fuentes de MITECO habían levantado numerosas críticas desde los grupos parlamentarios, que censuraban esa falta de transparencia al Gobierno asturiano que lidera Adrián Barbón.

Además de la mina de Zarréu, donde no hay actividad desde el siniestro laboral, Asturias cuenta con otras tres minas con actividad: la explotación de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea; Mina Miura en Ibias y Pilotuerto, en Tineo.

El Gobierno no tuvo constancia de que existiera actividad de explotación de carbón en Asturias hasta marzo de 2025 y se enteró a raíz del accidente que costó la vida, ese mes, a cinco trabajadores de la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ignoraba que se llevara a cabo esta actividad, como se constata por el hecho de que no venía recogida en la Estadística minera de este organismo que se elabora a partir de la información que facilitan las comunidades autónomas.

Otras tres minas con actividad

Además de la mina de Zarréu, donde no hay actividad desde el siniestro, Asturias cuenta con otras tres minas con actividad: la explotación de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea; Mina Miura en Ibias y Pilotuerto, en Tineo.

La noticia de la falta de información al Gobierno central ha sido un auténtico bombazo que le ha estallado al Gobierno de Asturias, que preside el socialista Adrián Barbón, y que ha tenido que abordar este miércoles coincidiendo con la celebración en la Junta General del Principado de la sesión de control donde los representantes de los grupos parlamentarios de la oposición interpelaban al presidente sobre temas de actualidad que afectan a la comunidad autónoma.

La falta de transparencia

El accidente laboral en el que murieron, el pasado 31 de marzo de 2025, los mineros Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez cuando se encontraban trabajando en la mina de Zarréu, a consecuencia de una explosión de gas metano, puso en el centro del debate no solo la deficiente labor de fiscalización que se hacía sobre los permisos y la actividad en las explotaciones mineras sino que además puso en evidencia la falta de transparencia en la comunicación entre administraciones.

Una vez que ha conocido la actividad extractiva, el ITJ ha venido solicitando formalmente información al Principado “para identificar las explotaciones activas y verificar si se encuentran afectadas por la normativa”, según han indicado fuentes del Miteco. 

El reintegro de ayudas

La explotación de las minas de carbón está sujeta a la obligación de reintegro de ayudas, conforme al artículo 29 de la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética, si se encuentran afectadas por el Plan de Cierre de la Minería no Competitiva (Decisión 2010/787/UE).

El proceso de obtención de la documentación está siendo “lento”, reconocen las mismas fuentes, y el ITJ la está analizando, especialmente la que es relativa a los planes de labores de las explotaciones.

Exigencia de explicaciones a Barbón

La exigencia de explicaciones al presidente asturiano no se hicieron esperar desde los demás grupos políticos. El Partido Popular (PP) calificó de “escándalo” la falta de transparencia y el interés del PSOE por “ocultar” la actividad de extracción de carbón en Asturias.

Unas críticas que llegaron no solo desde la Junta General. El senador popular José Manuel 'Lito' Rodríguez denunció “el silencio de Barbón” en el parlamento asturiano ante una pregunta de su presidente regional, Álvaro Queipo, y tildó la situación de “absoluto despropósito”.

Acusaciones de negligencia

'Lito' Rodríguez se mostró sorprendido de que el MITECO diga ahora que desconocía esta actividad de la que tenía conocimiento “solo a causa de una tragedia”.

Para el senador asturiano, la actitud de ambas administraciones demuestra su negligencia sistemática: “Los gobiernos, tanto el de Asturias como el de España, demuestran que están más preocupados en favorecer a sus amigos y familiares, y de tapar la abundante corrupción que les rodea, que de solucionar los problemas de los ciudadanos”.

La actitud de 'opacidad'

El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, ha acusado al Gobierno del Principado de mantener “una actitud de opacidad no solo con la oposición y la ciudadanía, sino también con otras administraciones”.

La confirmación de que el MITECO ignoraba la activad de extracción de carbón en Asturias viene a corroborar sus sospechas “sobre el uso de proyectos de investigación complementaria como posible cobertura para extracciones irregulares”, afirmó.

“Asturies merece saber la verdad”

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha exigido a “una respuesta clara y pronta” sobre la acusación del Ministerio por “falta de transparencia” en lo relativo a la minería.

“Asturies merece saber la verdad”, incide la diputada en un comunicado de prensa.

Las 'sombras'

Covadonga Tomé, que preside la comisión parlamentaria de investigación del accidente en Zarréu, aprovechó su intervención en el turno de preguntas al presidente en el tema sobre los proyectos estratégicos para ahondar sobre el tema de la mina, pero no obtuvo respuesta.

“Bastantes sombras hay ya en torno a la explotación de carbón como para añadir la falta de información necesaria al Instituto de Transición Justa (ITJ)”, lamentó la diputada.

Rigor “jurídico y administrativo”

Por su parte, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno asturiano, Borja Sánchez, ha rechazado que se diera una falta de transparencia entre administraciones y ha indicado que la comunicación con el ITJ es “constante, continua y permanente”.

Borja Sánchez ha explicado que, dentro de una actitud de colaboración leal, le han trasladado toda la información que se ha solicitado sobre la situación legal de las minas tras las denuncias recibidas a mediados de marzo del pasado año.

“En todos los procedimientos se está aplicando el máximo rigor jurídico y administrativo”, ha resaltado el consejero que trata de aclarar qué datos se tendrían que haber enviado a este organismo, por parte de quién, cuándo y cómo.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que el Gobierno regional va a solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) que ceda, o que “nos encomiende parte de la gestión de confederaciones hidrográficas”.

Con motivo del acto institucional del Día Mundial del Agua, celebrado esta martes en la localidad albaceteña de Almansa, ha dicho que el Ejecutivo regional está dispuesto a hacerse responsable “de los atrasos burocráticos y de los expedientes paralizados durante años”, para intentar agilizarlos y “arreglar problemas a nuestros regantes, a nuestra gente, que lo está necesitando y que no puede ser víctima de la atrofia burocrática que se vive”.

Asimismo, ha lamentado que haya personas que digan que el Gobierno que preside “utiliza el agua para ganar votos”. “Cuando escuchen ustedes eso entiendan que nos están traicionando; créanme, el agua ni da ni quita votos, pero es vida”, ha señalado, explicando a su vez que en esta región ha habido muchas empresas que han retrasado sus planes de inversión porque les ha faltado abastecimiento.

García-Page ha reconocido que Castilla-La Mancha se acerca al problema del agua con un enorme sentido común, “sin ningún fanatismo” y ha indicado que precisamente, en esta misma comunidad autónoma, “hay realidades diferentes”.

De ahí que no descarte “hacer un llamamiento para que esta región se movilice” y ha considerado que a veces no es suficiente con “aprobar resoluciones en las Cortes, discutir en las mesas o que el presidente dé un grito más de la cuenta. A lo mejor se necesita que haya una clara significación de que esto nos preocupa a muchos y que no es una preocupación solo del político de turno”.

Piezómetros regionales

De igual modo, ha reconocido que el Ejecutivo que preside no está de acuerdo con los planteamientos iniciales en los planes de cuenca porque “no son ni realistas, ni sostenibles socialmente”.

Por ello, el presidente regional garantiza que se va a luchar para que “no se abra paso el intento de ajuste que se está planteando al agua”. En su opinión, “son discutibles hasta las mediciones de agua que se hacen, por lo que ha considerado la posibilidad de ”poner piezómetros para medir nosotros“.

En esta línea, el presidente de Castilla-La Mancha ha retomado la reivindicación que hiciera hace unas semanas en Bruselas y que pasa por “conseguir la prórroga de directiva marco del agua” ya que, según ha matizado, “la entrada en vigor de la nueva sería absolutamente catastrófica y tampoco creo que tenga necesidad y demasiada prisa la revisión de los planes de cuenca con los criterios tan agresivos que se están planteando.

En este sentido, tras señalar que esta es la única comunidad autónoma en España que no repercute ni en los consumidores, ni en los ayuntamientos, la inversión hidráulica, ha considerado que “no será lejano que Castilla-La Mancha reclame para las zonas limítrofes con el Levante conexiones con la red de desaladoras del Levante”.

A este respecto, ha explicado que “si Murcia o Valencia formaran parte de la misma comunidad que Castilla-La Mancha, nadie vería un problema que se trasladara a la red, pues así es como hay que entenderlo, como un todo, como lo que es este país”. “Particularmente me preocupa muchísimo la situación del Guadiana, la amenaza que se cierne sobre el Segura y sobre el Júcar y por supuesto, también la permanente y relacionada con las otras que tiene el Tajo”, ha puntualizado.

Aunque hace un año afirmó que no está en peligro de extinción para impedir una prohibición de caza, el Gobierno admite finalmente que “hay que cazar menos codornices” si se quiere recuperar esta especie de su actual “declive”. Incluso el Ministerio de Agricultura entiende que “seguir como hasta ahora no es una opción”, según ha revelado su subdirector general adjunto de Producciones Ganaderas y Cinegéticas, Pablo Bernardos, en el I Foro Nacional de la Codorniz organizado por la Federación de Caza de Castilla y León.

La cuestión es que la codorniz en Europa está en regresión. Hay en torno a un 25% menos que hace unas décadas. Y la ley obliga a recuperar las especies que entran en esta deriva. La estabilidad no es suficiente. Por eso “establecer una reducción está justificado”, abundó en ese foro el representante de la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina de Ministerio de Transición Ecológica, Rubén Moreno-Opo. “Una moratoria haría que los objetivos de conservación se alcanzaran antes, pero si ha de ser una reducción...”, se conformó este técnico.

Por lo tanto, el Ejecutivo ha acordado que en la próxima reunión de países de la UE con la Comisión Europea la semana próxima llevará una propuesta para que se rebaje la caza de codornices.

En realidad, Agricultura intenta convencer en Bruselas de que no se adopte una moratoria como salvavidas de las poblaciones de esta ave como habían pedido los asesores científicos de la Comisión. En su lugar quieren que se acepte este plan de reducción. “Bajar la intensidad. Reducir la presión”, en palabras de Bernardos. Los científicos han propuesto ese parón temporal por “la probabilidad muy alta de que la caza de codornices no sea sostenible”.

Los cazadores ya se negaron a la opción de una moratoria –eso les prohibiría disparar a estos trofeos durante un tiempo–, pero tampoco aceptan una reducción en el número de codornices que puedan matar cada temporada. “Responde a criterios ideológicos y no de carácter científico”, alegan.

El presidente de la Federación Andaluza de Caza, José María Mancheño, argumenta que “solo así se entiende que se tomen en cuenta los datos aportados por determinadas entidades pese a ser incompletos, pero no por los generados por los cazadores españoles”.

El sector insiste en que la codorniz goza buena salud por lo que puede seguir matándose al ritmo actual –cientos de miles de ejemplares cada temporada–. Se basan en un proyecto de censos llamado Coturnix financiado por la principal aseguradora de caza de España, Mutuasport, cuyo presidente es el mismo dirigente de la federación andaluza, Mancheño.

El análisis de la codorniz para la Comisión Europea lo coordinó el Instituto de Recursos Cinegético (Irec) y participaron la Agencia de Biodiversidad de Francia y la Universidad de Aarhus (Dinamarca). Ese trabajo es el que dictaminó que lo más seguro es que el nivel de caza actual sea insostenible. Coturnix, que además de la financiación de la aseguradora, está impulsado por el lobby cinegético Fundación Artemisan y la colaboración de la Federación Española de Caza dice que se caza de manera razonable.

Sin embargo, desde Agricultura se defiende que el mensaje en Bruselas debe ser “decir que somos capaces de controlar lo que se caza al nivel adecuado para el objetivo [que marca la ley], es decir, mejorar el estado de la especie”. La meta no es conseguir que en los cotos puedan continuar las batidas de codorniz, sino que la especie se recupere de su regresión.

“Hay que evitar un procedimiento de infracción”, es parte del mensaje del Ejecutivo. “Da mala imagen de España y del sector”. Esto ya ocurrió con la tórtola cuando Bruselas llevó a España al borde de los tribunales antes de que se prohibiera la caza de esta ave para intentar revertir su mala situación.

“Necesitamos una moratoria”

El responsable de conservación de la SEO/Birdlife, Mario Giménez, cuenta a elDiario.es que “una reducción no nos parece una medida adecuada porque estamos en un escenario en el que, para que haya un impacto suficiente y se recupere del declive, necesitamos una moratoria como la que funcionó con la tórtola”. Giménez –que también participó en las mismas jornadas–, explica que “para poner cupos primero hay que saber cuántas hay realmente y cuántas se cazan”.

El empeño de los cazadores por mantener como trofeo una de sus “reinas de la media veda” viene de lejos. En 2022, el Comité Científico del Gobierno dictaminó que el ave cumplía los criterios técnicos para considerarla en peligro de extinción. La reacción cinegética no se hizo esperar.

Las organizaciones de cazadores consiguieron que el Ministerio de Agricultura incorporara sus informes de situación en la reunión donde se discutía esa medida. Todo el proceso se paralizó y Transición Ecológica recomenzó el expediente. En 2025, el Gobierno concluyó oficialmente que “no se desprende que la codorniz deba ser incluida en la categoría en Peligro de Extinción del Catálogo Español de Especies Amenazadas”. Podría seguir cazándose.

La siguiente cuestión es cual es la reducción de capturas que España pondrá encima de la mesa europea. Ni el Ministerio de Agricultura ni el de Transición Ecológica han facilitado estos datos.

La Guardia Civil, a través de la Unidad Central Operativa Medioambiental (UCOMA), ha sacudido la actualidad informativa en los últimos días con un informe que destripa una trama con epicentro en Forestalia y que involucra a una decena de personas entre empresarios, expolíticos, empleados públicos, simples testaferros o, incluso, un notario. Estas son las claves sobre el modus operandi con el que presuntamente se manejaban los implicados, en una causa que refiere los supuestos delitos de corrupción pública, cohecho, blanqueo de capitales y posible organización criminal.

Diciembre de 2022. Ese mes marca el punto de inicio de una investigación surgida a partir de una denuncia de Teruel Existe de 42 páginas ante la Fiscalía Provincial turolense en la que recoge, con todo lujo de detalles, presuntas irregularidades administrativas para que proyectos de parques eólicos, plantas fotovoltaicas y líneas de evacuación vinculados con Forestalia pudieran recibir el visto bueno medioambiental para continuar así su tramitación.

Las pesquisas de la Guardia Civil se dibujan en dos ejes complementarios, uno de ámbito estatal y otro autonómico, con tres centros neurálgicos: Madrid, Zaragoza y Teruel.

Fernando Samper Rivas

El fundador, presidente y máximo responsable de Forestalia se convirtió de la noche a la mañana hace un decenio, con el Gobierno de Mariano Rajoy al frente, en principal promotor de parques eólicos a nivel nacional: en enero de 2016, copó la primera subasta de renovables organizada por el Ministerio de Industria –en la etapa del popular José Manuel Soria, más tarde asesor él mismo de Forestalia– y, un año más tarde, volvió a repetirlo con una segunda subasta pública, entonces con Álvaro Nadal como ministro.

Samper figura como tronco central en la parte privada. Según los investigadores, Forestalia contrató a Viadós –ahora, Athmos– desde el mismo momento de la creación de la compañía para que ese vínculo formal diera una apariencia de legitimidad a la relación, aunque el objetivo final era remunerar de manera encubierta a tres antiguos cargos del Gobierno autonómico –todos provenientes del PAR– para favorecer supuestamente los proyectos de la firma. Esa contraprestación se plasmó en la compra de Athmos por una empresa vinculada a Samper, Nearco Renovables. La Guardia Civil cree que el dinero pagado por la adquisición estaba sobredimensionado: cuatro millones de euros según lo reconocido por los implicados, pero casi 4,5 millones según Blanqueo de Capitales (el SEPBLAC).

En Madrid, Samper consiguió, a través de dos presuntos testaferros y con la colaboración de un notario, remunerar a un cargo del Ministerio de Transición Ecológica para que facilitase la aprobación de declaraciones de impacto ambiental de sus proyectos.

Una de las mecánicas más habituales habría sido trocear grandes parques eólicos a un máximo de 50 megavatios para que su tramitación se centrara en el ámbito autonómico, donde la red tenía una influencia mayor.

Alfredo Boné Pueyo

Antiguo alto cargo del PAR y exconsejero de Medio Ambiente autonómico entre 2002 y 2011, Boné abandonó la política en 2015 y pasó al sector privado, donde según los investigadores habría aprovechado su pasado institucional para, a través de la empresa Viadós Gestión Integral de Proyectos –Athmos Sostenibilidad más tarde–, firmar un contrato de prestación de servicios con Forestalia y así ayudar supuestamente a la obtención de autorizaciones administrativas ante organismos como el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (autonómico) y el Ministerio de Transición Ecológica (estatal).

Fue uno de los tres beneficiarios de la venta de Viadós a Nearco Renovables, por los que habría obtenido 1.450.862 euros (frente a 1.333.333 euros escriturados), que los investigadores consideran un vehículo instrumental para materializar el cobro a posteriori.

Este miércoles, Boné ha distribuido una “nota aclaratoria” en la que asegura que vendieron Viadós en 2018 porque “el propietario de Forestalia” les hizo una “oferta” que aceptaron y asegura que en ese momento la firma tenía “una gran experiencia en tramitación de proyectos de energías renovables y cerca de 30 trabajadores en nómina”. Respecto al supuesto “sobreprecio” argumentado por la Guardia Civil, Boné justifica que “todas y cada una de las cantidades” recibidas lo fueron “producto” de su “actividad profesional”.

Luis Marruedo Espeja

Otro alto cargo histórico del PAR, muy próximo a Boné: fue viceconsejero autonómico de Medio Ambiente de 2007 a 2011 y director general de Desarrollo Rural en la siguiente legislatura. Comenzó vinculado a Forestalia a través de Viadós, por el que mantuvo el mayor importe en la venta a Nearco Renovables –casi 1,7 millones de euros, según el SEPBLAC; 1.333.333 euros escriturados–, y, más tarde, fue directamente contratado por la empresa de Samper como director de Terrenos y Planificación de Desarrollo del grupo.

En su informe, la Guardia Civil también recoge una compra de Boné y Marruedo por 800 euros de participaciones en una empresa –Renovables Puyal– de la familia Sumelzo, de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), en la primavera de 2018.

Ana Cristina Fraile García

Jefa de gabinete de Alfredo Boné entre 2002 y 2011, es funcionaria del Departamento de Medio Ambiente de Aragón. Como Marruedo, tras la venta de Viadós-Athmos –de la que fue creadora original y por la que recibió 1,3 millones– también quedó ligada formalmente a Forestalia.

La Guardia Civil considera “relevante” el hecho de que su marido fuera un responsable del Inaga –organismo encargado de emitir los informes de evaluación ambiental autonómicos para los proyectos de Forestalia– entre 2005 y 2016, nombrado “precisamente cuando el consejero era Boné”. La investigación de la UCOMA apunta a la posible existencia de un nexo entre la influencia familiar sobre el Inaga y las “facilidades” obtenidas por la empresa de Fernando Samper en la tramitación de proyectos.

Eugenio Domínguez Collado

La UCOMA sitúa al exsubdirector general de Evaluación en el Miteco, puesto al que fue ascendido en la etapa de la popular Isabel García Tejerina, en el centro de la trama en la Administración central. Desde su cargo, Domínguez habría aglutinado los expedientes relativos a Forestalia que llegaban al Ministerio, con prácticas que los propios funcionarios del Miteco calificaron de “extraordinarias”.

Llegó a diseñar supuestamente un circuito cerrado de tramitación de estos expedientes bajo su supervisión directa a través de la empresa pública Tragsatec, de donde los informes llegaban redactados para su firma. Además, mantenía una relación “inusualmente estrecha” con Forestalia y acudía de forma habitual a la sede en Madrid de la empresa aragonesa al salir del trabajo.

Domínguez recibía documentación técnica de los promotores directamente en memorias USB, que incorporaba a la plataforma sin registro oficial, de manera que impedía la trazabilidad de los documentos. A su vez, en un proyecto de gran complejidad como el Clúster del Maestrazgo designó como técnico responsable a su secretario, pese a que según la Guardia Civil no tenía cualificación para ello.

El subdirector general del Miteco, siempre según el relato que hace la UCOMA, llegó a modificar personalmente borradores de declaraciones de impacto ambiental que eran desfavorables para convertirlas en favorables, incluso en proyectos ubicados en terrenos protegidos.

¿Cómo se beneficiaba? Según la Guardia Civil, a través de una sociedad junto a su mujer dedicada en apariencia a la decoración, Estudio de Asesoramiento Dherco, que hacía las veces vehículo receptor de los pagos. Además, gracias a una notaría adquirió participaciones de dos firmas, Caliope Energy Greem y Caliope Smart Energy, sin elevarlas a públicas, introduciendo la documentación en sobres cerrados en una caja fuerte. A través de ambas empresas adquirieron a su vez participaciones en Babieca Investment Renewable. Y, en octubre de 2023, una sociedad de Forestalia realizó un préstamo de 5,2 millones de euros a Babieca, lo que según la Guardia Civil habría incrementado el patrimonio indirecto del núcleo familiar.

Montserrat Heredero Caballería

Cónyuge de Eugenio Domínguez, es como se ha dicho administradora única de Estudio de Asesoramiento Dherco, supuesta pantalla para las contraprestaciones ilícitas. También fue beneficiaria de un incremento patrimonial por el mencionado préstamo.

Eduardo y Roberto Pérez Águeda

Según la Guardia Civil, ambos habrían actuado como intermediarios -testaferros- de la red a través de firmas de Forestalia. El primero de ellos participó en 49 protocolos notariales desde 2018 vinculados a empresas del grupo, instrumentos para transferir participaciones de promotoras al matrimonio Domínguez-Heredero sin dejar rastro. El segundo habría actuado de nexo entre la estructura de Samper y la de los Pérez Águeda.

Javier de Lucas y Cadenas

La Guardia Civil lo considera cooperador necesario en el presunto blanqueo de capitales al ocultar la titularidad real de Caliope Energy Greem y Caliope Smart Energy. La UCOMA recuerda que omitió “deliberadamente” los deberes a los que le obliga la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, e incluso ocultó uno de los protocolos cuando fue requerido judicialmente.

Jesús Lobera Mariel

Jesús Lobera ocupó durante ocho años el cargo de director general del Inaga del Gobierno de Aragón. La Guardia Civil lo sitúa como “figura central” en las acusaciones de presión para favorecer supuestamente a proyectos de Forestalia. Según el informe de las autoridades, los testimonios describen un sistema de trabajo impuesto por Lobera que representa una “desviación fundamental de los procedimientos administrativos y la jerarquía técnica establecidos”.

El director el Inaga designó a Andrés Medina, licenciado en Derecho, como responsable de todos los proyectos de renovables. Además, habría realizado –siempre según los testimonios recabados– “peticiones de explicación” verbales y escritas al personal técnico que emitía informes negativos. Lobera llegó, para eludir los controles técnicos, a reorganizar las competencias en el Instituto para cumplir con sus objetivos.

El Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) han acordado reforzar la supervisión de los precios energéticos y reforzar la transparencia ante la fuerte volatilidad de los últimos días por la guerra de Irán.

En un comunicado conjunto de los Ministerios de Economía y para la Transición Ecológica, ambos departamentos inciden en que los mercados energéticos españoles “evidencian la liquidez y robustez necesarias para responder con eficacia” y asegurar el suministro energético a los consumidores“.

En una reunión celebrada este martes, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, han acordado intensificar la labor de vigilancia del regulador para garantizar el correcto funcionamiento de los mercados, reforzar la transparencia y velar por las buenas prácticas en la formación de precios.

Una de las principales medidas será el incremento de la frecuencia de publicación de información sobre carburantes, que pasará a ser semanal a partir de la próxima semana con el objetivo de facilitar a los consumidores un mejor acceso a los precios y márgenes en un momento de especial sensibilidad.

Según la CNMC, pese a la actual volatilidad, los mercados energéticos españoles presentan la liquidez y robustez necesarias para asegurar el suministro a los consumidores, al tiempo que el organismo continúa ejerciendo sus funciones de supervisión conforme a la Ley 3/2013, la Ley de Hidrocarburos y el Reglamento europeo Remit.

Asimismo, el texto incide en que la CNMC ha reforzado ya los flujos de información con ambos ministerios, pasando diariamente datos actualizados de los precios, mientras mantiene una coordinación estrecha con los operadores de los mercados eléctrico (OMIE) y gasista (MIBGAS).

La decisión de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, de suspender los proyectos de Forestalia que están bajo investigación judicial y de ordenar una auditoría interna en su ministerio para conocer “qué está ocurriendo”, ha sido calificada por la portavoz del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero, como “acertada, conveniente y oportuna”. El Ejecutivo de Azcón cree que la propuesta de Aagesen es óptima para despejar dudas tras las sucesivas noticias sobre esta situación “grave, escandalosa y preocupante”. Mientras la portavoz se expresaba así, el presidente en funciones, Jorge Azcón, se mostraba más contundente casi al mismo tiempo durante la celebración de un acto, y exigía dimisiones al PSOE. Igualmente, se mostró abierto a reabrir la comisión de investigación que tuvo lugar en las Cortes de Aragón sobre las renovables en Aragón en 2024, al igual que han solicitado otras formaciones políticas después de que la líder del PSOE de Aragón, PIlar Alegría, solicitase la revisión de todos los expedientes de Forestalia.

Los populares esgrimen que la mayor parte de los casos de presunta corrupción se han producido en el ámbito de los altos cargos de Pedro Sánchez y de los del gobierno de Lambán, sin reconocer que el ex subdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), Eugenio Domínguez Collado, ya estaba en el Ministerio desde el año 2017 cuando gobernaba Mariano Rajoy.

Por otro lado, el Gobierno de Aragón apadrinó el proyecto Búfalo a principios de diciembre de 2025, una iniciativa promovida por el grupo aragonés Forestalia que prevé la construcción de tres grandes centros de datos en los municipios zaragozanos de Magallón, Botorrita y Alfamén. La Orden, publicada en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), declara como “inversión de interés autonómico” y “proyecto prioritario” el citado proyecto. En este caso, Vaquero asegura que el actual gobierno en funciones aporta la seguridad “de que se ha llevado con rigurosidad” pero añade “que no se puede decir lo mismo del anterior”.

Igualmente, el Gobierno de Aragón también avaló en julio del año pasado a la gigafactoría de baterías para coches eléctricos que Stellantis levantará en Figueruelas y Pedrola, junto a su actual fábrica de coches, aprobando inicialmente el PIGA (Proyecto de Interés General de Aragón) del denominado proyecto Toro. La empresa de Fernando Samper se convirtió en el aliado energético de Stellantis y el grupo chino CATL con un proyecto de autoconsumo de 14 plantas renovables, para el que se anunció una inversión de más de 1.000 millones. El acuerdo firmado en mayo de 2024 entre la empresa aragonesa y Contemporary Green Energy (CGE), filial energética de CATL, fue el preludio de esta adjudicación.

Mar Vaquero, sin embargo, se desvincula de esta iniciativa y asegura que este proyecto compete a dos empresas privadas, Forestalia y Stellantis y su socio chino CATL, líder mundial de esta tecnología de almacenamiento de energía y “no se nos ha comunicado ninguna preocupación o interés de revisión”.

La portavoz del Gobierno en funciones, que ha contrastado su “rigurosa” tramitación de expedientes en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) con la gestión del ejecutivo anterior, y ha recalcado su máximo interés en facilitar con transparencia todos los expedientes en tramitación, ha renunciado a hacer una auditoría interna del organismo. “Se reforzó con medios humanos y materiales y se seguirá aumentando el presupuesto del Inaga, e igualmente colaborará con la investigación policial y judicial, pero sin solapar procedimientos. Debemos ser exquisitos y no entrar como un elefante en una cacharrería”, ha manifestado este miércoles tras el Consejo de Gobierno.

Vaquero recuerda que Azcón prometió en la campaña electoral de 2023 impulsar una comisión de investigación sobre los proyectos de renovables y así lo hizo al comienzo de su gobierno “en el que participaron todos los grupos parlamentarios, así como muchas personas y expertos. Pero en este momento hay que ser rigurosos y no vamos a cuestionar el trabajo de jueces y policías. Respetaremos los tiempos y si queda alguna por resolver, veremos lo que haga falta”. Desde el acto en el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, Azcón quiso mostrarse menos tibio y se abrió, si fuese necesario, a reabrir la comisión de investigación.

En relación con la mencionada comisión que tuvo lugar en las Cortes de Aragón en 2024, en la que se personaron alcaldes del Clúster del Maestrazgo agrupados en una asociación la Asociación 'Viento Alto', defendiendo el proyecto de renovables de Forestalia, Vaquero ha reconocido que entre ellos también hay alcaldes del PP, pero se ha remitido a la justicia y a respetar la continuidad de las investigaciones. Además, recuerda que el gobierno autonómico no autorizó el proyectos porque es competencia del Ministerio.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha aclarado este miércoles que los proyectos de la empresa Forestalia que están bajo investigación judicial han quedado suspendidos al estar recurridos por vía administrativa, a la vez que ha pedido una auditoría interna en su ministerio para conocer “qué está ocurriendo”.

Así se ha pronunciado la vicepresidenta durante una intervención de 'Los desayunos informativos de Europa Press' al ser cuestionada por si su departamento tiene previsto paralizar la ejecución del macroparque eólico Clúster del Maestrazgo, en la provincia de Teruel, tras la petición de la Fiscalía y la Guardia Civil.

“Lo que sí puedo decir es que gran parte de los proyectos están bajo recurso, con lo cual, de momento, hay una suspensión de los proyectos”, ha revelado la ministra para la Transición Ecológica.

Precisamente este martes el juez instructor de las diligencias abiertas al grupo empresarial Forestalia ha remitido una providencia a las partes personadas en la causa aplazando la vista de medidas cautelares fijada para el viernes.

El magistrado expresa en su providencia que “este instructor no está en disposición de determinar adecuadamente las partes que pudieren verse afectadas por la eventual adopción de medida cautelar que resulta del informe pericial --informe medioambiental de la UCOMA respecto al Clúster del Maestrazgo--.

La causa tiene su origen en la posible manipulación de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), necesarias para la tramitación de proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos, y apunta a irregularidades y el posible cobro de comisiones.

Aagesen ha asegurado que “desde el primer momento” el Ministerio que dirige ha mostrado la “máxima predisposición de colaboración con la Justicia” y que “toda la documentación que se ha requerido y que se requiera” estará “plenamente disponible”.

Además, la vicepresidenta tercera ha desvelado que “internamente” ha pedido un análisis “para conocer qué está ocurriendo” y si todos los procedimientos en los que se adjudicaron estos proyectos “están conforme a derecho”, para tener “una visibilidad de qué ocurrió, por qué ocurrió y evitarlo, por supuesto”.

Sobre el exalto cargo del Ministerio de Transición Ecológica que fue detenido en el marco de la operación desarrollada por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) por presunta corrupción medioambiental relacionada con certificados de parques eólicos y fotovoltaicos, Aagesen ha reconocido que se enteró de la trama por los “periódicos”.

Dicho esto, la vicepresidenta tercera ha aclarado que se trata de “un exfuncionario que se ha identificado” en este procedimiento judicial y “que ya no trabaja en el Ministerio desde hace más de dos años”. Fuentes del caso consultadas por Europa Press confirmaron entonces que el detenido era Eugenio Domínguez, antiguo subdirector general de Evaluación Ambiental en el Ministerio de Transición Ecológica.

En este sentido, Aagesen ha insistido en que “es importante poner el contexto” ya que se trataba de un “subdirector” y “un funcionario que estaba en el Ministerio desde el año 2017”.