La directora del Instituto para la Transición Justa (ITJ), Judit Carreras, se ha reunido este martes con el alcalde de Andorra (Teruel), el socialista Rafael Guía, y le ha trasladado que desde el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) trabajan para que Enel optimice el volumen de potencia renovable que puede instalarse en el Nudo Mudéjar, de acuerdo con las condiciones de la declaración de impacto ambiental del proyecto. Carreras ha descartado un nuevo concurso y ha manifestado que la energía sobrante, unos 800 megavatios, se adjudicarán a otras empresas para que “esa capacidad se quede en el territorio”.

Así se lo ha trasladado en una reunión mantenida para abordar la situación del concurso de transición justa, tras la propuesta provisional de Enel Green Power España de modificar su proyecto, ganador del concurso, e instalar 406,3 MW de potencia renovable, apenas una quinta parte de lo que pretendía.

Carreras ha informado a Guía sobre el detallado estudio que el ITJ está realizando sobre dicha propuesta, así como sobre su incidencia sobre los compromisos socioeconómicos vinculados al proyecto, de acuerdo con las reglas del concurso. También ha confirmado a Guía la voluntad del ITJ de que la capacidad de acceso a la red eléctrica del Nudo Mudéjar que finalmente no utilice el proyecto de Enel sea aprovechada por otros proyectos en beneficio del territorio, empleando mecanismos propios de transición justa, descartando la celebración de un nuevo concurso.

La directora del ITJ ha querido dejar claro que la capacidad sobrante “no se pierde”. “Es muy importante asegurar que esa capacidad se quede en el territorio con criterios de transición justa y por eso estamos trabajando en las opciones administrativas para que así sea”. Eso, ha explicado, “no significa un nuevo concurso”, y ha recordado que hubo “una lista de adjudicatarios muy larga”. “Estamos trabajando para ver cómo ofrecérsela a los siguientes adjudicatarios”, ha incidido.

520 millones en ayudas

Carreras ha recordado que el ITJ ya ha concedido 520 millones de euros en ayudas a 180 proyectos empresariales, municipales y de restauración ambiental, junto con ayudas sociales; y ha insistido en que el ITJ seguirá trabajando con el alcalde de Andorra y la zona afectada para seguir apoyando el territorio, incidiendo en que en el segundo semestre de este 2026 habrá una nueva convocatoria de ayudas.

Hay que recordar que el que prometía ser el mayor desarrollo de energía renovable proyectado en España se quedará reducido a casi una quinta parte. Endesa comunicó hace diez días que solo ejecutará instalaciones con una potencia conjunta de 406 megavatios en el Nudo Mudéjar de Andorra, en el punto de conexión a la red que quedó libre tras el cierre de la central térmica de carbón de Andorra hace casi seis años. La cifra supone apenas el 22% de los 1.844 MW que su filial renovable, Enel Green Power España, había planificado mediante la combinación de siete parques eólicos, otras tantas plantas fotovoltaicas y sistemas de baterías.

La compañía remitió el pasado 17 de marzo al Instituto para la Transición Justa, del Ministerio de Transición Ecológica, la nueva configuración, dentro del plazo fijado en las bases del concurso adjudicado en 2022. El plan contempla únicamente tres parques solares y uno eólico, frente a las catorce instalaciones del diseño original.

El Gobierno de Castilla-La Mancha lo venía rumiando desde el año pasado, en el mes de enero avisó de que se está preparando y en el último día de marzo de 2026 se ha confirmado: habrá una demanda contra el Gobierno de España por incumplir el compromiso- regulado en el Plan Hidrológico del Tajo- de cambiar las normas para explotar el trasvase Tajo-Segura, que envía agua desde el complejo Entrepeñas-Buendía, en la cabecera del Tajo, hacia las provincias de Alicante, Murcia o Almería a través de un acueducto que conecta con el río Segura.

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde hoy a la autorización para que se interponga una demanda en el ámbito contencioso-administrativo para obligar el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a cumplir su propia normativa estatal.

Lo detallaba la consejera de Desarrollo Sostenible Mercedes Gómez en una comparecencia en el Palacio de Fuensalida y minutos después, desde Talavera de la Reina, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se refería a la cuestión reconociendo -tras meses de dilatar la decisión- lo “duro” de tener que denunciar en los tribunales “con importantes consecuencias” a un Gobierno “del mismo partido político”, el que preside Pedro Sánchez.

García-Page visitaba hoy el Centro de Atención Directa (CAD) de la Asociación Daño Cerebral en Talavera de al Reina y ha insistido en la “falta de cumplimiento” de las sentencias sobre los caudales ecológicos del río Tajo. Algo que considera que podría entenderse por muchos servicios jurídicos como un “delito ecológico”. Hay que recordar que el propio ministerio pidió hace unas semanas esperar a las resoluciones del Tribunal Supremo que todavía debe dirimir dos recursos pendientes.

“Yo no sé cuántos políticos hay en Castilla-La Mancha y, probablemente, en otras regiones que, llegado el momento, estarían dispuestos realmente a poner por delante los intereses de su tierra incluso para llegar a tener que denunciar en los tribunales, con importantes consecuencias, a un gobierno que es de su mismo partido político”, comentaba.

“Un año de margen” para el cambio que no llega

El presidente castellanomanchego ha recordado que han dado “más de un año de margen” para la ejecución de las sentencias pero, finalmente, han tenido que tomar una decisión “práctica y clara”.

En todo caso, ha confiado en que haya “solución” para esta problemática e incluso en que se pueda llegar a “retirar el pleito” contra el Gobierno de España.

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde este martes a la iniciativa para que el servicio jurídico de la Junta de Comunidades interponga una demanda contencioso-administrativa con el objetivo de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) cambie las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

La consejera de Desarrollo Sostenible ha justificado la iniciativa ante los tribunales calificando la situación del trasvase Tajo-Segura de “insostenible ambiental y jurídicamente”. Mercedes Gómez ha recordado que el ministerio “ha incumplido su propio plazo de un año”, el que se propuso tras publicarse en febrero de 2023 la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas, entre ellos el del río Tajo. “No se ha cumplido”, ha insistido, recordando que el documento para cambiar la explotación del trasvase debería haberse elevado al Consejo Nacional del Agua en febrero de 2024 .

“Se dan todas las circunstancias para presentar la demanda. Una vez admitida nos reservamos la opción de pedir las medidas cautelares que sean necesarias”, ha añadido. Unas medidas que no ha concretado, ya que dependerá de la posición que adopta el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. “Es el único río que no ha tenido caudal ecológico”.

Pasados tres años, ni ha habido modificación de las reglas del trasvase, ni avances en la aplicación de los caudales ecológicos. De hecho, ha citado lo que tacha de “irregularidades en los volúmenes de agua establecidos para 2025”, refiriéndose a los episodios vividos en Toledo en agosto de 2025 cuando el río se quedó sin caudal a su paso por la capital de Castilla-La Mancha. “Si eso es un caudal ecológico… habría que verlo”, ironizaba.

“Eso ha provocado el hartazgo del gobierno. Castilla-La Mancha siempre ha sido solidaria. El presidente Page siempre ha dicho que mientras que haga falta agua para beber no habrá problema para trasvasar, pero todo tiene un límite”, advertía.

Después de 47 años de trasvase, incidía la consejera, “no puede ser que se esté dilapidando este recurso hídrico y que no se sacie la demanda de murcianos y alicantinos”.

El impacto hídrico y los daños “irreparables” en la Red Natura 2000

Mercedes Gómez ha explicado que el hecho de mantener el actual sistema de trasvases no solo está teniendo un “impacto claro” con un “balance hídrico negativo”, sino que la infraestructura no se ha acomodado a la situación de cambio climático. “Aunque parezca que hay agua, es un espejismo. Las reglas del trasvase deben adaptarse para que el río Tajo sea un río vivo, con caudal suficiente para mantener la vida y vegetación de ribera”.

No puede ser que se esté dilapidando este recurso hídrico y que no se sacie la demanda de murcianos y alicantinos

A esa circunstancia se añade lo que ha calificado de “daño ecológico irreparable en cinco espacios protegidos de la Red Natura 2000”, para referirse a las ZEPA de la Sierra de Altomira, Yesares-Valle del Tajo, Carrizales y Sotos del Jarama, Islas de Malpica y Azután o Barrancas de Talavera. “Se encuentran en estado de conservación desfavorable o muy limitado por estar vinculados al régimen hídrico que debería ser el adecuado en la cuenca del Tajo”. Y eso es algo que, recordaba hoy, ya lo especificaba la sentencia emitida por el Supremo en 2025, avalando por sexta vez la necesidad de que el Tajo cuente con caudales ecológicos. “Dijo que los hábitats de interés comunitario como consecuencia del trasvase estaban teniendo daños irreparables”.

Sobre las expectativas en torno a lo que pueda suponer esta demanda judicial, Gómez confía en que sea “un impulso” para el Gobierno de España, pero ha advertido que además el cambio de las normas del explotación del trasvase debe “convencer” al Ejecutivo castellanomanchego. “Hace un año presentamos propuesta técnicas que no se ha contestado por parte del ministerio. Creemos que esa propuesta puede dotar de sostenibilidad para hacer mejor las cosas con el trasvase”.

Sin relación con la ministra Aagesen

Mercedes Gómez ha lamentado la falta de comunicación con el MITECO. “Desde que Sara Aagesen está al frente la relación directa para analizar el trasvase u otras cuestiones no existe”, pero los trasvases se siguen produciendo. Con el sistema actual, y en situación de normalidad (nivel 1), acaba de aprobarse una derivación de agua hacia Alicantes, Murcia o Almería de 180 hm3.

“Si se siguen manteniedo estas circunstancias, o incluso en nivel 2, se batirían records de trasvases desde que hace 47 años se pusiera en macha la infraestru ra. El máximo es 600 y ya vamos por 555 hm3, el 73% del agua trasvasada en los últimos años”, alertaba.

Y ha seguido dando más cifras. En 47 años, hasta 29 marzo 2026, se han trasvasado 15.148 hm3. “Suponen 15.148 piscinas olímpicas o el abastecimiento de 63 millones de viviendas. Son cifras que hay que poner sobre la mesa porque desde el punto de vista de gestión del agua se han restringido los crecimientos urbanísticos o agrarios en Toledo y Guadalajara. Eso es insostenible”.

Ha vuelto a insistir en que el Estado debe “tomar cartas en el asunto” y modificar las reglas de explotación del trasvase porque “ya vamos tarde”. También ha respondido, sin citar su nombre, a la ministra de Educación, la toledana Milagros Tolón, que la semana pasada pidió seguir negociando: A quienes dicen que no se ha negociado suficiente, el presidente Page lleva seis meses esperando cita con la nueva ministra y esta consejera lleve un año pidiendo una reunión. Si eso es forma de negociar y de entender los problemas de una comunidad autónoma, desde luego no compartimos esta forma de trabajar ni de entender las políticas“, ha comentado.

A Castilla-La Mancha tampoco le vale el argumento del MITECO sobre la necesidad de esperar a dos nuevas sentencias del Tribunal Supremo en respuesta a los recursos interpuestos por el Sindicato indicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) y la Diputación de Alicante. La consejera ha dicho que se conocerá el pronunciamiento del Alto Tribunal en breve y ha dado fechas: el 21 de abril y el 5 de mayo, respectivamente.

Precisamente hoy el presidente del Scrats Lucas Jiménez ha reivindicado la vigencia del trasvase en el 47 aniversario de la llegada de sus aguas, tras calificar la infraestructura como una “magna obra de la solidaridad y de la ingeniería española” y asegura que allí “pelearán” por otros tantos años más para la infraestructura.

A los argumentos de los regantes, la consejera contestaba hoy con el mismo que se mantiene en Castilla-La Mancha desde hace ya una década: se incumple tanto la normativa europea del agua como las sentencias judiciales - hasta seis ya- del Tribunal Supremo que avalan la aplicación de los caudales ecológicos en el tramo medio del río Tajo.

Los municipios afectados por el Nudo Mudéjar han cerrado filas con el Gobierno de Aragón para exigir una respuesta inmediata tras la reducción del proyecto energético de 1.844 a 406 MW. La decisión, conocida tras casi seis años desde el cierre de la térmica de Andorra, genera “incertidumbre” y obliga a buscar alternativas que garanticen inversión, empleo y futuro para la provincia de Teruel.

El origen del proyecto se remonta a 2021, cuando el Ministerio para la Transición Ecológica convocó el concurso del nudo de transición justa de Andorra (Nudo Mudéjar) para reindustrializar la zona tras el cierre de la central térmica, clausurada en 2020. La adjudicación, resuelta en 2022 a favor de Endesa —a través de Enel Green Power—, se plantó sobre una petición de más de 1.800 MW vinculados a una inversión millonaria, creación de empleo y proyectos asociados al territorio.

Sin embargo, el desarrollo del proyecto ha acumulado retrasos y no fue hasta febrero de 2026 cuando el Ministerio emitió la declaración de impacto ambiental (DIA), que recortó de forma significativa el alcance inicial por condicionantes ambientales. La situación del proyecto de Enel (Endesa) ha dado un vuelco drástico un mes después debido a limitaciones ambientales que han reducido la potencia solicitada, provocando que la inversión caiga de 1.600 a 350 millones de euros.

Este lunes, los alcaldes de diez municipios afectados por la resolución del Nudo Mudéjar han trasladado al Gobierno de Aragón su preocupación por el impacto del recorte del proyecto energético y han acordado mantener una posición común para exigir soluciones, tanto a la empresa adjudicataria como al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

En la reunión han participado Miguel Iranzo (Alcorisa, PP), Pedro Bello (La Puebla de Híjar, IU), Víctor Manuel de la Sierra (Lécera, PP), Rafael Guía (Andorra, PSOE), Alfonso Pérez (Samper de Calanda, PSOE), Celia Trullón (Albalate del Arzobispo, PSOE), Miguel Ángel Estevan (Alcañiz, PP), Jesús Antonio Puyol (Híjar, PP), Carlos Ros Monfort (Ariño, PSOE) y Luis Javier Gómez (Jatiel, PSOE), junto a la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero; la secretaria general técnica, Cristina Asensio; y la directora general de Energía y Minas, Yolanda Vallés.

Tras el encuentro, los ediles han coincidido en subrayar la necesidad de actuar con unidad y responsabilidad ante una decisión que, aunque tiene distinto grado de afección en cada municipio, impacta en todo el territorio.

El alcalde de Andorra, Rafael Guía —que ha actuado como portavoz de los regidores municipales—, ha adoptado una postura de máxima exigencia frente a los plazos, denunciando que el territorio lleva casi seis años en una “espera insoportable” desde el cierre de la central térmica. Para el edil, el tiempo de las promesas y las prórrogas ha terminado, y considera inaceptable que la burocracia o los cambios en el proyecto sigan dilatando la llegada de la reindustrialización. Guía sostiene que la comarca ha cumplido con su parte de responsabilidad y paciencia, por lo que ahora urge al Ministerio y a Enel a pasar de los anuncios a las realidades materiales sobre el terreno sin más demoras.

Respecto a las alternativas de Enel (Endesa), el alcalde rechaza tajantemente que el recorte en la potencia instalada de los parques renovables sirva como pretexto para reducir el plan de acompañamiento industrial. Su posición es firme: el compromiso de creación de empleo y las fábricas proyectadas deben mantenerse íntegros, ya que fueron la base por la que la empresa ganó el concurso del Nudo Mudéjar. Guía defiende que, si Endesa no puede ejecutar toda la potencia prevista por las restricciones ambientales, esa capacidad sobrante debe liberarse de inmediato para que otros proyectos y empresas puedan aprovecharla, garantizando así que no se pierda ni un solo puesto de trabajo de los prometidos originalmente.

Además, el mandatario andorrano ve en la resolución de las declaraciones de impacto ambiental un punto de inflexión que elimina cualquier “excusa” técnica que tuviera la compañía. Al ser ahora un proyecto con plenas garantías legales y ambientales, Guía exige que se inicien las obras de las alternativas industriales de forma inminente. Su mensaje es claro: la prioridad absoluta es blindar el desarrollo socioeconómico de los municipios afectados, asegurando que la transición energética sea justa y que la pérdida de megavatios de Enel se compense con una diversificación industrial que no dependa exclusivamente de las decisiones de una sola eléctrica.

Respecto al Miteco, el alcalde —que este martes tiene una entrevista en agenda—  mantiene una postura de exigencia directa, recordando que el Ministerio es el garante último de que la Transición Justa no sea un eslogan vacío. Guía considera que el “varapalo ambiental” emitido por el Ministerio no debe ser el final del camino, sino el inicio de una renegociación urgente. Su mensaje hacia Madrid es que, si el Gobierno ha limitado la potencia a Endesa por razones ecológicas, tiene ahora la responsabilidad política de buscar mecanismos legales para que esos megavatios sobrantes se queden en el territorio y no se pierdan en la red general.

El Gobierno de Aragón abandera

El diagnóstico es compartido con el Gobierno de Aragón porque no se trata solo de un problema local, sino de un golpe a un proyecto estratégico para toda la comunidad. “No estamos hablando solo de unos municipios, sino del conjunto de la provincia de Teruel y de Aragón”, ha señalado la vicepresidenta en funciones del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero.

El Nudo Mudéjar estaba llamado a ser el eje de la reindustrialización de una zona marcada durante décadas por la dependencia del carbón. La reducción de la capacidad prevista —de 1.200 a 400 megavatios— supone, según ha advertido la vicepresidenta, un freno a las expectativas generadas durante años: “Lo que se consigue es frustrar unas expectativas que tenían que servir para compensar el esfuerzo de tantas décadas del territorio”.

El Gobierno de Aragón ha defendido la necesidad de articular una respuesta conjunta y ha señalado directamente a dos interlocutores: el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) y Enel Green Power, adjudicataria del concurso.

Al Ministerio ya se le ha remitido un acuerdo del Consejo de Gobierno en el que se rechaza la nueva situación y se solicita que la capacidad de acceso a la red que no se utilice pueda destinarse a nuevos proyectos industriales o tecnológicos. “Es necesario que se ofrezcan alternativas”, ha insistido Vaquero.

El Ejecutivo autonómico solicitará una reunión con el Miteco —sin confirmar aún— y aspira a que en ella participen tanto el Gobierno como una representación de los alcaldes. “El Gobierno de Aragón defenderá los intereses de los municipios porque este es un proyecto estratégico para toda la comunidad”, ha afirmado.

En paralelo, se pedirá un encuentro con Enel para que explique las razones de la reducción del proyecto, que la empresa vincula a su viabilidad económica. “A Enel hay que exigirle que cumpla con las condiciones del concurso”, ha añadido.

El calendario sitúa en junio la resolución sobre la autorización administrativa previa, un plazo que el Ejecutivo considera clave para intentar influir en el desarrollo del proyecto. No obstante, ha advertido de que el retraso acumulado es ya irrecuperable: “El retraso de seis años es irrecuperable. Lo que no podemos permitir es seguir acumulando retrasos”.

Por ello, el Gobierno de Aragón reclama que el Ministerio esté trabajando ya en alternativas que permitan atraer nuevas inversiones a la zona. “Hay zonas que no pueden esperar para su reindustrialización”, ha subrayado Vaquero.

En cuanto a posibles compensaciones también desde el Ejecutivo autonómico, Vaquero ha señalado que, por el momento, la prioridad es garantizar alternativas reales. “Las compensaciones que pedimos son alternativas que garanticen inversión, empleo y desarrollo”, ha explicado, sin descartar futuras acciones: “Llegado el caso, se estudiará la necesidad de pedir responsabilidades”.

El Gobierno de Aragón ha reiterado además su apoyo “sin fisuras” a los municipios y su compromiso de acompañarlos en sus reivindicaciones. Sobre los plazos para un eventual plan alternativo, el Ejecutivo autonómico ha insistido en que “es el Ministerio quien tiene que dar los plazos y plantear las alternativas”.

Desbloquear la situación

Pese a la urgente necesidad de no dilatar más procesos en el teimpo, lo que a muchos no se les escapa es que el calendario de la transición justa para el Nudo Mudéjar no será tan rápido, si se tiene que rehacer, invalidando los hitos temporales pactados. Tras seis años de espera desde el cierre de la térmica, el recorte del 75% de la potencia de Endesa y la necesidad de tramitar nuevas Declaraciones de Impacto Ambiental para cualquier alternativa obligan a reiniciar el cronómetro administrativo. Esta situación sitúa al territorio en una nueva fase, ya que la fabricación de electrolizadores o plantas de reciclaje genera incertidumbre ante la caída de la potencia renovable que debía alimentarlos, así como por los contratiempos en proyectos de hidrógeno verde como Catalina.

Ante este escenario, la posible readjudicación de los 796 MW liberados por Endesa a nuevos actores industriales abre un proceso de licitación que puede añadir años de burocracia adicional. Mientras el alcalde de Andorra y los municipios afectados exigen concreción inmediata para frenar la sangría económica, la realidad técnica dirá si el plan de reindustrialización ha vuelto a la casilla de salida. Lo único seguro es que el vuelco de marzo de 2026 confirma que los plazos originales son ya físicamente imposibles de cumplir, forzando al Ministerio y a las empresas a diseñar un nuevo cronograma que encaje en las actuales exigencias ambientales.

El Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico paralizó este martes las polémicas obras del parque eólico El Escudo promovido por Biocantaber que suponen la instalación de 24 aerogeneradores y afectan a los municipios cántabros de Luena, Campoo de Yuso, San Miguel de Aguayo y Molledo.

Cada uno de estos molinos de la empresa participada por Iberdrola Renovables, Ocyener y Banco Santander tiene una altura de 150 metros, con aspas de 68 metros, y una capacidad de 4,2 megavatios. La obra ya está muy avanzada y solo faltan de instalar dos aerogeneradores.

La Delegación del Gobierno de Cantabria ha confirmado que la Guardia Civil acompañada de un técnico del Ministerio se personó en el parque para comunicar la suspensión de las obras, que siguen paradas en todo el trazado, a consecuencia de unos recursos de alzada presentados por asociaciones ecologistas ante el Ministerio.

Fuentes de Iberdrola aseguran que las obras se han parado por petición de la Delegación del Gobierno, pero que el parque eólico tiene “todos los permisos administrativos en vigor”. También subrayan que los tribunales les han dado la razón hasta la fecha frente a los recursos y alegaciones que han presentado las asociaciones ecologistas.

La orden de suspender la actividad se produjo como consecuencia de un oficio del Ministerio para la Transición Ecológica, a través de su Secretaría Técnica. El documento consultado por elDiario.es informa de que se han presentado varios recursos contra cinco resoluciones y autorizaciones del parque eólico, sin especificar qué cuestiones concretas alegan los denunciantes ni quiénes son.

El oficio ministerial sí explica que los recursos afectan a resoluciones de la declaración de impacto ambiental del proyecto y la autorización de la Dirección General de Política y Energética y Minas para las lineas subterráneas y aéreas y la instalación de la subestación eléctrica. Además de otras resoluciones de este último departamento sobre los aerogeneradores que se suprimen, la potencia y la infraestructura de evacuación y la extensión del plazo solicitado por Biocantaber para obtener la autorización definitiva de explotación.

Los Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio explican que, aunque aún no tienen confirmación del motivo exacto que ha motivado la paralización de las obras en este momento, creen que “la lógica lleva a pensar” que el desencadenante ha sido el documento emitido el pasado 9 de marzo por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que declaraba que las autorizaciones otorgadas al polígono eólico El Escudo tienen la ejecutividad suspendida por silencio administrativo. “Esta falta de ejecutividad afecta tanto a la Declaración de Impacto Ambiental, como a la Autorización Administrativa Previa y de Construcción”, señalan.

El parque eólico de El Escudo ha sido objeto de numerosas alegaciones y recursos por parte de diferentes asociaciones y colectivos sociales, mientras que para la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Burauga (PP), es “un símbolo de progreso y sostenibilidad”. “Hoy es un gran día”, dijo la jefa del Ejecutivo autonómico cuando visitó el inicio de las obras y dio la enhorabuena a Iberdrola “por no tirar la toalla ni perder la fe” para sacar adelante una iniciativa que ha tenido que “sortear un camino lleno de dificultades y con épica algo quijotesca”.

La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROU) autorizó en 2023 la instalación del parque que ha generado numerosas protestas sociales en contra. La Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) recurrió la instalación sin que los tribunales le dieran la razón. Otras agrupaciones como Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio o la Plataforma en Defensa del Sur de Cantabria también presentaron recursos.

Los municipios de Molledo, Luena y Campoo de Yuso acogen 23 de los 24 aerogeneradores previstos -en el municipio de Aguayo se instalará el aerogenerador restante- así como la subestación eléctrica del parque. El proyecto de Biocantaber cuenta con u2na inversión de 120 millones. La empresa promotora aseguró que “una parte importante” de la partida destinada a la construcción está comprometida con empresas locales y “tendrá un impacto en el empleo de hasta 200 puestos de trabajo en periodos de punta”.

“Sucesión de irregularidades”

Desde los Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio denuncian sin embargo una “sucesión de irregularidades” en todo el proceso de tramitación del polígono eólico El Escudo: inexactitudes en los emplazamiento de las infraestructuras, sondeos iniciales sin permiso legal y las obras posteriores.

Ahora, el colectivo celebra la paralización de las obras, pero exige que los promotores asuman la responsabilidad de las consecuencias del “ecocidio” que han cometido en una zona protegida por la Directiva Hábitats de la Unión Europea, “en la que han destruido áreas de turberas, se han eliminado ejemplares de especies de flora protegidas, se ha fragmentado un importante corredor de aves migratorias y se han asfaltado pistas para el tránsito de camiones sin ningún tipo de autorización.

A ello suman que se ha alterado la capacidad de infiltración del acuífero Puerto de El Escudo y que “se han ignorado los diferentes vestigios culturales que la empresa ni siquiera consignó en sus informes”, además del enorme impacto social y visual.

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, no se ha achantado a la hora de rebatir al Gobierno central, de su mismo partido y delante de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana Isabel Rodríguez con la que ayer, miércoles, compartía un acto en el concejo asturiano de Mieres, para puntualizar que su Ejecutivo no ha ocultado información alguna al Instituto de Transición Justa (ITJ).

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) confirmaron que no les consta información oficial alguna de que Asturias tuviera actividad de extracción de carbón y explicaron que se habían enterado, en marzo de 2025, a raíz del accidente que costó la vida, ese mes, a cinco trabajadores de la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña.

Para apoyar estas manifestaciones, desde el MITECO remitían al hecho constatable de que esta información no venía recogida en la Estadística minera de este organismo, que se elabora a partir de los datos que facilitan las comunidades autónomas.

“Hay máxima transparencia”

Una denuncia pública que no comparte el presidente del Ejecutivo autonómico y, además, niega cualquier ejercicio de falta de transparencia. En el acto de Mieres aseguró a los periodistas que su gobierno está actuando con “máxima transparencia, rotundidad, rigor y serenidad”, así como “explicando todo a medida que dispone de información”.

Sin embargo, no ha sido la única matización que ha hecho el presidente, quien tampoco se ha callado a la hora de rechazar que la entrega de la documentación que se solicita se realice de forma lenta, como sostiene el ITJ que ha añadido que se analiza todo lo que les llega, especialmente lo que es relativo a los planes de labores de las explotaciones.

El reintegro de ayudas

Desde MITECO se destaca igualmente que, una vez conocida la actividad extractiva a raíz del siniestro laboral en la mina de Zarréu, se ha ido solicitando formalmente información al Principado para identificar las explotaciones activas y verificar si se encuentran afectadas a la obligación de reintegro de ayudas.

El ITJ recuerda que la explotación de las minas de carbón está sujeta a la obligación de reintegro de ayudas, conforme al artículo 29 de la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética, si se encuentran afectadas por el Plan de Cierre de la Minería no Competitiva (Decisión 2010/787/UE).

“Analizar, chequear y reimpulsar”

A estas declaraciones también ha respondido Adrián Barbón. En su encuentro con los periodistas en Mieres remitió a la investigación abierta por parte de la Consejería de Ciencia, de la que es titular Borja Sánchez.

El presidente del Principado ha enmarcado la actuación de su gobierno en la línea de la “orden estricta” que transmitió al consejero cuando lo eligió para el cargo: “analizar, chequear y reimpulsar todo y ver qué era lo que había pasado”.

La comunicación

Otra de las cuestiones era conocer qué “podía haber funcionado más o menos” de forma acertada o “más o menos erróneamente” para sacar conclusiones y actuar al respecto.

No obstante, ha reconocido que él no está “en condiciones” de saber si había esa obligación de comunicar, ni quién la tenía, ya que en este momento no le han “pasado esa información”, y “si se comunicó o no”, por lo que no puede “aventurar nada al respecto”.

El ejemplo de Nicolasa

Adrián Barbón ha resaltado que le sorprende que se diga que “no se sabía” que se extraía carbón cuando el ITJ conocía que en Nicolasa se extrajo carbón hasta finales de diciembre de 2024.

El máximo responsable del Ejecutivo autonómico ha dicho que desde el Principado se ha trasladado a la empresa TYC Narcea que, al hilo de un oficio remitido por el ITJ, tiene que dilucidarse si tiene que devolver o no ayudas para continuar con la actividad.

Una interpretación de la ley

El Gobierno autonómico ha reivindicado su actuación con “transparencia absoluta”, a la vez que evita “entrar a valorar” el debate abierto entre TYC Narcea y el Ministerio sobre la devolución de las ayudas, por ser una “interpretación de la ley”.

En respuesta a los periodistas, Adrián Barbón ha negado que haya preguntado sobre este asuntos a las exconsejeras, según recoge Efe, puesto que difícilmente“ ya les puede preguntar”, ha dicho, y además considera que sería “ilógico” hacerlo porque ya no forman parte de su Consejo de Gobierno. 

Otras explotaciones mineras

Los hechos expresados desde fuentes de MITECO habían levantado numerosas críticas desde los grupos parlamentarios, que censuraban esa falta de transparencia al Gobierno asturiano que lidera Adrián Barbón.

Además de la mina de Zarréu, donde no hay actividad desde el siniestro laboral, Asturias cuenta con otras tres minas con actividad: la explotación de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea; Mina Miura en Ibias y Pilotuerto, en Tineo.

El Gobierno no tuvo constancia de que existiera actividad de explotación de carbón en Asturias hasta marzo de 2025 y se enteró a raíz del accidente que costó la vida, ese mes, a cinco trabajadores de la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ignoraba que se llevara a cabo esta actividad, como se constata por el hecho de que no venía recogida en la Estadística minera de este organismo que se elabora a partir de la información que facilitan las comunidades autónomas.

Otras tres minas con actividad

Además de la mina de Zarréu, donde no hay actividad desde el siniestro, Asturias cuenta con otras tres minas con actividad: la explotación de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea; Mina Miura en Ibias y Pilotuerto, en Tineo.

La noticia de la falta de información al Gobierno central ha sido un auténtico bombazo que le ha estallado al Gobierno de Asturias, que preside el socialista Adrián Barbón, y que ha tenido que abordar este miércoles coincidiendo con la celebración en la Junta General del Principado de la sesión de control donde los representantes de los grupos parlamentarios de la oposición interpelaban al presidente sobre temas de actualidad que afectan a la comunidad autónoma.

La falta de transparencia

El accidente laboral en el que murieron, el pasado 31 de marzo de 2025, los mineros Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez cuando se encontraban trabajando en la mina de Zarréu, a consecuencia de una explosión de gas metano, puso en el centro del debate no solo la deficiente labor de fiscalización que se hacía sobre los permisos y la actividad en las explotaciones mineras sino que además puso en evidencia la falta de transparencia en la comunicación entre administraciones.

Una vez que ha conocido la actividad extractiva, el ITJ ha venido solicitando formalmente información al Principado “para identificar las explotaciones activas y verificar si se encuentran afectadas por la normativa”, según han indicado fuentes del Miteco. 

El reintegro de ayudas

La explotación de las minas de carbón está sujeta a la obligación de reintegro de ayudas, conforme al artículo 29 de la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética, si se encuentran afectadas por el Plan de Cierre de la Minería no Competitiva (Decisión 2010/787/UE).

El proceso de obtención de la documentación está siendo “lento”, reconocen las mismas fuentes, y el ITJ la está analizando, especialmente la que es relativa a los planes de labores de las explotaciones.

Exigencia de explicaciones a Barbón

La exigencia de explicaciones al presidente asturiano no se hicieron esperar desde los demás grupos políticos. El Partido Popular (PP) calificó de “escándalo” la falta de transparencia y el interés del PSOE por “ocultar” la actividad de extracción de carbón en Asturias.

Unas críticas que llegaron no solo desde la Junta General. El senador popular José Manuel 'Lito' Rodríguez denunció “el silencio de Barbón” en el parlamento asturiano ante una pregunta de su presidente regional, Álvaro Queipo, y tildó la situación de “absoluto despropósito”.

Acusaciones de negligencia

'Lito' Rodríguez se mostró sorprendido de que el MITECO diga ahora que desconocía esta actividad de la que tenía conocimiento “solo a causa de una tragedia”.

Para el senador asturiano, la actitud de ambas administraciones demuestra su negligencia sistemática: “Los gobiernos, tanto el de Asturias como el de España, demuestran que están más preocupados en favorecer a sus amigos y familiares, y de tapar la abundante corrupción que les rodea, que de solucionar los problemas de los ciudadanos”.

La actitud de 'opacidad'

El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, ha acusado al Gobierno del Principado de mantener “una actitud de opacidad no solo con la oposición y la ciudadanía, sino también con otras administraciones”.

La confirmación de que el MITECO ignoraba la activad de extracción de carbón en Asturias viene a corroborar sus sospechas “sobre el uso de proyectos de investigación complementaria como posible cobertura para extracciones irregulares”, afirmó.

“Asturies merece saber la verdad”

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha exigido a “una respuesta clara y pronta” sobre la acusación del Ministerio por “falta de transparencia” en lo relativo a la minería.

“Asturies merece saber la verdad”, incide la diputada en un comunicado de prensa.

Las 'sombras'

Covadonga Tomé, que preside la comisión parlamentaria de investigación del accidente en Zarréu, aprovechó su intervención en el turno de preguntas al presidente en el tema sobre los proyectos estratégicos para ahondar sobre el tema de la mina, pero no obtuvo respuesta.

“Bastantes sombras hay ya en torno a la explotación de carbón como para añadir la falta de información necesaria al Instituto de Transición Justa (ITJ)”, lamentó la diputada.

Rigor “jurídico y administrativo”

Por su parte, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno asturiano, Borja Sánchez, ha rechazado que se diera una falta de transparencia entre administraciones y ha indicado que la comunicación con el ITJ es “constante, continua y permanente”.

Borja Sánchez ha explicado que, dentro de una actitud de colaboración leal, le han trasladado toda la información que se ha solicitado sobre la situación legal de las minas tras las denuncias recibidas a mediados de marzo del pasado año.

“En todos los procedimientos se está aplicando el máximo rigor jurídico y administrativo”, ha resaltado el consejero que trata de aclarar qué datos se tendrían que haber enviado a este organismo, por parte de quién, cuándo y cómo.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que el Gobierno regional va a solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) que ceda, o que “nos encomiende parte de la gestión de confederaciones hidrográficas”.

Con motivo del acto institucional del Día Mundial del Agua, celebrado esta martes en la localidad albaceteña de Almansa, ha dicho que el Ejecutivo regional está dispuesto a hacerse responsable “de los atrasos burocráticos y de los expedientes paralizados durante años”, para intentar agilizarlos y “arreglar problemas a nuestros regantes, a nuestra gente, que lo está necesitando y que no puede ser víctima de la atrofia burocrática que se vive”.

Asimismo, ha lamentado que haya personas que digan que el Gobierno que preside “utiliza el agua para ganar votos”. “Cuando escuchen ustedes eso entiendan que nos están traicionando; créanme, el agua ni da ni quita votos, pero es vida”, ha señalado, explicando a su vez que en esta región ha habido muchas empresas que han retrasado sus planes de inversión porque les ha faltado abastecimiento.

García-Page ha reconocido que Castilla-La Mancha se acerca al problema del agua con un enorme sentido común, “sin ningún fanatismo” y ha indicado que precisamente, en esta misma comunidad autónoma, “hay realidades diferentes”.

De ahí que no descarte “hacer un llamamiento para que esta región se movilice” y ha considerado que a veces no es suficiente con “aprobar resoluciones en las Cortes, discutir en las mesas o que el presidente dé un grito más de la cuenta. A lo mejor se necesita que haya una clara significación de que esto nos preocupa a muchos y que no es una preocupación solo del político de turno”.

Piezómetros regionales

De igual modo, ha reconocido que el Ejecutivo que preside no está de acuerdo con los planteamientos iniciales en los planes de cuenca porque “no son ni realistas, ni sostenibles socialmente”.

Por ello, el presidente regional garantiza que se va a luchar para que “no se abra paso el intento de ajuste que se está planteando al agua”. En su opinión, “son discutibles hasta las mediciones de agua que se hacen, por lo que ha considerado la posibilidad de ”poner piezómetros para medir nosotros“.

En esta línea, el presidente de Castilla-La Mancha ha retomado la reivindicación que hiciera hace unas semanas en Bruselas y que pasa por “conseguir la prórroga de directiva marco del agua” ya que, según ha matizado, “la entrada en vigor de la nueva sería absolutamente catastrófica y tampoco creo que tenga necesidad y demasiada prisa la revisión de los planes de cuenca con los criterios tan agresivos que se están planteando.

En este sentido, tras señalar que esta es la única comunidad autónoma en España que no repercute ni en los consumidores, ni en los ayuntamientos, la inversión hidráulica, ha considerado que “no será lejano que Castilla-La Mancha reclame para las zonas limítrofes con el Levante conexiones con la red de desaladoras del Levante”.

A este respecto, ha explicado que “si Murcia o Valencia formaran parte de la misma comunidad que Castilla-La Mancha, nadie vería un problema que se trasladara a la red, pues así es como hay que entenderlo, como un todo, como lo que es este país”. “Particularmente me preocupa muchísimo la situación del Guadiana, la amenaza que se cierne sobre el Segura y sobre el Júcar y por supuesto, también la permanente y relacionada con las otras que tiene el Tajo”, ha puntualizado.

Aunque hace un año afirmó que no está en peligro de extinción para impedir una prohibición de caza, el Gobierno admite finalmente que “hay que cazar menos codornices” si se quiere recuperar esta especie de su actual “declive”. Incluso el Ministerio de Agricultura entiende que “seguir como hasta ahora no es una opción”, según ha revelado su subdirector general adjunto de Producciones Ganaderas y Cinegéticas, Pablo Bernardos, en el I Foro Nacional de la Codorniz organizado por la Federación de Caza de Castilla y León.

La cuestión es que la codorniz en Europa está en regresión. Hay en torno a un 25% menos que hace unas décadas. Y la ley obliga a recuperar las especies que entran en esta deriva. La estabilidad no es suficiente. Por eso “establecer una reducción está justificado”, abundó en ese foro el representante de la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina de Ministerio de Transición Ecológica, Rubén Moreno-Opo. “Una moratoria haría que los objetivos de conservación se alcanzaran antes, pero si ha de ser una reducción...”, se conformó este técnico.

Por lo tanto, el Ejecutivo ha acordado que en la próxima reunión de países de la UE con la Comisión Europea la semana próxima llevará una propuesta para que se rebaje la caza de codornices.

En realidad, Agricultura intenta convencer en Bruselas de que no se adopte una moratoria como salvavidas de las poblaciones de esta ave como habían pedido los asesores científicos de la Comisión. En su lugar quieren que se acepte este plan de reducción. “Bajar la intensidad. Reducir la presión”, en palabras de Bernardos. Los científicos han propuesto ese parón temporal por “la probabilidad muy alta de que la caza de codornices no sea sostenible”.

Los cazadores ya se negaron a la opción de una moratoria –eso les prohibiría disparar a estos trofeos durante un tiempo–, pero tampoco aceptan una reducción en el número de codornices que puedan matar cada temporada. “Responde a criterios ideológicos y no de carácter científico”, alegan.

El presidente de la Federación Andaluza de Caza, José María Mancheño, argumenta que “solo así se entiende que se tomen en cuenta los datos aportados por determinadas entidades pese a ser incompletos, pero no por los generados por los cazadores españoles”.

El sector insiste en que la codorniz goza buena salud por lo que puede seguir matándose al ritmo actual –cientos de miles de ejemplares cada temporada–. Se basan en un proyecto de censos llamado Coturnix financiado por la principal aseguradora de caza de España, Mutuasport, cuyo presidente es el mismo dirigente de la federación andaluza, Mancheño.

El análisis de la codorniz para la Comisión Europea lo coordinó el Instituto de Recursos Cinegético (Irec) y participaron la Agencia de Biodiversidad de Francia y la Universidad de Aarhus (Dinamarca). Ese trabajo es el que dictaminó que lo más seguro es que el nivel de caza actual sea insostenible. Coturnix, que además de la financiación de la aseguradora, está impulsado por el lobby cinegético Fundación Artemisan y la colaboración de la Federación Española de Caza dice que se caza de manera razonable.

Sin embargo, desde Agricultura se defiende que el mensaje en Bruselas debe ser “decir que somos capaces de controlar lo que se caza al nivel adecuado para el objetivo [que marca la ley], es decir, mejorar el estado de la especie”. La meta no es conseguir que en los cotos puedan continuar las batidas de codorniz, sino que la especie se recupere de su regresión.

“Hay que evitar un procedimiento de infracción”, es parte del mensaje del Ejecutivo. “Da mala imagen de España y del sector”. Esto ya ocurrió con la tórtola cuando Bruselas llevó a España al borde de los tribunales antes de que se prohibiera la caza de esta ave para intentar revertir su mala situación.

“Necesitamos una moratoria”

El responsable de conservación de la SEO/Birdlife, Mario Giménez, cuenta a elDiario.es que “una reducción no nos parece una medida adecuada porque estamos en un escenario en el que, para que haya un impacto suficiente y se recupere del declive, necesitamos una moratoria como la que funcionó con la tórtola”. Giménez –que también participó en las mismas jornadas–, explica que “para poner cupos primero hay que saber cuántas hay realmente y cuántas se cazan”.

El empeño de los cazadores por mantener como trofeo una de sus “reinas de la media veda” viene de lejos. En 2022, el Comité Científico del Gobierno dictaminó que el ave cumplía los criterios técnicos para considerarla en peligro de extinción. La reacción cinegética no se hizo esperar.

Las organizaciones de cazadores consiguieron que el Ministerio de Agricultura incorporara sus informes de situación en la reunión donde se discutía esa medida. Todo el proceso se paralizó y Transición Ecológica recomenzó el expediente. En 2025, el Gobierno concluyó oficialmente que “no se desprende que la codorniz deba ser incluida en la categoría en Peligro de Extinción del Catálogo Español de Especies Amenazadas”. Podría seguir cazándose.

La siguiente cuestión es cual es la reducción de capturas que España pondrá encima de la mesa europea. Ni el Ministerio de Agricultura ni el de Transición Ecológica han facilitado estos datos.

La Guardia Civil, a través de la Unidad Central Operativa Medioambiental (UCOMA), ha sacudido la actualidad informativa en los últimos días con un informe que destripa una trama con epicentro en Forestalia y que involucra a una decena de personas entre empresarios, expolíticos, empleados públicos, simples testaferros o, incluso, un notario. Estas son las claves sobre el modus operandi con el que presuntamente se manejaban los implicados, en una causa que refiere los supuestos delitos de corrupción pública, cohecho, blanqueo de capitales y posible organización criminal.

Diciembre de 2022. Ese mes marca el punto de inicio de una investigación surgida a partir de una denuncia de Teruel Existe de 42 páginas ante la Fiscalía Provincial turolense en la que recoge, con todo lujo de detalles, presuntas irregularidades administrativas para que proyectos de parques eólicos, plantas fotovoltaicas y líneas de evacuación vinculados con Forestalia pudieran recibir el visto bueno medioambiental para continuar así su tramitación.

Las pesquisas de la Guardia Civil se dibujan en dos ejes complementarios, uno de ámbito estatal y otro autonómico, con tres centros neurálgicos: Madrid, Zaragoza y Teruel.

Fernando Samper Rivas

El fundador, presidente y máximo responsable de Forestalia se convirtió de la noche a la mañana hace un decenio, con el Gobierno de Mariano Rajoy al frente, en principal promotor de parques eólicos a nivel nacional: en enero de 2016, copó la primera subasta de renovables organizada por el Ministerio de Industria –en la etapa del popular José Manuel Soria, más tarde asesor él mismo de Forestalia– y, un año más tarde, volvió a repetirlo con una segunda subasta pública, entonces con Álvaro Nadal como ministro.

Samper figura como tronco central en la parte privada. Según los investigadores, Forestalia contrató a Viadós –ahora, Athmos– desde el mismo momento de la creación de la compañía para que ese vínculo formal diera una apariencia de legitimidad a la relación, aunque el objetivo final era remunerar de manera encubierta a tres antiguos cargos del Gobierno autonómico –todos provenientes del PAR– para favorecer supuestamente los proyectos de la firma. Esa contraprestación se plasmó en la compra de Athmos por una empresa vinculada a Samper, Nearco Renovables. La Guardia Civil cree que el dinero pagado por la adquisición estaba sobredimensionado: cuatro millones de euros según lo reconocido por los implicados, pero casi 4,5 millones según Blanqueo de Capitales (el SEPBLAC).

En Madrid, Samper consiguió, a través de dos presuntos testaferros y con la colaboración de un notario, remunerar a un cargo del Ministerio de Transición Ecológica para que facilitase la aprobación de declaraciones de impacto ambiental de sus proyectos.

Una de las mecánicas más habituales habría sido trocear grandes parques eólicos a un máximo de 50 megavatios para que su tramitación se centrara en el ámbito autonómico, donde la red tenía una influencia mayor.

Alfredo Boné Pueyo

Antiguo alto cargo del PAR y exconsejero de Medio Ambiente autonómico entre 2002 y 2011, Boné abandonó la política en 2015 y pasó al sector privado, donde según los investigadores habría aprovechado su pasado institucional para, a través de la empresa Viadós Gestión Integral de Proyectos –Athmos Sostenibilidad más tarde–, firmar un contrato de prestación de servicios con Forestalia y así ayudar supuestamente a la obtención de autorizaciones administrativas ante organismos como el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (autonómico) y el Ministerio de Transición Ecológica (estatal).

Fue uno de los tres beneficiarios de la venta de Viadós a Nearco Renovables, por los que habría obtenido 1.450.862 euros (frente a 1.333.333 euros escriturados), que los investigadores consideran un vehículo instrumental para materializar el cobro a posteriori.

Este miércoles, Boné ha distribuido una “nota aclaratoria” en la que asegura que vendieron Viadós en 2018 porque “el propietario de Forestalia” les hizo una “oferta” que aceptaron y asegura que en ese momento la firma tenía “una gran experiencia en tramitación de proyectos de energías renovables y cerca de 30 trabajadores en nómina”. Respecto al supuesto “sobreprecio” argumentado por la Guardia Civil, Boné justifica que “todas y cada una de las cantidades” recibidas lo fueron “producto” de su “actividad profesional”.

Luis Marruedo Espeja

Otro alto cargo histórico del PAR, muy próximo a Boné: fue viceconsejero autonómico de Medio Ambiente de 2007 a 2011 y director general de Desarrollo Rural en la siguiente legislatura. Comenzó vinculado a Forestalia a través de Viadós, por el que mantuvo el mayor importe en la venta a Nearco Renovables –casi 1,7 millones de euros, según el SEPBLAC; 1.333.333 euros escriturados–, y, más tarde, fue directamente contratado por la empresa de Samper como director de Terrenos y Planificación de Desarrollo del grupo.

En su informe, la Guardia Civil también recoge una compra de Boné y Marruedo por 800 euros de participaciones en una empresa –Renovables Puyal– de la familia Sumelzo, de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), en la primavera de 2018.

Ana Cristina Fraile García

Jefa de gabinete de Alfredo Boné entre 2002 y 2011, es funcionaria del Departamento de Medio Ambiente de Aragón. Como Marruedo, tras la venta de Viadós-Athmos –de la que fue creadora original y por la que recibió 1,3 millones– también quedó ligada formalmente a Forestalia.

La Guardia Civil considera “relevante” el hecho de que su marido fuera un responsable del Inaga –organismo encargado de emitir los informes de evaluación ambiental autonómicos para los proyectos de Forestalia– entre 2005 y 2016, nombrado “precisamente cuando el consejero era Boné”. La investigación de la UCOMA apunta a la posible existencia de un nexo entre la influencia familiar sobre el Inaga y las “facilidades” obtenidas por la empresa de Fernando Samper en la tramitación de proyectos.

Eugenio Domínguez Collado

La UCOMA sitúa al exsubdirector general de Evaluación en el Miteco, puesto al que fue ascendido en la etapa de la popular Isabel García Tejerina, en el centro de la trama en la Administración central. Desde su cargo, Domínguez habría aglutinado los expedientes relativos a Forestalia que llegaban al Ministerio, con prácticas que los propios funcionarios del Miteco calificaron de “extraordinarias”.

Llegó a diseñar supuestamente un circuito cerrado de tramitación de estos expedientes bajo su supervisión directa a través de la empresa pública Tragsatec, de donde los informes llegaban redactados para su firma. Además, mantenía una relación “inusualmente estrecha” con Forestalia y acudía de forma habitual a la sede en Madrid de la empresa aragonesa al salir del trabajo.

Domínguez recibía documentación técnica de los promotores directamente en memorias USB, que incorporaba a la plataforma sin registro oficial, de manera que impedía la trazabilidad de los documentos. A su vez, en un proyecto de gran complejidad como el Clúster del Maestrazgo designó como técnico responsable a su secretario, pese a que según la Guardia Civil no tenía cualificación para ello.

El subdirector general del Miteco, siempre según el relato que hace la UCOMA, llegó a modificar personalmente borradores de declaraciones de impacto ambiental que eran desfavorables para convertirlas en favorables, incluso en proyectos ubicados en terrenos protegidos.

¿Cómo se beneficiaba? Según la Guardia Civil, a través de una sociedad junto a su mujer dedicada en apariencia a la decoración, Estudio de Asesoramiento Dherco, que hacía las veces vehículo receptor de los pagos. Además, gracias a una notaría adquirió participaciones de dos firmas, Caliope Energy Greem y Caliope Smart Energy, sin elevarlas a públicas, introduciendo la documentación en sobres cerrados en una caja fuerte. A través de ambas empresas adquirieron a su vez participaciones en Babieca Investment Renewable. Y, en octubre de 2023, una sociedad de Forestalia realizó un préstamo de 5,2 millones de euros a Babieca, lo que según la Guardia Civil habría incrementado el patrimonio indirecto del núcleo familiar.

Montserrat Heredero Caballería

Cónyuge de Eugenio Domínguez, es como se ha dicho administradora única de Estudio de Asesoramiento Dherco, supuesta pantalla para las contraprestaciones ilícitas. También fue beneficiaria de un incremento patrimonial por el mencionado préstamo.

Eduardo y Roberto Pérez Águeda

Según la Guardia Civil, ambos habrían actuado como intermediarios -testaferros- de la red a través de firmas de Forestalia. El primero de ellos participó en 49 protocolos notariales desde 2018 vinculados a empresas del grupo, instrumentos para transferir participaciones de promotoras al matrimonio Domínguez-Heredero sin dejar rastro. El segundo habría actuado de nexo entre la estructura de Samper y la de los Pérez Águeda.

Javier de Lucas y Cadenas

La Guardia Civil lo considera cooperador necesario en el presunto blanqueo de capitales al ocultar la titularidad real de Caliope Energy Greem y Caliope Smart Energy. La UCOMA recuerda que omitió “deliberadamente” los deberes a los que le obliga la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, e incluso ocultó uno de los protocolos cuando fue requerido judicialmente.

Jesús Lobera Mariel

Jesús Lobera ocupó durante ocho años el cargo de director general del Inaga del Gobierno de Aragón. La Guardia Civil lo sitúa como “figura central” en las acusaciones de presión para favorecer supuestamente a proyectos de Forestalia. Según el informe de las autoridades, los testimonios describen un sistema de trabajo impuesto por Lobera que representa una “desviación fundamental de los procedimientos administrativos y la jerarquía técnica establecidos”.

El director el Inaga designó a Andrés Medina, licenciado en Derecho, como responsable de todos los proyectos de renovables. Además, habría realizado –siempre según los testimonios recabados– “peticiones de explicación” verbales y escritas al personal técnico que emitía informes negativos. Lobera llegó, para eludir los controles técnicos, a reorganizar las competencias en el Instituto para cumplir con sus objetivos.

El Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) han acordado reforzar la supervisión de los precios energéticos y reforzar la transparencia ante la fuerte volatilidad de los últimos días por la guerra de Irán.

En un comunicado conjunto de los Ministerios de Economía y para la Transición Ecológica, ambos departamentos inciden en que los mercados energéticos españoles “evidencian la liquidez y robustez necesarias para responder con eficacia” y asegurar el suministro energético a los consumidores“.

En una reunión celebrada este martes, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, han acordado intensificar la labor de vigilancia del regulador para garantizar el correcto funcionamiento de los mercados, reforzar la transparencia y velar por las buenas prácticas en la formación de precios.

Una de las principales medidas será el incremento de la frecuencia de publicación de información sobre carburantes, que pasará a ser semanal a partir de la próxima semana con el objetivo de facilitar a los consumidores un mejor acceso a los precios y márgenes en un momento de especial sensibilidad.

Según la CNMC, pese a la actual volatilidad, los mercados energéticos españoles presentan la liquidez y robustez necesarias para asegurar el suministro a los consumidores, al tiempo que el organismo continúa ejerciendo sus funciones de supervisión conforme a la Ley 3/2013, la Ley de Hidrocarburos y el Reglamento europeo Remit.

Asimismo, el texto incide en que la CNMC ha reforzado ya los flujos de información con ambos ministerios, pasando diariamente datos actualizados de los precios, mientras mantiene una coordinación estrecha con los operadores de los mercados eléctrico (OMIE) y gasista (MIBGAS).

La decisión de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, de suspender los proyectos de Forestalia que están bajo investigación judicial y de ordenar una auditoría interna en su ministerio para conocer “qué está ocurriendo”, ha sido calificada por la portavoz del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero, como “acertada, conveniente y oportuna”. El Ejecutivo de Azcón cree que la propuesta de Aagesen es óptima para despejar dudas tras las sucesivas noticias sobre esta situación “grave, escandalosa y preocupante”. Mientras la portavoz se expresaba así, el presidente en funciones, Jorge Azcón, se mostraba más contundente casi al mismo tiempo durante la celebración de un acto, y exigía dimisiones al PSOE. Igualmente, se mostró abierto a reabrir la comisión de investigación que tuvo lugar en las Cortes de Aragón sobre las renovables en Aragón en 2024, al igual que han solicitado otras formaciones políticas después de que la líder del PSOE de Aragón, PIlar Alegría, solicitase la revisión de todos los expedientes de Forestalia.

Los populares esgrimen que la mayor parte de los casos de presunta corrupción se han producido en el ámbito de los altos cargos de Pedro Sánchez y de los del gobierno de Lambán, sin reconocer que el ex subdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), Eugenio Domínguez Collado, ya estaba en el Ministerio desde el año 2017 cuando gobernaba Mariano Rajoy.

Por otro lado, el Gobierno de Aragón apadrinó el proyecto Búfalo a principios de diciembre de 2025, una iniciativa promovida por el grupo aragonés Forestalia que prevé la construcción de tres grandes centros de datos en los municipios zaragozanos de Magallón, Botorrita y Alfamén. La Orden, publicada en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), declara como “inversión de interés autonómico” y “proyecto prioritario” el citado proyecto. En este caso, Vaquero asegura que el actual gobierno en funciones aporta la seguridad “de que se ha llevado con rigurosidad” pero añade “que no se puede decir lo mismo del anterior”.

Igualmente, el Gobierno de Aragón también avaló en julio del año pasado a la gigafactoría de baterías para coches eléctricos que Stellantis levantará en Figueruelas y Pedrola, junto a su actual fábrica de coches, aprobando inicialmente el PIGA (Proyecto de Interés General de Aragón) del denominado proyecto Toro. La empresa de Fernando Samper se convirtió en el aliado energético de Stellantis y el grupo chino CATL con un proyecto de autoconsumo de 14 plantas renovables, para el que se anunció una inversión de más de 1.000 millones. El acuerdo firmado en mayo de 2024 entre la empresa aragonesa y Contemporary Green Energy (CGE), filial energética de CATL, fue el preludio de esta adjudicación.

Mar Vaquero, sin embargo, se desvincula de esta iniciativa y asegura que este proyecto compete a dos empresas privadas, Forestalia y Stellantis y su socio chino CATL, líder mundial de esta tecnología de almacenamiento de energía y “no se nos ha comunicado ninguna preocupación o interés de revisión”.

La portavoz del Gobierno en funciones, que ha contrastado su “rigurosa” tramitación de expedientes en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) con la gestión del ejecutivo anterior, y ha recalcado su máximo interés en facilitar con transparencia todos los expedientes en tramitación, ha renunciado a hacer una auditoría interna del organismo. “Se reforzó con medios humanos y materiales y se seguirá aumentando el presupuesto del Inaga, e igualmente colaborará con la investigación policial y judicial, pero sin solapar procedimientos. Debemos ser exquisitos y no entrar como un elefante en una cacharrería”, ha manifestado este miércoles tras el Consejo de Gobierno.

Vaquero recuerda que Azcón prometió en la campaña electoral de 2023 impulsar una comisión de investigación sobre los proyectos de renovables y así lo hizo al comienzo de su gobierno “en el que participaron todos los grupos parlamentarios, así como muchas personas y expertos. Pero en este momento hay que ser rigurosos y no vamos a cuestionar el trabajo de jueces y policías. Respetaremos los tiempos y si queda alguna por resolver, veremos lo que haga falta”. Desde el acto en el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, Azcón quiso mostrarse menos tibio y se abrió, si fuese necesario, a reabrir la comisión de investigación.

En relación con la mencionada comisión que tuvo lugar en las Cortes de Aragón en 2024, en la que se personaron alcaldes del Clúster del Maestrazgo agrupados en una asociación la Asociación 'Viento Alto', defendiendo el proyecto de renovables de Forestalia, Vaquero ha reconocido que entre ellos también hay alcaldes del PP, pero se ha remitido a la justicia y a respetar la continuidad de las investigaciones. Además, recuerda que el gobierno autonómico no autorizó el proyectos porque es competencia del Ministerio.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha aclarado este miércoles que los proyectos de la empresa Forestalia que están bajo investigación judicial han quedado suspendidos al estar recurridos por vía administrativa, a la vez que ha pedido una auditoría interna en su ministerio para conocer “qué está ocurriendo”.

Así se ha pronunciado la vicepresidenta durante una intervención de 'Los desayunos informativos de Europa Press' al ser cuestionada por si su departamento tiene previsto paralizar la ejecución del macroparque eólico Clúster del Maestrazgo, en la provincia de Teruel, tras la petición de la Fiscalía y la Guardia Civil.

“Lo que sí puedo decir es que gran parte de los proyectos están bajo recurso, con lo cual, de momento, hay una suspensión de los proyectos”, ha revelado la ministra para la Transición Ecológica.

Precisamente este martes el juez instructor de las diligencias abiertas al grupo empresarial Forestalia ha remitido una providencia a las partes personadas en la causa aplazando la vista de medidas cautelares fijada para el viernes.

El magistrado expresa en su providencia que “este instructor no está en disposición de determinar adecuadamente las partes que pudieren verse afectadas por la eventual adopción de medida cautelar que resulta del informe pericial --informe medioambiental de la UCOMA respecto al Clúster del Maestrazgo--.

La causa tiene su origen en la posible manipulación de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), necesarias para la tramitación de proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos, y apunta a irregularidades y el posible cobro de comisiones.

Aagesen ha asegurado que “desde el primer momento” el Ministerio que dirige ha mostrado la “máxima predisposición de colaboración con la Justicia” y que “toda la documentación que se ha requerido y que se requiera” estará “plenamente disponible”.

Además, la vicepresidenta tercera ha desvelado que “internamente” ha pedido un análisis “para conocer qué está ocurriendo” y si todos los procedimientos en los que se adjudicaron estos proyectos “están conforme a derecho”, para tener “una visibilidad de qué ocurrió, por qué ocurrió y evitarlo, por supuesto”.

Sobre el exalto cargo del Ministerio de Transición Ecológica que fue detenido en el marco de la operación desarrollada por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) por presunta corrupción medioambiental relacionada con certificados de parques eólicos y fotovoltaicos, Aagesen ha reconocido que se enteró de la trama por los “periódicos”.

Dicho esto, la vicepresidenta tercera ha aclarado que se trata de “un exfuncionario que se ha identificado” en este procedimiento judicial y “que ya no trabaja en el Ministerio desde hace más de dos años”. Fuentes del caso consultadas por Europa Press confirmaron entonces que el detenido era Eugenio Domínguez, antiguo subdirector general de Evaluación Ambiental en el Ministerio de Transición Ecológica.

En este sentido, Aagesen ha insistido en que “es importante poner el contexto” ya que se trataba de un “subdirector” y “un funcionario que estaba en el Ministerio desde el año 2017”.

El día antes del accidente mortal que ha costado la vida a seis jóvenes en la senda costera de Santander, tras el hundimiento de una pasarela en mal estado junto a la playa de El Bocal, un vecino llamó dos veces al teléfono de emergencias 112 para alertar del mal estado de esa estructura, que a su juicio corría riesgo de colapso. Pasaron el aviso a la Policía Local. Nadie reaccionó ni tomó ninguna medida preventiva. El puente seguía abierto al paso cuando unas horas después se desplomó y provocó la muerte de seis de los siete integrantes de un grupo de estudiantes que había ido a pasear y disfrutar de la tarde en ese entorno natural.

El Ayuntamiento de Santander primero pidió un informe a su propia Polícia Local para saber qué ocurrió. Por qué no se tramitó esa alerta. Antes de tener el documento sobre la mesa, una exclusiva de SER Cantabria desveló que el agente que recibió el aviso simplemente “lo anotó y se le olvidó”. El contenido de esta llamada a la Policía Local, que está grabada y que se ha puesto a disposición judicial por parte del 112, fue bastante explícito: “El puente de madera está roto y el que pase por encima se puede caer a las rocas”, trasladó al Consistorio la gestora de sala del centro de emergencias, que además dio indicaciones precisas de dónde se situaba ese puente al que hacía referencia el vecino, la pasarela de El Bocal que finalmente se vino abajo con un desenlace fatal.

Después de algo más de diez años allí, el pequeño puente de madera que salva un desnivel de más de 20 metros de altura entre dos estrechos acantilados no parece ser responsabilidad de nadie. “Se ha acordado que no nos vamos a pegar políticamente mientras estemos en esta fase del rescate”, declaró la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), en el escenario de la tragedia. Fue la primera noche, apenas unas horas después del accidente, con todo el dispositivo de búsqueda activado y varios cuerpos desaparecidos en el mar. Todo un anticipo de lo que puede pasar a partir de ahora, cuando la aparición de la última víctima ha permitido desactivar todo el operativo.

Lo cierto es que las administraciones implicadas se miran de reojo, con ciertos recelos ante el temor de quedar señaladas por la responsabilidad de la tragedia. Por un lado, el Ayuntamiento de Santander, que impulsó el proyecto y se comprometió a responsabilizarse de su conservación y mantenimiento posterior. Por otro, el Ministerio de Medio Ambiente, que construyó esa pasarela y otras similares a lo largo de un recorrido entre el Faro de Cabo Mayor y la playa de la Virgen del Mar a través de la Demarcación de Costas, pero que las protestas vecinales por lo agresivo de la intervención llevaron a paralizar y abandonar el propósito durante más de una década.

La alcaldesa de Santander reconoce ahora que no ha hecho ninguna tarea de mantenimiento en diez años, más o menos el tiempo que lleva al frente del Consistorio, cuando sustituyó en el cargo al verdadero ideólogo de ese proyecto, el exalcalde y exministro de Fomento Íñigo de la Serna (PP). Gema Igual considera que no es de su competencia porque “no está acabada la obra”. Una obra que se paralizó hace más de una década por las protestas vecinales y la cercanía electoral. Costas liquidó el contrato con la constructora Dragados y a partir de entonces ambas administraciones se lavaron las manos. La senda costera, diez kilómetros de sendero artificial al borde del mar, quedó olvidada a su suerte hasta el día que sucedió la tragedia.

Tregua temporal

En los primeros momentos del suceso, desde el puesto de mando habilitado en los acantilados, la alcaldesa despejó el balón, insistió en que la obra era de Costas y a renglón seguido -sin que ningún medio de comunicación le preguntase por su mantenimiento- pidió “que la política no manche el rescate”. Sus palabras generaron el efecto contrario: abrieron la espita del conflicto de competencias que se avecina y que presumiblemente se dirimirá en los tribunales. Ella fue la primera en sacudirse su posibles responsabilidades.

A la vez, aunque la senda costera “no es de su competencia”, asumió el protagonismo del rescate en primera persona como portavoz, sin apoyo de ningún técnico, y ante la ausencia del delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), de viaje en México con un grupo de militantes socialistas miembros de la Fundación Matilde de la Torre para traer los restos de la política y escritora cántabra. El Ministerio tuvo que desplazar de urgencia desde Madrid al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán (PSOE), que esa misma tarde, sobre el terreno, no aportó información sobre las causas del desplome de la pasarela de madera. Ambos atendieron a los medios sin apoyo técnico, hasta el punto de que el día después de la tragedia los periodistas preguntaron a la alcaldesa qué altura tenía la grieta acantilada por la que cayeron las víctimas y no lo sabía. Se lo tuvieron que apuntar.

El secretario de Estado y alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica, que dirige la ministra Sara Aagesen (PSOE), tampoco ha estado dispuesto a asumir en solitario la 'paternidad' de la senda costera que parece habitar en un limbo administrativo. “A la hora de atender a la seguridad frente a los ciudadanos es responsabilidad de las tres administraciones”, dijo cuando los medios le preguntaron de quién depende la pasarela. “¿De quién depende su mantenimiento?”, inquirió otro periodista. “Si no sabemos cuáles son las causas, intentar encontrar responsables es bastante complicado”, respondió Morán a pocos metros de una estructura de madera que había colapsado con un evidente deterioro por el paso de los años.

A continuación, la alcaldesa de Santander precisó que la “primera fase” era el momento de las víctimas y de la atención a las familias. La segunda será “la identificación de las causas”. “Y nos corresponde a las administraciones aportar la documentación que nos pida el juzgado, antecedentes y circunstancias en las que se produce el accidente”, apuntó Igual. La última fase, añadió, será “reparar” el daño producido a las familias. “No es el momento para entrar en el análisis de las hipótesis, ni de la elucubración, ni de las causas, ni de las posibles responsabilidades, puesto que la propia Policía Judicial está trabajando sobre el terreno”, subrayó la regidora santanderina. En su opinión, “cualquier declaración que hagamos fuera de ese ámbito solo conduce a generar más incertidumbre y, por lo tanto, más preocupación”.

No obstante, añadió que “la hemeroteca existe” y que “los santanderinos saben perfectamemte que es una obra que ejecutó Costas, que tuvo una protesta por los vecinos y que, no finalizada, se suplió con otro proyecto”. “No vamos a achacar responsabilidades porque no es el momento”, concluyó. Dos días más tarde abrió fuego contra Costas. Ya lo tenía claro. En su opinión, el Consistorio no hizo nada porque no le correspondía y todas las responsabilidades recaen en otra administración. Ni siquiera el anuncio de la apertura de un expediente a la agente de la Policía Local de Santander que no respondió al aviso del 112 sobre el mal estado de la pasarela en la víspera de la jornada fatídica recae sobre sus espaldas. “El accidente no fue porque la Policía Local no hizo su trabajo, pero sí podíamos haberlo evitado”, despachó este viernes en una insólita rueda de prensa convocada explícitamente para exculpase.

Compromiso de mantenimiento

Poco después de sus primeras declaraciones en El Bocal, elDiario.es difundió un documento oficial por el que el Ayuntamiento de Santander se comprometió en 2004 a hacerse cargo del mantenimiento de la senda costera cuando terminasen las obras. El Consisorio ha respondido argumentando que no es de su competencia porque las obras del proyecto que comenzó a ejecutar la Demarcación de Costas, y posteriormente paralizó, “no están finalizadas”. Tampoco constan peticiones recientes del equipo de gobierno del PP a Costas para que se concluyeran los trabajos, se retiraran los restos abandonados o se hicieran cargo de la conservación de esas estructuras dado que están en su término municipal, no asumían su responsabilidad y podían suponer un peligro, como finalmente ha quedado demostrado.

La concejala de Medio Ambiente de Santander, Margarita Rojo (PP), ha asegurado que “en el propio proyecto de finalización, de agosto de 2016, se recoge que el objeto del proyecto es la definición y valoración de las obras necesarias para la finalización de las paralizadas” y que “el compromiso de mantenimiento de la senda costera por parte del Ayuntamiento queda explícitamente referido al momento en que las obras estén finalizadas y recibidas por el propio Ayuntamiento”.

“El proyecto lo redacta Costas, lo ejecuta Costas, lo paraliza Costas, lo rehace Costas de nuevo y ahí se para el proceso y las obras quedan inacabadas, por lo que ese compromiso del Ayuntamiento de mantenimiento sigue a la espera de que finalicen”, recalcó la edil. Rojo, además, ha hecho hincapié en que, entre la documentación que se ha podido consultar desde el momento del accidente no consta ningún documento remitido por la Demarcación de Costas para la recepción o aceptación de los trabajos realizados con el fin de que el Ayuntamiento se comprometiera a mantener lo existente. En este sentido, ha señalado que este hecho administrativo debería haberse realizado porque, de lo contrario, “el Ayuntamiento no puede conocer administrativamente qué y en qué condiciones debe llevar a cabo el mantenimiento”.

Demarcación de Costas no se ha pronunciado oficialmente, más allá de las declaraciones iniciales del secretario de Estado de Medio Ambiente unas horas después del colapso de la pasarela. Pese a no ser de su competencia, el Ayuntamiento precintó poco después las otras dos pasarelas cercanas del trazado de la misma senda costera, según su versión, “a solicitud de Costas”. Esa misma petición apenas un día antes, a través de la alerta de un vecino al 112 y la posterior llamada del centro de emergencias a la Policía Local, no fue tenida en cuenta.

Una llamada sin atender

Y es que en las últimas horas se han precipitado los acontecimientos: se encontró a la última joven desaparecida y se conoció que la agente de la Policía Local no hizo nada cuando el 112 le trasladó la llamada del vecino alertando del peligro de colapso del puente. La alcaldesa de Santander admitió este viernes que “la cadena de respuesta no funcionó” y ha anunciado “una revisión completa de la gestión de avisos”. Los periodistas le preguntaron si se habían recibido más advertencias o quejas vecinales a lo largo de estos años sobre el estado de la pasarela. Dijo que no le consta -lo mismo que dijo en un primer momento de la llamada de emergencias- pero adelantó que ha solicitado a los servicios municipales que comuniquen si han recibido en los últimos meses otras reclamaciones.

La mayor parte de la comparecencia en el Ayuntamiento la dedicó a lanzar balones fuera. Costas es responsable de todo, el documento que firmó el Ayuntamiento comprometiéndose a ocuparse del mantenimiento de la senda “no tiene validez” y también aclaró que ella no va a ser culpable “de las responsabilidades individuales que tiene cada uno”. Pero matizó que “si las responsabilidades individuales se derivan en políticas, no tendré problema en asumirlas”.

Eso sí, anunció una medida: va a editar un plano de la ciudad que señale en color rojo las zonas que pertenecen a la Demarcación de Costas y en azul las que gestiona directamente el Ayuntamiento. “Para que los vecinos sepan a quién tienen que reclamar”, dijo en este sentido.

Desde Demarcación de Costas y el Ministerio, sin embargo, han preferido guardar silencio de momento y se han limitado a enviar un mensaje a modo de advertencia: “La alcaldesa ha realizado diversas afirmaciones que no se corresponden con la realidad. Habrá ocasión de aclarar cada una de ellas cuando corresponda y con toda la información necesaria sobre la mesa. En cualquier caso, por nuestra parte, no vamos a contribuir a alimentar una polémica ni a generar más ruido en este momento. Creemos que lo más responsable es mantener la serenidad y centrarnos en el trabajo que tenemos por delante, dejando que los hechos y los datos hablen por sí solos”.

Unos minutos antes, la presidenta de Cantabria, María José Saénz de Buruaga (PP), había entrado en la polémica nada más firmar el acuerdo de Presupuestos con el PRC. Desveló que había prometido a la madre de una de las jóvenes fallecidas, la única que era procedente de Cantabria, que va a hacer “lo humanamente posible porque se sepa lo ocurrido” y criticó las “tentaciones de hacer política partidista” con el suceso. “A mí ese comportamiento me duele, ese comportamiento me avergüenza, porque revela una falta absoluta de ética y, sobre todo, una falta absoluta de respeto hacia esas víctimas y hacia esas familias. Y, desde luego, ni voy a participar de eso, ni voy a caer en eso”, ha afirmado.

Lo cierto es que la beligerancia pública del Ayuntamiento para sacudirse la responsabilidad y la negligente gestión del aviso que ignoró la policía local, con algunas versiones iniciales del contenido de las llamadas que no se ajustaban a la realidad, indica la máxima preocupación por los resultados de la investigación judicial y, especialmente, por la repercusión pública del comportamiento de todas las administraciones implicadas. Por ahora, lo que nadie ha dicho es cómo van a resolver la situación y poner solución al limbo administrativo de la senda costera. 

El futuro del macrohotel ilegal construido hace 20 años en primera línea de la costa almeriense -popularmente conocido como hotel Algarrobico- ha pasado a manos de un Jurado Provincial de Expropiación, después de que la promotora Azata del Sol S.L, dueña del inmueble, haya rechazado el justiprecio del suelo propuesto por el Gobierno.

El Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) ofreció 16.496,67 euros por la expropiación parcial del terreno donde se erige el Algarrobico (16.432 metros cuadrados de superficie) en una zona de dominio público marítimo terrestre, declarada de “utilidad pública” en el Consejo de Ministrios del 11 de febrero de 2025. La promotora había exigido una indemnización muy superior, de 44,5 millones de euros, y hace unos días se ratificó en esa cifra, en un escrito dirigido al Miteco que pone fin a la negociación entre ambas partes.

El Algarrobico es un símbolo de la voracidad inmobiliaria y turística del primer cuarto de siglo, una mole de ladrillo construida a pie de playa con el consentimiento de todas las administraciones, de todo signo político.

Seis meses se ha prolongado el proceso de expropiación desde que la promotora interpuso un recurso de alzada para frenar los planes del Gobierno, que pasaban por derribar el 50% del macrohotel a finales del año pasado, según anunció a pie de playa del Algarrobico la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero.

Seis meses con interrupciones judiciales, porque la firma Azata del Sol acudió a los tribunales para exigir la suspensión cautelar del procedimiento de expropiación, a lo que los jueces se negaron. La falta de entendimiento y la enorme distancia que hay entre la indemnización que ofrece el Miteco y el dinero que exige la empresa ha agotado todos los plazos posibles, y ahora tendrá que constituirse un Jurado Provincial de Expropiación para exponer la última palabra del proceso gubernativo.

Este órgano de arbitraje tiene ahora seis meses de plazo para analizar el caso y dar una resolución, que las partes podrán recurrir por la vía de lo Contencioso Administrativa, devolviendo el embrollo del Algarrobico a los tribunales.

El Jurado Provincial de Expropiacíon, compuesto por seis personas, podrá establecer una nueva cifra de indemnización cuando considere que las propuestas de las partes resulten “notoriamente inferiores o superiores al valor real de los bienes”.

Este órgano de arbitraje lo preside un juez desigando por la Audiencia Provincial de Almería, y contará con cuatro vocales: un abogado del Estado, dos funcionarios técnicos designados por la Delegación de Hacienda de esta provincia, un representante de la Cámara de la Propiedad Urbana; un notario de libre designación por el Decano del Colegio Notarial correspondiente y el Interventor territorial de Almería.

Mitad Gobierno, mitad Junta de Andalucía

El Miteco, que coordina la ministra Sara Aagasen, sólo tiene competencias para expropiar la mitad del solar donde se levanta el Algarrobico, por estar ubicado en el dominio público marítimo terrestre. El edificio, de 20 plantas y 411 habitaciones, empezó a construirse en 2003, pero la Justicia paralizó las obras en 2006, cuando estaban al 94% de ejecución, y finalmente lo declaró ilegal.

La otra mitad del solar está dentro del Parque Natural de Cabo de Gata y es competencia de la Junta de Andalucía, que se descolgó desde el principio de la propuesta de expropiación del Gobierno, augurando que acabaría en los tribunales. En efecto, la empresa Azata del Sol S.L ha litigado desde hace 20 años para preservar su inversión.

En 2014 presentaron una reclamación patrimonial ante la Audiencia Nacional por más de 70 millones de euros, que debían abonar el Gobierno central, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Carboneras por su “anormal funcionamiento”, pero la demanda no prosperó. Los jueces no consideraron a las administraciones responsables de los perjuicios económicos derivados de la paralización del hotel ilegal.

La Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel y la asociación Gent del Matarranya han presentado alegaciones formales contra el proyecto de Red Eléctrica de España (REE) denominado “Eje Escatrón-Els Aubals-La Secuita”, una infraestructura de transporte eléctrico que pretende atravesar Aragón y Catalunya, y que podría suponer un “riesgo ambiental, territorial y social que consideramos inasumible”.

Ambas entidades consideran que el proyecto, pese a ser una única infraestructura lineal de más de 170 kilómetros, ha sido “fragmentado artificialmente” en siete expedientes administrativos repartidos entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y la Generalitat de Cataluña. “Aunque REE intenta presentarlo como si fueran siete proyectos distintos, sabemos —y lo reconoce su propio Estudio de Impacto Ambiental— que estamos ante un único eje eléctrico”, han alertado.

Trocearlo de esta manera, han asegurado, “no responde a ninguna necesidad técnica”, sino que es una forma de “rebajar artificialmente la magnitud de los impactos, impedir una evaluación ambiental realista y completa, vulnerar la legislación vigente y dificultar que la ciudadanía pueda entender y evaluar el proyecto en su conjunto”, han avisado.

Para explicar los impactos acumulativos que desaparecen al fragmentar el proyecto, las entidades han detectado que, si se analiza el eje completo —“como exige la lógica y la ley”—, el impacto es “evidente”, y argumentan que puede generar “un efecto barrera continuo para la fauna a lo largo de más de 170 kilómetros, una pérdida crítica de conectividad ecológica, impactos acumulados sobre especies protegidas como el águila perdicera, afecciones a espacios de la Red Natura 2000, y una presión añadida sobre el paisaje, el suelo agrario y los corredores naturales”.

Sin embargo, el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) analiza cada tramo como si no tuviera relación con el resto. Por ello, creen que evaluar piezas sueltas es una forma de “ocultar la dimensión real del daño, y que lo que afecta al territorio es el conjunto”. Además, la fragmentación del proyecto obliga a vecinos y ayuntamientos a revisar siete expedientes distintos y miles de páginas dispersas. Esto dificulta “enormemente” presentar alegaciones informadas y compromete la autonomía municipal, ha comentado ambas entidades. “La ciudadanía no puede defender su territorio si la información se presenta de forma deliberadamente fragmentada”, han agregado.

Ambas entidades afirman que este eje eléctrico no es una infraestructura aislada, sino que está directamente vinculado a la evacuación de macrocentrales eólicas y fotovoltaicas proyectadas en Aragón, que “soporta una presión enorme por la implantación masiva y desordenada de renovables, y esta línea sería la infraestructura que permitiría seguir ampliando esa saturación”. Añaden que el EsIA “evita analizar” la relación entre la línea y las plantas de renovables que la justifican, pese a que la ley obliga a ello.Tras esta exposición, tanto la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel como Gent del Matarranya han solicitado declarar “insuficiente” el Estudio de Impacto Ambiental, por no evaluar el proyecto en su integridad. Por el momento, la empresa Red Eléctrica no se ha pronunciado sobre el asunto al ser contactada por este medio.

Precedente de la inviabilidad

En 2021 se evaluó un proyecto prácticamente idéntico —el “Clúster Begues”— y fue declarado ambientalmente inviable por la Generalitat de Catalunya debido a sus impactos críticos sobre el águila perdicera y la Red Natura 2000. El Miteco confirmó esa inviabilidad en enero de 2025.

A este respecto, han subrayado que la legislación es clara para subrayar que “no se puede repetir indefinidamente el mismo proyecto, y no se pueden admitir proyectos sustancialmente análogos a otros ya rechazados. Y este lo es”, han zanjado.

La Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel y la asociación Gent del Matarranya exigen a REE un nuevo EsIA “único e integrado”, que analice el eje completo y sus impactos acumulados; inadmitir el proyecto, aplicando el artículo 39.4.c) de la Ley 21/2013, por ser sustancialmente análogo al proyecto rechazado en 2021; y retrotraer el procedimiento si no se inadmite, para corregir el alcance del estudio. Además, reclaman que se garantice una evaluación ambiental transparente, rigurosa y coordinada, respetando los principios de prevención y no regresión.

Para estas entidades, que han presentado estas alegaciones en coordinación con otras plataformas de Aragón y Catalunya con las que comparten análisis, preocupaciones y estrategia, este proyecto “no es una simple línea eléctrica, sino una infraestructura que condicionará el futuro del territorio y que se suma a una presión renovable ya insostenible”. Por ello, han hecho un llamamiento a la ciudadanía, a los ayuntamientos y a las instituciones para que “defiendan el paisaje, la biodiversidad y el derecho de los pueblos a decidir sobre su propio territorio”.

El Nudo Mudéjar de Andorra comienza un proceso de desbloqueo tras la declaración de impacto ambiental (DIA) del Mininisterio de Transición Ecológica y el Reto Demográfica, un documento que, aunque reduce el ambicioso proyecto de energías renovables de la filial de Endesa, Enel, deja la vía abierta para que la eléctrica reformule el proyecto y ponga en marcha el plan de acompañamiento comprometido tras el cierre de la central térmica de Andorra hace casi seis años, que se cobró casi 500 empleos en la zona minera turolense.

La DIA, que está pendiente de publicarse esta semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha frenado posiciones de los parques en proyecto, si bien ello no tiene por qué afectar a la potencia en términos de megavatios (MW), que quedaría en torno a dos tercios de lo previsto. La potencia de evacuación está vinculada a los 1.200 MW que generaba la térmica, pero el proyecto impulsado por Enel Green Power España (EGPE), filial de Endesa, dentro del denominado Nudo Mudéjar, solicitaba una cantidad superior, 1.844 MV —entre eólica, fotovoltaica y almacenamiento en baterías—, con lo que aspiraba a convertirse en el mayor desarrollo renovable de España. Dicho macrocomplejo quedará reducido a casi el 60% tras la DIA del Miteco, que considera ambientalmente incompatibles buena parte de las instalaciones previstas.

El plan original contemplaba siete parques eólicos, siete plantas solares fotovoltaicas (hibridadas con los parques eólicos), dos sistemas de almacenamiento con baterías, 14 subestaciones eléctricas y 154 kilómetros de líneas de alta tensión.

La inversión prevista oscilaba entre 1.300 y 1.800 millones de euros y formaba parte del concurso público convocado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) tras el cierre de la central de carbón en junio de 2020. El objetivo era doble: descarbonizar el sistema eléctrico y compensar la pérdida de empleo en las comarcas mineras.

Sin embargo, la evaluación ambiental ha obligado a eliminar 104 de los 156 aerogeneradores proyectados, descartar por completo dos parques eólicos (Empeltre y El Castillo), suprimir una planta solar (San Martín), reducir hasta un 50% la superficie de otras cuatro plantas fotovoltaicas y recortar la mayor instalación de baterías, lo que supone que 1.000 MW quedan fuera del desarrollo inicial, tal y como informa 'Heraldo de Aragón'.

Plan garantista: impactos críticos sobre la biodiversidad

La razón del recorte es claramente ambiental por el impacto acumulativo sobre especies protegidas y espacios de alto valor ecológico. La resolución ambiental concluye que varias infraestructuras afectan a zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), áreas críticas y territorios de nidificación y espacios vinculados a la Red Natura 2000.

Entre las especies sensibles figuran el águila real, el águila perdicera, el alimoche, el cernícalo primilla y la alondra ricotí, algunas catalogadas como vulnerables o en peligro de extinción.

Los riesgos no se limitan a la colisión con aerogeneradores o líneas eléctricas. También se señala fragmentación y pérdida de hábitats, alteraciones geológicas y contaminación lumínica significativa en un radio de hasta 35 kilómetros. Este último aspecto es especialmente relevante porque podría comprometer la aspiración de la zona a convertirse en destino de turismo astronómico.

Además, el proyecto deberá cumplir condiciones estrictas como el soterramiento parcial de líneas de alta tensión, instalación de dispositivos salvapájaros cada cinco metros y distancias mínimas de hasta cinco kilómetros respecto a nidos y áreas de descanso de determinadas aves.

A juicio del alcalde de Andorra, Rafael Guía, el plan es “garantista” porque el respeto riguroso de estrictos parámetros ambientales puede evitar futuras judicializaciones.

Desbloqueo a un plan para la comarca

Pese al varapalo, el proyecto no se paraliza. Alrededor de 800 MW han obtenido aval ambiental tras quince meses de análisis técnico y múltiples informes autonómicos y estatales, por lo que el Nudo Mudéjar seguirá siendo una de las mayores actuaciones renovables del país, aunque lejos de la magnitud inicialmente prevista.

Sin embargo, la reducción de potencia no es solo un ajuste técnico: tiene consecuencias económicas directas. EGPE había estimado más de 6.300 empleos durante la fase de construcción hasta 2029; alrededor de 500 empleos duraderos vinculados a un plan de acompañamiento industrial e iniciativas asociadas como fábricas de componentes, plantas de reciclaje de paneles solares, centros logísticos o ampliaciones turísticas.

La empresa depositó 221 millones de euros en garantías ante el ministerio para asegurar el cumplimiento de los compromisos socioeconómicos. Ahora, con el proyecto recortado casi a la mitad, el alcance real de esas inversiones queda en revisión.

No obstante, el alcalde de Andorra valora positivamente que el ministerio “haya desbloqueado el proyecto, porque era el pretexto para no desarrollar el plan de acompañamiento” que la comarca lleva esperando casi seis años. Rafael Guía recuerda que el cierre de la central generó la pérdida de casi 500 empleos directos e indirectos. Desde entonces, de los 370 trabajadores estables, muchos han sido desplazados por la empresa a otros parques pero los de las subcontratas han tenido que salir fuera a trabajar, si bien, la mayoría siguen empadronados en la localidad. “No somos optimistas, somos prudentes, porque la actividad económica no es la misma que hace cinco años”, admite Guía, quien aplaza su valoración final hasta conocer la reformulación del proyecto que deberá presentar Endesa.

‘Renovables sí, pero no a cualquier precio’

El caso del Nudo Mudéjar ilustra un punto clave de la transición energética para sustituir el carbón por renovables pero no es simplemente cuestión de instalar megavatios. La planificación debe equilibrar producción eléctrica, biodiversidad y desarrollo territorial.

El Ministerio ha optado por permitir el avance del proyecto, pero imponiendo una “compatibilidad efectiva” entre generación renovable y preservación ambiental, tal como recoge la DIA comunicada a Endesa el pasado 17 de febrero. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará la declaración dos años después de que el Miteco abriese el proceso de información pública. Fuentes de Endesa, que no han querido ofrecer una valoración sobre la decisión ministerial, han confirmado que tienen un mes para analizar la declaración ambiental y trabajar en un replanteamiento, fase en la que ya se encuentran trabajando equipos de la eléctrica.

El ajuste aplicado al Nudo Mudéjar marca un precedente, del que estarán más o menos satisfechos los colectivos y plataformas que hace una semana anunciaron una demanda penal conjunta contra los macroproyectos renovables de la empresa aragonesa Forestalia, si bien el nudo de Enel, como el de otras grandes empresas, no se incluyen en las reclamaciones de un despliegue renovable que consideran prioritario, pero no a cualquier precio.

Como en un thriller judicial, el indulto llegó tarde. El Tribunal Supremo acaba de establecer que no puede decretarse la caza indiscriminada de lobos con el único pretexto de evitar daños al ganado. Los criterios fijados por los magistrados impiden abrir la veda “a un determinado número de individuos”, sin más concreción como han hecho Cantabria y Asturias en la temporada 2025-2026: 65 lobos han sido cazados con esta fórmula hasta ahora en ambas comunidades.

La decisión del Alto Tribunal se refiere a autorizaciones de 2021 por lo que, una vez más, la justicia llega tarde para el medio ambiente. Ambos gobiernos autonómicos han aprovechado una enmienda incrustada en la ley contra el desperdicio alimentario en 2025 –que modificó el listado de especies protegidas– para aprobar la muerte general de unos cien lobos que, lógicamente, no han contemplado los criterios conocidos en febrero de 2026.

La autorización del Principado de Asturias planeaba acabar con el 15% de la población de lobos, según sus cálculos, y la de Cantabria con el 20%.

Con ese permiso bajo el brazo –la enmienda legal está a la espera de una decisión del Tribunal Constitucional– en Cantabria han matado ya 35 de los 41 ejemplares condenados (a los que hay que sumar ocho “muertos por causas ajenas al control”, según el Ejecutivo regional). En Asturias han matado 28 lobos más otros 11 caídos “por otras circunstancias”.

Y la idea de ambos gobiernos, al menos justo antes de esta sentencia del Supremo, era seguir matando. A finales de enero, la consejera de Desarrollo Rural de Cantabria, María Jesús Susinos (PP), afirmaba tras contabilizar esos 43 lobos menos que “la población no disminuye lo que tendría que disminuir para que se reduzcan los ataques” y que “el número de lobos que campan a sus anchas por Cantabria hace insostenible su coexistencia con la ganadería en extensivo”.

Hace aún menos tiempo, a comienzos de febrero, el consejero de Medio Rural y Política Agraria asturiano, Marcelino Marcos (PSOE), avanzaba que “quedan dos meses por delante. Nuestro objetivo es tratar de cumplir el programa de control poblacional [que llega a 53 ejemplares matados]”.

¿Quién se va a hacer responsable de esas cazas, para nosotros, ilegales? ¿Cómo van a compensar esos daños? La pena es que cuando nos dan la razón, los ejemplares muertos son ya irrecuperables

Luis Suárez — Coordinador de conservación de WWF

“¿Quién se va a hacer responsable de esas cazas, para nosotros, ilegales? ¿Cómo van a compensar esos daños?”, se pregunta el coordinador de conservación de WWF, Luis Suárez. Este biólogo considera que el Supremo “ha venido a darnos la razón cuando los grupos ambientalistas recurrimos estas decisiones de los gobiernos, la pena es que cuando nos dan la razón los ejemplares muertos son ya irrecuperables”. Y se queja de que casi ningún tribunal (excepto en Galicia) les ha concedido medidas cautelares que “habrían evitado todas esas cacerías”.

La casación explica que “la muerte del lobo solo es posible cuando constituya la única solución para evitar daños al ganado” por lo que, antes de cazar ejemplares hay comprobar que se han aplicado las medidas para evitar ataques. El rifle es el último recurso.

En este sentido destaca que la sentencia contra la autorización cántabra afea que “en 14 de las 18 explotaciones ganaderas afectadas por los ataques del lobo no han adoptado ninguna medida para evitarlo”. Y de las cuatro que sí, “solo una vigila diariamente el ganado”. El fallo resume: “En definitiva, ha sido omitida la imprescindible valoración de otras soluciones diferentes al sacrificio del lobo para evitar los ataques en la mayoría de las ganaderías”.

Además, “la extracción o muerte de ejemplares debe ser selectiva, por lo que no es posible permitir que se aplique de forma indiscriminada a un determinado número de individuos sin otra concreción” que es de lo que se han quejado los ecologistas cuando se publicaron las autorizaciones múltiples en 2025: decenas de lobos condenados sin especificar cuáles o qué características debe tener cada ejemplar abatido.

Los magistrados recuerdan que “la muerte de determinados ejemplares de la manada puede ser particularmente perjudicial”.

¿Cuál es la situación real?

Suárez insiste en que “el problema es el enfoque: matar como principal medida de reducción daños y para solucionar el conflicto social, primero es ilegal y segundo no reduces daños”.

Entre los criterios sobre la caza del lobo ahora señalados por el Tribunal Supremo se ha incluido que tiene que realizarse una “comprobación del buen estado de conservación de la especie”. No es suficiente, amplían, con mirar la población en “uno o varios municipios concretos”, sino que debe aplicarse “un estudio más extenso”.

A este respecto, hace solo un par de semanas, el Ministerio de Transición Ecológica solicitó por carta a las comunidades autónomas con lobos que informaran del “número de ejemplares que han sido extraídos letalmente del medio natural en tu comunidad autónoma durante el último año, incluyendo su edad y sexo y, en su caso, si se trataba de hembras gestantes” además de calcular el territorio de las manadas afectado por los incendios forestales de verano de 2025 para conocer el estado del Canis lupus.

Transición Ecológica quiere que los gobiernos autonómicos revisen sus censos ya que, sostienen, no cumplen con el rigor científico“ y por lo tanto, no ofrecen una imagen real de cómo está la especie en toda España. Este es el argumento utilizado por el Gobierno para no remitir a la Comisión Europea el informe sexenal sobre el estado de las especies de interés al que obliga la legislación de la UE. Bruselas ha abierto un expediente sancionador a España por este retraso.

No es la primera acción judicial contra macroproyectos renovables en Aragón, pero sí es la primera vez que 17 entidades se coordinan para acudir conjuntamente a la vía penal y señalar a las administraciones responsables de la tramitación “ventajosa” de los proyectos de la empresa aragonesa Forestalia. Los demandados son tres organismos: el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), a través de sus direcciones generales de Energía y de Evaluación Ambiental; el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga); y la Dirección General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón, además de la propia empresa denunciada.

La Plataforma 13 de marzo —nombre que alude a la primera manifestación celebrada en Aragón contra los macroproyectos renovables— integra colectivos de las tres provincias aragonesas. Esta nueva denuncia incorpora aspectos que no figuraban en las dos demandas anteriores, como el supuesto trato diferencial a favor de Forestalia; la externalización de evaluaciones ambientales por parte del Inaga que, según los denunciantes, deberían ser realizadas por funcionarios; la presentación de adendas con cambios sustanciales sin someter nuevamente los expedientes a información pública; y el presunto fraccionamiento de proyectos para eludir controles más estrictos.

Los demandantes solicitan paralizar, de forma cautelar, todos los proyectos de Forestalia que no hayan comenzado a ejecutarse, “en tanto no exista garantía jurídica de su plena legalidad”.

Denuncias anteriores

En febrero de 2025, la Plataforma Paisajes de Teruel presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, que fue derivada a la Fiscalía del Tribunal Superior de Madrid. Con anterioridad, Teruel Existe interpuso una demanda en el Juzgado de Instrucción número 1 por el proyecto del Maestrazgo.

Esta tercera denuncia pretende unificar distintos hechos que, según los colectivos, fundamentan su reclamación. Entre ellos destaca la construcción de grandes líneas de evacuación con múltiples ramificaciones, torres de hasta 80 metros y tendidos eléctricos que superan los 300 kilómetros, conectando Aragón con Euskadi, Valencia y Cataluña.

En el caso del Inaga, la plataforma denuncia una supuesta “tergiversación” de informes, como el relativo al Clúster del Maestrazgo. Según han explicado los representantes de la plataforma Paisajes de Teruel, Javier Oquendo; de la Plataforma Cinco Villas, José Luis Ruiz, y de la Huerta de Movera, Violeta Marqués, el documento inicial era “muy restrictivo” y planteaba numerosas objeciones. Posteriormente, aseguran, fue modificado sin que se haya aclarado cómo ni por decisión de quién, lo que atribuyen a la “voluntad” del director del organismo.

Líneas de evacuación o de transporte

Uno de los argumentos centrales es que Forestalia habría presentado como líneas de evacuación lo que, en opinión de la plataforma, son en realidad líneas de transporte de energía. Recuerdan que, según la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, Red Eléctrica de España debe actuar como transportista único. Por ello, José Luis Ruiz sostiene que el MITECO “no debería haber autorizado la línea de transporte privada de Forestalia”, denominación que, según afirma, figura en las propias evaluaciones ambientales de la empresa.

También critican que algunos proyectos obtuvieran autorizaciones fuera del plazo establecido por el Real Decreto 23/2020. Según explican, al no conseguir la Declaración de Impacto Ambiental en el plazo máximo de 49 meses, se habrían modificado los expedientes y vinculado a otros proyectos distintos de los originales. A su juicio, estos hechos podrían constituir un delito de prevaricación en la concesión de autorizaciones.

Asimismo, denuncian que determinadas líneas que atravesarían Navarra, Euskadi y La Rioja fueron finalmente descartadas por la presión de las comunidades autónomas afectadas, mientras que en Aragón se habría aprobado legislación “ad hoc” favorable a Forestalia, asumiendo competencias que consideran estatales.

Javier Oquendo ha apuntado también a un posible delito de falsificación en la tramitación. Como ejemplo, cita la línea entre Biota y Olite, presentada por dos compañías distintas —Green Capital y Forestalia— con proyectos similares: una obtuvo declaración ambiental positiva y la otra no. “Clara prevaricación a favor de una empresa”, ha afirmado.

Por su parte, Violeta Marqués ha hecho hincapié en el supuesto fraccionamiento de proyectos para eludir evaluaciones y cita como zonas gravemente afectadas como las comarcas de Monegros (16 parques contiguos), en Cinco Villas (14 proyectos de un solo promotor con 100 parques y más de 640 aerogeneradores ) o Campo de Romanos (donde se presentaron ocho plantas solares de forma independiente que comparten la misma línea de evacuación, de 28 kilómetros hasta Cariñena) o en Andorra, con 14 plantas fotovoltaicas. Según la plataforma, estos casos “vulnerarían” la prohibición legal de acumular procedimientos cuando existe una clara conexión entre proyectos —mismos promotores, misma línea de evacuación y mismo territorio—.

También denuncian la implantación de proyectos en espacios protegidos como la Red Natura 2000, en zonas agrarias de especial protección —como Cinco Villas y Monegros— y en suelo no urbanizable protegido, como ocurre en la huerta de Movera (Zaragoza). Además, critican actuaciones en terrenos afectados por la Ley de Montes, incluyendo zonas quemadas o montes de utilidad pública que, aseguran, se estarían utilizando en beneficio de intereses privados.

La plataforma cuestiona igualmente que algunas Declaraciones de Impacto Ambiental hayan sido tramitadas por empresas públicas como Sarga o Tragsatec, práctica que consideran irregular, ya que las evaluaciones deben realizarlas funcionarios de carrera.

Por otro lado, denuncian la “modificación sustancial” de proyectos inicialmente incompletos que, tras ser ampliados, no volvieron a someterse a exposición pública. También sostienen que se habrían recuperado proyectos que ya habían perdido sus derechos de conexión por superar los plazos legales, utilizándolos como “percha” para reactivar líneas previamente caducadas.

Finalmente, recuerdan que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha señalado la falta de información para acreditar la capacidad patrimonial de algunas empresas, “centenares de microempresas” entre las que la promotora energética podría dividir proyectos de millones de euros. Según Ruiz, existen serias advertencias del organismo y, sin embargo, han superado trámites y obtenido licencias.

Desde la Plataforma 13 de marzo critican además la ley energética aragonesa —tanto del anterior como del actual Gobierno— y rechazan que, a su juicio, se legisle en beneficio de grandes multinacionales tecnológicas con alto consumo energético, lo que, advierten, podría llevar a una electrificación masiva del territorio con un impacto paisajístico que califican de “terrorífico”.

Enerfin Renovables IX, la empresa promotora del parque eólico Piruquito, que afectaba a los municipios cántabros de Guriezo, Ampuero, Rasines, Voto, Ruesga y Solórzano, ha desistido del proyecto, que ha sido archivado, tras haber recibido Declaración de Impacto ambiental desfavorable por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este martes la resolución del Ministerio por la que se acepta el desistimiento de la solicitud de autorización administrativa previa para este proyecto, de 58,9 megavatios y con nueve molinos, y sus infraestructuras de evacuación.

Tras presentar el promotor la solicitud de autorización administrativa previa del proyecto se trasladó el expediente al área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Cantabria, como órgano competente para la tramitación del mismo.

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental emitió el pasado noviembre declaración de Impacto Ambiental desfavorable a la realización del proyecto, “al haberse identificado la posibilidad de impactos negativos significativos sobre el medio ambiente para los que las medidas propuestas no presentan garantía suficiente de su adecuada prevención, corrección o compensación”.

En la fase de informes, el Gobierno de Cantabria (PP) también emitió el suyo desfavorable a la solicitud de autorización administrativa previa y a la declaración de impacto ambiental del proyecto.

El promotor, a la vista del sentido y alcance de la DIA desfavorable del Ministerio, que impide continuar con la tramitación “por causa no imputable” a la empresa, presentó desistimiento del proyecto y solicitó el archivo del expediente procediéndose a la devolución de la garantía depositada por importe de 2.186.000 euros.