La Conferencia Sectorial de Energía ha aprobado la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) para repartir 368 millones de euros, de los que 14,3 corresponden a Aragón, para actuaciones de climatización y eficiencia energética en hospitales, centros de salud, consultorios locales y otros inmuebles de la red pública de salud, y para colegios y otros centros docentes públicos, correspondientes a los programas PREE Sanitario y PREE Docente, respectivamente.

La reunión de la Conferencia Sectorial de Energía ha tenido lugar este martes en formato telemático entre las comunidades y ciudades autónomas y con la presidencia del secretario de Estado de Energía, Joan Groizard.

Ambas líneas de ayuda se nutren del Fondo Nacional de Eficiencia Energética y los gobiernos locales establecerán los criterios, alcance, intensidad y requisitos específicos para acceder a las ayudas en sus respectivas convocatorias. Igualmente podrán determinar el régimen de aplicación, bien por concesión directa o bien por concurrencia competitiva.

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, adscrito al Miteco, actuará como coordinador y transferirá los fondos a cada territorio.

La temperatura como criterio

Las comunidades y ciudades autónomas han solicitado incorporar criterios adicionales, como la temperatura, en próximas convocatorias de la misma índole, y el Miteco se ha comprometido a estudiar en un futuro la posibilidad de ampliar los recursos económicos asignados a las dos líneas, siempre que haya fondos disponibles y solicitudes al respecto por parte de los gobiernos regionales.

El reparto de los 168 millones del PREE Sanitario, basado en el número de camas hospitalarias del Sistema Nacional de Salud y el número de centros de salud y consultorios locales de la estadística más reciente del “Informe Anual del Sistema Nacional de Salud del año 2024” del Ministerio de Sanidad, supone que a Aragón le corresponden 7.441.544 euros.

Por su parte, el reparto de los 200 millones del PREE Docente, proporcional al número de centros de cada territorio, supone que a Aragón se le asignan 6.908.677 euros.

En el ámbito de la redes e infraestructuras eléctricas, Groizard ha revelado que tras estudiar más de 2.500 alegaciones a la Propuesta de Planificación con horizonte 2030 –cinco veces más que en la anterior Planificación con horizonte 2026– se han incrementado las inversiones previstas para atender más solicitudes de acceso y acelerar el proceso de electrificación de la economía.

Grandes demandas de energía

Así, las posiciones de la red de transporte para atender las peticiones a las redes de distribución, muy relevantes para la industria o la vivienda, se han aumentado un 52%, y las posiciones para atender las grandes demandas de energía alimentadas directamente desde la red de transporte crecen un 12%.

Igualmente, suben un 75% las posiciones previstas para ejes ferroviarios y electrificación de puertos, un 17% las subestaciones, un 11% los kilómetros de nuevas líneas y un 6% la capacidad de las redes existentes, gracias a su mejora y repotenciación.

Groizard también ha apuntado que el próximo Real Decreto sobre planes de inversión en redes de transporte y distribución de electricidad prevé que las distribuidoras presenten una adenda a sus planes para 2027, al objeto de que los gobiernos regionales puedan conocerlos e informar sobre ellos.

Finalmente, la Conferencia ha analizado el grado de certificación de las líneas de ayuda territorializadas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, constatando el avance de las gestiones necesarias para acreditar el cumplimiento de los objetivos ante la Comisión Europea.

En este sentido, se ha informado de las negociaciones con el Ejecutivo comunitario sobre la posibilidad de aprovechar los remanentes de aquellas líneas con los hitos cumplidos, recogida en el Real Decreto-ley 18/2026 y aún pendiente de concretar.

La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha asegurado que el Gobierno central “va a estar” presente en la recuperación del territorio afectado por el incendio de La Mierla (Guadalajara) cuando acaben las labores de extinción y sufragará “el 50% del coste de la recuperación de una zona de tanto valor como es esta Sierra Norte”.

La ministra a preguntas de los medios tras visitar el centro de mando avanzado del incendio este martes, ha asegurado que “una emergencia no se acaba con la extinción, se acaba con la recuperación”.

“Y, por lo tanto, el Gobierno de España va a estar ahora, en un momento vital y que es clave ayudando a esta extinción, pero también va a estar después en esa recuperación en territorio”.

Aagesen ha explicado que debe llegar primero la extinción antes de abordar la declaración como zona gravemente afectada --anteriormente conocida como zona catastrófica-- para “conocer el perímetro real de afectación”.

Todavía se desconoce el coste de los trabajos de recuperación que serán necesarios llevar a cabo en el territorio afectado por este incendio forestal. No obstante, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, cifró este lunes el coste de las labores de extinción desarroladas hasta ese momento en casi 50 millones de euros.

Uno de los mayores incendios de la historia de España

En cuanto a las labores de extinción, Sara Aagesen ha calificado de “extraordinario” el trabajo conjunto realizado por los profesionales de las distintas administraciones para luchar contra las llamas y ha querido también mostrar su apoyo a las personas que han sido evacuadas y confinadas en las poblaciones afectadas.

En este contexto, ha destacado que por parte del Gobierno hay desplazados más de 670 efectivos y más de 220 vehículos, así como 13 medios aéreos.

Todo ello en un contexto en el que las más de 29.000 hectáreas quemadas convierten a este incendio en el de mayor extensión de este año. “El mayor de Castilla-La Mancha y, posiblemente, uno de los mayores de la historia reciente de nuestro país”.

“Yo creo que, ante este contexto, lo que tenemos que abogar es por la máxima cooperación y colaboración en un momento donde las condiciones meteorológicas son extraordinariamente complicadas”, ha manifestado.

El incendio forestal declarado este lunes por la tarde en Ejulve, en la misma zona de monte bajo que ya resultó afectada en 2009, afecta ya de forma provisional a 1.400 hectáreas. El fuego ha obligado a ampliar las evacuaciones con el desalojo de La Cañadilla y Cirugeda, dos pedanías de Aliaga, que se suman al municipio de Molinos, evacuado durante la madrugada. El Gobierno de Aragón mantiene activado el PROCINFO en Situación Operativa 2, Nivel 2.

Durante la mañana, la situación más complicada se ha concentrado en los sectores 3 y 4, en dirección a Cuevas de Cañart, donde el refuerzo de efectivos y el empleo de maquinaria pesada han permitido consolidar gran parte del perímetro. Sin embargo, el cambio del viento a componente nordeste registrado a mediodía ha favorecido una rápida propagación desde la cola del incendio hacia la carretera entre Ejulve y Aliaga, lo que ha obligado a ordenar la evacuación preventiva de La Cañadilla y Cirugeda mediante el sistema ES-Alert.

Durante la tarde, el incremento de la humedad provocado por la actividad tormentosa, aunque con escasa precipitación, ha contribuido a reducir la intensidad de la cabeza del incendio. “El incendio de Ejulve sigue estando activo y tenemos que seguir trabajando mucho, pero hoy está en mejores condiciones, bastante mejores condiciones que ayer. La tormenta que se ha producido durante la tarde ha ayudado de forma importante a la evolución del incendio”, ha señalado el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro.

El último vuelo de coordinación realizado por la dirección de extinción ha constatado que los sectores 1 y 2 continúan siendo los más activos, aunque permanecen contenidos y sin propagación. La estrategia para la noche se centrará en mantener esa situación y reforzar especialmente los sectores 3 y 4 ante la previsión de cambios en la dirección del viento.

Para las labores de extinción, el operativo de INFOAR mantiene desplegados cuatro helicópteros ligeros, un helicóptero de coordinación, 13 cuadrillas terrestres, cuatro cuadrillas helitransportadas, siete autobombas y maquinaria pesada. A estos recursos se suman los medios aportados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y por las comunidades autónomas de Murcia, Comunitat Valenciana y Cataluña.

Bermúdez de Castro ha destacado que, pese a la coincidencia de grandes incendios activos en distintos puntos del país, Aragón continúa contando con apoyo de otras comunidades autónomas. Para el relevo nocturno está prevista la participación de ocho brigadas terrestres de INFOAR, una Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) procedente de Lubia y cinco bulldozers, con el objetivo de rematar los puntos activos de los sectores 1 y 2 y seguir asegurando el perímetro en los sectores 3 y 4.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) mantiene desplegadas dos secciones, integradas por 110 efectivos, y trabaja para incorporar una tercera durante la jornada del miércoles. Al dispositivo también se han incorporado los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, con una Unidad de Intervención Forestal formada por un vehículo de mando, una autobomba, una nodriza y nueve efectivos, así como los Bomberos de la Diputación Provincial de Teruel, con 18 profesionales y varios vehículos de extinción y apoyo.

La evacuación preventiva de Molinos continúa vigente. Durante la tarde también han sido desalojadas las pedanías de La Cañadilla, con cinco personas evacuadas, y Cirugeda, con once. En total permanecen evacuadas 266 personas, de las que 115 pasarán la noche alojadas en los recursos habilitados en Alcorisa y Aliaga, mientras el resto permanece con familiares o por sus propios medios.

Permanecen igualmente en situación de preaviso Cuevas de Cañart, Ladruñán y Dos Torres de Mercader, mientras que continúan evacuadas las masías Mas de Andabe, Mas de la Viuda y Mas Torrecilla. La atención a la población desplazada se coordina con los servicios sociales de las comarcas afectadas, Cruz Roja, el 061 y el resto de servicios de emergencias.

El incendio se declaró el lunes por la tarde cerca del kilómetro 20 de la carretera A-1702, en el puerto de Majalinos. La zona ya resultó afectada por el devastador incendio de 2009, el más grave registrado en España ese año, que arrasó unas 7.300 hectáreas. Según el Gobierno de Aragón, esa circunstancia reduce la carga de combustible vegetal disponible, aunque no elimina el riesgo de propagación del fuego.

Como consecuencia del incendio permanecen cortadas la carretera A-1702, entre los puntos kilométricos 10 y 29, y la A-2403, entre el punto kilométrico 23,7, en el cruce con la carretera de Cirugeda, y el punto kilométrico 38, en Ejulve.

El incendio de Plan continúa activo

Por otro lado, el incendio forestal de Plan, en la comarca altoaragonesa del Sobrarbe, continúa activo y mantiene una superficie provisional estimada de entre 80 y 100 hectáreas, sin que haya aumentado el perímetro. La compleja orografía sigue condicionando las labores de extinción y dificulta el trabajo de los medios terrestres por el riesgo de caída de materiales.

Durante este martes han trabajado hasta siete medios aéreos y el objetivo es mantener un importante despliegue durante la jornada del miércoles, aunque el Gobierno de Aragón no espera que pueda darse por controlado a corto plazo debido a las condiciones meteorológicas previstas.

Francesc Xavier Boya (Les, Valle de Arán, Lleida, 1960) fue concejal de su pueblo durante 18 años. Un municipio de poco más de 1.000 habitantes incrustado en Los Pirineos. Puro entorno rural. Pura España que se vacía. Ahora, Boya es secretario general para el Reto Demográfico y el Consejo de Ministros acaba de aprobarle la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial.

La idea es que “el espacio rural sea un espacio atractivo para la vida de las personas” cuenta en una charla con elDiario.es. La fórmula que han elegido es que esas personas tengan los servicios necesarios para vivir y los medios para “un futuro vital” a, como mucho, “30 minutos”. Sobre el papel suena a estrategia válida, pero ¿cómo trasladarla a la compleja realidad española? Francesc Boya desmenuza los mecanismos que han diseñado al tiempo que reivindica el papel que juega el medio rural para salvaguardar la naturaleza, mitigar el cambio climático e integrar a las personas migrantes.

La estrategia pivota en torno a la idea de que para vivir en el medio rural los servicios deben estar a 30 minutos. ¿Media hora es la clave del reto demográfico?

Pretendemos que el espacio rural sea un espacio atractivo para la vida de las personas. En la decisión de dónde vivo pesan muchos elementos: algunos son objetivos y otros son subjetivos. En los subjetivos difícilmente podemos entrar, pero existen elementos que, al final, acaban conformando un círculo virtuoso del modelo de calidad de vida. Y la idea de los 30 minutos nos parece que es una buena fórmula: se centra en saber en cuánto tiempo tienes acceso a esas cosas que te permiten tener calidad de vida, como son la vivienda, los servicios, la adquisición de los bienes de las necesidades cotidianas, el ocio o la cultura. Un territorio que es capaz de conciliar todas esas cosas hace que la calidad de vida de una persona sea óptima.

¿Con esa fórmula creen que puede bastar para que haya personas que elijan el campo para vivir?

La posible decisión de 'me voy al entorno rural' también descansa en radicarse en una zona en la que, además de la calidad, ofrezca las oportunidades para desarrollar un proyecto vital.

Necesitamos un diseño de movilidad muy de abajo arriba, es decir, cada área funcional seguramente va a requerir un cóctel de movilidades que se complementen

¿Qué tipo de servicios han analizado que pueden acercarse al ciudadano y cuáles deberá ser el ciudadano el que se aproxime a ellos?

No hemos hecho aún una jerarquización. Hay servicios, como por ejemplo la educación, que deben estar en un pueblo y, por tanto, no a 30 minutos, sino a cinco o a diez. Hay otro tipo que tiene que estar a una distancia media porque son servicios compartidos en esa área de 30 minutos. Y luego hay servicios que a lo mejor no están a 30 minutos. Por ejemplo, no podemos tener una universidad en cada área funcional [la zonificación trazada sobre el mapa de España para desarrollar la estrategia] de este país. Los grandes hospitales seguirán estando en las ciudades. Pero la lógica está ahí: que, de alguna manera, se responda a esa necesidad que tienes en tu vida cotidiana.

Para conseguir eso la movilidad va a ser crucial.

Una movilidad de proximidad. Que tengamos garantizado que con ese transporte voy a poder acceder, por ejemplo, al centro de salud que tiene mi capital de comarca o mi núcleo de prestación de servicios. Y en eso es donde la estrategia ya plantea una primera inversión importante con las comunidades autónomas para mejorar toda esa movilidad de proximidad, que yo creo que es una de las grandes claves.

¿Cómo imagina que será esa movilidad en la que uno de los objetivos es que puedas liberarte si quieres de tu vehículo privado?

Esa es la cuestión. Necesitamos un diseño muy de abajo arriba, es decir, cada área funcional seguramente va a requerir un cóctel de movilidades que se complementen. A lo mejor puede utilizarse el taxi a demanda para un determinado espacio, porque no haya suficiente población para tener autobús, pero también el carsharing [compartir coche] y, en un punto determinado, el autobús, utilizando una aplicación informática para que pueda parar en los lugares donde realmente se necesita y no en la fórmula convencional que conocemos. La suma de todo eso, incluso incorporando también la bicicleta eléctrica o algunos otros elementos, nos dará esa fórmula que se adapte mejor a cada territorio.

La estrategia incide en que es necesario empleo de calidad en las zonas rurales. ¿Qué tipo de empleos consideramos de calidad en las zonas rurales? Porque si tengo servicios, pero no tengo empleo, me tengo que ir a buscar empleo a un sitio donde haya un trabajo.

Una estrategia de reto demográfico no puede estar sujeta a las coyunturas políticas del momento. Lo que queremos con este documento es ayudar a avanzar en un modelo que luego las comunidades autónomas evidentemente tendrán que implementar con la ayuda del propio Estado

Ese ha sido el estigma del entorno rural. Estas áreas han sido básicamente agrícolas, una economía muy importante para el medio rural, pero lo que decimos es que esa economía puede ser más diversificada. Para hacer esto debemos poner las herramientas para que jóvenes o no tan jóvenes que quieran irse al medio rural y emprender, puedan tener ecosistemas que les acojan y que les ayuden a hacer emprendimientos o a incorporarse en empresas y en ámbitos que les pueden responder a sus expectativas laborales.

Sobre el papel suena bonito, pero otra cosa es llevarlo a la realidad.

Estoy pensando en el pueblo de Arres (Lleida). Tiene 80 habitantes y en este momento allí reside la empresa Cargo Dron, que es una empresa que ha nacido al amparo de los TICs y que en este momento está entre las diez o 15 empresas de drones más importantes del Estado. Eso ha nacido en un pueblo de 80 habitantes y eso es posible hacerlo.

Mencionaba los jóvenes, porque en el reto demográfico hay una cuestión de edad.

Con las universidades hacemos otra cosa que también es muy importante y que nos está dando magníficos resultados: el Campus Rural. Esos chavales se van al entorno rural a hacer las prácticas del TFM o del TFG y tienen una experiencia de tres meses en las que el Gobierno sufraga el alojamiento y la manutención. Ahora preguntan, '¿qué hago para quedarme?'. Aquí es donde estamos trabajando para que los centros de innovación sean capaces de convertirse en auténticas plataformas para promocionar el empleo y el emprendimiento.

En buena medida, la implementación de la estrategia depende de políticas cuyas competencias son autonómicas y el panorama actual no es de mucha colaboración entre comunidades autónomas y Ejecutivo central. ¿Es un lastre?

Una estrategia de reto demográfico no puede estar sujeta a las coyunturas políticas del momento. Estamos hablando de una estrategia que necesita una mirada de más largo alcance. Ahora vivimos un momento con una coyuntura política que podríamos llamar de crispación, de poca voluntad de acuerdo. Pero es verdad también que, a veces, bajo el polvo que se puede generar alrededor de ciertos temas, hay acuerdos. La Conferencia Sectorial de Reto Demográfico ha tomado por consenso todos los acuerdos. Lo que queremos con este documento es ayudar a avanzar en un modelo que luego las comunidades autónomas evidentemente tendrán que implementar con la ayuda del propio Estado.

¿Tener o no tener nuevos Presupuestos Generales del Estado es relevante a la hora de desplegar la estrategia?

Ya se ha avanzado mucho durante un tiempo en el que no ha habido nuevos presupuestos. La inversión en reto demográfico ha sido del orden de 13.000 millones de euros. Algo más de 4.000 millones han sido dinero directo inyectado en zonas rurales y de reto demográfico.

Lo que no podemos hacer es pararnos a la espera de que las coyunturas políticas sean más o menos favorables. Tenemos que avanzar con una o con otra. Si el viento nos sopla a favor iremos más rápidos. Y, si no, las haremos al ritmo que se pueda.

Aquí también entra en juego la financiación autonómica: si se aprobara la financiación autonómica que mejora los recursos, seguramente también las comunidades autónomas estarían en mejores condiciones de afrontar determinados retos que tienen en estos ámbitos.

Hay cosas que resolver, pero hace falta sensatez, mucho trabajo y menos fuegos de artificio mientras la extrema derecha está haciendo una polarización con el medio rural, que reivindica a base de toros y caza. No tengo nada en contra de los toros y la caza, pero el medio rural es muchísimo más

¿Puede la estrategia limar el conflicto entre la transición ecológica por el cambio climático y las zonas rurales, que parece que son resistentes?

Sin duda. El sentimiento o la percepción que han tenido las personas que viven en el medio rural respecto al trato que ha recibido de las administraciones ha sido de agravio. Y eso se traslada a algunas de las instalaciones de energía renovable. Las renovables son imprescindibles porque lo que nos jugamos es la vida del planeta, pero eso también quiere decir que los territorios rurales no pueden ser únicamente territorios granero, tienen que ser territorios donde se haga pan. Es decir, que esa energía debe tener un aprovechamiento en esos territorios y servir también para mejorar la calidad de vida y las oportunidades de las personas que viven en estos espacios

Vamos, que el reto demográfico en el rural también va de sentimiento.

De alguna manera, la sociedad, no solo la administración, tiene que mirar a esos territorios con una sensibilidad que hasta ahora no teníamos, ya que ahora sabemos que, en buena medida, las ciudades, si deben ser sostenibles, lo serán porque hay un medio rural que sigue vivo y que sigue trabajando para que las ciudades sean sostenibles.

Necesitamos palancas y herramientas que de alguna manera hagan que el medio rural vea cómo la Administración está empezando a ocuparse con otra mirada. No únicamente demandando qué aporta, sino algo recíproco: qué aportas tú y qué te aporto yo. Qué aporta la sociedad a ese medio rural que es donde precisamente queremos mitigar el cambio climático.

Con todo, la sensación política es que en el medio rural es un foco de resistencia a las políticas del gobierno actual.

La sensación de agravio de la que hablaba viene de una historia traumática que España ha tenido con su entorno rural. Los grandes éxodos del medio rural hacia las ciudades fueron fruto no del azar, sino de una situación muy crítica. Esa cicatriz, en parte, no se ha cerrado bien.

Dicho esto, aquí hay cosas que resolver, desde luego, pero hace falta sensatez, mucho trabajo y menos fuegos de artificio mientras la extrema derecha está haciendo una polarización con el medio rural, que reivindica a base de toros y caza. No tengo nada en contra de los toros y la caza, pero el medio rural es muchísimo más y muchísimo más complejo.

Lo rural y lo urbano son dos caras de una misma moneda que se necesitan y que además tienen que convivir, establecer más diálogo y muchas más complicidades. Me reafirmo: si queremos mitigar el cambio climático y queremos ciudades saludables, necesitamos un rural que esté vivo, que pueda aportar todos esos recursos

Parece que lo que se impone es el discurso de lo rural contra lo urbano, que los que vivimos en una ciudad no tenemos ni idea de lo que es el campo.

Lo rural y lo urbano son dos caras de una misma moneda que se necesitan y que además tienen que convivir, establecer más diálogo y muchas más complicidades. Me reafirmo: si queremos mitigar el cambio climático y queremos ciudades saludables, necesitamos un rural que esté vivo, que pueda aportar todos esos recursos y que, al mismo tiempo, se sienta también cómodo en ese papel garante de la biodiversidad, de la calidad de los bosques, de la resiliencia contra los incendios, etcétera. Todo eso es un papel muy importante que la sociedad tiene que reconocer, y el camino para llegar a eso no es la crispación. Ni la culpabilización. Ni este discurso de la extrema derecha que no nos lleva a ninguna parte.

¿Está el medio rural mostrando lo que es y qué suponen las personas migrantes que llegan a España?

Absolutamente. En general, el medio rural acoge muy bien la inmigración porque sabe que la inmigración está salvando sus escuelas, está reabriendo los bares de pueblos que no tenían. Está contribuyendo a que mucha parte de nuestra agricultura sea viable, que no lo sería si no tuviera esa inmigración. En el medio rural la inmigración se integra mucho mejor y está mejor acogida y el resultado de esa convivencia, en general, es muy positivo.

Ecologistas en Acción y el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico han presentado un recurso ante la Audiencia Nacional contra el acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente del pasado 22 de junio que declaró “favorable” el estado de conservación del lobo ibérico en las regiones biogeográficas atlántica y mediterránea. Las organizaciones consideran que esa decisión, respaldada por Asturias, Galicia, Castilla y León y Cantabria, abre la puerta a intensificar el control de la especie pese a que, aseguran, no existe respaldo científico suficiente para ello.

El recurso se dirige contra el acuerdo aprobado el pasado 22 de junio, que salió adelante con el voto en contra del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Según las organizaciones ecologistas, el propio informe técnico elaborado por el ministerio advertía de que la ficha utilizada para justificar el cambio “adolece de justificación científica”, por lo que sostienen que la decisión respondió a una mayoría política y no a criterios técnicos.

Las entidades recurrentes relacionan esta decisión con la recuperación de los programas autonómicos de control del lobo tras la salida de la especie del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) en el 2025 y las puntualizaciones sobre los permisos de su caza contenidos en una sentencia del Tribunal Supremo de febrero de este año.

En su recurso, Ecologistas en Acción y el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico señalan que la población de la especie, estimada en 333 manadas, continúa por debajo de las alrededor de 500 unidades reproductoras que consideran necesarias para garantizar su viabilidad genética a largo plazo. También recuerdan que amplias zonas de distribución histórica aún no se han recuperado y que la población de Sierra Morena desapareció hace aproximadamente una década.

Las dos organizaciones argumentan además que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han establecido que no pueden autorizarse extracciones de ejemplares cuando el estado de conservación de la especie sea desfavorable. A su juicio, si el informe sexenal recurrido se remite finalmente a la Comisión Europea, desaparecería uno de los principales obstáculos legales para ampliar los controles poblacionales del lobo en España.

“No estamos ante un desacuerdo técnico legítimo, sino ante la imposición de una mayoría política sobre la evidencia científica. Que una especie deje de estar protegida no puede decidirse a golpe de votos autonómicos, sino con datos”, ha señalado Theo Oberhuber, portavoz de Ecologistas en Acción. “Detrás de este posicionamiento de las comunidades autónomas subyace el propósito de matar lobos con cobertura legal. Ya entre 2025 y principios de 2026, Cantabria mató más lobos de los que marcó su propio plan, y Asturias abatió decenas de ejemplares, entre ellos hembras gestantes y cachorros”, cuestiona Ernesto Díaz, portavoz del Fondo para la Protección del Lobo Ibérico.

En los dos últimos años el lobo ha vivido una compleja situación administrativa y legal. En marzo del 2025 el lobo ibérico quedó fuera del Lespre (listado de especies protegidas) por al aprobación de una enmienda del PP en la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario que desprotegió la especie. El Defensor del Pueblo ha recurrido esta norma al Constitucional, pero está pendiente de resolución.

En febrero de este año una sentencia del Tribunal Supremo señaló que la autorización de la caza del lobo solo sería posible “cuando constituya la única solución para evitar daños al ganado”. En ella se especifica que la muerte de ejemplares del lobo “deben someterse a unas rigurosas condiciones” después de que se hayan analizado “medidas alternativas” que “razonablemente” puedan adoptar los ganaderos para impedir los ataques del lobo. Según las comunidades autonómas esta situación ya se da y han ido aprobando programas de control del lobo para volver a permitir su caza.

El recurso llega el mismo día en que el Boletín Oficial del Principado publica la modificación del II Plan de Gestión del Lobo de Asturias, con la que el Gobierno autonómico recupera la cobertura jurídica para aprobar nuevos programas anuales de control de la especie tras los cambios legislativos y la sentencia del Tribunal Supremo.

“Vamos a seguir en los tribunales las veces que haga falta. Es lo que le debemos a una especie perseguida durante siglos y que, por fin, empezaba a recuperar, muy tímidamente, solo una parte de lo que arrebatamos”, inciden las organizaciones recurrentes ante los nuevos planes de matar lobos en España.

La sostenibilidad ambiental se ha convertido en un eje estratégico imprescindible para las grandes empresas en el contexto actual, marcado por el cambio climático, la escasez de recursos y una creciente conciencia social. Apostar por prácticas sostenibles no solo responde a una responsabilidad ética, sino que también representa una oportunidad para generar valor a largo plazo. Permite a las compañías, además, incrementar su competitividad. Factores como la regulación, la presión de los inversores y las expectativas de los consumidores obligan a las empresas a adaptarse.

Potenciar prácticas sostenibles mejora la reputación corporativa, ya que los clientes valoran cada vez más a las empresas comprometidas con el medio ambiente y la sociedad, e impulsa la innovación al buscar soluciones más eficientes y responsables.

Y en este sentido, Banco Santander mantiene una apuesta firme y decidida por la sostenibilidad, acompañando a sus clientes, tanto empresas como particulares, en la transición hacia una economía baja en carbono con distintos servicios y soluciones adaptadas a las necesidades y demandas actuales.

Certificados de Ahorro Energético, ¿qué son?

Tras poner en marcha distintas medidas para anticiparse a la nueva Ley de Movilidad Sostenible y ayudar a las empresas en su adaptación antes de que comience 2027, acaba de dar un paso más que pone de manifiesto de nuevo las ventajas de sumarse a la sostenibilidad. Lo hace a través de los Certificados de Ahorro Energético (CAEs), un mecanismo que permite monetizar las inversiones en eficiencia, que se ha incorporado recientemente a la legislación española después de años de presencia en otros países europeos.

Según figura en la web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, un CAE es un documento electrónico que garantiza que, tras llevar a cabo una actuación de eficiencia energética, se ha conseguido un nuevo ahorro de energía final equivalente a 1 kW. De esta forma, si se acomete una actuación que implica un nuevo ahorro anual de 500 kW, se podrán obtener 500 CAE.

Este instrumento permite monetizar los ahorros energéticos, recuperando parte del coste de las inversiones en eficiencia energética (cambio de iluminación, mejora del aislamiento térmico, compra de vehículo eléctrico, renovación de equipos industriales o domésticos, etc.), ya que el usuario final podrá recibir una contraprestación si vende los ahorros obtenidos para su posterior certificación mediante el Sistema de CAE.

Avalado por este apoyo institucional, Banco Santander ha incluido este servicio dentro de sus propuestas para que, tanto empresas como particulares, se puedan beneficiar económicamente de ella.

En el caso de los clientes particulares, se ofrece, por ejemplo, una serie de incentivos vinculados a la compra de vehículos eléctricos, lo que puede suponer hasta un ingreso de 650 euros para el comprador. En este sentido, la entidad ofrece un apoyo integral que va desde el cálculo del ahorro energético generado por tu vehículo eléctrico hasta el abono del beneficio económico correspondiente, pasando por la revisión y la tramitación de la documentación necesaria y la gestión del expediente ante la entidad verificadora para la emisión del CAE. Y todo ello, sin ningún coste económico para el particular que haya adquirido el vehículo eléctrico.

Las empresas también pueden beneficiarse de los CAEs. Pueden monetizar inversiones ya realizadas en eficiencia energética, y, además, la entidad podrá anticipar liquidez mientras se completa la emisión de los certificados, lo que permitirá mejorar la rentabilidad de las inversiones realizadas.

Esta novedosa inclusión de los CAEs en la propuesta de Banco Santander fue anunciada durante la celebración de su Día de la Sostenibilidad, en un evento con empresas en el que se debatió sobre la sostenibilidad como fuente de competitividad y en el que participaron, entre otros, Francisco Moza, director de estrategia y sostenibilidad de Santander España, Isabel Tocino, vicepresidenta de Santander España y Javier Cortadellas, director de clientes, rentabilidad e instituciones de la entidad.

Se trata, en resumen, de una nueva manera de conectar sostenibilidad y rentabilidad ampliando el papel de la Banca más allá de la financiación, incorporando herramientas que permiten a los clientes obtener un retorno económico directo a partir de sus propias decisiones energéticas.

El deterioro de los bidones nucleares sumergidos en la Fosa Atlántica frente a la costa de Galicia es la única certeza que, de momento, ha aportado la nueva expedición submarina del Proyecto Nodssum. Una vez confirmada la situación, las respuestas –y quién tiene que darlas– siguen siendo una incógnita. El Ministerio para la Transición Ecológica apuesta por aguardar a conocer más datos antes de tomar decisiones. Y Bruselas, espoleada por los diputados gallegos de PSOE y BNG, mira para otro lado: en junio, la Comisión Europea manifestaba que misiones como la liderada por el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) francés está fuera de sus competencias. Las nuevas iniciativas, probablemente, encuentren una respuesta similar.

“Conviene esperar”. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, admite que los “escapes y filtraciones” detectadas en los barriles son “señales preocupantes que generan una cierta intranquilidad” pero, aun así, se muestra extremadamente prudente. Las razones son dos y de carácter muy diferente: una, la dificultad técnica para cualquier operación que afecte a 220.000 contenedores situados a 4.000 metros por debajo de la superficie del Atlántico. La otra, el auténtico laberinto burocrático que siguen siendo las aguas internacionales.

“La información que se puede recoger de esta última expedición es lo suficientemente solvente desde el punto de vista técnico para tener una idea cabal de cuál sería el siguiente paso a dar”, responde a elDiario.es. Tras recordar que en el Proyecto Nodssum están presentes el Centro Nacional de Aceleradores y la Universitat de Girona, espera a conocer las conclusiones para saber “a quiénes y cómo corresponde tomar decisiones”. “Como mínimo, debemos saber cuál es el alcance de esas filtraciones”.

Una vez conocida la realidad, cualquier respuesta obligará a buscar soluciones de gran “complejidad técnica”. “Habrá que atender si la solución, en caso de valorar un traslado, generaría más complicaciones que el hecho de tenerlos bajo vigilancia”. La cuestión, para él, no es “que se los lleven”, sino “a dónde, cómo y en qué condiciones”.

El secretario de Estado recuerda que todavía en enero entró en vigor el Tratado BBNJ (Biodiversidad Más Allá de la Jurisdicción Nacional, con sus siglas en inglés), un acuerdo internacional que protege la biodiversidad marina en aguas internacionales que, “hasta fechas muy recientes” eran “un espacio de impunidad en el que nadie se hacía responsable de lo que pudiese suceder”. Lo usa para ejemplificar la otra pata de este rompecabezas cuando se le pregunta por una posible implicación tanto del Gobierno de España como de la Comisión Europea.

“Si ha sido prácticamente imposible encontrar una solución a Palomares [la caída de cuatro bombas nucleares en la localidad almeriense en 1966 tras un accidente aéreo] y hablamos de aguas bajo jurisdicción, imagine lo que sería identificar la responsabilidad de la toma de decisión de utilizar ese espacio [la Fosa Atlántica] como vertedero”. Morán se pregunta “a quién habría que reclamárselo si hubiese posibilidad”, si sería a una empresa o a un estado.

Por eso, “más allá de las complejidades técnicas y de seguridad, viene la identificación de las responsabilidades del hecho causado y las consecuencias económicas que se pudiesen derivar de una posible intervención”. Aun así, no niega que haya que acabar introduciéndose en el laberinto. “Si, en último término, hay que tomar una decisión que conlleve una asunción de responsabilidades y unos, hay que identificar quién debería asumirla. Eso es evidente”.

El artículo 35 del Tratado Euratom

El 25 de marzo de 1957 no sólo se firmó el tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea –la CEE, la predecesora de la actual Unión Europea–. También se rubricó el tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, conocido como Euratom. Nacía con los objetivos de desarrollar la investigación y difundir los conocimientos, establecer normas de seguridad para proteger a la población y los trabajadores y garantizar que los materiales nucleares civiles no se destinan a otros fines, “en particular, militares”.

Las demandas de intervención a la Comisión Europea se basan en el artículo 35 del Tratado Euratom: “Cada Estado miembro creará las instalaciones necesarias a fin de controlar de modo permanente el índice de radiactividad de la atmósfera, de las aguas y del suelo, así como la observancia de las normas básicas. La Comisión tendrá derecho de acceso a estas instalaciones de control; podrá verificar su funcionamiento y eficacia”.

Ese es el artículo que el eurodiputado socialista Nicolás González Casares ha invocado en una nueva carta a la Comisión. El pasado verano, tras la primera incursión submarina del Proyecto Nodssum y el hallazgo de 600 barriles, Casares reclamó al órgano ejecutivo de la UE que se implicase en la misión, algo que había rechazado ya en varias ocasiones “a pesar de reconocer, ya en 2017, que no tenía conocimiento del estado de los residuos”.

“La Comisión Europea no puede permanecer al margen de estas investigaciones, habida cuenta de las potencialmente graves consecuencias ambientales transfronterizas que podrían derivarse del progresivo deterioro de estos bidones y de la eventual liberación de material radiactivo al medio marino”, ha insistido el parlamentario, que pidió además que se solicitasen los datos científicos obtenidos por Nodssum “con el fin de permitir una evaluación completa de la situación y determinar las actuaciones más adecuadas”.

Quien había obtenido ya una respuesta negativa del gobierno de la Unión fue la eurodiputada del BNG, Ana Miranda. Expediciones como la del CNRS “exceden el ámbito de aplicación del artículo 35 del Tratado Euratom”, le contestaron en la que fue su cuarta pregunta sobre los vertidos. Miranda, que ha presentado su quinta iniciativa tras las nuevas imágenes, consideraba entonces una “total inacción no sólo de la Comisión Europea, sino por parte del Estado Español” el no hacer “una investigación y una misión de control” como la francesa.

Ecos de la Guerra Fría

Manoel Santos, coordinador de Greenpeace en Galicia, reclama a la Unión “un monitoreo continuo, en los plazos que digan los científicos, para saber qué pasa con esos bidones y si es peligroso”. “No lo parece porque el océano es enorme y, desgraciadamente, el vertedero de todos” y tanto la columna como la masa de agua “van a ir diluyendo” los radionucleidos. Santos demanda también una investigación “más exhaustiva” que garantice que los 220.000 contenedores guardan en su interior residuos de baja actividad como los 4.000 que han sido mapeados hasta el momento.

Con un punto de ironía, el ecologista recuerda que los barriles fueron arrojados al mar durante la Guerra Fría, “un contexto histórico que dice que puede haber muchas cosas”. Recuerda, por ejemplo, el caso del submarino nuclear soviético K-278 Komsomolets, hundido en 1989 en el mar de Noruega donde permanece, a 1.680 metros de profundidad, en posición vertical Esta primavera, investigadores del país nórdico comprobaron cómo, 36 años después, el pecio sigue filtrando cesio y estroncio procedente de su reactor. Por casos como éste, Santos cree prioritario “certificar que en la Fosa Atlántica no hay nada más que lo que nos dijeron”.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, clausurará este jueves el acto de homenaje póstumo al físico canario Emilio Cuevas, exdirector científico del Centro de Investigación Atmosférica de Izaña, en Tenerife, tras el que el Observatorio de pasará a llevar su nombre, tal y como adelantó este periódico la semana pasada.

Durante la jornada, que arrancará a las 10.30 horas, se realizará el descubrimiento de una placa en memoria de Cuevas y la vicepresidenta visitará las instalaciones del centro.

Tras la visita, en torno a las 13.00 horas, la vicepresidenta mantendrá un encuentro con técnicos de Parques Nacionales y recorrerá el Parque Nacional del Teide y su entorno: la Piedra de los Pastores, la pista Tomás El Guarda y el centro de actividades en la naturaleza Emilio Fernández Muñoz, para conocer los trabajos de restauración medioambiental.

El observatorio tinerfeño comparte con el Mauna Loa Observatory, en Hawái, el reconocimiento de ser uno de los dos grandes referentes mundiales en la vigilancia de la atmósfera. Mientras el centro del archipiélago del Pacífico central, gestionado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EEUU (NOAA) a través de su Laboratorio de Monitoreo Global (GML), es célebre por albergar el registro histórico continuo más antiguo de las concentraciones de dióxido de carbono (CO₂) en la atmósfera, Izaña se ha consolidado como una infraestructura científica clave para el seguimiento de la composición atmosférica y el cambio climático a escala global.

La tarifa de último recurso (TUR) de gas individual sin impuestos subirá un 21,5% en julio respecto al precio de abril, por la subida de los hidrocarburos y la recuperación de la fiscalidad habitual tras el vencimiento de la reducción temporal establecida en el primer paquete de medidas para amortiguar el impacto del conflicto en Irán.

Según la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, que recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) este jueves, la TUR vecinal se incrementará entre un 14,1% y un 22,2%, informa EFE.

La TUR de gas natural es una tarifa regulada a la que puede acogerse cualquier consumidor conectado a redes de gas natural de presión inferior o igual a 4 bar y cuyo consumo anual sea inferior o igual a 50.000 kWh, lo que suele corresponder a los hogares.

Esta tarifa se revisa trimestralmente el día 1 de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, produciéndose su actualización siempre que el coste de la materia prima incluido en la tarifa experimente una variación al alza o a la baja superior al 2% respecto al valor empleado en la tarifa en vigor o, en cualquier caso, cuando entren en vigor nuevos peajes o cánones.

El coste de la materia prima en esta revisión depende solo del coste del gas de base, ya que no se introduce el gas estacional, incorporado durante los meses de invierno.

Dicho coste se ha encarecido un 23,7% por el incremento del 31,5% que ha registrado el precio del petróleo Brent, de referencia para Europa, a pesar de la depreciación del euro frente al dólar (-0,5 %), siempre con relación al período de referencia de la revisión anterior.

A este repunte del coste de la materia prima se suma que la reducción del IVA al 10% establecido por el RDL 7/26 vence este de 1 de julio, recuperándose el nivel habitual del 21%.

Como resultado, la TUR individual se incrementa una media del 21,5% con relación a la última actualización a partir del 1 de julio; para un cliente medio de la TUR1 la subida es del 19,2%; para un cliente medio de la TUR2 es del 20,8% y para un cliente medio de la TUR3, del 22%.

En el caso de la TUR vecinal, repuntará entre un 14,1% y un 22,2%. Esta tarifa de último recurso de gas natural se aplica temporalmente a las comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades de propietarios y a las empresas de servicios energéticos que les presten servicio.

Un informe promovido por Galicia -que dice que el lobo está en estado de conservación favorable en España y que, por tanto, de acuerdo con la legislación vigente, se puede cazar- a debate en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que se ha celebrado este lunes, ha obtenido el respaldo de casi todas las CCAA, según han indicado a Europa Press desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Las mismas fuentes han señalado que Euskadi y Castilla-La Mancha se han abstenido en la votación mientras que la portavoz del PP y coordinadora de temas agrícolas, Milagros Marcos, ha indicado que una de las comunidades participantes no ha votado a favor.

En la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de este 22 de junio, comunidades y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) han valorado dos informes: el promovido por Galicia y el elaborado por el Ministerio a partir de datos de las autonomías, que dice que el lobo no está en estado de conservación favorable en España y que, por tanto, no se puede cazar.

La Unión Europea (UE) requiere a cada Estado la realización de informes sexenales para revisar la aplicación de normativas ambientales clave y el estado de conservación de especies y ecosistemas protegidos. Por ejemplo, el lobo, que se enmarca dentro de la Directiva Hábitats.

Datos detallados sobre el autoconsumo y nuevas variables, como el coste medio de la energía consumida, el tipo de contrato (a precio fijo o indexado al comportamiento del mercado mayorista de electricidad); el nombre del producto u oferta contratada en el mercado libre o información sobre por qué la comercializadora eléctrica ha realizado una estimación de la factura, en lugar de una lectura real.

Son algunas de las novedades que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico va a proponer incluir en la nueva factura eléctrica de los pequeños consumidores.

Entre otras cosas, la normativa que ultima el departamento de Sara Aagesen también va a obligar a incorporar en las facturas información sobre el consumo medio de electricidad de los suministros con características similares en el mismo código postal de los usuarios, con el objetivo de incentivar el ahorro energético.

Esta última es una medida que ya planteó implantar el Gobierno a finales de 2022, durante la crisis energética por la invasión de Ucrania, cuando ya se modificó la factura para incluir el efecto de la denominada solución ibérica, pero no se llegó a poner en marcha.

Estos cambios en la factura eléctrica se incluyen en una Propuesta de resolución de Transición Ecológica que, según ha podido confirmar elDiario.es, el ministerio prevé someter a audiencia pública este lunes.

La propuesta establece el contenido mínimo obligatorio a incluir en las facturas de electricidad por parte de los comercializadores del mercado libre a consumidores en baja tensión hasta 15 kilovatios (kW) de potencia contratada no acogidos a las tarifas de último recurso y el contenido mínimo obligatorio y formato a utilizar por los comercializadores de referencia. Estos últimos son los que suministran la electricidad a los usuarios acogidos a la tarifa regulada, el precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC).

Datos en autoconsumo

El grueso de los cambios en la nueva factura afectarán al autoconsumo, que ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años, aunque lleva meses a la baja y en estado de alerta, tras la reciente amenaza del gurú económico del PP, Alberto Nadal, de reimplantar un mecanismo similar al denostado impuesto al sol que él mismo impulsó como secretario de Estado de Energía.

Con la propuesta del ministerio, las facturas de los consumidores (tanto del mercado libre como del regulado) que dispongan de sistemas de autoconsumo recogerán elementos como la modalidad a la que están acogidos, tipo y código de autoconsumo, la medida del contador de generación neta desglosada por períodos horarios y la energía neta horaria generada individualizada desglosada también por períodos horarios.

La propuesta, explican fuentes del departamento de la vicepresidenta tercera, va a modificar el contenido mínimo y el modelo de la factura mensual de electricidad “para adaptarlo a la evolución de la normativa”. Va a afectar tanto a los recibos de la luz de suministros acogidos al mercado regulado, al que hay acogidos unos 8 millones de consumidores, como a los del mercado libre, en el que hay más de 20 millones de usuarios, según los últimos datos disponibles de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), correspondientes a noviembre de 2025.

Entre la normativa que se adapta se incluyen elementos del Reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica —Real Decreto 88/2026—, relativos a las eventuales penalizaciones aplicadas “o el importe de los intereses aplicados en caso de que haya una refacturación debidamente desglosados”, indican esas fuentes.

Ese decreto entró en vigor el pasado mes de febrero y estableció la eliminación total de penalizaciones por cancelación anticipada para consumidores domésticos sin precio fijo, y limitó al 5% del coste de la energía la penalización máxima en contratos a precio fijo, obligando además a las comercializadoras a justificar el perjuicio real para ellas.

Con esta propuesta, indican desde el ministerio, también “habrá que indicar el motivo de una lectura estimada, si se produce, y habrá una cláusula informativa sobre protección de datos y la decisión individual automatizada empleada en el otorgamiento del bono social”.

Esa decisión automatizada se realiza a través de una aplicación informática denominada BOSCO (Base de Datos de Consumidores Vulnerables), gestionada por Transición Ecológica, con un sistema que cruza datos del solicitante con registros públicos para denegar o conceder la ayuda sin intervención humana. 

Finalmente, las facturas del PVPC tendrán un nuevo apartado, denominado “comparador de ofertas”, en la esquina inferior derecha de la primera página, con un código QR vinculado al Comparador de Ofertas de Energía de la web de la CNMC.

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha asegurado que su departamento iniciará “próximamente” el proceso de participación activa con todos los agentes implicados para elaborar las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, aunque ha reconocido que no podía precisar una fecha exacta.

A preguntas de los medios durante la visita que ha realizado este viernes a la base de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de La Iglesuela del Tiétar (Toledo), Aagesen ha afirmado que el Ministerio está trabajando en este proceso “con el rigor técnico y científico y con la mejor información disponible”.

La ministra ha insistido en la idea de que los trabajos para crear estas nuevas reglas del trasvase se hagan “con la máxima participación de todos y cada uno de los agentes”.

El pasado mes de enero, la directora general del Agua, María Dolores Pascual, aseguraba que no habría movimiento de ficha sobre la cuestión hasta que el Tribunal Supremo no se pronunciase sobre todos los recursos interpuestos contra el Plan Hidrológico del Tajo que contempla, precisamente, el cambio en la forma de explotar el agua a través de esta infraestructura.

Ese ciclo ha quedado ya cerrado, pero sigue sin concretarse cómo y cuándo se va a realizar una modificación que exige la propia ley.

El Gobierno de Castilla-La Mancha lleva meses reclamando el cambio y haciendo notar el retraso en los plazos de su entrada en vigor. El pasado mes de marzo acudió a los tribunales para forzar al ministerio aduciendo, entre otros, daños en la Red Natura 2000, además del “hartazgo” por parte de la comunidad autónoma.

Esta misma semana ha vuelto a aprobarse un trasvase automático de agua al Segura para los meses de junio y julio. Aagesen ha defendido que el Ejecutivo regional ha tenido “múltiples reuniones” con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para abordar el tema o que “los contactos son muy habituales, esa relación existe y seguirá existiendo con todas y cada una de las comunidades autónomas”, pero sin dar más pistas.

El río Tajo ha dado síntomas de agotamiento y de contaminación en varias ocasiones en los últimos años. Sin ir más lejos el pasado verano el cauce se quedó casi sin agua a su paso por Toledo capital y la Confederación Hidrográfica lo atribuyó a la actividad de las centrales hidroléctricas aguas arriba, aunque sin anunciar sanciones o medidas.

Sobre esta cuestión, la ministra se ha limitado a decir que su departamento realiza un “seguimiento exhaustivo de todos los caudales ecológicos” y, en el caso de identificar cualquier incidencia “se emprenden actuaciones y medidas de coordinación con todos y cada uno de los agentes” de cara a conseguir “la prioridad, que es tener todos los caudales ecológicos según la normativa”.

El caso es que la aplicación de los caudales ecológicos en el Tajo, que pasa por cambiar las reglas del trasvase, no es algo que pida solo el Gobierno de Castilla-La Mancha. También distintas organizaciones conservacionistas están reclamando que la prioridad en el diseño del próximo ciclo de planificación de la cuenca del Tajo, con horizonte 2033, sea la recuperación ecológica del río.

Por cierto que esta misma semana la Cátedra del Tajo-UCLM-Soliss hacía públicos los datos de un estudio que hablan, además, del nivel de contaminación del río. En todo el curso medio del río Tajo, unos 300 kilómetros entre Guadalajara, Madrid y Toledo, se han detectado bacterias resistentes a los antibióticos y alertan del riesgo para la salud pública.

“La veritat és que no esperàvem veure les platges tancades i desendreçades, ara per ara, abans de l'estiu. Les obres que estan fent són necessàries i es reclamen des de fa anys perquè la realitat és que en algunes zones ja quasi no quedava sorra i l'aigua s'acostava molt al passeig marítim. Però tots ens preguntem si podien haver començat abans per a tindre-les ja a punt, ja que la calor cada vegada comença abans i al juny ja ve molta gent a prendre el sol i a banyar-se”.

A. D., veïna del Perelló, s'expressa en aquests termes en resposta a les preguntes d'elDiario.es mentre pren un café amb llet en una de les terrasses del passeig marítim, amb muntanyes d'arena, enormes canonades i excavadores com a teló de fons, on en condicions normals hi hauria un mosaic de para-sols i banyistes gaudint del sol i de la platja.

No obstant això, com ha informat aquest diari, les obres que a les platges de Sueca van arrancar el passat 3 de juny i la finalització de les quals estava prevista per al 30 de juny es prolongaran durant el mes de juliol com a conseqüència, principalment, que finalment es farà una aportació d'arena un 10 % superior a la prevista per a millorar l'actuació, cosa que farà que s'allarguen els treballs. Tot i això, la platja hauria de quedar oberta al bany durant la primera setmana de juliol, si no hi ha contratemps. Aquest mateix dimarts va finalitzar l'aportació de sorra mitjançant la draga des dels fons marins de Cullera i els treballs se centren ara en el desmuntatge de la canonada submarina amb què s'ha canalitzat fins a la riba.

Els diferents residents consultats afirmen ser conscients que era urgent regenerar les platges per a poder continuar gaudint-ne en condicions normals en el futur, però tots es pregunten per què no s'han fet abans els treballs. Més molestos s'han mostrat els hotelers i els turistes. Aquests últims, després d'haver contractat allotjaments en primera línia de platja, es veuen obligats a desplaçar-se a altres zones del litoral.

Per exemple, el propietari d'una cafeteria del passeig marítim comenta que “podien haver buscat un altre moment per a fer les obres, per exemple al març, quan no hi havia ningú ací a la platja; ara estem en temporada mitjana-alta i s'ha perdut molta facturació perquè no hi ha ningú, molts apartaments han cancel·lat o ajornat les reserves, i la gent que venia a fer un bany i a prendre alguna cosa, tot això s'ha perdut perquè les platges estan tancades”.

Preguntades pels motius pels quals no s'han executat abans els treballs, fonts del Ministeri per a la Transició Ecològica (Miteco) expliquen que es deu a motius tècnics, principalment a qüestions climatològiques, ja que hi ha menys risc de temporals que dificulten els treballs, i a la dinàmica litoral. A més, no es tracta d'una actuació aïllada a la costa de Sueca (el Pouet i les Palmeres, a més del Perelló), sinó que el projecte també engloba les platges de Canet, Almardà, Corint i Malva-rosa (Sagunt), i el Marenyet i l'Estany (Cullera), per la qual cosa cal coordinar els treballs.

Precisament, aquest dimarts es van acostar a comprovar l'evolució dels treballs la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, juntament amb l'alcalde de Sueca, Julián Sáez, i amb el del Perelló, José Codoñer. Bernabé va posar en valor la inversió històrica de 42,6 milions d'euros realitzada pel Miteco per a recuperar 10 quilòmetres de costa en els tres municipis (Sagunt, Sueca i Cullera).

Bernabé va comentar que al llarg d'aquesta setmana i de la que ve s'anirà alliberant la part sud de la platja i, després, de manera progressiva, la del nord: “Intentarem compatibilitzar l'ús de la platja. Crec que, com en totes les obres, sempre dic: en lloc de demanar perdó per les molèsties, demane perdó per les millores, perquè estem davant una millora històrica”.

3,4 milions de metres cúbics d'arena

Mentre que a Sagunt les obres es donen pràcticament per finalitzades, per a la part de Cullera i Sueca s'ha demanat una pròrroga del termini d'ocupació fins al 27 de juliol, tot i que això no significa que s'arribe a aquestes dates. De fet, els treballs que quedaran per fer durant aquest mes seran “menors”, més enfocats a la recuperació dels sistemes dunars.

Les actuacions s'han dut a terme mitjançant l'aportació massiva de sediments dragats dels bancs submarins de Sueca i Cullera, per a estendre i perfilar les platges afectades fins als 22 metres d'amplària mitjana. Aquest procés consisteix a extraure arena mitjançant la draga d'aspiració Bonny River, que es transporta a través de canonades flotants i terrestres fins a les zones de regeneració. En total, s'han aportat 3,4 milions de metres cúbics d'arena per a restaurar i ampliar les platges afectades. Per a executar l'actuació, el Ministeri ha contractat 250 tubs terrestres, quatre bulldòzers, una pala carregadora i una excavadora, que treballaran tant per mar com per terra. L'arena s'abocarà des de la draga fins a la platja a través d'una conducció de 2.000 metres submergits.

L'objectiu d'aquestes intervencions és conciliar el respecte pel medi ambient amb la millora de la qualitat de vida i la seguretat del front litoral, apostant per solucions basades en la naturalesa com a millor defensa davant del canvi climàtic. En aquest sentit, ha destacat que molts d'aquests trams han patit una intensa regressió des de mitjan segle XX, perdent amplària de platja i funcionalitat, en part a causa d'actuacions rígides de defensa. En el cas del Perelló, s'hi afegeix l'efecte ombra del Port de València.

El conjunt de les obres a Sagunt, Sueca i Cullera contempla la regeneració de prop de 10 quilòmetres de costa, així com la creació i restauració de sistemes dunars, la millora dels accessos i l'adaptació de les infraestructures.

A Cullera, a més, s'està actuant sobre estructures existents, combinant la retirada d'elements rígids amb la construcció de nous espigons i la recuperació ambiental de l'entorn, amb l'objectiu d'assolir una amplària de platja suficient i estable en els trams més vulnerables.

“La verdad es que no esperábamos ver las playas cerradas y patas arriba a estas alturas, en vísperas de verano. Las obras que están haciendo son necesarias y se están reclamando hace años porque la realidad es que en algunas zonas ya casi no quedaba arena y el agua se acercaba mucho al paseo marítimo. Pero todos nos preguntamos si podían haber empezado antes para tenerlas ya listas puesto que el calor cada vez empieza antes y en junio ya viene mucha gente a tomar el sol y a bañarse”.

A. D., vecina de El Perelló, se pronuncia en estos términos a preguntas de elDiario.es mientras toma un café con leche en una de las terrazas del paseo marítimo, con montañas de arena, enormes tuberías y excavadoras como telón de fondo donde en condiciones normales habría un mosaico de sombrillas y bañistas disfrutando del sol y la playa.

Sin embargo, como ha informado este periódico, las obras que en las playas de Sueca arrancaron el pasado 3 de junio y cuya finalización estaba prevista para el 30 de junio se prolongarán durante el mes de julio como consecuencia principalmente de que finalmente se realizará un aporte de arena un 10% superior al previsto para mejorar la actuación, lo que hará que se alarguen los trabajos. Aun así, la playa debería quedar abierta al baño durante la primera semana julio, si no hay contratiempos. Este mismo martes finalizó el aporte de arena mediante la draga desde los fondos marinos de Cullera y los trabajos se centran ahora en el desmontaje de la tubería submarina con la que se ha canalizado a la orilla.

Los diferentes residentes consultados afirman ser conscientes de que era urgente regenerar las playas para poder seguir disfrutándolas en condiciones normales en el futuro, pero todos se preguntan por qué no se han realizado antes los trabajos. Más molestos se han mostrado los hosteleros y los turistas. Estos últimos, habiendo contratado alojamientos en primera línea de playa, se ven obligados a desplazarse a otras zonas del litoral.

Por ejemplo, el propietario de una cafetería del paseo marítimo comenta que “podían haber buscado otro momento para hacer las obras, por ejemplo en marzo que no había nadie aquí en playa; ahora estamos aquí en temporada media alta y se ha perdido bastante facturación porque no hay nadie, muchos apartamentos han cancelado o aplazado las reservas, y la gente que venía a darse un baño y a tomar algo todo eso está perdido porque las playas están cerradas”.

Traslada la cuestión sobre los motivos por los que no se han ejecutado antes los trabajos, fuentes del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) que se debe a motivos técnicos, principalmente a cuestiones climatológicas al haber menos riesgo de temporales que dificulten los trabajos, y por la dinámica litoral. Además, no se trata de una actuación aislada en la costa de Sueca (El Pouet y Les Palmeres, además de El Perelló), sino que el proyecto también engloba a las playas de Canet, Almardà, Corinto y Malvarrosa (Sagunto); y El Marenyet y L’Estany (Cullera), por lo que hay que coordinar los trabajos.

Precisamente, este martes se acercaron a comprobar la evolución de los trabajos la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, junto al alcalde de Sueca, Julián Sáez, y de El Perelló, José Codoñer. Bernabé puso en valor la inversión histórica de 42,6 millones de euros realizada por el Miteco para recuperar 10 kilómetros de costa en los tres municipios (Sagunto, Sueca y Cullera).

Bernabé comentó que a lo largo de esta semana y de la que viene se irá liberando la parte sur de la playa y luego de forma progresiva al norte: “Vamos a intentar compatibilizar el uso de la playa. Creo que como en todas las obras siempre digo en lugar de perdonen las molestias, perdonen las mejoras porque estamos ante una mejora histórica”.

3,4 millones de metros cúbicos de arena

Mientras que en Sagunto las obras se dan prácticamente por finalizadas, para la parte de Cullera y Sueca se ha pedido una prolongación del plazo de ocupación hasta el 27 de julio, aunque eso no significa que se vaya a llegar a esas fechas. De hecho, los trabajos que quedarán por realizar durante ese mes serán “menores”, más enfocados a la recuperación de sistemas dunares.

Las actuaciones se han realizado mediante el aporte masivo de sedimentos dragados de los bancos submarinos de Sueca y Cullera, para extender y perfilar las playas afectadas hasta los 22 metros de anchura de media. Este proceso consiste en sacar arena mediante la draga de succión Bonny River, que se transporta a través de tuberías flotantes y terrestres hasta las zonas de regeneración. En total, se ha aportado 3,4 millones de metros cúbicos de arena para restaurar y ampliar las playas afectadas. Para ejecutar la actuación, el Ministerio ha contratado 250 tubos terrestres, 4 bulldozers, una pala cargadora y una excavadora, que trabajarán tanto por mar como por tierra. La arena se abocará desde la draga hasta la playa a través de una conducción de 2.000 metros sumergidos.

El objetivo de estas intervenciones es conciliar el respeto medioambiental con la mejora de la calidad de vida y la seguridad del frente litoral, apostando por soluciones basadas en la naturaleza como mejor defensa frente al cambio climático. En este sentido, ha destacado que muchos de estos tramos han sufrido una intensa regresión desde mediados del siglo XX, perdiendo anchura de playa y funcionalidad, en parte debido a actuaciones rígidas de defensa. En el caso de El Perelló, se añade el efecto sombra del Puerto de Valencia.

El conjunto de las obras en Sagunto, Sueca y Cullera contempla la regeneración de cerca de 10 kilómetros de costa, así como la creación y restauración de sistemas dunares, mejora de accesos y adaptación de infraestructuras.

En Cullera, además, se está actuando sobre estructuras existentes, combinando la retirada de elementos rígidos con la construcción de nuevos espigones y la recuperación ambiental del entorno, con el objetivo de alcanzar un ancho de playa suficiente y estable en los tramos más vulnerables.

Dejar atrás el ruido de la ciudad para apostar por el campo es una decisión que cada vez se plantean más personas al chocar de bruces con un mercado de la vivienda tensionado y un ritmo de vida no apto para todos los públicos. Son muchos quienes romantizan lo rural, aunque la mayoría ignoran una cuestión vital: sectores como la salud, la alimentación o el transporte no siempre son accesibles en la España Vaciada. Hace falta un sistema de distribución lo suficientemente robusto como para garantizar un servicio igual de eficaz a una capital como Madrid o Barcelona que a un municipio de 200 habitantes, y el modelo cooperativista es la piedra angular para cumplir con ello. 

Cooperativismo y cohesión territorial

Dinamizar el entorno rural es la única vía para distensionar y descongestionar las grandes ciudades que se acercan al colapso. Pero para conseguirlo hay que encajar primero todas las piezas que componen un entramado tan complejo, desde la rehabilitación de carreteras e infraestructuras en mal estado hasta la trazabilidad de alternativas que superen las barreras físicas, como los centros automatizados o las herramientas telemáticas.

Una misión de este calibre trae consigo muchas preguntas por hacerse: ¿Es factible la igualdad de oportunidades real entre territorios tan distintos? ¿Qué impacto económico tiene mantener servicios en lugares prácticamente despoblados? ¿Qué ocurre desde que un medicamento se patenta hasta que llega a los diferentes puntos del país? ¿Hasta qué punto el modelo cooperativo es imprescindible para la supervivencia de algunos municipios?

Para analizarlas todas, elDiario.es ha organizado junto a Bidafarma la mesa de debate Cooperativismo: el modelo que mantiene vivos los pueblos donde el mercado no llega, en la que contará con la intervención de Antonio Mingorance, presidente de Bidafarma; Carlos Jiménez Contreras, presidente de UNiDE / FECOMA, y Ana de los Ángeles Marín Andréu, directora general de Políticas contra la Despoblación del del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. El encuentro se emitirá el 16 de junio a las 18h en las web de elDiario.es y estará moderado por David Noriega, jefe de Sociedad.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha adjudicado de forma definitiva a la empresa Coventina Renovables el concurso público para poner en marcha una central hidroeléctrica de bombeo en Meirama, en el municipio coruñés de Cerceda.

Se trata, según recoge Europa Press, de una iniciativa en el marco del proceso de Transición Justa, tras el cierre de la central térmica de Meirama. La empresa prevé invertir más de 400 millones y la generación de mil empleos en el plazo de diez años. A finales de 2028 está previsto el inicio de las obras.

En concreto, se ha adjudicado a la empresa el concurso de transición justa de Meirama para conectar una central hidroeléctrica reversible.

El proyecto está ligado a la creación de unos 180 empleos, así como la citada inversión, mediante la operación y mantenimiento de la central hidroeléctrica reversible y el impulso a proyectos empresariales y actuaciones de conservación y mejora ambiental en el entorno del lago de As Encrobas.

Así se ha informado en una comparecencia con presencia del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y la directora del Instituto para la Transición Justa, Judith Carreras, en relación a las novedades en el concurso del nudo de Transición Justa de Meirama.

Judith Carreras ha explicado, sobre el contenido de la reunión en la Delegación del Gobierno, que el objetivo ha sido informar de la resolución definitiva del concurso articulado para Meirama, el cual ha sido, según sus palabras, “competitivo y concurrido”, al que se presentaron siete proyectos.

Sobre los criterios seguidos, ha insistido en que ha sido asegurar una generación de energía renovable y la creación de empleo y ha remarcado que Coventina Renovables ha depositado “las exigentes garantías, con 180 empleos asociados a la parte de generación”, ha añadido.

Atraer nuevos proyectos

A su vez, Blanco ha insistido en que no hay Transición Justa “sin un comprimiso firme con el territorio” y ha incidido en que la estrategia es que el proceso de descarbonización “no deje a nadie atrás, a ningún municipio, a ninguna empresa o trabajador”.

“Lo que estamos haciendo es atraer nuevos proyectos e inversiones para proteger a los 19 ayuntamientos gallegos que forman parte de las zonas de Transición Justa de Meirama y As Pontes tras el cierre de las centrales térmicas”, ha remarcado. “183 millones de euros que han permitido crear más de 400 empleos”, ha apostillado en relación a la inversión realizada.

El representante de Coventina Renovables, Jesús Berzosa, ha incidido, mientras en que su prioridad ha sido “el empleo local y el compromiso de transmitir a las empresas que colaboren con nosotros esta exigencia”, ha señalado. Por eso, ha dicho que plantearán un programa de apoyo a la formación de trabajadores.

Por su parte, el alcalde de Cerceda, José Manuel Rodríguez, ha incidido en la repercusión, a nivel de empleo y de ingresos, del cierre de la central y ha destacado el anuncio en esta jornada por lo que supondría de “drama social que no hubiese proyectos encima de la mesa”. A ello, ha sumado el aprovechamiento del potencial turístico en el lago de As Encrobas.

Salvemos los Campos denuncia que la construcción de una macroplanta fotovoltaica de Solaria afecta a aves en peligro de extinción.

El macroproyecto 'Helena Solar' plantea 10 macroplantas fotovoltaicas al Oeste de Toledo unidas por una vía de evacuación de más de 60 kilómetros. Según destacan desde Salvemos los Campos, “la destrucción de áreas críticas para la supervivencia de especies en peligro de extinción y de un paisaje cultural de gran relevancia regional como la campiña vitivinícola de la D.O. Méntrida”, son elementos nucleares del contencioso administrativo interpuesto por el colectivo.

Aseguran que la promotora ha iniciado las obras este mes de mayo, coincidiendo con el período reproductor de las especies afectadas, como el sisón o el águila imperial ibérica, algo “explícitamente prohibido” por la Declaración de Impacto Ambiental.

La alerta saltó a inicios del mes de mayo, cuando vecinos del norte de La Torre de Esteban Hambrán y Méntrida (Toledo), así como agentes forestales de la Junta de Castilla-La Mancha observaron cómo, “aún sin contar con todas las licencias oportunas para el inicio de las obras, maquinaria pesada entraba en los campos cerealistas del Sur de Méntrida” donde se proyecta una de las “mayores secciones” de placas solares del macrocomplejo 'Helena “Solar', promovido por Solaria. Se trata de una zona con ”riquísimos valores ambientales“ al ser área reproductora de dos especies ”icónicas“ en peligro de extinción: el sisón común y el águila imperial ibérica. Pero sus valores ambientales no quedan ahí, al dar cobijo también al aguilucho cenizo, al aguilucho pálido, el milano real o el buitre negro. Desde el colectivo apuntan que el lugar ”reúne las condiciones“ para ser declarada como Zona de Especial Relevancia para las Aves (ZEPA).

La planta se sitúa en un “área crítica” para superviviencia de las especies

La iniciación de las obras de este parque promovido por Solaria “es especialmente grave, no solo porque aún no cuenta con todas las licencias necesarias, como la calificación urbanística o la licencia de construcción, sino porque además la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) prohíbe explícitamente la realización de actividad alguna en la zona en el periodo reproductor de las especies afectadas, como el sisón, siendo el momento más crítico de su ciclo biológico”. Salvemos los Campos asegura que esta especie ha visto mermadas sus poblaciones “en más del 50% solo en los diez últimos años”, y los terrenos de ubicación de las plantas Helena Solar 2, 3 y 6 constituyen “un área crítica para su supervivencia”, como ha sido alegado por el colectivo en el procedimiento de autorización de las plantas. El sisón fue oficialmente declarado en peligro de extinción en abril de 2023, “y aún no se ha aprobado su plan de conservación, como exige la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y Biodiversidad”, exponen.

Respecto al águila imperial ibérica, la zona “es un territorio de presencia histórica de la especie”, y también “área crítica”, con numerosas nidificaciones coincidentes o en el entorno del proyecto. “Tanto es así que en el inicio de las obras ha aflorado una nidificación a escasos metros de la zona de ubicación de las plantas Helena Solar 2, 3 y 6, constatándose la vital importancia del mantenimiento de estos terrenos para la recuperación de su estado de conservación, igual que para otras numerosas especies con un acusado declive de sus poblaciones”, explica el colectivo ecologista.

Por otra parte, la DIA también exige la elaboración de un Programa de Vigilancia Ambiental, cuyos condicionantes se fijan en su apartado tercero. “Ante el atropello causado contra especies en peligro de extinción en época reproductora mediante el uso de maquinaria pesada, solo caben dos alternativas: o la empresa promotora no tiene Programa de Vigilancia Ambiental, pues no sabe ubicar dónde están criando las especies protegidas (ante lo que el Ministerio debería revocar de inmediato la Autorización Administrativa Previa como pide Salvemos los Campos), o por el contrario ha actuado negligentemente al iniciar obras en pleno período reproductor, ocasionando molestias y perturbaciones que provocan daños irreparables a las especies afectadas, y con las eventuales responsabilidades a que ello diera lugar”, señalan.

Daños “irreparables” a especies en peligro de extinción

Salvemos los Campos explica que han podido documentar -al igual que vecinos, técnicos forestales de la Junta de Castilla-La Mancha y expertos ornitológicos independientes-, que maquinaria pesada ha estado trabajando “en esta zona vetada para actividad alguna” al menos entre los días 4 a 18 de mayo. “Como queda acreditado por las fotografías aportadas, se trata de maquinaria que habría realizado unas 150 perforaciones en toda la zona para insertar barras de metal codificadas con la letra ”H“ y seguidas de numeración correlativa, que presuntamente delimitan las diferentes secciones de la planta fotovoltaica”, recalcan.

Sabiendo que el sisón común y otras esteparias como el aguilucho pálido y cenizo anidan en el suelo de estas llanuras cerealistas entre los meses de marzo a julio, “es difícil imaginar una actuación más nefasta para los valores ambientales de la zona antes de la posible construcción de la planta”. Apuntan que se trata de unos trabajos realizados “en el momento más crítico del año”, en una zona donde ya se documentó por parte de esta y otras asociaciones la existencia de machos reproductores de sisón, “algo de lo que también son conocedores la Junta de Castilla-La Mancha y el Ministerio para la Transición Ecológica”.

El papel del Ministerio en este proyecto: “Muy discutido desde el inicio”

El papel jugado por el Ministerio para la Transición Ecológica “ha sido muy discutido” desde los inicios de este proyecto. Por una parte, en su papel de órgano ambiental, desde Salvemos los Campos consideran “inconcebible que se siga tramitando un proyecto que la propia DIA estima como de impacto crítico sobre especies en peligro de extinción”. El colectivo apunta que entre las muchas menciones al caso del águila imperial ibérica, “encontramos en la página 7: El impacto sobre esta especie debe considerarse crítico y de principal atención en la ejecución del proyecto”.

Por otro lado, Salvemos los Campos denuncia que “la DIA, publicada en el BOE el 2 de febrero de 2023, fue firmada por Marta Gómez Palenque, incursa en una investigación penal por autorizaciones ambientales a centrales fotovoltaicas en Cáceres promovidas por Iberdrola, y relacionada con el caso Forestalia”.

Apuntan que “otro de los atropellos medioambientales de la DIA” es la aceptación de la ubicación de una de las subestaciones del complejo, en la zona de las Loberas (Méntrida, Toledo), que se ubicaría en terreno “especialmente protegido”.

Salvemos los Campos critica “el doble rasero de la DIA, al plantear a Solaria unas limitaciones respecto a los hábitats de especies en peligro de extinción como el sisón o el águila imperial más laxas que las establecidas para otras plantas fotovoltaicas en la misma zona”.

Desde el colectivo ecologista denuncian que el Ministerio está poniendo “una infinidad de obstáculos” al contencioso administrativo interpuesto por ellos, donde han solicitao “innumerables veces” la aportación del expediente completo del proyecto por parte del Ministerio, “que de forma recurrente ha incumplido los plazos para proveer dicha información, poniendo además un sinfín de trabas que no hacen sino añadir opacidad a todo el proceso y creando una situación de clara indefensión a la asociación”.

En este contexto, Salvemos los Campos expresa que seguirá vigilante tanto en el terreno como en los tribunales para asegurar la preservación “de los riquísimos valores ambientales de la zona”, reservándose para ello el derecho a recurrir a cuantas medidas legales estime conveniente.

Este medio ha contactado con Solaria para conocer su versión, sin respuesta hasta el momento.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado una propuesta estratégica a los llamados 'esquemas provisionales de temas importantes del cuarto ciclo de planificación hidrológica (2028-2033)' de las siete demarcaciones hidrográficas que discurren por la región. Es decir, las bases para planificar la gestión de los ríos en España.

El objetivo es avanzar en una gestión hidrológica justa y adaptada a las necesidades hídricas presentes y futuras de la región y se alinea además con los principios recogidos en el 'Acuerdo de Posición Común en Materia de Agua de Castilla-La Mancha', según el Ejecutivo regional.

La propuesta ha sido trasladada este viernes durante la reunión extraordinaria del Consejo Regional del Agua, presidida por la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, junto a la directora general del Agua, Montserrat Muro; que se produce un día después de la sentencia del Tribunal Supremo que avala el vigente plan hidrológico del río Tajo, que lleva ya diez sentencias que ratifican la implantación de caudales ecológicos en su curso medio.

La consejera asegura que “Castilla-La Mancha actúa hoy con más fuerza que nunca en la defensa de nuestros intereses hídricos, que son también nuestros intereses sociales, económicos y ambientales”. La intención, añadía, es “seguir avanzando hacia un modelo hídrico basado en el consenso, la sostenibilidad y la garantía de oportunidades para las generaciones presentes y futuras”.

El Ejecutivo autonómico explica hoy que se trata de reforzar la defensa de los intereses hídricos de Castilla-La Mancha y consolidar una posición común de la mano de toda la sociedad castellanomanchega, en continuidad con el trabajo desarrollado desde la firma del Pacto Regional del Agua en diciembre de 2020.

“Momento decisivo”: en la región hay 7 cuencas hidrográficas

La consejera ha señalado además que Castilla-La Mancha afronta “un momento decisivo para el presente y el futuro de nuestra tierra”, al tratarse de una comunidad autónoma afectada por siete demarcaciones hidrográficas, “una realidad singular que no comparte ninguna otra región de España”.

Durante el proceso participativo previo a la elaboración de este documento de conclusiones, el Gobierno regional ha mantenido mesas de trabajo en las cinco provincias con la participación de 71 representantes de distintos sectores vinculados al agua, que han realizado cerca de 200 propuestas.

El documento de conclusiones presentado ante el Consejo Regional del Agua, según ha indicado la consejera, “reafirma la necesidad de impulsar un modelo hídrico capaz de garantizar una reserva estratégica de agua para el abastecimiento, el desarrollo económico y la cohesión territorial de Castilla-La Mancha, especialmente en las demarcaciones del Tajo, Guadiana, Júcar y Segura”.

¿Qué pide Castilla-La Mancha?

Entre las principales líneas de actuación recogidas en las alegaciones destaca la defensa del principio de unidad y prioridad de la cuenca hidrográfica, de manera que los recursos excedentarios únicamente puedan considerarse como tales “una vez atendidas las necesidades de la propia cuenca cedente y garantizado el suministro de las distintas demandas existentes”.

Por otra parte, el Gobierno regional solicita la realización de balances hidrológicos completos e individualizados por cuenca, incluyendo tanto los recursos convencionales como los alternativos, y defiende que “las demandas regionales deben ser satisfechas con carácter prioritario antes de considerar recursos hídricos excedentarios”, ha explicado Gómez.

La propuesta también apuesta por garantizar las asignaciones previstas en los planes hidrológicos vigentes, impulsar los regadíos sociales y compatibilizar los objetivos medioambientales con el desarrollo socioeconómico de los territorios afectados.

Del mismo modo, el documento pone de manifiesto la necesidad de mejorar el conocimiento técnico de las distintas demarcaciones hidrográficas, reforzando especialmente las redes piezométricas para avanzar en una gestión más transparente y eficiente de los recursos hídricos.

Otro de los ejes fundamentales es dar respuesta a las dificultades que afrontan los pequeños municipios y las zonas afectadas por la despoblación, especialmente en materia de abastecimiento, calidad del agua de consumo humano y cumplimiento de la normativa de depuración.

Mercedes Gómez ha insistido además en la necesidad de acelerar la transición hacia un nuevo modelo de gestión hídrica y avanzar en soluciones e infraestructuras hidráulicas adaptadas al actual contexto climático. “Necesitamos infraestructuras resilientes, capaces de garantizar el suministro y responder a cualquier circunstancia derivada del cambio climático”, ha señalado.

En este sentido, la consejera ha reiterado que Castilla-La Mancha mantendrá una posición “firme e inflexible” ante la Administración General del Estado para que la planificación del cuarto ciclo incorpore “medidas e infraestructuras realistas y eficaces que respondan a las necesidades del territorio”, ha señalado. Gómez ha defendido que “si el agua se transforma en economía, como ya sucede en otros territorios, debe hacerse primero allí donde se genera el recurso”.

Si el agua se transforma en economía, como ya sucede en otros territorios, debe hacerse primero allí donde se genera el recurso

Finalmente, Mercedes Gómez ha animado a ayuntamientos, agricultores, sectores económicos, organizaciones conservacionistas y ciudadanía en general a aprovechar los últimos días del periodo de información pública, antes del 28 de mayo, para presentar alegaciones y propuestas que consideren oportunas para defender las demandas de uso del agua.

“Este esfuerzo no corresponde únicamente a la Administración regional, queremos que toda la sociedad castellanomanchega participe y haga oír su voz para construir entre todos una planificación hidrológica adaptada a las necesidades reales del territorio”, ha concluido Mercedes Gómez.

La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha manifestado que espera que la admisión a trámite del recurso contencioso-administrativo contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para que se apliquen las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura sea suficiente para que se cambien estas normas, aunque ha advertido de que, en caso de que no sea así, el Gobierno autonómico seguirá “insistiendo”.

“Han pasado más de dos años”, ha recordado la consejera, desde que este cambio se debería haber hecho y la “paciencia” del Gobierno de Castilla-La Mancha ha llegado a un punto en el que les ha “obligado” a presentar una demanda contra el Estado pidiendo y exigiendo que se cumpla lo que dice el Real Decreto, y “es que se tiene que contar con unas nuevas reglas de explotación”.

Para la consejera, desde el Estado “se piensan que, como este año ha empezado con lluvias en primavera, ya está todo solucionado”. “Pero no está solucionado”, ha aseverado.

Por todo ello, el Gobierno autonómico ha presentado un informe en su demanda que “viene a demostrar” la existencia de “daños” por el incumplimiento de los caudales. “Esa es la situación que nosotros hemos puesto encima de la mesa, han admitido a trámite nuestra demanda y lo que esperamos es que, cuanto antes, se nos presente una modificación de las reglas de explotación”, ha apuntado.

La Xunta de Galicia se opone a la protección del lobo y es una firme defensora de que debe poder cazarse. Ni los datos de su último censo, que concluye que la población de la especie no crece, sino que está estable, ni las conclusiones del Gobierno central sobre que el estado es desfavorable en la península ibérica ni las decisiones judiciales que han frenado las normas gallegas que permiten abatir ejemplares han hecho cambiar de idea a la Consellería de Medio Ambiente. En su persistente batalla por aplicar un control letal sobre estos animales, se ha puesto al frente de una inusual maniobra que pretende forzar que el informe que se presente ante Bruselas sobre la situación del lobo no sea el elaborado por el Gobierno central, sino uno alternativo redactado por la Xunta y al que han dado su apoyo varias comunidades autónomas. Con este embrollo sobre la mesa, y tras la petición de varias organizaciones de que se pueda consultar toda la documentación, el Ministerio para la Transición Ecológica ha decidido que va a sacar a información pública el material, según adelantó la Agencia EFE.

Una de esas organizaciones es el Fondo para la Protección del Lobo. Ernesto Díaz, su coordinador, considera que la estrategia de las comunidades que pelean por poder cazar lobos, con la Xunta al frente, es “insólita”. Dice no recordar otro caso en el que una comunidad haya decidido recopilar la información de las demás para presentar un informe alternativo al ya elaborado por el Gobierno central con los datos remitidos por las propias autonomías. Asegura que lo que se está desplegando es “una maniobra orquestada fundamentalmente por los gobiernos de las comunidades del noroeste”, que han ido reuniendo apoyos de otras administraciones “afines”, sobre todo del PP. Y detrás de todo esto interpreta que lo que hay es “una búsqueda del voto rural”, con el discurso, cuestionado por expertos, de que están aumentando los ataques de lobos al ganado y amenazando su viabilidad.

Pero, para llegar a la situación actual, se han entrecruzado varios hilos. La postura de la Xunta ha sido clara y favorable a la caza de lobos. En 2021, cuando la especie se incluyó en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), lo que llevó a que no se pudiese cazar, el Gobierno gallego se opuso. Esa prohibición duró hasta marzo de 2025, cuando una enmienda a la ley sobre desperdicio alimentario le retiró esa protección, con el apoyo de PP, Vox, Junts y PNV. La Consellería de Medio Ambiente se había preparado para aprovechar de inmediato ese nuevo escenario: autorizó de nuevo la caza de lobos solo un día después de que el cambio entrase en vigor. La Justicia paralizó después esa posibilidad de matar a estos animales (y la Xunta lo recurrió).

Esa modificación normativa contiene un segundo aspecto que ha permitido la maniobra con el contrainforme: obliga a que los informes sexenales sobre el estado de conservación de fauna y flora silvestres que se deben remitir a la Comisión Europea pasen antes por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente -que reúne a Gobierno central y comunidades- y reciban su visto bueno. Antes de ser elevados a esa Conferencia, deben analizarse en la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, en la que también están representadas las comunidades autónomas y el Ejecutivo estatal. Y en este foro es en el que la Xunta presentó su informe alternativo. Antes de estos cambios, que han sido recurridos ante el Tribunal Constitucional por el Defensor del Pueblo, el Gobierno central los elaboraba y los enviaba directamente a Bruselas.

El Gobierno español está fuera de plazo para presentar estos informes sexenales (y Bruselas ha abierto expediente por este motivo), que debía haber entregado antes de julio de 2025. Fue a esas alturas cuando el Ministerio para la Transición Ecológica difundió los datos del último censo del lobo: hay 333 manadas en España, que son 36 más que una década antes, pero menos que las 500 que los expertos defienden como el umbral de seguridad para confiar en las buenas perspectivas de la especie a largo plazo. Con esta información, el informe sobre el estado de conservación concluyó que la situación era desfavorable, algo que hace más difícil que entre las medidas de gestión que se adopten para la especie estén las letales.

El documento se presentó en Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, pero no fue aceptado. Lo que ocurrió fue que la Xunta acudió a la cita con un informe alternativo que llega a la conclusión contraria y que ha sido apoyado por buena parte de las comunidades autónomas. Votaron a favor Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Navarra, Comunitat Valenciana, Extremadura, Illes Balears, La Rioja, Asturias, Murcia, la ciudad autónoma de Ceuta y la propia Galicia. Castilla-La Mancha, Catalunya y Euskadi se abstuvieron y el Gobierno central votó en contra. El siguiente paso es elevarlo a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, algo que aún no ha ocurrido y que va a tardar, dado que el Gobierno central ha decidido sacar a información pública toda la documentación.

El contrainforme

La Xunta defiende la maniobra de intentar forzar el cambio en las conclusiones que se envíen a Bruselas y asegura que su informe alternativo “es una especie de réplica/alegación a la propuesta del Ministerio”. En su justificación, la Consellería de Medio Ambiente acusa al Gobierno central de estar haciendo “valoraciones subjetivas” y exponer “falsedades” con el “único fin” de que la conclusión sea que el estado es desfavorable. El documento gallego, al que ha tenido acceso elDiario.es, repasa parámetro por parámetro los datos para las regiones atlántica y mediterránea y defiende que en ambas debe considerase que la situación es favorable. Cuestiona la interpretación que hace el Gobierno de los criterios establecidos en Europa para las evaluaciones y también critica que se tome como referencia que la población de seguridad sea de 500 manadas para la península ibérica.

El Ministerio replica a varias de las consideraciones de la Xunta y agrega un análisis de los resultados si no se tomasen como referencia esas 500 manadas. La conclusión es que, aun así, el estado sigue siendo desfavorable en las tres regiones (atlántica, mediterránea y alpina). El Gobierno central defendió también que es necesario tener en cuenta el impacto de los ejemplares que ya han sido cazados en comunidades como Cantabria y Asturias y el de los gigantescos incendios del pasado verano en territorios habitados por la especie.

La Consellería de Medio Ambiente señala, en respuesta a preguntas de esta redacción, que tomó la iniciativa de elaborar un análisis que contradice el del Ministerio “en el marco de la coordinación y colaboración existente entre las comunidades autónomas con intereses en esta materia”. Asegura que, en otras ocasiones y asuntos, han sido otras comunidades las que han adoptado este papel. Sobre la elaboración del informe afirma que lo hicieron técnicos de la Xunta, que es un trabajo riguroso y que el contenido “recoge la información aportada por las distintas regiones” y que se han utilizado para el censo estatal - los datos “son los oficiales, que son públicos”, aclara-. Es decir, han empleado la misma información que el Gobierno central para llegar a la conclusión opuesta.

Mientras la Xunta acusa al Ministerio de hacer valoraciones subjetivas, son varios los expertos que dicen que quien tiene una postura ideológica y alejada de la ciencia es la Consellería de Medio Ambiente. Ernesto Díaz la califica de “arbitraria” y cree que Galicia y el resto de comunidades del noroeste, como Asturias, Cantabria o Castilla y León están en “una carrera hacia el precipicio de matar lobos”.

La beligerancia de la Xunta

En enero de este año, varios responsables de estos territorios se reunieron en Cantabria para reclamar la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que debería aprobar el informe sexenal sobre el lobo y en la que quieren que salga adelante el documento de la Xunta. Tras el encuentro, la conselleira gallega, Ángeles Vázquez, volvió al argumento del impacto en el ganado y consideró que eso es una evidencia de su buena situación en Galicia: “Su estado de conservación es favorable, como acredita el hecho de que los ataques de esta especie hayan aumentado un 72% en relación con 2021”. Estos datos de muertes de animales causadas por el lobo también son discutidos por biólogos, que avisan de que un aumento de los reportes no implica necesariamente que hayan crecido los ataques porque no se analiza si hay ADN de esta especie o de perros asilvestrados ni se distingue depredación de carroñeo. Apuntan también a posibles fraudes en un contexto en el que han aumentado las compensaciones por ganado muerto.

Vázquez ha insistido en los últimos años en una postura especialmente beligerante para autorizar la caza de lobos en Galicia, a pesar de que es una medida que, cuando ha estado permitida, apenas se ha usado ni ha tenido éxito en Galicia: un informe publicado en 2023 por Unións Agrarias indicaba que en la década anterior se habían autorizado 60 batidas, que se saldaron con solo 11 animales cazados. Después de que la Justicia paralizase la medida que reintroducía la posibilidad de abatir ejemplares de esta especie, la conselleira reaccionó con exageración: “Lo que no se puede pretender es que Galicia albergue a todos los lobos de toda España”.

A la espera de que se inicie el proceso de información pública anunciado por el Ministerio para la Transición Ecológica lo que se abren son incógnitas sobre el informe sexenal del estado del lobo. Ernesto Díaz señala que se desconoce cómo va a ser el trámite, de qué manera se van a gestionar las alegaciones y cómo van a influir posteriormente en la información que se remita a Bruselas.