La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recomienda ajustar el diseño del proyecto de real decreto que regulará los centros de datos (data centers), flexibilizando las exigencias relativas al requisito de adicionalidad -que obliga a estas instalaciones a cubrir al menos un 80% de su consumo con nueva generación renovable- y a la correlación horaria.

En su informe emitido sobre el borrador remitido por la Secretaría de Estado de Energía (SEE), al que ha tenido acceso Europa Press, el regulador evalúa las obligaciones planteadas para estas infraestructuras de gran consumo energético. Si bien comparte el objetivo de ordenar el sector ante el elevado volumen de permisos concedidos y solicitudes en tramitación, propone adaptar las condiciones exigidas para no generar señales eficientes distorsionadas.

El proyecto normativo contempla que los centros de datos deban acreditar que el 80% de su consumo anual procede de autoconsumo o de contratos a plazo con instalaciones renovables cuya entrada en funcionamiento no sea anterior en más de 18 meses a la del propio centro.

Ante esto, la CNMC advierte de que existe un gran volumen de energía renovable sobrante en determinadas horas -con cerca de 600 horas de precios negativos registradas solo en el primer semestre de 2026- por lo que no ve eficiente exigir nueva potencia en periodos donde ya se producen vertidos de generación limpia.

Por ello, plantea que la exigencia de adicionalidad del 80% se aplique únicamente en las horas en las que no exista suficiente generación renovable disponible, o bien que se flexibilice reduciendo el porcentaje inicial de cobertura o fijando una senda progresiva de cumplimiento hasta 2030.

Asimismo, sugiere ampliar la ventana temporal de 18 meses fijada para la puesta en marcha de las plantas renovables asociadas, al considerarla insuficiente dados los plazos reales de tramitación y construcción.

Del mismo modo, cree que el plazo de seis meses dado a los proyectos con permisos concedidos para acreditar su cumplimiento es escaso y propone dar un tratamiento gradual a los proyectos más avanzados.

Respecto a la correlación horaria (que exige que el 80% de la energía consumida en cada hora esté respaldada por generación renovable generada esa misma hora), el regulador señala que obligaría a sobredimensionar en exceso las plantas y el almacenamiento, elevando costes.

Por tanto, aboga por excluir del cómputo aquellas horas en las que se registren excedentes, precios de mercado muy bajos (iguales o inferiores a 20 euro/MWh) o bajas emisiones del mix.

En cuanto al régimen sancionador, la propuesta del Gobierno contempla recargos sobre los peajes y cargos del sistema eléctrico -que van del 10% al 500% según la gravedad del incumplimiento de adicionalidad o correlación horaria-.

La CNMC sostiene que estas penalizaciones no deberían aplicarse sobre la facturación de peajes de transporte y distribución -cuya fijación es competencia exclusiva del regulador-, y recomienda canalizarlas a través de mecanismos específicos, como los precios de financiación de los futuros mercados de capacidad.

Por otro lado, sobre los criterios de eficiencia energética (PUE) e hídrica (WUE), el organismo señala que exigir simultáneamente umbrales estrictos en ambos indicadores resulta “excesivamente rígido”.

La CNMC aclara que reducir el consumo de agua mediante la recuperación y reciclaje puede aumentar el uso de electricidad, mientras que reducir al máximo el gasto eléctrico requiere más uso hídrico.

Dada la elevada disponibilidad de renovables en España y la escasez de agua, el organismo aconseja priorizar la exigencia del consumo hídrico y relajar el indicador de consumo eléctrico a valores más habituales.

La historia del trasvase Tajo-Segura no encuentra su fin tras décadas de polémica y confrontaciones entre Castilla-La Mancha, como región con la cuenca cedente, y la Comunitat Valenciana, Murcia o Andalucía, como las receptoras. Y no parece que la vaya a tener tampoco en la presente legislatura. Este es el escenario que se vislumbra tras la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, que hará prácticamente imposible que el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) dé luz verde a una de sus asignaturas pendientes: las nuevas reglas de explotación de este acueducto para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo que avaló los caudales ecológicos del río Tajo en su nueva planificación hidrológica.

Se trata de una petición que el Ejecutivo de Emiliano García-Page no ha dejado de exigir desde que la sentencia se hizo firme, hasta el punto de que demandó al Gobierno central por la vía judicial para hacer públicas estas nuevas normas. Sin resultado hasta ahora.

Ese es uno de los múltiples frentes que Page, uno de los dirigentes socialistas más críticos con Pedro Sánchez, tiene abiertos con el Gobierno central. Su postura al respecto es clara: el trasvase debe acabarse o, en su defecto, cambiar sus normas para garantizar sus caudales ecológicos.

La férrea defensa que el Gobierno castellanomanchego ha hecho de esta cuestión viene además avalada por el hecho de que todos los recursos presentados contra la sentencia del Supremo han sido desestimados, parcial o totalmente. El último de ellos, el interpuesto por la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. Pero antes de este último, el Alto Tribunal ha ido tumbando otros muchos: el de la Comunitat Valenciana, el de la Región de Murcia o el del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), entre otros.

Ahora, con el adelanto electoral, el Ejecutivo de Page afirma que va a seguir defendiendo esas nuevas reglas “gobierne quien gobierne”. Lo ha dicho la consejera de Desarrollo Sostenible, Merces Gómez, quien ha reafirmado su compromiso de “no dar ni un paso atrás” en la defensa del Río Tajo y de los recursos hídricos propios de Castilla-La Mancha.

El caudal ecológico, una “condición obligatoria”

Porque el principal argumento del Supremo hasta ahora ha sido que el caudal ecológico no es un uso del agua comercial, sino una “condición obligatoria” de protección medioambiental. Pero no ha servido para que el ministerio haya podido aprobar las nuevas reglas de explotación antes del final de la legislatura porque, según alega, todavía quedan recursos por resolver.

¿Qué queda en el aire entonces? El Tribunal Supremo sentenció que el Plan hidrológico de la demarcación hidrográfica del Tajo (2022-2027) vulnera la normativa europea de aguas y obliga al MITECO al establecimiento inmediato de caudales ecológicos en las zonas protegidas del eje principal del río Tajo, es decir, todo el recorrido desde el embalse de Bolarque en Guadalajara hasta el de Valdecañas entre las provincias de Toledo y Cáceres.

Ese tramo medio incluye de forma directa el paso del río por ciudades principales como Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina. Es decir, toda la masa de agua a su paso por el territorio castellanomanchego se encuentra bajo este mandato de obligado cumplimiento.

Con la anulación judicial del escalonamiento, el calendario progresivo que aplazaba los máximos niveles hasta 2027 quedó sin efecto, obligando a la aplicación de nuevos volúmenes de caudal mínimo histórico: seis metros cúbicos por segundo en el tramo de Aranjuez (frente a los 8,65 establecidos), diez metros cúbicos en el tramo de Toledo (frente a 17,23) y lo mismo para el tramo de Talavera de la Reina (frente a 18).

Estas son las cifras que las nuevas reglas de explotación debían garantizar y así lo han recordado también de manera reiterada desde la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía (en la cabecera del trasvase) tras los últimos pronunciamientos del Supremo.

“Vuelve a dejar claro que los argumentos utilizados contra los caudales ecológicos no se sostienen. Llevamos demasiado tiempo asistiendo a recursos y maniobras para cuestionar una realidad que los tribunales han confirmado una y otra vez”, ha señalado el presidente de este colectivo, Borja Castro.

La asociación ya advirtió que estas sentencias no impiden que los regantes puedan intentar acudir al Tribunal Constitucional en defensa de los derechos fundamentales cuya vulneración han venido alegando, pero considera que esa posibilidad “no debería servir como argumento para seguir paralizando decisiones que afectan al cumplimiento de los caudales ecológicos y a la necesaria adaptación de las reglas de explotación del trasvase”.

Mientras tanto, la situación del Tajo es cada vez peor. A su paso por Toledo y tras un verano extremadamente seco y caluroso, las imágenes de playas e islas de arena cada vez más grandes en el cauce, y de peces cuya aleta dorsal sobresale del agua por falta de espacio con el lecho, se han difundido por redes sociales y medios de comunicación, reabriendo el debate sobre la cantidad de agua que lleva este río a su paso por la capital de Castilla-La Mancha.

Se da también la circunstancia de actualmente el trasvase está parado por obras. El acueducto permanecerá inoperativo y sin suministro de agua al Levante hasta 2027 debido a las obras de reparación de dos roturas en la infraestructura, cuyos trabajos requerirán un plazo inicial estimado de entre cuatro y cinco meses y una inversión de 1,2 millones de euros, según la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT).

Lo que no ha parado ha sido el debate político. Coincidiendo con las últimas resoluciones judiciales, el PSOE de Castilla-La Mancha ha reclamado al presidente del PP regional, Paco Núñez, que defienda los derechos hídricos de esta comunidad autónoma. Es una petición también histórica, porque la situación de Núñez no es fácil. El PP gobierna en la Comunitat Valenciana y en Murcia, y Alberto Núñez Feijóo ha apoyado en varias ocasiones las demandas de sus presidentes en materia de agua.

¿Hay un pacto oculto en el PP?

Los socialistas han aprovechado esta cuestión para denunciar el “silencio” del PP castellanomanchego a este respecto y a insinuar un “pacto oculto” con Génova para que Núñez pueda ser candidato frente a Page en las elecciones autonómicas previstas para mayo de 2027.

El pasado mes de agosto, Núñez se comprometió a que, si llegaba al Gobierno de Castilla-La Mancha, aplicaría el “principio de prioridad de la cuenca cedente” para garantizar que el agua de la región se destine, en primer lugar, a atender las necesidades de los agricultores y ganaderos castellanomanchegos. Pero este discurso nunca ha sido avalado por Núñez Feijóo.

Es de esperar, por tanto, que el agua, sin unas reglas claras de explotación del trasvase, vuelva a ser tema recurrente en Castilla-La Mancha durante la campaña electoral para el 29 de noviembre, sin que apenas se haya avanzado en la aplicación de los caudales ecológicos del río Tajo durante la presente legislatura. Es decir, mientras, según las plataformas y asociaciones que lo defienden, “agoniza”.

El Ayuntamiento de València tiene previsto aprobar este miércoles en la comisión de urbanismo el Plan Especial de la Zona Sur 2 del Puerto de València, el documento urbanístico que regula los usos, actividades y edificaciones que se podrán desarrollar en todo el ámbito, principalmente en el entorno del muelle Príncipe Felipe. Se trata de una aprobación provisional tras el periodo de alegaciones que se eleva a la Conselleria de Territorio a los efectos de la aprobación definitiva.

Entre los edificios que quedan en el ámbito del plan está el actual edificio de oficinas del naviero y presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, así como los terrenos contiguos en los que inició las obras de su nueva torre de oficinas de 13 alturas mediante una concesión otorgada por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV). El Ayuntamiento paralizó los trabajos al haberse iniciado sin la preceptiva licencia municipal, y así siguen a la espera de que se resuelva el expediente sancionador.

En este sentido, llama la atención el choque que se produjo durante la tramitación del Plan Especial entre el Ministerio de Transición Ecológica y la APV a colación del mencionado edificio. Así, un informe de la dirección general de la Costa y el Mar dependiente del mencionado ministerio, firmado el pasado mes de marzo, advirtió de un exceso de altura de la torre.

Según el documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, “el dominio público portuario estatal se regula por las disposiciones del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (TRLPYMM) y supletoriamente por la Ley de Costas, por lo que deberá garantizarse que con las alturas propuestas no se genera una pantalla arquitectónica en los primeros 500 metros medidos tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar”.

Por lo expuesto, la dirección general pidió aclarar los siguientes aspectos en relación al edificio de Boluda: “Para la ordenación propuesta en el área de ordenación especial, si bien se indica que se consolida la edificación existente (actualmente de 3-4 plantas de altura), se permite una altura de PB+XIII [planta baja más 13 pisos] (56 metros de altura), lo que resultaría contrario a lo regulado en la zona de influencia por la normativa de Costas”.

A este escrito contestó la APV remarcando que pese a que el informe se había emitido fuera de plazo, se incluía en el expediente y afirmando que al estar el inmueble en suelo portuario, la Ley de Costas no es de aplicación: “si bien los terrenos objeto del plan tienen consideración de Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT), también tienen la consideración de dominio público portuario. Es por ello que, en virtud de lo indicado en el artículo 67.1 TRLPEMM, su régimen jurídico viene determinado por la normativa portuaria, siendo de aplicación solo de forma supletoria las disposiciones de la legislación de costas”.

En consecuencia, añade la APV, “la aplicación de las servidumbres y demás limitaciones a la propiedad (zona de influencia) que se establecen en la Ley de Costas no serán de aplicación sobre el dominio público portuario (DPP), tal y como se recoge en el informe de la Abogacía del Estado”.

Boluda alega contra la protección de sus actuales oficinas

Como informó elDiario.es, la multa del Ayuntamiento a Boluda podría ser doble: una por infracción leve al comenzar los trabajos sin los pertinentes permisos municipales y otra por infracción grave por afectar las obras a un edificio catalogado.

En este sentido, la mercantil del naviero ha presentado alegaciones para evitar que el Plan Especial recoja su actual edificio de oficinas como catalogado, lo que implicaría una cierta protección patrimonial.

Boluda defiende en su escrito que “el inmueble actual ya no se corresponde sustancialmente con las antiguas oficinas de Unión Naval de Levante, porque ha sufrido transformaciones profundas, especialmente en la reforma de 2006-2007, como son cambio de volumen, sustitución de la segunda planta por otra acristalada, incorporación de nuevos núcleos de comunicación, alteración de fachadas y demolición de la decoración y distribución interior previas” por lo que “carece de valor histórico, arquitectónico y etnológico suficiente para ser integrado en el patrimonio cultural valenciano”.

Sin embargo, el Ayuntamiento desestima la alegación: “Desde una óptica administrativa, tales circunstancias no excluyen necesariamente la existencia de valores protegibles. La protección urbanístico-patrimonial puede fundarse no sólo en la autenticidad material absoluta del edificio originario, sino también en su significación histórica, en su permanencia como hito de un enclave productivo-portuario, en su relación con la memoria industrial del frente marítimo y en los valores compositivos, tipológicos o de contextualización urbana que el planeamiento considere concurrentes. Por lo tanto, no procede estimar la pretensión de eliminación automática de toda referencia patrimonial”.

L'Ajuntament de València té previst aprovar aquest dimecres en la Comissió d'Urbanisme el Pla Especial de la Zona Sud 2 del Port de València, el document urbanístic que regula els usos, les activitats i les edificacions que es podran desenvolupar en tot l'àmbit, principalment en l'entorn del moll Príncep Felip. Es tracta d'una aprovació provisional, després del període d'al·legacions, que s'eleva a la Conselleria de Territori perquè procedisca a l'aprovació definitiva.

Entre els edificis que queden dins de l'àmbit del pla està l'actual edifici d'oficines del navilier i president de l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE), Vicente Boluda, així com els terrenys contigus en els quals va iniciar les obres de la seua nova torre d'oficines de 13 altures mitjançant una concessió atorgada per l'Autoritat Portuària de València (APV). L'Ajuntament va paralitzar els treballs perquè s'havien engegat sense la preceptiva llicència municipal, i així continuen a l'espera que es resolga l'expedient sancionador.

En aquest sentit, crida l'atenció el xoc que es va produir durant la tramitació del Pla Especial entre el Ministeri per a la Transició Ecològica i l'APV arran de l'esmentat edifici. Així, un informe de la Direcció General de la Costa i el Mar, dependent de l'esmentat ministeri i firmat el passat mes de març, va advertir d'un excés d'altura de la torre.

Segons el document, al qual ha tingut accés elDiario.es, “el domini públic portuari estatal es regula per les disposicions del Text Refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant (TRLPYMM) i, supletòriament, per la Llei de Costes, per la qual cosa haurà de garantir-se que amb les altures proposades no es genere una pantalla arquitectònica en els primers 500 metres mesurats terra endins des del límit interior de la ribera de la mar”.

Per tot això, la Direcció General va demanar aclarir els aspectes següents en relació amb l'edifici de Boluda: “Per a l'ordenació proposada en l'àrea d'ordenació especial, si bé s'indica que es consolida l'edificació existent (actualment de 3-4 plantes d'altura), es permet una altura de PB+XIII [planta baixa més 13 pisos] (56 metres d'altura), cosa que resultaria contrària al que regula la normativa de Costes en la zona d'influència”.

A aquest escrit va contestar l'APV remarcant que, malgrat que l'informe s'havia emés fora de termini, s'incloïa en l'expedient, i afirmant que, com que l'immoble està en sòl portuari, la Llei de Costes no és aplicable: “si bé els terrenys objecte del pla tenen la consideració de Domini Públic Maritimoterrestre (DPMT), també tenen la consideració de domini públic portuari. És per això que, en virtut del que indica l'article 67.1 TRLPEMM, el seu règim jurídic és determinat per la normativa portuària, i les disposicions de la legislació de costes només són aplicables de manera supletòria”.

En conseqüència, afegeix l'APV, “l'aplicació de les servituds i altres limitacions a la propietat (zona d'influència) que s'estableixen en la Llei de Costes no serà aplicable sobre el domini públic portuari (DPP), tal com es recull en l'informe de l'Advocacia de l'Estat”.

Boluda al·lega contra la protecció de les seues actuals oficines

Com va informar elDiario.es, la multa de l'Ajuntament a Boluda podria ser doble: una per infracció lleu per haver començat els treballs sense els pertinents permisos municipals i una altra per infracció greu perquè les obres afecten un edifici catalogat.

En aquest sentit, la mercantil del navilier ha presentat al·legacions per a evitar que el Pla Especial reculla el seu actual edifici d'oficines com a catalogat, fet que implicaria una certa protecció patrimonial.

Boluda defensa en el seu escrit que “l'immoble actual ja no es correspon substancialment amb les antigues oficines d'Unión Naval de Levante, perquè ha patit transformacions profundes, especialment en la reforma de 2006-2007, com ara el canvi de volum, la substitució de la segona planta per una altra d'envidrada, la incorporació de nous nuclis de comunicació, l'alteració de les façanes i la demolició de la decoració i la distribució interior prèvies”, per la qual cosa “manca de valor històric, arquitectònic i etnològic suficient per a ser integrat en el patrimoni cultural valencià”.

No obstant això, l'Ajuntament desestima l'al·legació: “Des d'una òptica administrativa, aquestes circumstàncies no exclouen necessàriament l'existència de valors protegibles. La protecció urbanisticopatrimonial pot fonamentar-se no sols en l'autenticitat material absoluta de l'edifici originari, sinó també en la seua significació històrica, en la seua permanència com a fita d'un enclavament productiu i portuari, en la seua relació amb la memòria industrial del front marítim i en els valors compositius, tipològics o de contextualització urbana que el planejament considere concurrents. Per tant, no és procedent estimar la pretensió d'eliminació automàtica de tota referència patrimonial”.

El Gobierno vasco ha conseguido finalmente el objetivo que se había marcado de incrementar en un 50% la capacidad eléctrica actual para dar soluciones a las necesidades de la industria vasca y su electrificación. Esto supone añadir 6.000 MW a los 12.000 actuales y eleva en algo más de 1.000 MW el compromiso de inversiones que se cerró en un principio hace justo un año y que suponía un aumento de la capacidad eléctrica en un 40%, alrededor de 4.800 MW que ya entonces anunciaban que se “quedaban cortos”.

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha mantenido este lunes un encuentro con el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco, Mikel Jauregi, en la primera ronda de encuentros que mantendrá con los responsables de diferentes comunidades autónomas para explicarles las modificaciones que se han realizado en la propuesta de planificación de electricidad con horizonte 2030 tras analizar 2.566 alegaciones recibidas durante la fase de audiencia y que se ha materializado en el Real Decreto del pasado 28 de julio, que regula los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica en el Estado, aumentando el volumen de inversión previsto en redes eléctricas.

Groizard, que ha visitado junto a Jauregi las obras de la conexión eléctrica con Francia por cable submarino, ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho “un gran esfuerzo para que la próxima planificación permita aprovechar la ventaja competitiva que ofrece la generación renovable, facilitando el desarrollo de nuevos proyectos, desde nuevas promociones inmobiliarias hasta nuevas industrias, algo muy relevante en Euskadi”. El consejero Jauregi no ha ocultado su satisfacción. “Se ha dado un paso de gigante para resolver uno de los mayores problemas de nuestra industria: la falta de enchufes. El año pasado anunciamos un acuerdo borrador que incrementaba nuestra potencia eléctrica en un 40%. Hoy anunciamos que la versión final del plan de inversiones eleva esta potencia al 50%. En el próximo quinquenio vamos a tener un 50% más de enchufes en Euskadi”, se ha felicitado.

“Estamos muy satisfechos con este logro que es el resultado de muchos meses de trabajo, de negociación y de defensa de los intereses de Euskadi”, ha señalado. “El compromiso permite dar respuesta a las necesidades de conexión identificadas por 117 empresas intensivas en consumo, lo que garantiza la continuidad de más de 70.000 empleos en Euskadi, y constituye el principal hito en materia energética para la industria de Euskadi”, agrega.

Según han explicado, para conseguir este incremento de la potencia en un 50% se actuará en casi todas de subestaciones existentes, con más de 20 actuaciones y se crearán 10 parques de subestaciones, además se construirán 476 kilómetros de líneas, a los que se añade la repotenciación de otros 421 Km de tendidos para incrementar su capacidad. Dentro de las actuaciones se considera preferente el eje con Navarra y la renovación de una reactancia para mejorar la resiliencia y solidez del sistema.

En concreto, según ha informado el Gobierno vasco, una nueva subestación al sur de Vitoria permitirá responder al crecimiento y la modernización de su área industrial. En Ayala, la mejora de la subestación contribuirá a la recuperación industrial de la comarca. En Bizkaia, se ampliará la capacidad de la subestación de Gatika para favorecer el desarrollo del Parque Tecnológico de Zamudio y de la zona oriental de Bizkaia. Además, el refuerzo de la conexión entre Santurtzi y Ortuella facilitará la puesta en marcha de nuevos proyectos en este entorno. En Gipuzkoa, la nueva subestación de Urola garantizará la seguridad del suministro y dará impulso a la actividad industrial de la costa; además, las ampliaciones de Ormaiztegi y Arkale apoyarán, respectivamente, la recuperación industrial del Goierri y el desarrollo del entorno de Pasaia.

Los 6.000 MW adicionales en las redes eléctricas vascas hasta 2030 se distribuirán en 2.300 MW desde la red de transporte para puntos de apoyo a la distribución y grandes demandantes industriales, 750 MW para generación renovable eléctrica propia, y 3.000 MW adicionales en la red de distribución para la descarbonización y crecimiento de la industria actual. “Esta planificación ofrece un marco estable para atraer nuevas inversiones estratégicas y anticiparse a las necesidades de conexión de la industria existente y de los nuevos proyectos. Al mismo tiempo, los mecanismos de revisión previstos permitirán actualizarla y adaptarla a la evolución de la demanda eléctrica, de modo que la capacidad de la red pueda acompañar con mayor agilidad las futuras inversiones industriales”.

Interconexión con Francia a finales de 2027

El consejero y el secretario de Estado han visitado en Gatika las obras de la interconexión eléctrica con Francia acompañados de la delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia, y del consejero delegado de Redeia, Roberto García Merino. Según han señalado, la obra alcanza ya el 70% de ejecución y estará operativa a finales de 2027 o principios de 2028, y que permitirá incrementar la capacidad de intercambio eléctrico entre España y Francia de 2.800 a 5.000 MW.

Durante la visita, los responsables del proyecto han explicado el estado de las principales actuaciones en marcha, tanto en tierra como en mar. Uno de los puntos centrales del recorrido ha sido la futura estación conversora de Gatika, donde ya ha concluido la obra civil y actualmente se desarrollan los trabajos de montaje electromecánico. Esta instalación será clave para transformar la corriente continua de la línea submarina y subterránea en corriente alterna, permitiendo así su integración en la red de transporte eléctrico. El trazado terrestre de la infraestructura, “que avanza con normalidad” discurre bajo tierra, evitando núcleos urbanos, y aprovechando, siempre que sea posible, pistas y caminos existentes, “con el objetivo de reducir al máximo la afección sobre el territorio”. señalan desde Redeia.

En paralelo, Red Eléctrica, filal de Redeia, ha completado recientemente la primera fase del tendido del cable submarino en la costa vasca, iniciada el pasado mes de agosto. Esta primera actuación ha permitido instalar un tramo de 65 kilómetros ejecutado por la compañía danesa NKT con su buque cablero Victoria, proveedor también de los cables. Próximamente, está previsto que se inicie una nueva campaña de tendido, en este caso de la mano de Prysmian.

En total, la interconexión contará con cuatro cables submarinos, además de cables de fibra óptica necesarios para la operación de la infraestructura, que discurrirán de forma paralela. Los trabajos en el mar se desarrollarán en varias campañas desde este verano hasta el verano de 2027 entre la costa vasca y la francesa, cerca de Burdeos.

El presupuesto de la obra se ha elevado a 3.100 millones, superando el inicialmente anunciado en 2021, que apuntaba a aproximadamente 1.750 millones, una cifra que posteriormente se ha ido actualizando al alza, porque, según ha señalado Roberto García Merino, se trata de proyectos “muy complejos”.

Durante la visita a la estación de Gatika, el consejero delegado de Redeia, se ha referido, a preguntas de los periodistas a las fugas de bentonita que se produjeron en algunas perforaciones, y ha afirmado que estos temas son uno de los motivos de preocupación de la compañía y siempre “han atendido toda la normativa ambiental”, informa Europa Press. Ha insistido en lo que se ha señalado siempre desde Redeia con motivo de las denuncias por estos vertidos: que es “gestionable” y que trabajan, junto con URA y el Gobierno vasco, para encontrar medidas en caso de que en las “tres o cuatro perforaciones que faltan” se pueda dar ese problema nuevamente con la bentonita, que ha puntualizado que es “inocua”. Ha añadido que Redeia seguirá trabajando con el mismo procedimiento, pero se ha puesto un equipo especializado para la gestión de estos residuos si se produjera alguna fuga, que “no tienen un efecto negativo cuando se trata con celeridad”.

Hace un año ya dejaba caer su malestar por la gestión de las cuencas de los ríos por parte de las confederaciones hidrográficas, el pasado marzo pedía asumir parte de su gestión y hoy se anuncia que esa petición ya ha sido formalizada.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dicho este viernes que su Gobierno ya ha registrado formalmente ante el Ejecutivo central y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) la petición para que la Junta pueda asumir mediante una encomienda parte de la gestión que realizan las confederaciones hidrográficas del Guadiana y del Tajo y, más adelante, se pedirían las correspondientes del Júcar y del Segura.

Así lo ha indicado durante la inauguración de la mina de Wolframio de Abenójar, en Ciudad Real, según recoge Europa Press. Una solicitud con la que el Ejecutivo autonómico pretende intervenir en la tramitación de expedientes y aliviar lo que Page ha definido como un importante “atasco” administrativo que, a su juicio, está afectando especialmente a agricultores y ganaderos, que esperan durante años la resolución de cuestiones relacionadas con pozos, regadíos o aprovechamientos de agua.

Ayer mismo, el vicepresidente segundo José Manuel Caballero, y también el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, lanzaban un mensaje, apelando de nuevo a la “unidad” de acción en lo que tiene que ver con el agua en Castilla-La Mancha al PP de Paco Núñez, quien hoy ha hecho oídos sordos a esta cuestión. Tiene su propia hoja de ruta en cuanto al agua.

Page aclara que no reclama la transferencia de competencias

“Acabamos de registrar, cumpliendo un compromiso que adquirí, la petición formal al Gobierno de que nos dejen ayudar”, ha anunciado Page, quien ha querido dejar claro que Castilla-La Mancha no reclama que el Estado le transfiera la competencia, sino que le encomiende parte de su gestión.

“Hay atasco en las confederaciones hidrográficas, se tarda años, hay mucho lío. Curiosamente lo que más rápido va son las sanciones”, ha lamentado el presidente regional, poniendo especialmente el foco en los problemas que existen en Castilla-La Mancha con “la gestión de acuíferos” y “la gestión de los pozos”.

La primera petición afecta a las confederaciones del Guadiana y del Tajo, aunque Page ha avanzado que la intención de su Gobierno es plantearlo “más adelante” también para las demarcaciones del Júcar y del Segura.

“Lejos de discutir y echarle la culpa a otro, queremos echar una mano”, ha defendido el presidente, quien ha asegurado además que, en caso de darse esa encomienda, el Ejecutivo autonómico está dispuesto a contratar “entre 400 y 500 personas” con el objetivo de responder a la preocupación que, según ha señalado, existe entre multitud de agricultores y ganaderos con la gestión del agua.

Medir la situación de los acuíferos

Esta semana se hacían públicos los datos de WWF, sobre cómo se está detrayendo agua de los acuíferos en España para regar. Uno de los más afectados tiene que ver con la cuenca del Guadiana, en la provincia de Ciudad Real. Hoy Page ha recuperado además otra idea que ya puso sobre la mesa en marzo, que Castilla-La Mancha disponga de sus propias mediciones sobre el estado de los acuíferos.

“Queremos tener datos propios sobre los acuíferos. Recelamos de los datos que se dan”, ha señalado, antes de anunciar que este trabajo se realizará junto a la Universidad de Castilla-La Mancha y su Centro Regional de Estudios del Agua (CREA).

“No es obligatorio fiarse, es obligatorio saber de qué estamos hablando”, ha resumido Page, que ya en marzo había planteado incluso la instalación de piezómetros propios por parte de la Junta para contrastar las mediciones existentes.

La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha asegurado este jueves en la Asamblea regional que esta región ha recibido “menos del 1%” de un plan para refugios climáticos, incluyendo centros educativos, que anunció el pasado 27 de julio el presidente del Gobierno, pero “tal afirmación no es cierta”, según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático.

Esas fuentes subrayan que las ayudas siguen abiertas y que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no ha pedido todavía un euro de los fondos de un plan específico para ese fin, el denominado PREE Docente para la climatización de aulas, que llevan semanas disponibles para todas las comunidades autónomas.

Los fondos que anunció Sánchez en julio para refugios climáticos constan de dos líneas de ayudas. Por un lado, la convocatoria para Refugios Climáticos, dotada con 10 millones, y que está abierta hasta el próximo 15 de octubre; y por otro, la de ayudas para Renaturalización de ciudades, dotada con otros 9 millones y que se cierra más tarde, el 29 de octubre.

Los fondos se gestionan a través de la Fundación Biodiversidad. Se otorgan mediante el procedimiento de concurrencia competitiva. Están disponibles para entidades sin ánimo de lucro, organismos de investigación, universidades públicas, colegios profesionales, administraciones públicas o entidades mercantiles.

A estos fondos se suman los del PREE Docente. Desde la última semana del mes de agosto, las comunidades autónomas tienen a su disposición los 200 millones de este plan, impulsado por el ministerio y aprobado en junio por el Consejo de Ministros. El reparto entre las comunidades autónomas se aprobó en julio en una conferencia sectorial. El plan está destinado a climatizar colegios y centros educativos.

“Madrid no ha solicitado los 17,5 millones a su disposición asignados al PREE Docente”, confirma Transición Ecológica. “Por lo tanto, carece de sentido la afirmación de la consejera Zarzalejo de que Madrid ha recibido ”menos del 1% de todo lo que prometieron“, porque el Gobierno de Ayuso ”no ha pedido los fondos que ya tiene a su disposición y aún no se han resuelto las otras líneas de apoyo“, resumen desde el departamento de Sara Aagesen.

Hasta ahora el ministerio ya ha transferido fondos del PREE Docente a Canarias (la primera comunidad autónoma que los pidió) y a Castilla-La Mancha. La transferencia a Baleares y Navarra “se producirá en pocas horas”, indica Transición Ecológica. En este caso los fondos los reparte el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE).

Madrid no ha pedido dinero de estos fondos después de que el pasado 7 de septiembre, Ayuso anunciase una inversión “histórica” de 1.240 millones para mejorar la climatización, la eficiencia energética y la accesibilidad de cerca de 1.400 centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid. Lo hizo tres meses después de que uno de sus consejeros asegurara que el calor es “fuente de inspiración”.

Pero todavía no ha pedido dinero al PREE Docente, que se repartieron de forma proporcional al número de centros de cada territorio. Andalucía (38,5 millones), seguida de Catalunya (33,5 millones), Comunitat Valenciana (17,88 millones) y Madrid (17,54 millones) son las regiones que más dinero reciben. 

“¿Sabe cuánto hemos percibido de aquella lluvia de millones, que era una competición entre un ministerio y otro, y uno anunciaba mil y el otro anunciaba 500? Pues hemos percibido menos del 1% de todo lo que prometieron y que usted nos vendió como si fuera aquello la repanocha”, ha señalado este jueves la consejera de Educación de Ayuso, que ha asegurado que en julio, mientras la Comunidad vivía los peores incendios de su historia, el presidente del Gobierno aprovechaba para vender “una supuesta red de refugios climáticos”, mientras que después “quitó 309 millones de educación para dárselos a sus asesores personales”.

Zarzalejo ha insistido en que la Comunidad cuenta con un plan de actuaciones frente al calor en las aulas, que este año contará con 21 millones en más de un centenar de actuaciones. A ello se suma el multimillonario anuncio de Ayuso de hace unos días. El diputado socialista Esteban Álvarez ha afirmado que esas nuevas inversiones son “humo” y quieren hacer de “cortafuegos”. “¿Pero qué climatización tienen? ¿Qué plan tienen? ¿Dónde hay una metodología? ¿Cuándo se empieza? ¿Por qué centros? ¿Cómo se detecta en qué centro hace falta cada cosa?”, ha preguntado, informa Europa Press.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha elevado hasta un récord de más de 17.000 millones de euros la inversión prevista en la nueva Planificación eléctrica 2025-2030, y va a publicar este jueves en el BOE de la orden ministerial por la que se crea un mercado de capacidad en el sistema eléctrico español, el denominado sistema antiapagones anunciado en enero del año pasado. 

Así lo ha anunciado este miércoles la vicepresidenta y ministra, Sara Aagesen. La propuesta de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica con horizonte 2030, actualmente en tramitación, supondrá una inversión de “más de 17.000 millones, un 30% más que lo planteado inicialmente”, un 144% por encima de la vigente y “la mayor inversión en redes de la historia”, ha anunciado Aagesen, que ha señalado que la medida “más importante” tras el histórico apagón del 28 de abril de 2025 es “mejorar la supervisión del sistema”

La Propuesta de planificación sometida a audiencia pública hace un año contemplaba una inversión de 13.600 millones para cubrir las necesidades del país y cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030. Tras analizar las 2.566 alegaciones recibidas, ese volumen de inversión ha crecido hasta superar los 17.000 millones. El Gobierno confía en aprobarla antes de que acabe 2026, según dijo el martes en el Congreso el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard.

La demanda es la gran protagonista en esta planificación, a direrencia de las anteriores. Aglutina el 41% de las propuestas recibidas, seguidas por la generación, con el 40%, y el almacenamiento, con el 19%. En el nuevo texto, tras la fase de alegaciones, las posiciones de la red de transporte para atender nuevas demandas en la red de distribución crecen un 52% respecto a la propuesta original, hasta 300, y las posiciones para consumo directo en transporte han crecido un 12%, hasta 162. “Se han incrementado un 75% las posiciones previstas para ejes ferroviarios y electrificación de puertos, hasta alcanzar las 59”, explica el ministerio.

Tras la audiencia pública también ha aumentado el número de subestaciones un 17%, hasta 193, así como la longitud de las líneas eléctricas previstas: un 11% más, hasta 6.706 kilómetros. A esto se añade un incremento del 6% de las redes existentes repotenciadas, hasta 8.164 kilómetros.

Subastas de capacidad

Además de la nueva planificación, el ministerio ultima la puesta en marcha del mercado de capacidad, planteado meses antes del histórico cero energético de 2025 con la idea de que entrara en vigor en el primer semestre del año pasado. Este instrumento, finalmente aprobado por la Comisión Europea en mayo, busca preservar la seguridad de suministro, con señales de inversión para que el almacenamiento y la gestión de la demanda se incorporen definitivamente al sistema y “se avance ordenadamente hacia una economía neutra en emisiones de carbono”, explica el ministerio.

El mecanismo se activa tras la reforma de la normativa comunitaria para eliminar la condición temporal de este tipo de mecanismos –lograda durante la Presidencia Española de la UE– y la conformidad del modelo español con las reglas relativas a las Ayudas de Estado, obtenida a finales de mayo. Ese visto bueno cifró las ayudas del esquema en 9.000 millones. Ahora, se lanza tras confirmarse la prórroga hasta 2030 de la central nuclear de Almaraz.

Este miércoles, durante la sesión de control en el Congreso, el diputado del PP Guillermo Mariscal le ha reprochado al Gobierno que prorrogar Almaraz supone una rectificación de su política energética. La vicepresidenta Aagesen ha reiterado que “este gobierno es pragmático” con esta extensión “limitada”, que justifica por la crisis energética por la guerra en Irán.

Y ha arremetido contra quienes hablan “de política irresponsable y errónea” cuando durante siete años de gobierno “no instalaron prácticamente un megavatio renovable” y aprobaron el impuesto al sol, con una factura “en diferido” en forma de laudos de inversores internacionales por los recortes retroactivos a las renovables. Según Aagesen, en España “la factura energética es un 24% más baja que la de Alemana y casi un 50% más baja que la de Italia”.

Fuentes del ministerio recuerdan que Italia, Francia o Bélgica están desarrollando mecanismos de capacidad como este. Alemania ha sido el último en obtener la aprobación de la Comisión Europea este mes.

Las instalaciones de generación y almacenamiento, así como la demanda –los consumidores y los agregadores– podrán participar en este mercado, de ámbito peninsular. Percibirán una retribución por aportar firmeza y flexibilidad al sistema eléctrico, bien por estar disponibles para inyectar electricidad en las redes o bien por reducir el consumo, siempre a requerimiento del Operador del Sistema, Red Eléctrica de España (REE). 

La prestación del servicio se adjudicará con subastas tecnológicamente neutras de potencia firme (MW) y precio (€/MW/año), en las que se otorgará el precio ofertado (sistema conocido como pay-as-bid). Las centrales de generación no podrán emitir más de 550 gr/CO2/kWh, tendrán que cumplir los requisitos de firmeza y flexibilidad que fije cada subasta, y no cobrarán ningún tipo de retribución regulada. 

Para incentivar la incorporación de tecnologías no fósiles, cuando se participe en las subastas con proyectos futuros –nuevas inversiones–, éstos solo podrán ser de renovables, almacenamiento o demanda.

Tres subastas

Se organizarán tres tipos de subastas, cuyo volumen y periodicidad dependerá de las previsiones de demanda y las necesidades de potencia firme identificadas con los correspondientes análisis de cobertura a cinco años vista.

En primer lugar, habrá una subasta principal en la que podrán participar las instalaciones existentes y los nuevos proyectos de renovables, almacenamiento o demanda que vayan a prestar servicio a partir de la fecha que fije la convocatoria, hasta cinco años después de la adjudicación. Así se garantizan ingresos a futuros proyectos, facilitando su viabilidad y abaratando su financiación. 

El periodo de prestación del servicio será distinto en función del tipo de instalación (existente o nueva inversión) y del tipo de tecnología. Con carácter general, estas subastas se celebrarán anualmente, siempre que se hayan detectado necesidades de firmeza. La duración del servicio será de un año para instalaciones existentes, hasta 15 años para nuevas inversiones, y entre uno y 10 años para nuevas demandas. 

En segundo lugar, habrá una subasta “de ajuste anual” en la que sólo podrán participar instalaciones ya operativas, que prestarán el servicio durante 12 meses. Diseñadas para resolver situaciones coyunturales, deberían otorgar menos capacidad firme que las subastas principales, con las que convivirán.

Y habrá también una subasta “transitoria” que garantizará la firmeza del sistema eléctrico hasta el año de inicio de la prestación del servicio otorgado con la subasta principal. Se celebrará todos los ejercicios hasta entonces y podrán participar instalaciones existentes y nuevas inversiones, con un plazo de prestación anual.

El nuevo mercado de capacidad lo financiarán los consumidores de electricidad por medio de precios unitarios diferenciados por segmentos tarifarios y períodos horarios coincidentes con los peajes de transporte y distribución. Así, el sistema lo sufragarán en mayor medida los consumos de las horas con más estrés del sistema, que no podrán exceder el 10% del cómputo anual, y “se darán señales para flexibilizar y desplazar la demanda a otras franjas horarias, aplanar la curva de carga y facilitar la gestión del sistema”, explica el ministerio.

Por otro lado, para dar más liquidez al nuevo mecanismo, se prevé la existencia de un mercado secundario de los derechos y las obligaciones adjudicados en las subastas, bien por cambio de titularidad de las instalaciones, bien por traspaso a otras instalaciones que cumplan los requisitos.

El Operador del Sistema y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se encargarán de la verificación y la inspección de la prestación del servicio de capacidad.

Mario Pérez asumió por primera vez la alcaldía de Los Alcázares a los 29 años. Dos legislaturas después, afronta el último tramo de su mandato con “la misma ilusión”, pero “con mucha más experiencia”. El alcalde sitúa entre sus principales prioridades el futuro del Mar Menor, la protección frente a las inundaciones y la reclamación de un centro de salud 24 horas. Con la vista puesta en revalidar la alcaldía, hace balance de estos años al frente del Ayuntamiento, marca distancias con algunas decisiones del Gobierno regional y defiende que la recuperación del Mar Menor pasa, sobre todo, por actuar en el origen del problema.

Está ya en el último tramo de la legislatura, si tuviera que hacer balance hoy, ¿cuál considera que ha sido el principal logro de su Gobierno y cuál es la gran asignatura pendiente que quiere dejar resuelta antes de las elecciones?

La gran asignatura pendiente es convencer a la Comunidad Autónoma de que un centro de salud 24 horas no es un lujo, sino un derecho y una necesidad imperiosa para Los Alcázares. Hemos crecido en servicios y esta ha sido una legislatura en la que se están empezando a materializar algunos grandes proyectos que ya se venían trabajando también durante la pasada legislatura, como el nuevo cuartel de la Guardia Civil, la financiación para el teatro municipal, el desbloqueo de la construcción del centro de mayores o la puesta en marcha de la primera gran obra contra las inundaciones, la actuación en la avenida de Muñoz Zambudio, impulsada por el Gobierno de España y que se encuentra en licitación.

¿Tiene decidido volver a presentarse a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales?

La Agrupación del PSOE en Los Alcázares cree en las primarias para elegir candidato. Iniciamos el procedimiento a principios de septiembre, presenté mi precandidatura y ya se ha ratificado. Estoy muy ilusionado. Sería mi tercera legislatura, con una experiencia acumulada que me permite agilizar trámites y abordar problemas que llevan tiempo bloqueados con mayor habilidad.

El proyecto que iniciamos hace ocho años tiene unos ejes muy claros. No se trata de cuatro años más, sino de seguir con nuestra línea de trabajo: nuestro lema es que lo que hemos logrado es solo el comienzo.

El municipio ha crecido mucho, pero queda trabajo por hacer en los barrios, en los servicios y para conseguir que los jóvenes puedan vivir aquí. También queremos que nuestros mayores tengan su centro de día, que está prácticamente terminado, y una residencia.

Los Alcázares es uno de los principales municipios gobernados por el PSOE en una Región de Murcia ¿Cómo califica actualmente su relación con López Miras y su Gobierno? ¿En qué asuntos siente que el Ejecutivo regional ha escuchado al Ayuntamiento y en cuáles considera que le ha fallado?

Como alcalde, dejo las diferencias ideológicas a un lado. Me gusta más el papel institucional y creo que ellos deben jugar el mismo. Las relaciones son buenas en función de quién representa cada competencia. Con el Gobierno autonómico, por ejemplo, tenemos muy buena relación con la Dirección General de Aguas y con la Consejería de Educación. Eso ha permitido llevar a cabo la construcción de doce aulas del colegio Antonio Menárguez y la creación del nuevo colegio Bienvenido Conejero.

Con otros consejeros, por desgracia, la relación ha sido mucho más complicada. En Sanidad, hasta tres consejeros nos han dicho que nos escucharían para mejorar la situación sanitaria de Los Alcázares y no he recibido ni una llamada para decirme “no lo veo” o “hay que seguir pensándolo”; peor todavía, nos han invitado a desplazarnos a La Unión, que está a quince minutos. Lo que veo es que se gestionan arbitrariamente los recursos públicos y que se dan determinadas cosas a otros municipios con el mismo color político sin ningún argumento.

La Asamblea Regional acaba de aprobar la toma en consideración de la reforma de la Ley del Mar Menor impulsada por el PP. Entre otras cuestiones, plantea que la pérdida de determinadas ayudas por infracciones no sea automática, sino que se valore cada caso ¿Cree que esta reforma supone un retroceso en la protección del Mar Menor?

Precisamente, fui el único regidor del Mar Menor que estuvo presente en la Asamblea. Creo que esta reforma es un atentado contra el Mar Menor. Hasta ahora, las sanciones se aplicaban a quienes no cumplían la ley. Lo triste es ver que quienes representan al Mar Menor son los que están atacando al Mar Menor.

La ley se puede mejorar y es mejorable, pero de todos los aspectos que podrían haber abordado —como la simplificación administrativa o la puesta en marcha de todas las obligaciones que corresponden a la Comunidad Autónoma— han elegido una modificación que, a mi juicio, busca blindar a quienes no cumplen la ley.

Se ha dicho que no se rebajan las sanciones, sino que se actualizan. Es falso. Creo que es jugar con la inteligencia de los ciudadanos de la Región de Murcia. Si se quiere ayudar a la agricultura, que en estos tiempos se ha podido ver afectada por la imagen que se proyecta del sector, hay muchas formas de hacerlo. Lo fácil sería beneficiar a quien lo hace bien y castigar a quien lo hace mal. Se pueden hacer modificaciones tributarias o establecer ayudas para quienes cumplen.

La pregunta es: ¿con quién se han reunido para plantear esta modificación? Porque quienes incumplen son precisamente los que se benefician. Y eso me hace pensar que son los amigos del Gobierno de la Región de Murcia.

Este verano la laguna ha resistido sin episodios de anoxia o mortandad masiva, pero científicos y colectivos ambientales siguen advirtiendo de que no puede hablarse todavía de recuperación ¿En qué momento podremos decir realmente que el Mar Menor está recuperado y qué medida concreta falta por ejecutar?

Las medidas en origen no se han tomado. Cada vez que hay lluvias los arrastres son cuantiosos y llegan desde Murcia a través de las ramblas y los cauces. Hasta que no se tomen medidas para minimizar esos arrastres, el Mar Menor no va a mejorar.

En cuanto al acuífero cuaternario, es necesario retirar las aguas contaminadas que están debajo de nosotros para poder reutilizarlas para la agricultura. No hay una mejoría real cuando se habla de que el Mar Menor está estable. Es como cuando vas al médico, te ponen una máquina y estás monitorizado para comprobar tus constantes vitales: eso significa que estás estable, pero no que hayas mejorado.

Somos incapaces de ponernos de acuerdo todas las administraciones. Y lo que siento es que hay miedo a utilizar la ciencia para el Mar Menor. Incluso se ha visto la ciencia como una enemiga. Hay que tomar medidas piloto, seguir trabajando y no olvidar la mejora de nuestras playas mientras se soluciona el problema de origen. Vemos una regresión año tras año y no podemos olvidarnos de esa parte.

El Ministerio para la Transición Ecológica está impulsando actuaciones importantes en Los Alcázares, como el Cinturón Verde ¿Está satisfecho con el ritmo de ejecución? ¿Hay alguna actuación del Gobierno de España que considere prioritaria y que esté llegando demasiado tarde?

Soy consciente de que el Gobierno de España está tratando bien a nuestro municipio en cuanto a la protección del Mar Menor, pero un ciudadano no puede entender que sean necesarios cinco años para poner en marcha determinadas actuaciones.

Hoy tengo que decir que termina el plazo de la fase I de la actuación de la avenida de Muñoz Zambudio para la recuperación de la rambla y que esta semana, según nos han trasladado, habrá informes favorables para construir el primer filtro del Cinturón Verde. Pero, si me preguntas qué está pendiente, lo más importante es actuar en origen. No es posible que tengamos que limitarnos a retener el agua que llega desde Murcia.

Después de las inundaciones que ha sufrido el municipio y ante el riesgo de nuevos episodios de lluvias torrenciales, ¿puede garantizar a los vecinos que Los Alcázares está hoy mejor preparado que hace cuatro años?

Nunca diré que estamos seguros ante unas inundaciones. Hemos intentado minimizar el riesgo con obras y también con formación para que, en situaciones de crisis, los ciudadanos sepan cómo actuar. Eso evita riesgos innecesarios y es una de las partes en las que estamos trabajando.

También queremos dotar a Protección Civil de mayores recursos. La preparación pasa por las obras, pero también por la coordinación entre administraciones y ciudadanos, por estar preparados y por contar con material suficiente para los grupos de emergencias.

Cuando vuelva a producirse una DANA, ¿quién tiene hoy la responsabilidad principal de evitar que el agua vuelva a entrar en el casco urbano: Ayuntamiento, Comunidad Autónoma, Confederación Hidrográfica o Gobierno central?

La responsabilidad tiene que ser compartida. Una DANA no entiende de competencias administrativas y las administraciones tampoco podemos actuar de forma aislada.

Usted ha reclamado una actuación coordinada para retirar los fangos acumulados en las playas ¿Por qué sigue sin existir una solución definitiva a este problema y quién está bloqueando, a su juicio, una actuación más rápida?

Es falta valentía. Las competencias están entre Costas y la Comunidad Autónoma y, sin los informes previos de una administración y de la otra, ninguna puede actuar. Hay demasiada desinformación y nosotros somos proactivos a la hora de tomar decisiones para mejorar nuestras playas. Una mejora de nuestras playas también mejoraría las del resto de municipios del Mar Menor. Yo tengo claro que equivocarse no es un error. El error es no haber actuado.

Entidades vecinales, colectivos ecologistas y asociaciones en defensa del territorio, al igual que distintos investigadores del ámbito académico, advierte desde Aragón en sus alegaciones al proyecto de real decreto sobre centros de datos de que, si no se refuerza el control sobre lo que ocurre dentro de estas infraestructuras, “España podría convertirse en una suerte de colonia digital que ceda sus competencias legales, financieras y económicas, así como sus recursos energéticos, hídricos y de suelos, a proyectos determinados por corporaciones privadas”.

A esa advertencia se suma un frente amplio. Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, junto a otras decenas de plataformas ciudadanas –como 'No es sequía, es saqueo'–, han presentado alegaciones conjuntas al mismo trámite. Consideran el proyecto “insuficiente para prevenir y reducir de forma adecuada sus impactos ambientales y sociales, en particular sobre dos recursos fundamentales: el agua y la energía”. “Mejorar la eficiencia de los centros de datos no basta si el consumo total de agua y energía sigue creciendo sin límites”, advierten, y reclaman tres cambios: límites ambientales máximos evaluados de forma acumulada por territorio, una planificación que exija cobertura 100% renovable, y garantías democráticas de transparencia y rendición de cuentas.

Las alegaciones censuran el propio proceso de consulta. La Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) denuncia que “no es de recibo ni el momento en el que se abrió la consulta, durante el mes de agosto, ni la duración de la misma” –que finalmente fue ampliada–, mientras el documento colectivo recuerda que el artículo 6.3 del Convenio de Aarhus exige plazos razonables para una participación efectiva.

En materia hídrica, las alegaciones coinciden en que el decreto delega la sostenibilidad del agua en una etiqueta europea (WUE) autodeclarada por las propias empresas, sin inspección independiente. Para la FNCA, ese enfoque es “un error mayúsculo”: es, advierte, un indicador de eficiencia relativa que no informa sobre el consumo total ni sobre su compatibilidad con los recursos de cada cuenca.

El documento colectivo propone limitar el uso a 5.000 metros cúbicos anuales por centro en demarcaciones con estrés hídrico alto o severo, un umbral que en Aragón dejaría fuera solo a los proyectos de Amazon Web Services. Como referencia, los ecologistas citan el centro proyectado por Meta en Talavera de la Reina (Toledo), de 248 megavatios, que contempla consumir hasta 504 millones de litros de agua al año.

Una moratoria

En energía, las entidades reclaman suficiencia y una moratoria frente al crecimiento del sector, después de que Red Eléctrica haya concedido ya más de 12 gigavatios de acceso, muy por encima de los 4 gigavatios previstos para 2030. La Agencia Internacional de la Energía, citada por los ecologistas, calcula que un centro de datos de IA de 100 MW consume al año tanta electricidad como 100.000 hogares.

El documento colectivo pide además elevar del 80% al 100% la cobertura renovable exigida y del 80% al 90% la correlación horaria, y obligar a instalar baterías de respaldo –cuatro horas de autonomía– en centros de más de 5 MW. Denuncia también un “agujero legal” en el régimen sancionador: una empresa podría incumplir cuatro años seguidos, corregirlo puntualmente en el quinto y reiniciar el ciclo, por lo que propone reducir a dos años el margen tolerado y elevar el recargo hasta 20 veces el precio de mercado por cada MWh excedido.

Las alegaciones colectivas alertan asimismo de que la legislación aragonesa permite conexiones 'off-grid' –sin pasar por la red eléctrica general– a parques renovables que eludirían los límites del propio decreto.

Las alegaciones también ponen el foco en el suelo: piden limitar al 20% la ocupación no urbanizable por proyecto y fijar una distancia mínima de 1.500 metros entre centros de más de 50 megavatios y los núcleos de población, ante los efectos acumulativos –isla de calor, ruido o pérdida de hábitat– ya detectados en el área metropolitana de Zaragoza.

El documento señala por otro lado que el decreto carece de mecanismos de auditoría externa: no especifica qué administración debe verificar que los datos reportados por las empresas son ciertos, ni prevé sanción alguna si no lo son. Solo contempla, critican las entidades, la retirada del acceso a la red por no presentar documentación, no porque esta sea falsa.

Falta de información

Pedro Arrojo, relator especial de la ONU sobre el derecho al agua, pide en su informe de 2025 que los Estados promuevan “una moratoria de la puesta en marcha de centros de datos” mientras no haya información clara sobre su consumo de agua y energía. Otro informe citado en las alegaciones, el de la investigadora Aurora Gómez sobre Aragón, sostiene que la opacidad es una estrategia deliberada del sector, hasta el punto de que son “las propias resistencias quienes tengan que buscar la información”, en lugar de que las instituciones la publiquen de forma agregada.

Las entidades sociales, ambientales y vecinales aragonesas coinciden en que el proyecto de real decreto delega en las propias empresas promotoras el control sobre sus requisitos, sin techos absolutos de consumo ni evaluación de los efectos acumulativos de instalar varios centros de datos en un mismo territorio.

Por su parte, 'No es sequía, es saqueo' ha difundido además un comunicado propio que rebate directamente las críticas del Gobierno de Aragón al decreto, al que acusa de perjudicar la economía autonómica. “Lo imposible no es cumplir el real decreto. Lo imposible es convivir con 30 centros de datos depredadores de recursos”, señala el texto, que cita un estudio de la Universidad de Zaragoza según el cual 8.000 megavatios de centros de datos multiplicarían entre cinco y quince veces la demanda eléctrica de la comunidad.

El propio documento colectivo maneja otra proyección distinta y más alta: si se instalasen los 11.237 MW proyectados en Aragón, el consumo –73.827 GWh al año– equivaldría al 87% del consumo eléctrico regional actual y al 22% del nacional.

El Gobierno ha defendido este viernes su borrador de regulación para los centros de datos ante las “previsiones irreales” que maneja el sector, cuya patronal, SpainDC asegura que hay en juego 9.000 millones de euros en inversiones, tras el aviso de que tres empresas internacionales que estudiaban proyectos de que los frenarán si sale adelante el real decreto.

El Ejecutivo español ha planteado un borrador de Real Decreto para exigir que los centros de procesamiento de datos (CPD) respalden con nueva generación renovable, cada hora de funcionamiento, al menos un mínimo del 80% de su consumo energético.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica subrayan que “el interés del sector se ha concentrado en pocos territorios, con previsiones irreales: en Aragón ya se han concedido 3,6 GW de acceso a CPD, que triplicarían la demanda eléctrica de la comunidad, y en Madrid se han concedido 4,1 GW, que supondrían duplicar su consumo”.

Las mismas fuentes indican que “en otros países, como Irlanda, Países Bajos o EEUU, el crecimiento desordenado de CPD ha provocado fuertes incrementos del precio de la electricidad –en EEUU se auguran subidas del 70% hasta 2030 en grandes regiones–, tensiones por el abastecimiento de agua y un fuerte rechazo social, que está provocando moratorias a nuevas instalaciones y la pérdida del apoyo público por el coste político”.

El Proyecto de Real Decreto acaba de terminar su fase de audiencia pública, se han recibido más de 600 alegaciones, “y un número muy relevante demuestra preocupaciones ambientales y sociales”, destaca Transición Ecológica.

Spain DC presentó el jueves sus alegaciones al proyecto de Real Decreto para regular los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los 'data centers', desarrollado por Transición Ecológica y los ministerios de Economía, Comercio y Empresa; y Transformación Digital y Función Pública. El texto salió a consulta en agosto y su plazo de alegaciones se amplió la semana pasada.

El presidente de SpainDC, Emilio Díaz, ha instado este viernes al Gobierno a sentarse a dialogar sobre esta cuestión, puesto que el sector desconocía los planes del Ejecutivo y el real decreto incluía “cosas que eran muy graves” para la industria. “Desde el primer día solicitamos una reunión y se nos remitió a las alegaciones”, ha lamentado, al tiempo que ha avanzado que todavía no hay un encuentro agendado.

Díaz ha añadido que los proyectos de los tres inversores que han amenazado con marcharse si se aprueba el decreto representan el 15% de los 66.900 millones de euros en inversiones previstos para España hasta 2030, informa Europa Press.

Por su parte, la directora ejecutiva de la asociación, Begoña Villacís, ex vicealcaldesa de Madrid con Ciudadanos, ha afirmado: “Podemos negociar, pero lo que no es negociable es que España se convierta en el país más restrictivo de Europa”.

Asimismo, Villacís ha lamentado que España sea el mercado “menos atractivo” de Europa desde que se dio a conocer la nueva normativa en la que trabaja el Gobierno, apuntando que los afectos han sido “devastadores”. “La sensación de inseguridad jurídica que estamos provocando es inadmisible”, ha indicado.

La directora general de SpainDC ha explicado que las alegaciones presentadas “se nutren” de todo el sector, formado por más de 300 socios. “Este real decreto ha conseguido la completa unanimidad en contra de su aplicación”, ha criticado Villacís.

El ministerio recuerda que España “es un país muy atractivo” para los CPD por su ubicación geográfica, su clima y su liderazgo en energías renovables y que la Estrategia de Inteligencia Artificial, actualizada en 2024, “prevé un despliegue de CPD acorde con las previsiones del sector, con una potencia de computación acumulada de 2,5 GW para 2030, equivalentes a unos 4 GW de demanda eléctrica”.

“Sin embargo, ya se han concedido derechos de acceso y conexión a las redes eléctricas por más de 12 GW eléctricos, el triple del objetivo sectorial, y hay un número muy relevante de solicitudes”.

El Gobierno considera que los CPD “son infraestructuras indispensables en una economía moderna y cree que España, a la vista del gran interés de la industria, está en disposición de escoger los mejores CPD, los que aporten más beneficios con el menor impacto ambiental, y sin sufrir un incremento de las facturas eléctricas”.

Como recuerda Transición Ecológica, el borrador establece que “los CPD españoles consumirán un 80% de nueva energía renovable en todas sus horas de funcionamiento –mediante autoconsumo o contratos de suministro a largo plazo–, de un modo similar a lo exigido por las normas europeas para los combustibles de origen no biológico o el hidrógeno de origen renovable, o en las normativas para CPD de Irlanda, Alemania o China. Este requisito desaparecerá cuando el mix de generación supere el 90% de renovables”.

Los proyectos CPD deberán acreditar que cumplen estos requisitos para acceder a la red eléctrica, y el MITECO y Transformación Digital lo comprobarán periódicamente. En el caso de incumplir con el 80% de abastecimiento renovable, sufrirán penalizaciones crecientes en sus facturas eléctricas –en los importes que correspondan en cargos y peajes– para compensar el sobrecoste que, de otro modo, repercutirían sobre el resto de los consumidores de electricidad. Y el incumplimiento reiterado podrá acarrear la pérdida del acceso a la red.

Los proyectos de CPD que no se hayan conectado a la red tendrán un período de seis meses para acreditar su conformidad a estos requisitos o renunciar a sus derechos de acceso a la red, sin la ejecución de las correspondientes garantías.

“El Gobierno quiere un desarrollo ordenado y eficiente de los mejores CPD y evitar los problemas que un desarrollo desordenado ha producido en otros países. Y lo hace aplicando medidas pioneras que se están debatiendo en el ámbito europeo, desde una posición de liderazgo avanzado”, subraya Transición Ecológica.

El Gobierno de Aragón ha presentado cinco alegaciones al proyecto de real decreto estatal que regulará los centros de datos al considerar que su actual redacción puede comprometer la transformación digital y la competitividad y poner en riesgo las inversiones previstas en la comunidad. La consejera de Economía, Eva Valle, ha advertido de que existe ya “mucha inquietud e incertidumbre entre los inversores” ante unas exigencias que, a su juicio, pueden llegar a paralizar tanto proyectos en marcha como nuevas iniciativas.

Valle se ha mostrado partidaria de impulsar el desarrollo sostenible y eficiente de los centros de datos, pero ha considerado que los requisitos contemplados en el borrador “distan mucho de alcanzar el equilibrio deseado”. Aragón es una de las comunidades con mayor volumen de inversiones comprometidas en este sector y el Ejecutivo autonómico teme que el nuevo marco normativo pueda frenar su desarrollo.

La primera alegación cuestiona unas exigencias energéticas que Aragón considera de “casi imposible cumplimiento”. Entre ellas figuran los requisitos establecidos mientras el porcentaje de generación renovable no alcance el 90% en el sistema eléctrico español, la obligación de cubrir el 80% del consumo mediante generación renovable adicional y la denominada correlación horaria, que exige garantizar esa producción hora a hora durante las 24 horas del día. Según Valle, estas condiciones no contribuirían a ordenar el sector, como pretende la norma, sino que supondrían en la práctica una barrera de entrada a la actividad. El Gobierno aragonés considera, además, que unas limitaciones de este alcance requerirían una norma con rango de ley.

La segunda alegación sostiene precisamente que el proyecto excede la habilitación legal otorgada al Gobierno de España para desarrollar esta regulación, al introducir mediante un reglamento limitaciones que afectan al régimen de acceso y conexión a la red eléctrica.

El tercer reparo se refiere a los efectos retroactivos del decreto. Aragón advierte de que las disposiciones transitorias afectarían también a instalaciones que se encuentran ya en tramitación e incluso en fases avanzadas de desarrollo. A juicio del Ejecutivo autonómico, esto supone una alteración sustancial del marco regulatorio, genera inseguridad jurídica y eleva el riesgo de litigios y de posibles reclamaciones patrimoniales contra las administraciones.

Discriminación con otros países

La cuarta alegación apunta a la pérdida de competitividad. Aragón considera que, de aprobarse el decreto en los términos actuales, España tendría un régimen más restrictivo que otros países europeos, con el consiguiente riesgo de que las inversiones terminen desplazándose a otros Estados.

Finalmente, la quinta alegación cuestiona la memoria económica que acompaña al proyecto. El Gobierno aragonés considera que no incorpora una evaluación suficientemente rigurosa de sus consecuencias sobre la economía y la competencia ni analiza adecuadamente sus efectos presupuestarios y territoriales, tanto para el Estado como para las comunidades autónomas.

Para Valle, una regulación de este alcance debería incluir un estudio detallado de su impacto sobre el empleo, la actividad económica, la inversión y la competitividad.

Ante estas objeciones, el Ejecutivo aragonés reclama una revisión integral del texto para evitar que la nueva regulación se convierta “de facto” en una prohibición de la actividad del sector y garantizar que respete los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica y neutralidad competitiva, además de adaptarse a la realidad energética y tecnológica.

Una de las principales preocupaciones del Gobierno aragonés son las tres disposiciones transitorias incluidas en el borrador y su posible incidencia sobre inversiones que se encuentran ya en desarrollo.

Las solicitudes desbordan cualquier previsión

El Ministerio de Transición Ecológica, por su parte, justifica la norma partiendo de una paradoja de escala: España se ha convertido en un destino muy atractivo para centros de procesamiento de datos gracias a su ubicación, clima y peso en renovables, pero el volumen de solicitudes desborda cualquier previsión. La Estrategia de IA (2024) calculaba una demanda de unos 4 GW para 2030, y sin embargo ya se han concedido derechos de acceso a la red por más de 12 GW –el triple del objetivo–, con más solicitudes pendientes.

El desajuste se concentra territorialmente: en Aragón hay ya 3,6 GW concedidos, el triple de la demanda eléctrica actual de la comunidad; en Madrid, 4,1 GW, el doble de su consumo. El Ministerio cita como advertencia los casos de Irlanda, Países Bajos y EEUU, donde el crecimiento desordenado de las granjas de servidores ha disparado precios eléctricos (hasta un 70% en EEUU para 2030 en algunas regiones), generado tensiones hídricas y provocado rechazo social y moratorias.

Frente a esto, el Gobierno defiende que, dado el fuerte interés del sector, España puede permitirse ser selectiva y quedarse con “los mejores” centros de datos: mayor beneficio, menor impacto, sin subir la factura eléctrica al resto de consumidores. El decreto exige dos bloques de requisitos a las instalaciones de más de 1 MW: soberanía digital (operador establecido en la UE, datos en territorio comunitario, salvaguardas frente a accesos de terceros países) y sostenibilidad (etiquetado europeo Categoría A en consumo de agua –WUE– y energía –PUE–, más 80% de energía renovable nueva en todas las horas de funcionamiento, ya sea por autoconsumo o PPA a largo plazo, un umbral que caerá cuando el mix nacional supere el 90% renovable).

El cumplimiento se verificará periódicamente por MITECO y Transformación Digital; el incumplimiento del 80% renovable conlleva penalizaciones crecientes en cargos y peajes eléctricos –para no trasladar el sobrecoste a otros consumidores– y, si se repite, la pérdida del acceso a la red. Los proyectos aún no conectados tienen seis meses para acreditar conformidad o renunciar a sus derechos, sin ejecución de garantías.

El Ministerio cierra señalando que la fase de audiencia pública ya concluyó, con más de 600 alegaciones recibidas, muchas de ellas con preocupaciones ambientales y sociales, y presenta la norma como un ejercicio de “liderazgo avanzado” frente a un debate que, dice, aún está abierto a nivel europeo.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha lanzado este 10 de septiembre el procedimiento para repartir casi un gigavatio de capacidad de acceso a la red eléctrica en el nudo de transición justa de Mudéjar (400 kV), en Teruel, con una premura poco habitual: la propuesta de orden ministerial se somete a audiencia pública por la vía urgente y el plazo de alegaciones se cierra el 22 de septiembre, apenas doce días después de su publicación.

Esos 937 MW son, en realidad, el saldo de un fracaso. El primer concurso del nudo Mudéjar se resolvió en noviembre de 2022 y adjudicó a Enel Green Power España, filial renovable de Endesa, los 1.202 MW disponibles, con un proyecto que llegó a plantear hasta 1.800 MW. La declaración de impacto ambiental de febrero obligó a recortar esa instalación hasta 406 MW autorizados, y en la práctica Enel solo conectará unos 265 MW, apenas el 22% de lo ganado en el concurso original. Casi ocho de cada diez megavatios adjudicados hace cuatro años no llegarán a construirse, y son esos 937 MW sobrantes los que el ITJ intenta colocar ahora cuanto antes.

El diseño del nuevo procedimiento evidencia la urgencia: en lugar de convocar un nuevo concurso, el ITJ ha optado por un sistema de concurrencia simple, por orden cronológico de recepción de solicitudes, que premia a los proyectos más maduros hayan concurrido o no al proceso anterior, y permite resolver cada petición individualmente según vaya llegando.

A esa celeridad se suma otro movimiento del Gobierno: el 28 de julio, el Consejo de Ministros declaró “instalaciones energéticas estratégicas” a los proyectos adjudicatarios en los nudos de transición justa. Esa condición implica tramitación por vía de urgencia –plazos reducidos a la mitad– y atención prioritaria de todas las administraciones implicadas.

El texto condiciona el reparto a un retorno para el territorio. Cada proyecto deberá presentar un plan socioeconómico –análogo al exigido en el concurso ya resuelto– que garantice un impacto positivo en la comarca: al menos un empleo a tiempo completo por megavatio, una persona formada con un mínimo de 60 horas, 2 kW de autoconsumo para usuarios de la zona y 10.000 euros de inversión en la cadena de valor de Teruel por cada megavatio, respaldados por una garantía de 120 euros por kW instalado.

El MITECO creará además una mesa de trabajo conjunta con la administración autonómica, los ayuntamientos y los agentes sociales para seguir los avances en la zona –incluida la capacidad del nudo Mudéjar y el Fondo de Transición Justa–, con primera reunión prevista el 1 de octubre, como continuación del encuentro celebrado el 15 de junio en Andorra (Teruel).

El Departamento recuerda que, desde 2019, ha destinado a los municipios turolenses afectados por el cierre de las minas y la térmica hasta 534 millones en ayudas a 182 proyectos.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Energética, Sara Aagesen, ha defendido este miércoles en el Congreso la prórroga “limitada” de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) hasta 2030, que, según ha defendido, “no modifica la política energética” del Ejecutivo.

Esa política del Gobierno sigue siendo “una apuesta que sigue centrada en renovables, electrificación, en redes”, ha dicho Aagesen durante una comparecencia a petición propia para dar cuenta de las actuaciones adoptadas frente a la emergencia climática en el marco de las propuestas de un Pacto País y en el contexto de la campaña contra los incendios forestales, así como de la actual situación geopolítica y de los mercados energéticos.

En la réplica, Aagesen ha pedido “rigor” para hablar de la nuclear, porque en España “somos ricos en sol y viento” y “esa es la lógica de este país”. A quienes “hablan de energía nuclear a futuro” ha recordado el caso de Francia, que tardó “17 años” en conectar una central de 1,6 gigavatios y el presupuesto inicial de 3.000 millones “se multiplicó por siete”, hasta 23.000 millones.

La vicepresidenta ha subrayado que esta “extensión limitada” del permiso de la central, que inicialmente expiraba en 2027 (en el caso del primer reactor) y octubre de 2028 (en el caso del segundo), y cuya prórroga el Ejecutivo aprobó el pasado 14 de agosto, cumple las tres condiciones que en su momento puso el Gobierno a las eléctricas.

Esas condiciones eran no poner en riesgo la seguridad nuclear, algo que garantiza el aval del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), garantizar el suministro eléctrico y que la permanencia de la central en el mix eléctrico no genere sobrecostes a los ciudadanos, tras descartar el Ejecutivo las rebajas fiscales y las “ayudas” que, ha subrayado la ministra, pidieron las empresas propietarias “durante meses”.

Aagesen ha defendido que “la realidad ha cambiado” y que “no hay dogmatismo”: el Gobierno “es pragmático, no ideológico”, para justificar esa prórroga e incumplir el calendario pactado con las empresas en 2019, antes de la pandemia, la guerra de Ucrania y ahora, la de Irán.

La vicepresidenta ha insistido en que la decisión, adoptada tras analizar los modelos y la información de Red Eléctrica, “no altera el resto del calendario” de apagón nuclear y que “el horizonte de cierre definitivo permanece en 2035”. Ha señalado que esta “extensión limitada” es “coyuntural y acotada exclusivamente a esa instalación” y se ha adoptado “por la coyuntura energética”, con una alta incertidumbre en los mercados internacionales como consecuencia del conflicto en Oriente Medio y de la guerra en Ucrania, “que sigue ahí”.

“Solo es Almaraz, es en este contexto, y no hay ningún cambio en el calendario” de cara a 2035, ha insistido, y ha recordado que la extensión de vida de la planta extremeña solo va a recortar la producción renovable un 1,4%, según la orden ministerial que aprobó la prórroga, contra la que ha arremetido el portavoz de Sumar, Eloi Badia. El representante del socio del PSOE en el Gobierno ha reclamado una auditoría de los costes de Almaraz o ponerle un tope al precio que cobra por su producción en 44 euros por megavatio/hora.

La vicepresidenta ha dado cuenta por primera vez de la prórroga de Almaraz en el Congreso en el día en que el barril de Brent ha superado los 100 dólares por barril por primera vez desde julio y con la principal referencia del gas europeo (el TTF) disparándose otro 3%, con una subida que ya supera el 140%. La escalada ha propiciado que el precio medio del mercado eléctrico mayorista se haya triplicado este septiembre respecto a hace un año.

Isabel Díaz Ayuso ha anunciado este lunes una inversión “histórica” de 1.240 millones de euros para mejorar la climatización, la eficiencia energética y la accesibilidad de cerca de 1.400 centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid, tres meses después de que uno de sus consejeros asegurara que el calor es “fuente de inspiración” y sin haber pedido aún un euro al fondo estatal específico para este fin que el Gobierno central puso en marcha en junio, cuyos fondos llevan días disponibles.

Así lo confirman fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, que explican que, de las ayudas específicas que abrió el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para repartir esos fondos a las comunidades autónomas, y que están ya disponibles desde la última semana, “solo las ha pedido Canarias”.

En concreto, el pasado mes de junio, días después de esas polémicas declaraciones del consejero madrileño de Paco, el Consejo de Ministros aprobó, a propuesta del departamento de Sara Aagesen, destinar 200 millones para climatizar y mejorar la eficiencia energética en los colegios y otros centros docentes públicos con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) a través de un programa específico denominado PREE Docente.

El pasado 21 de julio, se acordó el reparto de esos fondos a las Comunidades Autónomas en una Conferencia Sectorial en la que también se dio luz verde a la distribucion de los fondos del PREE Sanitario, dotado con 368 millones y destinado a actuaciones de climatización y eficiencia energética en hospitales, centros de salud, consultorios locales y otros inmuebles de la red pública de salud.

Los 200 millones del PREE Docente se repartieron de forma proporcional al número de centros de cada territorio, con Andalucía (38,5 millones), seguida de Catalunya (33,5 millones), Comunitat Valenciana (17,88 millones) y Madrid (17,54 millones) como regiones más beneficiadas. A Canarias, la única región que ha pedido fondos por ahora, según Transición Ecológica, le correspondieron algo más de 9 millones.

Ahora, Ayuso ha anunciado este lunes que va a hacer esa “inversión histórica” y multimillonaria para climatizar colegios porque, como lleva denunciando la izquierda desde junio, los veranos son cada vez más cálidos y se están adelantando, a la vez que que el otoño se retrasa, como ha ocurrido este lunes en la vuelta a las aulas.

“Es una situación inédita que no habíamos vivido nunca antes en Madrid, pero por eso ahora llega el momento de actuar de manera urgente”, ha sostenido Ayuso, tres meses después de que, ante las quejas de la oposición por el calor en los colegios, su consejero de Cultura, Mariano de Paco, asegurara que el calor es “fuente de inspiración” para los niños y anadiera: “Yo hice la EGB en Murcia y cuando hace calor, hace calor”.

Las asociaciones de padres alertaron de que los centros educativos de la Comunidad de Madrid superaron los 27 grados en el mes de junio, llegando incluso a los 34,2 grados de media. Reclamaban más medidas de climatización en las aulas y ponía el foco en que no era algo “puntual ni anecdótico”, sino que se necesitaban nuevas inversiones.

El plan que ahora ha anunciado Ayuso se desplegará conjuntamente por las Consejerías de Educación, Ciencia y Universidades, que aportará hasta 840 millones para actuar en cerca de 500 institutos públicos y Escuelas Infantiles que pertenecen a la Comunidad de Madrid (incluido Madrid capital), y Presidencia, Justicia y Administración Local, que a través de las próximas ediciones del Programa de Inversión Regional (PIR) aportará hasta 400 millones más para que 178 localidades de la región puedan realizar estas mejoras, según el Ejecutivo madrileño.

Lo hará en más de 800 Colegios Rurales Agrupados (CRA), colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP), Colegios de Educación Infantil y Primaria autorizados para impartir enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria (CEIPSO), Escuelas infantiles y Casas de Niños de titularidad municipal.

El objetivo es intervenir en todo el parque educativo público. Para ello, la Consejería de Educación dará continuidad a su plan de climatización, que desde 2019 ha permitido realizar más de 1.500 actuaciones en unos 1.000 edificios educativos con una inversión de 59 millones de euros y sumará este recién estrenado curso 2026/27 otras 111 actuaciones por valor de 21 millones de euros.

España ha propuesto a la Unión Europea que se graven los beneficios de las compañías petroleras y gasísticas para financiar medidas de adaptación al cambio climático tras la sequía y los graves incendios forestales que están asolando Europa a causa de este emergencia.

Entre las propuestas está la Creación de un Fondo Europeo específico para la Adaptación al Cambio Climático, dotado de nuevos recursos, incluyendo un gravamen europeo para la Resiliencia Climática sobre los beneficios del sector del petróleo y el gas. Otras opciones a analizar incluyen instrumentos de deuda europeos.

La postura de España se incluye en un documento que el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha enviado a Wopke Hoekstra, comisario europeo de Clima, para reforzar la respuesta europea frente a los riesgos climáticos, según ha informado el departamento de Sara Aagesen.

Según el Miteco, el documento plantea un enfoque integral para anticipar y evaluar los riesgos climáticos, incorporar la resiliencia en la planificación y las decisiones de inversión, reforzar los sistemas de respuesta ante emergencias y crear las condiciones financieras necesarias para acelerar la adaptación en toda Europa.

“Europa -añade el Miteco- necesita un conocimiento común de los riesgos climáticos basado en la ciencia. Es esencial promover evaluaciones quinquenales de los riesgos climáticos a nivel europeo, nacional y regional”.

Transición Ecológica subraya que “la resiliencia climática debe integrarse plenamente en la arquitectura financiera de la UE”, con criterios específicos en el diseño del Marco Financiero Plurianual (MFP). Además, el sector financiero de la UE debería seguir integrando los riesgos climáticos en todos los programas de inversión, concesión de préstamos y seguros.

El ministerio defiende que la UE incorpore instrumentos financieros comunes para reforzar la resiliencia climática, como un sistema europeo de reaseguro público-privado que ayude a cubrir las pérdidas derivadas de fenómenos meteorológicos extremos y eventos relacionados con el clima. Esto podría abordarse mediante la emisión de bonos de riesgo climático (climate risk bonds).

El Ministerio de Transición Ecológica ha pedido a la Fiscalía que investigue el tiroteo de una orca en aguas de Portugal el pasado agosto. La investigación llevada a cabo por el departamento que dirige Sara Aagesen aprecia “indicios de delito” en los disparos realizados “desde un barco español”.

La orca, bautizada con el nombre de Toñi, es el ejemplar más longevo del estrecho de Gibraltar y presentaba heridas de arma de fuego en su aleta dorsal. Transición Ecológica informa de que tanto el animal como su grupo nadan ahora en aguas gallegas donde “han sido avistadas”. Las orcas son una especie muy migrante.

Además, según cuentan desde el Ejecutivo, también se ha solicitado la intervención de la Guardia Civil para “la identificación, y en su caso toma de declaración, de los presuntos responsables. También, para la comprobación de la situación administrativa y documental en relación con la tenencia y uso de armas”.

La orca (Orcinus orca) es una especie protegida en España y su población en el estrecho y golfo de Cádiz está calificada como “vulnerable” en el Catálogo de Especies Amenazadas. Disparar contra un ejemplar podría entrar en el tipo penal de delito contra la fauna protegida cuya pena prevista en el Código Penal oscila entre seis meses y dos años de cárcel.

“Desde el ministerio seguiremos con las pesquisas, colaborando tanto con la Fiscalía como con la Guardia Civil y las autoridades portuguesas, para tratar de esclarecer lo ocurrido y evitar que este daño contra el medio ambiente quede impune. También, seguiremos de cerca la evolución de las heridas”, ha indicado la vicepresidenta del Gobierno y ministra del ramo, Sara Aagesen.

Este año, España es la protagonista de un auténtico hito medioambiental y climático. En toda la historia del programa LIFE —el instrumento financiero de la Unión Europea creado en 1992 dedicado de forma exclusiva al medio ambiente y a la acción por el clima— nunca se habían movilizado tantos recursos: hasta 271 millones de euros. El sujeto del esfuerzo es igualmente trascendental. Se trata de la red de humedales españoles, la más diversa de Europa y la tercera más numerosa del mundo, según la Lista Ramsar.

“Durante décadas, los humedales en toda Europa han estado bajo una presión intensa. Están desapareciendo ante nuestros ojos [...] Este trabajo revertirá la degradación ambiental, reconectará a las personas con la naturaleza y ofrecerá beneficios concretos para nuestras economías, nuestras comunidades y nuestra calidad de vida [...]. Me llena de esperanza por el futuro, me emociona por España y me inspira para el resto de Europa”, expresó al respecto en febrero, cuando se presentó el proyecto, Jessica Roswaltz, comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva.

La iniciativa, hija del Plan Estratégico de Humedales aprobado en 2022, pretende restaurar 26.100 hectáreas de zonas húmedas en las 17 comunidades autónomas en el transcurso de una década, logrando así el 130% del objetivo de este plan. “Que todo un Estado se haya volcado en un único ecosistema nos va a convertir en un referente a nivel internacional”, considera Antonio Guillem, ingeniero en Ecotecnología Acuática y uno de los coordinadores del proyecto de la mano de la Fundación Global Nature.

Que todo un Estado se haya volcado en un único ecosistema creo que nos va a convertir en un referente a nivel internacional

Antonio Guillem — Coordinadores de LIFE Humedales

A través de este objetivo la Unión Europea también busca facilitar la aplicación de su legislación medioambiental y climática. Por eso ha aportado 30 millones, mientras se esperan 111 millones más provenientes de fondos complementarios, de los cuales ya se han comprometido 26. Los otros 130,5 los han puesto el Ministerio de Transición Ecológica —impulsor y líder del proyecto—, y el resto de los socios, entre empresas, fundaciones públicas y una docena de comunidades autónomas.

Un punto estratégico para Europa

Debido a la presión humana, la sobreexplotación de acuíferos y ríos, desecación, contaminación, etc., este tipo de ecosistema se ha convertido en el más amenazado del mundo. Desde 1.700 se ha perdido cerca del 87% de estas masas de agua.

España en concreto ya se ha despedido en el último siglo del 60% de su superficie húmeda. Guillem recuerda que “venimos de la Ley Cambó (1918-1985)”, la cual favorecía la desecación de estos espacios por considerarlos insalubres. “Pero son, de hecho, los ecosistemas más productivos que tenemos en nuestro planeta. Son puntos críticos de biodiversidad y generan multitud de servicios ecosistémicos”, apunta.

Almacenan carbono, sostienen sectores como la agricultura, y contribuyen a atenuar las sequías y a controlar las inundaciones, además de actuar como los “riñones del planeta” filtrando el agua, protegiendo la costa o mejorando la calidad del aire. “[Los humedales europeos] ahorran decenas de millones de euros [...] porque reducen los daños que puedan ocasionar las inundaciones y almacenan millones de toneladas de CO2”, aseguró Sara Aagesen, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, durante la presentación del LIFE.

Solo el 12% de los humedales en buen estado de conservación

España cuenta con alrededor de 5.000 zonas húmedas de hasta 30 tipos. Del total de enclaves Ramsar —llmados así por la conferencia sobre humedales celebrada en la ciudad iraní en 1971— españoles analizados por el Miteco, solo el 12% se encuentra en un buen estado de conservación. La inacción ante este escenario podría contribuir, entre otras cosas, a la aceleración del calentamiento global, explica la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica.

Además, los humedales del país son puntos verdaderamente estratégicos para la conservación de la biodiversidad en toda Europa (y del mundo), ya que facilitan rutas migratorias de multitud de aves entre África y el viejo continente.

Este histórico esfuerzo de restauración, sin embargo, coincide con las negociaciones que se están llevando a cabo en la Unión Europea sobre el próximo presupuesto comunitario 2028-2034, en las que se está planteando una reorganización de los instrumentos de financiación que podría afectar a futuros proyectos similares. Desde la Fundación Global Nature temen que el mecanismo de financiación específico para el medio ambiente del que parte esta gran acción por los humedales se diluya entre otros más amplios.

10 de los 107 enclaves ya están confirmados

En el LIFE Humedales —donde no estarán incluidos ni Doñana ni el Mar Menor, debido a que ya cuentan con sus propios marcos de financiación y actuación— se prevén 280 acciones de restauración en 107 espacios de la Red Natura 2000 de las 17 Comunidades Autónomas.

La Fundación Biodiversidad ha adelantado a elDiario.es que 10 de estos 107 enclaves ya están confirmados: En la Comunidad de Madrid se actuará en la Laguna de Soto de las Juntas y en la Laguna de Soto Gutiérrez; en Castilla-La Mancha en la Laguna de El Hito (Cuenca); en Castilla y León (Palencia) se atenderán las de Prados de Autillo de Campos, además de las Lagunas del Canal de Castilla; en La Rioja se actuará en las de Urbión (Soria); en Andalucía (Sevilla) se renaturalizará el meandro de la Margazuela del Brazo del Este; en Asturias La Junquera; en Galicia las marismas de la Ensenada de Mera en la ría de Ortigueira (A Coruña) y en las Islas Canarias el Humedal Mareta (Tenerife).

Distintos niveles de gobernanza

Las actuaciones se resolverán en varias fases hasta 2036. “La primera, en la que nos encontramos ahora, es la de realizar un diagnóstico del estado ecológico de estas zonas. Posteriormente, se desarrollarán las actuaciones de restauración propiamente dichas, que pueden incluir adquisición de tierras, mejoras hidrológicas, recuperación de hábitats y de especies, mejora de la calidad del agua o control de especies invasoras”, explica el coordinador.

Se pretende que haya talleres de encuentro con los usuarios de todos estos humedales (agricultores, ganaderos, cazadores…) para darles voz

Antonio Guillem — Uno de los coordinadores de LIFE Humedales de la mano de la Fundación Global Nature.

“En paralelo, se va a trabajar mucho desde la participación social y la sensibilización ciudadana. Se pretende que haya talleres de encuentro con los usuarios de todos estos humedales (agricultores, ganaderos, cazadores…) para darles voz, buscar soluciones compartidas e intentar que se asuma a largo plazo un compromiso común en la gestión y conservación de estos ecosistemas para que el trabajo sobreviva a esta década. Por último, se procederá a monitorizar y evaluar los resultados”, prosigue.

Teresa Gil Gil, responsable del Departamento de Aguas de WWF España, y del área de Gobernanza en el LIFE, explica que tendrán que hablar, por ejemplo, con actores de la industria hotelera para llegar a un punto en común que logre ponerle freno a los vertidos ilegales en estos espacios naturales. O realizar convenios de colaboración con arroceros procurando que perciban un beneficio para su producción. O dialogar con piragüistas para zonificar los lagos donde practican la actividad.

Gil Gil sostiene que uno de los principales retos será el de la alta complejidad interadministrativa que este proyecto requiere, además de los posibles cambios de gobierno. “Va a haber cambios legislativos, por eso nosotros siempre proponemos que estas iniciativas se presenten y se aprueben por mayoría tanto por el gobierno actual como por la oposición, de forma que el siguiente herede lo que ya ha hecho suyo”, cuenta.

Se va a habilitar, además, en el Comité Nacional de Humedales, del que ya forman parte casi todas las comunidades autónomas, un grupo de trabajo específico en el que también estén incluidas las oenegés para así favorecer la coordinación interadministrativa, algo que esperan que enriquezca mucho el LIFE. “Vamos a invertir muchos recursos y tiempo en esto, en generar estas relaciones de confianza y mantenerlas, porque es decisivo”, apunta.

Por último, se desplegarán actividades de ciencia ciudadana, campañas de sensibilización pública, y eventos de capacitación en todo el país para decenas de miles de personas implicadas en los diversos sectores vinculados. El valor del legado que este proyecto puede dejar a las generaciones futuras durante esta década, celebra Guillem, es incalculable.

La eléctrica Holaluz ha anunciado que el Ministerio para la Transición Ecológica ha acordado este viernes “finalizar y archivar” los procedimientos de inhabilitación que inició contra esta empresa el pasado 16 de julio, “tanto el relativo a la eventual extinción de su habilitación” como comercializadora “como el relativo al eventual traspaso de sus clientes a comercializadoras de referencia”.

En un comunicado, la compañía reitera, como ya hizo el pasado 28 de julio al presentar sus alegaciones al procedimiento, que “está al corriente de pago”. Explica que ·la discrepancia se refería a la exigibilidad de determinadas facturas por un importe total de 4,4 millones de euros, que contaban con un plan de pagos“. ”El Ministerio da la razón a Holaluz“, subraya.

La empresa señala que la resolución de Transición Ecológica establece “que las medidas provisionales adoptadas con la apertura del procedimiento quedan sin efecto desde el momento de su notificación. De acuerdo con la resolución recibida hoy por Holaluz, el cierre favorable a la compañía de este expediente será publicado mañana, 29 de agosto, en el Boletín Oficial del Estado”. elDiario.es contactó con Transición Ecológica, sin obtener respuesta.

“Situación puntual”

La compañía subraya que “defendió desde el primer día que el episodio que dio origen al expediente era una situación puntual derivada de una discrepancia sobre la exigibilidad de determinadas facturas y que no respondía ni a una voluntad de impago ni a una situación patrimonial que impidiera a la compañía atender regularmente sus obligaciones”.

El procedimiento, añade, se inició a raíz “de reclamaciones relativas a la exigibilidad de determinadas facturas de tres proveedores por un importe conjunto de 4.392.776,82 euros, que contaban con un plan de pagos”, dice la nota.

Holaluz explicó en sus alegaciones que dichas facturas “se encontraban dentro de su sistema de gestión ordenada y controlada de tesorería, mediante el cual la compañía agrupa para su pago periódico las numerosas facturas emitidas por las distribuidoras, tal y como permite la legislación vigente”.

“Desde la apertura del expediente, Holaluz ha ido aportando al Ministerio evidencia de los pagos recurrentes efectuados” y “a día de hoy, tanto las facturas sobre las que existía la discrepancia como las posteriores están íntegramente saldadas y Holaluz se encuentra al corriente de sus obligaciones con las distribuidoras”.

La eléctrica asegura que se encuentra “saneada, a pesar, incluso, de los recortes en tesorería que ha sufrido con motivo de decisiones como el RD de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio, que supuso una rebaja impositiva a los consumidores hasta el 30 de junio para contrarrestar la subida de la energía, pero provocó también que Holaluz redujera su caja, pues tenía que asumir el 21% del IVA de la energía que adquiría para luego repercutir solo el 10% de la que suministraba”.

Esta diferencia “quedará solventada en los próximos meses” cuando la Agencia Tributaria realice la correspondiente devolución, “y en ningún momento comprometió, como la propia compañía defendió desde el inicio del procedimiento y ahora ha quedado demostrado, actividad alguna”.

“Tenemos aproximadamente un 1% del mercado y, sin embargo, solo se habla de nosotros. Algo estaremos cambiando”, señala en la nota Carlota Pi, cofundadora y CEO de Holaluz. La empresa, cuya cotización se encuentra suspendida en el mercado de pymes de BME Growth, asegura que “su carácter disruptivo y su apuesta por un modelo energético radicalmente diferente explican buena parte de las resistencias que la compañía ha encontrado a lo largo de sus quince años de historia”.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Dirección General de Planificación y Coordinación Energética, ha notificado una propuesta de resolución por la que plantea sancionar con 8,54 millones de euros a la empresa Biomar Oil por no aportar la cuantía económica correspondiente al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) en el ejercicio 2024.

Según publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE), el anuncio se ha realizado mediante notificación edictal tras resultar infructuosos los intentos de notificación telemática y postal en el domicilio de la entidad, informa Europa Press.

Biomar figura en las dos últimas listas de morosos de Hacienda con una deuda de más de 119 millones. Era la sexta empresa que más debía al Fisco en España a cierre de 2025. Sus oficinas en Madrid fueron registradas a finales del año pasado por la Policía Nacional por un presunto fraude de IVA superior a los 200 millones. En las redadas contra esa presunta organización delictiva se halló incluso un taller ilegal de armamento en Ávila.

El expediente por esa sanción califica el incumplimiento como una infracción muy grave conforme al artículo 79.1.a) de la Ley 18/2014, al no haber ingresado dentro del periodo exigible la aportación asignada para dicho año. Por ello, se propone una sanción de 8.544.249,95 euros, cuantía sujeta al límite del 10% del importe anual de su cifra de negocios o de la cifra consolidada de su grupo matriz.

El Ministerio recuerda a la compañía que la sanción propuesta no la exime de abonar la deuda pendiente con el FNEE relativa a su obligación de ahorro de 2024, importe que asciende a 7,767 millones de euros. A partir de la publicación en el BOE, Biomar Oil tiene quince días para comparecer ante la Dirección General, consultar el expediente completo, formular alegaciones y aportar la documentación pertinente.

Biomar Oil fue inhabilitada en 2024 por la Dirección General de Política Energética y Minas del ministerio para ejercer de operador de productos petrolíferos por haber incumplido las obligaciones para el logro de los objetivos anuales de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte.

Transición alegó que Biomar estaba incumpliendo la obligación de añadir la parte de biocarburantes que marca la ley al fuel, y de ahí esa deuda con el Fisco de más de 119 millones. La empresa emprendió un procedimiento penal contra los responsables del ministerio que decidieron inhabilitarla como operador e interpuso una querella contra el subdirector general de Hidrocarburos del Ministerio de Transición Ecológica, José Luis Cabo, por un presunto delito de prevaricación.