España ha propuesto a la Unión Europea que se graven los beneficios de las compañías petroleras y gasísticas para financiar medidas de adaptación al cambio climático tras la sequía y los graves incendios forestales que están asolando Europa a causa de este emergencia.

Entre las propuestas está la Creación de un Fondo Europeo específico para la Adaptación al Cambio Climático, dotado de nuevos recursos, incluyendo un gravamen europeo para la Resiliencia Climática sobre los beneficios del sector del petróleo y el gas. Otras opciones a analizar incluyen instrumentos de deuda europeos.

La postura de España se incluye en un documento que el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha enviado a Wopke Hoekstra, comisario europeo de Clima, para reforzar la respuesta europea frente a los riesgos climáticos, según ha informado el departamento de Sara Aagesen.

Según el Miteco, el documento plantea un enfoque integral para anticipar y evaluar los riesgos climáticos, incorporar la resiliencia en la planificación y las decisiones de inversión, reforzar los sistemas de respuesta ante emergencias y crear las condiciones financieras necesarias para acelerar la adaptación en toda Europa.

“Europa -añade el Miteco- necesita un conocimiento común de los riesgos climáticos basado en la ciencia. Es esencial promover evaluaciones quinquenales de los riesgos climáticos a nivel europeo, nacional y regional”.

Transición Ecológica subraya que “la resiliencia climática debe integrarse plenamente en la arquitectura financiera de la UE”, con criterios específicos en el diseño del Marco Financiero Plurianual (MFP). Además, el sector financiero de la UE debería seguir integrando los riesgos climáticos en todos los programas de inversión, concesión de préstamos y seguros.

El ministerio defiende que la UE incorpore instrumentos financieros comunes para reforzar la resiliencia climática, como un sistema europeo de reaseguro público-privado que ayude a cubrir las pérdidas derivadas de fenómenos meteorológicos extremos y eventos relacionados con el clima. Esto podría abordarse mediante la emisión de bonos de riesgo climático (climate risk bonds).

El Ministerio de Transición Ecológica ha pedido a la Fiscalía que investigue el tiroteo de una orca en aguas de Portugal el pasado agosto. La investigación llevada a cabo por el departamento que dirige Sara Aagesen aprecia “indicios de delito” en los disparos realizados “desde un barco español”.

La orca, bautizada con el nombre de Toñi, es el ejemplar más longevo del estrecho de Gibraltar y presentaba heridas de arma de fuego en su aleta dorsal. Transición Ecológica informa de que tanto el animal como su grupo nadan ahora en aguas gallegas donde “han sido avistadas”. Las orcas son una especie muy migrante.

Además, según cuentan desde el Ejecutivo, también se ha solicitado la intervención de la Guardia Civil para “la identificación, y en su caso toma de declaración, de los presuntos responsables. También, para la comprobación de la situación administrativa y documental en relación con la tenencia y uso de armas”.

La orca (Orcinus orca) es una especie protegida en España y su población en el estrecho y golfo de Cádiz está calificada como “vulnerable” en el Catálogo de Especies Amenazadas. Disparar contra un ejemplar podría entrar en el tipo penal de delito contra la fauna protegida cuya pena prevista en el Código Penal oscila entre seis meses y dos años de cárcel.

“Desde el ministerio seguiremos con las pesquisas, colaborando tanto con la Fiscalía como con la Guardia Civil y las autoridades portuguesas, para tratar de esclarecer lo ocurrido y evitar que este daño contra el medio ambiente quede impune. También, seguiremos de cerca la evolución de las heridas”, ha indicado la vicepresidenta del Gobierno y ministra del ramo, Sara Aagesen.

Este año, España es la protagonista de un auténtico hito medioambiental y climático. En toda la historia del programa LIFE —el instrumento financiero de la Unión Europea creado en 1992 dedicado de forma exclusiva al medio ambiente y a la acción por el clima— nunca se habían movilizado tantos recursos: hasta 271 millones de euros. El sujeto del esfuerzo es igualmente trascendental. Se trata de la red de humedales españoles, la más diversa de Europa y la tercera más numerosa del mundo, según la Lista Ramsar.

“Durante décadas, los humedales en toda Europa han estado bajo una presión intensa. Están desapareciendo ante nuestros ojos [...] Este trabajo revertirá la degradación ambiental, reconectará a las personas con la naturaleza y ofrecerá beneficios concretos para nuestras economías, nuestras comunidades y nuestra calidad de vida [...]. Me llena de esperanza por el futuro, me emociona por España y me inspira para el resto de Europa”, expresó al respecto en febrero, cuando se presentó el proyecto, Jessica Roswaltz, comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva.

La iniciativa, hija del Plan Estratégico de Humedales aprobado en 2022, pretende restaurar 26.100 hectáreas de zonas húmedas en las 17 comunidades autónomas en el transcurso de una década, logrando así el 130% del objetivo de este plan. “Que todo un Estado se haya volcado en un único ecosistema nos va a convertir en un referente a nivel internacional”, considera Antonio Guillem, ingeniero en Ecotecnología Acuática y uno de los coordinadores del proyecto de la mano de la Fundación Global Nature.

Que todo un Estado se haya volcado en un único ecosistema creo que nos va a convertir en un referente a nivel internacional

Antonio Guillem — Coordinadores de LIFE Humedales

A través de este objetivo la Unión Europea también busca facilitar la aplicación de su legislación medioambiental y climática. Por eso ha aportado 30 millones, mientras se esperan 111 millones más provenientes de fondos complementarios, de los cuales ya se han comprometido 26. Los otros 130,5 los han puesto el Ministerio de Transición Ecológica —impulsor y líder del proyecto—, y el resto de los socios, entre empresas, fundaciones públicas y una docena de comunidades autónomas.

Un punto estratégico para Europa

Debido a la presión humana, la sobreexplotación de acuíferos y ríos, desecación, contaminación, etc., este tipo de ecosistema se ha convertido en el más amenazado del mundo. Desde 1.700 se ha perdido cerca del 87% de estas masas de agua.

España en concreto ya se ha despedido en el último siglo del 60% de su superficie húmeda. Guillem recuerda que “venimos de la Ley Cambó (1918-1985)”, la cual favorecía la desecación de estos espacios por considerarlos insalubres. “Pero son, de hecho, los ecosistemas más productivos que tenemos en nuestro planeta. Son puntos críticos de biodiversidad y generan multitud de servicios ecosistémicos”, apunta.

Almacenan carbono, sostienen sectores como la agricultura, y contribuyen a atenuar las sequías y a controlar las inundaciones, además de actuar como los “riñones del planeta” filtrando el agua, protegiendo la costa o mejorando la calidad del aire. “[Los humedales europeos] ahorran decenas de millones de euros [...] porque reducen los daños que puedan ocasionar las inundaciones y almacenan millones de toneladas de CO2”, aseguró Sara Aagesen, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, durante la presentación del LIFE.

Solo el 12% de los humedales en buen estado de conservación

España cuenta con alrededor de 5.000 zonas húmedas de hasta 30 tipos. Del total de enclaves Ramsar —llmados así por la conferencia sobre humedales celebrada en la ciudad iraní en 1971— españoles analizados por el Miteco, solo el 12% se encuentra en un buen estado de conservación. La inacción ante este escenario podría contribuir, entre otras cosas, a la aceleración del calentamiento global, explica la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica.

Además, los humedales del país son puntos verdaderamente estratégicos para la conservación de la biodiversidad en toda Europa (y del mundo), ya que facilitan rutas migratorias de multitud de aves entre África y el viejo continente.

Este histórico esfuerzo de restauración, sin embargo, coincide con las negociaciones que se están llevando a cabo en la Unión Europea sobre el próximo presupuesto comunitario 2028-2034, en las que se está planteando una reorganización de los instrumentos de financiación que podría afectar a futuros proyectos similares. Desde la Fundación Global Nature temen que el mecanismo de financiación específico para el medio ambiente del que parte esta gran acción por los humedales se diluya entre otros más amplios.

10 de los 107 enclaves ya están confirmados

En el LIFE Humedales —donde no estarán incluidos ni Doñana ni el Mar Menor, debido a que ya cuentan con sus propios marcos de financiación y actuación— se prevén 280 acciones de restauración en 107 espacios de la Red Natura 2000 de las 17 Comunidades Autónomas.

La Fundación Biodiversidad ha adelantado a elDiario.es que 10 de estos 107 enclaves ya están confirmados: En la Comunidad de Madrid se actuará en la Laguna de Soto de las Juntas y en la Laguna de Soto Gutiérrez; en Castilla-La Mancha en la Laguna de El Hito (Cuenca); en Castilla y León (Palencia) se atenderán las de Prados de Autillo de Campos, además de las Lagunas del Canal de Castilla; en La Rioja se actuará en las de Urbión (Soria); en Andalucía (Sevilla) se renaturalizará el meandro de la Margazuela del Brazo del Este; en Asturias La Junquera; en Galicia las marismas de la Ensenada de Mera en la ría de Ortigueira (A Coruña) y en las Islas Canarias el Humedal Mareta (Tenerife).

Distintos niveles de gobernanza

Las actuaciones se resolverán en varias fases hasta 2036. “La primera, en la que nos encontramos ahora, es la de realizar un diagnóstico del estado ecológico de estas zonas. Posteriormente, se desarrollarán las actuaciones de restauración propiamente dichas, que pueden incluir adquisición de tierras, mejoras hidrológicas, recuperación de hábitats y de especies, mejora de la calidad del agua o control de especies invasoras”, explica el coordinador.

Se pretende que haya talleres de encuentro con los usuarios de todos estos humedales (agricultores, ganaderos, cazadores…) para darles voz

Antonio Guillem — Uno de los coordinadores de LIFE Humedales de la mano de la Fundación Global Nature.

“En paralelo, se va a trabajar mucho desde la participación social y la sensibilización ciudadana. Se pretende que haya talleres de encuentro con los usuarios de todos estos humedales (agricultores, ganaderos, cazadores…) para darles voz, buscar soluciones compartidas e intentar que se asuma a largo plazo un compromiso común en la gestión y conservación de estos ecosistemas para que el trabajo sobreviva a esta década. Por último, se procederá a monitorizar y evaluar los resultados”, prosigue.

Teresa Gil Gil, responsable del Departamento de Aguas de WWF España, y del área de Gobernanza en el LIFE, explica que tendrán que hablar, por ejemplo, con actores de la industria hotelera para llegar a un punto en común que logre ponerle freno a los vertidos ilegales en estos espacios naturales. O realizar convenios de colaboración con arroceros procurando que perciban un beneficio para su producción. O dialogar con piragüistas para zonificar los lagos donde practican la actividad.

Gil Gil sostiene que uno de los principales retos será el de la alta complejidad interadministrativa que este proyecto requiere, además de los posibles cambios de gobierno. “Va a haber cambios legislativos, por eso nosotros siempre proponemos que estas iniciativas se presenten y se aprueben por mayoría tanto por el gobierno actual como por la oposición, de forma que el siguiente herede lo que ya ha hecho suyo”, cuenta.

Se va a habilitar, además, en el Comité Nacional de Humedales, del que ya forman parte casi todas las comunidades autónomas, un grupo de trabajo específico en el que también estén incluidas las oenegés para así favorecer la coordinación interadministrativa, algo que esperan que enriquezca mucho el LIFE. “Vamos a invertir muchos recursos y tiempo en esto, en generar estas relaciones de confianza y mantenerlas, porque es decisivo”, apunta.

Por último, se desplegarán actividades de ciencia ciudadana, campañas de sensibilización pública, y eventos de capacitación en todo el país para decenas de miles de personas implicadas en los diversos sectores vinculados. El valor del legado que este proyecto puede dejar a las generaciones futuras durante esta década, celebra Guillem, es incalculable.

La eléctrica Holaluz ha anunciado que el Ministerio para la Transición Ecológica ha acordado este viernes “finalizar y archivar” los procedimientos de inhabilitación que inició contra esta empresa el pasado 16 de julio, “tanto el relativo a la eventual extinción de su habilitación” como comercializadora “como el relativo al eventual traspaso de sus clientes a comercializadoras de referencia”.

En un comunicado, la compañía reitera, como ya hizo el pasado 28 de julio al presentar sus alegaciones al procedimiento, que “está al corriente de pago”. Explica que ·la discrepancia se refería a la exigibilidad de determinadas facturas por un importe total de 4,4 millones de euros, que contaban con un plan de pagos“. ”El Ministerio da la razón a Holaluz“, subraya.

La empresa señala que la resolución de Transición Ecológica establece “que las medidas provisionales adoptadas con la apertura del procedimiento quedan sin efecto desde el momento de su notificación. De acuerdo con la resolución recibida hoy por Holaluz, el cierre favorable a la compañía de este expediente será publicado mañana, 29 de agosto, en el Boletín Oficial del Estado”. elDiario.es contactó con Transición Ecológica, sin obtener respuesta.

“Situación puntual”

La compañía subraya que “defendió desde el primer día que el episodio que dio origen al expediente era una situación puntual derivada de una discrepancia sobre la exigibilidad de determinadas facturas y que no respondía ni a una voluntad de impago ni a una situación patrimonial que impidiera a la compañía atender regularmente sus obligaciones”.

El procedimiento, añade, se inició a raíz “de reclamaciones relativas a la exigibilidad de determinadas facturas de tres proveedores por un importe conjunto de 4.392.776,82 euros, que contaban con un plan de pagos”, dice la nota.

Holaluz explicó en sus alegaciones que dichas facturas “se encontraban dentro de su sistema de gestión ordenada y controlada de tesorería, mediante el cual la compañía agrupa para su pago periódico las numerosas facturas emitidas por las distribuidoras, tal y como permite la legislación vigente”.

“Desde la apertura del expediente, Holaluz ha ido aportando al Ministerio evidencia de los pagos recurrentes efectuados” y “a día de hoy, tanto las facturas sobre las que existía la discrepancia como las posteriores están íntegramente saldadas y Holaluz se encuentra al corriente de sus obligaciones con las distribuidoras”.

La eléctrica asegura que se encuentra “saneada, a pesar, incluso, de los recortes en tesorería que ha sufrido con motivo de decisiones como el RD de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio, que supuso una rebaja impositiva a los consumidores hasta el 30 de junio para contrarrestar la subida de la energía, pero provocó también que Holaluz redujera su caja, pues tenía que asumir el 21% del IVA de la energía que adquiría para luego repercutir solo el 10% de la que suministraba”.

Esta diferencia “quedará solventada en los próximos meses” cuando la Agencia Tributaria realice la correspondiente devolución, “y en ningún momento comprometió, como la propia compañía defendió desde el inicio del procedimiento y ahora ha quedado demostrado, actividad alguna”.

“Tenemos aproximadamente un 1% del mercado y, sin embargo, solo se habla de nosotros. Algo estaremos cambiando”, señala en la nota Carlota Pi, cofundadora y CEO de Holaluz. La empresa, cuya cotización se encuentra suspendida en el mercado de pymes de BME Growth, asegura que “su carácter disruptivo y su apuesta por un modelo energético radicalmente diferente explican buena parte de las resistencias que la compañía ha encontrado a lo largo de sus quince años de historia”.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Dirección General de Planificación y Coordinación Energética, ha notificado una propuesta de resolución por la que plantea sancionar con 8,54 millones de euros a la empresa Biomar Oil por no aportar la cuantía económica correspondiente al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) en el ejercicio 2024.

Según publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE), el anuncio se ha realizado mediante notificación edictal tras resultar infructuosos los intentos de notificación telemática y postal en el domicilio de la entidad, informa Europa Press.

Biomar figura en las dos últimas listas de morosos de Hacienda con una deuda de más de 119 millones. Era la sexta empresa que más debía al Fisco en España a cierre de 2025. Sus oficinas en Madrid fueron registradas a finales del año pasado por la Policía Nacional por un presunto fraude de IVA superior a los 200 millones. En las redadas contra esa presunta organización delictiva se halló incluso un taller ilegal de armamento en Ávila.

El expediente por esa sanción califica el incumplimiento como una infracción muy grave conforme al artículo 79.1.a) de la Ley 18/2014, al no haber ingresado dentro del periodo exigible la aportación asignada para dicho año. Por ello, se propone una sanción de 8.544.249,95 euros, cuantía sujeta al límite del 10% del importe anual de su cifra de negocios o de la cifra consolidada de su grupo matriz.

El Ministerio recuerda a la compañía que la sanción propuesta no la exime de abonar la deuda pendiente con el FNEE relativa a su obligación de ahorro de 2024, importe que asciende a 7,767 millones de euros. A partir de la publicación en el BOE, Biomar Oil tiene quince días para comparecer ante la Dirección General, consultar el expediente completo, formular alegaciones y aportar la documentación pertinente.

Biomar Oil fue inhabilitada en 2024 por la Dirección General de Política Energética y Minas del ministerio para ejercer de operador de productos petrolíferos por haber incumplido las obligaciones para el logro de los objetivos anuales de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte.

Transición alegó que Biomar estaba incumpliendo la obligación de añadir la parte de biocarburantes que marca la ley al fuel, y de ahí esa deuda con el Fisco de más de 119 millones. La empresa emprendió un procedimiento penal contra los responsables del ministerio que decidieron inhabilitarla como operador e interpuso una querella contra el subdirector general de Hidrocarburos del Ministerio de Transición Ecológica, José Luis Cabo, por un presunto delito de prevaricación.

Cinco ayuntamientos de las comarcas del Asón-Agüera y Trasmiera han respaldado por unanimidad la iniciativa que el PRC impulsó en junio en estas zonas para exigir al Ministerio para la Transición Ecológica el inicio este mismo año de las obras del subfluvial Santoña-Laredo y pedir al Gobierno autonómico que ejecute, simultáneamente, las conexiones secundarias para “acabar con la contaminación” en las marismas de Santoña, Victoria y Joyel.

La reclamación de los regionalista ha sido aprobada por los plenos de Limpias, Ampuero, Colindres, Santoña y Arnuero y será debatida el próximo mes de septiembre en Voto, Laredo, Escalante y Bárcena de Cicero. A la aprobación también se ha sumado Noja.

Así lo han dado a conocer en un comunicado los presidentes de los comités comarcales del Asón-Agüera y Trasmiera, Aurora Cuero y Miguel Ángel Ruiz, respectivamente, quienes han indicado que el objetivo de la formación es agilizar unas obras que “acumulan más de treinta años de retraso, dado que fueron declaradas de interés general en 1994”.

Como consecuencia de este retraso, han señalado, las aguas residuales de nueve municipios afectados por él se vierten directamente al río Asón, “sin una depuración previa, con la consiguiente contaminación de todo el entorno de las marismas, desde Voto hasta Laredo”, han lamentado.

En este sentido, ambos dirigentes regionalistas han destacado el “bloqueo” sufrido por la obra del subfluvial, que, han relatado, fue paralizada en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) y “no registró ningún avance” hasta la aprobación del proyecto el pasado mayo por el Ministerio.

A su juicio, la responsabilidad de la demora es imputable tanto al PP, “porque paró la obra”, como al PSOE, porque “gobierna desde 2018 y aún no ha sido capaz de ponerla nuevamente en marcha”.

Además, Cuero y Ruiz han rechazado la “pretensión” del Ministerio de demorar “al menos ocho meses” la licitación del proyecto, motivo por el que el PRC está impulsando la movilización de los ayuntamientos afectados para exigir que las obras sean adjudicadas y comiencen este mismo año, “o a más tardar a principios de 2027”. “Es una obra prioritaria y que hay que acometer ya”, han recalcado.

Asimismo, han instado al Gobierno de Cantabria a redactar y ejecutar los proyectos de saneamiento local que se encuentran pendientes y que son “necesarios” para conectar los municipios con el colector general. “Esas obras son parte de un proyecto conjunto que deben impulsar los dos gobiernos”, han precisado.

Por ello, los regionalistas han insistido en el llamamiento realizado a las dos administraciones por la diputada y candidata del PRC a la Presidencia, Paula Fernández, para que “vayan de la mano, dejando a un lado los colores políticos y evitando la confrontación”.

Con este fin, el PRC plantea la creación de una comisión mixta integrada por la Administración General del Estado, el Ejecutivo cántabro y los nueve ayuntamientos afectados, para realizar un seguimiento permanente de los proyectos y evitar nuevos retrasos.

L’hotel Sidi Saler, un complex de luxe que fa més d’una dècada que està tancat, entreveu la possibilitat d’una nova vida. El macrocomplex abandonat, batejat com “l’Algarrobico valencià”, fa anys que està immers en un embolic administratiu dins de la línia de domini públic marítimoterrestre, en ple Parc Natural de l’Albufera.

L’hotel va ser construït el 1970 sobre terrenys privats i es va convertir en un dels primers establiments vacacionals d’alt nivell. El 1986, el paratge on s’ubica l’hotel va ser declarat parc natural i, el 2007, es va aprovar el delimitament que va incorporar els terrenys al domini públic marítimoterrestre.

Segons explica el diari Levante-EMV, una mercantil ha adquirit l’hotel, en estat ruïnós i abandonat, amb la intenció de ressuscitar-lo i convertir una part en un centre de recuperació de fauna marina. El diari no nomena la mercantil adquirent. Els últims propietaris van ser Divarian i Coral Homes i l’adquirent és una firma valenciana amb immobles a l’Horta, segons el mateix mitjà.

El complex té la llicència d’activitat caducada, una circumstància avalada pels tribunals que l’esquerra valencianista vol aprofitar per a reclamar-ne l’enderrocament. El 2022, el govern local de Joan Ribó li va retirar aquesta llicència i els valencianistes, ara en l’oposició, demanen al Govern central que accelere la demolició i renaturalitze la Devesa. La portaveu de Compromís, Papi Robles, reclama al Ministeri per a la Transició Ecològica que declare la caducitat de la concessió hotelera i que inicie el procés d’enderrocament de l’edifici. La regidora considera “insostenible” mantindre “un esquelet de formigó” en un dels espais més protegits de la ciutat i reclama “recuperar el cordó dunar” sobre el qual s’assenta l’edifici. “Portem massa anys amb una ruïna al mig d’un parc natural mentre es busquen travesses per a reobrir un negoci que la llei no empara”, adverteix la dirigent.

Respecte a això, el diputat de Compromís-Sumar al Congrés, Alberto Ibáñez, ha registrat una sèrie de preguntes al Ministeri que dirigeix Sara Aagesen. Pregunta: “En quina data té prevista la Demarcació de Costes, del Ministeri per a la Transició Ecològica, finalitzar la concessió hotelera i l’activitat mercantil privada en sòl públic?”, si existeix un projecte i terminis per a la demolició immediata i “Quan complirà el Govern d’Espanya el seu compromís de deixar de ser còmplice d’Israel i impedir qualsevol activitat econòmica a Espanya d’origen israelià fins que acabe el genocidi palestí i hi haja un judici just?”. El parlamentari vol que el Govern al qual dona suport accelere els tràmits per a complir amb la lògica de València com a Capital Verda Europea.

El hotel Sidi Saler, un complejo de lujo que lleva más de una década cerrado, vislumbra la posibilidad de una nueva vida. El macrocomplejo abandonado, bautizado como 'el Algarrobico' valenciano, lleva años inmerso en una maraña administrativa dentro de la línea pública marítimo-terrestre, en pleno Parque Natural protegido de la Albufera.

El hotel fue construido en 1970 sobre terrenos privados y se convirtió en uno de los primeros establecimientos vacacionales de alto nivel. En 1986, el paraje donde se ubica el hotel fue declarado Parque Natural y, en 2007, se aprobó el deslinde que incorporó los terrenos a dominio público marítimo-terrestre.

Según cuenta el diario Levante-EMV, una mercantil ha adquirido el hotel, en estado ruinoso y abandonado, con intención de resucitarlo y convertir una parte en un centro de recuperación de fauna marina. El citado diario, que no nombra a la mercantil adquiriente. Los últimos propietarios fueron Divarian y Coral Homes y la adquiriente es una firma valenciana con inmuebles en l'Horta, según el citado periódico.

El complejo tiene la licencia de actividad caducada y avalada por los tribunales, una circunstancia que la izquierda valencianista quiere aprovechar para su derribo. En 2022 el gobierno local de Joan Ribó le retiró esta licencia, y los valencianistas, ahora en la oposición, piden al Gobierno central que acelere la demolición y renaturalice la Dehesa. La portavoz de Compromís, Papi Robles, reclama al Ministerio para la Transición Ecológica que declare la caducidad de la concesión hotelera y que inicie el proceso de derribo del edificio. La concejala considera “insostenible” mantener “un esqueleto de hormigón” en uno de los espacios más protegidos de la ciudad y reclama “recuperar el cordón dunar” sobre el que se asienta el edificio. “Llevamos demasiados años con una ruina en mitad de un parque natural mientras se buscan atajos para reabrir un negocio que la ley no ampara”, advierte la dirigente.

Al respecto, el diputado de Compromís-Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha registrado una serie de preguntas al Ministerio que dirige Sara Aagesen. Pregunta: “¿En qué fecha tiene prevista la demarcación de Costas, del Ministerio de Transición Ecológica, finalizar la concesión hotelera y la actividad mercantil privada en suelo público?”, si existe proyecto y plazos para la demolición inmediata y “¿Cuándo va a cumplir el gobierno de España con su compromiso de dejar de ser cómplice de Israel e impedir cualquier actividad económica en España de origen israelí hasta que termine el genocidio palestino y haya un juicio justo?”. El parlamentario quiere que el Gobierno al que da apoyo acelere los trámites para cumplir con la lógica de València como capital verde europea.

El Gobierno, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el operador del sistema eléctrico, Red Eléctrica de España (REE), suman ya más de veinte medidas aprobadas o en trámite para intentar reforzar el control de la tensión eléctrica, clave en el histórico apagón peninsular del 28 de abril de 2025.

El despliegue se ha acelerado este verano y el esfuerzo regulatorio apuntala la idea de que había un vacío legal en esta materia en el momento del apagón. Justo lo que negó en abril la entonces presidenta de la CNMC, Cani Fernández, en una de sus últimas comparecencias en el Congreso de los Diputados, tras advertir de ello tanto REE como las grandes eléctricas, los dos bandos que se culpan del peor incidente de este tipo en Europa.

El Ministerio para la Transición Ecológica cerró hace unos días una consulta para la reforma “urgente” de un decreto de 2000 que regula las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones eléctricas, que entre otras cosas, actualiza el marco aplicable al control de tensión de las instalaciones de producción y permite a las renovables participar activamente en este servicio.

El objetivo es que la configuración “por defecto” de estas plantas haga “una mayor contribución al control de tensión del sistema, aprovechando las capacidades técnicas con las que ya cuentan estas tecnologías en cumplimiento de la normativa europea y nacional, y reduciendo con ello la necesidad de uso de centrales fósiles”. Así “se reduce el recurso a la generación convencional para el control de tensión y se refuerza la seguridad del sistema eléctrico, lo que resulta especialmente urgente a medida que se incrementa la penetración de renovables”, justifica la propuesta.

El último Consejo de Ministros antes de las vacaciones de agosto aprobó, a propuesta de Transición Ecológica, el Real Decreto con los planes de inversión de las redes de transporte y distribución: hasta 17.900 millones de euros adicionales hasta 2030, y uno de los aspectos que condicionan el incremento del tope de inversiones de las distribuidoras (hasta 10.200 millones) es que se destinen “exclusivamente” a, entre otras cuestiones, control de tensión. Es el primer aspecto que se contempla, junto a otros como mejorar la observabilidad de las instalaciones y ciberseguridad.

El decreto se anunció en septiembre junto a la Propuesta de planificación de la red de transporte hasta 2030, pendiente de aprobarse, y que también prioriza el control de tensión y la integración de renovables, incluidas en un conjunto de actuaciones de más de 4.440 millones para reducir las denominadas restricciones técnicas: el coste de resolver congestiones de la red al margen del mercado mayorista diario que incluye la denominada “operación reforzada” que aplica REE desde el apagón; este colchón extra de seguridad, con más gas (y que las generadoras trasladan a los consumidores), ha tenido un coste de 666 millones solo en un año, según Redeia (matriz de REE).

El último Consejo de Ministros de julio también modificó aspectos puntuales de la Planificación vigente de la red de alta tensión (2021-2026): 615 millones de inversión (instalación de reactancias, compensadores…) para aumentar la resiliencia del sistema, abaratar la factura y reducir las importaciones de energía y las emisiones. Una medida en respuesta a una solicitud de REE, en línea con las recomendaciones de Entso-e (la asociación europea de transportistas que elaboró el informe sobre el apagón) y ACER (regulador europeo), para “complementar y mitigar la aplicación del mecanismo de restricciones técnicas para controlar la tensión y amortiguar las oscilaciones”.

Ya en julio de 2025, tras el informe del comité de investigación del Gobierno que repartió culpas sobre el apagón, Transición Ecológica aprobó otra modificación puntual con 65 actuaciones urgentes por importe de 750 millones para “incorporar herramientas adicionales a las redes que faciliten el control de tensión, la estabilidad ante oscilaciones y en general, el refuerzo del sistema”.

Decretos ley

A finales de junio, el Real Decreto-ley 18/2026 de respuesta a la guerra en Irán introdujo novedades en este aspecto. Reforzó el papel operativo de las distribuidoras, permitiéndoles impartir instrucciones directas para controlar tensión y operar sus redes. Un cambio en la Ley del Sector Eléctrico incorporó expresamente el control de tensión entre las funciones que se les encomiendan en el ámbito de las redes que gestionan.

El aluvión normativo comenzó en junio de 2025. Semanas después del apagón, Transición Ecológica impulsó otro decreto-ley (luego lo tumbó el Congreso) con 24 medidas para incrementar la resiliencia del sistema. Tras decaer el texto, el ministerio aprobó en noviembre un Real Decreto urgente (997/2025) que, sin pasar por el Congreso, recogía buena parte y obligó a la CNMC a realizar informes trimestrales sobre el control de tensión que el organismo se resistía a elaborar.

Además, el decreto emplazó a REE a proponer modificaciones normativas para reforzar todo lo que falló ese fatídico día: amortiguamiento frente a oscilaciones, velocidad de cambios de tensión en el sistema, calidad en la inyección de potencia activa por parte de las instalaciones de producción, funcionamiento de los servicios de ajuste, requisitos de monitorización y remisión de datos para análisis de incidentes.

Tras ese encargo, el operador del sistema pidió a la CNMC cambiar seis procedimientos de operación (1.1, 1.4, 8.2, 11.2, SENP 1 y 8.2) y aprobar otro (el 1.7), con medidas como desconectar instalaciones “cuyo comportamiento pueda comprometer la seguridad del sistema eléctrico”. REE cita “la inyección de potencia reactiva que pueda comprometer de forma significativa el cumplimiento de los umbrales de tensión en nudos de la red de transporte, así como la introducción en el sistema de oscilaciones de cualquier naturaleza”, como la que produjo antes del apagón una gran fotovoltaica de Iberdrola.

Esta “medida extraordinaria” para “preservar la seguridad del sistema eléctrico”, “por la naturaleza de las situaciones que pueden requerir su aplicación, no resulta posible establecer una relación exhaustiva de supuestos”. Su adopción “no responde a criterios discrecionales y podrá resultar de aplicación a cualquier instalación cuyo comportamiento genere un riesgo potencial relevante”, según REE.

El texto que acaba de publicar señala que los umbrales de referencia de variabilidad de tensión “se han determinado a partir del análisis histórico de un conjunto representativo de nudos de la red del Sistema Peninsular” y tras “un seguimiento diario de los niveles de tensión y de su variabilidad en dichos nudos” realizado desde otoño. REE trabaja en otro PO para los centros de control. Cuando esté vigente supondrá derogar uno de los que ahora se reformarán (el 8.2).

Esos PO los debe aprobar Competencia, que tras el apagón ha dado luz verde a una cascada de regulaciones sobre control de tensión. Semanas después del histórico colapso energético, tras cinco años analizándolo, actualizó (junto a otros cuatro PO) el ya famoso PO 7.4, específico sobre esta cuestión y que databa de 2000, cuando las renovables eran testimoniales. El pasado 25 de junio volvió a actualizar el 7.4 junto al PO 14.4, para incentivar que las energías limpias participen en el control de tensión de forma dinámica, como hacen desde 2020 en Portugal, que comparte su mercado eléctrico con el español.

En octubre, tras más variaciones bruscas de tensión en las semanas previas, Competencia aprobó a petición de REE y ante “los riesgos para la seguridad del suministro”, cambios urgentes en tres PO (3.1, 3.2 y 7.2) que luego prorrogó sucesivamente “para facilitar la estabilización de la tensión en el sistema eléctrico peninsular”. También se modificaron las rampas de incorporación de las renovables.

La CNMC creó en febrero, en el marco de un plan de actuación para asegurar la estabilidad del sistema, tres grupos de trabajo sobre control de tensión, a corto plazo y para las redes de transporte y distribución, por lo que son esperables más cambios normativos en las áreas que competen al organismo que desde hace unas semanas preside el catedrático Juan José Ganuza. Este martes se publicaba en el BOE la nueva regulación de la CNMC para facilitar la conexión de nuevos consumidores a la red eléctrica mediante permisos de acceso flexible.

Y para los permisos destinados a los consumidores más grandes, los denominados de “tipo 3”, para las instalaciones de consumo conectadas directamente a la red de transporte peninsular con capacidad flexible superior a 1 MW, el texto señala que deberán “cumplir los requisitos de reactiva o, en su caso, de control de tensión que se establezcan”. Los titulares de estos puntos deberán estar preparados para reducir su consumo cuando el operador del sistema lo solicite por razones estrictas de seguridad.

Competencia tiene abiertos 64 expedientes sancionadores por supuestos incumplimientos relacionados con el apagón. Ha cifrado en 39 millones el coste de reponer el servicio tras el cero energético. Su informe de marzo con recomendaciones sobre el incidente concluyó que uno de los factores que contribuyó al “fenómeno de sobretensiones” fue “que el sistema mostraba una insuficiencia de capacidades de control dinámico de tensión”.

El documento reclamó medidas para mitigar “los cambios bruscos de tensión y que refuercen la coordinación entre los gestores de red y la visibilidad de sus redes” y avanzar en la armonización normativa a nivel europeo y nacional en materia de límites de tensión y temporalidad de las sobretensiones, garantizando márgenes adecuados de seguridad. Aunque, según la CNMC, “en el momento del incidente, el sistema disponía de herramientas normativas y regulatorias, así como de mecanismos para garantizar el suministro”.

Comienza la cuenta atrás para acabar con los sobres de salsa, los minibotes de crema, las redes de mandarinas o las bridas de latas, millones de envases de usar y tirar que se convierten, casi de inmediato en basura de plástico. Este miércoles entra en vigor el nuevo reglamento europeo sobre residuos de envase, que marca el camino hasta la restricción de estos formatos en 2030.

La norma fue aprobada a finales de 2024, pero es este 12 de agosto cuando arranca el calendario para los próximos tres años. De hecho, la primera regla que debe aplicarse se refiere al contenido de químicos eternos, los PFAS, en los envases. Desde este miércoles, “no se podrán introducir en el mercado envases que estén destinados a entrar en contacto con alimentos” que presenten ciertas concentraciones de estos compuestos sintéticos.

A partir de ahora, la normativa deberá ir desplegándose. Así, para el 12 de febrero de 2027, los comercios que vendan bebidas frías o calientes para llevar deberán permitir que el consumidor lleve su propio recipiente para esa bebida. Y lo mismo para la comida: se podrá ir al comercio con el envase reutilizable. Si el cliente aporta ese recipiente, los comercios no podrán cobrar un extra, al suponer “un coste no superior y en condiciones no menos favorables que las existentes cuando vendan la unidad de venta consistente en el mismo producto en un envase de un solo uso”, dice el reglamento.

Nuevas reglas para los envases en la Unión Europea

A partir de 1 de enero de 2030

La nueva normativa prevé

que no se vendan

Envases de frutas y verduras frescas sin procesar. Las clásicas bandejas de tomates o zanahorias, por ejemplo (*)

Los alimentos y bebidas que se sirven en las cafeterías y restaurantes “que no necesitan más elaboración y suelen consumirse en el propio envase”

Porciones individuales. Como son las monodosis de, por ejemplo, salsas como el kétchup o el azúcar

Los “envases pequeños de higiene personal”, como los microbotes de gel

Bolsas de plástico “muy ligeras”

(15 micras o menos)

Bares, cafeterías o restaurantes de take away deberán permitir que los clientes lleven sus propios recipientes –adecuadamente limpios– para llevarse la comida o la bebida. También que un porcentaje de sus propios envases sean reutilizables

(*) En España, la regulación nacional ya prevé esta medida aunque no se ha implementado totalmente

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: PARLAMENTO EUROPEO

Nuevas reglas para los envases en

la Unión Europea

A partir de 1 de enero de 2030

La nueva normativa prevé

que no se vendan

Envases de frutas y verduras frescas sin procesar. Las clásicas bandejas de tomates o zanahorias, por ejemplo (*)

Los alimentos y bebidas que se sirven en las cafeterías y restaurantes “que no necesitan más elaboración y suelen consumirse en el propio envase”

Porciones individuales. Como son las monodosis de, por ejemplo, salsas como el kétchup o el azúcar

Los “envases pequeños de higiene personal”, como los microbotes de gel

Bolsas de plástico “muy ligeras”

(15 micras o menos)

Bares, cafeterías o restaurantes de take away deberán permitir que los clientes lleven sus propios recipientes –adecuadamente limpios– para llevarse la comida o la bebida. También que un porcentaje de sus propios envases sean reutilizables

(*) En España, la regulación nacional ya prevé esta medida aunque no se ha implementado totalmente

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: PARLAMENTO EUROPEO

Un año después, el 12 de febrero de 2028, los propios comercios de bebida y/o comida para llevar tendrán la obligación de ofrecer un recipiente reutilizable en lugar del de usar y tirar. Y no podrán vender esos productos “ni a un precio más alto ni en condiciones menos favorables”. Las microempresas quedarán exentas de estas obligaciones.

Para el 1 de enero de 2030 llegan las restricciones a determinados formatos, algunos extendidísimos:

Aunque existe un consenso internacional sobre el peligro que supone llenar de plásticos el entorno —los países acordaron en marzo de 2022 crear un tratado obligatorio para abordar el problema—, las negociaciones para redactar un texto legal llevan varias rondas de fracaso. Una vez traspasado el plazo que se había acordado, la siguiente cita para las conversaciones está prevista para marzo de 2027. La clave del problema es, precisamente, poner coto a la producción a la que se oponen los petroestados.

“Es un avance, pero se queda corto”, ha analizado el responsable de la campaña de residuos de Greenpeace, Julio Barea. El ecologista se refiere a que, según su organización, se ha “perdido una oportunidad” para atacar la raíz del problema: la producción de plástico. “Se crean normas de reducción, pero no cierran el grifo de la producción”, reflexiona, mientras “la presión de las empresas del plástico, distribución y gestores de residuos ha conseguido recortar los objetivos de reutilización y eso permite que las multinacionales nos sigan llenando el planeta de basura”.

Mientras la producción de plástico crece (si eran 370 millones de toneladas en 2018, se alcanzaron los 430 millones en 2024), los residuos forman una montaña de basura de unos 300 millones de toneladas anuales de la que una buena parte acabará antes o después en el mar. Y el reciclaje solo no está sirviendo para solucionar el problema: a nivel global está en torno al 9%, según la ONU. En España, el porcentaje de residuos urbanos reciclados está en el 43%, por debajo del nivel obligatorio del 50%, que está en vigor desde 2020.

El reglamento debería colocar, pues, la prevención y la reutilización por delante del puro reciclaje. El texto establece objetivos jurídicamente vinculantes para reducir los residuos por habitante en un 5% para 2030, un 10% para 2035 y un 15% para 2040 respecto a 2018.

La nueva norma también debe ser un impulso para la creación de sistemas de depósito, devolución y retorno (SDDR) para botellas y latas, ya que impone la obligación de alcanzar un 90% de recogida selectiva de esos envases para 2029.

El sistema SDDR consiste, básicamente, en que las botellas de plástico deberán poder devolverse en las tiendas. Así, cada botella tiene un valor económico —unos céntimos— que, a modo de fianza, adelanta el consumidor al comprar la bebida. Esa cantidad se le devuelve al cliente cuando retorna la botella al comercio. El envase se recupera así para reciclarse o reutilizarse.

En realidad, en España, ese sistema debería estar implementado en noviembre de 2026. La ley española de residuos ya preveía que se crease un SDDR, después de que el Ministerio de Transición Ecológica calculas que, en 2023, se recuperó tan solo el 40% de esos envases mediante el contenedor amarillo que gestiona Ecoembes, frente al 70% que establece la normativa estatal.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha asignado 233,4 millones de euros del mecanismo de subastas como servicio (AaaS) para financiar la producción de hidrógeno renovable a tres proyectos. Uno de ellos está ubicado en Galicia y los otros dos en Castilla-La Mancha. Entre todos suman una potencia de electrolisis de 92,27 megavatios (MW).

Por un lado se apoyará el proyecto Quixotgen Doña Urraca, impulsado por Energy Villarrobledo, en esta localiad albaceteña, que tendrá una potencia de 30 MW y que recibirá 50.216.284 euros.

Por otro, será también beneficio el proyecto Puertollano Hydrogen Network (P-HYNET) de Repsol Renewable and Circular Solutions SA, con sede en Puertollano (Ciudad Real) y una potencia de 12,27 MW. Aquí la ayuda pública será de 49.791.750 euros.

Los proyectos cuentan ya con la correspondiente resolución definitiva del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) otorgando la ayuda.

¿Cómo funcionan estas subvenciones?

Los incentivos de las subastas como servicio se estructuran como subvenciones al hidrógeno producido y certificado como cien por cien renovable –RFNBO, según la Directiva Europea de Energía Renovable–, por un período máximo de 10 años desde el inicio de operación, en proyectos que respeten el principio de no ocasionar un daño significativo al medio ambiente (DNSH) en todas sus fases.

Gracias a estas iniciativas, las empresas beneficiarias sustituirán la energía fósil por hidrógeno generado a partir de electricidad renovable, eliminando las emisiones de CO2.

Se trata, según el MITECO, de “un nuevo paso hacia la descarbonización de la industria española que permitirá, asimismo, reforzar la autonomía energética del país y reducir el consumo”.

Los proyectos habían sido seleccionados en la tercera subasta general del Banco Europeo del Hidrógeno (IF25), pero quedaron fuera de las ayudas de Bruselas al superar el presupuesto comunitario habilitado.

Para rescatar estas actuaciones, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), entidad adscrita al MITECO, activó el pasado mes de mayo la segunda convocatoria nacional de subastas como servicio (AaaS), dotada con un presupuesto máximo de 440,5 millones de euros con fondos europeos Next Generation-EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

La selección de los proyectos se ha efectuado respetando el orden de puntuación fijado por la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA).

Ya en la primera subasta como servicio española resultaron beneficiarios otros tres proyectos españoles transferidos del mecanismo general del Banco Europeo del Hidrógeno, con sede en Onda (Castellón); Garray (Soria) y en la localidad navarra de Sangüesa, con un total de 220,02 millones de euros en incentivos.

H2 renovable, “una prioridad estratégica”

Esta nueva convocatoria de ámbito nacional se enmarca en la estrategia del Gobierno para impulsar el hidrógeno renovable como una tecnología esencial para avanzar en la descarbonización de la industria, el transporte pesado y otros sectores con mayores dificultades para reducir sus emisiones.

Asimismo, refuerza el despliegue del PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno y Almacenamiento (ERHA).

Con estas ayudas, unidas a las de programas como H2 Pioneros, H2 Cadena de Valor, H2 Valles y varias oleadas de IPCEI (Proyecto Importante de Interés Común Europeo) son ya casi 3.000 millones los fondos repartidos a través del IDAE al capítulo del H2 verde, clave en el proceso de descarbonización y en la creación de un completo ecosistema tecnológico e industrial asociado, según lo previsto en la Hoja de Ruta del Hidrógeno Renovable y en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

Pacma ha solicitado este martes a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Sara Aagesen, y al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, la elaboración de una normativa estatal que establezca medidas obligatorias para proteger a la fauna silvestre frente al impacto de las infraestructuras humanas.

La petición se produce tras tras la muerte de una hembra de lince ibérico, Urze, y sus dos cachorros en una balsa de regadío situada en la pedanía de Isso (Hellín, Albacete). Según ha denunciado, los tres animales quedaron atrapados en una infraestructura con paredes lisas y una pendiente que impedía su salida. “La situación podría haberse evitado mediante la instalación de una rampa o una malla de escape”, asegura el partido animalista.

Plantea medidas para infraestructuras públicas y privadas

En concreto, Pacma ha planteado que tanto las infraestructuras de titularidad pública como las privadas estén obligadas a incorporar medidas de prevención específicas. A su vez, también ha reclamado la adaptación de las instalaciones existentes y la inclusión de estos sistemas desde la fase de diseño y construcción de las nuevas infraestructuras.

Entre las actuaciones aconsejadas se encuentran la colocación de rampas de escape en balsas y canales de riego; el cerramiento de pozos y aljibes; la instalación de plataformas de salida en piscinas; la construcción de pasos de fauna en carreteras; la reducción de velocidad y la señalización dinámica en puntos sensibles y la adopción de medidas para evitar la colisión y electrocución de aves en tendidos eléctricos, parques eólicos y catenarias ferroviarias.

“Las balsas y canales de riego, los pozos, las carreteras, los tendidos eléctricos, los vallados y muchas otras construcciones se convierten diariamente en trampas mortales para millones de animales. En numerosos casos existen soluciones sencillas y de bajo coste que permitirían evitar estas muertes”, ha señalado el presidente nacional de Pacma, Javier Luna.

La energética Holaluz defiende que todas las facturas reclamadas por las distribuidoras eléctricas están al corriente de pago y asegura que “no concurre ninguna causa para la extinción de su habilitación como comercializadora”, tras el procedimiento incoado por el Ministerio para la Transición Ecológica por una deuda que se ha cifrado en unos 6 millones de euros, y en el que ha presentado ya sus alegaciones.

La compañía que pilota Carlota Pi ha informado en un comunicado de que presentó este martes, “antes de la finalización del plazo legalmente establecido”, que concluía el próximo viernes, sus alegaciones al procedimiento, y afirma que “continúa plenamente habilitada para operar, desarrolla su actividad con absoluta normalidad y defenderá sus derechos por todas las vías legales a su alcance, reafirmando su compromiso con un mercado eléctrico competitivo y en beneficio de los consumidores”.

“Desde el inicio del procedimiento, Holaluz ha mantenido en todo momento la plena continuidad de su actividad, garantizando el suministro y la prestación de sus servicios sin interrupción alguna y con absoluta normalidad para todos sus clientes, lo que ha permitido a los clientes permanecer en la Compañía. En especial, y al hilo de las noticias aparecidas en prensa estos días, la Compañía confirma que todas las facturas reclamadas por las distribuidoras están al corriente de pago”, indica la nota.

La empresa confía en que, una vez analizadas las alegaciones y los hechos objetivos acreditados durante el procedimiento, “éste quede resuelto a la mayor brevedad posible, confirmando la plena continuidad de su habilitación para el ejercicio de la actividad de comercialización de energía eléctrica”.

Holaluz subraya que la apertura del procedimiento administrativo “no produce por sí misma efecto alguno sobre la habilitación de Holaluz para el ejercicio de su actividad ni sobre su cartera de clientes”, y que “continúa plenamente habilitada para operar como comercializadora de energía eléctrica, desarrolla su actividad con absoluta normalidad y no se ha producido, ni se está produciendo, el traspaso efectivo de cliente alguno a comercializadoras de referencia”, las que suministran la tarifa regulada del precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC).

La empresa asegura que “cumple con todos los requisitos legales y regulatorios exigibles para el ejercicio de la actividad de comercialización de energía eléctrica, tanto operativos como financieros”. “A pesar de una denuncia injustificada”, considera que no concurre ninguna de las causas previstas en la normativa vigente que pudiera justificar la extinción de su habilitación ni, por tanto, el eventual traspaso de clientes a terceras empresas.

Holaluz confía en que “una vez analizadas las alegaciones presentadas y los hechos objetivos acreditados en el procedimiento, éste quede resuelto a la mayor brevedad posible, confirmando la plena continuidad de la habilitación de Holaluz para el ejercicio de su actividad”. Y asegura que ha tomado “todas las medidas necesarias para que no pueda repetirse una situación como ésta, garantizando, de esta manera, la continuidad de la Compañía”.

El Consejo de Ministros, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha aprobado el Real Decreto que regula los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, lo que da luz verde a una inversión adicional de 17.900 millones de euros en estas infraestructuras hasta 2030, acotando su destino, y estableciendo los procedimientos para la elaboración, tramitación y justificación de los planes de inversión de las distribuidoras.

La inversión anual en las redes eléctricas con cargo al propio sistema eléctrico está limitada al 0,065% del PIB en el caso del transporte y al 0,13% del PIB en el caso de la distribución. El departamento de Sara Aagesen considera que estos límites “se han mostrado insuficientes a la hora de atender las necesidades de la transición energética y el gran volumen de peticiones de acceso para nuevas demandas, como se ha puesto de manifiesto durante la elaboración de la Planificación de electricidad con horizonte 2030, actualmente en tramitación”, recoge Europa Press.

Así, el Gobierno ha decidido incrementar el volumen de inversión en las redes hasta 2030, siguiendo una senda creciente, para facilitar la ejecución de los proyectos. Las cantidades previstas han crecido con relación al proyecto normativo sometido a audiencia audiencia durante la elaboración de la Planificación. Y el Ejecutivo da luz verde a una de las grandes demandas del sector eléctrico, especialmente por parte de las distribuidoras, para tratar de desbloquear la situación de colapso que denuncian que sufre la red eléctrica en España.

Hasta 10.200 millones en distribución y 7.700 millones en transporte

En concreto, en las redes de distribución (que afecta principalmente a Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP) se podrán invertir hasta 10.200 millones adicionales: 1.020 millones en 2027, 2.550 millones de euros en 2028, 3.060 millones en 2029 y 3.570 millones en 2030.

En las redes de transporte propiedad de Red Eléctrica de España (REE), se podrán invertir hasta 7.700 millones adicionales, en función de la Planificación que finalmente apruebe el Gobierno: 700 millones en 2027, 1.850 millones en 2028, 2.300 millones en 2029 y 2.850 millones en 2030.

La propuesta de planificación eléctrica a 2030 que presentó en septiembre de 2030 la ministra Aagesen preveía un aumento de la inversión en redes de 3.600 millones para las redes de transporte y de 7.700 millones para distribución, por encima de esos niveles del 0,065% y 0,13% respecto al PIB que se proyecta para los próximos años. A ello había que sumar las inversiones en interconexiones internacionales, no sujetas a los límites de inversión, así como inversiones financiadas con fondos europeos.

Ahora, considerando también las inversiones permanentes, limitadas al PIB anual, el desembolso total en las redes eléctricas podrá superar los 35.000 millones hasta el final de la década, según el Ministerio, que destaca que, al efecto tractor de estas inversiones sobre el conjunto de la economía -algunos estudios calculan que cada millón de euros dedicado a las redes tiene un efecto multiplicador de 1,27 millones sobre el Valor Añadido Bruto y un efecto multiplicador de 20 en la creación de empleo-, la conexión de nuevos usuarios permitirá repartir entre una mayor base los costes totales de las redes, rebajando con ello los peajes repercutidos en las facturas finales de los consumidores.

En el transporte, el destino de las inversiones incrementales anuales estará identificado en la Planificación, pero en el caso de las inversiones en distribución, las cantidades adicionales quedan acotadas a demandas industriales, residenciales y de descarbonización del transporte o hasta un 20% en control de tensión, telemando y telecontrol, observabilidad y ciberseguridad, con la finalidad de aumentar la visibilidad y la transparencia de los datos, entre otras ventajas ligadas a la seguridad.

Asimismo, también a hasta un 20% en inversiones anticipatorias, entendidas como aquellas donde la demanda no está asegurada en los cinco años siguientes, que permitirán la conexión en zonas sin redes o con redes saturadas, y que se prevea aporten un efecto dinamizador de la demanda; hasta un 10% en adaptación de las líneas a la normativa de protección de la avifauna y hasta un 10% en resiliencia climática y afrontar fenómenos naturales adversos.

El decreto también favorece que los gestores de las redes, en lugar de desarrollar una nueva línea, adquieran líneas privadas existentes -por ejemplo, de evacuación de generación- y la incorporen al sistema.

Además, la norma establece cómo deben elaborarse, tramitarse y justificarse los planes de inversión en las redes eléctricas, al objeto de incrementar la transparencia y el control del proceso de inversión en las infraestructuras y de reducir la incertidumbre sobre su ejecución.

Más control sobre las inversiones de las distribuidoras

En el caso del transporte, a grandes rasgos se mantiene el vigente sistema de Planificación, pero hay cambios relevantes en el caso de la distribución, ya que las compañías distribuidoras tendrán que someter sus planes de inversión a consulta previa; los agentes y administraciones podrán remitir sus propuestas y los planes, que serán públicos y accesibles por Internet, deberán indicar cómo se han considerado estas aportaciones.

Además, las empresas deberán emitir informes de cumplimiento a año vencido, en el plazo de un mes, igualmente públicos y accesibles vía Web. De este modo, aquel que desee conectarse tendrá acceso a la información necesaria.

También se incluye un sistema de penalizaciones para asegurar que las inversiones se ajustan a lo previsto, minorando el límite futuro de las compañías que hagan menos o más desembolsos de los previstos de forma reiterada.

Los bomberos forestales de los parques nacionales han trasladado este lunes su “malestar” por no haber sido movilizados durante los grandes incendios forestales que se están produciendo este verano, según el sindicato independiente SIBF.

“Mientras se movilizan numerosos recursos para hacer frente a estas emergencias, nuestros equipos permanecen en las bases sin ser activados”, a pesar de “contar con la formación, los medios y la capacitación necesarios para intervenir”, explica Adrián Monleón.

El bombero señala que esta “no es la primera vez”, ya que en 2025 ya solicitaron al Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN) que se contara con este colectivo para intervenir en emergencias de esta magnitud. Sin embargo, a día de hoy, “no existe un protocolo claro de movilización” que permita, desde el Estado, aprovechar “un recurso público tan preparado como cualquier otro para actuar cuando la situación lo requiere”, lamenta el sindicato.

“No entendemos que, mientras se pide ayuda a terceros países, se sigue dejando de lado un recurso tan cercano como el suyo y que podría ser de gran utilidad en este tipo de emergencias”.

Se dirigen al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y al OAPN para que atiendan su petición. “Creemos que, ante incendios de gran magnitud, todos los medios públicos disponibles deben ponerse al servicio de la protección de las personas y del patrimonio natural”.

La playa de Zarautz, la más extensa de la costa vasca con 2.100 metros de longitud, se enfrenta a desafíos significativos debido al aumento del nivel del mar y la intensidad del oleaje. Cada vez son más frecuentes los eventos extremos que provocan destrozos. Por ello, el malecón de Zarautz, en Gipuzkoa, es considerado uno de los paseos costeros “con mayor nivel de riesgo estructural” según recoge el informe 'Euskadi, un litoral en la encrucijada de la presión y la adaptación' realizado por Greenpeace. Esto ocurre debido a que bloquea la dinámica de sedimentación natural, provocando la pérdida sistemática de arena y aumentando el impacto de los temporales en el casco urbano. “El proyecto de remodelación del paseo, con un coste de 1,5 millones de euros ha salido a proceso de licitación, y contempla adecuación de accesos, muros y elevación del paseo como resiliencia costera”, aclara el documento, que critica que, esas obras suponen “continuar con el hormigón en un arenal que podría perder hasta el 30% de su superficie en 2050”. “Cuando las olas golpean un muro de hormigón, la energía no se absorbe; rebota con fuerza llevándose más arena”, detalla.

El de Zarautz es uno de los 15 puntos críticos de las crisis climática en la costa vasca según la organización ecologista. “La costa vasca, caracterizada por su compleja geomorfología con acantilados y estuarios de alto valor ecológico sometidos a una dinámica marina de alta energía con mareas que superan los 4,80 metros, sufre una intensa presión antrópica debido a que el 32% de su población se concentra en tan solo el 18% del territorio. Esta asimetría espacial fomenta la acelerada artificialización del suelo y genera graves conflictos de usos que reducen notablemente la resiliencia de los ecosistemas costeros, agravando su vulnerabilidad frente a las amenazas del cambio climático como el ascenso sostenido del nivel del mar y el incremento en la severidad de los temporales invernales”, indica el documento.

“Quienes señalan a la Ley de Costas como una sentencia de muerte para los municipios, deben comprender que la verdadera sentencia se firmó el día que decidimos erróneamente que el cemento era más fuerte que el oleaje. Era otro tiempo. Es urgente entender que aferrarse a una costa que ya no existe no es proteger la economía, es financiar un naufragio anunciado”, declara María José Caballero, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace.

Las borrascas invernales que han tenido lugar este año han impactado sobre las infraestructuras de la costa vasca cuyos costes de reparación han supuesto 4 millones de euros repartidos entre el río Estepona en Bakio, con un coste de 450.000 euros; la playa de Itzurun en Zumaia; el paseo marítimo de Gorliz; la playa de Atxabiribil en Sopela y la playa de Ondarreta en Donosti (con un coste de reparación de 2,5 millones de euros). Y, como punto crítico destaca el gasto de 1,5 millones de euros en la remodelación del malecón de Zarautz.

Según los datos del proyecto Kostaegoki de análisis de vulnerabilidad y riesgo en el litoral vasco, la inacción en el caso concreto de Zarautz supondría, en términos absolutos, que la playa perdiera unos 21.000 m² en 2050, y entre 40.000 y 57.000 m² hasta el año 2100. “En términos relativos, se encontraría entre las 10 primeras playas afectadas, pudiendo perder un 30% de su superficie a 2050, y entre un 65% y un 90% en 2100. En paralelo, los escenarios climáticos previstos estiman que en 2050 podrían verse afectadas 4 hectáreas de suelo residencial, superficie de afección que aumentaría en el año 2100 hasta alcanzar entre 5 y 7 hectáreas, lo que supone un 2%, 3% y 4% respectivamente de la superficie residencial total. La evolución del arenal como consecuencia de los efectos del cambio climático se traduce en potenciales impactos económicos por falta de uso recreativo, pero lo más importante, su retroceso se traduce en una mayor desprotección de las estructuras y edificaciones en esta franja costera. Eliminar infraestructuras que ocupan la playa permitirá una distribución más natural de la arena en los espacios intervenidos, consiguiéndose así una mayor protección de los elementos construidos en primera línea de playa”, explicaron desde el Gobierno vasco al anunciar los proyectos de adecuación del malecón de Zarautz.

Otro de los puntos negros ambientales se produce en Zumaia. “La contaminación por plásticos representa una de las agresiones químicas y físicas más persistentes sobre la biota. La playa de Itzurun (Zumaia) sufre de manera recurrente una densa acumulación de microplásticos debido a la hidrodinámica local y a corrientes del oeste”, recoge la investigación de Greenpeace.

Cerca de allí, en Getaria las jaulas de engorde de atún rojo “alteran los fondos marinos locales”. Además, la investigación sostiene que “el calentamiento de las aguas cantábricas está provocando impactos en las especies pesqueras”. “Ya se ha documentado la disminución del tamaño de la merluza, el bocarte y peces de fondo por falta de oxígeno. También desplazamientos hacia el norte del verdel, avance en el momento de la puesta de la anchoa y de la migración de los juveniles de bonito”, detalla.

En Bizkaia, los puntos críticos analizados son Mundaka, Laga y el proyecto “Aquacría Basordas”, un parque acuícola para la cría y engorde de lenguado proyecta una inversión de 170 millones de euros en la cala de Basordas (Lemoiz), sobre los terrenos de la antigua central nuclear. Greenpeace ha exigido la retirada de este último proyecto argumentando que la “acuicultura industrial intensiva de especies carnívoras introduce graves desequilibrios como la eutrofización debido al vertido continuo de compuestos orgánicos, desinfectantes, bactericidas y antibióticos contamina el agua y reduce el oxígeno disuelto en la cala; la sobreexplotación de otros caladeros ya que la alimentación de peces carnívoros requiere piensos fabricados con captaciones masivas de peces silvestres, y la incompatibilidad de una macrofactoría privada en un área catalogada como espacio de restauración y mejora ambiental en el Plan Territorial del Litoral”.

En el caso de Mundaka y Laga, en el entorno de la Biosfera de Urdaibai, la mayor afección es, según la organización ecologista, el turismo. “Mundaka, reconocida internacionalmente por la práctica del surf gracias a las singulares propiedades de su ola izquierda (”la Barra“) ejemplifica la gentrificación turística costera. La proliferación masiva de viviendas de uso turístico ha saturado por completo el mercado inmobiliario local, hasta el extremo de que el municipio apenas dispone de vivienda en alquiler que no esté destinada al arrendamiento turístico estacional. Este desplazamiento habitacional erosiona el tejido social e incrementa la demanda estacional de recursos básicos en una zona de alta fragilidad ecológica adyacente a la Reserva de la Biosfera de Urdaibai”, sostiene.

Mientras a los pies del acantilado de Cabo Ogoño, la playa de Laga, en Urdaibai, presenta problemas de renaturalización debido a que se retrasarán los proyectos para mejorar la costa con el objetivo de mantener el parking. “Las presiones de quienes visitan la playa en coche parecen más importantes que la supervivencia misma del arenal”, critica.

A pesar de los puntos críticos, desde Greenpeace también han querido destacar lo positivo para la costa vasca este año: la retirada del proyecto del Museo Guggenheim en Urdaibai y la paralización de las licencias de pesca profesional para la angula. “La mejor noticia para la calidad ecológica del litoral vasco es la retirada del proyecto de las sedes proyectadas del Museo Guggenheim Urdaibai (en Murueta) por su impacto sobre marismas protegidas. En el aspecto positivo, la concesión de licencias de pesca profesional para la angula se han paralizado gracias a los informes de situación de la especie, que se encuentra en peligro crítico y fuera de los límites de seguridad”, sostiene el informe.

Para Greenpeace, la solución pasa por una gestión costera adaptativa basada en “soluciones naturales que prioricen la restauración de la naturaleza frente a hormigón, espigones y diques que agravan la erosión, frenar el ladrillo en zonas inundables y en los últimos tramos libres de la costa, planificar la retirada de viviendas e infraestructuras expuestas, asumiendo que gastar millones en reponer arena artificial es económicamente inviable, gestionar ríos y embalses para que la arena natural vuelva a llegar a las playas y diseñar el futuro de la costa bajo criterios científicos y la participación social, alejándose de los intereses políticos a corto plazo”.

La Conferencia Sectorial de Energía ha aprobado la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) para repartir 368 millones de euros, de los que 14,3 corresponden a Aragón, para actuaciones de climatización y eficiencia energética en hospitales, centros de salud, consultorios locales y otros inmuebles de la red pública de salud, y para colegios y otros centros docentes públicos, correspondientes a los programas PREE Sanitario y PREE Docente, respectivamente.

La reunión de la Conferencia Sectorial de Energía ha tenido lugar este martes en formato telemático entre las comunidades y ciudades autónomas y con la presidencia del secretario de Estado de Energía, Joan Groizard.

Ambas líneas de ayuda se nutren del Fondo Nacional de Eficiencia Energética y los gobiernos locales establecerán los criterios, alcance, intensidad y requisitos específicos para acceder a las ayudas en sus respectivas convocatorias. Igualmente podrán determinar el régimen de aplicación, bien por concesión directa o bien por concurrencia competitiva.

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, adscrito al Miteco, actuará como coordinador y transferirá los fondos a cada territorio.

La temperatura como criterio

Las comunidades y ciudades autónomas han solicitado incorporar criterios adicionales, como la temperatura, en próximas convocatorias de la misma índole, y el Miteco se ha comprometido a estudiar en un futuro la posibilidad de ampliar los recursos económicos asignados a las dos líneas, siempre que haya fondos disponibles y solicitudes al respecto por parte de los gobiernos regionales.

El reparto de los 168 millones del PREE Sanitario, basado en el número de camas hospitalarias del Sistema Nacional de Salud y el número de centros de salud y consultorios locales de la estadística más reciente del “Informe Anual del Sistema Nacional de Salud del año 2024” del Ministerio de Sanidad, supone que a Aragón le corresponden 7.441.544 euros.

Por su parte, el reparto de los 200 millones del PREE Docente, proporcional al número de centros de cada territorio, supone que a Aragón se le asignan 6.908.677 euros.

En el ámbito de la redes e infraestructuras eléctricas, Groizard ha revelado que tras estudiar más de 2.500 alegaciones a la Propuesta de Planificación con horizonte 2030 –cinco veces más que en la anterior Planificación con horizonte 2026– se han incrementado las inversiones previstas para atender más solicitudes de acceso y acelerar el proceso de electrificación de la economía.

Grandes demandas de energía

Así, las posiciones de la red de transporte para atender las peticiones a las redes de distribución, muy relevantes para la industria o la vivienda, se han aumentado un 52%, y las posiciones para atender las grandes demandas de energía alimentadas directamente desde la red de transporte crecen un 12%.

Igualmente, suben un 75% las posiciones previstas para ejes ferroviarios y electrificación de puertos, un 17% las subestaciones, un 11% los kilómetros de nuevas líneas y un 6% la capacidad de las redes existentes, gracias a su mejora y repotenciación.

Groizard también ha apuntado que el próximo Real Decreto sobre planes de inversión en redes de transporte y distribución de electricidad prevé que las distribuidoras presenten una adenda a sus planes para 2027, al objeto de que los gobiernos regionales puedan conocerlos e informar sobre ellos.

Finalmente, la Conferencia ha analizado el grado de certificación de las líneas de ayuda territorializadas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, constatando el avance de las gestiones necesarias para acreditar el cumplimiento de los objetivos ante la Comisión Europea.

En este sentido, se ha informado de las negociaciones con el Ejecutivo comunitario sobre la posibilidad de aprovechar los remanentes de aquellas líneas con los hitos cumplidos, recogida en el Real Decreto-ley 18/2026 y aún pendiente de concretar.

La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha asegurado que el Gobierno central “va a estar” presente en la recuperación del territorio afectado por el incendio de La Mierla (Guadalajara) cuando acaben las labores de extinción y sufragará “el 50% del coste de la recuperación de una zona de tanto valor como es esta Sierra Norte”.

La ministra a preguntas de los medios tras visitar el centro de mando avanzado del incendio este martes, ha asegurado que “una emergencia no se acaba con la extinción, se acaba con la recuperación”.

“Y, por lo tanto, el Gobierno de España va a estar ahora, en un momento vital y que es clave ayudando a esta extinción, pero también va a estar después en esa recuperación en territorio”.

Aagesen ha explicado que debe llegar primero la extinción antes de abordar la declaración como zona gravemente afectada --anteriormente conocida como zona catastrófica-- para “conocer el perímetro real de afectación”.

Todavía se desconoce el coste de los trabajos de recuperación que serán necesarios llevar a cabo en el territorio afectado por este incendio forestal. No obstante, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, cifró este lunes el coste de las labores de extinción desarroladas hasta ese momento en casi 50 millones de euros.

Uno de los mayores incendios de la historia de España

En cuanto a las labores de extinción, Sara Aagesen ha calificado de “extraordinario” el trabajo conjunto realizado por los profesionales de las distintas administraciones para luchar contra las llamas y ha querido también mostrar su apoyo a las personas que han sido evacuadas y confinadas en las poblaciones afectadas.

En este contexto, ha destacado que por parte del Gobierno hay desplazados más de 670 efectivos y más de 220 vehículos, así como 13 medios aéreos.

Todo ello en un contexto en el que las más de 29.000 hectáreas quemadas convierten a este incendio en el de mayor extensión de este año. “El mayor de Castilla-La Mancha y, posiblemente, uno de los mayores de la historia reciente de nuestro país”.

“Yo creo que, ante este contexto, lo que tenemos que abogar es por la máxima cooperación y colaboración en un momento donde las condiciones meteorológicas son extraordinariamente complicadas”, ha manifestado.

El incendio forestal declarado este lunes por la tarde en Ejulve, en la misma zona de monte bajo que ya resultó afectada en 2009, afecta ya de forma provisional a 1.400 hectáreas. El fuego ha obligado a ampliar las evacuaciones con el desalojo de La Cañadilla y Cirugeda, dos pedanías de Aliaga, que se suman al municipio de Molinos, evacuado durante la madrugada. El Gobierno de Aragón mantiene activado el PROCINFO en Situación Operativa 2, Nivel 2.

Durante la mañana, la situación más complicada se ha concentrado en los sectores 3 y 4, en dirección a Cuevas de Cañart, donde el refuerzo de efectivos y el empleo de maquinaria pesada han permitido consolidar gran parte del perímetro. Sin embargo, el cambio del viento a componente nordeste registrado a mediodía ha favorecido una rápida propagación desde la cola del incendio hacia la carretera entre Ejulve y Aliaga, lo que ha obligado a ordenar la evacuación preventiva de La Cañadilla y Cirugeda mediante el sistema ES-Alert.

Durante la tarde, el incremento de la humedad provocado por la actividad tormentosa, aunque con escasa precipitación, ha contribuido a reducir la intensidad de la cabeza del incendio. “El incendio de Ejulve sigue estando activo y tenemos que seguir trabajando mucho, pero hoy está en mejores condiciones, bastante mejores condiciones que ayer. La tormenta que se ha producido durante la tarde ha ayudado de forma importante a la evolución del incendio”, ha señalado el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro.

El último vuelo de coordinación realizado por la dirección de extinción ha constatado que los sectores 1 y 2 continúan siendo los más activos, aunque permanecen contenidos y sin propagación. La estrategia para la noche se centrará en mantener esa situación y reforzar especialmente los sectores 3 y 4 ante la previsión de cambios en la dirección del viento.

Para las labores de extinción, el operativo de INFOAR mantiene desplegados cuatro helicópteros ligeros, un helicóptero de coordinación, 13 cuadrillas terrestres, cuatro cuadrillas helitransportadas, siete autobombas y maquinaria pesada. A estos recursos se suman los medios aportados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y por las comunidades autónomas de Murcia, Comunitat Valenciana y Cataluña.

Bermúdez de Castro ha destacado que, pese a la coincidencia de grandes incendios activos en distintos puntos del país, Aragón continúa contando con apoyo de otras comunidades autónomas. Para el relevo nocturno está prevista la participación de ocho brigadas terrestres de INFOAR, una Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) procedente de Lubia y cinco bulldozers, con el objetivo de rematar los puntos activos de los sectores 1 y 2 y seguir asegurando el perímetro en los sectores 3 y 4.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) mantiene desplegadas dos secciones, integradas por 110 efectivos, y trabaja para incorporar una tercera durante la jornada del miércoles. Al dispositivo también se han incorporado los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, con una Unidad de Intervención Forestal formada por un vehículo de mando, una autobomba, una nodriza y nueve efectivos, así como los Bomberos de la Diputación Provincial de Teruel, con 18 profesionales y varios vehículos de extinción y apoyo.

La evacuación preventiva de Molinos continúa vigente. Durante la tarde también han sido desalojadas las pedanías de La Cañadilla, con cinco personas evacuadas, y Cirugeda, con once. En total permanecen evacuadas 266 personas, de las que 115 pasarán la noche alojadas en los recursos habilitados en Alcorisa y Aliaga, mientras el resto permanece con familiares o por sus propios medios.

Permanecen igualmente en situación de preaviso Cuevas de Cañart, Ladruñán y Dos Torres de Mercader, mientras que continúan evacuadas las masías Mas de Andabe, Mas de la Viuda y Mas Torrecilla. La atención a la población desplazada se coordina con los servicios sociales de las comarcas afectadas, Cruz Roja, el 061 y el resto de servicios de emergencias.

El incendio se declaró el lunes por la tarde cerca del kilómetro 20 de la carretera A-1702, en el puerto de Majalinos. La zona ya resultó afectada por el devastador incendio de 2009, el más grave registrado en España ese año, que arrasó unas 7.300 hectáreas. Según el Gobierno de Aragón, esa circunstancia reduce la carga de combustible vegetal disponible, aunque no elimina el riesgo de propagación del fuego.

Como consecuencia del incendio permanecen cortadas la carretera A-1702, entre los puntos kilométricos 10 y 29, y la A-2403, entre el punto kilométrico 23,7, en el cruce con la carretera de Cirugeda, y el punto kilométrico 38, en Ejulve.

El incendio de Plan continúa activo

Por otro lado, el incendio forestal de Plan, en la comarca altoaragonesa del Sobrarbe, continúa activo y mantiene una superficie provisional estimada de entre 80 y 100 hectáreas, sin que haya aumentado el perímetro. La compleja orografía sigue condicionando las labores de extinción y dificulta el trabajo de los medios terrestres por el riesgo de caída de materiales.

Durante este martes han trabajado hasta siete medios aéreos y el objetivo es mantener un importante despliegue durante la jornada del miércoles, aunque el Gobierno de Aragón no espera que pueda darse por controlado a corto plazo debido a las condiciones meteorológicas previstas.

Francesc Xavier Boya (Les, Valle de Arán, Lleida, 1960) fue concejal de su pueblo durante 18 años. Un municipio de poco más de 1.000 habitantes incrustado en Los Pirineos. Puro entorno rural. Pura España que se vacía. Ahora, Boya es secretario general para el Reto Demográfico y el Consejo de Ministros acaba de aprobarle la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial.

La idea es que “el espacio rural sea un espacio atractivo para la vida de las personas” cuenta en una charla con elDiario.es. La fórmula que han elegido es que esas personas tengan los servicios necesarios para vivir y los medios para “un futuro vital” a, como mucho, “30 minutos”. Sobre el papel suena a estrategia válida, pero ¿cómo trasladarla a la compleja realidad española? Francesc Boya desmenuza los mecanismos que han diseñado al tiempo que reivindica el papel que juega el medio rural para salvaguardar la naturaleza, mitigar el cambio climático e integrar a las personas migrantes.

La estrategia pivota en torno a la idea de que para vivir en el medio rural los servicios deben estar a 30 minutos. ¿Media hora es la clave del reto demográfico?

Pretendemos que el espacio rural sea un espacio atractivo para la vida de las personas. En la decisión de dónde vivo pesan muchos elementos: algunos son objetivos y otros son subjetivos. En los subjetivos difícilmente podemos entrar, pero existen elementos que, al final, acaban conformando un círculo virtuoso del modelo de calidad de vida. Y la idea de los 30 minutos nos parece que es una buena fórmula: se centra en saber en cuánto tiempo tienes acceso a esas cosas que te permiten tener calidad de vida, como son la vivienda, los servicios, la adquisición de los bienes de las necesidades cotidianas, el ocio o la cultura. Un territorio que es capaz de conciliar todas esas cosas hace que la calidad de vida de una persona sea óptima.

¿Con esa fórmula creen que puede bastar para que haya personas que elijan el campo para vivir?

La posible decisión de 'me voy al entorno rural' también descansa en radicarse en una zona en la que, además de la calidad, ofrezca las oportunidades para desarrollar un proyecto vital.

Necesitamos un diseño de movilidad muy de abajo arriba, es decir, cada área funcional seguramente va a requerir un cóctel de movilidades que se complementen

¿Qué tipo de servicios han analizado que pueden acercarse al ciudadano y cuáles deberá ser el ciudadano el que se aproxime a ellos?

No hemos hecho aún una jerarquización. Hay servicios, como por ejemplo la educación, que deben estar en un pueblo y, por tanto, no a 30 minutos, sino a cinco o a diez. Hay otro tipo que tiene que estar a una distancia media porque son servicios compartidos en esa área de 30 minutos. Y luego hay servicios que a lo mejor no están a 30 minutos. Por ejemplo, no podemos tener una universidad en cada área funcional [la zonificación trazada sobre el mapa de España para desarrollar la estrategia] de este país. Los grandes hospitales seguirán estando en las ciudades. Pero la lógica está ahí: que, de alguna manera, se responda a esa necesidad que tienes en tu vida cotidiana.

Para conseguir eso la movilidad va a ser crucial.

Una movilidad de proximidad. Que tengamos garantizado que con ese transporte voy a poder acceder, por ejemplo, al centro de salud que tiene mi capital de comarca o mi núcleo de prestación de servicios. Y en eso es donde la estrategia ya plantea una primera inversión importante con las comunidades autónomas para mejorar toda esa movilidad de proximidad, que yo creo que es una de las grandes claves.

¿Cómo imagina que será esa movilidad en la que uno de los objetivos es que puedas liberarte si quieres de tu vehículo privado?

Esa es la cuestión. Necesitamos un diseño muy de abajo arriba, es decir, cada área funcional seguramente va a requerir un cóctel de movilidades que se complementen. A lo mejor puede utilizarse el taxi a demanda para un determinado espacio, porque no haya suficiente población para tener autobús, pero también el carsharing [compartir coche] y, en un punto determinado, el autobús, utilizando una aplicación informática para que pueda parar en los lugares donde realmente se necesita y no en la fórmula convencional que conocemos. La suma de todo eso, incluso incorporando también la bicicleta eléctrica o algunos otros elementos, nos dará esa fórmula que se adapte mejor a cada territorio.

La estrategia incide en que es necesario empleo de calidad en las zonas rurales. ¿Qué tipo de empleos consideramos de calidad en las zonas rurales? Porque si tengo servicios, pero no tengo empleo, me tengo que ir a buscar empleo a un sitio donde haya un trabajo.

Una estrategia de reto demográfico no puede estar sujeta a las coyunturas políticas del momento. Lo que queremos con este documento es ayudar a avanzar en un modelo que luego las comunidades autónomas evidentemente tendrán que implementar con la ayuda del propio Estado

Ese ha sido el estigma del entorno rural. Estas áreas han sido básicamente agrícolas, una economía muy importante para el medio rural, pero lo que decimos es que esa economía puede ser más diversificada. Para hacer esto debemos poner las herramientas para que jóvenes o no tan jóvenes que quieran irse al medio rural y emprender, puedan tener ecosistemas que les acojan y que les ayuden a hacer emprendimientos o a incorporarse en empresas y en ámbitos que les pueden responder a sus expectativas laborales.

Sobre el papel suena bonito, pero otra cosa es llevarlo a la realidad.

Estoy pensando en el pueblo de Arres (Lleida). Tiene 80 habitantes y en este momento allí reside la empresa Cargo Dron, que es una empresa que ha nacido al amparo de los TICs y que en este momento está entre las diez o 15 empresas de drones más importantes del Estado. Eso ha nacido en un pueblo de 80 habitantes y eso es posible hacerlo.

Mencionaba los jóvenes, porque en el reto demográfico hay una cuestión de edad.

Con las universidades hacemos otra cosa que también es muy importante y que nos está dando magníficos resultados: el Campus Rural. Esos chavales se van al entorno rural a hacer las prácticas del TFM o del TFG y tienen una experiencia de tres meses en las que el Gobierno sufraga el alojamiento y la manutención. Ahora preguntan, '¿qué hago para quedarme?'. Aquí es donde estamos trabajando para que los centros de innovación sean capaces de convertirse en auténticas plataformas para promocionar el empleo y el emprendimiento.

En buena medida, la implementación de la estrategia depende de políticas cuyas competencias son autonómicas y el panorama actual no es de mucha colaboración entre comunidades autónomas y Ejecutivo central. ¿Es un lastre?

Una estrategia de reto demográfico no puede estar sujeta a las coyunturas políticas del momento. Estamos hablando de una estrategia que necesita una mirada de más largo alcance. Ahora vivimos un momento con una coyuntura política que podríamos llamar de crispación, de poca voluntad de acuerdo. Pero es verdad también que, a veces, bajo el polvo que se puede generar alrededor de ciertos temas, hay acuerdos. La Conferencia Sectorial de Reto Demográfico ha tomado por consenso todos los acuerdos. Lo que queremos con este documento es ayudar a avanzar en un modelo que luego las comunidades autónomas evidentemente tendrán que implementar con la ayuda del propio Estado.

¿Tener o no tener nuevos Presupuestos Generales del Estado es relevante a la hora de desplegar la estrategia?

Ya se ha avanzado mucho durante un tiempo en el que no ha habido nuevos presupuestos. La inversión en reto demográfico ha sido del orden de 13.000 millones de euros. Algo más de 4.000 millones han sido dinero directo inyectado en zonas rurales y de reto demográfico.

Lo que no podemos hacer es pararnos a la espera de que las coyunturas políticas sean más o menos favorables. Tenemos que avanzar con una o con otra. Si el viento nos sopla a favor iremos más rápidos. Y, si no, las haremos al ritmo que se pueda.

Aquí también entra en juego la financiación autonómica: si se aprobara la financiación autonómica que mejora los recursos, seguramente también las comunidades autónomas estarían en mejores condiciones de afrontar determinados retos que tienen en estos ámbitos.

Hay cosas que resolver, pero hace falta sensatez, mucho trabajo y menos fuegos de artificio mientras la extrema derecha está haciendo una polarización con el medio rural, que reivindica a base de toros y caza. No tengo nada en contra de los toros y la caza, pero el medio rural es muchísimo más

¿Puede la estrategia limar el conflicto entre la transición ecológica por el cambio climático y las zonas rurales, que parece que son resistentes?

Sin duda. El sentimiento o la percepción que han tenido las personas que viven en el medio rural respecto al trato que ha recibido de las administraciones ha sido de agravio. Y eso se traslada a algunas de las instalaciones de energía renovable. Las renovables son imprescindibles porque lo que nos jugamos es la vida del planeta, pero eso también quiere decir que los territorios rurales no pueden ser únicamente territorios granero, tienen que ser territorios donde se haga pan. Es decir, que esa energía debe tener un aprovechamiento en esos territorios y servir también para mejorar la calidad de vida y las oportunidades de las personas que viven en estos espacios

Vamos, que el reto demográfico en el rural también va de sentimiento.

De alguna manera, la sociedad, no solo la administración, tiene que mirar a esos territorios con una sensibilidad que hasta ahora no teníamos, ya que ahora sabemos que, en buena medida, las ciudades, si deben ser sostenibles, lo serán porque hay un medio rural que sigue vivo y que sigue trabajando para que las ciudades sean sostenibles.

Necesitamos palancas y herramientas que de alguna manera hagan que el medio rural vea cómo la Administración está empezando a ocuparse con otra mirada. No únicamente demandando qué aporta, sino algo recíproco: qué aportas tú y qué te aporto yo. Qué aporta la sociedad a ese medio rural que es donde precisamente queremos mitigar el cambio climático.

Con todo, la sensación política es que en el medio rural es un foco de resistencia a las políticas del gobierno actual.

La sensación de agravio de la que hablaba viene de una historia traumática que España ha tenido con su entorno rural. Los grandes éxodos del medio rural hacia las ciudades fueron fruto no del azar, sino de una situación muy crítica. Esa cicatriz, en parte, no se ha cerrado bien.

Dicho esto, aquí hay cosas que resolver, desde luego, pero hace falta sensatez, mucho trabajo y menos fuegos de artificio mientras la extrema derecha está haciendo una polarización con el medio rural, que reivindica a base de toros y caza. No tengo nada en contra de los toros y la caza, pero el medio rural es muchísimo más y muchísimo más complejo.

Lo rural y lo urbano son dos caras de una misma moneda que se necesitan y que además tienen que convivir, establecer más diálogo y muchas más complicidades. Me reafirmo: si queremos mitigar el cambio climático y queremos ciudades saludables, necesitamos un rural que esté vivo, que pueda aportar todos esos recursos

Parece que lo que se impone es el discurso de lo rural contra lo urbano, que los que vivimos en una ciudad no tenemos ni idea de lo que es el campo.

Lo rural y lo urbano son dos caras de una misma moneda que se necesitan y que además tienen que convivir, establecer más diálogo y muchas más complicidades. Me reafirmo: si queremos mitigar el cambio climático y queremos ciudades saludables, necesitamos un rural que esté vivo, que pueda aportar todos esos recursos y que, al mismo tiempo, se sienta también cómodo en ese papel garante de la biodiversidad, de la calidad de los bosques, de la resiliencia contra los incendios, etcétera. Todo eso es un papel muy importante que la sociedad tiene que reconocer, y el camino para llegar a eso no es la crispación. Ni la culpabilización. Ni este discurso de la extrema derecha que no nos lleva a ninguna parte.

¿Está el medio rural mostrando lo que es y qué suponen las personas migrantes que llegan a España?

Absolutamente. En general, el medio rural acoge muy bien la inmigración porque sabe que la inmigración está salvando sus escuelas, está reabriendo los bares de pueblos que no tenían. Está contribuyendo a que mucha parte de nuestra agricultura sea viable, que no lo sería si no tuviera esa inmigración. En el medio rural la inmigración se integra mucho mejor y está mejor acogida y el resultado de esa convivencia, en general, es muy positivo.