Pasacalles, chocolate con churros, procesiones para pasear al patrón, misa, fuegos artificiales, música, baile en la Plaza Mayor y toros, muchos toros, incluso para los pequeños. El municipio madrileño de San Sebastián de los Reyes, gobernado por el PSOE en coalición con Ciudadanos, celebra esta semana sus fiestas patronales en honor a San Sebastián Mártir, que se conmemora cada 20 de enero, sin lograr evitar la polémica.

En verano, durante la celebración de las fiestas del Cristo de los Remedios, el Ayuntamiento ya se situó en el ojo del huracán tras anunciar la apertura de un Museo Taurino en honor del matador José Ortega Cano –que estuvo en la cárcel tras ser condenado por conducir ebrio y provocar un accidente que acabó con la vida de un hombre–; por el 'curioso' discurso que pronunció el párroco al bendecir al Santo desde el balcón del consistorio, y también por el homenaje que rindieron después a un regidor de la dictadura franquista.

El programa diseñado por la Junta de Gobierno para esta nueva semana de fiestas vuelve a generar discrepancias en el municipio, ya que, además de incluir la inauguración del citado museo, se ha invitado al propio Ortega Cano a ser el pregonero –aunque no cobrará por ello– y se ha contratado a su actual pareja, la cantaora Isabel Luna, para actuar en la noche de este jueves. Todo ello aderezado con una moción de Ciudadanos, que se ha debatido hoy en el Pleno, para nombrar a su otro patrón, el Cristo de los Remedios, “alcalde perpetuo” por su “demostrado arraigo social en la ciudad”. La iniciativa ha salido adelante, a pesar del “no positivo” de sus socios del PSOE, por 14 votos a favor -del PP, Cs, Vox y el de un edil no adscrito tránsfuga del PP--, y 11 en contra, de Podemos, Izquierda Independiente y Más Madrid-IU-Equo.

El malestar entre algunas asociaciones vecinales y los grupos de la oposición ha ido creciendo en las últimas semanas. Primero, por la decisión del vicealcalde y delegado de Festejos, Miguel Ángel Martín Perdiguero, de Ciudadanos, de invitar a dar el pregón al diestro, que es su amigo, y que asistirá después a la inauguración del Museo Taurino que alberga sus recuerdos.

La puesta a punto del centro ha supuesto a las arcas municipales el desembolso de más de 70.000 euros ya que para ello se tuvo que desmantelar hace un año una gran sala del Museo Etnográfico, inaugurado en 2005, que cuenta con material histórico y único con piezas que fueron donadas en su gran mayoría por los vecinos y que reflejan la vida rural y de labranza de sus antepasados. De nada han servido las protestas y denuncias realizadas por varios grupos de la oposición, como Izquierda Independiente y Podemos, que consideran ese desmantelamiento un “atentado contra el patrimonio histórico municipal”.

La propuesta, defendida por Ciudadanos, socio del PSOE en el Gobierno, fue aprobada al 17 de diciembre de ese año en un bronco Pleno municipal y salió adelante con los votos a favor de PSOE, Ciudadanos, PP y Vox y con la oposición de los demás grupos: Podemos, Izquierda Independiente y Más Madrid-IU-Equo.

50.000 firmas de los animalistas contra el museo taurino

El grupo Animalistas Sanse puso además en marcha hace unos meses una recogida de firmas para pedir al alcalde que no abriera ese museo en honor al torero. La iniciativa ha alcanzado ya las 50.000 firmas necesarias para que sea tomada en cuenta, que han quedado depositadas en el Ayuntamiento.

Según este colectivo, “el torero y ganadero ha recibido por parte de la Administración local todo tipo de tratos de favor en relación a los negocios que se han regentado a su nombre y hacia su persona, arropándole para pretender vincular” la localidad “con la barbarie de la tauromaquia”, una actividad a la que “ha destinado más de un millón de euros de las arcas públicas”. “Todo ello a menos de un año de las elecciones municipales y con el claro objetivo de trabajar al servicio del lobby taurino local para ganarse su voto”, añaden.

Los gestos de deferencia hacia el matador han partido también de la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien en marzo de 2022 nombró a Ortega Cano vocal del Centro de Asuntos Taurinos de la región, un órgano dependiente de la Consejería de Presidencia encargado de la promoción, asesoramiento y colaboración con las administraciones públicas madrileñas en temas taurinos, así como de la explotación de la plaza de toros de Las Ventas.

Lejos de darse por aludido por todas estas protestas, el alcalde socialista, Narciso Romero y su número dos, Miguel Ángel Martín Perdiguero, de Ciudadanos, han continuado con sus planes. Además, han conseguido avivar ahora más el fuego al contratar también a la cantaora Isabel Luna, actual pareja sentimental de Ortega Cano, para ofrecer en la noche de este jueves el espectáculo El Flamenco más elegante, que tendrá lugar en la Plaza de la Constitución. La artista cobrará por ello cerca de 8.000 euros, que sumados a otras cantidades que el Consistorio pagará por otras actuaciones en las fiestas, rondan los 43.600 euros, según ha podido comprobar este diario en las actas de contratación.

San Sebastián de los Reyes es uno de los municipios madrileños que más invierte en encierros y espectáculos taurinos. En las fiestas del verano pasado, de los seis encierros que solían celebrarse en ediciones anteriores se pasó a realizar once, casi el doble, lo que modificó al alza, hasta los 760.000 euros, el contrato con la empresa que gestiona La Tercera, la plaza de toros de la familia del antiguo edil franquista.

“Toros para la infancia” y “trashumancia Infantil”

El ayuntamiento dirigido por el PSOE fomenta además esta afición entre los más pequeños. De hecho, en estas fiestas patronales, entre otras muchas actividades, están programados “toros para la infancia”, a cargo de Asociación Taurina Defiende tu Fiesta, y “trashumancia Infantil”.

Los mandatarios municipales, sin embargo, sostienen que lo que tratan es de dotar a todos estos actos “de una identidad propia”, que “se distinguen por el acento taurino propio” de la ciudad. De este modo, La Tercera acogerá “capeas solidarias para recoger alimentos destinados a la Despensa Municipal” y habrá “clases prácticas de recortes durante la mañana del sábado 21 y domingo 22 de enero, a partir de las 12 de la mañana”.

Esta plaza de toros, conocida por La Tercera, también tiene una polémica historia que se remonta a principios de los años sesenta del siglo pasado, cuando era alcalde no electo del municipio Eduardo San Nicolás Guillén. El edil franquista utilizó más de 4.000 metros cuadrados de terreno público, de cañada real, para construir esa plaza de toros privada. El Ministerio de Agricultura y la Dirección General de Ganadería de la época le sancionaron a pagar una multa de 1.042,50 de las antiguas pesetas y le conminaron a que repusiera la vía pecuaria, tal y como consta en un documento oficial del archivo público al que ha tenido acceso esta redacción. Pero el regidor logró zafarse del asunto. En la actualidad la plaza de toros sigue siendo un negocio privado, propiedad de su familia, y el Ayuntamiento debe pagar a la empresa si quiere celebrar allí encierros y espectáculos taurinos.

El consistorio aprobó el pasado verano una propuesta presentada por el concejal no adscrito escindido del PP, Ismael García Ruiz -que está casado con la nieta de aquel regidor no electo democráticamente-, para que se le homenajeara con la colocación de varias placas en las calles del municipio. Las placas llegaron a instalarse pero finalmente tuvieron que retirarse ante el recurso que presentó y ganó Izquierda Independiente al considerar que vulneraba la Ley de Memoria Democrática. La operación de montaje y desmontaje supuso para las arcas municipales un desembolso de más de 4.000 euros, según la oposición.

Un nuevo “alcalde perpetuo”

Como 'aperitivo' a toda la polémica suscitada con los actos de estas fiestas patronales, este mismo jueves, el vicealcalde y portavoz de Ciudadanos ha logrado que el Pleno municipal apruebe su moción para nombrar al otro patrón del municipio, el Cristo de los Remedios, “alcalde perpetuo”. Según sostiene en su escrito Martín Perdiguero, “en distintos momentos de su historia numerosos municipios españoles han tomado la decisión de dar entidad y nombrar como alcalde o alcaldesa perpetua a sus referentes religiosos”.

“En San Sebastián de los Reyes, la importante y constante presencia de la figura del Santísimo Cristo de los Remedios desde hace casi 400 años ha marcado la historia de la ciudad, casi aparejada a la fundación y conformación de nuestro municipio”, añade. Para el regidor de Ciudadanos es, además, un santo que durante siglos ha dado “protección y consuelo espiritual” a la población en los momentos más adversos, y “ha sido siempre y será motor de esperanza y de quietud para muchas persona”, por lo que solicita “que se inicie, cuanto antes, el oportuno expediente administrativo que dé lugar a este nombramiento oficial en la sesión plenaria que corresponda”.

La iniciativa ha creado mucha controversia, hasta el punto de que los propios socios socialistas de Ciudadanos no tenían decidido la víspera, es decir, el miércoles por la noche, cuál iba a ser el sentido de su voto, según reconoció a esta redacción un portavoz de este grupo municipal. Al final votaron en contra pero matizando que era un “no positivo, para no embarrar”. La votación se ha saldado con 14 votos a favor, de las derechas, y 11 en contra, de los tres grupos de la oposición de izquierdas.

“Es inconcebible que en pleno siglo XXI y en democracia en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes se proponga nombrar alcalde perpetuo a un Cristo. España es un estado aconfesional y este nombramiento nos devuelve a oscuros tiempos del pasado. En Izquierda Independiente somos muy respetuosos con las creencias personales, pero esas creencias deben mantenerse en el ámbito privado y no trasladarlas a la institución municipal que debe representara todos y mantener su aconfesionalidad. Espero que el alcalde del PSOE tenga un mínimo de criterio y no acepte esta propuesta de sus socios”, afirma Juan Torres, portavoz de Izquierda Independiente. El grupo dará plantón al alcalde y al vicealcalde, tanto en la inauguración del Museo Taurino como durante el Pregón de Ortega Cano.

Torres está indignado por todo el “dispendio” de estas fiestas, mientras lamenta los recortes que ha llevado a cabo el Ayuntamiento que “ha dejado sin becas de comedor a 460 menores de familias con rentas bajas y otros 422 se han quedado también sin ayudas para material escolar, a pesar ese a cumplir el requisito fundamental del límite de renta”. Precisamente, el grupo ha presentado una moción que se debatirá también este jueves en el Pleno, en la que pide que el Ayuntamiento atienda a “todas las solicitudes de ayudas de comedor escolar y material escolar presentadas por las familias para el curso 2022/2023 y que cumpliendo los requisitos no se han concedido por finalización del Presupuesto”.

Por su parte, Juan Angulo, su homólogo de Podemos, coincide en que la decisión de nombrar al Santo “alcalde perpetuo” es “un absoluto despropósito”, por lo que adelanta su voto en contra. También rechaza varios de los actos planeados para estas fiestas porque, en su opinión, “atienden a criterios de carácter marcadamente religioso que no deben estar en una programación municipal, y, además, no han sido consensuados por la Comisión Consultiva de Festejos en la que están representados los vecinos, diversas asociaciones culturales y los grupos municipales”. Podemos tampoco piensa asistir al Pregón ni a la inauguración del Museo.

Algo de sátira, una porción de periodismo y, para variar, una pizca de stand up. Desde hace unos meses, la fórmula de Revista Mongolia ha desembarcado también en algunos teatros. Darío Adanti lleva el show y Pere Rusiñol traslada a las tablas los bocados de realidad de las últimas páginas de la revista.

Tras pasar por Madrid, Barcelona y Bilbao, el show Mongolity llega el lunes 5 de diciembre a Málaga (sala Cochera Cabaret, a las diez de la noche), con la idea marca de la casa: mezclar, agitar y acabar extrayendo un brebaje de realidad tan desconcertante como esta, a ratos cómica, otras veces desesperante, brutal y enrevesada.

“Se trata de trasladar la revista al teatro”, explica por teléfono Pere Rusiñol, responsable de las páginas noticiosas y también de la parte periodística del show. “Mongolia es un proyecto cultural que va más allá de la revista. Nos gusta experimentar con formatos que la trasciendan”. En esa tarea, hay sátira y periodismo, siempre con el nexo común que define el proyecto desde su nacimiento: explorar los límites de la libertad de expresión.

Como se trata de un show “mutante” y adaptado a cada escenario, para la ocasión han decidido entrevistar al Coño Insumiso o el Chumino Rebelde, aún no saben si al propio o a algún miembro. El Chumino Rebelde es un colectivo malagueño que, en 2014, en plena polémica por la pretensión de Alberto Ruiz Gallardón para reformar la Ley del Aborto, procesionó con una gigantesca vagina de plástico por las calles de la capital de la Costa del Sol, mientras receban (“Creo en mi coño todopoderoso, creador del cielo y de la tierra…”) y loaban a la vulva (¿Qué se le dice al coño insumiso?“. ”Guapo, guapo y guapo“).

A diferencia de lo que ocurrió con la procesión del Coño Insumiso en Sevilla (donde las tres acusadas fueran absueltas), un juzgado de Málaga condenó a una de las integrantes del Santo Chumino Rebelde malagueño a abonar una multa de 2700 euros por cometer un delito de ofensa a los sentimientos religiosos. La acusación fue impulsada por Abogados Cristianos, cuyas conclusiones apoyó la Fiscalía. La Audiencia Provincial de Málaga ratificó después la condena. El asunto está ahora ante el Tribunal Constitucional, que admitió a trámite el recurso de amparo y deberá pronunciarse sobre el límite entre la libertad de expresión y el delito de ofensa a los sentimientos religiosos, sobre el que nunca se ha pronunciado hasta ahora.

Rusiñol ve paralelismos con el caso Mongolia, cuyo recurso fue rechazado por el Tribunal Constitucional en septiembre. “Nosotros hemos sido condenados [por lo civil] a pagar 40000 euros a Ortega Cano por un fotomontaje”, recuerda, “y ellas por ofensas a la religión. Es increíble que haya una persona condenada en Málaga por desfilar un día satíricamente con el Coño Insumiso”.  

Será una de las piezas de la función malagueña, en la que también habrá sketches, sátira de actualidad, vídeos y animaciones marca de la casa y stand up. “Y para el after show os venís a Marbella… a disfrutar de mi piscina para perros”, ha declarado Ángeles Muñoz para la cuenta de twitter de Mongolia. Y como diría el comentarista deportivo Mariano Rajoy para distinguir la sátira y la realidad: “Así es (o no)”.

El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso de la revista Mongolia contra su condena a indemnizar con 40.000 euros al torero José Ortega Cano por usar su imagen sin permiso y de forma satírica en un cartel promocional de uno de sus espectáculos. Según ha explicado la propia publicación en su página web, el tribunal de garantías ha desestimado su recurso contra la decisión del Tribunal Supremo de declarar firme su condena por la vía civil. También afirman que ahora intentará llevar el caso hasta instancias europeas al entender que la jurisprudencia de los tribunales comunitarios les ampara en su defensa de que no hicieron un uso comercial de la imagen del torero, sino un uso satírico y creativo de la misma al hacerle pasar por un extraterrestre que, borracho, había estrellado su platillo volante.

La publicación fue llevada ante los tribunales por Ortega Cano después de que promocionaran uno de sus espectáculos en Cartagena, ciudad natal del diestro, con la presencia del torero en el cartel. Ortega Cano aparecía caracterizado como un extraterrestre que había estrellado su platillo volante rodeado de botellas vacías y el mensaje “viernes de dolores, sábados de resaca”. El torero fue condenado a dos años y medio de cárcel por conducir en dirección contraria y chocar contra el coche de un joven que iba de camino al trabajo y que murió en el acto. Los hechos ocurrieron en mayo de 2011. Según la Justicia iba a 125 kilómetros por hora en un zona de Sevilla limitada a 90 kilómetros por hora e invadió el carril contrario durante 60 metros.

El torero, que salió de la cárcel en 2015, llevó a la revista Mongolia ante los tribunales por la vía civil por el uso de su cara en este cartel promocional y el Tribunal Supremo, en última instancia, confirmó que debían pagarle 40.000 euros por usar su imagen sin permiso para promocionar un espectáculo con el que iban a ganar dinero, haciendo además una broma con su condena por homicidio imprudente. La revista ha defendido desde el principio del proceso que se trata de un uso satírico de la imagen de un personaje público.

Dijo el Tribunal Supremo en esa sentencia que la imagen del torero se utilizó “única y exclusivamente para publicitar un espectáculo musical y, por lo tanto, como mero reclamo para vender entradas y buscando el beneficio económico”. También criticaron los jueces que con ese cartel “se hizo escarnio del demandante, en su día figura del toreo”.

En un comunicado difundido este lunes, la publicación lamenta que el Constitucional haya desestimado sus alegaciones “a pesar de la solidez del recurso presentado” pero entienden que era una decisión “esperada” teniendo en cuenta que “el Alto Tribunal esquiva por sistema entrar en el fondo de las sentencias firmes del Tribunal Supremo y solo acepta la mera toma en consideración en una ínfima parte de los recursos presentados y cuando considera que el tema no ha sido jamás abordado, ni siquiera de forma genérica”.

Entiende Mongolia que este rechazo “supone el fin de la causa en España” pero que “permite arrancar el siguiente” y llevar sus reivindicaciones hasta Europa, lo que denominan “la internacionalización del conflicto”. Según su criterio, “la difusión de la viñeta satírica está muy claramente amparada por la jurisprudencia europea, que ni siquiera ha sido tomada en consideración. Como si España continuara siendo una especie de isla jurídica impermeable al espacio común europeo”, lamenta.

Según explica en un vídeo Pere Rusiñol, uno de los integrantes de la publicación, el dinero ya ha sido pagado. “Se nos ha comunicado que el Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso que presentamos ante semejante locura, en nuestra opinión, con toda humildad. Una locura que un país no pueda difundir un fotomontaje satírico basado en hechos ciertos”.

Aunque sus propios promotores reconocían ya el año pasado que la broma empezaba a languidecer, los promotores de Tabarnia, una campaña más o menos humorística de crítica al referéndum de independencia catalana de 2017 y sus defensores a cuenta de la hipotética secesión de Barcelona y Tarragona de Cataluña, aprovecharon los coletazos de verano madrileño para intentar insuflar aire al movimiento con una comida en un restaurante próximo al recinto ferial de la capital, en la zona norte. El reclamo (y la noticia) fue la asistencia a un acto de ese tipo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que llegó a incluir semejante evento en la agenda oficial del Gobierno, para ser nombrada presidenta del territorio imaginario. Asistieron algo menos de 200 personas.

La reunión se anunciaba satírica, y con esa intención parecía que estaba dispuesto en el exterior del restaurante un cartel de los de introducir la cabeza para posar, frecuentes últimamente en bodas y banquetes. Se trataba de una viñeta en la que la cabeza ausente sería la de Carles Puigdemont, metido en el maletero de un coche de camino a Bélgica. “Se alquila maletero, usado solo una vez. Firmado: Puchi”, se leía debajo, acompañada la estampa de la figura de un cerdo de juguete con gafas y peluquín negro, que representaría al expresidente de la Generalitat y eurodiputado, reclamado por el Tribunal Supremo. Ayuso no tuvo ocasión de pararse a verlo, porque había docena y media de periodistas esperando su llegada que bloqueaban la visión. No hizo declaraciones, pero sí posó con la bandera, también inventada.

Dentro la esperaban los patrocinadores del asunto, de lustre diverso. En ausencia del ideólogo, Albert Boadella, estaban el abogado José Luis Martín Mendoza, el periodista Miquel Giménez, el comentarista deportivo Tomás Guasch y el exdiputado de Ciudadanos Juan Carlos Girauta, muy solícito en la puerta con la prensa. “Las damas primero, cuántas hay”, exclamaba, mientras hacía pasar a redactores y cámaras.

En el interior esperaban ya viejos conocidos de la política y las televisiones, como Alejo (en ocasiones, Aleix) Vidal-Quadras, el director de la Oficina del Español, Toni Cantó, que sigue en nómina de la Comunidad de Madrid, y otro ex de Ciudadanos, y últimamente también del PP, Fran Hervías. Por allí andaba también el torero José Ortega Cano, plenamente reinsertado y también en un cargo del Gobierno madrileño, el abogado Miguel Durán, en su día presidente de Telecinco, absuelto más adelante de ahorrarle impuestos ilegalmente a la compañía, o el comunicador Javier Cárdenas, despedido (según su versión) por “decir verdades y meterse con el Gobierno”. Ortega Cano declaró, inevitablemente, que Ayuso, como él, aguanta “las cornadas” que le da la vida. “Maestro, impresionante, ole”, aclamaron los comensales.

El ambiente del restaurante recordaba al de unas bodas de plata, quizás hasta de oro. Mesas redondas, estampados florales, camisas sin corbata y americanas, con presencia catalana y también madrileña, incluido algún alcalde y portavoz municipal del PP de los de edad intermedia, que reconocían que parte del motivo de acudir era saludar a la presidenta en un entorno informal. El menú era sufrido, sin alardes, pese a los 40 euros del cubierto: ensaladilla, guacamole, mejillones (tres por cabeza) y corte de rodaballo, más tarta de chocolate, además de bebida (una copa de vino o una cerveza, nada excesivo). 

Medio Dúo Dinámico y el letrista de David Civera

Hubo que esperar, en todo caso, a la celebración del acto, en el que se había de nombrar a embajadores de Tabarnia. Además del citado Cárdenas, estaba el Dúo Dinámico, aunque solo se presentó una pata de la pareja, Ramon Arcusa, pues Manuel de la Calva sufre una indisposición de salud. Avisó que intentarán estar para el concierto del día 30 en Torrejón de Ardoz. Se presentó también la actriz Mónica Pont, que vive entre México y Miami, y el compositor Alejandro Abad, recién instalado en Pozuelo de Alarcón, que adaptó la letra de la canción “Que la detengan”, éxito de David Civera de hace 20 años, a las circunstancias: “Somos la resistencia, no nos rendiremos jamás”, cantó. Los demás seguían la letra como podían y reían. Presentaba el acto el periodista Albert Castillón, que ya había estado en la manifestación de Colón de 2019, la de la foto de los líderes de PP, Ciudadanos y Vox.

La estrella era Ayuso, en cualquier caso. A la hora en que el presidente nacional de su partido trataba de presentarse como alternativa y líder de un partido solvente en el cara a cara ante Sánchez en el Senado, ella era “investida” presidenta de Tabarnia. En el restaurante y en semejante compañía, tomó la palabra y leyó un discurso en el que volvió a repasar los puntos de su ideario político y cultural. “No vamos a crear premios culturales ni ningún reducto oficial para premiar al agraviado”, llegó a decir, mientras Toni Cantó miraba el teléfono móvil. “Tenemos uno de los mejores estados de bienestar del mundo, con impuestos bajos”, describió sobre el modelo madrileño. Acerca del carácter local, destacó la querencia por “la convivencia, la alegría y las cosas normales”. En el mismo sentido, y sin mayores explicaciones: “Nos gusta más un abrazo que un decreto”. Después mencionó varias especialidades gastronómicas catalanas y madrileñas, se comparó en broma con otra Isabel, La Católica, y criticó el proceso constitucional de Chile, de “cambios por la puerta de atrás”.

“Es monísima, monísima”, comentaba una señora entre el público en pie, teléfonos móviles en ristre. Todo el mundo se rio a carcajadas ante la sucesión de gracietas. Al término, los asistentes se turnaron para ir a saludar a la presidenta. Como no todos pudieron, algunos volvieron a intentarlo en el descanso entre el prime y el segundo plato.

El torero José Ortega Cano ha pasado a engrosar la lista de fichajes mediáticos promovidos por Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad: se incorpora como vocal del centro de Asuntos Taurinos, un organismo dependiente del Gobierno regional que vela por la explotación de la plaza de Las Ventas y promueve la tauromaquia en la región, y que está a su vez dirigido por otro famoso, el torero Miguel Abellán, al que Ayuso buscó hueco en su Ejecutivo tras quedarse sin escaño en el Congreso de los Diputados en abril de 2019 cuando el PP de Pablo Casado obtuvo el peor resultado de su historia con 66 diputados. 

Ortega Cano, habitual de los programas del corazón y condenado por homicidio imprudente al volante, una pena que ya ha cumplido, es la última incorporación rutilante de la era Ayuso. Pero no la única ni la primera. Antes, la presidenta de la Comunidad de Madrid ya había intentado aprovechar el tirón de otros personajes con nombres populares y sin gran experiencia en la gestión para puestos de su Gobierno. Llegó a contratar a Pedro García Aguado, conocido como Hermano Mayor -por su participación en un programa de Televisión donde supuestamente ayudaba a algunas familias a educar a hijos conflictivos ante las cámaras de Mediaset-  o de la taekwondista Coral Bister. Ambos acabaron saliendo con polémica del Gobierno regional. 

El torero se incorpora como vocal del centro de Asuntos Taurinos junto a Raquel Sanz, exconcejal del PP, exprocuradora de las Cortes de Castilla y León y viuda del torero Víctor Barrios, fallecido en 2016. Por este cargo no cobrarán un sueldo público, pero ambos tendrán derecho a entradas al palco de las Ventas y a utilizar el aparcamiento de la plaza de toros.

Además de por su faceta de torero y ser un habitual de la prensa rosa como viudo de Rocío Jurado, Ortega Cano acaparó portadas cuando fue condenado por un delito de homicidio tras una imprudencia grave por conducción temeraria que originó un accidente el 28 de mayo de 2011 en el que falleció Carlos Parra, activista y sindicalista. Ortega Cano triplicó al volante la tasa de alcohol permitida en sangre y conducía a 125 kilómetros por hora en un tramo limitado a 90. Fue condenado a dos años y medio de cárcel. 

“El mundo del toro necesita que se le cuide”, aseguraba esta semana Ortega Cano en una entrevista en Antena 3 tras conocerse su fichaje por el Gobierno regional. “Mi agradecimiento a la presidenta por haber tenido la deferencia de nombrarme para este puesto”, se deshacía en elogios por la implicación del PP con el mundo taurino en la región. El diestro aseguró que dedicará todo su tiempo a este nuevo desempeño al encontrarse ya retirado y que los jóvenes serán su objetivo.

Entre otras funciones, el Centro de Asuntos Taurinos desarrolla la explotación de la plaza de Las Ventas, ejerciendo la vigilancia, coordinación y control de los eventuales adjudicatarios del coso taurino. También se encarga del asesoramiento y colaboración, en su caso, con las administraciones públicas que dentro del territorio de la Comunidad organicen espectáculos taurinos. Además, es responsable del fomento de la fiesta de los toros mediante la organización, coordinación, dirección y gestión de la Escuela de Tauromaquia. Esas serán ahora las labores de Ortega Cano. Se trata de un sector al que Ayuso quiere mimar y que no deja de recibir gestos de Vox.

Hermano mayor y Coral Bistuer

El fichaje de Ortega Cano es el último de una lista de incorporaciones mediáticas que acabaron en polémica y saliendo del Gobierno al poco de llegar. Fue por ejemplo el caso de Pedro García Aguado, comúnmente conocido como Hermano mayor por su participación en el programa televisivo con ese nombre. Aguado fue nombrado por Ayuso en agosto de 2019 director general de Juventud. Dimitió de su cargo apenas siete meses después, en marzo de 2020. Durante el tiempo que estuvo al frente del área cobró 93.855 euros anuales (4.365 euros mensuales en catorce pagas).

Aguado dimitió del cargo asegurando que se trataba de una decisión por “propia convicción” para ser “más útil” cerca de las familias. Pero su breve paso por la Consejería de Educación estuvo marcada por la polémica apenas tres meses después de llegar al cargo. Según publicó la Cadena Ser en noviembre de 2019, estaría quebrantando la Ley de Incompatibilidades por su actividad empresarial ya que poseía el 50% de las acciones de la sociedad Centro Tempus Rehab y seguía ofreciendo sus servicios a las familias con adolescentes problemáticos, algo que no está permitido en el reglamento de alto cargo del Gobierno regional. Entonces, su equipo aseguró que no cobraba ninguna contraprestación por este trabajo en la empresa de su propiedad, pero solo cuatro meses después abandonó el Gobierno regional. 

Su salida no dejó atrás un gran balance de gestió pero se saldó con elogios del Ejecutivo de Ayuso que agradeció su corta trayectoria de director general de Juventud. No ha corrido con la misma suerte la taekwondista Coral Bistuer que salía de mala manera hace dos semanas de la Consejería de Cultura y Deportes que dirige la exdirigente de Ciudadanos Marta Rivera de la Cruz.

Bistuer, famosa por sus éxitos deportivos y su pasado como concursante de programas de televisión, fue uno de los fichajes estrella de Ayuso tras las últimas elecciones del 4-M, después de que la presidenta madrileña le entregara un premio el Día de la Mujer unos meses antes. Pero en su cese no hubo elogios. Su salida se justificó alegando “desajustes internos que estaban afectando a la gestión”. Como directora general de Deportes no había encajado con el viceconsejero del área, Alberto Torné, y voces internas la calificaban de “verso suelto”. Bistuer fue nombrada directora general de Deportes el 30 de junio de 2021 en el mismo día que se creó la Oficina del Español y se designó a Toni Cantó como director del organismo de nueva creación.

La mañana de su cese, el 17 de marzo, la medallista olímpica publicaba un enigmático tuit que solo unas horas después se entendería con el anuncio de su destitución en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. “Los madrileños, como los toros bravos, nos crecemos ante el castigo y la adversidad. Yo, soy de Chamberí”, aseguraba en sus redes sociales. Su paso como alto cargo del Gobierno de Ayuso se limitó a nueve meses. 

Apenas quince días después de la salida de la deportista, llega Ortega Cano al Centro de Asuntos Taurinos dependiente de la Consejería de Presidencia que dirige Enrique López. Se inicia la cuenta atrás de un cronómetro que dirá cuánto dura en el Gobierno regional el último fichaje estrella de la nueva era Ayuso.

La sentencia confirmada por el Tribunal Supremo que condena a la revista satírica Mongolia a indemnizar en 40.000 euros al ex torero Ortega Cano por haber ofendido su honor y sobre todo por haberse lucrado con la utilización, con intención puramente comercial, de su imagen para promocionar una actividad cultural, renueva el debate, siempre inacabado, sobre los límites de la libertad de expresión y la tutela de los llamados derechos subjetivos de la personalidad (honor, intimidad personal y familiar y propia imagen) elevados a la categoría de derechos fundamentales por el artículo art. 18.1 de nuestra Constitución.

Para enfocar la crítica a las resoluciones judiciales que han recaído en este caso, considero necesario establecer las diferencias entre los derechos al honor, la intimidad y la imagen, aunque todos ellos se consideran como derechos de la personalidad. El concepto del honor desde el punto de vista penal se considera atacado por todo expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de una persona realizadas con el ánimo de atentar de manera clara e inequívoca contra el honor de la persona que sufre estos ataques. El honor es algo tan personal e intransferible que necesariamente hay que ponerlo en relación con el contexto social en el que se producen las acciones o expresiones que pueden suponer un descrédito, deshonra o menosprecio de la persona en función de su identidad personal y su integración y su posición en la sociedad en la que se vive. 

En este caso no se puede establecer un criterio discriminatorio o clasista del honor, como sucedía en épocas anteriores. Todas las personas tienen el mismo derecho a que su honor sea protegido y valorado. Lo refleja de manera insuperable, el pasaje en el que, Calderón de la Barca, en El Alcalde de Zalamea, pone en boca de Pedro Crespo: “El honor es patrimonio del alma y el alma sólo es de Dios”. Son muchos los juristas que sostienen que el honor, en sí mismo considerado como patrimonio de la persona, no puede ser indemnizado, ya que sería discriminatorio establecer baremos según rangos personales, sociales, económicos o de otra naturaleza. 

Lo que sí podría ser indemnizado sería el perjuicio, cuantificado y acreditado, que el ataque al honor haya causado a la persona en su crédito o prestigio profesional. El daño moral no es reparable en dinero. Muchos juristas defienden que el carácter resarcitorio presupone una relación de equivalencia entre el objeto dañado y la suma de dinero determinada. “La inconmensurabilidad de los daños morales conlleva la arbitrariedad de toda suma pecuniaria que se conceda”. En Francia se concedía un franco como indemnización simbólica.

La intimidad es un valor radicalmente distinto del honor y en nada se pueden asemejar, ya que está integrada por ese espacio reservado de cada persona establece para sí mismo en el recinto cerrado de su domicilio habitual. En mi opinión, los ingleses delimitaron el espacio reservado de  la  intimidad en la conocida frase: “Mi casa es mi Castillo”. 

El derecho a la propia imagen sólo tiene una dimensión jurídica cuando se utiliza sin la autorización del titular. Es la propia persona la que puede regular mediante sus propios actos la posibilidad o no de difundir su imagen.

Las diferencias y asimetrías de los tres conceptos se ponen de relieve cuando analizamos la capacidad de la persona para disponer de cada uno de estos derechos de la personalidad. El honor no puede ser objeto de transacción ni cedido por precio ya que en todo caso el contrato en que se fijase esta posibilidad sería nulo porque nacería de una causa inmoral e ilícita. Nadie puede cobrar por aceptar ser difamado, desprestigiado o ridiculizado.

Sin embargo la intimidad es susceptible de ser cedida mediante contraprestación, que en el mundo de los medios de comunicación va unida también a la cesión de los derechos para la difusión de su propia imagen. El personaje cede su imagen y al mismo tiempo desvela libre y voluntariamente sus sentimientos más íntimos, que de otra manera permanecerían inasequibles al conocimiento público. En los tiempos que vivimos, desnudar las intimidades se cotiza, según los casos y los personajes, en los programas especializados de televisión o en las revistas llamadas del corazón.

La propia imagen sólo tiene un valor dinerario cuando se trata de personas de una cierta relevancia que sirven de soporte para difundir o promocionar algún producto o mercancía. En el juego de la oferta y la demanda, los deportistas de élite ocupan, casi con exclusividad, los anuncios que vemos en los medios de comunicación. Los contratos alcanzan cifras astronómicas cuando se trata de figuras con proyección internacional. Por cierto, aunque seamos los creadores de la tauromaquia, es rara, por no decir que inexistente, la promoción de productos con la imagen de las figuras del toreo. Es evidente, como sostienen muchos autores, que el derecho de la persona a rentabilizar su propia imagen nada tiene que ver con el derecho al honor o a la intimidad. El mercado de los intereses publicitarios se rige por indicadores variables.  

Centrándonos ahora en las tres sentencias dictadas contra la Revista satírica Mongolia, me resulta llamativa su evidente incongruencia y la indeterminación de los parámetros utilizados para calcular la indemnización. Sus argumentos nos llevan a considerar que la desmesurada y desproporcionada indemnización concedida no procede de la agresión al derecho al honor, sino del presumible beneficio ilícito o enriquecimiento injusto obtenido por los propietarios de la Revista al anunciar un acto cultural. La cantidad fijada se basa en el manejo de conjeturas, desmentidas por la realidad de los documentos aportados.   

En este caso, se estima la lesión al derecho al honor en función de la personalidad pública del ofendido, un torero que nunca estuvo en lo alto del escalafón, que ha sido objeto de sátira y ridiculización, con ánimo de humillarle. Este propósito se diluye en el resto del contenido de las sentencias que ponen su acento en el ánimo, exclusivamente comercial que movía a los autores de los carteles. En el mundo de la publicidad resulta extraño que se sustituya la imagen real de la persona que se utiliza como reclamo por un monigote poco atractivo. Según los jueces, se utiliza una imagen recortada de su cara bajo la figura de un marciano, en un contexto próximo a su reciente salida de la cárcel y en su propia tierra natal, lo que acentúa la burla, humillación y ofensa a su imagen. La falta de rigor en la descripción de los hechos se pone de relieve en las afirmaciones de la Jueza y del Ministerio Fiscal. La primera considera probado que la humillación se incrementaba por mezclarse con alusiones a su salida de la cárcel por haber matado a otra persona conduciendo bajo la influencia de bebidas alcohólicas. El dato es inexacto, no se confecciona el cartel en el contexto próximo a su reciente salida de la cárcel, sino con motivo de sus manifestaciones públicas sobre su posible retorno a los a los ruedos. El despiste del Ministerio Fiscal es más llamativo; sostiene que le imagen se incorpora a un cuerpo femenino que confunde con un marciano.

Los conflictos y las contradicciones se han puesto de relieve cuando se ha conocido la sentencia definitiva del Tribunal Supremo sobre la condena a una indemnización de 40.000 euros a la Revista satírica Mongolia, poniéndola en el trance de desaparecer si no consigue reunir esa suma. En mi opinión, las Juezas y Jueces que intervienen en procedimientos de esta naturaleza deben conocer y ser conscientes de la dimensión social de sus resoluciones, valorando y ponderando los bienes en conflicto con un exquisito tacto para dar preeminencia a aquel que tenga una mayor relevancia para el conjunto del cuerpo social. Nuestra Constitución, como otras muchas, da un valor preferente al bien colectivo de la libertad de expresión, que se concreta en el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, si bien, como es lógico, estas libertades tienen sus límites en el texto constitucional desarrollados mediante leyes como las que se refieren a la protección del honor y la intimidad y la propia imagen.  

El personaje afectado en este conflicto, el Sr. Ortega Cano por su profesión (torero) y por otras circunstancias, es una persona sobradamente conocida y de proyección pública que ha promocionado voluntariamente, compareciendo y exhibiendo su intimidad sin ninguna reserva, en platós de televisión y entrevistas a revistas del corazón, por lo que tiene que someterse, con mayor intensidad que otros seres anónimos, a la crítica, la sátira e incluso el sarcasmo. No por ello está absolutamente desprotegido, pero sí hay que ponderar cuidadosamente todas las expresiones, publicaciones o reproducciones de imagen que le pueden afectar.  

La pretensión principal, y así lo destaca el Tribunal Supremo en el índice del contenido de su sentencia, se fundamenta y justifica por la divulgación con fines exclusivamente publicitarios o comerciales de su imagen en un fotomontaje junto con textos que solo perseguían ridiculizarlo. El mismo demandante,  Sr. Ortega Cano, alega que la Revista: «creó, utilizó y difundió» el fotomontaje del demandante no para informar o expresar una opinión crítica hacia su persona, sino únicamente «para fines promocionales o publicitarios» y que la intromisión en el derecho a la propia imagen, resultaba del hecho de usarla únicamente para fines comerciales sin contar con su  previo consentimiento.

Admitiendo dialécticamente que se hubiera podido utilizar indebidamente la imagen del Sr. Ortega Cano, la cuantificación de la indemnización no se ajusta a criterios razonables y fundados en elementos facticos documentados que obran en la causa  y por ello resulta evidentemente e injustificadamente desproporcionada. Esta desproporción y la falta de una motivación suficiente, son causas de nulidad de la sentencia que, en todo caso, darían lugar a su devolución al Juzgado para que realizase una ponderada y suficientemente motivada decisión sobre la cuantía de la indemnización.

El Ministerio Fiscal también ha interesado la desestimación del recurso, razonando que los carteles con el fotomontaje se usaron con el único fin de publicitar un espectáculo lúdico (como era un concierto); que, desde la perspectiva del derecho al honor, en todo caso la imagen del demandante y los comentarios que la acompañaban eran insultantes y vejatorios «al ofrecer una imagen grotesca del actor, ridiculizándole en su persona, para provocar hilaridad y escarnio, siendo absolutamente innecesario para dar publicidad a un concierto» (por lo que no se trató de una crítica razonable sobre un asunto de relevancia pública que contribuyera a formar la opinión pública); y en cuanto al derecho a la propia imagen, que la intromisión resultaba del hecho de usarla únicamente para fines comerciales sin contar con el previo consentimiento del demandante.

También rechazan los jueces del Supremo rebajar la indemnización de 40.000 euros establecida en instancias anteriores, destacando que en el cálculo “se tomó en especial consideración para valorar la entidad del daño la importante difusión de los carteles, que no solo se distribuyeron físicamente por las calles del centro de la ciudad natal del extorero, en coherencia con su finalidad publicitaria en las zonas más concurridas, sino que también se difundieron ampliamente por Internet, tanto a través de la propia página web de la revista con un público potencial reconocido por los propios gestores de la misma de unas 300.000 personas, como en redes sociales tan conocidas y de tanta repercusión como Facebook o Twitter”.

Sostiene el reciente fallo que el polémico fotomontaje “no se integraba en ningún artículo informativo o de opinión sobre el demandante”, sino que “se usó única y exclusivamente para publicitar un espectáculo musical y, por lo tanto, como mero reclamo para vender entradas y buscando el beneficio económico” de la editorial.

A juicio del Alto Tribunal, “resulta en este caso patente”, la intromisión ilegítima en la propia imagen del demandante conforme al art. 7.5 de la LO 1/1982, “ante la probada utilización de su imagen para un fin publicitario sin haber obtenido previamente su consentimiento para tal fin”.

El Tribunal Supremo ha confirmado este martes que la revista Mongolia tendrá que indemnizar con 40.000 euros al extorero José Ortega Cano por vulnerar su derecho al honor. Considera que un fotomontaje con la cara del exmatador de toros y el cuerpo de un extraterrestre sosteniendo entre sus manos un cartel con el texto “antes riojanos que murcianos” y diciendo “estamos tan a gustito…” es un escarnio. En el cartel en cuestión, que tenía como objetivo publicitar un espectáculo musical que se iba a celebrar en la ciudad de Cartagena, aparecía como fondo un platillo volante y la leyenda “Viernes de dolores… sábados de resaca”. La revista reivindica el derecho a la libertad de expresión y recuerda que imponer una penalización económica tan desproporcionada por una simple viñeta satírica es un mecanismo habitual en las democracias poco consolidadas para sacar de circulación a elementos incómodos sin tener que recurrir formalmente a la censura explícita. 

Desde que nació Mongolia, en el 2012, España no ha hecho más que recortar en libertad de expresión. La debilidad económica de los medios ha permitido que el miedo ganase terreno en muchas redacciones y ante el riesgo a enfrentarse a querellas que dirimirán tribunales con una visión más que reduccionista se opta por evitar los conflictos. Lo mismo ha pasado en la calle. Ya antes de la pandemia se pudo constatar que si antes protestar era un derecho ahora se ha convertido en un riesgo. 

Hace una semana el Tribunal Constitucional sentenció que instar a quemar la bandera española es un delito. Elisa Beni lo resumió muy bien en un artículo en que subrayaba que con esta decisión el tribunal no sólo se sitúa fuera de la normativa europea ya establecida sino que se coloca mayoritariamente a la santa derecha del Opus. En este caso las víctimas fueron unos sindicalistas gallegos, entre ellos Pablo Fragoso, dirigente de la Confederación Intersindical Galega (CIG), que instó a quemar la “puta bandera” de España, durante una manifestación ante el Arsenal Militar de Ferrol (A Coruña) en 2014. Los jueces consideran que las referencias a la bandera fueron innecesarias para las reivindicaciones salariales que este representante sindical estaba llevando a cabo.

El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 reconoce el derecho a la libertad de opinión y de expresión. Amnistía Internacional ha alertado de que en España, el uso excesivo de la fuerza y una legislación represiva repercute en este derecho y el que tiene toda sociedad a protestar pacíficamente. La 'ley mordaza', que se utilizó para aplicar más de un millón de multas durante el confinamiento, sigue vigente. Aprobada por el Gobierno del PP en el 2015, ha servido para sancionar a manifestantes que defendían el derecho a la vivienda o que reivindicaban causas medioambientales. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha comprometido a derogar la norma, pero ahí sigue, más viva que nunca. El Defensor del Pueblo ha reclamado en más de una ocasión que sea reformada para que garantice “el adecuado equilibrio entre seguridad y libertad”. De momento, se impone una mala defensa de la seguridad en detrimento de la libertad.

Una interpretación sui generis de los delitos de odio lleva también a nuevos recortes del derecho de expresión. ¿Insultar a un policía es un delito de odio? No, porque las fuerzas de seguridad no son un grupo minoritario al que se deba proteger. Aun así, a los juzgados han llegado denuncias en las que se reclamaba que las fuerzas de seguridad fuesen consideradas como un colectivo vulnerable. Una de las últimas la protagoniza Valtònyc. El rapero tiene una nueva causa abierta, esta vez en Sevilla, por un supuesto delito de odio contra la Guardia Civil por una denuncia de la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Este sindicato defiende que el cantante mallorquín demostró, en un concierto celebrado en Marinaleda el 31 de marzo del 2018, que tiene “una actitud de odio irracional contra los guardias civiles”. Ese día en el escenario atacó duramente a este cuerpo de seguridad.

A Valtònyc ya le condenaron a tres años y medio de cárcel por delitos de calumnias e injurias graves a la Corona, enaltecimiento del terrorismo y amenazas por el contenido de una serie de canciones. El Supremo señaló que sus letras injuriaban al Rey o a miembros de la Familia Real con frases como “el rey tiene una cita en la plaza del pueblo, una soga al cuello que le caiga el peso de la ley” o “hagamos que Urdangarin curre en un Burger King y la infanta Elena pida disculpas por ser analfabeta y no estudiar en Cuba”. Al final tendrán razón los que dicen que con todas las presuntas irregularidades que se están conociendo sobre las finanzas de Juan Carlos I el delito que realmente cometió Valtònyc fue el de cantar mal.  

Ahora le ha tocado a Mongolia pero hace un par de años fue El Jueves. El 5 de octubre del 2017, la revista publicó en su web un artículo satírico sobre la intervención de la Policía Nacional durante el 1-O con este titular: “La continua presencia de antidisturbios acaba con las reservas de cocaína en Cataluña”. El director y subdirector de la revista fueron denunciados por un sindicato policial. Una jueza de Barcelona los envió a juicio por un delito de injurias porque consideró que tanto el texto como las ilustraciones suponían “una ofensa y una falta de respeto” para los miembros de este cuerpo de seguridad. La Audiencia de Barcelona, en una resolución que repasó toda la jurisprudencia europea en materia de libertad de expresión, archivó la causa en mayo del año pasado, con un tirón de orejas incluido a la jueza.

El director del programa 'Està Passant', Toni Soler, y dos de sus colaboradores, Magí Garcia 'Modgi', y Jair Domínguez, declararon hace dos semanas como imputados ante una jueza de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) por un chiste que comparó a los Mossos d'Esquadra con perros tras las cargas de la policía catalana en las protestas contra la sentencia del procés. Los humoristas apelaron a la libertad de expresión, pero la Fiscalía considera que incurrieron en un delito contra las instituciones del Estado.

¡Ay, las instituciones! Cuanto más parecen defenderlas, más las desgastan. Sirve para la Corona pero también para los uniformados, sean del color que sean.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha confirmado este martes que la revista Mongolia tendrá que indemnizar con 40.000 euros al extorero José Ortega Cano por vulnerar su derecho al honor y a la propia imagen “al divulgar con fines publicitarios” un fotomontaje con el que, según el Alto Tribunal, se hizo “escarnio” del extorero. La Sala ha desestimado así el recurso de casación interpuesto por la Editorial Mong S. L., propietaria de la revista humorística, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que al igual que la dictada por un juzgado de Alcobendas, declaró la vulneración de dicho derecho y le impuso el pago de una indemnización de 40.000 euros por daños y perjuicios.

Según explica el Supremo, con la finalidad de publicitar un espectáculo musical que se iba a celebrar la noche del sábado 12 de noviembre de 2016 en la ciudad de Cartagena (Murcia), la entidad Editorial Mong S.L. (EM) elaboró y autorizó la difusión de un cartel titulado Mongolia Musical 2.0. Este cartel mostraba un fotomontaje con la cara del ex matador de toros Ortega Cano y el cuerpo de un extraterrestre sosteniendo entre sus manos un cartel con el texto “antes riojanos que murcianos” y diciendo: “Estamos tan a gustito…”. Todo ello sobre un fondo en el que se veía un platillo volante en un paisaje aparentemente no terráqueo y acompañado de la leyenda “Viernes de dolores… sábados de resaca”.

El Alto Tribunal sostiene que en ningún momento Ortega Cano autorizó el uso de su imagen para tal fin. La Sala afirma que “resulta patente la probada utilización de su imagen para un fin publicitario sin haber obtenido previamente su consentimiento para tal fin”. En este sentido, explica que la supuesta intención crítica alegada por la recurrente “no se refleja en el cartel enjuiciado, pues la composición fotográfica en la que se pretendía centrar la atención del público no se integraba en ningún artículo informativo o de opinión sobre el demandante (esto es, dirigido a comunicar hechos veraces de interés general sobre su persona o a expresar valoraciones subjetivas o juicios de valor en torno a su persona o comportamiento) sino que, como declaran las sentencias de las dos instancias, se usó única y exclusivamente para publicitar un espectáculo musical y, por lo tanto, como mero reclamo para vender entradas y buscando el beneficio económico de EM”.

El Supremo añade que dadas las características del fotomontaje y los textos que lo acompañaban, la publicación del cartel enjuiciado constituyó además una intromisión ilegítima en el derecho al honor del demandante, “lo que aumenta el desvalor de la conducta enjuiciada, pues se hizo escarnio del demandante, en su día figura del toreo, mediante la propia composición fotográfica y unos textos que, integrados en el cartel, centraban la atención del espectador en la adicción del demandante a las bebidas alcohólicas, reviviendo así un episodio de su vida por el que ya había cumplido condena, y en definitiva atentando contra su dignidad”.

La sentencia, ponencia del presidente de la Sala, Francisco Marín Castán, rechaza que la cuantía de la indemnización –40.000 euros– sea desproporcionada, como alega la recurrente. Y señala que no puede prosperar en casación una pretensión de revisión únicamente sustentada en apreciaciones particulares de la parte recurrente que “no se compadecen con los hechos probados”.

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la sentencia contra la Revista Mongolia por su cartel satírico sobre José Ortega Cano. El tribunal asume los argumentos de la primera condena y obliga a indemnizar al extorero con 40.000 euros, la cantidad que reclamaba por la imagen que le representaba con el cuerpo de un extraterrestre y frases como “estamos tan agustito” o “Viernes de dolores... Sábados de resaca”.

La defensa de Mongolia recurrió tras la primera condena con el argumento de que no se había tenido en cuenta que se trataba de un cartel satírico y que por tanto ha habido una errónea valoración de la prueba. La nueva sentencia señala que “basta una mera lectura” del motivo de impugnación para rechazarlo. El tribunal señala que lo que debe examinarse es si hubo “una confrontación entre el derecho fundamental al honor, a la intimidad ya a la propia imagen con la libertad de expresión”. El tribunal se decanta por lo primero.

Así, la sentencia dice que el cartel “es una verdadera ofensa gráfica” utilizando sin permiso la imagen de Ortega Cano, y las expresiones que en él se reproducen “deben ser calificadas como desafortunadas”. El tribunal recuerda en este punto que el cartel era la imagen de un espectáculo con el que se iba a obtener un beneficio económico.

Además, la sentencia rechaza uno de los argumentos de la defensa: que era “criticable socialmente” la alegría con la que se celebró la vuelta a los ruedos de Ortega Cano tras su salida de la cárcel. La Audiencia Provincial asegura que esa afirmación no se entiende cuando el torero ya había cumplido la pena.

El fallo rechaza reducir la indemnización de 40.000 dada la enorme difusión que tuvo el cartel, que se colocó por las calles de Cartagena y se difundió por redes sociales. “El demandante es de Cartagena y el contenido del cartel supone una vulneración al derecho del honor y a la propia imagen de don José María Ortega Cano”, añade el tribunal.

Una “burla sobre su persona”

La Audiencia Provincial cita en varias ocasiones la sentencia anterior, que señaló que el cartel no empleaba la imagen de Ortega Cano “con una finalidad de crítica política o social, sino que la publicación utiliza la imagen para provocar exclusivamente la burla sobre su persona”. El hecho de que el cartel, dijo la titular del Juzgado Número 3 de Alcobendas, se publicase tras su reciente salida de la cárcel “acentúa la burla, humillación y ofensa a su imagen, y en su propia tierra natal”.

El procedimiento se inició en diciembre de 2016, después de que Ortega Cano denunciase a la revista Mongolia por vulneración al honor por ese cartel con el que se anunciaba su musical en Cartagena. Durante el proceso, Edu Galán, Darío Adanti y Fernando Rapa Carballo, responsables de la revista, anunciaron que no iban a pedir perdón porque así estarían negando su “propia identidad: el humor y la sátira”.

En el anuncio, que fue difundido por Internet y redes sociales, el rostro del demandante aparecía sobre el cuerpo de un extraterrestre junto a frases como “estamos tan agustito” (popularizada por Ortega y que fue emitida en televisión en los 90), “antes riojanos que murcianos” o “Viernes de dolores... Sábados de resaca”.

El extorero fue condenado en 2013 a dos años de cárcel por provocar un accidente en el que falleció otro conductor. La Fiscalía pedía cuatro años porque Ortega Cano triplicaba la tasa de alcoholemia, pero la jueza anuló la prueba al entender que no se había respetado la cadena de custodia. Además de la pena de cárcel, Ortega Cano tuvo que indemnizar con 180.000 euros a la familia del fallecido.

El de Ortega Cano no era el cartel principal que anunciaba el espectáculo. El que más se distribuyó para promocionar la actuación generó una oleada de críticas porque la imagen mostraba a la patrona de la ciudad con la cara de Donald Trump, sosteniendo en sus brazos un Cristo con la cara de Hillary Clinton. El obispo de Cartagena convocó una misa de “desagravio a la virgen” y antes de la actuación de los miembros de Mongolia unas 500 personas se concentraron para protestar contra el acto. Hubo algunos empujones y tuvo que intervenir la Policía Nacional.

La revista satírica Mongolia da este mes todo el protagonismo de su nueva portada a José Ortega Cano. Bajo el título 'Ortega Embraga', el último número rodea al extorero de símbolos españoles, alcohol, píldoras y dinero.

A pie de página, a la izquierda, se lee “la portada que nuestros abogados nos recomendaron no publicar”, en una clara referencia al enfrentamiento entre Ortega Cano y la revista Mongolia en los tribunales.

Un juzgado ha condenado recientemente a la publicación a indemnizar a Ortega Cano con 40.000 euros por vulneración de su derecho al honor. El extorero consigue así el dinero que reclamaba en la denuncia que interpuso por un cartel satírico que le representaba con el cuerpo de un extraterrestre y frases como “estamos tan agustito” o “Viernes de dolores... Sábados de resaca”.

La sentencia señala que el cartel no emplea la imagen de Ortega Cano “con una finalidad de crítica política o social, sino que la publicación utiliza la imagen para provocar exclusivamente la burla sobre su persona”.

El procedimiento se inició en diciembre de 2016, después de que Ortega Cano denunciase a la revista Mongolia por vulneración al honor por ese cartel con el que se anunciaba su musical en Cartagena. Durante el proceso, Edu Galán, Darío Adanti y Fernando Rapa Carballo, responsables de la revista, anunciaron que no iban a pedir perdón porque así estarían negando su “propia identidad: el humor y la sátira”. La revista recurrirá la sentencia del Juzgado Nº3 de Alcobendas.

Mientras tanto, la ocupada de encargar la contraportada de la publicación de este mes es la actual Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. “CI MIENTES, TE VAS”, se lee en la página, en referencia al caso de su máster.

Sí, nos ha llegado la sentencia del juicio por la demanda que nos puso el torero Ortega Cano por utilizar su imagen para el cartel de nuestro show de Mongolia el Musical 2.0. en Cartagena en noviembre del 2016. La jueza asume enteramente lo exigido por Ortega Cano y nos condena a pagarle 40.000 euros sin explicación de por qué estima que la vulneración del honor que el demandante atribuye a la utilización de su imagen en nuestro cartel vale esa suma y no otra.

Si uno analiza la sentencia puede ver que lo que se determina como delito no es otra cosa que el mecanismo mismo de la sátira: «Sin conocimiento previo del protagonista ni vinculación de la imagen con la temática del evento, la proyección pública no ampara el uso indiscriminado de su imagen ni la burla de su figura, el rendimiento económico con la vejación y burla de la imagen».

Analizando esta frase uno advierte, si está habituado al oficio de la sátira de actualidad, varios problemas de base:

«Sin conocimiento previo del protagonista»: es inimaginable pensar que los que hacen humor satírico sobre la actualidad tengan que contactar primero con los personajes públicos para avisarles de que serán satirizados.

...«ni vinculación de la imagen con la temática del evento»: el evento es un show que satiriza aquello que es público, un show que se hacía en la ciudad de nacimiento de un personaje público que por aquellos días salía de la cárcel tras ser condenado por homicidio imprudente y que, tras cumplir condena, volvía a los ruedos a torear para festejo de algunos medios dedicados al mundo del corazón es algo que, llámenme loco, a mí me resulta un vínculo bastante claro entre la imágen y la temática del evento que no es otro que la sátira.

...«la proyección pública no ampara el uso indiscriminado de su imagen»: según el diccionario de la RAE, «discriminar», en el caso que nos ocupa, significa «seleccionar», es decir que «no discriminado» significa «sin seleccionar»… no se me ocurre peor palabra para alguien que, por su imagen pública y por lo que fue público de él, fue seleccionado especialmente como imagen para dicho cartel.

...«ni la burla de su figura»: otra vez según el diccionario de la RAE, la sátira es un «discurso o dicho agudo, picante y mordaz, dirigido a censurar o ridiculizar», y «ridiculizar», según el mismo diccionario, no es otra cosa más que «exponer a la burla». Es decir que la sátira son dichos mordaces dirigidos a censurar -o ejercer la opinión crítica- a través de recursos que le son propios como es el de ridiculizar al personaje público...

...«el rendimiento económico con la vejación y burla de la imagen»: es al menos sorprendente que se mencione el «rendimiento económico a través de la burla» porque una revista satírica vive de la sátira que no es ni más ni menos que la burla a las actitudes de personajes que son públicos. Lo que también es sorprendente es que si la ganancia neta del show para la revista, descontando gastos de desplazamientos, alojamientos y dietas, y honorarios de técnicos y actores, fue de 828 euros, resulta desmesurado que se determine que el daño producido por dicho rendimiento económico a través de la burla, es decir, de la sátira, sobre el vulnerable honor del personaje en cuestión, se cifre en 40.000…

La sátira, tal como la conocemos hoy en Occidente, viene de la Grecia antigua primero, y de la cultura latina después, y tiene más de 2.500 años. Y, sin duda, uno de sus máximos referentes fue el comediógrafo Aristófanes que, en sus comedias, se preocupó mucho por burlarse de todo lo público, desde la nobleza hasta los autores trágicos como Eurípides o los filósofos de moda como Sócrates; desde actores o poetas de su tiempo a políticos, militares y hasta de los propios dioses. Ni más ni menos que como hacemos los que hacemos sátira hoy. Y Aristófanes lo hacía siempre con ironía, sarcasmo, escatología, exabruptos, insultos o sutilezas… haciendo uso indiscriminado de las figuras públicas y no tan públicas a través de la burla y vejación de sus imágenes. Y sí, parece que el tipo vivía de eso, es decir: se lucraba de la imagen -o prestigio, u honor- de aquellos a los que caricaturizaba en sus comedias.

Por cierto, la comedia de Aristófanes de fuerte carácter político y satírico -en el sentido actual de la palabra- se desarrolló sobre aquella primera democracia griega y desde entonces el género satírico ha estado ligado especialmente a las democracias, no hay totalitarismo, del signo que sea, que soporte la sátira.

Y la sátira es parte fundamental de la libertad de expresión porque prueba la elasticidad de sus límites -de la propia libertad de expresión y del pensamiento en general- y de nuestra propia tolerancia ante algo tan superficial como son las ofensas cuando, no nos engañemos, hablamos de ofensas que son pura ficción articulada no sólo para hacer gracia sino, también, para opinar.

Hablamos de libertad de expresión -y de opinión y de sátira- que nació también en la antigua Grecia con la «libertad de palabra» de la que hacían gala los filósofos cínicos de la secta del perro, como Diógenes, Crates o Hiparquia, que optaron por vivir fuera de las imposturas sociales de la polis y decir en voz alta a los viandantes y en plena calle aquello que les venía en gana. Sí, incluidos los insultos.

Más allá de que nunca entendí el concepto de «vulneración al honor» porque siempre creí que el honor se lo labra o se lo demuele uno mismo con sus actos y que no hay chiste, dicho, imagen u ofensa que pueda modificar aquello que no es más que responsabilidad de cada uno como portador del propio honor, estamos viendo cómo, con demasiada frecuencia, se judicializan opiniones formuladas desde el humorismo, la sátira u otras formas de expresión cultural.

Cuando publiqué en enero de 2017 mi ensayo en forma de cómic Disparen al humorista sobre la libertad de expresión y los tan cacareados «límites del humor», lo hice porque, entonces, hace ya un poco más de un año, me alarmó comprobar que, tras el apoyo masivo en defensa de la libertad de expresión después del atentado a los dibujantes del Charlie Hebdo -con aquel emblemático «Je Suis Charlie»-, los casos de escándalos, juicios o sentencias relacionados a la expresión -especialmente la humorística- lejos de disminuir, se multiplicaron.

Y un año después de publicar el cómic, los casos judicializados relacionados con la libertad de expresión se han vuelto el pan de cada día y las sentencias no parecen avalar aquel «Je Suis Charlie» con el que las buenas mentes de Occidente defendieron el derecho a expresarse, sino más bien parecen mostrar un auténtico y alarmante retroceso en la calidad democrática. Hoy vemos al humor, con peligrosa insistencia, en el banquillo de los acusados cuando no, de los condenados.

En aquel libro decía que el problema de judicializar el humor, la sátira o cualquier otra forma de expresión, es que aquellos que mediante la demanda pretendían que desaparezca aquello que les ofendió, lograban, en estos tiempos de viralización, el efecto contrario: la amplificación y la multiplicación de aquello que querían ocultar.

En aquel libro decía, también, que el problema de judicializar el humor es que cuando la justicia juzga lo cómico la propia justicia, se convierte, me temo, en un chiste.

Y ese chiste, el de la justicia que condena la libertad de expresión, no es que sea un chiste malo, es que es el único chiste que, realmente y en términos materiales, es tremendamente peligroso. Peligroso, al menos, para los que queremos vivir en una democracia plena y total.

Un juzgado Alcobendas ha condenado a la revista Mongolia a indemnizar a José Ortega Cano con 40.000 euros por vulneración de su derecho al honor. El extorero consigue así el dinero que reclamaba en la denuncia que interpuso por un cartel satírico que le representaba con el cuerpo de un extraterrestre y frases como “estamos tan agustito” o “Viernes de dolores... Sábados de resaca”.

La sentencia señala que el cartel no emplea la imagen de Ortega Cano “con una finalidad de crítica política o social, sino que la publicación utiliza la imagen para provocar exclusivamente la burla sobre su persona”. El hecho de que el cartel, dice la titular del Juzgado Número 3 de Alcobendas, se publicase tras su reciente salida de la cárcel “acentúa la burla, humillación y ofensa a su imagen, y en su propia tierra natal”.

El procedimiento se inició en diciembre de 2016, después de que Ortega Cano denunciase a la revista Mongolia por vulneración al honor por ese cartel con el que se anunciaba su musical en Cartagena. Durante el proceso, Edu Galán, Darío Adanti y Fernando Rapa Carballo, responsables de la revista, anunciaron que no iban a pedir perdón porque así estarían negando su “propia identidad: el humor y la sátira”.

En el anuncio, que fue difundido por Internet y redes sociales, el rostro del demandante aparecía sobre el cuerpo de un extraterrestre junto a frases como “estamos tan agustito” (popularizada por Ortega y que fue emitida en televisión en los 90), “antes riojanos que murcianos” o “Viernes de dolores... Sábados de resaca”.

El extorero fue condenado en 2013 a dos años de cárcel por provocar un accidente en el que falleció otro conductor. La Fiscalía pedía cuatro años porque Ortega Cano triplicaba la tasa de alcoholemia, pero la jueza anuló la prueba al entender que no se había respetado la cadena de custodia. Además de la pena de cárcel, Ortega Cano tuvo que indemnizar con 180.000 euros a la familia del fallecido.

En una entrevista en Al Rojo Vivo tras conocer la sentencia, Darío Adanti ha hecho alusión a esa cuantía: “Por hacer un cartel satírico se nos pone 40.000 euros de multa, cuando por el homicidio imprudente tuvo que pagar 180.000 euros. Un cartel vale casi un cuarto de una vida humana”. Ha comentado además que es ridículo que la jueza diga que usaron su imagen sin permiso: “faltaría más que una revista satírica tuviese que pedir permiso a los personajes de actualidad para burlarse de ellos”. “La sentencia está condenado el ejercicio de la sátira, esto pone en peligro la libertad de expresión”, ha añadido.

La jueza hace constar en su sentencia da especial relevancia a la declaración de dos testigos, residentes en Cartagena, a los que les llamó la atención ver el cartel por la calle y avisaron a Ortega Cano, “un personaje al que sienten respecto”. Además, la Fiscalía se mostró partidaria de la condena al entender que se había utilizado una imagen para promocionar un negocio propio y que con ella se “denigraba al retratado”.

“Un público potencial de 300.000 personas”

El abogado de Ortega Cano, Enrique Trebolle, aseguró tras la imposición de la denuncia que el cartel que anunciaba el musical entraba “en el terreno de la mofa y el escarnio, absolutamente injustificados y gratuitos”. Además, añadió que el objetivo del mismo fue “obtener rédito económico de la vejación, burla y escarnio”.

Para fijar la cuantía de la indemnización, la jueza incide en la enorme repercusión que tuvo el cartel, que se difundió a través de medios digitales como la web de la revista, donde Mongolia tiene un “un público potencial de 300.000 personas”. Por ello, acuerda imponer la sanción de 40.000 euros que reclamaba Ortega Cano y obliga a Mongolia a retirar la imagen de internet, además de publicar la sentencia en su web “por un periodo de tiempo igual a aquel que hubiere estado difundiendo el cartel”.

Adanti considera que esa cuantía es completamente desproporcionada para una revista que se fundó con esa misma cantidad. Además, ha señalado que ellos esperaban una cuantía “proporcional a la ganancia” que tuvieron con el musical, y que rondó los 800 euros.

El de Ortega Cano no era el cartel principal que anunciaba el espectáculo. El que más se distribuyó para promocionar la actuación generó una oleada de críticas porque la imagen mostraba a la patrona de la ciudad con la cara de Donald Trump, sosteniendo en sus brazos un Cristo con la cara de Hillary Clinton. El obispo de Cartagena convocó una misa de “desagravio a la virgen” y antes de la actuación de los miembros de Mongolia unas 500 personas se concentraron para protestar contra el acto. Hubo algunos empujones y tuvo que intervenir la Policía Nacional.

La revista Mongolia está en peligro. El motivo es una demanda del extorero José Ortega Cano contra la publicación satírica, por la que le exige 40.000 euros de indemnización por haber vulnerado supuestamente su derecho al honor y a la propia imagen. Esta reclamación que hace Ortega Cano ante la Justicia responde a un cartel que sirvió para promocionar el Mongolia, el Musical del 12 de noviembre de 2016 en su ciudad natal, Cartagena. El juicio se celebrá el próximo 15 de noviembre.

En el anuncio, que fue difundido por Internet y redes sociales, el rostro del demandante aparecía sobre el cuerpo de un extraterrestre junto a frases como “estamos tan agustito” (popularizada por Ortega y que fue emitida en televisión en los 90), “antes riojanos que murcianos” o “Viernes de dolores... Sábados de resaca”. Estas expresiones, que según Mongolia son de dominio público e incluso se hicieron virales, y el cartel son reprobadas en el escrito judicial de la defensa.

Según el abogado de Ortega, Enrique Trebolle, el cartel que anunciaba el musical entra “en el terreno de la mofa y el escarnio, absolutamente injustificados y gratuitos”. Además, el objetivo del mismo fue “obtener rédito económico de la vejación, burla y escarnio”, siempre según el letrado. También pide que se tenga en cuenta “el lucro obtenido por la demandada a consecuencia de la utilización denigrante de la imagen”.

Para justificar la vía judicial, Trebolle acude al artículo 18.1 de la Constitución, que contempla el derecho al honor y a la propia imagen, y a otra ley que data del franquismo: la Ley de Prensa e Imprenta de 1966 que impulsó Manuel Fraga. En base al escrito del abogado del extorero, el artículo 65 de esa norma de la dictadura sigue vigente, al recoger que “la responsabilidad civil por actos y omisiones ilícitos, no punibles, será exigible a los autores, directores, editores, impresores e importadores (...) con carácter solidario”.

Respuesta de Mongolia

Los representantes legales de Mongolia han respondido a Ortega Cano explicando la esencia satírica de la revista y de todos sus contenidos derivados. Uno de ellos sería el cartel del musical en Cartagena, cuyo objetivo era “informar a los espectadores del contenido, sin pretender en ningún momento difamar a ninguna de las personas, símbolos o imágenes que aparecen”. En los anuncios del espectáculo en otras ciudades, también han sido satirizadas otras personas públicas relacionadas con el lugar en que se celebró. Entre ellos han estado Mariano Rajoy, Carles Puigdemont o Belén Esteban.

La abogada de Mongolia, Isabel Elbal, apunta que ésta hace todo “con intención jocosa” y “sin ánimo difamatorio” por su estilo satírico, por lo que el cartel de Ortega Cano “tiene cabida en la libertad de expresión, más aún tratándose de un espectáculo satírico”.

Además, recuerda que el protagonista es un personaje público, habitual de la prensa del corazón, por lo que rechaza que ante unos medios muestre su vida privada y reconozca “los problemas y admitir las bromas”, pero no hacerlo ante otros. Algo que, según la letrada, sería “tanto como dejar en manos del afectado la delimitación de los límites del humor, de la desinformación, de la libertad de expresión y del derecho a expresar libremente las opiniones”.

Por tanto, según la defensa de la revista, “este supuesto derecho al honor no tiene prevalencia sobre el de información o la libertad de expresión, ya que el cartel está referido a una persona pública y se apoya en hechos reales que han trascendido a la opinión pública”.

Las reacciones y el micromecenazgo

Como recuerda la publicación, este Mongolia, el musical provocó protestas en el exterior del teatro en el que se representaba y que incluso fue el tema central de una “misa de desagravio” oficiada por el obispo de Murcia. Todo por una alusión a la Virgen de la Caridad, la patrona de Cartagena, en el mismo anuncio en el que aparecía Ortega. A la misa acudieron autoridades políticas del gobierno regional y del ayuntamiento murciano.

Según la revista, esta demanda del extorero pone en riesgo su supervivencia económica y editorial. Mongolia es propiedad de Editorial Mong SL, empresa “controlada por sus trabajadores, que se financia básicamente con las aportaciones de sus lectores”, señala la publicación en su número de octubre. Es por esta razón por la que lanzarán el día 15 de este mes una campaña de micromecenazgo para lograr apoyo financiero. El objetivo es que sus lectores y suscriptores les ayuden a financiar los costes derivados del juicio.