“Hay un Leroy Merlin debajo del edificio”. Según fuentes del caso, los propios agentes de Policía que precintaron el pasado viernes 27 de marzo varios almacenes del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) no daban crédito ante la cantidad de material y herramientas acumulados. Una hormigonera industrial, máquinas profesionales de cortar azulejos, decenas de máquinas taladradoras de la marca más cara del mercado, miles de metros de cable, tubo, moqueta y una interminable fila de estanterías con tornillos de diferentes tipos, codos de tuberías, equipos de calefacción y todo lo que uno pueda necesitar para una obra. Con la particularidad de que el 90% de este material no se usaba para el mantenimiento del CNIO, según fuentes de la investigación. 

Las grabaciones a las que ha tenido acceso en exclusiva elDiario.es, anteriores al precinto de las instalaciones, ya están en poder de la Fiscalía, que ahora tendrá que comprobar qué materiales fueron retirados en las semanas anteriores. Las dependencias a las que la Policía judicial ha prohibido el acceso “bajo responsabilidad penal individual” son dos almacenes de más de 200 metros cuadrados de superficie situados en el parking de la planta -4 del CNIO, y unas dependencias más pequeñas en la planta más alta del edificio (5) en la que se acumula material informático. En sus zonas más altas, las que quedan debajo de la rampa del garaje, el almacén subterráneo alcanza los siete metros de altura.

Detrás de estas misteriosas puertas, ahora precintadas, se escondía una realidad paralela a los trabajadores del centro que ahora está en el foco de la Fiscalía. Investigan si esos almacenes fueron utilizados para el desvío de fondos por la presunta trama de corrupción en torno a la figura de Juan Arroyo, gerente del centro durante dos décadas y hombre de confianza de Mariano Barbacid, fundador de la institución. En la denuncia presentada en julio de 2025 ante la Fiscalía Anticorrupción por un ex alto cargo del centro ya se citaba la existencia de “un almacén segregado, fuera del control del departamento logístico”, que había sido establecido 18 años antes por Arroyo. 

Tras las “puertas secretas”

Aunque los trabajadores conocían la existencia de almacenes en la planta más baja del aparcamiento subterráneo, ninguno sabía que hubiera semejante acumulación de material detrás de las paredes. “Hay ferreterías en Madrid que tienen menos material que nosotros”, dice una fuente interna. La sorpresa ha sido aún mayor en cuanto a la puerta de la quinta planta, a la que se accede por un tramo de escaleras que parecía no conducir a ninguna parte. En ninguno de los accesos a los almacenes hay cámaras de seguridad, de modo que es imposible saber quién entraba y salía de las instalaciones.  

En las grabaciones hay elementos que llaman la atención porque son ajenos al centro y seguramente fueron usados en otras obras relacionadas con la trama, según fuentes de la investigación. “Hay rollos de cable para ir de aquí a La Paz tres veces”, relata uno de los trabajadores. Pero, sobre todo, hay elementos que nada tienen que ver con un centro de investigación: desde calderas a equipos autónomos de aire acondicionado —cuando en el centro se utilizan climatizadores industriales—, jambas de puertas, grifería y sistemas de cisternas para cuartos de baño que no son compatibles con los que se usan en el edificio. También hay cortadoras de porcelana por control numérico, cuando en el CNIO “jamás se ha cortado un azulejo”, y decenas de papeleras de aluminio que no se usan en el centro. 

Un “almacén segregado”

Ya en la primera denuncia interpuesta en 2018 por la entonces presidenta del comité de empresa, Ana Isabel Hernández, se destacaban los gastos desmedidos en ferretería en el CNIO, con partidas de hasta 50.000 euros “en bisagras y tornillos” y una licitación que pretendía comprar bañeras de hidromasaje, estufas de pellets y suelo radiante. Una auditoría de 2018 también destacaba que el mayor centro de investigación en España destinaba a gastos de aprovisionamiento más del doble que otros centros similares como el CNIC (Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares). Con unas plantillas e ingresos muy similares entre ambos centros, destacaba el informe, “el gasto de mantenimiento se duplica en el caso del CNIO”, aunque se atribuía a algunas especificidades del centro.

En la denuncia presentada por un ex alto cargo del CNIO en junio de 2025 que dio lugar a la investigación, las partidas y suministros de ferretería también aparecían como uno de los focos principales de posibles irregularidades dentro del área técnica. Durante años, reflejaban los denunciantes, los suministros de ferretería (junto con los eléctricos y de saneamiento) han eludido el control del departamento de compras y logística. Entraban bajo la supervisión directa de la dirección técnica, donde a menudo era el propio personal de la contrata encargada de los servicios de mantenimiento de las instalaciones quien firmaba la recepción. Según la denuncia, bastaba con el albarán de entrega y nadie del CNIO verificaba físicamente la mercancía.

En la denuncia consta que el coordinador de almacén, empleado de una de las muchas contratas de la red investigada, declaró en febrero de 2025 que la entrada de mercadería (suministros de ferretería, mecánico, saneamientos o eléctrico) se realiza “en un almacén segregado, fuera del control del departamento logístico que depende del Departamento de Compras”, y que, consultados sobre esta anomalía, los técnicos de compras indicaron que “esa decisión fue adoptada por el exgerente D. Juan Arroyo para agilizar y evitar conflictos del área técnica desde hace más de 18 años”. 

Otra de las claves que podría explicar la presencia de material y equipos de alto valor en los almacenes del CNIO, según las denuncias, es que una vez terminada la obra para la que se habían adquirido, el centro presentaba “bajas de utillaje no identificado por valores muy importantes cada año cifradas en decenas de miles de euros”, es decir, declaraba como perdido gran parte del material comprado, de forma que pasaba a estar fuera de registro. 

El volumen de este tipo de suministros técnicos solicitados mediante contratos menores llegó a ser de hasta 1,5 millones de euros. A partir de 2025 los denunciantes consiguieron que se cumpliera la ley y se obligara a desglosar los gastos con una descripción detallada de cada elemento comprado y su precio unitario, evitando la opacidad de los listados anteriores con categorías genéricas agrupadas. Para aquellas fechas, es presumible que buena parte del material de construcción y maquinaria ya habría pasado a formar parte del arsenal oculto de la trama del CNIO.

La Fiscalía investiga estos hallazgos como parte de una amplia red de irregularidades producidas en el mayor centro español de investigación contra el cáncer durante décadas, desde el uso masivo de contratos menores a falsas “ofertas de acompañamiento” para simular la competencia. La existencia de este almacén segregado cuadra con la utilización de los medios del CNIO para uso particular que han señalado tanto el ex alto cargo que denunció a la Fiscalía como el gerente que llegó tras Arroyo, José Manuel Bernabé, y que presentó su renuncia. En estas denuncias consta la existencia de una persona de mantenimiento del centro al que los trabajadores se referían como “el mayordomo” que acudía semanalmente al domicilio particular de Juan Arroyo para realizar labores particulares y que cada miércoles le llevaba un bidón de gasoil propiedad del CNIO.

Consultados por elDiario.es, desde el CNIO aseguran que no pueden comentar nada mientras la investigación esté en curso y recalcan que la actividad científica ha continuado, ajena a estos hechos. Por su parte, el exgerente Juan Arroyo asegura que hasta dónde él sabe, en esos almacenes había “algo de herramienta y repuestos (material de fontanería y electricidad) de lo más común” y desconoce si se usaba fuera del CNIO. En cualquier caso niega que los almacenes precintados sean “almacenes segregados” y recuerda que “los gestionaba la empresa de mantenimiento, bajo la supervisión del director técnico”, en referencia a Javier de Dios. Este medio ha tratado de contactar con este último para conocer su versión pero no ha obtenido respuesta.

En su última reunión, del viernes 10 de abril, el patronato del CNIO nombró nueva gerente del centro a Cristina Navarro Enterría, tras la dimisión del anterior responsable en el cargo y el bloqueo de la institución durante semanas. La nueva responsable se enfrenta a la mayor crisis de reputación en la historia del centro científico, con los investigadores y el resto de la plantilla totalmente desmoralizados, después de casi dos años de crisis y escándalos continuados. Entre las papeletas a resolver está el despido de las nueve secretarias de administración, porque estaban empleadas de Gedosol (una de las empresas bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción), lo mismo que puede suceder en breve con el departamento de informática. 

El patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha nombrado por mayoría absoluta a Cristina Navarro Enterría como nueva gerente, tras la dimisión del anterior responsable y el bloqueo de la institución durante semanas. 

Navarro será la primera mujer que se pone al frente de la gerencia del CNIO, que se encuentra envuelta en una investigación de la Fiscalía Anticorrupción por las presunta trama liderada por el exgerente Juan Arroyo, hombre de confianza de Mariano Barbacid que pasó a décadas manejando las cuentas de la institución. 

El patronato considera que Cristina Navarro reúne tanto la experiencia como la capacitación técnica óptimas para un puesto de la máxima exigencia personal y profesional, ya que “cuenta no solo con una sólida trayectoria como gestora, sino que también posee la capacidad de liderazgo que requiere la dirección administrativa del mayor centro de investigación en oncología de nuestro país”.

Funcionaria con 25 años de experiencia

Como funcionaria de carrera, posee más de 25 años de experiencia en los tres niveles territoriales de la administración (local, autonómica y general), y ha ocupado cargos de la más alta responsabilidad en la Administración General del Estado, siendo Subsecretaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones entre los años 2023 y 2026. Actualmente era vocal asesora del Ministerio de Hacienda.

La marcha del anterior gerente, José Manuel Bernabé, por un supuesto caso de acoso dejó al centro sin capacidad para firmar nuevos contratos y paralizó algunas decisiones. La primera consecuencia fue la marcha de las nueve secretarias de administración, que se ocupaban de buena parte del papeleo de los grupos de investigación. Al estar empleadas de Gedosol (una de las empresas bajo la lupa de la fiscalía anticorrupción), su contrato no se ha prorrogado y se esperaba una situación similar con el departamento de informática. 

Todo esto, en mitad de una investigación al centro de la Fiscalía Anticorrupción por una presunta trama de corrupción en torno a la figura de Juan Arroyo, gerente del centro durante dos décadas y hombre de confianza de Mariano Barbacid, fundador de la institución. La investigación comenzó tras la denuncia de un ex alto cargo del centro en junio de 2025, a la que sumaron las denuncias interpuestas por el exgerente José Manuel Bernabé en su efímero paso por el CNIO.

El último episodio de la crisis se vivió antes de Semana Santa, cuando una unidad de Policía Judicial clausuró y precintó los almacenes situados en la planta -4 y la planta 5 del edificio del CNIO, según adelantó elDiario.es. La dirección informó a los trabajadores del precinto policial y de la prohibición absoluta de acceso o manipulación de los efectos, bajo responsabilidad penal individual. 

Una unidad de Policía Judicial ha clausurado y precintado este viernes los almacenes situados en la planta -4 y la planta 5 del edificio del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Según ha podido saber elDiario.es, la dirección ha informado de que la Fiscalía ha requerido que se informe a los trabajadores del precinto policial y la prohibición absoluta de acceso o manipulación de los efectos, bajo responsabilidad penal individual. 

Fuentes internas del centro informan de que las instalaciones precintadas están en la planta más baja y más alta del edificio respectivamente. En la planta -4 hay al menos dos almacenes, además del aparcamiento subterráneo, y en la planta 5 hay un almacén de mantenimiento, con materiales de construcción y maquinaria que podría estar relacionada con las licitaciones investigadas.

La Fiscalía Anticorrupción investiga desde hace meses una presunta trama de corrupción en torno a la figura de Juan Arroyo, gerente del centro durante dos décadas y hombre de confianza de Mariano Barbacid, fundador de la institución. La investigación comenzó tras la denuncia de un ex alto cargo del centro en junio de 2025, a la que se han sumado recintemente las denuncias interpuestas por el exgerente José Manuel Bernabé en su efímero paso por el CNIO.

Los dos principales denunciantes han señalado graves irregularidades en el área de mantenimiento debido al pago por trabajadores que no estaban prestando servicio y un sobrecoste millonario por servicios que no se prestan y posibles empresas pantalla con extrabajadores del centro. Este desfalco se habría producido, según varios informes, a través de un entramado de sociedades que acapararon adjudicaciones por valor de 11,9 millones de euros, y un segundo bloque de empresas vinculadas a dos ciudadanos de origen ucraniano que se llevaron otros 9,2 millones de euros.

Desde el Ministerio de Ciencia aseguran que las autoridades están colaborando con la justicia para esclarecer los hechos desde el principio.

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) abandonó el pasado 9 de marzo el patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) del que formaba parte como patrono desde octubre del 2024. La decisión se anunció durante la última reunión del máximo órgano de gobierno, según ha podido saber elDiario.es. La asociación justificó su salida por el “impacto” que su presencia en el órgano de gobernanza del centro “está teniendo en la relación con los pacientes, investigadores, socios y personas voluntarias”.

Tal y como contó elDiario.es, la crisis de reputación del mayor centro de investigación contra el cáncer en España está haciendo que decenas de donantes retiren su apoyo, un malestar que han trasladado sus socios a la AECC como miembro del patronato del CNIO. “Tenemos el firme compromiso de colaborar, como hemos hecho desde la creación del centro, en el desarrollo del talento, la consolidación de las carreras de los investigadores y la financiación de proyectos de excelencia de investigación en cáncer”, aseguran desde la AECC. “Nos sentimos muy orgullosos de los resultados de esta estrecha colaboración, que en este momento se materializa en 28 proyectos en curso que estamos apoyando en el CNIO, de los cuales 4 son internacionales”.

Lejos de apagarse, en los últimos días la crisis del CNIO está recobrando fuerza, tanto por la situación parálisis en los contratos por la marcha del gerente José Manuel Bernabé, como por las nuevas informaciones que vinculan a su fundador, Mariano Barbacid, con las actividades de su hombre de confianza, el exgerente Juan Arroyo, en la presunta trama que investiga la Fiscalía Anticorrupción. Según informa el diario El Mundo, Barbacid tiene al menos una empresa en la misma sede que el principal sospechoso y blindó a Arroyo en su contrato, lo que le ha permitido salir con condiciones excepcionales. Según estas informaciones, Arroyo habría cobrado 45 días de salario por año trabajado con un máximo de 36 meses, en lugar de los habituales 20 días de salario con 12 meses como tope.

La Fiscalía Anticorrupción investiga un presunto desfalco de hasta 25 millones de euros en contratos inflados o ficticios en el CNIO, tras la denuncia del exdirector de Operaciones del centro en junio de 2025. El gerente que llegó en septiembre, José Manuel Bernabé, identificó la misma trama y sobrecostes aún mayores, pero ambos fueron despedidos del centro. 

Cuando los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se personaron en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) el pasado mes de diciembre, no lo hacían para realizar un registro por sorpresa. La Policía acudía para recoger documentos de manos del nuevo gerente, José Manuel Bernabé, que empezaba a descubrir los detalles de una trama interna de la que nadie le había advertido. Se adentraba así en un proceso lleno de trampas del que le llevó a presentar su renuncia a principios de febrero, antes de que una denuncia por acoso forzara su salida. 

Las irregularidades que este directivo describió en hasta cinco denuncias ante la UDEF coinciden y profundizan en las que ya había puesto ante la Fiscalía Anticorrupción un ex alto cargo del centro en junio de 2025, según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es. En sus informes, ambos señalaron el “riesgo de interferencia” de Juan Arroyo, el exgerente señalado como responsable de la presunta trama, que permaneció en su cargo de vicepresidente de Asuntos Económicos del CNIO hasta noviembre de 2025, a pesar de que se había anunciado su salida en enero de ese año. Las dos personas que examinaron con detalle la trama terminaron fuera del centro por denuncias internas.

Sobrecostes millonarios

En el breve periodo entre septiembre de 2025 y su salida a finales de febrero, Bernabé tuvo tiempo de recopilar documentación y reportar a la UDEF graves irregularidades en el área de mantenimiento debido al pago por trabajadores que no estaban prestando servicio y un sobrecoste millonario aún mayor que el que figuraba en la denuncia ante la Fiscalía. Este desfalco se habría producido, según su informe, a través de un entramado de sociedades con sede en Arroyomolinos, que acapararon adjudicaciones por valor de 11,9 millones de euros, y un segundo bloque de empresas vinculadas a dos ciudadanos de origen ucraniano que se llevaron otros 9,2 millones de euros.

Bernabé ordenó un recuento sorpresa el 22 de enero de 2026 y levantó acta: de los 26 trabajadores que una de las empresas debía tener en las instalaciones por contrato, solo había 11 presencialmente en el CNIO. El propio encargado de la empresa admitió que los cuadrantes “ya se elaboran con menos personal del exigido”, acreditando un incumplimiento estructural. La Policía también recibió la denuncia de que una persona de mantenimiento del centro —al que los trabajadores se referían como “el mayordomo”— acudía semanalmente al domicilio particular de Juan Arroyo para realizar labores particulares y que cada miércoles le llevaba un bidón de gasoil propiedad del CNIO.

Fragmentación y ofertas falsas

Bernabé documentó el mismo modus operandi en la contratación que había descrito el exdirector de Operaciones del CNIO ante la Fiscalía: el uso masivo de contratos menores, para ajustarse al límite legal, así como la simulación de competencia mediante “ofertas de acompañamiento” (empresas de la misma trama presentando ofertas falsas más caras para que gane la empresa deseada). El gerente saliente también denunció la creación a medida de un puesto de secretaria de alta dirección para Laura Muñoz, la asistente y mano derecha de Juan Arroyo, por un sueldo de 69.729 € anuales, así como un correo en el que el jefe de personal contaba que ella misma diseñó el perfil por indicación del ex gerente. 

Laura Muñoz es la trabajadora que puso una queja ante el departamento de Recursos Humanos por supuesto acoso que precipitó la salida de Bernabé del centro (lo hizo el día después de que este pidiera su despido, el de Arroyo y el de José Ignacio Fernández Vera). En su escrito, la secretaria denunciaba un trato excesivamente personal del gerente, que según ella le enviaba información íntima a través de WhatsApp. Hasta abril de 2025, esta colaboradora estrecha de Arroyo estuvo contratada por Gedosol SL, que consta en la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción como una empresa “satélite” en la que se externalizaba fraudulentamente a personal estructural del centro.

Las paredes oyen

Como en el caso del denunciante anterior, en el informe presentado ante la UDEF Bernabé advertía sobre el conflicto que suponía la presencia de Arroyo como vicedirector de Asuntos Económicos, con funciones estrechamente relacionadas con la contabilidad y gestión económica del centro. Esto generaba un riesgo evidente de interferencia, porque el resto del equipo económico-financiero seguía siendo el mismo que cuando se habrían producido los hechos que el nuevo gerente estaba investigando. Entre septiembre y noviembre, además, Bernabé estaba tratando de aclarar lo sucedido con Arroyo todavía en el propio centro.

En sus escritos Bernabé deja constancia de que podía ser objeto de espionaje por parte de los denunciados y tuvo que buscar formas seguras de recopilar información y proteger sus comunicaciones. Los informes que tiene la UDEF en su poder relatan cómo Gedosol controlaba los ordenadores, el correo y la ciberseguridad, y Zeus SL (fundada por un exdirector técnico del CNIO) controlaba todo el sistema SAP (el sistema de contabilidad interna). Esto, aseguran los denunciantes, les daba acceso pleno a toda la información financiera, presupuestaria, de recursos humanos y de compras, permitiendo modular la transparencia e impedir auditorías. A todo ello, según la denuncia ante la Fiscalía, se unían las represalias hacia los trabajadores que denunciaban irregularidades, además del uso de denuncias internas en el comité de acoso para silenciar a los críticos, según relatan varias fuentes.

El exdirector de Operaciones del centro, que presentó en el verano de 2025 una denuncia de más de 120 páginas ante la Fiscalía Anticorrupción tras documentar un presunto desfalco de hasta 25 millones de euros en contratos inflados o ficticios, también fue despedido en agosto de ese mismo año en lo que denunció como una represalia por haber destapado las irregularidades. La acusación que se utilizó para justificar el despido estaba relacionada con supuestas negligencias en la gestión de contratos que habrían puesto “en peligro la integridad económica y física” de instalaciones clave, algo que él niega. Fuentes del Ministerio de Ciencia también insinuaron que el exdirectivo estaba molesto por no haber sido elegido para el puesto de gerente cuando se produjo el relevo en la cúpula del centro.

Antes de esas investigaciones internas, ya existían avisos formales sobre posibles irregularidades en el CNIO. En 2018, la presidenta del comité de empresa, Ana Isabel Hernández, presentó una denuncia ante un juzgado en la que alertaba de posibles anomalías en la gestión económica y en determinados contratos del centro. Paralelamente, un informe del Tribunal de Cuentas había señalado deficiencias relevantes en los procedimientos de contratación y control interno, apuntando riesgos de irregularidades en la adjudicación y supervisión de servicios. Ana Isabel Hernández también denunció haber recibido presiones y amenazas tras presentar su denuncia, aunque aquellas reclamaciones iniciales ante la justicia no prosperaron.

Pasividad inexplicable

La salida de Bernabé en la gerencia se produjo tras la pasividad del patronato y del Ministerio de Ciencia a la hora de sacar al exgerente Juan Arroyo del CNIO, lo que permitió a los investigados mantener su capacidad para interferir en las pesquisas sobre la presunta trama que lleva años instalada en el centro. La salida del gerente ha conducido a un bloqueo de la gestión del centro, ya que el patronato ha decidido no renovar a múltiples trabajadores de Gedosol SL que cumplen tareas esenciales, como las secretarias de departamento.

Ante esta situación crítica, el máximo órgano de gobierno del CNIO, presidido por la secretaria general de Ciencia, Eva Ortega Paíno, se reunió el pasado lunes sin comunicar ninguna medida concreta. Tuvo que ser el actual director científico del centro, Fernando Peláez, el que informara a los trabajadores que el patronato ha decidido darle poder de firma, lo que permitirá mantener con normalidad las tareas administrativas cotidianas, y que se va a iniciar el proceso de selección de un nuevo director gerente. 

Unos días antes, buena parte de la plantilla salió en defensa de Bernabé tras su salida con una carta abierta, al considerar que las informaciones que causaron su cese forman parte de “una campaña de desprestigio orquestada”, dirigida a minar la reputación de la persona que estaba destapando la corrupción del anterior gestor. El lunes la situación era tan insostenible que prácticamente toda la plantilla, unos 400 trabajadores del CNIO, firmó otra carta pidiendo al patronato “una reestructuración de calado” de todo el sistema de gestión y administración. También pidieron que no se nombre a una sola persona para liderar esta limpieza del control como pasó con Bernabé, sino que se incorpore “un equipo de gestión de su confianza con el que reconducir esta situación”. No quieren que el sustituto de Bernabé vuelva a estar “solo ante el peligro”.

Consultado por este diario, el exgerente Juan Arroyo ha preferido no pronunciarse, puesto que no conoce los términos del informe de Bernabé. Fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades subrayan que tanto la directora científica (María Blasco) como el director gerente (Arroyo), permanecieron en el centro en los puestos que tenían antes tras la decisión de cesarlos en enero de 2025. Tampoco han querido detallar la información que le dieron a José Manuel Bernabé al tomar posesión de su cargo, solo que se le encargó recabar toda la información necesaria para conocer la situación del centro. 

Manuel había echado sus cuentas y, con su currículum y sus méritos, estaba convencido de que iba a conseguir un contrato de Formación de Profesorado Universitario (FPU). Por eso se sorprendió cuando se presentó a la convocatoria de 2023 (que se resolvió a finales de 2024), pero quedó en la lista de espera, y ni siquiera bien ubicado, en su área. “Vi que no habían evaluado artículos u otros méritos que presenté que sí habían evaluado a otros compañeros”, cuenta. En cuanto se abrió el plazo legal, reclamó.

Pasó el mes que la norma da a la administración para responder, y nada. Tras seis meses de silencio por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y de angustia para Manuel, le dieron la razón. Con la nueva evaluación le correspondía una ayuda FPU para realizar su tesis. Era julio de 2025 y sus compañeros de promoción llevaban seis meses trabajando con sus contratos. Finalmente, en septiembre firmaron y le notificaron que empezaría el 1 de octubre. Luego que el 1 de noviembre. Después no había fecha. Todavía sigue esperando.

Exactamente lo mismo que a Manuel le pasó a Alejandro y Sergio. Están en un limbo, aguardando una notificación del ministerio que no llega, mientras pasan los meses y tienen que trabajar en sus tesis, porque para que te concedan una FPU hay que estar matriculado en el programa de doctorado de una universidad. Y a partir de ahí el plazo (lo normal son cuatro años) empieza a correr. Hay que avanzar se quiera o no.

Los contratos FPU son las ayudas más prestigiosas que ofrece el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para investigadores predoctorales. Duran cuatro años, durante los que los beneficiarios deben redactar la tesis. Descontadas cotizaciones, etc. los contratos, que se formalizan con las universidades donde las personas desarrollarán su tesis, deben ser de al menos 25.116 euros anuales durante cuatro años. También se puede solicitar una ayuda extra para estancias internacionales, una experiencia imprescindible para luego optar a otros contratos postdoctorales o presentarse a plazas en la universidad.

Cada año el ministerio convoca 900 plazas, para las que hay una competencia feroz: miles de personas se presentan por el prestigio que tienen, que suma puntos en futuros procesos, y porque están mejor dotadas económicamente que otras ayudas de este momento de la carrera investigadora. Sin embargo, en los últimos ejercicios el ministerio ha dejado de repartir 277 y es probable que deje otras 61 vacantes de la última edición. Son, todas estas, los contratos a los que han renunciado los beneficiarios (como los procesos en el sector son tan lentos, es habitual entre los investigadores solicitar varias cosas a la vez para ver qué sale y luego renunciar), que Ciencia no ha vuelto a adjudicar, como venía haciendo anteriormente, por motivos que no ha acabado de explicar, dado que la convocatoria nace con presupuesto para cubrir todas las plazas.

El Ministerio, que está estudiando la pérdida de ayudas en las dos últimas convocatorias, ha explicado a este periódico que no puede abordar casos particulares porque lo prohíbe la ley de protección de datos.

Perder dinero cada día

Sergio pierde dinero cada día que pasa. Su situación es por un lado mejor que la de Manuel, pero por otro es peor. A diferencia de Manuel, Sergio tiene un contrato predoctoral de la Junta de Castilla y León y al menos tiene ingresos. Pero la ayuda que disfruta actualmente está peor dotada que la FPU. Además, explica, el sistema de la ciencia estipula que cuando un investigador accede a cualquier contrato público, el plazo de cuatro años empieza a correr. Y si luego se pasa a otro, lo hará con los tiempos anteriores. En su caso, la ayuda de la Junta vence en mayo de 2028, plazo que se traspasará a la FPU. Así, cada mes que pasa pierde dinero. Manuel y Alejandro no están cobrando, pero al menos en su caso disfrutarán de los cuatro años completos de salario.

A Sergio, aunque tenga otra ayuda, le corresponde una FPU, reivindica, y la quiere. Tiene sus motivos, además del económico. Por un lado es más prestigiosa, un ponderable que se materializa a futuro a la hora de pedir otros contratos postdoctorales o incluso una plaza en la universidad. También tiene más horas de docencia garantizadas, y eso es currículum a futuro.

A Alejandro le aceptaron el recurso antes que a sus compañeros, en el mes de abril. Se acerca al año desde que le dieron la razón, pero que su caso fuera más ágil solo ha servido para sumar meses a su frustración. “Me produce una ansiedad pensar en el tema, estar todas las semanas enviando correos, que no contestan en su mayoría, probando a ver si te cogen el teléfono... Has logrado algo muy importante a nivel profesional, pero no arranca, y me siento un poco estafado”, explica.

Como la FPU no se concretaba, se tuvo que “buscar la vida”. “Me busqué un trabajo, me apunté a otro máster”, explica. Pero el empleo se acabó y a la prestación por desempleo de la que vive le quedan dos meses, cuenta. “La situación es un poco límite”, sostiene. Lo que no puede hacer es acumular horas de docencia, porque no tiene un contrato con la universidad, así que se va conformando con hacer los cursos que exige un doctorado.

La falsa expectativa de que firmaría rápido también tuvo un coste para Manuel. En su caso, ante la incertidumbre decidió optar a una ayuda PIPF (Personal Investigador Predoctoral en Formación) de la Comunidad de Madrid. Son como las FPU, pero tienen algo menos de prestigio. Le concedieron una, pero estas ayudas son incompatibles con cualquier otra y le tocó elegir: o empezaba la PFIF mientras se resolvía la FPU o renunciaba a ella. “Como no sabía si me iba a incorporar el 1 de noviembre porque ya me habían prometido la incorporación en octubre y no había pasado, podía haber cogido la PIPF y luego rechazarla y pasarme a la FPU. Pero sí lo hacía otra persona, precaria como yo, la perdía, porque estas ayudas cuando se conceden, si se renuncia a ellas, se pierden. No quería quitarle a alguien un contrato de cuatro años. Entonces, no la acepté porque prefería la FPU por prestigio y porque me la debían. Llevaba ya un año esperando”, cuenta.

Su generosidad le ha costado todos estos meses de inacción y unos ingresos estables, por lo que, a la espera de firmar la FPU, va haciendo trabajos en negro, sin contrato. No se puede buscar un empleo normal porque, explica, desde que reciban el aviso tienen diez días para firmar el contrato FPU, pero en un trabajo tienes que dar dos semanas de preaviso si lo abandonas. Las cuentas no cuadran.

“Me siento como en Esperando a Godot, sin poder hacer nada porque Godot va a llegar al día siguiente, pero Godot no llega”, explica su “frustración”. “Yo he hecho todo lo que me correspondía para conseguir esto. Tengo dos carreras, tenía publicados al acabar el grado más de cinco artículos, he participado en congresos internacionales... Tenía todo lo que hay que tener, todo lo que te piden que hagas. Y entiendo a los correctores, no les culpo, pero a la vez me siento decepcionado con el ministerio por no tener un protocolo que proteja al solicitante ante errores humanos como estos”, reflexiona.

Porque al final todo este proceso está teniendo un peaje en su vida: “El problema es que esto no te permite planificarme bien y a mí al menos me está castrando el futuro laboral. No me permite participar en proyectos de investigación, no me permite tener estancias, trabajar... Me va arrastrando a una vida más precaria de lo que tendría que ser. Me encuentro un poco enfadado, porque yo tengo que seguir haciendo la tesis, porque la tengo que hacer en cuatro años, cinco como mucho. Me metí en el programa de doctorado, que me cuesta 600 euros al año que tengo que pagar. Me siento trabajando 6-8 horas al día en el doctorado sin cobrar, es como si estuviera suspendido de sueldo, pero no de empleo”, lamenta.

Los trabajadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) se reúnen este viernes en una asamblea, convocada por los sindicatos CSIF y UGT, en un ambiente de máxima preocupación y para lanzar un llamamiento de auxilio al Ministerio de Ciencia y al patronato de la institución. La marcha del gerente José Manuel Bernabé por un supuesto caso de acoso ha dejado al centro sin capacidad para firmar nuevos contratos y puede paralizar muchas actividades diarias. 

La primera consecuencia es la marcha de las nueve secretarias de administración, que se ocupan de buena parte del papeleo de los grupos de investigación, cuyo contrato finaliza el martes 10 de marzo y no serán reemplazadas. Bernabé quería renovarlas, pero al estar empleadas de Gedosol (una de las empresas bajo la lupa de la fiscalía anticorrupción), su contrato no se ha prorrogado. El siguiente nubarrón en el horizonte es una situación similar con el departamento de informática. 

El patronato del CNIO se reúne este lunes, pero el Ministerio de Ciencia no ha querido informar del contenido de la reunión ni de si se tomarán medidas urgentes para encontrar nuevo gerente o solucionar esta situación. Los directores de programa de centro han enviado este jueves una carta al patronato, a la que ha podido acceder elDiario.es, en la que expresan su preocupación por el futuro de la institución y piden “una solución urgente para poder tener a alguien con poder legal de firma”. 

Proyectos en riesgo

Los directores también piden al ministerio que implemente el “Plan de Actuación” propuesto por nuestro recién cesado gerente, que estaba empezando a sacar a la luz la trama de corrupción en el centro bajo el amparo del anterior equipo gestor. “Consideramos que la simple contratación de un nuevo gerente independiente va a ser insuficiente si la misma no viene asociada a la capacidad de poder contratar a un equipo de gestión de su confianza con la que reconducir esta situación”, escriben.

“Está en riesgo la solicitud de proyectos internacionales, esto puede impedir optar a financiación competitiva”, advierte una investigadora principal, que prefiere que no demos su nombre. “No tener gerente pues prácticamente no podemos firmar nada, ningún contrato de nuevas personas ni de proyectos y no se pueden firmar las cosas de mantenimiento esencial de cualquier sitio”, asegura otra fuente interna del CNIO. “Es un buque a la deriva, el Ministerio va tomando medidas de una en una, pero esto no se va a solucionar con pequeños parches. La herida es grande y esto necesita un plan integral de apoyo. O sea, el Ministerio no puede cerrar los ojos y pensar que esto es un mal sueño, pero tenemos un problema muy serio y necesitamos un apoyo integral para reflotar las estructuras de control”.

“Cesión ilegal de trabajadores”

El sindicato CSIF recuerda que el personal al que no se va a renovar tiene una antigüedad de entre 10 y 20 años en el centro y se encarga de tareas de secretaría en los programas de investigación (organización de viajes de congresos, envíos de muestras científicas y otras tareas de gestión, entre otras funciones claves en el desarrollo de la labor de nuestros investigadores). “Estas personas dependen de una de las empresas externas investigadas por la Fiscalía Anticorrupción y CSIF entiende que se ha producido una cesión ilegal de los trabajadores, dado que la citada empresa únicamente actúa como intermediaria y la labor de estas personas está integrada en el CNIO de manera estructural”, explican en un comunicado. “Por este motivo, CSIF estudiará acciones jurídicas para defender los legítimos intereses de este colectivo de trabajadores”.

El sindicato asegura haberse puesto en contacto con el ministerio para solicitar información y pedir explicaciones y tiene previsto iniciar una ronda de contactos con grupos parlamentarios para trasladarles de primera mano la situación y promover una solución y la asunción de responsabilidades. “El próximo lunes también está prevista una reunión del Patronato del CNIO que debería tomar cartas en el asunto para solucionar esta crisis interna”, afirman.

“La marcha de personal clave, como las secretarias, ha sido especialmente dolorosa, no solo por la carga de trabajo que asumían, sino por la calidad humana que han demostrado hasta el último minuto”, asegura Guadalupe Sabio, jefa de grupo en el CNIO. “Muchas de ellas llevaban aquí más de 15 años… Incluso sabiendo que su contrato terminaba en dos días, su prioridad fue dejarnos todo lo más organizado posible. Ese nivel de compromiso habla muy bien del tipo de personas que hay en el CNIO y de por qué este centro es tan especial. Esperamos que esta situación se pueda finalmente resolver”.

El pasado viernes, la plantilla del centro firmó una carta pública en apoyo del gerente cesado, José Manuel Bernabé, suscrita por el 90% de los jefes de grupo (47 de 52) y que sumó el respaldo más de 200 trabajadores. El nuevo gerente era la gran esperanza de regeneración del centro, en plena investigación de la Fiscalía Anticorrupción por las presuntas irregularidades del anterior responsable de las cuentas, Juan Arroyo. Los firmantes de la carta consideran que las informaciones aparecidas en los últimos días forman parte de “una campaña de desprestigio orquestada” y dirigida a minar la reputación de la persona que estaba destapando la corrupción del anterior gestor.

El nuevo gerente del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), José Manuel Bernabé, ha presentado este viernes su renuncia después de que el ministerio de Ciencia anunciara que iba a proponer su cese por las informaciones sobre un “presunto caso de acoso”. Al mismo tiempo, la plantilla del centro ha firmado una carta pública en apoyo de Bernabé, suscrita por el 90% de los jefes de grupo (47 de 52, incluido su director científico interino) y que ha sumado el respaldo más de 200 trabajadores. El nuevo gerente era la gran esperanza de regeneración del centro, en plena investigación de la Fiscalía Anticorrupción por las presuntas irregularidades del anterior responsable de las cuentas, Juan Arroyo.

Los firmantes de la carta consideran que las informaciones aparecidas en los últimos días forman parte de “una campaña de desprestigio orquestada” y dirigida a minar la reputación de la persona que estaba destapando la corrupción del anterior gestor. Convocados por los sindicatos, un grupo de trabajadores se ha manifestado a las puertas del centro a las 13:00 h para protestar por la situación con pancartas como “Menos mafia y más ciencia”.

El cese de Bernabé llega tras las informaciones sobre un “presunto caso de acoso”, publicadas por el diario ABC, sobre Laura Muñoz, entonces secretaria general del CNIO y empleada desde hacía doce años y colaboradora de Arroyo, al que se investiga por un posible desfalco en contratos por valor de 25 millones de euros. Muñoz puso una queja ante el departamento de recursos humanos antes de su despido, en la que aseguraba haber sentido confusión y ansiedad por una serie de mensaje por Whatsapp con temas personales y alusiones a su vida sexual. 

Tristeza y preocupación

“El sentimiento es de muchísima tristeza y preocupación entre el colectivo de científicos del CNIO”, asegura Óscar Fernández Capetillo, jefe de grupo y uno de los firmantes de la carta. “Mucha gente estábamos cansados de que el nombre del CNIO se asociara con presuntas corruptelas y teníamos ilusión, porque veíamos que este nuevo gerente estaba bastante decidido a atacar a esto con firmeza. Ahora vemos que el principal actor en ayudar a la fiscalía se ha quitado del medio de un plumazo y nos preocupa”.

Vemos que el principal actor en ayudar a la fiscalía se ha quitado del medio de un plumazo y nos preocupa

Óscar Fernández Capetillo — Jefe de grupo y uno de los firmantes de la carta

Sobre la queja por acoso, los científicos no entran y condenarán cualquier situación de este tipo si se ha producido. “Es evidente que todos nosotros condenamos cualquier tipo de acoso, pero creemos que es importante que la gente sepa el contexto en el que se da esta situación de denuncia de acoso interno, en que la persona acusada es la que estaba investigando al acusado y a su entorno”.

Este es el contenido íntegro de la carta:

Carta Abierta de Investigadores del CNIO

Ante la noticia del cese del Director Gerente del CNIO, José Manuel Bernabé, los Jefes y Jefas de Grupo y de las Unidades Científicas del CNIO abajo firmantes queremos manifestar:

1. Nuestro total respaldo a la labor desarrollada por José Manuel Bernabé durante los últimos meses, en su esfuerzo por conseguir una gestión transparente en el CNIO.

2. Queremos subrayar que el gerente fue el principal actor a la hora de ayudar a las autoridades a esclarecer las presuntas actividades delictivas asociadas al anterior equipo de gerencia.

3. Creemos que las noticias aparecidas en los últimos días forman parte de una campaña de desprestigio orquestada y dirigida a minar la reputación del gerente.

4. Nuestra repulsa ante cualquier situación de acoso que se pueda dar en el entorno laboral.

5. Nuestra honda preocupación por el futuro de nuestra institución. Pedimos al Ministerio que la nueva gerencia sea independiente del equipo inicial y que continúe trabajando para aclarar las posibles irregularidades o corrupciones del equipo anterior.

Finalmente, queremos trasladar a la sociedad que el personal que componemos el CNIO estamos profundamente afectados por la deriva de este caso. Queremos recalcar nuestro firme compromiso de seguir contribuyendo a la investigación oncológica de excelencia en nuestro país.

Firmantes, por orden alfabético: Fátima Al-Shahrour, Luis Álvarez-Vallina, María Jesús Artiga, Carmen Blanco, Isabel Blanco, María Blasco, Jasminka Boskovic, Ramón Campos, Oscar F. Capetillo, María Casanova-Acebes, Felipe Cortés, Orlando Domínguez, Alejo Efeyan, Anna González-Neira, Eva González-Suárez, Rafael Leiro, Luis Lombardía, Ana Losada, Marta Isasa, Oscar Llorca, Gonçalo Lópes, Núria Malats, Lola Martínez, Jorge Martínez-Torrecuadrada, Geoff Macintyre, Sonia Martínez, Juan Méndez, Francisca Mulero, Sagrario Ortega, Solip Park, Joaquín Pastor, Luis Paz-Ares, Fernando Peláez, Isabel Peset, Francisco X. Real, Mercedes Robledo, Giovana Roncador, Jessica Rose, Guadalupe Sabio, Marisol Soengas, Lucas Tafur, Manuel Valiente

* Esta noticia se ha actualizado a medida que se sumaban nuevos firmantes, de más de treinta a más de cuarenta, y con la imagen de la concentración a las puertas del CNIO.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades solicitará mañana viernes en el Patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) que proceda al cese del nuevo gerente de la institución, José Manuel Bernabé, tras las informaciones sobre un caso de acoso publicadas por el diario ABC. Tras conocer el “presunto caso de acoso” en el centro, el ministerio “condena de forma rotunda” lo que consideran “unos hechos impropios de una institución como el CNIO”.

Esta decisión se produce tras conocerse la queja formal que Laura Muñoz, entonces secretaria general del CNIO y empleada desde hacía doce años, contra el nuevo gerente, que había llegado al centro para poner orden tras la crisis y contaba con un amplio respaldo entre la plantilla y la confianza del ministerio. El anuncio del cese coincide con una denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción que investiga presuntas irregularidades en contratos por valor de 25 millones de euros. En dicha trama, el denunciante cargaba contra el anterior gerente, Juan Arroyo, y situaba a Muñoz como una de sus personas de confianza.

Mensajes personales por Whatsapp

El escrito de Laura Muñoz, presentado ante el área de Recursos Humanos, buscaba amparo legal ante posibles represalias frente a la insostenible situación laboral que vivía con Bernabé, desde su toma de posesión en el cargo el 1 de septiembre de ese mismo año. La denunciante detalla un patrón de acoso que se intensificó rápidamente, cuando el nuevo gerente comenzó a someterla a un trato excesivamente personal. Según Muñoz, Bernabé le enviaba información íntima a través de WhatsApp desde el gimnasio y alardeaba de su vida amorosa y sexual con frases como: “Este año llevo catorce”.

“A medida que mi labor profesional mermaba, aumentaba la comunicación de temas personales, incluso cuando iba a su despacho por algún motivo”, relata la denunciante. “Esta cuestión me ha producido confusión, ansiedad y un clima de incertidumbre constante. En una ocasión, el Gerente compartió conmigo por WhatsApp información íntima que me hizo sentir muy incómoda”.

Dos semanas después de oficializar su queja por acoso y poner los hechos en conocimiento del Patronato del CNIO, Laura Muñoz fue despedida, según ABC. Varios investigadores del CNIO han expresado a elDiario.es su malestar ante esta situación, dado que el nuevo gerente estaba avanzando y colaborando con la justicia para aclarar el entramado de irregularidades del que se acusa al exgerente Juan Arroyo. Con esta denuncia y su destitución, la tarea queda de nuevo en el aire.

Solo entre 2022 y 2023 se perdieron 277 ayudas FPU (Formación de Profesorado Universitario) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, uno de los principales mecanismos de financiación a nivel estatal para el inicio de la carrera investigadora. Dicho de otra manera, en ese periodo años hasta 277 personas se quedaron sin un contrato público para trabajar en su tesis durante los siguientes cuatro años.

La situación amenaza con repetirse este año (correspondiente a la convocatoria de 2024) con otras 61 ayudas que van camino del limbo. Estos contratos perdidos corresponden a personas que resultaron beneficiarias de una FPU tras presentarse al proceso selectivo, pero luego renunciaron a ella por diferentes razones (estas convocatorias son tan lentas en su resolución que es habitual que el personal investigador concurra a varias a la vez, y para cuando se resuelve una puede estar ya trabajando en otro sitio).

En tres convocatorias Universidades habrá escatimado 338 contratos a futuros doctores, que ahora tendrán que plantearse cómo afrontan la tarea de redactar la tesis, una empresa de varios años, sin una fuente de ingresos estable y predecible.

Elena es una de las personas a las que le tocaría una FPU en segunda ronda, pero ante el silencio institucional y los precedentes está empezando a pensar que no va a ser. Y le genera todo un problema, cuenta, porque ella se mudó desde Madrid a Santiago de Compostela porque era el mejor lugar para hacer su tesis sobre Patrimonialización de lugares de memoria vinculados al franquismo. Pero, sin el contrato, todo el plan se tambalea.

“Contaba con que me iban a dar la ayuda”, explica, “y si no sale bien tendré que continuar la tesis de otra manera, compatibilizarla con alguna otra cosa, porque hacerla a tiempo completo en cuatro años sin recursos económicos es inviable para mí. De momento comparto una habitación y no es tan caro como en Madrid, pero es un dinero. Estoy viviendo de los ahorros conseguidos con trabajos previos mientras esto se resuelve”, cuenta.

El colectivo de investigadores perjudicados se ha reunido en ocasiones con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para pedir explicaciones porque no entienden que si se convocan 900 plazas, y tienen su presupuesto como poco preasignado (porque si ningún adjudicatario inicial renunciara sí se ejecutarían esos 900 contratos) luego se pierdan algunas. Según su versión el ministerio señala a la Intervención General, que “no ha sido propensa a publicar estas resoluciones”, de manera que “el remanente se redirige a otras partidas presupuestarias, es decir, el presupuesto se libera y se destina a otras ayudas”.

El departamento que dirige Diana Morant ha explicado a este periódico que la Secretaría General de Universidades “está analizando la eventual reasignación de las plazas no cubiertas en la última convocatoria”, pero también admite que “en este momento no es posible confirmar si dichas plazas podrán ser objeto de redistribución ni el calendario en el que, en su caso, podría materializarse”.

Cuatro años remunerados

La convocatoria de ayudas para la investigación FPU ofrecía 900 plazas para desarrollar el doctorado en un plazo de cuatro años a razón de 31.923,72 euros anuales. Son la principal ayuda que ofrece Universidades para estudiantes predoctorales y el proceso selectivo es “altamente competitivo y lento”, explican algunos aspirantes en una carta en la que denuncian el silencio del Ministerio ante la posibilidad, certeza si el resultado depende de lo que ha pasado los años anteriores, de que se pueden perder esas seis docenas de puestos en esta convocatoria.

No siempre fue así. Hasta 2022, cuando alguien renunciaba a su contrato lo normal era que corriera turno y se adjudicara esa ayuda a la siguiente persona de ese campo de conocimiento, explican los investigadores.

“Desde siempre, en las órdenes de convocatoria de los contratos predoctorales de Formación del Profesorado Universitario se establece que podrán concederse nuevas plazas en resolución complementaria siempre y cuando las disponibilidades presupuestarias lo permitan y los candidatos cumplan los requisitos”, ilustran desde la Asociación FPU Investiga. “Sin embargo, a partir de la FPU22, que fue cuando cambió el baremo, se dejaron de publicar las resoluciones complementarias. La FPU22 sentó este peligroso precedente: la FPU23 tampoco tuvo complementaria. La FPU24 [la convocatoria que se acaba de resolver] aún tiene tiempo, pero también puede ir por el mismo camino”, advierten.

El problema no lo tiene solo quien está pendiente de que le den la ayuda o no. Si esta persona disfruta de otro contrato, una situación habitual en ciencia, lo liberaría al aceptar la FPU, beneficiando a un tercero

Otro problema, tercia G. S., número 1 en la lista de espera de su área, es que esto no solo afecta al posible beneficiario. Debido a que al modus operandi de las convocatorias de ayuda a la investigación, que se resuelven a meses o incluso años vista, muchos científicos solicitan varias a la vez y, como le ocurre a él, pueden estar disfrutando de otro contrato en el momento de resolución de la convocatoria FPU.

Es el caso de G. S., que actualmente cuenta con un contrato de la universidad en la que acaba de empezar la tesis. Pero, cuenta este investigador, si finalmente le concedieran la FPU que otra persona rechazó, renunciaría a su actual contrato en favor de la FPU, mejor dotada económicamente y, sobre todo, de mucho más prestigio, un imponderable que puede ser decisivo en el hipercompetitivo mundo del acceso a la universidad. Así, G. S. se haría con una FPU, abandonaría el contrato que tiene actualmente y otra persona lo ocuparía. “Somos bastantes en esta situación”, asegura.

A diferencia de Elena, G. S. no tiene problemas para empezar con su tesis porque tiene ya un contrato que le permite trabajar. Pero a Elena su actual situación no le deja avanzar como le gustaría. “Ahora estoy limitada a avanzar bibliográficamente e ir cumpliendo con los plazos del programa del doctorado, que exige realizar una serie de cursos, etc. Pero la investigación como tal no la he empezado, pese a llevar matriculada un año en el doctorado, porque me gustaría hacer trabajo de campo y necesito un contrato para eso por riesgos laborales, seguros, etc. También para asistir a congresos, etc.”, parte fundamental de realizar un doctorado.

FPU Investiga cree que el ministerio debe modificar el proceso de resolución de estas convocatorias, históricamente problemáticas. “Manifestamos reiteradamente la necesidad de determinar un procedimiento transparente de concesión y marcado por tiempos definidos, que elimine la ambigüedad actual que deja en el limbo a decenas de personas cada año, esperando sin certezas la readjudicación de un posible contrato que puede no llegar”, sostienen desde la asociación.

El ministerio ha informado de que la convocatoria FPU 2026 cuenta con una dotación inicial de 124,1 millones de euros y prevé la concesión de 900 contratos predoctorales en universidades y centros de investigación españoles, las mismas que se han convocado en los últimos tres ejercicios, pero que finalmente no se han concedido en su totalidad en ninguno de los tres.

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se han personado hoy en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) para solicitar información en el marco de una investigación en curso, a petición de la Fiscalía Anticorrupción de Madrid. 

Fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades aseguran que no se ha tratado de un registro, sino exclusivamente de una solicitud formal de información. El CNIO ha facilitado con total colaboración la documentación solicitada de forma formal, que los agentes se han llevado únicamente en un disco duro. En ningún caso se han llevado ni ordenadores ni ningún otro dispositivo, aseguran las mismas fuentes.

La denuncia -a la que la Fiscalía otorga entidad suficiente como para investigar un presunto delito- fue presentada por un ex alto cargo del CNIO el pasado mes de junio contra otros antiguos directivos del área económica del organismo y empresas afines por presuntamente haberse lucrado con contratos que se fraccionaban o inflaban.

En la denuncia que ahora investiga la Fiscalía Anticorrupción el extrabajador acusaba a antiguos cargos del área económica del centro de haberse lucrado con contratos que se fraccionaban, inflaban o en los que ni había prestación real, con la protección del exgerente del CNIO Juan Arroyo.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha concedido 37.500 euros al Ayuntamiento de Castro Urdiales para impulsar la figura del agente local de innovación.

El departamento que dirige Diana Morant cofinancia con 3 millones de euros este proyecto en los municipios integrados en la Red Innpulso.

Esta ayuda permitirá al Ayuntamiento reforzar la figura del agente local de innovación, un recurso “esencial” para apoyar proyectos estratégicos y consolidar otros clave en materia de digitalización, movilidad sostenible, eficiencia energética y desarrollo económico de nuestra ciudad, ha informado el Ayuntamiento.

La alcaldesa, Susana Herrán, ha expresado que este respaldo económico “confirma el compromiso del Gobierno de España con las ciudades que apostamos por la innovación como herramienta de progreso”.

Además, ha afirmado que para Castro Urdiales la figura del agente local de innovación refuerza “la modernización del Ayuntamiento”.

Además, ha subrayado que el equipo de Gobierno ha trabajado “con rigor” para que la innovación sea un pilar clave en su gestión, impulsando proyectos que “generan oportunidades y bienestar para la ciudadanía”.

“Hola. Te llamo porque he decidido sacar al CNIO de mi testamento”. Enrique, de 69 años, es uno de los protagonistas de un reciente reportaje en elDiario.es sobre las donaciones a instituciones científicas y había registrado ante notario su voluntad de donar al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas más de medio millón de euros. El miércoles, tras conocerse que la Fiscalía Anticorrupción abría diligencias para investigar al centro por las nuevas denuncias de corrupción contra el exgerente, llamó a este medio para anunciar su cambio de opinión. “No quiero que mi dinero acabe en manos de un particular”.

Este es el segundo golpe de una crisis mal cerrada y pésimamente gestionada. En enero de 2025, los teléfonos del departamento de “Amigos del CNIO” echaban humo ante la vorágine de noticias sobre la directora científica y el gerente del mayor centro de investigación contra el cáncer en España. Los trabajadores que atendían la línea estaban desolados ante el aluvión de llamadas, algunas con reproches e insultos, muchos basados en informaciones falsas sobre el programa CNIO Arte o sobre el destino de los fondos de investigación. Aunque el centro no da cifras, fuentes internas confirman que para el programa de Filantropía la situación fue “catastrófica”.

Pesadilla antes de Navidad

Hartos del goteo de noticias sobre irregularidades que está destruyendo su imagen pública, los trabajadores del CNIO se han concentrado esta semana a las puertas del centro para manifestar su “indignación”. “Queremos que la sociedad sepa que la comunidad investigadora del CNIO hemos seguido trabajando con la misma dedicación de siempre, y que no permitiremos que prácticas ajenas a la ciencia enturbien nuestra labor ni la misión que nos mueve”, decían en un comunicado. 

Según fuentes internas, los diferentes grupos y facciones han dejado a un lado sus divisiones para defenderse de esta situación sin precedentes. El deseo general de la plantilla es sacar al centro del foco mediático y que les dejen trabajar. Casi nadie quiere hablar, y los pocos que lo hacen prefieren hacerlo de forma anónima para evitar problemas. 

“Después de la crisis del año pasado, que nos vuelva a pasar esto cada Navidad es una pesadilla”, dice el líder de un grupo de investigación que prefiere no dar su nombre. “Es como la peli de Bill Murray [Atrapado en el tiempo], esto se ha convertido en un clásico”. En este ambiente, el director de personal del CNIO comunicó el pasado jueves a los trabajadores que este año no se celebrará la tradicional copa de Navidad porque “no se dan las condiciones adecuadas” ni “la normalidad y la tranquilidad” deseadas.

“Que se termine esto ya”

“Nos sentimos víctimas de todo lo que está pasando”, dice un técnico de laboratorio que lleva más de 20 años en el centro. “La sensación general es que somos las marionetas, tanto de quienes dirigen el centro como de los políticos”. En su caso, su enfado se multiplica porque lleva dos décadas con el mismo salario y el dinero para equipos siempre escasea. “Estamos hartos, queremos terminar con esto ya”, asegura. “La gente piensa que esto es un nido de ladrones y los 500 que trabajamos aquí venimos a hacer investigación, no venimos a otra cosa”.

Entre los trabajadores hay confianza en la figura del nuevo gerente, que tomó posesión en septiembre y que tras en la última reunión del patronato anunció la presentación de un informe ante la Fiscalía. Pero la denuncia de un ex alto cargo aparecida en los medios precipitó los hechos e hizo estallar una nueva crisis. A pesar de haber conocido la existencia de esta denuncia con meses de antelación, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades no tomó medidas hasta que saltó el nuevo escándalo. Ha sido esta semana cuando el patronato ha anunciado la decisión de expulsar al exgerente Juan Arroyo y a otros dos cargos de su entorno más próximo, aunque entre muchos trabajadores hay desconfianza e incertidumbre porque no se ha materializado. 

Al final, esta manta de descrédito nos cubre a todos. Y es muy triste, porque el 99% de la gente que trabajamos en CNIO estamos a otra cosa

Un jefe de laboratorio del CNIO que prefiere permanecer anónimo

Entre la plantilla también hay una sensación de déjà vu y de malestar por la falta de reflejos de las autoridades. “Que la crisis no se cerró completamente es evidente, porque el exgerente seguía ahí, como vicedirector de Asuntos Económicos”, dice un técnico de laboratorio. “El prestigio se lo cargaron en diciembre, habría que ver quién se lo cargó y no ayudó”, añade otra investigadora del centro. “Que esto salga a la prensa quizás ayude a poder empezar de nuevo”.

“Es importante que la sociedad tenga claro que los problemas de los que se está hablando no han sido causados por los científicos que investigamos en el CNIO”, dice Guadalupe Sabio, que dirige uno de los grupos del centro. “La situación es triste porque esto genera desconfianza en la ciencia, pero queremos trasmitir a la sociedad que los investigadores no hemos parado de trabajar para hacer ciencia de calidad que repercuta en la sociedad. Esa es la razón del manifiesto y el nombre: por la ciencia”.

Otro de los jefes de laboratorio expresa su profunda tristeza por lo que está ocurriendo. “Entre el personal científico, el técnico y el de administración, muchos de los cuales ni pinchan ni cortan, están pagando las consecuencias”, asegura. “Al final, esta manta de descrédito nos cubre a todos. Y es muy triste, porque el 99% de la gente que trabajamos en CNIO estamos a otra cosa, estamos a hacer ciencia, a educar a estudiantes, a dar charlas, a conseguir fondos, que es bastante laborioso”. 

Recuperar el orgullo

Desde la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) reconocen que ante situaciones como las que se están viviendo en el CNIO la población reacciona retirando su confianza y apoyo. “Esta desconfianza es entendible, nos da mucha pena y rabia, pero también es importante señalar que la investigación oncológica salva vidas y no puede pararse”, asegura su directora, Isabel Orbe, a elDiario.es. “No se pueden generalizar las posibles malas prácticas llevadas a cabo en el CNIO con la realidad de la investigación en nuestro país y su excelencia. Hay que tener mucho cuidado”.

Estamos trabajando para que el CNIO vuelva a ser un centro excelente de investigación en cáncer del que nos podamos sentir orgullosos todos los españoles

Isabel Orbe — Directora de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC)

Como patrono del CNIO desde octubre del 2024, la AECC lamenta que toda esta situación esté afectando al trabajo y a los proyectos de los investigadores del centro, así como a la pérdida de confianza de los españoles en nuestro sistema de Ciencia. “Pero estamos trabajando para que el CNIO vuelva a ser un centro excelente de investigación en cáncer del que nos podamos sentir orgullosos todos los españoles”, indica Orbe.

Fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, recuerdan que la ministra, Diana Morant, ha reiterado en varias ocasiones su defensa de la ciencia que se hace en el CNIO y, por supuesto, del trabajo que hacen sus científicos y científicas. “Si ha habido cualquier tipo de irregularidad con el dinero que tenía que ir a la investigación en la lucha contra el cáncer, perseguiremos cada uno de estos euros”, ha asegurado Morant. “Vamos a ser muy contundentes”. 

Los científicos seguiremos trabajando con ilusión, porque creemos que lo que hacemos es esencial y ayuda a mejorar la vida del paciente

Guadalupe Sabio — Investigadora principal en el CNIO

“Confiamos en que el nuevo equipo directivo, tanto en la gerencia como en el área científica, abrirá una etapa marcada por una gestión transparente y orientada al interés público”, subraya Guadalupe Sabio. “Los científicos seguiremos trabajando con ilusión, porque creemos que lo que hacemos es esencial y ayuda a mejorar la vida del paciente”.

En las próximas semanas, dependiendo de cómo evolucione la denuncia contra el entorno del exgerente en los tribunales, el CNIO volverá a ser objeto de decenas de titulares que sepultarán el trabajo de los científicos contra el cáncer. “Tienen que limpiar y que limpien rápido y a la gente que tengan que limpiar para que nos dejen seguir haciendo lo que hacemos, que es trabajar para investigar”, asegura un técnico del centro. “A ver lo que encuentran, pero ojalá todo esto termine”, concluye uno de los investigadores principales. “Y que la siguiente vez que vuelva a aparecer el nombre del CNIO en la prensa sea para alguna noticia que haga sentir orgullosos a la gente que nos quiere”.

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias tras la denuncia de un ex alto cargo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) el pasado mes de junio que ha sumido a la institución en una nueva crisis, según ha podido confirmar elDiario.es y ha adelantado el diario ABC. 

La denuncia de 120 páginas, a la que ha tenido acceso elDiario.es, ofrece datos sobre una presunta red de empresas alrededor del exgerente Juan Arroyo en la que participan extrabajadores del centro y que habría detraído “entre 20 y 25 millones de euros” de la lucha contra el cáncer.  

Tras conocerse estos nuevos detalles, el Patronato CNIO aprobó este martes la destitución del exgerente, Juan Arroyo, como vicedirector de asuntos económicos, cargo que siguió ocupando tras su cese de la gerencia en enero de 2025 junto a la directora científica María Blasco. Según fuentes conocedoras del proceso, se da por sentada la salida de dos cargos de su confianza, la secretaria general y el adjunto a la gerencia.

Una denuncia que viene de lejos

La nueva denuncia retoma y amplía las acusaciones de corrupción contra el gerente y su entorno que ya habían presentado María Blasco y, antes aún, la expresidenta del comité de empresa entre 2018 y 2023, Ana Hernández. Esta vez la iniciativa parte de una persona que trabajó estrechamente con Arroyo durante años y que aporta detalles nuevos de una presunta operativa de contratos administrativos, logísticos e informáticos que, según él, se amañaron o se inflaron hasta un 400%.

A finales de enero, en plena vorágine de acusaciones sobre su gestión, Blasco puso en conocimiento de la Fiscalía la existencia de una serie de contratos menores con una cuantía que supera en su conjunto los 1,5 millones de euros solo en el primer trimestre de 2024 y que correspondían a “un grupo coincidente de empresas que a su vez comparten administradores entre ellas, lo que arroja sospechas en cuanto a la licitud de esta mecánica de contratación”. 

A pesar de los indicios de posibles irregularidades en la contratación, a través de comunicaciones internas y denuncias, tanto el patronato como el Ministerio de Ciencia mantuvieron una actitud pasiva que solo desembocó en la destitución de la directora científica y el exgerente ante un escándalo mediático sin precedentes. En esta segunda crisis, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades conoció con meses de antelación la existencia de la denuncia pero no tomó medidas hasta que se conoció el escándalo por los medios.

El Patronato de Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha aprobado la destitución en diferido del exgerente Juan Arroyo como vicedirector de asuntos económicos, cargo que siguió ocupando tras su cese de la gerencia en enero de 2025 junto a la directora científica en Maria Blasco. Según fuentes conocedoras del proceso, se da por sentada la salida de dos cargos de su confianza, la secretaria general y el adjunto a la gerencia.

Bajo la eufemística fórmula de “reordenación de la estructura organizativa en el ámbito de la gerencia”, el patronato aprueba la salida de la institución de Arroyo y sus colaboradores después de haberle dejado en su puesto desde la anterior crisis. La medida ha sido aprobada por el patronato en su reunión de este martes a propuesta de su actual gerente y por la unanimidad de sus integrantes, según fuentes del Patronato. 

Consultado por este medio, Juan Arroyo dice no tener noticia de esta decisión ni haber sido contactado para su destitución.

Una crisis en dos tiempo

Arroyo salió de la gerencia en medio de un gran escándalo el pasado mes de enero, cuando el patronato de la institución anunció su destitución como director gerente y la de Maria Blasco, al frente de la dirección científica, entre graves denuncias por la gestión de esta última y con un enfrentamiento abierto entre los dos. Pero durante el periodo de interinidad, Arroyo conservó su despacho y su puesto de vicedirector de Asuntos Económicos, que aún ocupa, además de tener una fuerte influencia sobre la gerencia interina, según fuentes conocedoras del proceso.

El máximo órgano de decisión del CNIO se ha reunido de urgencia este martes para atajar la nueva crisis desatada tras conocerse la existencia de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra Arroyo y su entorno por parte de uno de los ex altos cargos de la institución. Según estas fuentes, el actual gerente del CNIO también ha informado sobre la entrega en la Fiscalía de Madrid de un informe sobre la situación del centro, en el que ha trabajado desde que tomó posesión de su cargo el pasado 1 de septiembre.

En la nueva denuncia, que tiene 120 páginas, se señala al exgerente, Juan Arroyo, como el nexo común de una red de empresas que se remonta al menos hasta el año 2007 y que habría retraído “entre 20 y 25 millones de euros” de las arcas del centro y la lucha contra el cáncer con la ayuda de varias empresas participadas por extrabajadores del CNIO.

Según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es, el Ministerio de Ciencia conoció con meses de antelación la existencia de una nueva denuncia ante la Justicia sobre las irregularidades en torno al exgerente del CNIO, pero no ofreció los detalles de la situación al patronato ni tomó ninguna medida, a pesar de gravedad de los hechos. 

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades conoció con meses de antelación la existencia de una nueva denuncia ante la Justicia sobre las irregularidades del exgerente del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), Juan Arroyo, pero no ofreció los detalles de la situación al patronato, que se reúne este martes de urgencia para abordar una nueva crisis. 

En las cartas remitidas al Ministerio en agosto por el ex alto cargo que denunció los hechos, este avisaba de la existencia de la denuncia ante la Justicia interpuesta en el mes de junio y de documentos que prueban las graves irregularidades detectadas, pero, como pasó en la crisis anterior, el Ministerio no actuó hasta que el nuevo escándalo saltó a los medios.

Según fuentes internas del órgano de máxima decisión del CNIO, en la reunión celebrada el 4 de septiembre la presidenta informó de la existencia de dos expedientes disciplinarios a dos altos cargos, pero no se dieron los detalles sobre los graves hechos que denunciaban en torno a Arroyo. Desde el Ministerio de Ciencia niegan haber ocultado información y aseguran que, tal y como consta en el acta, se informó a los patronos “sobre dos expedientes disciplinarios tramitados en la F.S.P. CNIO relativos a dos trabajadores del centro por dejación de funciones y la información disponible relativa a los mismos”.

El patronato está liderado por el Gobierno y es presidido por la secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia, Eva Ortega Paíno. El organismo está compuesto asimismo por el Instituto de Salud Carlos III (vicepresidencia), el Ministerio de Sanidad, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Gabinete de Presidencia del Gobierno, varias comunidades autónomas y fundaciones privadas como la Fundación BBVA, la Fundación La Caixa y la Fundación CRIS contra el cáncer.  

“Ilícitos penales y corrupción”

La nueva crisis en el mayor centro español de investigación contra el cáncer estalló tras la revelación del diario El Mundo de que uno de los ex altos cargos de la institución ha presentado ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia de 120 páginas. En el documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, se ofrecen datos sobre una presunta red de empresas alrededor del exgerente Juan Arroyo en la que participan extrabajadores del centro y que habría detraído “entre 20 y 25 millones de euros” de la lucha contra el cáncer. 

Según el resto de documentación a la que ha tenido acceso este diario, el Ministerio tuvo noticias desde 2024 de las sospechas del denunciante, quien en agosto de este año les informó por carta de la existencia de una denuncia. 

En una misiva del día 8 de agosto dirigida al secretario de Estado de Ciencia, Juan Cruz Cigudosa, el denunciante advertía de las represalias que estaba sufriendo y anunciaba tener “información documental que prueba, sin lugar a dudas, todos estos hechos materiales y las graves irregularidades detectadas, las cuales han tenido un impacto significativo en los presupuestos anuales de la fundación”.

En la carta del 18 de agosto remitida a Ortega Paíno, el denunciante informaba explícitamente de que los hechos habían sido “objeto de una amplia denuncia formal presentada ante las autoridades de justicia competentes en esta materia en el mes de junio” y pedía “trasladar inmediatamente estas circunstancias al patronato para su conocimiento y, de este modo, no privarle de la oportunidad de decisión y actuación”. Ofrecía, incluso, un número de registro de la denuncia sobre estos “ilícitos penales y posibles prácticas de corrupción” cuyo contenido el Ministero dice desconocer.

Nadie del Ministerio le llamó para obtener más información sobre las irregularidades y las sucesivas respuestas recalcaban la falta de competencias ministeriales en materia laboral (al tratarse de una petición de amparo por la apertura de un expediente disciplinario que acabó en despido a finales de mes). 

Finalmente, ante la relevancia de los hechos, la secretaria general de Investigación, Eva Ortega Paíno, prometió el 21 de agosto a los denunciantes elevar el asunto a la Comisión Delegada del Patronato y al mismo Patronato llegado el caso. Pero en la reunión del 4 de septiembre, la presidenta mencionó la existencia de dos expedientes disciplinarios sin hablar de la denuncia ante la Fiscalía ni la gravedad de las irregularidades. Las comunicaciones con el denunciante cesaron días antes de su despido, y la crisis de reputación del CNIO volvió a estallar meses después al conocerse la denuncia.

Una pasividad reiterada

El estallido de este nuevo escándalo en el CNIO en torno a las actividades del gerente reabre la crisis anterior, que terminó con la salida de la directora científica, Maria Blasco, y del propio Juan Arroyo. Aunque el foco mediático y político se puso entonces en la primera, las denuncias sobre las irregularidades en las contrataciones del centro y las actividades de Arroyo y su entorno son anteriores. 

La expresidenta del comité de empresa del CNIO entre 2018 y 2023, Ana Hernández, puso una denuncia por prevaricación y malversación en los contratos del centro a varias empresas que fue desestimada. La propia Blasco presentó una denuncia ante la Fiscalía por irregularidades en los contratos menores del centro, que atribuyó al director gerente, Juan Arroyo.

A pesar de los indicios de posibles irregularidades en la contratación, a través de comunicaciones internas y denuncias, tanto el patronato como el Ministerio de Ciencia mantuvieron una actitud pasiva que solo desembocó en la destitución de la directora científica y el exgerente ante un escándalo mediático sin precedentes en el que se mezclaron verdades y mentiras para forzar la salida de Blasco. El cierre en falso de aquella crisis, y haber aplazado la toma de medidas como sucedió entonces, está reabriendo las heridas en el centro, con graves consecuencias en la imagen de la investigación contra el cáncer. 

El pasado 31 de agosto, un día antes del nombramiento del nuevo gerente del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), dos altos cargos del centro recibieron la notificación de un despido disciplinario. Era la señal de que la crisis que vive la institución desde hace un año se había cerrado en falso.

Los despedidos eran la directora de Compliance (Cumplimiento) y el director de Compras y de Operaciones del CNIO. Este último, tras revisar las cuentas y su ejecución con detalle, confirma a elDiario.es que presentó unas semanas antes de su despido (el pasado 27 de junio) una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, que adelantó este lunes el diario El Mundo. El denunciante también dice haber dirigido dos cartas relatando los hechos al ministerio de Ciencia, en marzo y agosto de este año, que no tuvieron respuesta. 

En la nueva denuncia, que tiene 120 páginas, se señala al exgerente, Juan Arroyo, como el nexo común de una red de empresas que se remonta al menos hasta el año 2007 y que habría retraído “entre 20 y 25 millones de euros” de las arcas del centro y la lucha contra el cáncer. Para ello, la red se sirvió de varias empresas participadas por extrabajadores del CNIO —entre las que se cita a Zeus, Alaos ITL SL y SOL-ME-GLAS SL— que prestaban servicios a este y que se habrían lucrado con contratos fraccionados o inflados, o incluso por trabajos que ni siquiera realizaban, siempre bajo la protección de Juan Arroyo, según el denunciante.

Arroyo salió de la gerencia en medio de un gran escándalo el pasado mes de enero, cuando el patronato de la institución anunció su destitución como director gerente y la de Maria Blasco, al frente de la dirección científica, entre graves denuncias por la gestión de esta última y con un enfrentamiento abierto entre los dos. Pero durante el periodo de interinidad, Arroyo conservó su despacho y su puesto de vicedirector de Asuntos Económicos, que aún ocupa, además de tener una fuerte influencia sobre la gerencia interina, según fuentes conocedoras del proceso.

Denuncias ignoradas

La nueva denuncia retoma y amplía las acusaciones de corrupción contra el gerente y su entorno que ya habían presentado Maria Blasco y, antes aún, la expresidenta del comité de empresa entre 2018 y 2023, Ana Hernández. Esta vez la iniciativa parte de una persona que trabajó estrechamente con Arroyo durante años y que aporta detalles nuevos de una presunta operativa de contratos administrativos, logísticos e informáticos que, según él, se amañaron o se inflaron hasta un 400%.

Fui clara sobre esta persona en el contexto de mi despedida. El tiempo está poniendo las cosas en su sitio

Maria Blasco — Ex directora científica del CNIO

Aunque estas presuntas irregularidades del gerente fueron las primeras en salir a la luz, adelantadas por el diario Vozpópuli a principios de 2024, durante los meses siguientes quedaron sepultadas por una avalancha de informaciones sobre la gestión del CNIO, muchas de ellas falsas y enfocadas a forzar la salida de Maria Blasco. A finales de enero, en plena vorágine de acusaciones sobre su gestión, Blasco puso en conocimiento de la Fiscalía la existencia de una serie de contratos menores con una cuantía que supera en su conjunto los 1,5 millones de euros solo en el primer trimestre de 2024 y que correspondían a “un grupo coincidente de empresas que a su vez comparten administradores entre ellas, lo que arroja sospechas en cuanto a la licitud de esta mecánica de contratación”. 

Ante las nuevas informaciones, la exdirectora científica del CNIO cree que esta situación refuerza lo que ella reclamaba. “Fui clara sobre esta persona en el contexto de mi despedida”, explica a elDiario.es. “El tiempo está poniendo las cosas en su sitio”. Blasco también escribió cartas al Ministerio indicado su falta de confianza en Juan Arroyo, y en su carta de despedida reveló que en 2024 había acordado con el Secretario de Estado de Ciencia una salida “ordenada y tranquila” de la dirección, situación de la que era conocedora la Ministra Diana Morant, antes de que todo se frustrara.

Ana Hernández, cuya primera denuncia por malversación contra el gerente fue desestimada en marzo de 2024 por no hallar indicios de delito, también muestra esperanzas de que la verdad salga a la luz. “No sé lo que va a pasar, pero sé que esta persona tiene pruebas porque en la posición en la que estaba tenía acceso a la documentación”, asegura a elDiario.es. “Yo, cuando pedí ayuda al Ministerio y a los políticos, solo tenía indicios. Yo tenía lo que todo el mundo podía ver en las licitaciones del portal de transparencia”. 

Han pasado siete años desde que alerté de todo y tampoco he visto movimientos. Solo los he empezado a ver ahora

Ana Hernández — Trabajadora del CNIO y presidenta del comité de empresa entre 2018 y 2023

Hernández también cree que el cambio en la gerencia ya se está notando en la gestión del centro. “Hay un gerente nuevo y un director nuevo y yo creo que eso ha marcado y va a marcar un antes y un después”, subraya. Sobre el hecho de que sus denuncias y las de otros compañeros no hayan sido atendidas durante años, reconoce que se ha sentido un poco desamparada. “Han pasado siete años desde que alerté de todo y tampoco he visto movimientos. Solo los he empezado a ver ahora”.

Reunión extraordinaria

En el Ministerio de Ciencia no tienen constancia de la denuncia y anuncian que se ha convocado la celebración de un Patronato extraordinario del CNIO que tendrá lugar el próximo 25 de noviembre y cuyo orden del día será el análisis de la situación actual del centro. Preguntado por la existencia de las cartas remitidas por el denunciante, el gabinete de Morant ha evitado responder.

Fuentes del Ministerio recuerdan que la contratación y el despido del personal al servicio del CNIO es una responsabilidad que corresponde únicamente a la gerencia del centro y que el Tribunal de Cuentas está auditando las cuentas correspondientes al periodo 2022-2024, ambos años incluidos. 

Desde el CNIO manifiestan su “absoluto respeto a los procesos judiciales y su disposición, en caso de que así le sea solicitado, a colaborar con la justicia”. El exgerente, Juan Arroyo, no ha querido hacer declaraciones.

El Gobierno ha tomado cartas en el asunto de la iglesia que es de propiedad pública pero cuyo uso está cedido al Arzobispado de Madrid hasta 2069. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), dependiente del Ministerio de Ciencia y al que pertenece el espacio, ha iniciado conversaciones con las autoridades eclesiásticas para “actualizar el régimen de ocupación” del templo, que fue creado en la República como auditorio, pero que, después, Franco convirtió en iglesia. Entre las ideas que baraja el organismo está la de cobrar al Arzobispado por el uso del espacio, según ha podido saber elDiario.es y confirman fuentes del Ministerio de Ciencia.

Se trata de la iglesia del Espíritu Santo, situada en el número 125 de la calle Serrano, donde está situado el CSIC. El lugar, sin embargo, no fue siempre de uso religioso: fue construido en 1933 como auditorio de la Residencia de Estudiantes, convertido en epicentro del florecimiento científico y cultural que trajeron consigo aquellos años. Sin embargo, tras la sublevación de 1936 y el fin de la Guerra Civil, los franquistas lo transformaron en iglesia haciendo gala de la concepción nacionalcatólica de las ciencias que arrasó con la modernización republicana.

La cuestión es que la muerte de Franco hace medio siglo no trajo consigo grandes cambios y siguió utilizándose para el culto pese a ser un espacio público perteneciente al principal órgano de investigación del país. Tanto fue así que, en febrero del año 2000, el entonces presidente del CISC, César Nombela, firmó con el Arzobispado de Madrid, en manos de Antonio María Rouco Varela, un convenio en el que el CSIC le cedía el espacio “para uso religioso” por un periodo de 69 años “prorrogables hasta un máximo de 99”. Nombela, fallecido en 2022, fue un científico discípulo de Severo Ochoa que se definía como cristiano y presidió el comité asesor de ética durante el último gobierno de José María Aznar, desde donde se opuso al aborto.

Se da la circunstancia de que la atención pastoral del templo está en manos de dos sacerdotes del Opus Dei. Una escultura del fundador de la Obra, José María Escrivá de Balaguer, preside uno de los lados de acceso a la iglesia. Un cuarto de siglo después de que se firmara el convenio, y ya bajo la presidencia de Eloísa del Pino, el CSIC busca ahora atenuar lo anacrónico que resulta la cesión de un espacio público a la Iglesia. Y, consciente de la dificultad de rescindir el convenio, baraja “fijar una contraprestación” por su utilización, según fuentes del Ministerio de Ciencia, que confirman que la primera reunión con representantes del Arzobispado se celebró a finales de la semana pasada.

Las conversaciones se han iniciado a instancias del CSIC “en el marco de la Ley de Memoria Democrática”, apuntan las mismas fuentes, que afirman que 25 años después de la firma del convenio “se requiere la actualización de los regímenes de ocupación de diferentes espacios cedidos a diversas instituciones en algunos de los edificios” del organismo de investigación, entre ellos, la iglesia del Espíritu Santo. Además del lugar, el acuerdo de cesión incluye también los bienes que son propiedad del CSIC y estaban desde el inicio en el templo. En total, son 138 objetos detallados en un anexo del convenio que van desde candeleros a vidrieras, sillas o pilas “de agua bendita”.

El fin del progreso

El CSIC es titular de este espacio porque el auditorio republicano fue creado por la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE), la institución creada en 1907 para promover la investigación y la educación científica en España. Desde principios de siglo, la JAE desempeñó un papel clave en el fin de aislamiento español y la promoción de una Edad de Plata de la cultura y de la ciencia desde una perspectiva modernizadora. En su seno, se crearon centros y laboratorios al frente de los cuales estaban los científicos más relevantes de la época. Entre ellos, estaba la Residencia de Estudiantes, que en 1930 decidió proyectar el auditorio.

Sin embargo, el golpe de Estado de 1936 truncó el progreso y Franco creó en 1939 el CSIC con el objetivo de “imponer las ideas” que inspiraron su “Glorioso Movimiento Nacional”. El CSIC impuso una concepción científica estrechamente vinculada a la religión y desmanteló la JAE, pero se valió de sus estructuras y centros, entre ellos, el auditorio. Por eso, la transformación del espacio en iglesia, iniciada en 1942, fue uno de los cambios más simbólicos propiciados por la dictadura, que desde el principio reprimió duramente a los científicos de la JAE leales a la República.

Sobre este tema ha estado trabajando el Ministerio de Ciencia con la producción del documental Semillas en el exilio: la ciencia que volvió a florecer en España, que presentará este martes en el salón de actos del CSIC en el marco de los '50 años en Libertad' del Gobierno. El documental cuenta con los análisis de expertos en historia de la ciencia y los testimonios de Clementina del Buen, nieta del oceanógrafo exiliado en México Odón de Buena y de Selena Herrera, bisnieta del ingeniero aeronáutico Emilio Herrera, que llegó a ser desde su exilio presidente de la República española en el exilio.

Entre otras cuestiones, el documental refleja lo simbólico de la transformación del auditorio de la JAE en iglesia. El proyecto corrió a cargo del arquitecto entonces miembro del Opus Dei, Miguel Fisac, que en 1942 dejó escrito en la memoria: “Si de las basílicas romanas surgieron las primitivas iglesias cristianas, por qué de un teatro o cine, en donde se pensaba ir ensuciando y envenenando, con achaques de cultura y de arte, a la juventud española, no puede surgir un oratorio, una pequeña iglesia para que sea el Espíritu Santo el verdadero orientador de esta nueva juventud de España”.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha emprendido en los últimos años un proceso de adaptación a la nueva ley con medidas como la retirada de los retratos de los dirigentes que purgaron científicos o la instalación de placas explicativas. Una de ellas, en homenaje a los represaliados, está precisamente situada en el antiguo claustro del auditorio, el único espacio que Fisac conservó como estaba.

El profesor Raúl Rabadán será el nuevo director del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), según han informado fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. El catedrático de la Universidad de Columbia (EEUU), donde dirige el Programa de Genómica Matemática, sustituirá a Maria Blasco, que fue destituida a principios de este año junto al director gerente, Juan Arroyo, por el patronato que gestiona el centro. El cese de ambos se produjo entre graves denuncias por su gestión y con un enfrentamiento abierto entre los dos.

Fuentes del ministerio han explicado a este periódico que el Comité de Selección ha valorado que Rabadán presenta el mejor proyecto estratégico para el CNIO, además de “una trayectoria científica de excelencia reconocida internacionalmente”. Su trabajo científico se ha centrado en desarrollar y aplicar modelos cuantitativos a datos genómicos de gran escala para la comprensión de la dinámica de procesos biológicos, en concreto el cáncer y las enfermedades infecciosas.

El Comité considera que su proyecto tiene “un alto potencial transformador para el Centro”, porque apuesta por aspectos esenciales para su futuro: la aplicación y desarrollo de nuevas tecnologías digitales y computacionales (incluyendo data science y el desarrollo e implementación de estrategias de Inteligencia Artificial para diversos ámbitos), el énfasis en mejorar la excelencia e incrementar la transferencia e innovación, así como el objetivo de conseguir de forma efectiva la multidisciplinariedad y convergencia entre investigación básica, aplicada y clínica.

El Comité de Selección evaluó 25 candidaturas para dirigir el CNIO, explican desde el ministerio, de las que nueve desarrollaban su labor investigadora en Estados Unidos (36%) en el momento de postularse, ocho lo hacían en España (32%), tres en Reino Unido (12%), cuatro en otros países de Europa (16%) y una en un país asiático (4%). Tras las correspondientes entrevistas y análisis de los proyectos presentados, el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, en calidad de presidente del Comité, propuso a Rabadán por unanimidad, la misma con la que el Patronato que rige el centro ha dado el visto bueno a la propuesta.

El CNIO también anunció el pasado día 1 el nombramiento de su nuevo gerente, José Manuel Bernabé, en sustitución del también cesado Arroyo.

De Nueva York a Madrid

Rabadán (1974) trabaja actualmente como catedrático Gerald and Janet Carrus en la Universidad de Columbia en Nueva York, donde es el director del Programa de Genómica Matemática y, previamente, fue director del Centro de Topología de la Evolución y Heterogeneidad del Cáncer. Antes, fue investigador en el Institute for Advanced Study (IAS) en Princeton (EEUU) y en el CERN de Ginebra (Suiza). Realizó su licenciatura en Física y su tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid, desarrollando el resto de su carrera en el extranjero, en Suiza y desde 2003 en EE.UU.

Su trabajo científico se ha centrado en desarrollar y aplicar modelos cuantitativos a datos genómicos de gran escala para la comprensión de la dinámica de procesos biológicos, en concreto el cáncer y las enfermedades infecciosas. Las investigaciones de Rabadán en genómica del cáncer han llevado a la identificación de alteraciones impulsoras y mecanismos de resistencia a la terapia en tumores de cerebro, en varios tipos de leucemias y linfomas, entre otros.

Actualmente está estudiando el papel del genoma no codificante en el cáncer y la caracterización de las respuestas inmunes en cánceres, y desarrollando métodos para el análisis de datos topológicos a datos genómicos a gran escala y modelos de inteligencia artificial para predecir el comportamiento de sistemas biológicos incluido el cáncer. El investigador cuenta con más de 200 publicaciones científicas.

La caída de Blasco

Maria Blasco dejó la dirección del CNIO el pasado mes de enero, cuando el patronato decidió su destitución después de que se filtraran un informe de transparencia sobre el programa CNIO Arte y una carta firmada por parte de los jefes de grupo del centro en la que pedían su dimisión. Durante casi dos meses, la directora científica negó sistemáticamente las acusaciones que recibió, incluidas las que hablan de diez denuncias de acoso laboral presentadas desde que tomó posesión del cargo en 2011, y contraatacó acusando de interferir en su trabajo al director gerente, a quien llegó a denunciar por irregularidades contables ante la Fiscalía. El gerente negó a su vez las acusaciones vertidas por Blasco.

En el CNIO era un secreto a voces que la bicefalia en la dirección no funcionaba y tras unas semanas de disputa pública, ambos acabaron expulsados de la dirección del mayor centro de investigación del cáncer en España. Casi diez meses después, el ministerio cierra la crisis con el nombramiento de Rabadán.

El Gobierno planea colocar el Museo Nacional Ramón y Cajal en el edificio del Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Carlos, en el centro de Madrid y a escasos metros del Reina Sofía. La propuesta del Ministerio de Ciencia, adelantada por El País y confirmada por elDiario.es se ha realizado este viernes en una reunión entre administraciones, familiares del científico y diversas instituciones científicas.

El proyecto de Museo Cajal fue aprobado hace ahora algo más de un año por el Consejo de Ministros. La idea es difundir el legado del neurocientífico y premio Nobel español. El museo incorporará todo el Legado Cajal, que consta de 28.222 bienes de carácter documental, bibliográfico, científico, técnico, fotográfico y personal que pertenecieron al Nobel en Fisiología y Medicina, incluidas 1.800 ilustraciones con un particular sello azul

La titular de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, subrayó entonces la importancia de “reivindicar su figura y conmemorar la ciencia como herramienta de progreso y desarrollo”, y ha subrayado que con esta iniciativa “asumimos la necesidad de hacer visible su trabajo, porque conocer su labor es reivindicar la ciencia y la investigación en nuestro país”.

Ahora, el proyecto debe congregar el acuerdo en torno a esa seda y superar algún otro obstáculo como carecer de partida presupuestaria propia, tal y como figura en la disposición adicional segunda del Real Decreto de creación. Los gastos derivados de la creación y funcionamiento del museo saldrán del CSIC, el Ministerio de Presidencia y el Ministerio de Ciencia “sin que los mismos precisen de dotaciones adicionales”, subraya el documento. “Si no tenemos presupuestos generales con los que dotar al museo es difícil arrancar, así que entiendo que se está a la espera de aprobarlos, no quiero ser mal pensado”, señala David Ezpeleta. Otro posible freno es la situación política, en la que el Gobierno está pendiente de su propia supervivencia.