17 años, una prueba de acceso a la universidad y muchos nervios. Superada la temida selectividad, toca decidir y, lo que para algunos representa una oportunidad para labrarse un futuro profesional, para otros se convierte en un quebradero de cabeza. “Nos hacen elegir súper pronto, con 17 años no tienes ni idea de por cuál camino tirar”, relata María Domínguez, ahora estudiante del grado de Física. La decisión prematura junto a la falta de asesoramiento, las expectativas familiares y las presiones relacionadas con el mercado laboral se convierten en inconvenientes que invitan a que la decisión final sea fallida.

Casi uno de cada diez estudiantes, un 9%, cambia de grado tras el primer curso académico. Así lo revela el informe Datos y cifras del Sistema Universitario Español elaborado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que además cifra en un 22,1% el abandono del los estudios universitarios. Los datos corresponden al curso de cohorte de nuevo ingreso 2021-2022, puesto que contempla los cursos posteriores para permitir el análisis y la cuantificación del abandono y cambio de grado.

El número de estudiantes que cambian de grado ha aumentado mínimamente, de un 8% en el curso 2011-2012 al 9% una década después. Esta continúa siendo una decisión compleja. “Fue un año duro porque Arquitectura me estaba costando aunque aprobaba todo, entonces no era un fracaso para decir 'me tengo que ir de aquí', pero sentía que era una pérdida de tiempo. Cuando llegué a Física noté que era mi sitio”, explica Manuel Doval, de 23 años y recién graduado por la Universidad de Sevilla.

María Domínguez se dio cuenta en una clase: “Estaba en Biología, que era una asignatura interesante, pero no era nada de lo que yo buscaba y dije: 'mira, es que yo esto no lo quiero'”. La joven de 23 años admite que “no quería afrontar que no le gustaba” pero prefirió ir “a tope con el cambio que estar así toda la vida”.

Ana Osle, de 22 años, cambió de Ingeniería Industrial a Estudios Ingleses, en la Universidad Complutense de Madrid, y coincide en que hay un momento clave para tomar la decisión: “A los dos meses nos pusieron un examen de Física. Había que estudiar dos ecuaciones y yo llegué a ese examen y dije: '¿cómo voy a suspender un examen que tiene dos ecuaciones?' Saqué un cero”. Ese evento junto con los posteriores suspensos generaron una gran “frustración” en Ana. “Te preparabas un montón los exámenes y sacabas un tres. Después de los finales de enero no podía más y me puse a buscar carreras, vi que estaba Estudios Ingleses en Madrid y pensé: 'Me encantaría estar ahora estudiando esto en vez de estar aquí matándome a suspender exámenes'”, cuenta.

Estigmas, presión social y expectativas familiares

La presión social y familiar, las expectativas propias, así como las oportunidades del mercado laboral son factores que influyen en la decisión de miles de jóvenes que, en ocasiones, dejan de lado el aspecto vocacional.

A Ana Osle le gustaban las artes, pero como era “buena” en ciencias y matemáticas, eligió ingeniería. “¿Cómo voy a pintar cuadros pudiendo estudiar Matemáticas?”, se autoconvencía. Natàlia Bohorquez estudia Periodismo en la Universitat Jaume I (UJI), en Castelló, aunque también comenzó Ingeniería Industrial en la Universitat Politècnica de València (UPV), y no cree que esté “mal visto” cambiar de carrera, pero “sí de una de ciencias a letras”: “La gente cree que no vamos a encontrar trabajo y que en Ingeniería siempre hay más”.

Ese estigma social perjudica la elección de los estudiantes. Según los datos del Ministerio, las carreras de Ciencias e Ingeniería y Arquitectura son las que más tasa de cambio presentan, un 12,4% y un 10,8%, respectivamente, frente a las de Ciencias Sociales (8,1%) y Artes y Humanidades (9%). Por ello, la presidenta de la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España, Ana Cobos, cree que debe encontrarse “una sintonía entre lo que uno quiere hacer con su vida y lo que el mercado de trabajo ofrece”.

Una vez tomada la decisión de cambiar de grado universitario, además de gestionar la frustración propia, el estudiantado debe enfrentarse a las reacciones de su entorno. “Para mis padres fue una decepción. Al principio ambos insistieron en que debería esforzarme en seguir”, cuenta Manuel Doval, aunque admite que después apoyaron la decisión. Ana Osle sentía que “había fallado”, pero su madre le amparó en el cambio, aunque con algo de preocupación: “Se pensaba que después de hacer un año de inglés me iba a querer cambiar de carrera. Entonces estaba como: 'haz lo que quieras, pero acábalo'”.

Natàlia Bohorquez y María Domínguez también recibieron el respaldo familiar, de hecho, en el caso de la segunda fue fundamental: “Me costó mucho tomar la decisión, pero me apoyaron mucho y me vino genial”. Sin embargo, no siempre sucede de esta forma. “Suele ser un disgusto porque las familias depositan expectativas y cuando se ven frustradas deben hacer un proceso de readaptación”, explica Ana Cobos e insiste en que es un proceso “triste”. Ejemplifica estas aspiraciones familiares con casos particulares: “Conozco casos de padres que se adelantaron a comprar la bata de medicina a un hijo que, finalmente, no entró en la carrera por falta de nota”.

Falta de asesoramiento

Los estudiantes estaban inseguros antes de decidir. “Tenía dudas porque me gustaban mucho las dos. Pero elegí Arquitectura porque creía iba a tener un poco de todo, que iba a ser más variada”, comenta Manuel Doval. Algo similar le ocurre a María Domínguez: “Cuando eché la matrícula no sabía muy bien si tirar más por Química o por Física, porque me gustaban las dos asignaturas en Bachillerato. Me decanté por Química porque la veía como más asequible y la que me iba a dar más conocimientos”.

Ana Osle eligió Ingeniería Industrial porque era “buena en mates” y los profesores del instituto correlacionaban sus conocimientos con sus gustos. “Se te dan muy bien las mates, seguro que esto se te da genial”, le decían, pero reconoce que se “llevó un palo” cuando llegó a la carrera.

En cualquiera de los casos, no recibieron asesoramiento profesional o fue “malo”. “En bachillerato no recibí ninguna orientación, nadie me informó de cuáles eran las salidas y ofertas laborales”, cuenta Ana Osle, a quien en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) le recomendaron hacer Administración de Empresas. “Nos explicaban algo, pero a mí me faltó bastante información, que igual la debería haber buscado yo por mi cuenta, pero sí, fui un poco a ciegas”, relata por su parte María Domínguez.

Tampoco Manuel ni Natalia recibieron ayuda profesional para tomar la decisión. Algunos de ellos admiten que probablemente la decisión habría sido similar. “Entré en ingeniería pensando que me iba a gustar, seguramente la habría cogido igualmente. Pero igual hubiera sido una decisión más informada”, concluye Osle.

La situación de Natàlia Bohórquez es peculiar. Puso de primera opción Periodismo, pero la cogieron antes en Ingeniería Industrial, carrera que comenzó y cursó durante unos meses. Cuando le comunicaron que finalmente había entrado en la que era, a priori, su opción preferida, cambió de carrera: “Me costó bastante porque el tiempo que estuve en ingeniería me gustó”. Años después la joven se arrepiente de su decisión: “Me volvería a meter en Ingeniería, Periodismo me ha decepcionado bastante”.

Por esos motivos, la presidenta de la Copoe insiste en que el asesoramiento es fundamental: “La orientación es mucho más que la información. Ahora con la oferta online y el aumento de la oferta privada, las posibilidades se han multiplicado y hay mucha más información”. Así, señala que la orientación es “la mirada hacia dentro” que permite tomar decisiones “teniendo en cuenta la oferta con lo que me hace feliz y lo que me proporciona mi lugar en el mundo”.

El autoconocimiento es importante, asegura Ana Cobos, y el entorno puedo reconocer las aptitudes “desde pequeños”: “Tu abuela te dice: 'ay qué bien habla mi niño, o qué bien canta o qué manitas es'. Hay personas que desde pequeños se les da bien algo: uno se encarga de montar una fiesta, otro decora la mesa, uno hace los bocadillos y cada uno muestra sus habilidades”.

Los estudiantes abandonan las carreras universitarias en el primer año, la cifra se mantiene y varía ligeramente de un 22,5% a un 22,1% en una década. Mientras aumenta, también mínimamente, el cambio de grado de un 8% a un 9%. Aunque el proceso continúa siendo “frustrante”, se ha “normalizado”. “En mi grupo de amigos la mitad nos hemos cambiado de carrera o se han quitado y metido en un grado superior o han comenzado más tarde el grado”, cuenta María Domínguez.

Sin embargo, para la presidenta de la Copoe la “percepción es más o menos igual”, pero invita a que esta cambie: “No tiene por qué ser un fracaso, al contrario, es la oportunidad de aprender algo muy importante. Has empezado una carrera y sabes que no te gusta, pues ya has aprendido algo bastante importante, que es que no es tu camino”.

El Centro de Investigación Mariña (CIM) de la Universidade de Vigo (UVigo) ha constituido el primer banco nacional de arena de playa de España, “un hito científico construido grano a grano”, en el marco del proyecto Iberarenum, financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Fecyt),

Según recoge el Diario de la Universidade de Vigo (DUVI) –citado por Europa Press– el banco cuenta ya con más de 130 muestras procedentes de playas de toda la península ibérica, recogidas por la ciudadanía siguiendo unas instrucciones facilitadas por el equipo investigador y enviadas posteriormente a la UVigo para su catalogación y análisis.

La idea es que Iberarenum no tenga “fecha de caducidad”, ya que el objetivo del CIM es que el banco de arena siga creciendo a lo largo del tiempo, reuniendo nuevas muestras y analizándolas con fondos propios del Centro.

“Involucrar a la sociedad en el proceso científico es una poderosa herramienta para dar a conocer el medio marino y la importancia de conservarlo. Las playas son ecosistemas en constante cambio debido a factores como el clima o las características geológicas de su entorno y analizar la arena nos ayuda a comprender su evolución, los impactos del cambio climático y permite mejorar la gestión sostenible de los recursos costeros”, ha reivindicado el director del CIM, Daniel Rey.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes un programa para tratar de corregir la infrainvestigación histórica y los sesgos de género que afectan a la salud de las mujeres. El plan triplicará la inversión en I+D dedicada específicamente a este campo, hasta los 18 millones de euros al año.

Sánchez ha hecho este anuncio durante la presentación del programa 'Somos. Contamos: fin de la discriminación de las mujeres en la investigación de la salud', una iniciativa dirigida a reducir la brecha en ese ámbito y a mejorar los diagnósticos y los tratamientos en “áreas que no han recibido la atención necesaria”.

Se trata, ha dicho Sánchez, de “paliar una desigualdad estructural en la investigación e innovación biomédica”. De hecho, este déficit de atención a la salud de las mujeres en la ciencia ha propiciado una menor representación en los ensayos clínicos y en la priorización de las patologías propias.

El jefe del Ejecutivo se ha referido a un problema “sistémico”, ha incidido en que la sociedad necesita una mayor participación de las mujeres en la ciencia, pero también que la ciencia “se ocupe más y mejor de la salud de las mujeres”, y ha detallado las líneas específicas del programa que va a activar el Gobierno para mejorar el conocimiento, el diagnóstico y el tratamiento de dolencias como la endometriosis, de procesos como la menopausia o trastornos de salud mental como la ansiedad o la depresión.

En concreto, el plan se centra en tres ejes. El primero pasa por impulsar una “misión específica” a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, que persigue que las empresas y entidades impulsen proyectos de I+D en salud de mujeres. El segundo busca reforzar este área con una nueva línea de financiación específica para el Instituto de Salud Carlos III de Madrid.

Por último, se incorporan “medidas destinadas a reforzar la masa crítica de investigación en estas áreas, con contratos predoctorales específicos a proyectos de esta temática en la principal convocatoria de la Agencia Estatal en Investigación”.

Bajo el título ‘Innovación con propósito: transferir conocimiento para mejorar la sociedad’, la primera mesa del ‘I Foro Impacto. Innovación con propósito’, organizado por elDiario.es, arrancó con una premisa clara: la tecnología no debe ser solo una ventaja competitiva para unos pocos, sino una herramienta de igualdad real. 

La mesa comenzó abordando, en primer lugar, los obstáculos para democratizar la innovación. Carlos de la Cruz Molina, director de tecnología e internacionalización del CDTI, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, rompió el hielo señalando que el talento en España es abundante, pero el problema es de dimensión. “Actualmente no se pueden hacer innovaciones locales, hay que innovar a nivel global porque todas las tecnologías se mueven muy rápido por todo el mundo”, afirmó De la Cruz, subrayando que tras la guerra de Ucrania, a los retos verde y digital se han sumado la seguridad y la soberanía tecnológica. 

Por su parte, Yolanda Rueda, presidenta de la Fundación Cibervoluntarios, puso el foco en la necesidad de que la innovación nazca de la escucha activa. Para Rueda, el gran desafío es que la ciudadanía deje de ser solo una usuaria pasiva para convertirse en proponente. “El gran reto que tenemos en la innovación precisamente es que podamos estar atendiendo a las necesidades, y eso solo es posible si ponemos a la ciudadanía en el centro del diseño de esas innovaciones”, defendió. También advirtió sobre la barrera del lenguaje técnico: “Por muy bueno que sea el servicio, las personas no lo entienden... por la forma en la que se tiene de llevar esa comunicación”. 

José Luis Moreno de Castro, gerente de innovación de Ecoembes, apeló al “poder de la colaboración” para conectar la ciencia con la empresa. Según Moreno, el éxito reside en una triple derivada: valor económico, social y medioambiental. “Tenemos que hacernos entender mucho mejor con el ciudadano; los ingenieros, físicos y sociólogos debemos esforzarnos en que se nos comprenda mejor”, admitió, retomando la barrera del lenguaje y señalando la conexión entre industria y ciencia como el mayor reto actual. 

Ciberoptimismo frente a las Big Tech

Ya avanzada la conversación, surgió la preocupación por la concentración de poder en el sector digital. Yolanda Rueda se definió como “ciberoptimista”, recordando que internet ha facilitado el mayor intercambio de conocimiento de la historia, pero mostró su inquietud por cómo el poder se ha concentrado en pocas manos. “Hemos pasado de ser internautas que navegábamos y descubríamos a ser usuarios... necesitamos una soberanía digital ciudadana donde pasemos a ser agentes activos”, reclamó, denunciando que el tercer sector ha tardado en digitalizarse para frenar discursos como el de que “la privacidad ha muerto”. 

Siguiendo esta misma línea, Carlos de la Cruz destacó que España no ha perdido el tren de las “tecnologías profundas”, como la IA, la biotecnología o el software, pero admitió la complejidad de competir con gigantes de EEUU o China. La clave, según el representante del Ministerio, es la soberanía tecnológica europea basada en principios propios. “Capacidades de desarrollo, tenemos, no me preocupa; lo que necesitamos es que esos desarrollos tengan una implantación real en la Unión Europea con nuestros principios europeos”, explicó. 

José Luis Moreno añadió un punto de orgullo nacional al señalar que España es pionera en reciclaje y tecnologías para ciudades inteligentes. “Tenemos que ser más valientes como industria a la hora de ir a Europa a vender nuestras capacidades... a veces parece que lo que viene de fuera es lo mejor y tenemos muchas cosas que explicar al resto”, alentó. 

Ética, algoritmos y huella ecológica

Uno de los momentos más intensos de la charla llegó con la discusión sobre la ética en los algoritmos. Ante la pregunta de si es posible controlar que los avances técnicos respeten los derechos humanos, los ponentes fueron tajantes. “No solo es posible, sino que hay que hacerlo. Si no, estaremos generando herramientas que dejarán a mucha gente fuera o con sesgos”, sentenció Rueda.  

De la Cruz recordó que el nuevo Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE ya prohíbe sistemas de “riesgo inaceptable” que atenten contra la democracia. Aunque las multas a multinacionales son millonarias, reconoció que las empresas a veces las asumen como un coste más, por lo que Rueda insistió en la importancia del pensamiento crítico. Moreno, por su parte, pidió no caer en el catastrofismo: “Desde la invención de la imprenta siempre hemos tenido miedo a las cosas nuevas. Lo más importante es dar herramientas a la gente para que elabore su propio criterio”. 

El impacto medioambiental de la IA también ocupó un lugar central en el debate. “Si comparamos la IA con el con el ser humano, el ser humano consume muy poca energía y toma decisiones con muy poquitos datos, yo creo que somos mucho más eficientes que la IA”, resolvió De la Cruz, que advirtió sobre el enorme consumo de agua y energía de los centros de datos: “La IA se ha convertido en una herramienta necesaria, pero nos tenemos que plantear si no estamos despilfarrando recursos... a lo mejor hay que madurar y dejar de jugar a determinados juegos”. Moreno coincidió en la necesidad de usar la tecnología con responsabilidad, revelando que incluso el diseño de un prompt tiene un coste ecológico en tokens, que se traduce en consumo energético. 

Para cerrar la mesa, los participantes coincidieron en que la rentabilidad económica y el impacto social no están reñidos. Rueda destacó cómo muchos jóvenes emprendedores sociales están surgiendo al identificar necesidades reales en sus comunidades. Carlos de la Cruz confirmó esta tendencia: “En nuestra convocatoria Neotec para empresas de base tecnológica vemos que cada vez hay más emprendimiento relacionado con fines sociales. A la gente le gusta saber que lo que hace vale para algo”. Sin embargo, José Luis Moreno aseguró que retener el talento que haga posible esta visión es hoy más difícil que hace 20 años, debido a que la movilidad es extrema.

La mesa finalizó con un reconocimiento a la “masa científica” de España, personas que, en palabras de Moreno, “nunca paran de estudiar” para que la sociedad avance. 

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha inaugurado la jornada ‘I Foro Impacto. Innovación con propósito' organizada por elDiario.es, que ha calificado de “un acto de resistencia ilustrada y de optimismo militante”. 

La ministra ha resaltado que una conversación como esta no habría sido podido hace apenas diez años, porque en España todavía no habíamos asumido colectivamente que el conocimiento, la ciencia y la innovación son la base más sólida sobre la que se construye la prosperidad, la cohesión social y la soberanía de un país. 

“España está demostrando que el progreso y el crecimiento pueden y deben ir de la mano de una transformación social profunda, sin dejar a nadie atrás”, ha asegurado la ministra. “Y que la apuesta por la innovación no es una política sectorial, ni siquiera una política de Estado: es una política más urgente que nunca para toda la humanidad”.

Morant ha advertido contra quienes promueven el desprecio activo hacia la ciencia y el conocimiento, fomentan el descrédito a las voces expertas o niegan el cambio climático o la violencia de género, y contra los algoritmos que expanden desinformación y penalizan la complejidad. “Este foro es, entre otras cosas, un acto de resistencia ilustrada y de optimismo militante”, ha defendido. “Porque el optimismo anclado en la ciencia nunca es ingenuo. Es la gran fuerza motriz que transforma el mundo”. 

Bajo el lema ‘I Foro Impacto. Innovación con propósito', voces académicas de referencia, representantes de organizaciones sociales y líderes del sector se reúnen para analizar la estrategia donde convergen la alta administración del Estado, junto a los líderes empresariales que están ejecutando los proyectos que transforman España.

A través de varias mesas de debate, veremos cómo en un contexto global donde la incertidumbre solo se combate con evidencia y estrategia, se sitúa la ciencia y la innovación aplicada como las herramientas definitivas para garantizar la prosperidad, la justicia social y la soberanía del país.

El encuentro se emitirá en directo desde este mismo enlace y a través de nuestros perfiles en YouTube y Linkedin.

Tras renunciar a tomar posesión como nuevo director científico del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), Raúl Rabadán se ha dirigido a sus compañeros para explicar su salida. En una carta a la que ha tenido acceso elDiario.es, el físico y bioinformático ha señalado “las controversias y el ruido mediático” como las principales causas de su marcha.

Además de subrayar que su decisión no guarda relación alguna con la calidad humana o científica de quienes integran el CNIO, el investigador ha descrito las condiciones que han hecho imposible materializar su compromiso de liderar la ciencia del centro en sustitución de Maria Blasco. “El contexto institucional presente, marcado por controversias continuas, una elevada exposición pública, la politización de los asuntos internos de la institución, la polarización y ruido mediático y un clima de incertidumbre, — describe— no ofrece en este momento las condiciones de estabilidad necesarias para liderar con garantías mínimas un proyecto de transformación de la magnitud que vosotros y el centro merece”. 

Rabadán fue elegido por unanimidad el pasado 4 de septiembre de 2025 por el patronato del CNIO para sustituir a Maria Blasco tras la crisis desatada a principios de ese año. Ese mismo día, para reemplazar al gerente del centro, Juan Arroyo, el patronato designó a José Manuel Bernabé, que salió incluso más rápido, en febrero de 2026. Si tomamos como referencia estas fechas, los sustitutos de Maria Blasco y Juan Arroyo han sobrevivido apenas nueve meses a la guerra interna y los continuos escándalos.

En su carta, Rabadán defiende la necesidad de “un pacto de estado” que garantice la estabilidad y respaldo institucional del CNIO, al margen de coyunturas políticas. “La investigación en cáncer exige visión a largo plazo, serenidad y confianza, porque su misión trasciende cualquier circunstancia temporal”, subraya.

A continuación reproducimos el contenido íntegro de la carta de Rabadán a sus excompañeros:

Estimados investigadores e investigadoras del CNIO,

Quisiera dirigirme a vosotros para expresaros, ante todo, mi profundo respeto y admiración por la labor científica que desarrolláis cada día. El CNIO representa uno de los mayores activos de la ciencia española y europea, gracias al talento, la dedicación y el compromiso de vosotros, sus investigadores, personal técnico y profesionales de apoyo.

Como sabéis, he sido propuesto para asumir la posición de Director Científico del centro. Agradecí sinceramente esa confianza y consideré la posibilidad con la ilusión de poder contribuir a una etapa de renovación y modernización institucional, reforzando aún más la proyección internacional y la excelencia científica del CNIO.

Tras una reflexión detenida, he tomado la difícil decisión de no aceptar dicha responsabilidad en las circunstancias actuales. Se trata de una decisión meditada y nada sencilla. Considero, sin embargo, que el contexto institucional presente, marcado por controversias continuas, una elevada exposición pública, la politización de los asuntos internos de la institución, la polarización y ruido mediático y un clima de incertidumbre, no ofrece en este momento las condiciones de estabilidad necesarias para liderar con garantías mínimas un proyecto de transformación de la magnitud que vosotros y el centro merece. 

Estoy convencido de que instituciones como el CNIO necesitan marcos sólidos de gobernanza, un pacto de estado que garantice la estabilidad presupuestaria y respaldo institucional duradero, al margen de coyunturas políticas. La investigación en cáncer exige visión a largo plazo, serenidad y confianza, porque su misión trasciende cualquier circunstancia temporal.

Quiero subrayar con especial énfasis que esta decisión no guarda relación alguna con la calidad humana o científica de quienes integráis el CNIO. Muy al contrario: precisamente por el enorme valor de vuestro trabajo, considero esencial que podáis desarrollar vuestra labor en un entorno estable, predecible y plenamente orientado a la ciencia.

Confío sinceramente en que el CNIO sabrá superar esta etapa y continuará ocupando el lugar de referencia internacional que merece. España necesita un CNIO fuerte, ambicioso y respetado, y estoy seguro de que el talento interno del centro será clave para lograrlo.

Por mi parte, seguiré comprometido con la investigación en cáncer y con la colaboración científica con España desde la Universidad de Columbia, manteniendo siempre el mayor aprecio por vuestra labor y por el futuro del CNIO.

Con mis mejores deseos y todo mi respeto,

Raul 

La vida en el mayor centro de investigación contra el cáncer de nuestro país es como un capítulo de Juego de Tronos. Cuando te encariñas con uno de los personajes, un giro de guion lo fulmina en mitad de una guerra interna y una crisis de reputación sin precedentes. La última salida del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), la de Raúl Rabadán, ha sido un mazazo para la plantilla, que veía en el nuevo director científico una esperanza de cara al futuro. Este lunes, como adelantó elDiario.es, el brillante investigador español presentó su renuncia ante el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades sin llegar a tomar posesión del cargo, solo nueve meses después de su nombramiento. 

Rabadán fue elegido por unanimidad el pasado 4 de septiembre de 2025 por el patronato del CNIO para sustituir a María Blasco tras la crisis desatada a principios de ese año. Ese mismo día, para reemplazar al gerente del centro, Juan Arroyo, el patronato designó a José Manuel Bernabé, que salió incluso más rápido. En febrero de 2026, solo seis meses después de su entrada, se acordó su salida tras un supuesto caso de acoso. Si tomamos como referencia estas fechas, la receta del Ministerio y el Patronato para salir de la crisis ha saltado por los aires en menos de un año.

Una crisis que se eterniza

En este periodo de tiempo se han sucedido otros acontecimientos que han influido directamente en la salida de Rabadán. En noviembre de 2025 la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias tras una denuncia que señalaba una presunta trama de contratos irregulares y desvío de fondos públicos vinculada a la etapa del exgerente Juan Arroyo. Meses después, la investigación dio un salto cualitativo cuando la Policía Judicial precintó varios almacenes del centro que, como reveló este medio, ocultaban un arsenal de material destinado a obras externas. Estos hechos llevaron al despido del jefe de mantenimiento del CNIO y a la apertura de una investigación interna de la empresa adjudicataria Eiffage.

Este goteo de escándalos, en los que se incluye una reciente incursión en el edificio del centro del exgerente Juan Arroyo, a pesar de haber sido despedido de todos sus cargos, ha tenido como consecuencia la salida de todos los patronos privados del CNIO, desde la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) a la Fundación CRIS Cáncer o el BBVA. Paralelamente, la institución se ha visto envuelta en una nueva controversia científica tras la retirada de un estudio liderado por Mariano Barbacid sobre cáncer de páncreas por un conflicto de intereses no declarado. A esto se suman sus declaraciones a favor del exgerente señalado por la presunta trama de corrupción, al que él blindó en el puesto, y su ataque a la plantilla del CNIO, a la que ha acusado de “estar de psiquiatra”. 

Malestar con el Ministerio

La sucesión de denuncias, investigaciones judiciales, despidos, dimisiones y controversias científicas ha terminado por consolidar una sensación de bloqueo institucional que amenaza con prolongar una crisis iniciada mucho antes de la llegada de Rabadán y que sigue sin encontrar una salida clara. “La renuncia de Rabadán es una losa más encima del CNIO”, dice un destacado investigador del centro, que prefiere mantener el anonimato. “Estamos desbordados”, dice otra trabajadora. “El barco va sin rumbo y el Ministerio soltó el timón hace tiempo. Es una sensación muy mala”. 

Dentro del centro cada vez son más las voces críticas con la actuación del Ministerio y el Patronato, que no han sabido atajar los problemas a tiempo. El primero de los errores fue mantener a Juan Arroyo en su puesto de vicepresidente económico del CNIO, lo que prorrogó su influencia y le permitió interferir en las investigaciones internas y las interpuestas ante la Fiscalía Anticorrupción, según varias fuentes. La salida de Bernabé en un turbio intercambio de acusaciones produjo una situación de bloqueo: el centro se quedó temporalmente sin firma y el patronato decidió no renovar los contratos con las empresas señaladas por posible corrupción y eso dejó al CNIO sin secretarias ni informáticos. 

“Despiden al inocente y esencial. Mantienen al corrupto tal cual”, decía un cartel en los pasillos del CNIO hace unos días. El mensaje recoge la sensación de muchos trabajadores que ven cómo el entorno de Arroyo, señalado por múltiples irregularidades, sigue en sus puestos mientras hasta 20 empleados han sido despedidos, según el sindicato de funcionarios CSIF. La reciente entrada de Arroyo en el edificio es otro ejemplo de la utilización de los medios del CNIO para uso particular que han señalado varios denunciantes. En estas denuncias se habla de la existencia de una persona de mantenimiento del centro al que los trabajadores se referían como “el mayordomo” que cada miércoles llevaba un bidón de gasoil propiedad del CNIO al domicilio particular de Arroyo.

Ante la nueva situación, el Ministerio de Ciencia ha asegurado que respeta y también “lamenta” la decisión de Rabadán y se remite a la reunión del Patronato convocada para el próximo lunes 8 de junio y en la que se tomarán las medidas necesarias. En el centro se habla de dos posibilidades: o convocar de nuevo la plaza con un perfil de prestigio internacional como el de Rabadán, para seguir apostando por la ciencia del más alto nivel, o una solución más administrativa, con alguien bien conocido en el centro, para resolver la situación actual. Con este panorama y estos antecedentes la pregunta es si alguien de prestigio está dispuesto a empeñar su nombre en un centro que sigue bajo el foco del escándalo y quién tiene la receta para salir de este atolladero. 

El brillante científico español Raúl Rabadán, que llegó de EEUU para ser el nuevo director científico del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), ha presentado su renuncia ante el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, según ha podido saber elDiario.es. Rabadán fue elegido por unanimidad el pasado 4 de septiembre de 2025 por el patronato del CNIO para sustituir a Maria Blasco, aunque aún no había tomado posesión del cargo, a la espera de que se despejaran diferentes aspectos administrativos y en medio de la mayor crisis de reputación del centro.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha confirmado la información de elDiario.es, e informa de que Rabadán “ha decidido no asumir el puesto que logró tras presentarse y aceptar al concurso lanzado por el CNIO en su momento”. “Se trata de una decisión que este Ministerio respeta, pero que también lamenta”, añaden.

“Ante esta decisión irrevocable por parte del doctor Rabadán, el Ministerio, en un Patronato convocado para el próximo 8 de junio, incorporará en su orden del día la adopción de las medidas necesarias para seguir garantizando, como hasta ahora, que las funciones propias de la dirección científica del CNIO están plenamente cubiertas”, indica el Ministerio. Contactado por este medio, Rabadán ha confirmado su renuncia pero ha preferido no hacer declaraciones.

Rabadán (1974) trabajaba antes de ser nombrado en el CNIO como catedrático Gerald and Janet Carrus en la Universidad de Columbia en Nueva York, donde era el director del Programa de Genómica Matemática y, previamente, fue director del Centro de Topología de la Evolución y Heterogeneidad del Cáncer. Antes, fue investigador en el Institute for Advanced Study (IAS) en Princeton (EEUU) y en el CERN de Ginebra (Suiza). Realizó su licenciatura en Física y su tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid, desarrollando el resto de su carrera en el extranjero, en Suiza y desde 2003 en EE.UU.

Su trabajo científico se había centrado en desarrollar y aplicar modelos cuantitativos a datos genómicos de gran escala para la comprensión de la dinámica de procesos biológicos, en concreto el cáncer y las enfermedades infecciosas. Las investigaciones de Rabadán en genómica del cáncer han llevado a la identificación de alteraciones impulsoras y mecanismos de resistencia a la terapia en tumores de cerebro, en varios tipos de leucemias y linfomas, entre otros.

La Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha respondido en el Senado a las preguntas sobre la situación del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ante la grave crisis por la apertura de una investigación de la Fiscalía por una presunta trama de corrupción. “El Gobierno de España nunca va a dejar caer al CNIO”, ha asegurado la ministra ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, al tiempo que ha llamado a la tranquilidad de trabajadores y pacientes. “Los problemas que hayan podido surgir y los problemas que puedan seguir surgiendo se van a afrontar con rigor, con transparencia y con responsabilidad institucional”. 

La titular de Ciencia ha defendido que el ejecutivo dará lo que necesite al centro para seguir garantizando su funcionamiento y “para seguir mejorando las esperanzas de cientos de miles de enfermos oncológicos y sus familiares”. Asimismo, Morant ha recalcado que el CNIO “necesita paz” y ha recordado a los senadores del PP que la gobernanza del centro es colegiada. “Ustedes están presentes en el Patronato por medio de cuatro de sus comunidades autónomas”, ha dicho. “Por eso yo les vuelvo a pedir por favor, que imiten a sus compañeros del partido en el Patronato y que se sumen a la solución, que contribuyan a esa estabilidad institucional”.  

En los últimos meses, el CNIO atraviesa la mayor crisis de su historia, con el foco en una presunta trama de corrupción en contratos, sobrepuestas millonarios y servicios de mantenimiento. La Fiscalía Anticorrupción investiga una presunta trama de corrupción en torno a la figura de Juan Arroyo, gerente del centro durante dos décadas y hombre de confianza de Mariano Barbacid, fundador de la institución.

El Partido Popular había pedido la comparecencia de la ministra junto a la de la exdirectora científica del CNIO, Maria Blasco, y el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, que han quedado subsumidas en la comparecencia de la ministra. La senadora popular Elena Castillo López ha insistido en que el Ministerio de Morant es el máximo responsable político de esta situación y ha acusado a la ministra de buscar el silencio sobre las irregularidades del CNIO, no la paz. “Ustedes eligieron a los peores gestores”, ha asegurado. “Y desde que entraron al Gobierno en 2018 se ha vivido el máximo despilfarro y descontrol”. También ha recalcado la salida reciente de 22 trabajadores del centro, en un “desmantelamiento a cámara lenta” y ha puesto en duda que el próximo director científico vaya a tomar posesión de su cargo.

Morant ha respondido acusando al PP de “seguir contribuyendo al escarnio de un centro como el CNIO” y de querer “derrocar al Gobierno de Pedro Sánchez” a través de este caso. “Esto ya no va de las personas, va de un centro público que ha perdido patronos, porque está perdiendo apoyos”, ha insistido, y ha concluido expresando su intención de “intentar que se ponga negro sobre blanco lo que haya podido ocurrir allí y que se dé parte a la justicia”. 

“Hay un Leroy Merlin debajo del edificio”. Según fuentes del caso, los propios agentes de Policía que precintaron el pasado viernes 27 de marzo varios almacenes del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) no daban crédito ante la cantidad de material y herramientas acumulados. Una hormigonera industrial, máquinas profesionales de cortar azulejos, decenas de máquinas taladradoras de la marca más cara del mercado, miles de metros de cable, tubo, moqueta y una interminable fila de estanterías con tornillos de diferentes tipos, codos de tuberías, equipos de calefacción y todo lo que uno pueda necesitar para una obra. Con la particularidad de que el 90% de este material no se usaba para el mantenimiento del CNIO, según fuentes de la investigación. 

Las grabaciones a las que ha tenido acceso en exclusiva elDiario.es, anteriores al precinto de las instalaciones, ya están en poder de la Fiscalía, que ahora tendrá que comprobar qué materiales fueron retirados en las semanas anteriores. Las dependencias a las que la Policía judicial ha prohibido el acceso “bajo responsabilidad penal individual” son dos almacenes de más de 200 metros cuadrados de superficie situados en el parking de la planta -4 del CNIO, y unas dependencias más pequeñas en la planta más alta del edificio (5) en la que se acumula material informático. En sus zonas más altas, las que quedan debajo de la rampa del garaje, el almacén subterráneo alcanza los siete metros de altura.

Detrás de estas misteriosas puertas, ahora precintadas, se escondía una realidad paralela a los trabajadores del centro que ahora está en el foco de la Fiscalía. Investigan si esos almacenes fueron utilizados para el desvío de fondos por la presunta trama de corrupción en torno a la figura de Juan Arroyo, gerente del centro durante dos décadas y hombre de confianza de Mariano Barbacid, fundador de la institución. En la denuncia presentada en julio de 2025 ante la Fiscalía Anticorrupción por un ex alto cargo del centro ya se citaba la existencia de “un almacén segregado, fuera del control del departamento logístico”, que había sido establecido 18 años antes por Arroyo. 

Tras las “puertas secretas”

Aunque los trabajadores conocían la existencia de almacenes en la planta más baja del aparcamiento subterráneo, ninguno sabía que hubiera semejante acumulación de material detrás de las paredes. “Hay ferreterías en Madrid que tienen menos material que nosotros”, dice una fuente interna. La sorpresa ha sido aún mayor en cuanto a la puerta de la quinta planta, a la que se accede por un tramo de escaleras que parecía no conducir a ninguna parte. En ninguno de los accesos a los almacenes hay cámaras de seguridad, de modo que es imposible saber quién entraba y salía de las instalaciones.  

En las grabaciones hay elementos que llaman la atención porque son ajenos al centro y seguramente fueron usados en otras obras relacionadas con la trama, según fuentes de la investigación. “Hay rollos de cable para ir de aquí a La Paz tres veces”, relata uno de los trabajadores. Pero, sobre todo, hay elementos que nada tienen que ver con un centro de investigación: desde calderas a equipos autónomos de aire acondicionado —cuando en el centro se utilizan climatizadores industriales—, jambas de puertas, grifería y sistemas de cisternas para cuartos de baño que no son compatibles con los que se usan en el edificio. También hay cortadoras de porcelana por control numérico, cuando en el CNIO “jamás se ha cortado un azulejo”, y decenas de papeleras de aluminio que no se usan en el centro. 

Un “almacén segregado”

Ya en la primera denuncia interpuesta en 2018 por la entonces presidenta del comité de empresa, Ana Isabel Hernández, se destacaban los gastos desmedidos en ferretería en el CNIO, con partidas de hasta 50.000 euros “en bisagras y tornillos” y una licitación que pretendía comprar bañeras de hidromasaje, estufas de pellets y suelo radiante. Una auditoría de 2018 también destacaba que el mayor centro de investigación en España destinaba a gastos de aprovisionamiento más del doble que otros centros similares como el CNIC (Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares). Con unas plantillas e ingresos muy similares entre ambos centros, destacaba el informe, “el gasto de mantenimiento se duplica en el caso del CNIO”, aunque se atribuía a algunas especificidades del centro.

En la denuncia presentada por un ex alto cargo del CNIO en junio de 2025 que dio lugar a la investigación, las partidas y suministros de ferretería también aparecían como uno de los focos principales de posibles irregularidades dentro del área técnica. Durante años, reflejaban los denunciantes, los suministros de ferretería (junto con los eléctricos y de saneamiento) han eludido el control del departamento de compras y logística. Entraban bajo la supervisión directa de la dirección técnica, donde a menudo era el propio personal de la contrata encargada de los servicios de mantenimiento de las instalaciones quien firmaba la recepción. Según la denuncia, bastaba con el albarán de entrega y nadie del CNIO verificaba físicamente la mercancía.

En la denuncia consta que el coordinador de almacén, empleado de una de las muchas contratas de la red investigada, declaró en febrero de 2025 que la entrada de mercadería (suministros de ferretería, mecánico, saneamientos o eléctrico) se realiza “en un almacén segregado, fuera del control del departamento logístico que depende del Departamento de Compras”, y que, consultados sobre esta anomalía, los técnicos de compras indicaron que “esa decisión fue adoptada por el exgerente D. Juan Arroyo para agilizar y evitar conflictos del área técnica desde hace más de 18 años”. 

Otra de las claves que podría explicar la presencia de material y equipos de alto valor en los almacenes del CNIO, según las denuncias, es que una vez terminada la obra para la que se habían adquirido, el centro presentaba “bajas de utillaje no identificado por valores muy importantes cada año cifradas en decenas de miles de euros”, es decir, declaraba como perdido gran parte del material comprado, de forma que pasaba a estar fuera de registro. 

El volumen de este tipo de suministros técnicos solicitados mediante contratos menores llegó a ser de hasta 1,5 millones de euros. A partir de 2025 los denunciantes consiguieron que se cumpliera la ley y se obligara a desglosar los gastos con una descripción detallada de cada elemento comprado y su precio unitario, evitando la opacidad de los listados anteriores con categorías genéricas agrupadas. Para aquellas fechas, es presumible que buena parte del material de construcción y maquinaria ya habría pasado a formar parte del arsenal oculto de la trama del CNIO.

La Fiscalía investiga estos hallazgos como parte de una amplia red de irregularidades producidas en el mayor centro español de investigación contra el cáncer durante décadas, desde el uso masivo de contratos menores a falsas “ofertas de acompañamiento” para simular la competencia. La existencia de este almacén segregado cuadra con la utilización de los medios del CNIO para uso particular que han señalado tanto el ex alto cargo que denunció a la Fiscalía como el gerente que llegó tras Arroyo, José Manuel Bernabé, y que presentó su renuncia. En estas denuncias consta la existencia de una persona de mantenimiento del centro al que los trabajadores se referían como “el mayordomo” que acudía semanalmente al domicilio particular de Juan Arroyo para realizar labores particulares y que cada miércoles le llevaba un bidón de gasoil propiedad del CNIO.

Consultados por elDiario.es, desde el CNIO aseguran que no pueden comentar nada mientras la investigación esté en curso y recalcan que la actividad científica ha continuado, ajena a estos hechos. Por su parte, el exgerente Juan Arroyo asegura que hasta dónde él sabe, en esos almacenes había “algo de herramienta y repuestos (material de fontanería y electricidad) de lo más común” y desconoce si se usaba fuera del CNIO. En cualquier caso niega que los almacenes precintados sean “almacenes segregados” y recuerda que “los gestionaba la empresa de mantenimiento, bajo la supervisión del director técnico”, en referencia a Javier de Dios. Este medio ha tratado de contactar con este último para conocer su versión pero no ha obtenido respuesta.

En su última reunión, del viernes 10 de abril, el patronato del CNIO nombró nueva gerente del centro a Cristina Navarro Enterría, tras la dimisión del anterior responsable en el cargo y el bloqueo de la institución durante semanas. La nueva responsable se enfrenta a la mayor crisis de reputación en la historia del centro científico, con los investigadores y el resto de la plantilla totalmente desmoralizados, después de casi dos años de crisis y escándalos continuados. Entre las papeletas a resolver está el despido de las nueve secretarias de administración, porque estaban empleadas de Gedosol (una de las empresas bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción), lo mismo que puede suceder en breve con el departamento de informática. 

El patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha nombrado por mayoría absoluta a Cristina Navarro Enterría como nueva gerente, tras la dimisión del anterior responsable y el bloqueo de la institución durante semanas. 

Navarro será la primera mujer que se pone al frente de la gerencia del CNIO, que se encuentra envuelta en una investigación de la Fiscalía Anticorrupción por las presunta trama liderada por el exgerente Juan Arroyo, hombre de confianza de Mariano Barbacid que pasó a décadas manejando las cuentas de la institución. 

El patronato considera que Cristina Navarro reúne tanto la experiencia como la capacitación técnica óptimas para un puesto de la máxima exigencia personal y profesional, ya que “cuenta no solo con una sólida trayectoria como gestora, sino que también posee la capacidad de liderazgo que requiere la dirección administrativa del mayor centro de investigación en oncología de nuestro país”.

Funcionaria con 25 años de experiencia

Como funcionaria de carrera, posee más de 25 años de experiencia en los tres niveles territoriales de la administración (local, autonómica y general), y ha ocupado cargos de la más alta responsabilidad en la Administración General del Estado, siendo Subsecretaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones entre los años 2023 y 2026. Actualmente era vocal asesora del Ministerio de Hacienda.

La marcha del anterior gerente, José Manuel Bernabé, por un supuesto caso de acoso dejó al centro sin capacidad para firmar nuevos contratos y paralizó algunas decisiones. La primera consecuencia fue la marcha de las nueve secretarias de administración, que se ocupaban de buena parte del papeleo de los grupos de investigación. Al estar empleadas de Gedosol (una de las empresas bajo la lupa de la fiscalía anticorrupción), su contrato no se ha prorrogado y se esperaba una situación similar con el departamento de informática. 

Todo esto, en mitad de una investigación al centro de la Fiscalía Anticorrupción por una presunta trama de corrupción en torno a la figura de Juan Arroyo, gerente del centro durante dos décadas y hombre de confianza de Mariano Barbacid, fundador de la institución. La investigación comenzó tras la denuncia de un ex alto cargo del centro en junio de 2025, a la que sumaron las denuncias interpuestas por el exgerente José Manuel Bernabé en su efímero paso por el CNIO.

El último episodio de la crisis se vivió antes de Semana Santa, cuando una unidad de Policía Judicial clausuró y precintó los almacenes situados en la planta -4 y la planta 5 del edificio del CNIO, según adelantó elDiario.es. La dirección informó a los trabajadores del precinto policial y de la prohibición absoluta de acceso o manipulación de los efectos, bajo responsabilidad penal individual. 

Una unidad de Policía Judicial ha clausurado y precintado este viernes los almacenes situados en la planta -4 y la planta 5 del edificio del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Según ha podido saber elDiario.es, la dirección ha informado de que la Fiscalía ha requerido que se informe a los trabajadores del precinto policial y la prohibición absoluta de acceso o manipulación de los efectos, bajo responsabilidad penal individual. 

Fuentes internas del centro informan de que las instalaciones precintadas están en la planta más baja y más alta del edificio respectivamente. En la planta -4 hay al menos dos almacenes, además del aparcamiento subterráneo, y en la planta 5 hay un almacén de mantenimiento, con materiales de construcción y maquinaria que podría estar relacionada con las licitaciones investigadas.

La Fiscalía Anticorrupción investiga desde hace meses una presunta trama de corrupción en torno a la figura de Juan Arroyo, gerente del centro durante dos décadas y hombre de confianza de Mariano Barbacid, fundador de la institución. La investigación comenzó tras la denuncia de un ex alto cargo del centro en junio de 2025, a la que se han sumado recintemente las denuncias interpuestas por el exgerente José Manuel Bernabé en su efímero paso por el CNIO.

Los dos principales denunciantes han señalado graves irregularidades en el área de mantenimiento debido al pago por trabajadores que no estaban prestando servicio y un sobrecoste millonario por servicios que no se prestan y posibles empresas pantalla con extrabajadores del centro. Este desfalco se habría producido, según varios informes, a través de un entramado de sociedades que acapararon adjudicaciones por valor de 11,9 millones de euros, y un segundo bloque de empresas vinculadas a dos ciudadanos de origen ucraniano que se llevaron otros 9,2 millones de euros.

Desde el Ministerio de Ciencia aseguran que las autoridades están colaborando con la justicia para esclarecer los hechos desde el principio.

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) abandonó el pasado 9 de marzo el patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) del que formaba parte como patrono desde octubre del 2024. La decisión se anunció durante la última reunión del máximo órgano de gobierno, según ha podido saber elDiario.es. La asociación justificó su salida por el “impacto” que su presencia en el órgano de gobernanza del centro “está teniendo en la relación con los pacientes, investigadores, socios y personas voluntarias”.

Tal y como contó elDiario.es, la crisis de reputación del mayor centro de investigación contra el cáncer en España está haciendo que decenas de donantes retiren su apoyo, un malestar que han trasladado sus socios a la AECC como miembro del patronato del CNIO. “Tenemos el firme compromiso de colaborar, como hemos hecho desde la creación del centro, en el desarrollo del talento, la consolidación de las carreras de los investigadores y la financiación de proyectos de excelencia de investigación en cáncer”, aseguran desde la AECC. “Nos sentimos muy orgullosos de los resultados de esta estrecha colaboración, que en este momento se materializa en 28 proyectos en curso que estamos apoyando en el CNIO, de los cuales 4 son internacionales”.

Lejos de apagarse, en los últimos días la crisis del CNIO está recobrando fuerza, tanto por la situación parálisis en los contratos por la marcha del gerente José Manuel Bernabé, como por las nuevas informaciones que vinculan a su fundador, Mariano Barbacid, con las actividades de su hombre de confianza, el exgerente Juan Arroyo, en la presunta trama que investiga la Fiscalía Anticorrupción. Según informa el diario El Mundo, Barbacid tiene al menos una empresa en la misma sede que el principal sospechoso y blindó a Arroyo en su contrato, lo que le ha permitido salir con condiciones excepcionales. Según estas informaciones, Arroyo habría cobrado 45 días de salario por año trabajado con un máximo de 36 meses, en lugar de los habituales 20 días de salario con 12 meses como tope.

La Fiscalía Anticorrupción investiga un presunto desfalco de hasta 25 millones de euros en contratos inflados o ficticios en el CNIO, tras la denuncia del exdirector de Operaciones del centro en junio de 2025. El gerente que llegó en septiembre, José Manuel Bernabé, identificó la misma trama y sobrecostes aún mayores, pero ambos fueron despedidos del centro. 

Cuando los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se personaron en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) el pasado mes de diciembre, no lo hacían para realizar un registro por sorpresa. La Policía acudía para recoger documentos de manos del nuevo gerente, José Manuel Bernabé, que empezaba a descubrir los detalles de una trama interna de la que nadie le había advertido. Se adentraba así en un proceso lleno de trampas del que le llevó a presentar su renuncia a principios de febrero, antes de que una denuncia por acoso forzara su salida. 

Las irregularidades que este directivo describió en hasta cinco denuncias ante la UDEF coinciden y profundizan en las que ya había puesto ante la Fiscalía Anticorrupción un ex alto cargo del centro en junio de 2025, según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es. En sus informes, ambos señalaron el “riesgo de interferencia” de Juan Arroyo, el exgerente señalado como responsable de la presunta trama, que permaneció en su cargo de vicepresidente de Asuntos Económicos del CNIO hasta noviembre de 2025, a pesar de que se había anunciado su salida en enero de ese año. Las dos personas que examinaron con detalle la trama terminaron fuera del centro por denuncias internas.

Sobrecostes millonarios

En el breve periodo entre septiembre de 2025 y su salida a finales de febrero, Bernabé tuvo tiempo de recopilar documentación y reportar a la UDEF graves irregularidades en el área de mantenimiento debido al pago por trabajadores que no estaban prestando servicio y un sobrecoste millonario aún mayor que el que figuraba en la denuncia ante la Fiscalía. Este desfalco se habría producido, según su informe, a través de un entramado de sociedades con sede en Arroyomolinos, que acapararon adjudicaciones por valor de 11,9 millones de euros, y un segundo bloque de empresas vinculadas a dos ciudadanos de origen ucraniano que se llevaron otros 9,2 millones de euros.

Bernabé ordenó un recuento sorpresa el 22 de enero de 2026 y levantó acta: de los 26 trabajadores que una de las empresas debía tener en las instalaciones por contrato, solo había 11 presencialmente en el CNIO. El propio encargado de la empresa admitió que los cuadrantes “ya se elaboran con menos personal del exigido”, acreditando un incumplimiento estructural. La Policía también recibió la denuncia de que una persona de mantenimiento del centro —al que los trabajadores se referían como “el mayordomo”— acudía semanalmente al domicilio particular de Juan Arroyo para realizar labores particulares y que cada miércoles le llevaba un bidón de gasoil propiedad del CNIO.

Fragmentación y ofertas falsas

Bernabé documentó el mismo modus operandi en la contratación que había descrito el exdirector de Operaciones del CNIO ante la Fiscalía: el uso masivo de contratos menores, para ajustarse al límite legal, así como la simulación de competencia mediante “ofertas de acompañamiento” (empresas de la misma trama presentando ofertas falsas más caras para que gane la empresa deseada). El gerente saliente también denunció la creación a medida de un puesto de secretaria de alta dirección para Laura Muñoz, la asistente y mano derecha de Juan Arroyo, por un sueldo de 69.729 € anuales, así como un correo en el que el jefe de personal contaba que ella misma diseñó el perfil por indicación del ex gerente. 

Laura Muñoz es la trabajadora que puso una queja ante el departamento de Recursos Humanos por supuesto acoso que precipitó la salida de Bernabé del centro (lo hizo el día después de que este pidiera su despido, el de Arroyo y el de José Ignacio Fernández Vera). En su escrito, la secretaria denunciaba un trato excesivamente personal del gerente, que según ella le enviaba información íntima a través de WhatsApp. Hasta abril de 2025, esta colaboradora estrecha de Arroyo estuvo contratada por Gedosol SL, que consta en la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción como una empresa “satélite” en la que se externalizaba fraudulentamente a personal estructural del centro.

Las paredes oyen

Como en el caso del denunciante anterior, en el informe presentado ante la UDEF Bernabé advertía sobre el conflicto que suponía la presencia de Arroyo como vicedirector de Asuntos Económicos, con funciones estrechamente relacionadas con la contabilidad y gestión económica del centro. Esto generaba un riesgo evidente de interferencia, porque el resto del equipo económico-financiero seguía siendo el mismo que cuando se habrían producido los hechos que el nuevo gerente estaba investigando. Entre septiembre y noviembre, además, Bernabé estaba tratando de aclarar lo sucedido con Arroyo todavía en el propio centro.

En sus escritos Bernabé deja constancia de que podía ser objeto de espionaje por parte de los denunciados y tuvo que buscar formas seguras de recopilar información y proteger sus comunicaciones. Los informes que tiene la UDEF en su poder relatan cómo Gedosol controlaba los ordenadores, el correo y la ciberseguridad, y Zeus SL (fundada por un exdirector técnico del CNIO) controlaba todo el sistema SAP (el sistema de contabilidad interna). Esto, aseguran los denunciantes, les daba acceso pleno a toda la información financiera, presupuestaria, de recursos humanos y de compras, permitiendo modular la transparencia e impedir auditorías. A todo ello, según la denuncia ante la Fiscalía, se unían las represalias hacia los trabajadores que denunciaban irregularidades, además del uso de denuncias internas en el comité de acoso para silenciar a los críticos, según relatan varias fuentes.

El exdirector de Operaciones del centro, que presentó en el verano de 2025 una denuncia de más de 120 páginas ante la Fiscalía Anticorrupción tras documentar un presunto desfalco de hasta 25 millones de euros en contratos inflados o ficticios, también fue despedido en agosto de ese mismo año en lo que denunció como una represalia por haber destapado las irregularidades. La acusación que se utilizó para justificar el despido estaba relacionada con supuestas negligencias en la gestión de contratos que habrían puesto “en peligro la integridad económica y física” de instalaciones clave, algo que él niega. Fuentes del Ministerio de Ciencia también insinuaron que el exdirectivo estaba molesto por no haber sido elegido para el puesto de gerente cuando se produjo el relevo en la cúpula del centro.

Antes de esas investigaciones internas, ya existían avisos formales sobre posibles irregularidades en el CNIO. En 2018, la presidenta del comité de empresa, Ana Isabel Hernández, presentó una denuncia ante un juzgado en la que alertaba de posibles anomalías en la gestión económica y en determinados contratos del centro. Paralelamente, un informe del Tribunal de Cuentas había señalado deficiencias relevantes en los procedimientos de contratación y control interno, apuntando riesgos de irregularidades en la adjudicación y supervisión de servicios. Ana Isabel Hernández también denunció haber recibido presiones y amenazas tras presentar su denuncia, aunque aquellas reclamaciones iniciales ante la justicia no prosperaron.

Pasividad inexplicable

La salida de Bernabé en la gerencia se produjo tras la pasividad del patronato y del Ministerio de Ciencia a la hora de sacar al exgerente Juan Arroyo del CNIO, lo que permitió a los investigados mantener su capacidad para interferir en las pesquisas sobre la presunta trama que lleva años instalada en el centro. La salida del gerente ha conducido a un bloqueo de la gestión del centro, ya que el patronato ha decidido no renovar a múltiples trabajadores de Gedosol SL que cumplen tareas esenciales, como las secretarias de departamento.

Ante esta situación crítica, el máximo órgano de gobierno del CNIO, presidido por la secretaria general de Ciencia, Eva Ortega Paíno, se reunió el pasado lunes sin comunicar ninguna medida concreta. Tuvo que ser el actual director científico del centro, Fernando Peláez, el que informara a los trabajadores que el patronato ha decidido darle poder de firma, lo que permitirá mantener con normalidad las tareas administrativas cotidianas, y que se va a iniciar el proceso de selección de un nuevo director gerente. 

Unos días antes, buena parte de la plantilla salió en defensa de Bernabé tras su salida con una carta abierta, al considerar que las informaciones que causaron su cese forman parte de “una campaña de desprestigio orquestada”, dirigida a minar la reputación de la persona que estaba destapando la corrupción del anterior gestor. El lunes la situación era tan insostenible que prácticamente toda la plantilla, unos 400 trabajadores del CNIO, firmó otra carta pidiendo al patronato “una reestructuración de calado” de todo el sistema de gestión y administración. También pidieron que no se nombre a una sola persona para liderar esta limpieza del control como pasó con Bernabé, sino que se incorpore “un equipo de gestión de su confianza con el que reconducir esta situación”. No quieren que el sustituto de Bernabé vuelva a estar “solo ante el peligro”.

Consultado por este diario, el exgerente Juan Arroyo ha preferido no pronunciarse, puesto que no conoce los términos del informe de Bernabé. Fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades subrayan que tanto la directora científica (María Blasco) como el director gerente (Arroyo), permanecieron en el centro en los puestos que tenían antes tras la decisión de cesarlos en enero de 2025. Tampoco han querido detallar la información que le dieron a José Manuel Bernabé al tomar posesión de su cargo, solo que se le encargó recabar toda la información necesaria para conocer la situación del centro. 

Manuel había echado sus cuentas y, con su currículum y sus méritos, estaba convencido de que iba a conseguir un contrato de Formación de Profesorado Universitario (FPU). Por eso se sorprendió cuando se presentó a la convocatoria de 2023 (que se resolvió a finales de 2024), pero quedó en la lista de espera, y ni siquiera bien ubicado, en su área. “Vi que no habían evaluado artículos u otros méritos que presenté que sí habían evaluado a otros compañeros”, cuenta. En cuanto se abrió el plazo legal, reclamó.

Pasó el mes que la norma da a la administración para responder, y nada. Tras seis meses de silencio por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y de angustia para Manuel, le dieron la razón. Con la nueva evaluación le correspondía una ayuda FPU para realizar su tesis. Era julio de 2025 y sus compañeros de promoción llevaban seis meses trabajando con sus contratos. Finalmente, en septiembre firmaron y le notificaron que empezaría el 1 de octubre. Luego que el 1 de noviembre. Después no había fecha. Todavía sigue esperando.

Exactamente lo mismo que a Manuel le pasó a Alejandro y Sergio. Están en un limbo, aguardando una notificación del ministerio que no llega, mientras pasan los meses y tienen que trabajar en sus tesis, porque para que te concedan una FPU hay que estar matriculado en el programa de doctorado de una universidad. Y a partir de ahí el plazo (lo normal son cuatro años) empieza a correr. Hay que avanzar se quiera o no.

Los contratos FPU son las ayudas más prestigiosas que ofrece el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para investigadores predoctorales. Duran cuatro años, durante los que los beneficiarios deben redactar la tesis. Descontadas cotizaciones, etc. los contratos, que se formalizan con las universidades donde las personas desarrollarán su tesis, deben ser de al menos 25.116 euros anuales durante cuatro años. También se puede solicitar una ayuda extra para estancias internacionales, una experiencia imprescindible para luego optar a otros contratos postdoctorales o presentarse a plazas en la universidad.

Cada año el ministerio convoca 900 plazas, para las que hay una competencia feroz: miles de personas se presentan por el prestigio que tienen, que suma puntos en futuros procesos, y porque están mejor dotadas económicamente que otras ayudas de este momento de la carrera investigadora. Sin embargo, en los últimos ejercicios el ministerio ha dejado de repartir 277 y es probable que deje otras 61 vacantes de la última edición. Son, todas estas, los contratos a los que han renunciado los beneficiarios (como los procesos en el sector son tan lentos, es habitual entre los investigadores solicitar varias cosas a la vez para ver qué sale y luego renunciar), que Ciencia no ha vuelto a adjudicar, como venía haciendo anteriormente, por motivos que no ha acabado de explicar, dado que la convocatoria nace con presupuesto para cubrir todas las plazas.

El Ministerio, que está estudiando la pérdida de ayudas en las dos últimas convocatorias, ha explicado a este periódico que no puede abordar casos particulares porque lo prohíbe la ley de protección de datos.

Perder dinero cada día

Sergio pierde dinero cada día que pasa. Su situación es por un lado mejor que la de Manuel, pero por otro es peor. A diferencia de Manuel, Sergio tiene un contrato predoctoral de la Junta de Castilla y León y al menos tiene ingresos. Pero la ayuda que disfruta actualmente está peor dotada que la FPU. Además, explica, el sistema de la ciencia estipula que cuando un investigador accede a cualquier contrato público, el plazo de cuatro años empieza a correr. Y si luego se pasa a otro, lo hará con los tiempos anteriores. En su caso, la ayuda de la Junta vence en mayo de 2028, plazo que se traspasará a la FPU. Así, cada mes que pasa pierde dinero. Manuel y Alejandro no están cobrando, pero al menos en su caso disfrutarán de los cuatro años completos de salario.

A Sergio, aunque tenga otra ayuda, le corresponde una FPU, reivindica, y la quiere. Tiene sus motivos, además del económico. Por un lado es más prestigiosa, un ponderable que se materializa a futuro a la hora de pedir otros contratos postdoctorales o incluso una plaza en la universidad. También tiene más horas de docencia garantizadas, y eso es currículum a futuro.

A Alejandro le aceptaron el recurso antes que a sus compañeros, en el mes de abril. Se acerca al año desde que le dieron la razón, pero que su caso fuera más ágil solo ha servido para sumar meses a su frustración. “Me produce una ansiedad pensar en el tema, estar todas las semanas enviando correos, que no contestan en su mayoría, probando a ver si te cogen el teléfono... Has logrado algo muy importante a nivel profesional, pero no arranca, y me siento un poco estafado”, explica.

Como la FPU no se concretaba, se tuvo que “buscar la vida”. “Me busqué un trabajo, me apunté a otro máster”, explica. Pero el empleo se acabó y a la prestación por desempleo de la que vive le quedan dos meses, cuenta. “La situación es un poco límite”, sostiene. Lo que no puede hacer es acumular horas de docencia, porque no tiene un contrato con la universidad, así que se va conformando con hacer los cursos que exige un doctorado.

La falsa expectativa de que firmaría rápido también tuvo un coste para Manuel. En su caso, ante la incertidumbre decidió optar a una ayuda PIPF (Personal Investigador Predoctoral en Formación) de la Comunidad de Madrid. Son como las FPU, pero tienen algo menos de prestigio. Le concedieron una, pero estas ayudas son incompatibles con cualquier otra y le tocó elegir: o empezaba la PFIF mientras se resolvía la FPU o renunciaba a ella. “Como no sabía si me iba a incorporar el 1 de noviembre porque ya me habían prometido la incorporación en octubre y no había pasado, podía haber cogido la PIPF y luego rechazarla y pasarme a la FPU. Pero sí lo hacía otra persona, precaria como yo, la perdía, porque estas ayudas cuando se conceden, si se renuncia a ellas, se pierden. No quería quitarle a alguien un contrato de cuatro años. Entonces, no la acepté porque prefería la FPU por prestigio y porque me la debían. Llevaba ya un año esperando”, cuenta.

Su generosidad le ha costado todos estos meses de inacción y unos ingresos estables, por lo que, a la espera de firmar la FPU, va haciendo trabajos en negro, sin contrato. No se puede buscar un empleo normal porque, explica, desde que reciban el aviso tienen diez días para firmar el contrato FPU, pero en un trabajo tienes que dar dos semanas de preaviso si lo abandonas. Las cuentas no cuadran.

“Me siento como en Esperando a Godot, sin poder hacer nada porque Godot va a llegar al día siguiente, pero Godot no llega”, explica su “frustración”. “Yo he hecho todo lo que me correspondía para conseguir esto. Tengo dos carreras, tenía publicados al acabar el grado más de cinco artículos, he participado en congresos internacionales... Tenía todo lo que hay que tener, todo lo que te piden que hagas. Y entiendo a los correctores, no les culpo, pero a la vez me siento decepcionado con el ministerio por no tener un protocolo que proteja al solicitante ante errores humanos como estos”, reflexiona.

Porque al final todo este proceso está teniendo un peaje en su vida: “El problema es que esto no te permite planificarme bien y a mí al menos me está castrando el futuro laboral. No me permite participar en proyectos de investigación, no me permite tener estancias, trabajar... Me va arrastrando a una vida más precaria de lo que tendría que ser. Me encuentro un poco enfadado, porque yo tengo que seguir haciendo la tesis, porque la tengo que hacer en cuatro años, cinco como mucho. Me metí en el programa de doctorado, que me cuesta 600 euros al año que tengo que pagar. Me siento trabajando 6-8 horas al día en el doctorado sin cobrar, es como si estuviera suspendido de sueldo, pero no de empleo”, lamenta.

Los trabajadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) se reúnen este viernes en una asamblea, convocada por los sindicatos CSIF y UGT, en un ambiente de máxima preocupación y para lanzar un llamamiento de auxilio al Ministerio de Ciencia y al patronato de la institución. La marcha del gerente José Manuel Bernabé por un supuesto caso de acoso ha dejado al centro sin capacidad para firmar nuevos contratos y puede paralizar muchas actividades diarias. 

La primera consecuencia es la marcha de las nueve secretarias de administración, que se ocupan de buena parte del papeleo de los grupos de investigación, cuyo contrato finaliza el martes 10 de marzo y no serán reemplazadas. Bernabé quería renovarlas, pero al estar empleadas de Gedosol (una de las empresas bajo la lupa de la fiscalía anticorrupción), su contrato no se ha prorrogado. El siguiente nubarrón en el horizonte es una situación similar con el departamento de informática. 

El patronato del CNIO se reúne este lunes, pero el Ministerio de Ciencia no ha querido informar del contenido de la reunión ni de si se tomarán medidas urgentes para encontrar nuevo gerente o solucionar esta situación. Los directores de programa de centro han enviado este jueves una carta al patronato, a la que ha podido acceder elDiario.es, en la que expresan su preocupación por el futuro de la institución y piden “una solución urgente para poder tener a alguien con poder legal de firma”. 

Proyectos en riesgo

Los directores también piden al ministerio que implemente el “Plan de Actuación” propuesto por nuestro recién cesado gerente, que estaba empezando a sacar a la luz la trama de corrupción en el centro bajo el amparo del anterior equipo gestor. “Consideramos que la simple contratación de un nuevo gerente independiente va a ser insuficiente si la misma no viene asociada a la capacidad de poder contratar a un equipo de gestión de su confianza con la que reconducir esta situación”, escriben.

“Está en riesgo la solicitud de proyectos internacionales, esto puede impedir optar a financiación competitiva”, advierte una investigadora principal, que prefiere que no demos su nombre. “No tener gerente pues prácticamente no podemos firmar nada, ningún contrato de nuevas personas ni de proyectos y no se pueden firmar las cosas de mantenimiento esencial de cualquier sitio”, asegura otra fuente interna del CNIO. “Es un buque a la deriva, el Ministerio va tomando medidas de una en una, pero esto no se va a solucionar con pequeños parches. La herida es grande y esto necesita un plan integral de apoyo. O sea, el Ministerio no puede cerrar los ojos y pensar que esto es un mal sueño, pero tenemos un problema muy serio y necesitamos un apoyo integral para reflotar las estructuras de control”.

“Cesión ilegal de trabajadores”

El sindicato CSIF recuerda que el personal al que no se va a renovar tiene una antigüedad de entre 10 y 20 años en el centro y se encarga de tareas de secretaría en los programas de investigación (organización de viajes de congresos, envíos de muestras científicas y otras tareas de gestión, entre otras funciones claves en el desarrollo de la labor de nuestros investigadores). “Estas personas dependen de una de las empresas externas investigadas por la Fiscalía Anticorrupción y CSIF entiende que se ha producido una cesión ilegal de los trabajadores, dado que la citada empresa únicamente actúa como intermediaria y la labor de estas personas está integrada en el CNIO de manera estructural”, explican en un comunicado. “Por este motivo, CSIF estudiará acciones jurídicas para defender los legítimos intereses de este colectivo de trabajadores”.

El sindicato asegura haberse puesto en contacto con el ministerio para solicitar información y pedir explicaciones y tiene previsto iniciar una ronda de contactos con grupos parlamentarios para trasladarles de primera mano la situación y promover una solución y la asunción de responsabilidades. “El próximo lunes también está prevista una reunión del Patronato del CNIO que debería tomar cartas en el asunto para solucionar esta crisis interna”, afirman.

“La marcha de personal clave, como las secretarias, ha sido especialmente dolorosa, no solo por la carga de trabajo que asumían, sino por la calidad humana que han demostrado hasta el último minuto”, asegura Guadalupe Sabio, jefa de grupo en el CNIO. “Muchas de ellas llevaban aquí más de 15 años… Incluso sabiendo que su contrato terminaba en dos días, su prioridad fue dejarnos todo lo más organizado posible. Ese nivel de compromiso habla muy bien del tipo de personas que hay en el CNIO y de por qué este centro es tan especial. Esperamos que esta situación se pueda finalmente resolver”.

El pasado viernes, la plantilla del centro firmó una carta pública en apoyo del gerente cesado, José Manuel Bernabé, suscrita por el 90% de los jefes de grupo (47 de 52) y que sumó el respaldo más de 200 trabajadores. El nuevo gerente era la gran esperanza de regeneración del centro, en plena investigación de la Fiscalía Anticorrupción por las presuntas irregularidades del anterior responsable de las cuentas, Juan Arroyo. Los firmantes de la carta consideran que las informaciones aparecidas en los últimos días forman parte de “una campaña de desprestigio orquestada” y dirigida a minar la reputación de la persona que estaba destapando la corrupción del anterior gestor.

El nuevo gerente del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), José Manuel Bernabé, ha presentado este viernes su renuncia después de que el ministerio de Ciencia anunciara que iba a proponer su cese por las informaciones sobre un “presunto caso de acoso”. Al mismo tiempo, la plantilla del centro ha firmado una carta pública en apoyo de Bernabé, suscrita por el 90% de los jefes de grupo (47 de 52, incluido su director científico interino) y que ha sumado el respaldo más de 200 trabajadores. El nuevo gerente era la gran esperanza de regeneración del centro, en plena investigación de la Fiscalía Anticorrupción por las presuntas irregularidades del anterior responsable de las cuentas, Juan Arroyo.

Los firmantes de la carta consideran que las informaciones aparecidas en los últimos días forman parte de “una campaña de desprestigio orquestada” y dirigida a minar la reputación de la persona que estaba destapando la corrupción del anterior gestor. Convocados por los sindicatos, un grupo de trabajadores se ha manifestado a las puertas del centro a las 13:00 h para protestar por la situación con pancartas como “Menos mafia y más ciencia”.

El cese de Bernabé llega tras las informaciones sobre un “presunto caso de acoso”, publicadas por el diario ABC, sobre Laura Muñoz, entonces secretaria general del CNIO y empleada desde hacía doce años y colaboradora de Arroyo, al que se investiga por un posible desfalco en contratos por valor de 25 millones de euros. Muñoz puso una queja ante el departamento de recursos humanos antes de su despido, en la que aseguraba haber sentido confusión y ansiedad por una serie de mensaje por Whatsapp con temas personales y alusiones a su vida sexual. 

Tristeza y preocupación

“El sentimiento es de muchísima tristeza y preocupación entre el colectivo de científicos del CNIO”, asegura Óscar Fernández Capetillo, jefe de grupo y uno de los firmantes de la carta. “Mucha gente estábamos cansados de que el nombre del CNIO se asociara con presuntas corruptelas y teníamos ilusión, porque veíamos que este nuevo gerente estaba bastante decidido a atacar a esto con firmeza. Ahora vemos que el principal actor en ayudar a la fiscalía se ha quitado del medio de un plumazo y nos preocupa”.

Vemos que el principal actor en ayudar a la fiscalía se ha quitado del medio de un plumazo y nos preocupa

Óscar Fernández Capetillo — Jefe de grupo y uno de los firmantes de la carta

Sobre la queja por acoso, los científicos no entran y condenarán cualquier situación de este tipo si se ha producido. “Es evidente que todos nosotros condenamos cualquier tipo de acoso, pero creemos que es importante que la gente sepa el contexto en el que se da esta situación de denuncia de acoso interno, en que la persona acusada es la que estaba investigando al acusado y a su entorno”.

Este es el contenido íntegro de la carta:

Carta Abierta de Investigadores del CNIO

Ante la noticia del cese del Director Gerente del CNIO, José Manuel Bernabé, los Jefes y Jefas de Grupo y de las Unidades Científicas del CNIO abajo firmantes queremos manifestar:

1. Nuestro total respaldo a la labor desarrollada por José Manuel Bernabé durante los últimos meses, en su esfuerzo por conseguir una gestión transparente en el CNIO.

2. Queremos subrayar que el gerente fue el principal actor a la hora de ayudar a las autoridades a esclarecer las presuntas actividades delictivas asociadas al anterior equipo de gerencia.

3. Creemos que las noticias aparecidas en los últimos días forman parte de una campaña de desprestigio orquestada y dirigida a minar la reputación del gerente.

4. Nuestra repulsa ante cualquier situación de acoso que se pueda dar en el entorno laboral.

5. Nuestra honda preocupación por el futuro de nuestra institución. Pedimos al Ministerio que la nueva gerencia sea independiente del equipo inicial y que continúe trabajando para aclarar las posibles irregularidades o corrupciones del equipo anterior.

Finalmente, queremos trasladar a la sociedad que el personal que componemos el CNIO estamos profundamente afectados por la deriva de este caso. Queremos recalcar nuestro firme compromiso de seguir contribuyendo a la investigación oncológica de excelencia en nuestro país.

Firmantes, por orden alfabético: Fátima Al-Shahrour, Luis Álvarez-Vallina, María Jesús Artiga, Carmen Blanco, Isabel Blanco, María Blasco, Jasminka Boskovic, Ramón Campos, Oscar F. Capetillo, María Casanova-Acebes, Felipe Cortés, Orlando Domínguez, Alejo Efeyan, Anna González-Neira, Eva González-Suárez, Rafael Leiro, Luis Lombardía, Ana Losada, Marta Isasa, Oscar Llorca, Gonçalo Lópes, Núria Malats, Lola Martínez, Jorge Martínez-Torrecuadrada, Geoff Macintyre, Sonia Martínez, Juan Méndez, Francisca Mulero, Sagrario Ortega, Solip Park, Joaquín Pastor, Luis Paz-Ares, Fernando Peláez, Isabel Peset, Francisco X. Real, Mercedes Robledo, Giovana Roncador, Jessica Rose, Guadalupe Sabio, Marisol Soengas, Lucas Tafur, Manuel Valiente

* Esta noticia se ha actualizado a medida que se sumaban nuevos firmantes, de más de treinta a más de cuarenta, y con la imagen de la concentración a las puertas del CNIO.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades solicitará mañana viernes en el Patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) que proceda al cese del nuevo gerente de la institución, José Manuel Bernabé, tras las informaciones sobre un caso de acoso publicadas por el diario ABC. Tras conocer el “presunto caso de acoso” en el centro, el ministerio “condena de forma rotunda” lo que consideran “unos hechos impropios de una institución como el CNIO”.

Esta decisión se produce tras conocerse la queja formal que Laura Muñoz, entonces secretaria general del CNIO y empleada desde hacía doce años, contra el nuevo gerente, que había llegado al centro para poner orden tras la crisis y contaba con un amplio respaldo entre la plantilla y la confianza del ministerio. El anuncio del cese coincide con una denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción que investiga presuntas irregularidades en contratos por valor de 25 millones de euros. En dicha trama, el denunciante cargaba contra el anterior gerente, Juan Arroyo, y situaba a Muñoz como una de sus personas de confianza.

Mensajes personales por Whatsapp

El escrito de Laura Muñoz, presentado ante el área de Recursos Humanos, buscaba amparo legal ante posibles represalias frente a la insostenible situación laboral que vivía con Bernabé, desde su toma de posesión en el cargo el 1 de septiembre de ese mismo año. La denunciante detalla un patrón de acoso que se intensificó rápidamente, cuando el nuevo gerente comenzó a someterla a un trato excesivamente personal. Según Muñoz, Bernabé le enviaba información íntima a través de WhatsApp desde el gimnasio y alardeaba de su vida amorosa y sexual con frases como: “Este año llevo catorce”.

“A medida que mi labor profesional mermaba, aumentaba la comunicación de temas personales, incluso cuando iba a su despacho por algún motivo”, relata la denunciante. “Esta cuestión me ha producido confusión, ansiedad y un clima de incertidumbre constante. En una ocasión, el Gerente compartió conmigo por WhatsApp información íntima que me hizo sentir muy incómoda”.

Dos semanas después de oficializar su queja por acoso y poner los hechos en conocimiento del Patronato del CNIO, Laura Muñoz fue despedida, según ABC. Varios investigadores del CNIO han expresado a elDiario.es su malestar ante esta situación, dado que el nuevo gerente estaba avanzando y colaborando con la justicia para aclarar el entramado de irregularidades del que se acusa al exgerente Juan Arroyo. Con esta denuncia y su destitución, la tarea queda de nuevo en el aire.

Solo entre 2022 y 2023 se perdieron 277 ayudas FPU (Formación de Profesorado Universitario) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, uno de los principales mecanismos de financiación a nivel estatal para el inicio de la carrera investigadora. Dicho de otra manera, en ese periodo años hasta 277 personas se quedaron sin un contrato público para trabajar en su tesis durante los siguientes cuatro años.

La situación amenaza con repetirse este año (correspondiente a la convocatoria de 2024) con otras 61 ayudas que van camino del limbo. Estos contratos perdidos corresponden a personas que resultaron beneficiarias de una FPU tras presentarse al proceso selectivo, pero luego renunciaron a ella por diferentes razones (estas convocatorias son tan lentas en su resolución que es habitual que el personal investigador concurra a varias a la vez, y para cuando se resuelve una puede estar ya trabajando en otro sitio).

En tres convocatorias Universidades habrá escatimado 338 contratos a futuros doctores, que ahora tendrán que plantearse cómo afrontan la tarea de redactar la tesis, una empresa de varios años, sin una fuente de ingresos estable y predecible.

Elena es una de las personas a las que le tocaría una FPU en segunda ronda, pero ante el silencio institucional y los precedentes está empezando a pensar que no va a ser. Y le genera todo un problema, cuenta, porque ella se mudó desde Madrid a Santiago de Compostela porque era el mejor lugar para hacer su tesis sobre Patrimonialización de lugares de memoria vinculados al franquismo. Pero, sin el contrato, todo el plan se tambalea.

“Contaba con que me iban a dar la ayuda”, explica, “y si no sale bien tendré que continuar la tesis de otra manera, compatibilizarla con alguna otra cosa, porque hacerla a tiempo completo en cuatro años sin recursos económicos es inviable para mí. De momento comparto una habitación y no es tan caro como en Madrid, pero es un dinero. Estoy viviendo de los ahorros conseguidos con trabajos previos mientras esto se resuelve”, cuenta.

El colectivo de investigadores perjudicados se ha reunido en ocasiones con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para pedir explicaciones porque no entienden que si se convocan 900 plazas, y tienen su presupuesto como poco preasignado (porque si ningún adjudicatario inicial renunciara sí se ejecutarían esos 900 contratos) luego se pierdan algunas. Según su versión el ministerio señala a la Intervención General, que “no ha sido propensa a publicar estas resoluciones”, de manera que “el remanente se redirige a otras partidas presupuestarias, es decir, el presupuesto se libera y se destina a otras ayudas”.

El departamento que dirige Diana Morant ha explicado a este periódico que la Secretaría General de Universidades “está analizando la eventual reasignación de las plazas no cubiertas en la última convocatoria”, pero también admite que “en este momento no es posible confirmar si dichas plazas podrán ser objeto de redistribución ni el calendario en el que, en su caso, podría materializarse”.

Cuatro años remunerados

La convocatoria de ayudas para la investigación FPU ofrecía 900 plazas para desarrollar el doctorado en un plazo de cuatro años a razón de 31.923,72 euros anuales. Son la principal ayuda que ofrece Universidades para estudiantes predoctorales y el proceso selectivo es “altamente competitivo y lento”, explican algunos aspirantes en una carta en la que denuncian el silencio del Ministerio ante la posibilidad, certeza si el resultado depende de lo que ha pasado los años anteriores, de que se pueden perder esas seis docenas de puestos en esta convocatoria.

No siempre fue así. Hasta 2022, cuando alguien renunciaba a su contrato lo normal era que corriera turno y se adjudicara esa ayuda a la siguiente persona de ese campo de conocimiento, explican los investigadores.

“Desde siempre, en las órdenes de convocatoria de los contratos predoctorales de Formación del Profesorado Universitario se establece que podrán concederse nuevas plazas en resolución complementaria siempre y cuando las disponibilidades presupuestarias lo permitan y los candidatos cumplan los requisitos”, ilustran desde la Asociación FPU Investiga. “Sin embargo, a partir de la FPU22, que fue cuando cambió el baremo, se dejaron de publicar las resoluciones complementarias. La FPU22 sentó este peligroso precedente: la FPU23 tampoco tuvo complementaria. La FPU24 [la convocatoria que se acaba de resolver] aún tiene tiempo, pero también puede ir por el mismo camino”, advierten.

El problema no lo tiene solo quien está pendiente de que le den la ayuda o no. Si esta persona disfruta de otro contrato, una situación habitual en ciencia, lo liberaría al aceptar la FPU, beneficiando a un tercero

Otro problema, tercia G. S., número 1 en la lista de espera de su área, es que esto no solo afecta al posible beneficiario. Debido a que al modus operandi de las convocatorias de ayuda a la investigación, que se resuelven a meses o incluso años vista, muchos científicos solicitan varias a la vez y, como le ocurre a él, pueden estar disfrutando de otro contrato en el momento de resolución de la convocatoria FPU.

Es el caso de G. S., que actualmente cuenta con un contrato de la universidad en la que acaba de empezar la tesis. Pero, cuenta este investigador, si finalmente le concedieran la FPU que otra persona rechazó, renunciaría a su actual contrato en favor de la FPU, mejor dotada económicamente y, sobre todo, de mucho más prestigio, un imponderable que puede ser decisivo en el hipercompetitivo mundo del acceso a la universidad. Así, G. S. se haría con una FPU, abandonaría el contrato que tiene actualmente y otra persona lo ocuparía. “Somos bastantes en esta situación”, asegura.

A diferencia de Elena, G. S. no tiene problemas para empezar con su tesis porque tiene ya un contrato que le permite trabajar. Pero a Elena su actual situación no le deja avanzar como le gustaría. “Ahora estoy limitada a avanzar bibliográficamente e ir cumpliendo con los plazos del programa del doctorado, que exige realizar una serie de cursos, etc. Pero la investigación como tal no la he empezado, pese a llevar matriculada un año en el doctorado, porque me gustaría hacer trabajo de campo y necesito un contrato para eso por riesgos laborales, seguros, etc. También para asistir a congresos, etc.”, parte fundamental de realizar un doctorado.

FPU Investiga cree que el ministerio debe modificar el proceso de resolución de estas convocatorias, históricamente problemáticas. “Manifestamos reiteradamente la necesidad de determinar un procedimiento transparente de concesión y marcado por tiempos definidos, que elimine la ambigüedad actual que deja en el limbo a decenas de personas cada año, esperando sin certezas la readjudicación de un posible contrato que puede no llegar”, sostienen desde la asociación.

El ministerio ha informado de que la convocatoria FPU 2026 cuenta con una dotación inicial de 124,1 millones de euros y prevé la concesión de 900 contratos predoctorales en universidades y centros de investigación españoles, las mismas que se han convocado en los últimos tres ejercicios, pero que finalmente no se han concedido en su totalidad en ninguno de los tres.

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se han personado hoy en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) para solicitar información en el marco de una investigación en curso, a petición de la Fiscalía Anticorrupción de Madrid. 

Fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades aseguran que no se ha tratado de un registro, sino exclusivamente de una solicitud formal de información. El CNIO ha facilitado con total colaboración la documentación solicitada de forma formal, que los agentes se han llevado únicamente en un disco duro. En ningún caso se han llevado ni ordenadores ni ningún otro dispositivo, aseguran las mismas fuentes.

La denuncia -a la que la Fiscalía otorga entidad suficiente como para investigar un presunto delito- fue presentada por un ex alto cargo del CNIO el pasado mes de junio contra otros antiguos directivos del área económica del organismo y empresas afines por presuntamente haberse lucrado con contratos que se fraccionaban o inflaban.

En la denuncia que ahora investiga la Fiscalía Anticorrupción el extrabajador acusaba a antiguos cargos del área económica del centro de haberse lucrado con contratos que se fraccionaban, inflaban o en los que ni había prestación real, con la protección del exgerente del CNIO Juan Arroyo.