Manteo Bizirik deseaba ofrecer un espacio público para promover el “debate y generar pensamiento crítico” ante un desarrollo urbanístico como el que está sucediendo en la ciudad con los precios de la vivienda más altos. Gracias a la colaboración de Donostia Kultura, este jueves la organización dio comienzo al ciclo 'Las ciudades hablan' con una primera edición titulada 'Vecinos y turistas: ¿de quién es la ciudad?' en Ernest Lluch Kultur Etxea.

El primer documental presentado de la edición fue 'Emergent City' de Kelly Anderson. Retrata las dificultades que vivió la comunidad de Sunset Park, en el distrito de Brooklyn, en Nueva York, ante el surgimiento de Industry City y las tensiones que traía consigo su posible expansión. “Esta película trata de cómo una ciudad se transforma, qué tensiones surgieron entre las autoridades públicas, el sector privado, que tiene que invertir, y los movimientos ciudadanos… Creo que es muy interesante”, asegura Alfonso Vergara, invitado especial a la proyección por su labor como urbanista.

Para entender mejor el documental y que el debate fuese más fructífero, Vergara explicó que, hoy en día, los países no compiten directamente, sino a través de las ciudades. Esto se debe a que son las zonas que “tienen más capacidad para generar empleo, para crear condiciones adecuadas para vivir y también para las empresas”. Para poder competir, el urbanista afirmó que las ciudades necesitan innovación y, por ello, “están creando distritos de innovación, lugares para la atracción de talento”.

Profundizó su punto aportando ejemplos de trabajos, en ciudades como Boston, Milán y Tokio, en los que su Fundación Metrópoli ha colaborado y, así, demostrar un equilibrio entre innovación, sociedad y sostenibilidad. También detalló los proyectos de Euskadi en los que ha participado. Empezó hablando de la conexión del tren de alta velocidad entre las tres capitales, un asunto sin fecha después de veinte años de obras, continuó describiendo el anillo verde de Vitoria y el espacio en torno al Guggenheim de Bilbao, y culminó mencionando el próximo proyecto de la bahía de Pasaia.

El debate tras la película lo abrió Concha Artola, representante de la organización Manteo Bizirik. Refirió al desfase de los trabajos industriales y el posicionamiento de los de servicio como uno de los síntomas de la gentrificación. Artola parafraseó a una de las activistas del documental, que estaba preocupada por la creación de hoteles si se aprobaba la propuesta de Industry City, diciendo “¿qué trabajo nos van a traer estos hoteles?, ¿hacer de camareros o de limpiar habitaciones?” “Ese no es el tipo de trabajo que queremos”, remarcó. La representante detecta que esta misma situación está sucediendo en Donostia y que necesita una solución “que no pase por expulsión de la gente de sus barrios”, refiriéndose a la gentrificación.

Vergara continuó, teniendo de base el ejemplo que trae el documental, aclarando que la propuesta viene de una entidad privada que busca la aprobación del sector público, es decir, “de abajo hacia arriba”. Confesó que le parece curioso que en Europa, en general, “la organización de la ciudad lo hace el sector público”. Reflexionó sobre la importancia que tuvo la sociedad civil durante el proceso de aprobación del proyecto de Industry City para el Sunset Park. “A veces al sector privado se le ha ocurrido que ese lugar podría transformarse a través de una recalificación urbanística, pero ello no va acorde a las aspiraciones de la comunidad”, opinó.

Una persona del público expresaba que “no se puede usurpar lo público y llenarlo de hormigón por mucho que sea de un arquitecto estrella”. “Es lo que ha pasado en el parque en Manteo”, refirió sobre el proyecto GOe, asociado al Basque Culinary Center. Partiendo del modelo europeo que explica Vergara, la persona continuó su punto preguntándose “¿qué pasa si se cree que como es una decisión supuestamente arropada por lo público, en realidad están legislando para lo privado?” “Es que es una estafa”, insistió. En un punto, Concha Artola retomó la palabra explicando que, en el caso de Manteo, y lo que suele suceder en Donostia, pueden haber modificaciones en los planes urbanísticos y que “por supuesto que esas modificaciones responden, muchas veces, a intereses privados, desgraciadamente”.

Otro espectador tomó la palabra para compartir su sentir de “envidia”, pues la asociación ha nacido de protestas con respecto a lo sucedido en el parque con el GOe, en la que se han organizado ciudadanos. 'Emergent City' muestra otra realidad: los ciudadanos daban su opinión antes de que se tomara las decisiones, viendo “cómo se reunían con los promotores y con el concejal”. Los personajes públicos se mostraban “receptivos”, insistía, “requirieron que los promotores mostraran el proyecto”. La persona recordó cómo le pidieron al Basque Culinary Center que les explicaran su proyecto. “Cómo acabó la reunión aquella”, ironizó.

En línea con el desánimo, el urbanista Vergara compartió que “uno de los mensajes que se transmite al final [del documental], de manera muy sutil, es el tema de la colaboración público-privada; de la importancia de la colaboración público-privada en este tipo de procesos”. Sin embargo, asume que “si tú haces un proceso de transformación urbanística en un lugar concreto, van a subir los precios del suelo y la población que estaba allí va a tener posiblemente que desplazarse”. Vergara cerró el debate invitando al público a fijarse en las tres variables presentes en la planificación urbanista: “El tema de la economía y la generación de empleo, el tema ambiental, que es fundamental, y el tema de la integración social”. Insistió en que “las ciudades que más éxito están teniendo a nivel internacional buscan un equilibrio entre esas entre esos tres componentes”.

Artola agradeció la presencia y conocimientos de Vergara, y al público por participar en la primera proyección de la edición. Invita a acercarse al siguiente encuentro el día 22 de enero, pues así es como se sustenta 'Las ciudades hablan': con la participación pública. La edición cuenta con cuatro encuentros en total, que se distribuirán entre el mes de enero y febrero. Se proyectarán todos los documentales en Ernest Lluch Kultur Etxea a las 18:30, gracias a la colaboración de Donostia Kultura.

“Ernest Lluch no era un home de callar, tampoc de cridar: era de parlar i d’atrevir-se a pensar”. Així el va definir l’expresident de la Generalitat Valenciana Ximo Puig en l’acte d’homenatge pel vinté aniversari del seu assassinat, l’any 2020. L’exdirigent dels socialistes valencians manté un fort vincle amb el qual va ser ministre de Sanitat del PSOE, assassinat per ETA el 21 de novembre de 2000, i ho recorda sovint. És pràcticament un pare per al socialisme valencià i el valencianisme polític, una figura de referència per al PSPV i per a generacions senceres. “Jo estic ací perquè una persona em va dir que m’afiliara al PSOE i el 21 de novembre recordem el seu assassinat”, va dir el president llavors en una sessió en les Corts.

Lluch se’l recorda principalment com a ministre de Sanitat i Consum en el govern de Felipe González. No debades, ja que va impulsar la llei que va establir les bases del sistema nacional de salut, la primera pedra de la sanitat universal espanyola; el pla nacional sobre drogues, el 1985, i la primera llei de defensa del consumidor. A penes deu anys des del final de la dictadura, sota el seu comandament el sistema de protecció de drets bàsics va fer un salt qualitatiu notable. Però els seus companys valencians recorden principalment un referent intel·lectual, un home que els va donar un llenguatge per a entendre la realitat.

El polític català (Vilassar de Mar, 1937) va ser professor d’economia a la Universitat de València entre el 1970 i el 1977, després de ser expulsat de la Universitat de Barcelona per raons polítiques. Va arribar a una facultat a la Universitat de València de creació recent, segons recorda l’exconseller d’Hisenda Vicent Soler, un dels seus alumnes en les primeres promocions, juntament amb l’expresident Joan Lerma, i va provocar una autèntica revolució. Va augmentar l’exigència acadèmica en un clima d’anar i vindre de professors, amb pocs recursos per a uns estudis nous en la capital valenciana. És el que Soler anomena “la dècada prodigiosa” per als economistes valencians.

L’exconseller d’Hisenda, hui catedràtic d’economia ja jubilat, recorda amb admiració al seu mentor: “Va revolucionar els estudis d’economia valenciana amb idees que catalitza en La via valenciana. Dirigeix diverses tesis doctorals sobre la qüestió, dota d’un cert rigor els estudis, i fa anàlisis d’una economia diversificada”, recorda Soler, que destaca que Lluch reconeix l’economia valenciana més enllà de l’agrari dominant: parla de la industrialització. “Lluch dona les pautes sobre la manera de fer política industrial, econòmica. Els seus deixebles van ser consellers en els huitanta, van poder posar en marxa les seues polítiques en matèria d’innovació, estratègies competitives... No competir en salaris baixos, sinó en innovació”, apunta Soler, que destaca la creació de l’Impiva. Estableix les bases del pensament econòmic del PSPV.

La via valenciana va ser una obra clau per a una generació d’economistes, que després tindrien llocs de responsabilitat en els governs autonòmics. Es reconeix com un estudi pioner de les transformacions valencianes amb influències més enllà del camp de les xifres. Soler i Puig són la mostra que l’empremta d’Ernest Lluch en la política valenciana continua sent molt marcada, però també el mateix Joan Lerma, el primer president democràtic de l’autogovern valencià, o Andrés García Reche, el seu conseller d’Indústria i posteriorment responsable d’Innovació amb Puig. L’exministre també va formar en la facultat altres dirigents com Rita Barberá, l’empresari Juan Roig, i va compartir escola política amb figures del valencianisme com Joan Romero, Josep Sorribes o Vicent Ventura.

Imatge Editorial - València, 1977. Representants del PSPV presentant al Govern Civil els papers per a la legalització del partit. D’esquerra a dreta: Ernest Lluch, Vicent Llombart, Alfons Cucó, Josep Pons, Joan Olmos, Joan Romero i Vicent Garcés. Arxiu de Joan Olmos.

Figura clau en l’autogovern

En la dècada que va passar a València, vivint al barri de Russafa, Lluch es converteix en una figura clau per a l’autogovern. S’implica en l’antic PSPV, en el món valencià, que permea en el polític tant com el polític en el país. Fa multitud de conferències, xarrades per tot el País Valencià, amb una ingent producció acadèmica i periodística. Reclama per tot l’Estat que els valencians han de tindre autogovern, que en van ser privats amb el colp del 1939. “Lluch s’implica en la transició en la política valenciana: juntament amb la llibertat i l’amnistia reclamava autogovern, estatut d’autonomia”, destaca Soler, que va ser detingut el 1975 amb els anomenats Deu d’Alaquàs, amb Lluch. Els agents de la Brigada Políiticosocial –la policia política del franquisme–-, van irrompre el dia de Sant Joan en La Puríssima d’Alaquàs; pistola en mà, van detindre els nou homes i la dona que desenvolupaven la Taula Democràtica del País Valencià, coordinadora de moviments antifranquistes i gènesi de l’autogovern. La detenció es va convertir en mite fundacional.

“Era un intel·lectual molt potent, tenia grans debats, sobretot amb Joan Fuster; pensava que podien discutir pel seu elevat nivell. Era un home molt implicat en el debat cultural valencià”, recorda l’exconseller d’Hisenda. Després, a la vora dels huitanta, el PSC reclama Lluch per a encapçalar les llistes electorals per Girona, però el dirigent no va deixar el contacte amb el País Valencià. “L’últim article que va escriure en vida, l’any 2000, dies abans del seu assassinat, va ser També ens equivoquem, sobre l’economia valenciana”, subratlla Soler. Sense saber que serien els seus últims dies, el polític es va dedicar a repensar els seus estudis sobre el País Valencià. També ens equivoquem es va publicar en el diari El País el 23 de novembre de l’any 2000, l’endemà passat que la banda terrorista ETA assassinara l’intel·lectual, polític i economista a la ciutat de Barcelona.

“En aquests temps abocats a les aliances, necessitem constructors de ponts com Ernest Lluch, no obrers que alcen murs (...) La memòria democràtica obliga a recordar la seua figura”. Amb aquestes paraules arrancava el president de la Generalitat Valenciana llavors, Ximo Puig, l’homenatge a Ernest Lluch en el vinté aniversari del seu assassinat, el 21 de novembre de 2020. Un any abans del seu assassinat, el polític socialista va pronunciar una frase històrica: “Crideu, perquè, mentre crideu, no matareu”. Les seues paraules, dirigides a un grup abertzale durant un míting a Sant Sebastià el 1999, continuen presents en tot el país. El partit, els seus alumnes, la seua facultat, recorden cada 21 de novembre el seu assassinat. I reivindiquen el seu llegat: dialogant, tolerant, obert.

“Ernest Lluch no era un hombre de callar, tampoco de chillar: era de hablar y de atreverse a pensar”. Así lo definió el expresidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig en el acto de homenaje por el vigésimo aniversario de su asesinato, en el año 2020. El exdirigente de los socialistas valencianos mantiene un fuerte vínculo con el que fuera ministro de Sanidad del PSOE, asesinado por ETA el 21 de noviembre del 2000, y lo recuerda frecuentemente. Es prácticamente un padre para el socialismo valenciano y el valencianismo político, una figura de referencia para el PSPV y para generaciones enteras. “Yo estoy aquí porque una persona me dijo que me afiliara al PSOE y el 21 de noviembre recordamos su asesinato”, dijo el entonces president en una sesión en las Corts.

A Lluch se le recuerda principalmente como ministro de Sanidad y Consumo en el gobierno de Felipe González. No en vano, puesto que impulsó la ley que sentó las bases del sistema nacional de salud, la primera piedra de la sanidad universal española; el plan nacional sobre drogas, en 1985, y la primera ley de defensa del consumidor. Apenas diez años desde el fin de la dictadura, bajo su mando el sistema de protección de derechos básicos dio un salto cualitativo notable. Pero sus compañeros valencianos recuerdan principalmente a un referente intelectual, un hombre que les dio un lenguaje para entender la realidad.

El político catalán (Villasa del Mar, en 1937) fue profesor de Economía en la Universitat de València entre 1970 y 1977, tras ser expulsado de la Universitat de Barcelona por razones políticas. Llegó a una facultad en la Universitat de València de reciente creación, según recuerda el exconseller de Hacienda Vicent Soler, uno de sus alumnos en las primeras promociones, junto al expresident Joan Lerma, y provocó una auténtica revolución. Aumentó la exigencia académica en un clima de ir y venir de profesores, con pocos recursos para unos estudios nuevos en la capital valenciana. Es lo que Soler llama “la década prodigiosa” para los economistas valencianos.

El exconseller de Hacienda, hoy catedrático de Economía ya jubilado, recuerda con admiración a su mentor: “Revolucionó los estudios de economía valenciana con ideas que cataliza en La via valenciana. Dirige varias tesis doctorales sobre la cuestión, dota de cierto rigor los estudios, y realiza análisis de una economía diversificada”, recuerda Soler, que destaca que Lluch reconoce la economía valenciana más allá del agrario dominante: habla de la industrialización. “Lluch da las pautas sobre cómo hacer política industrial, económica. Sus discípulos fueron consellers en los ochenta, pudieron poner en marcha sus politicas en materia de innovación, estrategias competitivas... No competir en salarios bajos sino en innovación”, apunta Soler, que destaca la creación del Impiva, el Instituto Valenciano de la pequeña y mediana empresa. Sienta las bases del pensamiento económico del PSPV-PSOE.

La via valenciana fue una obra clave para una generación de economistas, que luego tendrían puestos de responsabilidad en los gobiernos autonómicos. Se reconoce como un estudio pionero de las transformaciones valencianas con influencias más allá del campo de las cifras. Soler y Puig son la muestra de que la huella de Ernest Lluch en la política valenciana sigue siendo muy marcada, pero también el propio Joan Lerma, el primer presidente democrático del autogobierno valenciano, o Andrés García Reche, su conseller de Industria y posteriormente responsable de Innovación con Puig. El exministro también formó en la facultad a otros dirigentes como Rita Barberá, al empresario Juan Roig, y compartió espacios políticos con otras figuras del valencianismo como Joan Romero, Josep Sorribes o Vicent Ventura.

Figura clave en el autogobierno

En la década que pasó en Valencia, viviendo en el barrio de Russafa, Lluch se convierte en una figura clave para el autogobierno. Se implica en el antiguo PSPV, en el mundo valenciano, que permea en el político tanto como el político en el país. Realiza multitud de conferencias, charlas por todo el País Valenciano, con una ingente producción académica y periodística. Reclama por todo el Estado que los valencianos han de tener autogobierno, que fueron privados de él con el golpe de 1939. “Lluch se implica en la transición en la política valenciana: junto a la libertad y amnistia reclamaba autogobierno, estatut d'autonomia”, destaca Soler, que fue detenido en 1975 con los llamados Deu d'Alaquás, junto a Lluch. Los agentes de la Brigada Político Social -la policía política del franquismo-, irrumpieron el día de Sant Joan en La Purísima de Alaquàs; pistola en mano, detuvieron a los nueve hombres y a la mujer que desarrollaban la Taula Democràtica del País Valencià, coordinadora de movimientos antifranquistas y génesis del autogobierno. La detención se convirtió en mito fundacional.

“Era un intelectual muy potente, tenía grandes debates, sobre todo con Joan Fuster; pensaba que podían discutir por su elevado nivel. Era un hombre muy implicado en el debate cultural valenciano”, recuerda el exconseller de Hacienda. Lluch es también clave en la configuración del PSPV actual, la integración de una parte de la izquierda valencianista en el PSOE, en un movimiento similar al que se da en el PSC. Después, al borde de los ochenta, el PSC reclama a Lluch para encabezar las listas electorales por Girona, pero el dirigente pero no dejó el contacto con el País Valenciano. “El último articulo que escribio en vida, en el año 2000, dias antes de su asesinato, fue També ens equivoquem, sobre la economía valenciana”, subraya Soler. Sin saber que serían sus últimos días, el político se dedicó a repensar sus estudios sobre el País Valenciano. También nos equivocamos se publicó en el diario El País el 23 de noviembre del año 2000, dos días después de que la banda terrorista ETA asesinara al intelectual, político y economista en la ciudad de Barcelona.

“En estos tiempos abocados a las alianzas necesitamos constructores de puentes como Ernest Lluch, no obreros que alcen muros (...) La memoria democrática obliga a recordar su figura”. Con estas palabras arrancaba el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, el homenaje a Ernest Lluch en el vigésimo aniversario de su asesinato, el 21 de noviembre de 2020. Un año antes de su asesinato, el político socialista pronunció una frase histórica: “Gritad, porque mientras gritéis no mataréis”. Sus palabras, dirigidas a un grupo abertzale durante un mitin en Donostia en 1999, siguen presentes en todo el país. El partido, sus alumnos, su facultad, recuerdan cada 21 de noviembre su asesinato. Y reivindican su legado: dialogante, tolerante, abierto.

Hoy es 27 de junio, Día de las Víctimas del Terrorismo en España. Se eligió esta fecha porque hoy, hace 65 años, una bomba mató a la niña de 20 meses Begoña Urroz. Fue en la estación de tren de Amara, en Donosti. La pérdida fue tan fuerte para la familia que cuando años después nació otra niña, le pusieron el mismo nombre. Y esa es la verdadera protagonista de esta historia: Begoña Urroz.

Esta es la historia que Isabel Cadenas Cañón cuenta a Begoña Urroz en la tercera temporada del podcast ‘De eso no se habla’: Se llamaba como yo. Hablamos con la propia Isabel para que nos explique los detalles de su investigación, para poner en orden todos estos silencios individuales que cuentan mucho sobre nuestros silencios colectivos.

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La Audiencia Nacional ha condenado a una mujer navarra a dos años de cárcel y a una multa de 2.700 euros por humillar a las víctimas de ETA con varios mensajes que publicó en la red social X, antes conocida como Twitter. Según cuenta 'Diario de Navarra', publicó mensajes como “Que no, que por mucho que repitáis que ETA mataba por pensar diferente, no cuela. ETA, salvo alguna cagada, iba por las estructuras del Estado y, aunque os joda, la historia es la que es” y “La mayoría de muertos de ETA fueron policías, militares y políticos, y ya sabemos por qué (debería haberse llamado 'accidente laboral')”.

Entre otros mensajes, había también insultos a víctimas de ETA como Miguel Ángel Blanco y Ernest Lluch, ambos asesinados por la banda terrorista.

La mujer ha alcanzado un acuerdo tanto con la Fiscalía como con UPN, que también ejercía la acusación. UPN ha mostrado su “satisfacción” con la sentencia. “Celebramos que se haga justicia y reparación a las víctimas del terrorismo. No vamos a tolerar ningún desprecio ni ataque a la memoria y dignidad de quienes tanto hicieron por defender nuestras libertades y nuestra democracia frente a la barbarie terrorista”, han señalado desde el partido regionalista en una nota que recoge Europa Press.

Así, ha manifestado que “no deben permitirse espacios de impunidad ante mensajes y comportamientos que suponen enaltecer a los terroristas y humillar a sus víctimas”. “Denunciaremos cada humillación que se produzca con las herramientas que nos da la ley y el Estado de derecho, como demostración además de nuestro compromiso irrenunciable con la memoria, justicia, dignidad y verdad para las víctimas del terrorismo”, ha concluido UPN.

El 21 de noviembre de 2000, este martes hace 23 años, la banda terrorista ETA asesinaba en el garaje de su casa en Barcelona al catedrático de Economía de la Universitat de València (UV) Ernest Lluch, ministro de Sanidad y Consumo en el primer Gobierno socialista de Felipe González. Como viene siendo habitual cada año por estas fechas, la UV ha rendido homenaje al profesor y expolítico en la calle que lleva su mismo nombre en la capital valenciana, frente a la Facultad de Economía (en el campus de Tarongers), institución en la que ejerció como profesor.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, ha criticado a través de redes sociales que nadie del Partido Popular haya acudido al homenaje: “Tan víctima es de ETA Manuel Broseta como Ernest Lluch pero ni un solo miembro del gobierno de María José Catalá o Carlos Mazón ha venido a su homenaje. También le pegaron un tiro a la cabeza, la única diferencia es que era del PSOE”, ha denunciado la exvicealcaldesa de València, quien ha apuntado: “Pero luego a cantar que te vote Txapote”.

La edil socialista también ha querido reivindicar la figura del catedrático de la Universitat de València asesinado por los terroristas: “Eterno Ernest Lluch, quisieron acallar tu voz y solo la engrandecieron. Nos enseñaste lo útil que es la política y lo valiente que es tomar la palabra. Un ejemplo de convivencia y buen hacer. Un nombre ligado a València para siempre. Tu legado y recuerdo nos acompañan cada día”. Los socialistas reivindican la labor de Lluch al frente de la sanidad española, al tiempo que querían honrar la memoria “de un socialista único que siempre defendió la convivencia y el diálogo frente al fanatismo”. 

El expresident Ximo Puig, secretario general, también ha tenido un recuerdo para Lluch, de quien recordaba que fue represaliado por el franquismo y que siempre “se la jugó” por la democracia y recordaba una frase del exministro socialista: “Si alguna actitud política funciona, se mantiene. Si no funciona, se corrige inmediatamente. Lo único inamovible será la defensa de aquellos grandes principios que tienen que llevarnos a una situación mejor dentro de lo humanamente posible. Para que la libertad política, la eficacia económica y la justicia social avancen”.

El acto ha contado con la participación, entre otras personalidades, de la rectora de la universidad, Mavi Mestre; del decano de la Facultad de Economía, Francisco Muñoz; y del exconseller socialista Vicent Soler, con quien Lluch compartió militancia socialista, fue compañero en la universidad y también fue uno de los 10 de Alaquàs detenidos durante la dictadura franquista.

“El 21 de noviembre de 2000 a Ernest Lluch, el ministro que promovió y aprobó la ley que implantó la sanidad pública y universal en España, le dispararon dos tiros en el garaje de su casa. Murió en el acto y quedó tirado como un perro entre dos coches hasta que lo encontraron más de dos horas después”. Así recordaba aquel atentado, hace un lustro, el diputado gallego del PSOE Julio Torrado, en un artículo escrito en el Diario de Arousa. Hoy, cuando se cumplen 23 años del asesinato de Lluch, lo ha recuperado en la red social X (antes twitter). El Partido Popular de Galicia le ha respondido desde la misma red social, asegurando que el dolor de los socialistas es “impostado”.

“Ernest Lluch es el político que más me gustaría haber conocido de todos aquellos que no pude 'vivir' o conocer. Fue asesinado vilmente un 21 de noviembre de 2000. Hace 5 años por estas fechas escribí este pequeño texto que hoy creo que sigue valiendo”, tuiteaba en gallego cinco minutos antes de las 12 del mediodía.

Cuatro horas después, la cuenta oficial del PP de Galicia le respondía. Sobre una captura de pantalla del tweet original, añadía en castellano: “Diputados del PSOE en Galicia hablando de Lluch con melancolía impostada mientras aplauden los pactos de Sánchez con Bildu”. Y añadían el emoticono sin boca para transmitir que se habían quedado sin palabras.

La argumentación de la cuenta oficial del PP de Galicia sigue la senda abierta por uno de los diputados más radicales de Vox, Emilio del Valle. El ultraderechista utilizó este martes al portavoz de economía del PSOE en el Congreso, Pedro Casares, como blanco de su ataque contra quienes desde el PSOE han querido recordar a su compañero, asesinado cuando se disponía a retirar su coche del garaje de su domicilio.

El uso político que el PP sigue haciendo del terrorismo una década después de la disolución de ETA ha sido criticado incluso por las víctimas. Consuelo Ordóñez, hermana del concejal y diputado donostiarra Gregorio Ordóñez -asesinado cinco años antes que Lluch- y presidenta de la asociación Covite, denunciaba que a los populares no les importaba el dolor que expresiones como “Que te vote Txapote” podían provocar a los familiares de los muertos mientras les diese rédito electoral.

En twitter, pero también en el Parlamento

Mientras esto sucedía en las redes sociales, en el Parlamento de Galicia se desarrollaba un pleno ordinario. Ajeno a la respuesta del PP a su post, Torrado subió a la tribuna para hablar de salud mental y, aprovechando la fecha, mencionó el asesinato de Lluch. En ese momento, se vio interrumpido por la “algarabía” que partía de la bancada popular. Entre los gritos que pudo descifrar, había expresiones como “¡indecente!”, “¡qué vergüenza!” o “la culpa es vuestra, que pactáis con asesinos”.

Fue de vuelta a su escaño cuando al diputado le contaron lo que habían escrito los populares en X. En su turno de réplica, se limitó a leer el artículo que escribió cinco años atrás.

La portavoz nacional del BNG también respondió con dureza al post del PP “En política no todo vale, pero el Partido Popular hace mucho tiempo que decidió cruzar todas las líneas de la decencia”, escribió en su cuenta Ana Pontón.

El riesgo de convertirse “en un torpe bufón político”

El artículo de Torrado finalizaba recordando que uno de los últimos actos de Lluch había sido un homenaje a Lluís Companys, expresidente de la Generalitat de Cataluña torturado y fusilado por el franquismo. En aquel acto hubo representación de la izquierda abertzale y, por eso, Lluch había sido “duramente criticado”. “Con todos. Estuvo con todos. Quiso hablar con todos”.

En 2018, señalaba el autor, existen “otros rostros, otros problemas, pero existen también conflictos. Y volvemos a tener la misma dicotomía. Dialogar o confrontar. Probablemente, a Companys nunca se le ocurriría escupirle a alguien como Ernest Lluch, ni utilizar la inmensa honra que supone representar a la ciudadanía desde la política para convertirse en un torpe bufón”, palabras que toman otro significado tras la reacción del PP a su publicación.

De aquel 21 de noviembre de hace un lustro, Torrado se quedaba “con Ana Pastor y Josep Borrell afirmando 'el valor da palabra', desde el mayor respeto y honra a lo que debe ser la política”. Algo que, hoy, parece mucho más difícil.

–¿Le importa que fume?

–Fume, fume usted. Peor para su salud.

Autorizado –aunque a regañadientes: “Le advierto que voy a luchar contra el tabaco”–, saqué un cigarrillo y lo encendí. Estaba en el despacho del recientemente nombrado ministro de Sanidad y Consumo en el primer gobierno socialista, que, a los dos meses de tomar posesión, el 25 de enero de 1983, había presentado en el Consejo de Ministros para su tramitación en el Congreso de los Diputados su ley orgánica de Regulación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo mediante la introducción de un nuevo artículo en la reforma del Código Penal. Por entonces, yo me encargaba, entre otras tareas, de la entrevista política semanal de Interviú y la del ministro catalán me dio un titular en su habitual estilo irónico exento de rudeza: “Ernest Lluch, ministro de Sanidad: «Abortar no será obligatorio»”.

Iba dirigido, claro está, a unas derechas camino de dejar de ser los conservadores presentables y europeos que eran con UCD para converger y radicalizarse en la Alianza Popular franquista que se disfrazaría de Partido Popular a final de la década. Pero también se quejaba de la presión feminista, que exigía la legislación del aborto libre y gratuito, ajena a una situación en la que la derecha y sus grupos de presión habían sacralizado la figura del nasciturus, ([el que] va a nacer), como ariete contra los contenidos de la ley, que permitía el aborto en tres supuestos: en caso de peligro para la salud de la madre (indicación terapéutica), de violación (indicación ética) y de graves malformaciones del feto (indicación eugenésica).

Hoy parece que las libertades y el progreso son connaturales a la España constitucional de 1978, pero nunca fue así. Cada paso adelante de la democracia ha costado luchas políticas enconadas, muertos en muchos casos y siempre sudor y lágrimas. La violencia callejera y la algarabía política contra la amnistía que hoy enfrentamos son muy parecidas a la sufrida en cada avance social democrático.

En el caso de la lucha por el aborto, el ginecólogo malagueño Germán Sáez de Santamaría, de militancia socialista y sobrino del general que por entonces era director general de la Guardia Civil, que dirigía en Málaga una clínica de abortos clandestinos, resumía la situación: “El poder judicial es el último reducto de la derecha” y señalaba los tres sectores que impedían que fueran realidad las prudentes, insuficientes, promesas electorales, en éste y otros aspectos, que habían contribuido a la llegada del PSOE al poder. Especialmente, la Iglesia, como acaso era lógico –el papa Juan Pablo II presionó a Felipe González y el arzobispo de Valladolid, José Delicado Baeza, negó legitimidad del gobierno para legislar sobre el aborto –, pero también los jueces, los médicos y otros frentes de oposición. Y todos pastoreados por una Alianza Popular franquista, que ya se sabía heredera del voto de derechas de la agonizante Unión de Centro Democrático y que, como hoy, se hacía dueña de la calle con la ayuda de la violencia de los escuadristas de Falange y neonazis del Frente Nacional, encargados de disolver a golpes las manifestaciones feministas y hacer imposible la actividad de las clínicas, ya legales, donde se practicaban los abortos. Y, claro, España se rompía: en esta ocasión, por su célula primigenia, la familia.

Por eso hubo que esperar nada menos que 40 años desde la reforma de Lluch para contar con una ley de aborto plena, la orgánica de 28 de febrero de 2023 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, presentada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, que modificó la primera ley de plazos, la también orgánica de 3 de marzo de 2010, obra de Bibiana Aído, ministra de Igualdad del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Entre medias, la continuación de la violencia opositora y el intento reaccionario del católico Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia con Rajoy, cuyo proyecto de ley de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Mujer Embarazada pretendía no sólo derogar la ley de plazos de Zapatero sino volver a la ley de supuestos de Lluch para recortarla. Rajoy no se atrevió a jugarse el voto centrista del PP –en una creciente deriva tan ultraderechista que calificaban de “progresista” a Gallardón–, por lo que desechó el proyecto, aceptó la dimisión y salida de la política de su impulsor y se limitó a imponer la opinión parental para las menores de edad decididas a abortar.

Abortar en España: un paisaje aterrador

El panorama del aborto en nuestro país antes de la reforma de Lluch, y también bastantes años después, era terrorífico. Los métodos anticonceptivos no se legalizaron en España hasta el 7 de octubre de 1978 –y hasta bien entrados los 80 era frecuente que médicos y farmacias se negaran a recetarlos y expenderlos–, por lo que el número de embarazos no deseados era descomunal. Según datos de la fiscalía del Tribunal Supremo para 1974, en España se practicaban anualmente 300.000 abortos clandestinos –de los que un 10% terminaban en muertes provocadas por métodos tan primitivos como introducir en la vagina una solución de agua, jabón y alcohol, por hacerlo con agujas de punto, con perejil...– y a los que había que sumar las más de 20.000 mujeres que cada año viajaban a Londres a abortar, más las que lo hacían en Holanda, Suecia, Portugal, Francia e incluso Tánger: Viajes Marsans, líder del sector en aquellos años, ofrecía un 10% de comisión a las clínicas, clandestinas o no, que les desviaran pacientes decididas a viajar al extranjero a abortar: es el mercado, amigo...

En este panorama hubo dos casos que despertaron la conciencia ciudadana impulsada por las organizaciones feministas: el llamado de ‘Las 11 de Bilbao’ –11 mujeres que vivían en la pobreza, que ya tenían varios hijos y habían abortado con una solución de agua jabonosa y alcohol– y el de la clínica clandestina sevillana de Los Naranjos, montada por exmilitantes de la Liga Comunista Revolucionaria, que cobraban 8.000 pesetas cuando ginecólogos igualmente clandestinos lo hacían por 300.000 pesetas. Unas y otros se enfrentaban a la amenaza del Código Penal del franquismo, aún vigente, que establecía penas desmesuradas por abortar, hasta 6 años de prisión, elevadas multas e inhabilitaciones desmedidas tanto para la paciente como para los agentes y colaboradores.

Por aquellas fechas, fui uno del millar de firmantes de un escrito en apoyo de ‘Las 11 de Bilbao’ donde ‘confesábamos’ haber abortado, las que podían, o, los que no podíamos, haber colaborado en abortos. Eran tiempos en los que había que empujar las timideces democráticas con continuas manifestaciones, pliegos de firmas, acciones solidarias... Y reincidir: también firmé, con otros 26.248, otra ‘confesión’ de apoyo a los procesados de Los Naranjos. Como hubo miles de autoinculpaciones no ya en listas sino en juzgados y enfrentamientos sin miedo a las represalias: una joven de Almería, al ser preguntada por el juez si había abortado, respondió: “¿Yo le he preguntado a usted por dónde mea?”.

Y es que, a esas alturas, la solidaridad ciudadana era una ola imparable, que despertaba miles de conciencias y cruzaba fronteras, hasta el punto que la parlamentaria francesa Yvette Fuillet pidió en el Parlamento Europeo que la ley del aborto fuera condición para el ingreso español (y portugués) en la CEE, por considerar que la mujer estaba profundamente discriminada en cuanto a sus derechos en general y, específicamente, en la anticoncepción y el aborto. Los estamentos reconocían la realidad: el fiscal general del Estado, Javier Moscoso, calificaba de insuficiente la ley Lluch; la ministra de Asuntos Sociales, Matilde Fernández, reconocía haber abortado en Londres; el ministro de Sanidad prometía adecuar la legalidad a la realidad social y el presidente González prometía indultar a los que condenaran los tribunales.

La actitud de las instancias judiciales era errática y si los juzgados de Bilbao absolvían a las juzgadas por abortar al reconocer el estado de “extrema necesidad”, que la anulaba el Tribunal Supremo por no reconocer ese atenuante –en el caso de los abortos sólo se reconocía como atenuante o incluso eximente el honoris causa, abortar para proteger el honor de la embarazada–, los de Sevilla se cebaban en los procesados de Los Naranjos y los juzgados de toda España rechazaban las autoinculpaciones e incluso juzgar a los cientos o miles de mujeres que les constaban que habían abortado por la documentación incautada en las clínicas descubiertas por la policía.

Y, entre tanto, el Tribunal Constitucional, que estableció en 1984 la paradoja que no era delito abortar en el extranjero, en 1985 echó abajo la reforma de Lluch por no atender los derechos de Don Nasciturus (aunque, al tiempo, protegía los derechos de la mujer: en 1988 prohibió a un juez de Málaga someter a una inspección vaginal a una mujer acusada de abortar, por ser un obvio atentado contra su intimidad personal). El gobierno aprovechó la sentencia del Constitucional para introducir dos enmiendas que, de hecho, abrían la puerta a algo parecido al aborto libre: la indicación terapéutica, que contemplaba el peligro para la salud de la madre, se amplió a la salud psíquica: Ya, el desaparecido diario de la Editorial Católica, portavoz de la Conferencia Episcopal Española, acusaba en octubre de 1987 a la clínica madrileña Dátor, que había hecho 5.712 abortos en nueve meses, el 75% de los de toda España, con solo presentar el DNI y alegando, en un 97% por ciento de los abortos practicados, “peligro para la salud mental”, pues, efectivamente, la enmienda socialista era un astuto “coladero”, como lo calificó Ruiz-Gallardón en su proyecto fallido.

El asesinato de un humanista

–¿Sigues fumando?

–Sí, ministro, y no crea que no lo siento.

Era ya 1994, Lluch no era ministro desde 1986 y nos reencontramos en el restaurante de la Casa de América de Madrid, donde era directora del Ateneo Americano Rosa Regàs, mi primera editora de ficción con La Gaya Ciencia, gran amiga desde mi estancia en Barcelona y con la que almorzaba de vez en cuando. Comimos juntos dos o tres veces más y nunca hablábamos de política sino de fútbol –él era un culé irredento y yo un merengue irredimible–, o de cualquiera de los intereses universales de aquel político humanista: economía, historia, artes, cine...

Ernest Lluch era un viejo amigo de Rosa desde la ‘Caputxinada’, el encierro de más de 500 estudiantes, profesores e intelectuales en el convento de los capuchinos de la capital catalana en 1966, con motivo de una asamblea para aprobar los estatutos fundacionales del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona; Lluch era un joven profesor ayudante en la cátedra del prestigioso Fabián Estapé y Rosa, una joven aprendiza de editora en Seix Barral y ambos, activos antifranquistas en una ciudad ilustrada, liberal, permeable a las vanguardias europeas y luciérnaga que iluminaba la grisura de una España sometida por la dictadura.

Lluch no repitió ministerio en el segundo gobierno de González. Por su extracción de la Barcelona menestral, no tenía buenas relaciones con el grupo predominante en el consejo de ministros, que pronto sería conocido como la beautiful people: los Boyer, Solchaga, Serra..., socialistas ‘con pedigrí’ con los que no se entendía. En abril de 1986, tres meses antes de abandonar el cargo, promulgó la Ley General de Sanidad, que universalizó la asistencia sanitaria. Y aunque continuó como diputado por el PSC durante la legislatura 86-89, retornó a su cátedra de Historia de las Doctrinas Económicas en la Universidad de Barcelona, a sus ensayos sobre la economía de la Ilustración, en la que era especialista, y a una vida intelectual y académica –el 2 de enero de 1989 tomó posesión como rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander–, sin cesar el activismo político iniciado en su juventud en un socialismo que definía como “procurar la máxima libertad, la máxima igualdad y la máxima fraternidad posibles a las personas que viven en sociedad”.

Enamorado de San Sebastián desde sus tiempos de viajante por España para el negocio de cueros de su padre, se estableció en el barrio de Amara, donde vivía la mitad del año, colaboraba con la Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del País Vasco (EHU-UPV), apoyaba la carrera de su amigo Odón Elorza, alcalde donostiarra –es mítica su interpelación a los abertzales que trataban de reventar un mitin: “¡Gritad, gritad, porque mientras gritéis, no mataréis!” –y era miembro activo de la organización pacifista vasca Elkarri, donde destacaba como defensor del diálogo y de establecer puentes para pacificar el País Vasco y devolver e respeto a los derechos humanos.

No tenía escolta, pese a ser consciente del peligro que corría: “No es recomendable comer en San Sebastián, vale más salir a diferentes horas. Los paseos en la ciudad deben ser evitados y las salidas, si se hacen, deben ser breves e inesperadas. La playa hay que visitarla con tacto. Al salir de casa, hacerlo por la puerta lateral y mirando a un lado y otro. Hay partes de la ciudad, como Lo Viejo [Casco Viejo de Donostia], que están prohibidas”, escribió en La Vanguardia, tras encontrarse asaltado su piso de Amara y con una ostensible copia de las llaves de la casa, que no eran suyas, en la entrada. Jon Arrieta, catedrático de Historia del Derecho en la EHU-UPV, lo contaba tras el asesinato de su amigo Lluch: “El clima era muy poco tranquilizador. Él lo vivía pero hizo un esfuerzo de no dejar de venir con el objetivo de demostrar con sus amigos y colegas que no iba a hacer una excepción evitando un riesgo que los que estaban aquí sí estaban corriendo”. Y otro amigo, David Vergara, del PSC recordó que cuando comía con Lluch en Madrid, éste siempre se sentaba de cara a la puerta: “Quiero ver —decía— la cara de mis asesinos cuando me vengan a matar”.

No llegó a verlas. Sus asesinos, Iñaki Krutxaga, Lierni Armendariz y Fernando García Jodra (Txomin), integrantes del Comando Barcelona de la banda etarra, salieron de las sombras cuando aparcaba en el garaje de su domicilio barcelonés, en la noche del 21 de noviembre de 2000, y le descerrajaron dos disparos en la cabeza por cuando salía de su coche. Se ufanaron del crimen en el juicio que los condenó a 33 años de cárcel: “Era un ministro del GAL”, vinieron a decir. Lo matasteis porque “era una persona abierta que amaba Euskadi y a los vascos, un demócrata, un hombre de paz”, repuso el fiscal, “por eso estos reaccionarios, estos canallas le quitaron la vida”.

Cuando Atticus Finch, protagonista de Matar a un ruiseñor, la novela de Harper Lee, le dice a su hija Jean Louise ‘Scout’ que “matar a un ruiseñor es pecado”, defiende el bienestar de los seres inocentes e indefensos. Ernest Lluch dedicó su vida política a esa tarea. Al final, él mismo fue el ruiseñor asesinado.

Estos días, mientras el Gobierno lucha contra la pandemia y trabaja para aprobar unos nuevos Presupuestos que den respuesta a las necesidades reales del país en estos tiempos, hay quienes en vez de colaborar en una u otra tarea para ayudar a España y a la ciudadanía, resucitan mantras con los que confundir, alterar y distorsionar la realidad. El Partido Popular, con la ayuda inestimable de la extrema derecha, ha recuperado como excusa a ETA y sus crueles asesinatos para no afrontar al lado del Gobierno de Pedro Sánchez los retos del país, que es lo que como principal partido de la oposición debería de hacer en unas circunstancias como las que vivimos. 

Creen que todo fin justifica los medios, que en su caso no es otro que deslegitimar a un Gobierno elegido democráticamente con la intención de derrocarlo. El debate sobre si los votos de Bildu cuentan o no en una democracia consolidada como la nuestra, en la que tienen una representación en el Congreso de los Diputados y con la que el PP ha votado hasta en 13 ocasiones en los últimos 10 meses, es perjudicial porque atenta contra la esencia misma de la democracia.

Bildu no puede ser democrático para votar en contra de un Real Decreto Ley para el uso de remanentes de los ayuntamientos con el PP pero no para apoyar los Presupuestos del PSOE. No puede ser democrático para acordar en el Ayuntamiento de Vitoria y no para apoyar la prórroga del Estado de Alarma con el objetivo de salvar vidas y proteger la salud de todos. No puede ser democrático solo cuando se suma a mayorías que tumban los proyectos del Gobierno y antidemocrático cuando los apoyan. Ni tampoco es más democrático condenar a las víctimas de ETA que condenar los asesinatos machistas o de las víctimas de la Dictadura franquista, sobre las que siempre vuela, pese a ser también impunes asesinatos, el silencio cómplice de una parte de la derecha.

La lucha contra el terrorismo fue desde 1978 hasta el 2011, cuando ETA anunció el cese definitivo de la lucha armada, una política central de todos los Gobiernos de España, que sufrieron y trabajaron para lograr el fin del terrorismo que dejó más de 850 víctimas mortales inocentes. 

Unos en un contexto distinto al de otros, desde los primeros años en los que fue difícil encontrar la colaboración en la frontera francesa para detener a los asesinos que se resguardaban en el país vecino, las conversaciones de Argel en 1992, el Movimiento de Liberación Nacional Vasco, la primera tregua de ETA y el primer acercamiento de presos en los años de José María Aznar hasta el fin del terrorismo bajo el Gobierno socialista en Euskadi, con Patxi López de Lehendakari, y el Gobierno socialista de España, con José Luis Rodríguez Zapatero de presidente y Alfredo Pérez Rubalcaba de ministro del Interior. Hoy, quienes desde el PP recuerdan a quien fue uno de los mejores políticos de la democracia para atacar al PSOE, la organización política por la que se desvivió, sueñan con que olvidemos que pidieron hasta 46 veces su dimisión y le acusaron de complicidad con el terrorismo, como da buena muestra el Diario de Sesiones del Congreso.

Los asesinatos de ETA marcaron durante cuatro décadas la agenda de una sociedad que vivía entre el miedo, la resignación y el dolor de no saber cómo enfrentarse a unos asesinos que hablaban con armas en nombre de un pueblo, el vasco, que jamás les dio permiso para ello. Diez años después, la realidad es bien distinta y como diría Ernest Lluch, de cuyo asesinato se cumplían 20 años este 21 de noviembre, mientras gritan, no matan. Esa es también la fortaleza de nuestra convivencia en paz y de nuestra democracia, haber vencido al terrorismo y haber logrado que entendieran que solo con la palabra pueden defender sus ideas.

Esa es la única verdad. ETA y su terror desaparecieron de nuestras vidas porque les derrotamos. Las víctimas y sus familias estarán siempre en nuestra memoria colectiva, porque no olvidamos, y este país y su democracia tendrán siempre una deuda con ellos. Pero hoy, Bildu pone voz a las propuestas de una parte de la sociedad vasca, defendiendo sus ideas en el marco del Estado de Derecho como tantas veces les pedimos durante aquellos años de plomo.

Hay ocasiones como esta en la que algunos pretenden que el mito supere a la realidad y que una ficción contada cientos de veces, acaba pareciendo cierta aunque no lo sea. Por eso jamás podemos permitir que nuestra historia se construya a fuerza de la desmemoria o la amnesia interesada.

Ojalá en este país no se hicieran necesarios 5 diputados de Bildu porque la derecha entendiera cuál es su papel en una crisis como la que vivimos. En todo caso, como socialista y como español, ni estoy ni estaré nunca más cerca de Bildu que del PP, estoy donde siempre ha estado mi partido, una organización con 141 años de historia, que lucha contra la desigualdad, por la libertad, la justicia social, la solidaridad y la igualdad. Quienes quieran apoyarnos en esa tarea titánica de país, bienvenidos sean, vengan de donde vengan si respetan la democracia y la memoria de hombres como Ernest Lluch, que se dejaron la vida por defenderla.

“Gritad, porque mientras gritáis no mataréis”. Estas palabras fueron pronunciadas por Ernest Lluch durante una tregua en 1999, en un mitin del PSOE en Donostia ante cientos de abertzales y simpatizantes de ETA. “No saben que han cambiado las cosas, que ha llegado la democracia y la libertad a este país”, bramaba ante la multitud. Menos de un año después de este discurso, en el que afirmó que “estas son las primeras elecciones en las que no va a ser asesinado nadie”, murió a manos de la banda terrorista cuando volvía a su casa de dar clases en la universidad.

Se cumplen 20 años de su asesinato y los principales representantes del PSOE, en un acto virtual, han rendido homenaje al político y profesor, ahora convertido en un icono de la lucha antiterrorista al que se le reconoce también su labor como ministro de Sanidad y Consumo durante el gobierno de Felipe González, clave para la instauración de la sanidad pública universal. Su sucesor en el cargo, Salvador Illa, ha reivindicado el mérito de su “giro copernicano al sistema sanitario” a través de la Ley General de Sanidad y la primera ley del aborto.

Lluch formó parte de Elkarri, un movimiento social de carácter pacifista que buscaba una solución dialogada al conflicto vasco y destacó como defensor del diálogo y partidario de establecer puentes entre las distintas partes. En su funeral, la periodista Gemma Nierga modificó el manifiesto para decir: “Estoy convencida de que Ernest, hasta con la persona que lo mató, habría intentado dialogar; ustedes que pueden, dialoguen, por favor”.

Su hija, Rosa Lluch, nunca ha formado parte de ninguna asociación de víctimas y considera que estamos asistiendo a un intento de utilizarlas de manera partidista. En una entrevista en elDiario.es se pregunta por qué el PP critica ahora el acercamiento de presos a cárceles de Euskadi cuando estando en el Gobierno también lo hizo y reconoce que sintió “una profunda molestia” cuando escuchó a Santiago Abascal leer el nombre de las víctimas durante el debate de la moción de censura.

El socialismo ha recordado este sábado los 20 años sin Ernest Lluch, asesinado por ETA el 21 de noviembre de 2000. “Lluch era una persona profundamente catalanista y siempre abierta al diálogo”, ha recordado el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, en un acto telemático y en conversación con una de las hijas del político catalán, Eulalia Lluch, desde Maià de Montcal. “Defendía, sin embargo, que fuera un catalanismo muy abierto, extenso, acogedor y que nunca se pudiera dividir”, ha apuntado Iceta. En paralelo, el presidente español, Pedro Sánchez, también se ha añadido al homenaje a Ernest Lluch y ha agradecido su labor al frente de Sanidad: “Gracias por hacer de todos la sanidad pública. Con ella, hoy se combate la pandemia ”.

Illa destaca “el rigor y la curiosidad infinita” de Lluch

“Hace 20 años el terrorismo asesinó Ernest Lluch. Hoy honramos tu memoria. Gracias por tu gran labor política, tu ejemplo y valentía”, ha continuado Sánchez en un mensaje en las redes sociales con una fotografía del político catalán. “Gracias por hacer de todos la sanidad pública. Con ella, hoy se combate la pandemia y se salvan miles de vidas”, ha añadido el presidente del Gobierno. “Su legado es un sistema sanitario universal y público para todos los españoles siguiendo unos principios que -aún hoy- son vigentes y nos inspiran”, ha puntualizado el actual ministro de Sanidad, el también secretario de organización del PSC, Salvador Illa, que ha destacado valores de Lluch como “el rigor, la puntualidad y una curiosidad infinita”.

“Lluch y sus compañeros socialistas supieron participar, desde el gobierno pero también desde la oposición, en grandes acuerdos en momentos de crisis”, ha constatado la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, desde la misma sala Ernest Lluch en la cámara baja española. “Me gustaría mucho pensar que nuestros parlamentos todavía son lugar para personas como Lluch, con proyectos de convivencia y progreso”, ha reflexionado Batet. “Y necesito pensar también que fuera del Congreso estos valores y estas demandas están presentes. Gracias Ernest para tu aprendizaje y por tu luz”, ha sentenciado la presidenta del Congreso.

Elorza: “Un amigo y un federalista de establecer puentes”

Uno de los recuerdos más emocionantes ha corrido a cargo del ex alcalde de San Sebastián Odón Elorza. “Era un excelente socialista, compañero y amigo. Un político culto, intelectual y siempre abierto al diálogo. Un federalista de establecer puentes, que trabajó para conseguir la paz y acabar con el terror en Euskadi”, ha rememorado Elorza desde la playa de la capital donostiarra. Miquel Iceta y Eulalia Lluch han sido los encargados de cerrar el acto 'on line' desde la casa del político en Maià de Montcal y donde está enterrado. “Un año más lo recordamos y lo amamos. Y mientras lo recordamos, lo revivimos”, ha apuntado el primer secretario del PSC, que considera Lluch como “el hombre adecuado” para afrontar grandes reformas como la de la Ley de Sanidad .

“Era una persona de valores muy profundos y un reformista, quería la mejora permanente”, ha señalado Iceta. “Hay cosas de él muy precursoras: atreverse a conocer, implicarse, y no hablar por hablar, sino hablar después de haber estudiado y haber conocido. Esto es lo que definía a Ernest y es lo que necesitamos hoy ”, ha concluido el primer secretario del PSC, que junto con Eulàlia Lluch y una de las nietas del político catalán han hecho la tradicional ofrenda floral en la tumba del cementerio de Maià de Montcal.