David Madí i Cendrós (Barcelona, 1971) es uno de los personajes centrales del nacionalismo catalán de los últimos 25 años, aunque en buena parte desconocido por el gran público porque casi siempre se ha movido en la penumbra, lo que ha contribuido a exacerbar una imagen de todopoderoso poder en la sombra tanto por los que le idolatran como por los que le atribuyen todos los males: un Fouché catalán contemporáneo, nieto del rico empresario Joan B. Cendrós (1916-1986), mecenas del pujolismo y cofundador de Òmnium Cultural, y uno de los líderes de las nuevas generaciones convergentes que se conjuraron para jubilar a Jordi Pujol y ganar con ello ambición nacional, que alcanzaron el cenit de poder con Artur Mas, junto al que desencadenaron el procés, que luego se les escapó de las manos y les acabó devorando.

Madí fue la mano derecha de Mas durante casi tres lustros, hasta que en 2010 le dejó por fin instalado en la presidencia de la Generalitat y abrió una polémica carrera empresarial sin perder ni un ápice de su ascendente sobre él, con lo que muchas corporaciones -incluidas algunas de las más poderosas del Ibex35 con sede en Madrid- hacían cola para contratarle antes de que el procés lo dinamitara todo. Ahora publica Merecer la victoria, editado por Planeta (Destino en castellano, Columna en catalán), un recorrido personal por estos años salvajes con mucha y valiosa información para entenderlos -incluso cuando se discrepe fuertemente de sus valoraciones-, sobre todo desde la perspectiva de la parte catalanista de la clase dominante en Catalunya, y que busca explorar vías para deshacer los nudos que se han amontonado.

Se trata de un relato inhabitual, por su crudeza, que también aspira a derribar algunos de los tópicos más asentados del propio campo soberanista y por ello propone una explicación “para adultos”, que pasa por esquivar el maniqueísmo, que sitúa toda la culpa en el campo contrario, y por modificar el error garrafal de considerar que España es un Estado fallido, una premisa que condicionó buena parte el azaroso y a menudo improvisado desafío del procés, que Madí da por finiquitado.

¿Por qué pone a Winston Churchill en portada?

Soy un gran admirador y lector de Churchill. Me parece el gran líder democrático del siglo XX. Esta portada, modernizada, es el póster que se colgó en Londres, Deserve Victory [Merecer la victoria], durante el año y pico que resistieron en solitario ante el avance de las tropas nazis por Europa. El concepto me parece necesario contra el infantilismo del que a veces hace gala el catalanismo.

Pero después apenas lo cita ya en el libro. ¿Quizá no se atreve a ir hasta las últimas consecuencias de lo que insinúa?

Igual no le he convencido, pero este no es un tipo de libro de catalanet. Es un libro más anglosajón y churchilliano.

La frase emblemática de Churchill en este periodo es: “Sangre, sudor y lágrimas”. ¿Se puede culminar una independencia sin “sangre, sudor y lágrimas”?

En el libro explico el dilema que hubo después del 1 y el 3 de octubre y el debate sobre cómo continuábamos. Por un lado se plantea la revuelta pacífica: declarar la independencia y defenderla pacíficamente. Por el otro, convertir todo aquel capital político generado en energía política y convocar elecciones con lista única y reforzar la presión política. Pero no se elige ni una ni otra, sino una tercera opción, más improvisada y con menos base.

Siguiendo su lógica de independentismo para adultos: ¿se puede culminar una independencia unilateral sin sangre, sudor y lágrimas? ¿Sí o no?

En los países bálticos se hizo.

Siempre hay algún muerto.

La perfección no existe en ningún sentido.

En los países bálticos, como en otros casos de éxito, la independencia se logra aparejada a un cambio de bloque geopolítico. Pero imagino que usted, como “liberal” y “churchiliano”, no querrá salirse del bloque occidental, y pasarse al ruso o al chino, ¿no?

No hay ningún catalanista o soberanista que haya planteado en ningún momento pasar a un mundo de alianzas chinas o rusas, a pesar de que alguien se lo ha querido inventar. Es absolutamente falso. Lo que queremos los catalanes es la independencia dentro de Europa, con la vocación geoestratégica de ejercer de capital del Mediterráneo. Es básico dejarse de ingenuidades y de infantilismo.

Sin ingenuidades, pues: vamos a imaginar que su admirado Churchill es presidente del Gobierno español durante el 1-O. Con lo que sabemos de él, ¿cómo cree que habría reaccionado?

Sin duda enviando las tropas.

¿Literalmente?

Literalmente. No tengo ninguna duda.

Seguramente soy el soberanista más pro-Madrid que hay

El independentismo en cambio considera que España es especialmente cafre.

Es un error. Soy un liberal y un soberanista, pero de ninguna manera un antiespañol ni anti-Madrid. Seguramente soy el soberanista más pro-Madrid que hay. Los líderes del independentismo no conocían suficientemente lo que era Madrid y España, que tiene una cultura del poder forjada a base de muchos siglos de guerras, violencias, guerras civiles, de un imperio que ya no existe pero se siente… En cualquier caso: una cultura de poder fuerte. La de los catalanes es muy diferente, porque nos ha tocado la parte de la historia de defendernos y no de atacar. Por tanto, la nuestra es una cultura de resistir y resistir es el contrario de ganar. En Catalunya tenemos que desarrollar una cultura del poder mucho más fuerte de la que tenemos.

Se habla de una represión brutal, cuando está a años luz de lo que usted mismo esperaría de su admirado Churchill.

Tampoco pueden obviarse los usos y costumbres de las épocas, por suerte. Miremos incluso 15 o 20 años atrás: la única diferencia entre el GAL-1, contra ETA, y el GAL-2, contra los independentistas, es que ahora no se mata a personas físicamente. Pero el montaje es el mismo en su diseño, en su forma de actuar, en su arquitectura judicial…

¿Todo son montajes?

El primer montaje es contra Pujol. Hablemos claro: su problema es que es un hombre de la Transición con un partido de la Transición. Y el pecado original de la Transición, que permite pasar de una dictadura a una democracia en tiempo récord, reposa en términos políticos en una bolsa enorme de financiación ilegal, que afecta a todos los partidos y a todas las constructoras, los bancos y, por encima de todo, a la monarquía. Visto con ojos de hoy puede parecer horrible, pero ayuda a explicar por qué no hubo un baño de sangre. Esto da un sistema político determinado, que hay que ir corrigiendo. En el caso de Pujol, que es el inicio de este GAL-2, el objetivo nunca ha sido limpiar el sistema, sino utilizar una parte de esto, que era menor que en otros, para romper el procés. Hay una reflexión estratégica detrás: el problema catalán siempre se ha afrontado con la famosa fórmula orteguiana de la conllevancia, y en un momento dado, siguiendo el patrón vasco, dicen que esto tiene que acabar y que hay que romperlos. Y a partir de ahí se actúa.

¿Por qué Pujol, si siempre habían pactado?

En términos de la cultura de poder de Madrid, que conozco bien, se considera que es un tema de Estado y deciden ir a por la cabeza. Pujol es la cabeza del elemento más peligroso de este asunto: si el partido de las clases medias de Catalunya bascula hacia este lado, tienen realmente un problema y quieren atajarlo.

Pero en Catalunya hay actuaciones poco escrupulosas acreditadas, también en la familia Pujol.

Evidentemente, no voy a ir de purista por la vida y sé que se cuecen habas en todas partes. Pero la vocación de la campaña es política. La amnistía se sitúa a partir de 2012, que es donde empiezan estas operaciones, todas con el mismo patrón, y que revelan un problema de calidad democrática enorme, que podemos ver también en el caso de Begoña Gómez: se repite el mismo modus operandi de un poder judicial en convivencia con los medios, que construyen casos.

Sin embargo, varias de estas causas de presunta corrupción en Catalunya resulta que las arrancan los Mossos.

Desgraciadamente, algunos practican los métodos sucios que hemos visto en los casos de Villarejo. Más pronto que tarde se empezará a saber.

El libro es muy duro con Josep Lluís Trapero y su etapa en los Mossos.

No me lo parece… Lo que cuento es que en una crisis nacional, y el procés lo es, todo el mundo hace política y en una democracia esto no tiene por qué ser malo. En el caso de los Mossos, creo que en el libro se explica por primera vez qué sucedió y ello ayuda a entender las posteriores perturbaciones que ha habido en el cuerpo.

¿Incluidas las causas judiciales?

Incluida alguna de las causas judiciales.

¿Qué habría podido hacer un cuerpo de Mossos más catalanista sin poner en riesgo la paz? Se trata de un cuerpo armado…

El pueblo catalán ha demostrado que en ningún momento iba a utilizar la violencia. Lo que acaba pasando el 1-O no era el escenario más probable. El Estado no había detectado la organización creada bajo radar para el referéndum, pero sabía que había 2.300 puntos de votación públicos y lo lógico era elegir 500 y en sus inmediaciones intervenir el material para invalidar la votación. Pero sucedió lo inesperado: toda la cadena de mandos del Estado afirmaba que no iba a votar nadie, pero hacen un gran ridículo y no intervienen nada. Aún no se ha explicado qué pasó ahí; ojalá algún día se sepa. Creo que esta situación precipita un ataque de nervios y ahí se da la orden de las porras, se pierde el control y podían pasar muchas cosas: que los catalanes tuvieran miedo y se retiraran, un escenario violento descontrolado o una resistencia pacífica, que es lo que pasó, sin estar prevista ni controlada. Es la demostración de que nadie en Catalunya quería violencia. En ninguna circunstancia.

¿Mereció la pena el procés, con el balance que arroja? CiU ya no existe, el nacionalismo acaba de cosechar los peores resultados desde 1980…

Esto de que CiU no existe… Convergència es un estado de ánimo y le aseguro que existe. En cualquier caso: el balance es muy simple: todos los sacrificios y todas las penurias merecían la pena si había independencia. ¿Hay independencia? No. Pues eso.

¿Imagina que verá usted algún nuevo envite al Estado?

Esto es una sesión continua. Y el catalanismo va a seguir siendo mayoritario. Ahora vendrá una época de reflexión y catarsis y el catalanismo puede cambiar de carril cuantas veces le convenga mientras siga avanzando. Pero evidentemente esta vía ha llegado al final de su recorrido.

¿Realmente está asumido esto?

Yo me dediqué muchos años a las elecciones y al análisis electoral y aprendí algo básico: todas las elecciones, sin excepción, tienen un mandato electoral, te guste o no. El mandato electoral de las últimas elecciones es el que es: el soberanismo ha perdido la mayoría en el Parlament por primera vez desde 1980 como fruto del último quinquenio cainita. Y del otro lado, el PSC ha aglutinado todas las fuerzas de los que quieren pasar página, pero sin una victoria suficiente. Por tanto, el mandato es: final de recorrido, pero entiéndanse. Equivocarse en el mandato electoral suele llevar a desastres.

¿Le ve cabida en el “mandato electoral” del 12-M la idea de “restitución” de Puigdemont?

Legítimamente, el president Puigdemont ha perseverado en esta idea. No tengo claro que una gran parte de la población de Catalunya lo perciba de forma similar. En cualquier caso, espero que pronto esté aquí y se haga cierto lo que se ha dicho tantas veces: se sacó de la política lo que era un problema político y se ha convertido en un desastre. Volvamos a la política, hagamos política.

¿Se puede volver a la política con los mismos protagonistas? ¿O deberían hacer un paso al lado los políticos vinculados al procés como el que hizo Artur Mas?

Básicamente, de los padres reales del 1-O ya no queda ni uno. No olvide que Puigdemont sale a la pista solo al final de un partido que empieza mucho antes. Y luego viene un quinquenio cainita, que lleva a esta situación. Estamos en una nueva fase, y las nuevas fases exigirán liderazgos nuevos. Esto se tiene que hacer con tranquilidad y con las estrategias bien trazadas.

El mandato electoral del 12-M obliga al PSC y a los soberanistas a entenderse

Las recetas de salida política que usted propone en su libro suenan a pujolismo.

Estamos ahí porque no hemos podido ganar y hay que aterrizarlo en la realidad. Pero discrepo de su observación: esta propuesta tiene muchas más implicaciones en términos de poder real y de estrategia en el Estado que la fase del pujolismo.

¿No es una nueva etapa, más ambiciosa, del mismo esquema pujolista?

Nuestra conjura generacional, hace más de 25 años, nunca fue la independencia, sino situar las cosas en el último peldaño. Siempre me he declarado soberanista, no independentista, que me parece un concepto antiguo. Soy partidario de “cuánto más poder, mejor”. Y aunque respeto mucho el pujolismo, esto ya es otra cosa: la expresión de las clases medias catalanas, que quieren autogobernarse, manejar los resortes del poder y que su finalidad sea la nación catalana y no España. Esto es lo que marca la diferencia.

Con la CUP es brutal en el libro.

Con razones.

¿Cuáles?

De la mayoría sociológica electoral hay una parte de fracción de partidos que corresponde a la CUP, que es la parte más tóxica y corrosiva del soberanismo. Responden a una mayoría social que votaría “sí” en un referéndum pero son de una esfera política incompatible. Yo soy anticomunista y liberal, pero me considero un buen estudioso de la historia de los diferentes comunismos y la CUP es una subespecie degradada de todo esto. Basan su ideología en una teoría revolucionaria de la desestabilización: ya no vamos a tomar el Palacio de Invierno ni hacer la revolución, sino que a través de la desestabilización hacen su arma de revolución. En todos los momentos importantes del procés han actuado bajo esta premisa, lo cual les hace operativamente inútiles.

¿Usted ha leído El eco de los pasos, la autobiografía del anarquista Joan Garcia Oliver?

No.

Es un libro de referencia en algunos sectores de la CUP, que entronca con la CNT, de gran arraigo histórico en Catalunya. Si lo hubiera leído quizá se le habría hecho evidente que su objetivo no era solo la independencia, sino también destruir al partido de la burguesía, y diría que esto último lo consiguieron, no? En el libro les llama ignorantes. ¿Y si los ignorantes eran ustedes al no entender bien esta tradición política?

No quiero que se ofendan, pero ahora están en cuatro diputados, que es el espacio normal en Catalunya de lo que es este tipo de generación del comunismo-litronero. Pero leeré El eco de los pasos.

Escribe que la CUP “estaba infiltrada por los cuatro costados por el CNI” ¿De dónde lo saca?

Es una constatación, además derivada de grabaciones del caso Tándem. Hay una conversación entre el secretario de Estado y Villarejo en la que le explica que le están informando en tiempo real de la asamblea de la CUP. Es un hecho.

¿Teme un golpe de Estado judicial para parar la amnistía?

En España existen muchos Villarejos, grandes y pequeños. Funcionarios que no sirven al Estado, sino que creen poseerlo: en la judicatura, en los cuerpos de seguridad, en la Agencia Tributaria, que es la digna heredera de la Inquisición española… Todos los demócratas deberían ponerse de acuerdo para hacer una ley de abuso de funcionario público porque se pueden destrozar muchas vidas con total impunidad. Hay que afrontarlo.

¿Pero da por hecho la amnistía, como parece que hacen muchos independentistas?

Se tiene que sancionar y publicar en pocos días y ya veremos. Sería gravísimo que se parara, pero la realidad es que uno de los poderes fundamentales del Estado, el judicial, se está manifestando en clara rebelión contra esta decisión democrática.

En España existen muchos Villarejos, grandes y pequeños

Siguiendo su idea de “independentismo para adultos”, quizá también se podría hablar de “capitalismo para adultos”. ¿No le parece ingenuo pretender representar a empresas estratégicas españolas, con fuertes vinculaciones con el Estado, y al mismo tiempo trabajar activamente para la independencia de Catalunya?

Todo el mundo hacía política y el mundo de la empresa también. Lo que pasa es que yo estaba en el lado perdedor, simplemente. Pero hablemos del “capitalismo para adultos”: tenemos una degradación importante de la vida política. Soy muy anglosajón: partidario de una política abierta, de que la gente entre y salga con facilidad. Hemos creado un sistema de casta política, porque el problema no es que el talento profesional que entra y sale, sino que se queden 25 o 30 años… No podemos dificultar tanto la salida de la política. Cuando se habla de puertas giratorias yo siempre digo: ¡puertas obligatorias!

¿Puertas obligatorias?

Si después de prestar un servicio público lo único que se puede hacer es de camarero en un bar, pues habrá que subvencionarle el resto de la vida. Esto es una estupidez y tenemos que optar por la sensatez. Aquí, con tanta incompatibilidad, hemos llevado a la política a un punto en el que es incapaz de captar talento. Otro tema: el de los familiares de los políticos, como el caso de Begoña Gómez. ¿Cómo solucionamos este debate? ¿Hasta qué grado de familiaridad? Es un debate sobre la calidad política y en España lo estamos convirtiendo en una política pobre, a la que solo podrán dedicarse aventureros, ricos o aspirantes al último escalafón funcionarial. Y soy firmemente partidario de la colaboración público-privada, con gente que conozca los dos mundos.

Apliquemos pues criterios anglosajones a la posición que usted tuvo en Endesa: ¿se imagina en el mundo anglosajón una empresa estratégica para el Estado con directivos que buscan la destrucción del Estado?

Creo que no era mi caso.

Usted era delegado en Catalunya de Endesa, una empresa estratégica para España, y al mismo tiempo, como explica en el libro, recibía a gente de la CUP en Endesa con su fiambrera de gazpacho.

No lo diga así. En mi caso, como presidente del Consejo Territorial de Endesa en Catalunya, yo tenía la obligación de llevar las relaciones institucionales. Y este caso concreto de la CUP es en realidad al revés: retrasé varias veces la reunión porque temía que quisieran utilizarla para ocupar la sede con el colectivo de la pobreza energética. Las grandes compañías, contrariamente a lo que sostienen las teorías conspiranoicas, cuando llegan las elecciones rehúyen tanto como pueden tener connotaciones políticas porque las empresas no votan. Votan las personas y cada una es de su padre y de su madre.

¿Y cómo encajan los criterios anglosajones en Nubul, la consultoría que creó tras dejar a Mas en la presidencia de la Generalitat? Como queda claro en el libro, usted mantuvo una relación extraordinaria con el presidente Mas y muchos de sus clientes aspiraban a participar en licitaciones públicas de la Generalitat. Su activo principal era el acceso a Mas.

Pues parece que su criterio es muy empobrecedor para mí. Yo tengo un espectro bastante más amplio. Mi último cargo público fue en 2003, mi última incompatibilidad en 2005 y mi última militancia de partido en 2010. Y no he tenido ni un solo ingreso de una empresa pública en todos estos años en un país en que esto parece casi imposible.

¿No debería publicitarse cuando una empresa privada contrata a un consultor que es la puerta de entrada al presidente?

Seguramente usted no entiende mi filosofía en los muchos negocios que he hecho. No hay nada más democrático en un país que cómo se defienden los intereses privados. Tenemos administraciones absolutamente ineficaces y autistas, que toman decisiones catastróficas y que viven al margen del mundo de la empresa. Este modelo público-privado que tenemos en España no me gusta. El Estado tiene que hacer lo que le toca y nada más. Generar funcionarios no es generar riqueza.

El juez de Barcelona que investiga el 'caso Voloh' ha archivado la causa abierta contra el empresario y ex alto cargo de Convergència David Madí y dos empresarios más por presunto tráfico de influencias en dos operaciones empresariales sobre los VTC y la compañía Aigües de Catalunya.

Según el magistrado, “la presunta influencia que pretendía tener, no era tal”, puesto que ambos negocios no se acabaron concretando, según consta en la interlocutoria avanzada por 'El Periódico'. “A la vista del desastroso resultado de las gestiones, si se ejerció influencia, no reunió el requisito de ser al menos potencialmente idónea para alterar la voluntad de un miembro de la administración”, dice el escrito. Madí fue detenido por la Guardia Civil en octubre de 2020

Junto con Madí también fueron arrestados e investigados otros miembros del considerado 'Estado mayor' del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont por su supuesta implicación en la financiación del proceso soberanista, incluso apuntando a una posible influencia rusa.

En la interlocutoria, el magistrado Joaquín Aguirre explica que la Guardia Civil hizo seguimientos a Madí en una decena de visitas a la Generalitat entre octubre de 2019 y octubre de 2020 a las consellerías de Interior, Territorio y Empresa o a la Agencia Catalana del Agua. Algunas de estas reuniones “no constan en el registro de grupos de interés”. El magistrado recuerda que los encuentros con cargos políticos tienen que estar anotados en este registro, “cosa que no solía suceder con Madí”. En otros casos, las anotaciones son “sumamente generales”, de forma que “no cumplen el requisito de transparencia para el cual se dictó la legislación sobre grupo de interés”.

En el caso de las VTC, apunta el magistrado, la nueva licencia para estos vehículos se otorgó a una empresa competidora vinculada a ERC, cuando Madí “ejercía su ámbito de influencia más bien en la esfera del antigua CDC, actualmente JuntsxCat”. Las gestiones del que fue hombre de confianza de Artur Mas, recalca, fueron “tan deficientes” que Rafael García-Tapia, también investigado y consejero delegado de la empresa de VTC Moove, presentó al juzgado un documento por el cual Madí, a través de un representante, le exigía la cantidad de 43.650 euros, que, según parece, se le dejó a deber “ante el fracaso” de sus gestiones. El juez añade que fue “patente” durante la declaración de este directivo que “la relación entre ellos no había acabado tal como esperaba, ni había gustado”.

Las indagaciones también han alcanzado el intento de Madí, entonces presidente de Aigües de Catalunya, filial de Global Omnium, holding que tiene como empresa principal Aigües de València, para controlar Aigües de Barcelona (Agbar). En este sentido, el juez argumenta que los “términos de la declaración” del máximo directivo de Global Omnium, Eugenio Calabuig, “fueron parecidos” a los del consejero delegado de Moove y que, “a través de la consulta de registros públicos”, consta que el ex alto cargo de CDC fue cesado como presidente de Aigües de Catalunya, “de forma que la relación entre ellos acabó de la peor manera”.

El juez relata que, “ante la debilidad constatada de la influencia de Madí”, no hay que tomar declaración “a las personalidades políticas” con que se entrevistó. La resolución concreta: “No quiere decir esto que David Madí no lo intentara, pero sí que no le debían de hacer el menor caso y que tratarían la visita con una deferencia meramente protocolaria”. Este “escasísimo grado de influencia sobre los políticos”, añade el magistrado, “se desprende de la fatal finalización” de la relación entre el excargo convergente y los directivos de Movee y Aigües de Catalunya, “los cuales rompieron toda relación comercial”.

Madí también se vio vinculado a la presunta trama rusa del proceso a raíz de una conversación encontrada en el teléfono de Víctor Terradellas, que fue responsable de relaciones internacionales de CDC, y en que este hacía referencia a una supuesta ayuda, tanto económica como con personal militar, por parte de Rusia en una hipotética Catalunya independiente, así como la creación de una plataforma de criptomonedas. En su declaración ante el juez Aguirre, Madí aseguró que no dio credibilidad a las afirmaciones de Terradellas.

Nueva imputación contra el empresario y exdirigente de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) David Madí. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado como investigado a Madí y a otros siete empresarios por “irregularidades” en la adjudicación de un concurso público de 2014 sobre transporte sanitario en ambulancias.

Esta nueva investigación contra Madí deriva de una de las piezas todavía abiertas del caso del 3%. Si bien en la pieza general, que juzgará adjudicaciones de obra pública de Convergència a cambio de comisiones para financiar ilegalmente el partido, Madí no está imputado, las nuevas causas abiertas a raíz del caso principal sí han alcanzado al exhombre de confianza de Artur Mas.

El pasado mes de octubre Madí fue condenado a 14 meses de cárcel como cooperador necesario de los delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental en una trama de facturas falsas derivada del caso del 3% conocida como el 'caso Triacom'. En paralelo al juicio por delito fiscal, la Audiencia Nacional también investiga si las producciones que Triacom realizó para TV3 también sirvieron para financiar irregularmente a Convergència.

En la nueva causa, el juez investiga la adjudicación de la Generalitat, en la que habría intermediado Madí, a Ambulancias Egara, que desde 2015 gestiona el transporte sanitario en varias zonas de Catalunya. El concurso de los servicios de transporte sanitario en la modalidad urgente y no urgente lo ganó Egara formando una Unión Temporal de Empresas (UTE) con otras sociedades.

Además de Madí, el juez ha citado como investigados a los otros siete empresarios que participaron en la adjudicación para los próximos 26 y 27 de abril.

Fundada en 1984 por Jaime Simon Planas (1937-2019), Ambulancias Egara gestiona desde 2006 el transporte Sanitario Urgente y No Urgente del Servicio Catalán de Salud, inicialmente en la comarca barcelonesa del Vallès Occidental, y desde 2015 en Lleida, Camp de Tarragona y Terres de l’Ebre.

Además, a mediados de 2020 pasó a ser el proveedor de referencia en Aragón con la UTE Transalud para la prestación de servicio transporte sanitario no urgente e inició la actividad en Andorra con Ambulancias Valira.

La Fiscalía Europea ha archivado la investigación contra el empresario David Madí al descartar que la antigua mano derecha de Artur Mas cometiera un delito de fraude de subvenciones relacionado con su presunta labor de intermediación en el reparto de los fondos europeos.

En un decreto, las fiscales europeas delegadas acuerdan dar carpetazo al asunto al no hallar más indicios contra Madí que una conversación “insuficiente” para constituir un delito. Se trata de una una charla interceptada a Madí en el marco de la operación Voloh, la macrocausa que investiga la presunta corrupción de dirigentes del sanedrín soberanista que organizó el 1-O y el supuesto desvío de fondos hacia el procés.

En la charla, Madí trasladó al apoderado de una consultora que se reunió con Iván Redondo, exjefe de gabinete del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, para abordar el funcionamiento de los fondos europeos en un encuentro de la patronal Foment del Treball, de la que forma parte. “Hay que establecer un canal para entrar. Yo me vi con Foment, formo parte de Foment, y tuvimos una reunión... de pequeño comité.... con Iván Redondo... esto será una merienda de negros... son 140.000 millones”, señalaba Madí en la conversación, de octubre de 2020 y que fue intervenida por la Guardia Civil.

Las fiscales concluyen de esa charla que efectivamente Madí dispone de contactos, pero durante los meses que han durado las pesquisas no han hallado más pruebas de que el empresario se sirviera de ellos para cometer un delito, por lo que deciden archivar la investigación.

“Cierto es que la conversación evidencia que el sr. Madí tiene contactos o relaciones privadas de las que se sirve en el desarrollo de su actividad profesional como asesor, pero en el momento actual, agotadas las vías de investigación posibles, no es posible determinar si en el desarrollo de su actividad de asesoramiento se sirvió de tales contactos para la obtención o utilización indebida de subvenciones europeas”, resuelve el decreto de archivo del caso, al que ha tenido acceso elDiario.es.

El juez del caso Voloh, Joaquín Aguirre, envió la charla a la Fiscalía Europea tras uno de sus varios desencuentros con Anticorrupción. El fiscal del caso Voloh se opuso a investigar Madí por la charla sobre los fondos europeos al entender que sería una causa “prospectiva” que conculcaría sus “más elementales derechos”.

Anticorrupción, que desde el inicio de la causa se ha mostrado reacia a mantener abiertas la mayor parte de líneas de investigación de Voloh, se adhirió al recurso de Madí al entender que de la conversación intervenida “no puede inferirse la existencia de ningún tipo delictivo”, misma conclusión a la que ha llegado ahora la Fiscalía Europea.

La magistrada del juzgado penal 23 de Barcelona ha condenado al empresario y exdirigente de Convergència David Madí a 14 meses de cárcel como cooperador necesario de los delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental en la trama de facturas falsas derivada del caso del 3%, ha adelantado El Periódico y ha confirmado elDiario.es.

Al ser la condena inferior a dos años y no tener antecedentes penales, Madí no entrará en prisión. Su defensa recurrirá ante la Audiencia de Barcelona la sentencia, que también le impone una multa de 219.750 euros y la prohibición de obtener subvenciones e incentivos fiscales durante el periodo de la condena.

El fiscal Pedro Castro pedía para Madí dos años de cárcel en una causa en la que también han resultado condenados el exgerente de TV3 y de la productora Triacom Oriol Carbó, que también está investigado en el caso 3% en la Audiencia Nacional, y otros cuatro empresarios acusados de emitir facturas falsas por trabajos ficticios para la productora. Las penas oscilan entre los ocho y los 14 meses de cárcel.

El caso se complicó para Madí toda vez que Carbó, el principal acusado, y el empresario Juan Manuel Parra, que fue condenado a 8 meses de cárcel por el pago de comisiones a CDC a través del Palau de la Música, admitieron el fraude a cambio de ver rebajadas sus penas, como así ha sido.

En el juicio, Parra explicó que el partido le “obligó” a emitir facturas falsas a Triacom, una productora de TV3, si quería cobrar los servicios que prestó para su campañas electoral de 2020 en los comicios al Parlament: “O lo tomas o lo dejas, me dijeron”. Madí y el resto de empresarios también estaban acusados de acusados de emitir facturas falsas por trabajos ficticios para la productora.

Sin embargo, la jueza concluye que no ha queda probado que Para “se hubiera visto compelido a emitir las facturas simuladas para Triacom como único medio para poder cobrar unos servicios prestados a Convergencia ni que hubiera agotado todas las posibilidades lícitas para cobrar estos servicios”.

El caso ahora sentenciado fue remitido en su día por la jueza a la Audiencia Nacional para que formara parte del caso del 3% sobre presunto pago de comisiones a Convergència –en una decisión que después revocó la Audiencia de Barcelona–, al entender que esas mismas facturas falsas sirvieron para financiar irregularmente a la extinta formación.

El juicio estuvo marcado por el reproche de Madí al fiscal por tener, según su opinión, poco conocimiento del mundo empresarial. En su informe final el fiscal afeó al exconvergente su “contundencia en la incoherencia” así como su “falta de credibilidad” a la hora de negar el fraude, al tiempo que consideró “un acto de fe” la tesis exculpatoria de la antigua mano de Artur Mas, esta es, que los trabajos que Madí facturó a Triacom sí fueron reales.

La sentencia en cambio acoge la tesis de la Fiscalía y concluye que las facturas que las empresas de Madí giraron a Triacom por servicios de consultoría y comunicación en realidad no se produjeron, sino que tan solo sirvieron para que la firma audiovisual, productora de los programas de TV3 “El Gran Dictat” y “Fish and Chips”, pudiera aumentar sus gastos deducibles y así reducir el pago de IVA y del impuesto de sociedades en 2011.

La jueza explica la falsedad de las facturas de Madí a Triacom no solo porque los servicios cobrados no llegaron a realizarse, sino porque incluso hay servicios prestados antes de la constitución legal de una de las empresas de la antigua mano derecha de Artur Mas. IKI CAT, empresa propiedad de Madí facturó 105.000 euros a Triacom en diciembre de 2011 por una supuesta campaña de comunicación para la Junta de Accionista de Gas Natural que se había celebrado en abril, es decir, tres meses antes de la constitución de la firma del exdirigente convergente.

Tampoco “existieron”, abunda la juez, los servicios facturados por Madí a Telefónica, habida cuenta de que el empresario no pudo “concretar quién elaboró el video para o a qué empresa o profesional autónomo subcontrató, en su caso, la elaboración”, pese al mismo tiempo alegar el exdirigente de Convergència que fue necesario un helicóptero para captar las imágenes del edificio. “Ante la imposibilidad de ofrecer una respuesta lógica, [Madí] afirmó que se trata de una interpretación distinta de lo que pone literalmente en las facturas, lo que evidencia que los conceptos por los que facturó la sociedad que administraba, no existieron”, resalta la sentencia.

La consultora NUBUL, propiedad también de Madí, giró a Triacom otros 60.000 euros en dos facturas por servicios de consultoría estratégica que en realidad tampoco llegaron a prestarse, agrega la magistrada, que destaca que la firma no tenía “infraestructura”.

No es la única causa penal en la que está inmerso Madí. El exidirigente de Convergència, miembro del grupo de dirigentes que organizó el referéndum del 1-O junto al Govern, está imputado en el caso Voloh por presunto tráfico de influencias al abrigo del procés.

Cuando, en noviembre de 2018, David Madí, una de las personas más cercanas al expresidente de la Generalitat Artur Mas, aterrizó en Aigües de Catalunya, algunos analistas empezaron a tomar asiento ante el espectáculo que se avecinaba.

Uno de los pesos pesados del mundo convergente, nieto de uno de los empresarios más cercanos a Jordi Pujol -Joan B. Cendrós (1916-1986), productor del masaje Floïd- e histórica mano derecha de Mas -primero en la Generalitat y en Convergència durante 15 años, y luego, desde 2010, como su principal enlace con el mundo económico-, se alineaba con la familia Calabuig, auténtico poder económico en el País Valencià, que a través de Global Omnium controla el Grupo Aguas de Valencia, para hacerle la competencia, en serio y en su propia casa, nada menos que a Agbar, empresa con gran arraigo en Catalunya y uno de los símbolos del poder de La Caixa.

Las chispas estaban aseguradas. Y no solo por la potencia de los conglomerados en colisión, sino también por la propia historia de cruentas luchas que los mismos actores habían protagonizado años atrás alrededor de Aguas de Valencia, de la que Agbar acabó saliendo. El propio Madí cambiaba de bando: tras siete años como asesor del máximo ejecutivo de Agbar, Àngel Simon -con una retribución de alrededor de 200.000 euros anuales, según las declaraciones a la Agencia Tributaria aportadas al caso Triacom-, se pasaba a liderar las tropas del enemigo.

Pero el órdago resultó ser incluso mucho mayor del que aparentaba. El objetivo de Madí y de la familia Calabuig no era solo competir con Agbar, sino que en seguida redoblaron la apuesta: armaron un plan, en el que trataron de involucrar a fondos internacionales (sobre todo, CVC) y a empresarios catalanes de confianza del nacionalismo (las familias Carulla y Costafreda) para directamente hacerse con el control de la propia Agbar a espaldas de su equipo gestor, encabezado por Simon. Así se desprende de varios audios incorporados al sumario del caso Voloh, una macrocausa de supuesta corrupción instruida en el juzgado de número 1 de Barcelona, en la que el magistrado Joaquín Aguirre investiga también a Madí por supuesto tráfico de influencias.

 “Proyecto Grande”

La imputación de Madí en Voloh, en octubre de 2020, y el lanzamiento de la opa de Veolia sobre Suez, multinacional francesa participada por La Caixa en la que estaba integrada Agbar, dieron al traste con cualquier posibilidad de éxito de la operación. Pero estaba lista. Y en el argot interno, sus impulsores se referían a ella en clave: “Proyecto Grande”.

La reciente salida de Madí de Aigües de Catalunya, adelantada por el diario Ara, certifica el fracaso del ambicioso pulso lanzado por Global Omnium a Agbar en su propia cancha, cuatro años después del desembarco y subsiguiente órdago. Aigües de Catalunya no ha logrado erigirse en una competencia real para Agbar, hoy integrado en Veolia con el mismo equipo de gestión, siempre bien conectado con La Caixa, puesto que los avances se han limitado a una treintena de municipios pequeños, sin llegar a concretarse ninguna de las grandes plazas a las que aspiraba. Y mucho menos pudo siquiera acercarse al “Proyecto Grande” de conquistar Agbar, que secretamente trazaron Calabuig y Madí con la ayuda del influyente tío de este último, Carles Colomer, destacado empresario del sector cosmético -en 2013 vendió la empresa familiar a la multinacional estadounidense Revlon por 500 millones de euros- y exconsejero de Telefónica.

Fuentes próximas a Madí circunscriben los planes para adquirir Agbar a “conversaciones normales en una operación de mercado libre y transparente”, como explicó el propio empresario en su declaración ante el juez Aguirre. Las mismas fuentes consideran que toda la causa Voloh no es más que un montaje político de venganza por el procés y lamentan la difusión de audios de conversaciones privadas sin relación con delito alguno. El magistrado investiga un presunto tráfico de influencias de Madí a través de varias sociedades -entre ellas, Aigües de Catalunya-, pero tras más de dos años de investigación no ha llegado a sustentar ninguna acusación concreta.

Por su parte, una portavoz de Global Omnium recalcó que la marcha de Madí, que se materializará a final de mes, se ha producido de común acuerdo y de forma amistosa para que pueda dedicarse a sus proyectos personales. Tanto Agbar como La Caixa declinaron hacer ningún comentario sobre las frustradas maniobras de Global Omnium para tomar el control de la sociedad a espaldas del actual equipo gestor.

El origen del órdago

El origen del “Proyecto Grande” para hacerse con Agbar se remonta a julio de 2019 cuando, pocos meses después del aterrizaje de Madí en Aigües de Catalunya, el fondo activista Amber, entonces propietario de cerca del 2% de Suez, instó a la multinacional francesa a vender la compañía de aguas con sede en Barcelona para hacer caja. La propuesta no fue rechazada de plano, lo que abrió el apetito del mercado y de los fondos hacia una empresa con más de 150 años de historia, 3.000 millones de euros de facturación anual, 16.000 trabajadores y gran implantación sobre todo en España y Chile, lo que la convertía en una de las piezas más codiciadas del sector al volverse, de pronto, accesible.

Entre los empresarios y financieros que en esos días se interesaron por dilucidar hasta qué punto la venta era una posibilidad real y se acercaron al presidente de la Fundació La Caixa, Isidre Fainé -al que todos identificaban como el factor clave de la operación, pese a que el banco disponía apenas el 7,5% del capital de Suez-, se encontraba Carles Colomer. De los audios incorporados a Voloh se desprende que el tío de Madí, muy bien conectado con Fainé y los fondos internacionales, creyó entender que el banquero no veía con malos ojos la eventual venta, aunque señalaba al máximo ejecutivo de Agbar, Àngel Simon -uno de sus principales colaboradores en la última década-, como interlocutor de referencia ante cualquier hipotética operación.

Con la supuesta confirmación de que Agbar estaba en el mercado, el triángulo formado por Colomer, Madí y Calabuig se puso sigilosamente manos a la obra en la elaboración de un plan para hacerse con el control de la compañía. Aunque sin adecuarse a los criterios supuestamente expuestos por Fainé: según reflejan los audios, optaron por urdir una propuesta a espaldas de Simon, que, en caso de prosperar, pasaba por el desembarco en Agbar de todo el equipo gestor de Global Omnium, viejos enemigos y rivales encarnizados desde las cuitas por el control de Agua de Valencia, años atrás.

Las grabaciones revelan cómo Colomer, Madí y Calabuig van haciendo acopio de información sobre las supuestas intenciones de Fainé, compartiendo información que obtienen indirectamente a través de empresarios que en algún momento dicen haber comentado el tema con el banquero. La conclusión final a la que llegan es que efectivamente la operación de venta de Agbar es una posibilidad muy real, pero que Suez -a través de La Caixa- va a primar las opciones que impliquen el mantenimiento del equipo gestor de Agbar, encabezado por Simon, un contratiempo evidente para los planes de desembarco de Global Omnium.

 A la búsqueda de socios

Con el fin de sortear este obstáculo, la operación de asalto a Agbar se diseñó en dos frentes complementarios: en primer lugar, a través del reforzamiento de Aigües de Catalunya con la entrada de inversores catalanes, que según el plan esbozado podían llegar hasta el 45% de la sociedad, sin poner en riesgo, por tanto, el control de la familia Calabuig. El segundo frente, el llamado “Proyecto Grande”, implicaba la búsqueda de un gran fondo internacional que asumiera la interlocución para la compra de Agbar y que en última instancia pudiera fusionar el vehículo financiero utilizado para materializar la adquisición con Global Omnium, lo que permitiría que el equipo gestor aterrizara a posteriori sin obstaculizar la operación.

Para la primera parte, en la que tenía interés a involucrarse el propio Colomer, se pensaba en empresarios tradicionalmente muy bien conectados con el pujolismo y Convergència, como la familia Carulla -propietaria del holding multinacional de la alimentación Agrolimen y exaccionista del diario Ara- y la familia Costafreda, cofundadora de Panrico. Estos perfiles empresariales, históricamente en la órbita del nacionalismo, iban a subrayar la “catalanidad” del proyecto y pretendían contrarrestar con ello el efecto que pudiera tener el hecho de que una compañía tan emblemática como Agbar pudiera acabar bajo control de empresarios de Valencia muy identificados, además, con el poder económico del Partido Popular (PP) en esa comunidad.

Para el segundo frente, el “Proyecto Grande”, el principal objetivo del plan era asociarse con el fondo CVC, gigante con sede en Londres y con más de 75.000 millones de dólares de activos bajo gestión. Los audios reflejan que Colomer ya había tenido conversaciones de tanteo con Javier de Jaime, máximo ejecutivo del fondo en España, sin descartar otras opciones, como el estadounidense Carlye.

El plan no superó nunca la fase exploratoria porque la pandemia, la operación policial Voloh y, finalmente, en febrero de 2021, la opa de Veolia sobre Suez hicieron imposible cualquier avance real, a pesar de que los promotores habían encargado ya, según se desprende de los numerosos audios, informes al Banco Santander y contaban con un diseño preciso de reparto accionarial y propuesta de socios para formular el envite.

 Junts también se va

La marcha de Madí de Aigües de Catalunya tras deshilacharse sus ambiciosos planes para la compañía, que acabaron resultando quiméricos, ha coincidido en el tiempo con la decisión de Junts per Catalunya, la formación que alberga a muchos exmilitantes de Convergència, de abandonar voluntariamente el Gobierno de la Generalitat, en brutal contraste con la tradición de gobierno y pulsión de poder del partido de Jordi Pujol: un auténtico cambio de época.

En las últimas cuatro décadas, la tradición convergente había sido la clave de bóveda que interconectaba el poder político con el económico en Catalunya a través, precisamente, de figuras como Madí, entre otros. Hace apenas un lustro, estos sectores creían acariciar la posibilidad de liderar un Estado propio y de conquistar para sí grandes corporaciones emblemáticas como la misma Agbar. Y se proponían hacerlo, además, simultáneamente, como muestra el caso de Madí, quien se integró en el llamado “Estado mayor” que supervisaba toda la organización del referéndum de autodeterminación y los actos posteriores de resistencia mientras se asociaba para sus negocios con empresarios muy bien conectados con el PP, y no solo en Aigües de Catalunya. 

Sin embargo, la realidad se ha acabado situando en las antípodas: hoy Esquerra Republicana (ERC) dirige en solitario la Generalitat tras la autoexclusión de los herederos de Convergència, mientras que Madí se va de Aigües de Catalunya sin ver cumplidos sus ambiciosos objetivos y con el equipo histórico de Agbar sólidamente asentado en su puesto.

Los próceres llamados a tocar el cielo deben conformarse, al menos por ahora, con ser símbolos del mundo de ayer.

Visto para sentencia el juicio por el fraude fiscal derivado de la trama del 3% que afecta a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y la productora Triacom. El fiscal de delitos económicos Pedro Castro ha mantenido los dos años de cárcel contra el exconvergente David Madí y otros dos acusados del caso, mientras que ha rebajado las penas a los dos procesados que confesaron la trama, el exadministrador de Triacom, Oriol Carbó, y el empresario Juan Manuel Parra.

Ante el juzgado penal 23 de Barcelona se ha celebrado el juicio contra una presunta trama de facturas falsas vinculada al exgerente de TV3 y de Triacom Oriol Carbó, que también está investigado en el caso 3%, y otros seis empresarios, entre ellos Madí, acusados de emitir facturas falsas por trabajos ficticios para la productora.

Al haber admitido los hechos Carbó, el principal acusado, Madí y el resto de empresarios ha visto complicada su defensa, pero se han reafirmado en reclamar la absolución al negar que los trabajos por los que facturaron a Triacom fueran falsos. El fiscal ha rebajado la pena solicitada a Carbó a 8 meses de prisión.

Solo el empresario Juan Manuel Parra, que fue condenado a 8 meses de cárcel por el pago de comisiones a CDC a través del Palau de la Música, ha admitido el fraude. En el juicio explicó que el partido le “obligó” a emitir facturas falsas a Triacom, una productora de TV3, si quería cobrar los servicios que prestó para su campañas electoral de 2020 en los comicios al Parlament: “O lo tomas o lo dejas, me dijeron”. La pena reclamada para Parra es un año de prisión.

El caso fue remitido en su día por la jueza a la Audiencia Nacional para que formara parte del caso del 3% sobre presunto pago de comisiones a CDC –en una decisión que después revocó la Audiencia de Barcelona–, al entender que esas mismas facturas falsas sirvieron para financiar irregularmente a la extinta formación.

En su informe final, el fiscal Pedro Castro, a quien Madí reprochó el miércoles durante el interrogatorio tener poco conocimiento del mundo empresarial, ha afeado al exconvergente su “contundencia en la incoherencia” así como su “falta de credibilidad” a la hora de negar el fraude, al tiempo que ha considerado “un acto de fe” la tesis exculpatoria de la antigua mano de Artur Mas.

El fiscal ha incidido en que las facturas que las empresas de Madí giraron a Triacom por servicios de consultoría y comunicación en realidad no se produjeron, sino que tan solo sirvieron para que la firma audiovisual, productora de los programas de TV3 “El Gran Dictat” y “Fish and Chips”, pudiera aumentar sus gastos deducibles y así reducir el pago de IVA y del impuesto de sociedades en 2011.

Tal y como reveló elDiario.es, la investigación de la Audiencia Nacional ha desvelado que Triacom hinchaba más del 50% el precio de los dos programas que facturaba a TV3, y al carecer de estructura y empleados derivaba automáticamente todas las fases de producción de los espacios a la multinacional Mediapro, una mecánica para “dar cobertura a lo que simplemente era un acto espurio”, en palabras del fiscal.

Después Triacom pagó 420.000 euros a David Madí. Oriol Carbó costeó todos los gastos del despacho privado del exdirigente convergente, entre ellos mobiliario, teléfono, luz, cafés o bolígrafos. La defensa de Madí sostiene que todas las facturas que sus empresas emitieron a Triacom responden a servicios realmente prestados y perfectamente acreditados.

No hay trama corrupta sin fraude a Hacienda. Este principio casi universal bien puede aplicarse al caso del 3% de Convergència. Su rama audiovisual todavía está bajo investigación en la Audiencia Nacional, pero el delito fiscal derivado de la misma se ha empezado a juzgar este miércoles en un juzgado penal de Barcelona. En el banquillo, la antigua mano derecha de Artur Mas, David Madí, ahora dedicado a sus negocios. “Consultoría estratégica”, en sus propias palabras. Madí ha negado el fraude, pero otros dos acusados lo han admitido.

El juicio se ha demorado años y finalmente ha arrancado con un choque de los que merece la pena recordar entre Madrí y el fiscal de delitos económicos Pedro Castro. Mientras Madí daba lecciones al fiscal -“seguramente usted no conoce la operativa de una empresa normal”; “usted debe saber que Hacienda se lleva la mitad de mi salario”-, Castro replicaba primero retador y después con ironía -“le pregunto desde mi ignorancia del mundo empresarial”- para intentar llevar a la contradicción al expolítico.

La causa juzga si las empresas de Madí y otros seis acusados falsificaron facturas a la productora audiovisual Triacom para que ésta última defraudara el IVA y el impuesto de sociedades del año 2011. La Fiscalía pide dos años de cárcel para Madí, una pena rebajada a once meses para Oriol Carbó, exadministrador de Triacom que ya ha confesado el fraude.

Previsiblemente también se aligerará la pena solicitada a Juan Manuel Parra, exresponsable de Hispart que ha confesado que efectuaba facturas falsas a Triacom para cobrar trabajos para la campaña de las elecciones al Parlament de Convergència del año 2010. Carbó y Parra están imputados en la Audiencia Nacional por el 3% audiovisual. No así Madí.

El fiscal ha resaltado (y Madí ha admitido) que Triacom era la empresa más pequeña para la que trabajaba la consultora del expolítico, que desde 2010 viene prestando servicios de asesoría a grandes multinacionales y empresas catalanas. El pequeño volumen de Triacom era lo que precisamente, según el fiscal, permitió a Madí confeccionar facturas de 194.700 a la productora para servicios de asesoramiento y consultoría que en realidad no se prestaron y poder defraudar así a Hacienda.

Madí ha negado que la “anormalidad” en los pagos a Triacom detectada por el fiscal tenga que ver con un fraude a Hacienda y ha dado una nueva lección de negocios: “Las empresas muy importantes tienen un día de pago, pero con las empresas pequeñas como la de Carbó no funciona así, pagan cuando va bien y si hay acuerdo y confianza”.

El exconvergente, que pese a provenir de una adinerada familia de la burguesía catalana ha apuntado que pasó “dificultades económicas” al inicio de sus negocios, ha relatado que Carbó, a quien conoce desde hace 20 años, le pidió ser uno de los clientes de sus empresas, pese a que éste lo niegue “por sus beneficios procesales”.

El fiscal ha inquirido a Madí para que describiera en qué consiste el trabajo de “consultoría estratégica”, a su juicio la excusa con la que emitir las facturas falsas de la trama. “Es mucho más amplio que hacer un informe de coyuntura económica, hay proyectos, informes, reuniones... Los que mandan en las empresas saben perfectamente qué trabajo haces y cómo lo haces”, ha respondido Madí.

En una de las frases del juicio, Madí no ha perdido la ocasión para citar a otro acusado que ha negado el fraude alegando que él hacía “zanjas” en una empresa de construcción. “Yo no hago zanjas pero soy muy conocido en este país por otras capacidades”, ha alegado la antigua mano derecha de Artur Mas, que ha implorado al fiscal: “Se tendría que entender mi perfil”.

“Es absolutamente falso que no hubiera prestación de servicio. Era un cliente y era un amigo. Era el cliente mas pequeño del despacho pero los trabajos eran reales”, ha reiterado Madí, para a renglón seguido invitar al fiscal a examinar “un poco más” su perfil profesional antes de “descalificar” sus capacidades para prestar servicios de consultoría: “Perdone, pero yo en este país soy conocido, me parece”.

Tal y como reveló elDiario.es, la investigación de la Audiencia Nacional ha desvelado que después la productora Triacom pagó 420.000 euros a David Madí. Carbó costeó todos los gastos del despacho privado del exdirigente convergente, entre ellos mobiliario, teléfono, luz, cafés o bolígrafos. La defensa de Madí sostiene que todas las facturas que sus empresas emitieron a Triacom responden a servicios realmente prestados y perfectamente acreditados.

La agenda de David Madí es una de las más pobladas de Catalunya. El sumario del caso Voloh da cuenta de ello. El Govern ha dado ahora un nuevo dato al juez que investiga la actividad empresarial de Madí al informar de que el exdirigente de Convergència no está inscrito como 'lobbista' en el registro catalán de grupos de interés, situación que la defensa de Madí niega que tenga trascendencia penal ni administrativa alguna.

El juez Joaquín Aguirre cree que el exhombre de confianza de Artur Mas, hoy dedicado a la consultoría, traspasó una línea roja en los contactos que mantuvo con miembros de la Administración en nombre de las empresas a las que asesoraba, entre ellas Uber. La defensa del empresario, en cambio, alega que estos contactos se enmarcan en la relación habitual de un 'lobbista' con los organismos públicos.

El pasado mes de mayo, el juez Aguirre requirió al Govern si Madí, su esposa y una decena de “sociedades relacionadas” con el exconvergente estaban registrados como grupo de interés o 'lobbista'. El juez expuso que Madí, en su declaración judicial, alegó que sus reuniones y llamadas con altos cargos de la Generalitat estaban amparadas al estar inscrito en el registro de grupos de interés del Govern, pero agregó que no aportó ningún documento para corroborarlo y que “solo por este motivo” ya podría procesarlo por tráfico de influencias.

El Ejecutivo catalán ha respondido que Madí no se encuentra registrado como 'lobbista' y que tampoco “constan” reuniones con el exconvergente en las agendas públicas de los altos cargos.

En conjunto, el Govern ha informado de una veintena de reuniones registradas con altos cargos de dos de las empresas vinculadas con trabajos de intermediación de Madí, Uber y Aigües de Catalunya. Sin embargo en la información entregada al juez por el Ejecutivo catalán no consta una reunión de alto nivel mantenida por Madí sobre la implantación en la comunidad de los vehículos con licencia VTC.

Se trata de un encuentro que, según documentó la Guardia Civil, se produjo el 25 de octubre de 2019. En la reunión participaron Madí y los que por entonces eran máximos responsables de Uber y el departamento de Territorio: el empresario Juan Galiardo, el exconseller Damià Calvet y los altos cargos de la conselleria Isidre Gavín y Pere Padrosa.

En el registro de reuniones con empresas enviado al juez por el Govern –y que es público en virtud de la ley de catalana de Transparencia– solo consta una reunión de Calvet con Uber, celebrada el 30 de octubre de 2018.

Fuentes de la defensa de Madí recuerdan además que la ley de Transparencia, en su artículo 48, excluye del registro de 'lobbis' las actividades relativas a la prestación de asesoramiento jurídico o profesional vinculadas directamente a defender los intereses afectados por procedimientos administrativos –como sería el caso de las VTC–, así como las destinadas a informar a un cliente sobre situación jurídica, o las actividades de mediación o asesoramiento que se realizan “con finalidades informativas para el ejercicio de derechos”.

Pese a la sucesión de encuentros y llamadas con consellers y altos cargos, los negocios de Madí que muestra el sumario del caso no llegaron a prosperar. La reunión con Calvet buscó reactivar las licencias de los vehículos con conductor, pero finalmente la legislación aprobada fue en contra de los intereses de empresas como Uber o Cabify. La Guardia Civil considera que la intención de Madí era eludir la obligación legal de precontratación con 15 minutos de antelación, que finalmente sí se aprobó.

A través de la empresa Global Omnium –de la que es filial Aguas de Catalunya, presidida por Madí–, el exhombre de confianza de Artur Mas también intentó suscribir un contrato con la conselleria de Justicia para analizar las presencia de COVID-19 en las aguas residuales de las cárceles catalanas, pero la operación no fructificó. Los contactos, según los investigadores, los hizo Madí a través del teléfono en pleno confinamiento con el entonces secretario general de Interior, Brauli Duart, uno de sus hombres de confianza en el Govern.

Al margen de las reuniones con el Govern que investiga el juez Aguirre en Barcelona, Madí tiene otra causa abierta ante la Fiscalía Europa por la que declarará como investigado este martes y que nace de uno de los pinchazos telefónicos acordados en el caso Voloh.

Se trata de una conversación entre Madí y el apoderado de una consultora, en la que asegura que, con la patronal Foment del Treball de la que forma parte, se reunió con Iván Redondo, exjefe de gabinete del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, para abordar el funcionamiento de los fondos europeos.

“Hay que establecer un canal para entrar. Yo me vi con Foment, formo parte de Foment, y tuvimos una reunión... de pequeño comité.... con Iván Redondo... esto será una merienda de negros... son 140.000 millones”, señalaba Madí en la conversación, de octubre de 2020 y que fue intervenida por la Guardia Civil.

La patronal negó que la reunión, en la que participaron más de una docena de empresarios, sirviera para repartir los fondos y la situó en sus encuentros institucionales habituales. La Fiscalía Anticorrupción se opuso a investigar Madí por la charla sobre los fondos europeos al entender que sería una causa “prospectiva” que conculcaría sus “más elementales derechos”, pero la Fiscalía Europea, encargada de investigar cualquier asunto relacionado con un eventual desvío de fondos europeos NextGeneration, se quedó con el caso después de que se la enviara el juez.

El empresario y antigua mano derecha de Artur Mas, David Madí, tendrá que comparecer como imputado el próximo 19 de julio ante la Fiscalía Europea por un delito de fraude de subvenciones relacionado con su presunta labor de intermediación en el reparto de los fondos europeos.

En un decreto, las fiscales europeas delegadas acuerdan citar como investigado a Madí después de analizar la documentación recibida del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, que elevó el caso al Ministerio Público comunitario. La investigación nace de una conversación interceptada a Madí en el marco de la operación Voloh, la macrocausa que investiga la presunta corrupción de dirigentes del sanedrín soberanista que organizó el 1-O y el supuesto desvío de fondos hacia el procés.

En la charla, David Madí traslada al apoderado de una consultora que se reunió con Iván Redondo, exjefe de gabinete del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, para abordar el funcionamiento de los fondos europeos en un encuentro de la patronal Foment del Treball, de la que forma parte. La Fiscalía Europea también ha citado como investigado al consultor Joan F., el interlocutor de Madí.

“Hay que establecer un canal para entrar. Yo me vi con Foment, formo parte de Foment, y tuvimos una reunión... de pequeño comité.... con Iván Redondo... esto será una merienda de negros... son 140.000 millones”, señalaba Madí en la conversación, de octubre de 2020 y que fue intervenida por la Guardia Civil.

La patronal negó que la reunión, en la que participaron más de una docena de empresarios, sirviera para repartir los fondos y la situó en sus encuentros institucionales habituales. El juez Joaquín Aguirre envió el caso a la Fiscalía Europea, encargada de investigar cualquier asunto relacionado con un eventual desvío de fondos europeos NextGeneration.

Se dio la circunstancia de que Fiscalía Anticorrupción se opuso a investigar Madí por la charla sobre los fondos europeos al entender que sería una causa “prospectiva” que conculcaría sus “más elementales derechos”. Anticorrupción, que desde el inicio de la causa se ha mostrado reacia a mantener abiertas la mayor parte de líneas de investigación de Voloh, se adhirió al recurso de Madí al entender que de la conversación intervenida “no puede inferirse la existencia de ningún tipo delictivo”.

Para el fiscal, en la conversación Madí hace referencia a “únicamente las expectativas de un nuevo tipo de negocio consistente en ofrecer a sus clientes, como han hecho otras consultoras, la posibilidad de articular proyectos para optar a las ayudas europeas por todos conocidas”. En cambio la Audiencia de Barcelona consideró más acertada la tesis del juez Aguirre y autorizó el envío de la causa a la Fiscalía Europea.

En su resolución, las fiscales europeas mantienen que los hechos investigados podrían constituir un delito de fraude de subvenciones, ya que en la charla Madí y Joan F. “se menciona que la cantidad que se iba a repartir eran 140.000 millones de euros y que podrían referirse a los fondos europeos para la recuperación NextGeneration EU”.

La comparecencia de ambos empresarios como investigados, mantienen las fiscales, tiene como objetivo “informarles de los derechos que les asisten, de los hechos que se les atribuyen y de su calificación jurídica provisional” para que así cuenten “con toda la información” antes de prestar declaración.

La Fiscalía Europea es una institución de reciente creación. Empezó a gestarse en octubre de 2017, cuando España y otros 19 estados miembros acordaron ponerla en marcha para llevar ante los tribunales a quienes cometan delitos “contra los intereses financieros de la Unión”, como es el caso de la gestión de los fondos europeos de recuperación tras la crisis de la COVID-19. No fue hasta el pasado verano cuando esta Fiscalía entró en funcionamiento, con una Ley Orgánica que regulaba la adaptación del sistema jurídico español.

La declaración voluntaria ante el juez de la antigua mano derecha de Artur Mas, David Madí, no le ha traído buenas noticias. El juez de Barcelona que lo mantiene investigado en el caso Voloh de presunta corrupción y desvío de fondos al procés ha pedido a la Agencia Tributaria su declaración de actividades empresariales para comprobar si Madí “cobró comisiones por actos presuntamente ilícitos” los años 2019 y 2020.

Así consta en un auto redactado el pasado sábado por el titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre. Madí, retirado de la primera línea política pero que formó parte del sanedrín de dirigentes que organizó el referéndum, alega que todas sus actividades empresariales y de intermediación son legales, pero el juez sospecha que pudo haber cometido un delito de tráfico de influencias por su constatada capacidad de acceso a la administración autonómica, incluso durante la peor etapa de la pandemia.

En su resolución, adelantada por El Periódico y a la que ha tenido acceso elDiario.es, el juez expone que Madí, en su declaración judicial, alegó que sus reuniones y llamadas con altos cargos de la Generalitat estaban amparadas al estar inscrito como 'lobista' en el registro de grupos de interés del Govern. El juez añade, en cambio, que Madí no aportó ningún documento para corroborarlo y que “solo por este motivo” ya podría procesarlo por tráfico de influencias.

El juez Aguirre indica además que, tras comprobarlo en el registro de 'lobbies' del Govern, Madí no está inscrito en él como persona física. Sí que consta debidamente registrada la empresa Aigües de Catalunya, de la que Madí es presidente ejecutivo.

En su declaración en julio de 2021, Madí enmarcó las reuniones que mantuvo con el Govern como consultor de las empresas de VTC en la relación habitual de la administración con empresas y taxistas de cara a la nueva regulación aprobada por el Parlament en 2019. Y también situó dentro de la dinámica empresarial habitual el intento que realizó, como presidente ejecutivo de Aigües de Catalunya, de quedarse con Agbar, aunque finalmente la empresa de aguas del grupo Suez pasó a las filas de Veolia, cuya fusión se consumo el año pasado.

Además de los datos a Hacienda, el juez ha pedido a la Guardia Civil que compruebe si los “seguimientos” que efectuó a Madí y que dieron un “resultado relevante” coinciden con alguna de las fechas en las que Aigües de Catalunya registró haber mantenido reuniones con cargos del Govern.

El programa Pegasus espió a independentistas que ya estaban siendo investigados por la Justicia. Así se desprende de la lista de catalanes víctimas del 'software' malicioso difundida por los forenses canadienses de Citizen Lab. Son pinchazos por duplicado. Unos, acordados por un juez, acotados en el tiempo y recurribles en los tribunales por parte de los afectados. Los otros, de autoría y alcance desconocidos a día de hoy, y por lo tanto mucho más difíciles de combatir.

Al empresario y exconseller de ERC Xavier Vendrell, miembro del grupo de dirigentes soberanistas que organizó el referéndum del 1-O, Pegasus lo espió por lo menos en dos ataques, el 4 de noviembre de 2019 y el 14 de abril de 2020, este último en pleno confinamiento por la COVID-19. La primera de las fechas coincide con la visita de Felipe VI a Catalunya tras la sentencia del procés y el llamamiento de Tsunami Democràtic a la protesta que bloquearía la AP-7 cinco días después.

Por aquellas fechas, Vendrell ya tenía las comunicaciones intervenidas por orden del juzgado de instrucción 1 de Barcelona en el marco de la investigación del caso Voloh, una macrocausa que agrupa el supuesto desvío de fondos en favor del procés y la presunta corrupción del exconseller de ERC y de otro miembro del denominado 'estado mayor' del procés, el exconvergente David Madí, también espiado con Pegasus.

A falta de que se pueda aclarar el origen y la autoría del encargo del espionaje con el programa Pegasus, la utilización en Madí y Vendrell del 'software' espía profundizó en la intensa intervención de comunicaciones que ya sufrían por orden judicial, exponen fuentes jurídicas. Como el resto de espiados, ni Vendrell ni Madí conocen formalmente a día de hoy los motivos que les llevaron a ser dianas del programa malicioso, mientras que –aunque disienten de ellas– las razones de los pinchazos del caso Voloh aparecen en el sumario de la causa.

La Guardia Civil pidió el 27 de agosto de 2019 al juez Joaquín Aguirre la interceptación total del teléfono de Vendrell, Madí y el presidente de la plataforma proselecciones catalanas, Xavier Vinyals (quien no consta como espiado mediante Pegasus). Un año después, de Madí y Vendrell el Instituto Armado también solicitó “la instalación de un 'software' para examinar de forma remota y telemática los dispositivos ya intervenidos”. La diferencia principal es que Pegasus, a la intervención del teléfono, suma la capacidad de activar el micrófono o la cámara.

El motivo alegado por la Guardia Civil para la intervención fueron sendas grabaciones halladas un año antes en el teléfono del exresponsable de relaciones internacionales de Convergència Víctor Terradellas en el marco de la investigación por desvío de subvenciones de la Diputación de Barcelona que lleva a cabo el mismo juez. Los audios eran conversaciones de Terradellas con Madí y Vendrell –que Terradellas niega haber grabado– sobre la supuesta trama rusa del procés y el uso de 'bitcoins' para financiar la estancia de Carles Puigdemont en Waterloo.

El 29 de agosto de 2019, el juez instructor acordó por dos meses el pinchazo de las llamadas mediante el sistema SITEL de la Guardia Civil y requirió a las operadoras telefónicas “todos los datos asociados a la interceptación de comunicaciones”, como por ejemplo registros de voz o SMS. La intervención se prorrogó hasta octubre de 2020.

El control de las comunicaciones de Madí y Vendrell acordado por el juez no solo afectó sus teléfonos. El juez también decidió la instalación de micrófonos y localizadores en los coches de ambos empresarios, lo que permitió grabar algunas conversaciones que sustentan la causa. Tras el recurso de las defensas, la Audiencia de Barcelona avaló todas las medidas al considerarlas necesarias para investigar las “sospechas fundadas de corrupción” de Madí y Vendrell y porque ambos utilizaban la aplicación telefónica Signal, “que no es susceptible de intervención por la autoridad judicial a causa de motivos técnicos”.

Los sucesivos informes sobre las conversaciones de Madí y Vendrell desembocaron en la petición de la Guardia Civil, en octubre de 2020, para registrar sus domicilios y empresas y para copiar todo el contenido de sus dispositivos móviles. Así lo acordó el juez, que encargó al Instituto Armado “el volcado y análisis” de los dispositivos “con objeto de verificar si contienen información relevante y relacionada” con la investigación. Los informes sobre los móviles de Madí y Vendrell todavía no se han entregado al juez. El juzgado tampoco ha devuelto a Madí su móvil intervenido en los registros, lo que ha impedido concretar la fecha –en cualquier caso entre 2018 y 2020, según Citizen Lab– del ataque con Pegasus. Pero toda esa información ya estaría disponible mucho antes para quien hubiera encargado el espionaje con el programa de la empresa NSO Group.

El mismo 28 de octubre de 2020, fecha de los registros del caso Voloh, el juez también ordenó a la Guardia Civil volcar todo el contenido del teléfono del director de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay. A diferencia de Madí y Vendrell, Alay no tenía pinchado previamente el teléfono por orden del juez Aguirre en el caso Voloh. Del análisis del teléfono de Alay los investigadores hallaron un filón del que tirar gracias a los viajes a Rusia del asesor del expresident, que motivaron un enfrentamiento entre el juez y el fiscal del caso a raíz de un supuesto negocio con petróleo.

En el caso de Alay, el ataque de Pegasus se produjo tres meses antes de los registros del caso Voloh. Pero Citizen Lab no descarta que antes o después se hubieran producido más intromisiones. Lo mismo ocurre con otros investigados en otras causas del procés con comunicaciones intervenidas también espiados por Pegasus, como Josep Maria Jové, que ya se había cruzado con anterioridad con una tecnología de origen israelí en su teléfono móvil.

¿Cómo saber cuando el pinchazo es 'tradicional' o con un sistema tipo Pegasus? ¿La Guardia Civil pudo conocer el 'hackeo' de Pegasus mientras tenía monitorizados los terminales por orden judicial? Las defensas de los afectados tienen intención de intentar hallar las respuestas a estas preguntas en los próximos meses. No es algo sencillo. Los pinchazos del caso Voloh fueron entregados a las defensas y son recurribles ante la Audiencia de Barcelona y en el eventual juicio que se celebre en un futuro. Si, como sospecha parte de los espiados, el encargo a Pegasus corrió a cargo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el resultado de esos pinchazos es un informe de inteligencia con destino al presidente del Gobierno. La única forma de acceder a ellos es por acuerdo del Consejo de Ministros para su desclasificación como materia reservada, o que un juez pida al Ejecutivo levantar el secreto.

Un tema al día, el podcast de elDiario.es

La Fiscalía Europea ha abierto una investigación contra el exconvergente David Madí, ahora empresario y antigua mano derecha de Artur Mas, para corroborar si intentó desviar fondos europeos de recuperación. Así lo sospecha el juez de Barcelona que elevó el caso al organismo comunitario, si bien Anticorrupción rechaza esta tesis y no ve delito.

Según ha adelantado El Periódico y han confirmado fuentes jurídicas, la Fiscalía Europea ha pedido al juez de Barcelona Joaquín Aguirre la grabación completa de la llamada telefónica intervenida a Madí en el marco de la operación Voloh, la macrocausa que investiga la presunta corrupción de dirigentes del sanedrín soberanista que organizó el 1-O y el supuesto desvío de fondos hacia el procés.

En la charla, David Madí traslada al apoderado de una consultora que se reunió con Iván Redondo, exjefe de gabinete del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, para abordar el funcionamiento de los fondos europeos en el marco de un encuentro de la patronal Foment del Treball, de la que forma parte.

Pese a que la patronal negó que la reunión, en la que participaron más de una docena de empresarios, sirviera para repartir los fondos y la situó en sus encuentros institucionales habituales, el juez Aguirre envió el caso a la Fiscalía Europea, encargada de investigar cualquier asunto relacionado con un eventual desvío de fondos europeos Next Generation.

Sin embargo, se dio la circunstancia de que Fiscalía Anticorrupción se opuso a investigar Madí por la charla sobre los fondos europeos al entender que sería una causa “prospectiva” que conculcaría sus “más elementales derechos”. Anticorrupción, que desde el inicio de la causa se ha mostrado reacia a mantener abiertas la mayor parte de líneas de investigación de Voloh, se adhirió al recurso de Madí al entender que de la conversación intervenida “no puede inferirse la existencia de ningún tipo delictivo”.

Para el fiscal, en la conversación Madí hace referencia a “únicamente las expectativas de un nuevo tipo de negocio consistente en ofrecer a sus clientes, como han hecho otras consultoras, la posibilidad de articular proyectos para optar a las ayudas europeas por todos conocidas”. En cambio la Audiencia de Barcelona consideró más acertada la tesis del juez Aguirre y autorizó el envío de la causa a la Fiscalía Europea.

La antigua mano derecha de Artur Mas, David Madí, será juzgado en Barcelona por fraude fiscal. La Audiencia de Barcelona ha anulado la decisión del juzgado penal de enviar la causa a la investigación que la Audiencia Nacional mantiene abierta sobre la relación entre la productora Triacom y el 3% de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

El pasado mes de julio todo estaba listo en Barcelona para que Madí se sentara en el banquillo junto al el dueño de Triacom, Oriol Carbó, y otro empresario, Juan Manuel Parra, quien confesó su participación en la trama del 3% audiovisual que la Audiencia Nacional investiga si sirvió para pagar la campaña electoral de Artur Mas en 2010.

Lo que se iba a juzgar (y finalmente se juzgará) en Barcelona es exclusivamente si las empresas de Parra y Madí falsificaron facturas a Triacom para que la productora de Carbó defraudara el IVA y el impuesto de sociedades del año 2011. La Fiscalía pide dos años de cárcel para Madí, y antes de empezar el juicio planteó que esta causa por fraude fiscal debía sumarse al caso del 3% de la Audiencia Nacional al ser hechos relacionados. La jueza lo aceptó, pero las defensas recurrieron y ahora la Audiencia de Barcelona les da la razón.

En un auto, adelantado por La Vanguardia y al que ha tenido acceso este diario, las magistradas de la sección 3ª de la Audiencia de Barcelona concluyen que no existe suficiente “conexidad” jurídica para unir el juicio por fraude fiscal y la investigación del 3% de CDC, si bien admiten una “evidente relación” entre ellas.

“No compartimos que sean los mismos hechos”, resuelve el auto, que aunque reconoce el “elemento común” de las presuntas facturas falsas en ambas causas, determina que deben juzgarse por separado la falsificación documental para defraudar a Hacienda y la que tendría como objetivo financiar de forma ilegal a Convergència. Todo ello pese a reconocer la posibilidad de que los casos terminen con sentencias “contradictorias”.

Es más, las magistradas resaltan que Madí no está formalmente imputado en la investigación de la Audiencia Nacional y que no se puede dilatar más su juicio en Barcelona ante la “evidente y clara dilación” que supone juzgar unas presuntas facturas falsas emitidas hace once años. “Debemos poner el norte en la agilización procesal”, apostillan las togadas.

Tal y como reveló elDiario.es, la investigación de la Audiencia Nacional ha desvelado que la productora Triacom pagó 420.000 euros a David Madí. Carbó costeó todos los gastos del despacho privado del exdirigente convergente, entre ellos mobiliario, teléfono, luz, cafés o bolígrafos. La defensa de Madí sostiene que todas las facturas que sus empresas emitieron a Triacom “responden a servicios realmente prestados y perfectamente acreditados”.

Marc Puig Guàrdia, uno de los históricos referentes de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) para publicidad y comunicación, utilizó supuestamente en 2012 y 2013 para sus gastos personales la cuenta de Emocional Base, SL, una sociedad en la órbita de Triacom, productora investigada en la Audiencia Nacional por su papel en la causa del 3% de financiación ilegal del partido de Jordi Pujol y Artur Mas.

Los ingresos de Triacom dependían en más de un 80% de los contratos de TV3, de cuyo consejo de gobierno formaba parte Puig cuando contrató el programa estrella de la productora, 'El Gran Dictat', en 2009. A los dos meses de rubricarse el contrato, Puig se compró una vivienda en la Cerdanya a medias con el dueño de Triacom, Oriol Carbó, según la investigación conjunta de los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil.

La causa que instruye el magistrado Santiago Pedraz ha puesto de manifiesto que Triacom, una productora sin estructura ni apenas asalariados, ingresó 31,3 millones de la televisión pública catalana entre 2008 y 2016 por programas que facturó a un precio hinchado al menos en un 50%. Los informes policiales apuntan que con el excedente generado se pagaban facturas que en realidad encubrían trabajos para Convergència, como la campaña electoral de Artur Mas en 2010, relacionados con el 3% alrededor de la Diputación de Lleida o ingresos para sus dirigentes, como David Madí, histórica mano derecha de Mas y mentor de Puig.

La defensa de Madí asegura que todas las facturas que sus empresas emitieron a Triacom “responden a servicios realmente prestados y perfectamente acreditados”. elDiario.es se ha dirigido por escrito en dos ocasiones a The Branding Time, la consultora a la que actualmente está vinculado Puig, que no está imputado en la causa de la Audiencia Nacional, sin obtener respuesta.

Puig hizo siempre carrera en CDC de la mano de Madí, al que sustituyó como secretario general de Comunicación en el último Govern de Jordi Pujol en 2003, cuando tuvo que dejar el cargo por manipular encuestas en beneficio de Mas. En 2004, tras perder CDC la Generalitat, Puig fue nombrado, a propuesta de este partido, miembro del consejo de gobierno del ente de medios públicos, del que depende TV3, cargo que mantuvo hasta que en junio de 2011 se convirtió en director de Comunicación y Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Barcelona tras la victoria electoral de Convergència con Xavier Trias.

En 2007, el cambio de la ley de los medios públicos en Catalunya endureció el régimen de incompatibilidades para los miembros del consejo de gobierno del ente, precursor de la actual CCMA, para evitar conflicto de intereses en el sector audiovisual. Poco después, Puig se desprendió formalmente de las acciones de su empresa personal, Emocional Base, SL, que fueron adquiridas por un familiar de Oriol Carbó, administrador de Triacom. Según la investigación de los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil, a partir de entonces Emocional Base se integró en el entramado personal de Carbó al servicio del circuito del dinero generado alrededor de Triacom.

“[Emocional Base y otras empresas] comparten clientes y facturan prácticamente por los mismos servicios a Triacom, de forma que se fragmentan los gastos e ingresos”, sostiene el informe policial. Tras subrayar que los conceptos suelen estar relacionados con 'El Gran Dictat', los investigadores concluyen que el objetivo era “facturar servicios que no se habrían realizado o facturarlos por duplicado para favorecer el desvío de dinero a terceras empresas o personas”.

A pesar de haberse apartado formalmente de Emocional Base SL, Puig siguió teniendo supuestamente acceso a la caja de esta empresa, cuyos ingresos procedían sobre todo de Triacom, que a su vez se nutría básicamente de TV3. La empresa se utilizaba “para desviar fondos a Marc Puig, entre otros”, según subraya el informe policial de la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra, cuya unidad Anticorrupción dirigía Toni Rodríguez, destituido recientemente por el Govern junto al major, Josep Lluís Trapero. Los investigadores recalcan que Puig “continuó recibiendo beneficios de la misma incluso años después de vender sus participaciones”.

En la causa abundan ejemplos concretos sobre el desvío de fondos desde Emocional Base a Puig, incluidos en un informe de la Agencia Tributaria. En enero de 2011, por ejemplo, consta un apunte de cobro de 1.821 euros de Marc Puig en la contabilidad de la empresa. Pero esto no es nada en comparación con un depósito constituido a su nombre por valor de 40.000 euros en julio de 2012, cuando Puig era ya el director de comunicación del Ayuntamiento de Barcelona.

Los pagos de Emocional Base a Puig no se limitaban al dinero en efectivo, sino que incluyó varias operaciones en especie, según el informe de la Agencia Tributaria asumido también por la investigación conjunta de Mossos d’Esquadra y Guardia Civil. Así, consta un cheque de Emocional Base en 2012 por valor de 25.000 euros por la compra de un vehículo TVR, modelo Chimaera, que según el informe de Hacienda acabó siendo registrado a nombre de Puig, y de reparaciones de este vehículo descapotable que ascendieron a 14.474 euros también pagadas por Emocional Base.

En 2012 constan asimismo facturas emitidas por Metropol Palamós a Emocional Base por un importe de de 9.649 euros “en concepto de reparación de una embarcación de titularidad de Marc Puig”. Se trata, según el informe, de la puesta a punto de una embarcación de 11,83 metros de eslora llamada Emocional Attacks Cranchi Atlantique y registrada en 2007 a nombre de Puig.

Este mismo año 2012 constan igualmente facturas a nombre de Emocional Base por compras en Pilma Disseny e Ikea de muebles (mesa, sillas, estanterías, sofá…) que fueron entregados, según se indica en los albaranes, al domicilio particular de Puig.  

Por todo ello, la policía judicial concluye que la mayoría de facturas de Emocional Base a Triacom “serían presuntamente falsas” al hacer referencia a “servicios generales y poco precisos” por conceptos ya prestados por Mediapro, a la que Triacom derivaba toda la producción de los encargos de TV3. Y concluye que Emocional Base y otras empresas de la trama de Carbó tenían “una operativa que pone de manifiesto el uso de sociedades pantalla o meramente instrumentales para el desvío de fondos de Triacom”.

Una portavoz del ente de medios públicos catalanes aseguró a elDiario.es que “no se ha constatado ninguna anomalía” en relación a los contratos suscritos entre TV3 y Triacom, la productora del exgerente de la cadena investigada por el 3%. La citada portavoz afirmó que el ente desconoce si existían conexiones entre Puig y Triacom y subrayó que los contratos “eran propuestos por las direcciones de Televisió de Catalunya y por la dirección general de la Corporación, en distintas etapas según los años indicados”. Y añadió: “La dirección general presentaba contratos para ser informados o aprobados en conjunto en las sesiones de los consejos de administración y de gobierno. El detalle y la negociación de todos los contratos correspondía a las direcciones de los medios y a la dirección general, no a los consejos de administración o de gobierno”.

El primer contrato que Triacom suscribió con TV3 para 'El Gran Dictat', su programa estrella hasta 2016 y el que más ingresos reportó a la productora, se firmó el 28 de febrero de 2009. Dos meses exactos después, el 28 de abril de 2009, y según consta en la documentación aportada al sumario por la Agencia Tributaria, el administrador y dueño de Triacom, Oriol Carbó, y Marc Puig, en aquel momento miembro de la comisión de gobierno del ente audiovisual público catalán, acudieron juntos ante un notario de Puigcerdà para la compraventa de una vivienda en Bor, en el término de Bellver de Cerdanya, comarca del Pirineo donde tienen su segunda residencia muchas familias pudientes de Barcelona.

Según la documentación aportada a la causa, la vivienda, de tres plantas y 189 metros cuadrados, se escrituró al 50% cada uno y a partir de un precio de venta de 294.500 euros, de los cuales se hipotecó el 79%. En mayo de 2013, según la misma documentación, Puig vendió su mitad a Carbó por 187.250 euros, de los que 90.756 correspondían al saldo hipotecario pendiente de amortización.

La vivienda pasó a constar en el activo de la mercantil Orieu SL, una de las sociedades de Carbó, en cuyo balance los investigadores constatan también “la existencia de una deuda de Puig desde antes del año 2009, que finalmente no se cobró y se contabilizó como una pérdida”. El informe policial no especifica la cuantía.

Según la documentación de la Agencia Tributaria aportada a la causa, en 2008 y 2009 Orieu SL había pagado facturas por valor de 58.000 euros por supuestos informes de consultoría sobre la misma vivienda de la Cerdanya a empresas vinculadas a las esposas de Oriol Pujol Ferrusola y de David Madí. Carbó declaró, según consta en el informe tributario, que había encargado dichos trabajos “porque estaba buscando inversiones en la Cerdanya” y que finalmente “decidió invertir en Bor”.

La productora Triacom, que se encuentra en el epicentro de una investigación en la Audiencia Nacional sobre el 3% y la financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), abonó 420.000 euros entre 2011 y 2013 a empresas vinculadas a David Madí, histórico colaborador de Artur Mas. El administrador de esta productora, Oriol Carbó, asumió además, a través de una de sus sociedades particulares, todos los costes de abrir el despacho privado de Madí en el Passeig de Gràcia de Barcelona, así como los gastos corrientes durante seis meses. Pagó no solo los electrodomésticos, el teléfono y la luz sino también bolígrafos, lápices y hasta las cápsulas de café.

A principios de la década de 2010, Triacom se convirtió en una de las principales proveedoras externas de programas de TV3, como ‘El Gran Dictat’ y ‘Fish & Chips’, a pesar de no contar con infraestructura ni apenas asalariados. Entre 2008 y 2016, Triacom facturó 31,3 millones de euros a TV3, la televisión pública catalana, que aportó durante este periodo el 80% de su facturación total y en algún ejercicio, durante la presidencia de Mas, llegó incluso al 92%.

La investigación conjunta de los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil, que ejercen de policía judicial en la causa que instruye el magistrado Santiago Pedraz, ha revelado que Triacom facturaba a TV3 con un sobreprecio superior al 50%, puesto que todos sus programas los hacía en realidad íntegramente Mediapro, que tenía el 10% de Triacom, a un precio sensiblemente inferior al que pagaba la televisión pública catalana. El excedente, según revela la investigación policial, se dedicaba sobre todo a pagar facturas falsas que encubrían otras actividades, como gastos electorales de la campaña de Mas en 2010, pagos relacionados con la trama del 3% en Lleida o supuestamente también a dirigentes de CDC.

La defensa de Madí sostiene que todas las facturas que sus empresas emitieron a Triacom “responden a servicios realmente prestados y perfectamente acreditados”. Además, sus letrados han recurrido la decisión del juzgado de Barcelona que iba a juzgar el supuesto fraude fiscal cometido por Triacom, causa en la que está acusado Madí, de enviar el expediente a Madrid para que se una a la investigación sobre el 3% que instruye en la Audiencia Nacional el magistrado Santiago Pedraz, que pone el foco también sobre Triacom. El recurso está aún pendiente de la resolución de la Audiencia Provincial. 

David Madí es el gran poder en la sombra del mundo convergente desde que a principios de la década de 2000 se convirtiera en la mano derecha de Artur Mas, entonces conseller en cap y finalmente presidente de la Generalitat entre diciembre de 2010 y enero de 2016. Tras dirigir la campaña electoral que Mas ganó en 2010 –financiada en parte por Triacom, según la investigación–, Madí abrió un despacho privado en el Passeig de Gràcia, pero mantuvo intacta su influencia sobre Mas y el mundo convergente: su despacho se convirtió en el punto neurálgico de acceso al Gobierno catalán y a las cuestiones que dependían de CDC. 

Una de sus personas de máxima confianza es Brauli Duart, al que Convergència aupó primero a la presidencia de la corporación de medios públicos (2012-2016) y luego a la secretaría general de Interior (2018-2020) en el periodo en que se promovió como comisario jefe de los Mossos a Eduard Sallent, quien ahora acaba de regresar a la cúpula del cuerpo tras la destitución de Josep Lluís Trapero como mayor y de Toni Rodríguez como responsable de Anticorrupción, precisamente la unidad que investiga a Triacom. Junto a Duart estuvo siempre también Andreu Martínez, primero como director estratégico de la corporación y luego como director de los Mossos.

La información aportada por la Agencia Tributaria a la causa Triacom revela que la actividad empresarial emprendida por Madí tras dejar a Mas instalado en la presidencia de la Generalitat fue muy lucrativa: las consultoras que creó ingresaron 4,5 millones de euros solo entre 2011 y 2013, la mayoría de grandes empresas que aspiraban a adjudicaciones de la Generalitat, que tras la llegada de Mas al gobierno puso en marcha un ambicioso plan de privatizaciones. Varios de estos clientes son multinacionales del Ibex con sede en Madrid, como Telefónica e Indra, lo que no impidió que Madí se convirtiera en un puntal del llamado “Estado mayor independentista”, que tuteló el proceso que culminó en el referéndum de 2017.

La productora Triacom, a la que los investigadores atribuyen una “importancia capital” en la “trama de facturas falsas” creada para la financiación ilegal de la extinta Convergència, el partido de Jordi Pujol y Artur Mas, pagó entre 2011 y 2013 al menos 412.000 euros a tres de las consultoras vinculadas a Madí, según revela la causa de la Audiencia Nacional. 

Nubul Consulting, 97% propiedad de Madí y 3% de su esposa, Sandra Buenvaron, emitió facturas a Triacom por valor de 71.000 euros en 2011, 84.000 euros en 2012 y 54.000 en 2013. ICAT Desenvolupament, de la que Madí controlaba en torno al 70% de las acciones a través de las sociedades Comtria, Sloop y Batten, facturó 79.000 euros a Triacom en 2012. Finalmente, IKI Cat XXI, administrada por Madí y en un 50% en manos de ICAT Desenvolupament, se embolsó 124.000 euros procedentes de Triacom en 2011. Todo ello consta en el extenso informe de la Agencia Tributaria de la causa penal de Barcelona.

Los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil sostienen que las facturas emitidas por las sociedades de Madí a Triacom son siempre “por conceptos muy genéricos, hecho que genera dudas acerca de la veracidad de los servicios facturados”, y advierten de una mecánica general de “fragmentación de facturas” entre las tres empresas distintas sin justificación aparente.

Además, los informes policiales subrayan supuestas incoherencias técnicas: en el caso de IKI Cat XXI, se señala que la factura es por un presunto encargo anterior incluso a la fundación misma de la empresa, con lo que los investigadores concluyen: “Esta incoherencia temporal evidencia que esta factura únicamente sirvió para reducir los ingresos de Triacom a final de ejercicio, al tiempo que se desviaban fondos hacia IKI CAT”.

En los casos de Nubul, se indica que se factura siempre por “conceptos muy genéricos” y que Triacom solía pagar incluso “antes de la emisión de las facturas”.

Las dudas con respecto a ICAT Desenvolupament alcanzan no solo a las facturas sino también a la estructura societaria misma. Esta empresa estaba participada en un 25% por Comtria Inversions, de la que tenía un 25% Josep Lluís Vilaseca, exjefe jurídico de TV3 y después de Mediapro, multinacional que a su vez controlaba el 10% de Triacom. Otro 25% de ICAT Desenvolupament estaba bajo control de Ifluocat, sociedad conectada con el entramado de facturas falsas de la Diputación de Lleida relacionada con CDC.

“Se comprueba que en 2012 existe una correlación entre las facturas emitidas por ICAT Desenvolupament a Triacom (en las que el pago se efectuó incluso antes de la emisión de la factura) y otras emitidas por Triacom a Benito Arnó [de la trama de la Diputación de Lleida] posteriormente y prácticamente por los mismos importes”, sostiene el informe policial, que añade: “A través de este circuito, el dinero circulaba desde Benito Arnó a ICAT Desenvolupament, pasando por Triacom”. Benito Arnó es una importante constructora leridana.

ICAT Desenvolupament tenía su sede en el mismo local del Passeig de Gràcia que albergó toda la red de consultoras vinculadas a Madí tras dejar a Mas instalado en la presidencia de la Generalitat. El sumario del caso Triacom revela también que todos los gastos de reforma y equipación de dicho despacho, así como los gastos ordinarios durante los primeros seis meses, corrieron supuestamente a cargo del administrador de Triacom, Oriol Carbó, a través de su sociedad personal Orieu.

Los gastos pagados por Orieu para habilitar el despacho de ICAT Desenvolupament ascendieron a casi 9.000 euros e incluían electrodomésticos y mobiliario, como cafetera, microondas, nevera, colgadores, paragüero, tazas, ceniceros, papeleras y lámparas, pero también el gasto ordinario de teléfono (1.423,54 euros entre marzo y junio de 2011), de cápsulas de café (159,6 euros) y hasta el material de escritorio más elemental: 50 bolígrafos, 24 rotuladores, 12 lápices, 12 gomas, 12 post-its, una cinta adhesiva…

Preguntado por los investigadores sobre por qué abonó estos pagos para el despacho privado de Madí, Carbó se limitó a contestar que era su “amigo” y que en aquel momento “no debía tener la estructura necesaria y le ayudó”.

La defensa de Madí subraya en cambio que todos los gastos respondían en realidad a un “contrato de préstamo” y que todos acabaron siendo reintegrados, de acuerdo con dicho contrato. Carbó no mencionó la existencia de este contrato en su declaración, pero los letrados de Madí afirman haber aportado a la causa toda la documentación que acredita su existencia, así como su cumplimiento y reintegro. La defensa de Carbó no ha respondido a la petición de este diario para recabar su versión, que le fue trasladada el miércoles de la semana pasada.

En años anteriores, las empresas personales del administrador de Triacom y exgerente de TV3 ya habían tenido como proveedora a la esposa de Madí, Sandra Buenvaron. En 2008 Orieu e Inversiones OCS le pagaron facturas por valor de 56.000 euros, mientras que en 2009 le abonaron otros 50.000 euros.

Catalunya no es el caso del 3% aunque sin ese caso no se entiende Catalunya. A modo de resumen para desmemoriados, porque a estas alturas no hay porcentaje más famoso en la política de las últimas décadas, se trata de la red de financiación ilícita en la enterrada Convergència que se basaba en la adjudicación de contratos públicos a empresarios que a cambio ingresaban grandes cantidades a CDC a través de donaciones. Daniel Osàcar, hombre mucho más discreto y menos fanfarrón que Luís Bárcenas, pero que como él era el encargado de las finanzas de su partido, reconoció en octubre del 2020 que existía el llamado 'pitufeo', que dicho así incluso podría parecer algo bueno, y que en realidad es una técnica para blanquear dinero.

Osàcar compareció en el marco de una pieza separada del caso 3%, tiró de la manta tras una década de silencio y en octubre del 2020 apuntó directamente a Germà Gordó, ya procesado en la pieza principal de la causa. Según Osàcar, Gordó fue “la persona que directa y personalmente ideó esa operativa” de blanqueo. El exconsejero fue durante años uno de los dirigentes con más poder en Convergència y por lo tanto también en Catalunya.

El olor a quemado se acercó peligrosamente a Artur Mas porque Osàcar deslizó que era posible que el expresident también estuviera al corriente de las presuntas ilegalidades en la contabilidad del partido que Jordi Pujol fundó y él heredó (el aspirante y sucesor por apellido, Oriol Pujol, había quedado descartado por otro escándalo de corrupción, el conocido como el caso de las ITV). Mas aludió a la edad del extesorero y a su vulnerabilidad para restar crédito a sus insinuaciones. El expresident se salvó y Gordó fue imputado.  

¿A qué viene este sucinto resumen de algunas de las causas que se instruyen en la Audiencia Nacional y que aún no han sido juzgadas? De modo abreviado la respuesta es que no son las únicas que están abiertas y, lo que es más importante, que habrá que estar atentos ante el riesgo de que en los despachos de la Generalitat, en la que ya no está Convergència como partido pero sí muchos antiguos cargos suyos, y ERC, que ha hecho bandera de ser la única formación histórica sin casos de financiación irregular, se tenga la tentación de mirar hacia otro lado o de que los Mossos no investiguen todo lo que se debería investigar para evitar que empeore la mala salud de la coalición que gobierna Catalunya. 

El País informó hace unos días de la preocupación compartida entre jueces y fiscales por el relevo del jefe de investigación de la policía autonómica, Toni Rodríguez, un intendente al que no se le conoce afinidad política y que era quien hasta ahora dirigía las pesquisas que afectan tanto a antiguos cargos de Convergència reconvertidos en dirigentes de Junts como a algunos que se estrenaron en política de la mano del partido creado por Carles Puigdemont. El sucesor del major Trapero, Josep María Estela, comunicó a Rodríguez su destitución solo un día después de haberse hecho cargo del control de los Mossos. 

Constructoras y una productora

El intendente y su equipo hace tiempo que estorbaban porque lo que investigaban molestaba en algunos ámbitos políticos y empresariales. El día que agentes de la policía autonómica irrumpieron en la Diputación de Lleida para llevar a cabo un registro, la primera sorpresa del entonces presidente, Joan Reñé, fue que quienes estaban abriendo ordenadores y reclamando documentación eran mossos. Era el 2 de octubre del 2018, y lo que se indagaba desde hacía un par de años era cómo varias de las principales constructoras de la zona se ponían de acuerdo para conseguir adjudicaciones a cambio de pagar comisiones que iban del 3% al 8%. Algunas de estas empresas eran las que habían realizado donaciones a fundaciones próximas a Convergència. En este caso la sospecha es que, además, una parte de las mordidas iba directamente al bolsillo de cargos de la Diputación, entre ellos al del propio presidente.

En febrero del 2020 y buscando nuevas pruebas de la financiación ilegal de Convergència se registró la sede de la productora de televisión Triacom Audiovisual. Una trama de facturas falsas y presunto desvío de fondos a campañas del partido que investigan conjuntamente los Mossos y la Guardia Civil. El presidente de la empresa, Oriol Carbó, fue gerente de TV3, y está imputado. El juez Santiago Pedraz reclamó el pasado mes de octubre a una veintena de entidades, tanto administraciones públicas como empresas privadas, que le aportasen información sobre contratos con Triacom. El requerimiento incluía varios departamentos de la Generalitat e información correspondiente a la etapa de Xavier Trias en la alcaldía de Barcelona. El auto judicial mencionaba como personas “ligadas directa o indirectamente” a Convergència y que estarían implicadas en el caso al ya mencionado anteriormente presidente de la Diputación de Lleida, a la esposa de Oriol Pujol, Anna Vidal, y a Sandra Buevaron, esposa de David Madí. 

Los Mossos, aquel cuerpo que el pujolismo dibujó como una estructura de un futuro estado, una policía cuya paternidad puede atribuirse a dos nombres con ADN convergente, David Madí y Brauli Duart, a los que después se sumarían otros como Eduard Sallent, estaba investigando el 3% de Convergència. La policía que ellos crearon estaba indagando sobre la presunta corrupción de su partido y encima tenían unos investigadores que no les informaban de los pasos que estaban dando.    

Nuevo apunte para despistados. Madí fue la mano derecha durante años de Mas, y en su caso sí puede hablarse de burguesía catalana. Participó en el llamado estado mayor que preparó el referéndum del 1-O mientras mantenía intactas sus conexiones con algunas de las principales compañías del IBEX. Duart sabe qué es controlar los Mossos y también la otra gran estructura que creó el pujolismo: la televisión pública. Ha ocupado responsabilidades en ambas. Como secretario de Interior, primero en el último gobierno de Pujol, una etapa en que esta cartera y la de Justicia estaban unificadas, y después en la etapa de Miquel Buch, se convirtió en un conseller en la sombra. El tercero, Sallent, logró ser jefe de los Mossos con 47 años, el más joven en acceder a este cargo. Hacía tiempo que aspiraba a ser comisario. Su padrino era Duart y quien no veía nada clara su promoción era Trapero. En pocos meses y con el major fuera de juego intentando librarse de la cárcel pasó de intendente a jefe de los Mossos. El entonces president, Quim Torra, quería una nueva cúpula policial y la tuvo.

“Un caramelo en un colegio de tontos” 

Tras la destitución de Buch y el nombramiento del abogado Miquel Sàmper como responsable de Interior, los movimientos de Madí y Duart por controlar la policía catalana quedaron registrados en unas conversaciones telefónicas que forman parte del sumario de la operación ‘Voloh’. Aparecieron en el teléfono del exsecretario de relaciones internacionales de Convergència, Víctor Terradellas, y en ellas se puede escuchar un diálogo de ocho minutos entre Madí y Duart en el que el primero presume de controlar al nuevo conseller. “Que no tome ninguna decisión sin contar conmigo, porque durará menos que un caramelo en un colegio de tontos”, se escucha decir a Madí. Pero estaba equivocado puesto que una de las decisiones que Sàmper tomó en septiembre del 2020 fue la de destituir al todopoderoso Duart, que había regresado a Interior de la mano de Buch. Algo que dirigentes de Junts aún no le han perdonado aunque a sus protagonistas no les ha ido nada mal puesto que Buch y Duart dirigen actualmente Infraestructures.cat, la empresa pública encargada de adjudicar y contratar la mayor parte de la obra pública que depende de la Generalitat. 

Sàmper es también quien, dos meses después, aparta a Sallent para restituir a Trapero al frente de los Mossos tras ser absuelto de la acusación de sedición y desobediencia. Regresaba después de haber sido cesado en octubre del 2017 en aplicación del 155, tras haber declarado en marzo del 2019 en el juicio del procés que existía un dispositivo policial para detener a Carles Puigdemont y su Govern si así se lo hubiese ordenado un juez y tras haber comprobado durante los meses en los que estuvo preparando su defensa de quién podía fiarse y de quién no en los Mossos. El intendente Rodríguez, con quien la amistad se fraguó cuando Trapero estuvo fuera de Interior, se convirtió en uno de sus mandos de confianza. 

Trapero y Rodríguez comparten una misma visión de lo que debe ser la policía catalana y sobre todo de lo que no debe ser. Defienden un cuerpo que pueda trabajar sin injerencias, sin que políticos que no ocupan un cargo institucional ni están en riesgo puedan disponer de servicio de escoltas solo por una decisión partidista que no esté justificada por criterios de seguridad. Un cuerpo que pueda investigar sin que sus pesquisas acaben siendo frenadas o boicoteadas desde dentro por instrucciones políticas de dudosa explicación.

Desaparición de archivos

Los investigadores han llegado a esconder archivos para que no fuesen controlados a través del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), la empresa pública que gestiona todo el servicio informático de la Generalitat. Explican que tuvieron suerte de encontrar los correos que sirvieron para inculpar a Laura Borràs en el ordenador de Isaías Herrero, el amigo a quien la actual presidenta del Parlament habría beneficiado con la fragmentación de unos contratos. Los correos se obtuvieron en el ordenador de Herrero pero no en los archivos de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), que es la entidad que presidía Borràs y donde se habría producido la ilegalidad que ha comportado su imputación. Fuentes de la investigación apuntan que si los mails no constaban en los ordenadores del ILC es porque alguien desde dentro de los Mossos les avisó de que buscarían esos correos. 

Las dificultades para llevar a cabo su trabajo eran tales que el intendente Rodríguez tuvo que pedir amparo al magistrado Carlos Ramos para seguir con las indagaciones que han acabado con la imputación del exconsejero de Interior Miquel Buch por una presunta malversación de fondos públicos al haber hecho pasar por asesor suyo a un sargento que en realidad estaba la mayor parte de la semana en Bruselas ejerciendo de escolta del expresident Carles Puigdemont. Pese a las presiones denunciadas desde una parte del cuerpo, finalmente el caso salió adelante y está pendiente de juicio, en el que la Fiscalía pide seis años de cárcel para Buch por los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos y cuatro años y medio de cárcel para el agente de la policía autonómica.

Que la Comisaría General de Investigación Criminal, es decir, Rodríguez y sus colaboradores, se atrevieran a investigar a un conseller de Interior por un presunto caso de corrupción cometido en su departamento es algo que debería ser motivo de elogio porque probaría que Catalunya tiene una policía que no encubre a sus responsables. Probaría que se respeta el papel de los Mossos en tanto que policía judicial y probaría que no se repiten errores del pasado, cuando había mandos policiales que respondían a una selección y obediencia política. Probaría todo eso si no fuese que los investigadores denuncian que se ha intentado evitar que hiciesen su trabajo.

Tras la publicación de esta información, el equipo de defensa legal de Laura Borràs ha hecho llegar estas consideraciones. La primera es subrayar que los registros en la Institució de les Lletres Catalanes, el domicilio de Isaías Herrero y el CTTI fueron el mismo día. La segunda es que a las puertas del ILC había numerosos periodistas y que el letrado de la administración de Justicia expresó su sorpresa al tratarse de una causa secreta. Por este motivo, el día siguiente la jueza decidió apartar a los Mossos y encargó la investigación a la Guardia Civil. La defensa legal de Borràs subraya que en las actas de entrada en los distintos registros no se hace constar ni de forma genérica que falte información. Y finalmente, el equipo legal de la presidenta del Parlament insiste en que nadie ha favorecido a Borràs y que esta considera que existe una persecución política contra ella.

Tres minutos de conversación

La destitución de Trapero y de su cúpula por parte del actual conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, un abogado sin cargo en ERC pero de plena confianza de Oriol Junqueras, ha sido justificada por la necesidad de regenerar la dirección e incorporar más mujeres. Pero no es eso, o no solo eso lo que ha pasado. Más allá de los despachos habituales para repasar agenda, Trapero y Elena únicamente tuvieron un par de conversaciones. La última, cuando el conseller le comunicó su destitución, duró menos de tres minutos. Elena le propuso que pensase qué quería hacer a partir de ahora y Trapero le contestó que la cosa no iba así, que él tiene el rango de major, dirija o no los Mossos, y que debe ser el conseller quien le diga cuál es a partir de ahora su nuevo cometido dentro del cuerpo.

A ello hay que añadir que la relación entre Trapero y Junqueras siempre fue mala y empeoró tras la declaración del major en el Supremo. Los colaboradores de Trapero afirman que el líder de ERC no le quería en el cargo desde el primer día, desde que los republicanos se hicieron cargo de la cartera de Interior, un departamento que ni en los dos tripartitos ni en sus coaliciones con los herederos de Convergència, ERC había controlado.

Lo que para la actual cúpula de Interior era una manera de trabajar aislada sin tener en cuenta al resto del departamento que justificaba su cese, para el major y su equipo era una manera de blindarse de las zarpas políticas. Esas injerencias de las que presumía Madí sin pudor en la conversación con Duart, quien fue mentor de Sallent, el comisario que con la remodelación llevada a cabo tras apartar a Trapero ha regresado como número dos en la jerarquía policial. ERC ha colocado al frente de los Mossos a un comisario afín al partido, Josep María Estela, mientras Junts tiene de nuevo a Sallent y a la vez que mantiene al director general de la policía, Pere Ferrer, un cargo político y de plena confianza de Brauli Duart. Este equilibrio de poderes explicaría el porqué, a diferencia de lo que es habitual, Junts y ERC no se hayan peleado por los cambios.

El único que se ha atrevido en público a mostrar su apoyo a Trapero ha sido el exconseller Sàmper, el que restituyó al major, el que se cargó a Sallent en contra de lo que reclamaban muchos de su partido, el que quería repetir como conseller y se quedó fuera del Govern en esta legislatura. Quien ha ocupado su puesto, el conseller Elena, un hombre de talante tranquilo y que rehúye los conflictos, ha prometido abrir una nueva etapa en Interior pero algunos de los últimos movimientos recuerdan a tiempos pasados y no precisamente mejores.

Foment del Treball ha afirmado este martes que el exjefe de gabinete del presidente Pedro Sánchez, Iván Redondo, no se reunió con “ningún asistente” al encuentro telemático que la patronal catalana organizó en septiembre de 2020 con 60 empresarios y en la que se abordaron los fondos europeos. Lo ha dicho en un comunicado este martes, después de que la Audiencia de Barcelona acordara la semana pasada enviar a la Fiscalía Europea una conversación del exdirigente de CDC David Madí para que investigue si presuntamente intentó desviar fondos europeos, y por la que el juez instructor sospecha que Redondo y Madí se reunieron ese día al margen del resto de empresarios.

Foment del Treball ha lamentado la situación y ha dicho que “estudiará las actuaciones que considere oportunas” para defender la honorabilidad de la institución y de invitados a sus foros.

“Asimismo, lamentamos públicamente que el nombre del señor Iván Redondo haya sido utilizado por aceptar nuestra invitación a una reunión habitual de las que celebra Foment”, ha añadido.

La patronal ha detallado que durante esa videoconferencia Redondo estaba en La Moncloa junto al presidente de la patronal, Josep Sánchez Llibre, mientras que los 60 empresarios que participaron en la reunión virtual estaban en la sede de Foment en Barcelona.

Ha añadido que, tras la videoconferencia, Redondo y Sánchez Llibre fueron a una reunión con Pedro Sánchez que ya tenían concertada y figuraba en la agenda presidencial interna, “de modo que queda acreditado que no hubo ninguna reunión del señor Iván Redondo con ningún asistente”.

Ha remarcado que este tipo de encuentros son habituales y que a reuniones anteriores y posteriores a ésta han asistido ministros, consellers, representantes del Banco de España y de grupos parlamentarios, y que no suelen ser reuniones abiertas a medios de comunicación pero sí a los miembros de Foment, por lo que no era “una convocatoria ni restringida, ni secreta, sino la habitual de la actividad institucional” de la organización.

En su intervención desde La Moncloa, Redondo informó sobre las medidas que el Gobierno prevé tomar para la recuperación económica tras la pandemia de coronavirus y “explicó los mensajes básicos, así como los argumentos públicos que ya había hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa tras el acuerdo del Consejo Europeo del mes de julio respecto al programa de los fondos europeos”.

“Una videoconferencia más”

Animó a los empresarios a presentar proyectos “para acceder a los fondos europeos en concurrencia competitiva y sobre los que en aquel momento no había ningún tipo de desarrollo” dado que en ese momento, el 28 de septiembre de 2020, la UE todavía no había aprobado oficialmente los fondos Next Generation, sino que lo hizo en octubre de 2020.

“La videoconferencia fue una más de las que celebró Foment sobre este asunto, al igual que otras entidades empresariales, para conocer los mecanismos de acceso a los fondos, cómo solicitarlos y cómo presentar las propuestas” porque en ese momento aún no se sabía cuánto dinero recibiría España, ni había aún convocatorias públicas.

Foment también ha remarcado que estos aspectos tampoco eran competencia de Redondo y que, durante la reunión, él mismo “dejó claro que los interlocutores eran los ministerios competentes”.

Investigación a Madí

La semana pasada, la Audiencia de Barcelona acordó enviar a la Fiscalía Europea una conversación intervenida en el móvil de Madí tras asistir a esta reunión, en la que comentó el encuentro con un empresario y pariente suyo: “Hay que establecer un canal para entrar... yo me vi... con Foment... formo parte de Foment... y tuvimos una reunión... de pequeño comité... con Iván Redondo... esto será una merienda de negros... son ciento cuarenta mil millones”.

El juez instructor cree que de esta conversación “no puede descartarse” que quisiera intentar un presunto desvío de fondos públicos, y considera que la reunión con Redondo en petit comité a la que hace referencia podría haber sido al margen de los 60 empresarios que participaron en la videoconferencia.

La facilidad con la que David Madí y Xavier Vendrell mensajeaban o llamaban a consellers de la Generalitat puede llegar a sorprender. Tras media vida en política, hace años que la antigua mano derecha de Artur Mas y el exconseller de ERC pasaron a un segundo plano, pero manteniendo intactos sus contactos en la primera línea. El juez del caso Voloh sospecha que no solo eran llamadas de cortesía, sino que muestran que ambos exdirigentes usaron su influencia para favorecer sus negocios privados.

Los sucesivos informes que ha aportado la Guardia Civil al caso Voloh a partir de las intervenciones telefónicas y los chats de Madí y Vendrell sirven al juez Joaquín Aguirre para sustentar su imputación por tráfico de influencias y malversación, entre otros delitos. Pero para las defensas del caso no son más que conversaciones privadas sobre la actividad empresarial de los dos exdirigentes, que formaron parte del sanedrín de políticos que organizó la votación del 1-O.

Contra todo pronóstico, las defensas se han encontrado con la pasividad en el caso de la Fiscalía Anticorrupción que, lejos de asumir un papel protagonista en la causa y solicitar diligencias al juez instructor, se ha mantenido en segundo plano hasta el punto de que el fiscal Fernando Maldonado no se presentó a la declaración voluntaria que prestó Madí el pasado mes de julio.

Está por ver si la Guardia Civil halla nuevos indicios en los teléfonos, ordenadores y correos electrónicos intervenidos a los detenidos que puedan hacer cambiar de posición al Ministerio Público. De momento el Instituto Armado ha entregado al juzgado 70 de los 137 informes previstos. El juez ha prorrogado por otros seis meses su investigación, ante los indicios de las “operaciones delictivas en las que estarían involucrados” Madí y Vendrell, quienes cree que utilizaron su poder de influencia con las autoridades catalanas para beneficiar sus negocios privados, vinculados entre otros al sector de las VTC o a los laboratorios de biomecánica.

Vendrell llegó a comer con la exconsellera de Salud, Alba Vergès, para un concurso al que optaba una de sus empresas, pero su pasado republicano no le impidió contactar también con consellers de Junts. Los chats intervenidos ponen de relieve contactos en 2019 entre Vendrell y el entonces conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, al que contactó para interesarse por unas negociaciones que afectaban a Joan Griñó, un empresario del sector de las plantas de generación energética en las depuradoras.

“Griñó me comenta que la situación por el vertedero de Riba-roja se está liando y me pide que le eche una mano ante la gente de Esquerra. Antes de hacerlo, quería hablar contigo para no hacer o decir nada inoportuno”, le dijo Vendrell a Calvet. Meses más tarde volvería a escribir a Calvet para pedirle un encuentro para tratar la situación de Villa Bugatti, una masía de la comarca del Maresme en la que el republicano mantiene un negocio de banquetes de bodas y en la que, según el juez, Vendrell dio un pelotazo urbanístico al doblar su valor.

La Guardia Civil, en uno de sus informes, también recoge las gestiones de Vendrell para “entrar en el negocio de las minas de Cardona”, explotadas por la empresa Iberpotash, cuyo abogado es el excalcalde de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) Lluís Recoder. “Para avanzar en sus proyectos, Vendrell se puso en contacto con Albert Castellanos –el exnúmero dos de la conseleria Economía– y con el secretario general de agricultura, David Mascort, para que a su vez éste intercediese ante la directora general del Institut Català de Finances, Anna Álvarez, para obtener un préstamo de Griñó de un millón de euros”, asegura el Instituto Armado.

El informe saca del olvido a viejos conocidos de la política catalana. Según la Guardia Civil, el exconseller de Convergència Felip Puig “presionó” a Vendrell para que “convenciese” al alcalde de Lleida, el republicano Miquel Pueyo, para “desencallar” un proyecto de centro comercial, un cometido al que supuestamente se comprometió pero con “discreción por si los de su partido se enteraban”. Los mensajes de Vendrell muestran que uno de sus socios le reenvió un mensaje en el que pedía que “alguien desde el PDeCAT con poder y ascendencia parase a Toni Postius”, teniente de alcalde de Urbanismo en Lleida que “estaba dificultando la aprobación urbanística” de la operación.

Madí, a la espera de ser citado

Respecto a Madí, sus negocios más relevantes que muestra el sumario del caso no llegaron a prosperar. Junto a un socio, se reunió en 2015 con Calvet como consultor de una multinacional de las VTC para intentar reactivar las licencias de los vehículos con conductor, pero finalmente la legislación aprobada fue en contra de los intereses de empresas como Uber o Cabify. La Guardia Civil considera que la intención de Madí era eludir la obligación legal de precontratación con 15 minutos de antelación, que finalmente sí se aprobó.

A través de la empresa Global Omnium –de la que es filial Aguas de Catalunya, presidida por Madí–, el exhombre de confianza de Artur Mas también intentó suscribir un contrato con la conselleria de Justicia para analizar las presencia de COVID-19 en las aguas residuales de las cárceles catalanas, pero la operación no fructificó. Como tampoco el intento de Aguas de Catalunya para hacerse con Agbar, del que Madí también habla en algunas conversaciones interceptadas.

Con todo, el juez y la Guardia Civil han hallado un nuevo hilo del que tirar. Se trata de una conversación entre David Madí y el apoderado de una consultora, en la que asegura que, con la patronal Foment del Treball de la que forma parte, se reunió con Iván Redondo, exjefe de gabinete del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, para abordar el funcionamiento de los fondos europeos.

Pese a que la patronal ha negado que la reunión, en la que participaron más de una docena de empresarios, sirviera para repartir los fondos y la ha enmarcado en sus encuentros institucionales habituales, el juez tiene intención de volver a citar a Madí para que explique esta conversación y la ha enviado a la Fiscalía Europea. Hay caso Voloh para rato.

David Madí, exdirigente de Convergència y antiguo hombre de confianza de Artur Mas, se ha sentado este martes durante dos horas ante el magistrado Joaquín Aguirre. Ha sido una declaración voluntaria, poco frecuente en macrocausas como la Voloh, con la que el empresario ha querido desmontar punto por punto las imputaciones del juez en su contra por varios delitos de corrupción y su supuesta implicación en la trama rusa del procés.

La Voloh es una macrocausa con diversas líneas de investigación. Desde la presunta corrupción de Madí y el exconseller de ERC Xavier Vendrell gracias a sus influencias en la Generalitat al supuesto desvío de fondos para financiar la estancia de Carles Puigdemont en Waterloo (Bélgica) a través de criptomonedas, pasando incluso por una influencia rusa en el procés. La causa se sustenta en buena medida en las escuchas telefónicas y micrófonos en el coche que el juez autorizó colocar a ambos dirigentes soberanistas, que formaron parte del llamado 'sanedrín' del procés que pilotó junto al Govern de Puigdemont el otoño soberanista de 2017.

La pata rusa de Voloh se sustenta es sendas conversaciones de Madí y Vendrell con el exresponsable de relaciones internacionales de Convergència, Víctor Terradellas, que él niega haber grabado. En la charla, del año 2018 Terradellas lleva la voz cantante sobre criptomonedas de origen ruso para financiar la independencia de Catalunya. El audio permite constatar que Madí puso “todas las prevenciones” al plan sobre el uso de criptomonedas por parte de la Generalitat expuesto por su excompañero de partido, aunque no se cerró del todo en banda. “Tiene una mala pinta de cojones”, advirtió Madí, para matizar: “Ve con mucho cuidado. Dicho esto, si fuese verdad, fantástico, no nos plantearía ningún problema la colaboración siempre y cuando estableciésemos unas reglas sólidas de relación”.

En su declaración este martes ante el juez, Madí ha alegado que no dio ninguna credibilidad a la trama rusa esbozada por Terradellas, que ha llegado a tildar de “fantasía”, según fuentes presentes en la declaración, y que sus comentarios sobre criptomonedas se enmarcan en su condición de economista interesado por las nuevas tendencias del sector.

Madí, que ha respondido a las preguntas de todas las partes, también ha explicado que no sabe cómo se financió la estancia del expresident Carles Puigdemont en Waterloo (Bélgica), otra de las pates de la investigación. Y ha negado formar parte de la dirección del Tsunami Democràtic, asegurando que los indicios en los que se basa el juez son conversaciones interceptadas con su familia en la que hablan genéricamente de las protestas de otoño de 2019 tras la sentencia del procés. Esta última pata de la causa ya está de camino a la Audiencia Nacional.

La Fiscalía se ausenta

La declaración voluntaria de Madí causó sorpresa entre algunas partes del caso, habida cuenta de que no es un habitual que un investigado por tantos delitos (tráfico de influencias, malversación, blanqueo de capitales) pida comparecer. Pero más sorpresa aún ha causado este martes la incomparecencia en el interrogatorio del fiscal anticorrupción Fernando Maldonado, que tampoco ha enviado a ningún fiscal a la declaración.

La negativa de la Fiscalía a comparecer en uno de los interrogatorios más importantes del caso hasta la fecha se produce después del papel ambivalente del Ministerio Público en la causa, que capitanea el juez Aguirre con el apoyo de la Guardia Civil. Anticorrupción no apoyó en un principio las intervenciones telefónicas, si bien después rectificó y se mostró en contra de que la Audiencia de Barcelona las anulara. En suma, no hay una acusación clara del fiscal en la causa.

Sin delito en los negocios

En el otro tramo de su declaración, Madí ha negado los delitos de corrupción relacionado con sus negocios. Así, ha enmarcado las reuniones que mantuvo con el Govern como consultor de las empresas de VTC en la relación habitual de la administración con empresas y taxistas de cara a la nueva regulación aprobada por el Parlament en 2019. Y también ha situado dentro de la dinámica empresarial habitual el intento que realizó, como presidente ejecutivo de Aigües de Catalunya, de quedarse con Agbar, aunque finalmente la empresa de aguas del grupo Suez pasó a las filas de Veolia, cuya fusión se consumo este año.