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Un negocio de petróleo en la trama rusa del procés causa el tercer choque entre el juez y el fiscal del caso Voloh

Alay, en una imagen de archivo

El caso Voloh dio un salto internacional el pasado viernes, cuando el diario estadounidense 'The New York Times' desveló los viajes a Rusia del director de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, en 2019, para promocionar la independencia de Catalunya. La investigación sobre Alay que se sigue en Barcelona ha puesto de manifiesto, además de los contactos rusos del colaborador de Puigdemont, las distintas interpretaciones del juez Joaquín Aguirre y del fiscal anticorrupción Fernando Maldonado. No es la primera vez que fiscal y juez disienten en la macrocausa.

La pieza que afecta a Alay en el juzgado de instrucción 1 de Barcelona consta, por un lado, de un informe de la Guardia Civil de un centenar de páginas sobre el teléfono del director de la oficina de Puigdemont, intervenido en octubre de 2020 por orden del juez durante su detención. Por el otro, se incluyen los distintos escritos y resoluciones del fiscal y el juez, los únicos que hasta ahora conocían las pesquisas debido a su carácter secreto.

Como en el resto del caso Voloh, en la pieza dedicada a Alay se cruzan negocios y política. En una providencia del pasado mes de julio, el juez Aguirre enfocó las pesquisas hacia una compra de petróleo que realizó en julio de 2020 una empresa china a otra rusa en la que presuntamente participó el empresario Aleksander Dmitrenko y de la que habló con Alay. Se basa el juez en los mensajes interceptados a Alay, en los que Dmitrenko felicita "a todos nosotros" y celebra haber recibido 295.000 dólares de garantía por la operación como "primer gran paso hecho".

El juez cree que la operación de compraventa de petróleo "guarda semejanza con otra efectuada por Rusia en favor de una empresa vinculada al político italiano Matteo Salvini", tal y como desveló un reportaje de la cadena británica BBC. Agrega el juez que la operación "ofrece indicios de no ser más que una pantalla para ocultar algún tipo de operación irregular", como por ejemplo "la financiación ilegal de un partido político".

El fiscal en cambio considera que el instructor va demasiado lejos en su hipótesis de investigación y por ello ha pedido a la Audiencia de Barcelona archivar la pieza separada. Según el fiscal, deducir conductas penales de los mensajes entre Alay y Dmitrenko "excede de las atribuciones de investigación que corresponde a cualquier autoridad". Reprocha además el fiscal la "falta de motivación lógica de la investigación" y su "carácter prospectivo". "No se indica cuáles son los posibles delitos cometidos ni las conductas penalmente relevantes", apostilla.

Dmitrenko, inversor ruso afincado en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), niega ser un agente de los servicios de inteligencia rusos, si bien el Gobierno le denegó la nacionalidad española precisamente por la sospecha de su vinculación con el antiguo KGB. Además de su relación con Alay, el empresario logró el año pasado que la Cámara de Comercio de Barcelona, dirigida entonces por el ahora diputado de Junts Joan Canadell, lo nombrara embajador en Moscú. El hecho de que Canadell lo anunciara en una entrevista sentó mal a Alay, que prefería que el nombramiento no se hiciera público, tal y como constatan los mensajes interceptados por la Guardia Civil.

Según indica la Guardia Civil en su informe, en el negocio petrolero también podría haber participado Artem Lukoyanov, hijo adoptado de Vladislav Surkov, político y empresario que fue asesor personal del presidente ruso, Vladimir Putin.

A nivel político, el Govern ha vuelto a guardar silencio este martes sobre los viajes a Rusia de Alay, que no habían sido incluidos en la memoria que cada año la oficina del expresident entrega al Parlament de Catalunya. "Ir a Rusia a hablar de cómo hacer un estado propio no creo que sea ningún delito", sentenció Alay el viernes en declaraciones a TV3.

En cualquier caso, la pieza sobre Alay muestra que los contactos con funcionarios rusos por parte del entorno más cercano a Puigdemont continuaron en 2019, después del otoño soberanista de 2017 y ha permitido al juez sumar indicios más allá de la referencia a los "10.000 soldados rusos" del exresponsable de relaciones internacionales de Convergència, Víctor Terradellas, a quien el expresident no contestó los mensajes. El Kremlin ha negado este martes estar involucrado en el proceso independentista y ha dicho desconocer los contactos que mantuvo Alay con funcionarios rusos en Moscú.

Tsunami y el diputado de JxCat

Las diferencias entre el juez instructor y el fiscal anticorrupción no son nuevas en la Voloh, la macrocausa que investiga desde la trama rusa del procés a la corrupción de algunos de sus líderes en la sombra, pasando por la financiación de Puigdemont en Bélgica, y que partió de una causa de subvenciones irregulares de la Diputación de Barcelona. Ha sido el juez Aguirre quien ha liderado las pesquisas, frente a la pasividad general del fiscal, que llegó a no presentarse al interrogatorio del expolítico de CDC David Madí y se ha opuesto a otras dos decisiones clave del instructor.

En paralelo a la trama rusa, el magistrado Aguirre decidió antes del verano enviar a la Audiencia Nacional la parte de la causa referente a Tsunami Democràtic, tal y como le pidió el juez del tribunal especial José Manuel García Castellón. El fiscal Maldonado ha pedido a la Audiencia de Barcelona dejar sin efecto ese envío, tal y como había pedido una de las defensas del caso, ya que, según el representante del Ministerio Público, el auto de Aguirre "carece de la más mínima motivación fáctica y jurídica".

Hasta que el juez no dé más detalles de los delitos y conductas que investigue y justifique mejor la competencia de la Audiencia Nacional, el fiscal entiende que la causa debe permanecer en Barcelona. Todo ello con duros reproches hacia el juez, a quien el fiscal acusa de vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva de los investigados y provocarles "indefensión".

Será la Audiencia de Barcelona quien dirima la dos controversias entre juez y fiscal. La primera la resolvió a favor del Ministerio Público el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que dio la razón al fiscal al rechazar la petición del juez Aguirre para que imputara al diputado de Junts per Catalunya Francesc de Dalmases en la pieza sobre subvenciones irregulares de la Diputación de Barcelona. Anticorrupción había pedido a los jueces del TSJC que devolvieran al magistrado Aguirre la exposición razonada sobre De Dalmases porque, en opinión del fiscal, el instructor "no expuso ni las subvenciones ni las personas responsables del supuesto fraude".

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