Un juez ha condenado al marido de Esperanza Aguirre a pagar 853.732,83 euros a uno de sus hermanos por el cuadro familiar de Goya que vendió en 2012 para salvarse de la ruina. La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es y que todavía es recurrible, explica que Fernando Ramírez de Haro vendió la obra inédita de arte al empresario Juan Miguel Villar Mir por más de cinco millones de euros y que nunca cumplió su promesa de devolver a sus hermanos la parte que correspondía a cada uno por ser un cuadro de la familia. La sentencia obliga al conde de Bornos y marido de la expresidenta de la Comunidad de Madrid a pagar ese dinero, así como unos intereses que acercan al millón de euros el dinero que el aristócrata debe pagar a su hermano Íñigo.

El caso del Goya de Esperanza Aguirre quedó visto para sentencia el pasado mes de septiembre en un juzgado de Madrid. Un cuadro que la familia política de Esperanza Aguirre almacenó durante años en su palacete del centro de Madrid hasta que en 2012 acudieron a la galería Sotheby's para que un experto confirmara lo que todos sospechaban: ese retrato de Valentín Belvís de Moncada Pizarro, aristócrata fallecido a principios del siglo XIX, era una obra inédita de Francisco de Goya. El cuadro, con un potencial valor millonario, formaba parte de la masa hereditaria de Ignacio Ramírez de Haro, fallecido dos años antes, sin que la herencia se hubiera partido entre sus hijos.

Ahogado por deudas millonarias, Fernando Ramírez de Haro –casado en gananciales con Esperanza Aguirre– llegó a un acuerdo con sus hermanos: vendería el cuadro para hacer frente al agujero económico y, con el tiempo y cuando pudiera, devolvería su parte a cada uno de sus hermanos, a razón de algo más de 850.000 euros por cabeza. Lo dejó por escrito, incluso, en un documento: “Don Fernando ha adoptado la decisión de entregar a cada uno de sus cuatro hermanos y a su sobrina” esa cantidad. El cuadro fue vendido al constructor Juan Miguel Villar Mir por 5,8 millones de euros en el verano de 2012, con su empresa OHL sumergida en la operación urbanística 'Canalejas' dirigida por la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre.

La transacción millonaria que salvó de la ruina al marido de Esperanza Aguirre se pudo llevar a cabo porque las autoridades no conocían la existencia del cuadro atribuido a Francisco de Goya, lo que podría haber llevado a su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), lo que habría complicado su venta. No instaron ese proceso ni los Ramírez de Haro ni Villar Mir ni tampoco Esperanza Aguirre, cuya administración regional es la encargada de proteger estas obras de arte. “No creo que debamos decir nada por el momento, es muy peligroso desde el punto de vista mediático y político”, escribió Aguirre sobre el cuadro en un correo 2012.

Las acusaciones del diplomático y dramaturgo Íñigo Ramírez de Haro contra su hermano Fernando –que heredó el título de conde de Bornos de su padre– se dirigieron por la vía civil después de que los tribunales rechazaran una causa penal. Un juicio que quedó visto para sentencia el pasado mes de septiembre en un juzgado de la calle Rosario Pino de Madrid y que ha terminado en condena para el marido de Esperanza Aguirre: está obligado a pagar 853.732,83 euros a su hermano Íñigo por la parte del Goya que le corresponde y que nunca le devolvió tras vendérselo a Villar Mir para saldar sus deudas. Una cantidad a la que habrá que sumar los intereses en caso de ser firme y llegar a ejecutarse.

Los hermanos de Íñigo Ramírez de Haro que comparecieron en el juicio, entre ellos el marido de Aguirre, se esforzaron por convencer al magistrado de que el demandante era “conflictivo” y que el actual conde de Bornos, incluso, renunció a la herencia de su madre para pagar una deuda que, en cualquier caso, nunca se había comprometido a devolver. La sentencia rechaza ese argumento y explica que se comprometió de forma clara en febrero de 2014, cuando firmó un documento: “Don Fernando ha tomado la decisión de entregar a cada uno de sus cuatro hermanos y su sobrina la cantidad de 853.732,83 euros”.

No era una “mera declaración de intenciones”

“Queda excluido que se trate de una mera declaración de intenciones sin efectos obligatorios e ineficaz jurídicamente”, dice la sentencia para tumbar la principal línea de defensa del marido de la expresidenta de la Comunidad de Madrid: que ese compromiso firmado en 2014 no era una simple expresión de buena voluntad. “El documento expresa una verdadera voluntad” y su obligación de devolver el dinero es “patente y manifiesta”. “Resulta clara y exteriorizada la voluntad real de obligarse”.

La sentencia rechaza los argumentos que desplegó la defensa del marido de Esperanza Aguirre durante el juicio. Que ese cuadro fuera herencia exclusiva de Fernando Ramírez de Haro como primogénito del padre o que la herencia de la madre a la que renunció pudiera neutralizar esa deuda. Tampoco le exime de pagar que ese reconocimiento de deuda no incluyera detalles como el tiempo que tenía para devolver el dinero: “No impide la exigibilidad de la deuda al considerarse que ha transcurrido un tiempo prudencial que no admite más dilaciones en el cumplimiento de lo acordado, pues han existido propuestas diversas para hacerla efectiva”. Así lo atestiguan, dice el juez, los correos cruzados entre los hermanos para intentar buscar una solución.

La sentencia, dictada por un juzgado de primera instancia de la capital, todavía es recurrible ante la Audiencia Provincial y después lo será ante el Tribunal Supremo, pero establece la condena de Fernando Ramírez de Haro, marido de Esperanza Aguirre: pagar 853.732,83 euros a su hermano Íñigo, además de unos intereses y unas costas procesales que acercan esa cantidad al millón de euros.

El caso se tramitó durante años en la jurisdicción penal hasta que la Audiencia Provincial de Madrid echó el cierre definitivo a la causa a principios de 2023. La querella del cuñado de Esperanza Aguirre relataba que su hermano le había engañado: en el seno de la familia se urdió la simulación de la donación para facilitar el proceso. El tribunal, después de una abrupta investigación con archivos, reaperturas y recusaciones, entendió que había pruebas de que el marido de Esperanza Aguirre había “inventado” esa donación, pero no suficientes elementos para llevar el caso a juicio con varios delitos encima de la mesa. La eximente de parentesco entre los hermanos, la falta de indicios, la negativa de la Fiscalía a acusar por fraude fiscal y la veracidad de los documentos, aunque nacieran de un invento consensuado y perpetuado con una nota de voz, cortaron el paso a la vía penal.

“Debo un pico al banco”, dijo Fernando Ramírez de Haro en el juicio mientras explicaba que vendió un cuadro, dijo, “que era mío”. Una comparecencia en la que aseguró que se puso en manos de sus abogados –“está todo hecho correctamente, de esos temas jurídicos se ocupan otras personas”– y en la que recibió el apoyo de su hermana Beatriz. “No somos juristas, repetimos como papagayos lo que nos decían los profesionales”, dijo antes de afirmar algo que el juez descarta: “Es una donación, es indiscutible, lo sabe toda mi familia, lejana o cercana”. Fuentes de su defensa han rechazado hacer comentarios.

íñigo Ramírez de Haro sabe lo que son las miserias de la aristocracia porque lleva años conviviendo con ellas. Su último paso por los juzgados fue para reclamar más de 700.000 euros a su hermano Fernando, el actual conde de Bornos y esposo de Esperanza Aguirre, por vender un Goya familiar y no repartir el dinero. En su última novela, 'Los Hipócritas' (Renacimiento), este diplomático, dramaturgo y escritor dibuja una UNESCO llena de cinismo, mentiras, machismo y racismo mientras espera que una sentencia diga si recupera o no el dinero del Goya apócrifo que su hermano, denuncia, vendió a escondidas.

En su anterior libro, ‘La Mala Sangre’, repasa su historia familiar y cómo su relación con su hermano se trunca cuando vende el Goya y, además, nunca le paga su parte. En ‘Los Hipócritas’ la obra de arte vuelve a aparecer, pero esta vez como un lejano objeto de conflicto. ¿Qué ha cambiado desde ese primer libro?

Ha cambiado en que 'La Mala Sangre' eran ocho historias familiares que terminaban en el conflicto entre mi hermano y yo causado por el cuadro y el juicio no había empezado. En 'Los Hipócritas' su entrada es indirecta, la novela es esa historia tortuosa de amor, celos, deseos, soledad y fracaso con el juego de que el protagonista, un viejo diplomático, vivía frente a la casa de los condes de Bornos, los propietarios del cuadro. Aprovecho para contar cómo se encontró ese cuadro, o cómo decía la leyenda familiar que se había encontrado. Nunca he sabido si era cierto o no.

Ha dicho varias veces que, en su faceta literaria y de dramaturgo, hace “autoficción”. ¿En qué personaje de este libro se refleja Íñigo Ramírez de Haro? ¿En el que se llama como usted, en todos…?

Ese es el juego fascinante de la ficción. Como ya decía Nabokov, que está en 'La Mala Sangre', solo la ficción dice lo verdadero. Entrar en ese juego en que no se sabe qué es ficción y qué realidad porque es lo mismo. Estos días me estoy planteando demandar a Íñigo Ramírez de Haro, el autor de 'Los Hipócritas', porque he visto que en la novela hay un personaje que llama a Íñigo Ramírez de Haro “hijo de puta”, por tanto quiero poner una demanda en defensa de mi honor.

Su familia vuelve a salir en el libro, en este caso como responsables de un crimen del franquismo. ¿Un paralelismo con el juicio que ha tenido lugar hace pocas semanas por el Goya?

El proceso está siempre en el autor de la novela porque yo vivo con el juicio, no se ha terminado, está visto para sentencia y esa sentencia seguro que será recurrida por la parte que pierda. El juicio es una especie de vida paralela, pero lo que pasó el otro día es especialmente doloroso porque, hasta ahora, mis hermanos no se habían mostrado mentirosos. Ahora, además de ladrones, mentirosos y calumniadores. En vez de ir a los hechos, parte del juicio iba justamente a denigrarme moralmente como persona y eso establece una nueva situación en la que puedo claramente decir: estamos en guerra. Y como decía Heráclito, la guerra es el padre de todas las cosas. Veremos cómo se desarrolla, en 'Los Hipócritas' quería que quede claro que el juicio del cuadro está presente.

¿Qué espera de la sentencia? En su nuevo libro, las pocas menciones que hace a la Justicia no son precisamente optimistas.

Este es un juicio en el que un ciudadano de a pie se enfrenta a una política en España y la mano larga de la política, de Esperanza Aguirre, hace que sea absolutamente imprevisible lo que ocurre. Está claro que ella lo intenta, pero yo tengo que creer en la Justicia española porque si no crees en la Justicia realmente se rompe la baraja. La Justicia, el tercer elemento de poder de Montesquieu, es la base de la democracia, si no crees en la Justicia se acaba la democracia y entramos, inevitablemente, en el autoritarismo.

Yo como ciudadano creo en la Justicia y, al mismo tiempo, en este juicio contra una política que claramente intenta influir en los jueces, al final me ocurre como al famoso juez en Berlín. Creo que lo intenta y lo ha conseguido con una jueza que tuvimos que recusar, pero en estos momentos doy mi voto de confianza al juez de este proceso para que sea imparcial, va a ser imparcial. Es un voto de confianza de creer que en España la Justicia funciona. Mucho de los problemas políticos, en realidad, con una Justicia rápida, imparcial y eficaz se resolverían, las leyes están escritas y hay que aplicarlas, y que el que delinque tenga una Justicia rápida y eficaz. Tengo confianza en que el juez será imparcial, pero inevitablemente siempre tengo miedo de esa mano larga de Esperanza Aguirre.

No hace un dibujo especialmente positivo de la diplomacia. Toda la novela se desarrolla en una votación para elegir a la directora general de la UNESCO. ¿Es la diplomacia española una “cueva de mediocridad”, como llega a afirmar el protagonista?

El protagonista es un viejo diplomático y su joven becaria quiere hacer las oposiciones. Hay una parte de la novela con las enseñanzas del primero, la vida de un diplomático, y en ese sentido la diplomacia española es muy decepcionante. En la historia universal de la infamia, la diplomacia solo ha ido a peor. Desde un José Manuel García-Margallo, el gran inquisidor, hasta el pequeño inquisidor José Manuel Albares que tenemos ahora.

Resulta deprimente para una persona que, como el protagonista, ha estado en la diplomacia española, ver cómo al final es un foco de mediocridad y amiguismo. Lo que define a la diplomacia española es justamente la mediocridad y, sobre todo, el miedo.

El hilo conductor de la historia, al menos el más evidente para el lector, es un alto diplomático sexualizando a una becaria hasta llegar al delirio de que se ha “enamorado” de ella tras meses despreciándola. Un embajador se refiere a ella como “guarrilla”. ¿Es otro tipo de hipocresía, el que acaba con un jefe con la mano en la rodilla de su becaria, con insultos machistas?

La hipocresía está absolutamente generalizada en la novela. La atraviesa, es un elemento clave. El punto central de la novela es una relación que, ya de entrada, un jefe con una subordinada, es una relación problemática. Lo que he querido es un desarrollo de esa relación sacando todos los distintos elementos de este tipo de relaciones. Primero se plantea que, de entrada, no puedan existir y que seguro que va a ser abuso. Segundo, existe la libertad individual y los sentimientos: “¿Es posible que frente a esa necesaria regulación de proteger al débil no solo haya abuso y esa diferencia de poder y lo que dices, los insultos... es posible que el sentimiento sea real? Que aparezca el amor, el deseo, esa ansiedad de saber qué siente la otra persona.

Si es una relación de abuso y desprecio, diría que no, eso está, pero también la posibilidad de que exista un sentimiento real, amor. ¿Qué ocurre cuando aparece eso?

La asamblea general de la UNESCO termina pidiendo a gritos a una becaria que se case con su asaltante. ¿Tan mala opinión tiene de sus antiguos compañeros? ¿Es esto lo que podemos esperar del poder?

Yo no hago púlpito ni mensaje, cuando escribo, no quiero hacer esa generalización de lo que se puede esperar. Yo pongo un caso concreto que, como caso concreto, es universal.

El racismo también aparece en su novela. ¿Qué racismo vio usted en sus años en la diplomacia? El protagonista incluso bestializa a una persona negra.

Es otro de los elementos clave de la novela y por eso lo introduzco. El racismo está generalizado en el mundo y frente a lo que se oye habitualmente no es solo una cuestión de blancos occidentales. He vivido en cuatro continentes, he visto cómo hay un racismo árabe feroz contra los negros, en Japón contra los que no sean japoneses... en general salen perdiendo los africanos, y por eso introduzco a un personaje africano.

El racismo está instalado en todos los continentes y países en los que he vivido, y muchas veces se confunde con el clasismo. Está simplificado y es lo que he querido combatir en la novela rozando –es una novela, no una tesis ni un ensayo– esa idea universal de que el racismo está generalizado en el mundo entero.

¿Quién es el mayor “hipócrita” de todos los representados, de forma explícita o metafórica, en el libro?

El mayor hipócrita... yo huyo de los superlativos. En el libro la hipocresía está generalizada en todos los individuos y los protagonistas también son grandes hipocritones. Pero también está en los políticos que cito, Margallo y Albares, Esperanza Aguirre también es un buen ejemplo de hipocresía, o cuando Pedro Sánchez dijo que no sabía “nada” cuando se descubrió la corrupción de los que le rodeaban. ¡Me recordó inmediatamente a Esperanza Aguirre!

Yo veo la hipocresía instalada a nivel individual, en los políticos a diario, en instituciones como la UNESCO, que queda reflejada en la novela como el foco de la hipocresía universal... la iglesia católica, como casi todas las religiones, es uno de los grandes focos de hipocresía... se llama 'Los Hipócritas' porque atraviesa a todos. Saber cuál es el mejor me resulta más difícil.

¿Cómo vivió el juicio del Goya? Ver a dos de sus hermanos afirmando, entre otras cosas, que es usted “problemático”.

Lo viví como una sorpresa, nunca pensé que mis hermanos pudieran llegar a ser tan miserables y pudiesen caer tan bajo como personas de principios. Es llamativo que mi hermano pueda decir “me queda un pico de deuda” cuando duerme en un piso que vale, por lo menos, ocho millones y tiene por lo menos tres fincas que valen varios millones cada una. ¿No puede vender nada? ¿O hay un placer en tener un pico de deuda e ir de víctima por el mundo? Tal nivel de hipocresía, calumnia y codicia son niveles que yo, realmente, nunca me habría esperado de mis hermanos.

Acudió usted como público, sin capacidad de intervenir. ¿Se mordió la lengua más de una vez?

Fue inconsciente, fue al escuchar determinadas acusaciones, como cuando mi hermano dijo que mis padres me consideraban una persona conflictiva y que por eso se lo dieron todo a él, un razonamiento verdaderamente inverosímil. O escuchar a mi hermana con una grabación pública diciendo que yo era el autor. Eran unas mentiras tan colosales que ahí me salió, espontáneamente y sin pensarlo, una reacción de sorpresa ante la miseria de hermanos que estaba viendo.

¿Qué nos enseña ‘el Goya de Aguirre’ sobre la nobleza, la aristocracia y su forma de relacionarse con el mundo y entre ellos? ¿En qué se parece al protagonista de ‘Hipócritas’?

Nos enseña muchas cosas. Primero, que la historia del Goya nunca habría tenido lugar si Esperanza Aguirre no hubiese sido presidenta de la Comunidad de Madrid. La venta en 2012 a Villar Mir siendo ella presidenta regional, la Comunidad le quita la protección al edificio Canalejas, el posterior pelotazo de Villar Mir con esa operación... aprendes lo que es la corrupción.

La corrupción del poder, cómo ocurre, cuando unos hermanos tienen la mejor voluntad de ayudar a uno para salvarle de la cárcel con una casualidad imprevisible, inimaginable, un cuadro de mucho valor. Que sea capaz de no querer compartir con sus hermanos por codicia, implicando que para él la familia ya no es la familia, ese final de la familia es una lección universal y yo lo he vivido. Mucha gente me escribe diciéndome que les está pasando lo mismo. ¿Vale la pena acabar con los sentimientos por un dinero que te sobra y no va a cambiar tu vida?

La segunda lección, que se desarrolla en 'Los Hipócritas' haciendo el juego de la procedencia familiar del protagonista, es que durante siglos hemos vivido una aristocracia con valores: la honorabilidad, la excelencia, la virtud, el aristos griego. Y hemos llegado a un punto fascinante, el sábado pasado el país se volcó con la boda del hijo de la duquesa de Alba. ¿Me puedes decir qué ha hecho ese señor para que tenga esa presencia? Es la sensación de decadencia de la clase social más envidiada a lo largo de los siglos. Hemos llegado a un punto donde yo veo que el conde de Bornos y doña Beatriz Ramírez de Haro, condesa de Murillo y grande de España, en vez de pertenecer a lo que se llamaría esa gran aristocracia española, lo que se ha convertido es en “aristocanalla”. La aristocracia es una especie en extinción.

Lo dijo José María Blanco White, la maldición que tiene España es que todos sus gobiernos se le parecen. La idea de que la herencia de la Inquisición y el catolicismo es convertir a España en rebaños con pastores me hace llegar a la conclusión de que donde más me puedo situar es en los valores de la independencia y la excelencia. Y como decía Nietzsche, quien necesita de un pastor es que tiene inteligencia de borrego.

La historia del Goya de Esperanza Aguirre ha quedado vista para sentencia en un juzgado de Madrid. La vista celebrada este martes se prolongó durante tres horas en las que parte de la familia política de la expresidenta madrileña asistió a un cruce de acusaciones entre hermanos por el cuadro inédito que su marido, Fernando Ramírez de Haro, vendió al constructor Juan Miguel Villar Mir por más de cinco millones de euros para hacer frente a “una deuda importante”. “Era un momento grave y difícil para mí y vendí el cuadro, que era mío, todavía debo un pico al banco”, ha explicado el actual conde de Bornos al juez mientras se defendía de la acusación de su hermano Íñigo: haber roto su compromiso de reponer ese dinero a sus hermanos por la venta urgente del cuadro familiar.

La sala de vistas de la calle Rosario Pino de Madrid acogió el encuentro de las dos facciones de la familia Ramírez de Haro, herederos y descendientes del difunto conde de Bornos. Algunos resoplaban cuando un testigo decía que el cuadro era de todos los hermanos y otros bufaban de vuelta, mientras otro aseguraba que era propiedad exclusiva de uno de ellos, el marido de Esperanza Aguirre, el actual conde que ahora esperará unas semanas hasta saber si la sentencia le da la razón o le obliga a pagar más de 700.000 euros a su hermano Íñigo.

Entre testigos y abogados dibujaron la trayectoria del retrato del marqués de Villanueva del Duero hasta su venta al presidente de OHL. Beatriz Martínez de Haro explicó que fue su hermano Javier quien acudió a James MacDonald, “el gran experto en Goya del mundo mundial”, el que podía convertir un cuadro apócrifo en un Goya. Se subió a una escalera, cogió una linterna, y cantó victoria observando los botones de la chaqueta del retrato: “Es un Goya precioso”.

Ese aval de la gran casa de subastas británica Sotheby's tenía un objetivo: que Fernando Ramírez de Haro pudiera pagar las deudas millonarias que había adquirido gestionando las fincas de sus hermanos. “Tenía una deuda importante y la asumí yo con mis bienes. Yo asumí esa deuda tan importante, era un momento grave y difícil para mí y vendí el cuadro, que era mío. Todavía debo un pico al banco”, explicó durante la vista el esposo de Esperanza Aguirre, que cifró ese remanente en más de un millón y medio de euros.

Ningún familiar del condado de Bornos discutió que se trataba de un cuadro familiar que se puso al servicio de Fernando Ramírez de Haro para salvar esas deudas que también arrastraban a Esperanza Aguirre, casada con él en gananciales. La pelea jurídica, que primero naufragó por la vía penal y ahora ha culminado en este juicio civil, es si Fernando Ramírez de Haro tenía derecho a vender el cuadro y no repartir ese beneficio, en determinadas condiciones, entre sus cinco hermanos.

El abogado de Íñigo Ramírez de Haro, el hermano demandante, defendió que esa donación nunca existió, que la familia modificó irregularmente la lista de bienes donados y heredados y, finalmente, incumplió su promesa de 2014 de terminar devolviendo ese dinero. Sus hermanos Fernando y Beatriz opinaron en sentido contrario: “Es una donación, es indiscutible, lo sabe toda mi familia, lejana o cercana”. Según explicaron, una tradición de los condes de Bornos de traspasar bienes familiares al heredero del título.

La concreción de las respuestas sobre actas notariales, testamentos, donaciones y tradiciones hereditarias de la nobleza se iban diluyendo a medida que avanzaban los interrogatorios. “Yo en estos asuntos no estoy muy preparado, lo han llevado los abogados, está todo hecho correctamente, se han pagado todos los impuestos, de estos temas jurídicos se ocupan otras personas”, dijo el marido de Esperanza Aguirre. “No somos juristas, repetimos como papagayos lo que nos decían los profesionales”, añadió su hermana Beatriz.

Del audio a la escopeta de oro del tío Pepe

En su alegato final de conclusiones, el abogado de Íñigo Ramírez de Haro resumió años de pleitos para reclamar que su hermano Fernando le pague los más de 700.000 euros que le corresponderían por el cuadro. “No hay donación, lo que hubo fue una situación de crisis, la esposa de don Fernando explicó llorando que tenían una situación catastrófica y don íñigo está impregnado del código de honor de la familia e hizo lo que pudo por ayudar”. Fue engañado, denuncia, con la venta del cuadro y la no recuperación del dinero.

El engaño, según explica la demanda, es cuando en 2014 se firma un documento en el que el actual conde de Bornos y esposo de Esperanza Aguirre se compromete a reponer a sus hermanos parte del dinero procedente de la venta del cuadro. Un documento que para Íñigo Ramírez de Haro era un “contrato” en toda regla y que para sus hermanos Fernando y Beatriz era solo una “declaración de intenciones”.

“Estaba muy agobiado y con la mejor intención del mundo hice la declaración, si me iba bien y me recuperaba haría lo que pudiera”, explicó. “Renuncié a la herencia de mi madre”, añadió. El legado contempla un edificio en San Sebastián, una villa en Biarritz, dinero en uno de los bancos más importantes de Suiza y dos pisos en París, en uno de los cuales reside su hermano Íñigo. Pero en ningún caso se comprometió por escrito a devolver dinero: “No es un contrato, no lo llame contrato, es un propósito que tuve con la mejor voluntad y generosidad”.

Según su abogado, el cuadro era suyo y no hay dinero que devolver: “No había ninguna deuda que reconocer, los hermanos nunca han tenido ningún derecho sobre el cuadro”. El debate sobre qué bienes habían sido donados y qué bienes habían sido usados, supuestamente, para inflar la herencia y equilibrar la balanza, llegó hasta “la escopeta de oro del tío Pepe”, que el juez consideró demasiado antes de cortar las preguntas sobre el arma.

Parte de la comparecencia de Beatriz Ramírez de Haro ha girado en torno a un audio desvelado por elDiario.es. El que ella envió a sus sobrinos, hijos de Esperanza Aguirre, explicando que se habían inventado la donación del cuadro a su padre para que pudiera venderlo y salvarse de la quiebra. Este martes, ante el juez, la hermana del demandante y el demandado dio a entender que ese audio era un relato “muy vestido y decorado” para conseguir el apoyo de la familia de Esperanza Aguirre en un momento delicado. “Era un elemento de presión, no es cierto lo que digo en el audio”.

El juzgado de primera instancia 49 de Madrid tiene ahora la misión de bucear entre años de conflicto familiar por un cuadro que se vendió en un contexto ajeno al juicio. Más de cinco millones de euros que salvaron de la ruina al matrimonio de Esperanza Aguirre por un Goya que esquivó la protección institucional y que acabó en manos del máximo accionista de OHL mientras esa constructora encabezaba la mastodóntica operación Canalejas.

Un juzgado celebra ese martes un juicio civil donde se mezclan nobleza, arte y política. Nobleza porque la demanda enfrenta a dos hijos del fallecido conde de Bornos, uno de los grandes de España. Arte porque el centro del pleito es una de las pinturas más enigmáticas de Francisco de Goya. Y política porque fue Fernando Ramírez de Haro, esposo de Esperanza Aguirre, quien vendió el cuadro al constructor Juan Miguel Villar Mir, amigo personal de la expresidenta, por más de cinco millones de euros y quien ahora se enfrenta a la reclamación de más de 700.000 euros de uno de sus hermanos. Según la demanda, Ramírez de Haro se comprometió a repartir entre sus hermanos una parte del dinero que ganó enajenando el cuadro familiar y al menos uno de ellos, el denunciante de este caso, nunca vio un céntimo.

El caso del Goya de Esperanza Aguirre fue desvelado en exclusiva por elDiario.es hace ahora cuatro años y medio. La familia política de la presidenta de la Comunidad de Madrid había tenido en su poder durante años un retrato apócrifo del marqués de Villanueva del Duero y dos años después de la muerte del suegro de Aguirre un peritaje reveló que el autor no era otro que Francisco de Goya. Un cuadro que nunca pasó por manos de las autoridades culturales estatales y regionales y que, por tanto, no estaba protegido como bien cultural con todas las ventajas que eso implicaba para una posible venta, tal y como advirtió la casa británica de subastas Sotheby's.

Fernando Ramírez de Haro vendió el cuadro pocos meses después de descubrir su autoría y potencial. Más de cinco millones de euros que pagó el hoy fallecido Juan Miguel Villar Mir, entonces presidente de la todopoderosa OHL, un dinero que llegó a una cuenta bancaria que compartían el noble y la entonces presidenta madrileña. La venta acabó en los tribunales, primero sin éxito por la vía penal y ahora por la vía civil, cuando el diplomático y dramaturgo Íñigo Ramírez de Haro, cuñado de Aguirre, denunció que esa venta millonaria había sido ilegal y con el objetivo de salvar de la ruina al matrimonio unido en gananciales.

El caso navegó primero durante años en la jurisdicción penal hasta que la Audiencia Provincial de Madrid echó el cierre definitivo a la causa a principios de 2023. La querella del cuñado de Esperanza Aguirre relataba que su hermano le había engañado. El trato era que el marido de Esperanza Aguirre vendería el cuadro y, una vez renunciase a la herencia de su madre, distribuiría los beneficios entre todos los hermanos, pero el reparto nunca se produjo. Según la querella, que terminó archivada, en el seno de la familia se urdió la simulación de la donación para facilitar el proceso.

La Audiencia de Madrid, después de una abrupta investigación con archivos, reaperturas y recusaciones, entendió que había pruebas de que el marido de Esperanza Aguirre había “inventado” esa donación, pero no suficientes elementos para llevar el caso a juicio con varios delitos encima de la mesa. La eximente de parentesco entre los hermanos, la falta de indicios, la negativa de la Fiscalía a acusar por fraude fiscal y la veracidad de los documentos, aunque nacieran de un invento consensuado y perpetuado con una nota de voz, cortaban el paso a la vía penal. La venta millonaria del Goya que salvó de la quiebra a Esperanza Aguirre y su marido, sin proteger la obra y engañando a uno de los herederos, estaba a salvo.

Íñigo Ramírez de Haro decidió entonces llevar sus reclamaciones por una vía menos popular pero ajustada como un guante a un conflicto entre familiares: la vía civil. Una demanda interpuesta ese mismo año 2023 en la que reclama que su hermano le pague lo que le debe: algo más de 700.000 euros. Lo que tendría que haberle correspondido tras la venta y la muerte de su madre en 2019. Sobre la mesa está el acuerdo que firmaron los herederos del fallecido conde de Bornos que facilitó la venta con unas condiciones que no se cumplieron. Íñigo Ramírez de Haro nunca cobró su sexta parte del precio del cuadro y no se sabe si el resto de hermanos cobraron o perdonaron ese dinero.

Declara el marido de Esperanza Aguirre

La vista está fijada para este martes en un juzgado de primera instancia de la calle Rosario Pino de Madrid, cerca de la Plaza de Castilla que acumula los juzgados de instrucción donde en un primer momento se tramitó la causa penal en torno a la venta del cuadro. El juez ha aceptado que comparezca tanto el marido de Esperanza Aguirre, Fernando Ramírez de Haro, actual conde de Bornos tras heredar el título de su padre, como una de sus hermanas que jugó un papel clave en la donación y el trayecto que el cuadro hizo desde su casa familiar hasta la propiedad de Villar Mir.

De este proceso judicial, cuya resolución no se espera como mínimo hasta dentro de varias semanas, saldrá una sentencia que establecerá si el marido de la expresidenta madrileña tiene que pagar o no más de 700.000 euros a uno de sus hermanos. Esa resolución todavía será recurrible ante la Audiencia Provincial de Madrid y, posteriormente si así lo deciden las partes, ante el Tribunal Supremo.

El caso del Goya de Esperanza Aguirre destapado por elDiario.es no se limita a una pelea intestina de una familia noble por el dinero de un cuadro. Su venta por más de cinco millones de euros coincidió en el tiempo con la participación de OHL en la masiva operación Canalejas, una reordenación urbanística en el corazón de la capital y que exigió el cambio de una ley autonómica y del plan general de Madrid. Las intrigas familiares han aflorado además la historia de un cuadro atribuido a uno de los mayores nombres de la historia de la pintura que pasó años colgado en un salón sin que nadie instara su protección ante el Ministerio de Cultura o la Comunidad de Madrid. Las dos instituciones más relevantes que presidió Esperanza Aguirre, directamente afectada por su venta, durante su prolífica carrera política.

Fue noticia en la prensa, en especial la de Madrid, el auto de la Audiencia Provincial de 27 de febrero que desestimaba todos los delitos por los que un hermano del marido de doña Esperanza Aguirre se había querellado contra este último.

Entre otros delitos, se ventilaba el delito fiscal por el impuesto sobre sucesiones, del que podría ser responsable el consorte de la expresidenta de la Comunidad de Madrid.

En mi condición de abogado tributarista acumulo un dilatado acervo defendiendo a ciudadanos de las acusaciones de la Fiscalía y la Administración Tributaria. Mi experiencia, en este caso antípoda, como perito de la acusación, me facilitó una visión privilegiada de los modos de la Administración, de la Fiscalía y de la jurisdicción en este asunto singular y, créanme, la experiencia ha sido demoledora.

El conde de Bornos afirmó que su padre le hizo una donación verbal del cuadro que resultó ser autoría de Goya. Afirmó que esa donación verbal tuvo lugar el 20 de mayo de 2006. El donatario no declaró esa donación hasta después de la muerte de su padre, y se acogió a la bonificación del 99% del impuesto en las donaciones efectuadas en escritura pública. Es importante recalcar que dicha bonificación requiere imperativamente su formalización en documento público. Dice la ley: “Será requisito necesario para la aplicación de esta bonificación que la donación se formalice en documento público”.

El donatario elevó a escritura pública en el 10 de abril de 2012 un acta de manifestaciones en la que afirmaba haber recibido por donación dicho lienzo. Y presentó a liquidación ante la Consejería de Hacienda de Madrid dicha escritura. Que dicha escritura no era una escritura de donación resulta evidente, pues el donante a esa fecha ya había fallecido. Ese burdo fraude, asombrosamente, no fue detectado por los inspectores de la Consejería de Hacienda de la CAM. Téngase presente que la escritura del acta de manifestaciones fue presentada con la liquidación del impuesto, como escritura de donación y en consecuencia fue examinada por los inspectores.

Y así, un cuadro declarado en 6.775.000€ por el sujeto pasivo, liquidó 22.315,06€ en concepto de cuota tributaria por el impuesto sobre sucesiones y donaciones, cuando debería haber devengado una cuota de 2.231.506,38€.

Cuando esa obviedad jurídica —la diferencia entre una escritura de donación y un acta de manifestaciones— se pone en conocimiento del juzgado para que instruya la causa también por delito fiscal, pues la cuota defraudada ascendía a 2.209.191,32€, el juzgado echó balones fuera afirmando que “no resulta pertinente la investigación en base a las meras hipótesis que formula el querellante. La investigación penal debe iniciarse sobre la noticia de un hecho que revista carácteres de infracción penal (…). No resultaba posible por ello iniciar una investigación porque no existe ningún informe de la Agencia Tributaria del que se desprenda que pudiera existir una posible defraudación o algún otro dato concluyente”.  En otras palabras, el Juzgado de Instrucción santificó la inactividad de la administración gobernada por doña Esperanza Aguirre.

La Fiscalía, a quien respeto, pues con ella me peleo en defensa de mis clientes, se condujo como el mejor de los abogados de la defensa y dijo lo siguiente: “de lo actuado se desprende que el querellado pagó la autoliquidación del impuesto de donaciones aunque no lo hiciera en la fecha del devengo, es decir, en el año 2006 (fecha en la que la donación tributaba con el 18% del valor de lo donado), y lo hiciera en el año 2012, abonando sólo el 1% al estar bonificado desde el año 2010 el pago del impuesto de donaciones de padre e hijo con el 99% en la Comunidad de Madrid, beneficiándose con ello, y ello porque el delito fiscal, de existir, estaría prescrito”.

La Fiscalía olvidó que el delito fiscal agravado (cuando la cuota tributaria defraudada supera los 600.000€) no prescribe a los cinco años, prescribe a los 10. Y también confundió, como la Consejería de Hacienda, un acta de manifestaciones con una escritura de donación.

Y así llegamos al auto de la Audiencia Provincial en el que se da carpetazo definitivo a este burdo fraude, ratificando que los delitos fiscales no se pueden perseguir si no consta en autos un informe de Hacienda: “Mostramos nuestra conformidad con el criterio sostenido por la Ilma. Sra. Magistrada a quo, que 'no resultaba posible por ello iniciar una investigación porque no existe ningún informe de la Agencia Tributaria del que se desprenda que pudiera existir una posible defraudación o algún otro dato concluyente' ”.

Este peloteo entre Administración Tributaria, Fiscalía y jurisdicción penal, en un asunto serio y que afecta al ámbito íntimo de una dirigente política, demuestra que las instituciones con mayor poder coercitivo sobre los ciudadanos tienen en España un grave déficit de higiene pública.

Los hechos son de una gravedad tal que exigían cuanto menos la instrucción. La instrucción tiene por objeto indagar sobre la posible existencia del delito. Podrá concluirse que el delito no existió; o por el contrario dictar auto de transformación y procesamiento. Pero el insólito sobreseimiento libre, sin investigación, denota que la justicia en España no es igual para todos.

La familia del marido de Esperanza Aguirre, Fernando Ramírez de Haro, “urdió” la donación falsa de un cuadro de Goya para que la pareja de la expresidenta de Madrid pudiera venderlo y salvarse de la quiebra económica. En realidad, la operación salvó al matrimonio porque el matrimonio convive en régimen de gananciales. Lo confirma la Audiencia Provincial de Madrid en un auto de 27 páginas, en el que hace un minucioso recorrido por el caso. Eso sí, los jueces concluyen que no hubo delito, entre otras cosas, porque todos los hermanos de la familia Ramírez de Haro dieron su conformidad a esa “donación inventada”.

La causa se abrió a raíz de la querella de Íñigo Ramírez de Haro, hermano de Fernando, que acusaba a este de simular la donación del cuadro, del que era propietario el padre de la familia, y de no repartir el dinero que recibió con su venta. Aguirre y su marido vendieron el cuadro al empresario Juan Miguel Villar Mir por 5.115.600 euros cuando las deudas con Hacienda amenazaban con llevar a Fernando Ramírez de Haro ante la Justicia. Habría arrastrado a Aguirre, porque están casados en régimen de gananciales.

Íñigo sostenía en la querella que su hermano Fernando, el marido de Aguirre, le engañó, diciendo que vendería el cuadro en nombre de todos los herederos, pero que a la muerte de su madre repartiría su precio por partes iguales, unos 850.000 euros a cada uno. Ese reparto nunca se produjo. La querella relata cómo se urdió la simulación de la donación gracias a que una de las hermanas dejó constancia del proceso en una grabación de audio, años después.

Tras dos años de proceso judicial, la Audiencia de Madrid cierra definitivamente el caso y descarta todos los delitos que investigaba por diversas razones: que hay eximente de parentesco porque son hermanos, que no hay indicios suficientes, que la Fiscalía no aprecia delito fiscal o que los documentos no son falsos, son verdaderos aunque nazcan de un invento acordado por todos.

Pero lo más relevante de la resolución es que confirma que la donación del cuadro de padre a hijo jamás ocurrió. Fue un invento de la familia, que formó un “gabinete de crisis” para tratar de salvar a Aguirre y a su marido de las deudas económicas.

La confesión de la hermana

El auto basa su conclusión en el relato que hizo de Beatriz Ramírez de Haro. Grabó esta nota de voz, a la que ha tuvo acceso elDiario.es en abril de 2019 relatando a sus sobrinos –los hijos de Aguirre– “una historia muy bonita” de la familia: cómo se inventó la donación falsa del cuadro de Goya cuando la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid alertó a su familia política de que sus números rojos eran insostenibles.

Beatriz cuenta que la familia descubrió en aquella época que el cuadro que había colgado siempre en el salón familiar era en realidad el retrato de Valentín Belvís de Moncada y Pizarro, marqués de Villanueva del Duero, y que había sido pintado por Goya, lo que situaba su valor entre los siete y los ocho millones de euros. Suficiente para salvar a Fernando y a Aguirre. La familia fabricó un documento en el que se decía que el cuadro había sido legado por el padre solo a Fernando, con una fecha falsa, y poco después el matrimonio vendió el cuadro a Villar Mir, un empresario que recibió adjudicaciones millonarias por la Comunidad de Madrid durante los años anteriores, por más de cinco millones de euros.

El análisis de la grabación y el cotejo de las fechas llevan a los jueces a concluir que la familia Ramírez de Haro “decidió inventar una donación inexistente”. “Beatriz Ramírez de Haro Valdés relató la verdad a sus sobrinos acerca de tal inexistente donación”, insiste el auto en varios momentos, que detalla cómo el “gabinete de crisis” familiar para salvar a Aguirre y a su marido urdió esa estrategia y elaboró unos documentos falsos.

Una “falsificación ideológica”

Sin embargo, en el prolijo repaso de los hechos, los jueces se detienen en cada delito denunciado para descartarlo. Por ejemplo, el de la falsedad documental de la donación inventada. La Audiencia Provincial señala que hay una “una falsedad ideológica”, pero que los documentos son “genuinos y auténticos”. Es decir, se elaboran bajo una premisa falsa, pero su elaboración es auténtica y están firmados por un notario. La falsificación ideológica, dicen, solo la pueden cometer las autoridades y funcionarios, “condición de la que carece D. Fernando Ramírez de Haro Valdés.”

El auto además hace hincapié en que el proceso de invención fue avalado por el denunciante: “Íñigo Ramírez de Haro Valdés mostró su conformidad, exigió documentar tal figurada donación con objeto de que D. Fernando Ramírez de Haro Valdés dispusiera de un título de propiedad sobre la obra que le permitiera venderla a terceros”.

La defensa del querellante argumenta que Íñigo quiso ayudar a su hermano y firmó lo que el notario de Fernando le puso delante –sin entregarle copia, ni mostrarle las escrituras simuladas de 2012 sobre la inexistente donación, añaden–. Cuando se dio cuenta de la manipulación, se querelló e incluyó al notario.

Las maniobras de Aguirre

Los jueces descartan los delitos fiscales denunciados por Íñigo y también los delitos societarios relativos a la gestión de las empresas familiares, estos últimos por la relación de parentesco entre los hermanos, que impide a Íñigo acusar a Fernando, tal y como establece la ley española.

El auto repasa algunas de las maniobras de Aguirre, pero también libra a la expresidenta regional de cualquier reproche penal. Por ejemplo, la reducción desde la Comunidad de Madrid del 95% del impuesto de sucesiones tres días antes de que muriera el padre de su marido.

Los jueces ven solo “una coincidencia de fechas” y descartan que el Gobierno de Aguirre buscara modificar un impuesto “especialmente en beneficio” de su marido. “La realidad es que la modificación legislativa benefició a una pluralidad de herederos”, concluyen.

Tampoco ven delito en que Aguirre vendiera el Goya a Villar Mir, con quien mantenía una relación de amistad; es decir, que el empresario hubiera ayudado al matrimonio en la comisión de un delito al comprar el cuadro que había obtenido mediante una donación falsa: “Al derivar de la amistad la comisión del delito es una conjetura”.

La bonita historia familiar que Beatriz Ramírez de Haro relató a sus sobrinos en abril de 2019 añade así un nuevo capítulo: la justicia confirma que todo fue una farsa, pero concluye que no hubo delito.

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Hace más de cinco años Esperanza Aguirre rompía a llorar delante de los medios de comunicación, con decenas de micrófonos a pocos centímetros de su cara y con las principales televisiones y radios del país en directo. Lloraba porque su otrora mano derecha en la Comunidad de Madrid, Ignacio González, había sido detenido en la operación Lezo y eso era “un palo muy muy duro” para ella. La todopoderosa lideresa del PP madrileño abandonaba en ese instante la Audiencia Nacional después de testificar en un juicio por corrupción, el de la trama Gürtel, en el que había esquivado un banquillo habitado por las 'ranas' de las que reniega, pero que comandó durante años desde la Puerta del Sol. La decisión del juez Manuel García Castellón de dejarla fuera del juicio por la financiación irregular del Partido Popular es un regate más de Aguirre en las causas judiciales que han investigado e incluso sentenciado la corrupción que durante años floreció a su alrededor.

En las últimas horas, el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional ha cerrado y dejado lista para juicio una parte clave de la operación Púnica de corrupción: la investigación sobre la financiación irregular del Partido Popular de Madrid. El que presidió Aguirre durante años y el que, según el juez, financió de manera irregular las campañas de 2007, 2008 y 2011, aunque las dos más antiguas ya hayan prescrito y solo se pueda juzgar la última.

En el banquillo sí estarán algunos de sus más estrechos colaboradores, como Francisco Granados o Beltrán Gutiérrez, pero no sentarán ni ella ni su sucesor, Ignacio González. Porque según el juez, esas campañas se financiaron irregularmente, pero ella no tenía por qué saberlo. Y si habló de ello con González y reconoció que “puede” que se hubieran pasado de presupuesto en una de las campañas, es porque podía sospecharlo, pero no saberlo a ciencia cierta.

Una dinámica de desconocimiento sobre lo que pasaba a pocos metros de su despacho y en sus propias campañas electorales que se suma a media decena de causas judiciales en las que Aguirre ha esquivado una acusación o en la que, directamente, ha visto desde la barrera de los testigos cómo sus más estrechos colaboradores recibían peticiones de prisión e incluso condenas firmes de cárcel.

Las 'ranas' de Gürtel

La trama Gürtel estalló en febrero de 2009. Diligencias previas y piezas separadas para investigar la actividad de empresarios y políticos corruptos en administraciones públicas controladas por el Partido Popular. Un entramado que empezó a funcionar a finales de la década de los años 90 y que anidó en los grandes feudos madrileños del PP mientras Esperanza Aguirre gobernaba la Comunidad y presidía la formación regional. Aguirre acuñó en 2010 su célebre afirmación sobre este caso: “Me siento especialmente satisfecha de haber sido una parte muy importante, la causante, de que este caso se destapara”.

Hubo corrupción en Madrid, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, según dice la sentencia firme del caso, y están pendientes varios juicios por las ramificaciones de Gürtel en Boadilla del Monte y Arganda del Rey. Y hubo corrupción también en el propio ejecutivo regional de Esperanza Aguirre de uno de sus máximos colaboradores, Alberto López Viejo, condenado en firme a casi 28 años de cárcel.

Según declaró probado en firme el Tribunal Supremo, López Viejo cobró comisiones a cambio de favorecer a Francisco Correa y sus empresas tanto en su etapa en el consistorio de la ciudad de Madrid como posteriormente en la Comunidad. En este segundo caso la Justicia focalizó la corrupción en “la adjudicación de los contratos relativos a actos institucionales o conmemorativos en que asistiera la Presidenta Esperanza Aguirre, a favor de las empresas” de la trama. Lo hizo “a cambio de unas gratificaciones que se repercutían como importe facturado a dichas empresas, encareciendo los servicios, con el consiguiente sobrecoste para ellas, y, consecuentemente, para la CAM”, dice la sentencia.

Aguirre nunca estuvo imputada en la trama Gürtel, pero sí ha tenido que testificar en uno de sus juicios. Lo hizo en el primer gran juicio de la trama, bautizado como 'Época I', en 2017, admitiendo sobrecostes en los actos de partido pero responsabilizando a López Viejo.

Las 'ranas' de Lezo

La operación Lezo, dirigida por el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional que también lleva las rienda de la trama Púnica, llevó a prisión provisional en 2017 a Ignacio González y proyectó la sombra de la sospecha sobre el Canal de Isabel II, el campo de golf construido en Canal y la Ciudad de la Justicia, entre otras cosas. Varias de estas piezas se encuentran ya a las puertas de juicio con la Fiscalía lanzando sus acusaciones y peticiones de cárcel contra ilegalidades cometidas, supuestamente, cuando Esperanza Aguirre era presidenta de la Comunidad de Madrid y la administración regional impulsaba estos proyectos.

El año pasado, el juez del caso procesó a Ignacio González por adjudicaciones asociadas a la construcción del campo de golf del Canal de Isabel II. Un proyecto que contó con una fuerte oposición vecinal de los habitantes de la zona y que se desarrolló bajo los mandatos de Aguirre: las primeras adjudicaciones fueron realizadas en 2003 y las ampliaciones irregulares de capital entre 2006 y 2007, entre otras ilegalidades a las que apuntó el juez instructor. Solo entre 2006 y 2012, durante el mandato de Aguirre, hubo un botín de más de medio millón de euros.

El macroproyecto fallido de la Ciudad de la Justicia fue otra iniciativa que, aunque previa a Esperanza Aguirre, ha terminado en el banquillo por un rosario de ilegalidades cometidas, supuestamente, durante su etapa como presidenta regional. En el lateral de los acusados de la Audiencia Nacional estará Alfredo Prada, exconsejero del gobierno de Aguirre señalado por capitanear la estrategia para gestionar de manera oscura e irregular cientos de millones de euros en contratos y adjudicaciones para sacar adelante un proyecto faraónico que, más de una década después ha recuperado el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.

El Hospital Puerta de Hierro

En el año 2008, Esperanza Aguirre inauguró el nuevo Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda delante de Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia. Para entonces, según los investigadores, ya se habían cometido dos irregularidades: el centro hospitalario había sido puesto en marcha sin las licencias obligatorias y, además, más de un centenar de habitaciones dobles habían sido convertidas en habitaciones individuales.

El nombre de la expresidenta madrileña apareció en ambas causas y, salvo cambio de última hora, podrá seguir el desarrollo de las dos desde la barrera. En el caso de las licencias, la Fiscalía ha presentado ya su escrito de acusación en el que pide dos años y medio de presidio para el exalcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, y otros dos concejales del gobierno municipal. Los acusados, según el Ministerio Público, no llevaron a cabo “ningún tipo de actuación o medida tendente a la protección o restauración de la legalidad urbanística infringida, ni sancionadora”, a pesar de que sabían que el hospital funcionaba sin dos licencias preceptivas.

También consiguió evitar la imputación que pedía Anticorrupción en el caso de las camas fantasma. El pasado mes de enero la Audiencia de Madrid confirmó la decisión del juzgado de instrucción de no imputar a la expresidenta, explicando que un responsable político no puede ser responsabilizado penalmente de una irregularidad “por el mero hecho de la posición o cargo que una persona concreta ostente en la organización, por muy alto que este sea”. Para la Fiscalía, sin embargo, la orden que hizo desaparecer 135 camas del Hospital de Majadahonda fue “dictada a requerimiento de la Presidenta de la Comunidad de Madrid en la fecha de los hechos”.

La fuga en Gran Vía

En abril de 2014, Esperanza Aguirre dejaba el coche en el carril de la Gran Vía madrileña reservado para los autobuses mientras sacaba dinero de un cajero automático. Varios agentes de la Policía Municipal le recriminaron su actitud y se dirigieron a multarla cuando ella arrancó y se marchó de allí, tirando en ese momento al suelo la moto de uno de los policías. “Vais a por mí porque soy famosa”, dijo a los agentes según la denuncia que ellos mismos presentaron.

La fuga dio muchas vueltas por los tribunales madrileños antes de terminar en el archivo definitivo. Un juzgado entendió que la expresidenta madrileña no sabía que estaba siendo perseguida por la Policía y que, por tanto, no podía ser incriminada, pero la Audiencia Provincial ordenó que el caso se tramitara como un juicio de faltas. Por el camino, la asociación Transparencia y Justicia vinculada al comisario jubilado José Manuel Villarejo ejerció la acusación popular y mantuvo contactos con ella para limitar la onda expansiva del caso.

El resultado fue un archivo por los efectos de la reforma judicial impulsada por el PP en 2015, un año después del incidente. Los cambios introducidos en el Código Penal por el Gobierno de Mariano Rajoy despenalizaron las faltas y el caso contra Aguirre, por tanto, quedaba fuera de la capacidad de acción de la Justicia.

El 'Goya' de Aguirre

Existe otro caso que se encuentra en fase de instrucción y cuyo futuro no es previsible. Tal y como ha informado elDiario.es, un juzgado de la Plaza de Castilla de Madrid investiga la venta de un cuadro de Goya del marido de la expresidenta, acusado por su hermano de simular la donación del cuadro y no repartir el dinero que obtuvo después. La jueza instructora decidió archivar el caso incluso antes de que se resolviera la recusación presentada por el querellante, el cuñado de Aguirre, pero la Audiencia Provincial de Madrid ordenó la reapertura y puso el foco, precisamente, sobre la actuación de la magistrada.

Se trata de una causa en la que la Fiscalía aprecia indicios de delito fiscal en la venta de la obra de arte, pero por ahora la jueza instructora ha rechazado esta posibilidad, aludiendo a que no existen informes de la Agencia Tributaria que apunten en esa dirección y rechazando una “investigación prospectiva” al marido de la expresidenta de la Comunidad de Madrid. Su auto de archivo, ahora revocado, exculpaba a Esperanza Aguirre y rechazaba que se hubiera infringido la normativa de protección del patrimonio artístico. “Resulta carente de todo fundamento”, dijo en ese auto, porque la supuesta influencia en lo relativo al cuadro de su marido “resulta incompatible con la necesaria tramitación que requiere toda norma y la previa delegación que exige en materia de decretos legislativos”.

“Me da la risa, aunque mi abogado me dice que no me ría”. Hace unos meses, en una conferencia en una universidad privada, Esperanza Aguirre contaba cómo se sentía cada vez que recibía un nuevo papel de un juzgado, y cómo su letrado le había pedido que no desdeñase las investigaciones, que nunca se sabe. Al palacete del centro de Madrid en el que reside junto a su marido, Fernando Ramírez de Haro, llegó hace unos días un nuevo documento de los que a la expresidenta madrileña le hacen reír pero que a los abogados del matrimonio les inquietan algo más: la Audiencia Provincial va a examinar al completo la causa judicial por la venta de un cuadro de Goya, con la que Aguirre y su marido esquivaron la ruina económica en 2012.

La causa estaba aparentemente cerrada porque la jueza que instruía el caso había decidido archivarla sin tramitar la recusación contra ella que habían presentado los abogados del denunciante, Íñigo Ramírez de Haro, hermano de Fernando y cuñado de Aguirre. Pero una instancia superior revoca ahora esa decisión. Los magistrados de la Audiencia deben decidir si hay razones para apartar a la jueza del caso y examinar las pruebas por si reabren la causa, una exclusiva de elDiario.es.

El procedimiento que instruía el juzgado de Instrucción número 26 de Madrid nace de la querella de Íñigo Ramírez de Haro, quien sostiene que su hermano se apropió de un cuadro de Goya que pertenecía a la familia y lo vendió por su cuenta sin repartir los beneficios. Lo utilizó según se desprende de la demanda para enjugar las cuantiosas deudas que amenazaban con llevar a la ruina al matrimonio Ramírez de Haro-Aguirre. El salvavidas de la expresidenta madrileña y de su marido, casados con un régimen de gananciales, fue un retrato de Valentín Belvís de Moncada y Pizarro, antepasado de la aristocrática familia política de Esperanza Aguirre. La pintura se fue heredando dentro de la familia Ramírez de Haro sin que ninguno supiera que lo había pintado Goya.

El cuadro debería haber formado parte de la herencia de Ignacio Ramírez de Haro –padre de Fernando e Íñigo– a sus hijos, pero no fue así. Fernando Ramírez de Haro fue en 2012 a un notario donde firmó una declaración en la que aseguraba que su padre le había donado en exclusiva esa obra. Lo había hecho, dijo, de manera verbal, por lo que no hay documento que lo justifique. Su padre no podía negar la versión; había muerto año y medio antes.

Íñigo, hermano de Fernando y cuñado de Aguirre, denunció ante la justicia que esa presunta donación era falsa, una triquiñuela para hacerse con el Goya –y una cincuentena de antigüedades más – para luego venderlo. Y así fue: un mes después, la empresa de subastas Sotheby's confirmó que el autor del cuadro era Francisco de Goya y lo tasó en unos siete millones de euros. Unos meses más tarde, el empresario Juan Miguel Villar Mir pagó por él 5.115.600 euros. En ese momento su empresa había proyectado una enorme operación urbanística en el centro de Madrid para la que necesitaba unos permisos de la Comunidad, presidida por Aguirre, para derribar seis edificios. Tras la compra del cuadro obtuvo ese permiso.

Una grabación que relata los hechos

La Audiencia Provincial ha reclamado ahora a la jueza que instruía el caso toda la documentación para examinarlo detenidamente. A la magistrada le han pedido, entre otros documentos aportados al sumario, una grabación que en abril de 2019 hizo B. Ramírez de Haro, una de las hermanas de Fernando e Íñigo. Esa grabación es una nota de voz que B. grabó junto a uno de sus nietos para enviárselo a otro, ambos hijos de Aguirre. Su intención era relatarles una de esas historias que en las familias de la aristocracia, como es la de los Ramírez de Haro, va pasando de generación en generación.

La historia pretende transmitir un momento de unidad familiar en el que los Ramírez de Haro jugaron sus cartas y se mantuvieron unidos para evitar la quiebra económica de unos de sus miembros. Fernando, el marido de Aguirre, había tenido problemas en la gestión de las empresas familiares y acumulaba deudas con el Banco Santander. Fue Aguirre la que dio la voz de alarma a su familia política: les contó los problemas económicos y les alertó de “serio riesgo de ir a la cárcel si no ponía remedio a la situación”. La entonces presidenta madrileña avisó de un riesgo extra, y es que al estar casados en régimen de gananciales, la ruina de su marido iba a arrastrarla a ella.

La familia, entonces, puso en marcha un “gabinete de crisis” –así lo llamó B. Ramírez de Haro– y pronto se encontró en el retrato de Valentín Belvís una solución. Se encarga la tasación a Sotheby's y la compañía da la buena nueva a la familia: es un retrato pintado por Francisco de Goya. “Y Don Valentín pasa de valer unos cientos de miles de euros, en el mejor de los casos, a valer más de seis millones”, resume B. a sus dos sobrinos en la grabación.

El problema que surgió entonces es que el retrato no era propiedad del marido de Aguirre. “Para que vuestro padre fuera propietario del cuadro tuvimos que inventar una donación que nunca ocurrió”, admite B. Ramírez de Haro en esa grabación privada que hizo a sus nietos y que ahora escucharán los jueces de la Audiencia Provincial de Madrid. Por recomendación del abogado de la familia y con ayuda de un notario, se elaboró un documento en el que se decía que el padre de la familia había hecho la donación verbal a Fernando, y se le puso una fecha falsa para darle apariencia de veracidad: el 30 de mayo de 2006, día de San Fernando. B. Ramírez de Haro llega a contar a sus nietos que uno de los hermanos firmó renqueante, porque para él era “un verdadero problema de conciencia firmar una mentira”.

Durante la instrucción, ni la jueza ni la Fiscalía dieron importancia a esa grabación. La magistrada, de hecho, la dejó en la pila de documentos poco importantes y en un primer momento no la envió a la Audiencia Provincial, que ahora se la ha reclamado junto al resto de la documentación del caso.

Ahora, esa magistrada está pendiente de qué va a pasar con su recusación. Un juez de la Audiencia Provincial elaborará un expediente sobre su proceder en la instrucción de este caso, y una sección de ese tribunal decidirá si debe ser apartada para que otro juez se encargue de la causa. Los abogados de Íñigo Ramírez de Haro argumentaron, por ejemplo, que había torpedeado el interrogatorio al experto de Sotheby's que tasó el cuadro.

Además de cómo se sucedan los acontecimientos en esa rama del caso, hay otra vertiente que obliga a mantener la causa abierta. A principios de enero, la Fiscalía rechazó que la investigación se cerrara definitivamente. Su argumento es que en paralelo a la causa penal hay una civil, que debe determinar si hubo o no “simulación” en la donación del cuadro, por lo que la herencia a Fernando Ramírez de Haro se vería afectada. De hecho, el Ministerio Público recordó en aquella ocasión que no se había acreditado que los hechos denunciados no hubiesen tenido lugar, así que había que esperar.

La Audiencia Provincial ha reabierto el caso de la venta del Goya del marido de Esperanza Aguirre y ha ordenado tramitar la recusación contra la jueza de Madrid que archivó la causa. El caso se centraba en la supuesta simulación de la herencia de ese cuadro y en el dinero que pudo haber defraudado a Hacienda con la venta del Goya por cinco millones de euros al empresario Juan Miguel Villar Mir.

La causa se abrió a raíz de la querella de Íñigo Ramírez de Haro, hermano de Fernando, el marido de Aguirre, quien acusa a su hermano de simular la donación del cuadro y de no repartir el dinero que recibió con su venta. Aguirre y su marido vendieron el cuadro a Villar Mir cuando la quiebra y la deudas con Hacienda amenazaban con llevar a Fernando Ramírez de Haro ante la justicia.

La Sección Quinta ha dictado un auto en el que estima el recurso de apelación del querellante, Íñigo Ramírez de Haro, hermano del marido de Aguirre, contra la providencia del juzgado de instrucción número 26 de Madrid en la que rechazó siquiera admitir a trámite el incidente de recusación.

La jueza Concepción Jerez justificó esa decisión “por no constar la causa legal y los motivos en los que se fundaba la recusación” y poco después archivó la causa, sin esperar a la decisión de la Audiencia sobre la recusación, al considerar que no se cometió ningún delito en esa operación.

Ramírez de Haro alega que la causa de recusación es la falta de imparcialidad de la juez, que se deduce de la apariencia fundamentada de ser “juez y parte” en su actuación durante la toma de declaración como testigo del director de ventas privadas de pintura antigua de la casa de subastas Sotheby’s, James McDonald, en la que había impedido, interrumpido, condicionado o alterado el normal desarrollo del interrogatorio por parte de la acusación.

La Audiencia Provincial considera ahora que ese incidente de recusación tenía que tramitarse y obliga a reabrir el caso. Ahora se designará a un magistrado de ese tribunal que hará un informe sobre la actuación de la jueza, y una sección de la Audiencia Provincial decidirá si hay razones para apartar a la jueza del caso y seguir con la instrucción, o bien si no existen y debe cerrarse de nuevo el caso.

Ateo, anticlerical y anti nobleza. También es dramaturgo, pero se gana la vida como diplomático. Íñigo Ramírez de Haro, 67 años, estudió en los jesuitas, que lo declararon “subnormal” y abusaron de él. Estudió ingeniería aeronáutica y desde que tiene 14 años trata de romper con la hipocresía de la clase social a la que pertenece. Su hermano Fernando es el actual conde de Bornos, marido de Esperanza Aguirre, y hasta hace pocos años mantenían una relación muy estrecha que se rompió cuando el primogénito varón decidió quedarse con los más de cinco millones de euros por los que vendió un retrato pintado por Goya al constructor Juan Miguel Villar Mir.

El conde faltó a su palabra y al documento que firmó con sus otros cinco hermanos, donde se especificaba que el bien sería repartido entre todos a la muerte de su madre. Cuando falleció en 2019 se descubrió el pastel: el cuadro ya había sido vendido, cobrado y las deudas pagadas. Valentín Bellvis de Moncada y Pizarro había colgado hasta el día de su venta al magnate de OHL sobre la chimenea de la casa de los padres de Íñigo y Fernando, el palacio de Jesús del Valle. En el sobrio caserón ubicado en el centro de la capital, el escudo de armas de la familia pasa desapercibido por el nido de cámaras de seguridad que vigilan la actual residencia de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, protagonista indiscutible de La mala sangre (Ediciones B), el libro que acaba de publicar Íñigo Ramírez de Haro. Un maravilloso Falcon Crest cañí. 

La portada del libro es el cuadro en litigio, que la Comunidad de Madrid sigue sin declarar BIC y que Villar Mir ha entregado al Banco Santander para saldar deudas... ¿Un cuadro puede convertirse en un fantasma?

Pues el cuadro llevaba en la chimenea de la casa de mis padres toda la vida. En 2012 vivía en Nueva York y vine a Madrid, a almorzar con mi hermano, cuando todavía teníamos una relación estrechísima. En un momento dado, Esperanza Aguirre se puso a llorar diciendo que Fernando se ha arruinado, que debe seis millones de euros y va a ir a la cárcel si no paga y que no tienen dinero para pagar. Entonces, mi mujer dice que vendamos el cuadro de Goya de la chimenea. Esperanza dudó de que fuera de Goya y mi mujer dijo la frase histórica: “Esto es un Goya como la copa de un pino”. Entonces Esperanza llamó al Museo del Prado para enseñárselo y en dos semanas se había convertido en un Goya buenísimo. 

¿Esa comida lo cambia todo?

Mi hermano se compromete a que cuando muriera nuestra madre lo repartiría con los otros cinco hermanos. Pero se muere mi madre en 2019, le digo de repartir y en ese momento se niega y dice que no va a repartir nada. Ahí empieza el doble proceso: por un lado, investigar qué ocurre y, por otro, el dolor de que tu hermano querido se convierte en un señor sin palabra. 

¿Por qué le dolió tanto?

Porque el de la aristocracia se supone que es un mundo que se rige por la sangre, por la palabra y por la ejemplaridad. Pero empezamos a investigar y descubrimos que él ya había empezado la operación de cambiar el testamento de mi padre para quedarse con todo. 

¿Culpa a su hermano o a la influencia de Esperanza Aguirre?

Es mi hermano el que lo hace pero él se declara en depresión. Por lo tanto, ella organiza toda la venta del cuadro. Hay un correo electrónico que publicó elDiario.es donde Esperanza me dice que no me encargue de nada, que lo van a hacer todo ellos. La responsabilidad de ella es clara, pero mi hermano es responsable de lo que ha ocurrido aunque sea influido por su mujer.

¿Cree que la renuncia de Esperanza Aguirre a la presidencia de la Comunidad de Madrid tiene que ver con el escándalo del Goya y el derribo del complejo de Canalejas?

No lo sé. Pero sí sé que en 2012 Sotheby’s reconoce el cuadro como obra de Goya, que llaman al Museo del Prado que lo confirma y que se tasa en un precio de ocho millones de euros. Y Juan Miguel Villar Mir lo compra por cinco y pico. Es raro que se acepte una bajada de este tipo y es probable que bajara el precio porque el título de propiedad de mi hermano es falso. Está basado en una donación que nunca existió. 

¿Realmente cree que Villar Mir estaba interesado en ese cuadro?

Sí, porque está haciendo una colección de arte español. 

¿Es un coleccionista o un inversor?

Van muy unidos. Muchos coleccionistas son inversores. 

¿Y no era el conjunto de seis edificios históricos de Canalejas lo que quería realmente Villar Mir?

Desde luego la operación Canalejas ocurre al tiempo que la venta del Goya. Villar Mir necesitaba que Esperanza Aguirre quitara la declaración BIC que protegía ese patrimonio. Y lo que hace Esperanza es quitar la protección del conjunto de Canalejas. Los indicios huelen mucho. Todos los indicios llevan a ver una construcción corrupta de clientelismo y de la tradición española de oligarquía y caciquismo, que decía Joaquín Costa. 

Usted ve todos esos indicios, pero la jueza ha archivado el caso sin esperar a que se resuelva su recusación. 

La jueza no tuvo en cuenta ninguna de las diligencias ni de los indicios de apropiación indebida que comete mi hermano. Tampoco el indicio de fraude fiscal, ni el indicio de fraude al patrimonio histórico nacional, ni el indicio de que el poder ejecutivo de la Comunidad de Madrid tiene mano directa sobre la judicatura. Este caso cuestiona la democracia, porque cuestiona el equilibrio de poderes. No quiero ni pensar que en la Comunidad de Madrid podría no existir la separación de poderes. 

¿Han recurrido la sentencia?

Sí, en la Audiencia Provincial de Madrid.

¿Qué es 'La mala sangre' entonces, una venganza?

No, este libro lo empecé hace cinco años y todavía tenía una muy buena relación con mi hermano. Es una introspección de mi vida y de mi familia. Esperanza Aguirre aparece en el libro porque es la consorte del conde de Bornos. Es la historia de un linaje que pertenece a una clase social que ha tenido una influencia histórica, unos valores y unos mitos. 

¿La aristocracia es mala sangre?

La aristocracia se rige en la sangre y en el libro repaso esa clase social. He escrito a partir de hechos reales, personajes reales pero he construido una ficción. Solo la ficción cuenta la verdad, dice Nabokov. Esto que vaya por delante, no hago periodismo ni ensayo. Hago autoficción. 

Pero hay un problema con Esperanza Aguirre, ¿es una ficción?

Lo que pasa en el libro es una construcción, como la noche de bodas de mi hermano con ella. Yo no estaba en el cuarto, pero lo cuento. 

¿Qué cree que el lector debe tener en cuenta como real y como ficción?

Esa pregunta ya no tiene sentido. La porosidad de géneros literarios ha acabado con las fronteras. Preguntar qué es realidad y qué es ficción es difícil contestar. 

Pero es que su libro tiene trascendencia cultural, económica y política real, que tocan a personalidades como Esperanza Aguirre. No cabe duda de que es un libro de denuncia.

Bueno es un libro sobre lo que yo considero que es la verdad. Yo soy un escritor de una narración. Lo interesante es que tú no le dices al lector lo que tiene que pensar. 

¿Y Esperanza Aguirre podría demandarle por lo que ha escrito?

Puede demandarme, efectivamente. Demandar, puede. No sé si alguien va a leer el libro, pero que el abogado de Esperanza Aguirre lo va a leer es seguro. 

¿Se ha cuidado de meterse en charcos?

Creo que en España vivimos en una democracia. Los últimos 30 años han sido los mejores de la historia de España y se caracterizan por la libertad de expresión. Según la ley, la limitación de la libertad de expresión son el derecho al honor, los insultos y los odios. 

¿Qué retrato cree que ha hecho de ella?

No es insultante ni va contra su honor. Que no le guste es otra cosa. 

No le va a gustar cómo la recuerda cuando llegó a su familia. 

Es que llega a una familia de la alta nobleza cuyo valor básico es la sangre, cuyo primogénito varón no quiere casarse con una rica guapa, sino con una duquesa. Entonces Esperanza entra en un grupo social que la desprecia y que no considera un buen matrimonio.

Y ella termina copiando sus formas.

Ella, que es una acomplejada social, lo que quiere es llegar a ser la condesa de Bornos, que es lo que es actualmente. Es muy divertido verla coger de modelo a mi madre para convertirse en condesa. Empieza a imitar cómo se comporta la alta nobleza. Es una imagen de Esperanza Aguirre que no conoce nadie. La supuesta Thatcher madrileña resulta que con mi hermano es el perfecto ejemplo de la mujer dócil al hombre. 

¿Entonces lo que cuenta de Esperanza en 'La mala sangre' es verdad?

Sí. 

Impresiona la presencia de Jesús del Valle en el libro y usted queriendo dejar de ser uno de ellos toda su vida. ¿Es un capricho de un niño bien?

Yo soy un niño bien, pero nadie elige dónde nace. A Jesús del Valle lo convierto en un personaje más. Es un símbolo de los valores de una secta cerrada. Yo iba para santo, era el primer premio de catecismo de los jesuitas. El abuso de los curas no fue sólo un abuso físico, también fue un lavado de cerebro. Soy consecuencia de eso. Hasta que descubro un mundo exterior y salgo de la secta a los 14 años y en la universidad cambio por completo. 

Pero no puede dejarlos...

Esa es la historia de este libro: por mucho que lo intentes, nunca puedes salir porque te quedas en un mundo de nadie. Unos dicen que eres un niño bien y los otros, una oveja negra, un traidor de clase. Produzco mucho más horror a la aristocracia que a alguien de afuera. Nunca acabas de salir del todo. 

'La mala sangre' es un retrato cruel de la aristocracia, pero también hay un punto de esperanza.

Sí, yo he construido con mi familia la buena sangre. La mala sangre es lo que ocurre con todos esos valores tradicionales de la aristocracia, que es un ladrón que no tiene palabra. Nosotros sabíamos que tendríamos que trabajar porque mi familia se arruinó en un pleito a principios de siglo. La aristocracia es usufructuaria de la vida: tienes unos bienes que usufructúas y vives sin que se espere que aportes nada. Es esa capa social que vive de las glorias de un antepasado y cuya vida cotidiana es jugar al golf, cazar y veranear. 

La Fiscalía cree que es “prematuro” cerrar completamente el caso de la donación del Goya a Fernando Ramírez de Haro, el marido de Esperanza Aguirre. El mInisterio fiscal quiere dejar una puerta abierta para reabrir el caso porque cree que no se puede descartar definitivamente que haya delito, sino que por ahora no hay indicios suficientes, y pide aguardar a que la jurisdicción civil aclare “si hubo o no donación simulada”.

El escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, responde a la decisión de la jueza de archivar totalmente el caso. Se trata de un sobreseimiento libre, o lo que es lo mismo, sin determinar “que los hechos denunciados no son constitutivos de infracción penal o no tuvieron lugar”. La Fiscalía advierte a la jueza de que que eso no está acreditado en esta causa, al menos por el momento.

El caso se abrió tras una querella de Íñigo Ramírez de Haro, hermano de Fernando, el 13 de julio de 2020, en la que sostiene que este último se apropió de un cuadro de Goya que pertenecía a la familia mediante falsedades documentales, lo vendió por su cuenta sin repartir el dinero (cinco millones de euros) entre los seis hermanos y no tributó por ello. La venta se produjo cuando Esperanza Aguirre era presidenta de la Comunidad de Madrid, administración competente para proteger el cuadro como Bien de Interés Cultural, cosa que no hizo.

El cuadro es un retrato de Don Valentín Belvís de Moncada y Pizarro, marqués de Villanueva del Duero y uno de los antepasados de la aristocrática familia política de Esperanza Aguirre. La pintura se fue heredando dentro de la familia Ramírez de Haro, siempre expuesto en el salón de la casa familiar.

El retrato debía formar parte de la herencia de Ignacio Ramírez de Haro, suegro de Aguirre, a sus hijos, pero no fue así. Fernando Ramírez de Haro se lo quedó para él antes de la partición de la herencia. En abril de 2012 la familia descubrió que se trataba de un cuadro de Goya y Fernando y una de sus hermanas se presentaron ante un notario donde firmó una declaración en la que aseguraba que su padre le había donado en exclusiva esa obra. No había documentación alguna que sostuviera esa afirmación: Fernando dijo que era una “donación verbal” que incluía la pintura de Goya, medio centenar de cuadros y otras antigüedades. Su padre no podía negar la versión; había muerto año y medio antes.

Sin embargo, la jueza decidió el pasado octubre cerrar el caso, en el que solo habían declarado el propio querellante y el experto de la casa de subastas que tasó el Goya. Además, quiso cerrarlo sin esperar a resolver la recusación que habían presentado los abogados de Íñigo Ramírez de Haro contra ella, y darle un carpetazo definitivo. Sobreseimiento libre.

La Fiscalía se opone a este extremo. Dice que cerrar definitivamente el caso supondría determinar que no hubo delito, que los hechos no tuvieron lugar, y no cree que se pueda afirmar con esa rotundidad. En el escrito, la Fiscalía recuerda que si el caso se cierra provisionalmente es porque Íñigo no tiene legitimación para querellarse contra su hermano, y por otro que por el momento no hay “indicios suficientes” que acrediten el delito.

Pero el Ministerio Público cree que aún es pronto. Pide a la jueza que espere a ver qué determinan los tribunales de la jurisdicción civil, que estos concluyan “si hubo o no donación simulada, y caso de que la hubiera, si de ella pudiera derivar la comisión de algún delito, lo que supondría en su caso, que con esos nuevos datos o pruebas se pudiera reabrir el procedimiento”. “Parece prematuro” cerrar definitivamente el caso, insiste la Fiscalía.

La Fiscalía insiste en que no hay indicios de que se simulase la donación a pesar de que en la causa consta una grabación en la que la hermana de Fernando e Íñigo relata con todo detalle cómo se llevó a cabo el proceso para que el marido de Aguirre se quedara con el cuadro, que les debía salvar de la quiebra económica en la que se encontraban. “Para que vuestro padre fuera propietario del cuadro tuvimos que inventar una donación que nunca ocurrió”, cuenta B. Ramírez de Haro en un audio que elDiario.es publicó en septiembre.

En esa grabación relata que es la propia Aguirre quien pide el auxilio de su familia política, y entre lágrimas les cuenta que están arruinados y que Fernando corre riesgo de ir a prisión por sus deudas: “La ruina de su marido provocaba la suya, al estar casados en gananciales”. La familia monta un “gabinete de crisis” que concluye con el plan de simular la donación del cuadro, se dice en la grabación. El día que uno de los hermanos tenía que firmar, expresó sus dudas. B. relata que para este hermano “fue un verdadero problema de conciencia firmar una mentira”, dice la mujer en la nota de voz enviada a sus sobrinos, donde acaba contándoles que al final accedió a participar en esa supuesta operación.

A pesar de que los hechos están minuciosamente relatados en la grabación –narrada capítulo a capítulo, y que incluye el detalle de cómo se alteró la lista de objetos a heredar–, la Fiscalía insiste en que no hay indicios suficientes, y deja el caso en manos de la jurisdicción civil.

Entretanto, la Audiencia Provincial aún tiene que resolver la petición de la defensa de Íñigo Ramírez de Haro sobre si aparta o no a la jueza del caso. La Fiscalía se opone a este extremo y dice que no hay razones para recusar a la instructora del caso.

Durante las Navidades te proponemos un plan diferente. Algunos días compartiremos contigo episodios de otros podcast que nos gustan y otros días, como hoy, volveremos a emitir episodios de ‘Un tema Al Día’ que quizá te hayas perdido.

Hoy rescatamos uno de nuestros episodios favoritos. Es la historia de un cuadro sin pintor colgado encima de la chimenea de un viejo aristócrata. Una herencia, una bancarrota y una exministra de Cultura, Esperanza Aguirre, que oculta información para poder vender el cuadro a un amigo constructor: Juan Miguel Villar Mir. 

Un bonito cuento de aristocracia, patrimonio cultural y ya veremos si corrupción, con la ayuda de Ignacio Escolar, que destapó la historia en elDiario.es, y con B., la cuñada de Esperanza Aguirre (sí, los audios de Whatsapp que suenan son reales).

Este episodio se emitió por primera vez el 4 de octubre de 2021.

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¿Esto qué es?

elDiario.es ha estrenado este podcast diario, con la colaboración de Podimo, para explicarte la actualidad. Conducido por Juanlu Sánchez y con ayuda de los periodistas de la redacción de elDiario.es y otros invitados, nos detendremos de lunes a viernes en un asunto: puede ser una noticia compleja, un debate de fondo o una historia sencilla que merezca la pena. Una píldora de sonido para acompañarte en el desayuno, de camino al trabajo, en la pausa de la comida o antes de dormir.

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La jueza que investigaba la venta de un cuadro de Goya por parte del marido de Esperanza Aguirre, Fernando Ramírez de Haro, al empresario Juan Miguel Villar Mir ha archivado la causa al considerar que no se cometió ninguno de los delitos que denunciaba el cuñado de la presidenta de Madrid: estafa, falsedad documental, apropiación indebida y delito fiscal. La causa se abrió a instancias de Íñigo Ramírez de Haro, quien acusaba a su hermano de quedarse con cinco millones de euros de la venta del retrato que, según su relato, su padre había legado a los cinco hijos y que estos solo permitieron vender para saldar las deudas del matrimonio Aguirre-Ramírez de Haro.

La instructora ha decretado el sobreseimiento libre de la querella, según ha adelantado El Español, sin esperar a que se resuelva la recusación que los denunciantes presentaron contra ella hace unas semanas alegando falta de imparcialidad. Según la documentación en poder de elDiario.es, los abogados de Íñigo Ramírez de Haro presentaron el pasado 23 de septiembre un escrito para apartar a la magistrada Concepción Jerez, a la que además denunciaron ante el Consejo General del Poder Judicial porque a su entender había cometido faltas graves en la instrucción del caso que debían ser investigadas.

La propia jueza dictó una resolución la semana pasada en la que no admitía a trámite la recusación, pero esa decisión fue recurrida también por los letrados que representan al denunciante el pasado jueves 7 de octubre. Sin esperar a que se pronuncie la Audiencia Provincial de Madrid, la magistrada decidió dar carpetazo al caso en un auto que lleva la fecha del mismo 7 de octubre y en el que descarta que existan indicios de delito en la operación por la que el marido de Aguirre vendió al empresario Juan Miguel Villar Mir la obra de Goya. Los abogados de la acusación seguirá adelante con el pleito y sus próximos pasos serán recurrir el archivo de la causa a la propia jueza y subsidiariamente ante la Audiencia Provincial de Madrid, además de intentar en un procedimiento paralelo que sea apartada definitivamente del caso.

Los hechos denunciados se remontan al año 2012, cuando el marido de Aguirre, que se encontraba en una delicada situación económica al borde la quiebra, vendió el cuadro que supuestamente le había donado su padre en el que estaba retratado un antepasado. El matrimonio y el hermano que posteriormente denunciaría acordaron la venta del cuadro y que posteriormente harían cuentas. Ese es el relato que figura no solo en la denuncia sino también en un audio que una hermana suya mandó a los hijos de Esperanza Aguirre que también ha sido aportado al juzgado y al que ha tenido acceso elDiario.es.

En la grabación la mujer explicaba a sus sobrinos que esa venta fue un acuerdo de todos los hermanos para salvar de la ruina al mayor de ellos pero que el dinero habría que repartirlo posteriormente a cada miembro de la familia. La grabación no ha sido tenida en cuenta por la jueza, quien da por bueno el relato del marido de Esperanza Aguirre y concluye que su padre le donó el cuadro en 2006 –cuatro años de fallecer–. Se basa la instructora en una relación de bienes presentada por el albacea de la familia. El documento está firmado por la madre, Beatriz Valdés; la hermana, Beatriz Ramírez de Haro y Valdés, y el propio Fernando Ramírez de Haro.

La magistrada considera que “no existe ningún motivo para dudar de la veracidad de las afirmaciones que se realizan, teniendo en cuenta que en la fecha indicada aún no estaba confirmado que el cuadro pertenecía a Goya, lo cual es incompatible con el inicio de la trama o plan elaborado por el querellado, según afirma el querellante”. No obstante, la jueza sostiene que el testamento instauró una división a partes iguales entre los hijos, “si bien ordena que por vía de partición le sea adjudicado, entre otros, a Fernando Ramírez de Haro y Valdés el cuadro de don Valentín de Moncada”.

En cuanto al arreglo de las cuentas dentro del núcleo familiar, la jueza recuerda que en un documento de 2014 todas las partes suscribieron un acuerdo por el que Fernando Ramírez de Haro les debía unos 850.000 euros a cada uno, pero que en caso de que la madre muriera antes de que pudiera devolver esa cantidad, renunciaría a la herencia. El querellante reconoció en sede judicial que el marido de Aguirre renunció a esa herencia, si bien fuentes conocedoras del caso sostienen que en ningún caso serviría para cubrir los más de cuatro millones de euros de deuda contraída con sus hermanos.

Aunque la Fiscalía vio indicios de delito fiscal en la venta de la obra de arte, la jueza concluye que “no existe ningún informe de la Agencia Tributaria del que se desprenda que pudiera existir una posible defraudación o algún otro dato concluyente” y rechaza abrir “una investigación prospectiva” al marido de Esperanza Aguirre. El auto de archivo del caso, que los denunciantes planean recurrir ante la propia jueza y la Audiencia Provincial de Madrid, también exculpa a la expresidenta de Madrid y rechaza que se haya infringido la normativa de protección del patrimonio artístico, dado que Fernando Ramírez de Haro comunicó al Ministerio de Cultura y Deporte la existencia de la obra de Goya y su intención de venderla, el único trámite que se exigía puesto que no había sido declarado Bien de Interés Cultural. Pese a que la Administración competente para hacerlo era entonces la Comunidad de Madrid, que presidía la propia Aguirre, la jueza del caso descarta que esta incurriese en ninguna irregularidad. “Resulta carente de todo fundamento”, escribe en el auto para exculpar a Aguirre, porque la supuesta influencia en lo relativo al cuadro de su marido “resulta incompatible con la necesaria tramitación que requiere toda norma y la previa delegación que exige en materia de decretos legislativos”.

En este podcast de 'Un tema Al día', Juanlu Sánchez e Ignacio Escolar te cuentan más sobre la historia del Goya de Aguirre. Puedes suscribirte a 'Un tema Al día' en Podimo. También lo tienes disponible cada mañana en el resto de plataformas, como Spotify e Ivoox.

Hace 14 meses que Íñigo Ramírez de Haro se querelló contra su hermano Fernando y su mujer, Esperanza Aguirre, por la herencia de su padre y la venta del retrato de Goya que era propiedad de la familia, hasta que en 2012 se transfirió al empresario Juan Miguel Villar Mir por más de 5 millones de euros. En este tiempo, la jueza del caso solo ha ordenado un par de diligencias –que no se han completado aún–, ha interrogado al denunciante y al experto en arte que intervino en la venta del cuadro. El cuñado de Esperanza Aguirre imputa a su hermano mayor los delitos de falsedad documental, estafa y fraude a Hacienda, entre otros, todos vinculados a la venta de la obra de arte que salvó de la ruina al marido de la expresidenta de Madrid.

La dilación en el proceso y la actitud de la jueza han llevado al cuñado de Aguirre a pedir que sea apartada del caso para que la investigación pueda continuar. Además, sus abogados han presentado una denuncia ante la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al entender que ha cometido faltas graves que deben ser investigadas.

Así lo refleja un escrito presentado por sus abogados el pasado 23 de septiembre al que ha tenido acceso elDiario.es. En el documento llaman la atención sobre los escasos avances de la investigación y también sobre la actitud hacia el caso de la jueza, Concepción Jerez García, titular del juzgado de Instrucción número 26 de Madrid. El episodio que ha derivado en la recusación es el interrogatorio a James McDonald, director de Sotheby’s Londres y responsable en esa compañía de las ventas privadas de maestros antiguos.

McDonald fue el experto al que llamó la familia Ramírez de Haro para comprobar si el retrato de don Valentín Belvís y Moncada había sido pintado por Francisco de Goya cuando su autoría aún estaba en duda. El experto les ayudó a confirmarlo, tasó la pintura en un mínimo de siete y un máximo de ocho millones de euros y les orientó con el proceso de venta. El cuadro se lo quedó finalmente el empresario Juan Miguel Villar Mir por 5,2 millones, menos del precio recomendado por McDonald, y sin que el cuadro hubiera sido protegido por la administración.

El alto cargo de Sotheby’s declaró como testigo por videoconferencia el pasado 21 de septiembre en los juzgados de Plaza Castilla por este asunto. Según el escrito presentado por el abogado de Íñigo Ramírez de Haro, la jueza le interrumpió constantemente durante su turno de preguntas y alteró “el normal desarrollo del interrogatorio”. “Ha obstaculizado el ejercicio del derecho de defensa por parte de la acusación, faltando a la consideración debida a su letrado en ejercicio de su deber de defender mis derechos”, añade.

“Se trata del testigo que ha participado en la venta del cuadro de Goya en las circunstancias presuntamente delictivas para cuya prueba se ha pedido tomarle declaración”, señala el escrito, que también incide en que la jueza no ha respetado el deber de imparcialidad.

Sin pruebas de la declaración de McDonald

Al terminar la comparecencia en el juzgado del experto, la defensa de Íñigo Ramírez de Haro pidió verbalmente una copia del vídeo de la declaración. El escrito refleja que la secretaria judicial se comprometió a entregarla al día siguiente. En la misma tarde del 21, y ante lo ocurrido en la declaración, el abogado de Íñigo Ramírez de Haro presentó la recusación de la jueza y reclamó de nuevo el vídeo por escrito para poder documentar sus protestas sobre el interrogatorio.

El 22 de septiembre, el procurador de Íñigo Ramírez de Haro acudió al juzgado a por el vídeo, como se le había indicado. La oficial del juzgado le pidió que volviera dos horas más tarde. Le recibió entonces la letrada de la Administración de Justicia, quien le pidió que le explicara qué estaba solicitando exactamente; el procurador le dijo que en el escrito de recusación con carácter urgente reclamaba el vídeo con el que demostrarla.

La letrada se negó y dijo que daría trámite al escrito por orden de llegada. El procurador le pidió entonces que dejara constancia de que había reclamado el vídeo y no se le había entregado; la letrada se negó de nuevo.

“Esta negativa ha causado una minoración sustancial del derecho de defensa del querellante. Le ha privado del medio de prueba inmediata de los actos, hechos y momentos que han tenido lugar el 21 de septiembre y motivado la recusación presentada ese mismo día. Le ha imposibilitado completarla de inmediato y ha dilatado indebidamente –si no ha puesto finalmente en peligro– el normal desarrollo del procedimiento de recusación en los breves plazos legalmente establecidos”, recoge el escrito.

14 meses sin apenas avances en la causa

Además del incidente con la declaración de McDonald y el vídeo que lo recoge, la defensa de Íñigo Ramírez de Haro expone en su escrito que la jueza apenas ha avanzado en la investigación. La querella se presentó el 13 de julio de 2020 y no se tomó declaración al querellante hasta el 6 de abril de 2021 “con preguntas dirigidas algunas a tratar de que declarara contra sí mismo”, recoge la denuncia ante el CGPJ.

La jueza no ha llamado a declarar durante todo este tiempo a ninguno de los querellados –entre los que se encuentran la propia Aguirre y Villar Mir–. La defensa ha pedido un total de 48 diligencias sobre presuntos delitos de falsedad documental, estafa, fraude a Hacienda y otros, de las que apenas se han aceptado tres: la declaración de McDonald, la dirigida a la Comunidad de Madrid para conocer si ha inscrito el Goya como Bien de Interés Cultural –que no ha sido atendida tras cinco meses– y la enviada al notario para conocer la escritura de la venta, quien ha rehusado aportar el supuesto título de propiedad del cuadro.

Tampoco ha aceptado por ahora la petición de la Fiscalía de que se requiera a la Agencia Tributaria la declaración de la renta de Fernando Ramírez de Haro para determinar si cometió delito fiscal al no declarar la venta del cuadro el año anterior.

El escrito al Poder Judicial también hace constar que la jueza no ha resuelto el recurso para que la Audiencia Provincial decida sobre si deben aceptarse o no las diligencias necesarias para avanzar en la investigación. El recurso se presentó hace cuatro meses.

La aristocracia es divertida hasta cuando nos roba. Hay que reconocer que nos sisan con gracia de lo rancios que son. Un peculiar podcast familiar nos ha traído la última peripecia de la familia Aguirre y Ramírez Haro en su proceso de despellejamiento entre hermanos, algo muy habitual en la alta alcurnia cuando se trata de repartirse los dineros del papá muerto. La narración de la cuñada de Esperanza Aguirre grabada para sus vástagos de cómo montaron una farsa para simular una donación del cuadro de Goya y estafar a Hacienda es un precioso relato costumbrista del expolio. 

La familia de Aguirre, que andaba tiesa de efectivo ya cuando tenía que calentar los techos, y ahora tiene problemas hasta para mantener adecentado el patio, ha tenido que hacer contabilidad creativa para poder pagar sus deudas. Al final, como buenos liberales, la única manera que se les ha ocurrido para hacerlo es dejar de pagar los impuestos, bajos por gracia de Aguirre, que los ricos como ellos tienen que pagar en Madrid. Pero el caso es que todavía quedan algunos, y cuando se trata de un capital de seis millones de euros el montante ahorrado si eludes al fisco es un pico de consideración que al menos te deja para desratizar el palacete. 

Aguirre y su troupe familiar son una representación fidedigna de lo que representaba, con salero y mordacidad, Azcona en 'La escopeta nacional'. Son la concreción amojamada de la decadencia de un mundo casposo que ya no es, pero que aspiran a congelar porque se niegan a aceptar que se haya perdido. Son la nostalgia reaccionaria en su máximo esplendor, el duelo perpetuo por mantener una época gloriosa para los de su clase en los que la aristocracia era la representación sublime del ser superior, de quien se podía permitir mirar a la plebe con desdén porque la sociedad se había construido alrededor de sus privilegios. Los usos y costumbres de Esperanza Aguirre y familia son la mejor expresión del mundo que fue pero que ya huele a moho. 

Añoran y no soportan haber perdido la pleitesía del pobre. No hay mayor rencor de clase que el que experimentan aquellos que han tenido esa posición de prevalencia y ahora tienen que ver cómo se les cae el estuco a pedazos sin tener a un mísero obrero al que explotar para restaurarlo por dos mendrugos de pan. El mundo que fue y ya no es es ese en el que el patrón hostigaba con complacencia e impunidad, sin esconderse, aquel donde el cacique ordenaba y el aristócrata caminaba con orgullo repartiendo los restos de sus banquetes sin mirar al pedigüeño. 

La narración de la cuñada de Aguirre dando solemnidad y capitulando lo que no es más que un burdo robo a las arcas públicas porque estaban tiesas las del marquesado es una epopeya de esa costumbre extendida, ahora también en la izquierda, de maquillar y ponerle purpurina a un mundo que huele a charca estancada y putrefacta. Por suerte, hiede tanto que no hay posibilidad de vendernos el mundo que fue como una aspiración de futuro. Sabemos lo que se esconde tras la inmundicia, y nadie mejor que Esperanza Aguirre y los suyos para que no olvidemos el mal olor.

El próximo martes 21 de septiembre James Macdonald, director de Sotheby’s Londres y responsable en esa compañía de las ventas privadas de maestros antiguos, declarará como testigo en el juzgado de instrucción 26 de Plaza Castilla, en Madrid. Tendrá que aclarar el contexto de la tasación y venta del retrato de Valentín Belvís de Moncada y Pizarro, marqués de Villanueva del Duero, pintado por Francisco de Goya en 1800. Él fue quien puso precio al cuadro y convocó a las especialistas que confirmaron que se trataba de un Goya.

El experto de Sotheby's recomendó a la familia política de Aguirre no declarar la pintura como Bien de Interés Cultural (BIC) por las dificultades para venderla y los impuestos asociados. Fijó un precio mínimo de siete millones de euros. Unos meses después, el retrato fue vendido por el marido de Esperanza Aguirre, Fernando Ramírez de Haro, al empresario Juan Miguel Villar Mir por cinco millones de euros, dos menos del precio fijado por Macdonald y sin declararlo como BIC, en una operación que ahora investiga la justicia. La Fiscalía cree que la compraventa pudo suponer un presunto fraude fiscal.

Un hermano de Fernando, Íñigo, se ha querellado contra el marido de la expresidenta, contra la propia Aguirre, contra Villar Mir y contra el albacea que certificó esta operación por simular una “donación verbal” del cuadro de Goya y otras obras de arte por un valor total de 8 millones de euros. Íñigo acusa a Fernando de apropiarse de esa herencia y defraudar al fisco. Según esa querella, Sotheby’s asistió a su cliente en la venta de la obra maestra, que todavía no existe para el Ministerio de Cultura ni para la Comunidad de Madrid, dado que no ha sido declarada como Bien de Interés Cultural (BIC) casi diez años después. 

El marchante especificará ante los tribunales españoles cuál fue la participación de la casa de subastas internacional en la operación realizada en julio de 2012. Después de que Juan Miguel Villar hiciera el ingreso de los cinco millones de euros, la Comunidad de Madrid facilitó los permisos para derribar el conjunto de edificios históricos en Canalejas (Madrid), para que el empresario pudiera construir un hotel, apartamentos y un centro comercial de lujo. 

“El riesgo de solicitar una licencia de exportación es que la pintura sea declarada Bien de Interés Cultural (BIC), lo que la haría mucho menos atractiva para posibles compradores dentro de España por las diversas obligaciones que acompañan a la propiedad de un cuadro protegido, así como los nada despreciables impuestos de transmisión adeudados en el momento de la venta”, aseguró Macdonald en el informe de tasación al que ha tenido acceso elDiario.es.

Una venta investigada en los tribunales

El experto de Sotheby’s tendrá que aclarar este punto que se negó a responder a este periódico. Desde Sotheby’s Londres sí aseguraron a elDiario.es que facilitaron la venta, pero que no vendieron la obra en sí. En el informe entregado a la familia de Esperanza Aguirre, la casa de subastas reconoce que su tarifa incluye el riesgo de pérdida o daño, el transporte, el trabajo jurídico, la fotografía, la reunión con los expertos en sus oficinas, así como el ingreso del pago una vez vendido. 

La comisión para una venta privada de este nivel, según les explicó Macdonald, es del 12% si la cantidad de la venta superara los 700.000 euros. Si no fuera así, la casa se llevaría un 25% por la venta privada. Sin embargo, el comerciante ofreció a la familia política de Aguirre una rebaja. “Como señal de mi entusiasmo por el cuadro”, argumentó. Dejó la comisión por la venta en un 10% sobre el precio, es decir, más de medio millón de euros, frente a los 600.000 que suponía pagar la tarifa habitual.

Macdonald, entonces director de ventas de pintura antigua de la casa de subastas Sotheby’s, había volado hasta España para valorar el cuadro en persona. La pintura de Goya colgaba sobre la chimenea de la primera planta del palacete del centro de Madrid en el que vivía la madre de Fernando Ramírez de Haro. Macdonald relató a la revista Ars Magazine que se dio cuenta de inmediato de que era una obra maestra.

Aurora Zubillaga, directora general de Sotheby’s España, ha decidido no responder a las preguntas de este periódico acerca de la inminente declaración de James Macdonald en los tribunales españoles en el caso que investiga el presunto fraude de impuestos. La acusación también pidió a la jueza del caso la declaración de Zubillaga y de Manuela Mena, jefa de conservación del siglo XVIII y Goya en el Museo del Prado, que fue quien certificó –primero en la oficina de Sotheby’s y después en los talleres del propio Prado– que se trataba de una pintura del aragonés.

Sotheby’s facilitó la venta privada del retrato realizado por Goya y recabó la opinión de los principales expertos para confirmar su atribución y buscar, a partir de ese momento, un comprador para el cuadro. James Macdonald llamó a Manuela Mena y Juliet Wilson –la experta en Goya que trabaja con Mena– para que examinaran la obra y las especialistas confirmaron que el cuadro era “un retrato desconocido de Goya”. Una vez tuvo el “sí” de Mena, Sotheby’s valoró el precio del cuadro en un mínimo de siete y un máximo de ocho millones de euros. 

Problemas en EEUU

El papel de Sotheby’s en la compraventa de obras de arte y los consejos que ofrece a los vendedores para reducirse impuestos están en estos momentos bajo la lupa judicial en Estados Unidos. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, demandó a Sotheby’s en noviembre de 2020 por defraudar a los contribuyentes de la ciudad. Según sus investigaciones, la casa de subastas ayudó a un cliente millonario a evadir impuestos para impulsar sus propias ventas. Letitia James asegura que Sotheby’s facilitó a su cliente la creación y el uso de certificados de exención de impuestos que no le correspondían. Era un coleccionista, no un comerciante que iba a revender. De esta manera, entre 2010 y 2015, uno de sus clientes millonarios evadió los impuestos estatales y municipales sobre 27 millones de dólares en compra de arte. El Wall Street Journal identificó al cliente como Isaac Sultán, empresario venezolano y presidente de Atlantic Feeder Services USA, con sede en Miami.

“No se puede permitir a los millonarios y multimillonarios evadir impuestos mientras que todos los días los estadounidenses pagan lo que les corresponde”, dijo la fiscal general James. “Sotheby’s violó la ley y despojó a los contribuyentes de Nueva York de millones de dólares solo para aumentar sus propias ventas. Esta demanda debe ser un mensaje claro para que se entienda que no importa lo rico e influyente que seas, nadie está por encima de la ley”, añadió James. De hecho, la investigación de la Oficina del Fiscal General ha descubierto que Sotheby’s ayudó al dueño a colgar en su apartamento los cuadros con los que supuestamente debía comerciar. 

Sotheby’s informó al coleccionista, según explica la oficina de la Fiscal General, de que podía usar un certificado de reventa y ayudó a completar el certificado, “incluida la declaración falsa de que era comerciante de arte aunque, en realidad, el coleccionista no le había dicho a Sotheby’s que era un comerciante de arte y Sotheby’s sabía que el negocio de su cliente era el transporte marítimo”. Ese no fue el único amaño que realizó la casa de subastas con este comprador según el relato de la fiscal: en 2015 ya había aceptado otros tres certificados “igualmente falsos facilitados por empleados de Sotheby’s”. Y esto a pesar de “la abrumadora evidencia” de que el comprador no era un marchante sino que compraba arte para uso personal.

Los abogados de Sotheby’s alegaron a finales de 2020 que la fiscal general solo quería “castigar” en lugar de “recuperar el impuesto sobre las ventas”, porque el Estado llegó a un acuerdo con el comprador en 2018 para que compensara el impago del impuesto por las obras adquiridas. Además apuntaron que en lugar de ejecutar “una conspiración para evadir impuestos”, el gerente de Sotheby’s simplemente estaba “mal capacitado”.

Contactada por elDiario.es, Sotheby’s asegura que ha actuado de forma adecuada y de conformidad con la ley, y ha cumplido con todas sus obligaciones pertinentes. “En cuanto al retrato de Goya de Valentín Belvís y Moncada, Sotheby's actuó adecuadamente y cumplió con todas sus obligaciones en cada paso del proceso. Sotheby's no tiene conocimiento de la existencia de problemas fiscales en relación con este asunto”, explican desde la casa de subastas. Sobre el caso de Nueva York, explican que las acusaciones de la Fiscal General son “infundadas”. “Este es un tema entre el contribuyente y el estado que data de hace entre cinco y diez años y que, como señaló la Fiscalía en su denuncia, se resolvió hace dos años”, sostiene Sotheby’s.

Pelea de gallos

Sotheby’s y Christie's, la otra gran empresa de subastas de arte, mantienen una pelea por ser la número uno en su sector. Entre 2013 y 2018 la firma de François Pinault superó los ingresos anuales de Sotheby's. El golpe más duro sucedió en 2017 cuando el oscuro Dimtry Ryboloulev –presidente del AS Mónaco y al que Forbes estima una fortuna de 8.500 millones de dólares– entregó la venta de Salvator Mundi a Christie’s. El empresario ruso había comprado a un intermediario suizo el dudoso Leonardo da Vinci por 115 millones de euros en 2013. El 15 de noviembre de 2017 Christie’s vendió el cuadro en su sede del Rockefeller Center de Nueva York por casi 380 millones de euros. Es la pintura más cara de la historia de las subastas y duplicó el récord previo de Pablo Picasso.

Fue adquirida por un pujante anónimo, clasificado como UHNWI (Ultra High Net Worth Individuals o Individuo con Patrimonio Neto Muy Alto), que terminó por desvelarse como el príncipe de Arabia Saudí Mohammed bin Salman. Ahora el Museo del Louvre, máxima autoridad institucional en la obra del pintor italiano, duda de la atribución que dio por buena la National Gallery de Londres. 

Sotheby's reaccionó con una serie de cambios estratégicos, sobre todo para ampliar su política de precios y reducir las tasas de las ventas online. Gracias a esas medidas Sotheby's, dirigida por Patrick Drahi, superó en ventas totales a Christie’s en 2020 al cosechar 5.000 millones de dólares, un 16% menos que en 2019. Esta última logró 4.400 millones de dólares, una caída del 25% respecto al año anterior. La mayor parte de los ingresos de ambas casas provienen de las subastas en vivo, que en 2020 se vieron drásticamente reducidas debido a la pandemia del coronavirus. Otra parte de sus beneficios llegan con las transacciones privadas, al margen de la luz pública y sin varias ofertas, entre dos coleccionistas. 

Fernando Ramírez de Haro, marido de Esperanza Aguirre, reconoció en un documento fechado en 2014 una deuda de 850.000 euros con cada uno de sus cuatro hermanos y una sobrina, por lo que les correspondía de los 4,2 millones de euros ingresados por la venta de un cuadro de Goya, el retrato de Valentín Belvís de Moncada y Pizarro. Tras salvarse de la ruina gracias a los más de cinco millones de euros ingresados por esa pintura propiedad de la familia, el marido de la expresidenta del PP se comprometía a repartir el dinero con el resto de herederos. Él y sus hermanos firmaron aquel documento, pero Fernando jamás cumplió con su parte, según denuncia Íñigo Ramírez de Haro, que lo ha llevado a los tribunales.

En ese escrito, Fernando reconoce que vendió el cuadro sin ser de su propiedad, y que lo hizo por las dificultades económicas que arrastraba. El marido de Aguirre pudo vender esa pintura porque antes se había simulado una donación, tal y como aseguró en un audio una de sus hermanas. La grabación fue desvelado por elDiario.es. “Para que vuestro padre fuera propietario del cuadro tuvimos que inventar una donación que nunca ocurrió”, cuenta en esa grabación de sonido enviada por WhatsApp a sus sobrinos, los hijos de Fernando y la expresidenta madrileña.

El documento donde admite la deuda y que consta en el sumario que investiga la herencia de la familia política de Aguirre, es lo que se conoce como un reconocimiento de deuda. Un escrito por el que un deudor fija la cantidad que debe a sus acreedores y se compromete a devolver ese dinero, por lo general estableciendo métodos y plazos. Está firmado por los cinco hermanos, aunque se han tachado los nombres de los que no figuran en la querella y sus firmas para preservar su privacidad.

Fernando, conde de Bornos, reunió a sus hermanos a principios de 2014. Para entonces ya había llevado a cabo la donación simulada que se relata en la grabación, y había vendido con la ayuda de Esperanza Aguirre el cuadro al empresario Juan Miguel Villar Mir. Este pagó más de cinco millones de euros en una operación que no estuvo sometida a control alguno, porque tanto Aguirre, que presidía la administración responsable de hacerlo, como su marido evitaron proteger el cuadro como Bien de Interés Cultural.

La cita de toda la familia aquel 9 de enero de 2014 tenía el objetivo de oficializar la deuda del conde de Bornos con sus hermanos y sobrina . El documento está encabezado por el nombre propio y la firma de los cinco, porque uno de ellos, Juan, ya había fallecido. Su parte iría a su hija.

Tenía que mantener el cuadro “en propiedad de la familia”

En el escrito Fernando refleja que su padre le donó “una serie de muebles, cuadros y objetos pertenecientes a la casa de Bornos”. Admite que no le dejó esos bienes para que pudiera venderlos a su antojo, sino para “mantenerlos en propiedad de la familia”. Él solo debía custodiarlos por ser el heredero del título de Conde de Bornos y por quedarse a vivir en el palacete familiar donde residían sus padres.

Lo que no se cuenta en este escrito es que esa donación para conservar el patrimonio familiar, que nunca se llegó a concretar mientras vivía el padre de la familia, se simuló en 2012. Se falseó a través una donación verbal que no había tenido lugar, se le puso una fecha inventada –30 de mayo de 2006– y se firmó ante el albacea de la familia, Francisco Javier Cedrón.

El punto tercero explica por qué se urdió esa operación: Fernando Ramírez de Haro y Esperanza Aguirre necesitaban imperiosamente el dinero. Casados en régimen de gananciales, las deudas millonarias que él tenía con el Banco Santander fruto de sus aventuras empresariales amenazaban con arrastrarlos a ambos a la quiebra. Aguirre, entre lágrimas, llegó a contar a su familia política que temía que Fernando acabara en la cárcel. En el documento se define esa situación desesperada como “circunstancias económicas adversas” que, en concreto, ascendían a siete millones de euros en impagos.

Es ahí cuando dice que en la donación y venta del cuadro ha contado con la “colaboración y apoyo de sus hermanos”. Es, al menos, una afirmación cuestionable. Uno de ellos, Íñigo Ramírez de Haro, alega en su querella presentada en el juzgado número 26 de Madrid que él no conoció hasta 2019 el fraude en la donación simulada de 2012, y que todo se orquestó mientras él estaba en Nueva York. Otro, G. Ramírez de Haro, se negó a firmar inicialmente alegando que todo era “una mentira”, aunque al final accedió porque no había otro modo de salvar a su hermano Fernando de la quiebra.

El marido de Aguirre insiste en que “no ha podido” mantener el cuadro, un valioso retrato de Goya, dentro del patrimonio familiar “como hubiera sido su deseo y el de su padre”. Era, sin duda, el bien más valioso de todos los que albergaba el palacete familiar situado en el barrio de Malasaña en pleno centro de Madrid.

Sin plazos para pagar los 850.000 euros

Es ya en el punto quinto del documento donde reconoce la deuda con sus hermanos. Señala que vendió la pintura de Goya por 5.122.397 euros y “en consecuencia, ha adoptado la decisión” de entregar a sus hermanos –y su sobrina, hija de J. Ramírez de Haro– la cantidad de 853.732,83 euros. Eso sí, sin fijar ningún plazo. Acordaron que les pagaría en las cuantías y pagos “que le sea posible de acuerdo con su disponibilidad”. En total, debía reunir 4.268.664 euros.

A partir de ahí Fernando hace un par de excepciones. Como le contó a B. Ramírez de Haro, y esta detalla en la grabación de WhatsApp a sus sobrinos, renuncia a la posible herencia que deje su madre. De esta forma, si ese dinero y patrimonio colman la deuda con sus hermanos, asunto arreglado. También se compromete a renunciar a su parte si se vende una finca de 600 hectáreas que los hermanos tenían en Guadalajara. Y de paso, renuncia a las rentas de otra finca, denominada Monte Alcarria.

Si acaso todas esas cesiones no bastan, en el último punto el marido de Aguirre se compromete a saldar su deuda “en efectivo u otros bienes”, siempre, claro, que pueda reservarse los suficientes “para vivir dignamente”.

Beatriz Valdés, la madre, falleció en 2019. Íñigo Ramírez de Haro alega que la herencia que dejó esta no cubría, ni de lejos, el montante que su hermano Fernando le adeudaba. También señala en su querella que ese año tuvo conocimiento del engaño que se había urdido para que el marido de Aguirre pudiera apropiarse y vender la pintura, por lo que decidió iniciar las acciones judiciales.

Este documento consta en el sumario del caso pero, al igual que la grabación, no ha suscitado el interés de la fiscal y la jueza que instruye la denuncia. Por ahora el Ministerio Público se ha centrado solo en determinar si hubo delito fiscal en la declaración de la renta de Fernando Ramírez de Haro tras vender el cuadro. No se ha avanzado nada más.

“Es una historia que vale la pena conocer y además es una historia muy bonita de nuestra familia”. B. Ramírez de Haro decidió en abril de 2019 relatar a sus sobrinos, los hijos de su hermano Fernando y Esperanza Aguirre, cómo el retrato de Valentín Belvís de Moncada y Pizarro, pintado por Goya y que pertenecía a la familia, había acabado en manos de su padre. Y también el procedimiento utilizado para saldar una deuda millonaria que amenazaba con arrastrar a la quiebra a la expresidenta madrileña y a su marido, que están casados en régimen de gananciales.

Lo que B. narra como una bonita historia familiar es, en realidad, la asunción de un presunto fraude. En el audio aportado al juzgado y al que ha tenido acceso elDiario.es, la cuñada de Esperanza Aguirre reconoce que el cuadro no pertenecía inicialmente a su hermano Fernando, lo que obligó a simular una donación que nunca había existido para que el marido de la expresidenta madrileña pudiera venderlo y saldar sus deudas.

“Para que vuestro padre fuera propietario del cuadro tuvimos que inventar una donación que nunca ocurrió”, explica B., en una prolija grabación en la que llega a reconocer que otro de los hermanos se incomodó con el fraude.

Ese relato costumbrista de una familia aristocrática ha derivado en una causa penal en los juzgados de Plaza Castilla, en Madrid. La querella parte de Íñigo Ramírez de Haro, hermano de B. y de Fernando, y en ella acusa a este último de no haber repartido los más de cinco millones de euros que se embolsó con la venta del retrato. Esto es, los 850.000 euros que corresponden a cada uno de los seis herederos. Además, otro hermano de la familia acusa al marido de Esperanza Aguirre de urdir lo que queda patente en el audio: la simulación de una donación falsa para quedarse con el cuadro.

Aunque el audio consta en la querella y en el sumario, la Fiscalía lo ha obviado por ahora y se ha centrado únicamente en determinar si Fernando Ramírez de Haro, el marido de Aguirre, cometió un presunto delito fiscal al no tributar por la venta de la pintura en su declaración de la renta de 2013.

“Tengo que contaros una cosa a los dos hermanos”

B. Ramírez de Haro se encontraba en abril de 2019 acompañada de “Fer”, su sobrino, hijo de Fernando y Esperanza Aguirre. Decide entonces grabar un audio para que tanto “Fer” como su hermano “Alvarito” conozcan la historia de cómo la familia Ramírez de Haro salvó de la quiebra a uno de sus integrantes.

B. comienza por lo que denomina el “Capítulo 1: La lista”. Cuenta cómo sus padres –el conde de Bornos, Ignacio Ramírez de Haro, y su mujer, Beatriz Valdés– le encargaron “a principios de siglo”, sin recordar qué año en concreto, que elaborase una lista con los objetos de valor del famoso palacete familiar en el centro de Madrid en el que ahora viven Esperanza Aguirre y su marido. La intención de “los abuelos”, como los llama ella, es que esos objetos, que han ido heredándose de generación en generación dentro de la familia Ramírez de Haro, pasasen ahora a manos de Fernando, su primer hijo varón, y que fuese este el encargado de velar por ellos.

B. relata entonces que ese proceso se alargó durante años porque, por “pereza”, sus padres no terminaban de elaborar la lista, hasta que ya mayores ella les obligó a hacerlo. “En esa lista estaba por supuesto el cuadro de Don Valentín, considerado como el mejor cuadro, el más bonito de la casa, sin ninguna duda, pero sin sospechar su valor real”, explica. Por entonces algunos expertos con los que había contactado la familia años antes habían descartado que se tratara de un Goya.

Eso sí, B., que recibió ese encargo por ser la hermana mayor de los seis, deja muy claras las intenciones de sus padres. No le estaban dejando todos esos objetos a su hermano Fernando para que dispusiera de ellos a su antojo y los vendiera para quedarse con el dinero, como acabó haciendo. Fernando, el marido de Aguirre, iba a heredar el palacete familiar del conde de Bornos y por tanto los objetos que allí se encontraban se quedarían a su cuidado, para conservarlos como parte del patrimonio de la familia.

“Cuando yo le conté que papá y mamá habían hecho esta lista, me dijo que él era muy consciente de que le habían dejado esas cosas para conservarlas y que si alguna vez vendía alguna, la repartiría entre sus hermanos”, explica la cuñada de Aguirre a sus sobrinos. Pero eso nunca ocurrió. B. se limitó a elaborar una lista de los bienes que se encontraban en el palacete familiar, una mera enumeración, pero nunca se firmó un documento que legase esos objetos directamente a Fernando.

De un cuadro bonito a un Goya de varios millones

En 2010 fallece Ignacio Ramírez de Haro, el padre de la familia. Por entonces Esperanza Aguirre y su marido ya se encontraban en dificultades económicas. Fernando acumulaba deudas con el Banco Santander a través de las empresas que tenía. En el año 2011, con la crisis económica, los números rojos se hicieron insostenibles y la por entonces presidenta madrileña decidió pedir la ayuda de sus cuñados.

Ese episodio, que ya desveló elDiario.es, lo detalla minuciosamente la cuñada de Aguirre en el audio, donde cuenta que la entonces presidenta madrileña fue a ver a un miembro de su familia política “llorando” para contarle que tenían una deuda de siete millones “que no podían cubrir con la venta de las fincas”. Íñigo Ramírez de Haro, el hermano que se ha querellado contra Fernando y Aguirre, describe en la querella esa misma reunión: “Llorando, Aguirre nos explicó que su marido estaba arruinado, y con serio riesgo de ir a la cárcel si no ponía remedio a la situación [...]. ”La ruina de su marido provocaba la suya, al estar casados en gananciales“.

B. relata en el audio cómo se pone en marcha un auténtico “gabinete de crisis” para salvar de la quiebra a su hermano. La idea que salió de aquellas conversaciones fue recurrir al cuadro más preciado de todos los que tenían, el retrato de un antepasado familiar: Valentín Belvís de Moncada y Pizarro, marqués de Villanueva del Duero, teniente general del Ejército de Carlos IV y grande de España. O como lo llama la cuñada de Aguirre en su relato, “el Don Valentín”. Por entonces la familia solo sospechaba que tenía un importante valor económico, pero nada más.

La familia pidió una tasación oficial a la empresa de subastas Sotheby’s, que les dio la mejor noticia posible. Efectivamente, se trataba de un cuadro de Goya, uno inédito y pintado en los mejores años de la carrera del pintor aragonés. El retrato fue tasado por Sotheby’s entre 7 y 8 millones de euros. “Y Don Valentín pasa de valer unos cientos de miles de euros, en el mejor de los casos, a valer más de seis millones”, resume B. a sus dos sobrinos en la grabación.

Pero aquí arranca otro problema. El cuadro podría llegar a venderse por una millonada, suficiente para evitar la quiebra de Aguirre y su marido. Pero antes había que buscar la forma de atribuirle la propiedad para que pudiese ingresar ese dinero de forma legal. El Don Valentín figuraba en una lista de bienes pero nada más, no era suyo. Es entonces cuando se urdió el plan de la donación falsa que ahora ha acabado en los tribunales.

Una donación que jamás existió

La cuñada de Aguirre habla sin tapujos en el audio. “Ya teníamos el bien para afrontar la deuda, pero no era propiedad de vuestro padre”. B. explica que el abogado de la familia, José María Rodríguez Ponga, les advirtió de que el hecho de que el Goya figurase en una lista adjunta al testamento de su padre no implicaba que Fernando pudiese disponer de él a su antojo. En ningún sitio figuraba que se lo hubiese legado a él. 

“Para que vuestro padre fuera propietario del cuadro tuvimos que inventar una donación que nunca ocurrió”. En el minuto cinco del audio la hermana mayor de los Ramírez de Haro relata el fraude. Reconoce que ella y Fernando llevaron a cabo una donación simulada que en realidad nunca se había producido. El abogado se lo recomendó, y ellos acudieron al albacea del fallecido Conde de Bornos, el notario Francisco Javier Cedrón, que validó la treta y elaboró el documento en su notaría en abril de 2012. Íñigo se encontraba entonces destinado en Nueva York como diplomático.

El relato también admite otra mentira que se denuncia en la querella: la fecha de la donación verbal. B. reconoce que el abogado de la familia propuso una fecha con cierto significado para dar apariencia de veracidad al engaño. Se escribió en el documento que la “donación verbal” se produjo el 30 de mayo de 2006, el día de San Fernando, el santo del hijo al que se iba a poner como supuesto heredero de esos bienes, sin ser cierto.

B. llega a contar que hubo que alterar esa lista de objetos metiendo algunos que no estaban inicialmente, e “inflar” el valor de otros para compensar al cuadro de Goya. “Incluso me cuenta tu padre que metió la escopeta de oro del tío P., que ya era suya desde que murió el tío P., porque la heredó directamente”. Es decir, que en la lista se incluyeron objetos que ya eran propiedad de Fernando y se modificó el valor real de otros.

Los hermanos fueron firmando ante el albacea el documento de la donación, que ya desveló hace unos meses elDiario.es. Para uno de ellos, G., “fue un verdadero problema de conciencia firmar una mentira. Tanto es así que se negó a firmar. Fue a firmar, se marchó y dijo que él no firmaba”. Al final se impuso la familia a la ética y G. regresó al día siguiente para firmar y “salvar a su hermano”. Cuando en 2020 el albacea entregó a Íñigo una copia del documento y leyó su contenido, este decidió dirigir la querella también contra él.

Según la cuñada de Aguirre, Fernando estaba “en shock” y apenas jugó un papel en este proceso. Sin embargo, poco antes había admitido su participación al relatar que colaboró en la alteración de la lista de la herencia al incluir, por ejemplo, una escopeta de oro.

Este medio ha contactado con todos los protagonistas de esta historia: Esperanza Aguirre, Fernando Ramírez de Haro, B. Ramírez de Haro, José María Rodríguez Ponga y Francisco Javier Cedrón. Ninguno ha querido contestar a las preguntas de elDiario.es.

El siguiente capítulo consta en el sumario del caso y es de dominio público. En la querella los actores centrales son el albacea y Aguirre, cuyo marido vendió el Goya al empresario Juan Miguel Villar Mir. El empresario y exvicepresidente del Gobierno aceptó el documento simulado y pagó dos millones de euros menos que el precio mínimo tasado por Sotheby’s. Ni la fiscal ni la jueza han ahondado tampoco en este asunto. La operación se hizo en secreto, para que nadie advirtiera que la pintura no se había protegido como Bien de Interés Cultural, lo que obligaba a informar del montante de la venta y por tanto, implicaba que hubiera más ojos sobre toda la operación. Algo que Aguirre y su marido evitaron a toda costa porque era “muy peligroso desde el punto de vista político y mediático”, como admitió la entonces presidenta de Madrid en un mail. Recibieron el dinero, en un cheque, el 27 de julio de 2012.

La cuñada de Aguirre relata en su audio que Fernando le dijo que renunciaría a la herencia que dejaría su madre cuando muriese, para compensar el dinero del cuadro. Íñigo sostiene en la querella que Fernando le engañó, diciendo que vendería el cuadro en nombre de todos los herederos, pero que a la muerte de su madre repartiría su precio por partes iguales, unos 850.000 euros a cada uno. La madre murió en 2019, pero ese reparto nunca llegó.

El audio de B. trataba de dejar constancia de ese episodio. Al final de la grabación, incluye lugar y fecha –16 de abril de 2019–, como si de un documento oficial se tratara. La Fiscalía tiene ese audio íntegro desde hace más de un año, cuando se abrió esta causa judicial. A pesar de que en esa grabación se reconoce abiertamente el fraude en la donación del Goya, todavía no ha pedido que se investigue nada, y por ahora se ha limitado a comprobar si hay un delito fiscal. Tampoco la jueza ha ahondado en este asunto.

A finales del pasado mes de abril la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid reconocía a elDiario.es que en la Dirección General de Patrimonio no tenía conocimiento de la venta de un retrato pintado por Goya a finales del siglo XVIII y que pondrían en marcha una investigación para dar luz al caso. Cultura indicó entonces que lo estudiarían “detenidamente” a raíz de las investigaciones publicadas por este periódico. Medio año después la Fiscalía cree que el marido de Esperanza Aguirre pudo evadir impuestos con la venta del lienzo y el equipo de Marta Rivera de la Cruz en la Consejería reconoce que “no hay ninguna novedad al respecto” y que no tiene nada más que comentar. 

Desde abril la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid no ha sido capaz de reunir la información de la obra para iniciar los trámites que terminen considerando la pintura como un bien cultural relevante del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, sigue sin protección ni control de ningún tipo, esté donde esté porque la administración regional desconoce su ubicación y en todos estos meses tampoco la ha determinado.

El retrato de Valentín Belvís de Moncada y Pizarro carece de protección como Bien de Interés Cultural (BIC) y tampoco está reconocido como Bien de Interés Patrimonial. Aguirre era presidenta de la Comunidad de Madrid y ocultó a Patrimonio la venta del cuadro por cinco millones de euros, gracias a los cuales evitó la bancarrota de su familia. El empresario Juan Miguel Villar Mir compró la obra del pintor aragonés y meses después de la adquisición se benefició de la desprotección de dos edificios históricos del conjunto Canalejas que pudo destruir para levantar el eje del lujo. 

Una pintura “relevante”

Desde la Comunidad de Madrid alegan que “en muchas ocasiones la solicitud de la incoación como BIC procede del Ministerio de Cultura, tras declarar inexportable la obra” y añaden que en este caso “no se ha declarado inexportable la obra y no se ha recibido una solicitud del Ministerio”. En aquellos meses el responsable de Cultura era José Manuel Rodríguez Uribes y confirmó que no habían reaccionado ante el escándalo, a pesar de que sí se movieron con urgencia en el caso de un supuesto Caravaggio que apareció en una casa de subastas.

La ex dirigente del PP encargó a Sotheby’s la venta del retrato realizado entre 1795 y 1800 y la casa de subastas determinó su precio: ocho millones de euros. Era una pintura “relevante”. Hasta Manuela Mena -máxima experta en Goya de la institución- pasó a ver el cuadro por Sotheby’s y le reconoció a James Macdonald, director de ventas de pintura antigua de la casa, que el Museo Nacional del Prado debería adquirirlo. Macdonald tendrá que declarar como testigo ante la jueza que investiga el reparto de la herencia y la venta del cuadro.

A pesar del alto valor del retrato, la Comunidad de Madrid sigue sin preguntar por su paradero a su dueño y sin declararlo Bien de Interés Cultural (BIC) y proteger el retrato del marqués de Villanueva del Duero, teniente general del Ejército de Carlos IV y grande de España. 

En el año 2012, cuando el marido de Esperanza Aguirre comunica la operación de venta al Ministerio de Cultura, el ministro José Ignacio Wert (PP) no reclama a la Comunidad de Madrid la protección BIC del cuadro de la presidenta de la Comunidad. Tres años más tarde, en 2015, cuando el nuevo propietario –Juan Miguel Villar Mir– pide permiso de exportación para que el cuadro viaje hasta Londres, a la exposición de la National Gallery, se concede el pasaporte y en la Junta de Calificación –organismo que determina los permisos– nadie levanta la mano para avisar de que el cuadro no está declarado BIC.

Un cuadro desparecido

Nadie ha garantizado la protección de la pintura que fue bendecida por los especialistas del Prado, reconocida en el catálogo de la exposición de la National Gallery y valorada varias veces por la Junta de Calificación del Ministerio de Cultura a lo largo de tres años. Los expertos consultados por este periódico no comprenden cómo la Administración regional y estatal guarda silencio y no actúa sobre el caso. Una de las vocales de la Junta de Calificación en aquel momento cree que si ese cuadro se hubiera visto en una comisión habría sido declarado inexportable de inmediato.

Según difunde la Comunidad de Madrid, su compromiso “con la protección de nuestro patrimonio cultural parte del firme convencimiento de su papel como elemento clave para el acceso de todos a la cultura”. Desde julio, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha acordado declarar siete nuevos BIC: el Santuario de Nuestra señora de Valverde, en Fuencarral; las iglesias de la Asunción de Nuestra Señora de vuela de las Torres y Robledo de Chavela; el cuadro 'Vista de Madrid con el Palacio Real y el Patio de Armas de construcción', de Antonio Joli; el yacimiento arqueológico de Piedra Escrita, en la localidad de Cenicientos; la iglesia parroquial de Santo Domingo de Silos del siglo XII, en Prádena del Rincón; y la pintura San Jerónimo, atribuida a Luis de Morales, El Divino, inédita hasta 2015. 

La Fiscalía sospecha que Fernando Ramírez de Haro, marido de Esperanza Aguirre, pudo esquivar el pago de impuestos por el cuadro de Goya que el matrimonio vendió en 2012 al empresario Juan Miguel Villar Mir por más de cinco millones de euros. El Ministerio Público ha pedido a la jueza que investiga esa operación que reclame la declaración de la renta de Ramírez de Haro del año 2013 que, además de determinar el posible delito fiscal, aclarará si esa declaración se hizo de forma conjunta con la expresidenta madrileña, que también figura como querellada en este caso porque participó en la venta de la pintura.

El informe de la Fiscalía, al que ha tenido acceso elDiario.es, afirma que si Ramírez de Haro no declaró en 2013 la venta del cuadro, habría defraudado a la Hacienda Pública más de 600.000 euros. Eso “daría lugar a la aplicación del subtipo agravado previsto en el artículo 305 bis del Código Penal”; esto es, delito fiscal penado con entre dos y seis años de cárcel. Por ello, la fiscal del caso pide a la jueza que reclame a la Agencia Tributaria esa declaración de la renta.

La causa que investiga el juzgado de Instrucción número 26 de Madrid parte de la querella de Íñigo Ramírez de Haro, hermano de Fernando, y que sostiene que este último se apropió de un cuadro de Goya que pertenecía a la familia, lo vendió por su cuenta sin repartir los beneficios entre los seis hermanos y no tributó por ello. La venta se produjo cuando Esperanza Aguirre era presidenta de la Comunidad de Madrid, administración competente para proteger el cuadro como Bien de Interés Cultural, cosa que no hizo.

El cuadro es un retrato de Valentín Belvís de Moncada y Pizarro, marqués de Villanueva del Duero y uno de los antepasados de la aristocrática familia política de Esperanza Aguirre. La pintura se fue heredando dentro de la familia Ramírez de Haro: Ignacio, el suegro de la expresidenta madrileña, lo lucía en su salón, aunque sin conocer su auténtico valor. Ignacio Ramírez de Haro falleció en 2010 a los 92 años y es ahí cuando se origina la disputa familiar que ahora se dirime en los juzgados.

El cuadro debería haber formado parte de la herencia de Ignacio a sus hijos, pero no fue así. Fernando Ramírez de Haro se lo quedó para él. En 2012 se presentó en un notario donde firmó una declaración en la que aseguraba que su padre le había donado en exclusiva esa obra. No había documentación alguna que sostuviera esa afirmación: era una “donación verbal” que incluía la pintura de Goya, una cincuentena de cuadros y otras antigüedades. Su padre no podía negar la versión; había muerto año y medio antes.

Íñigo, hermano de Fernando y cuñado de Aguirre, denunció ante la justicia que esa presunta donación era falsa, una artimaña para hacerse con el Goya –y el resto de antigüedades– para luego venderlo. Y así fue: un mes después, la empresa de subastas Sotheby's avisó del importante valor del cuadro, confirmó que su autor había sido Francisco de Goya, que se trataba de una obra inédita y que su valor rondaba los siete millones de euros. Unos meses más tarde, el empresario Juan Miguel Villar Mir pagó por él 5.115.600 euros.

El cuñado de Aguirre defiende que la donación verbal de su padre a su hermano nunca se produjo y que el acuerdo familiar consistía en vender el cuadro para repartir los beneficios entre los herederos cuando muriera su madre. Asegura que su hermano trató de hacer pasar la donación por verdadera relatando ante notario que se produjo el 30 de mayo de 2006, el día de San Fernando, para dar la apariencia de que era un regalo por su santo. Íñigo sostiene que su hermano, en esa operación para apoderarse del cuadro y venderlo, cometió un delito fiscal al no declarar la donación y evitar pagar por ella.

La Fiscalía, sin embargo, cree que el delito fiscal pudo darse en la venta. En 2012 Villar Mir, el empresario dueño de OHL e inmerso en una operación urbanística con la Comunidad de Madrid, compra el cuadro por más de cinco millones de euros. En aquel momento Fernando Ramírez de Haro estaba al borde de la quiebra, una situación que afectaba a la propia Aguirre por su matrimonio en régimen de gananciales. El cheque por valor de cinco millones de euros se ingresó en una cuenta de la que son titulares ambos, tal y como reveló elDiario.es.

La fiscal María López Orejas sostiene en su escrito que, si como se desprende de la querella, Fernando Ramírez de Haro no incluyó en su declaración del IRPF de 2013 esa venta, se produjo efectivamente un delito fiscal penado con cárcel. Y por eso ha pedido a la jueza que reclame a la Agencia Tributaria esa declaración, algo que la magistrada tendrá que decidir en las próximas semanas. La defensa del cuñado de Aguirre sostiene que esa declaración permitirá saber si se hizo de manera conjunta con la expresidenta madrileña, y determinará su participación en los hechos.

Así, esa vía de investigación determinará quién tiene razón y si ha habido infracción fiscal con el cuadro de Goya. El marido de Aguirre sostiene que fue todo legal: se produjo una donación de un cuadro de cinco millones de euros, y al venderlo él por esa cantidad, su patrimonio no sufrió variación por lo que no tenía nada que declarar.

La defensa de su hermano Íñigo cree, por contra, que la donación de 2006 fue falsa, y se basan en que en un testamento de 2008 firmado por el padre de ambos, este hace constar que el cuadro sigue siendo de su propiedad y está colgado en el salón de su casa. Los abogados creen que o hubo delito en la donación, por no declararlo entonces, o hubo delito en la declaración del IRPF de 2013.

La Fiscalía rechaza el resto de diligencias

El informe de la Fiscalía, sin embargo, rechaza el resto de vías de investigación en las que había pedido profundizar el cuñado de Aguirre. Íñigo Ramírez de Haro presentó inicialmente una querella por la división y liquidación de la herencia de su padre, pero en el proceso han ido apareciendo otros indicios de delito que ha pedido investigar. Salvo el fiscal, el Ministerio Público rechaza ahondar en el resto.

Por ejemplo, Íñigo Ramírez de Haro había pedido investigar a su hermano Fernando por el delito societario y de administración desleal, blanqueo de capitales, quiebra fraudulenta y alzamiento de bienes. Los asocia todos a su papel como administrador único de las empresas familiares Salvias y Ganadera Borno. Afirma que impuso “acuerdos abusivos” en su perjuicio y se quedó con subvenciones agrícolas de la Unión Europea. Añade que despatrimonializó la sociedad familiar.

En cuanto a la venta del cuadro, además del fraude fiscal, Íñigo Ramírez de Haro sostiene que hubo delitos patrimoniales y falsedad. La Fiscalía no entra a valorar si hay delito o no en la venta de la pintura y la administración de las empresas, se limita a decir que no puede acceder a la diligencias de investigación por una simple razón: Íñigo y Fernando son hermanos. La ley dice que los “hermanos por naturaleza o adopción” no pueden ejercer acciones penales unos contra los otros.

Así, la Fiscalía sostiene que Íñigo no “está legitimado” para ir contra su hermano por esos delitos, pero sí por el fraude fiscal, que es un delito público, por tanto, apoya que se investigue la declaración del IRPF del marido de Esperanza Aguirre.