El diputado de los Comuns Andrés García Berrio ha presentado una denuncia ante la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación de la Generalitat de Catalunya contra la concentración convocada este sábado por los grupos ultra Save Europe Act y Reconquista.

La formación exige que, según la ley de Igualdad de Trato, se imponga una sanción muy grave a las organizaciones convocantes y a sus portavoces. “Consideramos que los mensajes, reivindicaciones y contenidos difundidos en el marco de esta movilización pueden constituir una expresión de racismo y supremacismo blanco”, exponen en el texto presentado ante la Oficina.

La queja remitida por los Comuns expone que la idea de “remigración” (el lema usado para la concentración y concepto que usan los partidos ultra europeos para exigir la repatriación de los migrantes), “defiende una identidad étnica excluyente promoviendo la discriminación de las personas no blancas”.

Así, consideran que la mera convocatoria era “claramente discriminatoria” y afea a las administraciones que no tomaran medidas cautelares y denegaran la autorización del acto.

Con todo, apuntan a que el llamado a la manifestación, las ideas y las consignas que en ella se promovieron podrían ser constitutivas de una falta muy grave que podría suponer sanciones desde los 40.000 hasta los 500.000 euros a las organizaciones convocantes, así como a los portavoces: Toni Estévez y Nayara González.

Igualmente, insta a la Generalitat a que, si considera que hay indicios de conductas que pudieran ser constitutivas de ilícito penal, las pusieran en conocimiento de la Fiscalía. Precisamente, eso es lo que hizo la misma tarde del sábado el Ayuntamiento de Barcelona, que denunció a Save Europe Act por algunos de los cánticos y lemas escuchados en la manifestación que, según apunta el consistorio, podrían constituir delito de odio.

En una nota de prensa emitida poco después del final del acto, el Ejecutivo barcelonés ha justificado su decisión de no prohibir la concentración por “respeto al derecho de manifestación y reunión”.

Aunque, han insistido, esa “delimitación competencial no admite ninguna confusión respecto al posicionamiento del Ayuntamiento”. Según apuntan, “respetar escrupulosamente los derechos fundamentales no significa ser neutrales ante el racismo” e insisten en su voluntad de señalar los movimientos que relacionan “diversidad con amenaza”.

Ha nacido un nuevo partido en Catalunya. Responde a las siglas de Somos Partido Progresista (SPP), aunque prevé también sus denominaciones en catalán, euskera y gallego. Tiene logo, web y hasta una presidenta. Pero que nadie busque su programa electoral, porque no se trata de una formación al uso, sino que ha sido creada y registrada por Catalunya en Comú, el partido de izquierda catalanista que forma parte de Sumar.

Somos (SPP) fue inscrito en el registro oficial del Ministerio del Interior el pasado 3 de agosto, aunque los trámites del proceso pueden durar semanas e incluso meses. Su presidenta oficial es Laura Jorquera, persona que ha ocupado cargos de los Comuns. Y, además, la formación tiene domicilio social en la sede de este mismo partido, situada en la calle Marina de Barcelona.

El dominio web, somospartido.es, no aloja de momento ningún contenido, pero ya está también registrado desde diciembre de 2025. El titular es Toni Ribas, quien fuera coportavoz de Equo en Catalunya, miembro de los órganos de Barcelona en Comú e integrante de las listas de Catalunya en Comú al Parlament.

Precisamente el partido Catalunya en Comú figura como “persona de contacto” en el registro del dominio.

Desde el partido que dirigen Gemma Tarafa y Candela López aseguran a elDiario.es que la nueva marca tiene un carácter instrumental. “Es el registro de una marca, de un nombre, como se ha hecho en otros momentos y realizan todos los espacios políticos”, aseguran a preguntas de este medio. “No tiene ninguna relevancia pública”, añaden. “Es una práctica habitual y que suele hacerse para evitar que en el futuro nadie pueda utilizar esta denominación como nombre electoral”, explican fuentes de la formación.

Desde los Comuns aclaran además que este registro empezó a tramitarse hace meses, aunque haya visto la luz ahora. “La iniciativa no es reciente”, indican, y resaltan que “en ningún caso se contempla hacer un uso electoral de ese nombre”.

Sobre las personas que figuran tanto en el registro ante el Ministerio como en la página web, estas mismas fuentes indican que “no son cargos públicos de los Comuns”, sino “personas que trabajan en el espacio político y que desarrollan funciones para realizar trámites administrativos como es el caso de este registro”.

La marca Somos, en catalán 'Som', es una palabra que los Comuns han utilizado frecuentemente en su comunicación política. Por ejemplo, la mayoría de los perfiles registrados en redes sociales tienen como nombre de usuario 'somcomuns' y otras derivadas.

Som Comuns ha sido además una marca utilizada en varias campañas para englobar a los ciberactivistas vinculados a las diferentes candidaturas, muy activa sobre todo en la primera campaña de Ada Colau en 2015.

No es infrecuente que los partidos registren diversas marcas que consideran cercanas a su identidad o que creen que podrían servirles en el futuro. Pero tampoco es habitual que las inscriban como partidos ante el Ministerio del Interior. Menos aún si no hay a la vista procesos electorales, en los que muchas veces se acaban generando nuevas coaliciones o marcas para dar respaldo a alianzas entre diferentes partidos.

En el Registro de Partidos del Ministerio del Interior existen diversas formaciones registradas bajo la marca Somos/Som, muchos de ellos vinculados a localidades catalanas, así como en otras regiones catalanoparlantes, como Mallorca o la Comunitat Valenciana. También hay inscripciones en localidades gallegas y de diversos municipios del resto de España.

Desde los Comuns, con todo, insisten en que no están pensando en utilizar las siglas de Somos, o Som, en ninguna candidatura.

El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha dictaminado este martes que la proposición de ley para limitar la compra especulativa de vivienda, presentada por los Comuns y pactada con el Govern vulnera el derecho a la propiedad privada, a la herencia y a la libertad de empresa, entre otros. El dictamen es consultivo.

Este órgano considera también que la tramitación por lectura única de esta iniciativa contraviene el artículo 138 del Reglamento del Parlament, que regula este procedimiento exprés, así como el artículo 23.2 de la Constitución, relativo al derecho de la ciudadanía a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos.

Tanto Junts como el PP catalán llevaron la propuesta para limitar la compra especulativa de vivienda ante el CGE a mediados de julio, lo que frenó su tramitación en el Parlament.

El acuerdo alcanzado entre los Comuns y el Govern para implantar esta medida formaba parte del pacto para los presupuestos entre ambas formaciones. La implantación de la restricción estaba prevista que correspondiera a cada municipio e iba a afectar a los grandes tenedores.

La medida, avalada por un comité de expertos consultado por la Generalitat, estaba prevista que se lleve a cabo a través de la modificación de la ley catalana de Urbanismo. Será cada Ayuntamiento, a través de sus ordenanzas o de su planeamiento urbanístico, quien decida si restringe o no las compras de vivienda para invertir. El consistorio de Barcelona, por ejemplo, ya tiene una comisión de estudio para ver cómo hacerlo.

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha rechazado el dictamen emitido. “No compartimos el análisis del CGE sobre la proposición de ley, ya que creemos que no se ha entendido que no limitamos la adquisición, sino el destino de la vivienda”, ha señalado Albiach en un mensaje publicado en X.

La diputada de Junts, Judith Toronjo, ha señalado que el dictamen “demuestra que los Comuns, con el apoyo del PSC, han hecho una ley deprisa, mal y por la puerta de atrás”.

El Govern y los Comuns han pactado una propuesta de ley para aumentar la vivienda protegida (VPO) en las ciudades. Además de la aceleración de la construcción, dentro del plan de Salvador Illa para levantar 50.000 pisos asequibles, esta nueva medida propone el crecimiento de estas viviendas mediante actuaciones específicas: reconvertir oficinas y locales comerciales, dividir pisos grandes, hacer más altos algunos edificios o construir sobre equipamientos.

La proposición de ley, que Generalitat y Comuns presentarán este lunes en el Parlament, permite hacer estas reconversiones sin necesidad de modificar el siempre complejo planeamiento urbanístico. La norma incluye incrementar hasta un 20% la edificabilidad, levantar nuevas plantas o subdividir inmuebles –siempre que cumplan con algunos requisitos– para crear nuevas viviendas de protección.

Las medidas dependerán de los ayuntamientos, tendrán una vigencia de cuatro años y podrán aplicarse en los municipios considerados como zona de mercado tensionado (los 270 que tienen regulación del alquiler). Según los cálculos del Gobierno y los Comuns, podrían permitir generar entre 15.000 y 20.000 viviendas durante este período.

Además, todos los nuevos inmuebles que se construyan en Catalunya deberán destinarse a residencia habitual y permanente.

Govern y Comuns han presentado conjuntamente la medida en una rueda de prensa en Mollet del Vallès con la consellera de Territori, Sílvia Paneque, y la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach. Paneque ha remarcado que la iniciativa es un “ejemplo claro” de la voluntad del Ejecutivo de intensificar los esfuerzos para obtener vivienda de protección oficial en lugares donde “hasta ahora no era posible”.

Albiach ha remarcado que la propuesta de nueva ley es “innovadora” y supone un mensaje hacia el sector privado: “No pueden lavarse las manos ante la salvaje crisis de la vivienda”. En este sentido, la presidenta del grupo de los Comuns ha señalado que “todas las manos son imprescindibles” para hacer crecer el parque de vivienda pública.

La proposición de ley surge del acuerdo entre el Govern y los Comuns para los presupuestos de 2026 y se tramitará por el procedimiento de urgencia extraordinaria, que reduce en una cuarta parte los plazos. La voluntad es que las medidas, de carácter temporal, puedan aplicarse tan pronto como entre en vigor, aunque el PSC y los Comuns necesitarán el apoyo de otros grupos parlamentarios para aprobar la norma. Por el momento, confñian en que ERC les de apoyo.

Una de las principales novedades será permitir convertir en vivienda protegida suelos y edificios destinados actualmente a oficinas. La medida también incluirá hacer vivienda en edificios hoteleros y aparcamientos privados en altura y, en estos casos, al menos la mitad de la superficie construida deberá destinarse a vivienda de protección oficial.

La ley abre la puerta a convertir locales comerciales en planta baja en vivienda protegida, siempre que tengan una superficie mínima de 50 metros cuadrados. En este caso, sin embargo, la medida no podrá aplicarse directamente y requerirá un acuerdo previo del ayuntamiento. De este modo, los municipios podrán decidir dónde permiten estos cambios para evitar que la transformación de locales afecte a los ejes comerciales.

Un 20% más de edificabilidad

Otra de las medidas permitirá aumentar hasta un 20% la edificabilidad para construir vivienda de protección oficial en determinados edificios y terrenos. También se podrán añadir plantas en inmuebles que ya hayan agotado la superficie que pueden construir, pero que todavía tengan margen de altura. Las nuevas plantas, sin embargo, no podrán superar la altura real de los edificios colindantes.

La proposición también permitirá dividir inmuebles para obtener nuevas viviendas protegidas, incluidas las casas unifamiliares, y convertir despachos en vivienda de protección oficial. En caso de subdivisión, las nuevas viviendas que se creen serán protegidas, mientras que, si hay un cambio de uso, toda la superficie transformada deberá tener esa calificación.

El paquete se completa con la posibilidad de construir vivienda protegida en parcelas que actualmente no cumplen las condiciones mínimas de edificación, siempre que las nuevas viviendas cumplan los requisitos de habitabilidad. La propuesta también flexibiliza las cargas urbanísticas para facilitar que las colonias textiles puedan reordenarse y destinarse a vivienda.

Las medidas tendrán carácter voluntario y, para hacer un seguimiento de su éxito, el Govern elaborará un informe cada dos años sobre las viviendas conseguidas con la aplicación de la norma. La estimación inicial es que con la nueva ley puedan llegar a construirse hasta 20.000 nuevas viviendas de protección oficial en cuatro años.

La ley también establecerá que las nuevas viviendas construidas a partir de licencias solicitadas después de su entrada en vigor deberán destinarse a residencia habitual y permanente, ya sea para uso propio o familiar o mediante un contrato de alquiler de larga duración.

El parón estival en el escenario político, que tendrá lugar en agosto, está cada vez más próximo, y la izquierda a la izquierda del PSOE llegará a esas vacaciones sin haber cumplido los plazos que el propio espacio se dio para anunciar una marca y un candidato para las próximas elecciones generales. Los partidos agrupados en Sumar —a falta de un nuevo nombre que reemplace a la gastada marca que ideó Yolanda Díaz hace tres años— tenían la intención de despejar ambas incógnitas antes del paréntesis veraniego, pero varios dirigentes de estas formaciones han confirmado en las últimas semanas que no habrá novedades hasta, al menos, septiembre. Es decir, al inicio de lo que se prevé como una larga precampaña hasta unos comicios que el presidente Pedro Sánchez ya ha abierto la puerta a adelantar al primer trimestre de 2027.

Ningún partido vive ajeno a que las elecciones están cada vez más cerca, como reconocía el pasado miércoles en su entrevista con elDiario.es el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que admitía que “hay muchos actores que están en clave electoral”. La decisión de Sánchez de presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado por primera vez en la legislatura, pese a que carece de mayoría en el Congreso para sacarlo adelante, tiene mucho que ver con ello. Y lo mismo ocurre con el hecho de que el PP haya elevado aún más el tono contra el Gobierno, politizando asuntos como los incendios y revelando algunas de sus propuestas económicas, como el recorte de las bajas médicas y las ayudas sociales para luchar contra el absentismo, un planteamiento que ha sido duramente criticado por la izquierda.

No obstante, la actitud con la que Sumar ha decidido afrontar este ambiente preelectoral es marcadamente diferente a la de otras formaciones. Frente a unos rivales que ya tienen claro cómo irán a las urnas, los partidos a la izquierda del PSOE están intentando hacer de la necesidad virtud. Y, por ello —en palabras de Bustinduy—, han apostado por “construir la fórmula” para presentarse a las elecciones en el año 2027 mediante un empujón en la recta final de la legislatura para aprobar nuevas políticas sociales. “Hoy refundamos el sistema de cuidados, estamos peleando la intervención del mercado de vivienda y la prórroga de los alquileres, vamos a llevar la prestación universal por crianza, estamos peleando la derogación de la ley mordaza”, ponía como ejemplo el titular de Derechos Sociales.

Si la estrategia es la de tratar de recobrar tirón electoral logrando la puesta en marcha de algunas medidas en los últimos meses del mandato, la negociación con el PSOE para diseñar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que luego el Gobierno llevará al Congreso es clave para Sumar. Son tres las prioridades que se ha marcado la izquierda alternativa de cara a esas cuentas públicas: la mejora de la prestación por hijo a cargo, reformas en el sistema fiscal y más medidas para paliar la crisis de acceso a la vivienda, una materia sobre la que Sumar está negociando ahora mismo con el PSOE, con quien ha pactado aprobar un decreto en julio para recuperar la prórroga de los alquileres y regular los arrendamientos de temporada.

Sumar no tiene hoy por hoy una cara visible que pueda rentabilizar esos logros sociales, si finalmente se terminan produciendo. Y, aunque Bustinduy pedía hace unos días “calma” y aseguraba que la tardanza de la izquierda en elegir su marca y su candidato se debía a un ejercicio de “prudencia colectiva”, la coalición es la única de las grandes formaciones políticas que no tiene decidido quién será su cartel en las próximas elecciones. Por el momento, los partidos no trasladan nerviosismo al respecto, y una fuente incluso confía en que la persona indicada “acabará apareciendo”, si no es dentro de las organizaciones, “desde los márgenes”. Pero lo cierto es que los partidos tendrán menos de un año para dar a conocer tanto su nuevo nombre como a su nuevo líder, y tendrán que hacerlo en un contexto no precisamente favorable a la izquierda.

No hay grandes diferencias... pero no hay candidato

Todas las fuentes consultadas, de diferentes partidos, descartan que la razón de esta tardanza en escoger candidato sea que exista una pugna entre las diferentes patas de la alianza por escoger a uno o a otro. Nadie ofrece una razón clara por la cual esta elección, que se preveía para julio, no se ha producido. Las opciones más conocidas se han ido cayendo, una tras otra, del panel de candidatables desde que Yolanda Díaz anunciara que no se presentará a los comicios. La líder de Más Madrid, Mónica García, será cabeza de lista en las elecciones autonómicas en esa comunidad. Bustinduy, el favorito de todos los sectores, ha rechazado tomar el testigo. Alternativas menos evidentes, como la exalcaldesa Ada Colau, también han renunciado públicamente a liderar la candidatura. Y nombres que han sonado, como del líder de CCOO, Unai Sordo, no tienen “base de realidad”, según las fuentes consultadas.

De los cuatro partidos inmersos en las negociaciones, ha sido IU el que, con mayor claridad, ha pedido un acelerón para poner a punto la alianza de la izquierda alternativa. En un informe ante la dirección de su partido a principios de este mes, el coordinador federal, Antonio Maíllo, celebraba que existen “bases” positivas para reeditar la alianza de 2023, pero también alertaba de que esos mimbres “son insuficientes si no se resuelve a la mayor brevedad posible la personificación de espacio político en un liderazgo candidatable a la presidencia del Gobierno en las próximas generales”. “Urge”, asimismo, determinar ya la marca, planteaba Maíllo, que, sin embargo, se mostraba optimista y aseguraba que “la izquierda transformadora, hoy, tiene base social y capacidad de crecimiento”.

Varias fuentes consultadas admiten que, especialmente en el último mes y medio, el ritmo de la negociación no solo no se ha incrementado, sino que ha aminorado. Un dirigente del espacio político achaca este frenazo al congreso extraordinario que ha celebrado Movimiento Sumar —en el que se ha elegido como nuevas líderes a Verónica Martínez y Rosa Martínez— y al proceso de primarias de Más Madrid para escoger a sus candidatos para las elecciones locales y autonómicas, que terminó hace un par de semanas, aunque asegura que lo previsto es que haya “un acelerón en el mes septiembre”, ya que en la alianza a la izquierda del PSOE hay “consenso” en que lo más probable es un adelanto electoral para el primer trimestre de 2027.

Conversaciones con otros partidos autonómicos

Otra fuente, más pesimista, añade que los Comuns e IU también tienen sus propias preocupaciones. Los primeros están centrados en intentar recobrar algo de fuerza de cara a unas elecciones municipales que se prevén complicadas y en intentar vencer las resistencias de ERC para un frente amplio en Catalunya. Los segundos, por su parte, analizan el nuevo escenario que se ha abierto en Andalucía, su principal bastión, con el sorpasso de Adelante Andalucía en el espacio de la izquierda alternativa. Y no hay que olvidar que la alianza no está cerrada a los cuatro partidos que ahora la negocian, sino que la intención es sumar a formaciones como Chunta, Compromís o Més, y varias fuentes comparten la necesidad de que estos partidos —que no han querido estar en las conversaciones que se están desarrollando— también aporten su punto de vista sobre la marca y el candidato.

Las conversaciones con algunas de estas formaciones ya han comenzado, según confirman varios de los dirigentes consultados, aunque aún se encuentran en sus estadios iniciales. Y esos partidos también deberán afrontar sus propios debates internos sobre su posible participación en una candidatura de índole estatal. El ejemplo paradigmático es Compromís, donde la discusión es recurrente en todas las elecciones generales: Més, el sector más nacionalista capitaneado por Joan Baldoví, es mucho más reacio a los acuerdos con actores estatales que el de Iniciativa, liderado por Mónica Oltra, proclive a los pactos. La debilidad de los partidos de escala nacional, no obstante, ofrece mejores perspectivas a las formaciones territoriales para poder copar las listas, dada su mayor fortaleza.

Y, aunque el espacio político a la izquierda del PSOE lleva meses negociando su propio proyecto, algunos dirigentes aún mantienen un ojo puesto en los pasos que pueda dar el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. Ciertos sectores aún le consideran la mejor opción para ser candidato de todas las izquierdas, aunque en un formato aún por concretar. Pero en otros sectores cunde la sensación de que esa vía está muerta, e incluso el propio Rufián rebajó hace unas semanas las expectativas de un pacto liderado por él en toda España y circunscribió cualquier tipo de coalición a Catalunya. Y allí tampoco parece viable, puesto que la dirección de ERC lo rechaza de plano.

El magistrado del Tribunal Supremo Vicente Magro ha pedido al Congreso el permiso necesario para procesar por prevaricación al diputado de Sumar En Comú Podem Félix Alonso, por los contratos a dedo que adjudicó cuando era alcalde de Altafulla (Tarragona).

En un auto, el instructor recoge que ha apreciado “elementos bastantes” para considerar que Alonso, como alcalde de Altafulla, abusó de la figura de los contratos a dedo para beneficiar a una consultora afín a su partido. La Fiscalía había apoyado la petición de suplicatorio, mientras que la defensa del político se había opuesto.

El magistrado indica que en la etapa como alcalde de Alonso, entre 2011 y 2019, el Ayuntamiento de Altafulla “recurrió a la figura del contrato menor sin sujetarse a la legislación específica en la materia de contratación pública”. Las contrataciones investigadas suman 30.000 euros.

La resolución no acoge la tesis de defensa de Alonso, que en su declaración voluntaria ante el Supremo negó que hubiera criterios políticos para adjudicar al despacho del exconseller de ICV Salvador Milà varios contratos municipales en materia de Urbanismo, sino que se debió a la falta de personal del consistorio.

Ante la imposibilidad de contratar más personal debido a las restricciones impuestas por la ley Montoro, el ayuntamiento que dirigía Alonso optó por hacer un contrato menor para estos servicios. Para su defensa, el consistorio no necesitaba un servicio recurrente, sino un funcionario que no tenía y que la ley impedía contratar.

Por el contrario, el juez considera que hubo un “uso indebido” de la prórroga y del contrato menor “con la voluntad” de Alonso “de introducir empresas con vinculación política” y necesidades recurrentes del consistorio que debían vehicularse a través de un concurso.

Como marca la ley, antes de proceder penalmente y procesar al diputado, el juez tiene que pedir el suplicatorio al Congreso a través del presidente de la Sala de lo Penal para enviarlo, previo refrendo de los magistrados.

La apuesta de Gabriel Rufián por una candidatura conjunta de las izquierdas nació como proyecto personal del diputado de ERC y en contra del parecer mayoritario de su partido. Desde entonces, la vía Rufián se apoderó de muchos debates, interpeló a políticos e ilusionó a posibles votantes. Pero, seis meses después, quienes debían ser sus compañeros de viaje dan por imposible el proyecto, tras no haber encontrado interlocutores para explorarlo.

“Lo hemos intentado, pero hemos comprobado que en esa piscina no hay agua”, aseguran fuentes de los Comuns, que explican que durante los meses de mayo y junio trataron de acercarse al diputado republicano para conocer el detalle de sus planes. Pero no tuvieron éxito.

Tras eso, optaron por hacer una nueva tentativa, esta vez al máximo nivel. Las coordinadoras nacionales de Catalunya en Comú, Gemma Tarafa y Candela López, pidieron una reunión formal con Rufián. Pero este las remitió a hablar directamente con Oriol Junqueras, presidente de Esquerra y que se ha manifestado siempre con claridad en contra de una candidatura que sume a su partido con el resto de izquierdas estatales.

Desde el grupo parlamentario de ERC quitan hierro a estos desencuentros. “En los pasillos del Congreso hablamos todos los días, nos encontramos con mucha gente todos los días, de partidos y grupos diversos”, explican, dando a entender que nunca han rehuido ningún contacto. Ahora bien, entienden que son las cúpulas de los partidos quienes deben negociar.

“Rufián buscaba concienciar, remover y debatir, y es lo que ha conseguido, y es evidente que son los partidos, y sus cúpulas, los que hacen coaliciones y acuerdos y, por tanto, quienes deben abordarlo”, resumen desde el equipo del republicano.

En cambio, para los Comuns, esto ha significado darse contra una pared. “Cada vez que lo hemos intentado, Rufián no sale del marco de que decida la dirección de ERC”, sentencian fuentes de la formación. “Lo respetamos mucho, pero en la práctica no deja vías abiertas para intentar un proyecto en el que no esté ni él ni su partido”, lamentan.

Desde los Comuns agregan que ya tienen un contacto fluído con la dirección de Junqueras, pero que esta nunca ha dado pie a un entendimiento electoral.

Sin avances en otros territorios

Los partidos agrupados en Sumar delegaron a los Comuns la tarea de explorar la 'via Rufián', al entender que era una cuestión que tenía uno de sus principales nudos gordianos en Catalunya. Sin embargo, a lo largo de su pequeña gira de encuentros con diferentes líderes de izquierdas, Rufián también había guiñado el ojo hacia Podemos o, más recientemente, a Compromís.

El acto que Mònica Oltra protagonizó el pasado 19 de junio con Rufián dio a entender que ambos líderes podían entenderse. Sin embargo, en la Comunitat Valenciana la cuestión sobre las generales es solo uno de los debates sobre las coaliciones, que también deben cerrarse para el resto de las elecciones. Se da la circunstancia de que ERC tiene una pequeña federación valenciana.

Por ello, Compromís tiene constituida una mesa de trabajo para estudiar posibles confluencias para las próximas elecciones municipales, autonómicas y generales. Los tres partidos que forman Compromís están en esa negociación, pero aún no se ha llegado al detalle de participar de algún proyecto para las generales. Mucho menos si lleva el nombre de Rufián o no.

Tampoco hay noticias por la parte de Podemos, después de que el pasado 25 de junio anunciara que Irene Montero será su candidata a las generales. Sobre una posible incorporación de Podem a candidaturas lideradas por ERC, bien a las generales o bien de cara a las municipales, los republicanos siguen sin descartar esta opción pero aseguran que por el momento no hay ninguna negociación en esta línea.

El Parlament ha dado luz verde este jueves a los primeros presupuestos del Govern de Salvador Illa con el voto a favor de los diputados del PSC, ERC y Comuns. El resto de grupos han votado en contra. Son también las primeras cuentas que aprueba la cámara desde 2023, poniendo fin al período más largo en democracia sin nuevos presupuestos. Las cuentas de la Generalitat para 2026 ascienden a 49.162 millones de euros e incorporan las 25 enmiendas pactadas entre PSC, ERC y Comuns en comisión parlamentaria. Y políticamente, garantizan la continuidad del gobierno en minoría y suponen un balón de oxígeno para poder agotar la legislatura.

Los nuevos presupuestos contemplan un gasto público de 49.162 millones de euros y contemplan 893 millones a través de disposiciones adicionales para cumplir con ERC y los Comuns. Concretamente, 533 para los acuerdos con ERC y 360 para los pactos con los Comuns.

El presupuesto aumenta en 9.126 millones respecto a las cuentas de 2023. En cuanto a los departamentos, Salut es el que se lleva más recursos (13.840), seguido de Educación (8.356) y Derechos Sociales (4.248).

Durante el 2026, los ingresos no financieros se prevé alcanzar, según el presupuesto, los 48.231 millones de euros (+27,9%, unos 10.527 millones respecto a las últimas cuentas aprobadas). El grueso procede del modelo de financiación (32.894 millones), de la recaudación de los tributos propios y cedidos (6.481 millones) y de los recursos finalistas (7.886 millones).

El Govern ha calculado los presupuestos con un déficit del 0,1% del PIB, el equivalente a 329,6 millones de euros. Asimismo, Economia estima que la deuda de la Generalitat sobre el PIB se reducirá del 28,4% al 27,4%, llegando al 22,2% cuando se formalice la cancelación del FLA.

El período más largo sin presupuestos en democracia

La última vez que el Parlament aprobó presupuestos fue el 10 de marzo del 2023, tres años y casi cuatro meses después, la cámara ha vuelto a dar luz verde a unas cuentas que formalmente son para el 2026, pero todo apunta a que pueden ser para todo lo que queda de legislatura.

Hasta ahora el período más largo entre presupuestos era el intervalo entre las cuentas aprobadas en marzo del 2017, con Carles Puigdemont de president, y las de la pandemia de abril del 2020, con Quim Torra y tras la aplicación del 155.

¿Puede haber un vínculo político entre dos partidos distintos? Así lo sugieren los Mossos d'Esquadra en uno de los informes en los que se sustenta la causa que investiga los contratos a dedo que el Ayuntamiento de Altafulla (Tarragona), durante la etapa de Félix Alonso (Comuns) como alcalde, dio al despacho de Joan Ignasi Elena antes de que el político regresara a la primera en 2021 como conseller de ERC.

El caso de Altafulla se queda lejos de las grandes causas de corrupción que han protagonizado la crónica judicial catalana, aunque la conocen tres juzgados: el Tribunal Supremo, donde está aforado e investigado Alonso; el juzgado de El Vendrell donde se originó el caso y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), donde este lunes han declarado como investigados Elena (actual parlamentario de ERC) y el exlíder de ICV Joan Herrera, por unos contratos de hace casi una década.

Según fuentes jurídicas, Elena ha defendido la legalidad de sus contratos de consultoría con el Ayuntamiento de Altafulla y ha negado favores políticos del exalcalde, de Sumar, miembro de un partido rival a quien ha dicho que ni siquiera conocía.

La causa se centra la supuesta adjudicación irregular de contratos menores, sin publicidad y sin los informes preceptivos favorables, que el TSJC sospecha que el ayuntamiento adjudicó a dedo a la consultora de Elena y Herrera entre 2017 y 2019 por su “vinculación política estrecha” con el partido del alcalde.

En la etapa investigada, Herrera llevaba años apartado de la política y Elena, que fue conseller de Interior con Pere Aragonès entre 2021 y 2024, no ocupaba ningún cargo público, tras haber abandonado el PSC por desacuerdos con el proceso soberanista.

El exconseller de Interior ha respondido a todas las preguntas del juez y el fiscal y ha negado que conociera a Alonso, además de desmentir cualquier relación entre ERC y los Comuns, dos espacios que, ha recordado, nunca han compartido coaliciones políticas ni ningún tipo de acuerdo.

Alonso compareció como investigado ante el Supremo y aseguró que las contrataciones por valor de 30.000 euros que efectuó cuando era alcalde de Altafulla -entre 2011 y 2019- y que están bajo sospecha “respondieron exclusivamente a criterios de especialización técnica” y no a “consideraciones de naturaleza política o partidista”.

En la misma línea, Elena ha argumentado que el ayuntamiento recurrió a su consultora para llevar a cabo informes en materias urbanísticas a administrativas porque el personal técnico municipal era insuficiente.

En todo caso, el exconseller ha recalcado que los contratos siempre se ajustaron a la legalidad y que nunca ningún cargo del ayuntamiento, ni el interventor, ni el secretario ni los responsables de las finanzas, le advirtieron de irregularidad alguna en la adjudicación de los contratos menores ni en la prórroga de los mismos tras un año de servicio.

Por su lado, según fuentes jurídicas, Herrera ha recordado al juez que en 2018 abandonó el despacho que compartía con Elena, y que su ámbito de especialización era la energía y no el urbanismo, la materia principal de los informes. Alejado de la política desde hace años, Herrera ha considerado “injusta” su imputación.

“Joan Herrera no estaba cuando sucedieron los hechos que se investigan. Su imputación construida sobre esta base causa un daño que ninguna resolución judicial posterior podrá reparar del todo”, han esgrimido fuentes de su defensa en un comunicado.

La carrera hacia la alcaldía de Barcelona ya tiene a sus contendientes en el puesto de salida. Un año antes de las elecciones municipales, que se celebrarán el 23 de mayo de 2027, prácticamente todos los partidos han confirmado a sus aspirantes a ocupar el puesto que hoy ostenta el socialista Jaume Collboni. 

El actual alcalde, que aspira a un segundo mandato —y al cuarto como edil del Ayuntamiento—, parte como favorito en una contienda en la que todos sus principales rivales se estrenan como cabezas de cartel. Gerardo Pisarello, por los Comuns, busca llenar el vacío de Ada Colau, un reto no menos complicado que el de Jordi Martí Galbís, sucesor de otro exalcalde, Xavier Trias, que llevó a Junts a la victoria en 2023. 

Una de las que lleva más tiempo labrándose su perfil de alcaldable es Elisenda Alamany, de ERC, concretamente desde que sustituyó a Ernest Maragall al frente de los republicanos en 2023. Por parte del PP, aunque no está confirmado oficialmente, se da por sentado que repetirá Daniel Sirera. 

En las filas de la extrema derecha, falta por ver si Vox buscará una alternativa a Gonzalo de Oro-Pulido, con quien irrumpieron por primera vez en el consistorio. Son los únicos que no se han decidido todavía, después de que la otra formación ultra, la xenófoba Aliança Catalana, anunciara este viernes que su candidato es Jordi Aragonès. 

Collboni, a por su segundo mandato

Jaume Collboni afronta el tramo final de su primer mandato como alcalde convencido de que puede ganar por primera vez las elecciones, una victoria electoral que el PSC no celebra en Barcelona desde 2007. El concejal socialista logró finalmente la vara en 2023 en sus cuartos comicios como aspirante socialista, con el voto decisivo e in extremis —anunciado el mismo día de la investidura— de los Comuns y el PP. 

La falta de una mayoría clara ha marcado el mandato de Collboni, que no ha podido sacar adelante ningún presupuesto municipal de forma consensuada. Su principal aliado ha sido ERC. Con ellos llegó a cerrar un pacto de Gobierno que acabó naufragando, y ha mantenido acuerdos estables sobre rehabilitación de viviendas, la tasa turística o el catalán. 

Más allá de eso, Collboni ha sido capaz de pactar con Junts, en políticas de seguridad y civismo, y con los Comuns, en medidas para limitar el turismo. En su haber estará la finalización de las obras de la Rambla, el impulso al tranvía de la Diagonal, o el plan para climatizar escuelas. Pendiente queda la reforma de la reserva del 30% de nueva vivienda para protección oficial, que no pudo sacar adelante, y la promesa de eliminar todos los pisos turísticos en 2028. 

Jordi Martí Galbís para mantener el tirón de Trias

El último de los candidatos en ser anunciado ha sido Jordi Martí Galbís, que fue escogido este domingo a través de unas primarias que le dieron el 40% de los votos. Con esta victoria, las bases del grupo municipal buscan mantener la herencia del exalcalde Trias, que devolvió a la vida a un Junts que estaba en horas muy bajas desde 2015.

Martí Galbís viene a recuperar ese tirón. Que no mantenerlo, puesto que cuando el exalcalde dejó la política tras el fiasco de 2023, la popularidad de Junts en las encuestas bajó en picado. La elección del alcaldable es un mensaje claro: las bases de Barcelona quieren el partido que representa Trias, ese que se parece más a Convergència que al Junts de Puigdemont y que se guía más por el eje ideológico que por el nacionalista.

Las primarias han venido marcadas precisamente por este debate y los cuatro candidatos llegaron divididos por la influencia que debía tener el expresident. Mientras los contrincantes de Martí Galbís apostaban por mantenerse leales a la influencia de Puigdemont, este decidió desafiar su omnipotencia, llegando a asegurar que el grupo municipal debe ser “autónomo” y negando que el expresident tenga que meter mano en las listas.

Pisarello, el primer alcaldable migrante

Gerardo Pisarello tiene ante sí el reto de evitar que los Comuns se desmoronen electoralmente en la primera cita tras el adiós de Colau. El jurista argentino, que quiere ser “el primer alcalde de Barcelona de origen migrante”, ganó las primarias a Bob Pop y dejó durante el proceso una de sus principales promesas electorales: hacer el metro gratuito, como Zohran Mamdani en Nueva York.

El argentino se encuentra ante el reto de sustituir a Colau, a quienes los suyos llegaron a definir como una “hiperlideresa” y a quien costó mucho encontrar relevo. No será una campaña fácil, puesto que se enfrenta con unas encuestas muy desfavorables que muestran el desgaste de dos legislaturas en el poder y de la pérdida de una cabeza de cartel imprescindible como llegó a ser la exalcaldesa.

Será esta la primera carrera electoral de Pisarello como alcaldable, después de diez años como escudero de candidatos de Barcelona, como Colau en 2015, y del Congreso de los Diputados, como Xavier Domènech o Jaume Asens. Aun así, siempre ha conservado tirón mediático y un perfil propio, por ejemplo con una buena conexión con el espacio soberanista catalán. Como número 2 en la lista ya cuenta con la concejal Carol Recio. 

Alamany, ante su gran oportunidad

Elisenda Alamany llegó a ERC en 2019, procedente de los Comuns, como un fichaje para reforzar a unos republicanos que, con Ernest Maragall, aspiraban a alcanzar la alcaldía. Se quedaron a las puertas, pero Alamany se mantuvo como número dos en el Ayuntamiento de Barcelona, nuevamente en las elecciones de 2023, convencida de que la retirada de Maragall le dejaría vía libre para ser candidata. Y esto fue lo que ocurrió pocos meses después. 

Alamany, artífice del pacto de Gobierno frustrado con Collboni, se ha labrado paralelamente la confianza de Oriol Junqueras, que la aupó a la secretaría general del partido. Como líder del grupo parlamentario republicano durante casi todo el mandato, puede sacar pecho de haber llegado a acuerdos con los socialistas para fomentar el catalán en la ciudad e impulsar la rehabilitación de viviendas degradadas. 

El aliado de Feijóo, Aragonès y la duda de Vox

No está confirmado oficialmente, pero nadie duda de que Daniel Sirera será el candidato del PP, como lo fue en 2023. Dentro de un partido que en Catalunya está liderado por Alejandro Fernández, un verso libre que en el pasado se ha enfrentado con Alberto Núñez Feijóo, Sirera es todo lo contrario: el hombre de Feijóo en Barcelona, seleccionado directamente por él para los comicios de hace cuatro años. Su voto fue clave para que Collboni fuera investido alcalde, pero desde entonces se ha desmarcado totalmente del Gobierno municipal. 

El único partido que todavía no ha decidido a su candidato es Vox, que irrumpió en el consistorio barcelonés con Gonzalo de Oro-Pulido como alcaldable. No está nada claro que el edil vaya a repetir, y desde la formación ultra informan que un comité electoral desde Madrid decidirá sobre el candidato barcelonés, como hace con los demás.

Por último, Aliança Catalana, el partido xenófobo liderado por Sílvia Orriols, aspira a entrar con fuerza en el Ayuntamiento de la capital catalana. Lo hará con uno de sus pesos pesados en la formación, su ideólogo Jordi Aragonès.

La formación habría preferido una cara más mediática, pero después rechazos de figuras como el expresidente del Barça Sandro Rosell o el exconseller Jaume Giró, han apostado sobre seguro. Finalmente, le darán una oportunidad al joven de 33 años que, además de ser primo del expresident Pere Aragonès es, junto a Oriol Gès y la propia Orriols, quien tiene la última palabra en todas las decisiones de Aliança.

La posibilidad de que un ciudadano de Valladolid, Sevilla, Zaragoza, Asturias o Madrid pueda votar en las próximas elecciones generales a una coalición con Gabriel Rufián como líder se aleja. En la misma semana en la que el propio presidente Pedro Sánchez ha abierto la puerta a adelantar los comicios al primer trimestre de 2027, Rufián celebró un acto con Mónica Oltra (Compromís), el primero desde que, hace un mes, abriera la puerta de par en par a ser candidato de una “confluencia” de izquierdas. Pero, lejos de ahondar en esa idea, el dirigente de ERC dio un paso atrás. Y, aunque confirmó que su idea es “liderar” un frente amplio, circunscribió a Catalunya esa alianza que le tendría a él como candidato.

Hace un mes, en Madrid, Rufián insistió en lo que lleva afirmando desde hace meses: que él quiere ser candidato de ERC y que no va a abandonar el partido a menos que lo “echen”. Pero, en ese mismo acto, también afirmó que, si está en posición de “ayudar a que haya una confluencia o una colaboración entre las izquierdas soberanistas y estatales, un espacio de unión para maximizar resultados” en el que él sea “el cabeza de lista, pues p’alante”. Era la primera vez que el dirigente confirmaba expresamente que quería liderar un proyecto que —pese a lo inconcreto de la propuesta— tendría diferentes ramificaciones y formulaciones en toda España. Y, aunque planteó que, en tal caso, sería candidato de ERC por Barcelona, entonces no especificó que su liderazgo fuera a acotarse a Catalunya.

Habida cuenta de la enorme complejidad de su idea, Rufián evitó el pasado mes de mayo concretar cómo debería aterrizarse. “No hay una lista tipo, pero no tiene sentido que haya dos derechas y 14 izquierdas, habrá provincias en las que tendremos que liderar nosotros [ERC y las fuerzas nacionalistas], provincias en las que tengan que liderar ellos [las izquierdas estatales], otras en las que quizá no haya que presentarse...”, se limitó a decir entonces. Este viernes, por el contrario, fue mucho más claro en su acto junto a Oltra y aseguró que lo que él quiere es “liderar en Catalunya” —“¡en Catalunya!”, insistió— “un frente de izquierdas con ERC como fuerza motora”.

Por tanto, la idea de Rufián ya no es la de explorar una fórmula que se referencie en él como candidato para que las izquierdas estatales y territoriales se pongan de acuerdo en un proyecto en toda España. Según lo que expresó este viernes, sus expectativas son las de intentar arrastrar a ERC a un frente amplio en Catalunya, un proyecto que implicaría también a los Comuns, a la CUP y a Podemos. Los primeros, la única de las tres formaciones con una potencia similar a la de ERC, llevan meses viendo con simpatía los planteamientos de Rufián, pero la semana pasada deslizaron que ven inviable el proyecto por el rechazo de la dirección republicana y porque el portavoz, lejos de romper con su partido, les ha remitido a ella para cualquier negociación.

El movimiento de Rufián no implica que este no aspire a que las izquierdas se entiendan en el resto de los territorios de España. Pero sí supone que no será él quien las intente “liderar”, en sus propias palabras del acto del pasado viernes. Sobre el método para alcanzar esos pactos en las provincias en las que exista más de un partido a la izquierda del PSOE, el dirigente volvió a ser igual de ambiguo que en los últimos meses, aunque en esta ocasión sí planteó la necesidad de organizar unas “primarias” —de las que no ofreció ningún tipo de detalle— para escoger las listas de esa eventual lista conjunta. “Votemos y aglutinémonos en torno al mejor”, sostuvo.

Al definir su propuesta, Rufián comienza a asumir plenamente las tesis del líder del sector más izquierdista de ERC, el liderado por su mentor político, Joan Tardà, que desde hace meses se ha mostrado de acuerdo con las reivindicaciones del portavoz pero ha acotado con mucha mayor claridad que él que el rol de los republicanos debía circunscribirse a Catalunya. En un artículo de opinión publicado el mes pasado en El Periódico, Tardà abrazaba expresamente la idea de una coalición con los Comuns y la CUP “tanto para las elecciones generales de 2027 como para las del Parlament del año siguiente”, y se limitaba a asegurar que ese pacto podría tener un “efecto espejo” para que “en el resto del Estado también se conformara un Frente de Izquierdas español”.

ERC también rechaza esa vía

En cualquier caso, la cúpula de ERC insiste en lo que llevan meses planteando tanto en público como en privado: que el partido no tiene ninguna intención de explorar un frente amplio, ni dentro de Catalunya ni mucho menos fuera. ERC, afirman fuentes de la dirección, ya tiene por sí sola vocación de ser un frente amplio e inclusivo, y no renuncia “a integrar, incorporar e incluir a quien quiera venir”, en palabras de un dirigente. Traducido: la formación únicamente se plantea acuerdos para absorber otras formaciones dentro de las listas de ERC, al estilo de lo que han hecho en otras elecciones con pequeños partidos como Comunistes. Ese formato es completamente inasumible para los Comuns y la CUP.

De fondo, además, subyace una diferencia de concepción entre los partidarios del frente amplio y sus detractores sobre qué es y qué debe ser ERC. Rufián y los suyos han llamado a un acuerdo entre las formaciones de izquierda alternativa, y el propio Tardà, la voz con mayor poso de esa corriente dentro de la formación republicana, ha propuesto expresamente reunir en una sola candidatura “a toda la izquierda situada más allá del PSC”. Pero el sector de ERC que ahora mismo lidera el partido considera que no es ni debe ser una formación a la izquierda del PSOE —un espacio que creen mucho menos fértil—, sino una organización que ocupe en el campo independentista las posiciones socialdemócratas que, entre las formaciones no independentistas, representa el PSC.

La dirección de ERC, además, tampoco tiene intención de satisfacer la otra exigencia de Rufián: la de tener mando en plaza para definir las posiciones del partido en Madrid y para elegir a los integrantes de la lista republicana a las elecciones generales. Pese al mal ambiente que existe en el grupo parlamentario de ERC en el Congreso, con varios diputados enfrentados al portavoz, fuentes de la cúpula republicana recuerdan que las listas en el partido se escogen a través de las asambleas de la formación y con el beneplácito de la cúpula. La opinión de Rufián será una de las que se escuchen en estas negociaciones internas, aseguran estas fuentes, pero en ningún caso se le permitirá diseñar la candidatura.

El diputado de Comuns-Sumar Félix Alonso ha argumentado ante el Tribunal Supremo que las contrataciones que efectuó durante su mandato como alcalde de Altafulla (Tarragona) y que están bajo investigación “respondieron exclusivamente a criterios de especialización técnica” y no a “consideraciones de naturaleza política o partidista”, según fuentes de la defensa.

Alonso ha declarado este lunes en el Tribunal Supremo durante alrededor de 40 minutos ante el juez Vicente Magro en la causa en la que se le investiga por un posible delito de prevaricación en relación con la adjudicación de contratos a varias empresas cuando era alcalde de Altafulla entre 2011 a 2019, informa EFE.

Los hechos por los que está citado se enmarcan en la contratación llevada a cabo por el Ayuntamiento de Altafulla, del que era alcalde Alonso, con las empresas Milá Advocats SLP y Sinergia Dret i Medi Ambient SLP entre 2011 a 2019, con las que habría mantenido distintas relaciones sin sujetarse a la normativa debida.

Ante el Supremo, Alonso ha argumentado que existen informes técnicos “contradictorios” que, por un lado, avalan la forma de contratación empleada en estos años y por otro lado “plantean reservas” sobre la conveniencia de recurrir a mecanismos de concurrencia pública, según las mencionadas fuentes.

El Supremo investiga la utilización de contratos menores, “con lo que eludía los requisitos de publicidad, y permitía la adjudicación directa y posibilitaba una elección arbitraria del adjudicatario” en lugar de acudir al procedimiento correspondiente; o si a veces no acudía “a procedimiento alguno”.

Las fuentes sostienen que incluso si se considerara incorrecta la fórmula de contratación, se trataría en el peor de los casos de una eventual cuestión administrativa en el ámbito de la contratación pública, en la que nunca concurrirían los elementos típicos exigidos por el derecho penal.

Además de Alonso, este lunes han comparecido otros doce testigos, entre ellos el exconseller y actual diputado autonómico de ERC Joan Ignasi Elena, el excoordinador de la extinta Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) Joan Herrera o el exdiputado catalán y exconseller de Medio Ambiente Salvador Milà, varios agentes de los Mossos d'Esquadra y trabajadores de la Oficina Antifraude de Catalunya.

Según han explicado fuentes jurídicas, queda pendiente la declaración de una funcionaria de Antifraude, que hoy no ha podido declarar y que lo hará el próximo 1 de julio.

Ante el juez, Alonso ha explicado que el Ayuntamiento de Altafulla contaba con personal escaso y que, ante esta situación, decidió contratar los servicios del despacho de Milà, que llevaba más de 50 años prestando asesoría jurídica a entes municipales de todo signo político.

Este extremo ha sido corroborado ante Vicente Magro por parte de la interventora municipal, que ha declarado que esta falta de personal generaba problemas en el ayuntamiento, que tenía la contratación “manga por hombro”, según las mencionadas fuentes.

El consistorio cambió de prestador de servicios posteriormente, optando por Sinergia, la sociedad creada por Herrera y Elena, después de que Milà abandonase su despacho para ocupar un cargo en el Área Metropolitana de Barcelona.

Ante la imposibilidad de contratar más personal debido a las restricciones impuestas por la ley Montoro, el ayuntamiento que dirigía Alonso Cantorné optó por hacer un contrato menor para estos servicios: “No necesitaba un servicio recurrente, sino un funcionario que no tenía y que la ley impedía contratar”, agregan fuentes de la defensa.

Está previsto que la defensa de Alonso solicite dos diligencias para acreditar el tamaño de la plantilla del Ayuntamiento de Altafulla en el momento de los hechos investigados, para posteriormente pedir el archivo de la causa. “Ni siquiera está claro que sea una irregularidad administrativa”, sostienen fuentes de la defensa.

La coalición de Gobierno vive estos días instalada en un déjà vu. Prácticamente un año después de que estallara el caso Cerdán, que sacudió los cimientos del PSOE, la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la entrada de la UCO en la sede de Ferraz para pedir documentación han vuelto a poner patas arriba el tablero político y también la relación entre los socialistas y Sumar en el seno del Ejecutivo. La coalición que lidera Yolanda Díaz no se ha planteado en ningún momento romper con el PSOE y salir del Consejo de Ministros. Pero, tras una primera reacción dubitativa y en mitad de algunas diferencias internas, ha elevado el tono para exigir a La Moncloa que reaccione ante una crisis que amenaza con volar la legislatura.

La coalición de Yolanda Díaz se está viendo obligada a hacer un complicado encaje de bolillos para distanciarse de los casos de supuesta corrupción mientras, a la vez, ofrece argumentos para mantenerse dentro del Gobierno. Sumar insiste en que el Ejecutivo está siendo objeto de una campaña judicial, mediática y política desde el inicio de la legislatura para hacerlo caer, pero a la vez exige al PSOE que dé explicaciones por dos casos, el de Zapatero y el de Leire Díez, que sí consideran preocupantes. Y, desde que la semana pasada se conoció la imputación del expresidente, el malestar de Sumar con el PSOE ha ido en aumento.

La formación que lidera Yolanda Díaz entiende que los socialistas están optando por no dar explicaciones, y que eso únicamente agrava los serios problemas a los que se enfrenta la coalición en su conjunto. Y a todas las organizaciones que componen Sumar les enfadó, especialmente, la rueda de prensa que ofreció el presidente Pedro Sánchez en Roma el miércoles, en la que incluso bromeó con su decisión de no adelantar las elecciones en una alusión velada al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que así lo pidió el miércoles.

Ese malestar se tradujo durante el jueves en una negociación interna en el seno del Gobierno que, junto a la presión ejercida por socios como Podemos, ERC, BNG o Compromís, ha forzado —según admiten fuentes de La Moncloa— a Sánchez a cambiar de planes y a solicitar una comparecencia a petición propia en el Congreso para debatir sobre los procedimientos judiciales que afectan al PSOE. Pero algunos sectores de Sumar también consideran que su propia formación tiene que “tomar posiciones” más firmes, se muestran críticos con su reacción y llaman a actuar de forma más “drástica” que hasta ahora ante la crisis.

El jueves pasado, el grupo parlamentario de la alianza celebró una reunión en la que, según reconocen algunos dirigentes, se evidenciaron las diferencias que existen en el seno de la coalición sobre cómo abordar la crisis. Algunos sectores abren incluso la puerta a valorar la posibilidad de retirar el apoyo parlamentario al PSOE si, en las próximas semanas, no ofrece respuestas satisfactorias sobre Zapatero y la trama de Leire Díez. Hoy por hoy, ese escenario aún no se contempla.

Otras voces consideran que la mejor forma de apartar el foco de la corrupción y, a la vez, de que a Sumar no le salpiquen los problemas de su socio es intentar forzarle a que desbloquee algunas de las medidas sociales que llevan tiempo en el congelador, especialmente en materia de vivienda.

El futuro de Sumar no se define

La profunda crisis abierta en los últimos días ha pillado a Sumar, además, en mitad de un proceso de reconstrucción que no termina de marchar con la velocidad que a algunos de los sectores de la alianza les gustaría. Este sábado, IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los Comuns —agrupados bajo el lema provisional de “Un paso al frente”— han celebrado un nuevo acto en Barcelona, tras los ya organizados en los últimos meses en Madrid y Sevilla, con la intención de seguir preparando el terreno para el relanzamiento de su alianza. Pero en ese mitin no se han despejado ninguna de las dos grandes incógnitas en la izquierda alternativa de cara a las próximas elecciones generales: la marca con la que se presentará y, sobre todo, quién será su candidato.

El asunto del liderazgo es el más acuciante, y algunos de los principales dirigentes de la alianza aún conocida con el nombre de Sumar ya han hecho público el debate que, desde hace semanas, también existe en privado entre las organizaciones: la necesidad de acelerar los tiempos, especialmente ahora que la legislatura está en el alambre. La que más claramente lo ha verbalizado es la líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández, que tras el mal resultado obtenido por la coalición Por Andalucía en los comicios autonómicos de hace un par de semanas aseguró que “acelerar” es “urgente” y pidió presteza para definir “cuál va a ser la persona” que va a liderar el espacio.

El problema, no obstante, no es que haya diferencias entre los partidos sobre cuándo tiene que lanzarse al nuevo candidato, sino que no existe un aspirante claro para ocupar ese puesto. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, el favorito de los cuatro partidos, rechaza asumir el rol de líder, pero otras de las principales figuras del espacio tampoco parecen estar por la labor o no convencen a una o varias de las patas de la coalición. Y, aunque Sánchez insiste en que su intención es agotar la legislatura y en que no va a adelantar las elecciones, el tiempo corre.

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, cerró la semana pasado un pacto de presupuestos con el PSC, los primeros que aprobará Salvador Illa. Pero de eso ya parece que hace un siglo, pues desde entonces el PSOE y sus socios han vivido el movimiento sísmico de la investigación judicial contra José Luís Rodríguez Zapatero y el avance de la causa sobre Leire Díez.

Ante tales sacudidas, los Comuns recetan cautela y resaltan sus dos líneas rojas: solo se mantendrán en el Gobierno si no se demuestra financiación irregular ni tampoco que Sánchez estuviera al tanto de lo que hacía “Ábalos, Cerdán o Leire”. A la vez, apremian a Gabriel Rufián a aclarar qué quiere hacer en unas eventuales elecciones generales.

El protagonista de la semana ha sido el expresidente Zapatero. ¿Usted se lo cree cuando dice que no ha hecho nada ilegal?

Ni me lo creo ni dejo de creérmelo. Lo que sí tengo clarísimo es que el PSOE no ha dado todas las explicaciones que hacen falta. Sánchez se quedó muy corto. Tenemos que esperar a que la Justicia haga su camino, porque hay mucho de lawfare, pero no todo es lawfare. Lo hemos sufrido en el Ayuntamiento de Barcelona, en el mundo independentista, en el caso de Mònica Oltra, en el caso del fiscal general del Estado.

Por supuesto que hay una conspiración para intentar tumbar al Gobierno desde el primer día. Pero también hemos ido leyendo informaciones sobre el caso de Zapatero que puede que no sean ilegales, pero que tampoco son éticas ni estéticas. La izquierda no nos lo podemos permitir. El mínimo exigible para todos los partidos progresistas es ser ejemplares y tender hacia la corrupción cero.

La Audiencia Nacional sospecha que el PSOE pagó a Leire Díez para maniobrar contra fiscales y policías. Sánchez ha dicho que si hay algo irregular, se actuará. ¿Qué debería hacer el PSOE o qué debería decir?

Necesitamos de una vez por todas la Oficina Anticorrupción a nivel estatal y una regulación sobre los lobbies y sobre qué puede hacer un expresidente. La línea entre el lobbismo y el tráfico de influencias es muy fina. ¿Un expresidente puede ser lobbista? Yo tengo mis dudas. Sánchez tiene que pensar cómo hacer limpieza. El PSOE es un partido en transición: entre todos lo hemos empujado hacia el reconocimiento del catalán, la plurinacionalidad o la ley de amnistía. Se están tocando teclas que cuestionan el régimen anterior, pero estamos viendo cosas como el caso Koldo, Ábalos o Santos Cerdán, que nos recuerdan demasiado a las inercias del pasado.

Ustedes son socios de gobierno con el PSOE. ¿Su listón para salir de este Gobierno, llegado el caso, sería que se demostrase que ha habido financiación irregular del PSOE?

Las líneas rojas serían dos: financiación ilegal del PSOE y que Pedro Sánchez estuviera al tanto de lo que ha podido hacer Ábalos, Santos Cerdán o Leire. Podríamos hablar de una conspiración con nombres y apellidos, como Aznar, Feijóo o Abascal. Pero tengamos claro que esta gente no viene a hacer nada contra la corrupción, lo que quiere es un quítate tú para ponerme yo. La gente de la Gürtel, de la Púnica o de la Kitchen no nos puede venir a dar lecciones sobre salud democrática, y menos cuando van del brazo de la extrema derecha.

¿Cree usted que la legislatura se ha agotado y es momento de empezar a pensar en unas elecciones?

Las elecciones no las puede convocar Aznar ni esa internacional reaccionaria que tuvo encuentros en la embajada de los Estados Unidos con Feijóo, Abascal y Ayuso. Si tiene sentido que la legislatura continúe, es para seguir avanzando. No tiene sentido que el Gobierno vaya arrastrando los pies. Tenemos [pendiente] la ley mordaza, la prórroga automática de alquileres o el registro horario. Lo que tienen que hacer es que esta legislatura valga la pena para la gente.

Ya antes de todos estos episodios le costaba mucho al Gobierno poder aprobar sus propuestas. No sé si está pidiendo también a los socios que ayuden un poco más para que el Gobierno pueda gobernar.

En los temas donde el Partido Socialista pensaba que España tenía que avanzar, se ponía a negociar. Y en aquellos temas que no consideraba prioritarios, como la prórroga automática de alquileres o el tope del 2% al incremento anual de alquileres, al PSOE ni lo hemos visto. Es importante que el PSOE baje del pedestal, que piense en este año de legislatura que queda, más allá de que la justicia vaya haciendo su camino tenemos que hacer que el Gobierno pueda seguir avanzando. A estas horas nadie espera que España tenga presupuestos. Ahora, también sabemos que el Gobierno puede hacer muchas cosas sin presupuestos.

Es muy importante que Gabriel Rufián acabe de decidir qué es lo que quiere hacer. No es el momento de ir generando expectativas, sino que es el momento de la claridad

La exalcaldesa Ada Colau ha sido una de las más entusiastas en la defensa de la propuesta de Gabriel Rufián para las izquierdas. ¿A usted le gustaría compartir una lista con ERC en las generales?

Una cosa son los deseos y otra cosa es la realidad. Hemos escuchado a Esquerra decir que este no es su proyecto. Sí es muy importante que Gabriel Rufián, al que hemos escuchado hablar en una línea diferente a la de su partido, acabe de decidir qué es lo que quiere hacer. La propuesta de ERC es que sea el cabeza de lista de las elecciones generales por Catalunya bajo sus siglas. Pero, ¿qué es lo que quiere hacer Gabriel? Tiene en redes un altavoz muy importante, pero tiene que acabar de decidir, porque hay gente que se está referenciando en él y que llegado el caso puede encontrarse con una gran decepción. No es el momento de ir generando expectativas, sino que es el momento de la claridad y que Rufián diga adelante o atrás.

¿A los Comuns les gustaría hacer una lista conjunta con Esquerra?

Cuando se trata de impulsar las transformaciones que necesita nuestro país y de parar a la derecha y a la extrema derecha aquí no sobra nadie. En 2023, mucha gente ya daba por perdida la posibilidad de tener un Gobierno de coalición progresista y creamos una herramienta que lo hizo posible. Ahora estamos en un contexto mucho más duro, con una internacional reaccionaria sin filtros y desacomplejada, y las encuestas no son una fuente de esperanza: la esperanza la tenemos que trabajar nosotros y nos necesitamos todas. Puede haber muchas maneras de colaborar, pactos preelectorales, programáticos, postelectorales… tenemos que encontrar la fórmula. Estamos hablando con Más Madrid, con Izquierda Unida, con Movimiento Sumar, con Podemos, con Compromís, con la Chunta Aragonesista o con Més. Y evidentemente queremos hablar también con Esquerra Republicana.

Usted pidió una reunión la semana pasada con Gabriel Rufián y todavía no ha tenido respuesta de ella. ¿No le parece que eso es despectivo hacia su formación?

Quiero ser muy prudente. Cuando queremos que las cosas salgan bien se necesita una cierta discreción. Lo que sí le puedo decir es que las coordinadoras de los Comuns, Candela López y Gemma Tarafa, están directamente implicadas y trabajando en la construcción de esta herramienta y están en contacto con Gabriel y con su entorno. Cuando tengamos novedades las comunicaremos.

Situémonos en Catalunya. Viendo los acuerdos tanto con los Comuns como con Esquerra, ¿estos presupuestos no habrían podido estar listos cuando tocaba hace medio año y no haber esperado ahora y, por tanto, no tenerlos vigentes solo medio año?

Claro que podríamos haber tenido unos presupuestos hace tres meses. Nosotros hicimos el trabajo y llegamos a un acuerdo, pero el Govern y ERC no. Tampoco me gusta hacer una política de reproches, creo que en el fair play. Lo más importante es que Catalunya tendrá presupuestos este año y no solo este año, sino que ya previendo que podríamos hablar de unos presupuestos de legislatura, ampliamos el acuerdo que habíamos firmado, pensando en que tienen que sernos útiles para 2027 y para 2028.

Han logrado la limitación de la compra especulativa de viviendas. ¿Cómo ha quedado finalmente esta medida y cómo está la tramitación?

El 60% de las compras que se hacen en el Estado se pagan al contado. ¿Quién puede pagar 400.000 o 500.000 euros de golpe? Evidentemente, no suelen ser familias trabajadoras. Detrás hay grandes rentistas, fondos buitre, especuladores. ¿Cómo actuar legislativamente sin que nos lo tumbe el Tribunal Constitucional? No prohibiendo la compra, sino regulando el uso de la vivienda, tirando de la declaración de zona tensionada.

En las zonas tensionadas solo podrás comprar para vivir, para un familiar cercano, o un edificio entero, pero ese edificio estará sujeto al tope de alquiler y destinado a familias de manera permanente. No estamos prohibiendo la compra, sino el uso especulativo. Registramos una proposición de ley y creamos un grupo de trabajo con el Govern, pero no tenemos los votos suficientes. Queremos que sea una ley de país, y ahora vamos a una posición central que tiene que tener el Sindicat de Llogateres, y evidentemente también con la CUP y con ERC.

También han conseguido del Govern una Dirección General de Disciplina de la Vivienda. Entiendo que es para sancionar el fraude del alquiler, pero ¿cómo funcionaría?

Vemos una falta importante de voluntad política con las sanciones a quienes defraudan con la ley de la vivienda. Primero aprobamos el régimen sancionador, después acordamos con el Govern la contratación de 100 inspectores, 60 ya están trabajando y 40 en formación, pero las sanciones que está poniendo el Govern son anecdóticas: pocas y muy bajas. Las muy graves pueden ir de 90.000 a 900.000 euros, y en cambio están poniendo sanciones de 3.000, 4.000 o 5.000 euros.

¿Y qué les explican cuando hacen esa pregunta a sus socios? ¿Qué les dicen?

Siempre están trabajando, siempre lo están mirando, siempre lo están estudiando. Se acabó. Pactaron el régimen sancionador, pactaron el cuerpo de inspectores, ahora necesitamos voluntad y visión política. Es mucho más importante sancionar a un fondo buitre que a un señor que tiene un piso y que se está saltando la ley porque no pone toda la información en un anuncio. Necesitamos sanciones ejemplarizantes para demostrar que especular no es rentable.

La persona que esté al frente de la Dirección General tiene que ser un nombre pactado entre Govern y Comuns. No es que nosotros entremos en el Govern: necesitamos a alguien que por trayectoria, por formación, por experiencia sepa hacia dónde tenemos que ir, porque la conclusión es que no están haciendo todo lo que deberían hacer.

Algún nombre tendrán en mente, ¿no?

Tenemos unos cuantos nombres, pero, como digo, al final el nombre no lo impondremos ni ellos ni nosotros, tiene que ser una persona de consenso. Todavía no está decidido y no quemaremos los nombres de personas que podrían ser. Para nosotros es importante la mirada política: las sanciones no pueden ser anecdóticas, hay que ir a por lo gordo, que son los que nos están echando de nuestros barrios.

Es mucho más importante sancionar a un fondo buitre que a un señor que tiene un piso y que se está saltando la ley porque no pone toda la información en un anuncio. Necesitamos sanciones ejemplarizantes para demostrar que especular no es rentable

El Govern ha pactado con ERC la línea orbital ferroviaria. Ustedes le pedían la retirada de la R-Aeropuerto, pero finalmente han dicho que mantienen de momento. ¿Qué piensan de la orbital?

La crisis de Rodalies de principios de año me recuerda a la que tenemos ahora con Educación: son problemas que llevamos arrastrando desde hace muchos años. El problema de Rodalies no es responsabilidad del Govern del PSC, pero si la crisis estalla ahora, tú la tienes que saber gestionar. Tuvimos una crisis de infrafinanciación y una crisis de autoridad del Govern: tuvo que venir el Secretario de Estado de Infraestructuras para plantarse ante Renfe porque aquí nadie tenía autoridad suficiente.

La R-Aeropuerto no puede ser un tren exclusivamente para turistas: tiene que entrar en la lógica de Rodalies. Hemos pactado que en 2027 empezará, pero con estudios para reconvertirse en 2030 en Rodalies. En cuanto a la orbital ferroviaria, es necesario conectar el Maresme con Vilafranca del Penedès sin pasar siempre por Barcelona. Los esfuerzos en estos presupuestos los hemos puesto en 21 millones para una red de autobuses alternativos hasta que Rodalies funcione.

¿Quién cree que tiene la culpa de que no se resuelva el conflicto laboral del Govern con los docentes [la entrevista se realizó el jueves, un día antes del preacuerdo con los sindicatos]?

Teníamos los profesionales peor pagados de todo el Estado y el complemento específico no se había actualizado en 25 años, fruto de los recortes de Convergència. La situación que tenemos ahora no es fruto del presente sino del pasado. Ahora bien, cómo se resuelve esta crisis sí es responsabilidad del Govern: no se puede empezar en septiembre un nuevo curso sin resolver este conflicto.

Los maestros no piden privilegios; piden poder hacer bien su trabajo. Sin más herramientas, ni el mejor docente del mundo puede con niños que duermen con los zapatos puestos por poder ser desahuciados o con niños en procesos migratorios que quizás no conocen la lengua. Estamos en un punto de inflexión: podemos seguir poniendo parches o plantearnos que tenemos un problema grave social y educativo. Cuando todos los indicadores dicen que vamos por el mal camino, no tiene sentido enchufar unos cuantos millones más y seguir como si no pasara nada.

¿El Govern se equivocó cuando pactó con los sindicatos educativos minoritarios fuera de la mesa de negociación de los profesores?

No confrontaré acuerdos ni sindicatos. El mejor favor que le podemos hacer a la educación de nuestro país es pensar que tenemos que ir todas a una. Los nuevos acuerdos, que son necesarios, no enmiendan los anteriores. Menos reproches y más pensar qué necesitan nuestros hijos, nuestros jóvenes y nuestro país.

Tienen el compromiso del Govern de que no volverá a haber infiltraciones policiales sin autorización judicial. ¿Cómo queda este asunto en la letra pequeña?

El PSC cada vez que se sale del acuerdo de investidura o de los presupuestos se equivoca. Lo vimos con las bajas laborales, en la gestión de Rodalies y en el conflicto con los docentes. Las movilizaciones no se tienen que ver como algo a contener, sino como un mensaje de “no podemos más”. Lo que no debía haber hecho el Govern bajo ningún concepto es espiar a los docentes. Es un error de campeonato. Pactamos con el Govern que esto nunca más puede volver a pasar, ni en el ámbito de la educación ni en otros ámbitos con asociaciones, entidades o sociedad civil organizada. A partir de ahora, las infiltraciones en ciertos colectivos solo podrán ser con orden judicial y en casos de extrema necesidad por cuestiones de seguridad.

La consellera dijo que las infiltraciones habían sido una decisión operativa, y que la parte política no había tenido nada que ver. ¿Por qué pidieron la dimisión de Trapero, que es el responsable político?

Pedimos la dimisión de Trapero porque pensamos que por su trayectoria él conocía perfectamente cuáles eran las inercias. Nos costaba mucho entender y creer que él no conociera las inercias y las dinámicas de la comisaría general de información, que es desde donde se trabajaron estas infiltraciones. Era extraño que él no lo supiera.

¿No se creyeron a la consellera cuando dijo que él no sabía nada?

Yo me creo que la consellera no supiera nada. No sé si en este punto concreto Trapero lo sabía. Ahora, Trapero sabe perfectamente cómo funciona, y porque además pensamos que esto no viene de ahora, sino que esto se ha hecho otras veces. Lo que pasa es que no nos hemos enterado.

Vea la entrevista íntegra.

Reivindicación y deberes. Los partidos que conforman la coalición Sumar se han conjurado como “la izquierda limpia y valiente” ante el goteo de casos de corrupción que han impactado en el PSOE, y han reclamado a su socio mayoritario de Ejecutivo “ejemplaridad y transparencia” y un acelerón en la acción de Gobierno, con el foco en la vivienda.

Los socios de Sánchez en el Ejecutivo de coalición —Comuns, Más Madrid, IU y Movimiento Sumar— han celebrado este sábado un acto en Barcelona, con la participación de tres de sus ministros, tras las turbulencias que han generado las investigaciones judiciales sobre el PSOE y la exigencia de Junts y el PNV al presidente para que convoque elecciones anticipadas.

“¿Cómo estáis de ánimos?”. Así ha arrancado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy su intervención, consciente de que no ha sido la mejor semana para el Gobierno. La dirigencia de los partidos a la izquierda del PSOE ha querido insuflar ánimos a la militancia, pero también elevar las exigencias a los socialistas.

Ninguno de los ministros de Sumar ha apuntado posibilidad alguna de salir del Ejecutivo, si bien sí han mantenido el tono duro contra el PSOE. Pese a que la minoría parlamentaria del Ejecutivo se ha constatado de nuevo, los dirigentes progresistas han redoblado las peticiones al PSOE para aprobar más medidas de izquierdas.

“Por supuesto que hay una operación para derribar a este Gobierno, pero esto no es excusa para determinados comportamientos”, ha aseverado Bustinduy, que ha reclamado al PSOE “ejemplaridad y transparencia” sobre las causas judiciales que acumula el partido y “vivienda, vivienda y vivienda” como prioridad del Ejecutivo.

En este sentido, Bustinduy ha anunciado que Sumar volverá a llevar al Congreso “cuanto antes” el decreto de los alquileres que PP, Vox y Junts tumbaron en el Congreso. “No vamos a parar, no vamos a parar hasta que se prorroguen los alquileres y echemos a los rentistas y especuladores”, ha enfatizado la ministra de Sanidad, Mónica García.

A juicio de García, las políticas progresistas “de las que presume el PSOE” son producto de las iniciativas impulsadas por los partidos de Sumar. “La mayoría de las medidas de progreso las hemos hecho nosotros”, ha insistido el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

El dirigente de los Comuns ha pedido a Sánchez “responsabilidades y dar la cara”. “Ferraz [la sede del PSOE] no puede seguir siendo un lastre para la mayoría progresista de este país”, ha remarcado Urtasun.

“Un Gobierno contesta a una operación de derribo con leyes y medidas”, ha agregado el coordinador general de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, en la intervención que ha cosechado más aplausos de los 350 asistentes al acto.

Maíllo ha sido el único orador que ha citado explícitamente algunos de los casos de corrupción que sobrevuelan a exdirigentes socialistas: “Las explicaciones sobre por qué el PSOE ha tenido dos secretarios de organización absolutametne desaconsejables o por qué un expresidente que puede vivir muy bien con su pensión se dedica a yo qué se qué son lo único que nos permitirá salir adelante”.

“Esta no es nuestra mochila”, ha manifestado la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, para marcar distancias con los socialistas. “La corrupción 0 existe, pero para que exista tienes que tener la casa muy limpia y saber para qué has venido”, ha ahondado, para a renglón seguido apostillar: “El PSOE tiene que hacérselo mirar y cuidar al Gobierno”.

“¿Dónde estaba el PSOE cuando freían a querellas a Barcelona en Comú, Podemos y los independentistas?”, ha incidido el diputado de los Comuns en el Congreso y candidato a la alcaldía de Barcelona, Gerardo Pisarello. “No lo preguntamos desde el revanchismo, sino desde la autoridad que nos da haber demostrado que se puede gobernar sin casos de corrupción”, ha añadido.

Pese a las exigencias de Sumar, las explicaciones de Sánchez no serán inmediatas. Su intervención en el Congreso todavía no tiene fecha, pero será después del Consejo Europeo del 19 de junio. Mientras el PSOE se abona a la teoría de un campaña orquestada ante el aluvión de causas judiciales, el calendario no da tregua: el expresidente Zapatero comparecerá como investigado el 17 de junio.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, y la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, han sellado este jueves el acuerdo de los presupuestos en el Palau de la Generalitat. Govern y Comuns renuevan así el pacto alcanzado hace dos meses, ahora con 2.500 millones para vivienda, una nueva ley para convertir oficinas vacías en Vivienda de Protección Oficial (VPO) y una dirección general de disciplina de vivienda. El texto acuerda mantener la doble convocatoria del Plan de Barrios -40 barrios y 400 millones- en 2027 y 2028. Se encarga también un estudio para que la línea R-Aeroport sea una prolongación del R4 antes de 2030. Tras pactar con ERC y Comuns, el Govern prevé aprobar las cuentas el viernes y llevarlas al Parlament.

El acuerdo plantea destinar 2.500 millones de euros a políticas de vivienda en esta legislatura: 1.500 millones en recursos propios y 1.000 millones del Institut Català de Finances (ICF).

Ley para convertir oficinas en VPO

Se recoge la voluntad de “trabajar conjuntamente” en una proposición de ley para incrementar el parque de vivienda protegida, incorporando la reconversión de oficinas y locales comerciales en VPO.

Al calendario para aprobar la prohibición de la compra especulativa antes del verano, se le suma una nueva ley para reconvertir oficinas vacías en vivienda protegida. Albiach ha aspirado a que esta ley comience a funcionar antes de acabar el año, en entrevista este mismo jueves en TV3.

Albiach ha asegurado que a partir de la próxima semana comenzarán las conversaciones con ERC y la CUP para contar con su apoyo para prohibir la compra especulativa.

Pobreza energética

Con este acuerdo, el Govern se compromete a impulsar el Fondo de Atención Solidaria antes del verano. Este fondo debe servir para rescatar a las familias en situación de pobreza energética y para dar respuesta a la finalización del convenio con las empresas eléctricas que servirá para condonar la deuda acumulada de las familias en situación de vulnerabilidad. Este convenio finalizó el 31 de diciembre de 2025. El presupuesto inicial es de 3 millones de euros para 2026 y 10 millones para 2027.

R-Aeropuerto y Terras de l'Ebre

Se encarga un estudio para incorporar al Pla de Govern la transformación, en una segunda fase antes de 2030, del servicio previsto Sant Andreu-Aeropuerto hacia un recorrido ampliado que sea operado por Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Así, analizar la definición de una R4 Norte entre el Aeropuerto y Terrassa o Manresa y la posibilidad de una R4 Sur. También se pacta valorar el adelanto del estudio de vialidad el tren-tramo de Terres de l'Ebre para finalizar el 2028.

Salud sexual y violencias machistas

Además, se acuerda elaborar un plan para incrementar el número de matronas y para mantener las que se forman en Catalunya, para asegurar la mejora de la atención de los centros de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva en toda Catalunya, garantizando también la asistencia ginecológica.

El documento también recoge la creación antes de terminar el primer semestre de 2027 de la Comisaria General de Prevención y Denuncia de las Violencias machistas, reforzando y ampliando los Grupos de Atención a la Víctima de los Mossos d'Esquadra, así como las unidades de investigación de los delitos vinculados con las violencias machistas.

Cuentas en julio

La actualización del pacto con los Comuns también contempla actuaciones territoriales. En una entrevista en Catalunya Ràdio, la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha defendido este jueves que los pactos cerrados esta semana con ERC y Comuns hacen “mejores” los presupuestos respecto a los presentados hace dos meses. La consellera ha asegurado que el Govern tiene “la maquinaria lista” para iniciar la tramitación de las cuentas y calcula que podrán ser aprobadas durante la primera quincena de julio.

La presidenta del grupo de Comuns en el Parlamento catalán, Jéssica Albiach, ha solicitado una reunión “urgente” con Gabriel Rufián, para que el portavoz de ERC en el Congreso aclare cuál es su propuesta para las próximas elecciones generales.

Los partidos de izquierdas, incluida ERC, han reaccionado este jueves a las palabras de Rufián de este miércoles. El jefe de filas de ERC en las Cortes redobló su apuesta por la unidad electoral de las fuerzas progresistas, que ha incomodado a su partido, y aseguró que aceptaría ser cabeza de lista en unas elecciones generales si eso “ayudara a que haya colaboración o un espacio de unión” en la izquierda.

El secretario general adjunto de ERC, Oriol López, ha insistido este jueves en recordar que su partido ya es un “frente amplio”, y ha asegurado que mantienen la apuesta por Rufián como candidato en las próximas elecciones generales. Este miércoles Rufián desveló que ha puesto “condiciones” a Esquerra para repetir como candidato.

En una entrevista en La 2Cat, López ha relativizado las palabras de su líder en el Congreso y ha asegurado que no dejará el partido: “ERC liderará en Catalunya, con Gabriel Rufián, un proyecto que puede ser mucho más amplio”.

López ha afirmado que la dirección del partido y Rufián están “muy cerca” sobre la fórmula para presentarse a las elecciones, sin aportar más detalles.

Por su lado, los Comuns han reclamado aclaraciones a la propuesta del portavoz de ERC. En declaraciones a TV3, Albiach ha dicho desconocer si Rufián “se ha emancipado de ERC” o si es el partido republicano el que ha acabado aceptando la propuesta de su líder en el Congreso.

Se ha preguntado si Rufián está negociando con la dirección de ERC la configuración de la candidatura del partido a las próximas generales o si quiere construir una “alternativa estatal” en la que concurran diversas formaciones. “Ayer dio un paso que hasta ahora no había dado ni en público ni en privado”, ha afirmado Albiach.

Para Albiach, la mejor solución es “estar todos, cuantos más mejor” en una misma candidatura, aunque también ha dicho que se deben “respetar los procedimientos” de todas las formaciones.

A favor de la unidad de la izquierda se ha mostrado el portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, que “por supuestísimo” se ha mostrado dispuesto a negociar sobre la propuesta de Rufián.

En una entrevista en TVE, Santiago ha señalado que su formación está “deseando” que alguien les explique la propuesta porque lo han pedido “en varias ocasiones” y todavía no han tenido “la suerte” de que se les detalle.

En todo caso, ha precisado que en IU creen que los “hiperliderazgos individuales, los egos desmesurados, han sido un problema en la política de la izquierda en los últimos años” y que son partidarios de un “proyecto de izquierda federal con un proyecto de país integral” y “que no anteponga la prioridad regional”.

El Govern ha alcanzado un acuerdo presupuestario con Comuns y ya tiene los apoyos necesarios para poder aprobar las cuentas de la Generalitat de Catalunya para este año, después de haber atado también el 'sí' de ERC.

El president catalán, Salvador Illa, y la líder de Comuns en el Parlamento de Cataluña, Jéssica Albiach, protagonizarán este jueves, a las 11:30 horas, el acto de firma de su acuerdo presupuestario en el Palau de la Generalitat, según han informado en un comunicado.

Será un acto breve, en la Galería Gótica del Palau, precedido de una reunión protocolaria entre Illa y Albiach, una liturgia que ya cumplieron el pasado martes el presidente de la Generalitat y el líder de ERC, Oriol Junqueras, al rubricar su acuerdo.

A continuación, a las 11:45 horas, comparecerá en rueda de prensa, desde el Palau de la Generalitat, la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, para explicar los detalles del acuerdo y posteriormente, a las 12:20 horas, será Albiach quien comparezca ante los medios desde la sede de Comuns en Barcelona.

Con los votos a favor de ERC y Comuns asegurados, el Govern podría aprobar este viernes el proyecto de presupuestos, para trasladarlo inmediatamente al Parlament para que inicie cuanto antes su tramitación, con el fin de poder aprobarlo definitivamente en julio.

Comuns, Movimiento Sumar, IU y Más Madrid llevarán a cabo un nuevo acto conjunto el 30 de mayo en Barcelona, tras los ya celebrados en Madrid, el 21 de febrero, y Sevilla, el 19 de abril. El acto, que nuevamente se hará bajo el lema 'Un paso al frente', tendrá lugar a las 11:30 horas en el edificio ONCE y en el mismo tomarán la palabra los ministros Ernest Urtasun, Pablo Bustinduy y Mónica García.

También hablarán los líderes de IU, Antonio Maíllo, y Movimiento Sumar, Lara Hernández, al tiempo que la bienvenida correrá a cargo del alcaldable de Barcelona En Comú en la capital catalana y secretario primero de la Mesa en el Congreso, Gerardo Pisarello.

Estas cuatro organizaciones ubicadas a la izquierda del PSOE se proponen “conformar una candidatura de izquierdas competitiva, unitaria y pluricional” que plantee “una propuesta sólida y amplia que ponga en el centro la vivienda, los salarios dignos, el coste de la vida, los servicios públicos, el feminismo y la transición ecológica”, subrayan fuentes de Comuns.

Esta alianza, que se muestra “abierta al conjunto de las izquierdas”, debe demostrarse capaz de “hacer frente al avance de la extrema derecha y de proteger y profundizar los avances del Gobierno de coalición”.

Las citadas fuentes reivindican que la ciudad de Barcelona, que bajo el gobierno de Ada Colau fue “pionera” al apostar por el urbanismo simbolizado por las llamadas supermanzanas, ha demostrado en las últimas semanas cómo la izquierda puede pasar “de las palabras a los hechos”, en alusión a la partida de la flotilla hacia Gaza desde la capital catalana.

“El acto del 30 de mayo quiere conectar con este espíritu, una izquierda que no se resigna, que tiene vocación y ambición, que demuestra que las políticas transformadoras se pueden hacer y que la resistencia democrática ante la extrema derecha se construye desde las propuestas y desde la solidaridad”, recalcan desde Comuns.

El anuncio de este acto se produce también el mismo día de que uno de los integrantes de la alianza, Más Madrid, haya rubricado la paz interna en el seno de la formación tras el acuerdo entre la ministra de Sanidad, Mónica García, que encabezará la lista del partido para las próximas elecciones autonómicas, y el portavoz adjunto en la Asamblea, Emilio Delgado, quien ostentará el tercer puesto.

Dicho pacto fija la mirada también en la política nacional y sitúa a tres nombres como “referentes” en una hipotética lista al Congreso. Se trata de la actual diputada en la Cámara Baja Tesh Sidi, el portavoz adjunto en el Ayuntamiento de Madrid, Eduardo Rubiño, y Emilio Delgado.

El Ejército israelí ha comenzado este lunes a interceptar los barcos de la Flotilla Global Sumud cuando se dirigían rumbo a la Franja de Gaza tras abandonar la costa en los límites del golfo de Antalia, según se puede ver en la retransmisión en directo de los propios barcos, donde se observa cómo los militares abordan varios de los buques.

La propia Flotilla denuncia en sus canales que “lanchas militares están interceptando” sus barcos “a plena luz del día”, a unas 80 millas naúticas al oeste de la isla de Chipre, según el localizador de barcos de la Flotilla.

Actualmente hay al menos 29 barcos interceptados, según el localizador de la flota que publican en la página web de la Flotilla.

“Este cerco militar marca el inicio de otra agresión ilegal en alta mar, cuatro días después de que 54 embarcaciones civiles zarparan de Marmaris para establecer un corredor humanitario y romper el asedio ilegal de Israel sobre Gaza”, informan en una nota en su canal de Telegram.

Y agregan que “al interceptar hoy la flotilla en un perímetro de 250 millas náuticas y dentro de la zona SAR de Chipre, el régimen israelí continúa demostrando un desprecio sistemático por el derecho marítimo internacional, la libertad de navegación en alta mar y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS)”.

La intercepción ilegal por parte de la Armada israelí en aguas bajo control chipriota ha sido denunciada también a través de su cuenta de Instagram por la concejal del municipio catalán de Montcada i Reixac, Laura Campos, quien ha explicado que han iniciado el “protocolo de intercepción” tras avistar los primeros buques israelíes. Campos viaja a bordo del barco Atlantic Blue, que es uno de la treintena que pertenecen a la Flotilla Global Sumud que no han sido por el momento abordados por Israel.

A continuación ha hecho un llamamiento a la movilización de la población: “Movilizaos, levantaos, salid a las calles y ayudadnos a denunciar este secuestro, este genocidio y esta complicidad de todo el mundo con el estado sionista y genocida de Israel”.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha denunciado que entre una y dos decenas de activistas españoles han sido retenidos por Israel después de que la flotilla con ayuda humanitaria para Gaza haya sido interceptada.

En rueda de prensa tras reunirse con su homólogo de Egipto, Badr Abdelaty, ha indicado que serían unos 45 los españoles que viajaban a bordo de las embarcaciones que integraban esta flotilla y que la Marina israelí ha interceptado este lunes en aguas internacionales próximas a Chipre.

Asimismo, ha informado que la encargada de negocios de Israel en España, Dana Ehrlich, ha sido convocada esta misma mañana en el Ministerio de Exteriores para trasladarle la “protesta formal y enérgica” por parte del Gobierno español por lo que ha calificado de “interceptación ilegal”.

Un diputado italiano, detenido por Israel

Dario Carotenuto, diputado del partido italiano Movimiento 5 Estrellas (M5S) y que se encuentra a bordo del barco Kasri Sadabat explicó en un vídeo: “Hemos visto buques de guerra y pequeñas embarcaciones rápidas israelíes y, justo después, hemos perdido la conexión a Internet de Starlink. Estamos intentando llegar a aguas territoriales turcas”.

“Mi llamamiento a las autoridades italianas e internacionales para que intervengan para liberar de inmediato a todas estas tripulaciones, formadas por activistas pacifistas que no harían daño ni a una mosca y que solo quieren el fin del genocidio en Palestina”, añadió. En un directo en Instagram se explicó que la flotilla ha enviado mensajes de alerta al Centro de Coordinación de Rescate de Chipre. Según la propia información de la Flotilla Global Sumud, el barco Kasri Sadabat fue interceptado por el Ejército israelí en aguas chipriotas pasadas las 10.00 horas (hora peninsular española).

El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha solicitado este lunes a las autoridades israelíes que garanticen “la seguridad de los activistas italianos a bordo de los barcos de la Flotilla”. Según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano, Tajani ha realizado gestiones diplomáticas ante el Gobierno israelí para exigir garantías sobre las condiciones y el trato que recibirán los activistas italianos en caso de ser detenidos por las Fuerzas de Defensa de Israel.

Asimismo, el jefe de la diplomacia italiana ha ordenado a la Unidad de Crisis de su ministerio y a las embajadas de Italia en Tel Aviv, Ankara y Nicosia que den “todos los pasos necesarios para proteger la seguridad de los italianos y asistirles en caso de desembarco”. Por su parte, el embajador italiano en Tel Aviv, Luca Ferrari, también se ha puesto en contacto con las autoridades israelíes para velar por la seguridad de sus compatriotas.

Esta flotilla inició su misión el pasado 15 de abril en Barcelona para llevar ayuda humanitaria a Gaza y romper el bloqueo naval decretado por Israel en 2007; sin embargo, el 30 de abril fue interceptada parcialmente por la Marina israelí en aguas internacionales al sur de Grecia.

Las fuerzas israelíes asaltaron y dejaron inutilizables 22 barcos antes de trasladar a unos 175 activistas a la isla griega de Creta, desde donde éstos volvieron a sus países de origen y, en algunos casos, denunciaron maltrato.

Israel advirtió este lunes que den marcha atrás al medio centenar de barcos de la Global Sumud Flotilla. “Israel no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legal sobre Gaza e insta a todos los participantes en esta provocación a que cambien de rumbo y den media vuelta inmediatamente”, reza un comunicado. 

Turquía condena el asalto israelí: “Piratería”

El Ministerio de Exteriores de Turquía ha condenado hoy el asalto de la Armada israelí a la Flotilla Global Sumud en aguas al oeste de Chipre, calificándolo de “piratería”. “Condenamos la intervención de las fuerzas israelíes en aguas internacionales contra la Flotilla Global Sumud que pretende llevar ayuda humanitaria a Gaza, intervención que representa un nuevo acto de piratería”, señala el comunicado turco.

Ankara exige a Israel “poner fin de inmediato a la intervención” y “liberar sin condiciones a los participantes de la flotilla interceptados”. “Estamos haciendo gestiones para que nuestros ciudadanos en la flotilla puedan volver a nuestro país de forma segura y hacemos un seguimiento estrecho en cooperación con otros países”, agrega la nota. El comunicado insta a la comunidad internacional a adoptar sin tardanza “una postura común y resuelta contra las acciones ilegales de Israel”.

Entre los 426 activistas de 39 países distintos a bordo de los 52 barcos actualmente en rumbo a Gaza hay también 96 ciudadanos turcos, según la agencia turca Anadolu.

Detenida la hermana de la presidenta irlandesa

Una portavoz de la Flotilla Global Sumud ha informado este lunes que la hermana de la presidenta de Irlanda, la izquierdista Catherine Connolly, figura entre los seis activistas de este país detenidos después de que el ejército israelí interceptara este lunes varios barcos cuando el convoy navegaba al suroeste de Chipre.

La fuente confirmó hoy al diario The Irish Times que Margaret Connolly, médica de profesión, y otros cinco compañeros han sido secuestrados, mientras que otros nueve están “navegando actualmente” y se encuentran “en riesgo inminente”.

“Así que 15 personas irlandesas —junto a cientos de otras personas— que navegaban de forma completamente legal en una misión humanitaria, han sido interceptadas y nuevamente maltratadas por Israel”, denunció la portavoz de la delegación irlandesa en la flotilla, Karen Moynihan. La propia Margaret y sus compañeros publicaron hoy vídeos grabados con antelación en previsión de una nueva acción del ejército israelí.

“Si estás viendo este video, significa que he sido secuestrada de mi barco en la flotilla por las fuerzas de ocupación israelíes, y ahora estoy siendo retenida ilegalmente en una prisión israelí”, dice en el clip la hermana de la jefa del Estado irlandés, elegida en este puesto principalmente representativo el pasado año.