El Parlament ha dado luz verde este jueves a los primeros presupuestos del Govern de Salvador Illa con el voto a favor de los diputados del PSC, ERC y Comuns. El resto de grupos han votado en contra. Son también las primeras cuentas que aprueba la cámara desde 2023, poniendo fin al período más largo en democracia sin nuevos presupuestos. Las cuentas de la Generalitat para 2026 ascienden a 49.162 millones de euros e incorporan las 25 enmiendas pactadas entre PSC, ERC y Comuns en comisión parlamentaria. Y políticamente, garantizan la continuidad del gobierno en minoría y suponen un balón de oxígeno para poder agotar la legislatura.

Los nuevos presupuestos contemplan un gasto público de 49.162 millones de euros y contemplan 893 millones a través de disposiciones adicionales para cumplir con ERC y los Comuns. Concretamente, 533 para los acuerdos con ERC y 360 para los pactos con los Comuns.

El presupuesto aumenta en 9.126 millones respecto a las cuentas de 2023. En cuanto a los departamentos, Salut es el que se lleva más recursos (13.840), seguido de Educación (8.356) y Derechos Sociales (4.248).

Durante el 2026, los ingresos no financieros se prevé alcanzar, según el presupuesto, los 48.231 millones de euros (+27,9%, unos 10.527 millones respecto a las últimas cuentas aprobadas). El grueso procede del modelo de financiación (32.894 millones), de la recaudación de los tributos propios y cedidos (6.481 millones) y de los recursos finalistas (7.886 millones).

El Govern ha calculado los presupuestos con un déficit del 0,1% del PIB, el equivalente a 329,6 millones de euros. Asimismo, Economia estima que la deuda de la Generalitat sobre el PIB se reducirá del 28,4% al 27,4%, llegando al 22,2% cuando se formalice la cancelación del FLA.

El período más largo sin presupuestos en democracia

La última vez que el Parlament aprobó presupuestos fue el 10 de marzo del 2023, tres años y casi cuatro meses después, la cámara ha vuelto a dar luz verde a unas cuentas que formalmente son para el 2026, pero todo apunta a que pueden ser para todo lo que queda de legislatura.

Hasta ahora el período más largo entre presupuestos era el intervalo entre las cuentas aprobadas en marzo del 2017, con Carles Puigdemont de president, y las de la pandemia de abril del 2020, con Quim Torra y tras la aplicación del 155.

¿Puede haber un vínculo político entre dos partidos distintos? Así lo sugieren los Mossos d'Esquadra en uno de los informes en los que se sustenta la causa que investiga los contratos a dedo que el Ayuntamiento de Altafulla (Tarragona), durante la etapa de Félix Alonso (Comuns) como alcalde, dio al despacho de Joan Ignasi Elena antes de que el político regresara a la primera en 2021 como conseller de ERC.

El caso de Altafulla se queda lejos de las grandes causas de corrupción que han protagonizado la crónica judicial catalana, aunque la conocen tres juzgados: el Tribunal Supremo, donde está aforado e investigado Alonso; el juzgado de El Vendrell donde se originó el caso y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), donde este lunes han declarado como investigados Elena (actual parlamentario de ERC) y el exlíder de ICV Joan Herrera, por unos contratos de hace casi una década.

Según fuentes jurídicas, Elena ha defendido la legalidad de sus contratos de consultoría con el Ayuntamiento de Altafulla y ha negado favores políticos del exalcalde, de Sumar, miembro de un partido rival a quien ha dicho que ni siquiera conocía.

La causa se centra la supuesta adjudicación irregular de contratos menores, sin publicidad y sin los informes preceptivos favorables, que el TSJC sospecha que el ayuntamiento adjudicó a dedo a la consultora de Elena y Herrera entre 2017 y 2019 por su “vinculación política estrecha” con el partido del alcalde.

En la etapa investigada, Herrera llevaba años apartado de la política y Elena, que fue conseller de Interior con Pere Aragonès entre 2021 y 2024, no ocupaba ningún cargo público, tras haber abandonado el PSC por desacuerdos con el proceso soberanista.

El exconseller de Interior ha respondido a todas las preguntas del juez y el fiscal y ha negado que conociera a Alonso, además de desmentir cualquier relación entre ERC y los Comuns, dos espacios que, ha recordado, nunca han compartido coaliciones políticas ni ningún tipo de acuerdo.

Alonso compareció como investigado ante el Supremo y aseguró que las contrataciones por valor de 30.000 euros que efectuó cuando era alcalde de Altafulla -entre 2011 y 2019- y que están bajo sospecha “respondieron exclusivamente a criterios de especialización técnica” y no a “consideraciones de naturaleza política o partidista”.

En la misma línea, Elena ha argumentado que el ayuntamiento recurrió a su consultora para llevar a cabo informes en materias urbanísticas a administrativas porque el personal técnico municipal era insuficiente.

En todo caso, el exconseller ha recalcado que los contratos siempre se ajustaron a la legalidad y que nunca ningún cargo del ayuntamiento, ni el interventor, ni el secretario ni los responsables de las finanzas, le advirtieron de irregularidad alguna en la adjudicación de los contratos menores ni en la prórroga de los mismos tras un año de servicio.

Por su lado, según fuentes jurídicas, Herrera ha recordado al juez que en 2018 abandonó el despacho que compartía con Elena, y que su ámbito de especialización era la energía y no el urbanismo, la materia principal de los informes. Alejado de la política desde hace años, Herrera ha considerado “injusta” su imputación.

“Joan Herrera no estaba cuando sucedieron los hechos que se investigan. Su imputación construida sobre esta base causa un daño que ninguna resolución judicial posterior podrá reparar del todo”, han esgrimido fuentes de su defensa en un comunicado.

La carrera hacia la alcaldía de Barcelona ya tiene a sus contendientes en el puesto de salida. Un año antes de las elecciones municipales, que se celebrarán el 23 de mayo de 2027, prácticamente todos los partidos han confirmado a sus aspirantes a ocupar el puesto que hoy ostenta el socialista Jaume Collboni. 

El actual alcalde, que aspira a un segundo mandato —y al cuarto como edil del Ayuntamiento—, parte como favorito en una contienda en la que todos sus principales rivales se estrenan como cabezas de cartel. Gerardo Pisarello, por los Comuns, busca llenar el vacío de Ada Colau, un reto no menos complicado que el de Jordi Martí Galbís, sucesor de otro exalcalde, Xavier Trias, que llevó a Junts a la victoria en 2023. 

Una de las que lleva más tiempo labrándose su perfil de alcaldable es Elisenda Alamany, de ERC, concretamente desde que sustituyó a Ernest Maragall al frente de los republicanos en 2023. Por parte del PP, aunque no está confirmado oficialmente, se da por sentado que repetirá Daniel Sirera. 

En las filas de la extrema derecha, falta por ver si Vox buscará una alternativa a Gonzalo de Oro-Pulido, con quien irrumpieron por primera vez en el consistorio. Son los únicos que no se han decidido todavía, después de que la otra formación ultra, la xenófoba Aliança Catalana, anunciara este viernes que su candidato es Jordi Aragonès. 

Collboni, a por su segundo mandato

Jaume Collboni afronta el tramo final de su primer mandato como alcalde convencido de que puede ganar por primera vez las elecciones, una victoria electoral que el PSC no celebra en Barcelona desde 2007. El concejal socialista logró finalmente la vara en 2023 en sus cuartos comicios como aspirante socialista, con el voto decisivo e in extremis —anunciado el mismo día de la investidura— de los Comuns y el PP. 

La falta de una mayoría clara ha marcado el mandato de Collboni, que no ha podido sacar adelante ningún presupuesto municipal de forma consensuada. Su principal aliado ha sido ERC. Con ellos llegó a cerrar un pacto de Gobierno que acabó naufragando, y ha mantenido acuerdos estables sobre rehabilitación de viviendas, la tasa turística o el catalán. 

Más allá de eso, Collboni ha sido capaz de pactar con Junts, en políticas de seguridad y civismo, y con los Comuns, en medidas para limitar el turismo. En su haber estará la finalización de las obras de la Rambla, el impulso al tranvía de la Diagonal, o el plan para climatizar escuelas. Pendiente queda la reforma de la reserva del 30% de nueva vivienda para protección oficial, que no pudo sacar adelante, y la promesa de eliminar todos los pisos turísticos en 2028. 

Jordi Martí Galbís para mantener el tirón de Trias

El último de los candidatos en ser anunciado ha sido Jordi Martí Galbís, que fue escogido este domingo a través de unas primarias que le dieron el 40% de los votos. Con esta victoria, las bases del grupo municipal buscan mantener la herencia del exalcalde Trias, que devolvió a la vida a un Junts que estaba en horas muy bajas desde 2015.

Martí Galbís viene a recuperar ese tirón. Que no mantenerlo, puesto que cuando el exalcalde dejó la política tras el fiasco de 2023, la popularidad de Junts en las encuestas bajó en picado. La elección del alcaldable es un mensaje claro: las bases de Barcelona quieren el partido que representa Trias, ese que se parece más a Convergència que al Junts de Puigdemont y que se guía más por el eje ideológico que por el nacionalista.

Las primarias han venido marcadas precisamente por este debate y los cuatro candidatos llegaron divididos por la influencia que debía tener el expresident. Mientras los contrincantes de Martí Galbís apostaban por mantenerse leales a la influencia de Puigdemont, este decidió desafiar su omnipotencia, llegando a asegurar que el grupo municipal debe ser “autónomo” y negando que el expresident tenga que meter mano en las listas.

Pisarello, el primer alcaldable migrante

Gerardo Pisarello tiene ante sí el reto de evitar que los Comuns se desmoronen electoralmente en la primera cita tras el adiós de Colau. El jurista argentino, que quiere ser “el primer alcalde de Barcelona de origen migrante”, ganó las primarias a Bob Pop y dejó durante el proceso una de sus principales promesas electorales: hacer el metro gratuito, como Zohran Mamdani en Nueva York.

El argentino se encuentra ante el reto de sustituir a Colau, a quienes los suyos llegaron a definir como una “hiperlideresa” y a quien costó mucho encontrar relevo. No será una campaña fácil, puesto que se enfrenta con unas encuestas muy desfavorables que muestran el desgaste de dos legislaturas en el poder y de la pérdida de una cabeza de cartel imprescindible como llegó a ser la exalcaldesa.

Será esta la primera carrera electoral de Pisarello como alcaldable, después de diez años como escudero de candidatos de Barcelona, como Colau en 2015, y del Congreso de los Diputados, como Xavier Domènech o Jaume Asens. Aun así, siempre ha conservado tirón mediático y un perfil propio, por ejemplo con una buena conexión con el espacio soberanista catalán. Como número 2 en la lista ya cuenta con la concejal Carol Recio. 

Alamany, ante su gran oportunidad

Elisenda Alamany llegó a ERC en 2019, procedente de los Comuns, como un fichaje para reforzar a unos republicanos que, con Ernest Maragall, aspiraban a alcanzar la alcaldía. Se quedaron a las puertas, pero Alamany se mantuvo como número dos en el Ayuntamiento de Barcelona, nuevamente en las elecciones de 2023, convencida de que la retirada de Maragall le dejaría vía libre para ser candidata. Y esto fue lo que ocurrió pocos meses después. 

Alamany, artífice del pacto de Gobierno frustrado con Collboni, se ha labrado paralelamente la confianza de Oriol Junqueras, que la aupó a la secretaría general del partido. Como líder del grupo parlamentario republicano durante casi todo el mandato, puede sacar pecho de haber llegado a acuerdos con los socialistas para fomentar el catalán en la ciudad e impulsar la rehabilitación de viviendas degradadas. 

El aliado de Feijóo, Aragonès y la duda de Vox

No está confirmado oficialmente, pero nadie duda de que Daniel Sirera será el candidato del PP, como lo fue en 2023. Dentro de un partido que en Catalunya está liderado por Alejandro Fernández, un verso libre que en el pasado se ha enfrentado con Alberto Núñez Feijóo, Sirera es todo lo contrario: el hombre de Feijóo en Barcelona, seleccionado directamente por él para los comicios de hace cuatro años. Su voto fue clave para que Collboni fuera investido alcalde, pero desde entonces se ha desmarcado totalmente del Gobierno municipal. 

El único partido que todavía no ha decidido a su candidato es Vox, que irrumpió en el consistorio barcelonés con Gonzalo de Oro-Pulido como alcaldable. No está nada claro que el edil vaya a repetir, y desde la formación ultra informan que un comité electoral desde Madrid decidirá sobre el candidato barcelonés, como hace con los demás.

Por último, Aliança Catalana, el partido xenófobo liderado por Sílvia Orriols, aspira a entrar con fuerza en el Ayuntamiento de la capital catalana. Lo hará con uno de sus pesos pesados en la formación, su ideólogo Jordi Aragonès.

La formación habría preferido una cara más mediática, pero después rechazos de figuras como el expresidente del Barça Sandro Rosell o el exconseller Jaume Giró, han apostado sobre seguro. Finalmente, le darán una oportunidad al joven de 33 años que, además de ser primo del expresident Pere Aragonès es, junto a Oriol Gès y la propia Orriols, quien tiene la última palabra en todas las decisiones de Aliança.

La posibilidad de que un ciudadano de Valladolid, Sevilla, Zaragoza, Asturias o Madrid pueda votar en las próximas elecciones generales a una coalición con Gabriel Rufián como líder se aleja. En la misma semana en la que el propio presidente Pedro Sánchez ha abierto la puerta a adelantar los comicios al primer trimestre de 2027, Rufián celebró un acto con Mónica Oltra (Compromís), el primero desde que, hace un mes, abriera la puerta de par en par a ser candidato de una “confluencia” de izquierdas. Pero, lejos de ahondar en esa idea, el dirigente de ERC dio un paso atrás. Y, aunque confirmó que su idea es “liderar” un frente amplio, circunscribió a Catalunya esa alianza que le tendría a él como candidato.

Hace un mes, en Madrid, Rufián insistió en lo que lleva afirmando desde hace meses: que él quiere ser candidato de ERC y que no va a abandonar el partido a menos que lo “echen”. Pero, en ese mismo acto, también afirmó que, si está en posición de “ayudar a que haya una confluencia o una colaboración entre las izquierdas soberanistas y estatales, un espacio de unión para maximizar resultados” en el que él sea “el cabeza de lista, pues p’alante”. Era la primera vez que el dirigente confirmaba expresamente que quería liderar un proyecto que —pese a lo inconcreto de la propuesta— tendría diferentes ramificaciones y formulaciones en toda España. Y, aunque planteó que, en tal caso, sería candidato de ERC por Barcelona, entonces no especificó que su liderazgo fuera a acotarse a Catalunya.

Habida cuenta de la enorme complejidad de su idea, Rufián evitó el pasado mes de mayo concretar cómo debería aterrizarse. “No hay una lista tipo, pero no tiene sentido que haya dos derechas y 14 izquierdas, habrá provincias en las que tendremos que liderar nosotros [ERC y las fuerzas nacionalistas], provincias en las que tengan que liderar ellos [las izquierdas estatales], otras en las que quizá no haya que presentarse...”, se limitó a decir entonces. Este viernes, por el contrario, fue mucho más claro en su acto junto a Oltra y aseguró que lo que él quiere es “liderar en Catalunya” —“¡en Catalunya!”, insistió— “un frente de izquierdas con ERC como fuerza motora”.

Por tanto, la idea de Rufián ya no es la de explorar una fórmula que se referencie en él como candidato para que las izquierdas estatales y territoriales se pongan de acuerdo en un proyecto en toda España. Según lo que expresó este viernes, sus expectativas son las de intentar arrastrar a ERC a un frente amplio en Catalunya, un proyecto que implicaría también a los Comuns, a la CUP y a Podemos. Los primeros, la única de las tres formaciones con una potencia similar a la de ERC, llevan meses viendo con simpatía los planteamientos de Rufián, pero la semana pasada deslizaron que ven inviable el proyecto por el rechazo de la dirección republicana y porque el portavoz, lejos de romper con su partido, les ha remitido a ella para cualquier negociación.

El movimiento de Rufián no implica que este no aspire a que las izquierdas se entiendan en el resto de los territorios de España. Pero sí supone que no será él quien las intente “liderar”, en sus propias palabras del acto del pasado viernes. Sobre el método para alcanzar esos pactos en las provincias en las que exista más de un partido a la izquierda del PSOE, el dirigente volvió a ser igual de ambiguo que en los últimos meses, aunque en esta ocasión sí planteó la necesidad de organizar unas “primarias” —de las que no ofreció ningún tipo de detalle— para escoger las listas de esa eventual lista conjunta. “Votemos y aglutinémonos en torno al mejor”, sostuvo.

Al definir su propuesta, Rufián comienza a asumir plenamente las tesis del líder del sector más izquierdista de ERC, el liderado por su mentor político, Joan Tardà, que desde hace meses se ha mostrado de acuerdo con las reivindicaciones del portavoz pero ha acotado con mucha mayor claridad que él que el rol de los republicanos debía circunscribirse a Catalunya. En un artículo de opinión publicado el mes pasado en El Periódico, Tardà abrazaba expresamente la idea de una coalición con los Comuns y la CUP “tanto para las elecciones generales de 2027 como para las del Parlament del año siguiente”, y se limitaba a asegurar que ese pacto podría tener un “efecto espejo” para que “en el resto del Estado también se conformara un Frente de Izquierdas español”.

ERC también rechaza esa vía

En cualquier caso, la cúpula de ERC insiste en lo que llevan meses planteando tanto en público como en privado: que el partido no tiene ninguna intención de explorar un frente amplio, ni dentro de Catalunya ni mucho menos fuera. ERC, afirman fuentes de la dirección, ya tiene por sí sola vocación de ser un frente amplio e inclusivo, y no renuncia “a integrar, incorporar e incluir a quien quiera venir”, en palabras de un dirigente. Traducido: la formación únicamente se plantea acuerdos para absorber otras formaciones dentro de las listas de ERC, al estilo de lo que han hecho en otras elecciones con pequeños partidos como Comunistes. Ese formato es completamente inasumible para los Comuns y la CUP.

De fondo, además, subyace una diferencia de concepción entre los partidarios del frente amplio y sus detractores sobre qué es y qué debe ser ERC. Rufián y los suyos han llamado a un acuerdo entre las formaciones de izquierda alternativa, y el propio Tardà, la voz con mayor poso de esa corriente dentro de la formación republicana, ha propuesto expresamente reunir en una sola candidatura “a toda la izquierda situada más allá del PSC”. Pero el sector de ERC que ahora mismo lidera el partido considera que no es ni debe ser una formación a la izquierda del PSOE —un espacio que creen mucho menos fértil—, sino una organización que ocupe en el campo independentista las posiciones socialdemócratas que, entre las formaciones no independentistas, representa el PSC.

La dirección de ERC, además, tampoco tiene intención de satisfacer la otra exigencia de Rufián: la de tener mando en plaza para definir las posiciones del partido en Madrid y para elegir a los integrantes de la lista republicana a las elecciones generales. Pese al mal ambiente que existe en el grupo parlamentario de ERC en el Congreso, con varios diputados enfrentados al portavoz, fuentes de la cúpula republicana recuerdan que las listas en el partido se escogen a través de las asambleas de la formación y con el beneplácito de la cúpula. La opinión de Rufián será una de las que se escuchen en estas negociaciones internas, aseguran estas fuentes, pero en ningún caso se le permitirá diseñar la candidatura.

El diputado de Comuns-Sumar Félix Alonso ha argumentado ante el Tribunal Supremo que las contrataciones que efectuó durante su mandato como alcalde de Altafulla (Tarragona) y que están bajo investigación “respondieron exclusivamente a criterios de especialización técnica” y no a “consideraciones de naturaleza política o partidista”, según fuentes de la defensa.

Alonso ha declarado este lunes en el Tribunal Supremo durante alrededor de 40 minutos ante el juez Vicente Magro en la causa en la que se le investiga por un posible delito de prevaricación en relación con la adjudicación de contratos a varias empresas cuando era alcalde de Altafulla entre 2011 a 2019, informa EFE.

Los hechos por los que está citado se enmarcan en la contratación llevada a cabo por el Ayuntamiento de Altafulla, del que era alcalde Alonso, con las empresas Milá Advocats SLP y Sinergia Dret i Medi Ambient SLP entre 2011 a 2019, con las que habría mantenido distintas relaciones sin sujetarse a la normativa debida.

Ante el Supremo, Alonso ha argumentado que existen informes técnicos “contradictorios” que, por un lado, avalan la forma de contratación empleada en estos años y por otro lado “plantean reservas” sobre la conveniencia de recurrir a mecanismos de concurrencia pública, según las mencionadas fuentes.

El Supremo investiga la utilización de contratos menores, “con lo que eludía los requisitos de publicidad, y permitía la adjudicación directa y posibilitaba una elección arbitraria del adjudicatario” en lugar de acudir al procedimiento correspondiente; o si a veces no acudía “a procedimiento alguno”.

Las fuentes sostienen que incluso si se considerara incorrecta la fórmula de contratación, se trataría en el peor de los casos de una eventual cuestión administrativa en el ámbito de la contratación pública, en la que nunca concurrirían los elementos típicos exigidos por el derecho penal.

Además de Alonso, este lunes han comparecido otros doce testigos, entre ellos el exconseller y actual diputado autonómico de ERC Joan Ignasi Elena, el excoordinador de la extinta Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) Joan Herrera o el exdiputado catalán y exconseller de Medio Ambiente Salvador Milà, varios agentes de los Mossos d'Esquadra y trabajadores de la Oficina Antifraude de Catalunya.

Según han explicado fuentes jurídicas, queda pendiente la declaración de una funcionaria de Antifraude, que hoy no ha podido declarar y que lo hará el próximo 1 de julio.

Ante el juez, Alonso ha explicado que el Ayuntamiento de Altafulla contaba con personal escaso y que, ante esta situación, decidió contratar los servicios del despacho de Milà, que llevaba más de 50 años prestando asesoría jurídica a entes municipales de todo signo político.

Este extremo ha sido corroborado ante Vicente Magro por parte de la interventora municipal, que ha declarado que esta falta de personal generaba problemas en el ayuntamiento, que tenía la contratación “manga por hombro”, según las mencionadas fuentes.

El consistorio cambió de prestador de servicios posteriormente, optando por Sinergia, la sociedad creada por Herrera y Elena, después de que Milà abandonase su despacho para ocupar un cargo en el Área Metropolitana de Barcelona.

Ante la imposibilidad de contratar más personal debido a las restricciones impuestas por la ley Montoro, el ayuntamiento que dirigía Alonso Cantorné optó por hacer un contrato menor para estos servicios: “No necesitaba un servicio recurrente, sino un funcionario que no tenía y que la ley impedía contratar”, agregan fuentes de la defensa.

Está previsto que la defensa de Alonso solicite dos diligencias para acreditar el tamaño de la plantilla del Ayuntamiento de Altafulla en el momento de los hechos investigados, para posteriormente pedir el archivo de la causa. “Ni siquiera está claro que sea una irregularidad administrativa”, sostienen fuentes de la defensa.

La coalición de Gobierno vive estos días instalada en un déjà vu. Prácticamente un año después de que estallara el caso Cerdán, que sacudió los cimientos del PSOE, la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la entrada de la UCO en la sede de Ferraz para pedir documentación han vuelto a poner patas arriba el tablero político y también la relación entre los socialistas y Sumar en el seno del Ejecutivo. La coalición que lidera Yolanda Díaz no se ha planteado en ningún momento romper con el PSOE y salir del Consejo de Ministros. Pero, tras una primera reacción dubitativa y en mitad de algunas diferencias internas, ha elevado el tono para exigir a La Moncloa que reaccione ante una crisis que amenaza con volar la legislatura.

La coalición de Yolanda Díaz se está viendo obligada a hacer un complicado encaje de bolillos para distanciarse de los casos de supuesta corrupción mientras, a la vez, ofrece argumentos para mantenerse dentro del Gobierno. Sumar insiste en que el Ejecutivo está siendo objeto de una campaña judicial, mediática y política desde el inicio de la legislatura para hacerlo caer, pero a la vez exige al PSOE que dé explicaciones por dos casos, el de Zapatero y el de Leire Díez, que sí consideran preocupantes. Y, desde que la semana pasada se conoció la imputación del expresidente, el malestar de Sumar con el PSOE ha ido en aumento.

La formación que lidera Yolanda Díaz entiende que los socialistas están optando por no dar explicaciones, y que eso únicamente agrava los serios problemas a los que se enfrenta la coalición en su conjunto. Y a todas las organizaciones que componen Sumar les enfadó, especialmente, la rueda de prensa que ofreció el presidente Pedro Sánchez en Roma el miércoles, en la que incluso bromeó con su decisión de no adelantar las elecciones en una alusión velada al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que así lo pidió el miércoles.

Ese malestar se tradujo durante el jueves en una negociación interna en el seno del Gobierno que, junto a la presión ejercida por socios como Podemos, ERC, BNG o Compromís, ha forzado —según admiten fuentes de La Moncloa— a Sánchez a cambiar de planes y a solicitar una comparecencia a petición propia en el Congreso para debatir sobre los procedimientos judiciales que afectan al PSOE. Pero algunos sectores de Sumar también consideran que su propia formación tiene que “tomar posiciones” más firmes, se muestran críticos con su reacción y llaman a actuar de forma más “drástica” que hasta ahora ante la crisis.

El jueves pasado, el grupo parlamentario de la alianza celebró una reunión en la que, según reconocen algunos dirigentes, se evidenciaron las diferencias que existen en el seno de la coalición sobre cómo abordar la crisis. Algunos sectores abren incluso la puerta a valorar la posibilidad de retirar el apoyo parlamentario al PSOE si, en las próximas semanas, no ofrece respuestas satisfactorias sobre Zapatero y la trama de Leire Díez. Hoy por hoy, ese escenario aún no se contempla.

Otras voces consideran que la mejor forma de apartar el foco de la corrupción y, a la vez, de que a Sumar no le salpiquen los problemas de su socio es intentar forzarle a que desbloquee algunas de las medidas sociales que llevan tiempo en el congelador, especialmente en materia de vivienda.

El futuro de Sumar no se define

La profunda crisis abierta en los últimos días ha pillado a Sumar, además, en mitad de un proceso de reconstrucción que no termina de marchar con la velocidad que a algunos de los sectores de la alianza les gustaría. Este sábado, IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los Comuns —agrupados bajo el lema provisional de “Un paso al frente”— han celebrado un nuevo acto en Barcelona, tras los ya organizados en los últimos meses en Madrid y Sevilla, con la intención de seguir preparando el terreno para el relanzamiento de su alianza. Pero en ese mitin no se han despejado ninguna de las dos grandes incógnitas en la izquierda alternativa de cara a las próximas elecciones generales: la marca con la que se presentará y, sobre todo, quién será su candidato.

El asunto del liderazgo es el más acuciante, y algunos de los principales dirigentes de la alianza aún conocida con el nombre de Sumar ya han hecho público el debate que, desde hace semanas, también existe en privado entre las organizaciones: la necesidad de acelerar los tiempos, especialmente ahora que la legislatura está en el alambre. La que más claramente lo ha verbalizado es la líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández, que tras el mal resultado obtenido por la coalición Por Andalucía en los comicios autonómicos de hace un par de semanas aseguró que “acelerar” es “urgente” y pidió presteza para definir “cuál va a ser la persona” que va a liderar el espacio.

El problema, no obstante, no es que haya diferencias entre los partidos sobre cuándo tiene que lanzarse al nuevo candidato, sino que no existe un aspirante claro para ocupar ese puesto. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, el favorito de los cuatro partidos, rechaza asumir el rol de líder, pero otras de las principales figuras del espacio tampoco parecen estar por la labor o no convencen a una o varias de las patas de la coalición. Y, aunque Sánchez insiste en que su intención es agotar la legislatura y en que no va a adelantar las elecciones, el tiempo corre.

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, cerró la semana pasado un pacto de presupuestos con el PSC, los primeros que aprobará Salvador Illa. Pero de eso ya parece que hace un siglo, pues desde entonces el PSOE y sus socios han vivido el movimiento sísmico de la investigación judicial contra José Luís Rodríguez Zapatero y el avance de la causa sobre Leire Díez.

Ante tales sacudidas, los Comuns recetan cautela y resaltan sus dos líneas rojas: solo se mantendrán en el Gobierno si no se demuestra financiación irregular ni tampoco que Sánchez estuviera al tanto de lo que hacía “Ábalos, Cerdán o Leire”. A la vez, apremian a Gabriel Rufián a aclarar qué quiere hacer en unas eventuales elecciones generales.

El protagonista de la semana ha sido el expresidente Zapatero. ¿Usted se lo cree cuando dice que no ha hecho nada ilegal?

Ni me lo creo ni dejo de creérmelo. Lo que sí tengo clarísimo es que el PSOE no ha dado todas las explicaciones que hacen falta. Sánchez se quedó muy corto. Tenemos que esperar a que la Justicia haga su camino, porque hay mucho de lawfare, pero no todo es lawfare. Lo hemos sufrido en el Ayuntamiento de Barcelona, en el mundo independentista, en el caso de Mònica Oltra, en el caso del fiscal general del Estado.

Por supuesto que hay una conspiración para intentar tumbar al Gobierno desde el primer día. Pero también hemos ido leyendo informaciones sobre el caso de Zapatero que puede que no sean ilegales, pero que tampoco son éticas ni estéticas. La izquierda no nos lo podemos permitir. El mínimo exigible para todos los partidos progresistas es ser ejemplares y tender hacia la corrupción cero.

La Audiencia Nacional sospecha que el PSOE pagó a Leire Díez para maniobrar contra fiscales y policías. Sánchez ha dicho que si hay algo irregular, se actuará. ¿Qué debería hacer el PSOE o qué debería decir?

Necesitamos de una vez por todas la Oficina Anticorrupción a nivel estatal y una regulación sobre los lobbies y sobre qué puede hacer un expresidente. La línea entre el lobbismo y el tráfico de influencias es muy fina. ¿Un expresidente puede ser lobbista? Yo tengo mis dudas. Sánchez tiene que pensar cómo hacer limpieza. El PSOE es un partido en transición: entre todos lo hemos empujado hacia el reconocimiento del catalán, la plurinacionalidad o la ley de amnistía. Se están tocando teclas que cuestionan el régimen anterior, pero estamos viendo cosas como el caso Koldo, Ábalos o Santos Cerdán, que nos recuerdan demasiado a las inercias del pasado.

Ustedes son socios de gobierno con el PSOE. ¿Su listón para salir de este Gobierno, llegado el caso, sería que se demostrase que ha habido financiación irregular del PSOE?

Las líneas rojas serían dos: financiación ilegal del PSOE y que Pedro Sánchez estuviera al tanto de lo que ha podido hacer Ábalos, Santos Cerdán o Leire. Podríamos hablar de una conspiración con nombres y apellidos, como Aznar, Feijóo o Abascal. Pero tengamos claro que esta gente no viene a hacer nada contra la corrupción, lo que quiere es un quítate tú para ponerme yo. La gente de la Gürtel, de la Púnica o de la Kitchen no nos puede venir a dar lecciones sobre salud democrática, y menos cuando van del brazo de la extrema derecha.

¿Cree usted que la legislatura se ha agotado y es momento de empezar a pensar en unas elecciones?

Las elecciones no las puede convocar Aznar ni esa internacional reaccionaria que tuvo encuentros en la embajada de los Estados Unidos con Feijóo, Abascal y Ayuso. Si tiene sentido que la legislatura continúe, es para seguir avanzando. No tiene sentido que el Gobierno vaya arrastrando los pies. Tenemos [pendiente] la ley mordaza, la prórroga automática de alquileres o el registro horario. Lo que tienen que hacer es que esta legislatura valga la pena para la gente.

Ya antes de todos estos episodios le costaba mucho al Gobierno poder aprobar sus propuestas. No sé si está pidiendo también a los socios que ayuden un poco más para que el Gobierno pueda gobernar.

En los temas donde el Partido Socialista pensaba que España tenía que avanzar, se ponía a negociar. Y en aquellos temas que no consideraba prioritarios, como la prórroga automática de alquileres o el tope del 2% al incremento anual de alquileres, al PSOE ni lo hemos visto. Es importante que el PSOE baje del pedestal, que piense en este año de legislatura que queda, más allá de que la justicia vaya haciendo su camino tenemos que hacer que el Gobierno pueda seguir avanzando. A estas horas nadie espera que España tenga presupuestos. Ahora, también sabemos que el Gobierno puede hacer muchas cosas sin presupuestos.

Es muy importante que Gabriel Rufián acabe de decidir qué es lo que quiere hacer. No es el momento de ir generando expectativas, sino que es el momento de la claridad

La exalcaldesa Ada Colau ha sido una de las más entusiastas en la defensa de la propuesta de Gabriel Rufián para las izquierdas. ¿A usted le gustaría compartir una lista con ERC en las generales?

Una cosa son los deseos y otra cosa es la realidad. Hemos escuchado a Esquerra decir que este no es su proyecto. Sí es muy importante que Gabriel Rufián, al que hemos escuchado hablar en una línea diferente a la de su partido, acabe de decidir qué es lo que quiere hacer. La propuesta de ERC es que sea el cabeza de lista de las elecciones generales por Catalunya bajo sus siglas. Pero, ¿qué es lo que quiere hacer Gabriel? Tiene en redes un altavoz muy importante, pero tiene que acabar de decidir, porque hay gente que se está referenciando en él y que llegado el caso puede encontrarse con una gran decepción. No es el momento de ir generando expectativas, sino que es el momento de la claridad y que Rufián diga adelante o atrás.

¿A los Comuns les gustaría hacer una lista conjunta con Esquerra?

Cuando se trata de impulsar las transformaciones que necesita nuestro país y de parar a la derecha y a la extrema derecha aquí no sobra nadie. En 2023, mucha gente ya daba por perdida la posibilidad de tener un Gobierno de coalición progresista y creamos una herramienta que lo hizo posible. Ahora estamos en un contexto mucho más duro, con una internacional reaccionaria sin filtros y desacomplejada, y las encuestas no son una fuente de esperanza: la esperanza la tenemos que trabajar nosotros y nos necesitamos todas. Puede haber muchas maneras de colaborar, pactos preelectorales, programáticos, postelectorales… tenemos que encontrar la fórmula. Estamos hablando con Más Madrid, con Izquierda Unida, con Movimiento Sumar, con Podemos, con Compromís, con la Chunta Aragonesista o con Més. Y evidentemente queremos hablar también con Esquerra Republicana.

Usted pidió una reunión la semana pasada con Gabriel Rufián y todavía no ha tenido respuesta de ella. ¿No le parece que eso es despectivo hacia su formación?

Quiero ser muy prudente. Cuando queremos que las cosas salgan bien se necesita una cierta discreción. Lo que sí le puedo decir es que las coordinadoras de los Comuns, Candela López y Gemma Tarafa, están directamente implicadas y trabajando en la construcción de esta herramienta y están en contacto con Gabriel y con su entorno. Cuando tengamos novedades las comunicaremos.

Situémonos en Catalunya. Viendo los acuerdos tanto con los Comuns como con Esquerra, ¿estos presupuestos no habrían podido estar listos cuando tocaba hace medio año y no haber esperado ahora y, por tanto, no tenerlos vigentes solo medio año?

Claro que podríamos haber tenido unos presupuestos hace tres meses. Nosotros hicimos el trabajo y llegamos a un acuerdo, pero el Govern y ERC no. Tampoco me gusta hacer una política de reproches, creo que en el fair play. Lo más importante es que Catalunya tendrá presupuestos este año y no solo este año, sino que ya previendo que podríamos hablar de unos presupuestos de legislatura, ampliamos el acuerdo que habíamos firmado, pensando en que tienen que sernos útiles para 2027 y para 2028.

Han logrado la limitación de la compra especulativa de viviendas. ¿Cómo ha quedado finalmente esta medida y cómo está la tramitación?

El 60% de las compras que se hacen en el Estado se pagan al contado. ¿Quién puede pagar 400.000 o 500.000 euros de golpe? Evidentemente, no suelen ser familias trabajadoras. Detrás hay grandes rentistas, fondos buitre, especuladores. ¿Cómo actuar legislativamente sin que nos lo tumbe el Tribunal Constitucional? No prohibiendo la compra, sino regulando el uso de la vivienda, tirando de la declaración de zona tensionada.

En las zonas tensionadas solo podrás comprar para vivir, para un familiar cercano, o un edificio entero, pero ese edificio estará sujeto al tope de alquiler y destinado a familias de manera permanente. No estamos prohibiendo la compra, sino el uso especulativo. Registramos una proposición de ley y creamos un grupo de trabajo con el Govern, pero no tenemos los votos suficientes. Queremos que sea una ley de país, y ahora vamos a una posición central que tiene que tener el Sindicat de Llogateres, y evidentemente también con la CUP y con ERC.

También han conseguido del Govern una Dirección General de Disciplina de la Vivienda. Entiendo que es para sancionar el fraude del alquiler, pero ¿cómo funcionaría?

Vemos una falta importante de voluntad política con las sanciones a quienes defraudan con la ley de la vivienda. Primero aprobamos el régimen sancionador, después acordamos con el Govern la contratación de 100 inspectores, 60 ya están trabajando y 40 en formación, pero las sanciones que está poniendo el Govern son anecdóticas: pocas y muy bajas. Las muy graves pueden ir de 90.000 a 900.000 euros, y en cambio están poniendo sanciones de 3.000, 4.000 o 5.000 euros.

¿Y qué les explican cuando hacen esa pregunta a sus socios? ¿Qué les dicen?

Siempre están trabajando, siempre lo están mirando, siempre lo están estudiando. Se acabó. Pactaron el régimen sancionador, pactaron el cuerpo de inspectores, ahora necesitamos voluntad y visión política. Es mucho más importante sancionar a un fondo buitre que a un señor que tiene un piso y que se está saltando la ley porque no pone toda la información en un anuncio. Necesitamos sanciones ejemplarizantes para demostrar que especular no es rentable.

La persona que esté al frente de la Dirección General tiene que ser un nombre pactado entre Govern y Comuns. No es que nosotros entremos en el Govern: necesitamos a alguien que por trayectoria, por formación, por experiencia sepa hacia dónde tenemos que ir, porque la conclusión es que no están haciendo todo lo que deberían hacer.

Algún nombre tendrán en mente, ¿no?

Tenemos unos cuantos nombres, pero, como digo, al final el nombre no lo impondremos ni ellos ni nosotros, tiene que ser una persona de consenso. Todavía no está decidido y no quemaremos los nombres de personas que podrían ser. Para nosotros es importante la mirada política: las sanciones no pueden ser anecdóticas, hay que ir a por lo gordo, que son los que nos están echando de nuestros barrios.

Es mucho más importante sancionar a un fondo buitre que a un señor que tiene un piso y que se está saltando la ley porque no pone toda la información en un anuncio. Necesitamos sanciones ejemplarizantes para demostrar que especular no es rentable

El Govern ha pactado con ERC la línea orbital ferroviaria. Ustedes le pedían la retirada de la R-Aeropuerto, pero finalmente han dicho que mantienen de momento. ¿Qué piensan de la orbital?

La crisis de Rodalies de principios de año me recuerda a la que tenemos ahora con Educación: son problemas que llevamos arrastrando desde hace muchos años. El problema de Rodalies no es responsabilidad del Govern del PSC, pero si la crisis estalla ahora, tú la tienes que saber gestionar. Tuvimos una crisis de infrafinanciación y una crisis de autoridad del Govern: tuvo que venir el Secretario de Estado de Infraestructuras para plantarse ante Renfe porque aquí nadie tenía autoridad suficiente.

La R-Aeropuerto no puede ser un tren exclusivamente para turistas: tiene que entrar en la lógica de Rodalies. Hemos pactado que en 2027 empezará, pero con estudios para reconvertirse en 2030 en Rodalies. En cuanto a la orbital ferroviaria, es necesario conectar el Maresme con Vilafranca del Penedès sin pasar siempre por Barcelona. Los esfuerzos en estos presupuestos los hemos puesto en 21 millones para una red de autobuses alternativos hasta que Rodalies funcione.

¿Quién cree que tiene la culpa de que no se resuelva el conflicto laboral del Govern con los docentes [la entrevista se realizó el jueves, un día antes del preacuerdo con los sindicatos]?

Teníamos los profesionales peor pagados de todo el Estado y el complemento específico no se había actualizado en 25 años, fruto de los recortes de Convergència. La situación que tenemos ahora no es fruto del presente sino del pasado. Ahora bien, cómo se resuelve esta crisis sí es responsabilidad del Govern: no se puede empezar en septiembre un nuevo curso sin resolver este conflicto.

Los maestros no piden privilegios; piden poder hacer bien su trabajo. Sin más herramientas, ni el mejor docente del mundo puede con niños que duermen con los zapatos puestos por poder ser desahuciados o con niños en procesos migratorios que quizás no conocen la lengua. Estamos en un punto de inflexión: podemos seguir poniendo parches o plantearnos que tenemos un problema grave social y educativo. Cuando todos los indicadores dicen que vamos por el mal camino, no tiene sentido enchufar unos cuantos millones más y seguir como si no pasara nada.

¿El Govern se equivocó cuando pactó con los sindicatos educativos minoritarios fuera de la mesa de negociación de los profesores?

No confrontaré acuerdos ni sindicatos. El mejor favor que le podemos hacer a la educación de nuestro país es pensar que tenemos que ir todas a una. Los nuevos acuerdos, que son necesarios, no enmiendan los anteriores. Menos reproches y más pensar qué necesitan nuestros hijos, nuestros jóvenes y nuestro país.

Tienen el compromiso del Govern de que no volverá a haber infiltraciones policiales sin autorización judicial. ¿Cómo queda este asunto en la letra pequeña?

El PSC cada vez que se sale del acuerdo de investidura o de los presupuestos se equivoca. Lo vimos con las bajas laborales, en la gestión de Rodalies y en el conflicto con los docentes. Las movilizaciones no se tienen que ver como algo a contener, sino como un mensaje de “no podemos más”. Lo que no debía haber hecho el Govern bajo ningún concepto es espiar a los docentes. Es un error de campeonato. Pactamos con el Govern que esto nunca más puede volver a pasar, ni en el ámbito de la educación ni en otros ámbitos con asociaciones, entidades o sociedad civil organizada. A partir de ahora, las infiltraciones en ciertos colectivos solo podrán ser con orden judicial y en casos de extrema necesidad por cuestiones de seguridad.

La consellera dijo que las infiltraciones habían sido una decisión operativa, y que la parte política no había tenido nada que ver. ¿Por qué pidieron la dimisión de Trapero, que es el responsable político?

Pedimos la dimisión de Trapero porque pensamos que por su trayectoria él conocía perfectamente cuáles eran las inercias. Nos costaba mucho entender y creer que él no conociera las inercias y las dinámicas de la comisaría general de información, que es desde donde se trabajaron estas infiltraciones. Era extraño que él no lo supiera.

¿No se creyeron a la consellera cuando dijo que él no sabía nada?

Yo me creo que la consellera no supiera nada. No sé si en este punto concreto Trapero lo sabía. Ahora, Trapero sabe perfectamente cómo funciona, y porque además pensamos que esto no viene de ahora, sino que esto se ha hecho otras veces. Lo que pasa es que no nos hemos enterado.

Vea la entrevista íntegra.

Reivindicación y deberes. Los partidos que conforman la coalición Sumar se han conjurado como “la izquierda limpia y valiente” ante el goteo de casos de corrupción que han impactado en el PSOE, y han reclamado a su socio mayoritario de Ejecutivo “ejemplaridad y transparencia” y un acelerón en la acción de Gobierno, con el foco en la vivienda.

Los socios de Sánchez en el Ejecutivo de coalición —Comuns, Más Madrid, IU y Movimiento Sumar— han celebrado este sábado un acto en Barcelona, con la participación de tres de sus ministros, tras las turbulencias que han generado las investigaciones judiciales sobre el PSOE y la exigencia de Junts y el PNV al presidente para que convoque elecciones anticipadas.

“¿Cómo estáis de ánimos?”. Así ha arrancado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy su intervención, consciente de que no ha sido la mejor semana para el Gobierno. La dirigencia de los partidos a la izquierda del PSOE ha querido insuflar ánimos a la militancia, pero también elevar las exigencias a los socialistas.

Ninguno de los ministros de Sumar ha apuntado posibilidad alguna de salir del Ejecutivo, si bien sí han mantenido el tono duro contra el PSOE. Pese a que la minoría parlamentaria del Ejecutivo se ha constatado de nuevo, los dirigentes progresistas han redoblado las peticiones al PSOE para aprobar más medidas de izquierdas.

“Por supuesto que hay una operación para derribar a este Gobierno, pero esto no es excusa para determinados comportamientos”, ha aseverado Bustinduy, que ha reclamado al PSOE “ejemplaridad y transparencia” sobre las causas judiciales que acumula el partido y “vivienda, vivienda y vivienda” como prioridad del Ejecutivo.

En este sentido, Bustinduy ha anunciado que Sumar volverá a llevar al Congreso “cuanto antes” el decreto de los alquileres que PP, Vox y Junts tumbaron en el Congreso. “No vamos a parar, no vamos a parar hasta que se prorroguen los alquileres y echemos a los rentistas y especuladores”, ha enfatizado la ministra de Sanidad, Mónica García.

A juicio de García, las políticas progresistas “de las que presume el PSOE” son producto de las iniciativas impulsadas por los partidos de Sumar. “La mayoría de las medidas de progreso las hemos hecho nosotros”, ha insistido el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

El dirigente de los Comuns ha pedido a Sánchez “responsabilidades y dar la cara”. “Ferraz [la sede del PSOE] no puede seguir siendo un lastre para la mayoría progresista de este país”, ha remarcado Urtasun.

“Un Gobierno contesta a una operación de derribo con leyes y medidas”, ha agregado el coordinador general de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, en la intervención que ha cosechado más aplausos de los 350 asistentes al acto.

Maíllo ha sido el único orador que ha citado explícitamente algunos de los casos de corrupción que sobrevuelan a exdirigentes socialistas: “Las explicaciones sobre por qué el PSOE ha tenido dos secretarios de organización absolutametne desaconsejables o por qué un expresidente que puede vivir muy bien con su pensión se dedica a yo qué se qué son lo único que nos permitirá salir adelante”.

“Esta no es nuestra mochila”, ha manifestado la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, para marcar distancias con los socialistas. “La corrupción 0 existe, pero para que exista tienes que tener la casa muy limpia y saber para qué has venido”, ha ahondado, para a renglón seguido apostillar: “El PSOE tiene que hacérselo mirar y cuidar al Gobierno”.

“¿Dónde estaba el PSOE cuando freían a querellas a Barcelona en Comú, Podemos y los independentistas?”, ha incidido el diputado de los Comuns en el Congreso y candidato a la alcaldía de Barcelona, Gerardo Pisarello. “No lo preguntamos desde el revanchismo, sino desde la autoridad que nos da haber demostrado que se puede gobernar sin casos de corrupción”, ha añadido.

Pese a las exigencias de Sumar, las explicaciones de Sánchez no serán inmediatas. Su intervención en el Congreso todavía no tiene fecha, pero será después del Consejo Europeo del 19 de junio. Mientras el PSOE se abona a la teoría de un campaña orquestada ante el aluvión de causas judiciales, el calendario no da tregua: el expresidente Zapatero comparecerá como investigado el 17 de junio.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, y la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, han sellado este jueves el acuerdo de los presupuestos en el Palau de la Generalitat. Govern y Comuns renuevan así el pacto alcanzado hace dos meses, ahora con 2.500 millones para vivienda, una nueva ley para convertir oficinas vacías en Vivienda de Protección Oficial (VPO) y una dirección general de disciplina de vivienda. El texto acuerda mantener la doble convocatoria del Plan de Barrios -40 barrios y 400 millones- en 2027 y 2028. Se encarga también un estudio para que la línea R-Aeroport sea una prolongación del R4 antes de 2030. Tras pactar con ERC y Comuns, el Govern prevé aprobar las cuentas el viernes y llevarlas al Parlament.

El acuerdo plantea destinar 2.500 millones de euros a políticas de vivienda en esta legislatura: 1.500 millones en recursos propios y 1.000 millones del Institut Català de Finances (ICF).

Ley para convertir oficinas en VPO

Se recoge la voluntad de “trabajar conjuntamente” en una proposición de ley para incrementar el parque de vivienda protegida, incorporando la reconversión de oficinas y locales comerciales en VPO.

Al calendario para aprobar la prohibición de la compra especulativa antes del verano, se le suma una nueva ley para reconvertir oficinas vacías en vivienda protegida. Albiach ha aspirado a que esta ley comience a funcionar antes de acabar el año, en entrevista este mismo jueves en TV3.

Albiach ha asegurado que a partir de la próxima semana comenzarán las conversaciones con ERC y la CUP para contar con su apoyo para prohibir la compra especulativa.

Pobreza energética

Con este acuerdo, el Govern se compromete a impulsar el Fondo de Atención Solidaria antes del verano. Este fondo debe servir para rescatar a las familias en situación de pobreza energética y para dar respuesta a la finalización del convenio con las empresas eléctricas que servirá para condonar la deuda acumulada de las familias en situación de vulnerabilidad. Este convenio finalizó el 31 de diciembre de 2025. El presupuesto inicial es de 3 millones de euros para 2026 y 10 millones para 2027.

R-Aeropuerto y Terras de l'Ebre

Se encarga un estudio para incorporar al Pla de Govern la transformación, en una segunda fase antes de 2030, del servicio previsto Sant Andreu-Aeropuerto hacia un recorrido ampliado que sea operado por Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Así, analizar la definición de una R4 Norte entre el Aeropuerto y Terrassa o Manresa y la posibilidad de una R4 Sur. También se pacta valorar el adelanto del estudio de vialidad el tren-tramo de Terres de l'Ebre para finalizar el 2028.

Salud sexual y violencias machistas

Además, se acuerda elaborar un plan para incrementar el número de matronas y para mantener las que se forman en Catalunya, para asegurar la mejora de la atención de los centros de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva en toda Catalunya, garantizando también la asistencia ginecológica.

El documento también recoge la creación antes de terminar el primer semestre de 2027 de la Comisaria General de Prevención y Denuncia de las Violencias machistas, reforzando y ampliando los Grupos de Atención a la Víctima de los Mossos d'Esquadra, así como las unidades de investigación de los delitos vinculados con las violencias machistas.

Cuentas en julio

La actualización del pacto con los Comuns también contempla actuaciones territoriales. En una entrevista en Catalunya Ràdio, la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha defendido este jueves que los pactos cerrados esta semana con ERC y Comuns hacen “mejores” los presupuestos respecto a los presentados hace dos meses. La consellera ha asegurado que el Govern tiene “la maquinaria lista” para iniciar la tramitación de las cuentas y calcula que podrán ser aprobadas durante la primera quincena de julio.

La presidenta del grupo de Comuns en el Parlamento catalán, Jéssica Albiach, ha solicitado una reunión “urgente” con Gabriel Rufián, para que el portavoz de ERC en el Congreso aclare cuál es su propuesta para las próximas elecciones generales.

Los partidos de izquierdas, incluida ERC, han reaccionado este jueves a las palabras de Rufián de este miércoles. El jefe de filas de ERC en las Cortes redobló su apuesta por la unidad electoral de las fuerzas progresistas, que ha incomodado a su partido, y aseguró que aceptaría ser cabeza de lista en unas elecciones generales si eso “ayudara a que haya colaboración o un espacio de unión” en la izquierda.

El secretario general adjunto de ERC, Oriol López, ha insistido este jueves en recordar que su partido ya es un “frente amplio”, y ha asegurado que mantienen la apuesta por Rufián como candidato en las próximas elecciones generales. Este miércoles Rufián desveló que ha puesto “condiciones” a Esquerra para repetir como candidato.

En una entrevista en La 2Cat, López ha relativizado las palabras de su líder en el Congreso y ha asegurado que no dejará el partido: “ERC liderará en Catalunya, con Gabriel Rufián, un proyecto que puede ser mucho más amplio”.

López ha afirmado que la dirección del partido y Rufián están “muy cerca” sobre la fórmula para presentarse a las elecciones, sin aportar más detalles.

Por su lado, los Comuns han reclamado aclaraciones a la propuesta del portavoz de ERC. En declaraciones a TV3, Albiach ha dicho desconocer si Rufián “se ha emancipado de ERC” o si es el partido republicano el que ha acabado aceptando la propuesta de su líder en el Congreso.

Se ha preguntado si Rufián está negociando con la dirección de ERC la configuración de la candidatura del partido a las próximas generales o si quiere construir una “alternativa estatal” en la que concurran diversas formaciones. “Ayer dio un paso que hasta ahora no había dado ni en público ni en privado”, ha afirmado Albiach.

Para Albiach, la mejor solución es “estar todos, cuantos más mejor” en una misma candidatura, aunque también ha dicho que se deben “respetar los procedimientos” de todas las formaciones.

A favor de la unidad de la izquierda se ha mostrado el portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, que “por supuestísimo” se ha mostrado dispuesto a negociar sobre la propuesta de Rufián.

En una entrevista en TVE, Santiago ha señalado que su formación está “deseando” que alguien les explique la propuesta porque lo han pedido “en varias ocasiones” y todavía no han tenido “la suerte” de que se les detalle.

En todo caso, ha precisado que en IU creen que los “hiperliderazgos individuales, los egos desmesurados, han sido un problema en la política de la izquierda en los últimos años” y que son partidarios de un “proyecto de izquierda federal con un proyecto de país integral” y “que no anteponga la prioridad regional”.

El Govern ha alcanzado un acuerdo presupuestario con Comuns y ya tiene los apoyos necesarios para poder aprobar las cuentas de la Generalitat de Catalunya para este año, después de haber atado también el 'sí' de ERC.

El president catalán, Salvador Illa, y la líder de Comuns en el Parlamento de Cataluña, Jéssica Albiach, protagonizarán este jueves, a las 11:30 horas, el acto de firma de su acuerdo presupuestario en el Palau de la Generalitat, según han informado en un comunicado.

Será un acto breve, en la Galería Gótica del Palau, precedido de una reunión protocolaria entre Illa y Albiach, una liturgia que ya cumplieron el pasado martes el presidente de la Generalitat y el líder de ERC, Oriol Junqueras, al rubricar su acuerdo.

A continuación, a las 11:45 horas, comparecerá en rueda de prensa, desde el Palau de la Generalitat, la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, para explicar los detalles del acuerdo y posteriormente, a las 12:20 horas, será Albiach quien comparezca ante los medios desde la sede de Comuns en Barcelona.

Con los votos a favor de ERC y Comuns asegurados, el Govern podría aprobar este viernes el proyecto de presupuestos, para trasladarlo inmediatamente al Parlament para que inicie cuanto antes su tramitación, con el fin de poder aprobarlo definitivamente en julio.

Comuns, Movimiento Sumar, IU y Más Madrid llevarán a cabo un nuevo acto conjunto el 30 de mayo en Barcelona, tras los ya celebrados en Madrid, el 21 de febrero, y Sevilla, el 19 de abril. El acto, que nuevamente se hará bajo el lema 'Un paso al frente', tendrá lugar a las 11:30 horas en el edificio ONCE y en el mismo tomarán la palabra los ministros Ernest Urtasun, Pablo Bustinduy y Mónica García.

También hablarán los líderes de IU, Antonio Maíllo, y Movimiento Sumar, Lara Hernández, al tiempo que la bienvenida correrá a cargo del alcaldable de Barcelona En Comú en la capital catalana y secretario primero de la Mesa en el Congreso, Gerardo Pisarello.

Estas cuatro organizaciones ubicadas a la izquierda del PSOE se proponen “conformar una candidatura de izquierdas competitiva, unitaria y pluricional” que plantee “una propuesta sólida y amplia que ponga en el centro la vivienda, los salarios dignos, el coste de la vida, los servicios públicos, el feminismo y la transición ecológica”, subrayan fuentes de Comuns.

Esta alianza, que se muestra “abierta al conjunto de las izquierdas”, debe demostrarse capaz de “hacer frente al avance de la extrema derecha y de proteger y profundizar los avances del Gobierno de coalición”.

Las citadas fuentes reivindican que la ciudad de Barcelona, que bajo el gobierno de Ada Colau fue “pionera” al apostar por el urbanismo simbolizado por las llamadas supermanzanas, ha demostrado en las últimas semanas cómo la izquierda puede pasar “de las palabras a los hechos”, en alusión a la partida de la flotilla hacia Gaza desde la capital catalana.

“El acto del 30 de mayo quiere conectar con este espíritu, una izquierda que no se resigna, que tiene vocación y ambición, que demuestra que las políticas transformadoras se pueden hacer y que la resistencia democrática ante la extrema derecha se construye desde las propuestas y desde la solidaridad”, recalcan desde Comuns.

El anuncio de este acto se produce también el mismo día de que uno de los integrantes de la alianza, Más Madrid, haya rubricado la paz interna en el seno de la formación tras el acuerdo entre la ministra de Sanidad, Mónica García, que encabezará la lista del partido para las próximas elecciones autonómicas, y el portavoz adjunto en la Asamblea, Emilio Delgado, quien ostentará el tercer puesto.

Dicho pacto fija la mirada también en la política nacional y sitúa a tres nombres como “referentes” en una hipotética lista al Congreso. Se trata de la actual diputada en la Cámara Baja Tesh Sidi, el portavoz adjunto en el Ayuntamiento de Madrid, Eduardo Rubiño, y Emilio Delgado.

El Ejército israelí ha comenzado este lunes a interceptar los barcos de la Flotilla Global Sumud cuando se dirigían rumbo a la Franja de Gaza tras abandonar la costa en los límites del golfo de Antalia, según se puede ver en la retransmisión en directo de los propios barcos, donde se observa cómo los militares abordan varios de los buques.

La propia Flotilla denuncia en sus canales que “lanchas militares están interceptando” sus barcos “a plena luz del día”, a unas 80 millas naúticas al oeste de la isla de Chipre, según el localizador de barcos de la Flotilla.

Actualmente hay al menos 29 barcos interceptados, según el localizador de la flota que publican en la página web de la Flotilla.

“Este cerco militar marca el inicio de otra agresión ilegal en alta mar, cuatro días después de que 54 embarcaciones civiles zarparan de Marmaris para establecer un corredor humanitario y romper el asedio ilegal de Israel sobre Gaza”, informan en una nota en su canal de Telegram.

Y agregan que “al interceptar hoy la flotilla en un perímetro de 250 millas náuticas y dentro de la zona SAR de Chipre, el régimen israelí continúa demostrando un desprecio sistemático por el derecho marítimo internacional, la libertad de navegación en alta mar y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS)”.

La intercepción ilegal por parte de la Armada israelí en aguas bajo control chipriota ha sido denunciada también a través de su cuenta de Instagram por la concejal del municipio catalán de Montcada i Reixac, Laura Campos, quien ha explicado que han iniciado el “protocolo de intercepción” tras avistar los primeros buques israelíes. Campos viaja a bordo del barco Atlantic Blue, que es uno de la treintena que pertenecen a la Flotilla Global Sumud que no han sido por el momento abordados por Israel.

A continuación ha hecho un llamamiento a la movilización de la población: “Movilizaos, levantaos, salid a las calles y ayudadnos a denunciar este secuestro, este genocidio y esta complicidad de todo el mundo con el estado sionista y genocida de Israel”.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha denunciado que entre una y dos decenas de activistas españoles han sido retenidos por Israel después de que la flotilla con ayuda humanitaria para Gaza haya sido interceptada.

En rueda de prensa tras reunirse con su homólogo de Egipto, Badr Abdelaty, ha indicado que serían unos 45 los españoles que viajaban a bordo de las embarcaciones que integraban esta flotilla y que la Marina israelí ha interceptado este lunes en aguas internacionales próximas a Chipre.

Asimismo, ha informado que la encargada de negocios de Israel en España, Dana Ehrlich, ha sido convocada esta misma mañana en el Ministerio de Exteriores para trasladarle la “protesta formal y enérgica” por parte del Gobierno español por lo que ha calificado de “interceptación ilegal”.

Un diputado italiano, detenido por Israel

Dario Carotenuto, diputado del partido italiano Movimiento 5 Estrellas (M5S) y que se encuentra a bordo del barco Kasri Sadabat explicó en un vídeo: “Hemos visto buques de guerra y pequeñas embarcaciones rápidas israelíes y, justo después, hemos perdido la conexión a Internet de Starlink. Estamos intentando llegar a aguas territoriales turcas”.

“Mi llamamiento a las autoridades italianas e internacionales para que intervengan para liberar de inmediato a todas estas tripulaciones, formadas por activistas pacifistas que no harían daño ni a una mosca y que solo quieren el fin del genocidio en Palestina”, añadió. En un directo en Instagram se explicó que la flotilla ha enviado mensajes de alerta al Centro de Coordinación de Rescate de Chipre. Según la propia información de la Flotilla Global Sumud, el barco Kasri Sadabat fue interceptado por el Ejército israelí en aguas chipriotas pasadas las 10.00 horas (hora peninsular española).

El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha solicitado este lunes a las autoridades israelíes que garanticen “la seguridad de los activistas italianos a bordo de los barcos de la Flotilla”. Según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano, Tajani ha realizado gestiones diplomáticas ante el Gobierno israelí para exigir garantías sobre las condiciones y el trato que recibirán los activistas italianos en caso de ser detenidos por las Fuerzas de Defensa de Israel.

Asimismo, el jefe de la diplomacia italiana ha ordenado a la Unidad de Crisis de su ministerio y a las embajadas de Italia en Tel Aviv, Ankara y Nicosia que den “todos los pasos necesarios para proteger la seguridad de los italianos y asistirles en caso de desembarco”. Por su parte, el embajador italiano en Tel Aviv, Luca Ferrari, también se ha puesto en contacto con las autoridades israelíes para velar por la seguridad de sus compatriotas.

Esta flotilla inició su misión el pasado 15 de abril en Barcelona para llevar ayuda humanitaria a Gaza y romper el bloqueo naval decretado por Israel en 2007; sin embargo, el 30 de abril fue interceptada parcialmente por la Marina israelí en aguas internacionales al sur de Grecia.

Las fuerzas israelíes asaltaron y dejaron inutilizables 22 barcos antes de trasladar a unos 175 activistas a la isla griega de Creta, desde donde éstos volvieron a sus países de origen y, en algunos casos, denunciaron maltrato.

Israel advirtió este lunes que den marcha atrás al medio centenar de barcos de la Global Sumud Flotilla. “Israel no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legal sobre Gaza e insta a todos los participantes en esta provocación a que cambien de rumbo y den media vuelta inmediatamente”, reza un comunicado. 

Turquía condena el asalto israelí: “Piratería”

El Ministerio de Exteriores de Turquía ha condenado hoy el asalto de la Armada israelí a la Flotilla Global Sumud en aguas al oeste de Chipre, calificándolo de “piratería”. “Condenamos la intervención de las fuerzas israelíes en aguas internacionales contra la Flotilla Global Sumud que pretende llevar ayuda humanitaria a Gaza, intervención que representa un nuevo acto de piratería”, señala el comunicado turco.

Ankara exige a Israel “poner fin de inmediato a la intervención” y “liberar sin condiciones a los participantes de la flotilla interceptados”. “Estamos haciendo gestiones para que nuestros ciudadanos en la flotilla puedan volver a nuestro país de forma segura y hacemos un seguimiento estrecho en cooperación con otros países”, agrega la nota. El comunicado insta a la comunidad internacional a adoptar sin tardanza “una postura común y resuelta contra las acciones ilegales de Israel”.

Entre los 426 activistas de 39 países distintos a bordo de los 52 barcos actualmente en rumbo a Gaza hay también 96 ciudadanos turcos, según la agencia turca Anadolu.

Detenida la hermana de la presidenta irlandesa

Una portavoz de la Flotilla Global Sumud ha informado este lunes que la hermana de la presidenta de Irlanda, la izquierdista Catherine Connolly, figura entre los seis activistas de este país detenidos después de que el ejército israelí interceptara este lunes varios barcos cuando el convoy navegaba al suroeste de Chipre.

La fuente confirmó hoy al diario The Irish Times que Margaret Connolly, médica de profesión, y otros cinco compañeros han sido secuestrados, mientras que otros nueve están “navegando actualmente” y se encuentran “en riesgo inminente”.

“Así que 15 personas irlandesas —junto a cientos de otras personas— que navegaban de forma completamente legal en una misión humanitaria, han sido interceptadas y nuevamente maltratadas por Israel”, denunció la portavoz de la delegación irlandesa en la flotilla, Karen Moynihan. La propia Margaret y sus compañeros publicaron hoy vídeos grabados con antelación en previsión de una nueva acción del ejército israelí.

“Si estás viendo este video, significa que he sido secuestrada de mi barco en la flotilla por las fuerzas de ocupación israelíes, y ahora estoy siendo retenida ilegalmente en una prisión israelí”, dice en el clip la hermana de la jefa del Estado irlandés, elegida en este puesto principalmente representativo el pasado año.

El Govern catalán y los socios de investidura, ERC y Comuns, afrontan una semana decisiva para poder rubricar un acuerdo de presupuestos. Todo apunta a que el lunes se conocerán los detalles de la nueva línea de tren orbital pactada entre la Generalita y ERC. Mientras tanto, los Comuns negocian una actualización de su acuerdo y añaden la retirada del tren R-Aeroport sobre la mesa.

La previsión es que un Consejo Ejecutivo extraordinario apruebe el viernes las nuevas cuentas y las envíe al Parlament. Se trata del segundo intento después de que el ejecutivo de Salvador Illa retirara el pasado marzo los presupuestos del Parlament porque no tenía los votos necesarios de ERC. Una negociación que embarrancó por el traspaso del IRPF.

ERC ya ha convocado el Consejo Nacional para que el lunes por la tarde avale que se dan las condiciones para cerrar un acuerdo de presupuestos. Si el aval se confirma, previsiblemente al día siguiente, martes, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, serán los protagonistas de la firma formal del pacto.

El próximo miércoles la política catalana tendrá dos escenarios: en Barcelona habrá pleno del Parlament con la sesión de control al presidente de la Generalitat y en Madrid se celebrará, tal como avanzó la ACN, la comisión bilateral Estado-Generalitat que debe servir para dar garantías de cumplimiento de los acuerdos con los republicanos que dependen del Gobierno español.

Los Comuns se reúnen el lunes con el Ejecutivo catalán e intensificarán su protagonismo en la segunda parte de la semana con el objetivo y la previsión de que el Govern pueda aprobar el viernes los nuevos presupuestos en un Consejo Ejecutivo extraordinario. Ese mismo día se enviarían al Parlament para que comiencen a tramitarse y puedan aprobarse definitivamente antes de que acabe julio.

ERC desvincula el IRPF de las cuentas y prioriza las infraestructuras

Después de retirar la recaudación del IRPF como condición para firmar un acuerdo de presupuestos, Esquerra ha recuperado el proyecto de una nueva línea de tren que uniría las ciudades de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès y Vilanova i la Geltrú, sin pasar por Barcelona.

Según la propuesta de los republicanos, debería estar terminada hacia 2040 con una inversión de 5.200 millones, asumida por el Estado. Está previsto que el secretario de Movilidad e Infraestructuras, Manel Nadal, dé detalles este lunes desde Sant Sadurní d'Anoia de lo que sería un cuarto cinturón ferroviario.

Otra de las condiciones que ERC ha puesto sobre la mesa está estrechamente vinculada a las inversiones. Los republicanos quieren que se cree una sociedad mercantil que supervise la ejecución de las inversiones del Estado en Catalunya. Se trata del instrumento alternativo que se ha encontrado después de que el Congreso tumbara, con los votos de Junts, la propuesta para crear el consorcio de inversiones. En el caso de la sociedad mercantil solo hace falta la aprobación en un Consejo de Ministros y no es necesario pasar por el Congreso.

Los republicanos también reclaman acuerdos en el ámbito de la educación, la sanidad y para potenciar el catalán. Y lo que debe desvelarse en los próximos días es la concreción de la “ganancia de soberanía” que el partido de Oriol Junqueras reclama para firmar los presupuestos. En las últimas semanas, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, avanzó que se está trabajando en un acuerdo sobre la gobernanza aeroportuaria de Catalunya. Pero no se ha concretado.

Vivienda y movilidad, las prioridades de los Comuns

Los Comuns ya cerraron un acuerdo con el Govern hace meses, pero han reclamado una “actualización”. Y han añadido como condición que el ejecutivo frene el R-Aeroport, el tren lanzadera que pretende unir el centro de Barcelona con el aeropuerto de El Prat. Los Comuns consideran que el trazado actual beneficiará principalmente a los turistas.

En vivienda, los Comuns advierten de que “faltan concreciones” sobre la unidad de disciplina con rango de dirección general, que debe servir para centralizar y endurecer las sanciones e inspecciones en este ámbito. Asimismo, plantean una ley para convertir oficinas y locales en pisos protegidos con el objetivo de incrementar el parque de vivienda pública. El grupo de Jéssica Albiach también fija la lucha contra la desigualdad como prioridad para cerrar un acuerdo de presupuestos.

Las negociaciones llegan a la recta final en un contexto de huelgas de los sindicatos del sector educativo y en medio de la polémica por la infiltración de mossos en una asamblea de docentes en huelga y el plan piloto del Gobierno para introducir mossos de paisano en los institutos. Tanto el sindicato USTEC como Junts y la CUP han reprochado a ERC y Comuns que no condicionen las negociaciones de los presupuestos a estas cuestiones.

Por su parte, el ejecutivo catalán se ha mostrado optimista en los últimos días. Desde Estados Unidos, el presidente de la Generalitat ha dicho que tiene la confianza de que las cosas irán bien, en referencia a un acuerdo de presupuestos.

Más de tres años sin nuevos presupuestos

El 10 de marzo de 2023 el Parlament aprobó los últimos presupuestos. En aquel momento, Pere Aragonès encabezaba un Govern en minoría que consiguió el apoyo del PSC y de los Comuns. La situación actual es el periodo más largo sin nuevos presupuestos desde la I legislatura. Superando el intervalo de 3 años y un mes entre las cuentas aprobadas en marzo de 2017, con Carles Puigdemont de presidente, y las de la pandemia de abril de 2020, tras la aplicación del 155.

En su primer año como presidente de la Generalitat, Salvador Illa no consiguió suficientes apoyos para aprobar los presupuestos de 2025. No los llevó al Parlament y optó por pactar con los socios de investidura, ERC y Comuns, tres suplementos de crédito para inyectar 4.000 millones de euros a las cuentas prorrogadas de 2023.

Las partes negociadoras son conscientes de que los presupuestos que se están ultimando no serán solo para 2026 sino, seguramente, para lo que queda de legislatura teniendo en cuenta que se acerca un nuevo ciclo electoral.

El economista francés Gabriel Zucman ha ganado relevancia mundial en los últimos años por sus estudios sobre la desigualdad pero, sobre todo, por ser el impulsor de una propuesta para que los patrimonios de más de 100 millones paguen al menos un 2% anual de impuestos. Esta 'tasa Zucman' es ahora una de las peticiones que los Comuns han puesto sobre la mesa de Salvador Illa para actualizar el acuerdo de los presupuestos catalanes, que el grupo de Jéssica Albiach ya pactó hace unos meses, pero que el Govern quiere volver a presentar la próxima semana, tras alinearse con ERC.

La propuesta de los Comuns es prácticamente calcada a la del francés. Se trataría de que las fortunas de más de 100 millones paguen un tipo efectivo del 2%. Es decir, que después de contar todas las exenciones, reducciones y bonificaciones que la ley permite, se les imponga un suelo mínimo del 2% de su patrimonio a pagar anualmente. “Se trata de acabar con los privilegios fiscales de los ultrarricos con una medida de sentido común: la tasa Zucman”, recalcan fuentes de la formación.

De esta manera, los Comuns pretenden enmendar algunos flecos del impuesto temporal que en España se aplica desde 2022 a las grandes fortunas. Por un lado, buscan que la tasa sea permanente. Por otro, apuestan a que la aplicación de este umbral mínimo vaya de la mano de cambios en la forma en cómo se contabilizan las fortunas. “Ahora, la ley deja fuera de los impuestos al patrimonio varios tipos de bienes, entre ellos bienes o inmuebles vinculados a una empresa”, aseguran desde los Comuns, que indican que debería contabilizarse el conjunto de la fortuna en la línea a las tesis de Zucman.

Actualmente, el impuesto temporal en España contempla un tipo del 3,5% por encima de 10,7 millones de euros. Además, el impuesto al patrimonio de Catalunya tiene, gracias a un acuerdo de 2022 de los Comuns, un tipo del 2,75 por encima de los 10,7 millones y del 3,48 por encima de los 2. Pero, debido a las excepciones y descuentos a las que los multimillonarios pueden acogerse y que los Comuns quieren topar, el impuesto medio que se recauda en Catalunya y en España “no llega ni al 0,3% del total de patrimonio que declaran las personas con grandes fortunas”, explican fuentes de la formación.

Para llevar a cabo esta reforma fiscal, el plan del grupo de Albiach es convencer a los socialistas de sacar adelante una propuesta para que el Parlament ejerza su iniciativa legislativa ante el Congreso. Una fórmula que la Cámara catalana ha ejercido en diversas ocasiones, la última hace pocas semanas para proponer cambios en la ley de la eutanasia, y que permitiría que tres diputados catalanes acudan a Cortes a defender la proposición de ley.

Gabriel Zucman es un economista muy influyente en el conjunto de la izquierda global, pero al que recientemente el Gobierno de Pedro Sánchez se ha mostrado cercano. En febrero pasado, el presidente recibió a Zucman en Madrid, durante unas jornadas ministeriales contra la desigualdad. Dos meses después el economista participó en el gran encuentro progresista de Barcelona con el que Sánchez enmarcó la cumbre con Lula y otros jefes de Estado y de Gobierno de izquierdas.

Los Comuns quieren ahora que los socialistas vayan más allá de las palabras y muestren su compromiso con la propuesta estrella de Zucman sobre fiscalidad. De sellarse este acuerdo, se incorporaría al conjunto de medidas que ya firmaron en su día Comuns y PSC a cambio del apoyo a las cuentas. Entre los pactos destaca la nueva regulación para prohibir las compras de vivienda por parte de inversores, una medida que dependerá de los municipios y finalmente afectará tanto a los grandes caseros y como a empresas.

El agitador de extrema derecha Bertrand Ndongo faltó este martes el respeto en el Congreso a la portavoz adjunta del grupo parlamentario de Sumar, Aina Vidal, diputada de ese grupo por parte de los Comuns. El activista, que accede a la Cámara Baja con acreditación de redactor del medio Periodista Digital, espetó en voz alta “qué idiota” mientras Vidal abandonaba la sala de prensa después de haber realizado una comparecencia en la que, entre otros asuntos, insistió en la necesidad de “limpiar esta institución de pseudoperiodistas que incomodan, agreden y hacen imposible que el trabajo transcurra de forma normal”. Tras ello, Ndongo se encaró con un periodista al afearle este su actitud preguntándole en tono agresivo “tú quién eres” y espetándole “me la trae floja lo que tú puedas pensar”.

Ndongo, al igual que Vito Quiles, está siendo investigado desde hace meses por el Congreso por la supuesta comisión de varias infracciones recogidas en el reglamento de la Cámara, que fue modificado el pasado julio para intentar poner coto a las actitudes de estos activistas con el voto en contra de PP y Vox. Y a esas investigaciones se refirió Vidal durante la rueda de prensa, cuando explicó que la resolución de esos expedientes está “pendiente” de un informe jurídico de los letrados de la institución, algo necesario para tomar una decisión “de manera correcta, intachable y con toda la seguridad jurídica”, explicó. Una vez se entregue ese informe, “los miembros de la Mesa tendrán que tomar una decisión, y esperamos que esa decisión sea la de limpiar por fin esta institución de pseudoperiodistas”, planteó.

La portavoz aseguró que este tipo de agitadores acreditados como redactores son “sicarios políticos con mucha ayuda”, ya que “algunos les ponen el dinero público” para que operen. “Hemos visto cómo el PP ha destinado más de 600.000 euros de fondos públicos a este ecosistema de pseudoperiodistas que operan aquí en la Cámara con total impunidad, pagando una maquinaria que solo sirve para difundir odio, lodo, mentiras y bulos”, denunció Vidal, que acusó a los populares de “poner una alfombra roja” a estos activistas y de, incluso, “invertir” los roles cuando estos “agreden” y hacerlos pasar por “víctimas” en lugar de por “verdugos”. La semana pasada, Vito Quiles fue denunciado por la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ante lo cual el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se preguntó “quiénes son los que han tenido algún tipo de actitud violenta”.

En su artículo 98.6, el reglamento del Congreso califica como infracción “muy grave” la “falta de respeto o a las reglas de cortesía en el recinto parlamentario y zonas o edificios adscritos al Congreso”, y concreta que “se considerará en todo caso una infracción muy grave proferir insultos, descalificaciones o atentar contra la dignidad de otras personas”. Para este tipo de infracciones de la máxima gravedad, el reglamento establece como sanción la suspensión de la credencial por un plazo de mínimo de tres meses y un máximo de tres años, pero también permite, “en su caso”, “la revocación definitiva de la credencial”.

No es la primera vez que Ndongo provoca un altercado en la sala de prensa del Congreso. Hace unos meses, el agitador ocasionó una bronca a gritos que interrumpió la comparecencia ante los medios de la portavoz de Sumar, Verónica Martínez, al saltarse a gritos el turno de palabra y ser reprendido por las responsables de prensa de la formación, que son quienes ordenan las preguntas de los redactores. Las faltas de respeto del activista son una constante también en sus redes sociales, donde no escatima en utilizar insultos machistas contra mujeres de la esfera pública.

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, se ha desmarcado de las palabras de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y ha asegurado que no cree que los dirigentes de Junts, ni sus votantes y militantes sean racistas. De esta forma se ha expresado en una entrevista en TV3 después de que Díaz asegurara el jueves que Junts ha sido “siempre” un partido racista y clasista.

Según Albiach, Yolanda Díaz es la mejor ministra de Trabajo que ha tenido nunca España. Aun así, ha admitido que la vicepresidenta hizo unas declaraciones con las que “puede comulgar más o menos”.

“Tengo diferencias abismales con Junts, pero hay un tema de estrategia: no quiero soltarles la mano porque son necesarios para la transformación”, ha insistido. Y, en este sentido, ha recordado que el partido de Carles Puigdemont facilitó la investidura de Pedro Sánchez.

Albiach ha añadido que es una “lástima” que las declaraciones de Yolanda Díaz hayan terminado “eclipsando” el debate de fondo sobre la vivienda que tienen con Junts. Y ha asegurado que se estaba hablando con los juntaires sobre el decreto para prorrogar automáticamente los alquileres.

Estas palabras de la líder de los Comuns no han servido para calmar las aguas entre los de Puigdemont, quien ha asegurado en una publicación en X que “continúa la manipulación de los moralmente superiores”. “Es contra vosotros que luchamos. Luchamos contra los que prefieren a Manuel Valls y al PP en Barcelona”, ha seguido, en declaraciones que hacen referencia a los sucesivos pactos que han realizado los Comuns para mantener a Colau al frente del Ayuntamiento de la capital catalana. El último de ellos le arrebató la alcaldía en el último momento a Xavier Trias.

Las declaraciones de Díaz también indignaron a Junts, que ha suspendido las relaciones con Sumar hasta que no rectifique las acusaciones de racismo. Según Albiach, los posicionamientos de los junteros en inmigración son “preocupantes” y equivocados. Aun así, considera que son postulados que no se entienden sin la presión electoral que el partido ultra Aliança Catalana ejerce sobre Junts. Con todo y pese a las diferencias, ha dicho que, por una cuestión estratégica, no se debe dejar de la mano a Junts, a quien considera “necesarios” para la transformación.

En referencia a los posicionamientos de Junts en cuanto a la inmigración, la líder de los Comuns en el Parlament ha hecho referencia a la enmienda pactada en el Senado entre PP, Vox y Junts en el marco de la ley de multirreincidencia. Según Albiach, es un “error” vincular inmigración con delincuencia y lo único que hace es “reforzar posicionamientos racistas”.

Hay pocas personas en Catalunya que representen mejor el espíritu de la confluencia de izquierdas que Xavier Domènech (Sabadell, 1974). Fue el puente entre Podemos y Comuns cuando más complicado era el encaje entre ambos y uno de los forjadores de la unidad en el enorme grupo plurinacional con el que desembarcó la formación capitaneada por Pablo Iglesias en el Congreso. Él mismo reconoce que ser el pilar que aguantaba tantos consensos le dejó “agotado” y le llevó a dimitir en 2018.

Pese a eso, el historiador ha decidido reaparecer fugazmente en política institucional para empujar la propuesta de un frente amplio de izquierdas. Este jueves moderará una charla entre Gabriel Rufián e Irene Montero en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona, el segundo acto con el que el diputado de ERC está tratando de reconectar a los diversos actores de la izquierda estatal.

Xavi Domènech presenta un acto con Gabriel Rufián e Irene Montero. Parece toda una declaración política.

Llevo tiempo defendiendo públicamente que, ante el auge reaccionario a nivel global y la posibilidad de un gobierno reaccionario en el Estado español, la fórmula más efectiva es una alianza amplia de izquierdas. Y no como mera línea defensiva, porque en una posición puramente defensiva acabas perdiendo: no tienes capacidad de transformar las condiciones que generan esa reacción.

Los frentes populares históricos de los años treinta no se plantearon solo como dique contra el fascismo, sino como programas ambiciosos de transformación social. Es importante que esta alianza no se vea como una serie de renuncias de cada actor, sino la condición de posibilidad para que la diversidad de programas de izquierdas se puedan llevar adelante. Sin ella, el PSOE distribuye el juego a su conveniencia; con ella, el conjunto de los actores puede coprotagonizar un programa transformador.

¿Ha tenido la sensación de que el PSOE se beneficiaba de esa fragmentación a su izquierda?

Ha sido así. Una de las grandes frustraciones que tienen gran parte de las izquierdas, soberanistas o estatales, es no tener otra alternativa que dar apoyo al PSOE, esté ese PSOE en el momento que esté, porque si no vienen PP y Vox. Frente a esta disyuntiva, lo que se produce son negociaciones cruzadas y debilidades cruzadas. Y eso se traduce no solo en frustración para cada uno de los espacios, sino sobre todo en incapacidad para superar la crisis del sistema político que arrastramos desde 2015, por no decir desde 2011.

No se puede mantener una crisis eternamente abierta, entre otras cosas porque todo tiende hacia la estabilidad. Por eso la única forma de superarlo es un programa de transformación ambicioso donde todos los actores se hagan cargo de las aspiraciones del conjunto, donde la clave no sea la renuncia sino lo contrario, la posibilidad de conseguirlo conjuntamente.

Rufián plantea candidaturas conjuntas a las generales. Usted lideró los Comuns, ¿es viable una lista conjunta de Comuns y ERC al Congreso en las cuatro provincias catalanas?

Para mí, totalmente viable. Pero me parece absurdo un debate que se centre en quién debe ser el candidato o la candidata, o en qué fórmula electoral funciona mejor. Son debates que se hacen en frío, a partir de encuestas y sistemas electorales. Las próximas elecciones se van a ordenar en torno a un eje muy claro: reacción frente a progreso, fascismo frente a antifascismo. Y en ese momento todos esos cálculos politológicos no valdrán nada porque todo se habrá movido.

Pero usted sabe bien que, a la hora de la realidad, cuando varias organizaciones se ponen a cerrar una coalición negocian números de lista y nombres.

Aún no estamos aquí, sino en un estadio muy anterior. Estamos planteando un debate que nace de una reflexión. O las izquierdas están a la altura del reto o quedarán fuera. Por eso ahora el debate que importa no es el candidato ni la fórmula, es cómo te sitúas en el eje que marcará las elecciones con un programa realmente transformador, no solo defensivo. Y eso incumbe a los actores políticos, por descontado, pero también a la izquierda social y cultural.

Rufián, un catalán independentista con toda la carga que ello conlleva, ¿puede liderar un movimiento estatal en España?

La pregunta de fondo es si pueden coexistir, en un mismo frente amplio, partidos que han defendido la independencia de Catalunya o Euskadi con fuerzas estatales. Yo creo que sí, y que además es necesario. Estamos en un momento en que las reglas implícitas del sistema se han roto: Trump ha llegado a la presidencia de EE.UU., Meloni gobierna Italia. Seguir con las mismas reglas es la fórmula más segura de morir con ellas. Además, el papel que han jugado los partidos soberanistas de izquierda en la política española estos años creo que ha sido valorado positivamente por el conjunto de las izquierdas del Estado. Oskar Matute me dijo hace poco, en unas jornadas en Girona, algo que me quedó grabado: 'Estamos en una situación en la que haremos cosas que jamás habríamos pensado hacer'.

La única respuesta que queda si rechazas el frente amplio es quedarte en tu espacio, ir a unas elecciones muy complicadas y, en el mejor de los casos, volver a apoyar al PSOE

¿Por qué cree que las cúpulas de prácticamente todos los partidos han intentado cerrar este debate?

Porque es un debate que avanza por decantamiento: ¿cuál es la alternativa? La única respuesta que queda si rechazas el frente amplio, o de izquierdas o como quieras llamarlo, es quedarte en tu espacio, ir a unas elecciones muy complicadas y, en el mejor de los casos, volver a apoyar al PSOE, que volverá a distribuir el juego a su manera. En realidad lo más probable, en el actual contexto y si nada se mueve, es que ganen PP y Vox. Por eso las cúpulas no tienen una propuesta alternativa clara. Cuando les preguntas qué programa transformador proponen si no es este, no hay respuesta.

En la historia de los Comuns y Esquerra hay muchos más desencuentros que idilios. Nunca se han entendido a nivel local, tampoco hubo sintonía cuando ERC obtuvo la Generalitat… ¿Por qué dos izquierdas tan próximas no han acabado de encajar?

Porque durante muchos años la política se ordenó en torno a dos ejes que lo dificultaban todo, el eje izquierda-derecha estatal y el eje del procés en Catalunya. Eso lo hacía todo muy difícil. Ahora, en el postprocés, todo el mundo está digiriendo lentamente la nueva situación. Y parece que la estrategia de los partidos independentistas también es negociar e intentar mover al PSOE. ¿Hemos pasado de proclamar la República [catalana] a eso? Lo digo con todo el respeto, pero es una evidencia. Y si estamos aquí, no veo por qué no puede haber un programa de transformación ambicioso común y, a partir de aquí, cada uno después de que siga su camino.

Usted ya había dejado la política cuando ocurrió la fractura entre Podemos y Sumar. ¿Cómo la vivió? ¿Cómo se la explica?

Recuerda que en las últimas generales fueron juntos, aunque se supone que ya habían roto. El problema de fondo es que divergen dos estrategias de posición: unos dentro del Gobierno, otros fuera. La fuerza que ha apostado por estar dentro ha conseguido cosas, no lo niego, pero no ha conseguido hacer avanzar sus posiciones y a veces se nota mucho. La que está fuera dice que hay que construir desde fuera, pero le faltan actores y energía.

Para mí, ante lo que puede venir, lo que importa es construir un espacio amplio que permita activar algo que no sea solo político. También nos falta un mundo de la cultura que pueda generar un relato sobre quiénes somos como pueblo y cómo queremos proyectarnos. Hay que activar al pueblo de izquierdas y nos hacen falta los movimientos sociales como protagonistas, no como comparsa.

Está sobre la mesa también la cuestión de la piel: las relaciones entre líderes. Por un lado Yolanda Díaz, que ya se ha descartado para el futuro de la izquierda, por el otro Irene Montero, a la que Podemos sigue colocando como indispensable. ¿Es posible dejar las peleas de lado?

Tienes razón en que la cuestión personal es un elemento importante. Pero sería muy bestia. Es decir, si la perspectiva es la llegada de la extrema derecha al Gobierno, que las cuestiones personales o de piel sean lo que impida la unión me parecería políticamente inexplicable. Y ojo, es seguramente explicable en términos de análisis histórico, la historia está llena de cosas así. Pero políticamente, visto desde el presente, no tiene sentido que las peleas o las cuestiones personales sean una excusa para no unirse ante lo que viene.

En 2018 se fue diciendo que estaba agotado de la política. Seis años después, ¿qué pasó? ¿Por qué se agotó tanto?

Me convertí en una figura atravesada por múltiples consensos: Comuns-Podemos, Catalunya-España, distintas sensibilidades internas. Y esos consensos se cargaban sobre la persona, sobre mí, y no sobre el proceso de llegar a acuerdos. Eso tiene un peso personal enorme. Además, era a la vez portavoz del grupo parlamentario en Madrid, coordinador general de los Comuns y secretario general de Podem, algo bastante surrealista para alguien que venía de los movimientos asamblearios y que estaba en contra del personalismo en política.

Llegó un momento en que dejé de tener en cuenta lo que yo pensaba y operaba solo en función de cómo integrar diferentes posiciones para encontrar una postura de consenso que ya no sabía si era la mía. Eso no lo vivía bien. Yo no venía del consenso, venía del conflicto social y político. Cuando públicamente se me describía como 'una persona de consenso', eso ya era la señal de que algo no encajaba.

Somos una generación, la del 15-M, la del procés, que llevamos más de diez años siendo más o menos las mismas caras […] Sería bueno y necesario que este proceso produjera también nuevos liderazgos.

En un momento tan excepcional, ¿Xavi Domènech se descarta para aparecer en esa lista de confluencia?

Yo, personalmente, no participaré. Para mí tiene mucho sentido esta lucha y ayudo con lo que haga falta, pero en lo personal, no volvería a la política.

Hablaba antes de figuras de consenso, ¿existen hoy personas capaces de articular ese frente amplio?

Espero que sí. Y añado algo importante: somos una generación, la del 15-M, la del procés, que llevamos más de diez años siendo más o menos las mismas caras. Las militancias más jóvenes se están moviendo en torno a temas como la vivienda y las libertades, y están apareciendo en espacios nuevos. Sería bueno y necesario que este proceso produjera también nuevos liderazgos. No digo “que se vayan todos”, la experiencia política tiene valor y no es eso. Pero ya tocaría que aparecieran caras nuevas. Yo llegué al Congreso con 40 años y ya era 'el mayor' del grupo parlamentario. Ahora tengo 51.

¿Hasta qué punto están organizados quienes impulsan este frente amplio?

No hay una gran organización. Hay simpatía mutua, afinidades, estima. Y a veces eso es más importante que la organización. Hay referentes claros para mí, como Joan Tardà u Oskar Matute.

Lo que sí parece es que hay una construcción que se está haciendo más desde arriba que desde abajo: actos entre figuras políticas, en distintas ciudades. ¿Y por abajo?

Para que esto funcione de verdad hace falta construcción por abajo, seguro. Desde los movimientos sociales y el mundo de la cultura. El debate del 9 de abril me parece importante precisamente porque abre ese espacio. Pero tiene que ser multipolar, con diferentes formas y espacios, no solo político.

La realidad de clase siempre ha sido diversa, y el conflicto de clases ha funcionado para las clases populares cuando ha conseguido integrar esa diversidad

En el acto de Rufián con Emilio Delgado hubo una cierta impugnación de las izquierdas: se habló del velo, de la inseguridad en las calles... ¿La izquierda debe debatir en el terreno de la derecha?

Creo que a veces asumimos demasiado las críticas que la derecha hace a la izquierda, y eso es un error. El ejemplo más claro es lo que está pasando en el Partido Demócrata tras la derrota frente a Trump: la explicación que se instala internamente es que perdieron por defender a los trans y a los migrantes. Es decir, adoptan el relato de la derecha sobre su propia derrota. Yo creo que va exactamente por el lado contrario. Lo que demuestra el movimiento de Sanders y Ocasio-Cortez, que son capaces de hacer mítines de 30.000 personas en estados trumpistas en plena depresión política, es que un discurso radicalmente de clase que integra la diversidad en lugar de negarla no solo es posible sino que es electoralmente ganador.

El problema no es que luchemos por los derechos de las personas diversas; el problema es que hemos perdido el sentido de unidad básica. Y cuando eso se recupera, funciona: el nuevo alcalde de Nueva York, joven y musulmán; la alcaldesa de Seattle; el alcalde de Chicago haciendo mítines contra la ICE más radicales que los de la CUP. No se trata de volver a la cosa antigua. Se trata de hacer la fusión de la realidad: la realidad de clase siempre ha sido diversa, y el conflicto de clases ha funcionado para las clases populares cuando ha conseguido integrar esa diversidad, no cuando la ha negado.

¿Cuál es el diagnóstico que hace de por qué parece que la derecha y la extrema derecha están a punto de ganar?

Primero, habría que cuestionar el diagnóstico. La extrema derecha sigue siendo fundamentalmente un fenómeno de renta: en Barcelona se decía que Vox había sacado sus mejores resultados en Torre Baró, pero si mirabas los datos resultaba que allí casi nadie había votado. Los votos reales estaban en Sarrià-Sant Gervasi. Lo mismo con el tópico de los jóvenes fachas: en las elecciones francesas todo el mundo lo daba por descontado, y los jóvenes votaron masivamente al Frente Popular. En Alemania votaron mayoritariamente a Die Linke. En Italia fueron los jóvenes quienes tumbaron el referéndum que apoyaba Meloni. Los jóvenes se usan para justificar nuestra propia responsabilidad.

Pero es innegable que la izquierda está en un momento complicado, al menos a la defensiva, ¿no?

Hay un fracaso real: no de la izquierda transformadora, sino del ámbito progresista, que sigue aplicando recetas que no afrontan los grandes problemas. Si no afrontas los grandes problemas, primero se produce abstención, que es el factor que explica principalmente las derrotas institucionales, y después, ante la ausencia de respuestas, aparecen afirmaciones de identidad muy fuertes que en muchos casos acaban siendo conservadoras y reaccionarias. Las agendas mediáticas también influyen, aunque no lo explican todo. Yo no soy de los que piensan que todo es guerra cultural, aunque tenga mucha importancia.

La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha respaldado este miércoles las intenciones del diputado de ERC, Gabriel Rufián, de articular un frente político de izquierdas al margen del PSOE de cara a las elecciones generales. Para ello, ha respondido también a Oriol Junqueras, el líder de los republicanos, que cierra la puerta a esta opción e incluso llegó a afirmar recientemente que él fue a la cárcel “por Catalunya, no para que Colau sea diputada en una lista de Esquerra”. 

Colau ha lamentado lo que considera una mención “gratuita” hacia ella, puesto que no tiene intención de concurrir en unas listas electorales. “No soy candidata a nada, no tengo ningún cargo institucional”, ha expresado en Els Matins de TV3. Y ha calificado de “mansplaining” las palabras de Junqueras: “Si quiero ser diputada, puedo presentarme con mi fuerza política, no necesito que Oriol Junqueras me bendiga”. 

No es la primera vez que Colau apoya la iniciativa de crear un frente amplio y plurinacional de izquierdas, un proyecto que en los Comuns ven con buenos ojos, pero que en ERC ha causado malestar debido a que parte de sus bases no lo entiende y temen que les haga perder votos. Rufián lanzó la idea en un acto con el diputado de Más Madrid Emilio Delgado, y seguirá con esa campaña en otra intervención el 9 de abril, esta vez en Barcelona y junto con la número 2 de Podemos, Irene Montero. 

Colau no podrá acudir al acto, ha precisado, pero lo respalda. De esta forma, ha animado a “cualquiera que pueda contribuir desde la izquierda a que haya el máximo diálogo y acuerdo posible, para que haya un frente amplio e ilusionante con toda la ambición”. “Hay que buscar los objetivos comunes y no los que nos separan, en un contexto en el que la extrema derecha podría gobernar España, y eso significaría un retroceso de derechos y de libertades que la ciudadanía no nos perdonaría”, ha afirmado. 

En cuanto a la relación entre Comuns y ERC, ha reconocido que ha pasado “momentos díficiles”, con “errores por todos lados”. Pero ha añadido que el diálogo se mantiene para que haya “candidaturas lo más amplias y coordinadas posible, más allá de la declinación territorial que pueda haber, con unas siglas u otras”. 

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado una Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) que pondrá las bases para prohibir el alquiler de temporada en la ciudad. Esta propuesta, que forma parte de un pacto entre el PSC y los Comuns y que ha contado con los votos favorables de ERC, define los usos a los que pueden estar sometida la vivienda, los parámetros y, consecuentemente, las prohibiciones que se consideren en las normativas municipales.

Esta es la fórmula que han encontrado ambos grupos parlamentarios para eliminar el alquiler de temporada y reforzar también la prohibición de las viviendas turísticas, una modalidad que ocupa casi la mitad de residencias disponibles en diversos barrios de Barcelona como el Gòtic o la Barceloneta.

El consistorio convierte el uso “habitual y permanente” de la vivienda en su uso “característico”, mientras que las segundas residencias, el alquiler temporal o turístico pasan a ser usos “asimilados”. De esta manera, según se sostiene en el informe del MPGM, se podrán prohibir, condicionar o restringir los usos diferentes a los característicos de la vivienda. Eso implicará que el Ayuntamiento también podrá limitar las compras especulativas -en tanto que se tratan de adquisiciones de pisos que no están pensados para vivir en ellos- y complementaría así la normativa en la que está trabajando el Govern para prohibir este tipo de adquisiciones.

Los límites a los usos secundarios de la vivienda dependerá de la zona de la ciudad y de la necesidad de vivienda habitual que haya en cada barrio. Igualmente, el Ayuntamiento se asegurará de regular la renta temporal y turística también para las habitaciones, las plantas de casas unifamiliares, así como las parcelas.

A partir de aquí, el consistorio propone elaborar regulaciones y normas para “fomentar y proteger” el uso habitual de la vivienda. De esta manera, se pretende que los alquileres sean “más accesibles para sus residentes”. Según ha defendido la primera teniente de alcaldía y responsable del área de Urbanismo, Laia Bonet, “Barcelona necesita todas las herramientas disponibles para luchar contra la especulación y garantizar el derecho a quedarse en la ciudad”.

La modificación ha contado finalmente con los votos de ERC, que durante todo el proceso de negociación han mostrado públicamente sus “dudas sobre los efectos que pueda tener la MPGM”, pero este viernes han decidido emitir un “voto político” y de “confianza a los movimientos sociales”, tal como ha expresado la concejala republicana Eva Baró.

A falta de informes oficiales, de las ofertas de los portales inmobiliarios se estima que el alquiler de temporada puede llegar a suponer un 30% de la oferta de alquiler en ciudades tensionadas como Barcelona, llegando a crecer esta cifra hasta el 40% en más de un barrio. La intención del pleno es que la normativa pueda estar lista antes de verano, pero lo cierto es que estos plazos son ambiciosos porque el texto todavía debe pasar por la subcomisión de Urbanismo de la Generalitat y, una vez pase ese trámite allí, volverá al Ayuntamiento para su aprobación definitiva.

La normativa era “urgente” según palabras de la líder de los Comuns, Gemma Tarafa, que ha apuntado datos al pleno: en una ciudad de 1,7 millones de personas, hay 800.000 viviendas, lo que supone un piso para cada dos personas. Pero la realidad es que el consistorio ha contabilizado hasta 130.000 viviendas en las que no vive nadie de forma habitual, lo que reduce la oferta “de manera alarmante”.

Esta MPGM fue pactada en diciembre de 2024 y su paso por el pleno llega un año más tarde de lo previsto. Aun así, se adelanta al Gobierno central, que hace casi dos años que anunció la necesidad de regular los alquileres turísticos y de temporada, dos modalidades de renta que la Ley de Vivienda no regula y que se han convertido en un “agujero negro”, según palabras de la ministra Isabel Rodríguez.

Por eso, el Parlament de Catalunya también se avanzó al Gobierno y aprobó, en diciembre de 2025, una ley para limitar el precio del alquiler turístico y de temporada y meterlos en el mismo saco que la vivienda habitual. Esto afecta a arrendamientos por razones profesionales, de estudios, por temas médicos o por obras. Solo se excluyen los motivos turísticos o recreativos.

Eso enmienda la ley de vivienda, que excluía estas tipologías del tope de los precios de alquiler -algo que, de momento, es algo que sólo se aplica en las zonas tensionadas de Catalunya. Todo ello ha provocado que muchos propietarios saquen sus pisos del mercado habitual para pasarlo al de temporada y exigir precios muy por encima del límite. Aunque actualmente el uso del arrendamiento por temporada para inquilinos que en realidad viven en el piso de forma permanente es un fraude, es una realidad en la que se encuentran muchos vecinos de Barcelona.

Así, el Ayuntamiento se suma a la voluntad reguladora y va más allá de la ley aprobada en el Parlament, llegando a querer prohibir sus usos gracias a las competencias que tienen los consistorios en materia de urbanismo. “La regulación del Parlament es imprescindible, pero no puede ser la única”, ha apuntado la primera teniente de alcalde, Laia Bonet.