Desde que un día llamaron a su puerta con una oferta de 10.000 euros a tocateja, la vida de Ángel ha dado un vuelco. Pero ahora el miedo a perder su casa se ha convertido en rabia. Más de un año después, comienza a verterla contra aquellos huéspedes. “El fondo de inversión Palau & Manfredi ha comprado el edificio y nos quiere echar a la calle”, denunciaba este domingo, arropado entre sus vecinos. En enero de 2025, un agente contratado por esta sociedad inmobiliaria se presentó en su domicilio, en el número 37 de la calle Gaztambide, donde alquila un piso con su pareja. La noticia les dejó a cuadros: la propietaria había fallecido y ahora los herederos querían vaciarlo. La idea era hacer reformas, exprimir el recurso y venderlo al mejor postor; así que, de día para otro, el bloque pasó a ser una gallina de los huevos de oro en uno de los barrios más cotizados de Madrid.

Desde entonces, los vecinos se han organizado para poner en marcha una campaña de denuncias en redes y, recientemente, una jornada de protesta. Fue este mismo domingo, 15 de marzo, cuando se movilizaron conjuntamente con el Sindicato de Inquilinas de Madrid para reclamar una reunión al fondo que gestiona actualmente la propiedad. En un comunicado, el órgano sindical pidió negociar nuevos contratos de alquiler “estables y asumibles” para los inquilinos. Para algunos, como es el caso de Ángel e Irene, su contrato no concluye hasta 2028, así que les ofrecieron los 10.000 euros por marcharse.

Si no accedían, la otra opción era cobrar unos 200 euros cada vez que la sociedad family office organizara una visita al piso --en el que aún son inquilinos-- en busca de potenciales compradores. Desde el Sindicato de Inquilinas sostienen que la empresa tiene en mente “reconvertir el bloque en pisos de lujo”, aunque de momento no se ha confirmado oficialmente nada parecido. A principios del año pasado, Ángel se topó con dos personas en el rellano que, según él, parecían inspeccionar el edificio. Ese día marcó un punto de inflexión.

Eran un hombre y una mujer. Ella se presentó como su abogada y les informó de que iban a efectuar obras en las instalaciones, instándoles a “tener en cuenta las molestias” que eso puede suponer en su día a día. Para estos inquilinos, aquella fue una táctica de acoso inmobiliario. Desde entonces, la presión sobre los vecinos se acentuó: burofaxes que anuncian la no renovación de contratos, visitas constantes de potenciales compradores, llamadas insistentes, ofertas económicas para marcharse antes de tiempo. Y, según su denuncia, algo más: cortes de suministros y obras que complican la vida diaria.

Su denuncia la recogieron desde la oposición política de Más Madrid. La portavoz municipal del distrito, Sara Ladra, también habla de “mobbing inmobiliario” para referirse a este tipo de práticas. En declaraciones a este periódico, la concejala de Chamberí, recuerda otros casos parecidos –algunos muy recientes“ como los que ocupan a vecinos de Tribulete, San Ifelfonso o General Lacy. ”Si nos quieren echar de nuestras casas, van a tener un problema“, resumieron los vecinos durante la protesta, a modo de reafirmación colectiva después de meses de incertidumbre piso a piso.

Uno de los rostros involuntarios de la reivindicación fue Carmen, que trabaja en uno de los locales que habrán de desalojar. Lleva ocho años y medio en una conocida pastelería de la calle, que terminaba su contrato este mismo año y será uno de los primeros espacios en desaparecer con la compra. Ella ha cumplido 41 y vive con su madre no muy lejos de allí, aunque ha de coger el metro para llegar a su puesto. Con el tiempo, se ha convertido en una cara conocida para algunos vecinos.

Comprar siempre en la misma panadería, ir a por dulces caseros o salir de los supermercados es lo que da calidad a un barrio. Y temo que este acabe perdiendo su esencia

Carmen — Trabaja en uno de los locales comerciales que concluyen su contrato

“Carmen ha sido nuestra mejor red social”, proclamaba desde el balcón en uno de los pisos, megáfono en mano, una de las manifestantes este domingo. A pie de calle estaba Carmen, uniformada de blanco y sonrojada por los aplausos. “Ahora se queda en paro, así que queremos agradecerte todo lo que nos has ayudado. Si alguien puede pasar su currículum, agradeceremos que no se nos vaya de aquí”, concluía la vecina en su discurso dando paso a una cadena de aplausos y vítores. En diciembre, su jefe recibió otro burofax de la empresa advirtiendo de que deberían abandonar el edificio a finales de abril.

“Me siento agradecida de haber podido ayudarles o alegrarles si es que ha sido así. Pero al final, aunque solo sea un trabajo, duele por la gente a la que dejas atrás y también por la incertidumbre que llega”, revela Carmen días después, al otro lado del teléfono. “Esta es una zona muy buena y quieren aprovechar la situación, pero siento que estas situaciones son las que terminan por cargarse el pequeño comercio en los barrios”, sentencia la trabajadora, augurando que el ejemplo de Gaztambide puede repetirse en otros puntos de la ciudad: “Comprar siempre en la misma panadería, ir a por dulces caseros o salir de los supermercados es lo que le da calidad a un vecindario. Y temo que este acabe perdiendo su esencia”.

El de este bloque no es un caso aislado. Las organizaciones de inquilinos llevan tiempo alertando de una dinámica que se ha extendido por distintos barrios de Madrid: fondos de inversión que compran edificios enteros con contratos en vigor, comunican su intención de no renovarlos y despliegan distintas fórmulas de presión para acortar los plazos. En el caso de Palau & Manfredi, las vecinas aseguran que el mismo esquema se ha reproducido en otros inmuebles fuera de Madrid, como en Barcelona, donde el fondo posee otro edificio en el Eixample.

Por vivir en su piso, Ángel e Irene pagna 1.100 euros al mes sin contar gastos como luz, wi-fi, gas o agua. Son unos 80 metros cuadrados con tres habitaciones, dos de ellas más pequeñas y la tercera sin ventana. Creen que la maniobra incrementará el precio de la vivienda para equipararla al estatus del barrio. Así que la protesta del domingo se presentó como una llamada a la negociación, donde los vecinos solicitaron a la propiedad que respetara los contratos y no trate de expulsar a sus inquilinos de forma inminente. En el interior del portal, entre buzones y carteles improvisados, alguien ha escrito un mensaje que resume el momento: “Aquí vive gente”.

“Creo que no esperaba que lo invitara a pasar, pero yo tenía que saber de qué iba este asunto”. Quien habla es Irene, vecina en un piso de Chamberí en el que vive de alquiler con su pareja. Hace ya casi un año, en enero, recibieron una visita inesperada: la de un agente contratado para negociar con ellos su estancia en el edificio. “Llamó al telefonillo, dijo que habían comprado el bloque y que si éramos los inquilinos, querían hablar con nosotros”, rememora al otro lado del teléfono. Cuenta que aquel hombre, de “buenos modales”, se prestó a dejar un número de teléfono si preferían hablar en otra ocasión. Pero la noticia les asustó tanto que le hicieron subir. Les ofreció 10.000 euros en “compensación” por “permitir la venta” del inmueble, en la calle Gaztambide número 37. Su contrato no acababa hasta 2028, y la dinámica se repitió puerta por puerta.

Si insistían en quedarse, les darían “unos 200 euros por visita” para que pudieran traer a compradores interesados. “Es acoso inmobiliario”, asegura, airada por la situación después de “meses en tensión”. La explicación que le dieron fue que el edificio era propiedad de dos mujeres solteras cuyas posesiones, al fallecer, acabaron en manos de sus sobrinos. Según Irene, ahora son ellos quienes deciden sobre el inmueble y lo coordinan a través de una sociedad privada family office, un tipo de estructura empresarial que gestiona o administra el patrimonio y los inmuebles familiares.

En otras palabras, una especie de agencia inmobiliaria para comprar, vender o reformar herencias. “Nos hacen la vida imposible porque lo que quieren es acorralarnos”. Ángel, la pareja de Irene, cuenta que una vez se encontraron en el portal a dos personas, un hombre y otra mujer –aseguran que se presentó como abogada– que inspeccionaban la entrada del edificio.

“Nos dijeron que iban a hacer obras en las instalaciones y que tuviésemos en cuenta las molestias que eso iba a implicar en nuestro día a día”, expresa el inquilino, sugiriendo en ello una “táctica” para apremiarles a aceptar los 10.000 euros por abandonar el apartamento. Unos meses después de que el primer agente inmobiliario llegara a su casa, fueron a hablar con el administrador de fincas.

“Como nos dijo que la compra aún no era efectiva y ni siquiera había nada firmado, nos relajamos”. Pero después de eso decidieron poner a su nombre la factura de los suministros a la espera de que el edificio se vendiera en junio, tal y como tenían previsto. Después de consultarlo con abogados que creen que existen resquicios legales por los que podrían prorrogar su contrato actual hasta, al menos, 2030; pero todo ahora mismo pende un hilo. Irene y Ángel se han agrupado con otros vecinos del bloque para sopesar oportunidades y presionar a la propiedad.

“Pasamos todo el verano pendientes, hablando con unos y con otros, preguntando a los de enfrente porque llevan más años que nosotros... y eso nos desanimó”, relata ella. Al parecer, lo que les contaron fue que el rumor llevaba tiempo asomando y ya habían vivido alguna situación parecida, pero decidieron no hacer nada hasta que se acercara el momento de vender. Por vivir en su piso, Irene paga 1.100 euros al mes a medias con su chico sin contar gastos como luz, wi-fi, gas o agua. Son unos 80 metros cuadrados con tres habitaciones, dos de ellas más pequeñas y la tercera sin ventana.

“Con los 10.000 euros que quieren pagarnos apenas nos llega para seis meses de alquiler, y encontrar algo de cero supone meterte otra vez en comisiones, fianzas e inmobiliarias”, insiste. Su denuncia la recogieron desde la oposición política de Más Madrid. La portavoz municipal del distrito, Sara Ladra, también habla de “mobbing inmobiliario” para referirse a este tipo de práticas. En declaraciones a este periódico, la concejala de Chamberí, recuerda otros casos parecidos –algunos muy recientes“ como los que ocupan a vecinos de Tribulete, San Ifelfonso o General Lacy.

“En Chamberí, como en tantos otros barrios de Madrid, las operaciones de acoso inmobiliario funcionan con total impunidad porque el sistema municipal lo permite, gracias a un mecanismo perverso: las licencias y declaraciones responsables para actuar en edificios residenciales están externalizadas a las Entidades Colaboradoras Urbanísticas”. La edil lo asemeja a “dar las llaves de la ciudad al que te quiere robar”. Cree que, de esta forma, la autorización y tramitación de reformas “agresivas” que “expulsan a los vecinos” se deja en manos de “empresas privadas con intereses económicos directos”, que autorizan y tramitan las reformas agresivas que expulsan a los vecinos“.

Para solucionarlo, cree que el primer paso ha de ser obligar a que las actuaciones en edificios residenciales, incluso si se trata de una herencia particular de por medio, sean tramitadas “exclusivamente por técnicos municipales y no por empresas privadas”. Más Madrid también ha recurrido el Plan Reside, una norma también muy criticada desde el PSOE. El plan se aprobó definitivamente en septiembre, cuando la Comunidad de Madrid avaló el texto al que el Ayuntamiento dio luz verde en primavera.

Hace un mes, el partido de Rita Maestre presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) alegando que la propuesta de reunir todas las viviendas turísticas en edificios exclusivos para poder obtener licencia de actividad “va a expulsar a los vecinos de sus casas”. Es lo que temen Irene y Ángel después de ver cómo tratan de vaciar los pisos en bloque, aunque de momento desconocen a qué fin se destinará el edificio una vez termine este periplo. La pareja intuye que en el próximo mes habrá nuevas noticias sobre la venta, por lo que vaticinan unas navidades agridulces: “Es violento que alguien se presente en tu puerta por sorpresa, pero más aún si lo que quiere es echarte”.

Diego, el cuidador de un hombre con esclerosis múltiple en Madrid, se ha fugado con más de 200.000 euros de sus cuentas y ahora está en paradero desconocido. La Policía Nacional ha emitido una orden de búsqueda y captura para el presunto estafador de este vecino de Chamberí, señalado como autor del robo por la familia del afectado.

Según Telemadrid, que avanza la noticia y eleva la cifra sustraída a los 290.000 euros, los investigadores descubrieron que este hombre se había apropiado de las claves bancarias de la víctima y había ido transfiriendo poco a poco el dinero a su propia cuenta, con envíos progresivos para no hacer saltar las alarmas.

Somos Madrid ha podido confirmar que existe una denuncia por estos hechos y la investigación policial sigue abierta. Además, la información adelantada también apunta a que el presunto estafador trató de vaciar el plan de pensiones de la persona de la estaba a cargo.

Hace un año, sus familiares se percataron de un ltrasvase de fondos hasta Paraguay, país de origen del cuidador. La policía sospecha que este, tras huir en un primer momento a Portugal, puede estar de nuevo en Madrid cuidando a otra persona dependiente.

Muchos vecinos de Chamberí y de otros distritos cercanos, como Tetuán, lo tienen claro. La ola de calor se pasa con las persianas bajadas hasta que la atmósfera da tregua. Luego, se acercan al parque del Tercer Depósito de Canal en busca de sombra y agua.

Desde media tarde, niños pequeños, en bañador y con el culete al aire, levantan los brazos jubilosos cuando vuelven a surtir del suelo los chorros de agua intermitentes. Padres y madres les dan indicaciones, recogen sus chanclas abandonadas y se acercan a ellos para, venciendo el pudor, mojarse también en los juegos de agua, que funcionan en el lado oeste del parque durante los meses de verano.

La otra zona de frescor se encuentra en la gran lámina de agua de unos cien metros de longitud –diríase que es una piscina con surtidores–. A partir de las ocho de la tarde algunas sombras van moteando sus lados y van apareciendo en ellos los vecinos. Los primeros, a cobijo de una caseta de la infraestructura eléctrica sobre cuya sombra proyectada se sientan los pioneros del fresquito cada tarde.

A medida que el sol afloja, el contorno del laguito se llena de gente de todas las edades. En uno de sus lados, con suelo granítico y bancos, está la gente de más edad. En el otro, solado en madera, la gente más joven, que se sienta –o se tumba– a menudo con toallas de playa. Hay gente sola, en pareja, con amigos o familia. Muchas personas pasean alrededor del agua, beben mate, latitas de cerveza o agua; está el vecino lector –según falte la luz se arrimará a una farola–, el que hace yoga con el fluir del agua de fondo y el que se entretiene mirando la pantalla del móvil.

Cada rato, la coreografía programada de los surtidores irrumpe con agua vaporizada que, si se mueve una brizna de viento, refresca a la concurrencia y saca risotadas en los niños. A las 21.59 las fuentes dejan de funcionar, pero la gente sigue sentada alrededor del agua, disfrutando del olor a agua tratada que, a falta de una piscina de verdad, recuerda los aromas de veranos pasados.

El parque del Tercer Depósito del Canal de Isabel II está construido sobre un depósito de agua y fue inaugurado en 2007 (uniéndose a la parte que ya existía del parque de Santander). Pero su historia actual comenzó, en realidad, mucho después y fue urdida con hilos vecinales.

Durante el mandato de Alberto Ruiz Gallardón al frente de la Comunidad de Madrid –titular de los terrenos de Canal– se había hecho el anuncio de la apertura de los espacios de la empresa a la ciudadanía para hacer en Chamberí “un segundo Retiro”. El plan siguió adelante, pero los vecinos se encontraron con unas extrañas estructuras en las obras. Corría el año 2006 y Esperanza Aguirre, entonces al mando de la CAM, había decidido convertir gran parte del parque en un campo de prácticas de golf.

Un grupo de vecinos y vecinas de Chamberí comenzó entones a movilizarse, formando la semilla de lo que sería Parque sí en Chamberí, la plataforma vecinal que acabaría por tumbar el campo de práctica de golf ya construido. Fueron 15 años de lucha contra la administración en la calle y en los tribunales, que quedaron registrados para la posteridad en el documental De interés general, dirigido por Miguel Ángel Sánchez. El recorrido fue largo y sinuoso –está contado en este artículo por algunas de sus protagonistas– y terminó en 2016 con una sentencia que cerraba el camino urbanístico al despropósito del parque.

Pero, ¿terminó? En realidad, no. El Canal de Isabel II empezó en 2017 una relación de diálogo con la plataforma que perdura hasta hoy. Fueron dos años de conversaciones que incidieron decisivamente en el diseño final del parque. Mercedes Arce, participante de Parque sí y agente activo en aquellas negociaciones lo cuenta así: “Nosotros dividimos el trabajo como en siete áreas, las estudiamos y fuimos viéndolas una por una. Como no había muchas zonas grandes de juego libre, lo más importante para nosotros fueron los 5.000 metros abiertos, no hay ningún sitio en Chamberí donde un chico pueda dar una carrera larga. Otra cosa por la que luchamos muchísimo fue la conectividad, en el parque ese tenías que dar toda la vuelta. Y entonces pedimos el eje de norte-sur, eso nos costó muchísimo, pero al final se consiguió y también uno de este a oeste. Y las zonas infantiles que fueran accesibles”, enumera la activista vecinal.

E insiste en el capítulo de las fuentes: “Pero el agua también fue una de nuestras grandes reivindicaciones”, advierte, y remite a una lucha más amplia que ha tenido su último capítulo en la reivindicación porque la Fuente de la Fama volviera a tener agua y fuera abierta al público, algo que ha sucedido recientemente. “Hicimos un meme con la fuente tras la verja y la etiqueta #FREELOZOYA”, cuenta divertida Mercedes.

El parque actual se inauguró el 21 de mayo de 2023. Era domingo y fue estrenado por cientos de vecinos que acudieron, no solo a disfrutar de los 55.000 metros cuadrados de parque, sino a reivindicar, con micro y pancartas, lo que unos vecinos empecinados en la causa del espacio público pueden conseguir. De aquellas, los chorros aún no habían empezado a funcionar y los más pequeños empezaron a meterse en las piscinas, posibilidad que fue rápidamente cortada de raíz y de la que dan noticia numerosos carteles alrededor de los vasos de las fuentes.

A pesar de todo, es muy frecuente ver estos días gente metiendo los pies en la lámina de agua. Primero, se anima una persona y a continuación son varias las que se han descalzado y tienen sus pies al fresco. Si pasa uno de los guardias del recinto montado sobre las dos grandes ruedas de su patinete eléctrico, se acerca amablemente a indicar que está prohibido hacerlo. “Yo creo que lo que teníamos que hacer todos es meternos y si lo prohíben, pues que nos lo prohíban a 100 o a 200 personas, porque poner eso ahí y que no te dejan entrar…” dice Arce.

Lo que le falta para ser un refugio climático

No es necesaria una medición térmica para percibir el cambio de temperatura en el interior del parque respecto de las calles circundantes, que, como Bravo Murillo o Cea Bermúdez, son vías de alta ocupación recalentadas por el tráfico. Sin embargo, solamente la parte del viejo parque Santander, al norte del recinto, cuenta con pinos frondosos que permiten pasar el día en verano en las horas centrales del día.

“Ahí estos nos han metido el gol de que han plantado unos árboles que tienen, pues nada, dos años o tres, ¿no?”, explica Mercedes Arce. Al poco porte de los árboles, se une el crecimiento lento de la cubierta vegetal que ha de cubrir los paseos peatonales de los ejes, que en algunas partes ni siquiera existe.

A la espera de que el tiempo haga crecer los arbolitos y densifique las enredaderas sobre los paseos (se antoja un tiempo largo) los vecinos empezaron a pedir a la Comunidad de Madrid y al Canal de Isabel II que se instalaran toldos antes de la llegada del verano en la gran explanada del parque, en las zonas infantiles y en el eje central que recorre el parque de norte a sur. Para hacer patente la necesidad, pidieron a los vecinos que acudieran el pasado 27 de mayo al parque ataviados con sombrillas y paraguas.

Viendo la carencia de espacios verdes en el entorno, uno se pregunta dónde iban las tardes tórridas todos los vecinos que, cualquier día, pueblan de meriendas y partidas de cartas las mesas del parque; hacen tai-chi, yoga o calistenia. Por dónde paseaban los perros, los abuelos y los ligues adolescentes. Buscarían, sin duda, sus espacios a la sombra… pero lo harían sin el fresquito gustoso del agua corriendo junto a uno.

Bajo la única piscina pública de Chamberí y junto a una fuente que ahora empieza a funcionar después de muchos años seca, se esconde uno de los edificios más antiguos y desconocidos de Madrid. El Depósito Primero del Canal de Isabel II, construido en 1858, fue clave para abastecer de agua a una ciudad en expansión y es un icono para la historia del barrio de Chamberí.

Ha visto pasar la evolución del barrio y de la capital desde su nacimiento y sus paredes han formado parte del escenario de las luchas de muchos vecinos. Hoy, parte del edificio alberga el Archivo del Canal, el resto permanece inutilizado y está cerrado al público. Su futuro divide a la administración y a los vecinos de Chamberí.

Bravo Murillo, 49 alberga el primer depósito del Canal de Isabel II, un proyecto pionero que consiguió embalsar el agua del río Lozoya, canalizarla 70 kilómetros hasta Madrid y almacenarla en el entonces bautizado como Depósito del Campo de Guardias. El ingeniero Juan de Ribera Piferrer fue el autor de esta gran obra que se instaló en el distrito de Chamberí por su posición geográfica. Por entonces, la zona quedaba en las afueras y era el área más elevada de la ciudad, lo que lo convirtió en el lugar idóneo para instalar este depósito que abastecería a los madrileños.

El aumento imparable de la población de la capital hizo que, rápidamente, la capacidad del primer depósito fuese insuficiente y, además, hubo filtraciones entre los distintos compartimentos. Estas circunstancias hicieron que, 21 años después de su inauguración, fuese reemplazado por otro mucho más grande, el conocido como Depósito Mayor (Depósito II), que sustituía la solera de piedra del primero por una gruesa capa de hormigón y sigue en servicio a día de hoy.

La “Mezquita de Córdoba” de Chamberí

Detrás de la pequeña puerta de acceso al edificio - siempre cerrada- se esconde una joya subterránea que Ramón Linaza, vecino de toda la vida y miembro de la asociación vecinal Parque Sí, describe como “una especie de mezquita de Córdoba del siglo XIX”. La impresionante sucesión de arcos de medio punto y sus bóvedas de cañón, no sólo cumplen una función técnica, que es aguantar la losa que tienen encima de manera eficiente, también son singulares por su dimensión estética. “No están hechos para que se vean, de ahí la belleza”, dice Berta Gámez, arquitecta urbana.

Concebido como cisterna romana, cuenta con una planta rectangular de 125 x 86 m y una capacidad de 58.540 m³. Tiene dos vasos contiguos con 242 pilares de ladrillo por vaso y está parcialmente soterrado. En el exterior, la Fuente del Río Lozoya, una pequeña ‘Fontana di Trevi para Chamberí decora su fachada. Fue diseñada por el ingeniero Juan de Ribera, quien concibió una fuente con forma de arco de triunfo, situada frente al Primer Depósito del Canal. En su parte central se instaló una escultura simbólica del río Lozoya realizada por Sabino Medina de Peñas. El agua fluye desde el cántaro de esta figura a través de varios cauces formados por rocas hasta llegar a un estanque de diseño semicircular, recién recuperado para el público. A ambos lados del Lozoya se encuentran dos figuras femeninas que representan alegóricamente a la Agricultura -obra de Andrés Rodríguez- y a la Industria, de José Pagniucci.

El cautiverio de la fuente del río Lozoya

Llevaba años tapada por una valla que impedía a los viandantes poder ver esta construcción declarada Bien de Interés Cultural (BIC). Tras las exigencias de asociaciones vecinales como Parque Sí, la fuente ha sido rehabilitada y libre de vallas. Para Ramón Linaza, la decisión de esconderla durante todo este tiempo responde a una intención política de gobernantes que deciden gestionar dotaciones públicas “como algo privado”.

Pero la Fuente del río Lozoya no es la única joya que alberga el Depósito I y sus alrededores. A unos pasos de él, en una estrecha calle de acceso cerrado, se encuentra uno de los edificios más antiguos de Chamberí: los Pabellones para Guardas. Se trata de unas pequeñas viviendas de estilo neomudéjar construidas hace más de 150 años para los trabajadores del Canal de Isabel II. Un ejemplo de arquitectura popular – por cierto, también vallado- que no cuenta con ningún tipo de protección patrimonial y se encuentra abandonado. También ha sido objeto de reivindicaciones vecinales que siguen reclamando a día de hoy que se convierta en una escuela infantil pública, que es una de las dotaciones que escasean en el barrio. “Que el espacio público sea principalmente para el disfrute de la ciudadanía”, reclama Linaza.

¿“Eventódromo” o sala de exposiciones?: Propuestas que chocan

Desde hace más de dos décadas, el Depósito I ha estado en el centro de múltiples propuestas. En 2001 llegó a albergar una exposición temporal que dejó claro su potencial como espacio cultural. Pero fue un espejismo: el edificio volvió a cerrarse y así continúa desde entonces.

Más recientemente, en 2023, el proyecto “Milla Canal” despertó una fuerte polémica. El plan planteaba un gran complejo cultural y deportivo que abarcara los tres depósitos del Canal y preveía un anfiteatro para eventos masivos. La iniciativa, respaldada por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, chocó con una firme oposición vecinal. “Lo que molesta es que vengan 5.000 personas a un evento multitudinario y que haya ruido, molestias...”, explica Ramón Linaza. “¿Qué queremos hacer con esto? ¿Un eventódromo para que alguien se cuelgue una medalla o algo útil para quienes vivimos aquí?”

El pasado día 21 de julio, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso presentó una versión renovada de Milla Canal que poco tiene que ver con la propuesta de 2023. Según el anuncio de la Comunidad, la intención en lo que respecta al Depósito I es ampliar las instalaciones deportivas que se encuentran en su parcela y expandir las zonas verdes. Eso sí, sigue sin haber proyecto alguno para abrir el propio depósito.

Desde Canal Sí, valoran positivamente este proyecto renovado, aunque lamentan que se haya perdido “la oportunidad de ir más allá”, dejando atrás algunas iniciativas como la de“convertir el complejo en un equipamiento cultural de referencia mediante la rehabilitación del vaso del Depósito I como espacio cultural y centro de interpretación del ciclo del agua, tal como propusimos en la reunión mantenida con el Canal de Isabel II el pasado 12 de noviembre de 2024”, aseguran en su comunicado.

El Depósito I está protegido, aunque con una de las catalogaciones de protección cultural más bajas que hay. La fuente del Río Lozoya, por otra parte, es BIC, la máxima protección legal en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, su entorno -incluyendo las casas de trabajadores- no tiene protección alguna, lo que deja la puerta abierta a intervenciones que no consideren su valor integral.

“No está declarado ese entorno de protección”, señala Berta Gámez, la arquitecta urbanista que descubrió los documentos que revelaban la antigüedad de estas viviendas en una investigación en elDiario.es, “Y eso significa que no todo lo que se haga en la parcela pasa por la Comisión de Patrimonio”. A día de hoy, las viviendas neomudéjares que se encuentran junto al depósito –las más antiguas de su tipo en Madrid y posiblemente de España– están completamente desprotegidas y abandonadas. “Esto ha estado en riesgo de demolición mucho tiempo, y lo sigue estando ahora mismo”, alerta Gámez. “Se decía que no valía nada, que era una construcción posterior”.

Asociaciones como Parque Sí o Canal Sí reclaman que se declare BIC a todo el conjunto: depósitos, fuente, casas y espacios verdes. “Hay que ver todo el conjunto de los tres depósitos en relación con las dotaciones del distrito y con la historia de Madrid”, insiste Linaza. Porque más allá del valor arquitectónico o histórico, está el valor de uso social que puede tener.

Para los vecinos y vecinas de Chamberí, el Depósito I representa mucho más que una reliquia del pasado. Es un emblema del derecho al uso del espacio público y del acceso democrático al patrimonio. Es, en palabras de Ramón Linaza, “un pulmón verde” en uno de los distritos con menos zonas verdes por habitante de toda la ciudad. “Chamberí es deficitario en zonas verdes, pero hay un pulmón que son los tres depósitos”, afirma.

La propuesta más recurrente de los colectivos vecinales es la de reconvertir el depósito en un centro de interpretación del agua o de la historia del Canal de Isabel II, similar al que ya existe en el Depósito 4. “Esto es la historia del agua en Madrid y también la historia del barrio de Chamberí”, apunta Linaza. Una sala de exposiciones sobre el canal, visitas guiadas al interior de la “mezquita subterránea” de arcos y pilares de ladrillo, y usos educativos que respeten la arquitectura original son solo algunas de las ideas planteadas desde hace años.

Patrimonio vivo o “parque temático”

El futuro del Depósito I sigue sin estar definido. Para muchos vecinos, la amenaza no es solo el abandono, sino una transformación que lo convierta en un espacio para eventos esporádicos, ruido y turismo masivo. “Es la idea de convertir todo el centro de la ciudad en un parque temático para turistas”, lamenta Linaza. “Y que los vecinos nos tengamos que ir, que desaparezca el comercio local”.

Frente a eso, las asociaciones vecinales defienden otro modelo: el de un patrimonio vivo, útil, con historia y con futuro. “Un espacio como este no puede ser invisible ni reservado a unos pocos”, concluye Berta Gámez. “Es parte de la ciudad, parte de su historia y parte de lo que podríamos ser si apostáramos por una ciudad que pone en valor lo común”.

Quienes pasen estos días por delante del número 5 de la calle Cea Bermúdez, en el distrito madrileño de Chamberí, podrán ver, si se detienen a mirar hacia el interior del edificio del Parque Móvil del Estado (PME), un panel que anuncia una exposición y una conmemoración. El mural representado en ese panel —Los oficios del automóvil— no se puede ,sin embargo, ver en la exposición. Permanece oculto, al fondo de la nave de Talleres, tras un gran telón. Este detalle resume bien el estado de este conjunto arquitectónico: presente, pero invisibilizado; reconocido, pero amenazado.

La exposición, abierta hasta el 25 de septiembre, se titula Historia en movimiento y se enmarca en los actos de conmemoración del 90 aniversario de la creación del organismo Parque Móvil del Estado. Fue en 1935 cuando se instituyó el Parque Móvil de Ministerios Civiles, Vigilancia y Seguridad, con la finalidad de aglutinar los servicios de transporte de las instituciones públicas y agilizar la movilidad de sus altos cargos. Finalizada la Guerra Civil, sus funciones se ampliaron a la reparación de los vehículos públicos dañados durante el conflicto: ambulancias, camiones y otros medios de transporte.

Ese pasado está condensado en el mural que, aunque no forma parte del itinerario de la exposición, protagoniza su cartel anunciador. Realizado entre 1945 y 1950 por el pintor palentino Germán Calvo, Los oficios del automóvil mide 26 m de longitud por 1,60 m de altura y representa, con una estética idealizada, las distintas tareas desarrolladas en la nave de Talleres: chapado, pintura, tapicería, mecánica… También incluye fases de la construcción del propio edificio y una galería de figuras masculinas que encarnan los oficios técnicos y manuales de la época. Según José Sierra*, profesor de la Universidad de Cantabria y miembro de la Asociación en Defensa del Parque Móvil, el mural representa “trabajadores en el acto mismo de trabajar” y lo hace en su lugar real de trabajo, lo que lo convierte en “una radical anomalía en la España primifranquista”.

Este mural se encuentra en uno de los tres elementos que integran el edificio del PME, diseñado por el arquitecto Ambrosio Arroyo —también palentino— y construido entre 1941 y 1950. Se trata de un conjunto arquitectónico singular, compuesto por tres piezas articuladas. Por un lado, el garaje, una suerte de prisma cuadrangular (53 por 193 m) de cuatro plantas más un sótano, servido por una excepcional rampa doble, única en España y de traza y aspecto de extraordinaria elegancia y funcionalidad, muy en la línea de otros grandes garajes europeos y norteamericanos del movimiento moderno.

Por otro lado, la gran nave de Talleres (190 por 46 m), en la que se aloja el mural del que hemos tratado, nave resuelta con estructura metálica ligerísima, de grandes luces, con cubierta configurada en 19 dientes de sierra que proporcionan iluminación norte y que apoyan sobrelos muros de ladrillo y una red de pilares y cerchas metálicas de gran ligereza. Un recinto diáfano, de buena altura, capaz de albergar diferentes contenidos y múltiples usos. Finalmente, una pieza de servicios generales —oficinas, sala de cine y teatro, viviendas en su día para oficiales y trabajadores solteros… —, orientada a la calle Cea Bermúdez, de 105 por 31 m y cinco alturas. El tratamiento de su fachada es altamente representativo, con alternancia de piedra y ladrillo visto y una cierta monumentalidad, coronado por un pequeño pabellón, destinado en origen a vivienda del director del PME.

El conjunto cuenta con valores patrimoniales y arquitectónicos singulares: por su escala; por su carácter de arquitectura industrial en pleno distrito de Chamberí, en el centro de Madrid; por la singularidad de su rampa; por su resolución estructural y por el tratamiento de sus fachadas. Sin embargo, su preservación no está asegurada. Sobre el edificio recae un ámbito de planeamiento (APR 07.05) definido en el Plan General de 1997, que contempla la sustitución del conjunto por manzanas de vivienda y dotaciones. Aunque hoy, en el marco de la revisión del plan general, ese planeamiento puede modificarse, su existencia sigue siendo una amenaza.

Ante esta amenaza y conscientes de la importancia de preservar íntegramente el edificio del PME, se constituyó en 2017 el Grupo en Defensa del Parque Móvil (dentro de la interesante experiencia de los Foros de Participación Ciudadana, suprimidos por el actual Ayuntamiento) y posteriormente, en enero de 2020, la Asociación en Defensa del Parque Móvil.

Una serie de actividades: charlas, exposiciones, escritos informativos…, destinadas a dar visibilidad a este interesante conjunto, culminaron en la presentación de solicitud de declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) ante el Ministerio de Cultura, en diciembre de 2018, solicitud que se ha reiterado, incorporando nuevos informes favorables, en mayo de este año 2025. La solicitud de BIC por parte de nuestra asociación viene avalada por un buen número de expertos en arquitectura y urbanismo y por la Academia de Bellas Artes de San Fernando que ya presentó, en mayo de 2018, una petición en el mismo sentido.

Si hemos hecho hincapié en la preservación total del edificio del PME es porque se trata de un conjunto integral dentro de su variedad y único por sus características. De nada valdría mantener en pie la rampa helicoidal del garaje, que goza de un cierto nivel de protección, si el garaje mismo fuera eliminado: ¿a qué lugar de la nada llevaría la rampa que fue planificada no como un adorno sino como un elemento funcional para un lugar concreto? o ¿qué sentido tendría trasladar el mural Los oficios del automóvil lejos del espacio para el que fue concebido, algo que se ha planteado en alguna ocasión?

El edificio del PME merece ser conocido, protegido y preservado en su integridad. Y, con ello, poner los espacios que actualmente están infrautilizados—en particular la nave de Talleres que alberga temporalmente la exposición— al servicio de la ciudadanía de Chamberí y de todo Madrid como un posible contenedor de actividades productivas, formativas y culturales, pensando en respetar la memoria del lugar al tiempo que se establece alguna continuidad entre sus usos originales y otros más acordes con los tiempos que corren.

En ello se afana la Asociación en Defensa del Parque Móvil. Nuestros objetivos son dar a conocer esta joya arquitectónica tan desconocida por la ciudadanía, poner en valor su realidad y sus posibilidades, conjurar el posible peligro de su demolición para el máximo beneficio especulativo… Por todo ello y para todo ello, nuestro horizonte a medio plazo está puesto en la declaración oficial del edificio del PME como BIC.

Ahora, en el corto plazo, animamos a las y los vecinos de Chamberí a que visiten la exposición Historia en movimiento que, más allá de sus limitaciones, da la oportunidad de entrar en un edificio cerrado el resto del tiempo a la visita pública. Ojalá seamos multitud quienes nos sumemos a admirar, preservar y revalorizar este ejemplar de nuestra arquitectura industrial, cargado de historias de vida y de trabajo.

* La publicación El trabajo imaginado: el mural de Germán Calvo en el Parque Móvil de Madrid, del que es autor José Sierra Álvarez, verá la luz antes de finales de 2025

La línea 7 de Metro de Madrid, una de las más habituadas a los cortes por obras, vivirá otro período de clausura parcial del viernes 25 al martes 29 de julio (ambos días incluídos). En esta ocasión será en su tramo central, entre Barrio de la Concepción y Canal. Las estaciones intermedias que quedan sin parada son Parque de las Avenidas, Cartagena, Avenida de América, Gregorio Marañón y Alonso Cano.

Durante estos cinco días los trenes cubrirán el recorrido desde la cabecera de Pitis hasta Canal, no operarán en las seis estaciones que van desde esta última hasta Barrio de la Concepción y retomarán el tránsito de Barrio de la Concepción a Barrio del Puerto.

El Gobierno autonómico pondrá a disposición de los usuarios un servicio sustitutivo y gratuito de autobuses de la Empresa Municipal de Trabajadores (EMT), que cubrirá el trayecto afectado para garantizar la movilidad. Las frecuencias serán de cinco minutos entre las 6.00 y las 21.00, de 5 a 6 minutos de 21.00 a 22.00 y de 6 a 10 minutos a partir de las 22.00 hasta la finalización del servicio. La ubicación exacta de cada parada puede consultarse en este enlace.

El primer bus parte de Barrio de la Concepción a las 6.05, con su último servicio saliendo a la 1.49. En Canal, el primer servicio arranca a las 6.05 y el último lo hace a la 1.54. También a las 6.05 se efectúan las primeras salidas intermedias desde Gregorio Garañón y Cartagena en ambos sentidos. Metro de Madrid recuerda asimismo que la línea 12 de EMT (Cristo Rey - Marqués de Zafra) cubre el tramo entre Avenida de América y Canal.

Metro de Madrid enmarca el corte en un plan más amplio, que contempla la renovación total de la señalización de la línea 7 entre las estaciones de Estadio Metropolitano con una inversión de más de 33 millones de euros. En total, se va a actuar sobre 20 kilómetros de túnel y 24 estaciones. Las tareas se están desarrollando principalmente en horario nocturno, pero según Metro “se requieren pequeños cortes para acometer actuaciones incompatibles con la circulación de trenes”.

El corte se suma al que experimenta la zona este de la línea 7 (la 7B o MetroEste) desde hace meses, entre la mencionada estación de Barrio del Puerto y Hospital de Henares, donde otro servicio especial cubre el trayecto. Una compleja actuación para tratar de resolver las grietas y daños estructurales generados durante la construcción de ese tramo en el propio suburbano y en edificios del entorno.

Esta madrugada un anciano ha caído por la ventana de su domicilio en Chamberí y, como consecuencia, ha perdido la vida. El suceso, del que se desconocen todavía las causas, ha ocurrido en el número 11 de la calle de Santa Feliciana, en la esquina con Juan de Austria y muy cerca de la plaza de Olavide, en Chamberí. Fuentes policiales confirman que el suceso tuvo lugar a las 6.25 horas de la madrugada y que el fallecido tenía 81 años, además de mujer e hijos.

Desconocen la causa exacta de la caída, aunque al lugar acudieron tanto el juez de guardia como miembros de la Policía Científica, la unidad encargada de investigar o esclarecer los hechos. Las mismas fuentes indican que el hombre convivía con su esposa y al menos uno de sus hijos.

En un primer momento se creyó que la alerta era por una persona que se había golpeado con la rama de un árbol, pero una vez allí se descubrió que esta había caído al vacío y fue ahí donde, intuyen los agentes, pudo colisionar con algún trozo de madera.

Efectivos del servicio de Emergencias 112 de Madrid, advertidos por el SAMUR –otro servicio municipal para urgencias–, se personaron en el lugar aunque tampoco llegaron a determinar las razones que propiciaron la caída.

Este mismo año, en febrero, otro anciano de 77 años murió al caer al foso de un ascensor junto a su mujer en Vallecas. Fue desde una altura de tres pisos y ella logró sobrevivir, aunque quedó politraumatizada y tuvo que ser trasladada inmediatamente al hospital. En aquella ocasión, y tras oír el testimonio de la superviviente, se determinó que había sido un accidente.

Mario Vaquerizo tendrá su placa en un local de ensayo de Chamberí. Sin margen para sorpresas, la mayoría absoluta del PP en el distrito ha conseguido sacar adelante este jueves su polémica propuesta para honrar al cantante de las Nancys Rubias dedicándole una de las salas del Centro Cultural Galileo, en el barrio de Arapiles. La iniciativa, que se conoció el lunes, generó controversia desde el inicio al tratarse de una persona viva –el decreto que regula placas conmemorativas las destina casi exclusivamente a homenajes póstumos– y muy próxima al Partido Popular, que gobierna tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid y de los que ha obtenido numerosos contratos para actuaciones o apariciones públicas. “Yo no sé que vota Mario Vaquerizo”, ha zanjado el asunto el concejal-presidente durante la deliberación.

Esta tarde se ha votado nada más llegar al pleno: era el primer punto en el orden del día. El debate estuvo repleto de acusaciones cruzadas desde el inicio. La izquierda chamberilera, PSOE y Más Madrid, lideraron la oposición a la propuesta con dos argumentos principales, la falta de conexión entre el artista y el distrito o la incongruencia legal que supone. Los socialistas elevaron la tensión y hablaron incluso de un posible “fraude de ley”, dado que la ordenanza que recoge estas cuestiones permite excepciones solo ante trayectorias “relevantes”, y no solo “amplias”.

Instantes antes, la portavoz del Grupo Popular había enumerado en su exposición de motivos los hitos curriculares de Mario Vaquerizo. Finalmente, y pese a la resistencia de la izquierda, el plan salió adelante con los 13 ediles del PP y el apoyo de Vox, con dos vocales. No obstante, hubo espacio para la crítica. Más Madrid aprovechó la ocasión para recordar los distintos contratos públicos que gobiernos del PP madrileño habían sellado con el cantante desde la llegada de José Luis Martínez-Almeida al Ayuntamiento. El año pasado su grupo se embolsó más de 65.000 euros del presupuesto municipal gracias a dos actuaciones casi consecutivas en San Isidro (25.000 euros, 30.250 con impuestos) y las fiestas de San Antonio de La Florida (30.000 euros más IVA, un total de 36.300 euros).

Algo antes, en 2023, el grupo formado por Mario Vaquerizo, Miguel Balanzategui, Juan Pedro del Moral y Marta Vaquerizo actuó en las fiestas de la Virgen de la Paloma, después de que el cantante hubiera sido el pregonero en 2021, entre otros honores. Un día después de que saltara la noticia sobre la propuesta que el PP ha elevado a la Junta Municipal de Chamberí, el propio Almeida salió en defensa de este y otros reconocimientos a Mario Vaquerizo argumentando que había sido una “referencia de la Movida Madrileña”.

El gran movimiento contracultural de finales de siglo pilló al líder de las Nancys Rubias con apenas diez años de edad. La confusión le valió al regidor algunas mofas por parte del PSOE durante su turno de intervención, con su portavoz ironizando con la corta edad de Vaquerizo en el momento en el que se suponía que era un icono de la escena. Almeida también recordó que la ciudad había concedido honores a otros artistas poco sospechosos de ser cercanos a su partido, nombrando entre ellos a Marisa Paredes o Quique San Francisco, que ya habían fallecido en el momento de los hechos y por lo tanto sí se ajustaban al requisito de los homenajes póstumos.

Los argumentos del PP: “Representa a la cultura popular”

María Gloria Cortecero, la portavoz popular que enunció las razones de su partido para instar a la medida, construyó un relato a través de la trayectoria profesional de Mario Vaquerizo resaltando todas sus facetas: la artística, la periodística, la literaria o la de showman. “Su carrera es multifacética y representa a la cultura popular en España. Es alguien relevante a nivel musical y, aunque cada es unico, creemos que el reconocimiento es notorio”, ha sentenciado, para apostillar: “En un mundo que premia la uniformidad él ha aspotado por la diferencia. Eso es una forma de valentía”.

También ha intervenido el concejal-presidente de Chamberí, Jaime González Taboada, que ha espetado al resto de grupos “no haber preguntado en este tiempo por el uso que iba a darse al local”. “Parece que solo importaba el nombre”, señaló, justificando la elección de Vaquerizo como “un homenaje a un artista madrileño en una sala de ensayos de Madrid” y restando importancia al hecho de que no tenga vínculos aparentes con el distrito.

El cantante es originario de Vicálvaro y ha residido en el centro, muy cerca de la Gran Vía, en una casa que se hizo viral a raíz de su exposición pública en el reality show que protagonizó junto a Alaska en la MTV. Hace un tiempo fijó su casa en Boadilla del Monte, pero no se le conoce una relación específica con Chamberí. En su discurso, González Taboada también se refirió al PSOE para ironizar con que su partido “tal vez hubiese preferido otro nombre, como Largo Caballero”, en un dardo a la iniciativa que abanderaron tras la destrucción de otra placa que honraba al presidente de la II República y compañero de siglas de los socialistas.

Las viviendas de Chamberí son espacios cálidos y amables donde la decoración de interiores ha encontrado en la madera un aliado noble, natural y cada vez más popular, que es, además, beneficioso para la salud.

Las tendencias de los más afamados diseñadores de interior, en este 2025, no hacen más que confirmar algo que los amantes del diseño del barrio ya intuían: la calidez y autenticidad de los materiales naturales ha vuelto para quedarse. Entre ellos, la persiana de madera se posiciona como una de las piezas más deseadas por quienes quieren unir estética y funcionalidad.

Todos aquellos que están pensando en renovar las persianas del hogar y buscan una opción natural, elegante y duradera, encuentran en las persianas de madera a las mejores aliadas. Y es que se trata de elementos que, además de aportar belleza y sofisticación a cualquier espacio, mejoran el aislamiento térmico y acústico, ayudando a crear un hogar más eficiente y confortable.

En un barrio como Chamberí, donde conviven edificios históricos con apartamentos modernos, las persianas de madera encajan a la perfección gracias a su versatilidad y su capacidad de adaptarse tanto a estilos clásicos como contemporáneos. Ahora, como cabe suponer, es posible comprar persianas de madera online, con una gran variedad de opciones, acabados totalmente personalizables y a precios realmente increíbles en tiendas online como, por ejemplo, persianabarata.com.

Ventajas de las persianas de madera

Cuando el mercado de este tipo persianas está aumentando no es por casualidad. Los beneficios que se reciben hacen que merezca la pena su instalación.

Estética natural y cálida

A nivel estético, uno de los mayores atractivos de las persianas de madera es su capacidad para transformar una estancia con solo instalarlas. La textura y los tonos de la madera aportan sensación de hogar, elegancia y conexión con la naturaleza, ideales para quienes buscan ambientes acogedores y sofisticados.

Aislamiento térmico y acústico

La madera es un excelente aislante natural, por tanto, las persianas hechas de este material ayudan a mantener una temperatura estable en el interior del hogar, protegiendo del calor en verano y del frío en invierno y reduciendo el gasto en consumo energético. Además, atenúan los ruidos exteriores, un plus importante en calles concurridas como las de Chamberí.

Material sostenible y duradero

A diferencia del PVC o el aluminio, la madera proviene de una fuente renovable. Las ventajas de las persianas de madera también incluyen, por lo tanto, sostenibilidad y durabilidad, ya que con los cuidados adecuados se mantienen en perfecto estado durante décadas. Elegir madera certificada es una apuesta por el planeta y por un hogar ecológicamente más responsable.

Adaptables a cualquier estilo de decoración

Ya sea que se prefiera un estilo nórdico, bohemio, mediterráneo o incluso industrial, las persianas de madera a medida se adaptan con facilidad a cualquiera de ellos.

Posibilidad de acabados personalizados

Desde maderas claras, como el abeto o el fresno, hasta tonos más oscuros, como el nogal o el roble envejecido, las opciones son amplias. Algunas tiendas, como la anteriormente señaladas, permiten comprar persianas de madera online eligiendo detalles como el grosor de las lamas, el tipo de apertura o el barniz protector para que encajen perfectamente con cualquier proyecto decorativo.

¿Dónde se instalan mejor?

No hay que preocuparse por donde quedan bien estos elementos, ya que las persianas de madera son muy versátiles, sin embargo, lucen especialmente bien en los siguientes lugares de la vivienda.

Cuidados de una persiana de madera. Aunque son resistentes y longevas, es aconsejable aplicar algunos cuidados para mantenerlas en buen estado.

¿Merecen la pena frente a otras persianas?

Frente a las persianas de PVC o aluminio, que pueden resultar más económicas, las de madera ofrecen un valor estético y sensorial que no tiene comparación.

Mientras que los materiales sintéticos cumplen su función, las persianas de madera aportan ese toque de diseño natural, noble y atemporal. Además, su capacidad de aislamiento y su durabilidad compensan con creces la inversión inicial. En definitiva, si se busca confort, estilo y sostenibilidad, esta es una opción que realmente merece la pena.

Las persianas de madera no son solo una tendencia decorativa en auge en 2025, sino también una apuesta inteligente para quienes buscan unir estética, eficiencia energética y sostenibilidad.

En un barrio como Chamberí, donde el buen gusto es parte del día a día, estas persianas aportan ese toque único y natural que convierte cada casa en un verdadero hogar.

No trabajaban con personal médico cualificado ni cumplían los requisitos mínimos de conservación de sustancias que la ley exige a un centro de belleza. Y sin embargo, ofrecían tratamientos estéticos como si contaran con todos los permisos pertinentes en pleno barrio de Chamberí. Lo ha denunciado la Policía Nacional, que este martes da detalles de una operación policial contra un centro de estética especializado en tratamientos de hidratación labial.

En un comunicado, la Policía Nacional detalla que la investigación se inició a finales del año pasado, cuando descubrieron que este centro de belleza funcionaba de forma ilegal. El negocio se publicitaba a través de las redes sociales o aplicaciones de mensajería, en las que informaba de tratamientos a un precio muy por debajo de lo habitual.

En algún caso también se anunció por esta vía que una de las actuales detenidas pasaría unos días por España –habitualmente vivía en el extranjero– para efectuar tratamientos como el de los labios rusos, un tipo de infiltración labial para lograr resultados estéticos naturales similares a los de las modelos rusas.

Como resultado de la operación han resultado detenidas tres mujeres, acusadas de un posible delito contra la salud pública e intrusismo profesional.

Aunque la Policía Nacional no ha facilitado oficialmente el lugar en el que se encuentra este negocio, el vídeo de la operación distribuido permite ver una entrada que guarda grandes similitudes con la del local ubicado en el número 34 de la calle Vallehermoso, junto al mercado del mismo nombre.

En el local se encuentra un centro de estética llamado Absolut Beauty y opera un negocio denominado Hyaluron Art, especializado en tratamientos en labios y que también ofrece cursos de formación. Al frente del equipo de este negocio se encuentra una esteticista que se define como “formadora oficial” de una academia internacional, además de ser también “distribuidora autorizada” de esta marca.

En conversación con Somos Chamberí, fuentes de Hyaluron Art han negado estar implicadas en esta operación policial pese a que en las imágenes distribuidas por la Policía aparece una trabajadora con una bata muy similar a la de sus empleadas y se observan objetos que también aparecen en vídeos compartidos por esta firma en redes sociales.

Una trampilla oculta con material caducado

Durante el registro policial, la mujer que se hacía pasar por médico -según la Policía Nacional- y que en la detención preparaba la estancia para atender a una clienta, escondió entre su ropa un envase de toxina botulínica etiquetada en coreano. Además, se informa de que en uno de los cuartos había un diario escrito a mano que explicaba paso a paso cómo efectuar los retoques estéticos.

También se observó que otra estancia albergaba una trampilla cerrada con candado a la que solo se podía acceder gateando. En esta habitación hallaron una pequeña nevera con envases de ácido hialurónico caducados que se encontraban a medio aplicar. En ese mismo reservado había una gran cantidad de cajas, neumáticos de vehículos y hasta un contenedor de basura. Los investigadores del caso aseguran que utilizaban las mismas jeringuillas para aplicar los tratamientos en distintas clientas.

A través de un canal de una aplicación de mensajería instantánea adquirían los productos que posteriormente aplicarían, por lo que la mercancía llegaba a través de estas empresas sin que se guardaran las medidas sanitarias de frío exigibles para la conservación. Por estos hechos, las detenidas ya han pasado a disposición judicial.

Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han sofocado en la madrugada del domingo al lunes en un incendio que afectaba a un vehículo eléctrico. El automóvil estaba estacionado en un aparcamiento público de la plaza de Colón, según ha informado Emergencias Madrid y recoge Europa Press.

Hasta diez dotaciones del cuerpo de Bomberos han trabajado para extinguir las llamas del coche, que se encontraba en la planta menos dos del parking, después de confirmar que no había personas en el interior del recinto que hayan podido verse afectadas por el fuego o las llamas.

Según ha detallado el jefe de guardia de Bomberos de la capital, cuando llegaron los efectivos estaba saliendo gran cantidad de humo por las conductas de ventilación hacia la vía pública. Un humo que, sin embargo, no ha dejado intoxicados.

Una vez extinguidas las llamas y controlado el humo, se ha procedido a retirar el vehículo con la ayuda de una grúa de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) y se ha cubierto con una manta ignífuga.

En el operativo han colaborado Samur Protección-Civil, que ha permanecido en preventivo. También la Policía Municipal de Madrid, que ha cortado el tráfico la calle Serrano en ese tramo para.

La Comunidad evitó contarlo hasta que no hubo más remedio. “Para no generar falsas expectativas”, alegaría después. Pero en mayo, cuando la gestión estaba ya muy avanzada, finalmente se conoció que iban a incrustar un colegio de élite para hijos de diplomáticos dentro de un centro público de Madrid, una operación que requería una obra para crear nuevas aulas. Las familias rechazaron el proyecto con vehemencia desde el primer momento.

La Comunidad –y esto es una rareza– acabó cediendo. No habría Escuela Europea Acreditada (EEA) en el Ramiro de Maeztu. Pero las obras se harían igualmente, anunció la Consejería de Educación. Nadie entendía nada. Si no hay EEA, ¿para qué las obras? ¿Se iba a remodelar el colegio por fin, como llevan solicitando años las familias? No. O no parece, porque las obras efectivamente empezaron, pero nadie sabe qué están haciendo. Tan es así que a las dos semanas han parado. Ahora, cuentan fuentes del centro, los obreros están deshaciendo lo hecho, volviendo a levantar los tabiques que se tiraron. La Comunidad de Madrid, preguntada por este diario, solo explica que “la obra de la Nevera [un pabellón que se cayó cuando el temporal Filomena, hace más de tres años] sí se va hacer”.

Entre medias, la Fiscalía investiga si hay algún delito en las obras, que afectan a un edificio catalogado como Bien de Interés Cultural y quizá a un salón de actos de 1934 con unos bancos desplegables también protegidos. En paralelo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tiene sobre la mesa un recurso de las familias contra el proyecto por la vía de los hechos, porque el Gobierno regional no ha realizado un acto administrativo que recurrir (la decisión de realizar esas obras, plasmada en una decisión formal en un papel), que es la vía habitual.

Ha sido un mes tenso e intenso para las familias, que veían cómo un centro elitista iba a fagocitar su colegio (que algunos a la vez tachan de elitista dentro de la red pública de la Comunidad). También han sido 30 días que sirven como pequeño compendio del modus operandi de la Consejería de Educación: se decide ejecutar un proyecto sin preguntarle a ningún posible afectado qué le parece, se oculta todo lo que se puede hasta el punto de no presupuestar las obras imprescindibles, se intenta justificar cuando se acaba conociendo y, varios meses de gestiones y algún trámite después, se acaba retirando por falta de apoyo y, según algunas versiones, ante la posibilidad de que se lo tumbara la justicia por posibles irregularidades. Lo único que ha sobrevivido a estas semanas de caos son unas obras ilegales –según el PSOE– para no está claro qué, nada transparentes y, además, interruptus.

“No le dimos ninguna importancia”

Las familias del Ramiro se enteraron de los planes de la Comunidad de Madrid a finales del pasado mes de abril. La dirección les informó de “una línea nueva de escuelas europeas” en un consejo escolar del centro. No era una consulta; estaba hecho. Pero pasó desapercibido. “No le dimos ninguna importancia”, recuerda hoy Mario Cordero, uno de los padres que ha participado más activamente en las protestas. “Tal y como lo contaban parecía como cuando se metió el bilingüismo, la línea de alemán o el bachillerato internacional. Una cosa más”. No lo era.

Para entonces –finales de abril– la Comunidad llevaba meses planeando la escuela. Habían registrado la petición en Bruselas el 10 de octubre de 2023, según contó El País, y lo había hecho por el procedimiento de urgencia. Fuentes educativas explican que el Gobierno regional entendió que tener una Escuela Europea Acreditada allanaría el camino para que Madrid se hiciera con la sede de la oficina de blanqueo de capitales europea. No pasó (la oficina acabó yendo a Fráncfort, Alemania), pero la escuela ya pasó a tener vida propia.

Mientras, las familias iban entendiendo por su cuenta lo que implicaba la escuela en su centro. “Íbamos topándonos con opacidad tras opacidad”, relata Cordero. “No había orden de implantación, no había nada”. Otra madre califica de “atropello” que “nadie” les informara y que la Comunidad “no ha seguido el procedimiento de ninguna manera. Lo primero de lo que tuvimos conocimiento –más allá del mensaje de la directora del que nadie se enteró– fue una convocatoria para la comisión de dictámenes e informes del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, que era de las últimas fases de tramitación”. Un discurso similar realizan el sindicato CCOO o el PSOE de la Comunidad de Madrid, que también se implicaron con el Ramiro contra la EEA: cero información oficial.

Padres y madres empezaron a organizarse y rechazar el proyecto en torno a una idea: no cabemos, la EEA se hará a costa del servicio público, argumentaban. El Ramiro de Maeztu es un colegio relativamente pequeño, articulado en torno a una calle, con un par de edificios a un lado que acogen Infantil y Primaria, un pequeño huerto y unas canchas de baloncesto –el deporte seña de identidad del centro–.

La Comunidad de Madrid trató de atajar las protestas y vender el proyecto en un Consejo Escolar al que envió tres representantes el 21 de mayo. No convencieron a las familias, que acordaron oponerse a la EEA con el apoyo del profesorado, de la FAPA Giner de los Ríos (la asociación de las AMPA de la escuela pública de la Comunidad de Madrid), la oposición política en la Asamblea y los sindicatos, con especial implicación de CCOO.

Las irregularidades

Entre todos estos actores empezaron a destapar las irregularidades que veían en el proceso de creación de la escuela. La Comunidad, denunciaron, se había saltado prácticamente todos los trámites necesarios: para realizar una alteración profunda de un centro el proyecto debe ser aprobado tanto por el Claustro como por el Consejo Escolar, requisito que no se cumplió; por no haber ni siquiera había Orden de implantación, recuerda Isabel Galvín, de CCOO (se llegó a remitir al Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, pero finalmente se retiró); la obra planeada, desveló el PSOE en la Asamblea, no se incluyó en los presupuestos anuales, y no se puede ejecutar una obra que no aparezca ahí, según el diputado Esteban Álvarez. CCOO añade a las irregularidades el proceso de selección del cuerpo docente (que iba a ser ad hoc para este colegio dentro del colegio e independiente del resto del profesorado).

Con estos argumentos se escaló la protesta, que acabó llegando a Europa –una de las manifestaciones que montaron las familias culminó en la sede de la Comisión en España– y a la secretaría general de escuelas europeas. Los directivos de las EEA pidieron a la Consejería que realizara el proyecto siguiendo la normativa y con el apoyo de la comunidad educativa. No quería estar donde no era bien recibida. El Gobierno regional organizó entonces una reunión el 10 de junio con un par de familias que vendió como sesión informativa, pero que el AMPA rechazó: las dos parejas de padres y madres que acudieron no representaban el sentir general, aseguran varias fuentes.

Cuando las familias del Ramiro y el sindicato CCOO quisieron denunciar lo que estaba pasando en el Ramiro se encontraron que no había ninguna orden de la Comunidad de Madrid que recurrir: ni siquiera estaban presupuestadas las obras

Con estas supuestas irregularidades sobre la mesa, las partes elevaron la presión. Querían denunciar, pero no tenían qué, porque la Comunidad no había aprobado una orden de creación de una escuela que pudiera cuestionarse. “Para hacer esas obras [planificadas, en teoría, para hacer seis aulas nuevas en el colegio] tendría que haber un procedimiento administrativo, una licitación... No había nada”, cuentas fuentes del AMPA del centro. CCOO llegó a la misma conclusión. Solo quedaba atacar los hechos que la Consejería trataba de imponer.

Ambas organizaciones pusieron un “requerimiento previo” para el cese de la vía de hecho, un requisito imprescindible previo a la denuncia. El de Comisiones se registró el 19 de junio. “No existe ninguna norma ni acto administrativo para la implantación del programa de las EEA en el CEIP o en el IES Ramiro de Maeztu, y que, de hecho, se está evitando dictar un acto expreso para eludir un recurso”, adujo el sindicato.

¿Victoria?

A partir de ahí hay hechos e interpretaciones. Lo innegable es que solo un día después del requerimiento de CCOO el consejero, Emilio Viciana, anunció para sorpresa de todas las partes que la Comunidad renunciaba a implantar la EEA en el Ramiro de Maeztu. “Porque hemos escuchado a las familias y no queremos que algo bueno se convierta en algo malo, es por lo que hemos decidido suspender por ahora la implantación de la Escuela y estamos estudiando posibles nuevas ubicaciones para que la EEA sea lo que tiene que ser y la familia del Ramiro siga manteniéndose como una de las instituciones claves no solo educativas sino deportivas de la Comunidad de Madrid”, sostuvo en la Asamblea. El “por ahora” pronto fue definitivo; las familias habían ganado. Pero no del todo.

Porque Viciana también anunció ese día que la reforma sí seguía. “Seguimos con las obras de mejora que por supuesto están autorizadas y la ampliación en el Ramiro por valor de 850.000 euros que van a poder disfrutar todos sus alumnos, y que se van a llevar a cabo con pleno respeto por su condición de edificio protegido que tienen todas sus instalaciones”, explicó.

Los obreros entraron en el colegio el día 2 de julio para hacer una reforma que ya no era necesaria, pero pararon a los pocos días; nadie en el centro sabe qué iban a hacer, por qué no siguen ni cuál es el siguiente paso

Pero para el colectivo que se oponía a la EEA en el Ramiro la situación no era tan clara como vendía el consejero y la reforma está llena de irregularidades. “Esas obras incumplían la Ley de Presupuestos de 2024 de la propia Comunidad”, sostiene el PSOE. E incluso siendo así eran para construir seis aulas en el Ramiro, no para renovar el centro. “Las únicas obras previstas de acuerdo con la documentación a la que hemos podido tener acceso, han sido, desde noviembre de 2023 hasta mayo de 2024, siempre las de construcción de seis aulas para la Escuela Europea Acreditada”, prosigue Álvarez, del PSOE. “La Consejería la había mantenido [la obra] bajo la denominación de 'obras de mejora' sin apoyo en ninguna documentación administrativa. Ni los planos, ni las memorias ni el proyecto de obra fueron modificados al objeto de realizar estas supuestas obras de mejora”.

Pese a las protestas, los obreros entraron en el Ramiro el 2 de julio. Tiraron algunos tabiques, según fuentes del centro de las familias, quitaron unos falsos techos... y una semana después pararon. Nadie del Ramiro sabe exactamente qué iban a hacer, por qué han parado ni cuál es el siguiente movimiento. Esteban Álvarez, del PSOE, asegura que van a deshacer lo hecho para dejarlo todo como estaba, pero la Comunidad no lo confirma. Al menos de momento, el Salón de Actos, un espacio que data de 1934 y está protegido, no se ha tocado.

El frente legal

Que la obra fuese una realidad no detuvo la lucha del AMPA del centro, que elevó su protesta al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Tuvo que ser, como el requerimiento previo, por la vía de los hechos, porque seguía sin haber una orden que recurrir, explica Cordero. Irregularidad tras irregularidad, añaden CCOO y PSOE. En el Tribunal sigue la denuncia, a la espera de que los magistrados tomen alguna decisión.

Para ampliar el frente, las familias también remitieron toda la información que iban juntando a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo. El organismo público sí se ha puesto en marcha a raíz de los documentos recibidos: como adelantó elDiario.es la semana pasada, ha mandado a la Guardia Civil para que investigue si se ha cometido algún delito contra el patrimonio en el centro. Así está la situación hoy.

Durante las conversaciones con familias, oposición política y miembros de la comunidad Ramiro para elaborar este reportaje la expresión más repetida era “no lo sabemos”. La falta de transparencia ha dominado este episodio desde el primer día. “Para mí”, cierra el diputado Álvarez, que hace apenas año y medio era director en un instituto público y representante de los directivos de centros públicos madrileños, “esto es una muestra de cómo funciona la Consejería: se equivocan hasta cuando aciertan”, dice en alusión a la incongruencia de parar el proyecto pero no las obras.

El Orgullo Crítico vuelve a salir a las calles de la capital para reivindicar los derechos del colectivo LGTBIQA+. Esta vez lo hará bajo el lema “Contra el genocidio y el lavado rosa colonial, transmaribibollo radikal”.

La manifestación tendrá lugar el viernes 28 de junio a las 20.00 horas y recorrerá parte de los distritos de Chamberí y Moncloa-Aravaca desde la glorieta de Bilbao, pasando por Argüelles hasta finalizar en la plaza de España.

Desde la organización continúan apostando por el espíritu crítico inicial con el que surgieron las marchas y este año tomarán las calles de Madrid “para escupirle a la racisheteronorma y a los orgullos al servicio de las instituciones y del capital”. La manifestación contará con la colaboración de otros dos colectivos, Red Solidaria Contra la Ocupación en Palestina (RESCOP) y BDS Madrid, con los que saldrán a denunciar el genocidio perpetrado por Israel contra el pueblo palestino.

La plataforma lleva varios años impulsando una alternativa al MADO, ya que consideran que en algunas ciudades “el Orgullo se ha convertido en una fiesta sin memoria y vacía de toda reivindicación”.

Este año salen a protestar contra el uso reiterado del colectivo en el conflicto. “Estamos hartes de ser instrumentalizades para legitimar la invasión imperialista y las dinámicas coloniales que asesinan a la población palestina. Exigimos la ruptura de toda relación con el gobierno israelí, rechazamos todo orgullo que no señale al genocidio y decimos no al pinkwashing”, denuncian a través de sus redes sociales.

Después de recorrer las calles de la capital, la organización prodecerá a la lectura del manifiesto conjunto. Desde Orgullo Crítico rechazan la participación de partidos y sindicatos e invitan a todos los colectivos a hacer sus propias aportaciones en la marcha del próximo 28J.

La plaza de Santa Ana, en pleno centro de Madrid, ofrece en invierno una estampa que vista de lejos recuerda a un campamento scout o un conjunto de almenaras: una serie de luces y fuegos resplandecen en puntos diseminados por todo el enclave. Hasta una docena de terrazas emplean estufas de gas en invierno, con las que los hosteleros esperan atraer a esa clientela que quiere protegerse del frío sin recluirse en un interior. Una maniobra que parecía tener fecha de caducidad el 1 de enero, con la entrada en vigor de la Ordenanza de Terrazas municipal aprobada en 2022. El Ayuntamiento concedió a bares y restaurantes casi dos años para que adaptaran sus negocios a un modelo de veladores sin emisiones contaminantes.

Pero la pasada semana la Justicia anulaba la medida. La Federación Española de Asociaciones y Empresas Distribuidoras de Gases Licuados del Petróleo judicializó el asunto y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) entiende que esta prohibición fue puesta en marcha sin un estudio obligatorio sobre el nivel de contaminación que emiten los calefactores. “No teníamos ni idea de que al final no las tenemos que quitar”, comenta un empleado de Zoko, un local situado en la avenida Menéndez Pelayo, a pocos metros del parque del Retiro. Porque las estufas contaminantes no son un problema exclusivo de Centro, aunque en este distrito su proporción sea mayor ya que la normativa municipal impide instalar terrazas con cerramiento.

Un grupo de seis amigas que toman algo en Zoko, franqueadas por dos de los 2.952 artefactos de este tipo autorizados en establecimientos de la ciudad, explica que ellas desconocían la problemática: no sabían ni que iban a ser retiradas ni que finalmente podrán permanecer. Solo una de ellas afirma tajantemente que son un elemento a valorar para seleccionar una terraza en la que sentarse: “Yo quiero estufas”, bromea. “Si habían aplicado la medida sería por algo”, dice otra compañera. “Cada vez hace más calor, hasta en diciembre, porque nos estamos cargando el planeta. Así que igual de aquí a unos años ya no son ni necesarias”, comenta una tercera compañera.

De vuelta a la turística plaza de Santa Ana, el asunto también genera cierta indiferencia entre la clientela. Carmen y Manolo, que han venido de visita a la capital desde Miranda de Ebro, cuentan a Somos Madrid que en el municipio burgalés estos calefactores están muy limitados “aunque hace tanto frío como aquí”. Indican que son más habituales las estufas colocadas en pérgolas, eléctricas o que utilizan pellets, un combustible de biomasa generado a partir de madera prensada. No obstante, las estufas que se nutren de esta fuente de energía en Madrid no se libraban de la normativa municipal que entrababa en vigor este 1 de enero (la ordenanza hablaba de “estufas de gas o emisoras de gases de efecto invernadero”).

Pese a que son fumadores y tienden al terraceo, Carmen cree que debería buscarse “la alternativa que menos contamine, suficiente emiten ya los coches y las empresas”. “Que las pongan solares”, hipotetiza Manolo. Un empleado de uno de los muchos restaurantes con estufas de gas en la zona apostilla que “no es tan fácil”. El Ejecutivo de José Luis Martínez-Almeida lanzó una partida de 100.000 euros para que los negocios pudieran adaptar la climatización de sus terrazas y cumplir con la nueva normativa, a la que el trabajador no puede confirmar si este local se acogió.

El Gobierno de Cibeles todavía no ha aclarado qué será de esa inversión destinada a los establecimientos ahora que la obligatoriedad del reacondicionamiento ha quedado en agua de borrajas. Fuentes municipales sí confirman a este medio que el consistorio no va a recurrir la sentencia judicial: “Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid han concluido que no procede presentar recurso de casación, ya que en su opinión carece de posibilidad de ser estimado”. Y añaden: “Una vez que el TSJM ordene la publicación de las sentencias y que estas sean firmes, quedarán retirados de la Ordenanza de Terrazas los dos artículos anulados por los tribunales relativos a la prohibición de las estufas de gas”.

Hostelería Madrid, la patronal del sector en la Comunidad, celebra esta nueva situación a través de un comunicado: “En previsión de que esta Sentencia no fuera firme antes de fin de año, reclamamos al Ayuntamiento de Madrid una moratoria de la prohibición de estufas de gas hasta el fin de la temporada de invierno el 15 de marzo de 2024, que estaba siendo estudiada por las concejalías responsables. Con esta sentencia conseguimos ese propósito no solo para el invierno sino para el futuro”.

Así, la organización abre la puerta a solicitar nuevas instalaciones de estos aparatos contaminantes “desde el momento en el que la sentencia sea firme”. José Antonio Aparicio, su presidente, ya se mostró muy crítico con la ordenanza que los limitaba: “Una prohibición no justificada de elementos de calefacción sin alternativa viable para el hostelero que dejaba las terrazas de Madrid sin posibilidad de dar un servicio en las mínimas condiciones de confort, con consecuencias negativas para la actividad de las empresas y la contratación de trabajadores”.

El “efecto psicológico” de las estufas de gas

En Sotoverde, un restaurante-cafetería de Chamberí situado en la calle Santa Engracia (cerca de Cuatro Caminos), el impacto habría dictado mucho de ese augurio apocalíptico. A las 18.30, mientras el interior es un hervidero de gente, solo una de las mesas de la terraza está ocupada. Dos chicas, María y María, hablan al calor de la estufa de gas. El otro calefactor permanece apagado.

“Los encendemos solo cuando viene alguien, aunque hay gente muy especialita que se queja y nos dice que por qué no los dejamos puestos para que lleguen y se encuentren ya con el calor”, relata Eliseo, camarero. También manda un recado a “quienes se sientan en la otra punta de una mesa que ya tiene la estufa encendida, cuando podrían sentarse cerca y así no habría necesidad de activar la otra”.

Sus años de experiencia en el sector le han hecho desplegar su propia teoría sobre los veladores en terrazas y el papel sugestivo que ejercen sobre la clientela: “Hay un 30% de calor que transmiten de verdad y un 70% de efecto psicológico”. También cree que la gente empieza a perderle completamente el miedo a los interiores una vez la pandemia queda atrás, así que han superado los años en los que esta apuesta cobró especial importancia (como la ampliación de terrazas en aparcamientos, que sí desaparecerán a comienzos de 2024).

Un compañero de Eliseo especifica el coste que el negocio asume por una recarga de cada estufa: 18 euros. En Sotoverde dicha recarga les dura aproximadamente dos días, aunque en otros locales donde suelen dejarlas en funcionamiento aunque no haya nadie ocupando las mesas adyacentes (es el caso en varios de la plaza de Santa Ana) este periodo puede reducirse drásticamente.

María y María, las únicas guardianas de la llama en esta gélida tarde de diciembre en Sotoverde, valoran mucho “estar fuera al aire libre”, aunque matizan que las que tienen forma de champiñón les parecen “una mierda”. Eso sí, no coinciden con Eliseo en que el calor se deba en gran parte a un efecto mental: “Teníamos frío y hemos dejado de tenerlo”.

Los movimientos sociales nacen en las calles, de la espontaneidad de las plazas y las reclamaciones de los barrios. Pero vehicular las emociones e intenciones de decenas de personas con objetivos compartidos aunque ideas heterogéneas, así como permitir que esa voluntad de grupo no decaiga sino que crezca, requiere en muchas ocasiones de espacios físicos. Lugares en los que forjar comunidad entre el propio grupo y el vecindario que les rodea, en los que intercambiar perspectivas con otras organizaciones o dialogar con la propia ciudad.

También de enfrentarse a ella, más bien a los dirigentes que la toman por suya (y en Madrid son unos cuantos). Ante la tensión generada por unas administraciones que se esfuerzan por desmontar lo comunitario y mermar las iniciativas que no persiguen el beneficio económico o incluso lo cuestionan, estos proyectos defienden la expansión de los derechos sociales e  imaginan un Madrid alternativo.

El modelo de centro autogestionado financiado por los militantes no es nuevo –hay muchos antecedentes como El Sol de la Conce o La Piluka, entre otros– pero parece que ha ganado terreno en los últimos tiempos frente al Centro Social Okupado o el local municipal cedido. Cada elección tiene sus ventajas e inconvenientes, suelen insistir la mayoría de los activistas involucrados en estas aventuras, pero la aversión del actual Ayuntamiento del Partido Popular a las cesiones a los movimientos sociales –desmanteló la mayoría de las efectuadas por el Ayuntamiento de Ahora Madrid– y el tiempo de vida de muchas okupaciones, cada vez menor,  ha empujado hacia este modelo que, sin estar exento de la ingerencia de agentes externos (el primero, el mercado) permite ciertos niveles de estabilidad.

Estos espacios surgen y pelean por aguantar pese a las dificultades económicas de levantar proyectos humildes pero ambiciosos con tanto en contra, buscando formas alternativas de financiación y gestión. A veces, como en estos cuatro ejemplos, lo consiguen.

Ateneo La Maliciosa

“Necesitamos lugares donde la reunión, la palabra y la actividad política autónoma puedan desarrollarse”. Así resumen la función del Ateneo La Maliciosa desde la propia web de este espacio, impulsado por Ecologistas en Acción, Fundación de los Comunes y Traficantes de sueños (con una inversión rematada de la mano de una intensa campaña de crowdfunding). Situado en el número 12 de la calle Peñuelas, en el distrito de Arganzuela y a 15 minutos de Atocha, la zona se enmarca en el antiguo barrio de las Injurias. Un lugar de tradición de luchas urbanas, ocupado hoy por docenas de proyectos culturales y políticos.

El local abrió en febrero de 2022  y cuenta con casi 800 metros cuadrados, que se reparten entre las dependencias de las organizaciones promotoras, así como una sala de actividades con capacidad para 126 personas. Además, dispone de un espacio polivalente que alberga todo tipo de actos: conferencias, charlas, presentaciones, reuniones, asambleas, formaciones, clubes de lectura, representaciones, ruedas de prensa y otras actividades relacionadas con la formación y el refuerzo de una comunidad en la ciudad. Con la transformación social, la movilización, la creación de alternativas y la apertura al conocimiento crítico. 

Sirva de ejemplo el Sindicato de Inquilinas de Madrid, que lleva a cabo asesorías habitacionales y asambleas en este recinto. Como explican sus promotores, “Ateneo La Maliciosa está pensado para personas y colectivos, de Madrid o de fuera de la ciudad, que necesiten un espacio para desarrollar actividades, encontrarse y construir en colectivo”.

La Villana de Vallekas

Tomando su nombre de una comedia de enredo escrita por Tirso de Molina, este centro social de defensa de los derechos y la autooorganización lleva una década impulsando el tejido social en Vallecas. Desde el pasado agosto, además, ha dado un salto cualitativo marcado por un cambio de sede a las inmediaciones del parque Amos Acero después de una exitosa campaña de crowdfunding. El objetivo es incorporar en el proyecto futuro una taberna y una librería, dos empresas políticas para generar recursos dirigidos a la autogestión, además de para dar a conocer La Villana a personas no ligadas a los colectivos sociales.

Así lo explicaba Javier, uno de sus miembros, en declaraciones a este medio: “Llega un momento en el que, si queremos poner el cuerpo, el Estado responde a través de la represión o la precariedad. Disponer de empresas políticas que generen dinero al servicio del bien común nos permite pagar multas al instante sin que suponga tanto miedo para nosotras. Podemos, en definitiva, reforzar nuestras estructuras. Es una apuesta política por tener un espacio independiente de los vaivenes de la gentrificación y plantar una semilla para contar con un bastión de resistencia a largo plazo. Queremos generar dinero que pueda ser puesto al servicio de fines políticos, siendo conscientes eso sí de que la precariedad nos ata”.

La Villana aglutina colectivos enfocados a luchas sociales de diversa índole: la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Vallekas, Pan y rosas, Grupo de Historia del Movimiento Obrero, Lobas Vallekas, Orgullo Vallekano LGTBIAQ+, Escuela de las Periferias o la Despensa Solidaria La Villana de Vallekas. Todos ellos conforman, en palabras de Javier, “una comunidad que pueda plantar cara a los fondos buitre, las privatizaciones o las condiciones laborales abusivas...”.

Espacio Bellas Vistas

En la calle Almansa, muy cerca de la glorieta de Cuatro Caminos, encontramos el Espacio Bellas Vistas, situado en el barrio que lleva prendido en el nombre. Esta antigua carpintería se convirtió en lugar de encuentro vecinal coincidiendo con la pandemia. La idea de contar con un espacio de estas características surgió durante la celebración de la Universidad Popular de Bellas Vistas. Salió la idea de recomendar a la Junta de Distrito la cesión de un espacio gestionado directamente por vecinos y entidades ciudadanas. La ansiada cesión no llegó pero el gusanillo ya había anidado en una serie de vecinos que se lanzaron a buscar su propio local alquilado. El covid-19, que imposibilitaba la realización de actividades, puso a prueba la resiliencia de un proyecto que apenas arrancaba pero, a la vez, sirvió para tejer solidaridades a partir del Grupo de Apoyo de Bellas Vistas.

Como el resto de los espacios que pueblan este reportaje, la autogestión es uno de los conceptos semilla del espacio. “Es un local alquilado que reformamos, mantenemos y cuidamos colectivamente. Y eso afecta al mantenimiento ”físico“ del local, pero también al propio pago de las facturas del alquiler, agua y luz”, explica María Ramos, una de las personas en el grupo motor del espacio.

No están cerradas a recibir ayudas públicas, “pero siempre teniendo claro que si tenemos una subvención es para apoyar un proyecto puntual que promueve alguna vecina/o y apoya el resto, pero nunca será la fuente principal”. De momento han recibido un par de subvenciones que les ha permitido apoyar y visibilizar iniciativas culturales del barrio y poner en marcha una Escuela Vecinal de Familias.

“Si hay actividades, el espacio está vivo, vienen vecinas/os (nuevas y las del núcleo motor), y eso es lo que hace que siempre haya músculo, energía y que merezca la pena seguir sosteniendo y haciendo que crezca este pequeñito espacio para hacer barrio…”, explica María. Los vecinos hacen aportaciones voluntarias a la cuenta común –sin cuotas fijas– o los días de actividades. Lo cierto es que las tortillas y bizcochos del Espacio Bellas Vistas ayudan a financiar el alquiler del espacio bien a pesar de que el año les subieron significativamente el alquiler.

Casa de la Cultura de Chamberí

Muchos de estos espacios se enfrentan constantemente a la pasividad de las administraciones, en el mejor de los casos, y a su beligerancia directa en los más extremos. La Casa de Cultura de Chamberí, en pleno Bravo Murillo, se convirtió en el epicentro de la vida cultural y vecinal del distrito entre 2017 y 2021. Pero el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida decidió no renovar el contrato de cesión aprobado con Manuela Carmena, pese a las 2.626 actividades que las organizaciones participantes sacaron adelante durante su cesión. 

Por suerte, después de dos años manteniendo la llama encendida en otros puntos de Chamberí y en la Casa del Cura de Malasaña, en septiembre tuvo lugar la primera asamblea de la nueva Casa de Cultura, en un sótano de la pequeña calle Balmes. Un nuevo local cercano a la Biblioteca Regional José Luis Sampedro, de unos 100 metros cuadrados (el de Bravo Murillo tenía 318), pero con las mismas o más ganas por hacer barrio que el proyecto previo. Inspirados en el modelo por el que optan varios ejemplos recopilados en este artículo, trabajan por sufragar los gastos del alquiler con cuotas de socios.

“Tenemos que reinventarnos”, admite a este diario Blanca, una de las vecinas implicadas. Es la forma de afrontar una nueva etapa en la que parten con menos músculo ciudadano que en el año 2015, cuando la izquierda tomó la alcaldía de Madrid. “Entonces el impulso estaba en todos los rincones”, añade Paco, otro veterano del movimiento vecinal madrileño, en referencia al empuje que el 15-M dio a las iniciativas que salieron de los barrios. 

Algo similar ocurrió durante el movimiento vecinal de los setenta en la capital, que también vivió en primera persona: “El movimiento ciudadano no tiene que ser instrumental solo para alcanzar las instituciones. Es algo que está presente, ha demostrado su eficacia y tendrá bajones o más altura, pero los políticos tienen que contar con él”. A ello se dedican, dentro de lo que les permiten sus recursos y su tiempo, en esta sede de la calle Balmes, en La Villana, La Maliciosa y Bellas Vistas.

Antonio del Solar lleva más de 40 años dedicado en cuerpo y alma a su tienda de cámaras analógicas. Por sus manos han pasado las herramientas que han captado miles de imágenes a lo largo de décadas. Y sin embargo, pocas habrán tenido tanto alcance como un pequeño vídeo de TikTok que ha revitalizado el negocio de este apasionado de la fotografía.

La usuaria María Ramírez es la responsable de este repentino éxito, gracias a una publicación que supera los 4,4 millones de visualizaciones en menos de tres días. En ella aseguraba que “Antonio se jubila y está de liquidación”, mensaje que ha provocado una especie de euforia colectiva con largas colas en la puerta de este establecimiento, situado en el número 29 de la calle Fernández de los Ríos de Chamberí.

Sin embargo, el protagonista de esta historia ha matizado en un vídeo posterior que él nunca había hablado de liquidación y que solo puso un cartel en la puerta del local ofreciendo la venta de parte de su material para que se les dé un uso. Dicho lo cual, no tiene prevista su jubilación hasta al menos dentro de un año.

Lo más curioso es que no es la primera vez que el negocio de Antonio se viraliza. En 2020 le ocurrió gracias a la red social antes conocida como Twitter, después de que @LPerdiguero escribiese que “un profesional de toda la vida está desprendiéndose de todas sus cámaras de fotos por jubilación”. Este internauta apelaba, cómo no, a “que Twitter haga su magia” para permitir al dueño del establecimiento liquidar existencias.

El impacto fue tal que finalmente decidió seguir unos años más con el negocio, aunque ya haya soplado 76 velas. Las redes le han ayudado, pero también tiene su importancia todo lo que la usuaria comentó sobre Antonio en su primer post sobre este lugar tan particular: “Es un señor majísimo y educado. A los niños les regala fotos de la luna!! (su pasión). Aunque a nosotras también nos dio”.

Ahora surfea de nuevo, con más fuerza si cabe, la ola de la popularidad: un segundo TikTok de María Ramírez sobre su tienda, donde muestra las aglomeraciones para comprar en ella a raíz del éxito del primero, roza los 2 millones de visualizaciones. En una tercera entrega, Antonio les da su agradecimiento y se muestra “muy agobiado, pero muy contento”. Aprovecha para definirse como mecánico y no como vendedor, ya que según él en esta faceta es “un desastre”. Quién lo diría...

La Comunidad de Madrid acaba de dar la salida a uno de sus proyectos de legislatura más vistosos. Lo quiere desarrollar en el corazón de Chamberí, el céntrico distrito donde nació y reside la presidenta regional, y se llamará Milla Canal, debido a que se asienta sobre los terrenos que la compañía de aguas posee desde hace más de un siglo en esta zona de la capital.

Aunque apenas se conocen detalles del proyecto, la idea del Gobierno de Ayuso es que el área integre instalaciones deportivas, culturales y recreativas de la zona y pasa por la reforma de varias de sus dotaciones. En concreto, quiere cambiar las parcelas deportivas del Canal Isabel II, “para convertirlas en referente nacional e internacional”, indican fuentes del ejecutivo regional consultadas por Somos Chamberí. También apuesta por “renovar los Teatros del Canal y ampliar su contenido artístico”.

Ambas actuaciones requerirán obras de mayor o menor envergadura, como también las necesitarán los “nuevos usos culturales” que se quieren implantar en salas que ya existen en el recinto de la compañía de aguas madrileña. Entre ellas la situada detrás de la histórica Fuente del Lozoya, junto a la calle Bravo Murillo. Pero, sin duda, la infraestructura más difícil de encajar será el pabellón para 5.000 espectadores que la Comunidad de Madrid quiere construir en los terrenos del Canal y que ahora está estudiando si la ubicación es factible.

¿Dónde pueden caber todas estas construcciones? La mayoría de madrileños desconocen el potencial de los cerca de 225.000 metros cuadrados que posee el Canal de Isabel II en Chamberí porque parte de este terreno ha permanecido cerrado al público durante décadas e, incluso, siglos. El pasado oscuro de la presidencia de Ignacio González, ahora en la cárcel por varios procesos sobre corrupción, tampoco ayudó a la buena publicidad de la empresa pública. La compañía se mantuvo muy enclaustrada hasta que la llegada a su presidencia de Ángel Garrido, quien acometió la apertura de varios parques y eliminó literalmente la opacidad de la institución sustituyendo las vallas que cercaban sus dependencias por otras que permitieran verlas mientras se paseaba por la calle.

Las propiedades del Canal en Chamberí se dividen en cinco grandes parcelas situadas entre el paseo de San Francisco de Sales, la avenida de Pablo Iglesias, Ríos Rosas, Santa Engracia, José Abascal, Cea Bermúdez y las calles Vallehermoso y Santander. Cada una tiene su propia circunstancia y posibilidades urbanísticas, que analizamos de norte a sur.

Pistas deportivas del Canal: zona Pablo Iglesias

Los 10.000 metros cuadrados de esta parcela deportiva del Canal se dividen en un campo de fútbol 11 y otro de fútbol sala, con edificio de vestuarios. Es el espacio que utilizan la mayoría de equipos del centro de Madrid para entrenar y jugar partidos oficiales, ante la escasez de pistas deportivas en el entorno. También porque su precio es más barato que el de las cercanas instalaciones del Parque Santander.

A nivel urbanístico, el terreno posee una edificabilidad de cerca de 5.000 metros cuadrados, que el Canal podría utilizar para levantar allí varias construcciones. Sus dimensiones hacen difícil que pueda albergar el pabellón prometido, salvo que rebasara los terrenos vallados y ocupara parte de la vía pública, lo que complicaría enormemente la operación.

Parque Santander

Aunque fue inaugurado el pasado mes de mayo, la Comunidad de Madrid ejecuta todavía allí pequeñas reformas a lo largo de este espacio de 116.000 metros cuadrados de zonas verdes y deportivas. Un pequeño parque del Retiro abierto en el corazón de Chamberí, el distrito con menos zonas de esparcimiento público de la ciudad por habitante.

Cuenta con una parte deportiva con campos de fútbol 11 y 7, además de 8 pistas de pádel acristaladas, gestionadas a través de una concesión por Ocio y Deporte Canal. En el mismo entorno está el campo de hockey hierba recién construido, además de zonas para vóley playa, patinaje y atletismo cerradas bajo candado a la espera de definir su modelo de gestión.

En esta parte no es probable que haya ninguna reforma para el proyecto Milla Canal, aunque sí que sería posible aprovechar su enorme pradera para la celebración periódica de eventos de mediano formato. De momento, lo único que se ha avanzado desde la Consejería de Cultura es que este lugar “cobrará mayor relevancia como espacio cultural abierto a todos los ciudadanos”.

Pistas deportivas de Islas Filipinas

Asentadas en parte sobre el Primer Depósito construido por el Canal a mediados del siglo XIX, ofrecen la única piscina pública al aire libre en Chamberí y Centro. Son 30.000 metros cuadrados repartidos en un pequeño pabellón polideportivo, frontón, pista de patinaje, pádel, tenis de tierra batida, además de la citada piscina de casi 50 metros y otra infantil más pequeña, con solarium, cafetería y vestuarios.

Esta zona, que ha venido siendo objeto de reformas constantes en los últimos años (el baloncesto, por ejemplo, desapareció en favor del pádel), es la principal candidata a las obras de más calado anunciadas por la Comunidad de Madrid para su proyecto.

Sala subterránea del Primer Depósito

La parcela deportiva más al sur del Canal guarda en un lateral una de las joyas históricas de la institución: la Fuente del Lozoya, esculpida para su inauguración y cuyo flujo de agua fue recuperado en el año 2020. Detrás de ella, bajo las pistas y la piscina, se encontraba el Primer Depósito del Canal, el más pequeño de todos (cabían 58.000 metros cúbicos) y que tuvo que ser cerrado a las cuatro décadas de su puesta en servicio.

El espacio subterráneo que conforma ha sido ocupado por diferentes dependencias del Canal (archivo y biblioteca, entre ellas), pero la puerta de la derecha -mirando la fuente de frente- esconde otro pequeño tesoro que fue definido por Antonio Bonet Correa como “una mezquita de Córdoba sumergida”. Las palabras en 2001 del entonces director del museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando se referían a sus sobrecogedoras columnas, abiertas al público ese año con motivo de una exposición y cerradas después por problemas de filtraciones del vaso de agua que tenía encima.

La reapertura de esta sala es una de las reivindicaciones de las asociaciones vecinales del barrio -especialmente de Parque Sí en Chamberí y de Corazón Verde Chamberí- y podría ser una de las sorpresas que guarda el proyecto de Milla Canal, cuyo contenido detallado aún no ha sido revelado por el Gobierno regional.

Segundo Depósito

Frente a la Fuente del Lozoya se encuentra la otra gran parcela del Canal en Chamberí. Es la que alberga el Segundo Depósito o Depósito Mayor, como reza el cartel histórico situado en la calle Bravo Murillo, donde añade que su capacidad total es de 188.412 metros cúbicos.

Esta manzana cuenta con dos parques lineales abiertos durante la etapa de Garrido al frente del Canal, uno a lo largo de Bravo Murillo y otro que recorre Ríos Rosas, trufados de jardines y juegos infantiles, que suelen llenar las familias del barrio y los paseantes ocasionales. En la misma manzana se encuentran las oficinas principales del Canal, varios edificios centenarios con distintos usos laborales y el depósito en sí, sobre un terreno de casi 70.000 metros cuadrados.

Este lugar, que permanece cerrado al público en su parte central, es donde las posibilidades urbanísticas son mayores. Allí se gestó una operación entre Ayuntamiento y Comunidad durante los mandatos de Manuel Carmena y Cristina Cifuentes, en la que el consistorio buscaba espacios dotacionales para el barrio, con la cesión de un edificio propiedad del Canal en el que podría haber cabido una escuela de danza o una biblioteca municipal, además de un jardín de 15.000 m2. A cambio, se iba a permitir concentrar la edificabilidad del Canal -la de la parcela de Pablo Iglesias incluida, hasta 13.000 m2- en la zona norte y en la esquina suroeste, frente al parque Enrique Herreros.

La operación, que conllevaba una larga tramitación, quedó abandonada a la llegada de Almeida y Ayuso a Cibeles y Sol. Se desconoce si el planeamiento de Milla Canal incluye aprovechar estos terrenos y recuperar la edificabilidad con permiso municipal. Este espacio podría acoger el anunciado pabellón para 5.000 espectadores con el que la Comunidad de Madrid quiere dotar a la zona, en el que acoger eventos de tamaño mediano.

Teatros del Canal

La última parcela propiedad de la Comunidad de Madrid es la que ocupan los Teatros del Canal, que también podrían ser reformados para intensificar sus usos.

Frente a los teatros, una antigua parcela del Canal que ahora es propiedad del Ayuntamiento gracias a la permuta de ambos terrenos espera un futuro que inicialmente estaba ligada a peatonalizar parte de Valle de Suchil. Allí podría haber abierto una escuela infantil durante la pasada legislatura, pero la negativa del exconcejal de Chamberí a acometer los cambios la dejó parada y sin noticias sobre sus usos futuros.

La noticia de que el Gobierno de Ayuso quiere acometer cambios en la zona, una idea del consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, ha sido recibida por los chamberileros con mucha cautela. Algunos temen que el anuncio pueda acabar como cuando Alberto Ruiz Gallardón anunció un enorme parque en el año 2003, que luego Aguirre convirtió en un gran campo de golf.

Desde Parque Sí, una de las asociaciones que peleó en los tribunales hasta conseguir su desmantelamiento, creen que “el canal es un potencial enorme para Chamberí, siempre que se utilice bien y no para construir pisos y locales para la hostelería”, advierte una de sus representantes, contactada con este periódico. “Si ello llega a pasar a los vecinos nos hacen polvo”, confiesa.

La Comunidad de Madrid y su Agencia de Atención Social han sido condenadas por sancionar a un sindicalista de una residencia infantil pública como represalia por criticar a su director. La Justicia, según ha podido comprobar elDiario.es, ha confirmado la nulidad de la sanción que se impuso a este trabajador después de denunciar el mal trato dispensado por el director de la residencia en un grupo de WhatsApp de afiliados a CCOO, confirmando también que debe ser indemnizado con más de 3.100 euros y recuperar el sueldo de la semana en la que estuvo suspendido por, supuestamente, faltar al respeto al director.

Desde la Consejería de Asuntos Sociales indican a elDiario.es que esta sentencia no ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo y que no consta ninguna queja o denuncias de otros trabajadores contra el director del centro infantil.

El afectado era en ese momento trabajador y miembro del Comité de Empresa en la Agencia Madrileña de Atención Social, además de delegado sindical de Comisiones Obreras. Fue a finales de 2020 cuando envió un mensaje a un grupo de WhatsApp que compartía con trabajadores de la Residencia Infantil Chamberí y en el que pedía que le comunicaran cualquier acto de acoso o mal trato por parte del director del centro.

Ese mensaje hablaba de denuncias de “trato vejatorio” y de “un maltrato psicológico que atenta contra la dignidad y la salud mental”, se quejaba de que la Agencia había archivado las quejas presentadas y explicaba que estaban valorando pedir el cese del director de la residencia. Sin mencionarle con nombres y apellidos, el mensaje del delegado sindical de CCOO afirmaba que no reunía “todas las capacidades necesarias para ostentar este puesto” en relación con el trato dispensado a los trabajadores.

El mensaje de WhatsApp, que concluía con una encuesta anónima para los afiliados a CCOO de la residencia, terminó en manos del director del centro, que decidió denunciar por acoso al delegado sindical que lo había enviado. La Agencia Madrileña de Atención Social –que dirigía desde hacía meses el actual gerente, José Manuel Miranda– rechazó sancionar al sindicalista por acoso, pero sí lo hizo por una falta grave: suspendido siete días de empleo y sueldo por “desconsideración” con su superior.

Esa sanción fue cumplida pero no ha pasado el filtro de los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido confirmar lo dicho por un juzgado de lo social de la capital y ha declarado nula esa sanción, obligando a la Comunidad de Madrid y a su Agencia de Atención Social a devolver al sindicalista el dinero que dejó de cobrar durante su semana de suspensión. Y va un poco más allá: declara vulnerada su libertad de expresión y condena a la administración regional a indemnizarle con 3.126 euros.

La sanción firmada por el gerente de la agencia pública de la Comunidad de Madrid encargada de gestionar las residencias de ancianos y de menores, dice ahora la Justicia, fue “constitucionalmente ilegítima”. El delegado sindical de CCOO, en primer lugar, no envió ese mensaje a todos los trabajadores de la residencia, sino a un reducido grupo de afiliados. En segundo lugar, añaden los jueces, estaba ejerciendo su libertad de expresión en su vertiente sindical en un contexto de “cierta conflictividad” y como miembro del comité de empresa.

La Comunidad insistió en la sanción

Según la sentencia del Tribunal Superior de Madrid, fue la Agencia pública de la Comunidad la que firmó la sanción del sindicalista y también la que la defendió en los tribunales. El caso llegó hasta esta segunda instancia después de que la administración regional recurriera esgrimiendo, sin éxito, varios argumentos: que el mensaje sí suponía una falta grave por ser desconsiderado con el director de la residencia y que, además, no había que indemnizar al delegado sindical porque no se había acreditado ningún daño moral.

Los magistrados del TSJ desestiman el recurso y, además, condenan a la Agencia Madrileña de Atención Social a pagar hasta 600 euros en las costas judiciales del proceso.

La sentencia recuerda casos anteriores y similares estudiados en España que impiden sancionar a trabajadores por este tipo de mensajes críticos con sus jefes. Por ejemplo, cuando en 2018 el Tribunal Constitucional dio la razón a un trabajador de Seguridad Integral Canaria, miembro del comité de empresa despedido en 2015 por, entre otras cosas, acudir a un pleno municipal con una careta representando al presidente de su empresa, Miguel Ángel Ramírez, y con un mensaje en la camiseta: “Donde hay corrupto hay un corruptor”.

Hubo un espacio que durante cuatro años se convirtió en el epicentro de la vida cultural y vecinal de Chamberí. Estaba situado en el número 39 de la calle Bravo Murillo, dentro del histórico Parque Móvil, y funcionaba bajo la gestión de 17 colectivos del barrio, los que ganaron el concurso municipal convocado en el año 2017 para instalarse en unos locales del Estado cedidos al Ayuntamiento de Madrid para usos vecinales.

La llegada de Almeida al Ayuntamiento parecía significar el fin del proyecto asociativo. Con un equipo decidido a poner fin a estas cesiones vecinales, la Casa de Cultura de Chamberí tenía marcada su disolución en marzo de 2021, fecha en la que se acababa el contrato con el Ayuntamiento. Podría haber sido renovada otros cuatro años más, pero el consistorio ordenó revocar la cesión sin valorar la larga lista de actividades celebradas en su interior y entregar el local a la Madrid Innovation Lab. Este último lo vendió como un centro de inteligencia artificial abierto al vecindario, pero la realidad es que su labor está dedicada principalmente a empresas y, frente a las 2.626 actividades que organizaron las asociaciones durante su cesión, para este mes de septiembre solo hay previstas tres propuestas abiertas al público en el calendario del nuevo centro.

Pero el proyecto de la Casa de Cultura de Chamberí no murió con el fin del local. “Dejamos la casa, pero no la asociación”, advirtieron al acabar. El grupo formado siguió montando actividades en otros puntos de Chamberí y en la Casa del Cura de Malasaña, otro local vecinal en suelo municipal cuya cesión acabó la pasada primavera. Aunque algunas actividades chamberileras sí que desaparecieron con el cambio, sobre todo las que tenían que ver con la salud mental. Sus impulsores sabían que necesitaban un espacio físico para volver a juntarse. Así que buscaron sin descanso un local con alquiler asequible en su barrio donde retomar lo que habían iniciado en 2017. Y lo han encontrado.

Hace unos días tuvo lugar la primera asamblea de la nueva Casa de Cultura en un sótano de la pequeña calle Balmes. Acudieron decenas de personas, ansiosas por volver a poner en marcha el proyecto en su barrio. Vecinos, asociaciones, familias de los colegios... casi no cabían en el nuevo local, de unos 100 metros cuadrados -el anterior de Bravo Murillo tenía 318- pero las ganas por comenzar de nuevo eran enormes.

“Todo era carísimo pero si no encontrábamos un espacio corríamos el riesgo de desaparecer”, explica Blanca, una de las vecinas que estuvo durante los dos últimos años buscando un local de alquiler donde asentarse hasta encontrar su actual sede, muy cerca de la biblioteca regional José Luis Sampedro. La principal dificultad era la falta de ingresos de la asociación, en la que todo se hacía de forma voluntaria. Ahora planean sufragar los gastos de alquiler con cuotas de socios, como están haciendo otros movimientos sociales en distintas partes de Madrid.

La idea es que la Casa de Cultura se convierta en “el pulmón de vida comunitaria en Chamberí”, sirva como ejemplo de “prácticas colaborativas” y se conforme como “un laboratorio de proyectos sociales, culturales y medioambientales”, añade Óscar, otro de los que anduvo mirando multitud de anuncios de alquiler hasta encontrar el nuevo espacio. Lo harán recogiendo todo lo aprendido en la anterior etapa y en movimientos sociales que alcanzaron gran relevancia en el pasado, como el 15-M.

Lo que también tienen claro es que el espacio se irá construyendo desde lo comunitario, manteniendo aparte a los partidos políticos. Creen que tienen que formar un modelo alternativo ciudadano al que dibujan las nuevas mayorías absolutas del PP en Madrid y no esperan ayuda alguna de las instituciones que ahora controlan. “Ellos consideran la ciudad como espacio y oportunidad de negocio, privatizan el espacio público considerando a la ciudadanía como agregado de consumidores, degradan servicios y derechos, precarizan”, advierte Óscar explicando el modelo con el que confronta su proyecto. “Las administraciones deberían favorecer el asociacionismo vecinal”, puntualiza Blanca con lástima por la actual situación.

Objetivos: más socios y atraer a los jóvenes

“Tenemos que reinventarnos”, admite Blanca a la hora de afrontar una nueva etapa en la que parten con menos músculo ciudadano que en el año 2015, cuando la izquierda tomó la alcaldía de Madrid. “Entonces el impulso estaba en todos los rincones”, añade Paco, veterano del movimiento vecinal madrileño, mientras recuerda el empuje que dio el 15-M a las iniciativas que salieron de los barrios. Algo parecido a lo que ocurrió durante el movimiento vecinal de los setenta en la capital, que también vivió en primera persona.

“El movimiento ciudadano no tiene que ser instrumental solo para alcanzar las instituciones. Es algo que está presente, ha demostrado su eficacia y tendrá bajones o más altura, pero los políticos tienen que contar con él”, asegura Paco poniendo en valor lo que intentan reconstruir en la calle Balmes. Y añade como ejemplo la victoria en Chamberí con el nuevo parque sobre el antiguo golf o la masa social que se ha levantado contra las talas de árboles en la capital. “El movimiento vecinal debería ser casi una política de estado, como ocurre en muchos países”, desea Blanca.

Discusiones teóricas aparte, lo que tienen claro en la Casa de Cultura es que uno de sus objetivos es dar continuidad al movimiento incorporando gente con menos canas que las que ahora conforman el grueso de sus asociados. Encontrar propuestas que atraigan a los jóvenes está en su horizonte, así como recuperar a las 40.351 personas que disfrutaron de las actividades del lugar durante su primera etapa.

De momento, la actividad volverá a la Casa de Cultura de Chamberí en el mes de octubre, cuando terminen de acondicionar el nuevo local. Será con propuestas que han buscado espacios alternativos y que están listas para volver, aunque también llegarán otras nuevas. Mientras tanto, el proyecto sigue buscando vecinos que quieran apoyarlo como socios. Para apuntarse solo hay que enviar un correo electrónico a casadelaculturachamberi@gmail.com solicitando información o, directamente, la ficha para asociarse.