EH Bildu sería primera fuerza, con una estimación del 39,9% de los votos y 23 junteros, mientras que PNV obtendría el 32,9% de los apoyos y 19 representantes y el PSE-EE alcanzaría el 14,1% y siete representantes, lo que daría, por primera vez, mayoría absoluta en las Juntas Generales de Gipuzkoa a la coalición de Gobierno entre jeltzales y socialistas, según el Sociómetro de julio de Gipuzkoa. En una rueda de prensa en Donostia, la portavoz foral, Irune Berasaluze, ha presentado los resultados del último Sociómetro. La suma de Elkarrekin Podemos y Sumar, con un 5,2% de apoyo estimado, mantendría su representación de un juntero mientras que el PP lograría un 5% de los votos y un representante.

“Estos resultados apuntan a que la coalición de Gobierno mantendría sus apoyos y alcanzaría por primera vez la mayoría absoluta en las Juntas Generales sin necesidad del respaldo de una tercera fuerza política”, ha incidido la portavoz foral. Por otra parte, el último sociómetro refleja “una recuperación gradual de la confianza en la política”, y, así, el número de personas que manifiestan confiar en ella se sitúa en el 28,8%, frente al 17,2% registrado en 2023. “La desconfianza sigue siendo mayoritaria y alcanza el 67,1%”, ha reconocido, según recoge Europa Press.

“Se mantiene la valoración positiva de las instituciones vascas y el orden de proximidad institucional continúa marcando la percepción ciudadana”, ha indicado Berasaluze. De esta forma, los ayuntamientos son la institución mejor valorada, con 5,52 puntos sobre 10, seguidos de la Diputación de Gipuzkoa, con 5,43 puntos, y del Gobierno vasco, con 5,29“. El Gobierno central continúa siendo la institución peor valorada, con 3,81 puntos. Según Berasaluze, ”la proximidad, la capacidad de respuesta y la presencia en el día a día siguen siendo elementos fundamentales para recuperar la confianza.“

En cuanto al conocimiento y valoración de los principales líderes políticos, la diputada general guipuzcoana, Eider Mendoza, “sigue obteniendo la mejor valoración y repunta en conocimiento”, siendo conocida “por el 51,9%” de la ciudadanía, que le da una puntuación media de 5,73 sobre 10. El lehendakari, Imanol Pradales, obtiene un 87,8% en conocimiento y el presidente español, Pedro Sánchez, un 98,6%.

Situación económica

Por otro lado, ha señalado que, según el Sociómetro, “ocho de cada diez guipuzcoanos y guipuzcoanas esperan mantener o mejorar su situación económica”. Así, la situación económica personal obtiene una valoración media de 6,69 puntos sobre 10, el 82,3% de las personas encuestadas le otorga a su situación una nota igual o superior a 6 y el 80,5% considera que durante el próximo año su situación se mantendrá estable o mejorará.

La nueva encuesta refleja “una sociedad que mantiene una percepción positiva de su bienestar y de su calidad de vida” y confirma que la vivienda y las cuestiones económicas “continúan concentrando las principales preocupaciones de la ciudadanía y se consolidan como algunos de los grandes retos del territorio para los próximos años”, ha indicado.

Berasaluze ha destacado que “el sociómetro refleja una sociedad que mantiene una percepción positiva de su bienestar y de su situación personal, pero que al mismo tiempo es plenamente consciente y exigente respecto a los grandes retos colectivos que Gipuzkoa deberá afrontar en los próximos años”. “La vivienda se percibe como el principal reto del territorio para el 65,8%, pero existe una diferencia entre la percepción del problema y la incidencia directa en la vida cotidiana porque el porcentaje de personas que afirma verse afectada personalmente se sitúa en el 22,3%”, ha apuntado.

También ha indicado que “esta realidad cambia de forma notable entre la población joven”, ya que “entre las personas de entre 18 y 29 años, el impacto directo del problema de la vivienda afecta al 40,4%, lo que confirma que estamos ante uno de los grandes desafíos generacionales y ante una cuestión clave para la emancipación y los proyectos de vida de nuestros jóvenes.”

La encuesta, realizada mediante entrevistas telefónicas a 1.500 personas mayores de 18 años residentes en Gipuzkoa entre el 25 de junio y el 1 de julio, recoge las impresiones y valoraciones de la ciudadanía ante diversos temas sociales y políticos. En el apartado Economía y nivel de vida, “los 6,69 puntos sobre 10 con relación a la situación económica personal son el dato más elevado de la serie reciente que mantiene su tendencia positiva”, ha explicado. Según Berasaluze, “esta buena percepción se refleja también en la evolución del nivel de vida”.

Así, “el 51,3% de la ciudadanía considera que su situación se ha mantenido estable en los últimos dos o tres años y el porcentaje de quienes creen que ha mejorado aumenta hasta el 21,5%, un punto más que en la medición de diciembre”. “En paralelo, continúa reduciéndose el número de personas que consideran que su situación ha empeorado, pasando del 37,4% registrado en septiembre de 2023 al 26,8% actual, lo que supone una reducción de 10,6 puntos porcentuales en menos de tres años”, ha afirmado. “La confianza en el futuro también se mantiene en buenos niveles, al estimar el 46,9% que la situación económica del territorio se mantendrá estable y un 16% considera que mejorará, mientras que un 26,8% prevé un empeoramiento”, ha detallado.

En el ámbito social, “la vivienda se consolida como la principal preocupación de la ciudadanía guipuzcoana y alcanza el 65,8%, muy por encima del 54,3% registrado en diciembre de 2025 y del 50,2% de mayo de 2025”. El empleo y la situación laboral ocupan la segunda posición, con un 22,2%, seguidos por la sanidad, con un 20,8%, y la seguridad ciudadana, que se sitúa en cuarto lugar con un 14,5%. Los niveles de bienestar emocional se mantienen prácticamente estables respecto a mediciones anteriores.

De este modo, “la ciudadanía guipuzcoana valora su estado anímico con un 7,41 sobre 10 y mantiene una valoración muy positiva de su red de apoyo familiar y social, que alcanza una puntuación de 8,02 puntos, el indicador mejor valorado del estudio”. La portavoz foral ha incidido en que este sociómetro refleja que “Gipuzkoa avanza desde la estabilidad, afrontando con atención y responsabilidad los principales retos sociales y del territorio, pero manteniendo la confianza en su economía, en su modelo de bienestar y en sus fortalezas como comunidad”.

Compromís-Sumar pedirá que las viviendas que se pongan en alquiler tengan, como mínimo, unas buenas condiciones de climatización o aire acondicionado para poder salir al mercado. La coalición quiere que la ley de vivienda incorpore entre las condiciones mínimas de habitabilidad “el confort térmico y la protección frente al calor extremo”, dadas las reiteradas olas de calor.

Cabe recordar que el parque de vivienda español data mayoritariamente del siglo pasado, con unas condiciones climáticas que en la actualidad son inexistentes: hay más episodios de calor extremo y de noches tórridas que hace décadas. “Tenemos que ser conscientes de que Europa ha vivido su verano más caluroso de su historia, pero desgraciadamente el menos caluroso de los que quedan por vivir”, señaló el diputado Alberto Ibáñez al presentar la iniciativa en el Congreso.

El diputado anunció este martes que el grupo parlamentario está trabajando en enmiendas a la ley de Arrendamientos Urbanos y en una proposición no de ley para abordar este tema. Se trata de estableciendo la obligación del arrendador de garantizar sistemas de climatización o facilitar que la parte arrendataria pueda instalarlos deduciendo automáticamente su coste de las rentas mensuales, según trasladan fuentes de la coalición.

También quieren incorporar la exigencia de un certificado de eficiencia energética adecuado para que la factura energética de la parte inquilina sea asequible y no sea una barrera para poder hacer uso de la climatización.

“Dudo que hoy en España haya alguien que esté en contra de que gente que se está llevando por la patilla 2.000 euros por alquilar un piso tenga la obligación de, como mínimo, que haya un aire acondicionado decente que no haga que la gente se ase en su casa”, planteó el coportavoz en el Congreso.

La mayoría del Congreso de los Diputados ha rechazado este martes las enmiendas a la totalidad de PP y Vox contra la proposición de ley de PSOE y Sumar para reformar el Código Penal y eliminar del mismo delitos que restringen la libertad de expresión, como las injurias a la Corona, la ofensa a los sentimientos religiosos o los ultrajes a los símbolos nacionales. De esta forma, el texto logra avanzar en su tramitación parlamentaria y ahora será abordada en comisión antes de someterse a su votación definitiva en pleno.

La norma que este martes ha sido defendido en el Congreso por el dirigente de IU Enrique Santiago, comenzó a tramitarse en 2023, pero llevaba desde entonces congelada en la Cámara Baja porque los socialistas no la consideraban una prioridad. Fue a mediados de junio cuando, en medio de la tormenta judicial que afecta al Ejecutivo, las dos fuerzas que sustentan el Gobierno la reactivaron en el Congreso.

La proposición de ley contempla acabar con cinco delitos recogidos en el Código Penal. Además de las ya mencionadas injurias a la Corona, ultrajes a los símbolos nacionales y ofensa a los sentimientos religiosos, PSOE y Sumar también están de acuerdo en despenalizar las calumnias e injurias a las altas instituciones del Estado y en eliminar el tipo que pena las injurias contra las Cortes Generales o las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.

Ambos partidos pactaron en cambio renunciar a la eliminación del delito de enaltecimiento de terrorismo para evitar recelos de otros grupos, pese a que Sumar sí quería derogar ese artículo del Código Penal y sustituirlo por un agravante que permitiría castigar con más dureza los delitos que incluyan vejaciones a víctimas.

La reforma penal lleva años planteándose sin llegar a concretarse, a pesar de que a priori existe —como existía la pasada legislatura, cuando la propuso Unidas Podemos— mayoría parlamentaria para aprobarla. De hecho, en julio de 2024 Sumar y el PSOE ya anunciaron un pacto para suprimir los citados delitos de opinión y lo unieron a otro acuerdo para modificar la ley orgánica que rige el derecho al honor, con el fin de incluir una “reparación pública” ante procesos judiciales prolongados en el tiempo. Ese acuerdo nunca llegó a ponerse en práctica.

Para reactivar la tramitación de la proposición de ley, PSOE y Sumar dejaron de ampliar los plazos de presentación de enmiendas, lo cual permitió que dicho periodo se cierre y se pasara al debate de totalidad de este martes. Ahora los grupos parlamentarios comenzarán a discutir el redactado final de la reforma, que aún necesitaría recibir luz verde del Congreso en otras dos ocasiones antes de pasar al Senado para finalizar su tramitación.

El magistrado del Tribunal Supremo Vicente Magro ha pedido al Congreso el permiso necesario para procesar por prevaricación al diputado de Sumar En Comú Podem Félix Alonso, por los contratos a dedo que adjudicó cuando era alcalde de Altafulla (Tarragona).

En un auto, el instructor recoge que ha apreciado “elementos bastantes” para considerar que Alonso, como alcalde de Altafulla, abusó de la figura de los contratos a dedo para beneficiar a una consultora afín a su partido. La Fiscalía había apoyado la petición de suplicatorio, mientras que la defensa del político se había opuesto.

El magistrado indica que en la etapa como alcalde de Alonso, entre 2011 y 2019, el Ayuntamiento de Altafulla “recurrió a la figura del contrato menor sin sujetarse a la legislación específica en la materia de contratación pública”. Las contrataciones investigadas suman 30.000 euros.

La resolución no acoge la tesis de defensa de Alonso, que en su declaración voluntaria ante el Supremo negó que hubiera criterios políticos para adjudicar al despacho del exconseller de ICV Salvador Milà varios contratos municipales en materia de Urbanismo, sino que se debió a la falta de personal del consistorio.

Ante la imposibilidad de contratar más personal debido a las restricciones impuestas por la ley Montoro, el ayuntamiento que dirigía Alonso optó por hacer un contrato menor para estos servicios. Para su defensa, el consistorio no necesitaba un servicio recurrente, sino un funcionario que no tenía y que la ley impedía contratar.

Por el contrario, el juez considera que hubo un “uso indebido” de la prórroga y del contrato menor “con la voluntad” de Alonso “de introducir empresas con vinculación política” y necesidades recurrentes del consistorio que debían vehicularse a través de un concurso.

Como marca la ley, antes de proceder penalmente y procesar al diputado, el juez tiene que pedir el suplicatorio al Congreso a través del presidente de la Sala de lo Penal para enviarlo, previo refrendo de los magistrados.

La portavoz de la coalición Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, fueron elegidas nuevas líderes de Movimiento Sumar —el más pequeño de los partidos de la alianza— en la asamblea extraordinaria celebrada este sábado, la tercera en apenas tres años de vida de la organización. Martínez y Martínez fueron apoyadas por el 95,92% de los delegados enviados por los territorios a un congreso sin fuste y que se desarrolló sin que la formación permitiera la presencia de la prensa durante el día.

Martínez y Martínez sustituyen en el liderazgo del menguado partido a Lara Hernández, que el pasado 1 de julio abandonó la formación denunciando ser víctima de una “campaña de desprestigio” tras el archivo de las denuncias internas por acoso contra ella. La candidatura de las nuevas co-coordinadoras de Movimiento Sumar es la única que se presentó para liderar la formación fundada en 2023 por Yolanda Díaz, que se desentendió de las labores orgánicas en 2024 y que este sábado se limitó a acudir como público al mitin de cierre que ofrecieron Martínez y Martínez. Sus intervenciones fueron precedidas por las del líder de UGT, Pepe Álvarez, la secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO, Carolina Vidal, o la eurodiputada Estrella Galán.

Tras la dimisión de Hernández, y ante la falta de debate interno en relación a una hoja de ruta política que se actualizó hace poco más de un año, todos los debates llegaban ya cocinados al congreso. Y, como se esperaba, la reunión de este sábado fue de trámite y evidenció la debilidad de la organización, que ni tan siquiera llenó las en torno a 400 plazas del salón de actos del Colegio Oficial de Odontólogos (COEM), donde se celebró la asamblea. La principal novedad que salió de ella fue la creación de un colectivo juvenil de Movimiento Sumar y la puesta en marcha de un nuevo órgano, llamado “Consejo Territorial”, para representar a las diferentes federaciones autonómicas del partido, que se reunirán al menos una vez cada tres meses.

Con su elección como nuevas líderes, Martínez y Martínez tratarán de dar carpetazo a la crisis más grave de la corta vida de Movimiento Sumar, abierta conocerse las acusaciones de acoso laboral contra Lara Hernández. No obstante, el futuro del partido, una vez Yolanda Díaz ha anunciado que dejará la política al final de la legislatura, está sumido en un mar de dudas. La formación debe encontrar un encaje dentro de la coalición con Más Madrid, Comuns e IU, y es una incógnita, incluso, si hay lugar para esta organización en un espacio —el de las izquierdas de ámbito estatal— copado por IU y Podemos.

En su discurso tras ser formalmente nombrada nueva co-coordinadora, Verónica Martínez se refirió precisamente a este asunto para reivindicar que Movimiento Sumar, pese a que apenas tiene estructuras y militantes, sigue siendo necesario. “Si hay algo que hemos ido comprobando y demostrando mientras gobernamos es que la España que queremos solo la puede construir la izquierda, pero también que no lo hará una sola organización, ni tampoco una sola tradición política”, sostuvo Martínez, que afirmó que “las izquierdas nunca hemos necesitado pensar exactamente igual para cambiar la vida de la gente”.

“Lo que necesitamos es compartir un propósito y entender que la riqueza de un proyecto no está en que desaparezcan las diferencias, sino en ser capaces de ponerlas al servicio de un objetivo común”, planteó. Y “esa”, dijo, “es la idea de frente común en la que creemos: no una suma de siglas ni un reparto de espacios, sino un proyecto compartido entre organizaciones que saben que hay momentos en los que defender la propia identidad consiste, precisamente, en ser capaces de construir con quien no piensa idéntico”.

En la misma línea se expresó Rosa Martínez, que se mostró partidaria de “explorar todas las posibilidades que nos permitan construir un frente amplio a partir del trabajo conjunto que llevamos tiempo realizando con Comuns, Más Madrid e IU”. “Un frente amplio que dé respuesta a la exigencia de la gente de izquierdas, la gente progresista, la gente trabajadora que no desea un gobierno de PP y Vox”, planteó.

Este sábado, a las 11.00 horas, Movimiento Sumar dará el pistoletazo de salida al congreso extraordinario que sus dirigentes esperan que sirva para dejar atrás la crisis interna más grave desde la fundación del partido, en un 2023 que parece ahora muy lejano. La que será la tercera asamblea en tan solo tres años de vida de la formación se celebrará con un resultado cantado de antemano: la única lista para la dirección es la liderada por la portavoz parlamentaria Verónica Martínez y la secretaria de Estado Rosa Martínez, puesto que la exlíder, Lara Hernández, no competirá por revalidar su cargo tras dimitir la semana pasada después del archivo de su expediente interno por acoso laboral.

La asamblea extraordinaria tendrá un formato muy diferente al de las dos anteriores, puesto que Movimiento Sumar ha impuesto un formato hermético para controlar el mensaje. Los debates internos sobre el rumbo político del partido estarán vedados a la cobertura de la prensa, como suele ser habitual en los congresos de todas las formaciones. Pero, a diferencia de lo ocurrido en las asambleas de 2024 y 2025, los periodistas tampoco podrán acceder al recinto donde se celebrará el cónclave, algo vital para la labor informativa. Un portavoz de Movimiento Sumar se limitará a hacer declaraciones a las 11 de la mañana y, posteriormente, el congreso se cerrará a cal y canto hasta las 19.00 horas, cuando está previsto el mitin de cierre de Martínez y Martínez. El partido justifica esta decisión por razones de espacio del recinto.

Pese a que la asamblea se celebrará con todos los grandes debates internos resueltos, eso no implica que no existan dudas en torno a Movimiento Sumar, aunque lo cierto es que se proyectan de cara al futuro. El congreso va a ser plácido, la dirección del partido intentará escenificar unidad tras semanas de enfrentamiento público, pero no está claro cuál será el papel de la formación dentro de la coalición con Más Madrid, Comuns e IU. Es una incógnita, incluso, si hay lugar para esta organización en un espacio —el de las izquierdas de ámbito estatal— copado por IU y Podemos, especialmente cuando su principal rol, representar al sector referenciado en Yolanda Díaz, ya no existe tras la decisión de la vicepresidenta de no presentarse a las próximas elecciones y dejar la política.

Fuentes de su entorno afirman que, “seguramente”, la propia Díaz asista tan solo al mitin de cierre de la asamblea del partido que ella misma fundó en 2023, y sobre cuya guerra interna lleva varias semanas evitando pronunciarse. El año pasado, en el segundo congreso del partido —igualmente convocado de manera extraordinaria para elegir, precisamente, a los sustitutos de Díaz como líderes de Movimiento Sumar tras su dimisión de las labores orgánicas—, la fundadora ya se ausentó de la primera jornada, en la que se produjeron los debates políticos en las diferentes mesas organizadas para ello. Díaz sí estuvo presente en la segunda jornada e intervino en el mitin de cierre, algo que no hará este sábado, cuando se limitará a sentarse entre el público.

A diferencia del año pasado, la asamblea de 2026 concentrará sus actividades solo en un día, buena muestra de que todos los asuntos relevantes llegan ya cocinados y decididos. Apenas ha habido debate en relación a la renovación de las tesis políticas, cuya gran novedad es la apuesta de Movimiento Sumar por poner en marcha alianzas “coyunturales” con partidos independentistas, un guiño a un Gabriel Rufián que se encuentra en plena pugna interna con su partido, ERC, precisamente porque propone un frente de izquierdas estatales y nacionalistas de cara a las próximas generales. Tampoco hay grandes novedades a nivel organizativo, habida cuenta de que la estructura de Movimiento Sumar se reformó hace poco más de 12 meses.

El principal cambio que se ejecutará en el congreso extraordinario será de caras. Verónica Martínez y Rosa Martínez tomarán el timón del partido sin competencia, puesto que la suya ha sido la única lista que se ha presentado para liderar Movimiento Sumar. Lo harán en sustitución de una Lara Hernández que ha decidido no presentar batalla por falta de apoyos pese al archivo de su expediente interno por acoso laboral —el que ha iniciado la Inspección de Trabajo sí sigue bajo investigación—. Martínez y Martínez han tratado de calificar su lista como “de unidad”, pero se quedan fuera de ella los parlamentarios más afines a la exlíder, como es el caso de Txema Guijarro, Manuel Lago o Agustín Santos. Tampoco tendrá hueco en la nueva dirección el secretario de Estado de Empleo y número dos de Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.

Quien sí se mantendrá en la nueva dirección de Movimiento Sumar es el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el único integrante del Consejo de Ministros que seguirá formando parte del puente de mando del partido. Urtasun, que compaginará su militancia en Movimiento Sumar con el carné de los Comuns, que sigue manteniendo, es uno de los nombres que suenan como posibles candidatos de los partidos agrupados en Sumar para las próximas elecciones generales, aunque ese proceso avanza muy lentamente y fuentes próximas al dirigente descartan que sea él quien vaya a encabezar la lista electoral. En la dirección de Movimiento Sumar, el ministro ocupaba actualmente el puesto de portavoz, aunque existen dudas de que vaya a repetir.

En la lista liderada por Verónica Martínez y Rosa Martínez también figura Roberto Buitrago, un dirigente valenciano al cual la coordinadora de Movimiento Sumar en esa comunidad, Carmen Padilla, ha denunciado internamente por “acoso moral”, tal y como publicó este jueves elDiario.es. Los delegados afines a Padilla —cercana, por su parte, al sector más próximo a Lara Hernández— en la dirección valenciana del partido, que son el sector mayoritario en la Comunitat, no acudirán este sábado a la asamblea extraordinaria que se celebrará en Madrid en protesta por el hecho de que la comisión antiacoso de Movimiento Sumar se haya “negado a abrir una investigación sobre las dinámicas misóginas y machistas” que ha denunciado la coordinadora autonómica.

No es la primera vez que la federación valenciana del partido da dolores de cabeza a la dirección estatal en los últimos meses: en su carta de renuncia, la ex secretaria de Organización de Movimiento Sumar, Laura Moreno, acusó a Lara Hernández de fraude en el proceso interno que eligió a Padilla —próxima a ella— como coordinadora en la Comunitat Valenciana en detrimento del otro candidato, el crítico, que precisamente era Buitrago. Hernández defiende, por el contrario, que fue el sector crítico el que intentó manipular el censo en su favor afiliando a última hora al partido a un grupo importante de personas.

La reconfiguración del espacio

El congreso extraordinario de Movimiento Sumar tendrá lugar en un momento clave para todo el espacio a la izquierda del PSOE, que lleva meses negociando su recomposición. Las tesis políticas que saldrán ratificadas de la asamblea redobla la apuesta de la formación por conformar una alianza estable con IU, Más Madrid y los Comuns. Pero el formato de esa alianza estable está aún por definir, así como los dos asuntos capitales a ojos de la opinión pública: la nueva marca que sustituirá a Sumar y, especialmente, el candidato para las próximas elecciones generales.

Inicialmente, la idea de los cuatro partidos era tener ambos asuntos solventados para antes del parón estival de agosto, pero en las últimas semanas fuentes de todas esas formaciones han confirmado que el anuncio se retrasará hasta septiembre. El rol de Movimiento Sumar, con toda probabilidad, será mucho más reducido que el que ha tenido durante la última legislatura, en la cual el hecho de ser el partido de Yolanda Díaz le ha proporcionado un papel preeminente en el grupo parlamentario de Sumar en el Congreso y también en la cuota de la alianza en el Gobierno. Y parece descartado que el candidato de todo el espacio proceda de Movimiento Sumar, aunque este jueves Verónica Martínez se dejó querer en una entrevista en La Voz de Galicia, en la cual, al ser preguntada por la posibilidad de que encabezara las listas, aseguró que “siempre” estará dispuesta a lo que le “pidan”.

La apuesta de Gabriel Rufián por una candidatura conjunta de las izquierdas nació como proyecto personal del diputado de ERC y en contra del parecer mayoritario de su partido. Desde entonces, la vía Rufián se apoderó de muchos debates, interpeló a políticos e ilusionó a posibles votantes. Pero, seis meses después, quienes debían ser sus compañeros de viaje dan por imposible el proyecto, tras no haber encontrado interlocutores para explorarlo.

“Lo hemos intentado, pero hemos comprobado que en esa piscina no hay agua”, aseguran fuentes de los Comuns, que explican que durante los meses de mayo y junio trataron de acercarse al diputado republicano para conocer el detalle de sus planes. Pero no tuvieron éxito.

Tras eso, optaron por hacer una nueva tentativa, esta vez al máximo nivel. Las coordinadoras nacionales de Catalunya en Comú, Gemma Tarafa y Candela López, pidieron una reunión formal con Rufián. Pero este las remitió a hablar directamente con Oriol Junqueras, presidente de Esquerra y que se ha manifestado siempre con claridad en contra de una candidatura que sume a su partido con el resto de izquierdas estatales.

Desde el grupo parlamentario de ERC quitan hierro a estos desencuentros. “En los pasillos del Congreso hablamos todos los días, nos encontramos con mucha gente todos los días, de partidos y grupos diversos”, explican, dando a entender que nunca han rehuido ningún contacto. Ahora bien, entienden que son las cúpulas de los partidos quienes deben negociar.

“Rufián buscaba concienciar, remover y debatir, y es lo que ha conseguido, y es evidente que son los partidos, y sus cúpulas, los que hacen coaliciones y acuerdos y, por tanto, quienes deben abordarlo”, resumen desde el equipo del republicano.

En cambio, para los Comuns, esto ha significado darse contra una pared. “Cada vez que lo hemos intentado, Rufián no sale del marco de que decida la dirección de ERC”, sentencian fuentes de la formación. “Lo respetamos mucho, pero en la práctica no deja vías abiertas para intentar un proyecto en el que no esté ni él ni su partido”, lamentan.

Desde los Comuns agregan que ya tienen un contacto fluído con la dirección de Junqueras, pero que esta nunca ha dado pie a un entendimiento electoral.

Sin avances en otros territorios

Los partidos agrupados en Sumar delegaron a los Comuns la tarea de explorar la 'via Rufián', al entender que era una cuestión que tenía uno de sus principales nudos gordianos en Catalunya. Sin embargo, a lo largo de su pequeña gira de encuentros con diferentes líderes de izquierdas, Rufián también había guiñado el ojo hacia Podemos o, más recientemente, a Compromís.

El acto que Mònica Oltra protagonizó el pasado 19 de junio con Rufián dio a entender que ambos líderes podían entenderse. Sin embargo, en la Comunitat Valenciana la cuestión sobre las generales es solo uno de los debates sobre las coaliciones, que también deben cerrarse para el resto de las elecciones. Se da la circunstancia de que ERC tiene una pequeña federación valenciana.

Por ello, Compromís tiene constituida una mesa de trabajo para estudiar posibles confluencias para las próximas elecciones municipales, autonómicas y generales. Los tres partidos que forman Compromís están en esa negociación, pero aún no se ha llegado al detalle de participar de algún proyecto para las generales. Mucho menos si lleva el nombre de Rufián o no.

Tampoco hay noticias por la parte de Podemos, después de que el pasado 25 de junio anunciara que Irene Montero será su candidata a las generales. Sobre una posible incorporación de Podem a candidaturas lideradas por ERC, bien a las generales o bien de cara a las municipales, los republicanos siguen sin descartar esta opción pero aseguran que por el momento no hay ninguna negociación en esta línea.

La dirección valenciana de Movimiento Sumar se fractura y una mayoría de sus miembros plantará al partido en la asamblea que renovará los liderazgos, que tendrá lugar este sábado. Más de la mitad de los miembros del Grupo Coordinador autonómico han suscrito un comunicado interno, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que acusan al partido de “complicidad” por ignorar una denuncia de acoso a la cocoordinadora en la Comunitat Valenciana, Carmen Padilla. En dicho texto, los firmantes también reclaman autonomía respecto a la dirección nacional y el impulso a un modelo federalista en la formación.

Como ya informó elDiario.es, la corresponsable del partido en València, Carmen Padilla, interpuso una denuncia interna por acoso contra el cabeza de la candidatura alternativa, Roberto Buitrago. La cocoordinadora acudió al comité antiacoso, en el que se encuentra el propio Buitrago, y este órgano le propuso una mediación para analizar el “malestar”. Ante la inacción del órgano, acudió al comité de garantías, que instó a antiacoso a analizar la denuncia. Padilla y su entorno denuncian conductas machistas y un intento de apartarla de la dirección valenciana en favor de su excontrincante, que finalmente se integró en el Grupo Coordinador y forma parte del equipo que este sábado concurre a la asamblea.

“Ante la estrategia sostenida de desgaste y deslegitimación contra el proyecto de un Movimiento Sumar País Valenciano soberano y con voz propia, los delegados y delegadas que apoyamos a la Coordinación General territorial —y que representamos más del 60% de la organización— decimos basta”, señala el comunicado, que suscriben los dos coordinadores valencianos, Xavier López y Carmen Padilla.

A ello se suma, según la dirección valenciana, un intento de expulsar a esta federación, que es la tercera en afiliados, y de “tutelar” a los territorios. “Mientras se bloquea el apoyo interno a una compañera y se limitan los derechos políticos de la mayoría de la organización valenciana, se impulsan paralelamente enmiendas a la Asamblea estatal del 11 de julio diseñadas para validar la intervención discrecional de los territorios”, señala el comunicado, que prosigue: “No podemos legitimar con nuestra presencia un proceso que consideramos parcial, ajeno y orientado a anular políticamente el espacio valenciano”, señalan.

“Lo que realmente incomoda es que en el País Valenciano haya un proyecto sólido que defiende un modelo federal real para Movimiento Sumar, con el mismo peso político que el resto de territorios del Estado, arraigado a la realidad de nuestro pueblo y con la voluntad de relacionarse con el resto de actores políticos valencianos en pie de igualdad. Lo que incomoda es que no aceptamos condiciones impuestas que solo buscan nuestro debilitamiento”, señalan los firmantes.

El congreso de la unidad, empañado

La decisión del sector mayoritario de la dirección valenciana de Movimiento Sumar evidencia la intensidad de la guerra interna en la que se encuentra sumida la organización, y debilita el relato de unidad y cierre de filas que buscan trasladar este sábado las que serán las nuevas co-coordinadoras a nivel estatal: Verónica Martínez y Rosa Martínez. La ausencia de los delegados valencianos afines a Carmen Padilla no cambiará el resultado del congreso, puesto que la de Martínez y Martínez es la única lista que se ha presentado para liderar el partido. Pero sí refleja que la crisis que se ha llevado por delante a la antigua líder, Lara Hernández, acusada también de acoso laboral, sigue abierta.

En este contexto, la asamblea extraordinaria de este sábado tendrá un formato muy diferente al de las dos anteriores, puesto que Movimiento Sumar ha impuesto un formato hermético para controlar el mensaje. Los debates internos sobre el rumbo político del partido estarán vedados a la cobertura de la prensa, como suele ser habitual en los congresos de todas las formaciones. Pero, a diferencia de lo ocurrido en las asambleas de 2024 y 2025, los periodistas tampoco podrán acceder al recinto donde se celebrará el cónclave, algo vital para la labor informativa. Un portavoz de Movimiento Sumar se limitará a hacer declaraciones a las 11 de la mañana y, posteriormente, el congreso se cerrará a cal y canto hasta las 19.00 horas, cuando está previsto el mitin de cierre de Martínez y Martínez. El partido justifica esta decisión por razones de espacio del recinto.

Lara Hernández ha dimitido de sus cargos en Movimiento Sumar tras archivarse el expediente por acoso laboral contra ella. Todo esto tras una larga crisis interna en el partido que Yolanda Díaz montó para las elecciones del 23J. En Sumar, este sábado, se enfrentan a un congreso extraordinario del que Verónica Martínez y Rosa Martínez saldrán ganadoras. Hacemos un repaso a la historia de Sumar, de su paso de plataforma electoral a partido político como Movimiento Sumar, a las distintas guerras internas… y reflexionamos en torno a que, esas disputadas, cada vez importan menos a un electorado que empieza a conocer a sus protagonistas.

Lo abordamos con el periodista de elDiario.es que sigue el día a día de la información de Sumar y de la izquierda española, Daniel Ríos.

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La crisis interna en Sumar tiene su impacto en el País Valencià. El movimiento, que lleva meses en un convulso proceso para recomponerse, celebra su asamblea este viernes, en un proceso al que solo concurre el llamado sector crítico. La vicepresidenta segunda y fundadora del partido, Yolanda Díaz, no participará en la candidatura, dejando al ministro de Cultura Ernest Urtasun como cabeza institucional visible.

El proceso asambleario llega tras una cascada de dimisiones y acusaciones cruzadas, como las denuncias por acoso hacia la excoordinadora, Lara Hernández. Una de las más graves, con origen valenciano. La exsecretaria de organización, Laura Moreno, que cargó contra Hernández en su dimisión, denunció un fraude en el proceso asambleario del País Valencià, que estaba previsto para noviembre y bajo su tutela. La Asamblea valenciana se celebró finalmente en febrero con una candidatura unitaria, encabezada por Xavi López y Carmen Padilla, en la que el bloque crítico que lidera Roberto Buitrago quedó fuera de la Ejecutiva. El joven, que forma parte del Consell de la Joventut, se integra ahora en la candidatura para la Asamblea estatal, que pretende poner paz en la formación política. Y ha sido señalado por la actual dirección autonómica.

El conflicto en Sumar no es solo de índole política. Según la información consultada por elDiario.es, la co-coordinadora valenciana presentó hace meses una denuncia de acoso contra Buitrago, al que la dirección nacional quiere incorporar a la Ejecutiva valenciana. Padilla relata en un escrito enviado en marzo, una semana después de la Asamblea valenciana, conductas “machistas” destinadas a apartarla de la organización, “acoso moral” y una situación de desgaste desde hace un año.

La cuestión es algo enrevesada y requiere un análisis de los procesos internos. Buitrago forma parte de la comisión Antiacoso, que ha de dirimir estos temas. Consultado por este diario, asegura que desconoce que se le haya abierto ningún proceso ni tramitado una denuncia. El joven apunta que por responsabilidad respecto a la organización no hará valoraciones sobre los conflictos internos, que califica como discrepancias.

Según trasladan fuentes próximas a la dirección, la Comisión Antiacoso ofreció a Padilla una mediación con Buitrago, tratando el conflicto como “conductas que generan malestar” y lo enmarcó en el proceso orgánico del movimiento, que estaba eligiendo a los órganos de coordinación. La co-coordinadora se opuso a esta fórmula, reclamó conocer quién había tomado esta decisión y pidió amparo ante el Comité de Garantías, que ha exigido al órgano Antiacoso que actúe. Desde hace tres meses el partido no ha realizado acciones en este sentido, trasladan estas fuentes. La co-coordinadora afeó al órgano que no hubiera iniciado una investigación y denuncia una dinámica de presión y hostigamiento desde hace un año. Asimismo, apuntan que los responsables de evaluar estas conductas son cercanos al denunciado y cuestionan la imparcialidad. La la dirección nacional de Movimiento Sumar, preguntada por el estado de tramitación de esta denuncia, evita pronunciarse y no ofrece explicaciones a las quejas del entorno de Carmen Padilla

El entorno de López y Padilla interpreta que hay una maniobra para expulsarlos desde dentro. Según fuentes de Sumar, la dirección nacional quiere impulsar a Buitrago y ha planteado incorporarlo a la Ejecutiva valenciana, pero los coordinadores se niegan hasta que se dirima si ha habido conductas inapropiadas en la organización.

Denuncia de fraude en la Asamblea del País Valencià

Moreno, en su carta de dimisión, denunció un “fraude” en la constitución de la Asamblea valenciana, un proceso que estaba bajo su tutela. Concurrían dos equipos: la dirección actual, con Xavi López y Carmen Padilla y una candidatura alternativa con Roberto Buitrago. Moreno aseguró que se detuvo el proceso porque la dirección nacional no quería dos candidaturas y señaló directamente al actual co-coordinador, Xavi López, del entorno del diputado Txema Guijarro; ex de Podemos y núcleo duro de Yolanda Díaz en Alicante.

Fuentes de Sumar confirman que se detectó un aumento anómalo del censo en el último día y por garantías se solicitó que se aplazara el proceso. A la asamblea de febrero llegaron con una candidatura integrada, que incluía a Buitrago, pero lo dejaron fuera de la Ejecutiva. “Los actuales cocoordinadores excluyeron de la cocoordinación y de la ejecutiva a toda la candidatura alternativa”, señala Moreno. En efecto, Buitrago forma parte del Consejo de Coordinación, pero no de la Ejecutiva.

La crisi interna a Sumar té el seu impacte al País Valencià. El moviment, que fa mesos que es troba en un convuls procés per a refer-se, celebra la seua assemblea aquest divendres, en un procés al qual només concorre l'anomenat sector crític. La vicepresidenta segona i fundadora del partit, Yolanda Díaz, no participarà en la candidatura, deixant el ministre de Cultura Ernest Urtasun com a cap institucional visible.

El procés assembleari arriba després d'una cascada de dimissions i acusacions creuades, com les denúncies per assetjament contra l'excoordinadora Lara Hernández. Una de les més greus té origen valencià. L'exsecretària d'Organització, Laura Moreno, que va carregar contra Hernández en la seua dimissió, va denunciar un frau en el procés assembleari del País Valencià, que estava previst per a novembre sota la seua tutela. L'assemblea valenciana es va celebrar finalment al febrer amb una candidatura unitària, encapçalada per Xavi López i Carmen Padilla, en què el bloc crític que lidera Roberto Buitrago va quedar fora de l'Executiva. El jove, que forma part del Consell de la Joventut, s'integra ara en la candidatura per a l'assemblea estatal, que pretén posar pau en la formació política. I ha estat assenyalat per l'actual direcció autonòmica.

El conflicte a Sumar no és només d'índole política. Segons la informació consultada per elDiario.es, la co-coordinadora valenciana va presentar fa mesos una denúncia d'assetjament contra Buitrago, a qui la direcció nacional vol incorporar a l'Executiva valenciana. Padilla relata en un escrit enviat al març, una setmana després de l'assemblea valenciana, conductes “masclistes” destinades a apartar-la de l'organització, “assetjament moral” i una situació de desgast des de fa un any.

La qüestió és una mica enrevessada i requerix una anàlisi dels processos interns. Buitrago forma part de la comissió Antiassetjament, que ha de dirimir aquests assumptes. Consultat per aquest diari, assegura que desconeix que se li haja obert cap procés ni tramitat cap denúncia. El jove apunta que, per responsabilitat respecte a l'organització, no farà valoracions sobre els conflictes interns, que qualifica de discrepàncies.

Segons traslladen fonts pròximes a la direcció, la Comissió Antiassetjament va oferir a Padilla una mediació amb Buitrago, tractant el conflicte com a “conductes que generen malestar”, i el va emmarcar en el procés orgànic del moviment, que estava elegint els òrgans de coordinació. La co-coordinadora es va oposar a aquesta fórmula, va reclamar conéixer qui havia pres aquesta decisió i va demanar emparament davant el Comité de Garanties, que ha exigit a l'òrgan Antiassetjament que actue. Des de fa tres mesos el partit no ha realitzat accions en aquest sentit, traslladen aquestes fonts. La co-coordinadora va retreure a l'òrgan que no haguera iniciat una investigació i denuncia una dinàmica de pressió i assetjament des de fa un any. Així mateix, apunten que els responsables d'avaluar aquestes conductes són pròxims al denunciat i qüestionen la seua imparcialitat. La direcció nacional de Moviment Sumar, preguntada per l'estat de tramitació d'aquesta denúncia, evita pronunciar-se i no oferix explicacions a les queixes de l'entorn de Carmen Padilla.

L'entorn de López i Padilla interpreta que hi ha una maniobra per a expulsar-los des de dins. Segons fonts de Sumar, la direcció nacional vol impulsar Buitrago i ha plantejat incorporar-lo a l'executiva valenciana, però els coordinadors s'hi neguen fins que es dirimisca si hi ha hagut conductes inapropiades en l'organització.

Denúncia de frau a l'Assemblea del País Valencià

Moreno, en la seua carta de dimissió, va denunciar un “frau” en la constitució de l'assemblea valenciana, un procés que estava sota la seua tutela. Hi concorrien dos equips: la direcció actual, amb Xavi López i Carmen Padilla, i una candidatura alternativa amb Roberto Buitrago. Moreno va assegurar que es va aturar el procés perquè la direcció nacional no volia dues candidatures i va assenyalar directament l'actual co-coordinador, Xavi López, de l'entorn del diputat Txema Guijarro, ex de Podem i nucli dur de Yolanda Díaz a Alacant.

Fonts de Sumar confirmen que es va detectar un augment anòmal del cens l'últim dia i, per garanties, es va sol·licitar que s'ajornara el procés. A l'assemblea de febrer van arribar amb una candidatura integrada, que incloïa Buitrago, però el van deixar fora de l'executiva. “Els actuals co-coordinadors van excloure de la co-coordinació i de l'Executiva tota la candidatura alternativa”, assenyala Moreno. En efecte, Buitrago forma part del Consell de Coordinació, però no de l'Executiva.

Por primera vez en la legislatura, después de que el presidente Pedro Sánchez se negara a presentar cuentas públicas para 2024, 2025 y 2026, el curso político comenzará en septiembre con una negociación en el seno del Gobierno para diseñar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Si el Ejecutivo cumple esta vez los plazos constitucionales, el texto debe estar presentado en el Congreso antes del 1 de octubre. Y, habida cuenta de que Sánchez ha abierto la puerta a adelantar las elecciones al primer trimestre del año que viene si las cuentas no salen adelante —algo que parece enormemente complicado—, el proyecto de Presupuestos para 2027 se perfila como un perfecto escaparate para mostrar las prioridades económicas y sociales del Gobierno.

Esa posibilidad es especialmente importante para un Sumar que se encuentra en pleno proceso de recomposición de su alianza y, por el momento, no tiene ni marca ni candidato. La falta de Presupuestos durante toda la legislatura ha impedido a la alianza que lidera —aún— Yolanda Díaz poner en marcha algunas de sus principales banderas, aunque en los últimos meses Sumar sí ha logrado torcer el brazo al PSOE en asuntos como la prórroga de los alquileres, que el Gobierno aprobará por segunda vez este julio después de que el Congreso la tumbara hace un par de meses. Por ello, la negociación con los socialistas para diseñar el proyecto de Presupuestos para 2027 que se llevará al Congreso se perfila como clave.

Así lo planteó hace unas semanas la diputada de los Comuns y portavoz adjunta de Sumar en el Congreso Aina Vidal que sostuvo que la negociación de las cuentas públicas es una vía inmejorable para “presentar nuestro modelo de país y de gobierno”. “Es una buena noticia poder contar a la ciudadanía qué queremos hacer y cómo”, sostuvo Vidal, que afirmó que “este no es el momento de especular con elecciones” y quiso enviar “un mensaje muy claro al PSOE: la negociación de los Presupuestos no va a ser humo ni una forma de distraer a nadie, sino una forma de explicar quiénes somos y qué queremos hacer”.

En la misma línea se expresó este lunes el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, que advirtió a Sánchez de que “sería una frivolidad” presentar los Presupuestos sin tener intención real de sacarlos adelante. “Las cuentas se presentan para ser aprobadas”, insistió Maíllo, que hizo hincapié en la necesidad de “ampliar determinados derechos y conquistas y cumplir con la labor del Gobierno hasta el fin de la legislatura”. “Uno no puede presentar unos Presupuestos sabiendo que ese debate no va a servir para nada, sería un fraude a la sociedad: los Presupuestos tienen que ser tan buenos que quienes intenten tumbarlos o se opongan a ellos sufran un coste electoral”, argumentó.

Lo cierto, no obstante, es que en privado varios dirigentes del espacio político a la izquierda del PSOE consideran que es muy probable un adelanto electoral si las cuentas, como todo apunta a que ocurrirá, son rechazadas en el Congreso. Y, en ese contexto prácticamente preelectoral, Vidal mencionó que algunas de las prioridades que planteará Sumar a los socialistas de cara a la negociación del proyecto de Presupuestos serán “la ampliación de los recursos para dependencia, nuevas dotaciones para vivienda” o la mejora de la “prestación por hijo a cargo”, ampliando su alcance más allá de los tres años de edad. “Son medidas que tienen que ver con poner a España en el punto donde nunca debería haber dejado de estar”, señaló la portavoz.

Otras fuentes de Sumar coinciden en estas prioridades de cara a la negociación y añaden una más: la fiscalidad. Hace dos años, en la última ocasión en la que el Gobierno sí amagó con presentar un proyecto de Presupuestos —el año pasado el asunto se dejó morir—, la coalición presentó un amplio documento de propuestas que, en la pata impositiva, apostaba por una reforma fiscal en profundidad. Entre otras medidas, los de Yolanda Díaz apostaban por modificar los tres grandes impuestos (sociedades, IRPF e IVA) para hacerlos más progresivos y también por crear figuras impositivas nuevas, en su mayoría destinadas a las rentas altas y a los bienes de elevado precio y coste ecológico y social.

Una negociación aún en sus inicios

En cualquier caso, las fuentes consultadas admiten que las negociaciones para elaborar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado se encuentran aún en una fase muy incipiente. Este miércoles, Sánchez explicó en la rueda de prensa posterior a la cumbre de la OTAN en Ankara que todavía tienen que “acordar internamente” qué proyecto se va a presentar. “Luego, como hemos hecho en muchas otras ocasiones, tendremos que ir a las Cortes a intentar recabar los apoyos parlamentarios”, aseguró.

Varios de los socios del Gobierno, cuyo voto sería imprescindible para que las cuentas salieran adelante en el Congreso, confirman que no han empezado a tener un intercambio significativo de propuestas con el Ejecutivo. “Que presente el proyecto, ese es el primer paso, a ver cuáles son sus intenciones reales, y ya hablaremos luego de prioridades”, plantea una fuente de uno de los partidos aliados de la Moncloa.

Antes de presentar el proyecto de cuentas en el Congreso, no obstante, el Gobierno tiene que cumplir con varios trámites. El primero de ellos ha sido aprobar en Consejo de Ministros el techo de gasto y la senda de estabilidad, el marco económico en el que se inscribirán los Presupuestos. Previsiblemente, la mayoría en contra que reúnen PP, Vox y Junts en la Cámara Baja tumbará estos objetivos de estabilidad, y la ley obliga al Gobierno a hacer un segundo intento para sacarlos adelante. La Moncloa quiere que las dos votaciones tengan lugar en el Congreso este mes de julio, aunque el calendario no está cerrado dado lo apretado de los tiempos.

Hace unas semanas, el ministro de Hacienda, Arcadi España, reunió a los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, un encuentro en el que les informó de que el próximo año dispondrán un 8% más de financiación, incluyendo las entregas a cuenta y la liquidación del sistema de 2025, y podrán incurrir en un déficit del 0,1%. Además, el Ejecutivo abrió la puerta a que se puedan debatir y fijar unos objetivos de déficit “asimétricos”, diferentes entre comunidades autónomas en función de la posición de partida de cada una de ellas.

El PNV volvería a ganar las elecciones a Juntas Generales en Bizkaia en 2027 con 24 junteros, uno más que en 2023, mientras EH Bildu podría sumar uno o dos y obtener 16 o 17 representantes. Los socialistas perderían un apoderado y obtendrían siete, al igual que el PP, que se quedaría con dos. Podemos podría conservar uno de los dos junteros logrado en coalición con IU y Equo Berdeak o perder la representación, mientras Vox, que ahora no tiene representación, conseguiría 0 o 1 escaños. Sumar volvería a quedarse sin espacio en el Parlamento foral.

Estos datos se recogen en la prospección electoral de la Diputación de Bizkaia hecha pública este miércoles, realizada por Gizaker. Durante el sondeo se han realizado 3.000 entrevistas telefónicas entre la población de Bizkaia de más de 18 años a lo largo de los pasados meses de mayo y junio. Los datos reflejan una nueva victoria del PNV, que, con el 39,3% de los votos, una décima más que en 2023, pasaría de 23 a 24 junteros. Continuaría en segundo puesto EH Bildu, con un 29,5% del voto, cuatro puntos más que en la anterior convocatoria, de forma que podría elevar sus actuales 15 apoderados a 16 o 17.

El PSE-EE pierde apoyos al obtener un 13,8% de las papeletas (el 16,2% en 2023) y lograr siete representantes, uno menos. También reduciría el volumen de votos PP, que pasaría del 8,4 al 6,6%, y de tres a dos junteros. Mientras, Podemos, que obtuvo un 7,4% del sufragio en coalición con IU y Equo Berdeak, caería al 3,7%, de forma que lograría entre cero y un asiento frente a los dos actuales. Vox pasaría del 2 al 3,1% del apoyo electoral, lo que le permitiría conseguir un juntero o no obtener ninguno, como en la actualidad. Sumar, que conseguiría el 2,3% del sufragio, no entraría en la Cámara foral de Bizkaia. Además, la abstención descendería ligeramente, del 39,9% de las anteriores elecciones a las Juntas Generales de Bizkaia al 38,7% de una eventual convocatoria en 2027.

Por circunscripciones

El PNV obtendría seis representantes en las circunscripciones electorales de Bilbao (uno más), al igual que en Busturia-Uribe y Encartaciones, y cinco en Durango-Arratia. Mientras, EH Bildu lograría cinco en Busturia-Uribe, cuatro en Durango-Arratia, cuatro en Encartaciones (uno más) y 3 o 4 en Bilbao, lo que le abre la posibilidad de sumar otro juntero en la comarca.

El PSE-EE perdería un juntero en Bilbao y obtendría dos, y mantendría el resto en Encartaciones (tres), Durango-Arratia (uno) y Busturia-Uribe (uno). El PP lograría tan solo un escaño en Bilbao y perdería el segundo, mientras que mantendría el de Busturia-Uribe. Elkarrekin Podemos tendría la posibilidad de conservar en la circunscripción de Bilbao su único apoderado o perderlo, y Vox podría conseguir uno en la misma circunscripción o quedarse fuera de nuevo de la Cámara foral.

Las acusaciones de acoso laboral contra la ya excoordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, serán investigadas por la Inspección de Trabajo. Una de las seis personas pertenecientes al partido que denunciaron a Hernández ante los órganos internos de la formación —y que, hace unos días, decidieron retirar esos expedientes— registró el pasado junio una denuncia ante este organismo autónomo, adscrito al Ministerio que lidera Yolanda Díaz, para que inicie pesquisas en relación a este supuesto maltrato laboral, que Hernández niega que se haya producido.

Fuentes conocedoras del contenido de estas denuncias aseguran que Inspección de Trabajo ha iniciado ya la investigación sobre los supuestos episodios de acoso laboral. Según obra en la documentación a la que ha accedido elDiario.es, técnicamente el denunciado es el grupo parlamentario de Sumar en el Congreso, en el que se integra Movimiento Sumar, el partido que coordinaba Hernández hasta que dimitiera el miércoles pasado, después de que se sobreseyeran los expedientes internos contra ella. Fuentes de la Inspección, no obstante, explican que este es el procedimiento habitual, puesto que las competencias del organismo se circunscriben a exigir responsabilidades a los empleadores en el caso de que las acusaciones se demuestren ciertas, y no al causante de la infracción.

Contactada por este periódico para valorar la existencia de esta denuncia, Hernández asegura tener “la conciencia muy tranquila” y afirma que no tiene “miedo” porque la Inspección de Trabajo es “el lugar correcto” para poder defenderse. Además, la excoordinadora de Movimiento Sumar sostiene que “la filtración de este expediente una señal más de que estamos ante una operación política que no se ha detenido” con su dimisión.

Asimismo, Hernández explica que no ha recibido ninguna notificación del organismo informándole de la apertura de este procedimiento, y confirma que tampoco se ha puesto en contacto con ella para requerir su versión de los hechos. Fuentes de la Inspección, de nuevo, aclaran que esto no es inusual: el ente tiene deber de mantener el secreto de sus actuaciones para proteger al denunciante, y no tiene obligación de notificar sus pesquisas ni a la empresa —en este caso, al grupo parlamentario de Sumar, liderado por la portavoz Verónica Martínez— ni a quienes se acuse en las denuncias.

Las fuentes del grupo de trabajadores a los que Hernández supuestamente acosó laboralmente rechazan ofrecer detalles sobre los hechos denunciados. Los únicos pormenores sobre el presunto maltrato que habría ejercido la excoordinadora durante su etapa al frente de Movimiento Sumar los dio la ex secretaria de Organización del partido, Laura Moreno, en la carta en la que anunció su dimisión hace unas semanas. En dicha misiva, la exdirigente acusaba a Hernández de haberla “apartado progresivamente” de sus responsabilidades y de haberla dejado “aislada de las estructuras de Movimiento Sumar”, informaba de la existencia del procedimiento interno contra la entonces coordinadora por “comportamientos preocupantes hacia algunos trabajadores” y aseguraba haber “sufrido un deterioro” en su “salud mental” que había conllevado “ansiedad crónica, medicación y tratamiento”.

Durante su comparecencia del miércoles pasado, en la que anunció su dimisión como coordinadora de Movimiento Sumar y el cese de su militancia en el partido fundado por Yolanda Díaz, Hernández se proclamó “inocente”, aseguró que “jamás” ha “acosado a nadie” y afirmó haber sido víctima de una “campaña de desprestigio”. “Todos los bulos, injurias y calumnias contra mí se han demostrado falsas”, sostuvo la dirigente.

Esa afirmación, no obstante, no es precisa: como las seis personas del partido que la habían denunciado ante la comisión antiacoso de la organización decidieron retirar sus acusaciones, dicho órgano no entró a valorar el fondo de las mismas y se limitó a archivar el caso al no haber ya lugar a seguir investigándolo.

Fuentes de la Inspección de Trabajo explican que, de manera ordinaria, el organismo tiene un plazo de nueve meses para realizar sus actuaciones. Como la denuncia se presentó a principios del mes de junio, la investigación puede dilatarse hasta marzo del año que viene.

Por tanto, Movimiento Sumar celebrará el próximo sábado su asamblea extraordinaria con un proceso contra su exlíder aún abierto. La portavoz parlamentaria Verónica Martínez y la secretaria de Estado Rosa Martínez serán elegidas nuevas co-coordinadoras del partido en dicha cita, que la nueva dirección quiere que suponga el cierre de la guerra interna desatada hace meses y que se dio a conocer a la opinión pública tras la sonora dimisión de Laura Moreno como secretaria de Organización.

La coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, no tendrá que enfrentarse a una sanción de su partido por supuesto maltrato a trabajadores y cargos de la formación. Tal y como anunció ella misma este miércoles, las seis denuncias que se interpusieron contra ella por hechos compatibles con el acoso laboral han sido retiradas por los denunciantes, por lo que el comité antiacoso que instruía el procedimiento ha emitido una resolución archivando el expediente sin entrar a analizar el fondo de la cuestión. En concreto, la resolución emitida por este órgano —independiente de la dirección del partido— establece el archivo por “falta de aportación de pruebas” y por la retirada de los denunciantes, explicó Hernández.

Pese a ello, la dirigente también anunció en una comparecencia ante los medios que ha decidido dimitir de todos sus cargos en el partido y no presentarse para revalidar su cargo de líder en el congreso extraordinario del próximo día 11, así como romper su carné de militante de Movimiento Sumar. Hernández presumió, no obstante, de “haber puesto en marcha el proyecto 'Un paso al frente'”, la alianza de izquierdas de este partido, IU, Más Madrid y los Comuns. “Y lo hicimos además con la pasión y la vocación de un futuro para nuestro país, sino con la voluntad de poner en manos de las bases el destino del nuevo espacio”, celebró la ya excoordinadora.

Hernández aseguró que su “alejamiento” de la primera línea política “no tiene nada que ver con el cansancio ni con la frustración” que le han provocado las denuncias contra ella, aunque sí admitió que la “campaña de desprestigio” que ha sufrido “ha sido brutal”. “He decidido volver a mi puesto de trabajo, profesora de Filosofía en un instituto público”, pero “tampoco ahora voy a dejar la política, alguien que milita en la izquierda nunca la deja”, zanjó la dirigente, que prometió “contribuir desde donde pueda” y desde donde se le “pida” a “la recomposición a fondo de un espacio de izquierdas”. La ya exlíder de Movimiento Sumar no quiso ofrecer más detalles de dónde continuará militando, ni tampoco de si se afiliará a otro partido.

Durante toda su comparecencia, y pese a las preguntas de la prensa al respecto, Hernández evitó criticar de manera directa a la líder del sector crítico de Movimiento Sumar, Verónica Martínez, a pesar de que el entorno de la ya excoordinadora la considera la principl muñidora de la supuesta campaña contra ella. Hernández, eso sí, se proclamó “inocente” y aseguró que “jamás” ha “acosado a nadie”. “Todos los bulos, injurias y calumnias contra mí se han demostrado falsas”, sostuvo la dirigente, que afirmó que se reserva el derecho a emprender acciones legales contra estos supuestos calumniadores. Su afirmación, no obstante, no es precisa, puesto que la comisión antiacoso del partido no ha entrado a valorar el fondo de las denuncias una vez los denunciantes han decidido retirarlas.

Tampoco quiso Hernández criticar a la fundadora de Movimiento Sumar, la vicepresidenta Yolanda Díaz, que desde el inicio de la batalla interna en su partido —que creó en 2023 y dejó de liderar en 2024, tras el batacazo en las elecciones europeas— se ha puesto de perfil y no se ha pronunciado sobre las acusaciones contra la coordinadora. “Yolanda decidió retirarse de la vida orgánica del partido y eso es una decisión que debemos respetar todos”, se limitó a responder Hernández al ser preguntada por la vicepresidenta. Y, sin mentarla expresamente, afirmó haberse “sentido muy acompañada por todos los compañeros del partido”. “Eso es lo que me quiero llevar”, zanjó.

Los críticos tienen el camino expedito

El archivo del procedimiento interno contra Hernández está fechado el 28 de junio, apenas dos días antes del fin del plazo para registrar candidaturas para el congreso extraordinario que celebrará Movimiento Sumar el próximo 11 de julio, en el que se renovará la cúpula del partido. La única candidatura que se ha registrado para concurrir a esta asamblea es la que encabezan la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, que aúna las diferentes sensibilidades críticas con Hernández y que —una vez confirmado que ella no intentará revalidar su puesto— le arrebatará el liderazgo de la formación.

La decisión de los cargos políticos que denunciaron a Hernández de retirar sus acusaciones, realizadas en nombre de varios trabajadores supuestamente maltratados por la coordinadora, supone el punto final a un procedimiento que, cuando se hizo público, puso el foco sobre la guerra interna en Movimiento Sumar. Este enfrentamiento se había llevado con cierta discreción hasta hace unas semanas, pero la dimisión de la secretaria de Organización del partido, Laura Moreno, reveló el profundo distanciamiento entre dos sectores de la formación, especialmente a raíz de que se filtrara una carta de Moreno en la que revelaba la existencia del procedimiento por acoso contra Hernández.

El choque, no obstante, venía de lejos. El pasado octubre, apenas cinco meses después de ser elegido co-coordinador de Movimiento Sumar junto a Hernández, Carlos Martín decidió dimitir de su cargo y dejarla únicamente a ella al frente del partido. Y, desde entonces, el ambiente en la formación ha ido enturbiándose progresivamente, como refleja el hecho de que el sector crítico forzara el pasado marzo la convocatoria de la asamblea extraordinaria que tendrá lugar dentro de un par de semanas. Aunque durante un tiempo se mantuvo la duda de si este congreso serviría para renovar la dirección o únicamente para actualizar la línea política, finalmente se confirmó que el cargo que actualmente ocupa Hernández se someterá a votación.

El proceso para elegir a la nueva líder de Movimiento Sumar, el partido de la vicepresidenta Yolanda Díaz, ya ha echado a andar. Este viernes, la portavoz parlamentaria Verónica Martínez confirmó lo que era un secreto a voces y anunció su candidatura para el congreso extraordinario del día 11, con la secretaria de Estado Rosa Martínez como compañera de fórmula. Pero ese movimiento no despeja la incógnita de si habrá competición o el partido tratará de cerrar las heridas abiertas por la guerra interna del último mes intentando escenificar unidad en torno a una sola lista. El plazo para presentar candidaturas a la dirección está abierto hasta el próximo martes. Y la todavía coordinadora, Lara Hernández, no ha confirmado si tiene intención de concurrir al proceso, aunque la confluencia de los críticos en una lista la dejaría prácticamente sin opciones.

Lo previsto era que la candidatura de Verónica Martínez y Rosa Martínez se confirmara el jueves por la tarde, pero finalmente fue el viernes por la mañana cuando se produjo el anuncio, que es el corolario a dos semanas de un enfrentamiento abierto. El desencuentro, no obstante, llevaba tiempo cocinándose entre bambalinas, prácticamente desde unos meses después de que Lara Hernández fue escogida cocoordinadora de Movimiento Sumar junto a Carlos Martín, en marzo del año pasado. Sus perfiles fueron los elegidos por Yolanda Díaz para sustituirla a ella al frente de la organización que fundó en 2023 y cuyo liderazgo abandonó en junio de 2024, tras el batacazo de Sumar en las elecciones europeas. Pero apenas cinco meses después de ser nombrados, en agosto, Martín dimitió y Hernández quedó como única coordinadora.

Desde entonces, el ambiente en Movimiento Sumar ha ido enturbiándose progresivamente, como refleja el hecho de que el sector crítico forzara el pasado marzo la convocatoria de la asamblea extraordinaria que tendrá lugar el 11 de julio. No obstante, el conflicto interno se había llevado con cierta discreción hasta hace un par de semanas: los opositores evitaron durante semanas incluso confirmar si en el congreso extraordinario se renovarían los cargos de dirección o tan solo se votarían nuevas tesis políticas, y dimisiones como la del secretario de Comunicación, David Comas, enfrentado con Hernández, no se comunicaron públicamente.

Todo ello cambió el pasado 9 de junio, cuando la secretaria de Organización, Laura Moreno, difundió una carta para anunciar su dimisión. En esa misiva, la exdirigente —inicialmente cercana a Hernández— revelaba que el partido tiene abierta una investigación interna contra la coordinadora por supuestos “comportamientos preocupantes hacia algunos trabajadores”, un procedimiento que parte de una denuncia de “seis altos dirigentes institucionales y orgánicos” en nombre de dichos empleados. La misiva también acusaba a Hernández de haber cometido “fraude” en el proceso de votación entre los afiliados para constituir Movimiento Sumar en la Comunitat Valenciana con el fin de favorecer a la candidatura más afín a sus postulados.

La coordinadora rechazó desde el primer momento ambas acusaciones, que fuentes de su entorno aseguran que son fruto de una “campaña” de desprestigio liderada por los sectores críticos con el fin de descabalgarla del liderazgo de Movimiento Sumar. Fuentes próximas a Hernández denunciaron cuando se filtró la carta que la dirigente ni siquiera había sido informada de los hechos por los que se la acusaba de supuesto acoso a trabajadores. Y, en lo que se refiere al presunto fraude cometido en la votación para elegir la composición de los órganos de la formación en la Comunitat Valenciana, estas fuentes ofrecieron la explicación contraria: que el proceso tuvo que revisarse porque el sector crítico intentó manipular el censo en su favor afiliando a última hora al partido a un grupo importante de personas. Este movimiento habría tenido el fin de ganar la votación y hacerse con el control de Movimiento Sumar en la comunidad.

La resolución del caso de Hernández, sin fecha

Sea como fuere, la difusión de estas graves acusaciones ha dado al traste con cualquier posibilidad de integración de Hernández en una lista de unidad capitaneada por Verónica Martínez. La idea inicial cuando el sector crítico forzó la convocatoria del congreso extraordinario de julio, sostienen algunas fuentes de Movimiento Sumar, era incluirla en la nueva dirección en un cargo sin poder real, pero que le hubiera permitido tener una “salida digna”. Pero esa opción saltó por los aires tras la publicación de la carta y, especialmente, porque el procedimiento contra la coordinadora sigue abierto. El partido, ni oficial ni extraoficialmente, concreta cuándo se resolverá el expediente, pero que los tiempos se dilaten beneficia a Martínez, puesto que impediría a Hernández llegar al congreso con un eventual sobreseimiento de la causa, si finalmente esa fuera la decisión.

En cualquier caso, la actual coordinadora de Movimiento Sumar no ha confirmado aún si se presentará al congreso para intentar revalidar su cargo, y fuentes próximas a ella aseguran que no lo tiene decidido. También hay serias dudas de que, incluso si Hernández decide retirarse, la lista de Verónica y Rosa Martínez sea “de unidad”, como desde su sector se han esforzado en intentar trasladar, puesto que no está claro que los dirigentes más próximos a la actual líder —los diputados Txema Guijarro o Manuel Lago, por ejemplo— aceptaran integrarse en esta candidatura. Mientras, Yolanda Díaz ha optado por ponerse de perfil: ni se ha pronunciado sobre las acusaciones a Hernández, ni tampoco ha mostrado su apoyo a Verónica Martínez y Rosa Martínez.

Quien sí estará con toda probabilidad en dicha lista es la cocoordinadora de Movimiento Sumar Andalucía, Esperanza Gómez, que hace un par de semanas publicó —junto a un nutrido grupo de cuadros territoriales del partido— una tribuna en el diario Público en la cual los firmantes pedían “cambios profundos”, “más organización, más democracia interna y más capacidad de escucha” y “un respeto escrupuloso a los derechos laborales que defendemos”. Algunas fuentes señalan a Gómez como la líder de un tercer sector en la formación que contaría con el apoyo de varias de las federaciones autonómicas y que se integraría en la nueva dirección de Verónica Martínez y Rosa Martínez. El entorno de estas, por el contrario, rebaja este rol y asegura que desde el primer momento las dos candidatas han querido que los territorios tengan mucho peso en su lista.

El debate, en cualquier caso, es puramente interno. Entre Hernández y Martínez no existen apenas diferencias ideológicas o estratégicas: la pugna es de poder, especialmente en un momento en el que Movimiento Sumar está negociando con Más Madrid, Comuns e IU la reconfiguración de la alianza Sumar. Al ser la formación más débil de las cuatro, lo previsible es que pierda buena parte de su peso en las listas de las próximas elecciones generales, y eso supone que hay menos puestos a repartir para optar a cargos institucionales. De hecho, que existen pocas discrepancias políticas entre las dos familias enfrentadas en el partido lo demuestra el hecho de que el documento político que se aprobará en la asamblea del día 11 se ha redactado sin sobresaltos ni choques. La principal novedad de esas tesis es que Movimiento Sumar se abre a alianzas “coyunturales” con partidos independentistas para concurrir juntos a las elecciones.

El pleno del Congreso ha aprobado este jueves la ley de la AP-9 para transferir la gestión y la titularidad de la vía a Galicia, que continuará su tramitación parlamentaria hasta que el traspaso pueda ser negociado en una comisión bilateral entre la Xunta y el Gobierno central. Solo PP y Vox han votado en contra.

El origen de la ley surge del Parlamento de Galicia, aunque se desbloqueó hace unas semanas gracias al acuerdo entre el PSOE, BNG y Sumar para incluir no solo la gestión sino también la titularidad de la vía a la Xunta de Galicia.

El nuevo texto que surgió tras el acuerdo dio pie a una proposición de ley orgánica, que sigue ahora su tramitación en el Senado hasta que el traspaso pueda ser negociado en una comisión bilateral entre Xunta y Gobierno central.

La polémica reside en que la Xunta de Galicia y el PP se quejan de que esta nueva ley no respeta la literalidad de la norma que salió consensuada del Parlamento de Galicia, por lo que los populares han tratado de revertir este asunto a través de enmiendas, que finalmente han sido rechazadas.

Durante el debate de la ley en el pleno del Congreso, el PSOE, Sumar y el BNG han celebrado la aprobación de esta “reivindicación histórica”, mientras que Vox ha reprochado al PP que, bajo su punto de vista, haya “comprado” el marco de los nacionalistas.

Además, Sumar y BNG han coincidido en reclamar además que la AP-9 puede ser “libre de peajes” para conseguir todas las aspiraciones relativas a esta vía gallega.

¿Qué dice el acuerdo entre PSOE, Sumar y BNG?

Aunque los socialistas habían presentado una enmienda que evitaba la titularidad, el nuevo texto pactado sitúa como objetivo de la ley “la transferencia a la Comunidad Autónoma de Galicia de la titularidad de la AP-9 y las competencias sobre el régimen jurídico de la concesión, así como las funciones y servicios de la autopista AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia”.

Para ello, se determina que la Administración General del Estado y la comunidad elevarán a la Comisión Mixta de Transferencia una propuesta de acuerdo que determine las condiciones y límites para la transmisión de competencias hasta ahora ejercidos por la Administración estatal en relación a la Autopista del Atlántico, lo que será aprobado por real decreto.

Dicha propuesta de acuerdo deberá abordar las condiciones del traspaso de varias funciones, empezando por la autorización de la puesta en servicio de nuevos tramos, adaptaciones o reformas de los existentes, así como de enlaces y vías auxiliares de la autopista.

También concretará como se materializa la supervisión e inspección del correcto funcionamiento de la autopista, conforme a la normativa general de carreteras y a los pliegos que rigen la concesión; así como la potestad sancionadora respecto a incumplimientos de la concesionaria en la explotación de la AP-9.

Asimismo, abordará los términos para las modificaciones que afecten al régimen económico-financiero de la concesión, “singularmente en lo que atañe al establecimiento, actualización y supresión de las tarifas y peajes, así como la aplicación de programas de descuento, incluyendo la autorización de aquellos que sean voluntarios a instancia de la concesionaria”; y para la redacción y aprobación de convenios, o addendas a los actuales.

Repercusiones económicas

Además, según el texto pactado, la Administración General del Estado conservará a su cargo, con respecto a la sociedad concesionaria de la autopista AP-9, las obligaciones con repercusiones económicas y financieras derivadas de la aplicación de la concesión en vigor que hayan sido motivadas por modificaciones adoptadas en el periodo en que ha tenido la competencia y con los limites económicos vigentes a la fecha de la aprobación del traspaso.

En la misma línea, las consecuencias de las decisiones tomadas por la Administración estatal previas a la transferencia recaerán sobre la misma. El acuerdo de la transferencia deberá establecer “la obligación de la aprobación de las revisiones ordinarias o extraordinarias de tarifas que dichas modificaciones hayan establecido, con el fin de que estos límites económicos sean respetados”.

¿Cuándo asumirá la Xunta los costes?

En cuanto a la Xunta, asumirá a su cargo, con respecto a la sociedad concesionaria de la autopista AP-9, “todas las obligaciones con repercusiones económicas y financieras consecuencia de las modificaciones que sobre el régimen económico financiero de la concesión promueva una vez efectivo el traspaso”.

Finalmente, las modificaciones que sobre el régimen económico financiero de la concesión quiera promover la comunidad autónoma no podrán afectar a los compromisos económicos previstos y “cualquier decisión que suponga un incremento de dichos compromisos deberá ser asumida íntegramente por la comunidad en la cuantía que este incremento suponga”.

El Parlamento Vasco ha aprobado este jueves, con el voto en contra de todos los grupos de la oposición, la toma en consideración de la proposición de ley del PNV y el PSE-EE para simplificar y agilizar los proyectos económicos sostenibles, la conocida como “autopista” regulatoria. El Gobierno lo ha tramitado como proposición de ley y no como proyecto, de modo que se ahorran informes y controles internos.

El texto reduce plazos y cargas administrativas, y pretende reforzar la seguridad jurídica para acelerar la implantación de nuevas actividades en ámbitos como la transición energética, la economía circular y la industria agroalimentaria, se defiende. PNV y PSE-EE destacan que la reducción de los plazos administrativos no implicará una reducción de “garantías”, sino tan solo una supresión de “duplicidades”. La propuesta pretende impulsar las inversiones estratégicas de la industria verde y, con ese fin, recoge instrumentos para acelerar la implementación de nuevos proyectos, para favorecer la economía circular y fortalecer el sector primario. A su vez, diseña un marco específico para proyectos de “interés público superior”, que han de ser iniciativas vinculadas a la transición energética, la economía circular o las infraestructuras de generación de energía, informa Europa Press.

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi ha explicado que esta ley “simplifica, facilita y aligera los trámites”, con el fin de que “Euskadi no pierda oportunidades en este mundo competitivo”. En este sentido, ha afirmado que, frente al riesgo de “deslocalizaciones”, es necesario garantizar que Euskadi “siga siendo atractiva” para mantener a sus empresas y para atraer nuevas inversiones. “Las empresas lo que piden es que no les toquemos las narices, que no les pongamos pegas, que facilitemos las inversiones emisiones en Euskadi”, ha añadido.

El parlamentario del PSE-EE Ekain Rico ha explicado que, con esta ley, “se trata de poner al servicio de la ciudadanía y de los agentes económicos unos procedimientos más ágiles, más modernos y más seguros jurídicamente”. Esto, según ha dicho, permitirá mejorar la competitividad de Euskadi “respecto a otras comunidades del entorno que ya han avanzado en marcos normativos similares para atraer inversiones de alto valor estratégico que pueden ser motor de crecimiento y fuente de empleo estable y de calidad”.

Desde las filas de EH Bildu, Ander Goikoetxea ha calificado de “inaceptables” tanto el procedimiento empleado para tramitar esta ley, como los contenidos de la propuesta. De esa forma, ha criticado que “en nombre de la competitividad”, se plantea “una ley que cambia todo el modelo de gobernanza y que deja de lado la autonomía de los ayuntamientos”. Goikoetxea ha considerado que una ley de esta relevancia “debería venir, por lo menos, de la mano del Gobierno, con una memoria económica, informes jurídicos, evaluaciones de impactos, consultas públicas estructuradas, y con todas las garantías que necesita un proyecto de gobierno”.

El parlamentario del PP Álvaro Gotxi ha expresado su rechazo a la forma en la que se ha tramitado esta ley, través de una proposición de los partidos del Gobierno, en lugar de mediante un proyecto de ley del propio Ejecutivo, un procedimiento que requiere de más controles y garantías. “Lo hacen únicamente para no pasar por donde tienen que pasar un proyecto de ley; no vaya a ser que alguien les diga que esto que presentan hoy aquí es una chapuza irresponsable”, ha denunciado.

Por parte de Sumar, Jon Hernández, ha advertido de que la “desregulación” que se plantea en esta iniciativa “puede reducir el necesario control del impacto de la actividad económica”, especialmente “en temas sensibles como el medioambiental”. La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez Grisaleña, ha cuestionado que el Gobierno pueda convertirse en “promotor o facilitador” de la actividad económica a través de esta ley, por lo que ha votado en contra de su toma en consideración.

EH Bildu ha logrado, casi al cierre del curso político en el Parlamento Vasco, el hito político de meter cuña en el Gobierno de coalición de PNV y PSE-EE liderado por Imanol Pradales. Con su abstención, la principal fuerza de la oposición ha facilitado que salga adelante una reforma de la ley autonómica de empleo público para blindar las exigencias de euskera en las convocatorias ante las sucesivas sentencias judiciales. Se trata de una iniciativa planteada en solitario por el PNV, con los socialistas claramente en frente. Es algo que no había pasado ni en esta legislatura ni en la década en que lleva operando el bipartito.

Aunque durante meses EH Bildu consideró esta propuesta como insuficiente, como un mero “parche” alejado de la reforma integral que ellos presentaron, finalmente ha alcanzado un acuerdo con los nacionalistas para permitir que prospere al menos un gesto para intentar hacer frente a la “ofensiva judicial”, como define el contexto actual la denominada 'euskalgintza'. “No era una opción” que el debate se cerrará con todas las propuestas decaídas, ha admitido Pello Otxandiano, líder de EH Bildu y que significativamente ha ejercido como portavoz en el debate por delante del habitual en esta materia, Josu Aztiria.

Otxandiano no ha ocultado su felicidad por el resultado del debate. De hecho, lo ha considerado un “salto” como los que ya se han producido “en Iparralde y en Nafarroa”, en referencia a los acuerdos entre nacionalistas en esos ámbitos. Ha considerado que el Parlamento Vasco ha superado “la política de bloques” y que ha “aumentado la calidad democrática”. Frente a los “tiempos oscuros”, ha dicho Otxandiano parafraseando al propio Pradales, “grandes acuerdos de país”. Además, ha añadido que tienen acordado con el PNV que si esta ley no funciona se revisará y se buscará una nueva fórmula en línea con la iniciativa orginal que ellos presentaron y que buscaba imitar el modelo enteramente bilingüe de Catalunya o Galicia, aunque esto el PNV no lo interpreta así. De hecho, Otxandiano ha añadido, mirando a los socialistas, que su partido allí “lo tiene bastante claro” y no se opone a incrementar las exigencias de las respectivas lenguas cooficiales.

EH Bildu llevaba tiempo buscando abrir esa brecha entre PNV y PSE-EE. En sus discursos, los dirigentes de la formación soberanista habían apelado a activar la amplia mayoría abertzale que tiene la Cámara autonómica. En 2022 y 2023 y también con el euskera sobre el tapete, el PNV coqueteó con intentar una reforma educativa con la coalición abertzale, pero el entonces lehendakari, Iñigo Urkullu, accedió a mantener los modelos A, B y D, es decir, a que se pueda seguir optando por cursar los estudios también mayoritariamente en castellano, como reclamaron los socialistas. Y todo a pesar de que la misma ley pone un objetivo común a todos los estudiantes: que a los 16 años alcancen el nivel B2 del marco común europeo en ambos idiomas oficiales.

Desde el PSE-EE, Pau Blasi ha deslizado en su intervención durante la sesión referencias a la “deslealtad” del PNV y a su “lealtad” al pacto de Gobierno. Los insultos, pintadas y pancartas han venido de otro lado“, ha añadido. Ha pedido a ”otros“, en velada referencia también a sus socios, que expliquen ”por qué se han movido de los consensos y de las lealtades“ con ”saltos al vacío y propuestas de máximos contrarios a la visión pluralista del país“.

Ha añadido que han sido meses de “burradas” -ha dicho que no iban a tolerar que los comparen con la ultraderecha por no opinar lo mismo sobre el euskera-, que la “mayoría” de “expertos” están en contra del cambio normativo y que hay que operar “con una visión pluralista del país”. En una intervención bilingüe, ha retado sin citar nombres a ver si el PNV sería capaz de garantizar que todos sus consejeros fueran bilingües. Ahora los hay que no dominan el euskera.

Markel Olano, del PNV y que ha avisado de inicio que él no iba a emplear el castellano en sus intervenciones como gesto, a pesar de la recomendación de sus asesores, ha asegurado que es “mentira” que la reforma vaya a incrementar las exigencias de euskera en la Administración. Se trata de dar seguridad jurídica, ha insistido. Ha apuntado que el PNV busca “un espacio de centralidad”. Olano, además, ha destacado la amplia mayoría que respaldará la reforma, de más de dos tercios del total de representantes.

Pero la reforma, en puridad, solamente ha contado con el 'sí' de sus proponentes, del PNV. 27 de 75. Eso sí, la abstención de EH Bildu ha hecho que el 'no' de PSE-EE, PP, Sumar y Vox, 21 de 75, haya resultado insuficiente en la votación final. Y, además, el texto aprobado ni siquiera es la propuesta original del PNV, ya que los nacionalistas presentaron tres enmiendas al único artículo del que consistía la ley. Ahora se introducirá en la ley que las administraciones “deberán determinar con el máximo rigor” el perfil de las plazas y la fecha de preceptividad, que es el momento en el que hay que cumplir ese requisito. Es más, se plantea que quienes no dominen la lengua vasca tengan en ese tiempo “diferido” apoyo institucional para lograr la capacitación.

Se eliminan los índices generales que hasta ahora se habían usado de referencia para determinar el porcentaje de puestos con exigencia de euskera y, por decreto, se regulará que pueda hacerlo cada institución. De hecho, la segunda enmienda hace mención expresa a que el Gobierno dictará un nuevo decreto sobre la materia para “actualizar” el aprobado en 2024, justo al final del mandato de Urkullu. La tercera enmienda habilita a que el Ejecutivo pueda regular ese “diferimiento” de las fechas de preceptividad y las “excepciones”.

Según el PSE-EE, este nuevo marco generará más “discrecionalidad” y menos seguridad jurídica y ha remarcado que afecta a 120.000 empleados públicos. “La reforma es mala y la tramitación aún peor”, ha añadido el socialista Blasi. Sumar ha lamentado que la nueva ley llegue “sin consenso” y siendo “apenas un apaño”. “Dejan fuera del euskera a muchos y muchos trabajadores”, ha manifestado Jon Hernández, único representante de la coalición y procedente de IU.

Desde la bancada del PP, Santiago López Céspedes ha definido la nueva legislación como un “atropello”. “No se vota si quieremos más euskera o menos euskera. Ésa es la trampa de siempre. Esto no va de proteger al euskera. Va de protegerse a ustedes, señores del PNV, de sus propios excesos”, ha señalado. Y ha agregado: “No le van a ganar a Bildu jugando a ser Bildu. De hecho, van ustedes perdiendo”. Vox ha despachado el debate como un “pacto entre separatistas”, el “Lizarra lingüístico”.

Eso sí, el propio acuerdo de PNV y EH Bildu asume que todo está condicionado por los tribunales. Por un lado, el Tribunal Constitucional tiene que resolver una cuestión elevada por el Superior vasco sobre la normativa anterior, la de 2022 desarrollada por decreto en 2024. Por otro lado, el PP ya ha avisado de que utilizará “todas las herramientas legales” a su alcance para lograr que se revise. En el pasado, Vox también ha presentado recursos.

Sumar, con un escaño, quiere que se abra ya la ponencia de reforma del Estatuto en el Parlamento Vasco. El único parlamentario, Jon Hernández, que es de IU, ha presentado este miércoles una proposición no de ley para reabrir la ponencia de autogobierno con el objetivo de abordar desde la “transparencia” el diseño de las bases políticas, jurídicas, institucionales y sociales de un nuevo pacto estatutario para Euskadi, informa Europa Press.

Hernández, que ha comparecido ante los medios de comunicación en el Parlamento Vasco, ha denunciado, en referencia a las conversaciones que en torno a esta reforma mantienen el PNV, EH Bildu y el PSE-EE, que “la ciudadanía desconoce por completo qué se está negociando, en qué términos y con qué calendario”. Por ese motivo, ha subrayado la necesidad de empezar a actuar con “transparencia”. Ha abogado por operar “desde la centralidad del Parlamento Vasco”.

“No se puede marear a la ciudadanía con un debate de esta trascendencia”, cree Sumar. Hernández considera que la ponencia de autogobierno debe reabrirse “antes del verano” para ordenar las posiciones de los grupos y recuperar la deliberación parlamentaria. Ha recordado que el lehendakari, Imanol Pradales, habló de junio como referencia, pero no hay noticias sobre ello.