La reunificación de los partidos de izquierdas dentro de la marca Por Andalucía, firmada el último día de plazo para registrar coaliciones ante la Junta Electoral, está inspirada en la “aritmética pura y dura”.

Nadie se atreve a asegurar si la unidad de formaciones a la gresca, como Izquierda Unida (IU), Sumar y Podemos, incentiva y concentra el voto de sus fieles en una misma papeleta. Pero todos los firmantes del acuerdo compartían que en el actual contexto sociopolítico, con las derechas en expansión y el electorado progresista desfondado, “no hay espacio para tres papeletas a la izquierda del PSOE andaluz”.

“La coalición eran lentejas”, resume un dirigente comunista. Y, aun así, sus promotores no han renunciado a exprimir un relato épico de la negociación maratoniana y el acuerdo in extremis que reenganchó a Podemos a una alianza de la que, en realidad, llevaba formando parte los últimos cuatro años.

El pasado Jueves Santo, 13 dirigentes de siete formaciones políticas (ocho hombres y cinco mujeres) se encerraron durante 12 horas en la sede regional de IU en el barrio de Sevilla Este, para fraguar, en la mañana del Viernes Santo, una “gran coalición” que ha sido mejor recibida por los electores progresistas que por la militancia de los partidos integrantes.

Antes de encerrarse durante horas en una habitación, metieron todos sus móviles en una caja para “evitar filtraciones e injerencias en directo”. “No fue por desconfianza, sino por prudencia”, dice uno de los presentes, que revela un “amago” de la dirección estatal de Podemos de abrir “una negociación paralela” a la que estaba teniendo lugar en Andalucía. “Eso que ya pasó con la coalición de 2022 no se ha repetido ahora”, advierten estas fuentes.

De modo que “aritmética pura y dura”, sí. Pero una vez rubricado el acuerdo de Por Andalucía, listo para las elecciones del 17 de mayo, alguno de los asistentes salió de allí rememorando La última cena, el mural bíblico de Leonardo Da Vinci, para referirse a los 13 dirigentes sentados a la misma mesa que estuvieron parlamentando desde por la mañana hasta por la noche en un ambiente de “respeto mutuo” y “conciencia política”. “Al menos allí dentro, hasta donde yo vi, no teníamos ni un Judas ni tampoco un Jesucristo”, bromea.

Todos los protagonistas de aquel día consultados por este periódico coinciden en que el ambiente fue “relajado en todo momento”; que “no hubo puñetazos en la mesa”; que nadie “se levantó y amagó con romper”; “no se pareció en nada a una partida de póker, porque las cartas estaban marcadas desde hacía un año”. Y que “se habló mucho de política y de lo que nos jugábamos, más que de listas electorales”.

“Yo estaba convencida de que Podemos se sentó a hablar con nosotros en la última semana de plazo por estrategia, para vender una ruptura e ir a las elecciones victimizados. Pero cuando escuché a sus negociadores, desde el minuto uno vi que aquello iba en serio, que no querían presentarse en solitario”, recuerda una de las dirigentes.

“Un diálogo entre Podemos y Por Andalucía”

Obviamente, el principal interpelado era Podemos, ausente de la negociación durante el último año y medio. Algunos dirigentes describen la reunión como “un diálogo entre Podemos y la coalición Por Andalucía”, es decir, que la alianza ya fraguada por el resto de partidos (IU, Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz) era una realidad compacta y negociaba con una sola voz.

Sin embargo, cuando llegó el momento de discutir cambios en las candidaturas de las ocho provincias, Podemos tuvo que hablar por separado con cada partido integrante: por ejemplo, cuando pelearon por el primer puesto por Cádiz para dárselo a su candidato original a la Presidencia de la Junta, el diputado y guardia civil Juan Antonio Delgado, se toparon con el rechazo frontal de la dirigente de Sumar, Esperanza Gómez, que había negociado y amarrado esa plaza en la negociación previa con IU.

Los morados terminarían aceptando puestos de difícil cobertura, como el número dos por Sevilla y por Málaga, y el número uno por Jaén, plazas que inicialmente correspondían a IU, y que en 2022 no lograron representación en el Parlamento. Pero antes de llegar a ese río, tuvieron que cruzar un puente más difícil.

A los 13 negociadores les preocupaba lo mismo: cómo gestionar las “contradicciones” que iban a aflorar en cuanto Podemos compartiese escenario con dirigentes de IU y de Sumar en los actos electorales de la campaña andaluza. “Si Podemos critica con dureza a los ministros de Sumar, y los acusa de belicistas y vota en contra de sus medidas en el Congreso, y exige su salida del Gobierno de Pedro Sánchez, y ahora comparte cartel electoral y mítines con ellos, es evidente que nuestros adversarios políticos en las andaluzas van a hurgar en esa contradicción. Hay que pactar los desacuerdos para que no nos explote en la cara en plena campaña”, relata una dirigente.

Según las fuentes consultadas, los negociadores de Podemos eran “plenamente conscientes” de que “esta era la mayor dificultad del acuerdo, más que el asunto de las listas”, aunque sea el que más ha trascendido.

También se dijo, por ejemplo, que “la unidad de las izquierdas ya no renta, ya no persigue la ilusión ni la épica” —“agrupémonos todos en la lucha final”, suena La Internacional, himno del movimiento obrero—, pero la necesitamos “por pura matemática”. “El objetivo desde el minuto uno de la reunión era desterrar la posibilidad de tres papeletas a la izquierda del PSOE”, afirma uno de los presentes en la reunión.

Aun así, alcanzar la unidad in extremis entre IU, Sumar y Podemos en la comunidad más poblada de España -8,6 millones de personas- fue inmediatamente traducido como un éxito político por el candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo. Maíllo no estuvo dentro de la sala donde se negoció la coalición, aunque fue recibiendo información puntual de sus dos personas de confianza, el líder andaluz de IU y diputado de Sumar en el Congreso, Toni Valero, y el secretario general del PCA, Ernesto Alba.

Al día siguiente, la primera valoración pública del acuerdo la hizo él, como candidato, y ahí Maíllo recuperó la épica de la unidad para propulsar su campaña y, a la vez, indicar el camino de baldosas amarillas al “frente amplio de izquierdas” que se prepara para las generales. Este domingo, en Sevilla, los ministros de Sumar Pablo Bustinduy, Mónica García y Ernst Urtasun arroparán a Maíllo en un acto con militantes, que será a la vez la continuación de su proyecto de alianzas y plataforma de despegue para el candidato andaluz.

El también coordinador federal de IU estaba en la esfera nacional de la política y ha hecho una arriesgada apuesta personal por encabezar la coalición Por Andalucía. Su nivel de popularidad es hoy mucho mayor que en 2015, cuando se presentó por primera vez como candidato a la Presidencia de la Junta, y es de los líderes más valorados en la izquierda. El nombre de Maíllo, de hecho, ayuda a identificar la marca de su coalición, que hoy todavía genera mucha confusión con sus rivales de Adelante Andalucía.

Maíllo ha bautizado el pacto de coalición como el “acuerdo del Viernes Santo”, una expresión que evoca al histórico proceso de negociación irlandés (1998) que culminó con la renuncia del IRA a la lucha armada después de tres décadas de conflicto en Irlanda del Norte, y estableció un gobierno compartido entre unionistas (protestantes) y nacionalistas (católicos). “El Viernes Santo andaluz ha sido algo más fácil, porque todos éramos unionistas”, bromea uno de los negociadores presentes.

Llegar año y medio tarde a la negociación

Aunque el análisis político ocupó todo el debate de la mañana, hasta el receso para comer, el elefante en el garaje desde el principio fue cómo encajar en esas listas a los candidatos de Podemos, que llevaba fuera de la negociación con el resto de sus socios casi año y medio.

La reedición del pacto de coalición empezó a gestarse en octubre de 2024, a partir de una propuesta que IU hizo llegar al resto de integrantes de Por Andalucía: Más País, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Equo, Podemos y Alianza Verde. La ausencia de los dos últimos en las reuniones de la “mesa de partidos”, durante un tiempo tan prolongado, ha sido “el gran handicap” de los morados para renegociar el penúltimo día de plazo, cuando el resto de formaciones ya había elegido al candidato a la Presidencia y se había repartido los principales puestos de salida en las listas.

Los negociadores andaluces de Podemos han criticado públicamente “la falta de generosidad de IU” por negarse “taxativamente” a cederles “uno o dos” cabezas de lista en alguna de las cinco provincias más seguras, donde ahora tienen escaños: Sevilla, Málaga, Cádiz, Córdoba y Granada. Pero, en privado, desde la dirección andaluza de Podemos admiten que negociaban “con una mano atada a la espalda”.

En los dos recesos que tuvo la reunión —el primero para comer, el segundo para deliberar— “hubo llamadas” a la ejecutiva estatal del partido, que pilota Ione Belarra, para advertir de la situación. “Aquí dentro hay un muro, pero fuera de la coalición está el abismo”, escuchó uno de los negociadores. “Hubo llamadas a Madrid, pero negociamos desde Andalucía”, matizan desde la dirección regional. En el parón, los 13 negociadores recuperaron sus móviles, salieron de la sede de IU y se dispersaron para comer, cada uno con su partido.

Hay dirigentes andaluces que, en privado, se lamentan de que la dirección estatal de Podemos no les autorizase a negociar hace año y medio, “porque en ese momento el runrún era que Sánchez iba a adelantar las generales, y en Madrid estaban en una estrategia diametralmente opuesta a la andaluza”.

Pero hay otros dirigentes de Podemos Andalucía, como el portavoz adjunto y parlamentario cordobés de Por Andalucía en esta legislatura, José Manuel Gómez Jurado, que han hecho público el pulso que libraron con los de Belarra. “Si tú quieres construir de verdad un proyecto unitario que amplíe y que crezca, lo construyes un año antes. Porque eso te permite posicionar a tus candidatos provinciales, que ya estén dando vueltas por Andalucía, y eso te permite afianzar la marca, crecer... Nosotros, en abril del año pasado, teníamos un preacuerdo entre las dos direcciones. Llevamos ese preacuerdo y a nivel estatal lo empezaron a dilatar”, contó el exdiputado en una entrevista para Cordópolis.

Fuentes del Consejo Ciudadano Andaluz de Podemos, máximo órgano de decisión, confirman que aquel “preacuerdo” existió, pero que “la política de alianzas en Andalucía se supeditó a la estrategia nacional”, porque en ese momento las grabaciones del caso Koldo y del exministro Ábalos parecían que iban a tumbar al Gobierno y obligar a Sánchez a adelantar las elecciones. “Se equivocaron”, advierten.

Esta versión coincide con el relato de Gómez Jurado: “Hace un año había hueco para jugar y para que Podemos hubiese ocupado más espacio dentro de la coalición, no de manera egoísta, sino como una forma de hacer política distinta a la de IU”, se lamenta el coportavoz de los morados en Andalucía, aludiendo a su discusión con alguien “importante de la dirección estatal”.

“Le dije: cerrar el acuerdo cinco días antes es un error y, si vais a hacer eso, decírnoslo a quienes estamos aquí para que no perdamos más el tiempo y nos vayamos a nuestra casa. Porque cerrar otro acuerdo cinco días antes va a suponer que, en lugar de tener un crecimiento de diez diputados que era lo que nos daban las encuestas en ese momento, pues nos quedemos como estamos, en el mejor de los casos”, cuenta Gómez Jurado, que concluye que su interlocutor no volvió a contestarle más mensajes.

El éxito o fracaso, visto desde Madrid

Más que el famoso mural de Da Vinci, el acuerdo de la coalición Por Andalucía se asemeja a una pintura impresionista: si lo miras de lejos, se divisa un paisaje primaveral, pero si te acercas mucho al lienzo, los colores se mezclan y sólo se ven manchurrones.

Desde algunos sectores de Madrid, la coalición de Por Andalucía se percibe como algo “prometedor”. Esta vez, a diferencia de las elecciones en Aragón y Castilla y León, las izquierdas se presentan unidas en una comunidad que representa casi el 20% del electorado del país y aporta 61 escaños al Congreso. El éxito o fracaso del invento será extrapolable a las generales de 2027, y los actores de la pluriizquierda en Madrid ya han empezado a tomar posiciones estratégicas, acercándose o alejándose a la pintura andaluza.

Desde Andalucía, la coalición se ve con más cautela y mayor escepticismo, porque sus protagonistas ya transitaron por esta senda hace cuatro años, en las elecciones de 2022, con un resultado muy por debajo de las expectativas que generó Yolanda Díaz y el esperado amadrinamiento de la marca Por Andalucía: sacaron cinco diputados, el mínimo para tener grupo parlamentario.

El acuerdo ha sido aplaudido por el electorado progresista más consciente de la situación política, con todos los sondeos vaticinando una nueva mayoría absoluta de Moreno o, en su defecto, un Gobierno del PP coaligado con Vox. Más recelos ha provocado entre la militancia más visceral de los partidos, sobre todo la de Podemos. El acuerdo fue bendecido por la dirección estatal a regañadientes y con quejas porque “no refleja el peso político” de su formación. Horas después de sellarse el pacto, Pablo Iglesias habló de “humillación” y “decepción” y de “mucha gente indignada”.

“Reacciones como las de Pablo Iglesias, ya en precampaña para las andaluzas, fue precisamente lo que más tiempo nos ocupó en la negociación. No creo que a Podemos en Andalucía les haya hecho mucha gracia”, advierte una dirigente.

Pero no sólo la militancia morada ha torcido el gesto tras el acuerdo de coalición, entre los cuadros medios de IU también hubo recelos: muchos consideraban que se estaba “regalando un salvavidas a Podemos”, que venía de recabar menos del 1% de los votos en las elecciones de Aragón y Castilla y León. Más preocupados andaban los alcaldes comunistas, que preguntaron a la dirección regional si ellos tenían que integrar también a sus rivales de Podemos en las listas para las municipales de 2027.

La dirección andaluza de Podemos, representada por la secretaria general Raquel Martínez, tenía claro desde hacía un año que el acuerdo de coalición era el camino: lo había manifestado en público, lo había trasladado en los órganos internos a la ejecutiva estatal de Podemos, se lo había dicho en persona a Belarra y a Montero, y había estampado su firma en un manifiesto en favor de la unidad de las izquierdas andaluzas, que Madrid ignoró.

Cuando finalmente se sentaron a negociar, con las vírgenes y los cristos de Semana Santa procesionando por Andalucía, faltaban unos días para la fecha límite y la coalición del resto de partidos estaba prácticamente cerrada. Esta vez se cerró todo once horas y media antes del plazo límite.

Sumar ha registrado este viernes una iniciativa en el Congreso de los Diputados para limitar la suscripción de hipotecas variables solo a aquellos ciudadanos que acrediten “una alta solvencia financiera”, imponer un mayor control sobre los créditos mixtos (que cuentan con un porcentaje variable y otro a tipo fijo) y sustituir indicadores como el euríbor para referenciar estos préstamos, dadas sus “limitaciones estructurales” y la “mayor volatilidad a la deseable” que introducen en los contratos.

La formación ha presentado una proposición no de ley, a la que ha tenido acceso elDiario.es, en la que señalan que “la vivienda habitual no puede seguir siendo el lugar en el que el sistema financiero descarga riesgos que los hogares ni han creado ni están en condiciones de administrar”. Porque, a diferencia de los bancos, las familias no cuentan con departamentos de gestión de riesgos y, creen en la coalición, “la parte más débil de la relación contractual” se enfrenta a la carga de una potencial subida de los tipos de interés “que no puede administrar en condiciones de igualdad”.

“La concatenación de crisis geopolíticas, energéticas e inflacionarias de los últimos años, agravada por el reciente conflicto en Oriente Medio y Oriente Próximo, han puesto de manifiesto hasta qué punto el coste de la financiación puede verse alterado por factores que escapan por completo al control de los hogares”, destaca el texto de la iniciativa registrada ante la Comisión de Economía del Congreso, que se votará el próximo 29 de abril.

Así, destacan que el tipo variable tiene un peso en el saldo hipotecario del 61%, muy superior al de países del entorno como Francia o Alemania, donde el 80% de estos préstamos son a tipo fijo que, por definición, están más exentos de riesgo.

Según la formación, la comercialización de estos créditos variables en los últimos años se hizo “no por su mayor idoneidad para el cliente, sino por su conveniencia para las entidades”, lo que, en la práctica, supuso “una trampa financiera” para las familias en el caso de un cambio en el ciclo de la política monetaria. Precisamente lo que sucedió a raíz de 2022, cuando tras una década con tipos de interés 0, el Banco Central Europeo (BCE) endureció el precio del dinero para mitigar la crisis inflacionaria desatada tras la invasión rusa de Ucrania. Y lo que podría suceder si el BCE actúa igual para responder a la subida de precios por la guerra en Oriente Medio.

Más control a las hipotecas mixtas

El texto, que no tiene carácter vinculante y solo marca una dirección política, busca que la Comisión de Economía inste al Ejecutivo a adoptar medidas que restrinjan la comercialización de hipotecas variables sobre la vivienda habitual. No a prohibirlas, pero sí a restrigirlas para “los supuestos en que el prestatario acredite una alta solvencia financiera y una capacidad suficiente para absorber incrementos significativos de cuota”.

En los últimos años se han popularizado las hipotecas mixtas, que cuentan con un determinado periodo a tipo fijo y otro a tipo variable, algo que Sumar cree que también debe revisarse “para evitar que se utilicen como vía indirecta de reintroducción masiva del riesgo variable en perjuicio de los hogares”.

La iniciativa también promueve la búsqueda de alternativas a indicadores como el euríbor o el Índice de Referencia de Precios Hipotecarios (IRPH), ambos indicadores “sometidos a limitaciones estructurales”, que exponen a los hogares a una “mayor volatilidad a la deseable para contratos de larga duración” y que están expuestos a riesgos de manipulación en el mercado.

Así, ponen por ejemplo los movimientos en el euríbor a consecuencia de la guerra en Irán sin que el BCE haya modificado los tipos oficiales del mercado. “El propio diseño del sistema monetario europeo hace que las expectativas de mercado, las tensiones de financiación o los cambios de percepción sobre la senda futura de la política monetaria puedan trasladarse a las referencias hipotecarias antes de que se modifiquen los tipos de intervención. Eso supone una aberración, puesto que un índice legalmente debe reflejar la realidad sucedida, no determinar la que sucederá”, destaca la exposición de motivos.

Desde Sumar pretenden que se evalúe, en el plazo de un año, cuál es el impacto distributivo y social del modelo hipotecario sobre la estabilidad financiera de los hogares, fijándose con un especial interés en la exposición al tipo variable, el esfuerzo hipotecario y el riesgo de perder la vivienda habitual.

También, que el Gobierno legisle para dar “seguridad jurídica a los litigios sobre los derechos de los consumidores” frente a las cláusulas abusivas y no transparentes y sobre la revisión de aquellas sentencias firmes que no hayan seguido las directrices del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, “a fin de dar pleno efecto a dicha jurisprudencia y corregir las situaciones en las que los tribunales nacionales hayan resuelto en sentido contrario a la doctrina europea”.

La coalición Sumar, con un escaño en el Parlamento Vasco, ha reclamado al Gobierno de Imanol Pradales y, en concreto, a la consejera Amaia Barredo, “medidas” contra la empresa La Gilda del Norte, condenada este viernes por explotación de trabajadores extranjeros e invitada esta semana a la feria Salón Gourmets de Ifema, en Madrid, dentro del 'stand' de la sociedad pública Hazi. Se da la circunstancia de que, además, un organismo autonómico, la Inspección de Trabajo, tiene también sanciones firmes por los mismos hechos contra esta compañía.

“Preguntamos al Gobierno vasco si cree que es posible promocionar y colaborar con una empresa que se ha demostrado que estaba cometiendo estos delitos graves contra los trabajadores”, lanza el parlamentario Jon Hernández, procedente de IU. Y agrega: “No es compatible que una empresa que se aprovecha de la situación de vulnerabilidad de trabajadores extranjeros, que tiene a la gente contratada sin Seguridad Social y que obligaba a esconderse a los trabajadores ante inspecciones, pueda ser promocionada por el propio Gobierno Vasco. Es absolutamente aberrante”.

De su lado, la portavoz del Gobierno, María Ubarretxena, no ha ofrecido explicaciones sobre la cuestión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. El equipo de Barredo indicó a este periódico que la sentencia no es “firme” y que los espacios del 'stand' se gestionan con mucha antelación.

Gabriel Rufián sigue juntando fichas para el puzle imposible de la izquierda. Empezó en febrero en un acto con Emilio Delgado, de Más Madrid, y continuó este pasado jueves en Barcelona, con la actual líder electoral de Podemos, Irene Montero. Mientras tanto, hemos asistido al intento fallido de Izquierda Unida o Más Madrid por convencer a Pablo Bustinduy para que sea el relevo electoral de Yolanda Diaz en la coalición de Sumar, y al acuerdo a última hora para que Podemos integre la confluencia que forman IU y Sumar en Andalucía. Eso sí, a las pocas horas Pablo Iglesias criticó los términos del acuerdo. 

Hablamos con Arturo Puente, de elDiario.es en Catalunya, que asistió al acto protagonizado la semana pasada en Barcelona por Gabriel Rufián e Irene Montero, y con Daniel Ríos, periodista que cubre la actualidad de los partidos a la izquierda del PSOE para analizar este bucle que parece inevitable.

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Dos años después de las autonómicas, el Sociómetro -la encuesta de estimación de voto que realiza el Gabinete de Prospecciones Sociológicas (GPS) de la Presidencia vasca a través de la empresa Ikerfel- mantiene al PNV de Imanol Pradales como principal fuerza política. Mediada la legislatura, incluso le ofrece una mejora de un escaño con respecto al escrutinio de 2024. El PNV tendría 28 representantes por 27 de EH Bildu, los mismos que tiene ahora. Con los 12 del PSE-EE, el Ejecutivo de coalición actual mantendía una cómoda mayoría absoluta de 40 de 75 asientos en el Parlamento Vasco. Sumar desaparecería al quedar por debajo del mínimo del 3% y Podemos seguiría fuera; en la derecha, todos mantendrían sus posiciones, con 7 para el PP y 1 para Vox.

Ikerfel realizó 3.030 encuestas entre el 23 y el 26 de marzo, es decir, justo antes de Semana Santa y de la reunión entre Pedro Sánchez y el lehendakari. El error muestral es del 1,8%. Esta primera oleada de 2026, que coincide prácticamente con el segundo aniversario de la victoria de Pradales en votos pero con igualdad de escaños con respecto a Pello Otxandiano, mantiene al PNV en cabeza con un 35,3% de estimación de apoyos, por un 35,2% logrado en abril de 2024. Eso sí, el anterior Sociómetro, el de diciembre, fue celebrado como un gran éxito por los nacionalistas, ya que les otorgó hasta 29 escaños. Ahora, destacan fuentes 'jeltzales' que se dibuja para el Gobierno un escenario “estable”.

EH Bildu tiene un 32,2% de intención de voto tras la cocina y una estimación de 27 parlamentarios. El PSE-EE marca 14,2% y 12 parlamentarios, los mismos que en 2024, el PP un 8,7% y 7, también igual, y Vox un 2,9% en conjunto y un único parlamentario por Álava, la única circunscripción donde supera el mínimo legal del 3%. Sumar caería en ese territorio al 2,9%, precisamente, y perdería así su único asiento, el del representante de IU Jon Hernández. La media general de la coalición de izquierdas, en su actual composición, es del 2,3%. La encuesta pregunta también por una marca a la que llama “Elkarrekin Podemos”, que fue la que se presentó a las autonómicas de 2016 y nunca más. Le da un 2% de la estimación de voto. La abstención estimada superaría el 40%.

Por territorios, el PNV ganaría en Álava, pero por apenas una décima sobre EH Bildu, 28,8% y 28,7%, respectivamente. En 2024, la coalición abertzale fue la fuerza más votada. Empatarían a 8 escaños. Con la mitad, empatarían también PSE-EE y PP. Vox crecería en intención de voto hasta el 5,6%, casi dos puntos más que el escrutinio de hace dos años. No obstante, no le daría para crecer en escaños y se quedaría en uno, el dato que ha mantenido desde su irrupción en 2020. Eso sí, superar el 5% le permite pensar en poder obtener representación a nivel municipal en Vitoria, por ejemplo. La ley electoral para las locales es más exigente que para autonómicas o forales.

En Bizkaia, el PNV tendría una cómoda victoria de once puntos sobre EH Bildu, con 11 y 8 escaños, respectivamente. Los nacionalistas rozan el 40% de intención de voto. Lejos quedan PSE-EE con 4 y PP con dos. Vox marca un 2,7%, también una notable subida con relación a 2024, aunque dentro de parámetros que le dejarían fuera de la Cámara por esta circunscripción. Sumar marca un 2,5% y “Elkarrekin Podemos” un 1,9%.

En el caso de Gipuzkoa, EH Bildu ganaría. Y lo haría, además, con el mejor dato de cualquiera en los tres territorios, alcanzando la barrera del 40%. Eso se traduce en 11 escaños. El PNV marcaría un 31,9% y 9 representantes. Son datos prácticamente idénticos a los de hace dos años. El PSE-EE tendría cuatro parlamentarios guipuzcoanos y el PP solamente uno, sin espacio para más fuerzas. Vox y Sumar quedarían lejos del listón del 3%. Es más, “Elkarrekin Podemos” estaría delante de ambos, según la cocina del Sociómetro.

Respuesta oficial de ERC al acto que su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, celebró este jueves con la eurodiputada de Podemos Irene Montero sobre el futuro de la izquierda. El vicesecretario general de comunicación y portavoz adjunto de los republicanos, Isaac Albert, ha vuelto a marcar distancias con el plan de su jefe de filas en Madrid. “No resolveremos, porque no podemos, las disputas de la izquierda española”, ha expresado Albert.

En un mensaje en X con el título “para entendernos”, Albert ha contestado al acto llamado “¿Qué hay que hacer?”, en el que Rufián y Montero abogaron por un acercamiento desde posiciones diferentes para apelar a un frente antifascista que condicione al PSOE.

A través de diez puntos, Albert ha reiterado el mensaje que la cúpula republicana repite desde que Rufián lanzó su propuesta de diálogo entre las distintas izquierdas estatales: que ERC se presentará en Catalunya con sus siglas y que los problemas entre Sumar y Podemos no los puede resolver la formación de Oriol Junqueras.

Albert ha compartido la preocupación por el “peligro” que supone para la democracia el crecimiento de los ultras y ha recordado que, si depende de ERC, la extrema derecha “no gobernará nunca en ningún sitio”. Al mismo tiempo, ha querido marcar perfil propio de los republicanos ante el resto de formaciones progresistas.

“No somos la izquierda del PSOE, somos la izquierda nacional de Catalunya”, ha remarcado Albert, que ha insistido en que la “prioridad” del partido es “Catalunya, su gente, su lengua y sus intereses”. Según Albert, la “izquierda útil” es la social y la nacional porque “sin conciencia nacional, no hay transformación real”.

El dirigente republicano ha insistido en que el partido tiene su propio camino: “Querems liderar el espacio de izquierdas en Catalunya, sin migajas”. “Podemos ayudar, pero no resolveremos, porque no podemos, las disputas de la izquierda española. Nuestro compromiso es con el país”, ha agregado.

Las alianzas que plantean los republicanos, ha ahondado Albert, son “sumar con otras fuerzas progresistas en los territorios: Bildu, BNG, Compromís”. ERC ya concurre en la misma lista con los soberanistas gallegos y vascos en las europeas.

“Defender la democracia es también defender a los pueblos”, ha remachado Albert, que ha recordado el peso de la historia en ERC: “95 años al lado de la libertad y la democracia”.

Los Comuns celebran el acto Rufián-Montero

Por su lado, los Comuns han celebrado el “paso hacia el futuro” que, a juicio de su portavoz en el Parlament, David Cid, supuso el acto de Rufián y Montero, ante el portazo “agresivo” del presidente de los republicanos, Oriol Junqueras, y la secretaria general de la formación, Elisenda Alamany, a la propuesta.

“La única incógnita es si Rufián se implicará en la construcción del proyecto o no al margen de ERC”, ha agregado Cid, que ha recordado que su formación ha abogado siempre por “construir candidaturas y frentes amplios”.

Según Cid, “no tiene sentido hablar de un frente democrático sin hablar de los Comuns”. “Celebramos que formaciones como Podemos avancen en esta dirección y constatamos que ERC ha dado un portazo a la propuesta de Rufián”, ha apostillado.

El PCE e IU izarán la bandera republicana en Eibar este domingo en vísperas del nonagésimo aniversario de la proclamación de la II República, hito que se dio, precisamente, en esa localidad de Gipuzkoa. Ambas formaciones aseguran que España padece “una monarquía hereditaria y corrupta, puesta a dedo por un dictador, que perpetúa las desigualdades y carece de legitimidad democrática”.

Ambos partidos conmemorarán el domingo el 95 aniversario de la II República con una marcha que partirá a las 10.00 horas desde Ermua, en Bizkaia, para concluir a las 11.00 horas con un acto político en Eibar, ya en Gipuzkoa. En la plaza de Unzaga abogarán por una III República como “único sistema capaz de profundizar en una democracia real y en la plurinacionalidad”, proclamarán el “no a la guerra”, exigirán la salida de España de la OTAN y apostarán por “un bloque político y social alternativo”.

La coordinadora de IU en Euskadi (Ezker Anitza), Arantza González, y el secretario general del PCE-EPK, Jon Hernández, han presentado en Bilbao estos actos conmemorativos durante una comparecencia en la que han defendido la república como “la única forma de estado capaz de abrir un proceso de profundización democrática, una democracia real, participativa, laica, plurinacional, íntegra y transparente que garantice una vida digna a todas las personas”. Además, han destacado que supone “una salida real a las necesidades de la mayoría social”, informa Europa Press.

“El próximo domingo en Eibar, reivindicaremos la república como el único modelo de Estado capaz de garantizar la igualdad y la justicia social, el único modelo capaz de profundizar en la plurinacionalidad del Estado”, ha insistido González. Asimismo, ha advertido que esto “no será posible con una monarquía hereditaria y corrupta, puesta a dedo por un dictador, que perpetúa las desigualdades y carece de legitimidad democrática”.

“Hoy, al igual que en 1931, nos encontramos en un tiempo complejo y difícil. Ante una escalada belicista, el rearme y el incremento del gasto militar, defendemos uno de los valores fundamentales de aquella república: la renuncia a la guerra como instrumento de la política”, ha manifestado Hernández, que es parlamentario vasco por la coalición Sumar. “Se trata de construir una república que garantice los derechos laborales y sociales, blindando en su constitución el empleo estable y salario digno; vivienda asequible y habitable; medidas estructurales contra la carestía de la vida; y unos servicios públicos fuertes en materia de educación, sanidad, pensiones suficientes, protección social y ambiental y cultura, y una presente y futuro para la juventud”, ha concluido.

La negociación para conseguir convalidar en el Congreso el decreto de medidas de vivienda aprobado hace unas semanas por el Consejo de Ministros no carbura. El ala minoritaria del Gobierno, la de Sumar, es la que ha tomado el timón de las conversaciones con los grupos parlamentarios para intentar convencerles de votar a favor de un texto que, hoy por hoy, tiene muy pocas opciones de obtener los votos para seguir en vigor. Pero los de Yolanda Díaz, que son conscientes de la dificultad de sacar el paquete adelante, no han logrado mover ni un milímetro la negativa de PP y Junts, de quienes depende que el decreto se convalide. Y el PSOE no está haciendo muchos esfuerzos para intentar revertir ese rechazo y ha decidido no involucrarse en una negociación que, consideran, está abocada al fracaso.

Buena muestra de la soledad con la que Sumar está viviendo esta negociación es que se ha visto obligado a vehicular las conversaciones a través de su grupo parlamentario y no de sus ministerios. El lunes, de hecho, los cuatro principales partidos de esa coalición —IU, Más Madrid, los Comuns y Movimiento Sumar— presentaron la campaña 'Pide la prórroga, defiende la prórroga' y anunciaron que su portavoz en el Congreso, Verónica Martínez, convocaría reuniones con todos los socios habituales del Gobierno y también con el PP. No obstante, 24 horas después los populares respondieron con un portazo y anunciaron que se niegan a mantener un encuentro con el grupo parlamentario de Sumar porque su posición en relación con el decreto y con medidas como la prórroga de los alquileres que venzan en 2026 y 2027 es “de sobra conocida”.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy —que está pilotando la negociación de este decreto por parte de Sumar— reaccionó rápidamente a esa negativa criticando que “la respuesta del PP frente a la crisis de vivienda siempre es la misma: no hacer nada”. “Esta vez se equivocan”, dijo, porque “si votan contra la prórroga de alquileres pagarán un precio político altísimo”. “Entre los 2,6 millones de inquilinos a los que quieren echar a la calle también están sus votantes”, recordó Bustinduy. Y fuentes de Sumar señalan que “el 70% de los del PSOE están de acuerdo con la medida” y que “alrededor de un cuarto de los votantes de derechas también la apoya”.

Sumar asegura que ha cerrado reuniones con otros grupos parlamentarios, pero no concreta con cuáles ni si Junts está entre ellos. Y, tras la negativa del PP a sentarse a negociar, solo los independentistas catalanes podrían salvar la convalidación del decreto. Pero las perspectivas con ellos tampoco son buenas para Sumar, puesto que Junts ha endurecido su posición en materia de vivienda y, en los últimos meses, ha tumbado en dos ocasiones sendos decretos del Gobierno con medidas de vivienda mucho más tibias que la prórroga de los alquileres. Los de Carles Puigdemont se han negado a mantener la suspensión de los desahucios para inquilinos vulnerables que no podían pagar su alquiler, y esa iniciativa afectaba a muchos menos caseros que la extensión al mismo precio de los contratos que vencen en 2026 y 2027.

Desde el inicio de la legislatura, Sumar ha hecho bandera de sus diferencias con el PSOE en materia de vivienda. Esa distancia volvió a evidenciarse, precisamente, en la reunión del Consejo de Ministros en la que se aprobó este decreto, cuyo inicio se tuvo que retrasar por la negativa de Díaz y los suyos a participar si los socialistas no se comprometían a aprobar la prórroga de los alquileres que el PSOE llevaba rechazando de plano muchos meses. Estos movimientos de Sumar, no obstante, no pueden aislarse del contexto político en el que están teniendo lugar: en plena precampaña para las elecciones autonómicas en Andalucía del 17 de mayo y también en mitad del proceso de reconfiguración de la izquierda alternativa, por cuya primacía los partidos que componen Sumar mantienen un pulso con Podemos.

Una negociación imposible

Lo que defienden en las filas socialistas es que toda esa puesta de largo en torno a una negociación que califican de imposible tiene más que ver con la necesidad de Sumar de recuperar algo de foco político que con una creencia real de que se pueda sacar adelante el texto. Explican en el PSOE que, por el momento, ni siquiera tienen constancia de que hayan arrancado las conversaciones de su socio de coalición con los grupos respecto al contenido de un decreto que aún no tiene fecha de convalidación en el Congreso. Y que, en cualquier caso, el recorrido de esas conversaciones es, en su opinión, nulo.

“Nosotros estamos a favor de esas medidas, nos parecen necesarias y por eso el Gobierno las ha vuelto a aprobar, después de aplicarlas anteriormente. Pero las habas están contadas y tenemos la certeza de que el PP, Vox y Junts las van a tumbar, porque nos lo han dicho claramente”, sostienen en las filas socialistas, donde apostillan que, si la negociación con la derecha es imposible, con la izquierda ni siquiera hace falta. “No hace falta negociar con ERC, Bildu o Compromís ese decreto porque ya sabemos que lo apoyan. La clave, como tantas veces, es Junts. Y no pueden ser más claros en su rechazo”.

Ese convencimiento del PSOE respecto a la postura de los independentistas catalanes, que en la práctica ya ejercen de fuerza de oposición en el Congreso desde hace meses salvo contadas excepciones, está de hecho en el origen del choque en el Consejo de Ministros extraordinario que protagonizaron los socios de coalición. El presidente del Gobierno y su equipo se cerraron en banda a incluir en el decreto de medidas económicas por la guerra de Irán el paquete de vivienda exigido por Sumar. Porque de hacerlo, defendieron entonces y sostienen aún hoy, todo el plan hubiera sido rechazado por el Congreso, que hubiera tumbado la rebaja fiscal a los combustibles o la prórroga al bono social eléctrico y térmico.

Los socialistas aseguran que “respetan” las estrategias políticas de sus socios y que no pondrán ningún tipo de trabas al intento de Sumar de apropiarse de la defensa de un decreto cuyas medidas están en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Entre otras cosas, el texto permite una prórroga legal de dos años, hasta el 31 de diciembre de 2027, de los contratos de alquiler que finalicen a partir del 21 de marzo. Algo de lo que pueden beneficiarse hasta 2,6 millones de inquilinos y un millón de hogares a los que les aplicaría la limitación de la actualización de la renta.

No nos engañemos: las alianzas entre izquierdas para concurrir a elecciones se sellan siempre en momentos de declive. De urgencia. En pleno bajón. Si la izquierda estuviera en auge, se dejarían las coaliciones para después, si fuera necesario, sumando lo ya sumado y con atención a los programas y al famoso peso político de cada formación para entrar en los gobiernos. No estamos en ese escenario. La unión de izquierdas que ahora se necesita se debe analizar siempre desde esa situación de urgencia y desde el reconocimiento de los fracasos y debilidades de cada una de las partes para evitar, precisamente, que la alianza sea solo la suma de fracasos y debilidades. 

No es fácil. En tiempo de descuento y en medio de una Semana Santa andaluza particularmente radiante, IU, Sumar y Podemos alcanzaron un acuerdo para concurrir juntos a las elecciones andaluzas del 17 de mayo. En ese momento, Juanma Moreno Bonilla se hallaba en pleno maratón cofrade, acaparando más protagonismo que el mismísimo Jesucristo y esquivando, por la vía procesionaria, la prohibición de hacer campaña antes de la campaña. Lo suyo sí que ha sido el milagro de la multiplicación de los panes y los peces pero en horas de presencia en Canal Sur dándose baños de masas y golpes de pecho. Su campaña ya está hecha: moderación, estabilidad, gestión y andalucismo morenista. El escándalo por la gestión de los cribados del cáncer de mama y la situación general de la sanidad, amortizados y olvidados entre vapores de incienso y cirios. A su derecha, por decir algo, Vox no ha visto ni la necesidad de hablar de Andalucía o de esmerarse en la elección de candidato: Abascal proveerá, pese a las críticas de los suyos, que ya no lo son, y los votos que el sevillano Alvise Pérez rascará en su tierra. Todo en su sitio en el flanco derecho e intento de recolocación en el izquierdo a la izquierda de María Jesús Montero, que esta semana parecía tentada de entonar un “virgencita, que me quede como estoy” ante la Macarena. 

Trazado el contexto, hay que admitir que la alianza de IU, Sumar y Podemos en Andalucía solo pareció entusiasmar a Gabriel Rufián, que la saludó con un ¡Bravo! en redes sociales. Ni media hora había pasado del cierre del acuerdo y la militancia de unos y otros ya lo estaba celebrando por la española vía de “cuerpo a tierra, que vienen los míos”. El acuerdo contempla que Podemos encabece la lista de la coalición en Jaén y ocupe el número dos en Sevilla, plazas que no obtuvieron representación de Por Andalucía en las pasadas elecciones. IU encabeza las listas de Sevilla, Málaga, Granada, Córdoba y Almería; Sumar, la de Cádiz, e Iniciativa del Pueblo Andaluz, la de Huelva. Podemos y sus militantes se quejan de que el peso político del partido era superior a este reparto de listas y en IU y Sumar les recuerdan que se apuntan a última hora a la coalición porque se están convirtiendo en un partido marginal en España, después de quedar por debajo del 1% en las elecciones de Aragón y Castilla y León. Un año de puñaladas, desplantes y desacuerdos no se arregla con un acuerdo puntual y tampoco ante la evidencia de que ser líder de un espacio a costa de desgastar ese espacio solo conduce a la irrelevancia. 

Estamos a tiempo. Como he escrito al inicio, todos los frentes populares surgen de momentos de necesidad, pero es imprescindible que entre los partidos que lo forman exista lealtad y confianza, aunque se mantengan diferencias importantes. Una coalición no puede ser un choque de purezas, sino la suspensión de toda pureza para conseguir un objetivo más importante, en este caso, el bienestar social y material del pueblo andaluz. Para eso hay que supeditar la política institucional, el reparto de listas, cargos, dinero y asesores, a una política social progresista, que evite que Andalucía tenga un gobierno reaccionario e involucionista que termine de desmantelar los servicios públicos, y muy especialmente la ya maltrecha sanidad andaluza. Si después de la resaca negociadora, la coalición no se pone a trabajar únicamente para movilizar el voto con el objetivo de implantar un programa progresista, la unión no servirá de nada. El 1 de mayo comienza la campaña andaluza: a partir de ese día, solo cabe hablar de Andalucía, de los andaluces y de cómo mejorar su vida. Después, tocará ver si es factible y deseable una plataforma nacional que corte el paso a la ultraderecha. Desde la asunción de la realidad de la izquierda y la voluntad sincera de servir (para algo) a los españoles. 

Sobre la campana. Izquierda Unida y Sumar alcanzan un acuerdo con Podemos este viernes antes de que finalice el plazo máximo legal para registrar la confluencia de izquierdas bajo el paraguas de la marca Por Andalucía. En una negociación in extremis que se ha alargado más de doce horas desde que diera inicio en la mañana del jueves, ha sido la sección liderada por el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, quien ha confirmado que concurrirán juntos a las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo.

La candidatura queda así conformada por siete fuerzas políticas: Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Podemos, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alternativa Republicana, Partido Verde y Alianza Verde. Se repite la fórmula del 2022 y se salvan los tiempos, incluyendo a la formación de Ione Belarra después de que el partido decidiera cambiar su estrategia a apenas unos días de que terminara el término para concurrir en la misma lista. Las negociaciones tenían su principal escollo en los puestos de las candidaturas y, según las fuentes consultadas por este medio, se había puesto como hora tope las doce y media de este viernes para llegar a un acuerdo entre las partes, produciéndose el registro de la coalición a las 12.53 horas. Por el momento, se confirma que Podemos tendría el primer puesto de la lista de Jaén y el número dos en la de Sevilla.

“La incorporación de Podemos refuerza este proyecto común y demuestra que Por Andalucía es el espacio para el entendimiento y la confluencia de las izquierdas en nuestra tierra”, comparten en un comunicado desde Por Andalucía. A ello, añaden que “la coalición garantiza la participación de todas las fuerzas políticas en igualdad, fortaleciendo así una alternativa sólida y reconocible”. Reconocible, esa era la palabra clave para los componentes del grupo, ya que un obstáculo a salvar era ofrecer una imagen conjunta para el electorado y evitar confusiones a la hora de depositar la papeleta en las urnas. Los militantes defienden que han actuado en todo momento “con responsabilidad” y trabajando “con transparencia, reglas claras y voluntad real de integración”.

“Unidad”

El mensaje se ha expandido rápidamente por las redes sociales del partido, en donde se ha evitado las comparecencias por separado en un primer momento: “La peor noticia para Moreno Bonilla: hay acuerdo, hay unidad y hay alternativa para acabar con sus políticas y poner las instituciones al servicio de la mayoría social”. Además, desde Por Andalucía se subraya que llevan “más de un año” trabajando en la conformación del espacio, al igual que en la elección del candidato, que será Antonio Maíllo, y en la elaboración participada del programa electoral.

“Este acuerdo [en referencia a Podemos] se incorpora a ese trabajo colectivo y lo refuerza”, puntualizan. Cabe recordar que en el último año y medio, Podemos no ha acudido a las reuniones de la mesa de partidos de Por Andalucía y se ha mantenido al margen del proceso para reeditar la coalición. Es más, en octubre de 2025 IU y Sumar registraron sin Podemos el partido político Por Andalucía. A pesar de la distancia que hubo entre las formaciones, ha imperado la lógica de la unión para recabar más apoyos.

El propósito es ampliar los resultados de 2022, cuando la coalición obtuvo cinco escaños en el Parlamento andaluz, de los que tres correspondían a candidatos procedentes de Podemos, con Juan Antonio Delgado, Alejandra Durán y José Manuel Gómez Jurado, uno a IU, en manos de Inma Nieto, cuya marcha marca el fin de una etapa, y un escaño correspondiente a Más País Andalucía que fue de Esperanza Gómez.

Antonio Maíllo, en una publicación en la red X, sostiene que se consolida “la única alternativa real a Moreno Bonilla”, logrando “más unidad”. “Vamos a por todas, con alegría, determinación y a la altura del momento histórico. Sea por Andalucía libre”, indica. Con este acuerdo que se ha producido antes de que expirara el plazo para el registro de la coalición se esquiva los sinsabores del pasado, cuando Podemos tuvo que entrar de forma independiente en las listas de Por Andalucía y su logo no apareció en las papeletas, haciendo un encaje de bolillos para que todas las partes quedaran satisfechas a pesar de que luego sería el PP andaluz quien lograra la mayoría absoluta.

“Generosidad”

Por su parte, Juan Antonio Delgado, diputado y candidato de Podemos, manifiesta en su perfil social que “el pueblo andaluz quería unidad de la izquierda y hoy es una realidad”. “Por mi parte, absoluta generosidad. La prioridad es pensar y hablar de lo que importa a la gente: sanidad, el empleo y la vivienda”, añade. Respaldado por el apoyo de los órganos de Podemos Andalucía, este mismo miércoles fue cuando se produjo una consulta exprés de 24 horas para decidir si concurrían junto a Por Andalucía después de que la dirección nacional quitara las líneas rojas con Sumar y se cumpliera con el compromiso que había adelantado el candidato andaluz. El resultado del voto emitido por 5.710 personas fue contundente: un 81,4% (4.648 apoyos) dieron su beneplácito, mientras que el 11,98% (684 votos) se opuso, y apenas un 6,62% (378) no optaron por ninguna de las opciones. 

En un comunicado, Podemos Andalucía recalca tras el anuncio del acuerdo que ha decidido aceptar el acuerdo de coalición “pese a creer que no refleja el peso político de la formación”, pero entienden que “es más importante defender la sanidad y la vivienda antes que cualquier cálculo partidista”. A ello, añaden que “gracias a la generosidad de Podemos, se ha evitado la presencia de tres listas a la izquierda del PSOE”. El tono revela una leve tensión en las condiciones, ya que, al contrario de lo que sucedió en 2022, no se han especificado las cuestiones organizativas ni económicas en la coalición.

Fuentes de Podemos confirman que serán primeros de lista por Jaén y segundos por Sevilla y Málaga. Un reparto que no concuerda con lo planteado, principal caballo de batalla a la hora de consumar el pacto, dado que en un primer momento pedían mayor representatividad en las provincias de Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba y Granada. Una cuestión que debía ser debatida tras lo acordado por la mesa de partidos de Por Andalucía el pasado 14 de enero, cuando se designaron a los candidatos de las listas electorales de las ocho provincias.

Izquierda Unida, Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz, ante la ausencia del ahora nuevo integrante, se repartieron las listas para las elecciones autonómicas de esta forma: IU encabezaba la candidatura en Sevilla, con Antonio Maíllo como aspirante a la presidencia de la Junta, y también en Córdoba, Málaga, Granada, Jaén y Almería; mientras que Sumar se adjudicaba Cádiz, puesto que ocuparía su coordinadora regional Esperanza Gómez; y de esta forma, se asignaba Huelva a José Antonio Jiménez, líder de IPA. Con la entrada de los morados, el tablero de juego cambia y el puzzle se debe recomponer, por lo que Izquierda Unida perdería Jaén en favor de Podemos.

Este primer acercamiento dejaría en el aire la posición de Juan Antonio Delgado, ya que Sevilla es bastión de Maíllo y no podría ocupar el segundo puesto al ser listas cremallera, y en Cádiz, su provincia, se quedaría en segundo lugar si se mantiene la decisión de Sumar. Por tanto, la alternativa sería en todo caso Jaén. Desde la organización, indican que su deseo es presentarse en la lista gaditana, aunque se acordará con el resto de miembros tanto del partido como de la plataforma de cara a presentar las candidaturas definitivas el próximo 13 de abril.

Faltan menos de 24 horas para que finalice el plazo para presentar una candidatura conjunta ante la Junta Electoral, a las 23.59 de este viernes. Sin embargo, el encuentro entre Por Andalucía –con Izquierda Unida y Sumar liderando– y Podemos no ha fructificado de momento en ninguna resolución durante la jornada de este jueves. Tras más de nueve horas de reunión, los partidos implicados no han dado ningún detalle sobre cómo avanzan las negociaciones para consolidar una plataforma común a la izquierda del PSOE. Así, el déjà vu entre los militantes de IU y Sumar es cada vez más patente, similar a la antesala de las elecciones autonómicas de 2022 en la que la entrada de Podemos se dio fuera de plazo, a trompicones y con discrepancias internas.

La mesa de partidos de Por Andalucía y Podemos se reunió este Jueves Santo en Sevilla con absoluto secretismo, desconociéndose cuál era la hora o el lugar donde se celebraba. Fuentes de IU han explicado que ha comenzado después de las 11.00. Sí se ha conocido que quien encabezaba la representación de IU era Toni Valero, coordinador general del partido, junto a la participación de Nico Sguiglia, representante de Podemos y portavoz de Con Málaga, y Esperanza Gómez, coodinadora de Sumar en Andalucía, según Europa Press. Entre las cuestiones a debatir, estaba sobre la mesa el reparto de recursos económicos de la coalición o la conformación de las candidaturas, cuyo plazo máximo para presentarlas es el próximo 13 de abril. Según fuentes consultadas por RTVE, el diálogo se ha mantenido con “un tono muy correcto” y se comparten los distintos puntos de vista “con claridad”.

El objetivo de las izquierdas, además de hacer un frente común para arrebatar la mayoría absoluta al PP de Juanma Moreno y frenar el ascenso de la ultraderecha, es construir una imagen conjunta y sin ambages que disipe las dudas del votante de cara a las elecciones autonómicas. A sabiendas de la estrategia del PSOE, donde se opta por colocar ante el electorado una cara reconocible, como lo es la ministra saliente María Jesús Montero, las izquierdas andaluzas han salido escaldadas en anteriores ocasiones, ya que las divisiones internas se saldaron con unos resultados mínimos en los comicios de 2022: tres escaños para Podemos, con Juan Antonio Delgado, Alejandra Durán y José Manuel Gómez Jurado; un escaño para IU, con Inma Nieto; y otro para Esperanza Gómez, de Más País Andalucía.

De cara a las elecciones del 17 de mayo, los partidos han obrado en esta última semana con un ritmo frenético. Mientras que la candidatura de Por Andalucía se consolidaba con Antonio Maíllo al frente —respaldado por Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Partido Verde y Alternativa Republicana—, los de Ione Belarra pasaron de interponer una línea roja a Sumar a tender la mano para buscar un acuerdo. Para ello, se abrió una consulta de 24 horas que recibió el apoyo del 81,4% de la militancia que votó. En el retrovisor quedan los resultados de las elecciones autonómicas de Aragón y Castilla y León, en las que Podemos se quedó sin representación parlamentaria, pero también se recuerdan los bandazos de 2022, cuando su logo no apareció en las papeletas electorales y se tuvieron que encajar en las listas de forma independiente.

Giro de tuerca

En el último año y medio, Podemos no ha acudido a las reuniones de la mesa de partidos de Por Andalucía y se ha mantenido al margen del proceso para reeditar la coalición. Es más, en octubre de 2025 IU y Sumar registraron sin Podemos el partido político Por Andalucía. Así, la mesa de partidos eligió a Antonio Maíllo, líder de IU, como candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía sin oposiciones internas. Por su parte, la dirección nacional de Podemos se mostraba distante y poco interesada en esta nueva confluencia, hasta que su diputado y candidato, Juan Antonio Delgado, ofreció la “mano tendida” y afirmaba que había “tiempo suficiente” para conformar una candidatura unitaria. Tiempo que, como indican las manecillas del reloj, se extingue cada vez más rápido por el fin del periodo legal para presentar las coaliciones este viernes.

En busca de armonizar las relaciones a nivel autonómico, se contó con el beneplácito de Madrid en el tiempo de descuento, ya que Pablo Fernández, secretario de organización, subrayó que no habría condiciones ni que sería un problema la presencia de Movimiento Sumar en la coalición. Esto sucedía el 30 de marzo, apenas nueve días después de que la propia Ione Belarra mantuviera en el lanzamiento de la precampaña con Juan Antonio Delgado que se podría contar con el partido aquellos que quisieran “recuperar una izquierda valiente que no esté plegada al PSOE”.

Estas jornadas de intenso debate también vienen marcadas por la marcha de Inma Nieto, portavoz del Grupo Por Andalucía en el Parlamento, del que ha sido integrante cuatro legislaturas entre los años 2012 y 2026. La diputada se queda “a disposición” del partido, al que ha calificado como un “proyecto sólido” y del que ha destacado la figura de Antonio Maíllo como “un lujo de candidato”. Su paso por la casa del pueblo andaluz ha estado marcado por un perfil dialogante, tanto que, tirando de hemeroteca, se mostraba optimista en la configuración de las listas de 2022, dejando claro en una entrevista a este medio que los “líos internos” estaban “más que superados”. El objetivo era avanzar y disipar las dudas. Cuatro años después, el camino hacia las elecciones parece tener las mismas piedras a esquivar.

El primer socavón se encuentra el próximo 19 de abril. Antonio Maíllo anunció un día después de que los morados se decidieran a entrar en las negociaciones la organización de un acto en Sevilla para construir “una alianza amplia, abierta y democrática para frenar a la derecha y sus recortes”. Por el momento, solo están convocados Izquierda Unida, Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar, sin Podemos. En vista de lo ocurrido en las últimas horas, se desconoce si compartirán escenario en la fecha que se plantea a menos de un mes de la cita electoral.

La unidad entre IU, Podemos y Movimiento Sumar de cara a las próximas elecciones autonómicas en Andalucía, que hace tan solo una semana parecía impensable, hoy por hoy es una posibilidad real. Este jueves está teniendo lugar una reunión entre los morados y los partidos que componen la coalición Por Andalucía (además de IU y Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz) para decidir si los de Ione Belarra se integran en esa alianza. El plazo legal para registrar las coaliciones termina el viernes a las 23.59 horas, pero fuentes de ambos lados de la mesa están convencidas de que es imprescindible llegar a ese día con la coalición registrada para evitar nervios de última hora y que se repita el sainete que se vivió hace cuatro años.

En el encuentro de este jueves están presentes, además de Podemos, los tres partidos que ahora mismo componen Por Andalucía, aunque quien lleva la voz cantante de esa alianza es IU, la formación con mayor implante territorial —de lejos— de la izquierda alternativa en la comunidad. Su hegemonía en las listas no se discute, y tampoco que el candidato de la coalición será el líder de la federación, Antonio Maíllo. Podemos, que está intentando apuntarse a última hora y tras un viraje de 180 grados a una alianza que lleva meses ya negociada y acordada por el resto de los actores, ha dejado claro públicamente que acepta tanto a Maíllo como compartir listas con Movimiento Sumar, un extremo este último que, hasta hace apenas una semana, era una línea roja para los de Belarra.

Tras su apresurado volantazo, que llega después de dos severos batazos electorales en Aragón y Castilla y León, Podemos ha corrido para llegar al jueves con los deberes estatutarios hechos. La formación morada ha celebrado entre el martes y el miércoles una consulta pública para obtener el aval de sus bases a negociar la confluencia con IU y Sumar. El apoyo a esa opción ha sido abrumador: el 81,4% de los militantes que votaron lo hicieron por esta opción, y solo un 12% se opusieron. La participación fue bastante elevada: 5.710 inscritos ejercieron su derecho a voto, por tan solo 3.573 que lo hicieron para elegir como candidato a Juan Antonio Delgado hace unos meses. Se trata de una alegría para la formación, que interpreta que ese número de votos le da fuerza de cara al jueves.

No obstante, el calendario es tan apretado que hay poco margen para que las conversaciones se alarguen, especialmente si se quiere evitar llegar al viernes con el asunto sin cerrar. Varias de las fuentes consultadas confían en que la negociación será corta, y sostienen que IU hará una oferta y esperará un sí o un no de Podemos, sin que se abra en canal una coalición que hasta hace unos días estaba ya cerrada. El problema es que Por Andalucía no cuenta con unas perspectivas electorales muy buenas y que los puestos de salida (los que, salvo debacle, obtendrán escaño con seguridad) son pocos, y con la entrada de los morados estarán aún más cotizados. Además, Podemos, IU, Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz tendrán que rediseñar el reparto de los recursos económicos de la coalición, un asunto siempre peliagudo.

Una relación llena de vaivenes

El camino hasta llegar a la negociación de este jueves no ha sido sencillo. El giro de guion que llevó a cabo Podemos la semana pasada no estaba en las quinielas, y desde hacía semanas lo previsto era que los morados e IU concurrieran en listas separadas a las elecciones del 17 de mayo. Hubiera sido el punto culminante de un desencuentro que comenzó a labrarse hace muchos meses, cuando los choques entre Podemos e IU a escala estatal comenzaron a torpedear la relación cordial y fluida que habían logrado ambas organizaciones en Andalucía.

Al compartir grupo en el Parlamento autonómico durante la última legislatura, ambos partidos lograron limar las asperezas y alcanzar una cierta estabilidad tras las complicadas negociaciones para conformar Por Andalucía en 2022. Y no era fácil, puesto que aquellas conversaciones derivaron en un sainete que terminó con Podemos fuera de la alianza a efectos jurídicos, lo que obligó a hacer encaje de bolillos para garantizar que los morados estuvieran integrados políticamente en la coalición.

En el ecuador de la pasada legislatura, no obstante, esas rencillas parecían haber quedado relativamente superadas, tanto que una de las tres diputadas de Podemos en Por Andalucía, Alejandra Durán, fue elegida portavoz adjunta del grupo parlamentario a finales de 2024. Mientras en Madrid los puentes entre los morados, por un lado, e IU y Sumar, por el otro, estaban completamente dinamitados, a nivel autonómico la relación comenzaba a engrasarse. E incluso la líder de la coalición en el Parlamento de Andalucía, Inma Nieto, aseguraba en septiembre de 2024 que la alianza entre su partido (IU) y Podemos en Andalucía era perfectamente “extrapolable” al resto de España. 

Tras un nacimiento muy accidentado y muchos vaivenes, Por Andalucía se había convertido en la aldea gala que resistía al terremoto que asolaba al espacio político a la izquierda del PSOE. Pero las cosas comenzaron a torcerse entre finales de 2024 y principios de 2025, justamente cuando desde IU comenzó a alentarse la reedición de la alianza para las siguientes elecciones andaluzas, las que finalmente van a tener lugar el próximo 17 de mayo. Los recelos ante esta idea no procedían tanto de la dirección andaluza de Podemos —en diciembre de 2024 se eligió secretaria general a Raquel Martínez, partidaria de explorar la confluencia— como de la estatal, dirigida por Ione Belarra, a la que nunca le gustó la idea de un pacto en el que estuviera presente Sumar.

El contexto por entonces también favorecía la visión de Belarra y los suyos, que siempre han tenido como objetivo prioritario las elecciones generales y cuya meta, en última instancia, era —y es— volver a liderar el espacio de la izquierda alternativa. Por aquel entonces, finales de 2024, Sumar parecía enormemente debilitado: la coalición (en la que estaban presentes, IU, los Comuns, Más Madrid, Compromís o Chunta, además de Movimiento Sumar) venía de sacar un pobre 4,7% en las elecciones europeas de junio. Podemos quedó por detrás en esos comicios con un 3,3% de los votos, pero la dirección morada interpretó que ese resultado, yendo en solitario, revelaba que Podemos seguía siendo el partido más grande del espacio y que Sumar estaba muy tocado.

Ese impulso de las europeas no se tradujo en un cambio radical en las encuestas: los morados no subieron de manera fulgurante y los de Yolanda Díaz lograron frenar su caída, aunque no recuperar los apoyos perdidos. Pero la dirección estatal de Podemos mantuvo su estrategia y, en mayo de 2025, fue la propia Belarra quien la verbalizó públicamente: “Quien tiene que tomar una decisión” sobre las eventuales candidaturas de unidad a la izquierda del PSOE, dijo, “no es Podemos, son las fuerzas que forman parte del gobierno de la guerra y empujan un régimen de guerra”. Traducido: IU debía elegir o bien mantener su alianza con Sumar y su presencia en el Gobierno, o bien un camino junto a Podemos rompiendo con el Ejecutivo y con Díaz.

Por entonces, las grietas en la relación ya eran evidentes y las dificultades para reeditar Por Andalucía, cada vez más patentes, pese a que la dirección andaluza de Podemos sí mostraba disposición a mantenerse en la coalición incluso con Sumar dentro. De hecho, para presionar a los morados, el líder de IU, Antonio Maíllo, exigió a Belarra ese mismo mayo de 2025 que no interfiriese en las negociaciones andaluzas desde Madrid. “Nadie cuestiona en Catalunya o en el País Vasco que las organizaciones de izquierdas se organicen de manera autónoma, y yo pido que a Andalucía se le deje trabajar”, espetó Maíllo.

Meses de negociaciones sin Podemos

La situación, sin embargo, continuó encallada e IU, Sumar y el pequeño partido Iniciativa del Pueblo Andaluz (IPA) fueron avanzando poco a poco en las negociaciones para reeditar Por Andalucía, unas conversaciones en las que no participó Podemos por decisión de su dirección estatal. El 1 de julio del año pasado, estas tres formaciones lanzaron un comunicado anunciando el “pistoletazo de salida” de este proceso de construcción de la nueva alianza, y aseguraron entonces que mantenían “la mano tendida” a Podemos, pero también que no tenían intención de dejar las negociaciones para el último minuto.

Este paso adelante de IU y Sumar provocó que se recrudecieran las diferencias entre las direcciones estatal y andaluza de los morados. Tanto que un mes después, en agosto, la secretaria general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, mostró su apoyo a un manifiesto promovido por referentes sociales progresistas andaluces —entre ellos el histórico dirigente sindical y jornalero Diego Cañamero, exdiputado de Podemos— en favor de la unidad. “Es la hora de aparcar los puntos y comas que nos dividen, es la hora de acordar lo importante y dejar a un lado lo secundario”, pedía ese escrito.

Pero tampoco eso sirvió para mover las posiciones. Y, ante la negativa de Podemos a entrar en las negociaciones, en noviembre los partidos de Por Andalucía eligieron al líder de IU, Antonio Maíllo, como su candidato a las elecciones andaluzas. Desde entonces, y ante la posibilidad de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, adelantara las elecciones, Maíllo ha estado haciendo precampaña y los partidos pisaron el acelerador para intentar cerrar las negociaciones lo antes posible. En enero de este año, IU, Sumar e IPA pactaron incluso el reparto de los cabezas de lista en cada una de las ocho provincias de Andalucía.

Parecía entonces que el escenario estaba muy claro y que habría tres listas a la izquierda del PSOE: la de Por Andalucía, la de Podemos y la de Adelante, la formación andalucista, que dejó claro desde el primer momento que quería presentarse en solitario. Pero entonces llegaron las elecciones en Aragón y Castilla y León y los morados experimentaron dos importantes batacazos electorales que hicieron saltar las alarmas entre sus dirigentes. En ninguna de las dos citas Podemos logró alcanzar siquiera el 1% de los votos. Y, tras el segundo de esos dos desplomes, el secretario de Organización morado, Pablo Fernández, anunció una “reflexión” que días más tarde acabó traduciéndose en el giro de 180 grados por el cual los morados ahora tratan de integrarse en la lista de Por Andalucía. El desenlace, si no hay sorpresas, se decidirá este jueves.

La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha respaldado este miércoles las intenciones del diputado de ERC, Gabriel Rufián, de articular un frente político de izquierdas al margen del PSOE de cara a las elecciones generales. Para ello, ha respondido también a Oriol Junqueras, el líder de los republicanos, que cierra la puerta a esta opción e incluso llegó a afirmar recientemente que él fue a la cárcel “por Catalunya, no para que Colau sea diputada en una lista de Esquerra”. 

Colau ha lamentado lo que considera una mención “gratuita” hacia ella, puesto que no tiene intención de concurrir en unas listas electorales. “No soy candidata a nada, no tengo ningún cargo institucional”, ha expresado en Els Matins de TV3. Y ha calificado de “mansplaining” las palabras de Junqueras: “Si quiero ser diputada, puedo presentarme con mi fuerza política, no necesito que Oriol Junqueras me bendiga”. 

No es la primera vez que Colau apoya la iniciativa de crear un frente amplio y plurinacional de izquierdas, un proyecto que en los Comuns ven con buenos ojos, pero que en ERC ha causado malestar debido a que parte de sus bases no lo entiende y temen que les haga perder votos. Rufián lanzó la idea en un acto con el diputado de Más Madrid Emilio Delgado, y seguirá con esa campaña en otra intervención el 9 de abril, esta vez en Barcelona y junto con la número 2 de Podemos, Irene Montero. 

Colau no podrá acudir al acto, ha precisado, pero lo respalda. De esta forma, ha animado a “cualquiera que pueda contribuir desde la izquierda a que haya el máximo diálogo y acuerdo posible, para que haya un frente amplio e ilusionante con toda la ambición”. “Hay que buscar los objetivos comunes y no los que nos separan, en un contexto en el que la extrema derecha podría gobernar España, y eso significaría un retroceso de derechos y de libertades que la ciudadanía no nos perdonaría”, ha afirmado. 

En cuanto a la relación entre Comuns y ERC, ha reconocido que ha pasado “momentos díficiles”, con “errores por todos lados”. Pero ha añadido que el diálogo se mantiene para que haya “candidaturas lo más amplias y coordinadas posible, más allá de la declinación territorial que pueda haber, con unas siglas u otras”. 

El Parlamento Vasco ha dado el antepenúltimo paso para aprobar, a la cuarta, una ley de transparencia. La Cámara, este miércoles, ha cerrado la redacción definitiva del articulado, con la introducción de una treintena de cambios con respecto a la propuesta inicial del Gobierno de Imanol Pradales. Por ejemplo, PNV y PSE-EE han acordado con Sumar que la nueva agencia Gardena no tenga una presidencia de designación política sino que opere de un modo similar a otros órganos de control como el Ararteko, con control parlamentario y mayorías reforzadas. También ha habido un par de ajustes pactados con el PP. EH Bildu, por el contrario, no ha alcanzado ninguna transacción con los partidos del Ejecutivo y, aunque algunas de sus medidas sí estarán, adelanta ya que no apoyará la ley cuando pase a comisión, el penúltimo paso, y a pleno, el momento final de su promulgación.

Euskadi es la única comunidad autónoma sin normativa propia de transparencia, de modo que se opera con la legislación estatal. La actual es la cuarta legislatura en la que se tramita una propuesta. Por diferentes circunstancias, en los tres mandatos de Iñigo Urkullu nunca se cumplió ese compromiso lanzado allá por 2012, pero ahora sí se podrá aprobar. De hecho, la previsión es que el pleno definitivo pueda celebrarse antes del parón vacacional de verano, es decir, en este período de sesiones. El texto pasará ahora a comisión el 22 de abril y seguramente ya en mayo pueda quedar resuelto, indican fuentes parlamentarias.

La sesión legislativa de este miércoles, que sigue a una que ya tuvo lugar este viernes, era decisiva para perfilar el articulado. Se han discutido las enmiendas presentadas por los partidos. Como adelantó este periódico, los propios PNV y PSE-EE habían accedido ya a once cambios, incluido uno de cierta relevancia para forzar a la Administración a hacer público trimestralmente un informe con los contratos menores, los que se adjudican sin concurso por ser de pequeña cuantía. El PP también lo demandaba.

La novedad más relevante de este trámite, en todo caso, es que Sumar ha forzado, con un escaño, a que PNV y PSE-EE accedan a dar más “independencia” a la nueva autoridad vasca de la transparencia, de nombre Gardena. “A pesar de que estamos ante una mala ley, hemos evitado que la autoridad la elija 'a dedo' el Gobierno vasco”, ha señalado el portavoz de la coalición de izquierdas, Jon Hernández. Era “inaceptable” que el Ejecutivo pretendiese “controlar” un órgano de fiscalización externo. La fórmula escogida hará que el titular de ese puesto sea elegido por el Parlamento con una mayoría de tres quintos -ahora mismo los partidos del Gobierno precisarían de un tercer partido- y “tras un proceso público, transparente y basado en criterios de mérito, capacidad e independencia, con comparecencias ante la comisión competente”, según se congratula Sumar. La formación, sin embargo, no ha acudido este miércoles al Parlamento.

También PNV y PSE-EE han destacado de modo “especial” este acuerdo con Sumar. “Se refuerzan así los mecanismos de control democrático”, sostienen. Desde el PNV, Xabier Barandiaran ha puesto en valor la “política útil desde el acuerdo” y que la redacción final tenga aportacones de “todos” los partidos. Según el socialista Pau Blasi, Euskadi tendrá con la ley “una Administración más abierta, inteligente y transparente, que rinda cuentas de su gestión” y abierta a la participación de la ciudadanía y al “empoderamiento ciudadano”.

Por el contrario, EH Bildu ha reporechado a nacionalistas y socialistas “falta de voluntad para mejorar” el texto inicial del Ejecutivo. La formación abertzale indican que PNV y PSE-EE han tumbado la “inmensa mayoría” de las propuestas que habían lanzado, 127 en total. “No significará un avance cualitativo de cara a reforzar la transparencia en las políticas públicas y en la gestión de las administraciones”, entiende Lamia Arcas, que avisa que la norma orilla fenómenos candentes como la inteligencia artificial o los algoritmos.

El próximo día 19 de abril los partidos de Sumar Más Madrid, Comuns, Movimiento Sumar e Izquierda Unida celebrarán en Sevilla un nuevo encuentro de ‘Un paso al frente’, que continúa al realizado ya en Madrid en febrero. El anuncio se produce a pocos días de que se cierre el plazo para registrar las coaliciones que se presentarán a las elecciones andaluzas del 17 de mayo —algo que ocurrirá el viernes—, y sin haber resuelto la incógnita de si IU y Podemos concurrirán juntos o por separado a esos comicios.

Según han explicado fuentes de los cuatro partidos, la idea es dar “un paso más en la construcción iniciada de una alianza común, compartida y abierta de cara a las próximas elecciones generales, haciendo coincidir además este acto en tiempo y lugar con la precampaña de las elecciones autonómicas de Andalucía, que decidieron convocar hace apenas una semana pero para las que el espacio a la izquierda del PSOE lleva tiempo haciendo precampaña.

En su comunicado conjunto, estos partidos señalan que el lema de su convocatoria sigue siendo ‘Un paso al frente’, el mismo que estas formaciones dan también para apoyar la coalición ‘Por Andalucía’, “la mejor forma de plantar cara a la nefasta gestión llevada a cabo por la derecha de Juanma Moreno Bonilla en ese territorio estos últimos cuatro años y a las intenciones de la extrema derecha de hacer caer al PP una vez más en sus chantajes, como ocurre en otras comunidades a pesar de que el partido de Alberto Núñez Feijóo sigue presumiendo de victorias electorales”.

“Por nuestra parte seguimos así el trabajo emprendido hace meses para tejer un espacio más democrático, sólido y cumplir nuestro empeño de cerrar las puertas a todas aquellas políticas conservadoras que resten derechos a la mayoría social de cualquier territorio y a nivel estatal. Por eso también, volvemos a invitar a que asistan a todas las fuerzas políticas de la izquierda plurinacional y transformadora del Estado. Nuestras manos nunca han dejado de estar tendidas para el diálogo y la cooperación, respetando los tiempos y necesidades de cada organización”, señalan.

Asimismo, los cuatro partidos señalan que “hacer frente a la grave involución que persiguen las fuerzas reaccionarias en derechos tan importantes como sanidad, educación o vivienda requiere del mayor y más amplio esfuerzo posible”. “Por eso, al igual que en el acto de Madrid, queremos volver a sentir la presencia cercana de referentes de la cultura, sindicatos y movimientos sociales, que son la mejor compañía para seguir dando respuestas a las exigencias que nos demanda la sociedad”, concluyen.

El acto fue anunciado a apenas cuatro días de que termine el plazo para registrar coaliciones para presentarse a las elecciones del 17 de mayo, y sin que se haya resuelto la incógnita que ha aparecido por sorpresa en la última semana: la posible confluencia de última hora entre IU y Podemos para concurrir unidos a los comicios. Los morados, tras más de un año rechazándolo, se han abierto ahora a participar de la alianza Por Andalucía incluso si Movimiento Sumar forma parte de ella. No obstante, por el momento IU guarda silencio y no ha respondido a la oferta.

Pedro Sánchez volvió a demostrar esta semana que el ruido de sus socios e incluso algunos recelos en sus propias filas están muy lejos de poder influir en su toma de decisiones. El presidente resolvió la salida de María Jesús Montero con dos movimientos quirúrgicos y no con una crisis de Gobierno en profundidad. El Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ostentará desde ahora la responsabilidad de vicepresidente primero. Y la cartera de Hacienda recae en manos del valenciano Arcadi España, una persona con experiencia en la gestión de la política fiscal y de la confianza de su predecesora. Aunque España no estaba en las quinielas, es mayor el impacto político del ascenso de Cuerpo, una elección que genera suspicacia en algunos en el PSOE y que llega justo después de que Sumar lo elija como foco de conflicto en su estrategia por marcar algo de perfil propio en el Ejecutivo.

“Mi más sincera enhorabuena a Carlos Cuerpo por esta nueva responsabilidad en la vicepresidencia primera”, publicó en sus redes sociales la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, tras el anuncio del presidente. 48 horas antes, la también ministra de Trabajo había acusado directamente al titular de Economía de ponerse “del lado de las patronales que incumplen las horas extras de nuestro país”. Hace unos meses, en plena negociación interna de la reducción de jornada, Díaz llegó a calificar como “de mala persona” oponerse a que la gente trabaje menos, en referencia clara a su compañero en el Gobierno.

Y es que, aunque ese choque se haya recrudecido en los últimos días, viene de lejos. Desde la pasada legislatura, Díaz ha tenido a los diferentes ministros de Economía como sus némesis: primero, a Nadia Calviño y, desde que esta salió del Gobierno para asumir la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI), a su sucesor, Carlos Cuerpo. Y ese choque se ha dejado notar en diferentes asuntos: desde la negociación de la reforma laboral, en cuya recta final Calviño trató de interferir para descafeinar la ley, hasta la mencionada y fallida reducción de la jornada de trabajo, donde Díaz y Cuerpo tuvieron sus más y sus menos públicamente por el intento del ahora vicepresidente de retrasar la tramitación de la propuesta.

Tras unos meses de calma, la última crisis entre ambos dirigentes ha tenido lugar esta semana a raíz de lo que, para Sumar, son maniobras de Cuerpo para “torpedear” el reglamento para reforzar el control horario de los trabajadores y evitar las horas extra impagadas, un texto que Trabajo lleva meses preparando. Fuentes del Ministerio afirman que el nuevo vicepresidente ha intentado boicotear, vía Consejo de Estado, la puesta en marcha de ese reglamento. Pero también aseguran que van a mantener el pulso y que tienen intención de hacer únicamente cambios mínimos para sortear las dudas jurídicas que pueda generar su propuesta: en ningún caso, prometen, incluirán las modificaciones que exige Cuerpo, como un plazo mayor para que las pymes apliquen la norma.

Ese conflicto se suma a la decisión de Sumar de endurecer el tono con el PSOE en relación a la vivienda después de que el pulso que echaron la semana pasada a los socialistas les saliera relativamente bien. Los de Díaz consiguieron que Sánchez aceptase aprobar la prórroga de los contratos de alquiler tras negarse a entrar en el Consejo de Ministros y retrasar su comienzo, aunque esa medida se desgajó del resto y tanto el PSOE como Sumar saben que tiene muy pocas opciones de que sea convalidada en el Congreso. Pese a ello, durante esta semana Díaz y los suyos han presumido de haber torcido el brazo a Sánchez y le han presionado públicamente para tomar más medidas en materia de vivienda.

No obstante, y a pesar de los roces de las últimas semanas, fuentes de diferentes familias de la coalición Sumar quitan hierro al enfrentamiento entre Cuerpo y Díaz. Y algunos dirigentes, incluso, deslizan que la propia vicepresidenta ha cargado las tintas públicamente contra el titular de Economía con el objetivo de marcar territorio ante él y, asimismo, para reforzar su propio perfil confrontando con el representante de la doctrina económica más “ortodoxa” dentro del Gobierno, en palabras de la propia Díaz.

De hecho, la mayor parte de las fuentes consultadas de los diferentes partidos que conforman Sumar están de acuerdo en que el nombramiento de Cuerpo no va a complicar el entendimiento entre las dos alas del Gobierno, aunque tampoco facilite asuntos que ya eran muy complicados de gestionar para la coalición, como la vivienda. Y varios de los dirigentes del espacio que comanda Yolanda Díaz coinciden en señalar que al titular de Presidencia, Félix Bolaños, como el ministro que verdaderamente seguirá moviendo los hilos de las relaciones entre las dos almas del Ejecutivo y que retendrá un enorme mando en plaza, aunque nominalmente estará por debajo del nuevo vicepresidente.

Es más: varias de las fuentes de Sumar consultadas coinciden en que el ascenso de Cuerpo y la sustitución de María Jesús Montero por Arcadi España en el Ministerio de Hacienda, aunque reordene las piezas, no va a suponer un giro brusco en materia económica, ni en una dirección ni en otra. Y eso es así porque, aunque los ministros tienen mucho poder y capacidad de negociación, al final la dirección de la política económica corresponde a Sánchez, y es con él con quien Díaz ha tenido que negociar, en última instancia, el desbloqueo de algunas de las crisis entre PSOE y Sumar de los últimos años. Incluida, por ejemplo, la del Consejo de Ministros que aprobó los decretos de medidas por la guerra de Irán.

El ascenso de Cuerpo

Desde la Moncloa trasladan que la elección de Cuerpo responde una lógica del presidente del Gobierno por poner el foco en la gestión y por reivindicar el estado de salud de la economía española, un tema tabú en el discurso de la oposición desde que se vinieron abajo los vaticinios de recesión lanzados por Feijóo tras su aterrizaje en la política nacional. “Carlos Cuerpo es uno de los economistas y servidores públicos más brillantes de nuestro país. Está haciendo un trabajo excepcional al frente del ministerio de economía y será también un fantástico vicepresidente”, dijo Sánchez durante su comparecencia del jueves.

Funcionario de carrera, economista de prestigio en lo académico, con dilatada experiencia internacional y con una interacción fluida con la élite empresarial del país, Carlos Cuerpo ha hecho gala desde su incorporación al Consejo de Ministros en diciembre de 2023 de un discurso y un talante de moderación y templanza al que la propia oposición admite que cuesta hincarle el diente. Por eso, y por el balance de gestión económica del Ejecutivo, interpretan en el Gobierno que su ascenso es precisamente una dificultad añadida para la estrategia de confrontación permanente que despliega la derecha, con quien incluso Cuerpo mantiene abiertas habituales vías de diálogo.

La percepción entre algunas voces de referencia en el PSOE, no obstante, es que la salida de una persona como María Jesús Montero del Consejo de Ministros requería la elección de un perfil más político para un puesto de tanta responsabilidad y exposición como es la vicepresidencia primera del Gobierno y en un momento de inicio del ciclo electoral. Esa corriente de opinión entre los socialistas asiste ahora con cierta inquietud al ascenso fulgurante de un hombre al que algunos de sus críticos señalan como “más liberal que progresista” y como “más técnico que político”. Opiniones, reacciones o análisis múltiples y variados sin permeabilidad alguna en las decisiones del presidente.

El Parlamento Vasco ha dado inicio finalmente este jueves a la tramitación de la reforma de la ley de Juventud de 2022 para intentar reforzar los controles en los campamentos en los que participen menores a la luz de la veintena de denuncias de presunta violencia sexual en los organizados en la localidad alavesa de Bernedo por la entidad Euskal Udalekuak. Se realizará por la vía de urgencia, con el ánimo de que las medidas entren en vigor en junio, según fuentes parlamentarias. Este mismo jueves se va a celebrar una Mesa para abrir ya el período de comparecencias de expertos y adelantar lo máximo posible el inicio del plazo de enmiendas, que será de solamente una semana, según estas mismas fuentes.

La iniciativa es de PNV y PSE-EE. EH Bildu también ha apoyado la toma en consideración, al igual que Sumar. El PP se ha abstenido y Vox ha sido la única formación en oponerse. La ley se reformará por la vía de urgencia, que acorta a la mitad los trámites ordinarios, pero no por el procedimiento aún más rápido, el de “lectura única”, como pretendían los partidos del Gobierno vasco. Para ello, podía haber optado por registrar la iniciativa como “proyecto de ley”, como le permite el reglamento. Pero se hizo como “proposición de ley”, para lo que se requiere unanimidad en la Mesa, sin ser suficiente la mayoría absoluta. Y EH Bildu, el único partido de la oposición representado en el órgano que dirige la Cámara, se opuso. El PNV ha insistido en las críticas a la coalición abertzale por “retrasar” la ley, pero Nerea Kortajarena, desde la bancada de EH Bildu, ha sido muy crítica. “La unanimidad no es un estado de gracia. Es el fruto del diálogo y la negociación”, ha avisado.

La cronología indica que la ley urgente -para que esté promulgada antes de la ya publicitada nueva edición de las colonias- se registró el 20 de febrero. Las denuncias sobre el campamento de Bernedo se conocieron en septiembre de 2025. De hecho, la Fiscalía lamentó que existiera una investigación de la Ertzaintza y de un juzgado de Vitoria desde la primavera anterior y que se volvieran a celebrar las actividades Euskal Udalekuak con normalidad el pasado verano. Un pequeño retraso en la presentación del preceptivo informe del Gobierno al texto de PNV y PSE-EE, como adelantó este periódico, impidió que esta tramitación se pudiera iniciar el 12 de marzo, cuando se celebró el anterior pleno. La ley llega al Parlamento en una temporada de baja actividad por la sucesión de puentes y parones vacacionales. Serán seis semanas sin sesiones de control después de haber retomado en febrero la actividad después de Navidad; y el próximo pleno ordinario no llegará hasta el 16 de abril.

El representante del PNV Ander Añibarro, exdirector de Juventud del Gobierno vasco, ha insistido en culpar a EH Bildu de los retrasos de la tramitación. “Con los menores no se juega”, ha llegado a decir, insistiendo en que era precisa la “lectura única”. “Un grupo parlamentario decidió impedir esa tramitación. ¿Por qué hicieron eso? La ciudadanía tiene derecho a conocer esas razones”, ha clamado desde la tribuna. “La respuesta legislativa no puede demorarse”, ha señalado, igualmente, el portavoz del PNV.

Kortajarena ha replicado -aunque la presidenta Bakartxo Tejeria le ha recordado que su turno era solamente de “explicación de voto” y no de debate con los otros partidos- que EH Bildu ve como una “prioridad” la defensa de los derechos de los menores, pero ha remarcado que el Gobierno lanza una reforma de una ley de 2022 incluso antes de haber aprobado los reglamentos para desarrollar el texto original. Es más, cuando se inició la discusión política sobre los retrasos en esta tramitación, la consejera del ramo, Nerea Melgosa (PNV), terció garantizando que aprobaría por decreto los controles adicionales para Bernedo. La semana pasada se activó ya la tramitación de ese decreto, según se informó. La consejera Melgosa no ha estado presente este jueves en el Parlamento.

Añibarro y la socialista Itxaso Asensio han explicado los cambios legislativos que se pretenden. Los principales pasan por cambiar la “comunicación” de la celebración de una colonia por una “declaración responsable”, así como por exiger “certificaciones negativas” de antecedentes de delitos sexuales para trabajar con menores y endurecer las sanciones. “Que las familias estén tranquilas”, ha señalado Asensio, que ha añadido que la ley busca “reforzar la función inspectora” igualmente.

El PP, como ya había adelantado, ha criticado la iniciativa al entender que el ordenamiento jurídico vigente en España ya permite actuar en ámbitos como los certificados para quienes desarrollan actividades con niños y adolescentes. Laura Garrido ha considerado que ya el pasado año “no se actuó aun teniendo herramientas”. Garrido ha anunciado enmiendas para “mejorar” la propuesta de PNV y PSE-EE. Sumar, por su parte, se ha dicho partidario de tramitar la reforma, pero no de los procedimientos con los que se quiere hacer. “El Parlamento debería tener derecho a debatir mejor”, ha señalado Jon Hernández, que ha cuestionado también las reformas legislativas 'ad hoc' pensadas para responder a “hechos concretos”. Vox, que está personado en la causa judicial por las denuncias de Bernedo, ha indicado que si una ley de 2022 se quiere retocar en 2026 es porque “nació coja” en lo tocante a “protección de los menores”.

Euskal Udalekuak prepara ya una nueva edición de los campamentos de Bernedo. También tiene actividades en dos localidades de Navarra. El pasado año, varios centenares de familias de usuarios lanzaron un mensaje de apoyo a la entidad frente a la cascada de denuncias de violencia sexual, que un caso tiene la tipificación inicial de agresión. Este año, personalidades del mundo de la cultura están haciendo vídeos animando a mantener las inscripciones.

Desde hace pocos días está en vigor un real decreto que permite a los inquilinos cuyo contrato de alquiler venza de aquí al final de 2027 prorrogar durante dos años ese contrato. Es uno de los decretos que aprobó el Consejo de Ministros el viernes pasado para luchar contra los efectos económicos y sociales de la guerra en Irán, pero el Gobierno no lo ha llevado al Congreso para que hoy se vote junto al resto de medidas de choque. Y lo excluye, dice el PSOE, para evitar que las derechas se lo tumben. Así que el Ejecutivo prevé apurar el plazo legal de 30 días para llevarlo al Congreso a una derrota que dan por segura. Ese es el tiempo que tienen los inquilinos para acogerse a esta medida.

Hablamos con Alba Nogueira, catedrática de Derecho Administrativo en la Universidad de Santiago de Compostela para despejar la maraña legal de una oportunidad que de repente se abre para millones de personas. Con José Enrique Monrosi, periodista de elDiario.es que sigue la actualidad del Consejo de Ministros, analizamos la dimensión política de toda esta situación. 

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La convocatoria de las elecciones andaluzas para el 17 de mayo anunciada por Juan Manuel Moreno, antes de lo previsto, supondrá el cierre del miniciclo electoral abierto el pasado mes de diciembre y con los gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León en el aire por la falta de entendimiento de PP y Vox, que mantienen abierta su negociación, al PSOE con María Jesús Montero todavía más pendiente de Madrid que de Sevilla y a la izquierda dividida en tres candidaturas con pocos visos de entenderse.

Moreno busca maximizar la participación en unas elecciones que se le presentan complicadas cuando su objetivo declarado es el de revalidar la mayoría absoluta que logró en 2022 gracias a llevarse los últimos diputados en algunas provincias solo por un puñado de votos. Su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, también le exige que iguale un éxito difícil de repetir.

“Todo parece indicar que el PP va a ganar las elecciones y la discusión es si las va a ganar o no con mayoría absoluta”, reconoció este martes Feijóo en una entrevista en Antena 3. El líder del PP admitió que es “difícil” que Moreno lo consiga. La experiencia de los últimos comicios les obliga a la prudencia: María Guardiola, Jorge Azcón y Alfonso Fernández Mañueco quedaron lejos, y los dos primeros perdieron incluso votos sobre la anterior cita electoral.

Vox logró en las tres comunidades un aumento de sus apoyos, y en Castilla y León rozó el 19% del voto. En Andalucía, aún sin candidato, las encuestas anticipan un resultado similar. Por eso, Moreno dijo este martes en Onda Cero que no deben “estar obsesionados” con el partido de Santiago Abascal, que marca de forma constante el camino discursivo al PP.

“Cuanto menos hablemos de Vox, mejor”, dijo Moreno, quien ha anticipado que pedirá el voto para evitar que Andalucía caiga en el “bloqueo” que sufren sus compañeros. 

La semana pasada, Feijóo planteó este mes de marzo como fecha límite para que Vox acordara con el PP en las tres comunidades pendientes, pero nada apunta a que se vaya a cumplir su petición.

El líder del PP reveló este martes que ambos partidos se reunirán de manera “formal” esta misma semana en Extremadura para intentar avanzar en un acuerdo. En Aragón, Azcón ha asumido que las elecciones andaluzas sí pueden influir en sus negociaciones. En un acto informativo este martes, recordó que la fecha límite para un acuerdo es “el 3 de mayo, y sería deseable que sirvan para adelantar los acuerdos de Aragón y Extremadura”. Lo cual es tanto como admitir que puede tener el efecto contrario. En cuanto a Castilla y León, los plazos son otros porque los comicios acaban de celebrarse y, de momento, ni siquiera se han constituido las Cortes.

El PSOE, frente a los peores presagios

En el PSOE, mientras, se afanan en el desembarco definitivo en Andalucía de María Jesús Montero, que este martes asistió a su último Consejo de Ministros como vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda. Aunque Montero ha compaginado estos últimos meses su agenda ministerial con la de candidata, en su día tomó la decisión de apurar los plazos para abandonar su trabajo en el Ejecutivo, algo que está previsto que sea oficial antes de que finalice la semana. 

No le otorgan mucha relevancia en las filas socialistas al impacto de la fecha elegida por Juan Manuel Moreno, el 17 de mayo, para unos comicios que también se podría haber llevado al mes de junio. Pero la propia candidata socialista aseguró en una comparecencia en Sevilla este martes que ella sí atisba la intencionalidad de que no prenda el ambiente electoral en la ciudadanía. 

“Moreno Bonilla no quiere ambiente electoral ni de campaña, porque sabe que eso le perjudica. Por eso ha puesto esa fecha, en mitad de las fiestas de primavera”, dijo Montero, que llegó a insistir en que su partido experimenta un “repunte” que hace temer al PP. “Moreno Bonilla ha adelantado las elecciones porque sabe del repunte del PSOE y del desgaste de su gestión” apuntó. 

El gran reto en las filas del PSOE de Andalucía, antaño un garante de éxitos electorales para la calle Ferraz, es conseguir activar al partido y al electorado progresista en tiempo récord para voltear unas encuestas que pronostican el peor de los resultados posibles. Los últimos sondeos internos señalan la posibilidad, incluso, de que la candidatura de María Jesús Montero obtenga peores números que la de Juan Espadas hace cuatro años. Y el riesgo cierto, por tanto, de cosechar el suelo electoral de los socialistas en una tierra que era bastión hasta hace apenas dos legislaturas. 

El guion trazado pasa por poner toda la maquinaria electoral al servicio de la gran causa de la sanidad pública, el auténtico agujero negro de gestión de la era Juanma Moreno, con el escándalo de los cribados de cáncer de mama como principal argumento. “En estas elecciones nos va la vida, nos va la salud de los andaluces. No son unas elecciones más, son un referéndum sobre la sanidad pública”, clamó Montero. 

Mientras, en Moncloa y en Ferraz miran con recelo la cita del 17 de mayo. Persona de la máxima confianza de Pedro Sánchez y una de las pocas ministras que ha permanecido a su lado desde que fue investido presidente, un batacazo de María Jesús Montero implicaría en gran medida un duro revés para el propio presidente y para el PSOE en su conjunto. Encomendados a la capacidad de reanimación de la fuerte maquinaria socialista andaluza, en el Ejecutivo defienden en cualquier caso como “un activo” el bagaje de Montero como ministra con “una gestión inmejorable” y como “la mejor candidata posible”.

La izquierda alternativa, dividida

A la izquierda del PSOE, por el contrario, el problema no es tanto que la convocatoria electoral haya cogido al espacio en un momento de debilidad política como que parece imposible que vaya a presentarse unido. Ahora mismo, la izquierda alternativa prevé concurrir en tres listas separadas: la de Por Andalucía (la coalición entre IU y Movimiento Sumar, la más fuerte de las tres, aunque no termina de arrancar en las encuestas), la de Adelante Andalucía (la formación de Teresa Rodríguez) y la de Podemos. Y, aunque ni IU ni los morados quieren descartar un acuerdo de última hora para acudir conjuntamente a las elecciones, las fuentes consultadas ven muy complicado que ese pacto termine produciéndose.

Una vez se ha puesto en marcha la cuenta atrás para los comicios, Podemos e IU tienen diez días naturales para intentar reconducir la situación, puesto que será entonces cuando termine el plazo para registrar las coaliciones. Pero ni en público ni en privado los mensajes que trasladan sus dirigentes son demasiado halagüeños. Este martes, el coordinador de IU y candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, dejó en manos de Podemos —que ha elegido como candidato a Juan Antonio Delgado— la decisión de integrarse en su proyecto, que a su juicio es el “único unitario” en la izquierda alternativa. Pero también dejó caer que su organización había esperado sin éxito durante “nueve meses” a que Podemos “respondiera” a su invitación.

Por su parte, la secretaria general morada, Ione Belarra, también evitó cerrar expresamente la puerta a una coalición, pero planteó que su modelo es “el de Extremadura”, que ahora mismo es inasumible para IU. En esas elecciones —celebradas el pasado diciembre—, los de Maíllo aceptaron que Movimiento Sumar quedara fuera de la alianza y que la lista la liderase la candidata de Podemos, Irene de Miguel. En Andalucía, en cambio, IU ya ha cerrado un acuerdo político con el pequeño partido de Yolanda Díaz y no tiene intención de romperlo. Varios pesos pesados de la dirección andaluza de Podemos han defendido públicamente la reconciliación con IU, pero la dirección estatal que lidera Belarra siempre se ha mostrado esquiva ante esa posibilidad. 

Sin embargo, fuentes de la cúpula estatal de Podemos sostienen que, lejos de buscar un pacto, son los de Maíllo quienes están haciendo todo lo posible por torpedear cualquier posibilidad de entendimiento, y afirman que el acuerdo solo se producirá si IU “cambia de actitud”. Para los morados, no obstante, las elecciones andaluzas llegan en un momento muy complicado, tras dos batacazos electorales consecutivos en Aragón y Castilla y León —en ninguna de las dos comunidades llegaron al 1% de los votos— y con malas perspectivas también para la cita de mayo. Las encuestas, de hecho, coinciden en pronosticar que Podemos se quedaría fuera si se presentara en solitario.

Alejada de esta pugna se encuentra Adelante Andalucía, que aspira a recoger una parte del voto desencantado con el resto de la izquierda alternativa. La formación andalucista, que presentará como candidato a José Ignacio García, mantiene un discurso muy crítico con el PSOE y también serias diferencias estratégicas con los demás partidos de su espacio, puesto que rechaza compartir gobiernos con los socialistas. Y su objetivo es intentar ampliar su espacio tras haber obtenido representación la pasada legislatura en el Parlamento de Andalucía por primera vez, después de su traumática ruptura con Podemos e IU.

La reciente decisión de varios gobiernos autonómicos —entre ellos el de Castilla-La Mancha, junto a otras comunidades gobernadas por el Partido Popular— de reactivar la convocatoria del Premio de Tauromaquia, supone un retroceso difícil de justificar. Este galardón, creado como alternativa al Premio Nacional que fue suprimido por el Ministerio de Cultura, pretende otorgar 30.000 euros públicos para ensalzar una práctica que nuestra sociedad cuestiona cada vez más.

Mientras estas comunidades organizan la entrega en el Senado y tratan de envolver la tauromaquia en una imagen de prestigio institucional, la realidad es mucho más simple: no es una prioridad social. Y, sobre todo, no es un destino responsable para el dinero de todos y todas.

Un gasto que no responde a las necesidades reales

En plena crisis de la atención primaria, con listas de espera que desesperan a las familias; con jóvenes que no pueden emanciparse por la falta de vivienda asequible; con aulas saturadas y profesionales educativos exhaustos… resulta incomprensible que se dediquen recursos públicos a celebrar un espectáculo basado en el sufrimiento animal.

Cada euro que se destina a este premio es un euro que no se invierte en sanidad, uno que no va a vivienda pública, uno que no refuerza la educación. No hablamos de simbolismo: hablamos de prioridades presupuestarias que tienen un impacto directo en la vida de la gente.

Una visión cultural que va a contracorriente La tauromaquia no representa hoy a la mayoría social. La sensibilidad hacia el bienestar animal ha cambiado, y España avanza hacia modelos culturales pluralistas, inclusivos y respetuosos. Sin embargo, se insiste en blindar una actividad que divide, que no genera consenso y que se sostiene cada vez más por subvenciones públicas.

Modernizar la política cultural

Premiar la tauromaquia no protege ningún patrimonio: protege intereses económicos y políticos muy concretos. Lo que sí sería proteger el patrimonio común es invertir en bibliotecas, teatros, jóvenes creadores, formación artística, patrimonio histórico, ciencia y cultura accesible.

Otra forma de gobernar es posible

Como co-coordinadora de SUMAR en Castilla-La Mancha, defiendo que la cultura es un derecho, no una excusa. Y que la política cultural debe mirar al futuro, no anclarse en tradiciones que chocan con los valores éticos y sociales de nuestro tiempo.

Por eso les pido al Gobierno de la Junta de Emiliano García Page que dejen de participar en este premio y que redirija esos fondos a lo que verdaderamente importa. Sanidad, vivienda y educación no necesitan más discursos: necesitan inversión real, urgente y valiente. Lo contrario es, sencillamente, fallar a la ciudadanía.