La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), principal exponente de la derecha judicial, se ha adjudicado 59 de las 158 las plazas -un 37%- asignadas en los principales tribunales por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en estos dos primeros años de mandato. Juezas y Jueces para la Democracia, progresista y tercera en número de asociados, ha situado a 28 de sus miembros (18%). La Asociación Francisco de Vitoria, segunda en número de afiliados, ha accedido únicamente a 12 (8%). Y Foro Judicial Independiente, cuarta en representación, a cinco (apenas un 3%). Los jueces no asociados, que son casi la mitad de la carrera, se han hecho con solo 42 plazas (27%).

El CGPJ inició su mandato hace dos años con el reto de renovar más de un centenar de plazas de las cúpulas de los tribunales tras casi un lustro de bloqueo del Partido Popular al vetar la renovación. Después de casi tres décadas de presidentes conservadores, la renovación pactada en el verano de 2024 con una limitada mayoría progresista abría la puerta a un reequilibrio en la correlación de fuerzas en las cúpulas de los tribunales a favor de la izquierda.

Sin embargo, los nombramientos realizados evidencian el enorme peso que sigue teniendo la conservadora APM, a la que están afiliados 1.448 jueces, el 27% de la carrera, según los últimos datos oficiales del CGPJ. De hecho, en 19 de los 59 puestos adjudicados a esta asociación, sus candidatos eran los únicos aspirantes. Del Consejo actual, siete vocales —todos ellos elegidos a iniciativa del PP— están vinculados a esta asociación.

Creada en 1980, el número de afiliados de la APM ha ido en ascenso en las últimas dos décadas. Ha pasado de 1.115 en 2004 a 1.448 en 2025. Es un incremento de casi un 30%. En los últimos tiempos, ha consolidado un perfil marcadamente crítico hacia la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez. Especialmente, en relación con la Ley de amnistía, de la que vaticinó que supondría “el principio del fin de nuestra democracia”.

En relación con su nivel de representación en la carrera judicial, la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia registra la mayor proporción de nombramientos. Aglutina a un 8% de la carrera —tiene 436 afiliados— y ha sido la segunda en nombramientos. Un total de 28 jueces vinculados a esta asociación de carácter progresista han sido nombrados en estos dos años, el 18% de las designaciones. Del actual CGPJ son cuatro los vocales elegidos a propuesta del PSOE afiliados a Juezas y Jueces para la Democracia, una asociación que ha perdido un 6% de sus asociados en las últimas dos décadas.

Los jueces no asociados, que suponen el 41% de la judicatura, accedieron a un 27% de los nombramientos —un total de 42—. Estas cifras evidencian su menor acceso a unas designaciones que requieren 13 votos y que tienen que contar, por tanto, con el acuerdo de miembros de los dos grupos que conforman el actual CGPJ, con diez vocales elegidos a propuesta del PP y diez a iniciativa de PSOE y Sumar.

A ellos se suma una presidenta, Isabel Perelló, a la que se atribuyó una sensibilidad progresista cuando fue designada, pero que ha votado con el bloque conservador en algunos asuntos de calado. También se ha puesto de perfil en otros, como en las arduas negociaciones para las presidencias de las salas más sensibles del Supremo, donde acabaron siendo designados los candidatos aupados por la derecha.

Más relevantes, si cabe, son el resto de ascensos al Supremo porque, salvo renuncia, se mantienen hasta la jubilación. En este reparto, la APM se ha asegurado más de un tercio de las plazas asignadas (11 de 30). Asimismo, la iniciativa de los vocales conservadores ha permitido la llegada de otros perfiles eminentemente conservadores, como el del exmagistrado del Tribunal Constitucional Antonio Narváez. Fue uno de los fiscales que llegó a expresar su deseo de que Alberto Núñez Feijóo llegara al Gobierno, según informó El País. Narváez es fiscal y entró por el llamado turno de juristas.

En estos dos años de nombramientos también han recalado en el Alto Tribunal ocho magistrados de la asociación progresista y dos de la Francisco de Vitoria. De todos los nombrados que accedieron por la vía judicial solo cuatro no están vinculados a ninguna asociación.

Precisamente entre los retos del nuevo curso en el CGPJ está la renovación de cuatro vacantes en la Sala Segunda, la que juzga a los aforados, como el exministro socialista José Luis Ábalos o el ya ex fiscal general del Estado. Esa Sala tiene sin cubrir desde hace más de dos años el puesto perteneciente al turno de juristas de reconocido prestigio. La intención de los progresistas era que esa plaza fuera adjudicada a una mujer de sensibilidad progresista, dado que es una Sala muy masculinizada —hay 12 hombres y tres mujeres— y de abrumadora mayoría conservadora.

Sin embargo, esa negociación ha sido bloqueada por los vocales elegidos a iniciativa del PP. Su estrategia ha consistido en posponer las conversaciones hasta que se produjeran más vacantes por jubilación y buscar así una renovación en bloque con los puestos que dejaron en junio los magistrados Andrés Palomo y Ángel Hurtado, y con la plaza de Juan Ramón Berdugo, que se jubilará en apenas unos días, este 5 de septiembre.

El resto de nombramientos discrecionales sí tienen una duración de cinco años. Destaca la situación en la Audiencia Nacional, donde una mayoría de excargos del PP y otros jueces conservadores optaron a sus puestos clave. De las cinco plazas renovadas, tres han terminado en manos de integrantes de la APM con el voto unánime del pleno. Entre ellos su presidente, Juan Manuel Fernández, exvocal del CGPJ a propuesta de los populares. Por su parte, la Sala de lo Penal quedará bajo la dirección de Alfonso Guevara, un magistrado considerado conservador que no está asociado. La única designación progresista ha sido la de Manuela Fernández Prado, que preside la Sala de Apelaciones.

En estos dos años de mandato se han renovado también las presidencias de 17 Tribunales Superiores de Justicia. Diez de ellas han quedado en manos de jueces ligados a la APM (Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia), de las cuales cinco contaron con candidato único. Por su parte, los tribunales superiores de Baleares, Cataluña y País Vasco han sido renovados con magistrados progresistas, mientras que el de Andalucía seguirá encabezado por un juez vinculado a la Francisco de Vitoria, quien inicia su tercer mandato. A esta misma asociación también está vinculado el nuevo presidente del TSJ de Cantabria.

También se han nombrado 44 presidentes de las diferentes salas de los tribunales superiores autonómicos. La mitad, un total de 21, no están vinculados a ninguna asociación. Doce sí están afiliados a la principal asociación de la derecha judicial y cinco a la progresista. Además, la Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente cuentan con tres de sus asociados, respectivamente, entre los nombrados para estos puestos.

Por otro lado, del medio centenar de presidencias de audiencias provinciales que se han renovado, prácticamente la mitad, un total de 22, han quedado en manos de jueces de la asociación conservadora. Es el caso de A Coruña, Albacete, Alicante, Almería, Araba-Álava, Asturias, Ávila, Barcelona, Burgos, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, La Rioja, Madrid, Pontevedra, Sevilla, Teruel, Toledo, Valladolid. Los vocales eligieron candidatos conservadores a pesar de que en 15 de los casos había otros candidatos. Los siete restantes sí fueron aspirantes únicos.

Además, habrá presidentes progresistas en una decena de audiencias provinciales. Es el caso de Girona, Las Palmas, Lugo, Málaga, Murcia, Palencia, Soria, Valencia, Zaragoza, y Zamora. Por otro lado, los presidentes de las audiencias de Baleares, Cáceres, Cantabria y Tenerife están vinculados a la Francisco de Vitoria y las de Huesca y Salamanca a Foro Judicial Independiente.

El grupo parlamentario Compromís-Sumar ha trasladado al Congreso de los Diputados la presencia de patrullas urbanas de extrema derecha, bajo la denominación de “¡'Ángeles de la noche', en las calles de València. La coalición ha presentado una batería de preguntas para su respuesta por escrito al Gobierno de España en las que reclama explicaciones al Ministerio del Interior sobre la falta de actuaciones frente a estos grupos parapoliciales que amedrentan a la población migrante.

Estos escuadrones, formados por individuos ataviados con ropa oscura y chalecos reflectantes que simulan indumentarias oficiales, mantienen un discurso de vigilancia vecinal frente a supuestos problemas de delincuencia. Sin embargo, las intervenciones registradas en barrios valencianos se producen en un contexto de descenso del 22 % en los delitos leves en las zonas donde actúan, de acuerdo con los registros de criminalidad, tal y como señala el escrito presentado por el diputado valencianista.

La iniciativa parlamentaria subraya que el uso de vestimenta o equipamiento que genere confusión con los uniformes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) constituye una infracción grave tipificada en el artículo 36.14 de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Asimismo, advierte de que la actividad de estas patrullas implica la creación de una “justicia paralela” al margen de las instituciones democráticas y sin control público.

El diputado de Compromís-Sumar Alberto Ibáñez cuestiona formalmente a la Mesa del Congreso sobre las medidas concretas previstas por el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska para impedir el despliegue de estos grupúsculos violentos y si existe ya algún expediente sancionador abierto por la usurpación de indumentaria.

Ibáñez ha solicitado además información sobre si la Policía Nacional o la Guardia Civil mantienen a agentes infiltrados en estas organizaciones o en las entidades que les prestan apoyo logístico e ideológico para fomentar discursos de odio. El parlamentario valencianista ha tachado de “incomprensible” la “tolerancia o connivencia” policial frente a estructuras que cuestionan el monopolio estatal de la fuerza, por lo que ha pedido que se detallen los planes de sensibilización en valores democráticos previstos dentro del cuerpo.

Sumar ha rechazado la prórroga del cierre de la central nuclear de Almaraz hasta 2030 y ha acusado al PSOE de incumplir el acuerdo del gobierno de coalición que ambos partidos firmaron en 2023, a la vez que ha insistido en que el “mantenimiento del parque nuclear obedece a presiones corporativas y no a necesidades técnicas, medioambientales ni de competitividad económica”.

El ala socialista del Gobierno ha negado que suponga un incumplimiento del acuerdo de Gobierno porque el calendario de cierre se mantiene en el año 2035 y han asegurado que informaron a su socio de gobierno del movimiento. Ese documento señala que el PSOE y Sumar harán un cierre de las nucleares “planificado, seguro, ordenado y justo socialmente” que se llevará a cabo “escalonando el cese de operación de todas las centrales españolas entre 2027 y 2035”. Según el calendario previsto inicialmente, en 2027 se iba a apagar el primer reactor de Almaraz y al año siguiente cesaría su actividad por completo.

Desde el grupo confederal han subrayado que la decisión del Gobierno central con Almaraz “frena la transición energética e hipoteca a la ciudadanía”, indicando que seguir sobrepasado la vida útil de estas infraestructuras “posterga la descarbonización real apoyada en renovables e impone a la sociedad costes y riesgos inaceptables, además de encarecer el precio de la energía”.

Sumar argumenta que los costes de prolongar la vida útil de la central irán a parar a“ las arcas públicas e hipotecarán los presupuestos” y, con ello, los recursos destinados a la ciudadanía. “Cada euro que nos gastamos en mantener con vida infraestructuras que deben cerrarse es un euro que no nos estamos gastando en impulsar nuestra seguridad, soberanía e independencia energética con energías renovables”, lamentan.

El socio de Gobierno del PSOE se muestra contrario a “seguir el camino de la derecha y la extrema derecha”. “Es un camino irresponsable y antieconómico. Hay alternativas en marcha mas baratas, más seguras y democráticas”, continúa. Por ello, piden mantener el calendario de cierre acordado, mantener los impuestos aplicables al parque nuclear y exigir que las tasas cubran el coste real de la gestión de residuos y el desmantelamiento sin repercutirlo a la ciudadanía, y aprobar un plan de transición económica y productiva para el entorno de Almaraz.

En un comunicado difundido por Los Comuns, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha cargado también contra el PSOE por no cumplir el acuerdo del gobierno de coalición y ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de haber “cedido a las presiones del oligopolio energético en detrimento de la transición ecológica”. “Es un incumplimiento del acuerdo de gobierno del PSOE con Sumar y, por tanto, expresamos nuestro rechazo”, ha afirmado el ministro.

Urtasun también ha dudado de la justificación de la prórroga por las “circunstancias excepcionales” derivadas del conflicto en Oriente Medio y la volatilidad de los mercados energéticos. “Las crisis energéticas no se resuelven prolongando la vida útil de las centrales nucleares, sino acelerando las energías renovables, el almacenamiento, las redes y la autonomía energética”, ha apostillado.

El Ministerio defiende que está en la misma postura

Transición Ecológica asegura que “el Gobierno mantiene exactamente la misma posición que ha defendido siempre: esta extensión, acotada y limitada, se otorga tras comprobar el cumplimiento de las tres condiciones establecidas”. “Es segura para las personas”, tras el visto bueno del CSN, “no compromete la seguridad del suministro” y “no tiene coste para los ciudadanos, porque, aunque las compañías propietarias habían reclamado bajadas de impuestos, se concede sin ningún tipo de rebaja fiscal ni contraprestación económica para las empresas eléctricas”.

El cierre de la planta extremeña estaba fijado inicialmente para el 1 de noviembre de 2027 para la Unidad I y el 31 de octubre de 2028. En principio, se mantiene el calendario del resto de cierres, de forma escalonada hasta 2035. Pero la prórroga de Almaraz hasta 2030 va a presionar para retrasar la clausura del resto de reactores del parque nuclear español. Su cierre se solaparía con la clausura de Ascó I y Cofrentes, prevista para ese año, lo que implicaría prescindir de golpe de más de 4 GW de potencia instalada.

El diputado de Compromís-Sumar y portavoz adjunto del grupo en el Congreso Alberto Ibáñez ha presentado una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo contra el parlamentario de Vox José María Figaredo por afirmar en televisión que hay que “cazar a los inmigrantes uno a uno” y “devolverlos” a Marruecos.

El también secretario general del grupo parlamentario de la extrema derecha dijo en una entrevista frases como “hay que ir cazándoles uno a uno y eso se ha hecho”, “cazarlos, pescarlos, uno a uno, a todos” o “hay que ir uno a uno. Pam, pam, pam”. “Tales expresiones no fueron fruto de un lapsus, sino que constituyen una conducta reiterada, consciente y deliberada, manteniendo el término empleado incluso tras requerimientos de matización”, señala Ibáñez en la denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

El diputado de Compromís-Sumar cree que sus palabras implican “una deshumanización explícita del colectivo migrante”, reforzada por expresiones como “pam, pam, pam”, que “evocan el uso de violencia letal”. “El denunciado extiende dichas afirmaciones de forma indiscriminada a todo un colectivo, incluyendo personas menores de edad no acompañados, respecto de las cuales manifiesta igualmente su rechazo, contraviniendo los estándares internacionales de protección de la infancia”, argumenta.

Considera asimismo que en la situación actual, en la que “se han detectado episodios de violencia y patrullas vecinales” contra personas migrantes, este tipo de declaraciones podrían aumentar el riesgo de que se legitime la violencia o incluso pueda ser “catalizador” de agresiones o conductas discriminatorias.

Ibáñez sostiene que, por todo lo anterior, las manifestaciones de Figaredo podrían constituir un delito de odio según el Código Penal, en la medida en que “incita públicamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia” contra un grupo “por razón de su origen nacional, etnia o religión”, difunde mensajes que promueven la exclusión social y la deshumanización, y emplea expresiones “que implican grave menosprecio y humillación, favoreciendo un clima de hostilidad”.

El ala minoritaria del Gobierno sigue mostrando con Marruecos un perfil más duro que el elegido por el PSOE tras la crisis migratoria de Ceuta de la semana pasada. Este miércoles, el grupo parlamentario en el Congreso de la coalición —y, más en particular, IU, que se integra en él— registró una proposición no de ley para instar al Ejecutivo a solicitar a la FIFA, la Real Federación Española de Fútbol y el Gobierno de Portugal “una revisión y evaluación específica del actual modelo de organización conjunta” del Mundial de fútbol del año 2030, del que España, Portugal y Marruecos serán anfitriones. Esa revisión, plantea Sumar, debe conllevar “la posibilidad de revisar o retirar la condición de anfitrión” a alguno de los países.

“La Copa Mundial de la FIFA trasciende ampliamente la celebración de una competición deportiva”, puesto que “su organización moviliza recursos públicos, compromete garantías estatales, condiciona inversiones e infraestructuras y proyecta internacionalmente a los países anfitriones”, argumenta Sumar. “Esa dimensión obliga a exigir a quienes participan en su organización un respeto efectivo y continuado de los derechos humanos, de la legalidad internacional y de los principios democráticos que deben regir la actuación de los poderes públicos”, sostiene igualmente la formación, que recuerda que “el Gobierno no es un espectador ajeno a este proceso” porque “coordina la acción pública, las garantías, la seguridad, las infraestructuras, las inversiones y la relación con los demás países organizadores”.

Sumar recuerda que el episodio de la semana pasada en Ceuta es tan solo el último episodio de un conflicto con España en el cual “sus jóvenes, empujados al mar por la falta de oportunidades, la desigualdad y la desesperación, son las primeras víctimas”. “La cooperación migratoria no puede funcionar como una llave que se abre o se cierra en función de intereses diplomáticos”, y el Mundial de fútbol no puede servir para tapar “las decisiones y responsabilidades de un Gobierno y una monarquía que no pueden obtener el prestigio, los beneficios económicos y la legitimación internacional” que supone organizar este evento “mientras persistan dudas tan graves sobre el uso político de vidas humanas”, plantea el partido.

“El futbol no puede servir para blanquearlo todo. España debe promover una revisión formal del modelo de organización de 2030. Si la FIFA rechazara esa revisión, el Gobierno deberá hacer transparentes las alternativas existentes y actuar de manera coherente con los principios democráticos y de derechos humanos que sustentan nuestra acción exterior”, zanja Sumar.

Los tres diputados de Sumar que denunciaron al Banco de España en 2023 por no entregarles la información de las ganancias que reciben la banca por ‘aparcar’ su liquidez en el Eurosistema –lo que se conoce como “facilidad de depósito”– han recurrido a la justicia la decisión del gobernador José Luis Escrivá de ofrecerles un acceso reservado a información, después de que el Tribunal Supremo reconociera su derecho a esos datos, y piden que se les entregue “en el plazo máximo de cinco días”.

Así, han presentado un incidente de ejecución por el incumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que avaló el acceso a la información de los diputados “porque no son particulares, sino representantes del pueblo español que ejercen una función esencial de control político”, de acuerdo con el fallo al que ha tenido acceso elDiario.es. Pero también confirmó el carácter reservado de la misma al afectar a datos del negocio de las entidades, que era lo que argumentaba la institución para no dar publicidad a los datos.

La entidad resolvió dar cumplimiento a la sentencia enviando una carta a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en la que ponía a disposición de los diputados una sala de lectura con la información desagregada por entidades bancarias de cuánto han recibido por ‘aparcar’ su dinero en el Eurosistema, un privilegio solo disponible para la banca.

En el escrito presentado ante la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso elDiario.es, los diputados Carlos Martín, Txema Guijarro y Manuel Lago alegan que “la interpretación del Banco de España vacía el fallo de su contenido propio, porque sustituye la entrega por una exhibición controlada por la propia Administración que denegó la información y perdió el litigio”. El conflicto se retrotrae a 2023, cuando los tres diputados llevaron al supervisor ante la justicia por su negativa de desglosar por entidades financieras los intereses abonados por la facilidad de depósito.

Los diputados se comprometen a la confidencialidad

Así, subrayan que si el Tribunal Supremo –donde recurrieron en casación la decisión primera de la Audiencia Nacional– hubiese querido reconocer “únicamente un derecho de presencia física para examinar datos en una sala del Banco de España, lo habría dicho”. Y apuntan también que el conflicto no es entre dos instituciones (Banco de España y Congreso de los Diputados), sino entre el supervisor y los tres diputados denunciantes. Es por esto que la institución que preside Escrivá “no puede desplazar el centro de gravedad de la ejecución hacia una relación institucional con el Congreso ni convertir a un órgano ajeno al proceso en presupuesto de cumplimiento”.

En el recurso, los tres diputados se abren a “adoptar medidas razonables de confidencialidad” en el caso de que se les entregue dicha información, pero insisten en que “no cabe sustituir la entrega por una consulta en la sede del Banco de España”.

Es por ello que reclaman a la Audiencia Nacional que se le requiera al supervisor a entregar, “en el plazo máximo de cinco días”, “toda la información desglosada por entidad de crédito sobre los intereses por facilidades de depósito abonados por el Banco de España durante los ejercicios 2022 y 2023” y que se haga “en soporte documental completo y verificable, ya sea en papel en sobre cerrado o en soporte electrónico cifrado, con firma de recibí y expresa advertencia de confidencialidad”. Y se abre a la posibilidad de que esa recepción se produzca ante la Secretaría de la Sala de la Audiencia Nacional pero “sin que ello pueda convertirse en una mera consulta presencial en la sede del Banco de España”.

Además, requieren que se “aperciba expresamente” tanto al gobernador como a los responsables administrativos “de que el incumplimiento del requerimiento judicial podrá dar lugar a la imposición de multas coercitivas”.

“Su actitud obstruccionista revela que confunde autonomía con soberanía”, señaló, a través de su cuenta en la red social X, el diputado Carlos Martín. Una soberanía, indican desde el entorno de los denunciantes, que sigue estando representada en las Cortes Generales, por lo que los diputados deberían tener acceso a esta información para su labor de control.

Fuentes del Banco de España consultadas por esta decisión reiteran que la institución tiene capacidad, a la vista de la sentencia del Supremo, para imponer las medidas que consideren oportunas para garantizar la reserva de esos datos. En este sentido, la propuesta de poner a disposición de los tres diputados una sala de lectura, dicen, ya se aplicó para los trabajos de la comisión de investigación de la quiebra de las cajas de ahorros en la crisis financiera y cumple a rajatabla con lo dictado por la justicia.

Según los últimos datos de 2025, publicados en las cuentas anuales del supervisor, el Banco de España abonó algo más de 4.400 millones de euros a la banca comercial, con un interés medio del 2,26%. En total, en los tres últimos años desde que el Banco Central Europeo comenzó el proceso de endurecimiento de la política monetaria, han recibido unos 20.000 millones de euros.

Rosa Martínez (León, 1975) tiene por delante una recta final de la legislatura cargada de responsabilidades. Secretaria de Estado de Derechos Sociales desde 2023 —y, por ende, 'número dos' del Ministerio que lidera Pablo Bustinduy—, Martínez fue elegida sin oposición nueva co-coordinadora de Movimiento Sumar hace algo más de dos semanas, haciendo tándem con la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez.

De talante pausado y tono suave, la nueva líder del partido fundado en 2023 por Yolanda Díaz echa balones fuera cuando se le pregunta por quién debe ser el candidato del espacio a la izquierda del PSOE en las próximas elecciones generales, pero, por el contrario, es muy firme al defender que Movimiento Sumar “es un proyecto necesario” y representa un “espacio político” propio que debe tener un hueco en el “frente amplio” que se constituya para esos comicios.

Aunque es la primera vez en muchos años que ha asumido responsabilidades orgánicas a nivel estatal, Martínez no es una recién llegada a la política. La co-coordinadora de Movimiento Sumar fue coportavoz del partido ecologista Equo entre 2014 y 2018 y ocupó un escaño de diputada en el Congreso entre 2015 y 2019. Ese mismo año abandonó Equo para aspirar a ser candidata a lehendakari de Elkarrekin Podemos apoyada por el sector errejonista del partido morado, que por entonces controlaba la federación vasca. Martínez perdió esas primarias y abandonó la política hasta que, en 2023, el ministro Pablo Bustinduy la recuperó para ser secretaria de Estado de Derechos Sociales.

La acaban de elegir líder del principal partido del ala minoritaria del Gobierno. ¿Cómo enfoca el final de la legislatura y cuáles deben ser las prioridades del Ejecutivo?

Para Sumar hay dos prioridades muy claras. La primera es la vivienda: tenemos el compromiso de aprobar un decreto con medidas como la prórroga de los alquileres, la regulación de los alquileres temporales, la regulación de los alquileres de habitaciones y muchas otras que, sin ser la solución definitiva, sí que van a ayudar a regular el mercado y a dar respuesta al problema principal de la ciudadanía. Y la segunda son los Presupuestos Generales del Estado, que se presentarán en otoño y en los que debemos dar un impulso a la política social que hemos realizado toda la legislatura. Para nosotros es muy importante la prestación universal por crianza, una ayuda fundamental para la crianza de las familias que se ha demostrado como la más eficaz para reducir los índices de pobreza infantil.

¿Han iniciado ya las negociaciones con el PSOE para elaborar el proyecto de Presupuestos?

Están en una fase muy preliminar, todavía está terminando la fase interna de elaboración de los Presupuestos en los ministerios. A lo largo del mes de agosto, quizá a inicios de septiembre, podrán empezar formalmente las negociaciones.

¿Temen que los casos de supuesta corrupción que afectan a dirigentes y exdirigentes del PSOE les terminen lastrando a ustedes?

Hemos sido siempre muy claros en relación a la corrupción: somos inflexibles, somos duros y expresamos condena más absoluta. En los procesos judiciales se tendrá que demostrar lo que hay y lo que no hay, y allí se determinará si, efectivamente, ha habido casos de corrupción. Nosotros llevamos en el Gobierno desde 2020 para transformar, para aplicar políticas que tengan un impacto positivo en la vida de las personas, y eso es lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer durante el tiempo que dure la legislatura.

¿Cómo valora usted esta legislatura? ¿Cree que ha habido los suficientes avances?

Ha sido una legislatura dura y ha habido avances muy significativos. Desde nuestro ministerio, la semana pasada se aprobó la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia y la inyección histórica de financiación para el sistema, que quizá sea la mayor inversión social en las últimas décadas. Eso, ya de por sí, merece una legislatura, dado el peso que el sistema de la dependencia tiene y va a seguir teniendo para todas las familias españolas. También la posición de España respecto al genocidio en Gaza, el embargo de armas a Israel y la defensa del multilateralismo son cuestiones muy importantes en las que España ha sido bandera. Y podemos seguir: la ampliación de los permisos por lactancia, la gratuidad de las gafas... Ha habido muchas medidas que han demostrado que merecía la pena estar en el Gobierno.

El PSOE y el ala socialista del Gobierno insisten en que creen en la inocencia del expresidente Zapatero. ¿También confían ustedes en que es inocente?

Hay un proceso judicial en marcha y no voy a meterme a valorar las defensas de cada cual, pero sí es verdad que lo que yo estoy escuchando del expresidente Zapatero no me gusta porque no se corresponde con la figura de un expresidente progresista que defendía lo común. Consideramos que no ha dado todavía las explicaciones que debe a la ciudadanía. Más allá de eso, las actividades de los expresidentes se deben regular, y se les puede dar un marco con una ley como la que hemos presentado. Eso es lo que tenemos que hacer, ver cómo regulamos estas actividades que están en la sombra.

El Gobierno ha aplazado la aprobación del decreto de vivienda hasta septiembre. Junts les exige más rebajas de impuestos o recuperar la desgravación por hipoteca que se eliminó en 2013. ¿Están dispuestos a aceptar esas condiciones?

Nosotros vamos a hacer lo que hacemos siempre: negociar, negociar y negociar para proteger al mayor número de personas posible. Cuando uno negocia pensando en millones de personas que hoy tienen dificultades para acceder a una vivienda o para pagar el alquiler sabe que no siempre consigue una norma perfecta, sino la mejor de las posibles. Vamos a seguir hablando con todas las fuerzas políticas para sacar adelante un decreto que amplíe derechos y dé respuestas a la ciudadanía. Y, una vez conseguido, seguiremos trabajando para ir todavía más allá.

Podemos asegura que no va a apoyar ni a abstenerse en ningún decreto que incluya modificaciones en la ley del suelo. Sus votos son igual de imprescindibles que los de Junts para sacar adelante el texto. ¿Son partidarios de eliminar esa parte del decreto?

Nosotros estamos centrados en que salga adelante un decreto que proteja a la gente. Lo vamos a hacer como siempre lo hemos hecho; negociando hasta el último momento. Cuando negocias pensando en casi cuatro millones de personas, no se trata de imponer una posición, sino de construir el mejor acuerdo posible. Vamos a seguir dialogando con todos los grupos para que las medidas que mejoran el acceso a la vivienda puedan ver la luz. Y después seguiremos trabajando para avanzar aún más en el derecho a la vivienda.

Acaba de ser elegida co-coordinadora de Movimiento Sumar. ¿Cuáles son sus prioridades al frente del partido?

La asamblea nos ha dado tres mandatos. El primero es sobre el proyecto político: tenemos que consolidar el proyecto que representa Movimiento Sumar, que nosotros llamamos ecosocialismo laborista o laborismo ecosocialista. ¿Esto qué quiere decir? Todos somos conscientes del impacto que tiene en el bienestar de la vida de las personas la crisis climática, y sobre la solución a la crisis climática y sobre nuestra adaptación tienen que pivotar todas las políticas.

Hablamos de economía verde y de industria verde, pero también de cómo adaptamos el Estado de bienestar y los derechos laborales a un contexto de crisis climática. Tenemos también el mandato de fortalecer la organización y consolidar los territorios. Y el tercer mandato es sobre alianzas: está claro que tenemos que sumar, tenemos que ponernos de acuerdo y hacer lo posible para ofrecer una candidatura que sea atractiva con el objetivo de revalidar el Gobierno progresista. Creo que seremos capaces de encontrar un espacio tanto con Más Madrid, Comuns e IU como con otras fuerzas progresistas territoriales para ofrecer una candidatura y un proyecto que ilusionen y que nos permitan frenar a la extrema derecha.

Movimiento Sumar ha celebrado tres congresos en apenas tres años de vida. ¿Qué balance hace del periplo que arrancó en Magariños en 2023?

Creo que responde al momento político de inestabilidad y de cambios que vivimos. Movimiento Sumar nació un poquito antes de las elecciones de 2023, los esfuerzos se pusieron en construir Sumar como candidatura para revalidar el Gobierno y lo conseguimos, fue un éxito. Después tocaba construir el partido. Y luego la decisión de Yolanda Díaz de dar un paso al lado exigía actualizar la hoja de ruta de la que nos dotamos hace un año. Eso es lo que tiene que ir haciendo un partido: responder a las necesidades y a los cambios del contexto político.

Pero dada la inestabilidad que ha afectado al partido Movimiento Sumar, no necesariamente a la coalición, ¿usted diría que ha sido una idea exitosa?

Yo creo que es un proyecto necesario que tiene su espacio político, que aspira a defenderlo y a consolidarlo y que tiene un papel que jugar en el frente amplio, representando una visión política progresista, moderna, que tenga que ver con la crisis climática y con el laborismo.

¿Cuál es ese rol que tiene que jugar Movimiento Sumar dentro del frente amplio?

Movimiento Sumar tiene en el ADN la voluntad de confluencia, de generar alianzas. Quizá hemos sido quienes hayamos tenido la visión de conjunto a lo largo de esta legislatura. Somos un partido de representación estatal que representa un proyecto político que tiene su reflejo en la sociedad española, y la prueba es que no hemos dejado de crecer en militancia, seguidores y afiliados.

El rol de partido estatal de izquierdas que se alía con partidos territoriales lo podría también cumplir IU dentro de la coalición. ¿Qué es lo que les diferencia a ustedes?

El proyecto político de IU y el de Movimiento Sumar son completamente distintos. IU es un partido con más de 40 años de antigüedad que viene de una tradición comunista y nosotros estamos hablando de un proyecto político ecosocialista, laborista, que busca dar respuestas a un siglo XXI con grandes transformaciones geopolíticas, climáticas, sociales, económicas y tecnológicas. Creo que esa es la diferencia: nosotros sí que estamos proponiendo soluciones a un mundo que es nuevo.

Yolanda Díaz ha dado un paso a un lado y no se va a presentar a las próximas elecciones. ¿Tiene sentido Movimiento Sumar sin ella?

Yo creo que sí y quedó demostrado en la asamblea. Fue una asamblea vibrante, en la que se vieron muchísimas ganas y muchísima motivación, muchísima gente que en estos años se ha acercado por primera vez a la política y que quiere continuar. Todo mi agradecimiento a Yolanda Díaz por haber dado el paso de fundar Movimiento Sumar en 2023 y por haber tenido la visión de generar el frente amplio que permitió revalidar el Gobierno progresista, y por supuesto mi agradecimiento también por las políticas que ha llevado a cabo desde el Gobierno. Para Sumar seguirá siendo un referente.

Tenían previsto elegir la marca y el candidato de su alianza con IU, Más Madrid y Comuns antes del parón de verano. ¿Por qué no ha sido posible?

Las negociaciones y los tiempos de diálogo siempre son los que son. Estamos trabajando en ello y, a lo largo del mes de septiembre, se anunciará todo lo que tengamos que anunciar. Entramos ya prácticamente en precampaña electoral y estoy segura de que tendremos la mejor persona candidata que sea posible, así como la marca y la manera de funcionar y articularnos con otras fuerzas, más allá de las cuatro organizaciones que llevamos ya tiempo trabajando juntas. Este trabajo previo a unas elecciones no se había hecho nunca, creo que hay que ponerlo en valor y que va a dar sus frutos.

Habida cuenta de lo que les está costando encontrar un nuevo liderazgo, ¿cree que la salida de Yolanda Díaz fue prematura?

Total respeto por la decisión de Yolanda Díaz. Si ella consideraba que era su momento de dar un paso al lado, pues bien hecho está. Ahora nos toca al resto ver cómo nos organizamos y cómo cubrimos ese hueco, pero no me cabe ninguna duda de que hay personas para ejercer un liderazgo que va a estar a la altura y va a representar los valores y el objetivo del frente amplio, que es revalidar el Gobierno.

Ya que me dice que hay muchos perfiles para liderar, ¿quién cree usted que tiene que ser el candidato o la candidata?

[Sonríe] No voy a responder a eso. Creo que será una decisión colectiva, coral y que tendrá todo el sentido con el proyecto. Se trata de eso, de elegir personas que sean coherentes con lo que estamos tratando de representar.

¿Tiene que ser alguien perteneciente a los partidos? ¿O puede ser una persona que venga de fuera?

Ya veremos.

¿Sigue considerando viable que Gabriel Rufián encabece una lista de las izquierdas estatales y territoriales, o la negativa de ERC a negociar ha cerrado esa vía?

Nosotros con Gabriel Rufián siempre nos hemos mostrado abiertos a hablar, a pensar, a innovar, y creo que estamos en un momento en el que hay que pensar las cosas de distinta manera. Pero es verdad que se ha ido desinflando, y que la posición de su partido dificulta alternativas que se habían puesto sobre la mesa a lo largo de la primavera. Pero insisto en que nosotros mantenemos la mano tendida para hablar con todo el mundo. Y las alianzas no solo son importantes o relevantes antes de las elecciones, después habrá que seguir construyendo alianzas.

Entiendo entonces que a usted le gustaría que Gabriel Rufián fuera su candidato, si es que se pudiera.

No, yo he dicho que nosotros siempre hemos estado dispuestos a hablar, pero la posición de ERC creo que dificulta que eso sea así. Y, más allá de que se concurra o no se concurra, que ahora mismo parece difícil, creo que con ERC y con otros partidos, como EH Bildu o el BNG, las alianzas poselectorales van a ser necesarias y creo que son naturales.

Usted fue una de las principales dirigentes de Podemos en Euskadi, y terminó dejando el partido por desavenencias internas. ¿Se ve compartiendo listas con Podemos?

La clave es para qué queremos el frente amplio. Movimiento Sumar y las fuerzas con las que estamos dialogando queremos el frente amplio para revalidar el Gobierno progresista, creemos en el Gobierno y en la necesidad y la importancia de estar en él y no solo en el Gobierno de España, sino también los gobiernos autonómicos y los gobiernos municipales que vamos a elegir el año que viene. Todo el mundo que comparta este objetivo será bienvenido y tendrá su sitio en el frente amplio.

¿Y usted cree que Podemos comparte ese objetivo?

Eso tiene que preguntárselo a Podemos [risas].

Se lo pregunto a usted como co-coordinadora de Movimiento Sumar, que forma parte de esa negociación y tendrá que negociar, en su caso, la inclusión de Podemos en la alianza.

En Andalucía ya se vio que había una voluntad, veremos cuando empecemos a hablar.

La planta de almacenaje de residuos de la empresa Onaindia de Vitoria, que sufrió un incendio de grandes dimensiones en la noche del último día de marzo al primero de abril del año pasado, estuvo funcionando sin contar con la preceptiva autorización. Las llamas, que dieron lugar a una elevada columna de humo y hundieron la calidad del aire de la ciudad hasta niveles de insalubridad, destaparon incumplimientos en la gestión de residuos. Ahora, una información aportada al Parlamento Vasco por el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, confirma que la empresa no formuló la solicitud de autorización ambiental hasta el mes de julio, pasados tres meses del incendio.

A petición de Jon Hernández, parlamentario de Sumar, el consejero afirma que la solicitud se cursó el 11 de julio del pasado año. Era para una autorización integrada, no única. “El régimen de intervención ambiental al que se encuentra sometida la instalación objeto de la solicitud corresponde a una autorización ambiental única, y no a una autorización ambental integrada”, señala Jauregi. La solicitud, por ese motivo entre otros, “no cumplía la totalidad de los requisitos exigidos para su admisión a trámite”, por lo que se hicieron requerimientos y no fue hasta el 29 de mayo de 2026, más de diez meses después, que la empresa presentó la documentación necesaria. A la fecha de la respuesta del consejero, todavía se estaba analizando la documentación.

A raíz del incendio, y como ya contó este periódico, una inspección reveló que en la planta había al menos seis zonas con residuos “fuera del ámbito de la autorización” con la que se contaba en ese momento. Se incoó un expediente sancionador contra la empresa. El mismo informe elaborado a raíz de esa visita apuntaba a que en el año 2024 se había superado la recepción de residuos autorizados. Fuentes de Onaindia consultadas en aquel momento subrayaron que los requerimientos nada tenían con ver con el incendio.

Las llamas dejaron una de las naves de Onaindia arrasada. La empresa empezó unas obras para reconstruir la nave calcinada, pero el Ayuntamiento ordenó en mayo de 2026 paralizar los trabajos porque Onaindia no contaba aún con permiso municipal. Desde la oposición, los grupos de EH Bildu y Elkarrekin se mostraron muy críticos: EH Bildu pidió que la actuación municipal no se quedase en una “mera advertencia” y Elkarrekin aseveró que la empresa no podía irse “de rositas”. En la respuesta del consejero Jauregi de este mes de julio, se señala que el Gobierno vasco todavía “no tiene constancia del inicio de las obras”.

En la comisión de Modelo de Ciudad, Urbanismo y Vivienda de este lunes, el concejal de Elkarrekin Óscar Fernández se ha apoyado en la respuesta brindada por el consejero al Parlamento Vasco para incidir en que la empresa aún no cuenta con la autorización ambiental única y que estuvo “al menos cuatro años” operando sin ella y sin licencia municipal. “Estuvo operando en una situación irregular y el Ayuntamiento no hizo seguimiento”, ha subrayado. El concejal del ramo, el socialista Borja Rodríguez, se ha ceñido a las competencias urbanísticas y ha afirmado que, siendo requisito imprescindible para la empresa contar con la autorización ambiental única para poder proseguir con las obras de reconstrucción, se esperará a que se siga adelante con la tramitación. “Los mecanismos de control urbanístico del Ayuntamiento funcionan. Cuando los servicios municipales detectaron una actuación que requería licencia, actuaron en consecuencia”, se ha defendido Rodríguez, que ha incidido, además, en que ha habido “máxima transparencia”.

Fuentes de la empresa indican que las obras están efectivamente paradas, a la espera de que se solventen los trámites en curso. En cualquier caso, reiteran que la empresa está siguiendo el protocolo en todo momento.

El consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, “se ha metido en un lío”, según un observador de los últimos movimientos en Osakidetza. El equipo de Martínez, anestesista que hasta estrenarse en política en 2024 trabajaba en el hospital de Cruces, ha acordado en encuentros “bilaterales” con el SME (Sindicato Médico de Euskadi) una mejora de las condiciones laborales exclusivamente de los facultativos, unos 8.500 de una plantilla de 34.000. Esto está consensuado también con un nuevo movimiento llamado MUD que carece de representación legal.

El resto de los sindicatos, una amplísima mayoría en el foro legal de negociación, la mesa sectorial, ha avisado de que el plan es “clasista” y que este intento de arreglar el objetivo problema de las demandas de los facultativos, con huelgas intermitentes desde comienzos de 2026 y las listas de espera disparándose, ha podido generar un gran incendio en el resto de la plantilla, númericamente muchos más que los facultativos. Se prepara ya un “otoño caliente” y una potencial huelga general tendría un seguimiento mucho mayor y unas consecuencias imprevisibles en la asistencia sanitaria. Es más, ni siquiera el acuerdo garantiza que el SME se descuelgue de las convocatorias de huelga, que son de ámbito español.

1 - Cuál es el contexto

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha acordado con la mayoría sindical en el Sistema Nacional de Salud (Satse, CCOO, UGT y CSIF) un estatuto marco para regular las condiciones laborales de todas las categorías profesionales. Sin embargo, las organizaciones corporativas se han opuesto con firmeza, demandando un estatuto propio para los médicos. En el Colegio de Médicos de Vitoria, por ejemplo, lleva meses colgado un cartel con esa reivindicación.

Así, se han ido celebrando huelgas de una semana de duración todos los meses hasta junio. Igualmente, parte del personal médico ha dejado de hacer las denominadas 'peonadas', que son turnos adicionales o 'autoconcertaciones' para reducir las listas de espera fuera del horario ordinario. A finales de mayo, la demora quirúrgica en Osakidetza se estaba acercando ya al pico de 85 días alcanzado en agosto de 2022, tras la finalización de las oleadas de la COVID-19, muy por encima de los 54,2 de hace medio año. Se han incrementado las derivaciones a la privada de modo notable.

Desde el principio, el consejero Martínez ha secundado esta demanda y criticado que la ministra García, de Sumar, no se avenga a negociar. No es el único frente abierto con ella, ya que también mantienen un conflicto con las liquidaciones de los fondos de compensación entre comunidades autónomas. Es más, Martínez se ha erigido en portavoz de las 17 comunidades autónomas en sus críticas a García, también anestesista. Le ha llegado a pedir que delegue las competencias del estatuto marco para resolver el entuerto desde Euskadi.

Como detalle, cuando Osakidetza informa del seguimiento de las huelgas médicas, las notas siempre vienen encabezadas con la frase de que son convocatorias “contra el Ministerio de Sanidad”. La última de ellas tuvo lugar el 19 de junio con la siguiente participación: 16,92% de seguimiento en el turno matinal y 7,85% en el vespertino. El SME asume que los datos están cayendo conforme pasan los meses.

2 - Quién ha firmado el acuerdo

En Euskadi, el último convenio en Osakidetza se firmó en 2008. Era consejero Gabriel Inclán y lehendakari Juan José Ibarretxe, ambos del PNV. Desde entonces, han pasado muchas cosas. En Salud, por ejemplo, estuvo el socialista Rafael Bengoa y los nacionalistas Jon Darpón, Nekane Murga y Gotzone Sagardui.

Ahora, sin haber actualizado el acuerdo regulador, se ha firmado una mejora solamente para una parte de la plantilla y se ha añadido que es un paso “histórico”. El enfado en el resto de la organización es mayúsculo, a la luz de las declaraciones de diferentes representantes sindicales de Satse, de los cuatro sindicatos de clase (ELA, LAB, CCOO y UGT) e incluso de otras organizaciones minoritarias.

Las últimas elecciones en Osakidetza fueron en 2024. Satse fue la ganadora con 89 delegados de 361 posibles. ELA quedó como segunda fuerza con 81, LAB fue la tercera con 44 y en cuarto lugaron empataron, con 34 representantes, UGT y el SME. El acuerdo, por lo tanto, tiene un respaldo de menos del 10% de la representación de la plantilla. En votos, la central médica logró un porcentaje algo mayor, del entorno del 15%. Según datos del propio SME, incluso el 80% del personal médico en Osakidetza no es del sindicato.

Quien no tiene ninguna representación es el MUD, aunque una portavoz de ese colectivo ha ofrecido declaciones en TVE destacando que hay medidas que son de “justicia” y de “dignidad”, no “privilegios”. Algunas voces asimilan esta situación a la del movimiento 'Ertzainas en lucha' de 2023. Sin embargo, la respuesta del Gobierno fue muy diferente. Se insistió en que había una representación legal y mayoritaria que había que respetar y unos foros tasados para el debate. Finalmente, se acordó un convenio precisamente con todos los sindicatos salvo el más próximo a aquel movimiento.

En el caso del SME, Mabel Arciniega ha llegado a decir que “en la mesa sectorial no se aprueban las cosas por mayoría”, que basta con que las refrende el Consejo de Gobierno, y ha argumentado que los facultativos tienen una “problemática específica”. “Sí, somos una parte pequeña, pero somos el eje del sistema”, añadió. Satse no ha dudado en tildar de “ilegal” el pacto. LAB introdujo también otro elemento para la reflexión: ¿están pidiendo algunos médicos más descansos en la Sanidad pública cuando a la vez trabajan en la privada?

3 - Qué se ha acordado

El mejor reflejo del acuerdo es la documentación facilitada por el SME. La central pone el énfasis en el final de las guardias de 24 horas. Igualmente, hay mejoras en las libranzas y en los pagos de esas horas de guardia. “Así, el precio hora guardia supera a la hora ordinaria y, además, con la actualización de las tablas retributivas anuales, conlleva un incremento progresivo hasta llegar a un 38% en el precio de la guardia en 2028 de tal forma que hacer dos guardias equivaldrá a hacer tres guardias en la actualidad”, sostiene el sindicato. Igualmente, “se va a ir disminuyendo paulatinamente la edad de exención, hasta llegar en 2030, hasta los 50 años”. “Es decir, que un profesional de 46 años en la actualidad, podrá dejar de hacer guardias y optar por los módulos compensatorios dentro de cuatro años”, se indica.

“Somos conscientes de que, a día de hoy, eliminar las guardias de un plumazo”es imposible de cara a garantizar una atención 24/7/365 a la ciudadanía. Requiere de un análisis profundo del sistema y redimensionamiento de la plantilla así como de un cronograma de implementación de medidas hasta alcanzar el objetivo. Mientras esto se lleva a cabo, se ha propuesto que, de forma voluntaria y de mutuo acuerdo con el equipo y la jefatura, la persona pueda optar, entre semana, por no trabajar la mañana del día de guardia (recuperando esa jornada ordinaria otro día por la tarde) o, partir la guardia de fin de semana en dos 'medias guardias' de 12 horas, explica el SME.

Asimismo, los médicos tendrán un “incremento salarial de 300 euros mensuales, de forma paulatina” y “a partir del 1 de julio de 2027”. Hay otros ajustes sobre los horarios o la autoconcertación. El acuerdo, según el SME, incluye que el Gobierno defienda públicamente la singularidad del colectivo médico. “Si bien la propuesta no recoge el 100% de nuestras demandas, desde el Sindicato Médico la valoramos positivamente, ya que incluye medidas de aplicación inmediata que van a suponer una mejora en las condiciones laborales del colectivo en cuanto a descansos, reconocimiento de la penosidad de las guardias, conciliación y equiparación de los distintos niveles asistenciales se refiere”, añaden.

El Gobierno aún no ha precisado el coste económico de las mejoras. Simplemente ha dado el dato de que se pondrán sobre la mesa 13 millones ya en 2026. Lo hizo la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, que fue la encargada de escenificar, con fotografía incluida, la firma del pacto con el SME.

4 - Y ahora qué

La portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, ha echado un capote a su compañero Martínez y ha defendido los últimos movimientos. Es algo “bueno” para el colectivo médico, que tiene una “singularidad muy concreta”, y “la ciudadanía lo va a notar muy pronto”. Además, esto no “excluye” que se planteen a futuro mejoras para el resto de la plantilla. Obviando el plantón dispensado ya por las centrales, el Ejecutivo asegura que está “trabajando” con ellas para alcanzar nuevos acuerdos.

Con todo, Ubarretxena ha insistido en que “el origen de todo esto está en Madrid”. “Ante el inmovilismo y la cerrazón, nos ha tocado movernos. Hemos hecho nuestras 'etxeko-lanak', los deberes”, ha explicado. En el Parlamento Vasco, la coalición de la ministra solamente tiene un escaño, pero lo ha usado para criticar al consejero Martínez. “Ignora al conjunto de la plantilla, vulnera derechos sindicales y rompe con las mayorías representativas”, ha lamentado Jon Hernández, portavoz vasco de Sumar.

A tenor de las palabras de Satse, ELA, LAB, CCOO y UGT, se trabaja ya en una movilización de cara al otoño. Deducen que solamente las huelgas han forzado a la dirección de Osakidetza a moverse y entienden que ellos han de aprovechar también esa herramienta. En paralelo, el SME no ha llegado a desmarcarse aún de las nuevas convocatorias médicas previstas en septiembre, que son ya indefinidas. Asegura que no depende de ellos. En todo caso, sí han recomendado a sus afiliados retomar las 'peonadas' para no seguir comprometiendo las listas de espera.

Para el SME, es “lamentable” que “organizaciones que se hacen llamar sindicatos monten un pollo” porque un colectivo logre mejoras laborales. “También somos trabajadores”, ha subrayado en Radio Euskadi. Además, ha considerado “injusto” que facultativos “tengan que hacer unas 1.000 horas más” que un trabajador “normal” de Osakidetza.

El parón estival en el escenario político, que tendrá lugar en agosto, está cada vez más próximo, y la izquierda a la izquierda del PSOE llegará a esas vacaciones sin haber cumplido los plazos que el propio espacio se dio para anunciar una marca y un candidato para las próximas elecciones generales. Los partidos agrupados en Sumar —a falta de un nuevo nombre que reemplace a la gastada marca que ideó Yolanda Díaz hace tres años— tenían la intención de despejar ambas incógnitas antes del paréntesis veraniego, pero varios dirigentes de estas formaciones han confirmado en las últimas semanas que no habrá novedades hasta, al menos, septiembre. Es decir, al inicio de lo que se prevé como una larga precampaña hasta unos comicios que el presidente Pedro Sánchez ya ha abierto la puerta a adelantar al primer trimestre de 2027.

Ningún partido vive ajeno a que las elecciones están cada vez más cerca, como reconocía el pasado miércoles en su entrevista con elDiario.es el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que admitía que “hay muchos actores que están en clave electoral”. La decisión de Sánchez de presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado por primera vez en la legislatura, pese a que carece de mayoría en el Congreso para sacarlo adelante, tiene mucho que ver con ello. Y lo mismo ocurre con el hecho de que el PP haya elevado aún más el tono contra el Gobierno, politizando asuntos como los incendios y revelando algunas de sus propuestas económicas, como el recorte de las bajas médicas y las ayudas sociales para luchar contra el absentismo, un planteamiento que ha sido duramente criticado por la izquierda.

No obstante, la actitud con la que Sumar ha decidido afrontar este ambiente preelectoral es marcadamente diferente a la de otras formaciones. Frente a unos rivales que ya tienen claro cómo irán a las urnas, los partidos a la izquierda del PSOE están intentando hacer de la necesidad virtud. Y, por ello —en palabras de Bustinduy—, han apostado por “construir la fórmula” para presentarse a las elecciones en el año 2027 mediante un empujón en la recta final de la legislatura para aprobar nuevas políticas sociales. “Hoy refundamos el sistema de cuidados, estamos peleando la intervención del mercado de vivienda y la prórroga de los alquileres, vamos a llevar la prestación universal por crianza, estamos peleando la derogación de la ley mordaza”, ponía como ejemplo el titular de Derechos Sociales.

Si la estrategia es la de tratar de recobrar tirón electoral logrando la puesta en marcha de algunas medidas en los últimos meses del mandato, la negociación con el PSOE para diseñar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que luego el Gobierno llevará al Congreso es clave para Sumar. Son tres las prioridades que se ha marcado la izquierda alternativa de cara a esas cuentas públicas: la mejora de la prestación por hijo a cargo, reformas en el sistema fiscal y más medidas para paliar la crisis de acceso a la vivienda, una materia sobre la que Sumar está negociando ahora mismo con el PSOE, con quien ha pactado aprobar un decreto en julio para recuperar la prórroga de los alquileres y regular los arrendamientos de temporada.

Sumar no tiene hoy por hoy una cara visible que pueda rentabilizar esos logros sociales, si finalmente se terminan produciendo. Y, aunque Bustinduy pedía hace unos días “calma” y aseguraba que la tardanza de la izquierda en elegir su marca y su candidato se debía a un ejercicio de “prudencia colectiva”, la coalición es la única de las grandes formaciones políticas que no tiene decidido quién será su cartel en las próximas elecciones. Por el momento, los partidos no trasladan nerviosismo al respecto, y una fuente incluso confía en que la persona indicada “acabará apareciendo”, si no es dentro de las organizaciones, “desde los márgenes”. Pero lo cierto es que los partidos tendrán menos de un año para dar a conocer tanto su nuevo nombre como a su nuevo líder, y tendrán que hacerlo en un contexto no precisamente favorable a la izquierda.

No hay grandes diferencias... pero no hay candidato

Todas las fuentes consultadas, de diferentes partidos, descartan que la razón de esta tardanza en escoger candidato sea que exista una pugna entre las diferentes patas de la alianza por escoger a uno o a otro. Nadie ofrece una razón clara por la cual esta elección, que se preveía para julio, no se ha producido. Las opciones más conocidas se han ido cayendo, una tras otra, del panel de candidatables desde que Yolanda Díaz anunciara que no se presentará a los comicios. La líder de Más Madrid, Mónica García, será cabeza de lista en las elecciones autonómicas en esa comunidad. Bustinduy, el favorito de todos los sectores, ha rechazado tomar el testigo. Alternativas menos evidentes, como la exalcaldesa Ada Colau, también han renunciado públicamente a liderar la candidatura. Y nombres que han sonado, como del líder de CCOO, Unai Sordo, no tienen “base de realidad”, según las fuentes consultadas.

De los cuatro partidos inmersos en las negociaciones, ha sido IU el que, con mayor claridad, ha pedido un acelerón para poner a punto la alianza de la izquierda alternativa. En un informe ante la dirección de su partido a principios de este mes, el coordinador federal, Antonio Maíllo, celebraba que existen “bases” positivas para reeditar la alianza de 2023, pero también alertaba de que esos mimbres “son insuficientes si no se resuelve a la mayor brevedad posible la personificación de espacio político en un liderazgo candidatable a la presidencia del Gobierno en las próximas generales”. “Urge”, asimismo, determinar ya la marca, planteaba Maíllo, que, sin embargo, se mostraba optimista y aseguraba que “la izquierda transformadora, hoy, tiene base social y capacidad de crecimiento”.

Varias fuentes consultadas admiten que, especialmente en el último mes y medio, el ritmo de la negociación no solo no se ha incrementado, sino que ha aminorado. Un dirigente del espacio político achaca este frenazo al congreso extraordinario que ha celebrado Movimiento Sumar —en el que se ha elegido como nuevas líderes a Verónica Martínez y Rosa Martínez— y al proceso de primarias de Más Madrid para escoger a sus candidatos para las elecciones locales y autonómicas, que terminó hace un par de semanas, aunque asegura que lo previsto es que haya “un acelerón en el mes septiembre”, ya que en la alianza a la izquierda del PSOE hay “consenso” en que lo más probable es un adelanto electoral para el primer trimestre de 2027.

Conversaciones con otros partidos autonómicos

Otra fuente, más pesimista, añade que los Comuns e IU también tienen sus propias preocupaciones. Los primeros están centrados en intentar recobrar algo de fuerza de cara a unas elecciones municipales que se prevén complicadas y en intentar vencer las resistencias de ERC para un frente amplio en Catalunya. Los segundos, por su parte, analizan el nuevo escenario que se ha abierto en Andalucía, su principal bastión, con el sorpasso de Adelante Andalucía en el espacio de la izquierda alternativa. Y no hay que olvidar que la alianza no está cerrada a los cuatro partidos que ahora la negocian, sino que la intención es sumar a formaciones como Chunta, Compromís o Més, y varias fuentes comparten la necesidad de que estos partidos —que no han querido estar en las conversaciones que se están desarrollando— también aporten su punto de vista sobre la marca y el candidato.

Las conversaciones con algunas de estas formaciones ya han comenzado, según confirman varios de los dirigentes consultados, aunque aún se encuentran en sus estadios iniciales. Y esos partidos también deberán afrontar sus propios debates internos sobre su posible participación en una candidatura de índole estatal. El ejemplo paradigmático es Compromís, donde la discusión es recurrente en todas las elecciones generales: Més, el sector más nacionalista capitaneado por Joan Baldoví, es mucho más reacio a los acuerdos con actores estatales que el de Iniciativa, liderado por Mónica Oltra, proclive a los pactos. La debilidad de los partidos de escala nacional, no obstante, ofrece mejores perspectivas a las formaciones territoriales para poder copar las listas, dada su mayor fortaleza.

Y, aunque el espacio político a la izquierda del PSOE lleva meses negociando su propio proyecto, algunos dirigentes aún mantienen un ojo puesto en los pasos que pueda dar el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. Ciertos sectores aún le consideran la mejor opción para ser candidato de todas las izquierdas, aunque en un formato aún por concretar. Pero en otros sectores cunde la sensación de que esa vía está muerta, e incluso el propio Rufián rebajó hace unas semanas las expectativas de un pacto liderado por él en toda España y circunscribió cualquier tipo de coalición a Catalunya. Y allí tampoco parece viable, puesto que la dirección de ERC lo rechaza de plano.

EH Bildu sería primera fuerza, con una estimación del 39,9% de los votos y 23 junteros, mientras que PNV obtendría el 32,9% de los apoyos y 19 representantes y el PSE-EE alcanzaría el 14,1% y siete representantes, lo que daría, por primera vez, mayoría absoluta en las Juntas Generales de Gipuzkoa a la coalición de Gobierno entre jeltzales y socialistas, según el Sociómetro de julio de Gipuzkoa. En una rueda de prensa en Donostia, la portavoz foral, Irune Berasaluze, ha presentado los resultados del último Sociómetro. La suma de Elkarrekin Podemos y Sumar, con un 5,2% de apoyo estimado, mantendría su representación de un juntero mientras que el PP lograría un 5% de los votos y un representante.

“Estos resultados apuntan a que la coalición de Gobierno mantendría sus apoyos y alcanzaría por primera vez la mayoría absoluta en las Juntas Generales sin necesidad del respaldo de una tercera fuerza política”, ha incidido la portavoz foral. Por otra parte, el último sociómetro refleja “una recuperación gradual de la confianza en la política”, y, así, el número de personas que manifiestan confiar en ella se sitúa en el 28,8%, frente al 17,2% registrado en 2023. “La desconfianza sigue siendo mayoritaria y alcanza el 67,1%”, ha reconocido, según recoge Europa Press.

“Se mantiene la valoración positiva de las instituciones vascas y el orden de proximidad institucional continúa marcando la percepción ciudadana”, ha indicado Berasaluze. De esta forma, los ayuntamientos son la institución mejor valorada, con 5,52 puntos sobre 10, seguidos de la Diputación de Gipuzkoa, con 5,43 puntos, y del Gobierno vasco, con 5,29“. El Gobierno central continúa siendo la institución peor valorada, con 3,81 puntos. Según Berasaluze, ”la proximidad, la capacidad de respuesta y la presencia en el día a día siguen siendo elementos fundamentales para recuperar la confianza.“

En cuanto al conocimiento y valoración de los principales líderes políticos, la diputada general guipuzcoana, Eider Mendoza, “sigue obteniendo la mejor valoración y repunta en conocimiento”, siendo conocida “por el 51,9%” de la ciudadanía, que le da una puntuación media de 5,73 sobre 10. El lehendakari, Imanol Pradales, obtiene un 87,8% en conocimiento y el presidente español, Pedro Sánchez, un 98,6%.

Situación económica

Por otro lado, ha señalado que, según el Sociómetro, “ocho de cada diez guipuzcoanos y guipuzcoanas esperan mantener o mejorar su situación económica”. Así, la situación económica personal obtiene una valoración media de 6,69 puntos sobre 10, el 82,3% de las personas encuestadas le otorga a su situación una nota igual o superior a 6 y el 80,5% considera que durante el próximo año su situación se mantendrá estable o mejorará.

La nueva encuesta refleja “una sociedad que mantiene una percepción positiva de su bienestar y de su calidad de vida” y confirma que la vivienda y las cuestiones económicas “continúan concentrando las principales preocupaciones de la ciudadanía y se consolidan como algunos de los grandes retos del territorio para los próximos años”, ha indicado.

Berasaluze ha destacado que “el sociómetro refleja una sociedad que mantiene una percepción positiva de su bienestar y de su situación personal, pero que al mismo tiempo es plenamente consciente y exigente respecto a los grandes retos colectivos que Gipuzkoa deberá afrontar en los próximos años”. “La vivienda se percibe como el principal reto del territorio para el 65,8%, pero existe una diferencia entre la percepción del problema y la incidencia directa en la vida cotidiana porque el porcentaje de personas que afirma verse afectada personalmente se sitúa en el 22,3%”, ha apuntado.

También ha indicado que “esta realidad cambia de forma notable entre la población joven”, ya que “entre las personas de entre 18 y 29 años, el impacto directo del problema de la vivienda afecta al 40,4%, lo que confirma que estamos ante uno de los grandes desafíos generacionales y ante una cuestión clave para la emancipación y los proyectos de vida de nuestros jóvenes.”

La encuesta, realizada mediante entrevistas telefónicas a 1.500 personas mayores de 18 años residentes en Gipuzkoa entre el 25 de junio y el 1 de julio, recoge las impresiones y valoraciones de la ciudadanía ante diversos temas sociales y políticos. En el apartado Economía y nivel de vida, “los 6,69 puntos sobre 10 con relación a la situación económica personal son el dato más elevado de la serie reciente que mantiene su tendencia positiva”, ha explicado. Según Berasaluze, “esta buena percepción se refleja también en la evolución del nivel de vida”.

Así, “el 51,3% de la ciudadanía considera que su situación se ha mantenido estable en los últimos dos o tres años y el porcentaje de quienes creen que ha mejorado aumenta hasta el 21,5%, un punto más que en la medición de diciembre”. “En paralelo, continúa reduciéndose el número de personas que consideran que su situación ha empeorado, pasando del 37,4% registrado en septiembre de 2023 al 26,8% actual, lo que supone una reducción de 10,6 puntos porcentuales en menos de tres años”, ha afirmado. “La confianza en el futuro también se mantiene en buenos niveles, al estimar el 46,9% que la situación económica del territorio se mantendrá estable y un 16% considera que mejorará, mientras que un 26,8% prevé un empeoramiento”, ha detallado.

En el ámbito social, “la vivienda se consolida como la principal preocupación de la ciudadanía guipuzcoana y alcanza el 65,8%, muy por encima del 54,3% registrado en diciembre de 2025 y del 50,2% de mayo de 2025”. El empleo y la situación laboral ocupan la segunda posición, con un 22,2%, seguidos por la sanidad, con un 20,8%, y la seguridad ciudadana, que se sitúa en cuarto lugar con un 14,5%. Los niveles de bienestar emocional se mantienen prácticamente estables respecto a mediciones anteriores.

De este modo, “la ciudadanía guipuzcoana valora su estado anímico con un 7,41 sobre 10 y mantiene una valoración muy positiva de su red de apoyo familiar y social, que alcanza una puntuación de 8,02 puntos, el indicador mejor valorado del estudio”. La portavoz foral ha incidido en que este sociómetro refleja que “Gipuzkoa avanza desde la estabilidad, afrontando con atención y responsabilidad los principales retos sociales y del territorio, pero manteniendo la confianza en su economía, en su modelo de bienestar y en sus fortalezas como comunidad”.

Compromís-Sumar pedirá que las viviendas que se pongan en alquiler tengan, como mínimo, unas buenas condiciones de climatización o aire acondicionado para poder salir al mercado. La coalición quiere que la ley de vivienda incorpore entre las condiciones mínimas de habitabilidad “el confort térmico y la protección frente al calor extremo”, dadas las reiteradas olas de calor.

Cabe recordar que el parque de vivienda español data mayoritariamente del siglo pasado, con unas condiciones climáticas que en la actualidad son inexistentes: hay más episodios de calor extremo y de noches tórridas que hace décadas. “Tenemos que ser conscientes de que Europa ha vivido su verano más caluroso de su historia, pero desgraciadamente el menos caluroso de los que quedan por vivir”, señaló el diputado Alberto Ibáñez al presentar la iniciativa en el Congreso.

El diputado anunció este martes que el grupo parlamentario está trabajando en enmiendas a la ley de Arrendamientos Urbanos y en una proposición no de ley para abordar este tema. Se trata de estableciendo la obligación del arrendador de garantizar sistemas de climatización o facilitar que la parte arrendataria pueda instalarlos deduciendo automáticamente su coste de las rentas mensuales, según trasladan fuentes de la coalición.

También quieren incorporar la exigencia de un certificado de eficiencia energética adecuado para que la factura energética de la parte inquilina sea asequible y no sea una barrera para poder hacer uso de la climatización.

“Dudo que hoy en España haya alguien que esté en contra de que gente que se está llevando por la patilla 2.000 euros por alquilar un piso tenga la obligación de, como mínimo, que haya un aire acondicionado decente que no haga que la gente se ase en su casa”, planteó el coportavoz en el Congreso.

La mayoría del Congreso de los Diputados ha rechazado este martes las enmiendas a la totalidad de PP y Vox contra la proposición de ley de PSOE y Sumar para reformar el Código Penal y eliminar del mismo delitos que restringen la libertad de expresión, como las injurias a la Corona, la ofensa a los sentimientos religiosos o los ultrajes a los símbolos nacionales. De esta forma, el texto logra avanzar en su tramitación parlamentaria y ahora será abordada en comisión antes de someterse a su votación definitiva en pleno.

La norma que este martes ha sido defendido en el Congreso por el dirigente de IU Enrique Santiago, comenzó a tramitarse en 2023, pero llevaba desde entonces congelada en la Cámara Baja porque los socialistas no la consideraban una prioridad. Fue a mediados de junio cuando, en medio de la tormenta judicial que afecta al Ejecutivo, las dos fuerzas que sustentan el Gobierno la reactivaron en el Congreso.

La proposición de ley contempla acabar con cinco delitos recogidos en el Código Penal. Además de las ya mencionadas injurias a la Corona, ultrajes a los símbolos nacionales y ofensa a los sentimientos religiosos, PSOE y Sumar también están de acuerdo en despenalizar las calumnias e injurias a las altas instituciones del Estado y en eliminar el tipo que pena las injurias contra las Cortes Generales o las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.

Ambos partidos pactaron en cambio renunciar a la eliminación del delito de enaltecimiento de terrorismo para evitar recelos de otros grupos, pese a que Sumar sí quería derogar ese artículo del Código Penal y sustituirlo por un agravante que permitiría castigar con más dureza los delitos que incluyan vejaciones a víctimas.

La reforma penal lleva años planteándose sin llegar a concretarse, a pesar de que a priori existe —como existía la pasada legislatura, cuando la propuso Unidas Podemos— mayoría parlamentaria para aprobarla. De hecho, en julio de 2024 Sumar y el PSOE ya anunciaron un pacto para suprimir los citados delitos de opinión y lo unieron a otro acuerdo para modificar la ley orgánica que rige el derecho al honor, con el fin de incluir una “reparación pública” ante procesos judiciales prolongados en el tiempo. Ese acuerdo nunca llegó a ponerse en práctica.

Para reactivar la tramitación de la proposición de ley, PSOE y Sumar dejaron de ampliar los plazos de presentación de enmiendas, lo cual permitió que dicho periodo se cierre y se pasara al debate de totalidad de este martes. Ahora los grupos parlamentarios comenzarán a discutir el redactado final de la reforma, que aún necesitaría recibir luz verde del Congreso en otras dos ocasiones antes de pasar al Senado para finalizar su tramitación.

El magistrado del Tribunal Supremo Vicente Magro ha pedido al Congreso el permiso necesario para procesar por prevaricación al diputado de Sumar En Comú Podem Félix Alonso, por los contratos a dedo que adjudicó cuando era alcalde de Altafulla (Tarragona).

En un auto, el instructor recoge que ha apreciado “elementos bastantes” para considerar que Alonso, como alcalde de Altafulla, abusó de la figura de los contratos a dedo para beneficiar a una consultora afín a su partido. La Fiscalía había apoyado la petición de suplicatorio, mientras que la defensa del político se había opuesto.

El magistrado indica que en la etapa como alcalde de Alonso, entre 2011 y 2019, el Ayuntamiento de Altafulla “recurrió a la figura del contrato menor sin sujetarse a la legislación específica en la materia de contratación pública”. Las contrataciones investigadas suman 30.000 euros.

La resolución no acoge la tesis de defensa de Alonso, que en su declaración voluntaria ante el Supremo negó que hubiera criterios políticos para adjudicar al despacho del exconseller de ICV Salvador Milà varios contratos municipales en materia de Urbanismo, sino que se debió a la falta de personal del consistorio.

Ante la imposibilidad de contratar más personal debido a las restricciones impuestas por la ley Montoro, el ayuntamiento que dirigía Alonso optó por hacer un contrato menor para estos servicios. Para su defensa, el consistorio no necesitaba un servicio recurrente, sino un funcionario que no tenía y que la ley impedía contratar.

Por el contrario, el juez considera que hubo un “uso indebido” de la prórroga y del contrato menor “con la voluntad” de Alonso “de introducir empresas con vinculación política” y necesidades recurrentes del consistorio que debían vehicularse a través de un concurso.

Como marca la ley, antes de proceder penalmente y procesar al diputado, el juez tiene que pedir el suplicatorio al Congreso a través del presidente de la Sala de lo Penal para enviarlo, previo refrendo de los magistrados.

La portavoz de la coalición Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, fueron elegidas nuevas líderes de Movimiento Sumar —el más pequeño de los partidos de la alianza— en la asamblea extraordinaria celebrada este sábado, la tercera en apenas tres años de vida de la organización. Martínez y Martínez fueron apoyadas por el 95,92% de los delegados enviados por los territorios a un congreso sin fuste y que se desarrolló sin que la formación permitiera la presencia de la prensa durante el día.

Martínez y Martínez sustituyen en el liderazgo del menguado partido a Lara Hernández, que el pasado 1 de julio abandonó la formación denunciando ser víctima de una “campaña de desprestigio” tras el archivo de las denuncias internas por acoso contra ella. La candidatura de las nuevas co-coordinadoras de Movimiento Sumar es la única que se presentó para liderar la formación fundada en 2023 por Yolanda Díaz, que se desentendió de las labores orgánicas en 2024 y que este sábado se limitó a acudir como público al mitin de cierre que ofrecieron Martínez y Martínez. Sus intervenciones fueron precedidas por las del líder de UGT, Pepe Álvarez, la secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO, Carolina Vidal, o la eurodiputada Estrella Galán.

Tras la dimisión de Hernández, y ante la falta de debate interno en relación a una hoja de ruta política que se actualizó hace poco más de un año, todos los debates llegaban ya cocinados al congreso. Y, como se esperaba, la reunión de este sábado fue de trámite y evidenció la debilidad de la organización, que ni tan siquiera llenó las en torno a 400 plazas del salón de actos del Colegio Oficial de Odontólogos (COEM), donde se celebró la asamblea. La principal novedad que salió de ella fue la creación de un colectivo juvenil de Movimiento Sumar y la puesta en marcha de un nuevo órgano, llamado “Consejo Territorial”, para representar a las diferentes federaciones autonómicas del partido, que se reunirán al menos una vez cada tres meses.

Con su elección como nuevas líderes, Martínez y Martínez tratarán de dar carpetazo a la crisis más grave de la corta vida de Movimiento Sumar, abierta conocerse las acusaciones de acoso laboral contra Lara Hernández. No obstante, el futuro del partido, una vez Yolanda Díaz ha anunciado que dejará la política al final de la legislatura, está sumido en un mar de dudas. La formación debe encontrar un encaje dentro de la coalición con Más Madrid, Comuns e IU, y es una incógnita, incluso, si hay lugar para esta organización en un espacio —el de las izquierdas de ámbito estatal— copado por IU y Podemos.

En su discurso tras ser formalmente nombrada nueva co-coordinadora, Verónica Martínez se refirió precisamente a este asunto para reivindicar que Movimiento Sumar, pese a que apenas tiene estructuras y militantes, sigue siendo necesario. “Si hay algo que hemos ido comprobando y demostrando mientras gobernamos es que la España que queremos solo la puede construir la izquierda, pero también que no lo hará una sola organización, ni tampoco una sola tradición política”, sostuvo Martínez, que afirmó que “las izquierdas nunca hemos necesitado pensar exactamente igual para cambiar la vida de la gente”.

“Lo que necesitamos es compartir un propósito y entender que la riqueza de un proyecto no está en que desaparezcan las diferencias, sino en ser capaces de ponerlas al servicio de un objetivo común”, planteó. Y “esa”, dijo, “es la idea de frente común en la que creemos: no una suma de siglas ni un reparto de espacios, sino un proyecto compartido entre organizaciones que saben que hay momentos en los que defender la propia identidad consiste, precisamente, en ser capaces de construir con quien no piensa idéntico”.

En la misma línea se expresó Rosa Martínez, que se mostró partidaria de “explorar todas las posibilidades que nos permitan construir un frente amplio a partir del trabajo conjunto que llevamos tiempo realizando con Comuns, Más Madrid e IU”. “Un frente amplio que dé respuesta a la exigencia de la gente de izquierdas, la gente progresista, la gente trabajadora que no desea un gobierno de PP y Vox”, planteó.

Este sábado, a las 11.00 horas, Movimiento Sumar dará el pistoletazo de salida al congreso extraordinario que sus dirigentes esperan que sirva para dejar atrás la crisis interna más grave desde la fundación del partido, en un 2023 que parece ahora muy lejano. La que será la tercera asamblea en tan solo tres años de vida de la formación se celebrará con un resultado cantado de antemano: la única lista para la dirección es la liderada por la portavoz parlamentaria Verónica Martínez y la secretaria de Estado Rosa Martínez, puesto que la exlíder, Lara Hernández, no competirá por revalidar su cargo tras dimitir la semana pasada después del archivo de su expediente interno por acoso laboral.

La asamblea extraordinaria tendrá un formato muy diferente al de las dos anteriores, puesto que Movimiento Sumar ha impuesto un formato hermético para controlar el mensaje. Los debates internos sobre el rumbo político del partido estarán vedados a la cobertura de la prensa, como suele ser habitual en los congresos de todas las formaciones. Pero, a diferencia de lo ocurrido en las asambleas de 2024 y 2025, los periodistas tampoco podrán acceder al recinto donde se celebrará el cónclave, algo vital para la labor informativa. Un portavoz de Movimiento Sumar se limitará a hacer declaraciones a las 11 de la mañana y, posteriormente, el congreso se cerrará a cal y canto hasta las 19.00 horas, cuando está previsto el mitin de cierre de Martínez y Martínez. El partido justifica esta decisión por razones de espacio del recinto.

Pese a que la asamblea se celebrará con todos los grandes debates internos resueltos, eso no implica que no existan dudas en torno a Movimiento Sumar, aunque lo cierto es que se proyectan de cara al futuro. El congreso va a ser plácido, la dirección del partido intentará escenificar unidad tras semanas de enfrentamiento público, pero no está claro cuál será el papel de la formación dentro de la coalición con Más Madrid, Comuns e IU. Es una incógnita, incluso, si hay lugar para esta organización en un espacio —el de las izquierdas de ámbito estatal— copado por IU y Podemos, especialmente cuando su principal rol, representar al sector referenciado en Yolanda Díaz, ya no existe tras la decisión de la vicepresidenta de no presentarse a las próximas elecciones y dejar la política.

Fuentes de su entorno afirman que, “seguramente”, la propia Díaz asista tan solo al mitin de cierre de la asamblea del partido que ella misma fundó en 2023, y sobre cuya guerra interna lleva varias semanas evitando pronunciarse. El año pasado, en el segundo congreso del partido —igualmente convocado de manera extraordinaria para elegir, precisamente, a los sustitutos de Díaz como líderes de Movimiento Sumar tras su dimisión de las labores orgánicas—, la fundadora ya se ausentó de la primera jornada, en la que se produjeron los debates políticos en las diferentes mesas organizadas para ello. Díaz sí estuvo presente en la segunda jornada e intervino en el mitin de cierre, algo que no hará este sábado, cuando se limitará a sentarse entre el público.

A diferencia del año pasado, la asamblea de 2026 concentrará sus actividades solo en un día, buena muestra de que todos los asuntos relevantes llegan ya cocinados y decididos. Apenas ha habido debate en relación a la renovación de las tesis políticas, cuya gran novedad es la apuesta de Movimiento Sumar por poner en marcha alianzas “coyunturales” con partidos independentistas, un guiño a un Gabriel Rufián que se encuentra en plena pugna interna con su partido, ERC, precisamente porque propone un frente de izquierdas estatales y nacionalistas de cara a las próximas generales. Tampoco hay grandes novedades a nivel organizativo, habida cuenta de que la estructura de Movimiento Sumar se reformó hace poco más de 12 meses.

El principal cambio que se ejecutará en el congreso extraordinario será de caras. Verónica Martínez y Rosa Martínez tomarán el timón del partido sin competencia, puesto que la suya ha sido la única lista que se ha presentado para liderar Movimiento Sumar. Lo harán en sustitución de una Lara Hernández que ha decidido no presentar batalla por falta de apoyos pese al archivo de su expediente interno por acoso laboral —el que ha iniciado la Inspección de Trabajo sí sigue bajo investigación—. Martínez y Martínez han tratado de calificar su lista como “de unidad”, pero se quedan fuera de ella los parlamentarios más afines a la exlíder, como es el caso de Txema Guijarro, Manuel Lago o Agustín Santos. Tampoco tendrá hueco en la nueva dirección el secretario de Estado de Empleo y número dos de Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.

Quien sí se mantendrá en la nueva dirección de Movimiento Sumar es el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el único integrante del Consejo de Ministros que seguirá formando parte del puente de mando del partido. Urtasun, que compaginará su militancia en Movimiento Sumar con el carné de los Comuns, que sigue manteniendo, es uno de los nombres que suenan como posibles candidatos de los partidos agrupados en Sumar para las próximas elecciones generales, aunque ese proceso avanza muy lentamente y fuentes próximas al dirigente descartan que sea él quien vaya a encabezar la lista electoral. En la dirección de Movimiento Sumar, el ministro ocupaba actualmente el puesto de portavoz, aunque existen dudas de que vaya a repetir.

En la lista liderada por Verónica Martínez y Rosa Martínez también figura Roberto Buitrago, un dirigente valenciano al cual la coordinadora de Movimiento Sumar en esa comunidad, Carmen Padilla, ha denunciado internamente por “acoso moral”, tal y como publicó este jueves elDiario.es. Los delegados afines a Padilla —cercana, por su parte, al sector más próximo a Lara Hernández— en la dirección valenciana del partido, que son el sector mayoritario en la Comunitat, no acudirán este sábado a la asamblea extraordinaria que se celebrará en Madrid en protesta por el hecho de que la comisión antiacoso de Movimiento Sumar se haya “negado a abrir una investigación sobre las dinámicas misóginas y machistas” que ha denunciado la coordinadora autonómica.

No es la primera vez que la federación valenciana del partido da dolores de cabeza a la dirección estatal en los últimos meses: en su carta de renuncia, la ex secretaria de Organización de Movimiento Sumar, Laura Moreno, acusó a Lara Hernández de fraude en el proceso interno que eligió a Padilla —próxima a ella— como coordinadora en la Comunitat Valenciana en detrimento del otro candidato, el crítico, que precisamente era Buitrago. Hernández defiende, por el contrario, que fue el sector crítico el que intentó manipular el censo en su favor afiliando a última hora al partido a un grupo importante de personas.

La reconfiguración del espacio

El congreso extraordinario de Movimiento Sumar tendrá lugar en un momento clave para todo el espacio a la izquierda del PSOE, que lleva meses negociando su recomposición. Las tesis políticas que saldrán ratificadas de la asamblea redobla la apuesta de la formación por conformar una alianza estable con IU, Más Madrid y los Comuns. Pero el formato de esa alianza estable está aún por definir, así como los dos asuntos capitales a ojos de la opinión pública: la nueva marca que sustituirá a Sumar y, especialmente, el candidato para las próximas elecciones generales.

Inicialmente, la idea de los cuatro partidos era tener ambos asuntos solventados para antes del parón estival de agosto, pero en las últimas semanas fuentes de todas esas formaciones han confirmado que el anuncio se retrasará hasta septiembre. El rol de Movimiento Sumar, con toda probabilidad, será mucho más reducido que el que ha tenido durante la última legislatura, en la cual el hecho de ser el partido de Yolanda Díaz le ha proporcionado un papel preeminente en el grupo parlamentario de Sumar en el Congreso y también en la cuota de la alianza en el Gobierno. Y parece descartado que el candidato de todo el espacio proceda de Movimiento Sumar, aunque este jueves Verónica Martínez se dejó querer en una entrevista en La Voz de Galicia, en la cual, al ser preguntada por la posibilidad de que encabezara las listas, aseguró que “siempre” estará dispuesta a lo que le “pidan”.

La apuesta de Gabriel Rufián por una candidatura conjunta de las izquierdas nació como proyecto personal del diputado de ERC y en contra del parecer mayoritario de su partido. Desde entonces, la vía Rufián se apoderó de muchos debates, interpeló a políticos e ilusionó a posibles votantes. Pero, seis meses después, quienes debían ser sus compañeros de viaje dan por imposible el proyecto, tras no haber encontrado interlocutores para explorarlo.

“Lo hemos intentado, pero hemos comprobado que en esa piscina no hay agua”, aseguran fuentes de los Comuns, que explican que durante los meses de mayo y junio trataron de acercarse al diputado republicano para conocer el detalle de sus planes. Pero no tuvieron éxito.

Tras eso, optaron por hacer una nueva tentativa, esta vez al máximo nivel. Las coordinadoras nacionales de Catalunya en Comú, Gemma Tarafa y Candela López, pidieron una reunión formal con Rufián. Pero este las remitió a hablar directamente con Oriol Junqueras, presidente de Esquerra y que se ha manifestado siempre con claridad en contra de una candidatura que sume a su partido con el resto de izquierdas estatales.

Desde el grupo parlamentario de ERC quitan hierro a estos desencuentros. “En los pasillos del Congreso hablamos todos los días, nos encontramos con mucha gente todos los días, de partidos y grupos diversos”, explican, dando a entender que nunca han rehuido ningún contacto. Ahora bien, entienden que son las cúpulas de los partidos quienes deben negociar.

“Rufián buscaba concienciar, remover y debatir, y es lo que ha conseguido, y es evidente que son los partidos, y sus cúpulas, los que hacen coaliciones y acuerdos y, por tanto, quienes deben abordarlo”, resumen desde el equipo del republicano.

En cambio, para los Comuns, esto ha significado darse contra una pared. “Cada vez que lo hemos intentado, Rufián no sale del marco de que decida la dirección de ERC”, sentencian fuentes de la formación. “Lo respetamos mucho, pero en la práctica no deja vías abiertas para intentar un proyecto en el que no esté ni él ni su partido”, lamentan.

Desde los Comuns agregan que ya tienen un contacto fluído con la dirección de Junqueras, pero que esta nunca ha dado pie a un entendimiento electoral.

Sin avances en otros territorios

Los partidos agrupados en Sumar delegaron a los Comuns la tarea de explorar la 'via Rufián', al entender que era una cuestión que tenía uno de sus principales nudos gordianos en Catalunya. Sin embargo, a lo largo de su pequeña gira de encuentros con diferentes líderes de izquierdas, Rufián también había guiñado el ojo hacia Podemos o, más recientemente, a Compromís.

El acto que Mònica Oltra protagonizó el pasado 19 de junio con Rufián dio a entender que ambos líderes podían entenderse. Sin embargo, en la Comunitat Valenciana la cuestión sobre las generales es solo uno de los debates sobre las coaliciones, que también deben cerrarse para el resto de las elecciones. Se da la circunstancia de que ERC tiene una pequeña federación valenciana.

Por ello, Compromís tiene constituida una mesa de trabajo para estudiar posibles confluencias para las próximas elecciones municipales, autonómicas y generales. Los tres partidos que forman Compromís están en esa negociación, pero aún no se ha llegado al detalle de participar de algún proyecto para las generales. Mucho menos si lleva el nombre de Rufián o no.

Tampoco hay noticias por la parte de Podemos, después de que el pasado 25 de junio anunciara que Irene Montero será su candidata a las generales. Sobre una posible incorporación de Podem a candidaturas lideradas por ERC, bien a las generales o bien de cara a las municipales, los republicanos siguen sin descartar esta opción pero aseguran que por el momento no hay ninguna negociación en esta línea.

La dirección valenciana de Movimiento Sumar se fractura y una mayoría de sus miembros plantará al partido en la asamblea que renovará los liderazgos, que tendrá lugar este sábado. Más de la mitad de los miembros del Grupo Coordinador autonómico han suscrito un comunicado interno, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que acusan al partido de “complicidad” por ignorar una denuncia de acoso a la cocoordinadora en la Comunitat Valenciana, Carmen Padilla. En dicho texto, los firmantes también reclaman autonomía respecto a la dirección nacional y el impulso a un modelo federalista en la formación.

Como ya informó elDiario.es, la corresponsable del partido en València, Carmen Padilla, interpuso una denuncia interna por acoso contra el cabeza de la candidatura alternativa, Roberto Buitrago. La cocoordinadora acudió al comité antiacoso, en el que se encuentra el propio Buitrago, y este órgano le propuso una mediación para analizar el “malestar”. Ante la inacción del órgano, acudió al comité de garantías, que instó a antiacoso a analizar la denuncia. Padilla y su entorno denuncian conductas machistas y un intento de apartarla de la dirección valenciana en favor de su excontrincante, que finalmente se integró en el Grupo Coordinador y forma parte del equipo que este sábado concurre a la asamblea.

“Ante la estrategia sostenida de desgaste y deslegitimación contra el proyecto de un Movimiento Sumar País Valenciano soberano y con voz propia, los delegados y delegadas que apoyamos a la Coordinación General territorial —y que representamos más del 60% de la organización— decimos basta”, señala el comunicado, que suscriben los dos coordinadores valencianos, Xavier López y Carmen Padilla.

A ello se suma, según la dirección valenciana, un intento de expulsar a esta federación, que es la tercera en afiliados, y de “tutelar” a los territorios. “Mientras se bloquea el apoyo interno a una compañera y se limitan los derechos políticos de la mayoría de la organización valenciana, se impulsan paralelamente enmiendas a la Asamblea estatal del 11 de julio diseñadas para validar la intervención discrecional de los territorios”, señala el comunicado, que prosigue: “No podemos legitimar con nuestra presencia un proceso que consideramos parcial, ajeno y orientado a anular políticamente el espacio valenciano”, señalan.

“Lo que realmente incomoda es que en el País Valenciano haya un proyecto sólido que defiende un modelo federal real para Movimiento Sumar, con el mismo peso político que el resto de territorios del Estado, arraigado a la realidad de nuestro pueblo y con la voluntad de relacionarse con el resto de actores políticos valencianos en pie de igualdad. Lo que incomoda es que no aceptamos condiciones impuestas que solo buscan nuestro debilitamiento”, señalan los firmantes.

El congreso de la unidad, empañado

La decisión del sector mayoritario de la dirección valenciana de Movimiento Sumar evidencia la intensidad de la guerra interna en la que se encuentra sumida la organización, y debilita el relato de unidad y cierre de filas que buscan trasladar este sábado las que serán las nuevas co-coordinadoras a nivel estatal: Verónica Martínez y Rosa Martínez. La ausencia de los delegados valencianos afines a Carmen Padilla no cambiará el resultado del congreso, puesto que la de Martínez y Martínez es la única lista que se ha presentado para liderar el partido. Pero sí refleja que la crisis que se ha llevado por delante a la antigua líder, Lara Hernández, acusada también de acoso laboral, sigue abierta.

En este contexto, la asamblea extraordinaria de este sábado tendrá un formato muy diferente al de las dos anteriores, puesto que Movimiento Sumar ha impuesto un formato hermético para controlar el mensaje. Los debates internos sobre el rumbo político del partido estarán vedados a la cobertura de la prensa, como suele ser habitual en los congresos de todas las formaciones. Pero, a diferencia de lo ocurrido en las asambleas de 2024 y 2025, los periodistas tampoco podrán acceder al recinto donde se celebrará el cónclave, algo vital para la labor informativa. Un portavoz de Movimiento Sumar se limitará a hacer declaraciones a las 11 de la mañana y, posteriormente, el congreso se cerrará a cal y canto hasta las 19.00 horas, cuando está previsto el mitin de cierre de Martínez y Martínez. El partido justifica esta decisión por razones de espacio del recinto.

Lara Hernández ha dimitido de sus cargos en Movimiento Sumar tras archivarse el expediente por acoso laboral contra ella. Todo esto tras una larga crisis interna en el partido que Yolanda Díaz montó para las elecciones del 23J. En Sumar, este sábado, se enfrentan a un congreso extraordinario del que Verónica Martínez y Rosa Martínez saldrán ganadoras. Hacemos un repaso a la historia de Sumar, de su paso de plataforma electoral a partido político como Movimiento Sumar, a las distintas guerras internas… y reflexionamos en torno a que, esas disputadas, cada vez importan menos a un electorado que empieza a conocer a sus protagonistas.

Lo abordamos con el periodista de elDiario.es que sigue el día a día de la información de Sumar y de la izquierda española, Daniel Ríos.

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La crisis interna en Sumar tiene su impacto en el País Valencià. El movimiento, que lleva meses en un convulso proceso para recomponerse, celebra su asamblea este viernes, en un proceso al que solo concurre el llamado sector crítico. La vicepresidenta segunda y fundadora del partido, Yolanda Díaz, no participará en la candidatura, dejando al ministro de Cultura Ernest Urtasun como cabeza institucional visible.

El proceso asambleario llega tras una cascada de dimisiones y acusaciones cruzadas, como las denuncias por acoso hacia la excoordinadora, Lara Hernández. Una de las más graves, con origen valenciano. La exsecretaria de organización, Laura Moreno, que cargó contra Hernández en su dimisión, denunció un fraude en el proceso asambleario del País Valencià, que estaba previsto para noviembre y bajo su tutela. La Asamblea valenciana se celebró finalmente en febrero con una candidatura unitaria, encabezada por Xavi López y Carmen Padilla, en la que el bloque crítico que lidera Roberto Buitrago quedó fuera de la Ejecutiva. El joven, que forma parte del Consell de la Joventut, se integra ahora en la candidatura para la Asamblea estatal, que pretende poner paz en la formación política. Y ha sido señalado por la actual dirección autonómica.

El conflicto en Sumar no es solo de índole política. Según la información consultada por elDiario.es, la co-coordinadora valenciana presentó hace meses una denuncia de acoso contra Buitrago, al que la dirección nacional quiere incorporar a la Ejecutiva valenciana. Padilla relata en un escrito enviado en marzo, una semana después de la Asamblea valenciana, conductas “machistas” destinadas a apartarla de la organización, “acoso moral” y una situación de desgaste desde hace un año.

La cuestión es algo enrevesada y requiere un análisis de los procesos internos. Buitrago forma parte de la comisión Antiacoso, que ha de dirimir estos temas. Consultado por este diario, asegura que desconoce que se le haya abierto ningún proceso ni tramitado una denuncia. El joven apunta que por responsabilidad respecto a la organización no hará valoraciones sobre los conflictos internos, que califica como discrepancias.

Según trasladan fuentes próximas a la dirección, la Comisión Antiacoso ofreció a Padilla una mediación con Buitrago, tratando el conflicto como “conductas que generan malestar” y lo enmarcó en el proceso orgánico del movimiento, que estaba eligiendo a los órganos de coordinación. La co-coordinadora se opuso a esta fórmula, reclamó conocer quién había tomado esta decisión y pidió amparo ante el Comité de Garantías, que ha exigido al órgano Antiacoso que actúe. Desde hace tres meses el partido no ha realizado acciones en este sentido, trasladan estas fuentes. La co-coordinadora afeó al órgano que no hubiera iniciado una investigación y denuncia una dinámica de presión y hostigamiento desde hace un año. Asimismo, apuntan que los responsables de evaluar estas conductas son cercanos al denunciado y cuestionan la imparcialidad. La la dirección nacional de Movimiento Sumar, preguntada por el estado de tramitación de esta denuncia, evita pronunciarse y no ofrece explicaciones a las quejas del entorno de Carmen Padilla

El entorno de López y Padilla interpreta que hay una maniobra para expulsarlos desde dentro. Según fuentes de Sumar, la dirección nacional quiere impulsar a Buitrago y ha planteado incorporarlo a la Ejecutiva valenciana, pero los coordinadores se niegan hasta que se dirima si ha habido conductas inapropiadas en la organización.

Denuncia de fraude en la Asamblea del País Valencià

Moreno, en su carta de dimisión, denunció un “fraude” en la constitución de la Asamblea valenciana, un proceso que estaba bajo su tutela. Concurrían dos equipos: la dirección actual, con Xavi López y Carmen Padilla y una candidatura alternativa con Roberto Buitrago. Moreno aseguró que se detuvo el proceso porque la dirección nacional no quería dos candidaturas y señaló directamente al actual co-coordinador, Xavi López, del entorno del diputado Txema Guijarro; ex de Podemos y núcleo duro de Yolanda Díaz en Alicante.

Fuentes de Sumar confirman que se detectó un aumento anómalo del censo en el último día y por garantías se solicitó que se aplazara el proceso. A la asamblea de febrero llegaron con una candidatura integrada, que incluía a Buitrago, pero lo dejaron fuera de la Ejecutiva. “Los actuales cocoordinadores excluyeron de la cocoordinación y de la ejecutiva a toda la candidatura alternativa”, señala Moreno. En efecto, Buitrago forma parte del Consejo de Coordinación, pero no de la Ejecutiva.