La coalición de Gobierno vive estos días instalada en un déjà vu. Prácticamente un año después de que estallara el caso Cerdán, que sacudió los cimientos del PSOE, la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la entrada de la UCO en la sede de Ferraz para pedir documentación han vuelto a poner patas arriba el tablero político y también la relación entre los socialistas y Sumar en el seno del Ejecutivo. La coalición que lidera Yolanda Díaz no se ha planteado en ningún momento romper con el PSOE y salir del Consejo de Ministros. Pero, tras una primera reacción dubitativa y en mitad de algunas diferencias internas, ha elevado el tono para exigir a La Moncloa que reaccione ante una crisis que amenaza con volar la legislatura.

La coalición de Yolanda Díaz se está viendo obligada a hacer un complicado encaje de bolillos para distanciarse de los casos de supuesta corrupción mientras, a la vez, ofrece argumentos para mantenerse dentro del Gobierno. Sumar insiste en que el Ejecutivo está siendo objeto de una campaña judicial, mediática y política desde el inicio de la legislatura para hacerlo caer, pero a la vez exige al PSOE que dé explicaciones por dos casos, el de Zapatero y el de Leire Díez, que sí consideran preocupantes. Y, desde que la semana pasada se conoció la imputación del expresidente, el malestar de Sumar con el PSOE ha ido en aumento.

La formación que lidera Yolanda Díaz entiende que los socialistas están optando por no dar explicaciones, y que eso únicamente agrava los serios problemas a los que se enfrenta la coalición en su conjunto. Y a todas las organizaciones que componen Sumar les enfadó, especialmente, la rueda de prensa que ofreció el presidente Pedro Sánchez en Roma el miércoles, en la que incluso bromeó con su decisión de no adelantar las elecciones en una alusión velada al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que así lo pidió el miércoles.

Ese malestar se tradujo durante el jueves en una negociación interna en el seno del Gobierno que, junto a la presión ejercida por socios como Podemos, ERC, BNG o Compromís, ha forzado —según admiten fuentes de La Moncloa— a Sánchez a cambiar de planes y a solicitar una comparecencia a petición propia en el Congreso para debatir sobre los procedimientos judiciales que afectan al PSOE. Pero algunos sectores de Sumar también consideran que su propia formación tiene que “tomar posiciones” más firmes, se muestran críticos con su reacción y llaman a actuar de forma más “drástica” que hasta ahora ante la crisis.

El jueves pasado, el grupo parlamentario de la alianza celebró una reunión en la que, según reconocen algunos dirigentes, se evidenciaron las diferencias que existen en el seno de la coalición sobre cómo abordar la crisis. Algunos sectores abren incluso la puerta a valorar la posibilidad de retirar el apoyo parlamentario al PSOE si, en las próximas semanas, no ofrece respuestas satisfactorias sobre Zapatero y la trama de Leire Díez. Hoy por hoy, ese escenario aún no se contempla.

Otras voces consideran que la mejor forma de apartar el foco de la corrupción y, a la vez, de que a Sumar no le salpiquen los problemas de su socio es intentar forzarle a que desbloquee algunas de las medidas sociales que llevan tiempo en el congelador, especialmente en materia de vivienda.

El futuro de Sumar no se define

La profunda crisis abierta en los últimos días ha pillado a Sumar, además, en mitad de un proceso de reconstrucción que no termina de marchar con la velocidad que a algunos de los sectores de la alianza les gustaría. Este sábado, IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los Comuns —agrupados bajo el lema provisional de “Un paso al frente”— han celebrado un nuevo acto en Barcelona, tras los ya organizados en los últimos meses en Madrid y Sevilla, con la intención de seguir preparando el terreno para el relanzamiento de su alianza. Pero en ese mitin no se han despejado ninguna de las dos grandes incógnitas en la izquierda alternativa de cara a las próximas elecciones generales: la marca con la que se presentará y, sobre todo, quién será su candidato.

El asunto del liderazgo es el más acuciante, y algunos de los principales dirigentes de la alianza aún conocida con el nombre de Sumar ya han hecho público el debate que, desde hace semanas, también existe en privado entre las organizaciones: la necesidad de acelerar los tiempos, especialmente ahora que la legislatura está en el alambre. La que más claramente lo ha verbalizado es la líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández, que tras el mal resultado obtenido por la coalición Por Andalucía en los comicios autonómicos de hace un par de semanas aseguró que “acelerar” es “urgente” y pidió presteza para definir “cuál va a ser la persona” que va a liderar el espacio.

El problema, no obstante, no es que haya diferencias entre los partidos sobre cuándo tiene que lanzarse al nuevo candidato, sino que no existe un aspirante claro para ocupar ese puesto. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, el favorito de los cuatro partidos, rechaza asumir el rol de líder, pero otras de las principales figuras del espacio tampoco parecen estar por la labor o no convencen a una o varias de las patas de la coalición. Y, aunque Sánchez insiste en que su intención es agotar la legislatura y en que no va a adelantar las elecciones, el tiempo corre.

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, cerró la semana pasado un pacto de presupuestos con el PSC, los primeros que aprobará Salvador Illa. Pero de eso ya parece que hace un siglo, pues desde entonces el PSOE y sus socios han vivido el movimiento sísmico de la investigación judicial contra José Luís Rodríguez Zapatero y el avance de la causa sobre Leire Díez.

Ante tales sacudidas, los Comuns recetan cautela y resaltan sus dos líneas rojas: solo se mantendrán en el Gobierno si no se demuestra financiación irregular ni tampoco que Sánchez estuviera al tanto de lo que hacía “Ábalos, Cerdán o Leire”. A la vez, apremian a Gabriel Rufián a aclarar qué quiere hacer en unas eventuales elecciones generales.

El protagonista de la semana ha sido el expresidente Zapatero. ¿Usted se lo cree cuando dice que no ha hecho nada ilegal?

Ni me lo creo ni dejo de creérmelo. Lo que sí tengo clarísimo es que el PSOE no ha dado todas las explicaciones que hacen falta. Sánchez se quedó muy corto. Tenemos que esperar a que la Justicia haga su camino, porque hay mucho de lawfare, pero no todo es lawfare. Lo hemos sufrido en el Ayuntamiento de Barcelona, en el mundo independentista, en el caso de Mònica Oltra, en el caso del fiscal general del Estado.

Por supuesto que hay una conspiración para intentar tumbar al Gobierno desde el primer día. Pero también hemos ido leyendo informaciones sobre el caso de Zapatero que puede que no sean ilegales, pero que tampoco son éticas ni estéticas. La izquierda no nos lo podemos permitir. El mínimo exigible para todos los partidos progresistas es ser ejemplares y tender hacia la corrupción cero.

La Audiencia Nacional sospecha que el PSOE pagó a Leire Díez para maniobrar contra fiscales y policías. Sánchez ha dicho que si hay algo irregular, se actuará. ¿Qué debería hacer el PSOE o qué debería decir?

Necesitamos de una vez por todas la Oficina Anticorrupción a nivel estatal y una regulación sobre los lobbies y sobre qué puede hacer un expresidente. La línea entre el lobbismo y el tráfico de influencias es muy fina. ¿Un expresidente puede ser lobbista? Yo tengo mis dudas. Sánchez tiene que pensar cómo hacer limpieza. El PSOE es un partido en transición: entre todos lo hemos empujado hacia el reconocimiento del catalán, la plurinacionalidad o la ley de amnistía. Se están tocando teclas que cuestionan el régimen anterior, pero estamos viendo cosas como el caso Koldo, Ábalos o Santos Cerdán, que nos recuerdan demasiado a las inercias del pasado.

Ustedes son socios de gobierno con el PSOE. ¿Su listón para salir de este Gobierno, llegado el caso, sería que se demostrase que ha habido financiación irregular del PSOE?

Las líneas rojas serían dos: financiación ilegal del PSOE y que Pedro Sánchez estuviera al tanto de lo que ha podido hacer Ábalos, Santos Cerdán o Leire. Podríamos hablar de una conspiración con nombres y apellidos, como Aznar, Feijóo o Abascal. Pero tengamos claro que esta gente no viene a hacer nada contra la corrupción, lo que quiere es un quítate tú para ponerme yo. La gente de la Gürtel, de la Púnica o de la Kitchen no nos puede venir a dar lecciones sobre salud democrática, y menos cuando van del brazo de la extrema derecha.

¿Cree usted que la legislatura se ha agotado y es momento de empezar a pensar en unas elecciones?

Las elecciones no las puede convocar Aznar ni esa internacional reaccionaria que tuvo encuentros en la embajada de los Estados Unidos con Feijóo, Abascal y Ayuso. Si tiene sentido que la legislatura continúe, es para seguir avanzando. No tiene sentido que el Gobierno vaya arrastrando los pies. Tenemos [pendiente] la ley mordaza, la prórroga automática de alquileres o el registro horario. Lo que tienen que hacer es que esta legislatura valga la pena para la gente.

Ya antes de todos estos episodios le costaba mucho al Gobierno poder aprobar sus propuestas. No sé si está pidiendo también a los socios que ayuden un poco más para que el Gobierno pueda gobernar.

En los temas donde el Partido Socialista pensaba que España tenía que avanzar, se ponía a negociar. Y en aquellos temas que no consideraba prioritarios, como la prórroga automática de alquileres o el tope del 2% al incremento anual de alquileres, al PSOE ni lo hemos visto. Es importante que el PSOE baje del pedestal, que piense en este año de legislatura que queda, más allá de que la justicia vaya haciendo su camino tenemos que hacer que el Gobierno pueda seguir avanzando. A estas horas nadie espera que España tenga presupuestos. Ahora, también sabemos que el Gobierno puede hacer muchas cosas sin presupuestos.

Es muy importante que Gabriel Rufián acabe de decidir qué es lo que quiere hacer. No es el momento de ir generando expectativas, sino que es el momento de la claridad

La exalcaldesa Ada Colau ha sido una de las más entusiastas en la defensa de la propuesta de Gabriel Rufián para las izquierdas. ¿A usted le gustaría compartir una lista con ERC en las generales?

Una cosa son los deseos y otra cosa es la realidad. Hemos escuchado a Esquerra decir que este no es su proyecto. Sí es muy importante que Gabriel Rufián, al que hemos escuchado hablar en una línea diferente a la de su partido, acabe de decidir qué es lo que quiere hacer. La propuesta de ERC es que sea el cabeza de lista de las elecciones generales por Catalunya bajo sus siglas. Pero, ¿qué es lo que quiere hacer Gabriel? Tiene en redes un altavoz muy importante, pero tiene que acabar de decidir, porque hay gente que se está referenciando en él y que llegado el caso puede encontrarse con una gran decepción. No es el momento de ir generando expectativas, sino que es el momento de la claridad y que Rufián diga adelante o atrás.

¿A los Comuns les gustaría hacer una lista conjunta con Esquerra?

Cuando se trata de impulsar las transformaciones que necesita nuestro país y de parar a la derecha y a la extrema derecha aquí no sobra nadie. En 2023, mucha gente ya daba por perdida la posibilidad de tener un Gobierno de coalición progresista y creamos una herramienta que lo hizo posible. Ahora estamos en un contexto mucho más duro, con una internacional reaccionaria sin filtros y desacomplejada, y las encuestas no son una fuente de esperanza: la esperanza la tenemos que trabajar nosotros y nos necesitamos todas. Puede haber muchas maneras de colaborar, pactos preelectorales, programáticos, postelectorales… tenemos que encontrar la fórmula. Estamos hablando con Más Madrid, con Izquierda Unida, con Movimiento Sumar, con Podemos, con Compromís, con la Chunta Aragonesista o con Més. Y evidentemente queremos hablar también con Esquerra Republicana.

Usted pidió una reunión la semana pasada con Gabriel Rufián y todavía no ha tenido respuesta de ella. ¿No le parece que eso es despectivo hacia su formación?

Quiero ser muy prudente. Cuando queremos que las cosas salgan bien se necesita una cierta discreción. Lo que sí le puedo decir es que las coordinadoras de los Comuns, Candela López y Gemma Tarafa, están directamente implicadas y trabajando en la construcción de esta herramienta y están en contacto con Gabriel y con su entorno. Cuando tengamos novedades las comunicaremos.

Situémonos en Catalunya. Viendo los acuerdos tanto con los Comuns como con Esquerra, ¿estos presupuestos no habrían podido estar listos cuando tocaba hace medio año y no haber esperado ahora y, por tanto, no tenerlos vigentes solo medio año?

Claro que podríamos haber tenido unos presupuestos hace tres meses. Nosotros hicimos el trabajo y llegamos a un acuerdo, pero el Govern y ERC no. Tampoco me gusta hacer una política de reproches, creo que en el fair play. Lo más importante es que Catalunya tendrá presupuestos este año y no solo este año, sino que ya previendo que podríamos hablar de unos presupuestos de legislatura, ampliamos el acuerdo que habíamos firmado, pensando en que tienen que sernos útiles para 2027 y para 2028.

Han logrado la limitación de la compra especulativa de viviendas. ¿Cómo ha quedado finalmente esta medida y cómo está la tramitación?

El 60% de las compras que se hacen en el Estado se pagan al contado. ¿Quién puede pagar 400.000 o 500.000 euros de golpe? Evidentemente, no suelen ser familias trabajadoras. Detrás hay grandes rentistas, fondos buitre, especuladores. ¿Cómo actuar legislativamente sin que nos lo tumbe el Tribunal Constitucional? No prohibiendo la compra, sino regulando el uso de la vivienda, tirando de la declaración de zona tensionada.

En las zonas tensionadas solo podrás comprar para vivir, para un familiar cercano, o un edificio entero, pero ese edificio estará sujeto al tope de alquiler y destinado a familias de manera permanente. No estamos prohibiendo la compra, sino el uso especulativo. Registramos una proposición de ley y creamos un grupo de trabajo con el Govern, pero no tenemos los votos suficientes. Queremos que sea una ley de país, y ahora vamos a una posición central que tiene que tener el Sindicat de Llogateres, y evidentemente también con la CUP y con ERC.

También han conseguido del Govern una Dirección General de Disciplina de la Vivienda. Entiendo que es para sancionar el fraude del alquiler, pero ¿cómo funcionaría?

Vemos una falta importante de voluntad política con las sanciones a quienes defraudan con la ley de la vivienda. Primero aprobamos el régimen sancionador, después acordamos con el Govern la contratación de 100 inspectores, 60 ya están trabajando y 40 en formación, pero las sanciones que está poniendo el Govern son anecdóticas: pocas y muy bajas. Las muy graves pueden ir de 90.000 a 900.000 euros, y en cambio están poniendo sanciones de 3.000, 4.000 o 5.000 euros.

¿Y qué les explican cuando hacen esa pregunta a sus socios? ¿Qué les dicen?

Siempre están trabajando, siempre lo están mirando, siempre lo están estudiando. Se acabó. Pactaron el régimen sancionador, pactaron el cuerpo de inspectores, ahora necesitamos voluntad y visión política. Es mucho más importante sancionar a un fondo buitre que a un señor que tiene un piso y que se está saltando la ley porque no pone toda la información en un anuncio. Necesitamos sanciones ejemplarizantes para demostrar que especular no es rentable.

La persona que esté al frente de la Dirección General tiene que ser un nombre pactado entre Govern y Comuns. No es que nosotros entremos en el Govern: necesitamos a alguien que por trayectoria, por formación, por experiencia sepa hacia dónde tenemos que ir, porque la conclusión es que no están haciendo todo lo que deberían hacer.

Algún nombre tendrán en mente, ¿no?

Tenemos unos cuantos nombres, pero, como digo, al final el nombre no lo impondremos ni ellos ni nosotros, tiene que ser una persona de consenso. Todavía no está decidido y no quemaremos los nombres de personas que podrían ser. Para nosotros es importante la mirada política: las sanciones no pueden ser anecdóticas, hay que ir a por lo gordo, que son los que nos están echando de nuestros barrios.

Es mucho más importante sancionar a un fondo buitre que a un señor que tiene un piso y que se está saltando la ley porque no pone toda la información en un anuncio. Necesitamos sanciones ejemplarizantes para demostrar que especular no es rentable

El Govern ha pactado con ERC la línea orbital ferroviaria. Ustedes le pedían la retirada de la R-Aeropuerto, pero finalmente han dicho que mantienen de momento. ¿Qué piensan de la orbital?

La crisis de Rodalies de principios de año me recuerda a la que tenemos ahora con Educación: son problemas que llevamos arrastrando desde hace muchos años. El problema de Rodalies no es responsabilidad del Govern del PSC, pero si la crisis estalla ahora, tú la tienes que saber gestionar. Tuvimos una crisis de infrafinanciación y una crisis de autoridad del Govern: tuvo que venir el Secretario de Estado de Infraestructuras para plantarse ante Renfe porque aquí nadie tenía autoridad suficiente.

La R-Aeropuerto no puede ser un tren exclusivamente para turistas: tiene que entrar en la lógica de Rodalies. Hemos pactado que en 2027 empezará, pero con estudios para reconvertirse en 2030 en Rodalies. En cuanto a la orbital ferroviaria, es necesario conectar el Maresme con Vilafranca del Penedès sin pasar siempre por Barcelona. Los esfuerzos en estos presupuestos los hemos puesto en 21 millones para una red de autobuses alternativos hasta que Rodalies funcione.

¿Quién cree que tiene la culpa de que no se resuelva el conflicto laboral del Govern con los docentes [la entrevista se realizó el jueves, un día antes del preacuerdo con los sindicatos]?

Teníamos los profesionales peor pagados de todo el Estado y el complemento específico no se había actualizado en 25 años, fruto de los recortes de Convergència. La situación que tenemos ahora no es fruto del presente sino del pasado. Ahora bien, cómo se resuelve esta crisis sí es responsabilidad del Govern: no se puede empezar en septiembre un nuevo curso sin resolver este conflicto.

Los maestros no piden privilegios; piden poder hacer bien su trabajo. Sin más herramientas, ni el mejor docente del mundo puede con niños que duermen con los zapatos puestos por poder ser desahuciados o con niños en procesos migratorios que quizás no conocen la lengua. Estamos en un punto de inflexión: podemos seguir poniendo parches o plantearnos que tenemos un problema grave social y educativo. Cuando todos los indicadores dicen que vamos por el mal camino, no tiene sentido enchufar unos cuantos millones más y seguir como si no pasara nada.

¿El Govern se equivocó cuando pactó con los sindicatos educativos minoritarios fuera de la mesa de negociación de los profesores?

No confrontaré acuerdos ni sindicatos. El mejor favor que le podemos hacer a la educación de nuestro país es pensar que tenemos que ir todas a una. Los nuevos acuerdos, que son necesarios, no enmiendan los anteriores. Menos reproches y más pensar qué necesitan nuestros hijos, nuestros jóvenes y nuestro país.

Tienen el compromiso del Govern de que no volverá a haber infiltraciones policiales sin autorización judicial. ¿Cómo queda este asunto en la letra pequeña?

El PSC cada vez que se sale del acuerdo de investidura o de los presupuestos se equivoca. Lo vimos con las bajas laborales, en la gestión de Rodalies y en el conflicto con los docentes. Las movilizaciones no se tienen que ver como algo a contener, sino como un mensaje de “no podemos más”. Lo que no debía haber hecho el Govern bajo ningún concepto es espiar a los docentes. Es un error de campeonato. Pactamos con el Govern que esto nunca más puede volver a pasar, ni en el ámbito de la educación ni en otros ámbitos con asociaciones, entidades o sociedad civil organizada. A partir de ahora, las infiltraciones en ciertos colectivos solo podrán ser con orden judicial y en casos de extrema necesidad por cuestiones de seguridad.

La consellera dijo que las infiltraciones habían sido una decisión operativa, y que la parte política no había tenido nada que ver. ¿Por qué pidieron la dimisión de Trapero, que es el responsable político?

Pedimos la dimisión de Trapero porque pensamos que por su trayectoria él conocía perfectamente cuáles eran las inercias. Nos costaba mucho entender y creer que él no conociera las inercias y las dinámicas de la comisaría general de información, que es desde donde se trabajaron estas infiltraciones. Era extraño que él no lo supiera.

¿No se creyeron a la consellera cuando dijo que él no sabía nada?

Yo me creo que la consellera no supiera nada. No sé si en este punto concreto Trapero lo sabía. Ahora, Trapero sabe perfectamente cómo funciona, y porque además pensamos que esto no viene de ahora, sino que esto se ha hecho otras veces. Lo que pasa es que no nos hemos enterado.

Vea la entrevista íntegra.

Reivindicación y deberes. Los partidos que conforman la coalición Sumar se han conjurado como “la izquierda limpia y valiente” ante el goteo de casos de corrupción que han impactado en el PSOE, y han reclamado a su socio mayoritario de Ejecutivo “ejemplaridad y transparencia” y un acelerón en la acción de Gobierno, con el foco en la vivienda.

Los socios de Sánchez en el Ejecutivo de coalición —Comuns, Más Madrid, IU y Movimiento Sumar— han celebrado este sábado un acto en Barcelona, con la participación de tres de sus ministros, tras las turbulencias que han generado las investigaciones judiciales sobre el PSOE y la exigencia de Junts y el PNV al presidente para que convoque elecciones anticipadas.

“¿Cómo estáis de ánimos?”. Así ha arrancado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy su intervención, consciente de que no ha sido la mejor semana para el Gobierno. La dirigencia de los partidos a la izquierda del PSOE ha querido insuflar ánimos a la militancia, pero también elevar las exigencias a los socialistas.

Ninguno de los ministros de Sumar ha apuntado posibilidad alguna de salir del Ejecutivo, si bien sí han mantenido el tono duro contra el PSOE. Pese a que la minoría parlamentaria del Ejecutivo se ha constatado de nuevo, los dirigentes progresistas han redoblado las peticiones al PSOE para aprobar más medidas de izquierdas.

“Por supuesto que hay una operación para derribar a este Gobierno, pero esto no es excusa para determinados comportamientos”, ha aseverado Bustinduy, que ha reclamado al PSOE “ejemplaridad y transparencia” sobre las causas judiciales que acumula el partido y “vivienda, vivienda y vivienda” como prioridad del Ejecutivo.

En este sentido, Bustinduy ha anunciado que Sumar volverá a llevar al Congreso “cuanto antes” el decreto de los alquileres que PP, Vox y Junts tumbaron en el Congreso. “No vamos a parar, no vamos a parar hasta que se prorroguen los alquileres y echemos a los rentistas y especuladores”, ha enfatizado la ministra de Sanidad, Mónica García.

A juicio de García, las políticas progresistas “de las que presume el PSOE” son producto de las iniciativas impulsadas por los partidos de Sumar. “La mayoría de las medidas de progreso las hemos hecho nosotros”, ha insistido el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

El dirigente de los Comuns ha pedido a Sánchez “responsabilidades y dar la cara”. “Ferraz [la sede del PSOE] no puede seguir siendo un lastre para la mayoría progresista de este país”, ha remarcado Urtasun.

“Un Gobierno contesta a una operación de derribo con leyes y medidas”, ha agregado el coordinador general de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, en la intervención que ha cosechado más aplausos de los 350 asistentes al acto.

Maíllo ha sido el único orador que ha citado explícitamente algunos de los casos de corrupción que sobrevuelan a exdirigentes socialistas: “Las explicaciones sobre por qué el PSOE ha tenido dos secretarios de organización absolutametne desaconsejables o por qué un expresidente que puede vivir muy bien con su pensión se dedica a yo qué se qué son lo único que nos permitirá salir adelante”.

“Esta no es nuestra mochila”, ha manifestado la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, para marcar distancias con los socialistas. “La corrupción 0 existe, pero para que exista tienes que tener la casa muy limpia y saber para qué has venido”, ha ahondado, para a renglón seguido apostillar: “El PSOE tiene que hacérselo mirar y cuidar al Gobierno”.

“¿Dónde estaba el PSOE cuando freían a querellas a Barcelona en Comú, Podemos y los independentistas?”, ha incidido el diputado de los Comuns en el Congreso y candidato a la alcaldía de Barcelona, Gerardo Pisarello. “No lo preguntamos desde el revanchismo, sino desde la autoridad que nos da haber demostrado que se puede gobernar sin casos de corrupción”, ha añadido.

Pese a las exigencias de Sumar, las explicaciones de Sánchez no serán inmediatas. Su intervención en el Congreso todavía no tiene fecha, pero será después del Consejo Europeo del 19 de junio. Mientras el PSOE se abona a la teoría de un campaña orquestada ante el aluvión de causas judiciales, el calendario no da tregua: el expresidente Zapatero comparecerá como investigado el 17 de junio.

A ver, en la Andalucía desde donde escribo, no hacemos más que salir de las autonómicas donde ganó el PP, pese a su destrozo sanitario, y ahora va a necesitar a Vox para gobernar, y justo empieza a caer toda la tromba de acusaciones contra Zapatero y el PSOE que nos tiene en shock, como a toda España.

Yo confieso que, con lo de Zapatero, estoy atónita. Sin ser nada mitómana, siempre he dicho y escrito que lo considero el mejor presidente de nuestra democracia. Aunque, acto seguido, invariablemente, he recordado que fue a él a quien le hicimos el 15M por rendirse a la Troika y cambiar, junto al PP, la Constitución para priorizar la devolución de la deuda al pago de los servicios públicos en plena ola austericida. Eso y algo que se recuerda menos: que las terribles concertinas antiinmigrantes, en la frontera sur, no las puso Aznar sino que son parte de su legado.

Con todo y con eso, que no es poca cosa, quizá porque el listón esté bajo, aún hoy me reitero en que veo su mandato el mejor de la democracia. Y lo creo así por la retirada de las tropas de Irak, la aprobación del matrimonio igualitario y todo el avance aparejado en visibilidad y justicia del colectivo LGTBIQ+, la ley de igualdad, la ley contra la violencia de género, la de ayuda a la dependencia, la de memoria histórica… ¿olvido algo? Ah, el fin de ETA. Pues eso, que González, Aznar, Rajoy o Sánchez no le empaten.

Que Zapatero haya sido el mejor presidente de la democracia, no quita que deban investigarse posibles delitos, ni que critiquemos actos suyos aun no delictivos. Y nada de ello quita tampoco que nos demos perfecta cuenta de la estrategia de PP y Vox para desmoralizarnos a la gente progresista y tumbar el gobierno de PSOE y Sumar.

Dicho lo cual, nada justifica, a mis ojos, no ya, la posible comisión de delitos (organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias) sino cosas que, aun sin serlo, dañan su crédito de referente: como el conchabeo/asesoramiento/puerta giratoria con empresas por haber sido presidente; o la implicación de sus hijas; sí, también lo de las joyas, que choca por extraño, ostentoso y hortera (y, ojo, por tenerlas en una caja fuerte en el partido); y lo del “amigo Julito” escondiendo casi 300.000 euros, billetes en un radiador, otros en una caja de vasos, más en una bolsa de palos de golf…

Este numerito (como los de Koldo, Ábalos, Cerdá, Leire…) nos los debían haber ahorrado. Estoy esperando una explicación. De verdad la espero. Por lo impresentable que, a priori, parece y por el material que da a quienes están deseando desacreditar a la izquierda.

Ahora que, desde luego, lecciones de Felipe y Aznar ni una. Que los dos se han lucrado asesorando a más empresas que Zapatero. Y de muy cuestionables maneras. Que el primero jugó a dos barajas, siendo presidente del Consejo de Participación del Espacio Natural Doñana, y, acto seguido, convirtiéndose en fichaje estrella del Consejo de Gas Natural, con sueldo de 126.500 euros/año, justo cuando se aprobó, ¡oh casualidad!, un gasoducto para una filial de Gas Natural que ponían en riesgo Doñana. Y el otro perla, el de “El que pueda hacer, que haga”, pactó una comisión del 1% con Abengoa a cambio de conseguir adjudicaciones en Libia gracias a su amigo, el luego asesinado presidente Muamar el Gadafi.

Que Felipe González y Aznar se alineen en sus críticas furibundas a Zapatero es de traca, pues ambos se han lucrado, mucho más que él, asesorando a empresas. Y de formas tan cuestionables como, en el caso de González, jugando a dos barajas, entre el Consejo de Doñana y Gas Natural a cuenta de un gaseoducto, y, en el de Aznar, pactando comisiones con Abengoa a cambio de conseguirles adjudicaciones en la Libia de Gadafi.

Habrá que creerse que los hijos de Aznar-Botella, que trabajan “de inversores”, no se benefician de los contactos de sus padres, ¿o no? Y a mí tampoco me entra en la cabeza que María González Romero haya mantenido tantos años el vínculo profesional con su padre, siendo Felipe capaz de irse de una reunión sin darse siquiera cuenta de que la ha dejado atrás. Lo que tampoco es delito. Pecado, quizá.

Comer pieza para lanzar jaque al progreso

La situación es seria. Preocupante. Peligrosa. Muchas y muchos lo sentimos así. Porque actuaciones y decisiones judiciales injustificables (como las manifestaciones de jueces togados, a la puerta de los juzgados, contra la amnistía a líderes catalanes, o la condena sin pruebas, al fiscal general achacando la culpabilidad “a él o su entorno”), o el hecho de que los casos de corrupción del PP o de Vox tarden años en juzgarse mientras los del PSOE se ventilan en un plis plas, o la reciente reunión en secreto de Feijóo con fiscales, nos hacen desconfiar de la imparcialidad del sistema judicial.

No ayuda tampoco que Aznar se reafirme esta misma semana en su llamamiento de “El que pueda hacer, que haga”, subiendo el tono amenazador al usar la expresión muy militar de “servir a España” y que, a la mañana siguiente, la UCO entre en tromba en la sede socialista de Ferraz, mientras en los medios se hablaba de investigación sobre financiación ilegal del PSOE cuando, en realidad, los agentes buscabas información del caso Leire, que lleva coleando un año.

A menudo logran hacernos correr, como a perrillos, tras cada palo que nos lanzan. Pero, de pronto, una se serena y recuerda. También acusaron, condenaron y echaron de la política a Dilma Roussef y Lula da Silva, presidentes de Brasil. Él, incluso pasó en prisión ¡580 días! Por decisión de un juez. Un tal Sérgio Moro, luego ascendido, ¡oh casualidad, otra vez!, a Ministro de Justicia, por el fascista Bolsonaro. Pero, años después, las acusaciones y condenas han sido declaradas falsas y Lula hasta ha sido reelegido presidente de la República. Por desgracia, demasiado tarde ya para el más de medio millón de muertos brasileños por Covid, a consecuencia del negacionismo y del abandono de Bolsonaro.

Cada demócrata que haga también

Cunde, entre la gente progresista, una sensación de “Game over”, de que es imposible hacer frente, como demócratas, a la estrategia de tumbar al gobierno de PSOE y Sumar, por la mezcla tanto de errores no forzados, como del implacable asedio. Cunde la frustración porque “hay mucho facha en la justicia”, “mucho facha en el poder económico”, “mucho facha en las empresas mediáticas”, “mucho facha en la policía, guardia civil, el ejército”, “mucho facha entre la gente normal y corriente”.

No perdamos la perspectiva: buscan cobrarse las piezas de Zapatero y Sánchez, por errores suyos o falsedades, ya veremos, para minarnos la moral a la gente de izquierda, derribar el gobierno PSOE-Sumar e instaurar uno PP-Vox, neofranquista. No cabe rendirse. Cada demócrata y progresista que pueda hacer, que haga para construir la realidad necesaria.

¿Acaso se ha vuelto facha todo el mundo de repente? ¿Nadie reconoce las ventajas de vivir en democracia, pese a las imperfecciones de esta? ¿Nadie prefiere un gobierno como el actual o similar al de Feijóo y Abascal de presidente y vicepresidente, bajo el retrato de Franco y con los violentos de Desokupa por lugartenientes, atacando a la prensa libre, atacando a los sindicatos, como hemos visto en la manifestación del pasado fin de semana, en Madrid?

No me lo creo. Creo que nos minan la moral para paralizarnos. Y tenemos que espabilar y darle más vueltas al magín y reunirnos, hablar, poner en pie iniciativas desde la sociedad civil. Crear. De nuevo. Sabiendo que volveremos a decepcionarnos, que nada será nunca perfecto, como nada en la vida. Pero sí infinitamente mejor que la jaula fascista en la que quieren meternos, de la que tenemos que librar a nuestras hijas e hijos y también a los de ellos. Con convicción en los pilares del compromiso de izquierdas: que el reparto y el progreso son mejores que la avaricia y los privilegios. Que no nos achante el peor presidente de la democracia. Demos la vuelta a su órdago. Cada demócrata, cada progresista que pueda hacer, que haga. Sabemos lo que nos jugamos y qué queremos. Hagamos.

El PSOE de Pedro Sánchez vuelve a ser el partido con más respaldo entre los españoles, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Además, el Barómetro de mayo, hecho público este viernes, mantiene a los socialistas con una amplia ventaja sobre el PP de más de 11 puntos, aunque son dos menos de los que le daba hace un mes, en el estudio de abril.

Así, en el caso de que se celebraran ahora las elecciones generales, los socialistas lograrían el 36,2% de los votos, solo dos décimas menos que el mes pasado cuando lograron un 36,4%. La ventaja respecto a los populares es ahora, por tanto de 11,3 puntos.

El PP crece un punto y tres décimas y pasa del 23,6% de abril al 24,9% actual y Vox es el partido que más crece, en casi dos puntos, y pasa del 14,7% de abril al 16,2% de mayo, con lo que se queda a casi ocho puntos de los populares. Sumar baja una décima, hasta el 5,7% y Podemos crece tres, hasta el 2,5%.

El estudio se elaboró entre los días 4 y 18 de mayo y, por tanto, antes de que estallaran los escándalos vinculados al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero (cuya imputación se conoció el día 19) y a la exmilitante socialista Leire Díez, conocido esta semana. Además se realizó durante la campaña andaluza que culminó el día 17 con la victoria de Juan Manuel Moreno que, no obstante, perdió la mayoría absoluta y tendrá que pactar con la extrema derecha para mantenerse en la Junta.

De nuevo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el líder político mejor valorado con una puntuación media de 4,59 puntos sobre 5. Le siguen Yolanda Díaz, con un 4,25; Alberto Núñez Feijóo, con un 3,74, y Santiago Abascal, con un 2,93.

Sánchez es, además, el favorito como presidente del Gobierno para el 42,8% de los encuestados que dan su opinión, lo que supone una ventaja de 22,7 puntos de ventaja sobre Alberto Núñez Feijóo, que es el preferido por el 20,1%. Santiago Abascal lo es para el 13,5% y Gabriel Rufián, para el 6,4%.

En cuanto a la confianza que inspira el presidente del Gobierno, el 35,8% de los españoles asegura que le inspira “mucha o bastante”, mientras que un 63% dice que “poca o ninguna”. Al preguntar por el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, el 18,7% afirma que le inspira “mucha o bastante confianza”, mientras que el 80,3% asegura que “poca o ninguna”.

La “prioridad nacional” de PP y Vox

En el barómetro de mayo, el instituto que dirige José Félix Tezanos pregunta por la “prioridad nacional” que pretenden imponer PP y Vox en sus respectivos gobiernos para discriminar el acceso a los servicios públicos a los ciudadanos de origen extranjero. El 35,5% de los españoles dice estar “muy o bastante de acuerdo” con ese concepto xenófobo, mientras que un 41,5% se muestra “poco o nada de acuerdo”.

El 35% cree que el principio de ‘prioridad nacional’ es compatible con la Constitución Española, un 31,7% considera que no lo es, y un 20,4% no ha oído hablar de los pactos de gobierno en Extremadura y Aragón en los que se acuerda el acceso a las ayudas y servicios públicos conforme a dicho principio.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha vuelto a cargar con dureza contra la gestión de Sumar en el Gobierno de España. Cambiando los papeles habituales en las sesiones de control, Pradales ha pasado a ser la oposición de la oposición en la respuesta a una pregunta de la coalición de izquierdas en el Parlamento Vasco sobre los escasos avances que aprecian en las negociaciones sobre la reforma del Estatuto.

A falta de detalles sobre lo que se le requería, el lehendakari ha señalado a tres de los cinco ministros de Sumar. A la vicepresidenta Yolanda Díaz le ha afeado que las negociaciones sobre el traspaso del Fogasa estén siendo “decepcionantes”. A la ministra de Sanidad, Mónica García, convertida ya en diana habitual del PNV, le ha vuelto a acusar de “provocar” la huelga médica que está disparando las listas de espera de Osakidetza. Y, si no desea “negociar” con los facultativos, debería ceder a las comunidades autónomas las competencias sobre el estatuto marco, ha recalcado. Y, finalmente, al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, le ha reprochado que no acceda al traslado “temporal” del cuadro 'Guernica' de Pablo Picasso con motivo del nonagésimo aniversario del bombardeo nazi, que se conmemorará el año próximo.

“Den la cara, no se pongan de perfil. [...] Póngase el buzo de trabajo vasco”, le ha dicho el lehendakari al único representante de Sumar en la Cámara vasca, Jon Hernández, que es de IU. El pasado año Pradales ya criticó que la parte de Sumar del Gobierno de España frenara el acuerdo en torno al Sepe y las prestaciones de paro. Incluso estando en La Moncloa le pidió “orden” a Pedro Sánchez en su gabinete para que controlara a los ministros de la coalición de Díaz.

De su lado, Hernández quería concreciones sobre cómo marchan las negociaciones sobre el Estatuto. Es algo prometido en 2012 que ha naufragado varias veces y ahora mismo los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, y la principal fuerza de la oposición, EH Bildu, llevan meses hablando fuera de la Cámara sin que se sepa muy bien cuáles son los avances o los plazos. Pradales, en septiembre, dijo que en junio haría una ronda con los partidos para valorar ese asunto.

El lehendakari, sin dar muchos detalles, ha confiado en que “los partidos sigan avanzando”. Eso sí, ha indicado que él tiene como misión principal completar el Estatuto en vigor, el de 1979. De cara a julio se prevé cerrar un acuerdo en torno a la gestión económica de la Seguridad Social, la más relevante de las transferencias pendientes.

Críticas de EH Bildu por Osakidetza

Al hilo de las críticas del Gobierno vasco al central, el líder de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha asegurado en la Cámara, en declaraciones a los periodistas, que Osakidetza no puede escudarse en la huelga y en la ministra García para explicar las listas de espera porque los indicadores ya estaban empeorando antes de la convocatoria de las movilizaciones.

Otxandiano aprecia “cierta irresponsabilidad” en la gestión sanitaria y emplaza al consejero del ramo, Alberto Martínez, del PNV, ha que mire menos “a terceros” y dé pasos donde puede darlos. Ha subrayado, por ejemplo, que el convenio de Osakidetza lleva sin ser renovado desde 2008.

Las enmiendas pactadas por PSOE, BNG y Sumar para articular una ley orgánica para transferir la AP-9 a Galicia han salido adelante y han sido aprobadas en la reunión mantenida en el Congreso por la ponencia que trabaja en el texto, que va a continuar su tramitación. Pero lo hará con el voto en contra del PP y de Vox, según informa Europa Press. El resto de los grupos, incluidos Bildu, ERC, PNV y Junts dieron su respaldo a la iniciativa.

El texto acordado incluye la transferencia de la titularidad de la Autopista del Atlántico, aunque el Gobierno gallego, con el presidente Alfonso Rueda al frente, ya había dejado en el aire el respaldo de los populares al entender que rebaja condiciones económicas y no coincide plenamente con la ley que fue acordada por la unanimidad de todos los grupos con representación en el Parlamento gallego. El pacto incluye también que la Administración General del Estado conservará a su cargo, con respecto a Audasa -la empresa concesionaria-, las obligaciones con repercusiones económicas derivadas de la aplicación de la concesión en vigor y motivadas por decisiones durante su periodo de competencia.

En cuanto a la Xunta, el acuerdo cerrado determina que asumirá “todas las obligaciones con repercusiones económicas y financieras consecuencia de las modificaciones que sobre el régimen económico financiero de la concesión promueva una vez efectivo el traspaso”.

Mientras los impulsores defienden que el pacto es fiel -aunque no idéntico en la redacción- a la ley que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento, el Gobierno gallego y los populares consideran que las variaciones son suficientes para oponerse. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, afirmó que la Xunta no aceptará que se “desvirtúe” el texto unánime que salió en su día de la Cámara autonómica.

El 'no' de populares y de Vox, en todo caso, no ha bastado para evitar que el resto de grupos de la ponencia aprobasen el informe que recoge lo expresado en las enmiendas, de forma que continuará la tramitación, primero en la Comisión de Transportes y luego en el pleno del Congreso -donde al tratarse de una ley orgánica necesitará la mayoría absoluta (176 apoyos) para que resulte aprobada-.

Fuentes de Sumar han explicado que fuera de debate quedarán finalmente las enmiendas sobre mariscadoras y minería que abogaban por incluir en el texto, aun no estando directamente vinculadas con la AP-9 (según han trasladado, el PP se abstuvo y el PSOE votó en contra).

Con respecto a la AP-9, los impulsores del acuerdo confían en que el escenario que se visualizó en la ponencia este martes se mantenga en futuros debates -lo que permitiría que superase las distintas 'pruebas', incluida la aprobación del pleno del Congreso-. Aun así, la norma aún tendría que pasar por el Senado (donde los populares tienen mayoría absoluta) antes de recibir luz verde definitiva.

Concluida la ponencia, el PPdeG emitió un comunicado en el que justifica el voto en contra del partido y exige “que se mantenga el texto acordado por unanimidad” en el Parlamento gallego. “Lo único que se evidencia es el interés de estos grupos de marginar al principal partido de Galicia, que gobierna en la comunidad, tiene mayoría en el Parlamento y es la primera fuerza del Congreso”, señalaron los diputados Celso Delgado, Pedro Puy y Tristana Moraleja.

“El Gobierno debe seguir financiando los compromisos adquiridos, dotando a la Xunta de medios financieros para ampliar las bonificaciones de los peajes en un vial cuya concesión a Audasa finaliza en 2024, salvo que el Tribunal Superior de Justicia de la UE determine lo contrario; y suprimir el incremento tarifario del 1% que se aplica desde 2019”, reclaman los populares

Aseguran que les genera especial preocupación que no figure en el acuerdo la disposición “en la que se obligaba al Gobierno a asumir obligaciones económicas y financieras en el caso de que se declarase la nulidad de las prórrogas mediante las que se acordó la ampliación del periodo concesional”.

Por su lado, socialistas y nacionalistas celebraron el paso adelante y criticaron la postura de PP y Vox, a los que acusan de intentar “reventar el acuerdo”. “Hoy dimos un paso decisivo para que la AP-9 sea, por fin, una autopista gallega”, manifestó la diputada del PSOE en el Congreso Patricia Otero. El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro reivindicó el papel de los socialistas gallegos en lo que ha calificado de avance. Añadió que es incomprensible que el PP se haya opuesto.

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, consideró “una nueva traición” a los intereses de Galicia el voto en contra del PP y tachó de “pretextos formales” los argumentos para oponerse. También ha destacado que la propuesta final “respeta el autogobierno gallego”, en la medida en que establece que la concreción de lo recogido en la ley debe producirse en la negociación bilateral en la Comisión Mixta de Transferencias Xunta-Estado.

Las negociaciones de las últimas semanas en el Congreso de los Diputados han derivado en que PSOE, BNG y Sumar han pactado un texto sobre la ley de la AP-9 que incluye, según los propios partidos, que se transfiera no solo la gestión sino también la titularidad de la vía a Galicia, en la línea de lo que pide el Parlamento gallego.

Las tres formaciones reivindican su papel en la negociación que ha dado pie a un acuerdo que, en palabras del diputado del BNG, Néstor Rego, constituye “un paso muy importante” porque implica “que se transfiere la titularidad” y “todas las competencias”, según recoge Europa Press. El acuerdo se ha anunciado a las puertas de que este martes se reúna la ponencia llamada a validarlo.

El paso se hará a través de “una enmienda transaccional” que “respeta fundamentalmente”, sostiene Rego, “las propuestas realizadas por el Parlamento de Galicia y que implica la transferencia de la titularidad de la AP-9 y la salvaguarda de que el Estado asume todas las consecuencias, también las económicas, de las decisiones tomadas sobre la vía”. Esto “implica una hipotética finalización de la concesión como consecuencia del expediente abierto por la UE debido a la irregularidad de las prórrogas realizadas”, manifestó.

El PP, aunque no está dentro del acuerdo, ha declarado en anteriores ocasiones que está dispuesto a apoyar un texto que preserve el espíritu de la proposición de ley aprobada por unanimidad en el Parlamento de Galicia.

El paso adelante que dio públicamente este miércoles el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha sido recibido con tanta expectación como incertidumbre. Ninguno de los partidos estatales cuya candidatura a las generales Rufián aseguró estar dispuesto a “encabezar” —con una fórmula aún por desarrollar— ha cerrado la puerta a analizar la propuesta, pero antes de cualquier conversación varios de ellos han exigido al dirigente “concretar” qué es lo que quiere hacer. Y mientras ERC, que no se cansa de rechazar por activa y por pasiva la idea de una coalición con formaciones de ámbito nacional para las próximas elecciones, evita confrontar públicamente con su portavoz y trata de quitar hierro al órdago público que le ha lanzado para exigir el control del grupo parlamentario de ERC en el Congreso.

En un coloquio en el Club Siglo XXI de Madrid, Rufián afirmó por primera vez expresamente que, si está en posición de “ayudar a que haya una confluencia o una colaboración entre las izquierdas soberanistas y estatales, un espacio de unión para maximizar resultados”, siendo “el cabeza de lista, pues p’alante”. El dirigente volvió a asegurar, como ya ha hecho en numerosas ocasiones, que no piensa romper su carné de militante de ERC y que se mantendrá en el partido siempre y cuando no le “echen”. Pero también lanzó, por primera vez en público, un pulso al líder de su partido, Oriol Junqueras: “Yo no voy a volver a presentarme por ERC si no se cumplen unas condiciones”.

Esos requisitos tienen que ver con las diferencias cada vez más profundas que existen en el grupo parlamentario republicano, que son de carácter político y estratégico, pero también personales, según sostienen fuentes de los diferentes sectores. En público, Rufián ha rechazado concretar cuáles son sus condiciones para no marcharse a su “casa”, pero fuentes de ERC confirman que lo que quiere son, básicamente, dos cosas: el control del grupo parlamentario en el Congreso —lo que implica tener, al menos, una mayoría de dirigentes afines en las listas— y mando en plaza para marcar la línea política del partido en Madrid.

No obstante, pese al paso adelante de su portavoz en el Congreso, la dirección de ERC se ha conjurado para no confrontar con él. A pesar del enfado creciente que existe en la cúpula republicana con los movimientos de Rufián y, ahora, con su presión pública para conseguir una lista más afín, la consigna es la de emitir los mínimos mensajes posibles y remitirse siempre a la línea marcada en febrero, cuando la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, aseguró que el partido se presentaría a las elecciones con sus siglas y únicamente en circunscripciones catalanas.

La formación sigue queriendo que Rufián sea su candidato en los próximos comicios generales, puesto que le consideran un activo político de primer orden. Pero la dirección que encabeza Oriol Junqueras insiste en que es imposible unirse a unas candidaturas estatales con las diversas izquierdas que se agrupan en Sumar, aunque sí se muestra abierta a negociar con Rufián la confección de las listas. Esta cuestión, sin embargo, es problemática, porque en ERC las candidaturas se aprueban en asambleas territoriales. La dirección tiene, obviamente, mucha capacidad de influir en estas reuniones, pero no infinita. Y la postura del portavoz, que casa con la corriente interna de Àgora Republicana que lidera Joan Tardà, es minoritaria en todas las asambleas.

Recelos en IU, perfil bajo en Podemos

Pero no solo es ERC la que no ve clara la propuesta de Rufián. Aunque dista mucho del rechazo frontal que ha expresado la dirección republicana, los diferentes partidos que se encuadran en Sumar tampoco terminan de ver clara la idea que plantea el dirigente, aunque en su caso no porque no compartan la posibilidad de que él sea candidato de una alianza amplia, sino por su falta de concreción. Quien más reparos pone es IU, que aunque ha afirmado que “por supuestísimo” que estaría dispuesta a hablar con Rufián si aclara cuál es su idea y ha prometido que la va a “estudiar”, no ha ocultado las enormes dudas que le genera.

IU ha insistido en los últimos días en que no está de acuerdo con un proyecto como el que defiende el dirigente de ERC, en el que las izquierdas estatales queden subordinadas a los partidos a la izquierda del PSOE de ámbito autonómico. Y el líder del PCE y portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, afirmó el jueves que “los hiperliderazgos personales y los egos desmesurados” son el verdadero “problema” de la izquierda, y no los partidos de ámbito nacional. “Nosotros defendemos un proyecto federal con un proyecto de país integral, que satisfaga a todas las personas que viven en cualquier parte del Estado, y que no anteponga la prioridad regional”, dejó claro Santiago.

Por su parte, la presidenta del grupo parlamentario de los Comuns en el Parlament de Catalunya, Jéssica Albiach, pidió el jueves una reunión “urgente” con Rufián para que les aclare cuál es su propuesta. La formación, no obstante, no quiere embarcarse en una negociación con el portavoz sin que aclare antes su situación con ERC, y de ahí que Albiach expresara públicamente la duda de si Rufián “se ha emancipado” de su partido, dado que los republicanos siguen dando un portazo a la propuesta. En una línea parecida se expresó este viernes el ministro de Cultura y también dirigente de los Comuns, Ernest Urtasun, que insistió en “tender la mano” para un acuerdo pero también pidió a Rufián que “concrete” sus intenciones. Mencionó en varias ocasiones la necesidad de negociar con “los compañeros de ERC” y no solo con el dirigente.

De los partidos encuadrados en la alianza Sumar, es Movimiento Sumar —la formación de Yolanda Díaz— el que ha saludado con mayor entusiasmo el paso adelante de Rufián. En un mensaje en sus redes sociales unas horas después del anuncio del portavoz de ERC, la formación evitó poner el foco en las inconcreciones de la propuesta y planteó que “en el desafío que tenemos delante no sobra nadie” y que “tenemos la obligación de construir frentes amplios”. Se mostró convencida de que las izquierdas encontrarán “las formas” de llegar a un acuerdo: “Lo importante es que el pueblo progresista sepa que vamos a estar a la altura y no vamos a permitir que la extrema derecha avance”.

Podemos, por el contrario, ha preferido mantener un perfil bajo tras un paso adelante de Rufián que, por ahora, no ha suscitado movimientos en su partido. El jueves, la secretaria general de la formación, Ione Belarra, se limitó a señalar que quiere ser “muy respetuosa con los tiempos de ERC y de Gabriel Rufián”, e insistió en que “lo que la gente está esperando es que hagamos equipo, colaboremos y estemos a la altura de las circunstancias”. Podemos lleva semanas defendiendo un “tándem” entre el dirigente e Irene Montero, lo que les proyectaría de nuevo como el principal partido estatal a la izquierda del PSOE y les daría un lugar preeminente en las negociaciones con el resto de las formaciones de ese espacio. Pero, hasta ahora, Rufián ha rechazado ligar su futuro a los morados.

Sumar ha registrado este viernes una proposición de ley en el Congreso para crear un nuevo impuesto a las herencias y donaciones que superen el millón de euros, con la idea de que actúe de forma complementaria al tributo que ya existe sobre sucesiones y donaciones para “combatir el 'dumping' fiscal entre comunidades autónomas”.

La iniciativa plantea que este gravamen se aplique a herencias, donaciones o seguros de vida que superen un millón de euros, dejando fuera las herencias ordinarias y concentrando el esfuerzo fiscal en los grandes patrimonios, con la idea de garantizar un suelo común de justicia tributaria, según informa Europa Press.

El portavoz económico de Sumar en la Cámara Baja, Carlos Martín, ha explicado que con la propuesta se busca combatir prácticas de algunas comunidades como Madrid, donde a su juicio se aplican bonificaciones “que benefician a grandes fortunas incluso con la exención”.

Se permite deducir lo abonado en Sucesiones

La propuesta ha incluido un mecanismo para evitar la doble imposición, permitiendo deducir lo ya abonado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones del nuevo gravamen estatal, garantizando así un suelo común de justicia tributaria en todo el territorio nacional.

Desde Sumar se ha apostado, además, por destinar la recaudación derivada de este nuevo impuesto a políticas públicas y apoyo a las personas más vulnerables, vinculando así la medida fiscal a objetivos de redistribución de la riqueza.

Martín ha subrayado que “España necesita un sistema fiscal que no mire hacia otro lado cuando se transmiten patrimonios millonarios”, enfatizando que “la igualdad de oportunidades no puede depender del código postal ni del tamaño de la herencia familiar”.

Al portavoz económico le han acompañado los diputados Enrique Santiago y Alda Recas en el registro de la iniciativa. Santiago, mediante la red social 'X', ha defendido el impulso de esta iniciativa bajo el lema “quien más tiene debe contribuir más” y ha sentenciado: “No puede ser que grandes capitales heredados y grandes donaciones hagan un 'sinpa' en las comunidades autónomas gobernadas por el PP”.

Asimismo, el grupo parlamentario ha considerado que la medida es necesaria para garantizar que las grandes fortunas contribuyan equitativamente al sostenimiento del Estado y sus servicios públicos, independientemente de la comunidad autónoma en la que residan los herederos.

Comuns, Movimiento Sumar, IU y Más Madrid llevarán a cabo un nuevo acto conjunto el 30 de mayo en Barcelona, tras los ya celebrados en Madrid, el 21 de febrero, y Sevilla, el 19 de abril. El acto, que nuevamente se hará bajo el lema 'Un paso al frente', tendrá lugar a las 11:30 horas en el edificio ONCE y en el mismo tomarán la palabra los ministros Ernest Urtasun, Pablo Bustinduy y Mónica García.

También hablarán los líderes de IU, Antonio Maíllo, y Movimiento Sumar, Lara Hernández, al tiempo que la bienvenida correrá a cargo del alcaldable de Barcelona En Comú en la capital catalana y secretario primero de la Mesa en el Congreso, Gerardo Pisarello.

Estas cuatro organizaciones ubicadas a la izquierda del PSOE se proponen “conformar una candidatura de izquierdas competitiva, unitaria y pluricional” que plantee “una propuesta sólida y amplia que ponga en el centro la vivienda, los salarios dignos, el coste de la vida, los servicios públicos, el feminismo y la transición ecológica”, subrayan fuentes de Comuns.

Esta alianza, que se muestra “abierta al conjunto de las izquierdas”, debe demostrarse capaz de “hacer frente al avance de la extrema derecha y de proteger y profundizar los avances del Gobierno de coalición”.

Las citadas fuentes reivindican que la ciudad de Barcelona, que bajo el gobierno de Ada Colau fue “pionera” al apostar por el urbanismo simbolizado por las llamadas supermanzanas, ha demostrado en las últimas semanas cómo la izquierda puede pasar “de las palabras a los hechos”, en alusión a la partida de la flotilla hacia Gaza desde la capital catalana.

“El acto del 30 de mayo quiere conectar con este espíritu, una izquierda que no se resigna, que tiene vocación y ambición, que demuestra que las políticas transformadoras se pueden hacer y que la resistencia democrática ante la extrema derecha se construye desde las propuestas y desde la solidaridad”, recalcan desde Comuns.

El anuncio de este acto se produce también el mismo día de que uno de los integrantes de la alianza, Más Madrid, haya rubricado la paz interna en el seno de la formación tras el acuerdo entre la ministra de Sanidad, Mónica García, que encabezará la lista del partido para las próximas elecciones autonómicas, y el portavoz adjunto en la Asamblea, Emilio Delgado, quien ostentará el tercer puesto.

Dicho pacto fija la mirada también en la política nacional y sitúa a tres nombres como “referentes” en una hipotética lista al Congreso. Se trata de la actual diputada en la Cámara Baja Tesh Sidi, el portavoz adjunto en el Ayuntamiento de Madrid, Eduardo Rubiño, y Emilio Delgado.

Los socios del Gobierno ya no cierran filas con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al menos no con la misma contundencia que el martes, cuando se conoció su imputación por la supuesta comisión de varios delitos de corrupción. Si antes de que se hiciera público el auto judicial tanto Sumar como los aliados parlamentarios progresistas del Ejecutivo coincidieron en deslizar sus sospechas de que Zapatero podría estar siendo víctima de lawfare, este miércoles, ya con la resolución judicial en la mano, rebajaron el tono, evitaron hablar de una persecución judicial injusta y se mostraron prudentes ante la evolución del caso.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, expresó el martes las “sospechas” que le generaba la investigación a Zapatero, y aseguró que “a nadie que siga las noticias de la prensa y las imputaciones de dirigentes de la izquierda le puede sorprender que algunos tengamos dudas sobre el origen de estas acusaciones”. “Ya se aclarará y entonces corregiré o mantendré las sospechas que tengo ahora”, planteó Martínez horas antes de conocer el contenido del auto. Pero este miércoles, 24 horas después y ya con la resolución judicial en la mano, la portavoz evitó responder a las preguntas de los periodistas sobre si seguía considerando un posible caso de lawfare la imputación a Zapatero.

Quien sí lo hizo fue el portavoz adjunto del grupo de Sumar y líder de IU en el Congreso, Enrique Santiago, que lejos de abonar la teoría de la persecución judicial injusta se limitó a afirmar que, “si se han cobrado cantidades por gestiones políticas”, como asegura indiciariamente el auto de la Audiencia Nacional que hizo Zapatero, “eso es un delito”. “Lo primero que es necesario en este país es regular bien las actividades de los expresidentes” para evitar que este tipo de situaciones puedan producirse, aseguró igualmente Santiago.

Por su parte, fuentes de Movimiento Sumar —el partido de Yolanda Díaz dentro de la coalición Sumar— llamaban este miércoles a la “prudencia” y evitaban en todo momento hablar de lawfare. “Que se investigue todo lo que se tenga que investigar y que se haga con diligencia e independencia, que se examine todo lo que se tenga que examinar y que se explique todo lo que se tenga que explicar”, plantean estas fuentes, que sí dejan caer, eso sí, que “el uso de la justicia con claros fines politicos que en los ultimos años se ha hecho desde algunas organizaciones y por parte de sectores de la judicatura llaman a insistir en la prudencia y en la necesidad de que se investiguen los hechos con diligencia”.

Rufián: “Si es verdad, es una mierda”

Otro dirigente que ha reculado rápidamente con respecto a su posición del martes es el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. El dirigente, antes de conocer el auto del juez José Luis Calama, quiso enviar “un mensaje para según qué jueces: el PP ya está ganando las elecciones autonómicas de forma continuada, no hace falta que hagan política”. Pero este miércoles, tras conocer el detalle de las acusaciones contra Zapatero, Rufián abrió la puerta a que sea “verdad” que el expresidente ha cometido los delitos de los que se le hace responsable, aunque no descartó del todo la posibilidad del lawfare. “Si esto es verdad, es una mierda, y si es mentira, es una mierda aún mayor que hemos visto muchas veces”, planteó el dirigente.

Rufián se dijo “jodido” porque, afirmó, tiene “un enorme respeto y un enorme afecto” a Zapatero. “Pero también tengo ojos en la cara. Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda, sí; que existe una cacería judicial, sí, y tanto; que Felipe, Aznar y Rajoy se lo merecen mucho más, sí, también. Pero la izquierda somos otra cosa, y yo le pregunto dónde acaba el lobbysmo y empieza el tráfico de influencias”, cuestionó en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de este miércoles en su pregunta al presidente Pedro Sánchez.

“No pinta bien el auto”, se limitó por su parte a afirmar la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, al ser preguntada este miércoles por la mañana en relación a la resolución judicial. Las declaraciones también suponen un paso atrás, puesto que el martes, antes de conocer el detalle de las acusaciones, Belarra había puesto el foco en que “la derecha tiene muchas ganas” a Zapatero y había planteado que “no deja de ser sorprendente que, teniendo a expresidentes como Mariano Rajoy, que montó la policía política; a José María Aznar, que es un criminal de guerra; a Felipe González, que montó los GAL; o a Adolfo Suárez, que ha resultado ser un agresor sexual, el primer presidente imputado sea el expresidente Zapatero”.

En la misma línea, la diputada de Compromís Águeda Micó pidió “prudencia” y se limitó a plantear la necesidad de que Zapatero “se pueda defender en el proceso judicial y, si hay corrupción, que caiga todo el peso de la ley” sobre él. Eso sí: Micó también reconoció que “parece que no está tan claro que haya lawfare”, una posibilidad que sí había valorado el martes, cuando sostuvo que habría que ver si la imputación de Zapatero tiene que ver con un caso de corrupción o con “la guerra judicial” emprendida por el PP, y cuando también dijo que le sorprendería que el expresidente hubiera participado en presuntas irregularidades.

El vuelco en el panorama de la izquierda alternativa en Andalucía ha vuelto a poner el foco sobre la debilidad de las formaciones progresistas de ámbito estatal frente al auge de las territoriales. El gran resultado de los andalucistas de Adelante, que cuadruplicaron sus resultados y superaron con claridad a Por Andalucía, amenaza con dificultar el proceso de reconstrucción de la alianza entre IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los Comuns, y ya han comenzado a surgir las primeras voces pidiendo acelerarlo. Y también pone en un brete a Podemos, puesto que los morados aspiran a hacer “tándem” con un Gabriel Rufián que, precisamente, propone que los partidos progresistas de ámbito estatal se retiren o, al menos, pasen a un segundo plano en las próximas elecciones generales en favor de las formaciones de izquierdas de ámbito autonómico. El domingo, Rufián volvió a espetar que “las izquierdas españolas” son “el problema”.

El miniciclo electoral que comenzó el pasado diciembre con las elecciones autonómicas de Extremadura y que terminó el pasado domingo con las andaluzas ha revelado que la izquierda alternativa, pese al mal momento que atraviesan sus referentes estatales, mantiene cierta potencia y, en algunos territorios, incluso avanza posiciones. Con la excepción de Castilla y León —donde IU y Podemos se quedaron fuera de las Cortes con el 2,2% y el 0,7% de los votos, respectivamente—, el espacio a la izquierda del PSOE ha logrado resultados muy sólidos y ha crecido con respecto a las últimas elecciones autonómicas. Pero, a excepción de en Extremadura —allí Unidas por Extremadura, la coalición de Podemos e IU, se presentó conjuntamente y logró un histórico 10,2% de los votos—, lo ha hecho con las izquierdas nacionales y las de ámbito territorial concurriendo por separado.

Tanto los comicios del domingo en Andalucía como los del pasado marzo en Aragón son buen ejemplo de que la izquierda alternativa está fuerte, pero también de que el crecimiento del espacio se debe casi exclusivamente a los partidos autonómicos. El espacio a la izquierda del PSOE aunó un 13,6% de los votos en Aragón, pero la clara hegemonía en esa comunidad la logró Chunta Aragonesista, con un 9,7% de los sufragios. Y lo mismo ocurrió en las andaluzas: aunque las formaciones progresistas rozaron un notable 16% de los votos en conjunto, la responsabilidad de ese crecimiento ha sido de Adelante, que alcanzó el 9,6% y los ocho diputados, mientras Por Andalucía solamente logró mantener sus cinco escaños en el Parlamento con un 6,3% de los votos.

Fuentes conocedoras de la negociación que están manteniendo IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los Comuns para refundar su alianza son muy claras a la hora de reconocer que los malos resultados de su referente andaluz, sumados al éxito de Adelante, “dificultan” la reconstrucción del espacio. Estas formaciones se ven presionadas tanto por un PSOE que, en los últimos meses, ha emprendido una nada disimulada búsqueda del voto más a su izquierda, como por los partidos progresistas de ámbito territorial, que se nutren de la debilidad de la izquierda alternativa nacional, que no tiene ni marca, ni candidato, ni estructuras ni una hoja de ruta clara de cara a las próximas elecciones generales.

Ante esta situación, este lunes ya comenzaron a alzarse algunas voces pidiendo mayor agilidad para que el espacio no sea engullido. Quien lo planteó de manera más clara fue la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, que exigió “acelerar” de manera “urgente” y dejar elegido antes del verano tanto el nombre del nuevo sujeto político como, especialmente, el nuevo líder que sustituirá a Yolanda Díaz. El problema es que los candidatos escasean: el favorito de IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los Comuns, el ministro Pablo Bustinduy, rechaza tomar la batuta de la alianza, y otros dirigentes de primera línea también se han retirado de la carrera, como la también ministra Mónica García, que ha anunciado su intención de presentarse a las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid encabezando las listas de Más Madrid.

Además, estas urgencias provocadas por el auge de los partidos territoriales llegan en un mal momento para los partidos que están reconstruyendo la alianza Sumar. Tras el batacazo de este domingo, IU se encuentra tocada de cara a las negociaciones con el resto de los actores, pese a lo cual su líder, Antonio Maíllo, descartó este lunes de plano la idea de Rufián de una izquierda “troceada” y defendió un proyecto “para todo el país”. Más Madrid, por su parte, está inmersa en una negociación interna entre las corrientes de Mónica García y Emilio Delgado para definir el peso de cada una en las listas del próximo ciclo electoral, y no se encuentra en posición —ni aspira a ello— de tomar el timón de la nueva alianza a escala estatal. Y Movimiento Sumar, que ya de por sí es la formación más pequeña de las cuatro que están construyendo el nuevo sujeto, tiene pendiente celebrar una asamblea extraordinaria en la cual podría ponerse en cuestión el liderazgo de Hernández.

Podemos se encuentra, por decisión propia, al margen de ese proceso de reconstrucción de la alianza Sumar. Pero el auge de los partidos de ámbito territorial también afecta a la formación morada, que en este último miniciclo electoral tampoco ha podido competir con estas formaciones allá donde ha concurrido contra ellas, como Aragón —donde los morados se presentaron solos— o Andalucía —encuadrados en la coalición Por Andalucía—. Para ganar fuerza de cara a las generales, Podemos ha intentado en las últimas semanas acercarse a Rufián, con quien la número dos morada, Irene Montero, ha asegurado que quiere hacer “tándem”. Pero el portavoz de ERC en el Congreso, lejos de tomar esa mano tendida, se posicionó el domingo nítidamente con los partidos autonómicos y pidió a los estatales, en los que se encuadra Podemos, “escuchar”.

El discurso de Rufián en relación a la fórmula que deben usar las izquierdas para presentarse a las próximas elecciones generales, no obstante, ha ido cambiando sin una dirección muy clara. En la charla que ofreció junto a Irene Montero el mes pasado en Barcelona, el dirigente de ERC felicitó a los morados por haber hecho “un esfuerzo por intentar simplificar las diferencias” para integrarse en Por Andalucía junto a IU y Movimiento Sumar, y aseguró que los republicanos debían “inspirar” ese tipo de entendimientos. Por el contrario, este domingo Rufián dio un giro de 180 grados y volvió a su planteamiento inicial de que las izquierdas estatales son “el problema”. Pero ni su propio partido, ERC, ni tampoco BNG, EH Bildu, Compromís o, ahora, Adelante Andalucía comparten su propuesta, por lo que parece complicado que termine trasladándose a una lista electoral.

Los aliados territoriales de Sumar maniobran

Pese a su distancia con el planteamiento de Rufián, algunos de los aliados de Sumar de ámbito territorial han tomado buena nota del auge de los partidos autonómicos frente a la debilidad de la izquierda estatal y han comenzado a maniobrar para seguir la senda de Adelante Andalucía. En la Comunitat Valenciana, el resultado de los andalucistas ha espoleado a la pata más grande de Compromís, los valencianistas de Més Compromís que lidera Joan Baldoví. Este lunes, el que será candidato de la formación a las elecciones a la presidencia de la Generalitat Valenciana en mayo de 2027 ha asegurado que el partido de Teresa Rodríguez “marca el camino a la izquierda”, porque los ciudadanos están confiando en “fuerzas de los territorios que hablan de sus problemas, fuera del ruido de la M30 y de los debates que Ayuso quiere poner en el tablero”. 

Aunque Baldoví no lo ha dicho expresamente, para los valencianistas la lista de las izquierdas en la Comunitat Valenciana debe ir aglutinada alrededor de Compromís y con su marca. Entre los argumentos más potentes que esgrimen los de Baldoví están las últimas encuestas publicadas, que sitúan a su coalición en alrededor del 20% de los votos (casi el 25% en València ciudad) y con muchas opciones de ganar a PP y Vox si el PSOE no se hunde. De hecho, Baldoví lleva semanas pidiendo a “los socialistas descontentos” que voten a su formación en los comicios de 2027. La estrategia de Baldoví es muy similar a la planteada por Rufián, incluso, llegando a forzar a Podemos a presentarse en solitario, donde en 2023 ya se quedaron fuera de las Corts Valencianas y sin representación en las grandes ciudades valencianas.

Pero esta estrategia de Més Compromís y de Baldoví contrasta con la que defiende Mónica Oltra, candidata a la alcaldía de València. Oltra quiere una lista que “trascienda” a Compromís y que aglutine a Podemos, Izquierda Unida y los movimientos sociales. En la capital valenciana parece ser que esta unidad de la izquierda sería factible, pero Oltra quiere que esa unión también se cierre en el resto de grandes ayuntamientos y para la Generalitat. Estas dos visiones han abierto un debate -todavía soterrado- y bloquean, de momento, el proyecto de Oltra para València y no acaban de definir el de Compromís a la Generalitat. Según el equipo de Oltra, “hará falta cada voto para ganar la Generalitat y València”.

Vuelco en la izquierda alternativa en Andalucía. Por primera vez en la historia, el espacio a la izquierda del PSOE no estará liderado por IU o una coalición en la que esté presente la federación, puesto que la alianza Por Andalucía ha sido ampliamente superada por Adelante Andalucía en las elecciones autonómicas de este domingo. La candidatura de Antonio Maíllo ha obtenido un 6,3% de los votos y cinco diputados, casi la mitad que los andalucistas de José Ignacio García, que han cuadruplicado sus resultados de hace cuatro años, alcanzando ocho escaños en el Parlamento andaluz con el 9,6% de los sufragios.

Con su resultado de este 17M, IU —que se presentó en coalición con Movimiento Sumar y Podemos, quien se sumó in extremis— empata el peor registro de su historia en unas elecciones autonómicas en Andalucía: el que logró, también en coalición con Podemos, en las elecciones de 2022. “El resultado obtenido no cumple con nuestras expectativas de crecimiento ni con el objetivo de echar a Moreno Bonilla de la Junta de Andalucía”, ha resumido el líder de la alianza de izquierdas en su comparecencia al borde de cerrar el escrutinio.

Durante el recuento, los de Maíllo respiraron aliviados al recuperar el diputado que, hasta bien avanzado el escrutinio, daban por perdido, lo cual se hubiera traducido en perder el grupo propio en la Cámara baja andaluza. Finalmente, la formación de izquierda –que aglutina a siete partidos con IU, Podemos y Sumar como mascarón de proa– sumó también el escaño de Granada, noticia que fue recibida entre aplausos en una sede de IU en Sevilla, desde donde ha seguido el escrutinio la coalición de Antonio Maíllo.

La coalición de Maíllo partía con ventaja frente a Adelante (cinco diputados frente a dos), su adversario directo a la izquierda del PSOE. Sin embargo, el temido sorpasso que vaticinaba el CIS se ha terminado produciendo y el partido andalucista y anticapitalista que fundó Teresa Rodríguez, hoy comandado por José Ignacio García, ha logrado imponerse a la candidatura del coordinador federal de IU.

La reunificación entre IU, Sumar, Podemos –alcanzada in extremis– no ha logrado movilizar al electorado progresista, que ha optado por apoyar a la alternativa de José Ignacio García. Presentarse como la izquierda “útil” que “quiere gobernar” –representando a los ministros de Sumar en el Gobierno de Sánchez– no ha favorecido a la candidatura de Maíllo.

Esa era la principal diferencia entre los proyectos de Por Andalucía y Adelante Andalucía, ya que los segundos se han desmarcado de gobernar junto al PSOE y se han mostrado muy críticos con la participación primero de Unidas Podemos y luego de Sumar en los dos últimos ejecutivos centrales. Frente a esa posición, la coalición que lidera Antonio Maíllo había abogado durante la campaña por un proyecto que “defiende su tierra con un proyecto propio, pero con capacidad de influencia en el conjunto del país desde todos los niveles institucionales”.

Pese a no cumplir sus expectativas, Maíllo ha asegurado que desde la coalición que capitanea “estamos orgullosos de nuestro trabajo y del que vamos a hacer”. En ese sentido, ha garantizado que Por Andalucía “va a seguir siendo una izquierda útil que defiende los servicios públicos y la apuesta y defensa de lo común”. Y ha avanzado que desde su grupo “no va a haber tregua en el gobierno del PP”, al que ha equiparado con Vox, con quien presumiblemente tendrá que pactar tras perder la mayoría absoluta.

Varapalo para Sumar pese al crecimiento del espacio

Las réplicas del terremoto en el espacio de la izquierda alternativa andaluza también llegan a Madrid. El varapalo recibido por la alianza Por Andalucía supone igualmente un bofetón para el espacio a la izquierda del PSOE a escala estatal, que se encuentra en pleno proceso de reconstrucción, sin candidato para las generales tras el paso atrás de Yolanda Díaz y pendiente de un reencuentro con Podemos que, en Andalucía, no ha servido para impulsar los resultados.

A nivel nacional, la lectura es ambivalente: buena para el espacio ideológico a la izquierda del PSOE, pero extremadamente negativa para Sumar, como referente en el resto de España de Por Andalucía, y para Podemos, como integrante de la coalición en las elecciones de este domingo. Sumando sus votos, Adelante Andalucía y Por Andalucía logran rozar el 16% de los sufragios, y esa cifra es extraordinariamente positiva para un espacio que lleva años encadenando malos resultados, con excepciones como las elecciones extremeñas de febrero. De hecho, en conjunto la izquierda alternativa iguala el porcentaje de voto logrado en 2018, cuando todas las sensibilidades del espacio (IU, Podemos y los andalucistas anticapitalistas ahora insertos en Adelante) se presentaron unidos en una única candidatura.

La alegría, no obstante, va por barrios, porque todo el crecimiento del espacio a la izquierda del PSOE se debe a la subida de Adelante. Y eso evidencia que el proceso de reconstrucción de la alianza Sumar que están llevando a cabo IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los Comuns no está sirviendo —al menos por el momento— para ganar apoyos, pese a que Maíllo aspiraba a tener “unos buenos resultados” en Andalucía para “facilitar una aceleración del proceso unitario en el resto del país”, como explicó en una entrevista con elDiario.es en la que también aseguró que “lo que pasa en Andalucía no solo queda en Andalucía”

La unidad con Podemos, señalada por IU como un objetivo de primer orden, tampoco ha servido para impulsar los resultados del espacio a la izquierda del PSOE, al menos en Andalucía. Es cierto que el pacto para una candidatura conjunta de cara a las elecciones de este domingo se firmó a última hora y tras meses de choque frontal por la negativa de los morados a integrarse en Por Andalucía. También lo es que no se ha visibilizado durante la campaña un entendimiento demasiado estrecho entre IU y Podemos, puesto que la dirección estatal liderada por Ione Belarra se ha limitado a celebrar actos de campaña con los candidatos de su partido y no ha participado en mítines con el resto de los partidos de la coalición. Pero los resultados andaluces demuestran que reconstruir los puentes entre las izquierdas tras años de desencuentro no sirve, por sí solo, para revitalizar un espacio maltrecho, especialmente si existe un competidor directo en la izquierda alternativa.

El golpe es especialmente duro para IU, puesto que ha cosechado un muy mal resultado en que es su principal feudo electoral y con su líder como candidato. La federación queda muy tocada de cara a la negociación con Movimiento Sumar, Más Madrid y Catalunya en Comú para la reconfiguración de Sumar, en la que el peso de los diferentes actores será clave para definir asuntos como la marca, el candidato o el método de elección de las listas para las próximas elecciones generales. Y el liderazgo de Maíllo también queda dañado, puesto que el líder de IU asume en primera persona el escaso botín de Por Andalucía.

Además, el resultado de este domingo vuelve a poner el foco sobre la propuesta del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, de conformar para las próximas generales una alianza entre las izquierdas a la izquierda del PSOE comandada por los partidos de ámbito territorial. Tras conocer el éxito de Adelante, Rufián publicó un mensaje en su cuenta de X en el que aseguraba que las izquierdas de ámbito estatal “son el problema” y en el que también afirmaba que este “es el momento de las izquierdas soberanistas”, un posicionamiento que eleva la presión sobre los partidos de Sumar en favor de Adelante. No obstante, los andalucistas han evitado secundar por el momento la propuesta de Rufián, que tampoco respaldan ni ERC, ni EH Bildu ni BNG.

Dos semanas y media después de que PP, Vox y Junts tumbaran la prórroga de los alquileres, la puesta en marcha de otro decreto sigue lejos. No obstante, tanto el Ministerio de Vivienda como Sumar y Junts han empezado a perfilar su posición para intentar pactar un nuevo paquete de medidas de vivienda, aunque la posición de la que parten los tres actores es sensiblemente diferente: Sumar deja claro que no va a renunciar a poner en marcha la prórroga, pero el ala socialista del Gobierno no la ve prioritaria y apuesta por centrar el nuevo decreto en la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones. Junts, por su parte, insiste en que su condición previa para sentarse a hablar es que se acepten sus exigencias en materia fiscal, desde las deducciones fiscales a quienes paguen alquiler o hipoteca al IVA franquiciado para los autónomos.

Sumar lleva semanas presionando públicamente al PSOE para que acepte poner en marcha un nuevo decreto argumentando que, en esta ocasión, hay opciones de que Junts termine apoyándolo si también se incluyen en el texto algunas de sus exigencias. Pese a que los independentistas fueron uno de los partidos que derribó el decreto de prórroga de los contratos de alquiler al mismo precio, en las últimas semanas han mostrado una postura ambivalente y han abierto la puerta, al menos, a hablar. Y, para escenificar este acercamiento, Sumar anunció el lunes de la semana pasada que planeaba “elaborar” una nueva propuesta que incluyera algunas de las exigencias de los de Carles Puigdemont para intentar atraerlos a apoyar la extensión de los arrendamientos.

No obstante, dos semanas después no ha vuelto a haber noticias de esa promesa ni los contactos han dado frutos y fuentes tanto de Sumar como de Junts admiten que sus conversaciones no han registrado avances. “Seguimos con ello”, pero “de momento no hay mucha novedad”, explica un dirigente del espacio que lidera Yolanda Díaz, mientras otro del partido independentista coincide en que no se ha dado “ningún” paso adelante en los últimos días.

El miércoles, eso sí, Junts insistió en que está abierto a negociar sobre vivienda si se respeta su exigencia sobre desgravaciones fiscales. Pero aunque no ha rechazado expresamente hablar de la prórroga de los alquileres o de la regulación de los arrendamientos temporales, los antecedentes no son halagüeños. En el debate de hace dos semanas y media, Junts tachó de “estética” la primera medida. Y durante la tramitación de la ley para regular los alquileres de temporada —que se encuentra varada en el Congreso—, ha intentado descafeinar la norma proponiendo una regulación mucho más laxa que la que planteaba la izquierda.

Sea como fuere, y aunque haya sido Sumar quien más ha presionado públicamente para retomar las conversaciones con Junts, es el PSOE la formación que tiene la sartén por el mango para desbloquear la situación. Como la mayor parte de las reivindicaciones de los independentistas son en materia fiscal, el protagonismo recae particularmente en el Ministerio de Hacienda, que es el que tiene la última palabra en estos asuntos. No obstante, el Ministerio de Vivienda reclama su papel en las negociaciones, y la ministra Isabel Rodríguez ha insistido en los últimos días en que ya ha empezado a mantener contactos con los diferentes partidos y en que existe una “oportunidad” para llegar a un acuerdo con Junts si la formación acepta negociar algunas de las propuestas del Gobierno a cambio de sus reivindicaciones.

El problema es que el Ejecutivo no tiene una posición unívoca sobre cómo debe abordar esa negociación con Junts. Vivienda insiste en que no descarta incluir ninguna medida en el decreto que se negocie, tampoco la prórroga de los alquileres, pero fuentes del departamento deslizan que “lo que se lleve tiene que poderse aprobar”, lo que evidencia su escasa confianza en que los independentistas acepten la prórroga que tumbaron hace tres semanas. Bajo esa argumentación, el ala socialista del Gobierno es partidaria de centrarse en regular por decreto el alquiler temporal y por habitaciones, que el PSOE considera que es el verdadero agujero negro que provoca que el mercado del alquiler se encuentre disparado.

Sin embargo, renunciar a la prórroga de los alquileres es una línea roja para Sumar, que ha defendido esta extensión de los contratos como su medida estrella desde finales del año pasado. Fuentes de la formación que lidera Yolanda Díaz explican que eso no significa que estén en contra de regular el alquiler de temporada y por habitaciones, pero aseguran que ambas medidas, prórroga de los contratos y regulación de los arrendamientos temporales, son igualmente “urgentes e imprescindibles”. De hecho, la propia Sumar presentó el año pasado una ley en esta dirección en el Congreso junto a socios de izquierdas como ERC, EH Bildu o Podemos, y la legislatura pasada Unidas Podemos peleó hasta el final para incluir esta regulación en la ley de vivienda, un extremo que rechazó el PSOE. 

Una diferencia ideológica, no solo estratégica

Lo cierto es que, además de una discrepancia estratégica sobre cómo debe abordarse la negociación, entre las dos alas del Gobierno existe una importante diferencia ideológica en relación al mercado de la vivienda. Al menos una parte del PSOE nunca ha visto con buenos ojos una medida como la prórroga de los alquileres, que consideran que no gusta —e incluso perjudica— a una parte de su electorado. Y buena muestra de ello fue el episodio de tensión que se produjo en el Consejo de Ministros en el que se aprobó el decreto que contenía la extensión de los contratos de arrendamiento, cuyo inicio se retrasó porque los ministros de Sumar se negaron a entrar al mismo si el presidente Pedro Sánchez no accedía a aprobar esa reclamación.

Ese ha sido, tan solo, el ejemplo más extremo de las discrepancias entre las dos partes del Ejecutivo en relación a la vivienda, pero no el único. Estas diferencias se han evidenciado a lo largo de la legislatura con asuntos como los incentivos fiscales a caseros —promovidos por el PSOE y rechazados por Sumar, que, sin embargo, ahora los acepta si es a cambio de que Junts apoye la prórroga de los alquileres— o la propuesta de los de Yolanda Díaz de condicionar la entrega de fondos a las comunidades a que estas apliquen los topes de precios al alquiler. De hecho, Sumar llegó a pedir el pasado octubre la dimisión de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, aunque se arrepintió en apenas unas horas tras el enfado que expresó públicamente el PSOE.

En 2024, último año del que hay datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios de los nuevos contratos de alquiler subieron un 8,8%. Nunca desde 2021 (año desde el que se contabiliza esta variable) los nuevos contratos habían subido tanto. Si en 2021 lo hicieron un 3,5%, en 2022 subieron un 5,3% y en 2023 se moderaron al 4,1%. El acumulado lleva a una subida del 12,9% en cuatro años en los contratos nuevos, por el 10,4% del alquiler en general. La prórroga de los alquileres, precisamente, atenuaría estas subidas porque permitiría a los inquilinos cuyo contrato venza en 2026 o 2027 extender al mismo precio su contrato por dos años.

Los continuos atropellos en el Paseo de la Rosa de Toledo, la arteria del barrio de Santa Bárbara, siguen en el punto de mira político de la ciudad, tras los dos accidentes seguidos en el mismo punto de esta vía en las últimas dos semanas. Los partidos políticos de la oposición han rechazado en bloque las medidas que el Ayuntamiento, gobernado por PP y Vox, está estudiando para evitarlos y que el alcalde, Carlos Velázquez, ha adelantado: soterramiento o pasarelas.

Para el concejal de Izquierda Unida-Podemos en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, no son soluciones viables. En su lugar aboga por la educación y la concienciación al margen de medidas más realistas y de aplicación más económica e inmediata.

Y es que, las medidas “drásticas”, tal y como definió el propio alcalde, son “una reacción impulsiva y excéntrica” que no se soportan en sí mismas ni desde el punto de vista técnico, ni económico. Sin embargo, recuerda el portavoz de IU, el alcalde tiene en su mano, desde que empezó la legislatura, la puesta en marcha del “enmohecido” parque de educación vial, una instalación que “ha servido a generaciones de toledanos y toledanas para formarse en materia de seguridad y tráfico”.

Se muestra firmemente convencido de que “no hay nada más drástico que la educación” y por eso considera que la base para evitar los atropellos pasa por una “sólida educación vial” al margen de la instalación de medios preventivos como semáforos o radares pedagógicos, tal y como se han debatido y aprobado en el Consejo de Participación de Santa Bárbara.

IU presentó alegaciones para recuperar el parque de educación vial

De hecho, Izquierda Unida ya presentó alegaciones al presupuesto de 2022 para la recuperación de este recinto, que fue una de sus apuestas electorales, y volvió a alegar a los presupuestos con esta intención en 2023 y 2024. Es más, volvió a insistir en el arreglo y puesta en actividad del parque de educación vial cuando se dio a conocer el proyecto de recuperación del Paseo de la Vega solicitando que se incluyera en el proyecto como complemento a la oferta de ocio y formación.

Por otro lado, considera oportuno la instalación de pictogramas en los pasos de peatones que más allá de servir a las personas con discapacidad cognitiva pueden ser útiles para todos los peatones. Al respecto, recuerda el concejal de IU que la Corporación local aprobó en Pleno y por unanimidad una moción de este grupo municipal para la instalación de estos pictogramas y que el actual equipo de Gobierno no los quiso incluir en el proyecto de presupuestos de 2026 pese a la alegación presentada por IU para este fin.

También el PSOE ha arremetido contra el equipo de Gobierno de PP y Vox. La viceportavoz del Grupo Municipal Socialista, Ana Abellán, ha mostrado su “profunda preocupación” por el aumento de atropellos y ha exigido “medidas prácticas, urgentes y eficaces” para garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas de Santa Bárbara.

Ha recordado que la Asociación Vecinal Alcántara viene mostrando su preocupación por esta situación y ha subrayado que “esa inquietud no puede echarse en saco roto”. “Ayer tuvimos otro atropello más en el Paseo de la Rosa. ¿Cuántos avisos necesita el alcalde para actuar?”, se ha preguntado Abellán.

La responsabilidad es del alcalde, que debe resolver el error que cometió al partir las competencias de Tráfico entre dos concejales

En este sentido, la edil socialista ha señalado directamente a Carlos Velázquez como responsable político de una situación que, a su juicio, evidencia “la ineficacia de un gobierno fracasado”. “El tráfico y la seguridad vial son competencia del Ayuntamiento de Toledo. Por tanto, la responsabilidad es del alcalde, que debe resolver el error que cometió al partir las competencias de Tráfico entre dos concejales, una de Seguridad Ciudadana y otro de Movilidad, como consecuencia del pacto entre PP y Vox”, ha denunciado.

Ha reclamado así que el Ayuntamiento facilite los datos de atropellos registrados en los últimos años en el Paseo de la Rosa y que convoque una reunión con oposición, vecinos, vecinas y equipo de Gobierno para analizar la situación y buscar una solución consensuada. “Ofrecemos la colaboración del Grupo Municipal Socialista para trabajar en medidas que, si no eliminan por completo los atropellos, al menos reduzcan su frecuencia y su peligrosidad”.

Ana Abellán ha exigido cuatro actuaciones inmediatas: la revisión urgente de todos los pasos de peatones del Paseo de la Rosa, la instalación de medidas efectivas de reducción de velocidad, la elaboración de un plan real de seguridad vial consensuado con los vecinos y vecinas del barrio y la convocatoria de la Comisión de Movilidad, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

“El Paseo de la Rosa necesita actuaciones inmediatas y eficaces antes de que tengamos que lamentar consecuencias más graves. El alcalde debe dejar de esconderse detrás de sus concejales, asumir su responsabilidad y actuar ya”, ha concluido.

Movimiento Sumar: hay una “mala planificación urbana”

A estas críticas se ha unido igualmente Movimiento Sumar de Toledo, que considera que las medidas planteadas por el alcalde “no abordan el problema real” y trasladan las consecuencias “de una mala planificación urbana a quienes se desplazan a pie”.

Para la formación, la prioridad debe ser garantizar una convivencia segura entre peatones y vehículos sin penalizar los recorridos peatonales ni dificultar la accesibilidad. “Si una calle es peligrosa para cruzar, lo que hay que hacer es calmar el tráfico, no esconder o apartar a los peatones”, señalan.

Recuerda además que el límite de velocidad actual en el Paseo de la Rosa ya es de 20 kilómetros por hora, pero que en la práctica no se respeta de manera habitual debido a la ausencia de controles efectivos y a un diseño de la vía que favorece velocidades superiores.

La formación considera que los pasos subterráneos no son una solución adecuada porque “incrementan el esfuerzo y el tiempo de desplazamiento para peatones, generan problemas de accesibilidad e inseguridad y requieren elevados costes de construcción y mantenimiento”. Del mismo modo, las pasarelas elevadas resultan “poco viables” en una vía de estas características y “vuelven a cargar sobre el peatón las consecuencias de un tráfico excesivamente rápido”.

Para este partido, el principal problema del Paseo de la Rosa no es la presencia de peatones, sino el exceso de velocidad y la falta de medidas eficaces para reducirla. Actualmente la vía cuenta únicamente con dos semáforos para ocho pasos de peatones y carece de mecanismos permanentes de control de velocidad. “La seguridad vial no se consigue obligando a la gente a dar rodeos o cruzar túneles, sino diseñando calles donde conducir despacio sea la norma”, concluyen.

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, del PNV, ha justificado la presencia de la empresa Agricultura Creativa 2015 (más conocida por la marca La Gilda del Norte) en el 'stand' del Gobierno vasco en la feria gastronómica Salón Gourmets, celebrada en Ifema a los pocos días de que la Audiencia Provincial de Bizkaia emitiese una condena penal contra el dueño, F.J.G.Á., por vulneración continuada de los derechos de los trabajadores extranjeros. Barredo, en respuesta a preguntas de la oposición por los hechos adelantados por este periódico, insiste en que el falló “no es firme” y en que, por lo tanto, toca respetar la “presunción de inocencia” de La Gilda del Norte.

“Se trata de hacer compatibles dos planos igualmente esenciales del Estado de Derecho. Por un lado, la garantía y tutela de los derechos de las personas trabajadoras. Y, por otro, el respeto al derecho fundamental a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución española. Ambos principios no son excluyentes, sino complementarios, de manera que la defesa de los derechos laborales no puede articularse mediante la anticipación de efectos propios de una condena que aún no es firme”, argumenta Barredo, que ha atendido preguntas tanto de EH Bildu como de Sumar en relación con La Gilda del Norte.

La Audiencia Provincial de Bizkaia hizo público el 10 de abril que el propietario de La Gilda del Norte había sido condenado a abonar una multa de 18.000 euros por un delito contra los derechos de los trabajadores en su modalidad de emplear o dar ocupación, de forma “reiterada”, a ciudadanos extranjeros que carezcan de permiso de trabajo. Además de la pena de multa, el tribunal ha condenado al acusado al pago de una indemnización en concepto de responsabilidad civil de 2.500 euros para cada uno de los tres trabajadores que han ejercido la acusación particular en esta causa por los daños morales causados. No entrará en prisión, eso sí. Y su hija, también responsable de la empresa, queda totalmente absuelta. La condena ha sido recurrida.

El 13 de abril, en el espacio 'Basque Country' gestionado por la sociedad pública Hazi en Ifema, La Gilda del Norte era una de las empresas participantes. El Ejecutivo publicitó que llevaba a 18 firmas “que representan lo mejor de la gastronomía vasca”. Desde la oposición, tanto EH Bildu como Sumar pidieron explicaciones. Los segundos sostenían que se trataba de un “caso grave de explotación laboral”, de una “actuación delictiva de relevante gravedad” y entendían que la compañía “debería ser repudiada también en términos políticos”.

Insiste Barredo en que la sentencia “no es firme” y si “una sentencia recurrible carece de firmeza” tampoco puede “desplegar plenamente” sus efectos. La consejera expone que su incorporación no es por ser “ejemplar”, sino por estar inscrita en un registro y cumplir con los requisitos. Fuentes de La Gilda del Norte añaden que ellos abonaron sus tasas como han hecho en otros eventos en los que han acudido al espacio de 'Basque Country'.

Agrega la consejera del PNV que no solamente no hay “constancia” de una “condena penal firme”, sino que tampoco existe constancia de “sanción administrativa firme”, aunque sí se era “conocedor” el Gobierno de la existencia del procedimiento abierto. Este periódico lleva informando de ello desde 2021 y el juicio fue perfectamente público este año. Se da la circunstancia de que las dos respuestas de Barredo han llegado al Parlamento a las 15.23 horas de este jueves. Siete horas antes, a las 8.31, había entrado en el registro un informe del vicelehendakari Mikel Torres, del PSE-EE, de quien depende la Inspección de Trabajo, que enumeraba tres sanciones por irregularidades laborales.

Dos fuentes consultadas recalcan que no cabe duda de que esas infracciones son plenamente firmes porque incluyeron un reconocimiento de los hechos por parte de la empresa para acogerse a un descuento del 40% en las multas, que son de 6.250, 626 y 626 euros, respectivamente, y que tuvieron a trece, trece y un trabajadores afectados, siempre según la documentación oficial. La empresa niega que esas cifras sean correctas. El equipo de Barredo señala que por “error” se ha indicado que es el Gobierno el que no tenía constancia de las actuaciones de Trabajo cuando en realidad era el Departamento el que lo ignoraba.

Torres, a quien EH Bildu preguntó por La Gilda del Norte, expone que una empresa condenada “podría verse impedida” para estar presente en estos foros, pero dice “desconocer” los “criterios” de Hazi. Añade que “una empresa condenada por un delito contra los derechos de los trabajadores no puede contratar en el sector público”, pero abunda que “para ello la sentencia condenatoria requiere que sea firme”.

El vicelehendakari socialista responde con un lacónico “sí” a la pregunta de si no cree que la “excelencia” de las empresas invitadas a los pabellones del Gobierno vasco ha de “incluir también la excelencia de su empleo y el respeto absoluto a los derechos laborales de las personas migradas”. Preguntado si ha habido alguna queja por parte de Trabajo hacia Barredo por estos hechos, Torres indica que “las discrepancias, cuando existen, se abordan de forma interna y constructiva, ya que lo importante es garantizar que las actuaciones se ajusten al marco normativo y respondan al interés general”.

Portavoces de La Gilda del Norte indican que la empresa “puede seguir contratando y trabajando para cualquier Administración pública, porque como bien dicen los consejeros, tiene que haber una condena contra los derechos de los trabajadores”. “La Gilda del Norte no tiene ninguna condena contra los derechos de los trabajadores, se trata de una sanción por emplear a personas extranjeras sin permiso de trabajo y, de hecho, se ha recurrido”, abundan. El resumen de la sentencia de la jurisdicción penal está en la web oficial del Poder Judicial.

El Parlamento Vasco ha aprobado instar al Gobierno a “dar un salto cualitativo y cuantitativo para reforzar el parque público de vivienda y responder a las necesidades existentes”, impulsando la labor de Visesa como empresa pública para la construcción y promoción de vivienda pública en Euskadi y de Alokabide para su gestión. Además, urge a que se desarrolle “a la mayor brevedad” el plan territorial sectorial (PTS) de Vivienda para asegurar la disponibilidad de vivienda asequible y para garantizar el acceso a una vivienda “digna y adecuada, promoviendo la cohesión social y el equilibrio territorial”.

La enmienda ha salido adelante con los votos de PNV, PSE-EE y Sumar, que han llegado a un acuerdo para sacar adelante estos puntos en una moción transaccionada menos ambiciosa que la presentada inicialmente por la formación de izquierdas, que pedía que se pusiera en marcha una sociedad pública nueva para la construcción promoción de VPO, además del PTS. EH Bildu ha presentado su propia enmienda en la que también pide una sociedad pública nueva. La coalición abertzale se ha abstenido finalmente porque PNV y PSE-EE han rechazado su petición de poder votar por puntos la enmienda, ya querían dar su voto favorable a la puesta en marcha del PTS.

También el PP se ha abstenido, aunque ha criticado las políticas actuales de vivienda y la pretensión de los grupos de aumentar la intervención sobre el sector. “Vamos mal y presentan enmiendas para que vayamos peor. Sus políticas nos llevan al mayor drama de la historia en vivienda”, ha señalado la parlamentaria Ana Morales. Vox ha votado en contra.

El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, del que ha partido la iniciativa después transaccionada, ha destacado que la crisis de vivienda en Euskadi “no solo no remite, sino que aumenta ante la falta de políticas públicas decididas que pongan fin a los efectos devastadores del mercado y la especulación”. Por eso, ha destacado el acuerdo alcanzado con los partidos del Gobierno. “Hemos alcanzado un acuerdo, en mi opinión, relevante, porque supone una exigencia al Gobierno vasco para dar un salto, en parque público de vivienda. Por eso creo que es un buen acuerdo”, ha señalado agradeciendo la disposición de PNV y PSE-EE para conseguir un pacto.

Pese a que no se ha aceptado la pretensión de Sumar de crear una nueva empresa pública de vivienda, Hernández ha insistido en que “ese salto no puede hacerse sin una herramienta a la altura del desafío”. “Necesitamos una empresa pública de vivienda, pero no cualquier empresa pública de vivienda; una empresa pública de vivienda con capacidad real de intervención estructural; una empresa pública capaz de ampliar de forma significativa el parque de alquiler público permanente, de intervenir en el mercado del suelo, de promover vivienda directamente sin depender del ciclo del mercado privado y de garantizar que la vivienda financiada con recursos públicos, lógicamente, permanezca en el ámbito público de forma indefinida”.

Adrián Fernández, desde el PSE-EE, ha recordado que Euskadi ya cuenta con “dos grandes herramientas públicas que llevan décadas haciendo un muy buen trabajo”, Visesa y Alokabide. “Por lo tanto, yo creo que el debate no tiene que estar dirigido hacia si necesitamos más presencia pública en vivienda, porque yo creo que ahí estamos de acuerdo, sino que el debate debe estar en cómo fortalecemos y ampliamos las herramientas públicas que ya existen y que ya funcionan”, ha apuntado.

De igual forma, Jonatan Moreno, del PNV ha destacado el acuerdo y señalado que todo lo que se está realizando desde el Gobierno vasco en materia de vivienda se basa en la colaboración público-privada y en el acuerdo: con los pequeños propietarios de viviendas vacías, con los ayuntamientos que gestionan el suelo, con las empresas del sector de la construcción, con el sector financiero, y con operadores sociales mediante las nuevas fórmulas residenciales.

El Gobierno de Imanol Pradales, valiéndose de la mayoría absoluta de PNV y PSE-EE, ha sacado adelante este jueves en el Parlamento Vasco una de las leyes más relevantes de la legislatura, la de Transparencia. Lo es porque, con ella, Euskadi deja de ser la única comunidad autónoma sin una normativa propia de este tipo, aunque hasta ahora algunos derechos se ejercían al amparo de la legislación estatal. Y también porque el texto sale adelante tras tres legislaturas de intentos fallidos. “La transparencia no es una concesión a la ciudadanía, es un derecho”, ha solemnizado la consejera responsable, María Ubarretxena, que ha recibido el respaldo expreso del lehendakari durante la sesión parlamentaria y ha estado acompañada en la Cámara por todo su equipo, que ha fotografiado varios momentos del debate plenario desde los palcos.

Anticipándose a las críticas que luego llegarían de la oposición, Ubarretxena, del PNV, que ha dispuesto de quince minutos para valorar la ley antes de que intervinieran los partidos, ha señalado que Euskadi “no parte de cero”. “Si bien no tenía ley propia, ha sido pionera en los últimos años”, ha recalcado en una intervención realizada leyendo sus notas desde una tableta que sujetaba con las manos. El portavoz del PNV, Xabier Barandiaran, ha redoblado la apuesta dialéctica y ha llegado a decir que en España no hay mejor comunidad autónoma en esta materia que Euskadi. “Así lo dicen organismos internacionales”, ha señalado. Y ha agregado que “Euskal Herria” debe mirar más a los países nórdicos que a “Jaén o Murcia”.

Finalmente, PNV y PSE-EE no han sumado ningún apoyo entre la oposición a la hora de aprobar el grueso de la ley, más allá de algunas abstenciones o incluso 'síes' a apartados concretos. Es más, como anécdota, PNV y PSE-EE han dispuesto de 37 votos de 75, es decir, sin mayoróa, pero han podido sumar los dos delegados por Maitane Ipiñazar y Mikel Arruabarrena, ambos de baja por paternidad. Incluso en la compleja votación ha habido momentos de zozobra, con el portavoz nacionalista dando orden de votar 'sí' a partes a las que tocaba votar 'no', como le ha corregido rápidamente su colega Lorea Bilbao.

La consejera, en cambio, ha defendido que la propuesta inicial del Ejecutivo ha sido “enriquecida por propuestas de todos, salvo de Vox”. En efecto, la tramitación parlamentaria de casi dos años ha introducido enmiendas. Por ejemplo, la nueva agencia Gardena, la máxima autoridad en materia de transparencia, será elegida al modo del Ararteko o de otros organismos de control, mediante mayoría parlamentaria reforzada. Inicialmente, el Gobierno quería reservarse ese nombramiento. También se fuerza a la Administración a publicar trimestralmente un listado de los contratos menores formalizados, aquellas adjudicaciones que se hacen sin concurso por ser de pequeño tamaño pero que, sumadas, suponen un presupuesto multimillonario. Históricamente, ha sido una vía de fraudes e incluso de corrupción.

El Gobierno cuantifica en 47 las propuestas de la oposición admitidas y en otras cuatro las enmiendas transaccionadas. Son 18 de EH Bildu -la consejera del PNV ha ironizado que seguramente son más los puntos de acuerdo de la principal fuerza de la oposición de los que admitirán en público-, 15 del PP y el resto de Sumar. Ubarretxena, de hecho, ha felicitado uno por uno a los parlamentarios de esos partidos, como también a los de PNV y PSE-EE y a su viceconsejero, Xabier Otxandiano. Solamente ha excepcionado de las buenas palabras a Vox.

Ubarretxena ha destacado también que la ley habilita a la ciudadanía a proponer iniciativas reglamentarias, al igual que es posible plantear leyes mediante la recogida de firmas. La norma prevé sanciones de hasta 400.000 euros en caso de incumplimiento de las disposiciones legales, aunque la oposición ha avisado de que el régimen sancionador estará en manos de la consejera de turno y no de la agencia de control Gardena. La ley habilita también un canal externo para denuncias y, según los partidos del Gobierno, permitirá lanzar alertas “sin temor a represalias”.

El dictamen aprobado señala que estarán sometidos a obligaciones el Gobierno vasco y otros organismos autonómicos, los ayuntamientos, los partidos y sindicatos e incluso empresas privadas sostenidas con recursos públicos, como los colegios privados concertados. Sin embargo, las diputaciones forales escapan a este marco normativo.

El análisis crítico de la oposición

El debate ha durado unos cien minutos, de 9.30 a 11.13. Por parte de EH Bildu, Lamia Arcas, ha sido muy dura con el resultado final de la ley. La ve claramente insuficiente. Ha citado el caso de Gardena. Considera que son insuficientes los cambios introducidos en el sistema de elección de su dirección. La formación abertzale defendía un nombramiento para un único mandato de seis años y no uno de cinco prorrogable que, en la práctica, habilita a diez años continuados. Asimismo, Arcas sostiene que no se garantiza que no sea elegida una persona con “afiliación política”. Ha planteado, igualmente, que las garantías para los denunciantes de irregularidades no son las mejores.

Desde la bancada del PP, Ainhoa Domaica, ha manifestado que su partido consideraba que, “siendo los últimos”, era deseable “la mejor ley, la más ambiciosa” para Euskadi. Pero los 'populares' entienden que el producto final no es el mejor. El PP, de hecho, ha denunciado que el Gobierno no es precisamente “transparente” con la oposición a la hora de facilitar información, si bien eso es materia regulada en otra ley, el reglamento parlamentario. “Hasta ahora, un suspenso”, ha resumido Domaica, que ha llegado a exhibir un informe que se le ha entregado y que estaba totalmente tachado. Vox, de su lado, ha considerado también un “paripé” la nueva norma porque no garantiza que el Gobierno de Pradales deje de ser “opaco”, según Amaia Martínez Grisaleña.

En el caso de Sumar, que fue quien propuso al Ejecutivo cambiar la forma de designación de Gardena, ha señalado que ese cambio era impepinable pero, en palabras de Jon Hernández, es un ajuste insuficiente para que ellos se sumen a un acuerdo sobre el conjunto de la ley. Y ha afeado al PNV que quiera plantear una especie de superioridad “biológica” vasca cuando aquí, como en otros lugares, ha habido corrupción y clientelismo. “No nos podemos creer mejores que los demás. No estamos vacunados”, ha manifestado Hernández.

El socio del PNV, el PSE-EE, ha destacado que los nuevos artículos “fortalecen” el sistema democrático. Según Pau Blasi, una ley de Transparencia “no es un mero ejercicio de 'striptease'” sino una palanca para, entre otros objetivos, “recuperar la confianza en la instituciones” o “mejorar la toma de decisiones”. Blasi también ha insistido en que el hecho de que Euskadi no haya tenido ley no ha supuesto falta de iniciativas. A su juicio, fue el Gobierno de Patxi López el “pionero” en ello. Blasi fue asesor de aquella Presidencia entre 2009 y 2012. “Si no lo digo yo, no lo va a hacer nadie”, ha ironizado. En su momento, los socialistas denunciaron que era una renuncia aprobar una ley así sin que incluyera a las diputaciones.

Los tres intentos fallidos

Si la ley estatal es de 2013, el primer intento en Euskadi también es de esa época, de la legislatura 2012-2016. En el primer calendario legislativo del entonces lehendakari, Iñigo Urkullu, no constaba ninguna propuesta en este sentido a su llegada al cargo, pero sí se prometió un capítulo sobre ello dentro de una norma general sobre Administración Pública. Sin embargo, en 2015 el Ejecutivo -entonces del PNV en solitario y en minoría- la retiró del Parlamento en vista de la falta de apoyos y el rechazo en bloque de la oposición. Acto seguido, uno de los planteamientos fue separar el texto en dos, creando uno 'ad hoc' para Transparencia. Pero no dio tiempo en lo que quedaba de legislatura, ya que todas las propuestas legislativas -salvo contadas excepciones- decaen cuando se convocan elecciones, que fueron en el verano de 2016.

En la legislatura de 2016 a 2020 se hizo una promesa para el “primer cuatrimestre de 2018” que nunca se sustanció. Sin embargo, un año antes, PNV y PSE-EE presentaron como partidos una proposición no de ley en la Cámara con la promesa de “agilizar” la tramitación de la norma. Era, en esencia, la propuesta pendiente del mandato anterior. Se presentaron enmiendas y se reunió varias veces la ponencia legislativa, pero dejó de hacerlo en marzo de 2019. El acuerdo estaba casi listo pero había discrepancias al unir en un mismo texto puntos de información pública y otros de participación. Nada se hizo en el tramo final de aquella legislatura a pesar de una oferta de la coalición entonces llamada Elkarrekin Podemos al Gobierno para cerrarla y en 2020 volvió a decaer, nuevamente por la celebración de elecciones.

El tercer intento es el de la legislatura de 2020 a 2024. La promesa en la tercera y última legislatura de Urkullu era que el Ejecutivo enviase un proyecto de ley a la Cámara en el “segundo semestre de 2022”. No fue así. La consejera Olatz Garamendi presentó en el Parlamento el articulado muy tarde, a finales de 2023. No dio tiempo a tramitarla y volvió a decaer.

La de Transparencia es una de las iniciativas legislativas más importantes sacadas adelante por el Gobierno esta legislatura. De hecho, es el primer gran proyecto de ley que ve la luz, ya que hasta ahora la actividad de la Cámara ha consistido en presupuestos y en pequeñas reformas legislativas 'exprés' para facilitar la participación de menores en la caza, fomentar la tauromaquía entre los jóvenes o, más recientemente, para reforzar el control de las colonias de verano, retocar la normativa electoral y hasta para autorizar el juego del bingo en los centros de mayores. La oposición se está quejando de que la mayoría parlamentaria fuerza tramitaciones que no dan margen para la presentación de informes, el debate de enmiendas o las comparecencias de expertos.

La excepción, pero no tramitada como proyecto de ley del Gobierno sino como propuesta de PNV y PSE-EE, fue la normativa “urgente” para hacer frente a la crisis de vivienda, promulgada a finales de 2025. Otros compromisos como la reforma del Estatuto siguen acumulando retrasos y, aprobada la ley de Transparencia, tampoco queda ningún otro proyecto en tramitación ahora mismo, aunque sí intenciones como la nueva ley de justicia restaurativa.