Pilar Ferrer tiene 75 años y, pese a los “problemas que le acarrea la edad”, su bienestar es el que menos le preocupa. Su hija Cristina, de 55 años, tiene el grado II de dependencia y el 35% de discapacidad, y han decidido que lo mejor para su futuro es que ingrese en una residencia: “Cuesta aceptarlo, lleva desde que nació conmigo, toda la vida. Pero yo voy a tener que entrar otra vez al quirófano y me da miedo, no por mí, sino por ella”.

La preocupación también la genera el coste mensual de la residencia, pese a que le han concedido una prestación de ayuda, todavía no llega: “Puedo pagar tres, cuatro o cinco meses. Pero más no sé si voy a llegar. No puedo pagar 2.800 euros todos los meses porque con mi pensión y la ayuda que recibe mi hija por la incapacidad, no llega”.

La presión económica asfixia a miles de familias cuidadoras. “¿Podré seguir pagándolo?, ¿tardará mucho la ayuda?”, se plantea Pilar. Algunas familias reconocen haber prescindido de terapias necesarias por no poder costearlas, mientras otras admiten su “suerte” porque conocen la situación de otras personas.

La reforma de las leyes de dependencia y de discapacidad, que contará con la mayor partida presupuestaria de la historia, pretende paliar las problemáticas estructurales a las que se refieren estas familias: se eliminarán incompatibilidades para recibir ayudas, se reforzará el servicio domiciliario y la teleasistencia y se reconoce la accesibilidad universal como un derecho, entre otras medidas.

Las asociaciones y plataformas sociales reconocen el cambio como una “buena ley”. “Permitirá transitar de un modelo asistencialista a uno basado en los derechos y la autonomía”, aseguran desde el Comité Español de Representación de Personas con Discapacidad (CERMI). En la misma línea, el presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), Jesús Fernández, la valora positivamente: “Estas dos leyes convergentes impactan muchísimo en millones de ancianos y van a permitir que puedan seguir envejeciendo en su medio habitual, en su vivienda, y que se articulen toda una serie de prestaciones domiciliarias que permitan conseguir este objetivo”.

Las familias también la reciben con esperanza y se alegran del cambio, puesto que plantea cuestiones “muy positivas”, pero insisten en que estas medidas “deben materializarse”.

Javier Pérez es padre de Rosario, una joven de 29 años con discapacidad orgánica y un retraso intelectual debido a un daño cerebral que padeció al ser un parto prematuro. Javier cree que la ley “está muy bien”, pero “mejor está que se cumpla”. Su experiencia y las trabas burocráticas que ha padecido a lo largo de estos años le invitan a dudar de su eficacia. “Durante mucho tiempo me han contado muchas cosas que estaban sobre el papel, pero no estaban sobre la realidad. La Administración es la mayor incumplidora de la norma”, sentencia.

“Ahora es como un rayito de esperanza, siempre quieres pensar que va a ir bien. Pero esto al final no deja de ser una lucha partidista y estamos un poco en medio de las negociaciones entre políticos”, comenta Catalina Pol, la madre de Diego, un menor con Trastorno del Espectro Autista.

Trámites burocráticos

Hasta ahora la ley de dependencia establecía que desde que se presenta la solicitud hasta que se emite la resolución en la que se concede la prestación deben pasar como máximo seis meses. Con la reforma, este plazo pretende reducirse a tres. “No pueden cumplir ni lo de los seis”, interviene indignado el padre de Diego.

Ambos progenitores relatan las dificultades burocráticas: “A mi hijo le hicieron una valoración que se tenía que renovar en julio del 2023 y la renovación se hizo en 2025, dos años después. Mientras tanto hacían prórrogas de 9 meses a expensas de que alguien pasase por tu domicilio a hacer una valoración”, lamenta Catalina.

La familia explica que este retraso conlleva que la ausencia de este reconocimiento les perjudique en múltiples aspectos: “Si no tengo la renovación, no puedo renovar el carné de familia numerosa, si no puedo renovar el carné de familia numerosa, no tengo acceso a algunas prestaciones. Y cuando me lo renuevan, si va con retraso, tengo que volver a solicitarlo todo”. Catalina lo ilustra con ejemplos prácticos: “La tarjeta del coche de discapacidad, el bono social de la luz, la solicitud de ayudas…”.

Claudia García es una joven de Sevilla. Su madre, Mari Carmen López, sufrió un ictus y desde entonces tiene parálisis facial en la parte derecha y le cuesta andar. Mari Carmen tiene reconocida un 75% de discapacidad. “Nos ofrecieron dinero o una persona que viniera a casa”, explica Claudia, que junto a su padre eligió la primera opción porque entre ambos “pueden organizarse”. Sin embargo, no han podido obtener más ayudas: “Queríamos poner la silla que va por las escaleras. Preguntamos y tampoco nos la dan. Hay que presentar un montón de cosas: el certificado de discapacidad, la nómina, de todo. Y al final es para nada”.

Pilar Ferrer señala que para poder optar a las ayudas “ha tenido que presentar muchos informes” y reconoce la labor de las trabajadoras sociales: “Gracias a ellas, que me han ayudado y me han dicho: ‘Ahora ve aquí, ve allá, tráeme esto’”.

Aunque la ayuda de un asistente ya estaba reconocida por la ley, a Javier le dijeron que no “tenía sentido pedirla”: “No estaban concediendo por las carencias presupuestarias, no había para cubrir la demanda. La ley decía que estaba otorgando el servicio, pero en Andalucía había tres personas recibiéndolo”.

La presión económica

Ante las carencias estructurales, las familias asumen los costes económicos de su bolsillo. La familia de Rosario, al no recibir asistencia, la contrató. “Mi hija va a la universidad, a la academia, se desplaza por la ciudad. Necesita un asistente personal para llevar el ritmo de vida que lleva y tenemos contratada una persona que por las mañanas realiza esas funciones y por la tarde vamos nosotros”, explica Javier, que lamenta que no haya ninguna ayuda para costear los seguros sociales de los contratados: “Pago igual que paga el que tiene una persona contratada por tener la camisa planchada. A mí eso no me parece razonable, entiendo que son circunstancias distintas”.

La familia de Mari Carmen ha costeado todos los servicios para tratar de ayudarla en su recuperación, pero admiten que “no da para todo”. “La logopeda la tuvimos que dejar. Entre el fisioterapeuta, la piscina y el gimnasio… Y menos mal que mi padre trabaja y tiene un sueldo que más o menos se lo puede permitir”, relata su hija Claudia.

Las terapias a las que asiste Diego son costosas. Catalina cuenta que la beca del Ministerio de Educación, junto con otras prestaciones destinadas mensualmente para ellas “permiten cubrir una parte pero no todo”. Además, considera que son unos “privilegiados”, porque pueden hacer frente a esos costes: “He conocido familias que han tenido que renunciar y llevar a sus hijos, con mucha necesidad, a una hora a la semana de terapia”. Para ello han tenido que renunciar a otras cosas: “Hubo una época en la que medía todo en terapias, medía el tiempo en el coste de las horas. Veía que alguien se gastaba tanto dinero en algo y pensaba: ‘pues con eso me podría permitir cinco sesiones de terapia de Diego’”.

Las ayudas en ocasiones llegan, otras veces no y otras lo hacen tarde. Es el caso de Pilar, su prestación está aprobada para pagar una parte del coste de la residencia de su hija Cristina, pero todavía no la ha recibido: “La Generalitat Valenciana me dijo que sí. ¿Pero cuándo llegará?, ¿Cuándo me quede sin dinero para poder pagar? Lo empecé a solicitar hace 3 años”.

Catalina Pol, de Mallorca, explica que, en ocasiones, las prestaciones llegan con retraso: “A veces la ayuda te la pagan un año después, a los seis meses o a los cinco años. Nosotros esperamos casi cuatro años en cobrar una, que dices: ”‘Si son 160 euros igual ya hasta renuncio', pero eran 1.200 euros“.

“¿Quién cuidará de ella cuando yo no esté?”

El futuro es incierto para estas familias, que desconocen qué ocurrirá con sus familiares cuando ellos no puedan prestarles ayuda. “¿Quién cuidará de ella cuando yo no esté?”, plantea Pilar. Claudia también reflexiona sobre ello: “Vivo con mis padres, pero me terminaré yendo y claro, mi padre irá envejeciendo y va a tener que estar al cuidado de otra persona. Mi preocupación del día de mañana es cómo lo van a llevar los dos”.

Javier y su mujer están preparando un colchón económico: “Estamos haciendo un esfuerzo para que tenga un patrimonio y pueda cubrir los costes de asistencia o de una residencia”. Además, explica que hay familias que organizan proyectos privados de cara a futuro: “Plantean viviendas compartidas entre personas con discapacidad para que compartan servicios. En vez de tener una persona en tu domicilio o vivir en una institución grande, vivir en un sitio con cuatro o cinco personas donde los cuidados sean más precisos”.

Rechazo ante la lucha partidista

De alguna forma u otra, la nueva ley trata de dar respuesta y solvencia a las problemáticas que se hallan en el día a día de las personas dependientes, así como de sus familias. Las familias entonan al unísono “esperemos” ante las nuevas medidas. Las asociaciones las aplauden aunque reconocen que “tienen muy presentes los objetivos aún pendientes”.

Tanto unos como otros muestran su desagrado ante las discrepancias políticas, que también generan cierta incertidumbre. “Estos derechos no pueden estar sometidos a vaivenes presupuestarios, de que llegue otro y diga ‘bueno, pues yo voy a dar menos’”, añade Javier. Desde el CERMI reclaman un “aislamiento de la polarización y una paz política” en materia de discapacidad para que “los derechos no se vean malogrados por la crispación o el cálculo partidista”.

El presidente de la PMP habla sobre la necesidad de un “acuerdo” entre las fuerzas políticas: “Tiene que haber un pacto, igual que con el pacto de Toledo para las pensiones. Que se quite este rifirrafe y que se garantice, porque vamos hacia una sociedad muy envejecida donde cada vez vamos a tener que invertir más en cuidados”.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 prevé la creación de 1.032 puestos de trabajo en Cantabria en el sector de los cuidados tras haber aprobado este martes el Congreso de los Diputados la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad y la inyección extraordinaria de 55 millones de euros adicionales para esta comunidad autónoma entre 2026 y 2027.

El departamento que dirige Pablo Bustinduy estima que este refuerzo permitirá además a Cantabria incorporar a 2.493 nuevas personas beneficiarias y avanzar en la eliminación de la lista de espera.

La Cámara Baja aprobó este martes el texto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales para reformar las leyes de dependencia y discapacidad que, entre otras mejoras (más servicios, más prestaciones y menos burocracia), blinda la financiación del sistema de la dependencia, fijando en la normativa que la Administración General del Estado (AGE) tenga que aportar el 50% de la inversión.

Además, también este martes dio luz verde al Real Decreto-ley que aprobó el Gobierno a finales de junio para ampliar la aportación que la AGE hace a las comunidades autónomas para financiar el nivel mínimo de la dependencia. Se trata de las cuantías que se transfieren cada mes a los gobiernos autonómicos por el número de personas que tienen una prestación reconocida por dependencia y en función del grado que tengan.

Según fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, estas cuantías han comenzado a transferirse este mes de julio y, de media, han subido un 82%. El incremento, indican que beneficia especialmente a los grados que corresponden a las situaciones de dependencia más severa, grado II y III, que suben un 100% y un 128%, respectivamente.

También aprobó la aportación económica que Derechos Sociales repartirá este año entre las autonomías por el nivel acordado, que es la otra vía de financiación que tiene el sistema de la dependencia por parte de la AGE, y que también será incrementado, en 120 millones en 2026, y otros 120 millones más para 2027.

En total, sumando los incrementos en la financiación del nivel mínimo con los del nivel acordado, el Gobierno va a alcanzar la mayor inversión de la historia en dependencia: entre 2026 y 2027 transferirá 6.200 millones de euros más a las comunidades para que reduzcan las listas de espera. En este sentido, Derechos Sociales estima que puedan reducirse en 71.000 personas para 2027 y fija en 417.000 las personas nuevas beneficiarias.

Respecto a los trabajadores del sector de la dependencia, desde el Ministerio de Derechos Sociales se ha trasladado que un “objetivo prioritario” debe ser que esta ampliación en la financiación que recibirán las comunidades materia de dependencia se traduzca en una mejora de las condiciones laborales del sector y en mejores salarios, mejor formación y más estabilidad.

El presidente de la Xunta, el popular Alfonso Rueda, cree que “no hay ninguna incoherencia” entre la reclamación histórica de su partido de que el Gobierno asuma el 50% del gasto en dependencia y el hecho de que el PP votase en contra de la medida en la Comisión de Derechos Sociales del Congreso.

“Ojalá que el gobierno aporte ese 50%, porque eso es lo que llevamos pidiendo muchísimo tiempo”, aseguró en respuesta a los periodistas tras la reunión semanal del Consello de la Xunta. “Y ya no es que lo aporte desde ahora: es que le pague los 2.500 millones que le debe a Galicia desde que tenía la obligación” de hacerlo “y no lo está haciendo”.

Rueda criticó que el ejecutivo “siga poniendo obligaciones, deberes sobre deberes, que encarecen todavía más esta atención sin aportar su parte”, al tiempo que mantiene “paralizado” con un recurso en el Tribunal Constitucional el “plan de choque para agilizar la dependencia” aprobado por la Xunta.

“Cuando concreten todo será cuando habrá que fiarse del Gobierno y apoyarlo”. El presidente gallego recordó que desde Derechos Sociales ya se dijo “muchas veces” que aportaría la mitad del coste del servicio pero “en cuanto empiezas a discutir con los ministerios afectados, te dan unas cuentas que no son ciertas”.

“Por lo tanto, claridad y una propuesta que se pueda aprobar, no como la que presentaron” a la comisión del Congreso y que, pese al voto en contra de PP y Vox, continúa su trámite. Rueda no dejó pasar que la medida llegue por parte de un gobierno “que ni siquiera tiene presupuestos” y que, sin ellos, “ahor resulta que puede pagar todo lo que no fue capaz de pagar estos años”.

La temporada de viajes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) de 2026-2027 ya ha comenzado y viene cargada de novedades. El Programa de Turismo del Imserso, que este año oferta 879.213 plazas, cambia su modelo de gestión de reservas. Y es que, los ayuntamientos dejan de gestionar las reservas de este turismo social, quedando en manos exclusivamente de las agencias de viajes autorizadas, la sede electrónica del Imserso y un servicio telefónico de atención a los usuarios. Con esta decisión, el Gobierno central pone fin a un convenio de colaboración con los consistorios locales que llevaba vigente desde 1989.

El cese de colaboración entre entidades locales y el Imserso viene con el fin de que se cumpla la disposición adicional octava de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, ley que regula los convenios entre administraciones públicas. La norma da por extinguidos los convenios históricos suscritos con las entidades locales, debido a que la gestión de reservas y comercialización de plazas del Imserso corresponde al propio programa y a las empresas adjudicatarias, lo que deja fuera de la ecuación a los consistorios.

De este modo, se elimina la asignación de cupos a ciertos municipios, lo que uniformiza las oportunidades de todos los usuarios para acceder a una plaza del Imserso. A partir de esta temporada, solo podrán gestionarse las reservas por medio de las vías oficiales ya previstas en el programa: los canales propios del Imserso y las agencias de viaje autorizadas.

Hasta esta temporada, un total de 142 ayuntamientos repartidos por todo el territorio español colaboraban en la tramitación de unas 13.000 plazas anuales. De acuerdo con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, unos 4.000 usuarios recurrieron a entidades locales para la reserva de sus viajes en la pasada temporada. Se trataba de uno de los pilares de la atención presencial del programa de Turismo del Imserso, facilitando los trámites a las personas mayores con dificultades para utilizar medios digitales o con problemas de acceso a internet.

Cómo funciona el sistema de reservas del Imserso

Los usuarios que reservaban su viaje del Imserso en el ayuntamiento de su localidad deberán estar atentos al buzón. Los beneficiarios que hasta la pasada temporada tramitaban sus vacaciones por medio de sus consistorios quedarán incorporados automáticamente a la base de datos del Imserso. Recibirán una comunicación personalizada por carta, con las claves necesarias para realizar la reserva.

Las cartas de acreditación comenzarán a llegar a los pensionistas a lo largo de la segunda quincena de agosto, mientras que las reservas podrán realizarse en septiembre. Los viajes tendrán lugar entre mediados de octubre de 2026 y junio de 2027.

Nada más ha cambiado con respecto a la estructura del Programa de Turismo del Imserso. El tarifario este año oscila entre los 224€ y 409€ en el interior de la península, mientras que los destinados a Baleares y Canarias podrán alcanzar hasta 565€. Los precios varían en función del destino elegido, la duración de la estancia y si el paquete incluye transporte.

La temporada pasada el Ministerio introdujo tarifa plana de 50 euros para pensionistas con menos recursos. Este año, hay 7.447 plazas reservadas para aquellas personas que perciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o jubilación de la Seguridad Social. Estos usuarios solo deberán abonar una cantidad fija de 50 euros por su viaje, sin importar el tipo o destino. Con este importe tendrán incluido el alojamiento con pensión completa, el seguro de viaje y el transporte de ida y vuelta.

Requisitos para acceder a los viajes del Imserso

Como siempre, para acceder al Programa de Turismo del Imserso es necesario que el usuario cumpla los siguientes requisitos:

Los hogares que poseen dos o más viviendas en alquiler, tienen una renta mediana anual casi cuatro veces superior a la de quienes viven de alquiler. Además, su patrimonio neto puede llegar a multiplicar por 450 el de los inquilinos. Esta una de las principales conclusiones del informe elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en colaboración con el Instituto de Filosofía del CSIC (IFS-CSIC), a partir de los microdatos de la Encuesta Financiera de las Familias (EFF) del Banco de España.

El documento sostiene que la principal línea de desigualdad económica en España no pasa por la edad, sino por la posición que ocupa cada hogar en el mercado de la vivienda: si vive de alquiler, es propietario de su vivienda o, además, obtiene ingresos por alquilar inmuebles a terceros. El estudio titulado 'Renta, riqueza y régimen de tenencia' es el tercero de la serie 'Vivienda, Consumo y Desigualdad'. Está firmado por Javier Gil, investigador Ramón y Cajal del CSIC y autor del libro 'Generación inquilina'; Miguel García-Duch, doctor en Economía y profesor del Departamento de Economía Aplicada, Pública y Política de la facultad de Ciencias Políticas y Sociología en la UCM; Irene Lebrusán, asesora Científica del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y doctora en Sociología por la UCM; y Óscar Villas, técnico comercial y economista del Estado y vocal asesor en el gabinete técnico de la Secretaría General de Consumo y Juego.

Los inquilinos concentran las rentas más bajas

Los datos muestran una brecha entre quienes pagan un alquiler y quienes lo cobran. La renta mediana anual de los hogares inquilinos se sitúa en 21.335 euros. Entre los propietarios de la vivienda en la que residen asciende a 32.120 euros, un 51% más. Los hogares que alquilan una vivienda a terceros alcanzan una renta mediana de 50.959 euros (2,39 veces la de los inquilinos). En el caso de los multiarrendadores, con dos o más viviendas alquiladas, la cifra llega a 80.375 euros anuales, 3,77 veces superior.

La brecha no se detiene ahí: crece cuanto más viviendas se acumulan. Entre quienes alquilan dos viviendas, la renta mediana sube hasta los 74.808 euros; entre quienes alquilan tres, hasta los 83.898 euros; y entre los que tienen cuatro o más, supera los 213.000 euros anuales. Según el estudio, quienes obtienen ingresos del alquiler se encuentran entre los grupos con mayores niveles de renta, mientras que los hogares inquilinos concentran los ingresos más bajos.

Una brecha patrimonial mucho mayor

Las diferencias son todavía más acusadas cuando se analiza la riqueza acumulada. Los hogares que viven de alquiler cuentan con un patrimonio neto mediano de apenas 2.217 euros. Entre quienes son propietarios de su vivienda habitual la cifra asciende a 193.919 euros, lo que supone una riqueza casi 90 veces superior.

La distancia se dispara entre quienes, además de ser propietarios, alquilan una vivienda a terceros: su patrimonio mediano alcanza los 407.975 euros, 184 veces más que el de los inquilinos. Y entre los multiarrendadores con dos o tres viviendas la riqueza mediana ronda ya el millón de euros (972.189 euros y 1.069.029 euros, respectivamente), hasta superar los 1,5 millones (1.519.186 euros) entre quienes alquilan cuatro o más. En conjunto, los multiarrendadores acumulan una riqueza neta mediana de 996.826 euros, 450 veces superior a la de los hogares inquilinos.

El informe interpreta estos datos como una evidencia de que el mercado del alquiler canaliza recursos desde los hogares con menor capacidad económica hacia aquellos que ya acumulan más patrimonio: “El arrendamiento de viviendas es una actividad concentrada principalmente entre hogares con mayor patrimonio. Lejos de reducir las desigualdades, el sistema tiende a reforzarlas”, concluye el informe.

¿Qué divide más: la edad o la vivienda?

Uno de los hallazgos que más subraya el informe es que la brecha generacional, con tanto protagonismo en el debate público de los últimos años, resulta menos determinante que la posición en el mercado de la vivienda.

En términos de renta, las diferencias entre grupos de edad son moderadas: la renta mediana oscila entre los 19.651 euros de los mayores de 74 años y los 34.200 euros de quienes tienen entre 45 y 54. Apenas 14.549 euros de diferencia entre el extremo más bajo y el más alto. Los menores de 35 años, de hecho, no son el grupo con menor renta: su mediana (26.900 euros) es similar a la de quienes tienen entre 65 y 74 años (27.416 euros); son los mayores de 74 quienes registran la renta más baja de toda la distribución.

Donde sí aparece una brecha generacional relevante es en el patrimonio: los menores de 35 años tienen una riqueza neta mediana de 20.069 euros, frente a los 223.960 euros de quienes tienen entre 65 y 74 (el grupo con más patrimonio), es decir, una diferencia de unos 200.000 euros. Pero esa distancia, con ser importante, es muy inferior a la que separa a inquilinos de arrendadores, que oscila entre los 405.000 y los 994.000 euros según el número de viviendas en alquiler.

El propio informe lo resume así: “La desigualdad en España tiene menos que ver con cuántos años tienes y más con si pagas un alquiler, tienes una vivienda en propiedad, o si percibes ingresos procedentes del arrendamiento de viviendas”. Y añade, en sus conclusiones: “las personas jóvenes no tienen menos riqueza porque sean jóvenes, sino principalmente porque son inquilinas”.

Esa brecha de acceso a la propiedad se ha acelerado en la última década: en 2011, el 69,3% de los menores de 35 años era propietario de su vivienda; en 2022, ese porcentaje había caído hasta el 31,8%, un descenso de más de 37 puntos porcentuales en apenas once años. Entre los hogares de 35 a 44 años la caída también es notable (del 77,6% al 61,8%), mientras que entre los grupos de más edad el retroceso es mucho más moderado (los mayores de 74 años pasan del 87,9% al 84%).

Más concentración de la riqueza inmobiliaria

El estudio también identifica una creciente concentración de la riqueza residencial en muy pocas manos. En 2002, el 90% de los hogares acumulaba el 65,4% del patrimonio inmobiliario en vivienda; dos décadas después esa proporción había descendido hasta el 58,1%. En paralelo, el 10% más rico pasó de concentrar el 34,5% al 41,9% de toda la riqueza residencial. Dentro de ese 10%, la concentración se intensifica todavía más: el 5% de los hogares con más patrimonio acumula el 27,7% de toda la riqueza en vivienda, y el 1% más rico concentra, él solo, el 10,7%.

El índice de Gini de la riqueza en vivienda (que mide de 0 a 1 el grado de concentración) se mantuvo relativamente estable en torno a 0,50 entre 2005 y 2011, pero desde entonces ha subido con claridad: 0,544 en 2014, 0,589 en 2017 y 0,591 en 2022, el valor más alto de toda la serie histórica y un 18% por encima del nivel de 2005. La curva de Lorenz del informe (que representa gráficamente cómo se reparte la riqueza) confirma esa evolución: la de 2022 queda sistemáticamente por debajo de la de 2002, señal de que una parte cada vez más pequeña de los hogares concentra una porción cada vez mayor del patrimonio en vivienda.

Para los autores, esta evolución refleja que la revalorización de la vivienda ha beneficiado principalmente a quienes ya eran propietarios, especialmente desde la intensa subida de precios observada a partir de mediados de la década de 2010.

El alquiler reduce la capacidad de ahorrar

El informe también advierte de que el aumento de los precios del alquiler intensifica estas diferencias. Cuanto más elevada es la renta mensual que pagan los inquilinos, más recursos se transfieren hacia los propietarios y menor capacidad de ahorro tienen los hogares arrendatarios. Esa pérdida de capacidad económica dificulta posteriormente el acceso a una vivienda en propiedad y limita la acumulación de patrimonio por otras vías.

Los autores sostienen que la subida del precio de la vivienda y de los alquileres no es un fenómeno neutral desde el punto de vista económico, ya que amplía las diferencias entre quienes ya poseen activos inmobiliarios y quienes permanecen fuera del mercado de la propiedad.

En sus conclusiones, el informe es explícito sobre las implicaciones de política pública: la corrección de estas disfuncionalidades del mercado “a través de políticas de acceso, regulación del alquiler y fiscalidad sobre la propiedad u otras fórmulas”. No es solo una cuestión de equidad, sino “una condición necesaria para frenar una dinámica que, de seguir su curso, tenderá a profundizar las brechas existentes”.

El Ministerio de Derechos Sociales inicia este lunes el procedimiento para que el Consejo de Ministros apruebe una partida de más de 904 millones de euros, a repartir entre las comunidades autónomas, para financiar el nivel acordado de la dependencia. La cifra, que alcanza los 970 millones de euros incluyendo los recursos que reciben los gobiernos de Euskadi y Navarra, supone un récord histórico de financiación e implica que el Estado abonará más de 7.000 millones de euros al año en dependencia a partir de 2027.

Este presupuesto pretende complementar la financiación de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia conforme al cumplimiento de objetivos establecidos, entre el Gobierno y las comunidades autónomas, como la reducción de las listas de espera o la mejora del empleo en el sector. La partida presupuestaria del nivel acordado fue eliminada en 2012 y no se recuperó hasta 2021, cuando se dota con 307 millones de euros, que han crecido hasta alcanzar los 970 millones de euros actuales.

El aumento se enmarca en el crecimiento exponencial del nivel mínimo, que hace dos semanas duplicó las cuantías que el Estado transfiere a los gobiernos de las comunidades autónomas por cada persona con un grado de dependencia reconocido. La ampliación económica supone que, entre el nivel mínimo y el nivel acordado, la aportación estatal sea de 6.200 millones de euros más entre 2026 y 2027. Una inversión que además de ser récord, es estructural y queda blindada para los siguientes años. Los gobiernos de las comunidades autónomas incrementarán un 98,7% sus fondos para la dependencia y, en total, el Estado abonará 7.239 millones de euros a las comunidades autónomas en 2027.

En las transferencias del nivel mínimo, el Estado central no tiene capacidad para influir en el destino final de esos fondos, más allá de que los gobiernos autonómicos deban emplearlos en dependencia. Sin embargo, son estos, en cumplimiento de sus competencias, quienes deciden en qué los emplean. En el caso del nivel acordado, estos sí están ligados a objetivos concretos, pactados entre los ejecutivos autonómicos y el central. El Ministerio de Derechos Sociales llevará su propuesta este jueves a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, el paso previo al Consejo de Ministros.

La ampliación económica ha supuesto también la refundación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que tiene como objetivo reforzar los recursos que reciben los gobiernos autonómicos. Así, la norma incluye nuevos servicios para la ciudadanía como: nuevos modelos de convivencia colaborativa, productos de apoyo que mejoren la autonomía, servicios de teleasistencia personal para quienes lo deseen y extensión del servicio de ayuda a domicilio.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el 23 de junio un real decreto de financiación a la dependencia, que implica que las comunidades autónomas recibirán 2.000 millones de euros más en 2026 y 4.000 más en 2027. “Todos, antes o después, necesitamos alguien que nos cuide”, indicaba Sánchez en una comparecencia previa a la aprobación de la medida. El presidente calificó el aumento como la “mayor inversión en dependencia de nuestra historia democrática”, afirmación que ratificó el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy: “No solo supone la mayor inversión social de esta legislatura y de la anterior, sino que es la mayor ampliación de la red de protección social de este país en décadas”.

El Ministerio de Derechos Sociales ha estimado que, a finales de 2027, Cantabria podría reducir la lista de espera para acceder a una prestación “efectiva en un 100%” gracias a la “histórica ampliación” de las cuantías que el Estado transfiere para financiar el sistema de la dependencia, al tiempo que se incrementa en 2.500 el número de personas que entran en el sistema.

Este “descenso récord” de la lista de espera se producirá en solo un año y medio, según las proyecciones realizadas por Derechos Sociales, el Ministerio que ha impulsado esta nueva financiación, aprobada la semana pasada por el Gobierno de España, en un contexto en el que cada año aumenta el número de personas que solicitan atención por dependencia en la comunidad autónoma.

Según estas mismas previsiones, a finales de 2027 Cantabria dispondrá de fondos suficientes para conseguir que 2.493 personas más reciban una prestación por dependencia, lo que supone un aumento del 12,89% respecto a 2025, y una cifra total de 21.824 personas atendidas dentro del sistema, ha informado este domingo el departamento de Pablo Bustinduy.

Las nuevas cuantías se han empezado a abonar este mes de julio y se traducirán en una inversión adicional de 6.200 millones de euros que se transferirán a los ejecutivos autonómicos de aquí a finales de 2027.

Además de la “notable” reducción de las listas de espera y del aumento “significativo” en el número de personas atendidas, este incremento en la financiación se traducirá también “en una mejora en la calidad de las prestaciones que se reciben y en las condiciones laborales del personal que ofrece los cuidados a las personas en situación de dependencia”, según el Ministerio.

Derechos Sociales ha afirmado que se seguirán reduciendo las listas de espera e incrementado el número de personas con una prestación más allá de 2027, ya que esta mayor aportación estatal a las CCAA es estructural puesto que las nuevas cuantías quedan fijadas y blindadas por ley y, por tanto, los gobiernos autonómicos continuarán disponiendo de esta mayor financiación también en 2028 y en años sucesivos.

Extremadura recibirá 114,2 millones de euros más del Gobierno de España entre 2026 y 2027 para financiar el nivel mínimo de la dependencia. El real decreto-ley que aprobó este martes el Consejo de Ministros para ampliar las cuantías que el Estado aporta al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) supondrá un importante incremento de las cantidades que recibirán las autonomías por cada persona que tiene un grado reconocido de dependencia.

Esta ampliación de las cuantías entra en vigor de forma inmediata, el próximo 1 de julio, y es especialmente significativa en la dotación destinada por cada persona en grado III (gran dependencia) y en grado II (dependencia severa), que aumentan un 128% y un 100%, respectivamente, ha detallado el Ministerio de Derechos Sociales en un comunicado.

Estos incrementos, sumados al del 18% aplicado al grado I (dependencia moderada), implican que la aportación estatal al SAAD será la mayor de su historia, según ha subrayado.

Extremadura, según la última cifra publicada por el Imserso, de 31 de mayo de 2026, tiene 37.451 personas con prestaciones reconocidas. En base a ello, el Ministerio de Derechos Sociales estima que el Gobierno de España transferirá 114.231.780 euros más a la Junta de Extremadura entre 2026 y 2027, solo para el nivel mínimo.

Es decir, para cubrir las cuantías que el Estado aporta por cada persona con grado reconocido y, por tanto, ha aclarado, sin incluir la inversión adicional que supone el nivel acordado, que es la otra vía con la que el Gobierno de España contribuye a la financiación de la dependencia y cuya cantidad se abordará en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD que se celebrará el próximo lunes, 29 de junio.

Desglosado por años el incremento estimado para el nivel mínimo, la Junta de Extremadura recibirá 38.077.260 euros más en 2026 y 76.154.520 euros más en 2027.En total, la aportación estatal a la dependencia extremeña será en 2026 de 111.834.060 euros y en 2027 de 149.911.320 euros. Según esta misma estimación, la aportación total del Estado al nivel mínimo de la dependencia extremeña hubiera sido notablemente más baja de no haberse aprobado esta semana la ampliación de las cuantías por grado.

En concreto, en base al número de personas existentes en el sistema actualmente, se habrían transferido 73.756.800 euros a la Junta de Extremadura, ha precisado Derechos Sociales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes un real decreto de financiación a la dependencia que dotará a las comunidades autónomas de 2.000 millones de euros más en 2026 y otros 4.000 más en 2027, cuando el Ejecutivo llegarán al compromiso de financiación del 50%. “Todos, antes o después, necesitamos alguien que nos cuide”, ha señalado Sánchez en una comparecencia previa al Consejo de Ministro, donde se aprobará la medida.

La medida, que desde el Ejecutivo califican de “histórica”, supone aumentar de forma estructural la partida que se transfiere desde el Estado central para la dependencia. Estos importes se incorporarán desde el nivel mínimo que reconoce la ley y la cuantía que reciben las comunidades se calcula por cada persona que tiene reconocida la dependencia. “La grandeza de un país no se mide por los rascacielos o las cuentas de sus grandes empresas, sino por como cuida”, ha señalado el presidente.

Es, ha dicho Sánchez, la “mayor inversión en dependencia de nuestra historia democrática”, que “multiplica por cinco la financiación estatal”. “No solo supone la mayor inversión social de esta legislatura y de la anterior, sino que es la mayor ampliación de la red de protección social de este país en décadas”, ha señalado el ministro Bustinduy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha insistido en que se trata de una “inversión sin precedentes para refundar el sistema de la dependencia en España”.

El Estado central transfiere actualmente a las comunidades autónomas más de 3.600 millones de euros al año, por lo que la cuantía supondrá 6.200 millones más entre estos dos ejercicios y llegará al doble en 2027. Unas cantidades que las comunidades autonomas podrán dedicar a aumentar sus ayudas, contratar personal, reducir las listas de espera, mejorar los servicios que prestan, etc. Cuando Sánchez llegó a la Moncloa, en 2018, la financiación suponía 1.347 millones, trás “años de abandono”.

Esta cifra “récord” se alcanzará en el marco de una reforma del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia y supondrá un aumento de las cuantías que los gobiernos autonómicos reciben por cada persona que tiene reconocido algún grado de dependencia. En el caso del grado I, pasarán de 76 a 90 euros al mes por persona, un 18%; para los de grado II, se duplican, de 130 a 260 euros; y para los casos de grado III, subirán un 128%, de 290 a 660 euros al mes por persona.

El real decreto liderado por el Ministerio de Derechos Sociales, que deberá pasar por el Congreso, supondrá así mismo un blindaje de estos presupuestos, ya que revertir estos aumentos requeriría rehacer la normativa, si esta llega a aprobarse. Con esto, el Ejecutivo cumple el acuerdo de coalición de llegar al 50% de la financiación de una ley que alcanza a 1,6 millones de personas en todo el territorio, y avanza en la estrategia de cuidados que impulsó el ministro Pablo Bustinduy.

“Ese compromiso queda reflejado en la ley, lo que supone un avance irreversible para garantizar que nunca más el gasto en dependencia pueda ser moneda de cambio o variable de ajuste, como sucedió en la era de los recortes, pero también para asentar las bases de un nuevo modelo de cuidados que cuente, ahora sí, con los recursos suficientes para poder garantizar unos servicios públicos de la mayor calidad y un derecho subjetivo de la ciudadanía”, ha dicho el ministro.

Con este impulso el Ejecutivo persigue “reducir las listas de espera”, porque “cuando una persona necesita ayuda, el tiempo importa”, ha defendido Pedro Sánchez, que ha marcado también entre los objetivos que haya “más y mejores cuidados” y “dignificar las condiciones de quienes cuidan” porque “no podemos pedir cuidados de primera con condiciones laborales de segunda”.

Ese “andamiaje para la tranformación profunda” del sistema de dependencia, como lo ha denominado Bustinuduy, se levantará en torno a este real decreto, que el ministro quiere llevar al Congreso para su convalidación junto a las leyes de discapacidad y dependencia. El objetivo, ha dicho, es “dejar atrás el modelo asistencial y masificado y hacer posible un sistema personalizado y cercano, que permite que la gente pueda seguir viviendo en sus domicilios el tiempo que lo desee”.

El Gobierno reconoce el trabajo de los Servicios Sociales municipales durante la dana con la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social. El ministro Pablo Bustinduy, titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha anunciado el reconocimiento durante la clausura este martes en Valencia la última jornada del I Congreso Multisede sobre servicios sociales, cuidados y comunidad: ‘Los cuidados que queremos’.

Se trata de una iniciativa impulsada por el ministerio para abordar los grandes retos de los servicios sociales y los cuidados en España. Tras su paso por Barcelona, Sevilla, Pamplona y Zamora, el Congreso ha cerrado su recorrido en la capital valenciana poniendo el foco en el impacto de la emergencia climática sobre las personas y comunidades en situación de mayor vulnerabilidad.

El distintivo supone un reconocimiento a su extraordinaria labor y a los méritos demostrados durante la emergencia y en las posteriores tareas de recuperación social y comunitaria. “Es el reconocimiento de todo un país a quienes han estado sosteniendo a sus vecinos cuando más lo necesitaban, en condiciones muy difíciles, dando la mejor imagen de quienes somos como sociedad, la mejor imagen de lo público”, ha apuntado Bustinduy, señalando que cualquier reconocimiento es limitado pero que “la democracia española en su conjunto quiere reconocer la labor tan difícil como generosa y ejemplar”.

Además, Derechos Sociales anunciará en los próximos días nuevos distintivos destinados a reconocer la labor de entidades, profesionales e instituciones relacionadas con la acción social que hayan redundado en beneficio del bienestar social. Las cruces serán otorgadas el próximo 15 de junio en un acto en la sede del ministerio.

Respecto a los efectos de la crisis climática y las consecuencias de fenómenos meteorológicos extremos, el ministro Bustinduy ha defendido que estos no impactan por igual en toda la población, sino que recaen con una mayor intensidad sobre quienes ya sufren situaciones de desigualdad o exclusión social. “Todos los colectivos ya de por sí expuestos a la discriminación y la desigualdad se ven impactados de forma mucho más severa por las catástrofes climáticas”, ha subrayado. En este sentido, el ministro apunta que la crisis climática exige de una respuesta pública que incorpore una perspectiva social y que tenga en cuenta las diferentes capacidades de las personas para afrontar una realidad marcada por fenómenos climáticos cada vez más frecuentes e intensos.

“La experiencia nos ha enseñado lo cruel que es un sistema que permite que quienes menos tienen, quienes viven mayores dificultades en nuestra sociedad, se vean doblemente afectados por la crisis climática”, ha recalcado. Por ello, Bustinduy defiende la necesidad de “reforzar la incorporación de la dimensión social a toda la actuación en materia climática” que incorpore las necesidades y vulnerabilidades específicas de aquellos colectivos que se ven especialmente afectados, como las personas migrantes; personas en situación de dependencia; con discapacidad; las mujeres, los niños y niñas; las personas inquilinas; las personas con menos recursos o con bajos niveles educativos.

“Hay que adaptar nuestras instituciones, modos de producción y de vida a un escenario distinto”, defiende el ministro. Además, durante la jornada Bustinduy ha anunciado que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 va a publicar un informe conjunto con el Ministerio de Sanidad sobre vulnerabilidad social y crisis climática para dar respuesta a la nueva realidad social del siglo XXI. El encuentro ha servido para compartir experiencias, identificar buenas prácticas y avanzar en una hoja de ruta. A lo largo de la jornada de este martes se ha analizado cómo adaptar los servicios sociales y las comunidades a los efectos del calentamiento global para reforzar la capacidad de respuesta en situaciones de emergencia. Además, se ha abordado el impulso de una protección social inclusiva que garantice que las políticas de adaptación y mitigación frente al cambio climático contribuyan a reducir las desigualdades.

María y su familia estuvieron más de un año esperando para recibir una ayuda que les permitiese afrontar con más recursos la discapacidad de su hijo. “Te hacen pasar momentos de angustia, es un desgaste increíble”, lamenta ella. La media desde que se solicita una prestación hasta que se obtiene una respuesta fue de 246 días, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad para el primer trimestre de este año. Y, desde que se recibe una respuesta favorable hasta que finalmente se obtiene, pasan otros 62. En total, el tiempo medio para hacer efectivo un derecho legal alcanza los 329 días.

Los datos del último Panel del Servicio para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) arrojan algunas mejoras. Hay récord de personas con derecho a prestación, más de 1,6 millones; las listas de espera se han reducido en 12 días respecto a marzo de 2025; y el total de gente esperando, ha caído un 16,6%. Pero muchas voces piden huir del triunfalismo. “Está muy bien que se reduzca la espera en 12 días, pero cuando llevas años esperando, da un poco de rabia”, apuntan desde la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales.

Según los últimos datos disponibles, 1,66 millones de personas reciben en España algún tipo de prestación por dependencia. Como muestra el siguiente gráfico, son apenas unos pocos miles más que en 2025, pero un 90% más que hace una década. Precisamente, en 2015 se incluyó en la ley a los usuarios de grados menos dependientes, lo que amplió los potenciales receptores.

Para el presidente de la Asociación estatal de directoras y gerentes de servicios sociales, José Manuel Ramírez, “es normal que todos los meses se incremente el número de personas atendidas, cuando hay 270.000 en lista de espera”. Va más allá, porque el Ministerio solo incluye en el conteo a aquellas personas que superan el umbral de los 180 días esperando. Tampoco se tienen en cuenta, por ejemplo, las revisiones.

Las personas en lista de espera se dividen en dos grupos: las que están pendientes de ser valoradas y las que lo están de recibir la prestación. En el año 2025, el total se redujo en 12.158 personas, pero cada mes unas 10.000 personas piden entrar en el sistema de dependencia, lo que tensiona la tramitación. Con todo, la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, ponía en valor la “capacidad del sistema para responder más rápido de lo que la demanda está creciendo”, porque “mientras las solicitudes crecen a un ritmo del 7,3%, las personas atendidas lo hacen a un 9,8%”.

Esa “capacidad” del sistema se traducía a finales de marzo en 329 días de espera —casi once meses— de media estatal. Pero hay comunidades donde las familias esperan mucho más y otras donde los trámites van más ligeros. Según los últimos datos disponibles, Murcia es quien más hace esperar a sus personas con dependencia, 553 días de media, y Castilla y León, la que menos, con 116.

Desde 2023, la mayoría de comunidades han hecho esfuerzos por agilizar los tiempos de tramitación de la prestación concedida. Sin embargo, en general, han subido los días de espera hasta obtener una respuesta, con lo que el saldo medio ha mejorado en apenas una semana.

En el siguiente gráfico se puede ver la evolución de ambos indicadores y del total, comunidad a comunidad. Por ejemplo, en ese periodo, Asturias redujo en 62 días (hasta los 62) el tiempo de tramitación de la prestación concedida, pero ahora hay que esperar 164 días más (308) para llegar a ese momento, por lo que el retroceso ha sido más que notable, pasando de 260 a 375 días. En el caso de Madrid, esta región ha empeorado en todos los indicadores.

Esos días los reflejan las estadísticas, pero los cuentan las familias. “Acceder a los recursos es burocracia, papeleo, obstáculos y tiempo, mucho tiempo, en el que tienes que poder seguir manteniéndote, con la dificultad que esto supone en la vida cotidiana para la supervivencia de las personas”, explica Silvina Funes, la presidenta de la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales, un colectivo eminentemente feminizado y para quién “superar estos obstáculos es como los juegos del hambre”.

30.000 muertes al año

La espera tiene su cara más amarga en las personas que fallecen sin haber recibido una prestación a la que tienen derecho. Solo en el primer trimestre de este año fueron unas 9.000, entre las que esperaban la valoración o la ayuda en toda España. En 2025, sumaron más de 32.700 y en 2026, 34.250.

Al margen de los tiempos, hay otro factor que preocupa en el marco de la atención a la dependencia. Una deriva 'low cost', que carga a las familias. Del total de 2,4 millones de prestaciones totales a final del primer trimestre del año, “el 57% se dan ya en los hogares y en el entorno más cercano”, destacaba el Ministerio de Derechos Sociales. Es decir, la mayor parte de esas ayudas van destinadas a familiares que cuidan y suponen 172,5 euros de media para dependientes de grado I; 276,6 euros para los de grado II; y 383,6 euros para los de grado III.

“Vamos hacia un sistema de bajo coste, con servicios de baja intensidad y prestaciones económicas muy bajas. Con 260 euros al mes no se puede decir que se está atendiendo este tema”, considera Ramírez. Un informe de Comisiones Obreras, publicado en febrero de 2025, ya alertaba de que el sistema estaba dominado por “prestaciones baratas y basadas en cuidados no profesionales”, aunque se reduzcan las listas de espera.

El caso de María pone de manifiesto una de las reivindicaciones que comparten todas las voces consultadas: aliviar a las familias de trámites burocráticos que frenan las ayudas. Ella solicitó la valoración en diciembre de 2022. En febrero de 2023 le pidieron un documento, que entregó en marzo por sede electrónica. Cuando un año después preguntó por el estado de su solicitud, le dijeron que faltaba ese papel. No era cierto. “Me dieron cita urgente y me pagaron los atrasos, pero un año después”, recuerda. Entre media, tuvo que afrontar, entre otros gastos, unos 300 euros mensuales solo para llevar a su niño a un especialista, porque los tenía: “En ese momento trabajábamos los dos y los padres de mi pareja estaban en casa, pero imagínate una familia en otra situación”.

Otro de los handicaps que presenta la normativa actual es la incompatibilidad de algunas prestaciones. “Es como si vas a una operación y te hacen elegir entre el cirujano y el anestesista”, ejemplifica Silvina Funes. En la práctica, los datos ya “apuntan a un cambio de modelo”, explicaba el pasado viernes la secretaria de Estado, porque el número de prestaciones por persona pasó de 1,28 en 2021 a 1,44 en 2026. “Las personas que entran en el sistema combinan más cuidados, apoyos más adaptados a su situación y sus decisiones”, afirmó.

El Ministerio de Derechos Sociales trabaja en una reforma de la ley de dependencia, que tiene “dos orientaciones principales: eliminar las incompatibilidades de las prestaciones y ampliar la cartera de servicios y reforzar recursos con gran potencial para transformar el modelo, como la asistencia personal, los centros de día o la ayuda a domicilio”.

Para la presidenta de la Fundación Pilares de la Autonomía Personal, Pilar Rodríguez, el sistema de autonomía y dependencia sí ha dado un salto en los últimos años. Sobre todo, tras los recortes del año 2012, a consecuencia de la crisis económica, que no terminaron de revertirse hasta 2023, con Ione Belarra al frente del departamento de Derechos Sociales. En este sentido, Rodríguez, que fue una de las autoras del libro blanco sobre dependencia previo a la norma de 2006, considera que ha habido un esfuerzo por “analizar la calidad de las prestaciones y comprobar si con ellas se resuelve realmente el problema de las familias, porque el peso de los cuidados todavía recae sobre las mujeres”.

Desde el Ejecutivo buscan avanzar en la idea de la desinstitucionalización. Tiene sus ventajas e inconvenientes, porque permite a las personas permanecer en sus hogares, pero sin los recursos suficientes supone, en muchos casos, una carga incompatible con la propia vida para las cuidadoras. “Ninguna economía del mundo es capaz de asumir en exclusiva el coste que supone la dependencia, mientras muchas familias quieren seguir cuidando, pero sin sobrecargarse de una manera excesiva”, explica Rodríguez.

Según un reciente estudio de Fedea, con datos de 2024, España continúa “rezagada respecto al contexto europeo”. “El esfuerzo financiero destinado a cuidados de larga duración se sitúa en torno al 0,9-1% del PIB, una proporción notablemente inferior al promedio de la OCDE, que alcanza el 1,8%”, indica el trabajo. La financiación es otra de las vías de mejora que reclaman las entidades y asociaciones y que para la Asociación estatal de directoras y gerentes de servicios sociales se encuentra en este momento paralizada, porque el aumento en el gasto corresponde a mayor número de prestaciones, pero no tanto a que estas se incrementen.

Desde las familias, han reclamado también que la nueva ley incorpore un reconocimiento económico y laboral de las cuidadoras y que se reduzca la carga que asumen en solitario. “Somos nosotras las que sostenemos el sistema, gracias a nuestro trabajo, y nuestras renuncias”, explica Patricia, también de la plataforma, que destaca que, en muchas ocasiones, son ellas quienes renuncian a trabajo remunerado, salario, cotizaciones y pensión.

“No haces nada con una prestación o una teleasistencia. Hay que ir sumando atributos, una serie de pocos que hacen un todo para la persona que realmente lo necesita”, coincide Rodríguez, que pide tener una visión más holística: “Necesitamos un ecosistema de cuidados en el entorno comunitario de salud, de servicios sociales, farmacia, elementos asociativos en los barrios, políticas preventivas... Vamos a vivir muchos años y vamos a necesitar más cuidados, así que tenemos que meternos en la cabeza que esto es cosa de todos”.

La cardiopatía es la enfermedad congénita más frecuente, afecta a 200.000 adultos, pero nuestro país al igual que en el resto de la Unión Europea, no tiene un baremo de evaluación de discapacidad propio en el Real Decreto 888/2022.

Hay dos razones para esa exclusión. Por un lado, el desconocimiento social sobre el camino vital de estos pacientes. Por otro, que los avances en sanidad e investigación han mejorado la esperanza de vida de los pacientes, reduciendo la gravedad de la enfermedad y creando la falsa sensación de que no hay una urgencia para incluirla como una discapacidad.

A diferencia de los años 70, 80, 90, en los que la mortalidad era del 90% antes de los tres años, gracias a nuestra sanidad pública actualmente el 90% de los pacientes llega a la edad adulta. Aun así, después de la adolescencia estos pacientes requieren, durante diferentes etapas de su vida, varias cirugías cardíacas paliativas, colocación de marcapasos o incuso un trasplante cardíaco. 

Cuando estos adultos, la mayoría jóvenes, quieren comenzar a trabajar se les infravalora su grado de discapacidad, al no tener un baremo propio, por lo que la gran mayoría no tiene posibilidad de ser contratado o que se le adapte el puesto de trabajo; el resultado es su exclusión social. Lo único que quieren es trabajar como modo de agradecer todo lo que la sociedad les ha dado desde que nacieron y para su realización personal. Ante esta dificultad, acaban pidiendo la incapacidad permanente con el consecuente aumento de gasto para el Estado. 

Para intentar resolver este gran problema laboral, a iniciativa de sus cardiólogos y cirujanos cardíacos y junto a la ayuda de Esther Piqueras, madre de la exministra Carmen Chacón –fallecida en 2017 a causa de una cardiopatía congénita–, se ha impulsado a través del grupo parlamentario socialista (mediante la diputada María Luisa García Gurrutxaga) una Proposición no de Ley para tramitar un baremo e incorporarlo al Real Decreto para que pudiese ser ya utilizado en los centros base de evaluación de discapacidad de todo el país.

Para su realización, se formó un grupo de trabajo de la unidad de cardiopatías congénitas del adulto del hospital La Paz creando tras meses de dedicación altruista, un baremo avalado científicamente por las sociedades que respaldan el trabajo de estos profesionales, único en la Unión Europea.

La votación en el Congreso fue el 16 de octubre de 2025 salió adelante con un apoyo a favor de 309 votos, ninguno en contra y la abstención de Vox y Junts. Ese mismo día el Gobierno hizo un escrito para iniciar su tramitación.

Pero tras la aprobación en el Congreso, las reuniones que hemos tenido con el IMSERSO y el Ministerio de Derechos Sociales no han sido productivas. El Ministerio está realizando un estudio sobre cómo se han implantado los baremos de las diferentes enfermedades desde 2022 con el objetivo de hacer una reforma global del Real Decreto e incluir el baremo sobre la cardiopatía. Esto puede tardar hasta tres años. 

Evidentemente tras dos décadas de espera y las facilidades dadas a la administración, es inviable esta estimación de tiempo para que se haga realidad. En este sentido, recientemente las asociaciones de pacientes de todo el país firmaron un manifiesto pidiendo que el Ministerio de Derechos Sociales modifique el Real Decreto de forma urgente para incluir puntualmente el baremo y pueda ya ser utilizado en los centros base. La justificación que contempla la ley para esta urgencia es la menor supervivencia de la enfermedad –se estima que los 53 años– así como una probabilidad de muerte súbita de 25 a 100 veces mayor que la población general.

Como socialdemócrata, para mí es muy frustrante. Que un gobierno progresista no lo ejecute pronto es incomprensible. Pocas veces se ve en política una tramitación de tanta trascendencia social y laboral facilitada por la sociedad civil, un ejemplo de que la política mejora la vida de la gente corriente. Esta medida va a facilitar que estos pacientes, con su trabajo, contribuyan al progreso de nuestro país.

La decisión depende de la parte de Sumar del Gobierno, que ostenta la cartera de Derechos Sociales, por lo que espero tengan la voluntad y la valentía política y formalicen esta medida de gran trascendencia social lo antes posible.

Alberto López de Guzmán, es médico internista en el Hospital de Torrejón de Ardoz y vive con una Tetralogía de Fallot que le ha obligado a pasar por cinco operaciones a corazón abierto.

El Consejo de Ministros aprueba este martes la estrategia para detectar y combatir todos los tipos de soledad no deseada, un instrumento para actuar de forma transversal y crear un tejido comunitario que sirva de red ante una realidad que experimenta el 20 % de la población: sentirse solo sin quererlo.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha informado de la aprobación de esta iniciativa, en el Marco Estratégico Estatal de Soledades (2026-2030), en la que han participado hasta 11 ministerios, comunidades autónomas, entidades locales, académicas y organizaciones del Tercer Sector.

Según ha informado el Ministerio, para ejecutar la estrategia el Consejo de Ministros ha aprobado también la creación de una Mesa Interinstitucional para coordinar la participación de la Administración General del Estado con el Tercer Sector.

Pablo Bustinduy defiende que “el problema no es la soledad, sino que es algo que no siempre se puede elegir. Tenemos que garantizar que haya una comunidad a la que acudir cuando se busque compañía”.

La nueva estrategia “pionera” establece objetivos concretos y líneas de actuación para integrar las políticas públicas de las tres administraciones (estatal, autonómica y local), entre las que figura el desarrollo de estructuras estables de participación ciudadana o la puesta en marcha de un sistema estatal de indicadores y seguimiento de las soledades.

Habrá un sistema de criterios comunes para la detección temprana de la soledad no deseada a través del sistema sanitario, educativo y de servicios sociales, de forma que se puedan reforzar servicios y apoyo de proximidad, detalla el Ministerio que dirige Bustinduy.

Las políticas a desarrollar pasan por el urbanismo, los modelos de convivencia y vivienda colaborativa, la accesibilidad universal y las iniciativas comunitarias intergeneracionales y de apoyo mutuo.

La Estrategia parte de la idea de que la soledad no es un problema individual, sino una realidad atravesada por condiciones sociales territoriales y de relaciones que requieren respuestas públicas ambiciosas y sostenidas en el tiempo.

Según el ministro, la estrategia va a impulsar que se construya un tejido comunitario que sirva de red a quienes viven una situación de soledad no deseada, creando entornos de proximidad en los que participar, teniendo en cuenta factores como la edad, el género o la discapacidad.

Para explicar el alcance de este problema en España, el Ministerio recuerda los datos del Barómetro del Observatorio estatal de la Soledad no deseada realizado por Fundación ONCE y Fundación AXA en 2024, que revela que uno de cada cinco personas en España experimenta soledad no deseada.

“En muchos casos esa soledad no es puntual, sino persistente, ya que dos tercios de ese porcentaje siente soledad desde hace más de dos años”, subraya el Ministerio, que recuerda que la vulnerabilidad económica es uno de los factores más determinantes ya que la falta de recursos limita la participación en actividades sociales reduce la movilidad y aumenta las dificultades para sostener vínculos.

Este marco estratégico del Gobierno busca fortalecer el estado del bienestar, en línea con los compromisos de la Agenda 2030 y las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud.

El Ministerio de Consumo ha abierto una investigación para “perseguir y eliminar” de los grandes portales inmobiliarios aquellos anuncios de alquileres, ubicados en zonas tensionadas, que no cumplan con el tope de precios de la ley de vivienda y, por tanto, sean ilegales. Las actuaciones se inician tras “detectar prácticas que podrían infringir las nuevas reglas de transparencia en la oferta comercial”, según fuentes de este departamento.

La ley estatal de vivienda, que entró en vigor en mayo de 2023, establecía determinados topes a los precios del alquiler en las zonas declaradas tensionadas. En concreto, los precios deben estar sujetos al Índice de Referencia Estatal de Arrendamientos de Vivienda (IRAV) en el caso de que los propietarios sean grandes tenedores o al último contrato que se ofreció en esa vivienda, para los particulares. Sin embargo, hasta ahora la normativa obligaba a dar información antes de la firma del contrato, pero no a garantizar que los anuncios que publican las plataformas mostraran precios que cumplieran con esta regulación.

La ley de servicios de atención a la clientela, aprobada a finales de 2025, incluye la obligación para los portales e inmobiliarias de garantizar que sus anuncios de viviendas en alquiler en zonas tensionadas “se adecuen a los precios regulados”. Es decir, estas compañías deben garantizar que los anunciantes piden rentas ajustadas a la ley, así como a ofrecer información suficiente para garantizar el respeto a estos topes, como el precio del último contrato. Esta información debe estar publicada “de forma clara” y “accesible” para “permitir al consumidor conocer los parámetros utilizados para justificar la renta ofertada conforme a esa normativa”, según indican desde el Ministerio de Consumo.

El secretario general de Consumo, Andrés Barragán, ya envió una carta el pasado 29 de diciembre a los principales portales y asociaciones inmobiliarias para informarles “de los cambios legales” y advertirles que “su incumplimiento podría ser considerado una práctica desleal por engañosa” y de “sus responsabilidades como intermediarios entre arrendador y arrendatario”.

Estas “prácticas que podrían infringir las nuevas reglas”, detectadas por Consumo en el “marco de la monitorización activa” que mantiene el departamento que dirige Pablo Bustinduy, se estarían produciendo allí donde se han declarado zonas tensionadas y, por tanto, hay una intervención directa para topar los precios. Por el momento, estas áreas se circunscriben a 271 municipios en Catalunya, pionera en la aplicación de la medida, varias localidades de Euskadi, entre las que se encuentran las tres capitales de provincia, más de una veintena en Navarra, con Pamplona a la cabeza; y A Coruña, en Galicia.

El Ministerio de Consumo ha impuesto a Airbnb una multa de 64 millones de euros por anunciar viviendas sin licencia. La sanción llega después de la apertura de un expediente sancionador y un proceso en el que se ha confirmado que la plataforma publicaba anuncios de alojamientos turísticos sin licencia. La resolución, según ha indicado el departamento que dirige Pablo Bustinduy en un comunicado, incluye “dos sanciones accesorias que obligan a la plataforma a rectificar los incumplimientos identificados, eliminando los contenidos ilícitos publicados y a hacer pública la multa impuesta”. La compañía ya ha anunciado que recurrirá esta decisión ante los tribunales.

En total, Consumo identificó infracciones de la normativa en un total de 65.122 anuncios en Airbnb, entre las que se encuentran publicar pisos o viviendas sin licencia, “contraviniendo las obligaciones impuestas en la mayoría de las normativas autonómicas” y otros con un número de licencia o de registro falso, “que no corresponde con la numeración utilizada por los registros”, o incluir datos “sin información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones”, lo que supone una práctica de “publicidad engañosa”.

La sanción impuesta por Consumo asciende a 64.055.311 euros, lo que equivaldría a seis veces el beneficio obtenido por la compañía durante el tiempo que los anuncios ilícitos estuvieron publicados en el portal.

Además, Airbnb hace frente a una infracción leve, sancionada con 10.000 euros, por “obstrucción o negativa a suministrar datos o a facilitar las funciones de información, vigilancia o inspección”. Según indican desde el Ministerio, “la plataforma no ofreció respuesta a los requerimientos de Consumo durante la instrucción de este expediente”.

El Ministerio abrió el expediente sancionador del que deriva esta sanción en diciembre de 2024. Aunque es la primera vez que la administración se refiere al nombre de la compañía, como parte de la sanción, Airbnb ya reconoció entonces ser la receptora de la investigación, con la que se mostró “profundamente en desacuerdo” porque “siempre pide a los anfitriones que confirmen que disponen de los permisos necesarios y que cumplen con las regulaciones locales”.

De hecho, la compañía se negó durante meses a eliminar esos más de 65.000 anuncios que el Gobierno le ordenó retirar. De hecho, tras un largo conflicto con el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy, no accedió a hacerlo hasta este verano, cuando entró en vigor el registro único. No obstante, el expediente siguió su curso porque las infracciones ya se habían cometido.

Esta es la segunda mayor sanción impuesta por una administración de consumo en el país, tras la de 107 millones que este Ministerio puso a Ryanair. La aerolínea la recurrió ante la justicia, una puerta a la que recurrirá también Airbnb, y Bruselas mantiene abierto un expediente contra España.

La compañía continúa insistiendo en que “ha cumplido en todo momento con la normativa aplicable en España” y considera la sanción “contraria al marco legal español y europeo”, por lo que la recurrirá. Además, recuerda que con la entrada en vigor de la nueva normativa sobre alquileres de corta duración, el pasado 1 de julio, “ha colaborado con el Ministerio de Vivienda en su implementación” y “más de 70.000 anuncios han añadido un número de registro”.

“Ninguna empresa en España, por grande o poderosa que sea, está por encima de la ley”, ha señalado el ministro Bustinduy, que ha lamentado que “hay miles de familias que viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares”.

Consumo mantiene una agenda activa en materia de vivienda, con varios expedientes sancionadores abiertos a otras agencias inmobiliarias por “posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler”. De hecho, este ministerio ha confirmado una sanción de 3,6 millones a Alquiler Seguro por el supuesto cobro de comisiones ilegales a los inquilinos, según avanzó la semana pasada la organización de consumidores Facua, personada en ese procedimiento.

El Gobierno regulará las conocidas máquinas de 'vending' en hospitales y residencias para garantizar que distribuyen productos saludables. Así lo ha anunciado este lunes el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, en un desayuno organizado por El Ateneo de Madrid.

La medida estará plasmada en el real decreto que prepara el ministerio sobre alimentación en hospitales y residencias y afectará a las conocidas máquinas expendedoras de productos de alimentación en centros hospitalarios y residenciales. La idea es que al menos el 80% de los productos que ofrezcan sean saludables.

“Todo el mundo ha conocido estas situaciones en las que una persona está ingresada en un hospital”, ha ejemplificado el ministro. “Vamos a regular el contenido de estas máquinas para que al menos el 80% de sus productos sean saludables”, ha dicho. Fuentes del ministerio especifican que la idea es que la nueva oferta consista en “agua, leche, frutos secos no fritos bajos en sal, zumos de frutas, fruta, panes y sándwiches integrales o yogures sin azúcares, entre otros”.

La idea es sustituir este tipo de productos por los ultraprocesados que proliferan en este tipo de máquinas en la actualidad, esto es, “aquellos alimentos de formulación industrial compleja, con ingredientes transformados, aditivos y alto contenido en grasas saturadas, azúcares o sal, como algunos snacks, bollería industrial, bebidas azucaradas o galletas industriales”. El decreto especificará que estos productos “no puedan colocarse en las filas centrales y principalmente visibles dentro de las máquinas expendedoras”.

El decreto también incorporará cambios en las máquinas expendedoras de café para que las bebidas calientes vengan por defecto sin azúcar. Los usuarios podrán añadir una cantidad máxima opcional de cinco gramos. “Cosas pequeñas pero que son de sentido común e interés general”, ha comentado. Además, “se favorecerá el acceso al agua mediante la implantación de fuentes de agua, en las instalaciones, adecuadamente señalizadas, que ofrezcan agua potable de forma gratuita”, trasladan fuentes del departamento de Bustinduy.

La medida beneficiará, según Consumo, “a las personas usuarias de hospitales y residencias tanto públicas como privadas, así como de otros centros de titularidad pública que estarán bajo el paraguas de la normativa que prepara Consumo como puede ser un centro de salud o un centro de día, entre otros”.

Este anuncio irá dentro del real decreto sobre alimentación en hospitales y residencias que ya avanzó Bustinduy hace unos días y que también que garantizará la retirada de los alimentos ultraprocesados de los menús de niños y adolescentes ingresados en este tipo de centros. La medida contempla también la limitación de este tipo de alimentos de los menús infantiles de las cafeterías y comedores abiertos al público de los hospitales.

La norma que está preparando el Ministerio establecerá unos criterios mínimos de calidad nutricional y de sostenibilidad que orienten “la contratación, adquisición y oferta de alimentos y bebidas que se ofrecen en estos centros”. Consumo precisa que los alimentos ultraprocesados que se verán limitados serán aquellos productos de formulación industrial compleja, con ingredientes transformados, aditivos y perfiles nutricionales con alto contenido en grasas saturadas, azúcares o sal, como ocurre con algunos snacks, bollería industrial, bebidas azucaradas o galletas industriales.

Hace cinco años, justo cinco años, tratábamos de volver a la normalidad. A la nueva normalidad. Ya no estábamos confinados, pero veíamos venir la gran ola del coronavirus en Navidad… Teníamos miedo, pero había que recomponer una vida que había quedado suspendida. Hubo muchas mudanzas y, como la economía estaba parada, los alquileres estaban más baratos. Esos alquileres cumplen ahora cinco años. Terminan esos contratos, más baratos, del alquiler pandémico.

Conocemos tres historias que viven ahora esta situación. Ana (nombre ficticio), Elia y Raquel. Además, hablamos con el abogado y experto en vivienda, Javier Rubio, que nos explica cómo está la situación de estos alquileres y cómo se puede abordar desde lo público.

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Pablo Bustinduy (Madrid, 1983) está cansado pero contento. Es jueves por la tarde y el Congreso acaba de aprobar la primera ley de su departamento, la Ley de Atención a la Clientela, una miríada de pequeñas reformas que cambiarán la relación de los consumidores con las empresas: no habrá más llamadas de spam, las plataformas tendrán que avisar con antelación de la renovación de las suscripciones anuales. El texto además ha salido adelante con un inusitado apoyo político tras conseguir la abstención del PP en la votación del jueves.  

Bustinduy es uno de los ministros de Sumar más activos. En estos dos años de legislatura ha tratado de abarcar problemas que sobresalen de las competencias formales de su departamento para intentar poner soluciones, por ejemplo, a la situación de la vivienda. Hace apenas unas semanas presentó un decreto al Partido Socialista que propone congelar hasta 300.000 contratos de alquiler que vencen este año y que se firmaron durante la pandemia en un contexto de bajadas de precios, aunque hasta ahora no han recibido respuesta por parte de su socio. 

El ministro cree que todavía no estamos en un momento electoral y que los esfuerzos de Sumar deben centrarse en empujar la acción del Gobierno para conseguir mejoras tangibles, intervenir el mercado del alquiler y trasladar los buenos datos macroeconómicos a las clases trabajadoras. Aunque no cree que sea una condición suficiente, Bustinduy otorga mucha importancia a la acción del Ejecutivo si la izquierda quiere conseguir una gran movilización en las próximas elecciones. Se descarta como cabeza de lista de una futura coalición y cree que Yolanda Díaz “ha demostrado ser una candidata excelente”. “Toda la gente progresista comparte la necesidad de aunar fuerzas para defender lo que creemos frente a la ola ultra”, dice sobre la unidad de la izquierda. 

El Congreso acaba de aprobar la Ley de Atención a la Clientela. ¿Qué importancia tiene esta ley? ¿Qué va a cambiar cuando se apruebe definitivamente?

Es una victoria histórica para los consumidores porque implica un cambio de paradigma, dotarles de más poder y más capacidad para igualar un poco las relaciones de consumo. Nos hemos acostumbrado a que las grandes empresas puedan dictar las normas de mercado. Y esta es una ley que cambia pequeñas cosas, pero que afectan a la vida cotidiana de millones de personas. Y va a cambiar, por ejemplo, el trato que se recibe cuando se hace una reclamación, la ley establece un plazo máximo de tres minutos para que atiendan una reclamación telefónica y un plazo máximo de 15 días para resolver esas reclamaciones. También el derecho a que te atienda una persona y no un robot o un mecanismo de inteligencia artificial. Y luego toda otra serie de cosas como el fin de las llamadas spam, el fin de la renovación automática de las suscripciones, la regulación de las reseñas falsas, el fin de los gastos ocultos de gestión: cuando vas a comprar un billete o una entrada y en cada pantalla te van añadiendo gastos que no sabes a qué corresponden.

A nivel político tiene mucha importancia también porque está siendo muy difícil para el Gobierno sacar leyes con la ajustada aritmética parlamentaria que estamos teniendo y que además, en este caso ha contado con la abstención del Partido Popular (PP), que es una cosa todavía más difícil de ver en el Congreso esta legislatura.

Yo le doy mucha importancia porque es una legislatura muy compleja en la que construir mayorías parlamentarias requiere muchísimo trabajo, diálogo, negociación y es lo que hemos hecho con esta ley. Y creo que la abstención del PP también refleja el carácter transversal que tienen las políticas de consumo. En el ámbito de los derechos sociales, el interés general se impone incluso sobre la polarización, la división y las estrategias de bloqueo de la legislatura.

Es muy positivo que incluso en estas circunstancias difíciles seamos capaces de suscitar consensos y acuerdos amplios para avanzar. No es algo inédito. En esta legislatura difícil ha pasado con la reforma del artículo 49 de la Constitución, con la Ley ELA, con la ampliación de permisos de maternidad y paternidad, ahora con la Ley de Servicios de Atención a la clientela, y espero que la semana que viene con el Decreto Ley de inyección extraordinaria de 500 millones al sistema de la dependencia y de despliegue de la Ley ELA. 

Donde no sé si va a haber tanto consenso es en la forma que el Gobierno plantea la cuestión de la vivienda, que es un asunto en el que usted ha intentado entrar desde las competencias quizá no formales pero con las herramientas que tiene dentro del Ministerio de Derechos Sociales. Presentaron un decreto bastante ambicioso hace unas semanas con medidas sobre vivienda. ¿Han tenido respuesta por parte del PSOE?

Yo creo que aquí es más importante el ‘qué’ que el ‘cómo’ y el ‘qué’ es la crisis de vivienda, que es el principal problema de las clases trabajadoras en este país y la primera preocupación de la ciudadanía en España. Toda la gente progresista y probablemente mucha gente que no es progresista estará de acuerdo en que es necesario hacer más. Y la voluntad de este Ministerio y de Sumar como espacio político es empujar la acción de gobierno. 

En el Ministerio de Consumo actuamos en dos ámbitos principales: la proliferación de anuncios ilegales de pisos turísticos, conseguimos derrotar a Airbnb en los tribunales y que tuvieran que retirar 65.000 anuncios ilegales. Y en materia de las denuncias de fraudes y abusos por parte de grandes inmobiliarias tenemos expedientes abiertos.

Toda la gente progresista y probablemente mucha gente que no es progresista estará de acuerdo en que es necesario hacer más en vivienda

Y como espacio político presentamos una serie de propuestas para poder intervenir el mercado de la vivienda y dar respuesta a ese clamor social. Lo más importante y urgente tiene que ver con el vencimiento de 300.000 contratos de alquiler y con la necesidad de proteger a esas familias en España que viven con ansiedad o incertidumbre el momento de la renovación de ese contrato, que puede suponer o que se encuentren con unas subidas de completamente abusivas de los precios del alquiler o con la necesidad de mudarse, con lo que eso implica para una familia. Y por tanto lo hemos planteado de la manera más constructiva posible y esperamos que pronto pueda haber buenas noticias.

¿Se pueden congelar los alquileres? Es algo que se hizo en la pandemia. No sé si ahora se puede argumentar jurídicamente la especial necesidad y urgencia para llevar a cabo una medida de este tipo. El PSOE incluso ha deslizado que podría ser inconstitucional. ¿Cómo lo ven?

Es una herramienta jurídica que ya se ha utilizado con la pandemia y con el escudo social por la crisis de Ucrania. Sobran los argumentos para justificar que vivimos una emergencia habitacional, que la crisis de vivienda justifica una intervención decidida por parte de los poderes públicos. Hay que pinchar la burbuja del alquiler y hay varias formas para hacer eso. Los topes a los alquileres es una de ellas. La intervención sobre la compra especulativa para prohibirla es otra de ellas. La desincentivación de la acumulación de viviendas es otra de ellas. 

Pero hay una medida que creo que es de absoluto sentido común: prorrogar los 300.000 contratos que van a vencer de tal manera que sigan en la situación que están. Esos contratos han subido con el IPC y por tanto creo que no se entendería que el Gobierno progresista no intervenga para proteger a esas cientos de miles de familias que pueden exponerse a la amenaza de un mercado que está secuestrado por una lógica especulativa y de extracción de rentas de las clases trabajadoras por parte de una minoría rentista que se está forrando sin aportar ningún valor añadido a la economía.

Sobran los argumentos para justificar que vivimos una emergencia habitacional que justifica una intervención del mercado

Esta élite extractiva que domina el mercado de la vivienda no aporta nada. Intervenir el mercado de la vivienda no es solo una cuestión de justicia, es una cuestión también de eficacia económica, porque el rentismo es un lastre para el desarrollo económico del país. Y además está funcionando como una aspiradora de riqueza y de las mejoras que hemos conseguido gracias a la subida del salario mínimo y a la reforma laboral, al ingreso mínimo vital, a la subida de las pensiones, a la reducción de la brecha retributiva, a la ampliación de permisos.

Dice que no se entendería que no se tomasen medidas en vivienda y no sé si llegado el punto, si el Partido Socialista no diese los pasos que ustedes piensan que hay que dar en materia de vivienda, Sumar debería plantearse salir de la coalición, porque el lastre electoral que le puede costar al Gobierno no hacer nada en este tema pueda ser demasiado grande.

Yo por eso me refería antes a la importancia del 'qué' más que del 'cómo'. Antes que todas las especulaciones sobre estrategias tácticas y qué le conviene a cada quién, mi obligación, la obligación de Sumar y la obligación del Gobierno, es responder al problema que están viviendo las mayorías trabajadoras en España. Todo nuestro planteamiento es constructivo, es lo más leal posible, porque lo que busca es que demos respuesta a ese problema. 

Lo hemos visto recientemente, por ejemplo, en las elecciones a la Alcaldía de Nueva York, cuando precisamente un candidato progresista, [Zohran] Mamdani, ha conseguido hacer de la protección de los inquilinos y de la vivienda la bandera principal para transformar el sistema político. Le ha arrebatado esa causa a las fuerzas de ultraderecha que buscan conectar con la desafección de la juventud, y la vivienda es uno de los principales problemas que vive la juventud. 

Pero Mamdani ha llegado a la Alcaldía de Nueva York planteando soluciones desde fuera, ustedes están en el Gobierno. Si la gente no ve esos avances... ¿cómo se presenta Sumar a unas próximas elecciones?

Claro, pero las políticas de un gobierno son un todo coherente, son vasos comunicantes. Este Gobierno hay que ponerlo en valor, ha hecho muchísimo por mejorar la posición de trabajadores y trabajadoras en el sistema productivo. Las cifras macroeconómicas son objetivamente muy buenas. Es la hora de profundizar en la redistribución de esa riqueza y la mejor manera de cohesionar el conjunto de esa acción de gobierno hoy en día es actuar sobre la vivienda. En la segunda mitad de la legislatura tenemos que profundizar esa agenda de redistribución.

¿Cómo está el sistema de dependencia? Los últimos informes hablan de incremento de la capacidad de atención, pero también de un aumento de las listas de espera. Al mismo tiempo, hay algunas ayudas que no terminan de llegar, que se quedan en el camino, y personas que terminan incluso muriendo sin recibirlas. ¿Hay algún problema burocrático que se pueda solucionar para que esto no pase?

Desde que empezaron los gobiernos de coalición se ha hecho un esfuerzo sin precedentes para mejorar la financiación y el funcionamiento del sistema de la dependencia. ¿Por qué había que hacerlo? Porque el Partido Popular recortó 5.406 millones de euros en los años de la austeridad. Lo dejó en una situación de quiebra. Los resultados de ese esfuerzo existen. Hoy el sistema atiende a 400.000 personas más que en 2020. Y la lista de espera se ha reducido. Lo que se han ampliado son los tiempos de espera en algunas comunidades autónomas. Es evidente que hay que seguir por esa senda y profundizarla, y para eso hay que movilizar más recursos, más financiación, pero también hay que cambiar el modelo.

Heredamos un sistema que estaba centrado en las grandes residencias y lo que queremos es construir un sistema de apoyos y de cuidados que permita que la gente envejezca en su casa, en su barrio, en su pueblo, en su ciudad. Y tenemos cómo hacerlo: la reforma de la Ley de Dependencia, que va a suponer una mejora de la ayuda a domicilio, reconoce el derecho a la teleasistencia, de todas las fórmulas que permitan un sistema de apoyos más flexible, más eficaz, menos burocrático, con tiempos de espera más cortos, con más y mejores apoyos, mejorando también las condiciones de trabajo en el sector. Es la gran reforma social de esta legislatura.

Han impulsado la creación de un grado III+ de dependencia. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los, digamos, los pormenores de este nuevo grado de dependencia?

Pues es el desarrollo del mandato de la Ley ELA, que se aprobó hace un año en el Congreso y el Senado, y que lo que hace es una reforma del sistema de la dependencia para crear un grado nuevo para las situaciones de dependencia extrema, que son las situaciones en las que están los enfermos en fase avanzados de la ELA y también de otras enfermedades de curso irreversible que generan situaciones parecidas. Lo que lleva aparejado es básicamente la garantía del derecho a una asistencia 24 horas, que es la que necesitan las personas que están en esta situación. Esto ya se ha aprobado. Pusimos la financiación. Se votará la convalidación del decreto ley esta próxima semana en el Congreso y a partir de aquí lo único que falta para que estas prestaciones lleguen a las sillas de ruedas y a las camas de quienes las necesitan es que las comunidades autónomas adapten sus sistemas de la dependencia autonómicos, que son quienes lo gestionan. Estamos trabajando en un espíritu de plena lealtad y cooperación con las comunidades autónomas para que se pueda realizar ese desarrollo cuanto antes.

Hablaba del decreto que va a ir la semana que viene, de la ley de atención al cliente, la que se acaba de aprobar, que son de las pocas medidas que se han salvado del veto anunciado por Junts. ¿Cómo valora la situación política en la que queda el Gobierno después del anuncio de Junts la semana pasada? ¿Sigue siendo viable llegar hasta 2027?

Desde el principio de la legislatura prácticamente no ha habido una semana en la que no se anunciara el fin de la legislatura o que iba a caer el Gobierno o la inestabilidad. Y fíjese que solo desde el verano, en lo que hemos participado desde el Ministerio, sacamos adelante el decreto ley de la ampliación de los permisos de cuidados para madres y padres en este país, el embargo de armas a Israel, la Ley de Servicios de Atención a la clientela, espero que esta semana se convalide con un amplísimo consenso el decreto ley de Refuerzo de la Dependencia y de Desarrollo de la Ley ELA. Este Gobierno avanza. Hoy [por este jueves] hemos sacado la Ley de Movilidad Sostenible.

La agenda avanza en unas circunstancias muy difíciles, con unas mayorías parlamentarias muy difíciles, pero esta semana el presidente del Gobierno hizo una defensa muy clara y con mucha profundidad del modelo de Estado del bienestar y de defensa de los servicios públicos en los que trabaja este Gobierno, y Sumar dejó muy claro también las prioridades para intervenir sobre vivienda y con la prestación universal por crianza. Y enfrente lo que vimos fue a [Alberto Núñez] Feijóo en un ejercicio casi melancólico, de impotencia, porque Feijóo dijo que no era presidente porque no quiere, pero cada miércoles va al Congreso a hacer una especie de simulacro de lo que haría si fuera presidente del Gobierno. El colmo fue esta semana que prácticamente nombró responsable de su gobierno a Abascal, y luego salió [el líder de Vox, Santiago] Abascal, y le dijo que no.

Veo a un Gobierno que tiene claro lo que hay que hacer y que avanza y una derecha completamente perdida

Feijóo escenificó sus principales temores. Queriendo demostrar fuerza, demostró debilidad e impotencia porque quiere aparentar capacidad de mando, pero no manda nada. Desde el principio ha intentado demostrar que el Gobierno iba a caer y el Gobierno avanza a paso firme. Y luego escenifica constantemente que está preso de la ultraderecha. Y el señor Abascal sale a manchar de racismo la tribuna pero es un fraude porque sale a hablar de antipolítica y ha sido el último mohicano defendiendo a [Carlos] Mazón hasta después de caído. Hay que ver lo que hace, no lo que dice. Y lo que hace es oponerse al salario mínimo, a la reforma laboral, a la reforma de la Constitución Española para los derechos de las personas con discapacidad, a la subida de las pensiones. Con quien sí está la ultraderecha es con [el primer ministro israelí, Benjamín] Netanyahu, con quien sí está es con los fondos buitre, con los millonarios, con las energéticas. 

En esa imagen, pues mire, yo veo un Gobierno que tiene claro lo que quiere hacer y que avanza con muchas dificultades, pero que defiende el interés general, y veo a una derecha completamente perdida, y una ultraderecha que vocifera pero que es un fraude.

Lo que sí que es verdad es que para el Gobierno va a ser difícil o casi imposible, sacar unos presupuestos, ya no solo por Junts, también por las condiciones que ha puesto Podemos. ¿Cree que el Gobierno debería convocar elecciones si no consigue sacarlos adelante?

Yo creo que el Gobierno tiene que presentar los Presupuestos. Creo que van a ser una muy buena ocasión para que ese proyecto de país quede patente y se vea materializado en partidas presupuestarias. Nuestra obligación es seguir trabajando por el interés general. ¿En unas condiciones difíciles? Por supuesto, las de esta legislatura lo son. Es lo que votó la gente en el año 2023. Nuestra obligación es seguir defendiendo el interés general, ampliando derechos y haciendo que España avance y mejore. 

No sé si ha visto esta semana el juicio al Fiscal General del Estado, ¿qué le ha parecido todo lo que se está viendo allí? No sé si usted cree en la inocencia del fiscal y si lo que está ocurriendo puede calificarse como un caso de lawfare contra el fiscal o incluso contra el Gobierno en general. 

Han quedado claras tres cosas. No se ha presentado o producido ninguna prueba inculpatoria contra el Fiscal General del Estado. Sí ha quedado demostrado y patente, entre otras cosas porque lo han reconocido ellos, que el jefe de Gabinete de la presidenta Ayuso [Miguel Ángel Rodríguez] mintió descarada y públicamente. Y que, conforme avanza todo, más gente va a mover el centro de atención al origen de toda esta causa: que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid se embolsó una comisión de dos millones de euros en plena pandemia derivada de la administración que dirige su pareja, que a continuación cometió un fraude fiscal que ha confesado sobre esa misma comisión y que de manera no se sabe muy bien cómo, relacionada con todo lo anterior, se produjo la compra de un ático de lujo en Madrid, donde vive la presidenta. Creo que todo este proceso va a servir para que el centro de atención pase ahí y que se den las explicaciones debidas, porque desde luego la apariencia de este relato es absolutamente indignante. 

Se cumplen estas semanas dos años de una legislatura que está siendo complicada, quizás sobre todo para el Partido Socialista, que ha visto además cómo le han aparecido casos de corrupción. Y sin embargo, hablando de las encuestas y de la sensación que parece que tiene el electorado, Sumar no ha sido capaz de crecer. ¿Qué diagnóstico hace sobre el trabajo que está haciendo la coalición?

Es un lugar común ser cauto con lo que dice las encuestas, pero habiendo vivido de cerca la última campaña yo estoy un poco vacunado frente a esto porque no sé cuántos cientos de encuestas se publicaron y prácticamente ninguna se acercó a reflejar el resultado de la izquierda en esas elecciones. Esa cautela no es naíf ni negacionista, es sencillamente una cautela debida. La izquierda española vive un ciclo muy largo que se remonta casi 15 años atrás y que ha producido que alcanzáramos posiciones de influencia social, cultural, política que no se habían dado en la historia reciente de nuestro país.

Creo que una parte importante del apoyo y del voto a la izquierda se ha dado en una clave muy exigente que requiere soluciones a los problemas y, por tanto, creo que cuando haya un proceso electoral en el año 2027 la movilización de la izquierda va a depender mucho de las conclusiones que se saquen sobre la hoja de servicios de este Gobierno. Las posibilidades de la izquierda dependerán en gran medida de cuánto logremos avanzar en nuestra agenda de Gobierno y sobre todo en lo que tiene que ver con la intervención del mercado de la vivienda, con la redistribución de la riqueza y con la lucha contra la pobreza infantil. Nuestra primera obligación, ahora, más que perdernos en especulaciones y futuribles electorales, es conseguir empujar todo lo posible para que el buen momento macroeconómico que vive España se traduzca en mejores condiciones de vida para las clases trabajadoras. Creo que esa es la condición sobre la que deberemos construir un discurso político cuando llegue el momento de las elecciones. 

¿Pero basta solo con la acción de gobierno? Las tendencias hablan de un ascenso muy claro de la ultraderecha que, por mucho que se equivoquen las encuestas, parece que está penetrando en la juventud. No sé si cree también que con penetración en clases más populares. Y todo eso a pesar de que el Gobierno no ha dejado de hacer cosas. 

Soy escéptico sobre el relato en torno a la juventud española y al supuesto auge de la ultraderecha. Creo que hay un fenómeno que es objetivo y evidente y que es muy visible de politización en clave de ultraderecha, especialmente de hombres jóvenes que se han hecho muy visibles y muy audibles, pero creo que le hacemos un flaco favor a la juventud española cuando simplificamos o asumimos este relato unívoco. Hace apenas dos años, en las elecciones, cuando este relato ya estaba funcionando, lo que dijeron los estudios cualitativos es que el 65% de la población menor de 25 años votó opciones progresistas. A la juventud española hay que reconocerle agencia política y creo que la juventud española no es ultraderechista, tengo una confianza absoluta en la capacidad crítica de la juventud española, que evidentemente tiene muchos motivos para estar insatisfecha y que estoy seguro y convencido de que sabrá dotarse de las fórmulas de organización política para defender sus derechos.

No compro ese relato, no compro el derrotismo y no compro el fatalismo. Es un tiempo muy complejo a nivel global, muy complejo, pero en Nueva York hace poco se produjo un alivio colectivo. Es una demostración de que cuando se generan las condiciones organizativas, de discurso, políticas, de programa, la gente responde. Y por supuesto que es posible construir una alternativa justa y progresista a las crisis que estamos viviendo. No es una condición suficiente la acción de Gobierno, pero creo que sí es necesaria. Tenemos que mostrar que ese camino es posible.

Citaba el caso de Mamdani. ¿Cree que la izquierda tiene que cambiar su discurso o su comunicación o sobre qué temas hablar? La ultraderecha triunfa globalmente con bastantes puntos en común, con una llegada en redes sociales muy concreta. No sé si comparte por ejemplo el discurso que hizo Gabriel Rufián en el Congreso esta semana sobre la inmigración.

Sí, pero fíjese, la victoria de Mamdani justo se ha hecho sobre unas premisas casi opuestas. Sobre una reivindicación explícita, abierta, de todo aquello que se suponía que la izquierda tenía que dejar de decir porque incomodaba o era peligroso. Sobre lo woke como caricatura, casi. Y Mamdani ha hecho el corazón de su candidatura con su condición de inmigrante convertida en símbolo, sobre el hecho de que es la clase obrera inmigrante la que ha construido esa ciudad y la mantiene viva. Si uno lo mira fríamente, Mamdani ha ganado con un programa muy simple, muy fácil de entender, con el que ha hecho mucha pedagogía y lo ha explicado muy bien, pero que en lo esencial se reducía a una política de protección de inquilinos en vivienda, que es justo lo que estamos peleando para conseguir aquí, con una política de transporte público gratuito y de escuelas infantiles gratuitas. Es decir, servicios públicos, derechos universales, fiscalidad progresiva y protección de inquilinos y políticas de vivienda.

Los elementos para generar construir esa alternativa están identificados. ¿Hay que articularlos bien? Por supuesto. ¿Es difícil hacerlo desde el Gobierno? Claro que lo es. Pero también estamos en el Gobierno como resultado de todas las luchas anteriores que consiguieron cristalizar en estas posiciones. Soy optimista respecto a las posibilidades de poderlo articular, porque este país es mucho mejor que las ideas de odio de una ultraderecha, que lo que hace es defender a la oligarquía constantemente, atacar a quienes ellos consideran que son débiles. Su violencia siempre va hacia abajo, hacia arriba nunca dicen ni mu. España es mucho mejor que eso y le vamos a saber dar forma.

¿Es posible ganar las elecciones si la izquierda va separada? Y usted que viene de Podemos, ¿cree que hay que hacer algo más o hay que hacer algo diferente para atraer a Podemos a una candidatura unitaria?

Como con la vivienda, el 'qué' es mucho más importante que el 'cómo'. Y el 'qué' es que vivimos en un momento muy difícil donde se acumulan las crisis climáticas, bélicas, políticas, donde hay una ofensiva de la ultraderecha contra la democracia y creo que toda la gente progresista comparte la necesidad de aunar fuerzas para defender aquello en lo que creemos: derechos y libertades fundamentales, el estado del bienestar, un sistema de justicia social, la paz, los derechos humanos. Creo que eso es 'el qué'. El 'cómo' tiene que servir a ese objetivo. No se entendería que diferencias tácticas o personales se antepongan ante la gravedad de las amenazas que estamos viviendo. Es tiempo de trabajar para organizar un proyecto político que esté a la altura de los desafíos que tenemos, que son enormes. Tenemos unas condiciones privilegiadas para generar un movimiento político que sea capaz de contrarrestar esa ola ultra.

No sé si le ha llegado que hay gente que piensa que usted sería un buen candidato de la izquierda, del espacio de Sumar o de como se llame en las próximas elecciones. 

Pues yo le agradezco mucho a quien piense que sería un buen candidato, pero no voy a ser candidato. Yo bastante tengo con sacar adelante todo el trabajo que tenemos en el Ministerio, que es abrumador.

¿Hay gente que se lo ha propuesto directamente?

No, porque la gente que me conoce sabe perfectamente cuál es mi planteamiento. Yo ya estuve en política en un ciclo anterior, ya me fui, volví en estas circunstancias y dirigir un ministerio es una responsabilidad abrumadora.

Y suficiente.

Y suficiente. Tenemos muchísima tarea por delante y no tengo otra expectativa ni otra ambición que hacer mi trabajo lo mejor posible en esta legislatura.

¿Y cree que Yolanda Díaz sería una buena candidata para repetir la coalición del 23J?

Yolanda ha demostrado que es una candidata excelente. Es la que produjo el resultado electoral que permitió que el gobierno de coalición se volviera a formar. Y aparte, no es una exageración en absoluto, Yolanda Díaz es la mejor ministra de Trabajo que ha tenido la democracia española y es la vicepresidenta de un Gobierno que tiene muchísimo por hacer en la segunda parte de esta legislatura. Y creo que le haríamos un flaco favor al trabajo que tenemos que hacer si permitiéramos que las especulaciones o la agenda electoral interfiriera o se priorizara sobre lo que tenemos que hacer. 

Pero entienda también que la gente progresista que votó a Sumar el 23J y quizá gente que se puede acercar, quiera saber quién es la persona que va a liderar ese espacio. No sé si cree que ella debería volver a repetir como candidata o que debería haber un candidato o candidata clara para esas elecciones cuanto antes. 

La decisión sobre sus planes la tendrá que tomar primero ella y también todos los actores políticos del espacio. Creo que eso sería lo lógico. Entiendo que haya interés y que se quiera claridad, pero creo que los tiempos en política son muy importantes y este no es un tiempo electoral, es el tiempo de profundizar en la acción de Gobierno. Nos queda muchísimo por hacer. Y específicamente hay que acelerar la agenda social, que es nuestra primera prioridad como espacio político. No deberíamos confundir los tiempos, las prioridades de los tiempos: lo que toca es profundizar la agenda social y conseguir avanzar, empujar todo lo que podamos para que esta legislatura dé todavía mucho que hablar.

Junts no cumple por ahora su amenaza y apoya la primera ley del Gobierno que se discute en el Congreso tras su anuncio de ruptura. Los independentistas catalanes han apoyado este martes emitir dictamen de la Ley de Atención al Cliente, el paso previo para su votación en Pleno. El texto, una iniciativa del ministerio de Derechos Sociales de Pablo Bustinduy, había sido negociado durante meses entre los de Puigdemont y el Ejecutivo para incluir, entre otras medidas, que los consumidores de Catalunya, Euskadi y Galicia puedan ser atendidos en sus territorios en las lenguas cooficiales.

Con esta mayoría, la del bloque de la investidura, la ley tiene el camino allanado para ser aprobada en Pleno, ya a mediados de noviembre. Lo previsible es que los de Carles Puigdemont vuelvan a votar a favor de una ley que han trabajado durante varios meses en la fase de ponencia. “En este texto está la huella de Junts, con la protección del catalán en las enmiendas para que se pueda elegir en qué lengua quieren ser atendidos los clientes en función de dónde se encuentren”, defendió el diputado independentista Josep María Cruset.

Con 20 votos a favor (los de PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV y Podemos), los 17 en contra de las derechas y ninguna abstención, la Comisión de Derechos Sociales y Consumo ha aprobado el informe de la ponencia del Proyecto de Ley de Atención a la Clientela con algún cambio de última hora. Por un lado, con el voto en contra del PSOE ha salido adelante una enmienda para prohibir las llamadas spam que no estén identificadas como tales.

Como parte de esa medida, en adelante las grandes empresas estarán obligadas a usar un prefijo para sus llamadas comerciales y las operadoras de telefonía tendrán que bloquear las llamadas que no usen ese prefijo. Las llamadas comerciales sin consentimiento quedarán prohibidas y los contratos que se cierren en estas llamadas quedarán anulados.

Aunque Junts ha votado a favor del informe de la ponencia, ha querido matizar el gesto al Gobierno con un acuerdo con el PP para algunas enmiendas y con el rechazo a varias de las pactadas por PSOE y Sumar, las fuerzas que componen el Ejecutivo. Junts, ERC y PP han acordado una enmienda transaccional para eximir de esa normativa sobre spam a las empresas comercializadoras de luz, gas y servicios electrónicos que no alcancen una cuota de mercado del 5%. El PP ha conseguido colar hasta 16 enmiendas en el conjunto del texto.

La Comisión también ha incorporado una enmienda de PSOE, Sumar y ERC para limitar la publicidad de las empresas del juego, con la ide ade que solo puedan emitir captaciones comerciales audiovisuales “en servicios de intercambio de vídeo a través de plataforma, redes sociales, en acontecimientos deportivos, en carteles publicitarios ubicados en los eventos antecitados y cuyos resultados sean objeto de apuestas y en el desarrollo de los concursos televisivos”, como adelantó Demócrata. La idea es prohibir que las empresas puedan captar nuevos clientes mediante promociones.

Más allá de las enmiendas incorporadas, el proyecto del Ministerio de Bustinduy contiene un paquete ambicioso de leyes para mejorar la atención que prestan las empresas a los consumidores y garantizar sus derechos. La idea es establecer una serie de obligaciones mínimas y eliminar condiciones abusivas en algunos contratos. Por ejemplo, a las plataformas audiovisuales de pago, como Netflix, HBO, o Disney, se les obligará a informar con un mínimo de 15 días de la renovación de sus suscripciones.

La ley también garantizará que las empresas muestren el precio final del producto durante todo el proceso de compra para evitar que los gastos de gestión aparezcan únicamente al final.

Gestos contra el Gobierno

Junts ha querido dejar claro en diferentes momentos durante el pleno de esta semana que su apuesta contra el Gobierno va en serio. Fuentes del grupo parlamentario han señalado este miércoles tras la votación que han votado “en contra de todas las enmiendas del Gobierno español”, algunas de las cuales, han apuntado, “no han prosperado por insuficiencia de votos”.

Este martes, los siete diputados independentistas apoyaron al mismo tiempo algunas iniciativas del PP, aunque sin demasiada trascendencia legislativa. Por un lado, facilitaron la toma en consideración de una proposición de ley de los de Alberto Núñez Feijóo para que el nombramiento del responsable de protección de datos de la Fiscalía deje de estar en manos del fiscal general del Estado, aunque para que esta iniciativa prospere queda todo su camino parlamentario por delante.

También facilitaron este martes la aprobación de algunos puntos de una moción del PP sobre inmigración, entre ellos una petición al Ejecutivo para que promueva el retorno y la reunificación familiar de los menores mediante acuerdos de colaboración con los países de origen, tipificando penalmente el fraude de edad. También garantizar la determinación de edad en un máximo de 72 horas de aquellas personas que lleguen de forma irregular declarándose menores extranjeros no acompañados.

Al mismo tiempo, Junts se abstuvo el martes en las dos votaciones principales que llevaba el PSOE al Congreso. La primera, una toma en consideración de una ley sobre el buen uso de las zonas de estacionamiento para personas con discapacidad y la segunda, una proposición no de ley sobre el correcto uso de la palabra cáncer. Ambas iniciativas habrían salido sin los votos independentistas por la abstención y después el voto favorable del PP.

El Gobierno central y la Comunidad de Madrid mantienen abierto un enfrentamiento a cuenta de dos subvenciones en materia social que el Ejecutivo concedió a la administración regional y que esta no ha empleado, y ha embargado, con el argumento de que el Ministerio del Interior le debe dinero. Estas subvenciones suponen 5,3 millones del Ministerio de Derechos Sociales para adaptar viviendas de personas dependientes y otros 7,7 millones de Igualdad, correspondiente a dos anualidades de un plan para fomentar la corresponsabilidad en los cuidados. 

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha decidido embargar las dos subvenciones esgrimiendo que el Gobierno central, en concreto la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias –dependiente de Interior– le adeuda más de 33 millones de euros por la asistencia médica de los reclusos ingresados en prisiones de la Comunidad de Madrid. Además, denuncia que el Ejecutivo central ha respondido al embargo bloqueando nuevas ayudas. 

El Tribunal Supremo resolvió en 2019 que las atenciones médicas deben ser sufragadas por la Administración central, que ejerce la competencia de Prisiones. Por otra parte, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que entró en vigor en 2003, estableció que los servicios sanitarios a los reclusos debían ser transferidos en un plazo de 18 meses a las comunidades autónomas, y que quedaran así integrados en su sistema de salud. A día de hoy, solo Catalunya –que ya había asumido la competencia de Prisiones–, Euskadi y Navarra cumplen con la transferencia establecida por la Ley. Madrid es una de las comunidades que sigue incumpliendo, veintidós años después, con la asunción de la asistencia sanitaria a los presos.

El conflicto de la Comunidad de Madrid con el departamento que dirige Pablo Bustinduy por la subvención de 5,3 millones para dependientes ha llegado ya a los tribunales. La Abogacía del Estado, en representación del Ministerio de Derechos Sociales, ha acudido a la vía de lo contencioso-administrativo y ha solicitado la suspensión del embargo. En el caso de las ayudas del Ministerio de Igualdad aún está vigente el plazo para una solución administrativa.

La ayuda para la adaptación de los domicilios en Madrid de personas con discapacidad forma parte del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia y está financiado con los fondos Next Generation, que liberó la Unión Europea para superar la crisis motivada por la pandemia de la Covid-19. La subvención del Ministerio a la Comunidad de Madrid ascendía a 5.389.475,42 euros y fue aprobada en 10 de diciembre de 2021. El textual recogía: “Nuevos proyectos territoriales para asegurar la accesibilidad universal a la vivienda a personas mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia”.

Casi dos años después, el 22 de noviembre de 2023, el Ministerio solicitó a la Comunidad de Madrid que justificara el cumplimiento de la subvención para, en caso contrario y como está estipulado, iniciar el procedimiento de reintegro. El 24 de enero de 2024, Derechos Sociales recibió respuesta de la Comunidad: no había ejecutado los fondos y adelantaba que devolvería el monto de la subvención. 

La Secretaría de Estado de Derechos sociales hizo cuentas y le salieron 5.822.161,40 euros a reintegrar, el resultante del monto total de la subvención más 432.885,98 en intereses de demora.

Pasaron los meses y en el verano de 2024 todo dio un giro. El 5 de agosto de ese año, la Comunidad de Madrid notificó a Derechos Sociales que procedía al embargo de 6.524.596,91 euros. Explicaba que el Gobierno central tiene una deuda con la Administración regional por los servicios sanitarios prestados a las personas internas en la prisión de Estremera (Madrid VII) entre los años 2015 y 2019. 

En realidad hay dos resoluciones del Tribunal Supremo en el mismo sentido porque el conflicto se reprodujo en Andalucía. Allí, a diferencia de lo que ocurrió en Madrid, el Tribunal Superior de Justicia la comunidad autónoma dio la razón a la Administración central. El asunto era tan enrevesado que hubo un conflicto previo entre las partes sobre qué vía judicial debería resolverlo, si la contencioso-administrativa o la de lo social.  

La sentencia de 2019 dictada por el Supremo dando la razón a Madrid cuenta con el voto particular de uno de los seis magistrados, Nicolás Maurandi. Este magistrado se pronunció a favor de que fueran las comunidades autónomas quienes corrieran con los gastos médicos de los presos, siempre que estos estuvieran afiliados o resultaran beneficiarios del Régimen General de la Seguridad Social.

El Ministerio de Bustinduy reaccionó en el conflicto con la Comunidad con una reclamación económico-administrativa en la que advertía que, de seguir con el embargo, la Comunidad estaría causando “perjuicios de imposible o difícil reparación” porque la subvención sale de una partida de los Presupuestos Generales del Estado vinculados a un hecho concreto, en este caso la aplicación de las ayudas. 

La Junta Superior de Hacienda, el órgano económico-administrativo de la Comunidad de Madrid, inadmitió la suspensión del embargo. La resolución no entraba al fondo del asunto y se limitaba a señalar que “no hay acto alguno que pueda ser objeto de suspensión al haberse consumado ya el acto que se pretendía evitar”, en alusión al embargo.

Ante esa decisión, Derechos Sociales contactó con la Abogacía del Estado para la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Junta Superior de Hacienda de la Comunidad. Derechos Sociales alega esta circunstancia, el hecho de que el contencioso esté en los tribunales, para no pronunciarse al respecto. Es el mismo argumento que utiliza el Ministerio del Interior para abstenerse de comentar la deuda con la Comunidad de Madrid y la decisión de ésta de embargar las subvenciones de Derechos Sociales e Igualdad.

La Comunidad denuncia “represalias” de Sánchez

Para el Gobierno regional, la decisión de su Junta de Hacienda se traduce en un aval de los “tribunales” a la ejecución del embargo. Consultado por elDiario.es, un portavoz del Ejecutivo de Ayuso denuncia que los dos embargos de subvenciones por parte del Ejecutivo central le han valido una “represalia del Gobierno de Sánchez”, que ahora “bloquea el abono de algunas ayudas” a la Comunidad de Madrid. 

Lo hace, añade, evitando que la Intervención General del Estado “borre” como deuda regional las dos subvenciones embargadas. Así constaría en los certificados de la IGAE negando la tramitación de ayudas y subvenciones. La Consejería de Hacienda de la Comunidad ya ha reclamado por escrito a la Intervención que cese en esa postura. 

Por otra parte, el Ministerio de Igualdad interpuso el 27 de septiembre de 2024 un recurso potestativo contra la diligencia de embargo de los 7,7 millones del Plan de Corresponsabilidad que han sido embargados, pero no recibió respuesta de la Comunidad, según fuentes del departamento de Ana Redondo. Recurrió entonces a la Junta Superior de Hacienda, pero esta rechazó la providencia de apremio. Consultado por elDiario.es, el Ministerio de Igualdad asegura que, de no modificar su postura en el plazo establecido, también recurrirá a la vía legal a través de la Abogacía del Estado. 

Tras la publicación de esta información, el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, se pronunció al respecto. “El Gobierno nos adeuda muchísimas cosas, pero entre ellas el coste de la atención sanitaria de los reclusos, los tribunales nos han dado la razón y por eso no hemos pagado esas deudas. Esperamos que el Gobierno central asuma esos pagos. Pero no es solamente el pago de la sanidad de los reclusos, hoy cito la atención a la dependencia cuando debería asumir el 50% y solo asume el 27%”, ha dicho García Martín, informa José Precedo.