El Congreso aprobó este miércoles de forma definitiva la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad. Es, según el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, “la mayor reforma social en nuestro país en lo que va de siglo”. El nuevo engranaje legislativo amplía las prestaciones, reduce la burocracia y busca facilitar los cuidados en el hogar, para que aquellas personas que lo deseen puedan permanecer en sus casas.

Estos son los principales cambios que se han incorporado a las leyes de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia —la ley de dependencia— y de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia:

Más ayudas y compatibles entre ellas

Las personas en situación de dependencia podrán percibir diferentes prestaciones sin que se produzcan incompatibilidades entre ellas. Por ejemplo, una persona en situación de dependencia que esté en su casa podrá acceder a prestaciones combinadas, como ir a un centro de día y a la vez tener una prestación de cuidados en el entorno familiar o teleasistencia“, explica Asuntos Sociales.

Acompañar a la compra o al médico

La reforma se centra en ampliar y reconocer diversos servicios como tal. La asistencia a domicilio se ofrecerá más allá del entorno domiciliario, que es el espacio al que estaba restringido con anterioridad, y los trabajadores podrán acompañar a los usuarios en otras actividades diarias. La asistencia personal también se amplía y flexibiliza y no contará con restricciones educativo-laborales.

Teleasistencia para todos

La teleasistencia se identifica como derecho subjetivo. Esto implica que a toda persona que tenga reconocida una dependencia, le será reconocido este derecho de inmediato. La ayuda es compatible con otras prestaciones y podrán acceder a ella muchas que antes no podían, como personas con demencia.

Amigos cuidadores

La reforma reconoce que las personas del mismo entorno de la persona en situación de dependencia, pueden ofrecer cuidados. El reconocimiento normativo de la figura cuidadora principal permite que una persona, aunque no esté registrada como familiar, pueda ocuparse de estas tareas. Por ejemplo, personas mayores que mantienen una relación, pero no están casadas o aquellas que comparten un hogar sin relación familiar.

Asimismo, la Administración General del Estado abone las cotizaciones de las cuidadoras principales y la continuidad de los cuidados en caso de enfermedad grave u hospitalización de estas.

Reconocer la dependencia en menos de 90 días

El reconocimiento administrativo de la situación de dependencia antes tenía un plazo máximo de seis meses. Sin embargo, las familias cuidadoras, que mostraron cierto escepticismo ante la reforma, aseguraron que estos plazos burocráticos no suelen cumplirse. La nueva norma tratará de reducir esta espera de seis a tres meses.

Reconocimientos automáticos de discapacidad

Las personas con el grado I de dependencia recibirán el reconocimiento automático del 33% de discapacidad, mientras las personas con el grado II o III podrán ser reconocidas con el 65%. La automatización del proceso pretende agilizar los procesos administrativos y reducir las listas de espera.

Acceso universal y obras en las comunidades de vecinos

La reforma reconoce la accesibilidad universal como derecho. De esta forma, las personas con discapacidad podrán reclamar la accesibilidad en servicios o edificios de carácter público. Además, se ha modificado la Ley de Propiedad Horizontal para que se puedan hacer obras de accesibilidad en edificios de viviendas y los propietarios que la solicitan puedan contar con una prestación económica proporcionada por respectivas administraciones públicas.

La atención temprana, como derecho

También se reconoce la atención temprana como derecho subjetivo. Los gobiernos autonómicos deberán atender a todos aquellos niños y niñas de 0 a 6 años que presenten trastornos en el desarrollo. Todas las familias que cuenten con un menor en esta situación podrán exigir a la administración respectiva que se les proporcione tratamiento.

Prohibición de discriminación en seguros

Algunos seguros de hogar o de salud desarrollan una misma práctica: subir el precio cuando la persona contratante presenta una discapacidad. La reforma de la ley tacha esta práctica como discriminatorio y la ilegaliza.

Asistencia en procesos judiciales

Además, se regula la figura de un facilitador procesal. La incorporación de esta figura tiene el objetivo de evitar situaciones de indefensión en los procesos judiciales de personas con dificultades y según el Ministerio de Derechos Sociales: “Será un puente entre los operadores jurídicos y esas personas”.

El Congreso ha dado luz verde definitiva a la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad. Los cambios, que se publicaran en el Boletín Oficial del Estado en los próximos días, son la mayor revolución en la atención a la dependencia desde la aprobación de la norma hace 20 años. Si en 2006 el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, calificó la medida como un “hito histórico”, desde el actual Ministerio de Derechos Sociales hablan ahora de una “refundación del modelo de cuidados en España”.

Este miércoles, el Congreso ha votado las enmiendas introducidas por el Senado —donde el PP tiene mayoría absoluta—, tras su paso previo por la Cámara Baja, donde la ley ya había sido aprobada —con la abstención de los 'populares' y el voto en contra de Vox—.

Los cambios afectan a dos normas, que hacen de guía al sistema de cuidados a la dependencia, que son competencia de las comunidades autónomas: la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.

Respecto a la reforma de la Ley de Dependencia, uno de los principales cambios es se reduce el plazo máximo para resolver el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia de seis a tres meses y se eliminan las incompatibilidades a la hora de recibir prestaciones. Por ejemplo, hasta ahora, si una persona dependiente quería ir a un centro de día algunas horas, mientras seguía viviendo en su casa, no podía solicitar también una prestación por cuidados en el entorno familiar o teleasistencia. A partir de ahora, podrá hacerlo.

Además, la nueva norma amplía el concepto del servicio a domicilio, que podrá prestarse más allá del propio hogar —por ejemplo, para acompañar a la persona dependiente a hacer recados o al médico— y reconoce la figura de la persona cuidador principal y la no profesional, que sale del ámbito exclusivamente familiar y se extiende a otras personas cercanas pero no emparentadas.

También sobre las cuidadoras, la reforma “garantiza por ley”, señalan desde el departamento que dirige Pablo Bustinduy, quien ha pilotado estos cambios, que la Administración General del Estado abone las cotizaciones de las cuidadoras principales y la continuidad de los cuidados en caso de enfermedad grave u hospitalización de estas.

Cambios en Discapacidad

La otra norma que se ha visto afectada por estos cambios es la de discapacidad, que también tiene novedades importantes, algunos relacionados directamente con la ley anterior. A cualquier persona que se le asigne un grado I de dependencia, se le reconocerá automáticamente el 33% de discapacidad, y para las de los grados II y III, el 65%. “De esta manera, se desburocratiza el reconocimiento de la discapacidad, agilizado los procesos administrativos y reduciendo las listas de espera”, indican.

Además, reconoce la accesibilidad universal —que las personas con discapacidad pueda acceder a servicios y edificios públicos— como un derecho. Es decir, podrán exigirlo y se creará un Programa Estatal de Promoción a la Accesibilidad Universal. Además, se modifica la Ley de Propiedad Horizontal para que las administraciones públicas tengan que ayudar económicamente en las obras de accesibilidad en viviendas y se facilitan los requisitos para solicitar estas ayudas.

Hay más novedades. La reforma fija por ley que la atención temprana es un derecho subjetivo de los niños y niñas de cero a seis años; regula la figura del facilitador procesal para evitar situaciones de indefensión en los procesos judiciales; y prohíbe la discriminación en los seguros de salud, que será ilegal.

7.000 millones más para dependencia

Estas reformas legislativas vienen acompañadas de una inyección de fondos para la dependencia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en junio un incremento en las transferencias a las comunidades autónomas de hasta 7.239 millones de euros en 2027, casi el doble que en 2025.

El aumento de las cuantías ya empezó a notarse este mismo año, desde el mes de junio, porque para esto no hizo falta pasar por el Congreso. El Consejo de Ministros aprobó un decreto ley que blinda por ley este aumento de las transferencias y compromete a este y los próximos ejecutivos centrales a financiar la dependencia al 50% con las comunidades autónomas. En el siguiente gráfico puede verse cuánto recibirá cada territorio en 2027 con y sin la ampliación.

El objetivo de este aumento de la financiación y de la reforma de las leyes es reducir las listas de espera, aumentar las ayudas a las personas en situación de dependencia y profesionalizar los cuidados con mejores condiciones laborales, para hacer atractiva esta profesión. Pero la pelota está ahora en el tejado de las comunidades autónomas, quienes tienen las competencias en este ámbito.

“Ya no hay excusas: las listas de espera deben reducirse a la mitad en 2027 y desaparecer en 2028. Nuestro compromiso es total y ahora toca que todas las comunidades autónomas remen a favor para hacerlo una realidad”, afirmó el ministro Bustinduy.

Lo que queda fuera

Desde la Confederación Nacional de Entidades de ELA (ConELA), han valorado “positivamente” la reforma, que supone un “avance e el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad”, pero han lamentado que no se haya eliminado el copago, una de sus “principales reivindicaciones”. “Valoramos que la reforma salga adelante porque incorpora avances importantes y mejora nuestro sistema de derechos y apoyos. Pero no podemos considerar terminado el trabajo mientras una persona con ELA deba tener que contribuir económicamente a unos cuidados que son imprescindibles para seguir viviendo”, señala su presidente, José Jiménez Aroca, en un comunicado.

A diferencia de otras votaciones, la norma llegó este miércoles al Congreso sin sobresaltos parlamentarios. Ya había sido aprobada en la Cámara Baja en primera vuelta —con la abstención del PP y el voto en contra de Vox— y cumplió su trámite en el Senado, donde los 'populares' tienen mayoría absoluta —y votaron a favor— y donde se introdujeron más de medio centenar de enmiendas, que se votaron este miércoles. Entre ellas, eliminar el límite de edad de 26 años para la recepción de ayudas por parte de familias con hijos con enfermedades graves y que no fue aceptada. El Gobierno ya hizo uso de su capacidad de veto para bloquear las enmiendas que supongan un incremento presupuestario, como es el caso, y que en total cifró en 82 millones de euros.

La pasada temporada del Imserso 2025-2026 trajo consigo un par de novedades: estancias donde el pensionista podía traer a su animal de compañía y viajes a 50 euros. Esta última medida, que sigue vigente para la temporada 2026-2027, nació con el objetivo de evitar que las personas pensionistas con menor renta se vieran excluidas de estos viajes. En total, 5.221 pensionistas con rentas bajas pudieron beneficiarse de este descuento. Unos datos que desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 consideran todo un éxito, superando con creces al de la anterior rebaja, de un 50% sobre precio total del viaje: entonces solo se disfrutaron 523 plazas.

“Poder viajar no es un privilegio del que solo pueden gozar unos pocos. Todos y todas tenemos derecho al descanso, a conocer nuevos lugares, a coincidir y compartir con gente diferente”, ha subrayado este jueves el ministro Pablo Bustinduy durante la presentación de la temporada de viajes del Imserso en León.

La medida, ha explicado el ministro, tuvo una “amplia” implantación en todo el territorio nacional, con beneficiarios distribuidos en todas las provincias españolas. Pero las que concentran un mayor número de viajeros que han gozado este descuento han sido Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Alicante y Málaga.

Los destinos más populares para la tarifa plana de 50 euros fueron Andalucía y diferentes circuitos culturales, con 1.267 y 1.189 usuarios respectivamente. El siguiente destino más solicitado fue Catalunya, con 845 viajeros.

Los datos del año pasado también arrojan un cambio en las preferencias de los pensionistas. Tal y como ha descrito el ministro Bustinduy, “las encuestas de satisfacción realizadas reflejan cada vez más interés en los viajes del turismo de escapada, siendo los circuitos culturales y los viajes a las capitales de provincia los que tienen más interés”.

Poco a poco, el turismo de sol y playa empieza así a perder popularidad entre los beneficiarios del Imserso, que cada vez más se decantan por destinos de carácter cultural y de naturaleza.

Respecto a la otra novedad que trajo la temporada 2025-2026, la opción de viajar con animales de compañía para los viajes de costa peninsular y costa insular, se han podido beneficiar un total de 1.066 usuarios.

Quién puede acceder a la tarifa de 50 euros

No todos los pensionsitas que deseen reservar un viaje con el Imserso pueden acceder a esta tarifa reducida. Según el ministerio, es necesario cumplir unas condiciones económicas concretas, además de estar correctamente acreditado para participar en estos viajes.

En concreto, el Imserso establece que solo podrán acceder aquellas personas “con recursos económicos iguales o inferiores al importe de las pensiones no contributivas de jubilación o incapacidad”. Además, se asignarán las plazas a los solicitantes por orden de puntuación, de mayor a menor.

Con esta tarifa plana, presente también esta temporada 2026-2027, los pensionistas pueden acceder a cualquier destino por solo 50 euros, con independencia del destino original. El pensionista solo tendrá que costear esa cuantía, mientras que el Imserso sufraga el resto.

El Imserso añade que esta información “figurará en la carta de acreditación que reciba la persona usuaria y será válida para un sólo viaje a la zona de destino que aparece en la carta”.

7.447 plazas a 50 euros

Los viajes del Imserso de este año tienen fecha. A partir del 14 de septiembre se abrirán las reservas, y el primer viaje se realizará a partir del 1 de octubre, con destino a Oropesa. Se trata de una temporada que oferta 879.213 plazas, una oportunidad para democratizar el ocio al mayor número de pensionistas posible. Este año viene también con los viajes a 50 euros para los pensionistas con menores rentas.

En total, este año se han ofertado 7.447 plazas a 50 euros para pensionistas con recursos económicos iguales o inferiores al importe de las pensiones no contributivas de jubilación o incapacidad y que obtengan la puntuación necesaria en el sistema de valoración. También se mantendrá la opción de que los pensionistas puedan viajar con sus animales de compañía.

A partir del 14 de septiembre, los pensionistas podrán reservar su viaje para destinos de costa peninsular, costa insular o turismo de escapada bien a través de las páginas web de Turismo Social y en Mundi Color con su DNI y su clave de acreditación, o bien en cualquiera de las agencias de viaje autorizadas solo con el DNI. Desde esta temporada, ya no es posible reservar el viaje a través de los consistorios locales. Este año, los destinos están distribuidos de la siguiente manera:

Cada provincia tiene asignada una cantidad de viajes disponibles a cada uno de los destinos en proporción al número de personas mayores de 65 años residentes y censadas en la misma. Del 14 al 18 de septiembre, las personas solicitantes de los viajes solo podrán reservar aquellos correspondientes a su cupo por provincia.

Desde el Ministerio explican que esta medida tiene como fin escalonar la venta para evitar la posible sobrecarga de las centrales de reservas de viajes de las empresas contratistas y garantizar así su correcto funcionamiento. Más tarde, a partir del 19 de septiembre, se abrirá la cartera de viajes a todos aquellos que se hayan quedado sin comercializar en cualquier provincia. Después, el proceso de comercialización permanecerá abierto durante toda la temporada.

Además, con el fin de desestacionalizar el turismo y mantener la actividad y empleo en los destinos del Imserso a lo largo de todo el año, el programa distribuirá el 36% de las plazas de cada lote de forma proporcional durante todos los meses de la campaña.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto una multa de un millón de euros a la empresa de alquiler de coches Avis por cobrar a sus clientes una tasa de entre 33,88 y 45 euros cuando recibían una sanción de tráfico durante el periodo de alquiler de uno de sus vehículos.

La sanción, dictada en el grado máximo previsto para este tipo de infracciones, considera que la compañía estaba cobrando a los consumidores por una gestión que está obligada a realizar por ley: comunicar a la Administración la identidad de la persona que conducía el vehículo cuando se cometió la infracción.

La resolución de Consumo considera abusiva esta cláusula porque impone al consumidor el coste de un trámite que corresponde realizar al titular del vehículo. En el caso de las empresas de alquiler, estas deben facilitar a la Administración los datos de la persona arrendataria o, en su caso, el contrato de alquiler para identificar al conductor responsable.

Según el Ministerio, repercutir ese coste al cliente supone establecer una carga económica desproporcionada y rompe el equilibrio del contrato en perjuicio de la persona consumidora. La resolución considera que la práctica vulnera varios artículos de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

La tasa, que Avis aplicaba bajo el concepto de «gastos de gestión de sanción administrativa», se cobraba además del importe de la propia multa de tráfico.

Avis ya había sido condenada por una cláusula similar

Consumo considera la infracción «muy grave» al apreciar una circunstancia agravante: la empresa habría persistido en una práctica que ya había sido declarada ilícita.

En concreto, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Vitoria-Gasteiz declaró abusiva esta cláusula en una sentencia de septiembre de 2020. El fallo anuló varias condiciones generales utilizadas por Avis, entre ellas la comisión por la gestión de multas, y ordenó a la compañía eliminarlas, dejar de aplicarlas en los contratos vigentes y no incorporarlas en el futuro.

El Ministerio dirigido por Pablo Bustinduy considera que esta resolución judicial previa justifica la aplicación del grado máximo de la sanción, que asciende a un millón de euros.

Una denuncia de una asociación de consumidores

El expediente se inició a raíz de una denuncia presentada por la Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Vasca EKA/ACUV. La resolución agota la vía administrativa, aunque Avis todavía puede recurrir la sanción ante los tribunales.

Consumo señala que la obligación de identificar al conductor responsable está recogida en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y que, por tanto, no puede trasladarse al consumidor un coste adicional por cumplir con ese trámite.

Pilar Ferrer tiene 75 años y, pese a los “problemas que le acarrea la edad”, su bienestar es el que menos le preocupa. Su hija Cristina, de 55 años, tiene el grado II de dependencia y el 35% de discapacidad, y han decidido que lo mejor para su futuro es que ingrese en una residencia: “Cuesta aceptarlo, lleva desde que nació conmigo, toda la vida. Pero yo voy a tener que entrar otra vez al quirófano y me da miedo, no por mí, sino por ella”.

La preocupación también la genera el coste mensual de la residencia, pese a que le han concedido una prestación de ayuda, todavía no llega: “Puedo pagar tres, cuatro o cinco meses. Pero más no sé si voy a llegar. No puedo pagar 2.800 euros todos los meses porque con mi pensión y la ayuda que recibe mi hija por la incapacidad, no llega”.

La presión económica asfixia a miles de familias cuidadoras. “¿Podré seguir pagándolo?, ¿tardará mucho la ayuda?”, se plantea Pilar. Algunas familias reconocen haber prescindido de terapias necesarias por no poder costearlas, mientras otras admiten su “suerte” porque conocen la situación de otras personas.

La reforma de las leyes de dependencia y de discapacidad, que contará con la mayor partida presupuestaria de la historia, pretende paliar las problemáticas estructurales a las que se refieren estas familias: se eliminarán incompatibilidades para recibir ayudas, se reforzará el servicio domiciliario y la teleasistencia y se reconoce la accesibilidad universal como un derecho, entre otras medidas.

Las asociaciones y plataformas sociales reconocen el cambio como una “buena ley”. “Permitirá transitar de un modelo asistencialista a uno basado en los derechos y la autonomía”, aseguran desde el Comité Español de Representación de Personas con Discapacidad (CERMI). En la misma línea, el presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), Jesús Fernández, la valora positivamente: “Estas dos leyes convergentes impactan muchísimo en millones de ancianos y van a permitir que puedan seguir envejeciendo en su medio habitual, en su vivienda, y que se articulen toda una serie de prestaciones domiciliarias que permitan conseguir este objetivo”.

Las familias también la reciben con esperanza y se alegran del cambio, puesto que plantea cuestiones “muy positivas”, pero insisten en que estas medidas “deben materializarse”.

Javier Pérez es padre de Rosario, una joven de 29 años con discapacidad orgánica y un retraso intelectual debido a un daño cerebral que padeció al ser un parto prematuro. Javier cree que la ley “está muy bien”, pero “mejor está que se cumpla”. Su experiencia y las trabas burocráticas que ha padecido a lo largo de estos años le invitan a dudar de su eficacia. “Durante mucho tiempo me han contado muchas cosas que estaban sobre el papel, pero no estaban sobre la realidad. La Administración es la mayor incumplidora de la norma”, sentencia.

“Ahora es como un rayito de esperanza, siempre quieres pensar que va a ir bien. Pero esto al final no deja de ser una lucha partidista y estamos un poco en medio de las negociaciones entre políticos”, comenta Catalina Pol, la madre de Diego, un menor con Trastorno del Espectro Autista.

Trámites burocráticos

Hasta ahora la ley de dependencia establecía que desde que se presenta la solicitud hasta que se emite la resolución en la que se concede la prestación deben pasar como máximo seis meses. Con la reforma, este plazo pretende reducirse a tres. “No pueden cumplir ni lo de los seis”, interviene indignado el padre de Diego.

Ambos progenitores relatan las dificultades burocráticas: “A mi hijo le hicieron una valoración que se tenía que renovar en julio del 2023 y la renovación se hizo en 2025, dos años después. Mientras tanto hacían prórrogas de 9 meses a expensas de que alguien pasase por tu domicilio a hacer una valoración”, lamenta Catalina.

La familia explica que este retraso conlleva que la ausencia de este reconocimiento les perjudique en múltiples aspectos: “Si no tengo la renovación, no puedo renovar el carné de familia numerosa, si no puedo renovar el carné de familia numerosa, no tengo acceso a algunas prestaciones. Y cuando me lo renuevan, si va con retraso, tengo que volver a solicitarlo todo”. Catalina lo ilustra con ejemplos prácticos: “La tarjeta del coche de discapacidad, el bono social de la luz, la solicitud de ayudas…”.

Claudia García es una joven de Sevilla. Su madre, Mari Carmen López, sufrió un ictus y desde entonces tiene parálisis facial en la parte derecha y le cuesta andar. Mari Carmen tiene reconocida un 75% de discapacidad. “Nos ofrecieron dinero o una persona que viniera a casa”, explica Claudia, que junto a su padre eligió la primera opción porque entre ambos “pueden organizarse”. Sin embargo, no han podido obtener más ayudas: “Queríamos poner la silla que va por las escaleras. Preguntamos y tampoco nos la dan. Hay que presentar un montón de cosas: el certificado de discapacidad, la nómina, de todo. Y al final es para nada”.

Pilar Ferrer señala que para poder optar a las ayudas “ha tenido que presentar muchos informes” y reconoce la labor de las trabajadoras sociales: “Gracias a ellas, que me han ayudado y me han dicho: ‘Ahora ve aquí, ve allá, tráeme esto’”.

Aunque la ayuda de un asistente ya estaba reconocida por la ley, a Javier le dijeron que no “tenía sentido pedirla”: “No estaban concediendo por las carencias presupuestarias, no había para cubrir la demanda. La ley decía que estaba otorgando el servicio, pero en Andalucía había tres personas recibiéndolo”.

La presión económica

Ante las carencias estructurales, las familias asumen los costes económicos de su bolsillo. La familia de Rosario, al no recibir asistencia, la contrató. “Mi hija va a la universidad, a la academia, se desplaza por la ciudad. Necesita un asistente personal para llevar el ritmo de vida que lleva y tenemos contratada una persona que por las mañanas realiza esas funciones y por la tarde vamos nosotros”, explica Javier, que lamenta que no haya ninguna ayuda para costear los seguros sociales de los contratados: “Pago igual que paga el que tiene una persona contratada por tener la camisa planchada. A mí eso no me parece razonable, entiendo que son circunstancias distintas”.

La familia de Mari Carmen ha costeado todos los servicios para tratar de ayudarla en su recuperación, pero admiten que “no da para todo”. “La logopeda la tuvimos que dejar. Entre el fisioterapeuta, la piscina y el gimnasio… Y menos mal que mi padre trabaja y tiene un sueldo que más o menos se lo puede permitir”, relata su hija Claudia.

Las terapias a las que asiste Diego son costosas. Catalina cuenta que la beca del Ministerio de Educación, junto con otras prestaciones destinadas mensualmente para ellas “permiten cubrir una parte pero no todo”. Además, considera que son unos “privilegiados”, porque pueden hacer frente a esos costes: “He conocido familias que han tenido que renunciar y llevar a sus hijos, con mucha necesidad, a una hora a la semana de terapia”. Para ello han tenido que renunciar a otras cosas: “Hubo una época en la que medía todo en terapias, medía el tiempo en el coste de las horas. Veía que alguien se gastaba tanto dinero en algo y pensaba: ‘pues con eso me podría permitir cinco sesiones de terapia de Diego’”.

Las ayudas en ocasiones llegan, otras veces no y otras lo hacen tarde. Es el caso de Pilar, su prestación está aprobada para pagar una parte del coste de la residencia de su hija Cristina, pero todavía no la ha recibido: “La Generalitat Valenciana me dijo que sí. ¿Pero cuándo llegará?, ¿Cuándo me quede sin dinero para poder pagar? Lo empecé a solicitar hace 3 años”.

Catalina Pol, de Mallorca, explica que, en ocasiones, las prestaciones llegan con retraso: “A veces la ayuda te la pagan un año después, a los seis meses o a los cinco años. Nosotros esperamos casi cuatro años en cobrar una, que dices: ”‘Si son 160 euros igual ya hasta renuncio', pero eran 1.200 euros“.

“¿Quién cuidará de ella cuando yo no esté?”

El futuro es incierto para estas familias, que desconocen qué ocurrirá con sus familiares cuando ellos no puedan prestarles ayuda. “¿Quién cuidará de ella cuando yo no esté?”, plantea Pilar. Claudia también reflexiona sobre ello: “Vivo con mis padres, pero me terminaré yendo y claro, mi padre irá envejeciendo y va a tener que estar al cuidado de otra persona. Mi preocupación del día de mañana es cómo lo van a llevar los dos”.

Javier y su mujer están preparando un colchón económico: “Estamos haciendo un esfuerzo para que tenga un patrimonio y pueda cubrir los costes de asistencia o de una residencia”. Además, explica que hay familias que organizan proyectos privados de cara a futuro: “Plantean viviendas compartidas entre personas con discapacidad para que compartan servicios. En vez de tener una persona en tu domicilio o vivir en una institución grande, vivir en un sitio con cuatro o cinco personas donde los cuidados sean más precisos”.

Rechazo ante la lucha partidista

De alguna forma u otra, la nueva ley trata de dar respuesta y solvencia a las problemáticas que se hallan en el día a día de las personas dependientes, así como de sus familias. Las familias entonan al unísono “esperemos” ante las nuevas medidas. Las asociaciones las aplauden aunque reconocen que “tienen muy presentes los objetivos aún pendientes”.

Tanto unos como otros muestran su desagrado ante las discrepancias políticas, que también generan cierta incertidumbre. “Estos derechos no pueden estar sometidos a vaivenes presupuestarios, de que llegue otro y diga ‘bueno, pues yo voy a dar menos’”, añade Javier. Desde el CERMI reclaman un “aislamiento de la polarización y una paz política” en materia de discapacidad para que “los derechos no se vean malogrados por la crispación o el cálculo partidista”.

El presidente de la PMP habla sobre la necesidad de un “acuerdo” entre las fuerzas políticas: “Tiene que haber un pacto, igual que con el pacto de Toledo para las pensiones. Que se quite este rifirrafe y que se garantice, porque vamos hacia una sociedad muy envejecida donde cada vez vamos a tener que invertir más en cuidados”.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 prevé la creación de 1.032 puestos de trabajo en Cantabria en el sector de los cuidados tras haber aprobado este martes el Congreso de los Diputados la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad y la inyección extraordinaria de 55 millones de euros adicionales para esta comunidad autónoma entre 2026 y 2027.

El departamento que dirige Pablo Bustinduy estima que este refuerzo permitirá además a Cantabria incorporar a 2.493 nuevas personas beneficiarias y avanzar en la eliminación de la lista de espera.

La Cámara Baja aprobó este martes el texto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales para reformar las leyes de dependencia y discapacidad que, entre otras mejoras (más servicios, más prestaciones y menos burocracia), blinda la financiación del sistema de la dependencia, fijando en la normativa que la Administración General del Estado (AGE) tenga que aportar el 50% de la inversión.

Además, también este martes dio luz verde al Real Decreto-ley que aprobó el Gobierno a finales de junio para ampliar la aportación que la AGE hace a las comunidades autónomas para financiar el nivel mínimo de la dependencia. Se trata de las cuantías que se transfieren cada mes a los gobiernos autonómicos por el número de personas que tienen una prestación reconocida por dependencia y en función del grado que tengan.

Según fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, estas cuantías han comenzado a transferirse este mes de julio y, de media, han subido un 82%. El incremento, indican que beneficia especialmente a los grados que corresponden a las situaciones de dependencia más severa, grado II y III, que suben un 100% y un 128%, respectivamente.

También aprobó la aportación económica que Derechos Sociales repartirá este año entre las autonomías por el nivel acordado, que es la otra vía de financiación que tiene el sistema de la dependencia por parte de la AGE, y que también será incrementado, en 120 millones en 2026, y otros 120 millones más para 2027.

En total, sumando los incrementos en la financiación del nivel mínimo con los del nivel acordado, el Gobierno va a alcanzar la mayor inversión de la historia en dependencia: entre 2026 y 2027 transferirá 6.200 millones de euros más a las comunidades para que reduzcan las listas de espera. En este sentido, Derechos Sociales estima que puedan reducirse en 71.000 personas para 2027 y fija en 417.000 las personas nuevas beneficiarias.

Respecto a los trabajadores del sector de la dependencia, desde el Ministerio de Derechos Sociales se ha trasladado que un “objetivo prioritario” debe ser que esta ampliación en la financiación que recibirán las comunidades materia de dependencia se traduzca en una mejora de las condiciones laborales del sector y en mejores salarios, mejor formación y más estabilidad.

El presidente de la Xunta, el popular Alfonso Rueda, cree que “no hay ninguna incoherencia” entre la reclamación histórica de su partido de que el Gobierno asuma el 50% del gasto en dependencia y el hecho de que el PP votase en contra de la medida en la Comisión de Derechos Sociales del Congreso.

“Ojalá que el gobierno aporte ese 50%, porque eso es lo que llevamos pidiendo muchísimo tiempo”, aseguró en respuesta a los periodistas tras la reunión semanal del Consello de la Xunta. “Y ya no es que lo aporte desde ahora: es que le pague los 2.500 millones que le debe a Galicia desde que tenía la obligación” de hacerlo “y no lo está haciendo”.

Rueda criticó que el ejecutivo “siga poniendo obligaciones, deberes sobre deberes, que encarecen todavía más esta atención sin aportar su parte”, al tiempo que mantiene “paralizado” con un recurso en el Tribunal Constitucional el “plan de choque para agilizar la dependencia” aprobado por la Xunta.

“Cuando concreten todo será cuando habrá que fiarse del Gobierno y apoyarlo”. El presidente gallego recordó que desde Derechos Sociales ya se dijo “muchas veces” que aportaría la mitad del coste del servicio pero “en cuanto empiezas a discutir con los ministerios afectados, te dan unas cuentas que no son ciertas”.

“Por lo tanto, claridad y una propuesta que se pueda aprobar, no como la que presentaron” a la comisión del Congreso y que, pese al voto en contra de PP y Vox, continúa su trámite. Rueda no dejó pasar que la medida llegue por parte de un gobierno “que ni siquiera tiene presupuestos” y que, sin ellos, “ahor resulta que puede pagar todo lo que no fue capaz de pagar estos años”.

La temporada de viajes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) de 2026-2027 ya ha comenzado y viene cargada de novedades. El Programa de Turismo del Imserso, que este año oferta 879.213 plazas, cambia su modelo de gestión de reservas. Y es que, los ayuntamientos dejan de gestionar las reservas de este turismo social, quedando en manos exclusivamente de las agencias de viajes autorizadas, la sede electrónica del Imserso y un servicio telefónico de atención a los usuarios. Con esta decisión, el Gobierno central pone fin a un convenio de colaboración con los consistorios locales que llevaba vigente desde 1989.

El cese de colaboración entre entidades locales y el Imserso viene con el fin de que se cumpla la disposición adicional octava de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, ley que regula los convenios entre administraciones públicas. La norma da por extinguidos los convenios históricos suscritos con las entidades locales, debido a que la gestión de reservas y comercialización de plazas del Imserso corresponde al propio programa y a las empresas adjudicatarias, lo que deja fuera de la ecuación a los consistorios.

De este modo, se elimina la asignación de cupos a ciertos municipios, lo que uniformiza las oportunidades de todos los usuarios para acceder a una plaza del Imserso. A partir de esta temporada, solo podrán gestionarse las reservas por medio de las vías oficiales ya previstas en el programa: los canales propios del Imserso y las agencias de viaje autorizadas.

Hasta esta temporada, un total de 142 ayuntamientos repartidos por todo el territorio español colaboraban en la tramitación de unas 13.000 plazas anuales. De acuerdo con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, unos 4.000 usuarios recurrieron a entidades locales para la reserva de sus viajes en la pasada temporada. Se trataba de uno de los pilares de la atención presencial del programa de Turismo del Imserso, facilitando los trámites a las personas mayores con dificultades para utilizar medios digitales o con problemas de acceso a internet.

Cómo funciona el sistema de reservas del Imserso

Los usuarios que reservaban su viaje del Imserso en el ayuntamiento de su localidad deberán estar atentos al buzón. Los beneficiarios que hasta la pasada temporada tramitaban sus vacaciones por medio de sus consistorios quedarán incorporados automáticamente a la base de datos del Imserso. Recibirán una comunicación personalizada por carta, con las claves necesarias para realizar la reserva.

Las cartas de acreditación comenzarán a llegar a los pensionistas a lo largo de la segunda quincena de agosto, mientras que las reservas podrán realizarse en septiembre. Los viajes tendrán lugar entre mediados de octubre de 2026 y junio de 2027.

Nada más ha cambiado con respecto a la estructura del Programa de Turismo del Imserso. El tarifario este año oscila entre los 224€ y 409€ en el interior de la península, mientras que los destinados a Baleares y Canarias podrán alcanzar hasta 565€. Los precios varían en función del destino elegido, la duración de la estancia y si el paquete incluye transporte.

La temporada pasada el Ministerio introdujo tarifa plana de 50 euros para pensionistas con menos recursos. Este año, hay 7.447 plazas reservadas para aquellas personas que perciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o jubilación de la Seguridad Social. Estos usuarios solo deberán abonar una cantidad fija de 50 euros por su viaje, sin importar el tipo o destino. Con este importe tendrán incluido el alojamiento con pensión completa, el seguro de viaje y el transporte de ida y vuelta.

Requisitos para acceder a los viajes del Imserso

Como siempre, para acceder al Programa de Turismo del Imserso es necesario que el usuario cumpla los siguientes requisitos:

Los hogares que poseen dos o más viviendas en alquiler, tienen una renta mediana anual casi cuatro veces superior a la de quienes viven de alquiler. Además, su patrimonio neto puede llegar a multiplicar por 450 el de los inquilinos. Esta una de las principales conclusiones del informe elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en colaboración con el Instituto de Filosofía del CSIC (IFS-CSIC), a partir de los microdatos de la Encuesta Financiera de las Familias (EFF) del Banco de España.

El documento sostiene que la principal línea de desigualdad económica en España no pasa por la edad, sino por la posición que ocupa cada hogar en el mercado de la vivienda: si vive de alquiler, es propietario de su vivienda o, además, obtiene ingresos por alquilar inmuebles a terceros. El estudio titulado 'Renta, riqueza y régimen de tenencia' es el tercero de la serie 'Vivienda, Consumo y Desigualdad'. Está firmado por Javier Gil, investigador Ramón y Cajal del CSIC y autor del libro 'Generación inquilina'; Miguel García-Duch, doctor en Economía y profesor del Departamento de Economía Aplicada, Pública y Política de la facultad de Ciencias Políticas y Sociología en la UCM; Irene Lebrusán, asesora Científica del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y doctora en Sociología por la UCM; y Óscar Villas, técnico comercial y economista del Estado y vocal asesor en el gabinete técnico de la Secretaría General de Consumo y Juego.

Los inquilinos concentran las rentas más bajas

Los datos muestran una brecha entre quienes pagan un alquiler y quienes lo cobran. La renta mediana anual de los hogares inquilinos se sitúa en 21.335 euros. Entre los propietarios de la vivienda en la que residen asciende a 32.120 euros, un 51% más. Los hogares que alquilan una vivienda a terceros alcanzan una renta mediana de 50.959 euros (2,39 veces la de los inquilinos). En el caso de los multiarrendadores, con dos o más viviendas alquiladas, la cifra llega a 80.375 euros anuales, 3,77 veces superior.

La brecha no se detiene ahí: crece cuanto más viviendas se acumulan. Entre quienes alquilan dos viviendas, la renta mediana sube hasta los 74.808 euros; entre quienes alquilan tres, hasta los 83.898 euros; y entre los que tienen cuatro o más, supera los 213.000 euros anuales. Según el estudio, quienes obtienen ingresos del alquiler se encuentran entre los grupos con mayores niveles de renta, mientras que los hogares inquilinos concentran los ingresos más bajos.

Una brecha patrimonial mucho mayor

Las diferencias son todavía más acusadas cuando se analiza la riqueza acumulada. Los hogares que viven de alquiler cuentan con un patrimonio neto mediano de apenas 2.217 euros. Entre quienes son propietarios de su vivienda habitual la cifra asciende a 193.919 euros, lo que supone una riqueza casi 90 veces superior.

La distancia se dispara entre quienes, además de ser propietarios, alquilan una vivienda a terceros: su patrimonio mediano alcanza los 407.975 euros, 184 veces más que el de los inquilinos. Y entre los multiarrendadores con dos o tres viviendas la riqueza mediana ronda ya el millón de euros (972.189 euros y 1.069.029 euros, respectivamente), hasta superar los 1,5 millones (1.519.186 euros) entre quienes alquilan cuatro o más. En conjunto, los multiarrendadores acumulan una riqueza neta mediana de 996.826 euros, 450 veces superior a la de los hogares inquilinos.

El informe interpreta estos datos como una evidencia de que el mercado del alquiler canaliza recursos desde los hogares con menor capacidad económica hacia aquellos que ya acumulan más patrimonio: “El arrendamiento de viviendas es una actividad concentrada principalmente entre hogares con mayor patrimonio. Lejos de reducir las desigualdades, el sistema tiende a reforzarlas”, concluye el informe.

¿Qué divide más: la edad o la vivienda?

Uno de los hallazgos que más subraya el informe es que la brecha generacional, con tanto protagonismo en el debate público de los últimos años, resulta menos determinante que la posición en el mercado de la vivienda.

En términos de renta, las diferencias entre grupos de edad son moderadas: la renta mediana oscila entre los 19.651 euros de los mayores de 74 años y los 34.200 euros de quienes tienen entre 45 y 54. Apenas 14.549 euros de diferencia entre el extremo más bajo y el más alto. Los menores de 35 años, de hecho, no son el grupo con menor renta: su mediana (26.900 euros) es similar a la de quienes tienen entre 65 y 74 años (27.416 euros); son los mayores de 74 quienes registran la renta más baja de toda la distribución.

Donde sí aparece una brecha generacional relevante es en el patrimonio: los menores de 35 años tienen una riqueza neta mediana de 20.069 euros, frente a los 223.960 euros de quienes tienen entre 65 y 74 (el grupo con más patrimonio), es decir, una diferencia de unos 200.000 euros. Pero esa distancia, con ser importante, es muy inferior a la que separa a inquilinos de arrendadores, que oscila entre los 405.000 y los 994.000 euros según el número de viviendas en alquiler.

El propio informe lo resume así: “La desigualdad en España tiene menos que ver con cuántos años tienes y más con si pagas un alquiler, tienes una vivienda en propiedad, o si percibes ingresos procedentes del arrendamiento de viviendas”. Y añade, en sus conclusiones: “las personas jóvenes no tienen menos riqueza porque sean jóvenes, sino principalmente porque son inquilinas”.

Esa brecha de acceso a la propiedad se ha acelerado en la última década: en 2011, el 69,3% de los menores de 35 años era propietario de su vivienda; en 2022, ese porcentaje había caído hasta el 31,8%, un descenso de más de 37 puntos porcentuales en apenas once años. Entre los hogares de 35 a 44 años la caída también es notable (del 77,6% al 61,8%), mientras que entre los grupos de más edad el retroceso es mucho más moderado (los mayores de 74 años pasan del 87,9% al 84%).

Más concentración de la riqueza inmobiliaria

El estudio también identifica una creciente concentración de la riqueza residencial en muy pocas manos. En 2002, el 90% de los hogares acumulaba el 65,4% del patrimonio inmobiliario en vivienda; dos décadas después esa proporción había descendido hasta el 58,1%. En paralelo, el 10% más rico pasó de concentrar el 34,5% al 41,9% de toda la riqueza residencial. Dentro de ese 10%, la concentración se intensifica todavía más: el 5% de los hogares con más patrimonio acumula el 27,7% de toda la riqueza en vivienda, y el 1% más rico concentra, él solo, el 10,7%.

El índice de Gini de la riqueza en vivienda (que mide de 0 a 1 el grado de concentración) se mantuvo relativamente estable en torno a 0,50 entre 2005 y 2011, pero desde entonces ha subido con claridad: 0,544 en 2014, 0,589 en 2017 y 0,591 en 2022, el valor más alto de toda la serie histórica y un 18% por encima del nivel de 2005. La curva de Lorenz del informe (que representa gráficamente cómo se reparte la riqueza) confirma esa evolución: la de 2022 queda sistemáticamente por debajo de la de 2002, señal de que una parte cada vez más pequeña de los hogares concentra una porción cada vez mayor del patrimonio en vivienda.

Para los autores, esta evolución refleja que la revalorización de la vivienda ha beneficiado principalmente a quienes ya eran propietarios, especialmente desde la intensa subida de precios observada a partir de mediados de la década de 2010.

El alquiler reduce la capacidad de ahorrar

El informe también advierte de que el aumento de los precios del alquiler intensifica estas diferencias. Cuanto más elevada es la renta mensual que pagan los inquilinos, más recursos se transfieren hacia los propietarios y menor capacidad de ahorro tienen los hogares arrendatarios. Esa pérdida de capacidad económica dificulta posteriormente el acceso a una vivienda en propiedad y limita la acumulación de patrimonio por otras vías.

Los autores sostienen que la subida del precio de la vivienda y de los alquileres no es un fenómeno neutral desde el punto de vista económico, ya que amplía las diferencias entre quienes ya poseen activos inmobiliarios y quienes permanecen fuera del mercado de la propiedad.

En sus conclusiones, el informe es explícito sobre las implicaciones de política pública: la corrección de estas disfuncionalidades del mercado “a través de políticas de acceso, regulación del alquiler y fiscalidad sobre la propiedad u otras fórmulas”. No es solo una cuestión de equidad, sino “una condición necesaria para frenar una dinámica que, de seguir su curso, tenderá a profundizar las brechas existentes”.

El Ministerio de Derechos Sociales inicia este lunes el procedimiento para que el Consejo de Ministros apruebe una partida de más de 904 millones de euros, a repartir entre las comunidades autónomas, para financiar el nivel acordado de la dependencia. La cifra, que alcanza los 970 millones de euros incluyendo los recursos que reciben los gobiernos de Euskadi y Navarra, supone un récord histórico de financiación e implica que el Estado abonará más de 7.000 millones de euros al año en dependencia a partir de 2027.

Este presupuesto pretende complementar la financiación de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia conforme al cumplimiento de objetivos establecidos, entre el Gobierno y las comunidades autónomas, como la reducción de las listas de espera o la mejora del empleo en el sector. La partida presupuestaria del nivel acordado fue eliminada en 2012 y no se recuperó hasta 2021, cuando se dota con 307 millones de euros, que han crecido hasta alcanzar los 970 millones de euros actuales.

El aumento se enmarca en el crecimiento exponencial del nivel mínimo, que hace dos semanas duplicó las cuantías que el Estado transfiere a los gobiernos de las comunidades autónomas por cada persona con un grado de dependencia reconocido. La ampliación económica supone que, entre el nivel mínimo y el nivel acordado, la aportación estatal sea de 6.200 millones de euros más entre 2026 y 2027. Una inversión que además de ser récord, es estructural y queda blindada para los siguientes años. Los gobiernos de las comunidades autónomas incrementarán un 98,7% sus fondos para la dependencia y, en total, el Estado abonará 7.239 millones de euros a las comunidades autónomas en 2027.

En las transferencias del nivel mínimo, el Estado central no tiene capacidad para influir en el destino final de esos fondos, más allá de que los gobiernos autonómicos deban emplearlos en dependencia. Sin embargo, son estos, en cumplimiento de sus competencias, quienes deciden en qué los emplean. En el caso del nivel acordado, estos sí están ligados a objetivos concretos, pactados entre los ejecutivos autonómicos y el central. El Ministerio de Derechos Sociales llevará su propuesta este jueves a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, el paso previo al Consejo de Ministros.

La ampliación económica ha supuesto también la refundación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que tiene como objetivo reforzar los recursos que reciben los gobiernos autonómicos. Así, la norma incluye nuevos servicios para la ciudadanía como: nuevos modelos de convivencia colaborativa, productos de apoyo que mejoren la autonomía, servicios de teleasistencia personal para quienes lo deseen y extensión del servicio de ayuda a domicilio.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el 23 de junio un real decreto de financiación a la dependencia, que implica que las comunidades autónomas recibirán 2.000 millones de euros más en 2026 y 4.000 más en 2027. “Todos, antes o después, necesitamos alguien que nos cuide”, indicaba Sánchez en una comparecencia previa a la aprobación de la medida. El presidente calificó el aumento como la “mayor inversión en dependencia de nuestra historia democrática”, afirmación que ratificó el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy: “No solo supone la mayor inversión social de esta legislatura y de la anterior, sino que es la mayor ampliación de la red de protección social de este país en décadas”.

El Ministerio de Derechos Sociales ha estimado que, a finales de 2027, Cantabria podría reducir la lista de espera para acceder a una prestación “efectiva en un 100%” gracias a la “histórica ampliación” de las cuantías que el Estado transfiere para financiar el sistema de la dependencia, al tiempo que se incrementa en 2.500 el número de personas que entran en el sistema.

Este “descenso récord” de la lista de espera se producirá en solo un año y medio, según las proyecciones realizadas por Derechos Sociales, el Ministerio que ha impulsado esta nueva financiación, aprobada la semana pasada por el Gobierno de España, en un contexto en el que cada año aumenta el número de personas que solicitan atención por dependencia en la comunidad autónoma.

Según estas mismas previsiones, a finales de 2027 Cantabria dispondrá de fondos suficientes para conseguir que 2.493 personas más reciban una prestación por dependencia, lo que supone un aumento del 12,89% respecto a 2025, y una cifra total de 21.824 personas atendidas dentro del sistema, ha informado este domingo el departamento de Pablo Bustinduy.

Las nuevas cuantías se han empezado a abonar este mes de julio y se traducirán en una inversión adicional de 6.200 millones de euros que se transferirán a los ejecutivos autonómicos de aquí a finales de 2027.

Además de la “notable” reducción de las listas de espera y del aumento “significativo” en el número de personas atendidas, este incremento en la financiación se traducirá también “en una mejora en la calidad de las prestaciones que se reciben y en las condiciones laborales del personal que ofrece los cuidados a las personas en situación de dependencia”, según el Ministerio.

Derechos Sociales ha afirmado que se seguirán reduciendo las listas de espera e incrementado el número de personas con una prestación más allá de 2027, ya que esta mayor aportación estatal a las CCAA es estructural puesto que las nuevas cuantías quedan fijadas y blindadas por ley y, por tanto, los gobiernos autonómicos continuarán disponiendo de esta mayor financiación también en 2028 y en años sucesivos.

Extremadura recibirá 114,2 millones de euros más del Gobierno de España entre 2026 y 2027 para financiar el nivel mínimo de la dependencia. El real decreto-ley que aprobó este martes el Consejo de Ministros para ampliar las cuantías que el Estado aporta al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) supondrá un importante incremento de las cantidades que recibirán las autonomías por cada persona que tiene un grado reconocido de dependencia.

Esta ampliación de las cuantías entra en vigor de forma inmediata, el próximo 1 de julio, y es especialmente significativa en la dotación destinada por cada persona en grado III (gran dependencia) y en grado II (dependencia severa), que aumentan un 128% y un 100%, respectivamente, ha detallado el Ministerio de Derechos Sociales en un comunicado.

Estos incrementos, sumados al del 18% aplicado al grado I (dependencia moderada), implican que la aportación estatal al SAAD será la mayor de su historia, según ha subrayado.

Extremadura, según la última cifra publicada por el Imserso, de 31 de mayo de 2026, tiene 37.451 personas con prestaciones reconocidas. En base a ello, el Ministerio de Derechos Sociales estima que el Gobierno de España transferirá 114.231.780 euros más a la Junta de Extremadura entre 2026 y 2027, solo para el nivel mínimo.

Es decir, para cubrir las cuantías que el Estado aporta por cada persona con grado reconocido y, por tanto, ha aclarado, sin incluir la inversión adicional que supone el nivel acordado, que es la otra vía con la que el Gobierno de España contribuye a la financiación de la dependencia y cuya cantidad se abordará en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD que se celebrará el próximo lunes, 29 de junio.

Desglosado por años el incremento estimado para el nivel mínimo, la Junta de Extremadura recibirá 38.077.260 euros más en 2026 y 76.154.520 euros más en 2027.En total, la aportación estatal a la dependencia extremeña será en 2026 de 111.834.060 euros y en 2027 de 149.911.320 euros. Según esta misma estimación, la aportación total del Estado al nivel mínimo de la dependencia extremeña hubiera sido notablemente más baja de no haberse aprobado esta semana la ampliación de las cuantías por grado.

En concreto, en base al número de personas existentes en el sistema actualmente, se habrían transferido 73.756.800 euros a la Junta de Extremadura, ha precisado Derechos Sociales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes un real decreto de financiación a la dependencia que dotará a las comunidades autónomas de 2.000 millones de euros más en 2026 y otros 4.000 más en 2027, cuando el Ejecutivo llegarán al compromiso de financiación del 50%. “Todos, antes o después, necesitamos alguien que nos cuide”, ha señalado Sánchez en una comparecencia previa al Consejo de Ministro, donde se aprobará la medida.

La medida, que desde el Ejecutivo califican de “histórica”, supone aumentar de forma estructural la partida que se transfiere desde el Estado central para la dependencia. Estos importes se incorporarán desde el nivel mínimo que reconoce la ley y la cuantía que reciben las comunidades se calcula por cada persona que tiene reconocida la dependencia. “La grandeza de un país no se mide por los rascacielos o las cuentas de sus grandes empresas, sino por como cuida”, ha señalado el presidente.

Es, ha dicho Sánchez, la “mayor inversión en dependencia de nuestra historia democrática”, que “multiplica por cinco la financiación estatal”. “No solo supone la mayor inversión social de esta legislatura y de la anterior, sino que es la mayor ampliación de la red de protección social de este país en décadas”, ha señalado el ministro Bustinduy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha insistido en que se trata de una “inversión sin precedentes para refundar el sistema de la dependencia en España”.

El Estado central transfiere actualmente a las comunidades autónomas más de 3.600 millones de euros al año, por lo que la cuantía supondrá 6.200 millones más entre estos dos ejercicios y llegará al doble en 2027. Unas cantidades que las comunidades autonomas podrán dedicar a aumentar sus ayudas, contratar personal, reducir las listas de espera, mejorar los servicios que prestan, etc. Cuando Sánchez llegó a la Moncloa, en 2018, la financiación suponía 1.347 millones, trás “años de abandono”.

Esta cifra “récord” se alcanzará en el marco de una reforma del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia y supondrá un aumento de las cuantías que los gobiernos autonómicos reciben por cada persona que tiene reconocido algún grado de dependencia. En el caso del grado I, pasarán de 76 a 90 euros al mes por persona, un 18%; para los de grado II, se duplican, de 130 a 260 euros; y para los casos de grado III, subirán un 128%, de 290 a 660 euros al mes por persona.

El real decreto liderado por el Ministerio de Derechos Sociales, que deberá pasar por el Congreso, supondrá así mismo un blindaje de estos presupuestos, ya que revertir estos aumentos requeriría rehacer la normativa, si esta llega a aprobarse. Con esto, el Ejecutivo cumple el acuerdo de coalición de llegar al 50% de la financiación de una ley que alcanza a 1,6 millones de personas en todo el territorio, y avanza en la estrategia de cuidados que impulsó el ministro Pablo Bustinduy.

“Ese compromiso queda reflejado en la ley, lo que supone un avance irreversible para garantizar que nunca más el gasto en dependencia pueda ser moneda de cambio o variable de ajuste, como sucedió en la era de los recortes, pero también para asentar las bases de un nuevo modelo de cuidados que cuente, ahora sí, con los recursos suficientes para poder garantizar unos servicios públicos de la mayor calidad y un derecho subjetivo de la ciudadanía”, ha dicho el ministro.

Con este impulso el Ejecutivo persigue “reducir las listas de espera”, porque “cuando una persona necesita ayuda, el tiempo importa”, ha defendido Pedro Sánchez, que ha marcado también entre los objetivos que haya “más y mejores cuidados” y “dignificar las condiciones de quienes cuidan” porque “no podemos pedir cuidados de primera con condiciones laborales de segunda”.

Ese “andamiaje para la tranformación profunda” del sistema de dependencia, como lo ha denominado Bustinuduy, se levantará en torno a este real decreto, que el ministro quiere llevar al Congreso para su convalidación junto a las leyes de discapacidad y dependencia. El objetivo, ha dicho, es “dejar atrás el modelo asistencial y masificado y hacer posible un sistema personalizado y cercano, que permite que la gente pueda seguir viviendo en sus domicilios el tiempo que lo desee”.

El Gobierno reconoce el trabajo de los Servicios Sociales municipales durante la dana con la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social. El ministro Pablo Bustinduy, titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha anunciado el reconocimiento durante la clausura este martes en Valencia la última jornada del I Congreso Multisede sobre servicios sociales, cuidados y comunidad: ‘Los cuidados que queremos’.

Se trata de una iniciativa impulsada por el ministerio para abordar los grandes retos de los servicios sociales y los cuidados en España. Tras su paso por Barcelona, Sevilla, Pamplona y Zamora, el Congreso ha cerrado su recorrido en la capital valenciana poniendo el foco en el impacto de la emergencia climática sobre las personas y comunidades en situación de mayor vulnerabilidad.

El distintivo supone un reconocimiento a su extraordinaria labor y a los méritos demostrados durante la emergencia y en las posteriores tareas de recuperación social y comunitaria. “Es el reconocimiento de todo un país a quienes han estado sosteniendo a sus vecinos cuando más lo necesitaban, en condiciones muy difíciles, dando la mejor imagen de quienes somos como sociedad, la mejor imagen de lo público”, ha apuntado Bustinduy, señalando que cualquier reconocimiento es limitado pero que “la democracia española en su conjunto quiere reconocer la labor tan difícil como generosa y ejemplar”.

Además, Derechos Sociales anunciará en los próximos días nuevos distintivos destinados a reconocer la labor de entidades, profesionales e instituciones relacionadas con la acción social que hayan redundado en beneficio del bienestar social. Las cruces serán otorgadas el próximo 15 de junio en un acto en la sede del ministerio.

Respecto a los efectos de la crisis climática y las consecuencias de fenómenos meteorológicos extremos, el ministro Bustinduy ha defendido que estos no impactan por igual en toda la población, sino que recaen con una mayor intensidad sobre quienes ya sufren situaciones de desigualdad o exclusión social. “Todos los colectivos ya de por sí expuestos a la discriminación y la desigualdad se ven impactados de forma mucho más severa por las catástrofes climáticas”, ha subrayado. En este sentido, el ministro apunta que la crisis climática exige de una respuesta pública que incorpore una perspectiva social y que tenga en cuenta las diferentes capacidades de las personas para afrontar una realidad marcada por fenómenos climáticos cada vez más frecuentes e intensos.

“La experiencia nos ha enseñado lo cruel que es un sistema que permite que quienes menos tienen, quienes viven mayores dificultades en nuestra sociedad, se vean doblemente afectados por la crisis climática”, ha recalcado. Por ello, Bustinduy defiende la necesidad de “reforzar la incorporación de la dimensión social a toda la actuación en materia climática” que incorpore las necesidades y vulnerabilidades específicas de aquellos colectivos que se ven especialmente afectados, como las personas migrantes; personas en situación de dependencia; con discapacidad; las mujeres, los niños y niñas; las personas inquilinas; las personas con menos recursos o con bajos niveles educativos.

“Hay que adaptar nuestras instituciones, modos de producción y de vida a un escenario distinto”, defiende el ministro. Además, durante la jornada Bustinduy ha anunciado que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 va a publicar un informe conjunto con el Ministerio de Sanidad sobre vulnerabilidad social y crisis climática para dar respuesta a la nueva realidad social del siglo XXI. El encuentro ha servido para compartir experiencias, identificar buenas prácticas y avanzar en una hoja de ruta. A lo largo de la jornada de este martes se ha analizado cómo adaptar los servicios sociales y las comunidades a los efectos del calentamiento global para reforzar la capacidad de respuesta en situaciones de emergencia. Además, se ha abordado el impulso de una protección social inclusiva que garantice que las políticas de adaptación y mitigación frente al cambio climático contribuyan a reducir las desigualdades.

María y su familia estuvieron más de un año esperando para recibir una ayuda que les permitiese afrontar con más recursos la discapacidad de su hijo. “Te hacen pasar momentos de angustia, es un desgaste increíble”, lamenta ella. La media desde que se solicita una prestación hasta que se obtiene una respuesta fue de 246 días, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad para el primer trimestre de este año. Y, desde que se recibe una respuesta favorable hasta que finalmente se obtiene, pasan otros 62. En total, el tiempo medio para hacer efectivo un derecho legal alcanza los 329 días.

Los datos del último Panel del Servicio para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) arrojan algunas mejoras. Hay récord de personas con derecho a prestación, más de 1,6 millones; las listas de espera se han reducido en 12 días respecto a marzo de 2025; y el total de gente esperando, ha caído un 16,6%. Pero muchas voces piden huir del triunfalismo. “Está muy bien que se reduzca la espera en 12 días, pero cuando llevas años esperando, da un poco de rabia”, apuntan desde la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales.

Según los últimos datos disponibles, 1,66 millones de personas reciben en España algún tipo de prestación por dependencia. Como muestra el siguiente gráfico, son apenas unos pocos miles más que en 2025, pero un 90% más que hace una década. Precisamente, en 2015 se incluyó en la ley a los usuarios de grados menos dependientes, lo que amplió los potenciales receptores.

Para el presidente de la Asociación estatal de directoras y gerentes de servicios sociales, José Manuel Ramírez, “es normal que todos los meses se incremente el número de personas atendidas, cuando hay 270.000 en lista de espera”. Va más allá, porque el Ministerio solo incluye en el conteo a aquellas personas que superan el umbral de los 180 días esperando. Tampoco se tienen en cuenta, por ejemplo, las revisiones.

Las personas en lista de espera se dividen en dos grupos: las que están pendientes de ser valoradas y las que lo están de recibir la prestación. En el año 2025, el total se redujo en 12.158 personas, pero cada mes unas 10.000 personas piden entrar en el sistema de dependencia, lo que tensiona la tramitación. Con todo, la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, ponía en valor la “capacidad del sistema para responder más rápido de lo que la demanda está creciendo”, porque “mientras las solicitudes crecen a un ritmo del 7,3%, las personas atendidas lo hacen a un 9,8%”.

Esa “capacidad” del sistema se traducía a finales de marzo en 329 días de espera —casi once meses— de media estatal. Pero hay comunidades donde las familias esperan mucho más y otras donde los trámites van más ligeros. Según los últimos datos disponibles, Murcia es quien más hace esperar a sus personas con dependencia, 553 días de media, y Castilla y León, la que menos, con 116.

Desde 2023, la mayoría de comunidades han hecho esfuerzos por agilizar los tiempos de tramitación de la prestación concedida. Sin embargo, en general, han subido los días de espera hasta obtener una respuesta, con lo que el saldo medio ha mejorado en apenas una semana.

En el siguiente gráfico se puede ver la evolución de ambos indicadores y del total, comunidad a comunidad. Por ejemplo, en ese periodo, Asturias redujo en 62 días (hasta los 62) el tiempo de tramitación de la prestación concedida, pero ahora hay que esperar 164 días más (308) para llegar a ese momento, por lo que el retroceso ha sido más que notable, pasando de 260 a 375 días. En el caso de Madrid, esta región ha empeorado en todos los indicadores.

Esos días los reflejan las estadísticas, pero los cuentan las familias. “Acceder a los recursos es burocracia, papeleo, obstáculos y tiempo, mucho tiempo, en el que tienes que poder seguir manteniéndote, con la dificultad que esto supone en la vida cotidiana para la supervivencia de las personas”, explica Silvina Funes, la presidenta de la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales, un colectivo eminentemente feminizado y para quién “superar estos obstáculos es como los juegos del hambre”.

30.000 muertes al año

La espera tiene su cara más amarga en las personas que fallecen sin haber recibido una prestación a la que tienen derecho. Solo en el primer trimestre de este año fueron unas 9.000, entre las que esperaban la valoración o la ayuda en toda España. En 2025, sumaron más de 32.700 y en 2026, 34.250.

Al margen de los tiempos, hay otro factor que preocupa en el marco de la atención a la dependencia. Una deriva 'low cost', que carga a las familias. Del total de 2,4 millones de prestaciones totales a final del primer trimestre del año, “el 57% se dan ya en los hogares y en el entorno más cercano”, destacaba el Ministerio de Derechos Sociales. Es decir, la mayor parte de esas ayudas van destinadas a familiares que cuidan y suponen 172,5 euros de media para dependientes de grado I; 276,6 euros para los de grado II; y 383,6 euros para los de grado III.

“Vamos hacia un sistema de bajo coste, con servicios de baja intensidad y prestaciones económicas muy bajas. Con 260 euros al mes no se puede decir que se está atendiendo este tema”, considera Ramírez. Un informe de Comisiones Obreras, publicado en febrero de 2025, ya alertaba de que el sistema estaba dominado por “prestaciones baratas y basadas en cuidados no profesionales”, aunque se reduzcan las listas de espera.

El caso de María pone de manifiesto una de las reivindicaciones que comparten todas las voces consultadas: aliviar a las familias de trámites burocráticos que frenan las ayudas. Ella solicitó la valoración en diciembre de 2022. En febrero de 2023 le pidieron un documento, que entregó en marzo por sede electrónica. Cuando un año después preguntó por el estado de su solicitud, le dijeron que faltaba ese papel. No era cierto. “Me dieron cita urgente y me pagaron los atrasos, pero un año después”, recuerda. Entre media, tuvo que afrontar, entre otros gastos, unos 300 euros mensuales solo para llevar a su niño a un especialista, porque los tenía: “En ese momento trabajábamos los dos y los padres de mi pareja estaban en casa, pero imagínate una familia en otra situación”.

Otro de los handicaps que presenta la normativa actual es la incompatibilidad de algunas prestaciones. “Es como si vas a una operación y te hacen elegir entre el cirujano y el anestesista”, ejemplifica Silvina Funes. En la práctica, los datos ya “apuntan a un cambio de modelo”, explicaba el pasado viernes la secretaria de Estado, porque el número de prestaciones por persona pasó de 1,28 en 2021 a 1,44 en 2026. “Las personas que entran en el sistema combinan más cuidados, apoyos más adaptados a su situación y sus decisiones”, afirmó.

El Ministerio de Derechos Sociales trabaja en una reforma de la ley de dependencia, que tiene “dos orientaciones principales: eliminar las incompatibilidades de las prestaciones y ampliar la cartera de servicios y reforzar recursos con gran potencial para transformar el modelo, como la asistencia personal, los centros de día o la ayuda a domicilio”.

Para la presidenta de la Fundación Pilares de la Autonomía Personal, Pilar Rodríguez, el sistema de autonomía y dependencia sí ha dado un salto en los últimos años. Sobre todo, tras los recortes del año 2012, a consecuencia de la crisis económica, que no terminaron de revertirse hasta 2023, con Ione Belarra al frente del departamento de Derechos Sociales. En este sentido, Rodríguez, que fue una de las autoras del libro blanco sobre dependencia previo a la norma de 2006, considera que ha habido un esfuerzo por “analizar la calidad de las prestaciones y comprobar si con ellas se resuelve realmente el problema de las familias, porque el peso de los cuidados todavía recae sobre las mujeres”.

Desde el Ejecutivo buscan avanzar en la idea de la desinstitucionalización. Tiene sus ventajas e inconvenientes, porque permite a las personas permanecer en sus hogares, pero sin los recursos suficientes supone, en muchos casos, una carga incompatible con la propia vida para las cuidadoras. “Ninguna economía del mundo es capaz de asumir en exclusiva el coste que supone la dependencia, mientras muchas familias quieren seguir cuidando, pero sin sobrecargarse de una manera excesiva”, explica Rodríguez.

Según un reciente estudio de Fedea, con datos de 2024, España continúa “rezagada respecto al contexto europeo”. “El esfuerzo financiero destinado a cuidados de larga duración se sitúa en torno al 0,9-1% del PIB, una proporción notablemente inferior al promedio de la OCDE, que alcanza el 1,8%”, indica el trabajo. La financiación es otra de las vías de mejora que reclaman las entidades y asociaciones y que para la Asociación estatal de directoras y gerentes de servicios sociales se encuentra en este momento paralizada, porque el aumento en el gasto corresponde a mayor número de prestaciones, pero no tanto a que estas se incrementen.

Desde las familias, han reclamado también que la nueva ley incorpore un reconocimiento económico y laboral de las cuidadoras y que se reduzca la carga que asumen en solitario. “Somos nosotras las que sostenemos el sistema, gracias a nuestro trabajo, y nuestras renuncias”, explica Patricia, también de la plataforma, que destaca que, en muchas ocasiones, son ellas quienes renuncian a trabajo remunerado, salario, cotizaciones y pensión.

“No haces nada con una prestación o una teleasistencia. Hay que ir sumando atributos, una serie de pocos que hacen un todo para la persona que realmente lo necesita”, coincide Rodríguez, que pide tener una visión más holística: “Necesitamos un ecosistema de cuidados en el entorno comunitario de salud, de servicios sociales, farmacia, elementos asociativos en los barrios, políticas preventivas... Vamos a vivir muchos años y vamos a necesitar más cuidados, así que tenemos que meternos en la cabeza que esto es cosa de todos”.

La cardiopatía es la enfermedad congénita más frecuente, afecta a 200.000 adultos, pero nuestro país al igual que en el resto de la Unión Europea, no tiene un baremo de evaluación de discapacidad propio en el Real Decreto 888/2022.

Hay dos razones para esa exclusión. Por un lado, el desconocimiento social sobre el camino vital de estos pacientes. Por otro, que los avances en sanidad e investigación han mejorado la esperanza de vida de los pacientes, reduciendo la gravedad de la enfermedad y creando la falsa sensación de que no hay una urgencia para incluirla como una discapacidad.

A diferencia de los años 70, 80, 90, en los que la mortalidad era del 90% antes de los tres años, gracias a nuestra sanidad pública actualmente el 90% de los pacientes llega a la edad adulta. Aun así, después de la adolescencia estos pacientes requieren, durante diferentes etapas de su vida, varias cirugías cardíacas paliativas, colocación de marcapasos o incuso un trasplante cardíaco. 

Cuando estos adultos, la mayoría jóvenes, quieren comenzar a trabajar se les infravalora su grado de discapacidad, al no tener un baremo propio, por lo que la gran mayoría no tiene posibilidad de ser contratado o que se le adapte el puesto de trabajo; el resultado es su exclusión social. Lo único que quieren es trabajar como modo de agradecer todo lo que la sociedad les ha dado desde que nacieron y para su realización personal. Ante esta dificultad, acaban pidiendo la incapacidad permanente con el consecuente aumento de gasto para el Estado. 

Para intentar resolver este gran problema laboral, a iniciativa de sus cardiólogos y cirujanos cardíacos y junto a la ayuda de Esther Piqueras, madre de la exministra Carmen Chacón –fallecida en 2017 a causa de una cardiopatía congénita–, se ha impulsado a través del grupo parlamentario socialista (mediante la diputada María Luisa García Gurrutxaga) una Proposición no de Ley para tramitar un baremo e incorporarlo al Real Decreto para que pudiese ser ya utilizado en los centros base de evaluación de discapacidad de todo el país.

Para su realización, se formó un grupo de trabajo de la unidad de cardiopatías congénitas del adulto del hospital La Paz creando tras meses de dedicación altruista, un baremo avalado científicamente por las sociedades que respaldan el trabajo de estos profesionales, único en la Unión Europea.

La votación en el Congreso fue el 16 de octubre de 2025 salió adelante con un apoyo a favor de 309 votos, ninguno en contra y la abstención de Vox y Junts. Ese mismo día el Gobierno hizo un escrito para iniciar su tramitación.

Pero tras la aprobación en el Congreso, las reuniones que hemos tenido con el IMSERSO y el Ministerio de Derechos Sociales no han sido productivas. El Ministerio está realizando un estudio sobre cómo se han implantado los baremos de las diferentes enfermedades desde 2022 con el objetivo de hacer una reforma global del Real Decreto e incluir el baremo sobre la cardiopatía. Esto puede tardar hasta tres años. 

Evidentemente tras dos décadas de espera y las facilidades dadas a la administración, es inviable esta estimación de tiempo para que se haga realidad. En este sentido, recientemente las asociaciones de pacientes de todo el país firmaron un manifiesto pidiendo que el Ministerio de Derechos Sociales modifique el Real Decreto de forma urgente para incluir puntualmente el baremo y pueda ya ser utilizado en los centros base. La justificación que contempla la ley para esta urgencia es la menor supervivencia de la enfermedad –se estima que los 53 años– así como una probabilidad de muerte súbita de 25 a 100 veces mayor que la población general.

Como socialdemócrata, para mí es muy frustrante. Que un gobierno progresista no lo ejecute pronto es incomprensible. Pocas veces se ve en política una tramitación de tanta trascendencia social y laboral facilitada por la sociedad civil, un ejemplo de que la política mejora la vida de la gente corriente. Esta medida va a facilitar que estos pacientes, con su trabajo, contribuyan al progreso de nuestro país.

La decisión depende de la parte de Sumar del Gobierno, que ostenta la cartera de Derechos Sociales, por lo que espero tengan la voluntad y la valentía política y formalicen esta medida de gran trascendencia social lo antes posible.

Alberto López de Guzmán, es médico internista en el Hospital de Torrejón de Ardoz y vive con una Tetralogía de Fallot que le ha obligado a pasar por cinco operaciones a corazón abierto.

El Consejo de Ministros aprueba este martes la estrategia para detectar y combatir todos los tipos de soledad no deseada, un instrumento para actuar de forma transversal y crear un tejido comunitario que sirva de red ante una realidad que experimenta el 20 % de la población: sentirse solo sin quererlo.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha informado de la aprobación de esta iniciativa, en el Marco Estratégico Estatal de Soledades (2026-2030), en la que han participado hasta 11 ministerios, comunidades autónomas, entidades locales, académicas y organizaciones del Tercer Sector.

Según ha informado el Ministerio, para ejecutar la estrategia el Consejo de Ministros ha aprobado también la creación de una Mesa Interinstitucional para coordinar la participación de la Administración General del Estado con el Tercer Sector.

Pablo Bustinduy defiende que “el problema no es la soledad, sino que es algo que no siempre se puede elegir. Tenemos que garantizar que haya una comunidad a la que acudir cuando se busque compañía”.

La nueva estrategia “pionera” establece objetivos concretos y líneas de actuación para integrar las políticas públicas de las tres administraciones (estatal, autonómica y local), entre las que figura el desarrollo de estructuras estables de participación ciudadana o la puesta en marcha de un sistema estatal de indicadores y seguimiento de las soledades.

Habrá un sistema de criterios comunes para la detección temprana de la soledad no deseada a través del sistema sanitario, educativo y de servicios sociales, de forma que se puedan reforzar servicios y apoyo de proximidad, detalla el Ministerio que dirige Bustinduy.

Las políticas a desarrollar pasan por el urbanismo, los modelos de convivencia y vivienda colaborativa, la accesibilidad universal y las iniciativas comunitarias intergeneracionales y de apoyo mutuo.

La Estrategia parte de la idea de que la soledad no es un problema individual, sino una realidad atravesada por condiciones sociales territoriales y de relaciones que requieren respuestas públicas ambiciosas y sostenidas en el tiempo.

Según el ministro, la estrategia va a impulsar que se construya un tejido comunitario que sirva de red a quienes viven una situación de soledad no deseada, creando entornos de proximidad en los que participar, teniendo en cuenta factores como la edad, el género o la discapacidad.

Para explicar el alcance de este problema en España, el Ministerio recuerda los datos del Barómetro del Observatorio estatal de la Soledad no deseada realizado por Fundación ONCE y Fundación AXA en 2024, que revela que uno de cada cinco personas en España experimenta soledad no deseada.

“En muchos casos esa soledad no es puntual, sino persistente, ya que dos tercios de ese porcentaje siente soledad desde hace más de dos años”, subraya el Ministerio, que recuerda que la vulnerabilidad económica es uno de los factores más determinantes ya que la falta de recursos limita la participación en actividades sociales reduce la movilidad y aumenta las dificultades para sostener vínculos.

Este marco estratégico del Gobierno busca fortalecer el estado del bienestar, en línea con los compromisos de la Agenda 2030 y las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud.

El Ministerio de Consumo ha abierto una investigación para “perseguir y eliminar” de los grandes portales inmobiliarios aquellos anuncios de alquileres, ubicados en zonas tensionadas, que no cumplan con el tope de precios de la ley de vivienda y, por tanto, sean ilegales. Las actuaciones se inician tras “detectar prácticas que podrían infringir las nuevas reglas de transparencia en la oferta comercial”, según fuentes de este departamento.

La ley estatal de vivienda, que entró en vigor en mayo de 2023, establecía determinados topes a los precios del alquiler en las zonas declaradas tensionadas. En concreto, los precios deben estar sujetos al Índice de Referencia Estatal de Arrendamientos de Vivienda (IRAV) en el caso de que los propietarios sean grandes tenedores o al último contrato que se ofreció en esa vivienda, para los particulares. Sin embargo, hasta ahora la normativa obligaba a dar información antes de la firma del contrato, pero no a garantizar que los anuncios que publican las plataformas mostraran precios que cumplieran con esta regulación.

La ley de servicios de atención a la clientela, aprobada a finales de 2025, incluye la obligación para los portales e inmobiliarias de garantizar que sus anuncios de viviendas en alquiler en zonas tensionadas “se adecuen a los precios regulados”. Es decir, estas compañías deben garantizar que los anunciantes piden rentas ajustadas a la ley, así como a ofrecer información suficiente para garantizar el respeto a estos topes, como el precio del último contrato. Esta información debe estar publicada “de forma clara” y “accesible” para “permitir al consumidor conocer los parámetros utilizados para justificar la renta ofertada conforme a esa normativa”, según indican desde el Ministerio de Consumo.

El secretario general de Consumo, Andrés Barragán, ya envió una carta el pasado 29 de diciembre a los principales portales y asociaciones inmobiliarias para informarles “de los cambios legales” y advertirles que “su incumplimiento podría ser considerado una práctica desleal por engañosa” y de “sus responsabilidades como intermediarios entre arrendador y arrendatario”.

Estas “prácticas que podrían infringir las nuevas reglas”, detectadas por Consumo en el “marco de la monitorización activa” que mantiene el departamento que dirige Pablo Bustinduy, se estarían produciendo allí donde se han declarado zonas tensionadas y, por tanto, hay una intervención directa para topar los precios. Por el momento, estas áreas se circunscriben a 271 municipios en Catalunya, pionera en la aplicación de la medida, varias localidades de Euskadi, entre las que se encuentran las tres capitales de provincia, más de una veintena en Navarra, con Pamplona a la cabeza; y A Coruña, en Galicia.

El Ministerio de Consumo ha impuesto a Airbnb una multa de 64 millones de euros por anunciar viviendas sin licencia. La sanción llega después de la apertura de un expediente sancionador y un proceso en el que se ha confirmado que la plataforma publicaba anuncios de alojamientos turísticos sin licencia. La resolución, según ha indicado el departamento que dirige Pablo Bustinduy en un comunicado, incluye “dos sanciones accesorias que obligan a la plataforma a rectificar los incumplimientos identificados, eliminando los contenidos ilícitos publicados y a hacer pública la multa impuesta”. La compañía ya ha anunciado que recurrirá esta decisión ante los tribunales.

En total, Consumo identificó infracciones de la normativa en un total de 65.122 anuncios en Airbnb, entre las que se encuentran publicar pisos o viviendas sin licencia, “contraviniendo las obligaciones impuestas en la mayoría de las normativas autonómicas” y otros con un número de licencia o de registro falso, “que no corresponde con la numeración utilizada por los registros”, o incluir datos “sin información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones”, lo que supone una práctica de “publicidad engañosa”.

La sanción impuesta por Consumo asciende a 64.055.311 euros, lo que equivaldría a seis veces el beneficio obtenido por la compañía durante el tiempo que los anuncios ilícitos estuvieron publicados en el portal.

Además, Airbnb hace frente a una infracción leve, sancionada con 10.000 euros, por “obstrucción o negativa a suministrar datos o a facilitar las funciones de información, vigilancia o inspección”. Según indican desde el Ministerio, “la plataforma no ofreció respuesta a los requerimientos de Consumo durante la instrucción de este expediente”.

El Ministerio abrió el expediente sancionador del que deriva esta sanción en diciembre de 2024. Aunque es la primera vez que la administración se refiere al nombre de la compañía, como parte de la sanción, Airbnb ya reconoció entonces ser la receptora de la investigación, con la que se mostró “profundamente en desacuerdo” porque “siempre pide a los anfitriones que confirmen que disponen de los permisos necesarios y que cumplen con las regulaciones locales”.

De hecho, la compañía se negó durante meses a eliminar esos más de 65.000 anuncios que el Gobierno le ordenó retirar. De hecho, tras un largo conflicto con el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy, no accedió a hacerlo hasta este verano, cuando entró en vigor el registro único. No obstante, el expediente siguió su curso porque las infracciones ya se habían cometido.

Esta es la segunda mayor sanción impuesta por una administración de consumo en el país, tras la de 107 millones que este Ministerio puso a Ryanair. La aerolínea la recurrió ante la justicia, una puerta a la que recurrirá también Airbnb, y Bruselas mantiene abierto un expediente contra España.

La compañía continúa insistiendo en que “ha cumplido en todo momento con la normativa aplicable en España” y considera la sanción “contraria al marco legal español y europeo”, por lo que la recurrirá. Además, recuerda que con la entrada en vigor de la nueva normativa sobre alquileres de corta duración, el pasado 1 de julio, “ha colaborado con el Ministerio de Vivienda en su implementación” y “más de 70.000 anuncios han añadido un número de registro”.

“Ninguna empresa en España, por grande o poderosa que sea, está por encima de la ley”, ha señalado el ministro Bustinduy, que ha lamentado que “hay miles de familias que viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares”.

Consumo mantiene una agenda activa en materia de vivienda, con varios expedientes sancionadores abiertos a otras agencias inmobiliarias por “posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler”. De hecho, este ministerio ha confirmado una sanción de 3,6 millones a Alquiler Seguro por el supuesto cobro de comisiones ilegales a los inquilinos, según avanzó la semana pasada la organización de consumidores Facua, personada en ese procedimiento.

El Gobierno regulará las conocidas máquinas de 'vending' en hospitales y residencias para garantizar que distribuyen productos saludables. Así lo ha anunciado este lunes el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, en un desayuno organizado por El Ateneo de Madrid.

La medida estará plasmada en el real decreto que prepara el ministerio sobre alimentación en hospitales y residencias y afectará a las conocidas máquinas expendedoras de productos de alimentación en centros hospitalarios y residenciales. La idea es que al menos el 80% de los productos que ofrezcan sean saludables.

“Todo el mundo ha conocido estas situaciones en las que una persona está ingresada en un hospital”, ha ejemplificado el ministro. “Vamos a regular el contenido de estas máquinas para que al menos el 80% de sus productos sean saludables”, ha dicho. Fuentes del ministerio especifican que la idea es que la nueva oferta consista en “agua, leche, frutos secos no fritos bajos en sal, zumos de frutas, fruta, panes y sándwiches integrales o yogures sin azúcares, entre otros”.

La idea es sustituir este tipo de productos por los ultraprocesados que proliferan en este tipo de máquinas en la actualidad, esto es, “aquellos alimentos de formulación industrial compleja, con ingredientes transformados, aditivos y alto contenido en grasas saturadas, azúcares o sal, como algunos snacks, bollería industrial, bebidas azucaradas o galletas industriales”. El decreto especificará que estos productos “no puedan colocarse en las filas centrales y principalmente visibles dentro de las máquinas expendedoras”.

El decreto también incorporará cambios en las máquinas expendedoras de café para que las bebidas calientes vengan por defecto sin azúcar. Los usuarios podrán añadir una cantidad máxima opcional de cinco gramos. “Cosas pequeñas pero que son de sentido común e interés general”, ha comentado. Además, “se favorecerá el acceso al agua mediante la implantación de fuentes de agua, en las instalaciones, adecuadamente señalizadas, que ofrezcan agua potable de forma gratuita”, trasladan fuentes del departamento de Bustinduy.

La medida beneficiará, según Consumo, “a las personas usuarias de hospitales y residencias tanto públicas como privadas, así como de otros centros de titularidad pública que estarán bajo el paraguas de la normativa que prepara Consumo como puede ser un centro de salud o un centro de día, entre otros”.

Este anuncio irá dentro del real decreto sobre alimentación en hospitales y residencias que ya avanzó Bustinduy hace unos días y que también que garantizará la retirada de los alimentos ultraprocesados de los menús de niños y adolescentes ingresados en este tipo de centros. La medida contempla también la limitación de este tipo de alimentos de los menús infantiles de las cafeterías y comedores abiertos al público de los hospitales.

La norma que está preparando el Ministerio establecerá unos criterios mínimos de calidad nutricional y de sostenibilidad que orienten “la contratación, adquisición y oferta de alimentos y bebidas que se ofrecen en estos centros”. Consumo precisa que los alimentos ultraprocesados que se verán limitados serán aquellos productos de formulación industrial compleja, con ingredientes transformados, aditivos y perfiles nutricionales con alto contenido en grasas saturadas, azúcares o sal, como ocurre con algunos snacks, bollería industrial, bebidas azucaradas o galletas industriales.