María y su familia estuvieron más de un año esperando para recibir una ayuda que les permitiese afrontar con más recursos la discapacidad de su hijo. “Te hacen pasar momentos de angustia, es un desgaste increíble”, lamenta ella. La media desde que se solicita una prestación hasta que se obtiene una respuesta fue de 246 días, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad para el primer trimestre de este año. Y, desde que se recibe una respuesta favorable hasta que finalmente se obtiene, pasan otros 62. En total, el tiempo medio para hacer efectivo un derecho legal alcanza los 329 días.

Los datos del último Panel del Servicio para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) arrojan algunas mejoras. Hay récord de personas con derecho a prestación, más de 1,6 millones; las listas de espera se han reducido en 12 días respecto a marzo de 2025; y el total de gente esperando, ha caído un 16,6%. Pero muchas voces piden huir del triunfalismo. “Está muy bien que se reduzca la espera en 12 días, pero cuando llevas años esperando, da un poco de rabia”, apuntan desde la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales.

Según los últimos datos disponibles, 1,66 millones de personas reciben en España algún tipo de prestación por dependencia. Como muestra el siguiente gráfico, son apenas unos pocos miles más que en 2025, pero un 90% más que hace una década. Precisamente, en 2015 se incluyó en la ley a los usuarios de grados menos dependientes, lo que amplió los potenciales receptores.

Para el presidente de la Asociación estatal de directoras y gerentes de servicios sociales, José Manuel Ramírez, “es normal que todos los meses se incremente el número de personas atendidas, cuando hay 270.000 en lista de espera”. Va más allá, porque el Ministerio solo incluye en el conteo a aquellas personas que superan el umbral de los 180 días esperando. Tampoco se tienen en cuenta, por ejemplo, las revisiones.

Las personas en lista de espera se dividen en dos grupos: las que están pendientes de ser valoradas y las que lo están de recibir la prestación. En el año 2025, el total se redujo en 12.158 personas, pero cada mes unas 10.000 personas piden entrar en el sistema de dependencia, lo que tensiona la tramitación. Con todo, la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, ponía en valor la “capacidad del sistema para responder más rápido de lo que la demanda está creciendo”, porque “mientras las solicitudes crecen a un ritmo del 7,3%, las personas atendidas lo hacen a un 9,8%”.

Esa “capacidad” del sistema se traducía a finales de marzo en 329 días de espera —casi once meses— de media estatal. Pero hay comunidades donde las familias esperan mucho más y otras donde los trámites van más ligeros. Según los últimos datos disponibles, Murcia es quien más hace esperar a sus personas con dependencia, 553 días de media, y Castilla y León, la que menos, con 116.

Desde 2023, la mayoría de comunidades han hecho esfuerzos por agilizar los tiempos de tramitación de la prestación concedida. Sin embargo, en general, han subido los días de espera hasta obtener una respuesta, con lo que el saldo medio ha mejorado en apenas una semana.

En el siguiente gráfico se puede ver la evolución de ambos indicadores y del total, comunidad a comunidad. Por ejemplo, en ese periodo, Asturias redujo en 62 días (hasta los 62) el tiempo de tramitación de la prestación concedida, pero ahora hay que esperar 164 días más (308) para llegar a ese momento, por lo que el retroceso ha sido más que notable, pasando de 260 a 375 días. En el caso de Madrid, esta región ha empeorado en todos los indicadores.

Esos días los reflejan las estadísticas, pero los cuentan las familias. “Acceder a los recursos es burocracia, papeleo, obstáculos y tiempo, mucho tiempo, en el que tienes que poder seguir manteniéndote, con la dificultad que esto supone en la vida cotidiana para la supervivencia de las personas”, explica Silvina Funes, la presidenta de la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales, un colectivo eminentemente feminizado y para quién “superar estos obstáculos es como los juegos del hambre”.

30.000 muertes al año

La espera tiene su cara más amarga en las personas que fallecen sin haber recibido una prestación a la que tienen derecho. Solo en el primer trimestre de este año fueron unas 9.000, entre las que esperaban la valoración o la ayuda en toda España. En 2025, sumaron más de 32.700 y en 2026, 34.250.

Al margen de los tiempos, hay otro factor que preocupa en el marco de la atención a la dependencia. Una deriva 'low cost', que carga a las familias. Del total de 2,4 millones de prestaciones totales a final del primer trimestre del año, “el 57% se dan ya en los hogares y en el entorno más cercano”, destacaba el Ministerio de Derechos Sociales. Es decir, la mayor parte de esas ayudas van destinadas a familiares que cuidan y suponen 172,5 euros de media para dependientes de grado I; 276,6 euros para los de grado II; y 383,6 euros para los de grado III.

“Vamos hacia un sistema de bajo coste, con servicios de baja intensidad y prestaciones económicas muy bajas. Con 260 euros al mes no se puede decir que se está atendiendo este tema”, considera Ramírez. Un informe de Comisiones Obreras, publicado en febrero de 2025, ya alertaba de que el sistema estaba dominado por “prestaciones baratas y basadas en cuidados no profesionales”, aunque se reduzcan las listas de espera.

El caso de María pone de manifiesto una de las reivindicaciones que comparten todas las voces consultadas: aliviar a las familias de trámites burocráticos que frenan las ayudas. Ella solicitó la valoración en diciembre de 2022. En febrero de 2023 le pidieron un documento, que entregó en marzo por sede electrónica. Cuando un año después preguntó por el estado de su solicitud, le dijeron que faltaba ese papel. No era cierto. “Me dieron cita urgente y me pagaron los atrasos, pero un año después”, recuerda. Entre media, tuvo que afrontar, entre otros gastos, unos 300 euros mensuales solo para llevar a su niño a un especialista, porque los tenía: “En ese momento trabajábamos los dos y los padres de mi pareja estaban en casa, pero imagínate una familia en otra situación”.

Otro de los handicaps que presenta la normativa actual es la incompatibilidad de algunas prestaciones. “Es como si vas a una operación y te hacen elegir entre el cirujano y el anestesista”, ejemplifica Silvina Funes. En la práctica, los datos ya “apuntan a un cambio de modelo”, explicaba el pasado viernes la secretaria de Estado, porque el número de prestaciones por persona pasó de 1,28 en 2021 a 1,44 en 2026. “Las personas que entran en el sistema combinan más cuidados, apoyos más adaptados a su situación y sus decisiones”, afirmó.

El Ministerio de Derechos Sociales trabaja en una reforma de la ley de dependencia, que tiene “dos orientaciones principales: eliminar las incompatibilidades de las prestaciones y ampliar la cartera de servicios y reforzar recursos con gran potencial para transformar el modelo, como la asistencia personal, los centros de día o la ayuda a domicilio”.

Para la presidenta de la Fundación Pilares de la Autonomía Personal, Pilar Rodríguez, el sistema de autonomía y dependencia sí ha dado un salto en los últimos años. Sobre todo, tras los recortes del año 2012, a consecuencia de la crisis económica, que no terminaron de revertirse hasta 2023, con Ione Belarra al frente del departamento de Derechos Sociales. En este sentido, Rodríguez, que fue una de las autoras del libro blanco sobre dependencia previo a la norma de 2006, considera que ha habido un esfuerzo por “analizar la calidad de las prestaciones y comprobar si con ellas se resuelve realmente el problema de las familias, porque el peso de los cuidados todavía recae sobre las mujeres”.

Desde el Ejecutivo buscan avanzar en la idea de la desinstitucionalización. Tiene sus ventajas e inconvenientes, porque permite a las personas permanecer en sus hogares, pero sin los recursos suficientes supone, en muchos casos, una carga incompatible con la propia vida para las cuidadoras. “Ninguna economía del mundo es capaz de asumir en exclusiva el coste que supone la dependencia, mientras muchas familias quieren seguir cuidando, pero sin sobrecargarse de una manera excesiva”, explica Rodríguez.

Según un reciente estudio de Fedea, con datos de 2024, España continúa “rezagada respecto al contexto europeo”. “El esfuerzo financiero destinado a cuidados de larga duración se sitúa en torno al 0,9-1% del PIB, una proporción notablemente inferior al promedio de la OCDE, que alcanza el 1,8%”, indica el trabajo. La financiación es otra de las vías de mejora que reclaman las entidades y asociaciones y que para la Asociación estatal de directoras y gerentes de servicios sociales se encuentra en este momento paralizada, porque el aumento en el gasto corresponde a mayor número de prestaciones, pero no tanto a que estas se incrementen.

Desde las familias, han reclamado también que la nueva ley incorpore un reconocimiento económico y laboral de las cuidadoras y que se reduzca la carga que asumen en solitario. “Somos nosotras las que sostenemos el sistema, gracias a nuestro trabajo, y nuestras renuncias”, explica Patricia, también de la plataforma, que destaca que, en muchas ocasiones, son ellas quienes renuncian a trabajo remunerado, salario, cotizaciones y pensión.

“No haces nada con una prestación o una teleasistencia. Hay que ir sumando atributos, una serie de pocos que hacen un todo para la persona que realmente lo necesita”, coincide Rodríguez, que pide tener una visión más holística: “Necesitamos un ecosistema de cuidados en el entorno comunitario de salud, de servicios sociales, farmacia, elementos asociativos en los barrios, políticas preventivas... Vamos a vivir muchos años y vamos a necesitar más cuidados, así que tenemos que meternos en la cabeza que esto es cosa de todos”.

La cardiopatía es la enfermedad congénita más frecuente, afecta a 200.000 adultos, pero nuestro país al igual que en el resto de la Unión Europea, no tiene un baremo de evaluación de discapacidad propio en el Real Decreto 888/2022.

Hay dos razones para esa exclusión. Por un lado, el desconocimiento social sobre el camino vital de estos pacientes. Por otro, que los avances en sanidad e investigación han mejorado la esperanza de vida de los pacientes, reduciendo la gravedad de la enfermedad y creando la falsa sensación de que no hay una urgencia para incluirla como una discapacidad.

A diferencia de los años 70, 80, 90, en los que la mortalidad era del 90% antes de los tres años, gracias a nuestra sanidad pública actualmente el 90% de los pacientes llega a la edad adulta. Aun así, después de la adolescencia estos pacientes requieren, durante diferentes etapas de su vida, varias cirugías cardíacas paliativas, colocación de marcapasos o incuso un trasplante cardíaco. 

Cuando estos adultos, la mayoría jóvenes, quieren comenzar a trabajar se les infravalora su grado de discapacidad, al no tener un baremo propio, por lo que la gran mayoría no tiene posibilidad de ser contratado o que se le adapte el puesto de trabajo; el resultado es su exclusión social. Lo único que quieren es trabajar como modo de agradecer todo lo que la sociedad les ha dado desde que nacieron y para su realización personal. Ante esta dificultad, acaban pidiendo la incapacidad permanente con el consecuente aumento de gasto para el Estado. 

Para intentar resolver este gran problema laboral, a iniciativa de sus cardiólogos y cirujanos cardíacos y junto a la ayuda de Esther Piqueras, madre de la exministra Carmen Chacón –fallecida en 2017 a causa de una cardiopatía congénita–, se ha impulsado a través del grupo parlamentario socialista (mediante la diputada María Luisa García Gurrutxaga) una Proposición no de Ley para tramitar un baremo e incorporarlo al Real Decreto para que pudiese ser ya utilizado en los centros base de evaluación de discapacidad de todo el país.

Para su realización, se formó un grupo de trabajo de la unidad de cardiopatías congénitas del adulto del hospital La Paz creando tras meses de dedicación altruista, un baremo avalado científicamente por las sociedades que respaldan el trabajo de estos profesionales, único en la Unión Europea.

La votación en el Congreso fue el 16 de octubre de 2025 salió adelante con un apoyo a favor de 309 votos, ninguno en contra y la abstención de Vox y Junts. Ese mismo día el Gobierno hizo un escrito para iniciar su tramitación.

Pero tras la aprobación en el Congreso, las reuniones que hemos tenido con el IMSERSO y el Ministerio de Derechos Sociales no han sido productivas. El Ministerio está realizando un estudio sobre cómo se han implantado los baremos de las diferentes enfermedades desde 2022 con el objetivo de hacer una reforma global del Real Decreto e incluir el baremo sobre la cardiopatía. Esto puede tardar hasta tres años. 

Evidentemente tras dos décadas de espera y las facilidades dadas a la administración, es inviable esta estimación de tiempo para que se haga realidad. En este sentido, recientemente las asociaciones de pacientes de todo el país firmaron un manifiesto pidiendo que el Ministerio de Derechos Sociales modifique el Real Decreto de forma urgente para incluir puntualmente el baremo y pueda ya ser utilizado en los centros base. La justificación que contempla la ley para esta urgencia es la menor supervivencia de la enfermedad –se estima que los 53 años– así como una probabilidad de muerte súbita de 25 a 100 veces mayor que la población general.

Como socialdemócrata, para mí es muy frustrante. Que un gobierno progresista no lo ejecute pronto es incomprensible. Pocas veces se ve en política una tramitación de tanta trascendencia social y laboral facilitada por la sociedad civil, un ejemplo de que la política mejora la vida de la gente corriente. Esta medida va a facilitar que estos pacientes, con su trabajo, contribuyan al progreso de nuestro país.

La decisión depende de la parte de Sumar del Gobierno, que ostenta la cartera de Derechos Sociales, por lo que espero tengan la voluntad y la valentía política y formalicen esta medida de gran trascendencia social lo antes posible.

Alberto López de Guzmán, es médico internista en el Hospital de Torrejón de Ardoz y vive con una Tetralogía de Fallot que le ha obligado a pasar por cinco operaciones a corazón abierto.

El Consejo de Ministros aprueba este martes la estrategia para detectar y combatir todos los tipos de soledad no deseada, un instrumento para actuar de forma transversal y crear un tejido comunitario que sirva de red ante una realidad que experimenta el 20 % de la población: sentirse solo sin quererlo.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha informado de la aprobación de esta iniciativa, en el Marco Estratégico Estatal de Soledades (2026-2030), en la que han participado hasta 11 ministerios, comunidades autónomas, entidades locales, académicas y organizaciones del Tercer Sector.

Según ha informado el Ministerio, para ejecutar la estrategia el Consejo de Ministros ha aprobado también la creación de una Mesa Interinstitucional para coordinar la participación de la Administración General del Estado con el Tercer Sector.

Pablo Bustinduy defiende que “el problema no es la soledad, sino que es algo que no siempre se puede elegir. Tenemos que garantizar que haya una comunidad a la que acudir cuando se busque compañía”.

La nueva estrategia “pionera” establece objetivos concretos y líneas de actuación para integrar las políticas públicas de las tres administraciones (estatal, autonómica y local), entre las que figura el desarrollo de estructuras estables de participación ciudadana o la puesta en marcha de un sistema estatal de indicadores y seguimiento de las soledades.

Habrá un sistema de criterios comunes para la detección temprana de la soledad no deseada a través del sistema sanitario, educativo y de servicios sociales, de forma que se puedan reforzar servicios y apoyo de proximidad, detalla el Ministerio que dirige Bustinduy.

Las políticas a desarrollar pasan por el urbanismo, los modelos de convivencia y vivienda colaborativa, la accesibilidad universal y las iniciativas comunitarias intergeneracionales y de apoyo mutuo.

La Estrategia parte de la idea de que la soledad no es un problema individual, sino una realidad atravesada por condiciones sociales territoriales y de relaciones que requieren respuestas públicas ambiciosas y sostenidas en el tiempo.

Según el ministro, la estrategia va a impulsar que se construya un tejido comunitario que sirva de red a quienes viven una situación de soledad no deseada, creando entornos de proximidad en los que participar, teniendo en cuenta factores como la edad, el género o la discapacidad.

Para explicar el alcance de este problema en España, el Ministerio recuerda los datos del Barómetro del Observatorio estatal de la Soledad no deseada realizado por Fundación ONCE y Fundación AXA en 2024, que revela que uno de cada cinco personas en España experimenta soledad no deseada.

“En muchos casos esa soledad no es puntual, sino persistente, ya que dos tercios de ese porcentaje siente soledad desde hace más de dos años”, subraya el Ministerio, que recuerda que la vulnerabilidad económica es uno de los factores más determinantes ya que la falta de recursos limita la participación en actividades sociales reduce la movilidad y aumenta las dificultades para sostener vínculos.

Este marco estratégico del Gobierno busca fortalecer el estado del bienestar, en línea con los compromisos de la Agenda 2030 y las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud.

El Ministerio de Consumo ha abierto una investigación para “perseguir y eliminar” de los grandes portales inmobiliarios aquellos anuncios de alquileres, ubicados en zonas tensionadas, que no cumplan con el tope de precios de la ley de vivienda y, por tanto, sean ilegales. Las actuaciones se inician tras “detectar prácticas que podrían infringir las nuevas reglas de transparencia en la oferta comercial”, según fuentes de este departamento.

La ley estatal de vivienda, que entró en vigor en mayo de 2023, establecía determinados topes a los precios del alquiler en las zonas declaradas tensionadas. En concreto, los precios deben estar sujetos al Índice de Referencia Estatal de Arrendamientos de Vivienda (IRAV) en el caso de que los propietarios sean grandes tenedores o al último contrato que se ofreció en esa vivienda, para los particulares. Sin embargo, hasta ahora la normativa obligaba a dar información antes de la firma del contrato, pero no a garantizar que los anuncios que publican las plataformas mostraran precios que cumplieran con esta regulación.

La ley de servicios de atención a la clientela, aprobada a finales de 2025, incluye la obligación para los portales e inmobiliarias de garantizar que sus anuncios de viviendas en alquiler en zonas tensionadas “se adecuen a los precios regulados”. Es decir, estas compañías deben garantizar que los anunciantes piden rentas ajustadas a la ley, así como a ofrecer información suficiente para garantizar el respeto a estos topes, como el precio del último contrato. Esta información debe estar publicada “de forma clara” y “accesible” para “permitir al consumidor conocer los parámetros utilizados para justificar la renta ofertada conforme a esa normativa”, según indican desde el Ministerio de Consumo.

El secretario general de Consumo, Andrés Barragán, ya envió una carta el pasado 29 de diciembre a los principales portales y asociaciones inmobiliarias para informarles “de los cambios legales” y advertirles que “su incumplimiento podría ser considerado una práctica desleal por engañosa” y de “sus responsabilidades como intermediarios entre arrendador y arrendatario”.

Estas “prácticas que podrían infringir las nuevas reglas”, detectadas por Consumo en el “marco de la monitorización activa” que mantiene el departamento que dirige Pablo Bustinduy, se estarían produciendo allí donde se han declarado zonas tensionadas y, por tanto, hay una intervención directa para topar los precios. Por el momento, estas áreas se circunscriben a 271 municipios en Catalunya, pionera en la aplicación de la medida, varias localidades de Euskadi, entre las que se encuentran las tres capitales de provincia, más de una veintena en Navarra, con Pamplona a la cabeza; y A Coruña, en Galicia.

El Ministerio de Consumo ha impuesto a Airbnb una multa de 64 millones de euros por anunciar viviendas sin licencia. La sanción llega después de la apertura de un expediente sancionador y un proceso en el que se ha confirmado que la plataforma publicaba anuncios de alojamientos turísticos sin licencia. La resolución, según ha indicado el departamento que dirige Pablo Bustinduy en un comunicado, incluye “dos sanciones accesorias que obligan a la plataforma a rectificar los incumplimientos identificados, eliminando los contenidos ilícitos publicados y a hacer pública la multa impuesta”. La compañía ya ha anunciado que recurrirá esta decisión ante los tribunales.

En total, Consumo identificó infracciones de la normativa en un total de 65.122 anuncios en Airbnb, entre las que se encuentran publicar pisos o viviendas sin licencia, “contraviniendo las obligaciones impuestas en la mayoría de las normativas autonómicas” y otros con un número de licencia o de registro falso, “que no corresponde con la numeración utilizada por los registros”, o incluir datos “sin información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones”, lo que supone una práctica de “publicidad engañosa”.

La sanción impuesta por Consumo asciende a 64.055.311 euros, lo que equivaldría a seis veces el beneficio obtenido por la compañía durante el tiempo que los anuncios ilícitos estuvieron publicados en el portal.

Además, Airbnb hace frente a una infracción leve, sancionada con 10.000 euros, por “obstrucción o negativa a suministrar datos o a facilitar las funciones de información, vigilancia o inspección”. Según indican desde el Ministerio, “la plataforma no ofreció respuesta a los requerimientos de Consumo durante la instrucción de este expediente”.

El Ministerio abrió el expediente sancionador del que deriva esta sanción en diciembre de 2024. Aunque es la primera vez que la administración se refiere al nombre de la compañía, como parte de la sanción, Airbnb ya reconoció entonces ser la receptora de la investigación, con la que se mostró “profundamente en desacuerdo” porque “siempre pide a los anfitriones que confirmen que disponen de los permisos necesarios y que cumplen con las regulaciones locales”.

De hecho, la compañía se negó durante meses a eliminar esos más de 65.000 anuncios que el Gobierno le ordenó retirar. De hecho, tras un largo conflicto con el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy, no accedió a hacerlo hasta este verano, cuando entró en vigor el registro único. No obstante, el expediente siguió su curso porque las infracciones ya se habían cometido.

Esta es la segunda mayor sanción impuesta por una administración de consumo en el país, tras la de 107 millones que este Ministerio puso a Ryanair. La aerolínea la recurrió ante la justicia, una puerta a la que recurrirá también Airbnb, y Bruselas mantiene abierto un expediente contra España.

La compañía continúa insistiendo en que “ha cumplido en todo momento con la normativa aplicable en España” y considera la sanción “contraria al marco legal español y europeo”, por lo que la recurrirá. Además, recuerda que con la entrada en vigor de la nueva normativa sobre alquileres de corta duración, el pasado 1 de julio, “ha colaborado con el Ministerio de Vivienda en su implementación” y “más de 70.000 anuncios han añadido un número de registro”.

“Ninguna empresa en España, por grande o poderosa que sea, está por encima de la ley”, ha señalado el ministro Bustinduy, que ha lamentado que “hay miles de familias que viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares”.

Consumo mantiene una agenda activa en materia de vivienda, con varios expedientes sancionadores abiertos a otras agencias inmobiliarias por “posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler”. De hecho, este ministerio ha confirmado una sanción de 3,6 millones a Alquiler Seguro por el supuesto cobro de comisiones ilegales a los inquilinos, según avanzó la semana pasada la organización de consumidores Facua, personada en ese procedimiento.

El Gobierno regulará las conocidas máquinas de 'vending' en hospitales y residencias para garantizar que distribuyen productos saludables. Así lo ha anunciado este lunes el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, en un desayuno organizado por El Ateneo de Madrid.

La medida estará plasmada en el real decreto que prepara el ministerio sobre alimentación en hospitales y residencias y afectará a las conocidas máquinas expendedoras de productos de alimentación en centros hospitalarios y residenciales. La idea es que al menos el 80% de los productos que ofrezcan sean saludables.

“Todo el mundo ha conocido estas situaciones en las que una persona está ingresada en un hospital”, ha ejemplificado el ministro. “Vamos a regular el contenido de estas máquinas para que al menos el 80% de sus productos sean saludables”, ha dicho. Fuentes del ministerio especifican que la idea es que la nueva oferta consista en “agua, leche, frutos secos no fritos bajos en sal, zumos de frutas, fruta, panes y sándwiches integrales o yogures sin azúcares, entre otros”.

La idea es sustituir este tipo de productos por los ultraprocesados que proliferan en este tipo de máquinas en la actualidad, esto es, “aquellos alimentos de formulación industrial compleja, con ingredientes transformados, aditivos y alto contenido en grasas saturadas, azúcares o sal, como algunos snacks, bollería industrial, bebidas azucaradas o galletas industriales”. El decreto especificará que estos productos “no puedan colocarse en las filas centrales y principalmente visibles dentro de las máquinas expendedoras”.

El decreto también incorporará cambios en las máquinas expendedoras de café para que las bebidas calientes vengan por defecto sin azúcar. Los usuarios podrán añadir una cantidad máxima opcional de cinco gramos. “Cosas pequeñas pero que son de sentido común e interés general”, ha comentado. Además, “se favorecerá el acceso al agua mediante la implantación de fuentes de agua, en las instalaciones, adecuadamente señalizadas, que ofrezcan agua potable de forma gratuita”, trasladan fuentes del departamento de Bustinduy.

La medida beneficiará, según Consumo, “a las personas usuarias de hospitales y residencias tanto públicas como privadas, así como de otros centros de titularidad pública que estarán bajo el paraguas de la normativa que prepara Consumo como puede ser un centro de salud o un centro de día, entre otros”.

Este anuncio irá dentro del real decreto sobre alimentación en hospitales y residencias que ya avanzó Bustinduy hace unos días y que también que garantizará la retirada de los alimentos ultraprocesados de los menús de niños y adolescentes ingresados en este tipo de centros. La medida contempla también la limitación de este tipo de alimentos de los menús infantiles de las cafeterías y comedores abiertos al público de los hospitales.

La norma que está preparando el Ministerio establecerá unos criterios mínimos de calidad nutricional y de sostenibilidad que orienten “la contratación, adquisición y oferta de alimentos y bebidas que se ofrecen en estos centros”. Consumo precisa que los alimentos ultraprocesados que se verán limitados serán aquellos productos de formulación industrial compleja, con ingredientes transformados, aditivos y perfiles nutricionales con alto contenido en grasas saturadas, azúcares o sal, como ocurre con algunos snacks, bollería industrial, bebidas azucaradas o galletas industriales.

Hace cinco años, justo cinco años, tratábamos de volver a la normalidad. A la nueva normalidad. Ya no estábamos confinados, pero veíamos venir la gran ola del coronavirus en Navidad… Teníamos miedo, pero había que recomponer una vida que había quedado suspendida. Hubo muchas mudanzas y, como la economía estaba parada, los alquileres estaban más baratos. Esos alquileres cumplen ahora cinco años. Terminan esos contratos, más baratos, del alquiler pandémico.

Conocemos tres historias que viven ahora esta situación. Ana (nombre ficticio), Elia y Raquel. Además, hablamos con el abogado y experto en vivienda, Javier Rubio, que nos explica cómo está la situación de estos alquileres y cómo se puede abordar desde lo público.

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Pablo Bustinduy (Madrid, 1983) está cansado pero contento. Es jueves por la tarde y el Congreso acaba de aprobar la primera ley de su departamento, la Ley de Atención a la Clientela, una miríada de pequeñas reformas que cambiarán la relación de los consumidores con las empresas: no habrá más llamadas de spam, las plataformas tendrán que avisar con antelación de la renovación de las suscripciones anuales. El texto además ha salido adelante con un inusitado apoyo político tras conseguir la abstención del PP en la votación del jueves.  

Bustinduy es uno de los ministros de Sumar más activos. En estos dos años de legislatura ha tratado de abarcar problemas que sobresalen de las competencias formales de su departamento para intentar poner soluciones, por ejemplo, a la situación de la vivienda. Hace apenas unas semanas presentó un decreto al Partido Socialista que propone congelar hasta 300.000 contratos de alquiler que vencen este año y que se firmaron durante la pandemia en un contexto de bajadas de precios, aunque hasta ahora no han recibido respuesta por parte de su socio. 

El ministro cree que todavía no estamos en un momento electoral y que los esfuerzos de Sumar deben centrarse en empujar la acción del Gobierno para conseguir mejoras tangibles, intervenir el mercado del alquiler y trasladar los buenos datos macroeconómicos a las clases trabajadoras. Aunque no cree que sea una condición suficiente, Bustinduy otorga mucha importancia a la acción del Ejecutivo si la izquierda quiere conseguir una gran movilización en las próximas elecciones. Se descarta como cabeza de lista de una futura coalición y cree que Yolanda Díaz “ha demostrado ser una candidata excelente”. “Toda la gente progresista comparte la necesidad de aunar fuerzas para defender lo que creemos frente a la ola ultra”, dice sobre la unidad de la izquierda. 

El Congreso acaba de aprobar la Ley de Atención a la Clientela. ¿Qué importancia tiene esta ley? ¿Qué va a cambiar cuando se apruebe definitivamente?

Es una victoria histórica para los consumidores porque implica un cambio de paradigma, dotarles de más poder y más capacidad para igualar un poco las relaciones de consumo. Nos hemos acostumbrado a que las grandes empresas puedan dictar las normas de mercado. Y esta es una ley que cambia pequeñas cosas, pero que afectan a la vida cotidiana de millones de personas. Y va a cambiar, por ejemplo, el trato que se recibe cuando se hace una reclamación, la ley establece un plazo máximo de tres minutos para que atiendan una reclamación telefónica y un plazo máximo de 15 días para resolver esas reclamaciones. También el derecho a que te atienda una persona y no un robot o un mecanismo de inteligencia artificial. Y luego toda otra serie de cosas como el fin de las llamadas spam, el fin de la renovación automática de las suscripciones, la regulación de las reseñas falsas, el fin de los gastos ocultos de gestión: cuando vas a comprar un billete o una entrada y en cada pantalla te van añadiendo gastos que no sabes a qué corresponden.

A nivel político tiene mucha importancia también porque está siendo muy difícil para el Gobierno sacar leyes con la ajustada aritmética parlamentaria que estamos teniendo y que además, en este caso ha contado con la abstención del Partido Popular (PP), que es una cosa todavía más difícil de ver en el Congreso esta legislatura.

Yo le doy mucha importancia porque es una legislatura muy compleja en la que construir mayorías parlamentarias requiere muchísimo trabajo, diálogo, negociación y es lo que hemos hecho con esta ley. Y creo que la abstención del PP también refleja el carácter transversal que tienen las políticas de consumo. En el ámbito de los derechos sociales, el interés general se impone incluso sobre la polarización, la división y las estrategias de bloqueo de la legislatura.

Es muy positivo que incluso en estas circunstancias difíciles seamos capaces de suscitar consensos y acuerdos amplios para avanzar. No es algo inédito. En esta legislatura difícil ha pasado con la reforma del artículo 49 de la Constitución, con la Ley ELA, con la ampliación de permisos de maternidad y paternidad, ahora con la Ley de Servicios de Atención a la clientela, y espero que la semana que viene con el Decreto Ley de inyección extraordinaria de 500 millones al sistema de la dependencia y de despliegue de la Ley ELA. 

Donde no sé si va a haber tanto consenso es en la forma que el Gobierno plantea la cuestión de la vivienda, que es un asunto en el que usted ha intentado entrar desde las competencias quizá no formales pero con las herramientas que tiene dentro del Ministerio de Derechos Sociales. Presentaron un decreto bastante ambicioso hace unas semanas con medidas sobre vivienda. ¿Han tenido respuesta por parte del PSOE?

Yo creo que aquí es más importante el ‘qué’ que el ‘cómo’ y el ‘qué’ es la crisis de vivienda, que es el principal problema de las clases trabajadoras en este país y la primera preocupación de la ciudadanía en España. Toda la gente progresista y probablemente mucha gente que no es progresista estará de acuerdo en que es necesario hacer más. Y la voluntad de este Ministerio y de Sumar como espacio político es empujar la acción de gobierno. 

En el Ministerio de Consumo actuamos en dos ámbitos principales: la proliferación de anuncios ilegales de pisos turísticos, conseguimos derrotar a Airbnb en los tribunales y que tuvieran que retirar 65.000 anuncios ilegales. Y en materia de las denuncias de fraudes y abusos por parte de grandes inmobiliarias tenemos expedientes abiertos.

Toda la gente progresista y probablemente mucha gente que no es progresista estará de acuerdo en que es necesario hacer más en vivienda

Y como espacio político presentamos una serie de propuestas para poder intervenir el mercado de la vivienda y dar respuesta a ese clamor social. Lo más importante y urgente tiene que ver con el vencimiento de 300.000 contratos de alquiler y con la necesidad de proteger a esas familias en España que viven con ansiedad o incertidumbre el momento de la renovación de ese contrato, que puede suponer o que se encuentren con unas subidas de completamente abusivas de los precios del alquiler o con la necesidad de mudarse, con lo que eso implica para una familia. Y por tanto lo hemos planteado de la manera más constructiva posible y esperamos que pronto pueda haber buenas noticias.

¿Se pueden congelar los alquileres? Es algo que se hizo en la pandemia. No sé si ahora se puede argumentar jurídicamente la especial necesidad y urgencia para llevar a cabo una medida de este tipo. El PSOE incluso ha deslizado que podría ser inconstitucional. ¿Cómo lo ven?

Es una herramienta jurídica que ya se ha utilizado con la pandemia y con el escudo social por la crisis de Ucrania. Sobran los argumentos para justificar que vivimos una emergencia habitacional, que la crisis de vivienda justifica una intervención decidida por parte de los poderes públicos. Hay que pinchar la burbuja del alquiler y hay varias formas para hacer eso. Los topes a los alquileres es una de ellas. La intervención sobre la compra especulativa para prohibirla es otra de ellas. La desincentivación de la acumulación de viviendas es otra de ellas. 

Pero hay una medida que creo que es de absoluto sentido común: prorrogar los 300.000 contratos que van a vencer de tal manera que sigan en la situación que están. Esos contratos han subido con el IPC y por tanto creo que no se entendería que el Gobierno progresista no intervenga para proteger a esas cientos de miles de familias que pueden exponerse a la amenaza de un mercado que está secuestrado por una lógica especulativa y de extracción de rentas de las clases trabajadoras por parte de una minoría rentista que se está forrando sin aportar ningún valor añadido a la economía.

Sobran los argumentos para justificar que vivimos una emergencia habitacional que justifica una intervención del mercado

Esta élite extractiva que domina el mercado de la vivienda no aporta nada. Intervenir el mercado de la vivienda no es solo una cuestión de justicia, es una cuestión también de eficacia económica, porque el rentismo es un lastre para el desarrollo económico del país. Y además está funcionando como una aspiradora de riqueza y de las mejoras que hemos conseguido gracias a la subida del salario mínimo y a la reforma laboral, al ingreso mínimo vital, a la subida de las pensiones, a la reducción de la brecha retributiva, a la ampliación de permisos.

Dice que no se entendería que no se tomasen medidas en vivienda y no sé si llegado el punto, si el Partido Socialista no diese los pasos que ustedes piensan que hay que dar en materia de vivienda, Sumar debería plantearse salir de la coalición, porque el lastre electoral que le puede costar al Gobierno no hacer nada en este tema pueda ser demasiado grande.

Yo por eso me refería antes a la importancia del 'qué' más que del 'cómo'. Antes que todas las especulaciones sobre estrategias tácticas y qué le conviene a cada quién, mi obligación, la obligación de Sumar y la obligación del Gobierno, es responder al problema que están viviendo las mayorías trabajadoras en España. Todo nuestro planteamiento es constructivo, es lo más leal posible, porque lo que busca es que demos respuesta a ese problema. 

Lo hemos visto recientemente, por ejemplo, en las elecciones a la Alcaldía de Nueva York, cuando precisamente un candidato progresista, [Zohran] Mamdani, ha conseguido hacer de la protección de los inquilinos y de la vivienda la bandera principal para transformar el sistema político. Le ha arrebatado esa causa a las fuerzas de ultraderecha que buscan conectar con la desafección de la juventud, y la vivienda es uno de los principales problemas que vive la juventud. 

Pero Mamdani ha llegado a la Alcaldía de Nueva York planteando soluciones desde fuera, ustedes están en el Gobierno. Si la gente no ve esos avances... ¿cómo se presenta Sumar a unas próximas elecciones?

Claro, pero las políticas de un gobierno son un todo coherente, son vasos comunicantes. Este Gobierno hay que ponerlo en valor, ha hecho muchísimo por mejorar la posición de trabajadores y trabajadoras en el sistema productivo. Las cifras macroeconómicas son objetivamente muy buenas. Es la hora de profundizar en la redistribución de esa riqueza y la mejor manera de cohesionar el conjunto de esa acción de gobierno hoy en día es actuar sobre la vivienda. En la segunda mitad de la legislatura tenemos que profundizar esa agenda de redistribución.

¿Cómo está el sistema de dependencia? Los últimos informes hablan de incremento de la capacidad de atención, pero también de un aumento de las listas de espera. Al mismo tiempo, hay algunas ayudas que no terminan de llegar, que se quedan en el camino, y personas que terminan incluso muriendo sin recibirlas. ¿Hay algún problema burocrático que se pueda solucionar para que esto no pase?

Desde que empezaron los gobiernos de coalición se ha hecho un esfuerzo sin precedentes para mejorar la financiación y el funcionamiento del sistema de la dependencia. ¿Por qué había que hacerlo? Porque el Partido Popular recortó 5.406 millones de euros en los años de la austeridad. Lo dejó en una situación de quiebra. Los resultados de ese esfuerzo existen. Hoy el sistema atiende a 400.000 personas más que en 2020. Y la lista de espera se ha reducido. Lo que se han ampliado son los tiempos de espera en algunas comunidades autónomas. Es evidente que hay que seguir por esa senda y profundizarla, y para eso hay que movilizar más recursos, más financiación, pero también hay que cambiar el modelo.

Heredamos un sistema que estaba centrado en las grandes residencias y lo que queremos es construir un sistema de apoyos y de cuidados que permita que la gente envejezca en su casa, en su barrio, en su pueblo, en su ciudad. Y tenemos cómo hacerlo: la reforma de la Ley de Dependencia, que va a suponer una mejora de la ayuda a domicilio, reconoce el derecho a la teleasistencia, de todas las fórmulas que permitan un sistema de apoyos más flexible, más eficaz, menos burocrático, con tiempos de espera más cortos, con más y mejores apoyos, mejorando también las condiciones de trabajo en el sector. Es la gran reforma social de esta legislatura.

Han impulsado la creación de un grado III+ de dependencia. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los, digamos, los pormenores de este nuevo grado de dependencia?

Pues es el desarrollo del mandato de la Ley ELA, que se aprobó hace un año en el Congreso y el Senado, y que lo que hace es una reforma del sistema de la dependencia para crear un grado nuevo para las situaciones de dependencia extrema, que son las situaciones en las que están los enfermos en fase avanzados de la ELA y también de otras enfermedades de curso irreversible que generan situaciones parecidas. Lo que lleva aparejado es básicamente la garantía del derecho a una asistencia 24 horas, que es la que necesitan las personas que están en esta situación. Esto ya se ha aprobado. Pusimos la financiación. Se votará la convalidación del decreto ley esta próxima semana en el Congreso y a partir de aquí lo único que falta para que estas prestaciones lleguen a las sillas de ruedas y a las camas de quienes las necesitan es que las comunidades autónomas adapten sus sistemas de la dependencia autonómicos, que son quienes lo gestionan. Estamos trabajando en un espíritu de plena lealtad y cooperación con las comunidades autónomas para que se pueda realizar ese desarrollo cuanto antes.

Hablaba del decreto que va a ir la semana que viene, de la ley de atención al cliente, la que se acaba de aprobar, que son de las pocas medidas que se han salvado del veto anunciado por Junts. ¿Cómo valora la situación política en la que queda el Gobierno después del anuncio de Junts la semana pasada? ¿Sigue siendo viable llegar hasta 2027?

Desde el principio de la legislatura prácticamente no ha habido una semana en la que no se anunciara el fin de la legislatura o que iba a caer el Gobierno o la inestabilidad. Y fíjese que solo desde el verano, en lo que hemos participado desde el Ministerio, sacamos adelante el decreto ley de la ampliación de los permisos de cuidados para madres y padres en este país, el embargo de armas a Israel, la Ley de Servicios de Atención a la clientela, espero que esta semana se convalide con un amplísimo consenso el decreto ley de Refuerzo de la Dependencia y de Desarrollo de la Ley ELA. Este Gobierno avanza. Hoy [por este jueves] hemos sacado la Ley de Movilidad Sostenible.

La agenda avanza en unas circunstancias muy difíciles, con unas mayorías parlamentarias muy difíciles, pero esta semana el presidente del Gobierno hizo una defensa muy clara y con mucha profundidad del modelo de Estado del bienestar y de defensa de los servicios públicos en los que trabaja este Gobierno, y Sumar dejó muy claro también las prioridades para intervenir sobre vivienda y con la prestación universal por crianza. Y enfrente lo que vimos fue a [Alberto Núñez] Feijóo en un ejercicio casi melancólico, de impotencia, porque Feijóo dijo que no era presidente porque no quiere, pero cada miércoles va al Congreso a hacer una especie de simulacro de lo que haría si fuera presidente del Gobierno. El colmo fue esta semana que prácticamente nombró responsable de su gobierno a Abascal, y luego salió [el líder de Vox, Santiago] Abascal, y le dijo que no.

Veo a un Gobierno que tiene claro lo que hay que hacer y que avanza y una derecha completamente perdida

Feijóo escenificó sus principales temores. Queriendo demostrar fuerza, demostró debilidad e impotencia porque quiere aparentar capacidad de mando, pero no manda nada. Desde el principio ha intentado demostrar que el Gobierno iba a caer y el Gobierno avanza a paso firme. Y luego escenifica constantemente que está preso de la ultraderecha. Y el señor Abascal sale a manchar de racismo la tribuna pero es un fraude porque sale a hablar de antipolítica y ha sido el último mohicano defendiendo a [Carlos] Mazón hasta después de caído. Hay que ver lo que hace, no lo que dice. Y lo que hace es oponerse al salario mínimo, a la reforma laboral, a la reforma de la Constitución Española para los derechos de las personas con discapacidad, a la subida de las pensiones. Con quien sí está la ultraderecha es con [el primer ministro israelí, Benjamín] Netanyahu, con quien sí está es con los fondos buitre, con los millonarios, con las energéticas. 

En esa imagen, pues mire, yo veo un Gobierno que tiene claro lo que quiere hacer y que avanza con muchas dificultades, pero que defiende el interés general, y veo a una derecha completamente perdida, y una ultraderecha que vocifera pero que es un fraude.

Lo que sí que es verdad es que para el Gobierno va a ser difícil o casi imposible, sacar unos presupuestos, ya no solo por Junts, también por las condiciones que ha puesto Podemos. ¿Cree que el Gobierno debería convocar elecciones si no consigue sacarlos adelante?

Yo creo que el Gobierno tiene que presentar los Presupuestos. Creo que van a ser una muy buena ocasión para que ese proyecto de país quede patente y se vea materializado en partidas presupuestarias. Nuestra obligación es seguir trabajando por el interés general. ¿En unas condiciones difíciles? Por supuesto, las de esta legislatura lo son. Es lo que votó la gente en el año 2023. Nuestra obligación es seguir defendiendo el interés general, ampliando derechos y haciendo que España avance y mejore. 

No sé si ha visto esta semana el juicio al Fiscal General del Estado, ¿qué le ha parecido todo lo que se está viendo allí? No sé si usted cree en la inocencia del fiscal y si lo que está ocurriendo puede calificarse como un caso de lawfare contra el fiscal o incluso contra el Gobierno en general. 

Han quedado claras tres cosas. No se ha presentado o producido ninguna prueba inculpatoria contra el Fiscal General del Estado. Sí ha quedado demostrado y patente, entre otras cosas porque lo han reconocido ellos, que el jefe de Gabinete de la presidenta Ayuso [Miguel Ángel Rodríguez] mintió descarada y públicamente. Y que, conforme avanza todo, más gente va a mover el centro de atención al origen de toda esta causa: que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid se embolsó una comisión de dos millones de euros en plena pandemia derivada de la administración que dirige su pareja, que a continuación cometió un fraude fiscal que ha confesado sobre esa misma comisión y que de manera no se sabe muy bien cómo, relacionada con todo lo anterior, se produjo la compra de un ático de lujo en Madrid, donde vive la presidenta. Creo que todo este proceso va a servir para que el centro de atención pase ahí y que se den las explicaciones debidas, porque desde luego la apariencia de este relato es absolutamente indignante. 

Se cumplen estas semanas dos años de una legislatura que está siendo complicada, quizás sobre todo para el Partido Socialista, que ha visto además cómo le han aparecido casos de corrupción. Y sin embargo, hablando de las encuestas y de la sensación que parece que tiene el electorado, Sumar no ha sido capaz de crecer. ¿Qué diagnóstico hace sobre el trabajo que está haciendo la coalición?

Es un lugar común ser cauto con lo que dice las encuestas, pero habiendo vivido de cerca la última campaña yo estoy un poco vacunado frente a esto porque no sé cuántos cientos de encuestas se publicaron y prácticamente ninguna se acercó a reflejar el resultado de la izquierda en esas elecciones. Esa cautela no es naíf ni negacionista, es sencillamente una cautela debida. La izquierda española vive un ciclo muy largo que se remonta casi 15 años atrás y que ha producido que alcanzáramos posiciones de influencia social, cultural, política que no se habían dado en la historia reciente de nuestro país.

Creo que una parte importante del apoyo y del voto a la izquierda se ha dado en una clave muy exigente que requiere soluciones a los problemas y, por tanto, creo que cuando haya un proceso electoral en el año 2027 la movilización de la izquierda va a depender mucho de las conclusiones que se saquen sobre la hoja de servicios de este Gobierno. Las posibilidades de la izquierda dependerán en gran medida de cuánto logremos avanzar en nuestra agenda de Gobierno y sobre todo en lo que tiene que ver con la intervención del mercado de la vivienda, con la redistribución de la riqueza y con la lucha contra la pobreza infantil. Nuestra primera obligación, ahora, más que perdernos en especulaciones y futuribles electorales, es conseguir empujar todo lo posible para que el buen momento macroeconómico que vive España se traduzca en mejores condiciones de vida para las clases trabajadoras. Creo que esa es la condición sobre la que deberemos construir un discurso político cuando llegue el momento de las elecciones. 

¿Pero basta solo con la acción de gobierno? Las tendencias hablan de un ascenso muy claro de la ultraderecha que, por mucho que se equivoquen las encuestas, parece que está penetrando en la juventud. No sé si cree también que con penetración en clases más populares. Y todo eso a pesar de que el Gobierno no ha dejado de hacer cosas. 

Soy escéptico sobre el relato en torno a la juventud española y al supuesto auge de la ultraderecha. Creo que hay un fenómeno que es objetivo y evidente y que es muy visible de politización en clave de ultraderecha, especialmente de hombres jóvenes que se han hecho muy visibles y muy audibles, pero creo que le hacemos un flaco favor a la juventud española cuando simplificamos o asumimos este relato unívoco. Hace apenas dos años, en las elecciones, cuando este relato ya estaba funcionando, lo que dijeron los estudios cualitativos es que el 65% de la población menor de 25 años votó opciones progresistas. A la juventud española hay que reconocerle agencia política y creo que la juventud española no es ultraderechista, tengo una confianza absoluta en la capacidad crítica de la juventud española, que evidentemente tiene muchos motivos para estar insatisfecha y que estoy seguro y convencido de que sabrá dotarse de las fórmulas de organización política para defender sus derechos.

No compro ese relato, no compro el derrotismo y no compro el fatalismo. Es un tiempo muy complejo a nivel global, muy complejo, pero en Nueva York hace poco se produjo un alivio colectivo. Es una demostración de que cuando se generan las condiciones organizativas, de discurso, políticas, de programa, la gente responde. Y por supuesto que es posible construir una alternativa justa y progresista a las crisis que estamos viviendo. No es una condición suficiente la acción de Gobierno, pero creo que sí es necesaria. Tenemos que mostrar que ese camino es posible.

Citaba el caso de Mamdani. ¿Cree que la izquierda tiene que cambiar su discurso o su comunicación o sobre qué temas hablar? La ultraderecha triunfa globalmente con bastantes puntos en común, con una llegada en redes sociales muy concreta. No sé si comparte por ejemplo el discurso que hizo Gabriel Rufián en el Congreso esta semana sobre la inmigración.

Sí, pero fíjese, la victoria de Mamdani justo se ha hecho sobre unas premisas casi opuestas. Sobre una reivindicación explícita, abierta, de todo aquello que se suponía que la izquierda tenía que dejar de decir porque incomodaba o era peligroso. Sobre lo woke como caricatura, casi. Y Mamdani ha hecho el corazón de su candidatura con su condición de inmigrante convertida en símbolo, sobre el hecho de que es la clase obrera inmigrante la que ha construido esa ciudad y la mantiene viva. Si uno lo mira fríamente, Mamdani ha ganado con un programa muy simple, muy fácil de entender, con el que ha hecho mucha pedagogía y lo ha explicado muy bien, pero que en lo esencial se reducía a una política de protección de inquilinos en vivienda, que es justo lo que estamos peleando para conseguir aquí, con una política de transporte público gratuito y de escuelas infantiles gratuitas. Es decir, servicios públicos, derechos universales, fiscalidad progresiva y protección de inquilinos y políticas de vivienda.

Los elementos para generar construir esa alternativa están identificados. ¿Hay que articularlos bien? Por supuesto. ¿Es difícil hacerlo desde el Gobierno? Claro que lo es. Pero también estamos en el Gobierno como resultado de todas las luchas anteriores que consiguieron cristalizar en estas posiciones. Soy optimista respecto a las posibilidades de poderlo articular, porque este país es mucho mejor que las ideas de odio de una ultraderecha, que lo que hace es defender a la oligarquía constantemente, atacar a quienes ellos consideran que son débiles. Su violencia siempre va hacia abajo, hacia arriba nunca dicen ni mu. España es mucho mejor que eso y le vamos a saber dar forma.

¿Es posible ganar las elecciones si la izquierda va separada? Y usted que viene de Podemos, ¿cree que hay que hacer algo más o hay que hacer algo diferente para atraer a Podemos a una candidatura unitaria?

Como con la vivienda, el 'qué' es mucho más importante que el 'cómo'. Y el 'qué' es que vivimos en un momento muy difícil donde se acumulan las crisis climáticas, bélicas, políticas, donde hay una ofensiva de la ultraderecha contra la democracia y creo que toda la gente progresista comparte la necesidad de aunar fuerzas para defender aquello en lo que creemos: derechos y libertades fundamentales, el estado del bienestar, un sistema de justicia social, la paz, los derechos humanos. Creo que eso es 'el qué'. El 'cómo' tiene que servir a ese objetivo. No se entendería que diferencias tácticas o personales se antepongan ante la gravedad de las amenazas que estamos viviendo. Es tiempo de trabajar para organizar un proyecto político que esté a la altura de los desafíos que tenemos, que son enormes. Tenemos unas condiciones privilegiadas para generar un movimiento político que sea capaz de contrarrestar esa ola ultra.

No sé si le ha llegado que hay gente que piensa que usted sería un buen candidato de la izquierda, del espacio de Sumar o de como se llame en las próximas elecciones. 

Pues yo le agradezco mucho a quien piense que sería un buen candidato, pero no voy a ser candidato. Yo bastante tengo con sacar adelante todo el trabajo que tenemos en el Ministerio, que es abrumador.

¿Hay gente que se lo ha propuesto directamente?

No, porque la gente que me conoce sabe perfectamente cuál es mi planteamiento. Yo ya estuve en política en un ciclo anterior, ya me fui, volví en estas circunstancias y dirigir un ministerio es una responsabilidad abrumadora.

Y suficiente.

Y suficiente. Tenemos muchísima tarea por delante y no tengo otra expectativa ni otra ambición que hacer mi trabajo lo mejor posible en esta legislatura.

¿Y cree que Yolanda Díaz sería una buena candidata para repetir la coalición del 23J?

Yolanda ha demostrado que es una candidata excelente. Es la que produjo el resultado electoral que permitió que el gobierno de coalición se volviera a formar. Y aparte, no es una exageración en absoluto, Yolanda Díaz es la mejor ministra de Trabajo que ha tenido la democracia española y es la vicepresidenta de un Gobierno que tiene muchísimo por hacer en la segunda parte de esta legislatura. Y creo que le haríamos un flaco favor al trabajo que tenemos que hacer si permitiéramos que las especulaciones o la agenda electoral interfiriera o se priorizara sobre lo que tenemos que hacer. 

Pero entienda también que la gente progresista que votó a Sumar el 23J y quizá gente que se puede acercar, quiera saber quién es la persona que va a liderar ese espacio. No sé si cree que ella debería volver a repetir como candidata o que debería haber un candidato o candidata clara para esas elecciones cuanto antes. 

La decisión sobre sus planes la tendrá que tomar primero ella y también todos los actores políticos del espacio. Creo que eso sería lo lógico. Entiendo que haya interés y que se quiera claridad, pero creo que los tiempos en política son muy importantes y este no es un tiempo electoral, es el tiempo de profundizar en la acción de Gobierno. Nos queda muchísimo por hacer. Y específicamente hay que acelerar la agenda social, que es nuestra primera prioridad como espacio político. No deberíamos confundir los tiempos, las prioridades de los tiempos: lo que toca es profundizar la agenda social y conseguir avanzar, empujar todo lo que podamos para que esta legislatura dé todavía mucho que hablar.

Junts no cumple por ahora su amenaza y apoya la primera ley del Gobierno que se discute en el Congreso tras su anuncio de ruptura. Los independentistas catalanes han apoyado este martes emitir dictamen de la Ley de Atención al Cliente, el paso previo para su votación en Pleno. El texto, una iniciativa del ministerio de Derechos Sociales de Pablo Bustinduy, había sido negociado durante meses entre los de Puigdemont y el Ejecutivo para incluir, entre otras medidas, que los consumidores de Catalunya, Euskadi y Galicia puedan ser atendidos en sus territorios en las lenguas cooficiales.

Con esta mayoría, la del bloque de la investidura, la ley tiene el camino allanado para ser aprobada en Pleno, ya a mediados de noviembre. Lo previsible es que los de Carles Puigdemont vuelvan a votar a favor de una ley que han trabajado durante varios meses en la fase de ponencia. “En este texto está la huella de Junts, con la protección del catalán en las enmiendas para que se pueda elegir en qué lengua quieren ser atendidos los clientes en función de dónde se encuentren”, defendió el diputado independentista Josep María Cruset.

Con 20 votos a favor (los de PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV y Podemos), los 17 en contra de las derechas y ninguna abstención, la Comisión de Derechos Sociales y Consumo ha aprobado el informe de la ponencia del Proyecto de Ley de Atención a la Clientela con algún cambio de última hora. Por un lado, con el voto en contra del PSOE ha salido adelante una enmienda para prohibir las llamadas spam que no estén identificadas como tales.

Como parte de esa medida, en adelante las grandes empresas estarán obligadas a usar un prefijo para sus llamadas comerciales y las operadoras de telefonía tendrán que bloquear las llamadas que no usen ese prefijo. Las llamadas comerciales sin consentimiento quedarán prohibidas y los contratos que se cierren en estas llamadas quedarán anulados.

Aunque Junts ha votado a favor del informe de la ponencia, ha querido matizar el gesto al Gobierno con un acuerdo con el PP para algunas enmiendas y con el rechazo a varias de las pactadas por PSOE y Sumar, las fuerzas que componen el Ejecutivo. Junts, ERC y PP han acordado una enmienda transaccional para eximir de esa normativa sobre spam a las empresas comercializadoras de luz, gas y servicios electrónicos que no alcancen una cuota de mercado del 5%. El PP ha conseguido colar hasta 16 enmiendas en el conjunto del texto.

La Comisión también ha incorporado una enmienda de PSOE, Sumar y ERC para limitar la publicidad de las empresas del juego, con la ide ade que solo puedan emitir captaciones comerciales audiovisuales “en servicios de intercambio de vídeo a través de plataforma, redes sociales, en acontecimientos deportivos, en carteles publicitarios ubicados en los eventos antecitados y cuyos resultados sean objeto de apuestas y en el desarrollo de los concursos televisivos”, como adelantó Demócrata. La idea es prohibir que las empresas puedan captar nuevos clientes mediante promociones.

Más allá de las enmiendas incorporadas, el proyecto del Ministerio de Bustinduy contiene un paquete ambicioso de leyes para mejorar la atención que prestan las empresas a los consumidores y garantizar sus derechos. La idea es establecer una serie de obligaciones mínimas y eliminar condiciones abusivas en algunos contratos. Por ejemplo, a las plataformas audiovisuales de pago, como Netflix, HBO, o Disney, se les obligará a informar con un mínimo de 15 días de la renovación de sus suscripciones.

La ley también garantizará que las empresas muestren el precio final del producto durante todo el proceso de compra para evitar que los gastos de gestión aparezcan únicamente al final.

Gestos contra el Gobierno

Junts ha querido dejar claro en diferentes momentos durante el pleno de esta semana que su apuesta contra el Gobierno va en serio. Fuentes del grupo parlamentario han señalado este miércoles tras la votación que han votado “en contra de todas las enmiendas del Gobierno español”, algunas de las cuales, han apuntado, “no han prosperado por insuficiencia de votos”.

Este martes, los siete diputados independentistas apoyaron al mismo tiempo algunas iniciativas del PP, aunque sin demasiada trascendencia legislativa. Por un lado, facilitaron la toma en consideración de una proposición de ley de los de Alberto Núñez Feijóo para que el nombramiento del responsable de protección de datos de la Fiscalía deje de estar en manos del fiscal general del Estado, aunque para que esta iniciativa prospere queda todo su camino parlamentario por delante.

También facilitaron este martes la aprobación de algunos puntos de una moción del PP sobre inmigración, entre ellos una petición al Ejecutivo para que promueva el retorno y la reunificación familiar de los menores mediante acuerdos de colaboración con los países de origen, tipificando penalmente el fraude de edad. También garantizar la determinación de edad en un máximo de 72 horas de aquellas personas que lleguen de forma irregular declarándose menores extranjeros no acompañados.

Al mismo tiempo, Junts se abstuvo el martes en las dos votaciones principales que llevaba el PSOE al Congreso. La primera, una toma en consideración de una ley sobre el buen uso de las zonas de estacionamiento para personas con discapacidad y la segunda, una proposición no de ley sobre el correcto uso de la palabra cáncer. Ambas iniciativas habrían salido sin los votos independentistas por la abstención y después el voto favorable del PP.

El Gobierno central y la Comunidad de Madrid mantienen abierto un enfrentamiento a cuenta de dos subvenciones en materia social que el Ejecutivo concedió a la administración regional y que esta no ha empleado, y ha embargado, con el argumento de que el Ministerio del Interior le debe dinero. Estas subvenciones suponen 5,3 millones del Ministerio de Derechos Sociales para adaptar viviendas de personas dependientes y otros 7,7 millones de Igualdad, correspondiente a dos anualidades de un plan para fomentar la corresponsabilidad en los cuidados. 

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha decidido embargar las dos subvenciones esgrimiendo que el Gobierno central, en concreto la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias –dependiente de Interior– le adeuda más de 33 millones de euros por la asistencia médica de los reclusos ingresados en prisiones de la Comunidad de Madrid. Además, denuncia que el Ejecutivo central ha respondido al embargo bloqueando nuevas ayudas. 

El Tribunal Supremo resolvió en 2019 que las atenciones médicas deben ser sufragadas por la Administración central, que ejerce la competencia de Prisiones. Por otra parte, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que entró en vigor en 2003, estableció que los servicios sanitarios a los reclusos debían ser transferidos en un plazo de 18 meses a las comunidades autónomas, y que quedaran así integrados en su sistema de salud. A día de hoy, solo Catalunya –que ya había asumido la competencia de Prisiones–, Euskadi y Navarra cumplen con la transferencia establecida por la Ley. Madrid es una de las comunidades que sigue incumpliendo, veintidós años después, con la asunción de la asistencia sanitaria a los presos.

El conflicto de la Comunidad de Madrid con el departamento que dirige Pablo Bustinduy por la subvención de 5,3 millones para dependientes ha llegado ya a los tribunales. La Abogacía del Estado, en representación del Ministerio de Derechos Sociales, ha acudido a la vía de lo contencioso-administrativo y ha solicitado la suspensión del embargo. En el caso de las ayudas del Ministerio de Igualdad aún está vigente el plazo para una solución administrativa.

La ayuda para la adaptación de los domicilios en Madrid de personas con discapacidad forma parte del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia y está financiado con los fondos Next Generation, que liberó la Unión Europea para superar la crisis motivada por la pandemia de la Covid-19. La subvención del Ministerio a la Comunidad de Madrid ascendía a 5.389.475,42 euros y fue aprobada en 10 de diciembre de 2021. El textual recogía: “Nuevos proyectos territoriales para asegurar la accesibilidad universal a la vivienda a personas mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia”.

Casi dos años después, el 22 de noviembre de 2023, el Ministerio solicitó a la Comunidad de Madrid que justificara el cumplimiento de la subvención para, en caso contrario y como está estipulado, iniciar el procedimiento de reintegro. El 24 de enero de 2024, Derechos Sociales recibió respuesta de la Comunidad: no había ejecutado los fondos y adelantaba que devolvería el monto de la subvención. 

La Secretaría de Estado de Derechos sociales hizo cuentas y le salieron 5.822.161,40 euros a reintegrar, el resultante del monto total de la subvención más 432.885,98 en intereses de demora.

Pasaron los meses y en el verano de 2024 todo dio un giro. El 5 de agosto de ese año, la Comunidad de Madrid notificó a Derechos Sociales que procedía al embargo de 6.524.596,91 euros. Explicaba que el Gobierno central tiene una deuda con la Administración regional por los servicios sanitarios prestados a las personas internas en la prisión de Estremera (Madrid VII) entre los años 2015 y 2019. 

En realidad hay dos resoluciones del Tribunal Supremo en el mismo sentido porque el conflicto se reprodujo en Andalucía. Allí, a diferencia de lo que ocurrió en Madrid, el Tribunal Superior de Justicia la comunidad autónoma dio la razón a la Administración central. El asunto era tan enrevesado que hubo un conflicto previo entre las partes sobre qué vía judicial debería resolverlo, si la contencioso-administrativa o la de lo social.  

La sentencia de 2019 dictada por el Supremo dando la razón a Madrid cuenta con el voto particular de uno de los seis magistrados, Nicolás Maurandi. Este magistrado se pronunció a favor de que fueran las comunidades autónomas quienes corrieran con los gastos médicos de los presos, siempre que estos estuvieran afiliados o resultaran beneficiarios del Régimen General de la Seguridad Social.

El Ministerio de Bustinduy reaccionó en el conflicto con la Comunidad con una reclamación económico-administrativa en la que advertía que, de seguir con el embargo, la Comunidad estaría causando “perjuicios de imposible o difícil reparación” porque la subvención sale de una partida de los Presupuestos Generales del Estado vinculados a un hecho concreto, en este caso la aplicación de las ayudas. 

La Junta Superior de Hacienda, el órgano económico-administrativo de la Comunidad de Madrid, inadmitió la suspensión del embargo. La resolución no entraba al fondo del asunto y se limitaba a señalar que “no hay acto alguno que pueda ser objeto de suspensión al haberse consumado ya el acto que se pretendía evitar”, en alusión al embargo.

Ante esa decisión, Derechos Sociales contactó con la Abogacía del Estado para la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Junta Superior de Hacienda de la Comunidad. Derechos Sociales alega esta circunstancia, el hecho de que el contencioso esté en los tribunales, para no pronunciarse al respecto. Es el mismo argumento que utiliza el Ministerio del Interior para abstenerse de comentar la deuda con la Comunidad de Madrid y la decisión de ésta de embargar las subvenciones de Derechos Sociales e Igualdad.

La Comunidad denuncia “represalias” de Sánchez

Para el Gobierno regional, la decisión de su Junta de Hacienda se traduce en un aval de los “tribunales” a la ejecución del embargo. Consultado por elDiario.es, un portavoz del Ejecutivo de Ayuso denuncia que los dos embargos de subvenciones por parte del Ejecutivo central le han valido una “represalia del Gobierno de Sánchez”, que ahora “bloquea el abono de algunas ayudas” a la Comunidad de Madrid. 

Lo hace, añade, evitando que la Intervención General del Estado “borre” como deuda regional las dos subvenciones embargadas. Así constaría en los certificados de la IGAE negando la tramitación de ayudas y subvenciones. La Consejería de Hacienda de la Comunidad ya ha reclamado por escrito a la Intervención que cese en esa postura. 

Por otra parte, el Ministerio de Igualdad interpuso el 27 de septiembre de 2024 un recurso potestativo contra la diligencia de embargo de los 7,7 millones del Plan de Corresponsabilidad que han sido embargados, pero no recibió respuesta de la Comunidad, según fuentes del departamento de Ana Redondo. Recurrió entonces a la Junta Superior de Hacienda, pero esta rechazó la providencia de apremio. Consultado por elDiario.es, el Ministerio de Igualdad asegura que, de no modificar su postura en el plazo establecido, también recurrirá a la vía legal a través de la Abogacía del Estado. 

Tras la publicación de esta información, el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, se pronunció al respecto. “El Gobierno nos adeuda muchísimas cosas, pero entre ellas el coste de la atención sanitaria de los reclusos, los tribunales nos han dado la razón y por eso no hemos pagado esas deudas. Esperamos que el Gobierno central asuma esos pagos. Pero no es solamente el pago de la sanidad de los reclusos, hoy cito la atención a la dependencia cuando debería asumir el 50% y solo asume el 27%”, ha dicho García Martín, informa José Precedo.

A mediados de 2022 el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, confirmaba que suprimía la llamada Tarxeta Básica, un tarjeta monedero para que familias vulnerables pudiesen comprar productos de primera necesidad. A pesar de las críticas -las asociaciones que trabajan con personas vulnerables pidieron que se mantuviese-, no hubo dudas en la retirada de esta ayuda. El gobierno gallego vuelve ahora a gestionar una tarjeta similar, pero esta vez la idea le viene impuesta: deriva de un programa creado por el Ministerio de Derechos Sociales y que se financia con fondos europeos. Y ahora la Xunta, sin hacer referencia a la eliminación, presume de que la medida imita a la desaparecida tarjeta gallega.

El programa estatal funciona desde el año pasado. En 2024 el Gobierno central se ocupó transitoriamente del programa, con cargo al tramo estatal del Fondo Social Europeo Plus. Le hizo el encargo de la gestión a Cruz Roja. Este año lo asumen ya cargo las comunidades autónomas. Por ello, la Xunta anunció este lunes que ha dado el visto bueno al concierto social para la gestión de la ayuda, que supone que las familias vulnerables con menores a cargo tendrán acceso a una tarjeta monedero que, en función de los miembros de la unidad familiar, va de 130 a 220 euros al mes.

La conselleira de Política Social, Fabiola García, citó la Tarxeta Básica que la Xunta había puesto en marcha al principio de la pandemia como el ejemplo que siguió el Gobierno central para este programa. Aquel modelo, dijo, “no dejó indiferente a nadie”. “El Gobierno central la imitó”, añadió. A pesar de esta defensa actual del programa, fue la propia Xunta la que tomó la decisión de eliminarlo a mediados de 2022 con el argumento de que se había aplicado en el contexto de la crisis de la covid y el escenario había cambiado ya. García no solo elogió la tarjeta retirada, sino que criticó la establecida por el Gobierno central. Las dos “carencias” que le ve son que solo llega a familias vulnerables si tienen menores a cargo, pero no en otros casos, y que “penaliza claramente al rural” porque se puede utilizar solo en los supermercados adheridos y en las pequeñas poblaciones es menos frecuente encontrar comercios que se hayan sumado.

Con el concierto social, defendió la conselleira, se le dará al programa más flexibilidad. El presidente de la Xunta indicó que son 24 millones de euros para cuatro años y que las tarjetas monedero son una medida pensada para tratar de reducir las tasas de riesgo de exclusión social. La ayuda tendrá una duración de 12 meses prorrogables y el acceso se tramita a través de los servicios sociales de los ayuntamientos. La entidad social que resulte adjudicataria del concierto se ocupará de distribuir las tarjetas y asesorar a las familias receptoras. La previsión, según García, es que este año la ayuda llegue a unas 8.000 personas.

La protección de las trabajadoras del servicio de ayuda en el hogar

La Xunta ha presentado también su propuesta para el protocolo para proteger a las trabajadoras -muy mayoritariamente mujeres- del servicio de ayuda en el hogar. El documento se elaboró a raíz del asesinato en O Porriño (Pontevedra) de Teresa de Jesús González. La mató el marido de la mujer a la que iba a atender. Como reacción, las administraciones crearon una mesa de trabajo y el Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (Issga) -dependiente de la Consellería de Emprego- redactó el nuevo documento, que se remitirá ahora a esa mesa.

El Gobierno gallego asegura que se tiene en cuenta el “perfil feminizado” de la actividad y la realidad específica de este trabajo. Entre las medidas que se proponen están hacer una identificación de riesgos, mejorar la organización del trabajo y reforzar la formación de las profesionales. El protocolo recomienda que las trabajadoras tengan el teléfono móvil operativo toda la jornada, la posibilidad de un acompañamiento temporal si las circunstancias lo requieren o hacer un seguimiento en domicilios con antecedentes de conflicto. En cuanto a la formación, sugiere que las empleadas tengan conocimientos sobre cómo prevenir la violencia, comunicación efectiva, resolución de conflictos o control de la tensión.

Cuando se den situaciones de violencia, el protocolo señala que se deben registrar y hacer seguimiento de todos los incidentes para que los evalúe la empresa que presta el servicio y, si es necesario, haya coordinación con la administración local para tomar medidas correctoras.

Los ministros de Sumar han escenificado este lunes un bloque común para presentar una propuesta de real decreto, que llevarán al Consejo de Ministros y con el que quieren “desmontar la fábrica de desigualdad, que se llama vivienda”. El plan, a cargo del Ministerio de Derechos Sociales, pasaría por una prórroga general de tres años de los contratos actuales, la obligación de firmar los nuevos al mismo precio que el anterior, ya sea para el mismo inquilino u otro, extender la regulación de los arrendamientos, también a los de habitaciones, y prohibir la compra de vivienda para alquilar por encima del índice de precio asequible.

El ministro Pablo Bustinduy ha desglosado las principales medidas de este “plan de intervención urgente” para atajar “la razón principal por la que los excelentes datos macroeconómicos de este país no se reflejan en la vida de las familias”. El titular de derechos sociales ha apostado por la “protección inmediata de los inquilinos” con una prórroga de tres años de todos los contratos de alquiler en vigor, que se podría extender a cinco en el caso de que se hayan declarado zonas tensionadas. Además, “todos los nuevos contratos y la renovación de los existentes deberán fijarse al mismo precio que el anterior”, ha explicado.

En la práctica, esto supone un tope a los precios de los alquileres, efectivo en aquellas comunidades que se niegan a declarar zonas tensionadas y donde las rentas no paran de subir. Así, esta regulación se hará “con carácter general, inmediato y transitorio hasta que se declaren zonas tensionadas”.

El segundo eje de este real decreto pasaría por el fin del “fraude” de los alquileres de temporada, al que muchos propietarios han recurrido para saltarse las garantías que la ley de vivienda da a los inquilinos, como la duración mínima de los contratos de cinco años. En este sentido, proponen que se considere como alquiler turístico cualquier arrendamiento de 30 días o menos y que el alquiler de habitaciones goce de las mismas garantías que el de viviendas.

En esta línea, Bustinduy propone elevar “al rango de ley la autorización del registro de los alquileres de corta duración para reforzar el control del alquiler turístico y dotarnos de un régimen sancionador verdaderamente disuasorio para los pisos turísticos ilegales” y que estos tributen al 21%. Esta medida ya se incluye en el paquete fiscal que anunció el presidente del Gobierno a principios de año y que el grupo socialista registró en el Congreso, pero que incluye otras medidas que descartan Sumar y otros socios parlamentarios, por incluir bonificaciones a los rentistas.

En materia de fiscalidad, el plan también incluye la modificación del Impuesto Temporal de las Grandes Fortunas para que los propietarios de 4 o más viviendas tributen al 5% anual sobre su patrimonio inmobiliario y la eliminación de la bonificación de las rentas del alquiler del 40%, salvo aquellos casos en los que se trate de alquileres asequibles. Y, en ese sentido, Sumar planteará “la limitación de la nueva compra de vivienda que vaya a ponerse en alquiler”, que estará “restringida a alquileres asequibles, según los precios de referencia”.

“Una casa no es una acción en bolsa. Quien tiene cinco, 10 o 100 viviendas no puede hacer lo que le dé la gana subiendo los precios”, ha explicado la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en una comparecencia sin preguntas de los periodistas, acompañada por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, la de Sanidad, Mónica García, y el de Cultura, Ernest Urtasun —la de Infancia y Juventud, Sira Rego, se encuentra de viaje en Jordania—.

Díaz, que presentará este plan en el Consejo de Ministros, pese a que el Ministerio de Vivienda está en manos del PSOE, ha evitado confrontar con su socio de Gobierno y ha culpado al PP de ser el “responsable de lo que está pasando en nuestro país” por negarse a declarar zonas tensionadas. “Hacen de la vivienda su trinchera política. Les debería dar vergüenza, cuando está en su mano la posibilidad de corregirlo”, ha declarado.

“La cultura es un derecho, no una concesión optativa”. Antes de iniciar tanto su ponencia como la entrevista que mantiene con elDiario.es, Laura Sánchez Beltrán, madrileña de 33 años y licenciada en Administración y Dirección de empresas y Marketing, deja claro que este es el motivo de su ponencia dentro de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre las Políticas Culturales y el Desarrollo Sostenible (Mondiacult), que se celebra en Barcelona desde el 29 de septiembre y hasta el 1 de octubre.

Y lo dice con la autoridad que le otorga tanto su discapacidad del 95%, debido a una enfermedad neurológica rara como es la artrogriposis múltiple congénita, como su cargo de jefa de sección de la Subdirección General de Diálogo Civil de la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad, dentro del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del Gobierno de España.

En España, la cultura es reconocida como un derecho humano fundamental en el Artículo 44 de la Constitución, que establece la obligación de los poderes públicos de promover y tutelar el acceso a la cultura para todos. Este derecho abarca la libertad de crear y disfrutar del patrimonio cultural, participar en la vida artística y científica, y preservar la diversidad cultural. Para garantizarlo, el Ministerio de Cultura ha impulsado el Plan de Derechos Culturales 2025-2030, con el objetivo de asegurar la participación equitativa y el desarrollo de políticas culturales inclusivas. 

Un estudio de la organización intergubernamental Ibermuseos asegura que, términos globales, el promedio de cumplimiento de las normas de accesibilidad en los museos de España y Latinoamérica no supera el 47,09%

Sostiene, en consecuencia, Sánchez que todas las personas sin distinción deben poder tener acceso a una vida cultural plena, tal como lo dicta la ley. Pero la realidad es otra: un estudio de la organización intergubernamental Ibermuseos asegura que, términos globales, el promedio de cumplimiento de las normas de accesibilidad en los museos de España y Latinoamérica no supera el 47,09%. En palabras de Sánchez, “la cultura solo es un derecho para aquellos capaces de sortear determinadas dificultades de accesibilidad, que para otras personas, debido a sus discapacidades, resultan infranqueables”. De este modo, la cultura se convierte en un privilegio para unos y una discriminación para otros.

¿Hasta qué punto podemos considerar la cultura un derecho?

No es que debamos considerarlo, es que lo es. Otra cosa es que sea derecho que, por desgracia, muchas personas con discapacidad no podemos ejercer ni en el acceso a la cultura ni en formar parte de la cultura creándola, y de ello deriva una enorme discriminación, porque somos una parte más de la sociedad con nuestra inquietud y nuestra forma de expresarnos también en el arte y la cultura en general. Una forma que es igual de válida que cualquier otra pero que nos resulta negada, de modo que se nos silencia como artistas y como personas sensibles.

¿Y la base sobre la que reside acabar este silenciamiento es la accesibilidad?

Así es, tanto la física como la sensorial y la cognitiva, la más reciente en ser tenida en cuenta pero que cuestiona, por ejemplo, el diseño de todo el sistema museístico y expositivo. Y cuando se nos niega el acceso a la cultura debido a las barreras, se nos hace doblemente discapacitados, porque a nuestros impedimentos de partida se añade la incapacidad de poder crecer intelectualmente y como personas. Se nos impide nuestro desarrollo personal e incluso profesional, con lo que quedamos atrapados en un sistema paternalista que nos mantiene como dependientes sin dejarnos conocer hasta dónde nos podemos valer.

Al negarnos el derecho a la cultura se nos impide nuestro desarrollo personal e incluso profesional, con lo que quedamos atrapados en un sistema paternalista que nos mantiene como dependientes sin dejarnos conocer hasta dónde nos podemos valer

¿Ha mejorado en todos estos años la accesibilidad en museos y edificios históricos?

Menos de lo que debería, ya que muchas veces las reformas de accesibilidad tardan en llegar incluso a los edificios públicos, que dependen de ministerios como el de Cultura o instituciones similares, que no han hecho los deberes todavía, con lo que son inaccesibles para muchas personas.

Supongo que en recintos privados la situación será peor...

Siguen faltando mejoras a pesar de los avances. Ahora puedes entrar en un teatro o un auditorio y ver una obra o escuchar un concierto, por ejemplo, pero no como el resto de los asistentes. Generalmente, vas a un gallinero o zonas laterales, porque las mejores zonas no son accesibles. Y en las salas de concierto, por ejemplo, ahora se colocan unas rampas para que personas en silla de ruedas podamos ver el espectáculo. Es una mejora si tienes en cuenta que antes solo veíamos las piernas de los demás, pero al final terminamos viendo el concierto separados de nuestras amistades, que han venido a disfrutarlo con nosotros, ya que solo puede subir un acompañante a las rampas. Disfrutas del concierto, pero no de la compañía.

No existen inspectores que revisen los temas de accesibilidad, así que es difícil avanzar en estos temas, sobre todo en la accesibilidad física

¿Cuál es el principal problema en la aplicación de la ley de accesibilidad?

Sin duda que es un proceso lento, con muchas alegaciones, en el que se nos ha dotado con pocas herramientas para obligar al cumplimiento de la norma. Por ejemplo, no existen inspectores que revisen los temas de accesibilidad, aunque la ley sea muy estricta. Así que es difícil avanzar en estos temas, sobre todo en la accesibilidad física.

Regresemos a la discapacidad cognitiva, que según usted es la frontera más importante por vencer.

El tema es que en el aspecto cognitivo todos somos o seremos discapacitados en algún momento de nuestra vida. Por ejemplo, un niño es discapacitado cognitivo para leer o entender la cartulina de un cuadro en una exposición hasta que tiene edad de comprensión del texto; o una persona mayor, o miope, tampoco puede leer ciertas cartulinas con letra minúscula. Incluso las personas normativas tienen dificultades para leer textos densos y complejos en un pequeño recuadro de cartón pegado junto al lienzo.

Por lo tanto, la accesibilidad cognitiva, al menos en este ejemplo tan simple, nos atañe a todos. Pero la accesibilidad cognitiva es más compleja que eso. Abarca, por ejemplo, que la esencia de una obra artística, en el formato que sea, pueda llegar a la sensibilidad de personas que no pueden captar el mensaje intelectual que se les propone, porque eso no quiere decir que no conecten con la obra a su manera.

Pensar en accesibilidad cognitiva implica plantearse el diseño de las exposiciones desde antes incluso de seleccionar las obras de arte

¿Tal vez se necesita un enfoque especial para estas personas?

El error es creer que con dedicarles una sala en una exposición para explicar la muestra de forma que la entiendan, se soluciona el problema. De nuevo, se discrimina.

Entonces, ¿qué hay que hacer?

Pensar en ellos antes de diseñar la muestra, de proponer las obras, de disponer el espacio... Los comisarios y curadores deben incluir a estas personas en el diseño de una exposición de modo que el resultado final no les discrimine. Es algo que hoy damos por sentado cuando diseñamos una página web: pensamos en que sea accesible para todo el mundo. Debe hacerse lo mismo con las exposiciones antes incluso de pensar que obras vamos a mostrar.

El número de beneficiarios de la renta mínima de inserción en Extremadura ha caído un 14 % desde 2020, coincidiendo con la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Según los últimos datos del Ministerio de Derechos Sociales, el trasvase de perceptores hacia la prestación estatal explica buena parte de este descenso, que ha supuesto una transformación en la cobertura de rentas mínimas autonómicas.

En el conjunto de España, no todas las comunidades han impulsado reformas para mejorar la coordinación entre sus rentas mínimas y el IMV. En 2023, solo un 22,2 % de los titulares de rentas mínimas (24.708 personas) compatibilizaban ambas ayudas, más de la mitad concentrados en el País Vasco.

En ese mismo año, un 2,9 % de las solicitudes de rentas mínimas (758 expedientes) fueron denegadas por ser incompatibles con el Ingreso Mínimo Vital, mientras que el 40,4 % de las prestaciones autonómicas (5.233) se extinguieron o suspendieron una vez que los titulares pasaron a cobrar la ayuda estatal.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) señala que, desde la entrada en vigor del IMV, el trasvase de beneficiarios desde las rentas mínimas autonómicas a la prestación estatal ha liberado en torno a 510 millones de euros, lo que equivale al 11 % del gasto que las comunidades autónomas destinaban a estas ayudas.

En Extremadura, donde la renta mínima ha sido una herramienta esencial para las familias en situación de vulnerabilidad, las cifras reflejan un cambio de escenario: una parte significativa de las personas beneficiarias ha pasado a depender directamente de la prestación estatal, lo que ha reducido la carga presupuestaria de la Junta, pero también ha generado nuevas dificultades de coordinación entre administraciones.

Los socios de Gobierno han llegado, tras meses de negociaciones, a un acuerdo para ampliar los permisos a las personas con hijos e hijas. Los nuevos derechos, menos ambiciosos respecto a lo que estaba recogido en el acuerdo de la coalición para gobernar, se aprobarán este martes en el último Consejo de Ministros de la temporada, según ha anunciado el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Esto es lo que se sabe hasta ahora de esta ampliación de permisos, cuya letra pequeña se concretará mañana, martes.

Permisos de maternidad y paternidad

¿Cuántas semanas puedo tomar por nacimiento?

Los permisos por maternidad y paternidad retribuidos al 100% del salario aumentan una semana: de las 16 actuales a las 17 semanas para ambos progenitores hasta que el niño o niña tenga 12 meses. El pacto, tras la negociación con el PSOE, se queda a medio camino de lo que está en el acuerdo de Gobierno entre ambas formaciones: una ampliación de este derecho hasta las 20 semanas.

“A estas medidas se suma el compromiso político de aumentar una semana de nacimiento hasta completar el total de 20, entre parentales y nacimiento clásicas”, responden fuentes del Ministerio de Trabajo. Esta suma, igualmente, sería inferior a lo acordado para la legislatura. En principio se mantiene la obligatoriedad de que ambos progenitores tomen las seis primeras semanas seguidas tras el nacimiento, la adopción o la acogida.

¿Desde ahora? ¿Cuándo entra en vigor el nuevo permiso?

La entrada en vigor es inmediata, de manera que quienes tengan hijos e hijas a partir de ahora podrán disfrutarlos una vez se apruebe en el Consejo de Ministros y se publique en el Boletín Oficial del Estado, aunque el contenido debe ser refrendado por la mayoría del Congreso.

¿Qué pasa si ya estoy disfrutando de mi permiso de nacimiento? ¿Puedo tomar 17 semanas?

Los progenitores que se encuentran en medio de su permiso de paternidad o maternidad no pueden, sin embargo, acogerse a esta ampliación de una semana, aclaran desde el Ministerio de Trabajo, pero sí a las dos extras flexibles para el cuidado parental que ahora se remuneran.

Permisos por cuidado parental hasta los ocho años

¿Cuántas semanas estarán retribuidas?

España tiene un permiso de ocho semanas para el cuidado de descendientes de hasta ocho años. Sin embargo, hasta ahora no estaban retribuidas. El nuevo real decreto que aprobará el Gobierno este martes comienza a pagar estos permisos como nuevos derechos de los niños y las niñas. De momento, solo dos semanas, según el acuerdo alcanzado PSOE y Sumar, que podrán coger cada uno de los progenitores.

Los de Yolanda Díaz pedían que fueran cuatro las semanas remuneradas y así constaba en el pacto de Gobierno firmado por las dos formaciones.

¿Qué significa que el permiso se aplica de manera retroactiva?

El presidente del Gobierno ha explicado que la retribución de dos semanas será retroactiva desde agosto de 2024. Esto implica, según señalan a elDiario.es fuentes de Trabajo, que las personas cuyos hijos e hijas nacieron a partir de agosto de 2024 podrán recibir esta remuneración hasta que cumplan los ocho años. No solo los niños y niñas nacidos desde la entrada en vigor del nuevo decreto.

Se ha marcado este umbral porque coincide con el momento en que España debía haber traspuesto la directiva que incluía estos nuevos derechos. Por este retraso, el Estado ya ha sido multado con casi diez millones de euros.

¿Y si mi hijo o hija tiene menos de un año y ya he decidido coger el permiso cuando aún no se retribuía?

En este caso se podría reclamar a la administración, siempre que el nacimiento sea posterior al 2 de agosto de 2024, la cuantía equivalente a dos semanas de permiso, según el Ministerio de Trabajo.

¿Qué pasa con las otras ocho semanas que estaban reconocidas?

Las dos semanas retribuidas se suman a las ocho que ya existían y podrán seguir tomándose, como hasta ahora. Es decir, como una suspensión temporal sin remuneración.

32 semanas para familias monoparentales

¿Cuánto tiempo de permiso por nacimiento me corresponde si soy un único progenitor o progenitora?

Serán 28 semanas por paternidad y maternidad en el caso de las familias monoparentales, frente a las 26 semanas reconocidas en una sentencia de noviembre del Tribunal Constitucional. La medida da respuesta a una reivindicación histórica de las mujeres que tienen hijos en solitario.

¿Y de cuánto puedo disfrutar adicionalmente por cuidado parental con retribución?

Estas madres –son la mayoría en las familias monoparentales– y padres tendrán derecho a cuatro semanas más retribuidas –el doble que el resto– hasta que sus hijos o hijas cumplan los ocho años. Estas semanas pueden tomarse junto al permiso de nacimiento o extenderse durante los ocho años siguientes, por eso el Gobierno ha anunciado un total de 32 semanas.

¿Quién paga estas ampliaciones de permisos?

La Seguridad Social las asume íntegramente, ha subrayado la vicepresidenta y ministra de Trabajo Yolanda Díaz en un vídeo compartido en redes sociales, y cubren el 100% de la base reguladora.

Corrección: en una primera versión de este artículo se afirmaba que las dos nuevas semanas de permiso retribuido por cuidado parental se sumaban a otras seis sin remunerar, pero las ocho ya existentes se mantienen. Es decir, son diez en total, de las cuales se pagan dos.

El salario bruto de las trabajadoras de los cuidados en España es 10.000 inferior al salario medio del país. Esta cifra las sitúa con unos ingresos entre un 35 y un 38% más bajos, según el primer estudio realizado por el Ministerio de Derechos Sociales sobre las condiciones laborales de las personas que se dedican profesionalmente a cuidar. En residencias, las empleadas perciben una media de en torno a 17.200 euros anuales. Aún algo menos se ingresa en los servicios sociales sin alojamiento, 16.400 euros, frente a los 26.600 euros promedio del conjunto de sectores.

El perfil más habitual de personas que desempeñan estos trabajos son mujeres (más del 70%), mayores de 45 años (por encima del 50%) y con mucho más peso de la población migrante que en otros empleos (una de cada cuatro). “Se parece mucho al retrato robot de la pobreza en España y esto es inadmisible en términos democráticos”, ha asegurado el ministro del ramo, Pablo Bustinduy, en la presentación de los datos. El departamento que dirige ha tenido que “empezar de cero” porque “las políticas públicas han estado mirando para otra parte”. “Había quien hacía ese trabajo sin valoración ni retribución”, ha lamentado.

Respecto a los contratos, uno de cada cuatro de los que se firman en residencias es temporal. En los servicios de ayuda a domicilio, solo el 60% son indefinidos, 13 puntos porcentuales por debajo de la media nacional. La mayoría de las trabajadoras encuestadas, además, destacan que estas condiciones laborales se suman a la percepción de que no existen posibilidades reales de promoción y a la falta de reconocimiento profesional.

El impacto sobre la salud y el escaso reconocimiento

Por otra parte, el informe confirma que el trabajo de cuidados tiene un alto impacto sobre la salud. Los accidentes en residencias de mayores que ocurrieron en 2023 y requirieron una baja laboral fueron un 75% mayores que los del promedio nacional mientras que en los servicios sociales sin alojamiento, el exceso llegó hasta el 25%. En este último caso, hubo mucha siniestralidad in itinere, es decir, durante el desplazamiento al puesto de trabajo. Los accidentes ocurridos en estas circunstancias duplican la media nacional, con una tasa de 904 por cada 100.000 trabajadoras, frente a 446 en el conjunto del mercado laboral.

“Las trabajadoras explican que la exposición continuada a esfuerzos físicos, posturas forzadas y estrés no solo deteriora la salud, sino que incrementa la rotación y las bajas laborales, afectando también a la calidad del cuidado que se presta”, subraya Derechos Sociales. Así que la precariedad no es solo económica, sino que se vincula también con una labor física y emocional muy fuerte que provoca un deterioro del propio estado de salud.

Por eso, quien trabaja en este sector cree, según el estudio, que “su retribución no está en absoluto en consonancia con la exigencia física y emocional de sus tareas” y, además, “perciben que el bajo salario es expresión del escaso reconocimiento social de su labor”. “Aunque algunas mencionan vías para aumentar sus ingresos —como asumir turnos de noche, trabajar festivos o hacer acompañamientos nocturnos en hospitales en el caso de las trabajadoras de Servicio de Apoyo a la Dependencia— estas alternativas no están al alcance de todas ni compensan adecuadamente el esfuerzo adicional”, recoge el informe.

260.000 trabajadoras más en cinco años

El Ministerio presentó hace unos meses otro estudio que proyectaba cuántas trabajadoras de los cuidados serán necesarias en 2030 para atender a las personas con dependencia. En cinco años, el sistema requerirá de 261.400 empleadas adicionales para hacer frente al reto demográfico de un país que envejece año a año.

El sector de la dependencia se ha convertido en una olla a presión que debe responder a una demanda imparable con trabajadoras precarias, un gran peso del sector privado y usuarios ahogados económicamente. Como un grifo que cada vez lleva un caudal más elevado y cuya agua se arroja a una pila limitada en tamaño. Al sistema, como demandantes de apoyos, han entrado en los últimos meses unas 10.000 personas cada mes.

El Consejo de Ministros ha aprobado en segunda vuelta la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, que incluye, entre otras ampliaciones de servicios y derechos, nuevas multas por la “exposición pública de las personas en atención a su discapacidad” en espectáculos, ferias, en locales abiertos al público o en redes sociales “cuando no sea una infracción penal”. Se trata de infracciones graves castigadas con sanciones económicas de entre 600.000 y un millón de euros, según figura en el proyecto de ley del Ministerio de Derechos Sociales que el Gobierno envía ahora al Congreso para su aprobación definitiva.

El Ejecutivo da este paso tras haber pedido a la Fiscalía y a la Oficina de Lucha contra los Delitos de Odio que investigue si en el cumpleaños del futbolista Lamine Yamal se vulneró la ley de discapacidad, que prohíbe espectáculos de burla o que denigren a las personas con discapacidad. La norma hasta hoy incluye solamente la prohibición genérica, pero no las sanciones, que son una de las novedades de la reforma que acaba de aprobar el Consejo de Ministros como elemento “disuasorio”.

El Ministerio de Derechos Sociales matiza que ha elevado el asunto a las autoridades judiciales “como hace habitualmente cuando hay una denuncia de una organización por vulneración de derechos”.

En este caso, fue la Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas con Enanismo (ADEE), entidad miembro de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), quien condenó y denunció públicamente la contratación de personas con enanismo como parte del entretenimiento en la fiesta de Yamal. La Asociación dijo que tomaría acciones legales y sociales para salvaguardar la dignidad de las personas con discapacidad, “considerando que estos hechos vulneran no solo la legislación vigente, sino también los valores éticos fundamentales de una sociedad que se pretende igualitaria y respetuosa”.

Esta medida es solo una de las decenas que recoge la reforma, al mismo tiempo, de dos legislaciones: la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.

“Esta reforma no solo busca dejar atrás la época oscura de los recortes sino sentar las bases de un sistema público que consagre el derecho a la ciudadanía al bienestar y a ser cuidados”, ha dicho el ministro del ramo, Pablo Bustinduy, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “En este tiempo oscuro, desde Washington a Torre Pacheco, aquí trabajamos por un estado que proteja a todos”, ha añadido a renglón seguido.

Varias prestaciones a la vez

El Ministerio de Derechos Sociales pondrá fin, si la norma finalmente sale apoyada por una mayoría del Congreso de los Diputados, a recortes impulsados por el Partido Popular como consecuencia de la crisis económica de 2008 y que todavía afectaban al sistema. Uno es la incompatibilidad de prestaciones, que limitaba el acceso de un mismo usuario a dos apoyos a la vez. Por ejemplo, un centro de día por las mañanas y ayuda a domicilio por las tardes. La otra medida que se elimina es el periodo de carencia de dos años en la prestación económica por cuidado familiar. Esto significa que hasta ahora la administración podía demorarse hasta dos años en ingresar a la persona usuaria la cuantía mensual para sufragar sus cuidados en casa sin que después se pagara lo adeudado por el retraso de manera retroactiva.

Otra novedad es la extensión de esta misma prestación económica hasta el último día del mes en el que se ha producido el fallecimiento de la persona con dependencia. Esta decisión busca evitar que los familiares tengan que reintegrar parte de la prestación si su ser querido muere, por ejemplo, a mitad del mes. “Aporta seguridad jurídica y evita situaciones de incertidumbre o penalización económica a las familias o personas cuidadoras que han sostenido los apoyos hasta el final de la vida y supone un gesto de reconocimiento y respeto hacia quienes cuidan”, defiende el departamento dirigido por el ministro Pablo Bustinduy.

Amigos como cuidadores

También se amplían otros servicios, como la ayuda a domicilio, que se extiende fuera del hogar. La prestación, centrada hasta ahora en el cuidado personal y en actividades domésticas en el día a día, también cubrirá, según el nuevo texto, otras cuestiones cotidianas como ir al médico o a la compra. Además, la prestación por cuidados en casa se amplía del “entorno familiar” al “relacional” para equiparar a un amigo o amiga como si fuese un familiar con alguna consanguineidad, aunque el titular de la prestación siempre es el usuario. Las personas dependientes no solo viven con sus parejas, progenitores o descendientes y el texto pretende responder a estas “nuevas situaciones de convivencia” y a la realidad de quienes viven solos. Esto queda sujeto a que “se cumplan condiciones adecuadas de convivencia y habitabilidad”.

Uno de los graves problemas del sistema son los tiempos de espera. La media desde que una persona pide la valoración del grado de dependencia hasta que tiene acceso a cualquier prestación es de 342 días, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Derechos Sociales. Las demoras obligan, en la práctica, a contratar recursos privados e incluso hay personas que fallecen sin haber tenido acceso a su prestación.

Prestaciones “transitorias”

Para reducir el impacto, la reforma crea unas nuevas prestaciones “transitorias” para que una persona en situación de dependencia en grado II o III pueda recibir una ayuda “que se adapte a su voluntad, deseos y circunstancias cuando no pueda acceder de inmediato al recurso que ha solicitado y que le corresponde por grado”. “Por ejemplo, si una persona pide acceder a un centro residencial que está cerca de su casa, pero no hay plazas, durante el tiempo que está en lista de espera tendrá opción a recibir una prestación alternativa acorde con su grado, como podría ser la ayuda en el domicilio”, señala el Ministerio.

“Los centros de día se convierten en multiservicios”, ha subrayado Bustinduy, lo que implica que estos centros se abrirán para prestar apoyos fuera de sus instalaciones. Así, servirán para atender en sus domicilios o en espacios del entorno a los usuarios que vivan cerca y lo necesiten. Además, la idea es que sirvan de referencia para personas que no son sus usuarias, pero que pueden encontrar en ellos otro tipo de servicios.

La nueva ley de discapacidad, además, concederá de manera automática una discapacidad del 33% a todas las personas con una situación de dependencia reconocida de grado I para reducir la burocracia. Una especie de pasarela que pretende aminorar las demoras. En el caso de los grados II y III la discapacidad automática será del 65%.

Una vez se aprueben los cambios, tampoco habrá que ponerse al final de la lista de espera para revisar el grado de dependencia, en el caso de que aumente y se necesiten más apoyos. Además, la ley incluye un procedimiento de urgencia para algunas situaciones de especial vulnerabilidad. “Demencias, aislamiento social, violencia de género o precariedad económica” permitirán reordenar el tratamiento de los expedientes“, según la nueva norma.

Poner un ascensor será obligatorio

Entre los nuevos derechos reconocidos están la accesibilidad, que hasta ahora era solamente un “principio inspirador”, y la teleasistencia, contemplado por primera vez como un derecho fundamental para todas las personas dependientes que vivan en sus domicilios.

Asimismo, las obras para poner un ascensor en una comunidad de vecinos serán obligatorias. La ley habilita a los vecinos que solicitan la intervención a “acudir a la justicia para obligar a la realización de las obras en las condiciones previstas por la ley”. En España hay 100.000 personas encerradas en sus casas porque los bloques tienen problemas de accesibilidad, según ha calculado el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

Por último, se crea por primera vez un banco público para evitar que las personas que lo necesitan tengan que invertir en elementos que les ayuden a permanecer en su casa, como sillas de ruedas, camas o grúas.

José tiene 81 años y está pasando por un momento muy delicado de salud. En noviembre supo que tenía cáncer de recto con metástasis y se ha enfrentado desde entonces a dos cirugías y quimioterapia. Lo que queda por delante todavía es incierto, asegura su hija, Nerea del Campo, que en la gestión de la nueva situación se ha topado con un agujero en la ley de dependencia que deja sin respaldo a muchas personas en un proceso de enfermedad de duración desconocida.

Según la resolución del Departamento de Cuidados y Políticas Sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa, su padre no puede ser valorado para acceder a una ayuda porque la condición de salud no es “permanente” aunque ahora mismo es una persona dependiente que acaba de salir del hospital tras una intervención de urgencia y que apenas pesa 50 kilos. El paciente se encuentra en un “proceso patológico que genera dependencia pero su estado no es de carácter permanente”, dice el documento.

“No valoran a mi padre hasta que acabe el proceso oncológico. Para la trabajadora social fue una sorpresa y para nosotros también. Por teléfono me dijeron que ”como al aita le faltan cositas por hacer no se puede valorar“. Esas cositas, como dice la Diputación son recuperarse de la intervención, sesiones de radioterapia, cirugía para extirpar el tumor de recto y poner una ”bolsa“, otras tantas sesiones de quimio y a saber si la oncóloga decide quitar la manchita del pulmón”, explica Del Campo en conversación con elDiario.es, que denuncia cómo la ley no se adapta a la realidad de estos enfermos.

“La estabilidad en procesos oncológicos con metástasis puede no presentarse hasta después de un largo y duro periodo de tratamientos e intervenciones quirúrgicas. ¿En qué momento se convierte esto en algo permanente? ¿Cuántas familias puede haber así en todo el Estado?”, se pregunta. La familia hizo la solicitud tras una primera cirugía en abril y la respuesta les ha llegado en mayo.

La ley aprobada en 2006 define la dependencia como “el estado de carácter permanente” en el que se encuentran las personas que precisan de atención o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria.

Un real decreto posterior, de 2011, profundiza en los criterios para hacer las valoraciones y establece que “los procesos patológicos y los procesos crónicos degenerativos asociados a la edad, que generan la dependencia, deben de haber sido diagnosticados y tratados durante un tiempo suficiente antes de considerar la situación de dependencia generada como permanente y por tanto valorable”. Se deben tener en cuenta los informes de salud para “determinar si la persona ha alcanzado médicamente su máxima mejoría”, señala el decreto.

“Situaciones transitorias no valorables”

Según la resolución, José formaría parte de “las situaciones transitorias no valorables”. En este grupo recogido por la normativa se encuadran quienes necesitan tratamientos agresivos que condicionan una situación de dependencia transitoria o las personas convalecientes de una operación quirúrgica.

Hay una excepción: si la persona es mayor de 80 años puede iniciarse la tramitación de la dependencia una vez pasan dos meses desde el diagnóstico y el inicio del tratamiento. El plazo habitual, si no, es medio año.

La familia ha recurrido la negativa de la administración vasca y está a la espera de una nueva respuesta. Nerea del Campo asegura que ha tenido que dejar de trabajar en las últimas semanas por la situación de su padre, cuyo estado de salud ha empeorado considerablemente en poco tiempo tras una obstrucción intestinal que requirió de una operación de urgencia. Después, pasó varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos y otros tantos en planta. Le acaban de dar el alta.

Una portavoz de la Diputación, con la que se ha puesto en contacto elDiario.es, remite a la ley de 2006 para respaldar la resolución y asegura que, en casos como este, “cuando la evolución no es definitiva, se recomienda esperar un tiempo prudencial para comprobar si se consolida la situación de dependencia estable”. “Durante este periodo, el departamento está en contacto y continuará estándolo, realizando un seguimiento continuo”, añade.

El Ministerio de Derechos Sociales alude también a que la ley “limita su ámbito de actuación a situaciones que no son transitorias ni puntuales, sino que implican una pérdida de autonomía sostenida en el tiempo”. En casos de tratamientos agresivos, como los oncológicos, “la solicitud de dependencia solo se podrá realizar una vez finalizado el tratamiento y habiendo alcanzado el máximo de recuperación funcional”, precisan citando la regulación actual.

“Aunque existen mecanismos para revisar los casos donde pueda haber evolución”, el departamento avanza que “no está previsto un cambio de fondo en esta definición, ya que está pensada para garantizar la atención a quienes necesitan apoyo de forma estable y duradera”.

El Gobierno da el pistoletazo de salida a la norma que obligará a los hospitales y las residencias de mayores de España a ofrecer una comida saludable y nutritiva. El real decreto, liderado por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, acaba de salir a consulta pública sin ningún detalle sobre las medidas concretas que incorporará. “No hay un texto todavía, es una fase previa para recibir todas las orientaciones. Lo que tenemos son una serie de objetivos y diagnóstico. Los estándares por los que nos vamos a guiar son que establece la Organización Mundial de la Salud”, ha dicho el ministro Pablo Bustinduy en un acto conjunto con la responsable de Sanidad, Mónica García, cuyo departamento coliderará la regulación.

El real decreto pretende, según el proyecto publicado en la consulta pública, “fomentar una alimentación saludable y sostenible en la contratación de las Administraciones Públicas” y para ello “se establecerán criterios mínimos de calidad nutricional y de sostenibilidad que orienten la contratación, adquisición y oferta de alimentos y bebidas en servicios de alimentación dependientes de organismos públicos”.

A falta de más detalles –ni siquiera hay una fecha aproximada de cuándo podría aprobarse el decreto–, ambos ministerios han hecho un diagnóstico de la situación para explicar por qué poner normas a nivel nacional a los menús “en lugares donde las personas no tienen autonomía para decidir” es un “clamor social”. “La alimentación ha sido muchas veces olvidada y, aunque hay hospitales donde se come bien, no está garantizado en todos los lugares. Necesitamos que estén a la altura de nuestro sistema nacional de salud”, ha apuntado García. Con esta regulación, ha continuado, “se acaban los desayunos insanos en pacientes oncológicos o los que se pasan días sin ver una verdura”.

Uno de cada cuatro hospitalizados están desnutridos o en riesgo de desnutrición, según los datos ofrecidos por los ministerios, una situación que dilata los días de hospitalización con diferencias de hasta una semana cuando el problema se desarrolla en los propios hospitales. En el caso de las residencias, el 28,4% de las personas institucionalizadas tienen riesgo de desnutrición, aunque la cifra puede ser mayor porque hay infradiagnóstico.

Afecta a la recuperación

“Tiene implicaciones a la hora de recuperarnos. No solo se retrasa dar de alta sino la cicatrización o el bienestar. No nos lo podemos permitir desde el punto de sanitario ni social y además es ineficaz económicamente”, según la ministra de Sanidad. De media un paciente que ingresa desnutrido requiere de una atención que cuesta a los hospitales 1.505 euros más que si la persona está bien alimentada y “el gasto puede llegar a duplicarse cuando esta situación se produce en el hospital”, ha señalado la nutricionista Beatriz Robles, que también ha participado en el evento.

Contra esta regulación ya se ha posicionado la patronal de residencias. La Federación Empresarial de la Dependencia (FED) ha mostrado la “más enérgica oposición” a la intención de regular la calidad de las comidas en las residencias de mayores “sin ningún tipo de consulta previa ni reunión con el sector”, según recoge Efe. “Se inicia un procedimiento abierto y será un absoluto placer recibir todas las sugerencias, reunirme todas las veces que haga falta, visitar las residencias y comer en ellas”, ha respondido Bustinduy.

Sobre cómo puede impactar en el coste de los menús, Consumo asegura que “sustituir los ultraprocesados por fruta y legumbres no aumenta el coste sino que lo reduce”. “Puede parecer contraintuitivo pero redunda en los precios”, ha subrayado el ministro refiriéndose al caso de los comedores escolares, una norma que ya se ha aprobado y que pretende replicarse en hospitales y residencias de mayores.  “En realidad es una medida de ahorro porque ahonda en la prevención”, ha zanjado Garcia.

No serán ya solo recomendaciones, sino que los más de 17.000 comedores escolares que hay en España –desde infantil a bachillerato– estarán obligados a servir menús saludables y sostenibles cumpliendo una serie de mínimos que marca a partir de ahora el Gobierno: fruta y verdura a diario, cereales intergrales y al menos una ración de pescado y otra de legumbres por semana. Los platos precocinados quedan limitados a una sola vez al mes y las frituras solo se permiten, como máximo, un día a la semana.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto que recoge las nuevas normas y que afectará a más de dos millones de niños, niñas y adolescentes usuarios de este servicio tanto en centros públicos como en privados. Además, el texto –que emana del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo pero ha involucrado a otros cuatro departamentos (Educación, Sanidad, Agricultura y Juventud e Infancia)– prohíbe por primera vez la venta de bebidas insanas, tanto azucaradas como energéticas, y bollería en en el interior de los colegios e institutos. No podrán adquirirse ni en las cafeterías ni en las máquinas de vending.

El Gobierno busca reducir desigualdades, al garantizar que todos los niños y niñas acceden a una alimentación de calidad en el colegio o el instituto “independientemente de su renta o del barrio en el que vivan”, pero también ayudarles a que adquieran hábitos saludables, ha explicado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Está demostrado que no solo tiene impacto en el desarrollo de salud, sino en sus resultados educativos o en el nivel de ingresos a lo largo de su vida”, ha abundado.

Casi la mitad de los alumnos y alumnas de entre seis y nueve años procedentes de familias con bajos ingresos (menos de 18.000 euros al año) tienen exceso de peso porque no pueden consumir alimentos frescos con frecuencia ni hacen desayunos completos, según la última edición del estudio Aladino del Ministerio. El Gobierno también ha dado luz verde este martes a la transferencia de 200 millones de euros a las comunidades autónomas para, entre otras cosas, atender a familias con riesgo de pobreza.

Otra de las novedades son los menús especiales por motivos éticos o religiosos, que están respaldados por esta nueva regulación. Esto significa, en la práctica, que los centros educativos dispondrán de menús veganos o sin cerdo si así lo solicitan las familias. Hasta ahora no existía una regulación homogénea sobre este asunto y la decisión quedaba en manos de las comunidades o, incluso, al criterio de las escuelas. Solo se garantizaban los menús diferenciados en el caso de alergias o intolerancias alimentarias.

Muchos comedores escolares no están cumpliendo actualmente con las recomendaciones. Por ejemplo, un tercio ofrece en sus menús más frituras y menos verduras de las recomendadadas, según un informe reciente de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan). Los mínimos establecidos buscan avanzar en el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil que prevé “una regulación nacional de la oferta alimentaria para garantizar que sea saludable, de calidad nutricional y sostenible”.

Fruta y verdura, a diario y de temporada

Todos los centros escolares con comedor deben garantizar un consumo diario de fruta y verdura fresca. Además, al menos el 45% de esas frutas y hortalizas serán de temporada “para fomentar modelos de comedores más saludables y más sostenibles, y, al mismo tiempo, para reforzar la producción local”.

Pescado, entre una y tres raciones

La norma establece entre una y tres raciones de pescado a la semana. El Ministerio estima que esta nueva directriz marcará un cambio importante en al menos 1.200 comedores que nunca sirven pescado.

Legumbres y cereales integrales, al menos una vez

El real decreto introduce una ración obligatoria de legumbres a la semana, algo que ya era una recomendación y que incumplen un 14% de los comedores, según el departamento que dirige Bustinduy. La norma incentiva su incorporación en los menús como primer plato, segundo o guarnición. Por otra parte, se establece el consumo semanal de al menos un plato de arroz o pasta integral. El pan integral puede incluirse varias veces.

Pizzas o empanadillas, una sola vez al mes

El Gobierno limita también los platos precocinados, como pizzas, empanadillas o frituras precocinadas, a una única ración por mes tras constatar que un tercio de los comedores abusan de ellos incluyéndolos hasta cuatro veces.

Las frituras que se elaboren en el día podrán servirse una vez a la semana como máximo y tendrán que ser elaboradas, preferentemente, con aceite de oliva o aceite de girasol alto oleico. Este último detalle no es baladí porque en la mayoría de los menús (71%) no se utiliza un aceite adecuado para freir.

Bebidas azucaradas, fuera de la escuela

Las bebidas azucaradas también quedan fuera de los menús escolares con esta norma. No estará permitido servirlas en las comidas pero tampoco venderlas en las máquinas ni en las cafeterías de los colegios e institutos. Uno de cada diez nuevos casos de diabetes tipo 2 en el mundo puede atribuirse al consumo de estas bebidas, según un estudio recientamente publicado en la revista Nature Medicine, que también halló una correlación entre este tipo de refrescos y 1 de cada 30 nuevos casos de enfermedad cardiovascular.

El real decreto amplía esta prohibición también a las bebidas energéticas y a la bollería industrial. En el interior de los centros queda prohibida la venta de “productos que superen un contenido máximo de 5 gramos de azúcares o las 200 kilocalorías por porción envasada”. Casi el 70% de estas máquinas incumplen los criterios nutricionales; en las cafeterías es peor, un 74%.