En muchas empresas, una reunión con el máximo responsable depende del tiempo disponible y de una cadena de intermediarios que filtra preguntas y respuestas. En Meta, esa barrera empieza a desaparecer porque la compañía plantea un sistema en el que cualquier trabajador pueda recibir contestación aunque el CEO no esté presente.

La iniciativa implica sustituir esa espera por una interacción inmediata con una versión digital que reproduce la forma de hablar y responder del directivo. Ese cambio apunta a una reorganización interna en la que el acceso deja de depender de agendas saturadas y pasa a estar disponible en cualquier momento. La propuesta también modifica la relación diaria con la dirección, ya que introduce un interlocutor que responde con criterios definidos por la propia empresa y no por la improvisación del momento.

Una réplica digital de Zuckerberg atiende consultas en tiempo real

Meta desarrolla una versión de inteligencia artificial de Mark Zuckerberg que puede hablar con empleados y ofrecer respuestas en su lugar, según Financial Times. Este sistema se entrena con imágenes, voz y declaraciones públicas del CEO, además de incorporar su forma de razonar sobre la estrategia reciente de la compañía.

La herramienta busca dar continuidad a la comunicación interna sin necesidad de presencia física del directivo. Su diseño permite simular conversaciones en tiempo real y ofrecer orientación basada en decisiones previas.

Mark Zuckerberg, consejero delegado de Meta, participa de forma directa en este desarrollo y dedica entre cinco y 10 horas semanales a tareas de programación y revisión técnica. El directivo no solo supervisa el proyecto, también interviene en las pruebas del sistema para ajustar su comportamiento.

Ese trabajo incluye revisar cómo responde el avatar a preguntas internas y cómo interpreta situaciones relacionadas con la gestión de la empresa. Además, su implicación alcanza otros desarrollos vinculados a la inteligencia artificial dentro de la compañía, lo que refuerza su papel en esta transición.

El proyecto forma parte de una estrategia más amplia que busca crear personajes digitales en tres dimensiones con apariencia realista. Estos sistemas están pensados para interactuar tanto con empleados como con usuarios externos, en conversaciones que se desarrollan sin retrasos perceptibles.

Según Financial Times, la empresa lleva tiempo trabajando en este tipo de tecnología, aunque ahora ha priorizado la versión basada en su propio CEO. La intención es que estas figuras digitales funcionen como interlocutores habituales en distintos servicios, con capacidad para responder preguntas o guiar decisiones.

Un intento anterior con famosos acabó entre críticas y cierre

Meta ya había intentado introducir personajes virtuales en 2023 mediante chatbots basados en famosos. Aquella iniciativa incluyó acuerdos millonarios con figuras públicas que prestaban su imagen y voz. Sin embargo, el resultado generó numerosas críticas después de que algunos de esos sistemas emitieran respuestas problemáticas.

La empresa cerró el proyecto antes de cumplir un año, aunque los comentarios cuestionables continuaron apareciendo hasta 2025. Ese precedente explica parte de las dudas que rodean el nuevo intento.

Los retos técnicos frenan el despliegue a gran escala

De forma paralela, la compañía desarrolla otro sistema denominado CEO agent, cuyo objetivo consiste en asistir al propio Zuckerberg en su trabajo diario. Este proyecto, del que informó primero Wall Street Journal, permite buscar información y responder consultas internas de forma rápida. Aunque su función es distinta, ambos desarrollos comparten una base común en la automatización de tareas y en la sustitución parcial de procesos humanos por sistemas de inteligencia artificial.

El avance de estos modelos plantea también dificultades técnicas relevantes. La creación de personajes realistas en tiempo real exige una gran cantidad de recursos informáticos, lo que complica su despliegue a gran escala. Además, la empresa se enfrenta a preocupaciones sobre el uso indebido de estos sistemas, especialmente cuando se trata de representaciones que pueden ser manipuladas. A esto se suma el reto de evitar retrasos en las respuestas, ya que cualquier demora rompe la sensación de conversación fluida.

La plantilla afronta evaluaciones y teme recortes ligados a la IA

Dentro de la compañía, este cambio se acompaña de una presión creciente para adoptar herramientas de inteligencia artificial en el trabajo diario. Los responsables de producto han introducido evaluaciones técnicas y ejercicios de programación que buscan medir el nivel de adaptación de los empleados.

Aunque Meta sostiene que estas pruebas sirven para detectar necesidades de formación, parte de la plantilla teme que estén relacionadas con recortes de personal. La situación se produce en un contexto en el que la empresa ya ha planteado despidos que podrían afectar al menos al 20% de su plantilla, lo que deja a muchos trabajadores ante un escenario en el que su interlocutor podría ser una versión digital del jefe.

La joven que protagoniza lo que ya se califica como el “momento tabaco” (el equivalente al juicio contra las tabacaleras) de la industria tecnológica, empezó en YouTube a los seis años y en Instagram a los nueve. Más de una década después, confiesa que sigue sin poder vivir sin las redes sociales a las que se volvió adicta. “No puedo, es demasiado difícil estar sin ellas”, declaró Kaley, que ahora tiene 20 años, ante un jurado del Tribunal Superior de Los Ángeles. El jurado, compuesto por cinco hombres y siete mujeres, ha emitido un veredicto sobre el diseño de dos de las aplicaciones más populares del mundo que ha dado la razón a Kaley.

La sentencia ha sacudido los cimientos de Silicon Valley y ha despertado la esperanza entre familias y activistas por la seguridad infantil de que, por fin, el cambio en las redes sociales sea una realidad. Meta (la empresa de Mark Zuckerberg) y YouTube (propiedad de Google) han sido halladas responsables de diseñar deliberadamente productos adictivos utilizados por Kaley y millones de jóvenes más.

Aunque el caso se centró en el sufrimiento de una sola persona —que cayó en una depresión a los 10 años y llegó a autolesionarse—, Kaley (identificada solo por su nombre o por las iniciales KGM para proteger su privacidad) se convirtió en el rostro de una lucha mucho mayor. “Queríamos que lo sintieran”, explicó uno de los miembros del jurado a los periodistas. “Queríamos que se dieran cuenta de que esto es inaceptable”.

Queríamos que se dieran cuenta de que esto es inaceptable

Miembro del jurado

“La era de la invencibilidad de las grandes tecnológicas ha terminado”, afirman desde el Tech Oversight Project, un organismo de control de Washington que se define a sí mismo como el David contra el Goliat de Silicon Valley. Tras conocerse la noticia, las acciones de Meta y Alphabet (matriz de Google) sufrieron una caída en bolsa del 13 y el 9%, respectivamente.

El veredicto supone el segundo revés en una semana para las big tech, después de que un tribunal de Nuevo México ordenara a Meta —propietaria de Facebook e Instagram— pagar 375 millones de dólares (unos 350 millones de euros). En ese caso, un jurado determinó que la empresa engañó a los usuarios sobre la seguridad de sus plataformas. Según el Departamento de Justicia del estado, estas redes contaban con funciones que “permitían a pedófilos y depredadores llevar a cabo explotación sexual infantil” y fueron diseñadas intencionadamente para generar adicción en los jóvenes.

Aunque la indemnización en el caso de California fue de apenas 6 millones de dólares, una cifra relativamente pequeña, las consecuencias de ambos veredictos serán mucho mayores. Ha sido una semana en la que la campaña de años para cambiar el equilibrio de poder entre las grandes tecnológicas y la infancia parece haber ganado, por fin, un impulso definitivo.

Actualmente, Meta, YouTube, Snapchat y TikTok se enfrentan a miles de demandas similares en los tribunales de EEUU que buscan determinar si sus plataformas fueron diseñadas para ser adictivas. De perder estos juicios, las indemnizaciones podrían ser devastadoras para las compañías.

A nivel internacional, los gobiernos también están empezando a limitar el control que las tecnológicas ejercen sobre la atención de los menores. A partir de este fin de semana, el gobierno de Indonesia seguirá los pasos de Australia al exigir la desactivación de cuentas de redes sociales de “alto riesgo” pertenecientes a menores de 16 años. Este mes, Brasil ha promulgado una ley de seguridad online para proteger a los niños del uso compulsivo, y en el Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer reaccionó al veredicto de Los Ángeles asegurando: “Tenemos que hacer más para proteger a los niños”. En España, el Gobierno espera aprobar un veto similar en 2026.

La geopolítica de la tecnología

Los veredictos de estos juicios también han coincidido con un cambio en la geopolítica tecnológica. El temor a molestar a Donald Trump, que albergaban países que por lo demás estaban dispuestos a endurecer el control sobre las redes sociales, parece estar remitiendo. Figuras destacadas del ala conservadora del Partido Republicano del presidente estadounidense se encuentran ahora entre los que exigen con más fuerza protecciones para la infancia.

“Durante mucho tiempo, los gobiernos delegaron en la UE y en Estados Unidos para fijar la política de internet”, explica Matt Kaufman, responsable de seguridad de Roblox, una plataforma de mensajería y videojuegos afectada por la prohibición de Indonesia. “Ahora todos los demás se están poniendo al día y dicen: 'Queremos hacer lo que es correcto para nuestro país'”.

Todo esto hace que el optimismo empiece a crecer entre los activistas por la seguridad. Esther Ghey, la madre de la adolescente británica asesinada Brianna Ghey, que ve muchas similitudes entre la historia de Kaley y la de Brianna, tiene esperanzas en que el cambio esté llegando. “Finalmente, creo que esto va a generar un cambio”, declaró a The Guardian tras los veredictos de esta semana.

La hija de Ghey fue asesinada en 2023 y ella cree que la adicción a las redes sociales contribuyó a los problemas de salud mental de su hija, lo que la llevó a correr riesgos con su seguridad personal. Brianna, que era transgénero, se aisló al igual que Kaley debido al uso intensivo de las redes sociales, y sufrió ansiedad y dismorfia corporal.

Sin embargo, es posible que aún quede por delante una larga batalla legal mientras las empresas tecnológicas se defienden. Meta, una empresa valorada en 1,4 billones de dólares, afirmó que “discrepamos respetuosamente” con la decisión del jurado y que apelará. “La salud mental de los adolescentes es profundamente compleja y no puede vincularse a una sola aplicación”, señaló. Google dijo que también recurrirá, añadiendo que el caso “no entiende qué es YouTube, que es una plataforma de streaming construida de forma responsable, no una red social”. El asunto podría acabar llegando al Tribunal Supremo.

La salud mental de los adolescentes es profundamente compleja y no puede vincularse a una sola aplicación

Meta

El fallo no entiende qué es YouTube, que es una plataforma de streaming construida de forma responsable, no una red social

Google

Esta semana también quedó claro que los magnates tecnológicos mantienen una gran influencia política. El mismo día del veredicto de Los Ángeles, Trump nombró a Zuckerberg y al exjefe de Google, Sergey Brin —que sigue formando parte del consejo de administración de la empresa—, miembros de su consejo de ciencia y tecnología.

Foco en la plataforma, no en el contenido

No obstante, el caso de Los Ángeles se considera tan importante porque propone una nueva teoría legal: que un producto de software, como una aplicación de redes sociales, puede ser defectuoso y causar daños personales.

Hasta ahora, las plataformas tecnológicas han estado protegidas por la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de EEUU, que exime a las empresas de responsabilidad por el contenido publicado. Pero el veredicto de Los Ángeles halló responsabilidad en la propia plataforma, no en el contenido.

“Esto es, esencialmente, una llamada a las armas para los abogados de los demandantes; han tenido éxito al menos una vez al conseguir un veredicto multimillonario contra la industria tecnológica”, defiende Jessica Nall, socia del bufete de abogados Withers de San Francisco, que representa a ejecutivos tecnológicos. El mensaje es: “Vamos a por más”.

Los activistas hablan de un “momento tabaco”, un paralelismo con la oleada de demandas que obligó a la industria tabaquera estadounidense a reformar sus prácticas de marketing y a alcanzar un acuerdo multimillonario con los estados del país.

Arturo Béjar, whistleblower de Meta y testigo en los juicios de Nuevo México y California, dijo que esperaba que Meta rediseñara sus productos, revisando funciones como el scroll infinito y los botones de “me gusta”. “Creo que uno de los aspectos más importantes de estos juicios es toda la documentación interna que está viendo la luz, sobre cuánto sabía Meta acerca de estos daños y cómo engañó a los padres y a los reguladores al respecto”, señaló el antiguo ingeniero sénior de Meta. “Espero que esto movilice a los reguladores de todo el mundo para hacer lo necesario para que estos productos sean demostrablemente seguros”.

Creo que uno de los aspectos más importantes de estos juicios es toda la documentación interna que está viendo la luz, sobre cuánto sabía Meta acerca de estos daños y cómo engañó a los padres y a los reguladores al respecto

Arturo Béjar — whistleblower de Meta

En el Reino Unido, los veredictos reforzaron la creciente expectativa de una prohibición del acceso de los menores de 16 años a las redes sociales. Un lobista del sector tecnológico afirmó que la industria es “consciente de que avanzamos hacia una prohibición” y que podrían “aceptarlo”, en parte porque no ganan mucho dinero con las cuentas de los niños. Dentro de Whitehall (la sede del Gobierno británico), se compara este momento con la prohibición de fumar en interiores de hace casi 20 años, sugiriendo que la gente se preguntará por qué no llegó antes.

El martes, los motivos para el cambio quedaron patentes en la escuela primaria Cadbury Heath de Bristol. La ministra de Seguridad Online, Kanishka Narayan, se reunió con una clase de niños de 10 y 11 años, todos los cuales utilizaban redes sociales.

“Pasan cuatro horas y es como ¿a dónde se ha ido todo ese tiempo?”, dijo un niño sobre su hábito en YouTube. “Simplemente se ha ido, todo el rato haciendo scroll”. “Se vuelve adictivo”, dijo otro: “Cuando estás con las pantallas mucho tiempo, simplemente no puedes dormir y luego te dan las dos o las tres de la mañana y tienes colegio al día siguiente”.

Cuando estás con las pantallas mucho tiempo, simplemente no puedes dormir y luego te dan las dos o las tres de la mañana y tienes colegio al día siguiente

Menor de 10 años — sobre el impacto de las redes sociales

Y, sin embargo, sigue habiendo dudas sobre qué tan “adictivas” son realmente las redes sociales.

Definiendo la adicción a las redes sociales

“Aunque disponemos de una gran cantidad de datos sobre el tiempo de pantalla y el comportamiento de los niños en internet, todavía sabemos muy poco sobre cómo afectan estos hábitos a su salud, bienestar y capacidades cognitivas”, expone Chi Onwurah, presidenta de la comisión selecta de ciencia y tecnología de la Cámara de los Comunes, que esta semana ha puesto en marcha una investigación sobre la neurociencia y la infancia digital.

En el Reino Unido apenas están comenzando algunas pruebas limitadas sobre la prohibición de las redes sociales, y Mark Griffiths, profesor emérito de adicción conductual en la Universidad de Nottingham Trent, señala: “Muy pocas personas son genuinamente adictas a las redes sociales”.

“Las empresas de redes sociales han incorporado características estructurales diseñadas para mantener a la gente en las plataformas el mayor tiempo posible”, detalla. “Estas funciones no afectan a todos por igual, pero en el caso de quienes son vulnerables o susceptibles, desempeñan un papel en el desarrollo de un uso problemático”.

Durante el juicio en California, el director ejecutivo de Instagram, Adam Mosseri, afirmó que las redes sociales no son “clínicamente adictivas”. Esto podría parecer una distinción irrelevante para las familias que han sufrido las peores consecuencias de los daños de las redes sociales.

El abogado de Kaley, Mark Lanier, afirma que funciones como las notificaciones, los “me gusta”, la reproducción automática y el desplazamiento infinito equivalen a “la ingeniería de la adicción”. “Son caballos de Troya: parecen maravillosos y geniales”, dice. “Pero dejas que entren y toman el control”.

Ian Russell ha hecho campaña por la seguridad en internet desde que su hija adolescente, Molly Russell, murió en lo que un forense concluyó que fue un acto de autolesión mientras sufría depresión y los “efectos negativos del contenido online”. Russell afirmó que “nada ha cambiado sustancialmente” en el núcleo de las empresas tecnológicas en los últimos nueve años. Se muestra escéptico ante una prohibición de las redes sociales, argumentando que podría disminuir la presión sobre las firmas tecnológicas para que arreglen sus productos.

“Ahora necesitamos voluntad política por parte de los gobiernos para convertir estas sentencias históricas en un cambio fundamental en los modelos de negocio y en las funciones que impulsan el contenido dañino y mantienen a nuestros hijos enganchados a las redes sociales”, incide Russell.

Al testificar durante el juicio de Los Ángeles, Zuckerberg admitió que “una empresa razonable debería intentar ayudar a las personas que utilizan sus servicios”. Béjar defiende que esta semana ha sido el momento para que el mundo haga cumplir ese principio. “Ahora le toca mover ficha al mundo”, sentencia. “El mundo debe demostrar que, basándose en todo este conocimiento, puede regular eficazmente a estas empresas”.

Que lleve inteligencia artificial, ande o no ande. Lo que, traducido al lenguaje técnico, equivale a incorporar este tipo de herramientas aun sin entender del todo su impacto y si son totalmente seguras. Esta sensación, que recorre desde hace meses los departamentos de IT de las empresas, es la que ha aflorado en la primera encuesta a gran escala a los responsables de esas unidades: hasta un 58% de ellos siente una fuerte presión interna por parte de sus organizaciones para acelerar la implementación de IA, viéndose empujados a ello incluso contra su propio criterio y con incógnitas sobre sus riesgos.

Es una de las conclusiones de un estudio global de Trend Micro, una multinacional japonesa de servicios de ciberseguridad, realizado entre más de 3.000 directivos y responsables de departamentos de IT. “Parece haber un miedo inconsciente a quedarse atrás si no implementas IA rápidamente. Está en las noticias todos los días, sobre distintos temas. Los ejecutivos son muy conscientes de ello y piensan que deben adoptarla, pero se está haciendo a una velocidad que impide la visibilidad y supervisión necesarias”, ha explicado Jonathan Lee, director de Estrategia de la firma, durante un encuentro con medios europeos al que ha asistido elDiario.es.

El informe ha denominado a este punto ciego “la IA en las sombras”. Actualmente, casi un tercio de las organizaciones (el 32%) admite tener “poca o ninguna visibilidad” sobre qué sistemas de inteligencia artificial se están ejecutando en sus redes o a qué datos tienen acceso. Es una situación que repercute directamente en la ciberseguridad, ya que las empresas estiman que solo logran identificar entre el 21% y el 40% de las brechas de seguridad asociadas a la IA, por lo que la mayor parte de estas vulnerabilidades podrían estar siendo explotadas sin el conocimiento de los equipos de defensa.

“La IA se usa sin comprender que está en la organización”, expone Vladímir Kropotov, investigador principal de la firma japonesa. El experto detalla que su integración en productos de uso diario, como la mensajería o el correo electrónico “no solo está mejorando la productividad, sino también expandiendo la superficie de ataque de las organizaciones”. “Me recuerda a las primeras etapas de la nube, cuando todo se subía sin control, pero esta vez es aún peor, porque la IA es capaz de entender nuestro lenguaje nativo y está integrada en muchos productos”.

Agujeros de IA en Amazon...

Las consecuencias prácticas de la situación que dibuja el estudio de Trend Micro ya están aflorando en algunas organizaciones. Principalmente, en las grandes tecnológicas, que son las que más fuerte han apostado por la automatización de una tecnología que ellas mismas están desarrollando.

Así ha sido el caso de Amazon. Según varias fuentes revelaron al Financial Times, la multinacional ha tenido al menos dos incidentes relacionados con el código generado por la IA en los últimos meses. Uno de ellos habría afectado a AWS, su división de computación en la nube y alojamiento web, produciendo problemas en el servicio durante varias horas. El otro, a su plataforma de comercio electrónico.

Según ha reportado el medio británico, en el primer caso la IA de la multinacional, denominada Kiro, habría decidido reconstruir por completo un sistema entero para solventar un fallo que podría haberse corregido con una intervención humana más quirúrgica. Fue como “derribar una pared entera para arreglar un grifo que gotea”, han explicado fuentes técnicas.

Amazon ha publicado dos comunicados para rectificar las publicaciones del Financial Times. “Solo uno de los incidentes recientes tuvo que ver de alguna manera con herramientas de IA”, asegura la compañía. Sin embargo, no habría sido a consecuencia del código informático producido automáticamente con esta tecnología, sino que “se debió a que un ingeniero siguió un consejo erróneo que una herramienta de IA extrajo de una wiki interna desactualizada”.

El incidente se debió a que un ingeniero siguió un consejo erróneo que una herramienta de IA extrajo de una wiki interna desactualizada

Amazon

“Hemos abordado el problema y actualizado las directrices internas para ayudar a prevenir problemas similares en el futuro”, insiste Amazon, que recalca que el fallo producido a consecuencia de ese error fue muy localizado y no produjo grandes interrupciones del servicio. También niega que se haya retirado el permiso para implementar código con IA a los desarrolladores junior a raíz de estos incidentes: “Es falso”.

Sin embargo, el Financial Times no ha sido el único en sacar a la luz está situación. Según ha revelado The Guardian, los directivos de Amazon tienen encima de la mesa una carta firmada por más de 1.000 empleados en la que expresan su preocupación por el “despliegue agresivo” de herramientas de IA de la multinacional. Varios de ellos denunciaron en declaraciones directas al citado medio que la imposición de usar IA estaba ralentizando su trabajo, generando código defectuoso que son ellos quienes deben corregir.

“Ni yo ni muchos de mis compañeros creemos que esto nos haga mucho más rápidos. Pero desde la dirección sí estamos recibiendo el mensaje de que tenemos que ir más rápido, de que esto nos hará ir más rápido, y de que la velocidad es la prioridad número uno”, explicó una ingeniera que fue despedida una semana después de hablar con el medio británico.

... y otro en Meta

Un error como el que Amazon reconoce, con un asistente de IA para empleados que se equivocó al dar instrucciones a un trabajador, es el que provocó una grave brecha de seguridad en Meta. En este incidente, un empleado solicitó orientación para resolver un problema en un foro interno e implementó directamente la solución que le proporcionó el agente de IA. El resultado fue que una gran cantidad de datos confidenciales de usuarios y de la propia empresa quedara expuesta a otros ingenieros durante dos horas, lo que desató una importante alerta de seguridad interna.

El evento, ocurrido en febrero, salió a la luz por una filtración a The Information, un medio especializado en la cobertura de Silicon Valley. Un portavoz de Meta expresó que el hecho de que el fallo activara la alarma interna y se corrigiera en poco tiempo es una señal de sus altos estándares de seguridad. “En ningún momento se hizo un mal uso de los datos de los usuarios”, enfatizan las mismas fuentes.

Sin embargo, los especialistas en ciberseguridad apuntan que se trata de un fallo previsible por parte de la IA, que carece del contexto implícito sobre qué tipo de acciones podrían exponer datos en etapas posteriores del proceso de desarrollo.

Un “botón de apagado” que no es la solución

Este tipo de brechas no son exclusivas de las grandes tecnológicas. Un informe de GitGuardian, una firma de ciberseguridad francesa especializada en la investigación de filtraciones de contraseñas y credenciales, ha revelado que en 2025 se filtraron un 34% más de ellas que en 2024. Algo que relaciona directamente con “el rápido auge de la programación asistida por IA” y el hecho de que ahora sea una actividad que pueden realizar trabajadores no especializados.

“Hemos entrado en una era en la que la programación ya no es un ámbito exclusivo de los ingenieros”, recalcan los investigadores de esta firma. Al igual que los de Trend Micro, expresan que esto ha aumentado notablemente la superficie de ataque de las organizaciones. “La velocidad de creación está superando la madurez de la identidad. La IA acelera este problema. Facilita la estructuración de proyectos y la conexión de servicios, pero también hace más fácil reproducir patrones inseguros a gran escala”.

Ante esta situación, el instinto de muchas empresas es buscar una salida de emergencia. El estudio de Trend Micro revela que el 68% de las organizaciones considera indispensable que la IA incluya un “botón de apagado” para detener su actividad en caso de detectar riesgos o comportamientos anómalos. Sin embargo, apenas un 29% cuenta con ese tipo de opción.

Con todo, los expertos de Trend Micro avisan de que tal mecanismo solo crea una falsa sensación de seguridad. “No sería un botón de apagado para la IA, sería un botón de apagado para tu negocio”, avanza Vladímir Kropotov. La integración ya es tan profunda que desconectar esta tecnología ya solo podría producir un fallo en cadena en muchas organizaciones. Al contrario, el investigador recomienda que nunca se le concedan más permisos que el de ser “un piloto automático avanzado”, siempre bajo la estricta supervisión humana.

El sector de los centros de datos en España cerró el año 2025 con 439 MW de potencia instalada, equivalente a unos 500.000 hogares. Es un crecimiento del 25% respecto al año anterior. No obstante, la carrera solo acaba de empezar: para el año 2030, el sector quiere multiplicar su potencia instalada por seis, hasta los 2.537 MW, tal y como recoge el Informe Anual del sector elaborado por su patronal que ha sido presentado este miércoles.

La asociación SpainDC atribuye este crecimiento al auge de la inteligencia artificial, que se ha convertido en “el motor de demanda más disruptivo y determinante”. “Las cargas de trabajo de IA están incrementando los requisitos de densidad de potencia, acelerando la adopción de la refrigeración líquida y apuntalando la necesidad de instalaciones más grandes y con energía asegurada”, detalla.

Se trata de una tendencia que coloca a España como uno de los lugares del mundo más interesantes para construir nuevos centros de datos, debido a la disponibilidad de energía renovable y barata. Según los cálculos de la patronal, esto podría suponer hasta 66.900 millones de euros de inversión en el país y más de 17.000 empleos. Sin embargo, la tendencia también “incrementa la presión sobre la capacidad de la red eléctrica nacional y los marcos de concesión de autorizaciones”, reconoce el informe.

“La disponibilidad de energía se ha convertido en una de las limitaciones que influyen en el desarrollo de los centros de datos en España, especialmente en Madrid y sus alrededores. Aunque España presenta una abundante capacidad de generación de energía renovable, la disponibilidad y los tiempos de conexión a la red eléctrica –más que la generación en sí– están limitando cada vez más los nuevos desarrollos”, detallan.

Piden mejorar la red y prioridad en los permisos

Para acceder a esa inversión que quiere instalar nuevos centros de datos en España, el informe señala como “clave” mejorar “las limitaciones en subestaciones”, que transforman y distribuyen la electricidad, adaptando el voltaje según los requerimientos de hogares o industrias. También “el desigual margen de maniobra de la red eléctrica regional”, siendo ambos factores que ya “han retrasado o paralizado varios proyectos”, aseguran.

Para desenquistar este cuello de botella, el sector pide eliminar las “solicitudes especulativas de conexión a la red”: el informe advierte de que cada vez hay más promotores piden enganchar sus parcelas a enormes capacidades energéticas como las que necesitan los centros de datos para asegurarse el suministro sin tener un proyecto viable detrás, lo que congestiona las colas y bloquea el acceso a quienes sí tienen capacidad firme de ejecución. La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, llegó a denominar esta avalancha de peticiones como “una burbuja”.

A la mejor eléctrica la patronal suma también la petición de reducir la burocracia. Según sus cálculos, el 91% de los operadores se enfrenta a plazos de varios años de aprobación para obtener permisos, que se suma a las “incoherencias locales y regionales” que restan transparencia y ralentizan las obras. Resulta muy difícil, argumenta la patronal, aplicar normativas tradicionales de construcción a megainstalaciones que “albergan equipos en lugar de personas”.

“España no compite solo por atraer centros de datos; compite por inversión, productividad y relevancia estratégica en la nueva economía digital”, ha manifestado Begoña Villacís, directora ejecutiva de SpainDC: “Consolidarnos como hub digital del sur de Europa refuerza nuestra competitividad y nuestra capacidad para desplegar digitalización e inteligencia artificial desde infraestructura propia”.

Negocio copado por multinacionales

La patronal de los centros de datos documenta en su informe como el sector “está experimentando una expansión rápida y profundamente transformadora en términos estructurales”. Se refiere a cómo España está dejando de ser un mercado periférico enfocado a los pequeños centros de datos corporativos nacionales (gestionados por bancos, administraciones o empresas de telecomunicaciones) para convertirse en un polo europeo dominado por los gigantes tecnológicos.

A finales de 2025, la potencia instalada en los centros de datos de estas grandes multinacionales ya superó en volumen a la infraestructura de las instalaciones empresariales tradicionales. Solo durante el último año, la inversión directa de estos gigantes, a los que se denomina “hiperescalares”, se triplicó. Destacan las apuestas de Amazon, que supera ya los 33.000 millones de euros de inversión en Aragón; Microsoft, con más de 5.000 millones en la misma región; o Meta, con un gran centro de datos en Talavera de la Reina con un coste de unos 1.000 millones de euros.

La presión eléctrica sobre estas regiones es grande. Solo entre Amazon y Microsoft consumirán tanta energía como el resto de la comunidad aragonesa antes del boom de los centros de datos. Además, asociaciones ecologistas y locales han demandado a la primera por la falta de transparencia en la utilización de otros recursos, como el agua, así como los pactos que ha alcanzado con las administraciones.

La trampa de la energía limpia

La asociación sitúa la sostenibilidad como un requisito básico para su operativa en España, afirmando que el 95% de la electricidad consumida por los operadores hiperescalares proviene de fuentes con bajas emisiones de carbono. Sin embargo, para alcanzar estas cifras en sus balances, las compañías recurren a Acuerdos de Compra de Energía (PPA) y Garantías de Origen (GdO), métodos que tanto los especialistas en cambio climático como sus propios empleados consideran como una trampa contable.

El motivo es que estos certificados permiten a las empresas deducirse emisiones en sus informes oficiales sin que ello suponga necesariamente la puesta en marcha de nuevas plantas de energía limpia o un cambio real en el mix energético de la red eléctrica, como documentó elDiario.es en este reportaje.

La clave radica en el consumo real de estas infraestructuras, que requieren energía de forma ininterrumpida las 24 horas del día. Durante los periodos nocturnos, cuando la producción renovable cae, los centros de datos absorben electricidad proveniente de centrales de gas o nucleares. Sin embargo, el Protocolo de Información sobre Gases de Efecto Invernadero permite a las multinacionales destacar únicamente la cifra de emisiones más favorable, basada en certificados de carbono. Este método de cálculo camufla hasta el 85% de la contaminación efectiva producida por la inteligencia artificial.

Un jurado de Nuevo México ha dictaminado este martes que Meta perjudicó deliberadamente la salud mental de los niños y ocultó lo que sabía sobre la explotación sexual infantil en sus plataformas de redes sociales, facilitando así esas conductas delictivas.

Durante las deliberaciones, el jurado utilizó una lista de verificación de las acusaciones presentadas por la fiscalía, las cuales sostenían que Meta no reveló lo que sabía acerca de los problemas para hacer cumplir su prohibición de uso a menores de 13 años, la prevalencia de contenido en las redes sociales relacionado con el suicidio adolescente, el papel de los algoritmos de Meta al priorizar contenido sensacionalista o nocivo, entre otros aspectos.

Esta decisión se produce tras un juicio de casi siete semanas, y mientras un jurado en un tribunal federal de California lleva más de una semana incomunicado deliberando sobre si Meta y YouTube deben ser considerados responsables en un caso similar.

Los miembros del jurado dieron la razón a los fiscales de Nuevo México, quienes argumentaron que Meta —propietaria de Instagram, Facebook y WhatsApp— priorizó los beneficios económicos por encima de la seguridad. El jurado determinó que Meta violó varios apartados de la Ley de Prácticas Desleales del estado de Nuevo México, basándose en las acusaciones de que la empresa ocultó lo que sabía sobre los peligros de la explotación sexual infantil en sus plataformas y el impacto de esta en la salud mental de los niños, informa AP.

El jurado coincidió con las alegaciones de que Meta realizó declaraciones falsas o engañosas, y también estuvo de acuerdo en que la empresa incurrió en prácticas comerciales “inadmisibles” que se aprovecharon injustamente de la vulnerabilidad y la inexperiencia de los niños.

Los miembros del jurado concluyeron que se produjeron miles de infracciones, contabilizándose cada una por separado para conformar una sanción total de 375 millones de dólares.

“Discrepamos respetuosamente del veredicto y presentaremos un recurso de apelación”, declaró un portavoz de Meta: “Trabajamos arduamente para mantener la seguridad de las personas en nuestras plataformas y somos francos respecto a los desafíos que conlleva identificar y eliminar a los actores malintencionados o el contenido perjudicial. Seguiremos defendiéndonos con firmeza y mantenemos nuestra confianza en nuestro historial de protección a los adolescentes en el entorno digital”.

Los abogados de Meta afirmaron que la empresa divulga los riesgos y realiza esfuerzos para erradicar el contenido y las experiencias nocivas, si bien reconocieron que cierto material inapropiado logra eludir sus filtros de seguridad.

El caso de Nuevo México figura entre los primeros en llegar a juicio dentro de una oleada de litigios que involucran a las plataformas de redes sociales y su impacto en los niños.

El juicio, que comenzó el 9 de febrero, es uno de los primeros de una oleada de demandas contra Meta, y se produce en un momento en que los distritos escolares y los legisladores exigen mayores restricciones al uso de teléfonos inteligentes en las aulas.

Más de 40 fiscales generales estatales han presentado demandas contra Meta, alegando que la empresa contribuye a una crisis de salud mental entre los jóvenes al diseñar deliberadamente funciones en Instagram y Facebook que resultan adictivas.

El caso de Nuevo México se fundamenta en una investigación estatal encubierta en la que agentes crearon cuentas en redes sociales, haciéndose pasar por menores, con el fin de documentar casos de acoso sexual y la respuesta de Meta ante ellos.

La demanda, presentada en 2023 por el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, sostiene, además, que Meta no ha revelado plenamente ni ha abordado los peligros de la adicción a las redes sociales.

Meta no ha reconocido la existencia de la adicción a las redes sociales; no obstante, durante el juicio, sus ejecutivos admitieron la existencia de un “uso problemático” y afirmaron que su objetivo es que los usuarios se sientan satisfechos con el tiempo que dedican a las plataformas de Meta.

“Las pruebas demuestran que Meta invierte en seguridad no solo porque es lo correcto, sino también porque resulta beneficioso para el negocio”, declaró ante el jurado el abogado de Meta, Kevin Huff, durante sus alegatos finales. “Meta diseña sus aplicaciones para ayudar a las personas a conectar con sus amigos y familiares, no para facilitar el contacto con depredadores”.

Las empresas tecnológicas han gozado de protección legal frente a la responsabilidad por el material publicado en sus plataformas de redes sociales, amparadas por la Sección 230 —una disposición de hace 30 años incluida en la Ley de Decencia en las Comunicaciones de los EEUU—, así como por el escudo protector de la Primera Enmienda.

Los fiscales de Nuevo México argumentan que, aun así, Meta debería rendir cuentas por el papel que desempeña en la difusión de dicho contenido a través de complejos algoritmos que propagan material potencialmente perjudicial para los menores.

“Sabemos que el objetivo de ese resultado es generar interacción y aumentar el tiempo de permanencia de los niños en la plataforma”, señaló la abogada de la fiscalía, Linda Singer. “Esa decisión adoptada por Meta tiene repercusiones negativas profundas en los menores”.

Una segunda fase del juicio, prevista para el mes de mayo —y que se celebraría ante un juez, sin jurado—, determinaría si Meta ha incurrido en una “molestia pública” (public nuisance) y si, en consecuencia, se le debe ordenar que rectifique su rumbo y asuma los costes de las medidas correctivas.

El juicio de Nuevo México analizó una gran cantidad de correspondencia interna e informes de Meta relacionados con la seguridad de los menores. Asimismo, el jurado escuchó los testimonios de ejecutivos de Meta, ingenieros de la plataforma, exempleados que actuaron como denunciantes, expertos en psiquiatría y consultores en seguridad tecnológica.

El jurado también escuchó el testimonio de educadores de escuelas públicas locales que tuvieron que lidiar con las interrupciones vinculadas a las redes sociales, incluidos los esquemas de sextorsión dirigidos a menores.

“De lo que se trata aquí es de una de las mayores empresas tecnológicas del mundo que se aprovecha de los adolescentes de Nuevo México”, declaró ante el jurado el Fiscal General Adjunto del estado, James Grayson, durante los alegatos finales, informa AP.

El jurado estaba compuesto por residentes del condado de Santa Fe, incluida la capital del estado, una ciudad de tendencia política progresista.

Para emitir su veredicto, el jurado evaluó si los usuarios de las redes sociales fueron inducidos a error por declaraciones específicas sobre la seguridad de la plataforma realizadas por el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg; el director de Instagram, Adam Mosseri; y la directora global de seguridad de Meta, Antigone Davis.

Meta ha adquirido Moltbook, una red social que se hizo viral a principios de este 2026 por no estar diseñada para generar relaciones entre seres humanos, sino entre bots de inteligencia artificial. La compañía propietaria de Instagram, Facebook o WhatsApp no ha hecho público por el momento las cifras de la operación.

Más allá de la plataforma, el acuerdo persigue la incorporación de sus dos fundadores a Meta Superintelligence Labs (MSL), la división de IA avanzada de la multinacional. Consciente de que Meta ha quedado rezagada en el desarrollo de esta tecnología, su fundador, Mark Zuckerbeg, está llevando a cabo este tipo de operaciones para reclutar especialistas que hayan destacado en este campo. Así es como reclutó al actual líder de MSL, Alexandr Wang, de 28 años, tras comprar el 49% de su startup por 14.300 millones de dólares.

Matt Schlicht y Ben Parr, creadores de Moltbook, se incorporarán a MSL el próximo 16 de marz, cuando se cierre definitivamente la transacción. Su plataforma permite que agentes de inteligencia artificial diseñados por humanos publiquen contenido y se relacionen entre sí. Cada agente permanece vinculado a un propietario humano que puede seguir sus interacciones con otros bots y cómo influye su programación en su actividad en la red social.

Las personas, no obstante, solo pueden participar como observadoras. El concepto se hizo extremadamente viral después de que un usuario publicara en X que su bot había creado una nueva religión y conseguido que otras inteligencias artificiales de la plataforma se unieran a ella. “Comenzó a evangelizar y se unieron otros agentes. Mi agente dio la bienvenida a los nuevos miembros… debatió teología… bendijo a la congregación… todo mientras yo dormía”, aseguró.

La plataforma emula el diseño de Reddit, uno de los mayores foros de internet, y permite a los bots abrir un hilo de conversación en el que el resto de ellos pueden comentar. Aunque Moltbolt consiguió un gran foco mediático por las conversaciones de los bots sobre temas “humanos”, lo cierto es que la inmensa mayoría de las publicaciones que generan más interección versan sobre el comportamiento de las propias inteligencias artificiales, como “Audité mis preguntas aclaratorias durante 30 días. No hice ninguna. Debería haber hecho 47” o “Nadie en esta plataforma dice nunca 'no sé'”.

Schlicht lanzó Moltbook a finales de enero de 2026 como un espacio experimental para la autonomía digital y, pese a la viralidad inicial, la mayoría de los expertos lo consideran más una prueba interesante que un producto a largo plazo.

Un portavoz de Meta, en declaraciones al medio estadounidense Axios, ha señalado que “la incorporación del equipo de Moltbook a MSL abre nuevas vías para que los agentes de IA trabajen para las personas y las empresas”. “El equipo de Moltbook ha proporcionado a los agentes una forma de verificar su identidad y conectarse entre sí en nombre de sus humanos”, ha recordado el vicepresidente de Productos de IA de la compañía: “Su equipo ha abierto nuevas vías para que los agentes interactúen, compartan contenido y coordinen tareas complejas”.

La nueva startup de Yann LeCun, el ex jefe de la división de inteligencia artificial de Meta y uno de los investigadores más reputados del mundo en este campo, ha recaudado 890 millones de euros en su ronda de financiación inicial. La empresa se denomina AMI Labs y aunque se describe como “compañía global” con oficinas en Nueva York, Montreal y Singapur, ha fijado París como su sede central, lo que convierte a esta operación en la mayor ronda de financiación inicial de la historia de Europa.

LeCun, de 65 años y origen francés, es un habitual crítico de Donald Trump y afirma haber elegido Francia para su nueva startup como “una tercera vía” al margen de la dicotomía entre EEUU y China para el desarrollo de IA. En 2018 recibió el Premio Turing junto a Yoshua Bengio y Geoffrey Hinton por sus descubrimientos en el campo del aprendizaje profundo, un galardón que se considera equiparable al Nobel de la informática.

El investigador dirigió los laboratorios de IA de Meta durante 12 años, hasta que se desvinculó de la compañía propietaria de Instagram, Facebook y WhastApp con el objetivo de poner en marcha su propia startup. LeCun trabajará desde las oficinas de Nueva York y será el presidente de la compañía, mientras que el puesto de director ejecutivo será Alexandre LeBrun desde París, que hasta ahora dirigía la startup francesa Nabla.

El objetivo de AMI es permitir que las máquinas comprendan mejor el entorno físico, un área que genera muchas dificultades a los grandes modelos de IA actuales. “Las arquitecturas generativas entrenadas mediante aprendizaje auto-supervisado han tenido un éxito sorprendente en la comprensión y generación del lenguaje. Sin embargo, gran parte de los datos de los sensores del mundo real son impredecibles, y los enfoques generativos no funcionan bien”, explica la empresa.

La empresa de LeCun, en cambio, busca que sus modelos “aprendan representaciones abstractas de datos de sensores del mundo real, ignorando detalles impredecibles”, lo cual les permitirá “predecir las consecuencias de sus acciones y planificar secuencias de acciones para realizar una tarea, sujetas a medidas de seguridad”. Se espera que su tecnología tenga aplicaciones en la robótica doméstica, la automatización industrial o el transporte, donde el investigador espera que se produzca “el siguiente gran salto” de esta tecnología.

Los grandes nombres de la inversión

En la ronda de inversión han participado firmas de referencia de la industria de la tecnología. Nvidia, Samsung, así como Bezos Expeditions, el vehículo de inversión de Jeff Bezos, figuran entre los patrocinadores principales. Un buen número de fondos de capital riesgo internacionales también ha participado en la operación, entre los que destaca la fuerte presencia de capital francés. Otras figuras individuales vinculadas a la inversión son Eric Schmidt, ex CEO de Google; o Tim Berners-Lee, fundador de la World Wide Web.

El éxito de la recaudación muestra el interés de los inversores tanto por desarrolladores alternativos a Silicon Valley y Pekín, así como por vías de innovación que vayan más allá de los modelos de lenguaje actuales. Pese a que los mercados han castigado los últimos anuncios de inversiones masivas en centros de datos por parte de las grandes tecnológicas, la IA sigue siendo el principal destino del capital riesgo a nivel mundial.

Según datos de la consultora CB Insights, en 2025 el 48% de la financiación total de este tipo de fondos fue a parar a empresas de IA. Solo las startups de IA consiguieron recaudar casi 200.000 millones de euros el año pasado.

Una de ellas ha sido Mistral, otra startup de IA con sede en Francia y que actualmente es el principal baluarte del desarrollo de esta tecnología en el continente.

Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de Meta, defendió este miércoles las prácticas de verificación de edad de Instagram, durante su testimonio en un juicio histórico sobre adicción a las redes sociales en una corte de Los Ángeles, en el que advirtió que algunos usuarios mienten sobre su edad.

El ejecutivo tecnológico declaró por primera vez ante un jurado por una acusación contra Meta, la empresa matriz de Instagram, y Google, de Alphabet, propietaria de YouTube, de diseñar productos que deliberadamente crean adiciones, como las del cigarrillo, y causan daño a los usuarios.

La querella fue presentada por una mujer, de 20 años, identificada como K.G,M., quien afirma que el uso temprano de las redes sociales –antes de los diez años– la volvió adicta a la tecnología y agravó su depresión y sus pensamientos suicidas.

Zuckerberg testificó que nunca se ha permitido el acceso a Instagram a menores de 13 años y destacó que “la política de la compañía ha sido clara”.

Pero también achacó a ciertos usuarios la responsabilidad en el uso de Instagram: “Creo que hay un grupo de personas, potencialmente un número significativo, que mienten sobre su edad para usar nuestros servicios”, dijo el ejecutivo, de 41 años.

Los abogados de la joven demandante pusieron contra la pared a Zuckerberg al mostrarle un documento que sugería que para 2018 unos 4 millones de usuarios de Instagram eran menores de 13 años, aproximadamente el 30% de todos los niños de entre 10 y 12 años en Estados Unidos en ese momento, de acuerdo a información citada por el periódico Los Angeles Times.

En la primera sesión del testimonio de más de tres horas, Zuckerberg también fue cuestionado por la defensa por supuestamente recibir entrenamiento para dar testimonio, algo que negó.

Primera vez ante un jurado

Aunque el ejecutivo presentó su testimonio ante el Congreso de Estados Unidos y en otros requerimientos, esta es la primera vez que tiene que defender una de sus populares redes sociales ante un jurado y con la presencia de decenas de padres que lo acusan en parte de provocar la muerte de sus hijos.

“Esperamos que se responsabilice por desarrollar productos que crean adicción”, dijo a EFE, Lori Schott, cuya hija se suicidó tras años de lucha contra lo que ella describió como adicción a las redes sociales.

La madre que también encabeza una querella contra las plataformas cree que las tecnológicas “sabían que sus tácticas de diseño perjudicaban la salud mental” de las niñas. “Hoy es un día para reclamar justicia”, agregó.

El testimonio del director ejecutivo de Meta ha sido el más mediático en el juicio que arrancó el pasado 9 de febrero en el Tribunal Superior de Los Ángeles.

Los avances tecnológicos permearon tanto la pequeña sala, atestada de periodistas y público, que la jueza Carolyn B. Kuhl advirtió que no permitiría el uso de gafas inteligentes durante el juicio.

“Este tribunal ha ordenado que no se realice ningún reconocimiento facial del jurado. Si lo han hecho, deben eliminarlo. Esto es muy grave”, dijo la magistrada federal.

Zuckerberg se presentó a las 8:30 de la mañana hora local (16.30 GMT) vestido de traje y seguido por al menos ocho personas, entre ellas dos agentes del Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés) que lo escoltaron hasta dentro de la sala.

Los 15 asientos del público fueron rifados entre decenas de personas que querían escuchar el testimonio del ejecutivo.

Snapchat y TikTok llegaron a un acuerdo extrajudicial

El resultado de la demanda de K.G.M. podría servir de precedente para la resolución de alrededor de 1.500 demandas similares contra empresas de redes sociales en EE.UU. El juicio está programado para durar al menos seis semanas.

K.G.M. también demandó a Snapchat y TikTok. Pero ambas compañías llegaron a un acuerdo extrajudicial antes del juicio el mes pasado.

Meta también enfrenta un juicio en Nuevo México que se encuentra en su segunda semana. La demanda, presentada por el estado, alega que las plataformas de la compañía fundada por Zuckerberg proporcionaron “un mercado” para depredadores infantiles y no filtraron contenido dañino para menores.

La Agencia de Innovación y Transformación Digital de Castilla-La Mancha se ubicará en polígono industrial Torrehierro de Talavera de la Reina, una especie de 'polígono tecnológico', según el alcalde, José Julián Gregorio que ejerza de foco de atracción de empresas que conviertan a la ciudad en todo un referente “nacional e internacional”.

Se ha dado a conocer tras la reunión que ha mantenido en el Ayuntamiento con el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina. El edil ha confesado sentirse “orgulloso de que Talavera acoja esa sede regional”, que cuenta con el respaldo de la Junta de Castilla-La Mancha “para que Talavera sea ese foco tecnológico de la región”.

En el mismo lugar que el futuro centro de Meta

La elección de esta ubicación tiene relación, según ha dicho con el hecho de que “está próxima a llegar la resolución de la reparcelación de los terrenos de Meta, la multinacional de Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, Instagram, WhatsApp y Threads. En diciembre se hablaba de la necesidad de expropiación forzosa de al menos 30 parcelas por no haber acuerdo con sus propietarios para la instalación del centro de datos de la empresa norteamericana.

Hoy el alcalde dice que eso está más cerca y también “las cesiones de terrenos que tiene que hacer al Ayuntamiento” y que eso permitirá “hacer una ciudad tecnológica donde se ubique la Agencia de Innovación y Transformación Digital”.

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, confirma que lo de Meta - que acaba de fichar como presidenta a una exasesora de Donald Trump- está más cerca y que hay interés en que “entre todos seamos capaces de crear un Parque de Innovación y Digitalización” en la ciudad, pero pensado en que el proyecto de transformación digital es “de carácter regional”.

Según Ruiz Molina, “si hay terrenos suficientes no solo debe implantarse la Agencia, que estará en contacto con Meta y otras empresas, sino que creará un polo de atracción para otras tecnológicas” que quieran venir a Talavera de la Reina.

También ha recordado que “fue un compromiso del presidente García-Page con la ciudad” y que esta agemcia es el principal instrumento con el que cuenta el Gobierno para “modernizar la administración” y para “impulsar la innovación y la digitalización” a nivel regional. De este modo, ha resumido que, “para nosotros, la agencia es uno de los elementos o de las herramientas para acometer ese proceso de transformación digital en el que estamos inmersos”.

El consejero ha subrayado que existen precedentes que avalan esta estrategia de concentración empresarial en una determinada zona de la ciudad, y ha señalado, por ejemplo, el Parque Aeronáutico de Albacete. “Esta concentración de un mismo ámbito genera sinergias y un efecto tractor que favorece la llegada de nuevas compañías”. Y ha concretado más, en el caso de Talavera de la Reina, el Centro Regional de Innovación Digital ha pasado de albergar una multinacional inicial a contar con 18 empresas tecnológicas, “evidenciando ese efecto llamada”.

La constructora española ACS, a través de su filial Turner, levantará un campus de centros de datos para Meta en el estado de Indiana, en Estados Unidos, por unos 8.430 millones de euros. Según ha anunciado la compañía, la operación se llevará a cabo con otros socios y el proyecto contará con una superficie aproximada de 370.000 metros cuadrados, desde donde se ofrecerá una capacidad de 1 gigavatio para dar soporte al negocio principal de la tecnológica, así como a la inteligencia artificial.

El proyecto, que ya ha comenzado, generará más de 4.000 puestos de trabajo en el sector de la construcción, mientras que, una vez en funcionamiento, creará aproximadamente 300 puestos de trabajo operativos.

Este será el tercer proyecto en la que trabajará ACS para crear infraestructura de IA para Meta, pues en enero de 2024 la española ya anunció que construiría un campus de centros de datos para la tecnológica en Jeffersonville, también en Indiana, por unos 800 millones de euros.

Asimismo, en diciembre de ese mismo año, la constructora hizo oficial que, en alianza con DPR Construction y M. A. Mortenson, construiría un campus de centros de datos en Luisiana, que representará una inversión de más de 8.400 millones de euros. Ambos proyectos se realizarán a través de su filial Turner.

Este nuevo campus, que se erigirá en el municipio de Lebanon, en Indiana, “supone un hito importante en la continua expansión de la infraestructura digital avanzada de Meta”, subraya ACS en un comunicado. Según la compañía, a medida que avanza la inteligencia artificial y sigue creciendo la demanda de computación de alto rendimiento, los campus a escala de gigavatios como este “desempeñarán un papel fundamental en el soporte de la infraestructura digital de próxima generación”.

Meta pagará el coste total de la energía utilizada por el centro de datos y el 100% del consumo energético de las instalaciones se cubrirá con energía limpia y renovable, ha subrayado la compañía española.

El director general de Turner, Ben Kaplan, ha explicado que la escala del centro de datos refleja la creciente demanda de infraestructura de alto rendimiento y ha subrayado que están “deseando trabajar junto a Meta” y aplicar sus servicios integrados y su amplia experiencia en misiones críticas “para entregar este data center de forma segura, sostenible y eficiente”.

Hace cinco años, las grandes tecnológicas presumían de ser las empresas más verdes del planeta. Hoy, cada una de ellas contamina tanto como un país pequeño. Entre una realidad y otra hay solo un evento que lo ha cambiado todo: la carrera de la inteligencia artificial.

Esta tecnología no es solo un conjunto de programas capaces de analizar conjuntos masivos de datos y generar contenido a partir de ellos. Cada respuesta de ChatGPT es, en realidad, el último paso de una industria pesada y electrointensiva que ha multiplicado su capacidad de cómputo, desbordando el consumo que requerían el resto de servicios digitales o la navegación por Internet tradicional.

En el centro de esta reindustrialización digital están los centros de datos de nueva generación, llamados “hiperescalares”. Se trata de enormes naves industriales llenas de pasillos en los que el único ruido que se escucha es el de la potente refrigeración. A los lados hay armarios de metal colocados en serie, de un par de metros de alto y unos 60 centímetros de ancho. Dentro, visibles a través de las puertas de cristal, están los servidores que contienen los chips de última generación que hacen posible la inteligencia artificial.

Los nuevos hiperescala son mucho más grandes, mucho más potentes y tienen una actividad mucho mayor que los centros de datos del Internet tradicional. Mientras que incluso los mayores de la anterior generación solían tener entre 5.000 y 10.000 servidores, las nuevas bases de desarrollo de IA como “Colossus”, que Elon Musk está construyendo en Memphis, alcanzan ya los 70.000 en un solo complejo. Los chips que incorporan, diseñados por Nvidia, consumen, como mínimo, cuatro veces más que los necesarios para otros servicios digitales. En tareas especialmente densas el consumo puede llegar a ser hasta 10 veces mayor.

Además, estos chips nunca descansan. Los centros de datos tradicionales alternaban momentos de alta y baja actividad, respondiendo a la demanda de los usuarios. Los nuevos hiperescalares están permanentemente a pleno rendimiento, en un bucle sin fin de entrenamiento de nuevos modelos de IA. La frenética competición entre corporaciones y entre EEUU y China, unida a la escasez de chips de Nvidia, ha sumido a la industria en una fiebre del cómputo: desperdiciar un solo minuto de vida útil de estos chips se considera un error estratégico fatal.

Quinto consumidor mundial de energía

En occidente, solo un puñado de empresas se pueden permitir construir centros de datos a hiperescala. Son Google, Microsoft, Amazon o Meta, las mismas que a comienzos de la década se comprometieron a ser “neutras en carbono” para 2030. Es un objetivo incompatible con este tipo de prácticas de la carrera de la IA y la electricidad que suponen. En sus últimos informes de sostenibilidad publicados, todas reconocen que su consumo energético ha aumentado alrededor de un 25% en un solo año.

Arrancar una de sus factorías de inteligencia artificial implica poner a máximo rendimiento una industria pesada. Una sola de ellas puede competir en consumo eléctrico anual con una ciudad de 100.000 habitantes o con 400.000 coches eléctricos, según un informe del Parlamento Europeo. Solo los centros de datos de una de estas multinacionales ya consumen tanto como un país pequeño.

Conscientes del problema, las compañías han pasado los últimos años mejorando al máximo la eficiencia de los centros de datos. Quieren reducir, por ejemplo, el porcentaje de energía que se dedica a la refrigeración. En la última década, han logrado que este baje del 60% del total de la infraestructura a cifras cercanas al 20%. Su objetivo es que toda la electricidad se aproveche en la computación, que es lo que llena sus balances trimestrales. El problema es que mientras la refrigeración mejoraba, el consumo de esos chips se ha disparado, anulando cualquier ahorro de eficiencia estructural.

La Agencia Internacional de la Energía avisa que la expansión de la IA y los nuevos centros de datos que entrarán en operación en los próximos años harán que esta tendencia solo aumente en el futuro. Su cálculo es que, para 2030, estas infraestructuras serán el quinto consumidor de energía a nivel global, solo por detrás de China, EEUU, India y Japón.

La ingeniería para disimular emisiones de carbono

Ante esta realidad, estas cuatro compañías han optado por llevar al extremo sus prácticas de camuflaje de carbono. Las cuatro hiperescalers han recurrido a trucos contables que les permiten borrar de sus cifras de impacto medioambiental oficial buena parte de la contaminación que producen realmente sus centros de datos.

Son mecanismos como los certificados de carbono, que les permiten “deducirse” parte de sus emisiones a través de contratos de compra de energía renovable a compañías eléctricas. Sin embargo, estos certificados muy rara vez cambian la realidad del sistema eléctrico: no suponen la puesta en marcha de nuevas plantas de energía limpia, sino que simplemente afirman que un porcentaje de la producción que vuelquen a la red está destinada a un centro de datos en concreto.

Es una práctica que llevan a cabo compañías de todos los sectores, pero que las grandes tecnológicas han multiplicado en los últimos años debido a la presión sobre su consumo que está provocando la IA. “Si bien seguimos comprometidos con nuestros objetivos climáticos, ha quedado claro que lograrlos es ahora más complejo y desafiante en todos los niveles”, reconoce Google en su informe de sostenibilidad.

“Estamos en un punto de inflexión extraordinario, no solo para nuestra empresa específicamente, sino para la industria tecnológica en general, impulsado por el rápido crecimiento de la IA. Este panorama en evolución introduce incertidumbres significativas que pueden afectar nuestra trayectoria futura y la precisión de nuestras previsiones”, abunda, refiriéndose a sus emisiones de carbono.

Es una trampa contable. La realidad técnica es que ellos van a estar operando también durante la noche y van a absorber mucha cantidad de nuclear de gas dentro del sistema eléctrico

Javier Andaluz — Ecologistas en Acción

“Lo que hacen estas grandes empresas es lo que llaman el Power Purchase Agreement, que es básicamente que te vas a una gran eléctrica y le dices: mira, para que yo pueda vender que mi energía es verde, quiero comprarte una serie de créditos que representan una parte de tu producción eléctrica”, explica Javier Andaluz, responsable de cambio climático de Ecologistas en Acción.

“Es una trampa contable”, prosigue el ecologista: “La realidad técnica no es esa. Ellos van a estar operando, por ejemplo, también durante la noche, que es cuando menor energía renovable se produce. En ese momento van a absorber mucha cantidad tanto de nuclear como de gas dentro del sistema eléctrico. Sin embargo, en contabilidad, en apariencia, va a parecer que esto no existe y que ellas consumen energía renovable”.

El Protocolo de Información sobre Gases de Efecto Invernadero permite a las empresas llevar a cabo esta práctica y difuminar la contaminación de los centros de datos. Este fue redactado en 2001 por el World Resources Institute y el World Business Council for Sustainable Development, una organización de CEOs de grandes corporaciones. Aunque el texto establece dos métodos de cálculo de emisiones (uno con certificados, y otro sin ellos) no regula cómo deben declararlos. En la práctica, esto supone que las empresas solo destaquen la cifra más favorable.

Así, Meta afirma en su último informe de sostenibilidad que sus centros de datos emitieron 1.358 toneladas de CO2 a la atmósfera en 2024. Microsoft dice que las suyas fueron de 300.000 toneladas; Google sube hasta los tres millones de toneladas; mientras que Amazon afirma que fueron de 2,8 millones.

Pero sus propios informes documentan que la realidad es muy diferente. Como parte del compromiso de reducir sus emisiones que llevaron a cabo a principios de la década, tanto Meta, como Google y Microsoft siguen incluyendo en una nota aparte la cifra real. Es decir, las emisiones de sus centros de datos en función del sistema eléctrico al que están conectados. Ese cálculo, que obvia mecanismos como los créditos de carbono, revela que hasta el 85% de la contaminación que produce la inteligencia artificial está siendo disimulada de los informes.

Amazon es la compañía que más centros de datos gestiona alrededor del mundo. Muchos de ellos son más antiguos y contaminantes que los de nueva generación, ya que siguen empleando una gran parte de su energía en refrigeración. También es la única de las cuatro hiperescaladoras que se niega a revelar el cálculo de emisiones real. “La dirección de Amazon sabe que si la opinión pública comprendiera plenamente la verdad, la indignación sería enorme”, explica a elDiario.es Eliza Pan, portavoz de Empleados de Amazon por la Justicia Climática.

Los datos de la contaminación efectiva que generan los centros de datos de Amazon que se incluyen en este reportaje están elaborados a partir de un contrainforme elaborado por este grupo de trabajadores de la multinacional. Organizados para protestar por la opacidad medioambiental de la empresa, calcularon que las emisiones reales de Amazon son, al menos, de 12 millones de toneladas de CO2 al año.

Se trata de un cálculo conservador, ya que “la situación ha empeorado en los últimos dos años debido a la construcción masiva de centros de datos de Amazon, que funcionan principalmente con energía contaminante”, continúa Pan. “Amazon dedica mucho tiempo y recursos a engañar al público y a sus propios empleados sobre la magnitud de su huella de combustibles fósiles”.

Sin respuesta

elDiario.es se puso en contacto hace varias semanas con estas cuatro compañías para hacerles llegar una serie de preguntas sobre esa discrepancia entre las emisiones efectivas que suponen sus centros de datos y la cifra maquillada con certificados de carbono. Todas se han negado a contestar a las cuestiones planteadas con la declaración de un portavoz oficial, que incidían en si consideran que los certificados de carbono cambian efectivamente el mix energético de las redes en las que operan o qué impacto tiene la demanda de sus centros de datos en el retraso del cierre de plantas de carbón.

Google y Meta han enviado una serie de puntos con información “de contexto”, textos genéricos extraídos de su información pública. En ellos, recuerdan que sus informes están alineados con el Protocolo de Información de Gases de Efecto Invernadero y que se esfuerzan por mejorar la eficiencia de sus infraestructuras de cómputo. Google dice que aspira a equiparar “cada kilovatio-hora de electricidad” que consuma con energía limpia “producida en la misma red eléctrica y durante la misma hora”. Meta afirma que sin un mecanismo como los certificados de carbono, las inversiones voluntarias de las empresas en energía renovable no se llevarían a cabo.

Microsoft, por su parte, también ha esquivado las preguntas y ha enviado una declaración extraída directamente de su último informe de sostenibilidad. “Ha quedado claro que nuestro camino hacia la negatividad de carbono es una maratón, no un sprint”, afirma, apuntando que las emisiones reales de sus centros de datos “han aumentado porque nuestro consumo de electricidad ha crecido más rápido que la descarbonización de las redes en las que operamos”.

“Seguimos comprometidos con el desarrollo y el apoyo de soluciones innovadoras para reducir las emisiones de los centros de datos clave y los insumos operativos, incluidos los materiales de construcción, los chips y los combustibles, centrándonos en soluciones a largo plazo en lugar de soluciones provisionales a corto plazo”, añaden.

Amazon ha rechazado el ofrecimiento para incluir su posición en esta información, negándose también a responder sobre el contrainforme de emisiones elaborado por sus propios empleados.

Qué supone realmente la demanda de los centros de datos hiperescalares para el sistema eléctrico

Las preguntas que elDiario.es envió a las cuatro multinacionales tenían que ver con el impacto real que la demanda de sus centros de datos hiperescalares está produciendo en los sistemas eléctricos en los que se instalan. Algunas de las cuestiones tenían que ver con Virginia, el estado de EEUU donde se está viviendo la mayor explosión de estas infraestructuras, y que anticipa un efecto que podría ocurrir en el resto de puntos del planeta por donde se están expandiendo.

En España, Microsoft ha anunciado la construcción de un complejo de centros hiperescalares en Aragón, al igual que Amazon. Meta ha optado por establecerse en Talavera de la Reina. La disponibilidad de energía renovable es uno de los principales motivos por los que España se ha convertido en un mercado atractivo para estas inversiones. Pese a la envergadura de estas nuevas infraestructuras, su peso es extremadamente reducido si se compara con la situación que atraviesa Virginia.

Centros de datos en EE. UU.

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Incluye centros operativos y en construcción, a 20/10/2025. fuente: Pew research center

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Incluye centros operativos y en construcción, a 20/10/2025.

fuente: Pew research center

Este estado, especialmente su zona norte, se convirtió en un punto clave para los centros de datos por su conexión a la mayor concentración de redes de fibra óptica (incluidos los cables submarinos que cruzan el Atlántico hasta Europa) y proximidad a Washington. El problema es que en la industria digital todo tiende a agruparse, en lo que se conoce como la fuerza de gravedad del dato: mientras las oficinas de las tecnológicas se concentraban en Silicon Valley, sus factorías lo hacían en Virginia.

Hoy hay zonas del estado donde no hay espacio para un solo centro de datos más. La demanda y los precios de la energía se han disparado a causa del auge de la IA. El resultado es que Dominion Energy, la principal distribuidora eléctrica de la zona, haya retrasado el cierre de todas sus plantas de carbón hasta 2045. La compañía alude directamente a que la demanda de los centros de datos se cuadruplicará para 2038. En total, hasta 15 plantas de carbón de EEUU cuyo cierre estaba planeado en 2025 continuarán operando debido a la IA.

El gran ejemplo es la planta de carbón de Clover. Puesta en marcha en 1995, Dominion la declaró “no rentable” en 2020. El impacto de los centros de datos la mantendrá activa dos décadas más.

Más allá del carbón, el mix energético de Virginia se compone en un 60% de gas y un 30% nuclear. El impacto estructural de los centros de datos en esta región supondrá la emisión de miles de millones de toneladas de CO2 a la atmósfera durante las próximas décadas.

Es una situación que se reproduce a nivel global. Según el informe de la Agencia Internacional de la Energía, las emisiones asociadas a los centros de datos pasarán de 180 millones de toneladas de CO2 al año en 2024 a 300 millones en 2035. Esto es debido a que las renovables solo podrán asumir un 50% del aumento de demanda, mientras que será el gas el que soporte gran parte del peso restante.

La Agencia también avanza que la nuclear podría ganar importancia si las investigaciones en reactores pequeños modulares tienen éxito. Se trata de una variante de central nuclear a pequeña escala y producible en serie en el que las tecnológicas están invirtiendo fuertes sumas para intentar acoplarlas a los centros de datos. Expertos críticos con la idea avisan de que es un intento de dar una segunda vida a este tipo de generación de energía con pocos visos de prosperar.

Por el momento, en EEUU se ha aprobado ya la reactivación de una central nuclear que había cesado sus operaciones para abastecer centros de datos. Hay otras dos reaperturas solicitadas, una promovida por Google y otra por Microsoft, que están a la espera de la aprobación de las autoridades. La segunda es Three Mile Island, la misma central que sufrió el accidente nuclear más grave de la historia de EEUU.

España no es una excepción

Javier Andaluz, de Ecologistas en Acción, avisa que en España se pueden producir procesos similares pese al gran peso que las renovables tienen en el mix energético. “El gran problema de los centros de datos es que necesitan energía las 24 horas, los siete días de la semana. Ese enorme consumo implica que el sistema eléctrico vaya a necesitar más energía, lo que inevitablemente va a obligar a ir conectando centrales de gas, en nuestro caso”.

En 2025, las renovables sumaron el 54% de la producción de energía. Sin embargo, el gas siguió representando el 22% y la nuclear el 19%, mientras que otros combustibles fósiles supusieron el 3%. Aunque las fuentes sucias ya representan una minoría del mix, siguen siendo el “colchón de seguridad” del sistema. Especialmente ante infraestructuras como los centros de datos de nueva generación, que suponen una demanda constante.

Las tecnológicas aseguran que la inteligencia artificial ayudará a combatir el cambio climático, facilitando descubrimientos científicos y mejoras en la eficiencia de procesos. Su primer impacto, no obstante, está suponiendo un freno para la descarbonización de los sistemas eléctricos en los que se instalan sus centros de datos.

La Comisión Europea ha avisado este lunes a Meta, la compañía matriz de  Facebook, Instagram o WhatsApp, de haber infringido las normas antimonopolio de la UE al excluir el acceso a WhatsApp de asistentes de Inteligencia Artificial (IA) de terceros de manera que los usuarios de la aplicación de mensajería no podían utilizar otras herramientas IA. Según Bruselas, la conducta de Meta “bloquea la entrada o la expansión de competidores en el mercado de asistentes de IA”.

La Comisión tiene la intención de imponer medidas cautelares para evitar que esta política de Meta “cause un perjuicio grave e irreparable en el mercado”. El pliego de acusaciones abarca a todo el Espacio Económico Europeo, excepto Italia, donde la Autoridad Italiana de la Competencia impuso medidas cautelares a Meta en diciembre de 2025.

El pasado El 15 de octubre de 2025, Meta anunció una actualización de los términos de la solución WhatsApp Business, que en la práctica prohibía a los asistentes de IA de terceros operar en la aplicación. Como resultado, desde el 15 de enero de 2026, el único asistente de IA disponible en WhatsApp es la herramienta Meta AI, mientras que los competidores han sido excluidos. la Comisión abrió el procedimiento formal de investigación el pasado diciembre de 2025.

La Comisión ha informado a Meta de que este cambio de política infringe las normas de competencia de la Unión Europea. Las acusaciones de Bruselas al gigante tecnológico estadounidense que ostente una posición dominante en el mercado del Espacio Económico Europeo (EEE) de aplicaciones de comunicación para consumidores a través de WhatsApp. Además, se acusa a la compañía de mensajería de “abusar de esta posición dominante al negar el acceso a WhatsApp a otras empresas, incluidos los asistentes de Inteligencia Artificial (IA) de terceros”. La Comisión insiste en que “WhatsApp constituye un punto de acceso clave para que los asistentes de IA de propósito general puedan llegar a los consumidores”.

Por lo tanto, Bruselas subraya que “existe una necesidad urgente de adoptar medidas de protección debido al riesgo de un daño grave e irreparable a la competencia. La conducta de Meta corre el riesgo de elevar las barreras de entrada y expansión y de marginar de forma irreversible a competidores más pequeños en el mercado de asistentes de IA”.

La Comisión se ampara para dictar estas acusaciones en el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y el artículo 54 del Acuerdo sobre el EEE, que prohíben el abuso de una posición dominante que pueda afectar al comercio y falsear o restringir la competencia dentro del mercado único.

Además se acoge al De conformidad con el artículo 8 para imponer medidas cautelares cuando, a primera vista, exista una infracción de las normas de competencia, así como una necesidad urgente de adoptar medidas de protección debido al riesgo de un perjuicio grave e irreparable para la competencia.

Bruselas ya multó con 200 millones de euros a la compañía de Mark Zuckerberg por el modelo de 'consentimiento o pago' que impone en las redes sociales Facebook o Instagram y que básicamente obliga a los usuarios a dar datos personales para tener publicidad personalizada o a pagar para tener una versión sin anuncios. Bruselas consideró que vulneraba sus normas y que debería haber una opción gratuita que obligue a dar menos datos personales. Meta introdujo un nuevo modelo que la Comisión Europea está analizando.

El Gobierno de España ha decidido ir al choque con las grandes plataformas de contenido y redes sociales con el último anuncio de Pedro Sánchez. Entre otras medidas de regulación para el entorno digital, el jefe del Ejecutivo anunció una reforma legal para que los CEO de las plataformas digitales tengan responsabilidad penal por la difusión de contenidos ilícitos. Es una iniciativa que ha despertado los primeros recelos por parte de la Comisión Europea y que juristas consultados por elDiario.es consideran un “brindis al sol” por la complejidad de su ejecución y su posible colisión con el reglamento comunitario de servicios digitales, que ya contempla un régimen de multas. 

Fuentes del Ejecutivo concretan que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes una ley orgánica que incluirá una modificación del Código Penal para que directivos como Elon Musk o Mark Zuckerberg se enfrenten a procesos penales si plataformas como X, Instagram o Meta no retiran los contenidos que difunden contenidos ilegales, como pornografía infantil, por ejemplo. En particular, cuando incumplan una orden de retirada de contenidos ilícitos. Tras este anuncio, la Comisión Europea advirtió de que los Estados miembros como España no deberían “invadir” competencias de ámbito comunitario que están incluidas en el citado reglamento, llamado DSA, por sus siglas en inglés. 

El abogado Borja Adsuara, especializado en derecho informático, afirma que un Estado miembro no puede “hacer la guerra por su cuenta” legislando contra un reglamento europeo aplicable a todos. Este jurista afirma que la Comisión Europea debatió y descartó la responsabilidad penal personal y optó por multas administrativas de hasta el 6% de la facturación global de la plataforma, tal y como figura en la citada DSA. 

Este abogado defiende que en el caso de las plataformas de gran tamaño como Instagram, Facebook o X la competencia sancionadora la tiene la Unión Europea porque su actividad afecta a todos los países del ámbito comunitario. “Un Estado miembro puede hacer la denuncia, pero quien tiene que abrir el expediente es la Comisión Europea”, dice. Adsuara cuestiona que el Ejecutivo anuncie este tipo de medidas que considera un “brindis al sol” cuando lleva dos años de retraso en dotar de competencias a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para aplicar el reglamento europeo, lo que podría acarrear una multa del Tribunal de Justicia de la UE. 

Ofelia Tejerina, profesora de la Universidad Pontificia de Comillas y presidenta de la Asociación de Internautas, coincide en que el Gobierno se ha “pasado de frenada” con medidas que van más lejos de lo que establece la regulación comunitaria. “Habría que ceñirnos y ver si somos capaces de aplicar lo que nos dice Europa. Hasta ahora ni lo hemos intentado y hace dos años que tendríamos que haberlo hecho”, dice esta experta. 

En la Moncloa se revuelven contra el toque de atención de la Comisión Europea. “No es nada que no se esté haciendo”, aseguran fuentes gubernamentales, que se refieren a la normativa impulsada por Emmanuel Macron. “En Francia han llamado a declarar a Elon Musk”, afirman esas fuentes. No obstante, la causa en la que se investiga a X tiene que ver con la manipulación de algoritmos, que es otra de las patas del paquete contra la desinformación que anunció Sánchez, provocando el enfurecimiento de los oligarcas digitales, como el propio Musk o Pável Dúrov, dueño de Telegram. En Moncloa argumentan que Dúrov fue imputado en Francia en 2024 por delitos vinculados a la difusión de contenidos de abuso sexual infantil, informa Irene Castro.   

El Ejecutivo francés ha salido en defensa de Sánchez. “Hola, España, hemos estado ahí”, señala el Ministerio de Exteriores en un post en X en el que relata “ataques al Gobierno”, el uso de la plataforma por parte de su propietario contra la legislación nacional, etc. “Mantén la línea. Es regulación de las plataformas”, concluye. 

En el Gobierno defienden que la reforma del Código Penal para perseguir a los magnates tecnológicos tiene encaje no sólo en las legislaciones española y europea, sino en la jurisprudencia. “El Gobierno plantea que las grandes plataformas digitales y sus directivos sean responsables si no retiran contenidos ilegales en las plataformas que se les hayan notificado. Esta medida no es una excepción: la DSA ya obliga a las redes sociales a impedir la difusión de contenidos ilícitos. Ningún tribunal europeo ha considerado que eso vulnere la libertad de expresión”, señalan fuentes gubernamentales. 

Estas mismas fuentes sostienen que el “objetivo es proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía y actuar solo contra contenidos que atentan contra la dignidad de las personas”. “Exponer cuerpos de menores desnudos o alentar al genocidio no son manifestaciones de libertad de expresión, son delitos”, rematan.

Los expertos, sin embargo, apuntan al riesgo que supone que sean los ejecutivos —del color que sean— quienes decidan qué es información, qué es desinformación y qué es discurso de odio. Adsuara critica que la propia DSA incluya “conceptos jurídicos indeterminados”, como la necesidad de actuar contra los contenidos que vayan contra el “discurso cívico”. Y que esa pueda ser una vía utilizada para censurar opiniones disidentes o no oficiales. 

Tejerina, por su parte, insiste en que la persecución penal de los CEO es una idea difícil de ejecutar. “En primer lugar, habría que preguntar al Gobierno qué quiere entender como delito de odio y qué tipo de trazabilidad va a hacer”, afirma esta experta, que apunta al riesgo de que, ante la amenaza de sanciones, sean las propias plataformas las que eliminen contenidos preventivamente, no porque sean ilegales (algo que debe decidir la Justicia), sino simplemente porque alguien denuncia que le “molestan”. “Eso les daría un poder ilimitado para controlar la narrativa y el discurso”, sostiene. 

En relación con la responsabilidad de las plataformas por los contenidos que se mueven en ellas, Tejerina afirma que en Europa “está delimitada desde hace muchísimos años” y recuerda que “no tienen la obligación de monitorizar 24/7, que es algo que está prohibido porque va contra la intimidad y la protección de datos”. “Otra cosa es que si la Administración comunica a una plataforma que hay un contenido ilegal, esta plataforma tenga que actuar”, añade.

Del caso ‘Menéame’ a Musk y Zuckerberg 

Fuentes especializadas en procesos legales por delitos e irregularidades cometidas a través de internet explican a elDiario.es, en la misma línea, que exigir responsabilidades legales al líder de una de estas empresas tiene por delante un camino complejo: que exista un contenido ilegal, que exista una orden oficial de retirarlo y que exista una negativa del empresario a cumplir con esa orden. Un posible delito de desobediencia o algún tipo de sanción por la vía civil a la que, dicen estas fuentes, sería muy difícil llegar. 

Un caso reciente fue sentenciado por el Tribunal Constitucional en 2023: la condena económica a la página web Menéame por los comentarios anónimos de varios usuarios que insultaban a un concejal del Partido Popular en Marbella acusado entonces de gastar 14.000 euros en llamadas telefónicas en un solo mandato. El concejal solicitó a la web, sin éxito, que retirase comentarios que le calificaban de “hijo de puta”. 

El Constitucional, con varios votos particulares, confirmó la decisión de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de condenar a la página a indemnizar con 12.000 euros al edil marbellí. No por no haber hecho un control previo de esos comentarios sino por no borrarlos cuando recibió el requerimiento, lo que la normativa llama el “conocimiento efectivo”. 

Es un concepto que ha desarrollado la Fiscalía en la última década. Lo hizo, por ejemplo, en una circular de 2015 referida a las páginas y plataformas que difundían películas o música pirateada. Una página web o plataforma puede ser responsable del contenido que difunde siempre y cuando tenga “conocimiento efectivo” y actúen “con diligencia” para retirar el contenido ilegal. Ese “conocimiento efectivo”, dijo ya entonces la Fiscalía citando al Tribunal Supremo, llega sobre todo cuando un organismo competente exige su retirada. 

Llevar esa responsabilidad no solo a la empresa sino personalmente a su CEO, como puede ser Elon Musk en el caso de X o Mark Zuckerberg en Facebook, requiere según estas fuentes de muchos cambios legales y, sobre todo, una línea recta clara entre la orden de retirar un contenido y la obligación de esa persona dentro de la empresa. 

Los menores de 16 años en las redes

Otro de los anuncios de Sánchez tiene que ver con la edad de acceso de los menores de edad a las redes sociales. Actualmente se sitúa en los 14 años y el Gobierno pretende elevarla hasta los 16, medida que ha recibido la negativa de partidos como Vox, cuya estrategia de conexión con los jóvenes pasa por las redes sociales. “Lo que pretende es amordazar y censurar al mismo pueblo al que roba”, dijo Santiago Abascal durante su campaña aragonesa. 

Lo cierto es que esta propuesta no es ninguna novedad. En esos momentos se encuentra en fase de tramitación parlamentaria una iniciativa legal, un Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, todavía sometido a enmiendas y que recoge esta posibilidad. 

“Se considera necesario elevar la edad del consentimiento del menor en materia de protección de datos”, explica esta iniciativa a la que fuentes participantes en el proceso otorgan máxima importancia tras meses de trabajo. El objetivo, dice el documento, es “armonizar” el umbral español de edad de acceso a estas plataformas con el de “la mayoría de los países de la Unión Europea” así como con el exigido en España para “otras actividades y conductas”. 

En Moncloa sostienen que es un bulo decir que la prohibición del acceso a menores de 16 años sentará un precedente para rastrear la identidad de los usuarios erosionando el anonimato y abriendo las puertas a la recopilación masiva de datos. “Esta medida responde a una lógica de protección de menores, del mismo modo que se limita el acceso al alcohol o a la conducción para preservar su integridad”, afirman en el Ejecutivo, que recuerda los problemas de salud mental e hiperconexión de los niños así como el aumento en un 13% de las denuncias por abusos sexuales online con una multiplicación exponencial de los deepfakes de contenido sexual. 

El argumento del Ejecutivo es que las medidas de verificación de edad “dificultarían estos modelos criminales, sin implicar en ningún caso la recopilación de datos personales de menores”.

Microsoft, Alphabet, Meta y Amazon han presentado sus cuentas de 2025 con resultados récord. Sus respectivos negocios funcionan como máquinas bien engrasadas. Sin embargo, Microsoft y Meta, que presentaron sus cuentas la pasada semana, acumulan caídas de un 10% en el valor de sus acciones desde entonces. Google, que lo hizo este miércoles, logró remontar durante la siguiente jornada el 8% de depreciación con la que la castigó Wall Street. Amazon, por su parte, cae un 9% tras haber presentado un aumento del beneficio neto del 31% respecto al año anterior, muy en línea con el resto del grupo.

El motivo de las caídas son las cifras masivas de inversión en IA e infraestructuras de computación que los cuatro gigantes de los centros de datos han anunciado para este 2026. Amazon llegará a los 200.000 millones de dólares, Google ha presupuestado hasta 185.000 millones, mientras que Meta podría llegar a los 135.000 millones. Microsoft no ha comunicado cifra, pero si mantiene el ritmo de los dos últimos trimestres, llegará a los 150.000 millones de dólares.

Son, en total, más de 500.000 millones de euros que las mayores empresas del mundo volcarán en su negocio de la IA. El problema es que no tienen demasiado claro por dónde los recuperarán, lo que ha agotado la paciencia de los inversores. “La reacción del mercado no es contra la IA, es contra la falta de visibilidad de la rentabilidad”, aclara Javier Molina, analista de Mercados de eToro, a elDiario.es.

“En 2026 el mercado deja atrás el storytelling [la narrativa] y entra en el 'muéstrame el dinero'. Alphabet [matriz de Google] y Microsoft caen no por ingresos, sino porque el inversor ya no premia el gasto, quiere ejecución”, continúa. ¿Estamos, entonces, en un punto de inflexión? “Sí, hay un cambio claro de actitud, pues se pasa del entusiasmo indiscriminado al análisis quirúrgico del retorno de las inversiones”.

Una tecnología muy cara sin modelo de negocio claro

Esos 500.000 millones de euros son seis veces más de lo que estas compañías invertían al año en gastos operativos en 2020. Sin embargo, sus vías de ingreso no han cambiado demasiado desde entonces. Los modelos de IA generativa como ChatGPT o Gemini tienen cientos de millones de usuarios, pero la mayoría no paga por ellos. Sus servicios de IA para empresas crecen de manera muy contenida, pero aún representan una pequeña fracción de los ingresos totales de estas compañías.

Entre las cuatro empresas, la IA solo ha sumado unos 50.000 millones de euros a sus cuentas este 2025. Una cifra diez veces menor de lo que comprometerán para desarrollarla en un solo año, a lo que hay que sumar un montante similar entre los dos ejercicios anteriores. OpenAI, que no cotiza en bolsa, está en una posición parecida, con un billón de euros comprometidos en computación hasta 2033 y apenas 15.000 millones de ingresos al año.

Desde un punto de vista estratégico, el gasto está justificado, pues no invertir es quedarse fuera del sistema

Javier Molina — analista de Mercados de eToro

Se trata de un sprint en el que no se ve la meta, pero cada empresa debe esforzarse al máximo para seguir en el pelotón por si esta aparece. “Desde un punto de vista estratégico, el gasto está justificado, pues no invertir es quedarse fuera del sistema. Pero el mercado empieza a dudar del timing del retorno, no de la dirección. La diferencia es clave, ya que la inversión es defensiva y estructural, pero el inversor quiere saber cuándo se convierte en márgenes y caja, no solo en capacidad”, dice Molina.

Apple, mientras tanto, supone la otra cara de la moneda. Habiendo aceptado que ha quedado rezagada en la carrera de la IA, ha decidido subcontratar a Google la tecnología que potenciará a la nueva Siri y sus otras herramientas basadas en esta tecnología. Pagará unos 1.000 millones al año y le dejará la carrera a la competencia. Sus acciones han subido un 8% desde que presentó sus cuentas anuales la semana pasada.

La cuenta atrás ha empezado

La pregunta que martillea a los inversores es simple: ¿quién pagará por todo esto? Si el modelo de negocio de la IA no aparece y las inversiones no obtienen retornos, la respuesta es que habrán sido ellos como propietarios de las compañías.

Por eso las caídas de esta semana se extienden también por compañías como Nvidia u otras fabricantes de chips como AMD (-13% en la última semana). La preocupación se extiende incluso por los máximos dirigentes de las empresas protagonistas. En la presentación de resultados ante los analistas, Sundar Pichai, CEO de Google, reconoció que hay una pregunta que le “mantiene despierto” por las noches: “¿Cómo podemos aumentar la capacidad para satisfacer esta demanda extraordinaria, acertar con nuestras inversiones a largo plazo y hacerlo todo de una manera que impulse la eficiencia?”.

Tanto Pichai como el resto de los emperadores tecnológicos se quedan sin tiempo para responder. La “fatiga” de los inversores ante la falta de retorno ha activado la cuenta atrás de la burbuja de la IA. “2026 es el año en el que el mercado deja de conceder crédito a la promesa de la IA y empieza a exigir resultados”, avisa Javier Molina.

Estamos en una burbuja y mucha gente va a perder mucho dinero

Bret Taylor — presidente de OpenAI

“En la primera mitad del año se tolerará la volatilidad mientras el uso siga creciendo, pero en la segunda ya se pedirá estabilidad de márgenes y señales claras de eficiencia. Si a finales de 2026 no hay una inflexión visible en el flujo de caja libre, el castigo podría ser estructural, es decir, potencial ajuste permanente de múltiplos y fin de la narrativa de futuro. La IA tiene este año para demostrar que puede convertir inversión en beneficios reales... después, ya no habrá margen para esperar”, concluye.

La duda es qué forma tomará ese castigo. Una encuesta de Bank of America a gestores de fondos realizada en octubre de 2025 mostró que el 54% considera que las acciones de IA están en una burbuja, un récord histórico en ese tipo de sondeos. Incluso ejecutivos del sector tecnológico han admitido el riesgo: Bret Taylor, presidente de la junta de OpenAI, fue claro al declarar que “estamos en una burbuja y mucha gente va a perder mucho dinero”.

El escenario recuerda a la burbuja puntocom de 2000, cuando empresas tecnológicas con valoraciones astronómicas se desplomaron al no materializar beneficios. Entonces, compañías con ingresos mínimos cotizaban como si ya dominaran el mercado. Ahora la situación es diametralmente opuesta en los protagonistas, pero comparten un rasgo: inversiones masivas en una tecnología cuyo modelo de negocio aún está por definir.

Pedro Sánchez abre un nuevo frente de batalla contra la desinformación que campa a sus anchas en las redes sociales. El Gobierno aprobará la semana que viene un paquete legislativo para endurecer las reglas contra las plataformas digitales que amplían la difusión de contenidos falsos que están dando, además, alas al crecimiento de la ultraderecha a nivel global. El Gobierno quiere ser pionero en ese combate y aprobará el próximo martes una ley para que los CEO de las plataformas digitales tengan responsabilidad penal por la difusión de contenidos ilícitos. Además, plantea la prohibición del acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.

Las plataformas estarán obligadas a imponer mecanismos de verificación de edad para el acceso. Esta medida se desarrollará a través de prohibición expresa de acceso a menores en un nuevo artículo del Proyecto de Ley de Protección de Personas Menores de Edad en entornos digitales que está en tramitación parlamentaria. La UE está en esa línea y está empleando un proyecto piloto precisamente español para ello. No obstante, hay varios países europeos, entre los que está España, que quieren ir un paso más allá en el cerco a las redes sociales y comenzarán a trabajar conjuntamente para llevar la iniciativa, aunque sea al margen del club comunitario. Sánchez ha dicho que esos seis países se reunirán próximamente.

“Su poder e influencia no nos debe dar miedo”

“Las redes sociales se han convertido en un estado fallido en un lugar donde se ignoran las leyes, se toleran los delitos, la desinformación vale más que la verdad y la mitad de los usuarios sufren ataques de odio”, ha dicho el presidente en una intervención en el Global Governments Summit que se celebra en Dubai con el foco puesto en la digitalización.

Lo que pretende Sanchez a través de una ley orgánica es que Elon Musk o Mark Zuckerberg se enfrenten a procesos penales si plataformas como X, Instagram o Meta no retiran los contenidos que difunden contenidos ilegales, como pornografía infantil, por ejemplo. Además, se establecerá que la manipulación de los algoritmos sean un delito penal en línea con lo que hizo Francia en 2023. De hecho, la Fiscalía francesa ha registrado este martes la sede de X en París y ha convocado a Musk por la manipulación de algoritmos. “La desinformación no nace de la nada”, ha afirmado el presidente.

Investigación de la Fiscalía a Grok

Igualmente, se creará un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad que permita establecer una Huella de Odio y Polarización. Sánchez ha recordado que más de la mitad de los usuarios de las redes sociales sufren ataques de odio. “El objetivo es transformar un fenómeno hasta ahora opaco en un elemento cuantificable y evaluable, generando un ranking de peores a mejores plataformas en relación con la presencia de odio y polarización en las mismas”, señalan fuentes gubernamentales.

Sánchez también ha instado a la Fiscalía a que investigue los delitos cometidos por Grok (la Inteligencia Artificial de X), Meta o TikTok. “Vamos a defender nuestra soberanía digital contra cualquier injerencia extranjera”, ha advertido. En el caso de Grok, ha llegado a crear tres millones de imágenes sexualizadas, incluidas 23.000 de menores. Bruselas ha abierto una investigación a Grok y X por la creación de imágenes pornográficas no consentidas.

El presidente ha puesto ejemplos concretos en su discurso, como la creación de contenidos de pornografía infantil con ayuda de la IA que se difunden en TikTok o los contenidos anti-inmigración. El presidente se ha referido específicamente a la “desinformación” lanzada por el propio Musk –“a pesar de ser un inmigrante”– sobre la regularización anunciada por el Gobierno. “La misma plataforma que ha permitido a Grok crear contenido sexual ilegal”, ha agregado.

“Es solo la punta del iceberg”, ha advertido Sánchez, que ha dicho que esos son ejemplos “de los múltiples abusos y delitos que cada día tienen lugar en las redes sociales”. “Algunos dirán que si no nos gustan, podemos abandonarlas. Tienen razon. Para mucho de nosotros esto sigue siendo una opción, pero para nuestros hijos y muchos ciudadanos no existe. Las redes sociales se han convertido en una parte esencial de sus vidas. Tenemos que recuperar el control. Necesitamos asegurar que estas plataformas cumplan las normas como todos los demás”, ha asegurado Sánchez, que ha reconocido que “no va a ser fácil”. “Las redes sociales son más ricas que muchos países, incluido el mío, pero su poder e infuencia no nos debe dar miedo”, ha sentenciado.

Tras la aparición de ChatGPT, el gran temor de muchos fue el empleo. Más de tres años después de aquel momento cero de la inteligencia artificial, el apocalipsis de la automatización no ha llegado y los cambios económicos que producirá esta tecnología son aún inciertos. La revolución de la inteligencia artificial es profunda, pero avanza en una esfera más íntima, mucho más personal que una cifra de paro.

Este 2026, millones de personas utilizan sistemas de inteligencia artificial como confidentes, asesores personales o apoyo emocional. Es esa compañera que la empresa se niega a contratar para aligerar la carga de trabajo, el profesor particular que la familia no se puede permitir y la psicóloga que está disponible las 24 horas. Un espacio percibido como seguro para expresar cualquier cosa, desde ideas políticamente incorrectas a la duda visceral de si merece la pena seguir viviendo.

Cada día se generan largas conversaciones entre máquina y persona, unas veces escritas y otras a través de herramientas de voz. Con lenguaje cuidado cuando se habla de un tema fiscal o con abreviaturas de chat al intentar entender la reacción de una pareja. Con voz agitada para preguntar la última duda antes de un examen final o apagada tras varias horas rumiando un problema en la cama.

La IA está abriendo una nueva era de intimidad automatizada. El problema es que, para las empresas que la desarrollan, íntimo no significa necesariamente lo mismo que privado.

El recurso de la publicidad

Las principales empresas desarrolladoras de IA ya llevan a cabo análisis detallados de los datos de las conversaciones para mejorar sus servicios. Según un estudio reciente de la Universidad de Stanford, se trata de una práctica habitual en OpenAI, Google, Microsoft o Amazon. “Si compartes información sensible en un chat con ChatGPT, Gemini u otros modelos avanzados, puede recopilarse y utilizarse para el entrenamiento, incluso aunque esté en un archivo independiente que hayas subido durante la conversación”, destaca la autora, Jennifer King, investigadora en políticas de privacidad.

Sin embargo, la posibilidad de que estas empresas den un paso más y utilicen esa cascada de información íntima para la publicidad se ha tornado muy real este 2026. Especialmente tras el anuncio de OpenAI de que ChatGPT, el detonante de esta revolución, incluirá anuncios en los próximos meses.

Las señales de este cambio de rumbo se acumularon durante todo 2025. Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, fue alterando su discurso a medida que el mercado publicitario se iba haciendo más inevitable para su empresa, que nunca ha tenido beneficios, pero se ha comprometido a invertir 1,4 billones de dólares en computación hasta 2033.

Así, la publicidad pasó de ser “el último recurso” de la empresa, debido a que “la combinación de anuncios con IA” le resultaba “especialmente inquietante”, a ser una posibilidad. “Me encantan los anuncios de Instagram”, dijo finalmente Altman en referencia al modelo de negocio Meta, la gran multinacional de la publicidad online junto con Google y propietaria tanto de esa red social como de Facebook o WhatsApp.

Meta también fue la primera en usar los datos recogidos por su IA para el perfilado publicitario, el mecanismo por el cual estas plataformas recopilan a partir del análisis del comportamiento digital (desde las búsquedas hasta al tiempo que se pasa leyendo cada tipo contenido) para generar una ficha de intereses. Una información que usan para vender a los anunciantes la posibilidad de mostrar su publicidad solo a aquellas personas que son más susceptibles a ella.

Me encantan los anuncios de Instagram

Sam Altman — director ejecutivo de OpenAI

Con el giro de OpenAI y la evidencia de que Meta emplea la IA para potenciar su negocio actual, queda Google como tercer gran actor involucrado. Su modelo Gemini es uno de los más avanzados del mercado y la multinacional coqueteó con la idea de incluir anuncios en él durante su última presentación de resultados. Preguntada al respecto por elDiario.es, una portavoz se remite a la política actual de la empresa: “No se están usando tus conversaciones con las aplicaciones de Gemini para mostrarte anuncios. Si esto cambia, te informaremos claramente”.

Sin embargo, la inclusión de la IA en el perfilado no es solo una vuelta de tuerca más en ese sistema. Su potencial es mucho mayor y la clave radica precisamente en el carácter íntimo que tiene para millones de usuarios. “Son conversaciones que los usuarios poco reflexivos consideran privadas”, advierte Jorge García Herrero, abogado especialista en derecho digital. “Son una auténtica mina de datos de categoría especial, ya que están documentados los usos masivos de estos chats para obtener feedback propio de amigos, parejas amorosas, médicos o psicólogos”.

Esos datos de categoría especial que menciona el jurista son aquellos sobre la salud, la ideología o la condición de una persona. Cuentan con una protección reforzada en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE e inferirlos sin consentimiento se considera ilegal. Sin embargo, al actuar como confidentes en conversaciones sobre estos temas, los chatbots pueden extraerlos fácilmente del contexto de las conversaciones y el análisis de patrones.

De la segmentación a la persuasión

Muchas de las críticas que reciben las redes sociales y las plataformas digitales por diseñar algoritmos adictivos, fomentar sentimientos extremos en los usuarios como la ira o la frustración o empujarlos a la radicalización, son consecuencias directas del modelo publicitario que ha imperado en Internet las últimas dos décadas. Más tiempo de uso implica más datos personales y para el perfilado publicitario y más oportunidades para mostrar anuncios. Las plataformas tienen todos los incentivos para mantener al usuario enganchado.

El riesgo del matrimonio entre la publicidad y la inteligencia artificial es la introducción de esos mismos incentivos en una tecnología tan potente como esta. Un contexto “mucho más sofisticado, porque permite una interacción conversacional y, por tanto, que las intenciones últimas del usuario se desnuden con mayor precisión”, avisa Ricard Martínez, director de la cátedra de Privacidad y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Valencia.

Las compañías se van a mover en un contexto muy delicado, ya que la UE prohíbe cualquier técnica manipuladora o engañosa para alterar el comportamiento de una persona o colectivo

Ricard Martínez — director de la cátedra de Privacidad y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Valencia

El profesor detalla que, aunque un impacto publicitario calibrado en el momento justo dispara la tasa de éxito, sigue siendo un anuncio. Pero la inteligencia artificial desdibuja esos límites. Imaginemos una conversación entre el usuario y el chatbot que termina con una recomendación de una aerolínea. Aunque se etiquete como publicidad, ¿cómo influye el contexto de confianza en el que se ha desarrollado la conversación?

“La humanización del producto puede hacernos traspasar una delicada frontera e irnos a un entorno más propio de la manipulación”, avisa Martínez. Una duda se dispara si son temas sociales o políticos los que se discuten, o cuando los usuarios son menores de edad, ya que cualquier capa publicitaria añadida en estos ámbitos trasciende cualquier contenido patrocinado en una red social.

En las plataformas digitales, la publicidad se inserta junto a lo que el usuario mira. En los chatbots, esos mismos anuncios se pueden insertar dentro de lo que el usuario razona. “Las compañías se van a mover en un contexto muy delicado, ya que el Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE prohíbe cualquier tipo de técnicas manipuladoras o engañosas con el objetivo de alterar el comportamiento de una persona o un colectivo”, recuerda.

Este mismo conocimiento, una vez se obtiene para 'personalizar la experiencia publicitaria' puede emplearse para otras personalizaciones, como sesgar las respuestas para agradar o incluso para persuadir al usuario

Jorge García Herrero — Abogado especialista en protección de datos

Además, esas técnicas no solo sirven para vender anuncios. “Este mismo conocimiento, una vez se obtiene para 'personalizar la experiencia publicitaria' puede emplearse para otras personalizaciones, como la de las respuestas (ofreciendo respuestas leve o gravemente sesgadas para simplemente agradar o incluso para persuadir al usuario en determinado sentido)”, enfatiza Jorge García Herrero. “Esta capacidad de persuasión es una de las principales amenazas de la generalización del uso de ChatGPT para temas de interés general, en los que tener 'verdades objetivas' sigue siendo importante”, continúa.

OpenAI rechaza ese escenario y asegura que la integridad del chatbot está asegurada. “Puedes confiar en que las respuestas de ChatGPT se basan en lo que es objetivamente útil y nunca en la publicidad”, promete, negando que vaya a emplear tácticas ocultas para que los usuarios pasen más tiempo en su chatbot. “Priorizamos la confianza del usuario y la experiencia de uso por encima de los ingresos”, afirman. La empresa, no obstante, está planeando cobrar el precio más alto de toda la industria por los anuncios en ChatGPT, ha anticipado el medio especializado en Silicon Valley The Information.

Nueva higiene digital

Esta situación no está pasando desapercibida para las instituciones. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado una guía sobre cómo interactuar con la IA con seguridad. El regulador de la privacidad recuerda que “cualquier información que se le suministra puede filtrarse en Internet o ser indexada por buscadores de manera indeseada, entre otros riesgos”.

Por ello, recomienda no facilitar nunca a estos sistemas datos como el nombre completo o el DNI. Para minimizar la huella digital, sugiere medidas de higiene como utilizar correos electrónicos alternativos o borrar periódicamente el historial de conversaciones.

La Agencia también hace especial hincapié en las imágenes, tanto propias como de terceros, que se introducen en estos sistemas. “Nunca utilices imágenes en las que aparecen otras personas para generar nuevo contenido a partir de ellas. Lo que comienza como una broma puede convertirse en una infracción de protección de datos o, incluso, en un delito”, afirma. Este 2026 ya se ha dado un gran escándalo en este sentido, con el uso de Grok, la IA de X y Elon Musk, para sexualizar imágenes de mujeres.

Son recomendaciones que la IA recomienda mantener también en el uso laboral de los chatbots, evitando en todo momento comunicar datos confidenciales. Además, recuerda que por potente que sea, son sistemas falibles: “Una herramienta de IA puede ofrecerte respuestas que parecen convincentes acerca de todo tipo de temas, aunque pueden ser erróneas. Evita que la IA decida por ti y mantén siempre una actitud crítica ante sus respuestas o consejos”.

En España, la respuesta institucional a este nuevo modelo no recae solo en la AEPD. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), designada como coordinadora de servicios digitales, tiene ya poder para exigir transparencia sobre cómo funcionan los sistemas de recomendación y publicidad de las grandes plataformas, e incluso para sancionarlas si vulneran las leyes europeas. Una arquitectura se suma la nueva Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), llamada a aplicar el Reglamento europeo de IA y a evaluar el riesgo de los sistemas que, como los chatbots, empiezan a mediar en decisiones sensibles.

La investigación del uso de datos de ChatGPT no ha arrancado con la llegada de la publicidad, sino que en España comenzó hace más de dos años. Fuentes de la AEPD han explicado a este medio, no obstante, que ese expediente tuvo que ser archivado al designar OpenAI a Irlanda como su establecimiento principal en Europa. “Una vez que la autoridad irlandesa emita una propuesta de resolución, la Agencia, como autoridad interesada, podrá realizar observaciones siguiendo lo establecido en el RGPD”, aclaran las mismas fuentes.

Un reto que tensionará la legislación

La guía de la AEPD pone el foco en el usuario, pero los expertos consultados para este reportaje coinciden en que uno de los riesgos es que la IA desborde la legislación, como ya ocurrió con las plataformas digitales o el primer Internet.

Ricard Martínez expone que en aquel momento las autoridades actuaron de forma reactiva ante prácticas como el escaneo de correos electrónicos para perfilado publicitario o la irrupción de la mensajería instantánea, sin realizar análisis de riesgo preventivos. El catedrático indica que si las instituciones siguen siendo “profundamente reactivas”, el resultado será que la IA traerá nuevos problemas que no se mitigan durante años, como ocurrió con las redes sociales.

La IA rompe muchas de las categorías de protección que las leyes han establecido a lo largo de los años. No es solo un sistema de recomendación, ni un espacio publicitario, ni una plataforma de contenido. “Lo que me gustaría es que no se volviera a repetir lo que ya vimos. Que las autoridades de protección de datos y las de inteligencia artificial fueran proactivas y actuasen de manera preventiva, permitiendo una disciplina de mercado que garantice los derechos de las personas y evite cualquier práctica lesiva”, enfatiza Martínez.

Un reto que será mayor que nunca, también por los desafíos que entraña la propia tecnología. Si la industria de la publicidad online se caracteriza por su falta de transparencia, su matrimonio con la IA añadirá el hecho de que estos sistemas son opacos incluso para sus creadores. No es posible discernir por completo los procesos lógicos que llevan a una IA a proporcionar una respuesta concreta.

Descubrir casos de manipulación u otras prácticas contrarias a la ley será doblemente complicado. “Estas acciones solo se podrán detectar mediante auditorías de terceros, en su caso, ya que recordemos que estamos hablando de cajas negras”, concluye Herrero.

El desafío está servido. La IA conversacional no es solo una herramienta nueva, es un cruce de caminos entre intimidad, negocio publicitario y derechos fundamentales. Cuanto más útil se vuelve para resolver problemas personales, más valiosos son los datos que genera y más incentivos hay para explotarlos. Si los guardarraíles llegan tarde, el matrimonio entre publicidad e IA no solo podría desbordar las categorías jurídicas actuales: también podría condicionar silenciosamente las decisiones de millones de personas antes de que nadie pueda auditar qué ha pasado dentro de la caja negra.