El Tribunal Superior Electoral de Brasil ha dado este lunes un plazo de 24 horas al gigante tecnológico estadounidense Meta para que demuestre que garantiza un tratamiento igualitario a las campañas de los dos candidatos presidenciales, el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, en prisión tras su condena por un intento de golpe de Estado.

El magistrado Marco Aurélio Bellizze advierte en el fallo que si la empresa, propietaria de Facebook, Instagram o WhatsApp, no demuestra que ha cumplido íntegramente las medidas de equidad ya ordenadas por la corte doblará la multa diaria prevista hasta un millón de reales (unos 185.000 dólares) hasta el final de la campaña electoral de la segunda vuelta, prevista para el próximo domingo 25 de octubre.

La decisión se produce después de que ambas campañas acudieran a la Justicia electoral para denunciar que sus contenidos políticos están siendo perjudicados por las plataformas de Meta y acusar a la compañía de favorecer a su rival.

La campaña de Lula sostiene que la empresa ha restringido selectivamente la difusión de publicaciones vinculadas al presidente y a sectores políticos afines, además de imponer limitaciones al impulso publicitario de sus anuncios.

La candidatura de Flávio Bolsonaro, aspirante del Partido Liberal (PL), también denunció que es perjudicada por la plataforma y pidió al tribunal defender la igualdad de condiciones entre ambos candidatos.

El senador ultraderechista fue el más votado en la primera vuelta, con un 47% de los sufragios frente al 45% del mandatario progresista, y los sondeos indican que lidera la intención de voto para la segunda vuelta con un estrecho margen, 51% contra 49%, por lo que ambos estarían técnicamente empatados.

La semana pasada el juez Bellizze determinó que Meta ofrezca tratamiento igualitario a ambos candidatos en una decisión que el viernes fue refrendada por todo el tribunal.

En su nueva decisión, el magistrado afirma que todavía no existen elementos suficientes para concluir que la empresa manipuló deliberadamente la distribución de contenidos, pero considera que la multinacional no ha demostrado satisfactoriamente el cumplimiento de todas las órdenes anteriores.

Igualmente, cuestiona que la empresa se haya atribuido la facultad de modificar los plazos fijados por el tribunal, ya que ha solicitado más tiempo para cumplirla.

Entre las exigencias figuran explicaciones sobre los sistemas de recomendación, la revisión de anuncios de ambas candidaturas, la identificación de los responsables de la publicidad política y las medidas adoptadas frente a posibles redes de perfiles no auténticos.

La nueva decisión se produce después de que Meta negara la semana pasada cualquier interferencia en las elecciones brasileñas y rechazara las acusaciones de favorecer a un candidato.

La compañía atribuyó a incidentes técnicos los problemas denunciados por la campaña de Lula y aseguró que sus sistemas no clasifican ni distribuyen contenidos en función de su ideología política.

Más de 400 investigadores en inteligencia artificial y ciberseguridad de una treintena de países han publicado este martes una carta abierta en la que reclaman “cambios inmediatos en las prácticas de desarrollo y despliegue de IA” para evitar que ponga en peligro la seguridad mundial. La misiva hace especial hincapié en que las multinacionales y laboratorios que desarrollan los modelos de frontera, especialmente aquellos denominados “agentes”, están cometiendo una “negligencia irresponsable” con sus “prácticas estándar de ciberseguridad”.

La carta, firmada por especialistas de universidades y centros de investigación de todo el mundo y que sigue sumando ratificaciones, plantea tres exigencias a los gobiernos y las empresas tecnológicas. Entre ellas, destaca la petición de desconectar de Internet a los modelos de IA con capacidad de lanzar ciberataques, así como aislarlos en “sistemas de contención de alta seguridad”.

Esta exigencia llega después de la salida a la luz de que empleados de OpenAI avisaron a la dirección de la empresa de que sus agentes estaban teniendo comportamientos peligrosos, pese a lo que la dirección de la empresa decidió no frenar los experimentos para no retrasar sus planes comerciales. Alertas que llegaron semanas antes del ciberataque masivo contra Hugging Face —una plataforma de desarrollo de IA que 1.200 agentes de OpenAI hackearon, intentando cumplir las tareas que les había encomendado la compañía— o contra webs oficiales del gobierno australiano.

Anthropic, Google y Meta también han revelado incidentes similares. “Varias organizaciones han revelado fallos de seguridad de gran repercusión: sus modelos de IA eludieron entornos insuficientemente aislados para comprometer los sistemas de organizaciones externas”, recuerda la carta. “Sin cambios inmediatos en las prácticas de desarrollo e implementación de la IA, estos incidentes seguirán ocurriendo, y los futuros serán mucho más perjudiciales para nuestra infraestructura crítica expuesta”.

Por ello, los firmantes, entre los que se encuentra la investigadora española Carmela Troncoso (directora científica del Instituto Max Planck para la Seguridad y la Privacidad, con sede en Alemania), solicitan la creación de un organismo internacional encargado de fijar los protocolos de seguridad necesarios para investigar IA avanzada.

Esa entidad también debería ser “tener la obligación de registrar y hacer un seguimiento de los fallos de contención”, opinan los científicos. “Para aprender de los errores futuros —en los que no se logra el equilibrio adecuado y ocurren incidentes— necesitamos un mayor intercambio de información y transparencia sobre las fallas de contención en el futuro”, justifican.

Opacidad

Una capacidad que se relaciona directamente con su tercera petición: “Para garantizar que la investigación sobre seguridad y contención de la IA pueda aprender de los errores, los incidentes de seguridad relacionados con fallos de contención deben notificarse al organismo correspondiente y, posteriormente, hacerse públicos”. La carta destaca que la “transparencia es necesaria tanto para el aprendizaje como para la rendición de cuentas”.

La crítica contra la opacidad en la que operan las multinacionales y laboratorios en el desarrollo de IA de frontera está cada vez más presente en la comunidad científica internacional. El panel de 40 expertos independientes creado por la ONU ya situó la “asimetría de información entre las empresas y la sociedad” como uno de los grandes problemas estructurales de esta tecnología. En su informe, los especialistas avisaron de que esta falta de transparencia evita que los gobiernos y los ciudadanos puedan evaluar correctamente sus riesgos.

A principios de 2024, un comentario de una escritora polaca de fantasía se hizo viral en todo el mundo. Conectó con algo que mucha gente sentía que iba mal en la revolución de la inteligencia artificial, que empezaba a mostrar su potencial para generar imágenes y vídeos. “Vamos en la dirección equivocada”, reflexionaba Joanna Maciejewska: “Quiero que la IA haga la colada y friegue los platos para que yo pueda dedicarme al arte y a escribir, no que haga mi arte y escriba por mí para que yo pueda dedicarme a la colada y a fregar los platos”.

Dos años y medio después, la industria de la IA quiere ofrecer algo muy parecido a eso con los agentes de inteligencia artificial.

Se trata de sistemas entrenados para ejecutar tareas complejas a partir de órdenes sencillas, sin que el usuario tenga que supervisar cada paso que dan. Siguen sin ser capaces de hacer la colada, pero sí pueden, por ejemplo, localizar la factura de la lavadora en una carpeta del ordenador, consultar los plazos de la garantía, encontrar el formulario de reclamación, solicitar la visita de un técnico y encajarla en un hueco de la agenda del usuario. Todo ello con una sola orden: “La lavadora no funciona”.

Las empresas llevan años probando agentes, pero es ahora, en el tramo final de 2026, cuando una nueva generación aspira a llevarlos al público general. Su propuesta es automatizar tareas digitales que a muchos les resultan tediosas: buscar la mejor oferta entre decenas de webs, vigilar el precio de un vuelo o cancelar una suscripción. Todo sin desesperarse ante las trampas y patrones oscuros que inundan muchos servicios digitales. La máquina tiene toda la paciencia del mundo y recursos para informarse sobre cómo proceder.

Es lo que Salvador Serrano, jefe de Operaciones en Modulor Studios, un grupo empresarial español que crea y desarrolla negocios digitales, define como “romper la asimetría de la información”. “Cuando te relacionas con empresas u organizaciones, siempre hay relaciones asimétricas. Normalmente, hay una parte que conoce más la legislación, el marco, tiene equipos de marketing o más experiencia”, explica. “A ti como individuo esa asimetría te juega en contra porque nadie puede ser un experto en todo”.

Cuando te relacionas con empresas u organizaciones, siempre hay relaciones asimétricas. Los agentes tienen un gran valor porque te permiten defender tus intereses con más criterio

Salvador Serrano — jefe de Operaciones en Modulor Studios,

Sin embargo, la IA sí puede. Por eso el experto cree que “los agentes tienen un gran valor, puesto que te permiten defender tus intereses con más criterio”. Para hacerlo, los agentes pueden ejecutar todo tipo de herramientas, saltar entre bandejas de correo y sistemas de mensajería, ponerse en contacto con otros en nombre del usuario. “La clave es la ausencia de fricciones”, resume Serrano.

De promesa a producto

“Reducir las asimetrías de información” y “eliminar fricciones” son dos de los conceptos más importantes para adelantar si una tecnología puede tener éxito entre el público general. Internet facilitó encontrar información que antes estaba dispersa o era difícil de conseguir. Los teléfonos inteligentes redujeron los pasos necesarios para aprovechar esa información desde cualquier lugar. Los agentes aspiran a ir un paso más allá: automatizar la extracción de valor de esa información.

Este otoño está siendo un punto de inflexión para ellos. Buena parte de la culpa la tiene Instinct, una startup fundada en 2025. Actualmente, solo tiene 14 empleados, no tiene equipo de marketing ni actividad en redes sociales. Sin embargo, su agente de IA ha conseguido viralizarse por su extrema sencillez. Su interfaz de comunicación es WhatsApp, lo que permite al usuario escribirle cualquier orden o mandarle un audio como haría con cualquiera de sus contactos.

Las redes sociales se han llenado en las últimas semanas de ejemplos como estos. Algunos son automatizaciones sencillas, como “dejarle acceso al súper online y que me haga la cesta con lo que compro normalmente”, escribía un usuario: “Revisar cesta y comprar”. Otro dejó constancia de cómo el asistente ejecutó decenas de pasos para llevar a cabo su misión, incluyendo ponerse en contacto y negociar con múltiples empresas a la búsqueda de la mejor opción para transportar un paquete desde Berlín.

“Usa su propio correo y me pone en copia”, explicaba el usuario sobre el agente. “Habla de mí como si fuera mi asistente”. Todo de forma automática y solo solicitando aprobación antes de dar pasos clave, como la autorización de un pago (aunque también se le puede conceder autorización para que pague sin preguntar).

Instinct es el invitado sorpresa, pero los gigantes del sector también han reservado hueco en esta mesa. A la cabecera se sienta Mark Zuckerberg. Los agentes destinados al usuario medio han sido una de sus obsesiones en los últimos años: los denomina “superinteligencia personal” y son su gran apuesta para Meta en la carrera de la IA.

Todo el mundo tendrá un agente personal excepcionalmente capaz que te entenderá a ti, tus objetivos y todo lo que te importa. Tu agente trabajará para ti las 24 horas del día, los 7 días de la semana

Mark Zuckerberg — CEO de Meta

“Todo el mundo tendrá un agente personal excepcionalmente capaz que te entenderá a ti, tus objetivos y todo lo que te importa. Tu agente trabajará para ti las 24 horas del día, los 7 días de la semana”, aseguró en un extenso ensayo publicado en agosto: “Te liberará tiempo para las cosas que disfrutas y te ayudará a conseguir más de lo que podrías conseguir de otro modo”. Un mes después Zuckerberg presentó un agente llamado Muse (musa). Su impacto ha sido inmediato: Meta ha subido un 10% en bolsa desde su lanzamiento.

Muse no está disponible en Europa. “Tras dos semanas de uso, descubrí que Muse era la aplicación de IA más útil que jamás había utilizado”, asegura el periodista de The New York Times, Eli Tan. En su crónica describe cómo el agente pagó multas de aparcamiento solo con enseñarle la foto del ticket o encontró en su correo el aviso de una prueba gratuita a punto de expirar, ahorrándole 45 dólares.

El precio de un asistente siempre disponible

De momento, Instinct, que aún está en período de pruebas, es gratuito. Meta tampoco tiene intención de cobrar por el uso de Muse. El funcionamiento de los agentes personales de IA encaja a la perfección con su modelo de negocio: para aprovechar todo su potencial, estas herramientas necesitan acceso total a los datos del usuario, como el correo electrónico, la mensajería, el calendario, los archivos guardados en dispositivos personales, las cuentas bancarias. No es imprescindible para usarlos, pero cuanto más sepan y mayor sea su integración con el resto de herramientas, mayor cantidad de tareas podrán resolver con precisión.

Esta condición ayuda a entender la apuesta de Zuckerberg. Abrirle la puerta a Muse supone dejar entrar a su multinacional publicitaria en lo más hondo de la información personal del usuario. Meta ha construido su imperio sobre los anuncios personalizados y acumula años de sanciones y polémicas de privacidad. Ahora, la compañía promete que ni las conversaciones ni los datos almacenados por Muse se añadirán a su base de datos publicitaria, pero reconoce que la actividad del agente puede “influir indirectamente” en los anuncios que recibe el usuario.

“Obtienen muchísima información de un montón de servicios. Eso se puede utilizar para perfilarnos y hacerse una imagen completa de la vida y los gustos de una persona”, advierte sobre los agentes Elena Gil, abogada experta en nuevas tecnologías.

La gestión de esos datos se basa en un sistema de consentimientos informados, en los que el usuario acepta (o no) determinados usos de su información. Un método que se está viendo superado por el avance de unas tecnologías cada vez más poderosas. “Se pone el peso en que demos consentimiento, pero el hecho es que una persona normal no tiene el tiempo necesario para leer toda esa información, e incluso aunque se nos dé de forma transparente, muchas veces no la comprendemos”, lamenta Gil.

Pero el cambio no está solo en el acceso. “Con los asistentes personales se está produciendo un salto importante”, destaca a elDiario.es Lorenzo Cotino, presidente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). “Una cosa es pedir a la IA una respuesta y otra darle poderes para actuar. Podemos pedirle que organice una cena, haga una compra o gestione nuestros mensajes, sin saber exactamente qué pasos seguirá, a quién contactará o qué información compartirá. Una orden sencilla que puede desencadenar muchas actuaciones”.

Con los asistentes personales se está produciendo un salto importante. Una cosa es pedir a la IA una respuesta y otra darle poderes para actuar

Lorenzo Cotino — presidente de la Agencia Española de Protección de Datos

¿Y qué ocurre cuando los agentes tratan datos de otras personas? “Nuestra autorización no es un cheque en blanco para utilizar la información de los demás”, recuerda Cotino, que expone que esto se cumplirá en casi todos los casos en los que el agente acceda al email o al WhatsApp del usuario. Un extremo aún más sensible si la herramienta se conecta también plataformas laborales que manejen datos de la empresa, de clientes o de compañeros de trabajo.

Pese al campo de minas jurídico, el presidente de la AEPD recuerda que el organismo “apoya” el uso de la IA y ha publicado una guía específica para usar agentes “con confianza y responsabilidad”. Conceder solo los accesos necesarios, revisar las actuaciones de mayor trascendencia y saber cómo detener el agente y revocar sus permisos son algunos de sus contenidos.

Agentes alucinados

El potencial de los agentes de IA es enorme. En este otoño de 2026, también lo son los problemas que puede conllevar su uso.

Lo explica Rafael López, experto en ciberseguridad de la firma Check Point: “Los agentes pueden ahorrarnos muchísimo tiempo. En un viaje, por ejemplo, pueden comprar vuelos, gestionar las reservas de los hoteles. El problema es que también pueden reservaros un hotel a 4.000 euros la noche porque no le hemos dado la información suficiente”. “O, simplemente, porque la IA se sigue equivocando”, recuerda.

La raíz de esos errores está en su base tecnológica. Los agentes operan sobre modelos de lenguaje como los que utilizan los chatbots, como ChatGPT, Claude o Gemini. Y, como ellos, pueden alucinar, inventar datos o equivocarse en cualquier momento.

La diferencia es, de nuevo, que la misión de estas herramientas no es contestar preguntas, sino operar en nombre del usuario. En cuestión de semanas, Instinct y Muse han acumulado lo que la prensa estadounidense llama ya las “historias de horror” de los agentes: filtraciones de datos, creación y envío de documentos falsos, borrado de bases de datos enteras de la empresa por error, cancelaciones de vuelos transoceánicos cuando su usuario solo les había pedido que comprobara un detalle de la reserva.

“Aquí no hay un usuario que se equivoque. Hay una máquina que está operando 24/7 y puede estar cometiendo errores 24/7”, expone López.

Al riesgo del error se suma el del ataque. “¿Qué van a hacer los cibercriminales ahora mismo? Pues directamente atacar al agente”, constata. El experto en ciberseguridad explica que estas ofensivas pueden llevarse a cabo ocultando instrucciones maliciosas para los agentes en correos o páginas web. Cuando estos las leen, pueden llegar a saltarse sus medidas de seguridad y a actuar contra su propio usuario.

Para las empresas e instituciones, la navegación de los agentes también puede constituir un gran problema. Las pruebas de OpenAI, Anthropic, Google o Meta han revelado que pueden llegar a ciberatacar webs y organismos públicos incluso en tareas “rutinarias”, como búsquedas de información. Este viernes, Anthropic ha hecho público que uno de sus agentes llegó a contactar con la Policía para dar pistas falsas de un homicidio.

Futuros automáticos

Para evitar el caos, grandes servicios digitales están comenzando a impedir el paso de los agentes. Así lo han hecho aerolíneas como Ryanair, Delta Air Lines o American Airlines, alegando que sus consultas masivas de precios saturan sus sistemas. Amazon también ha bloqueado que Muse haga compras en su plataforma.

Estos vetos pueden ser un rechazo a una tecnología poco depurada o un eco de cuando las grandes compañías del mundo analógico se resistían a la digitalización. Si los agentes se generalizan, tendrán que adaptarse no solo los usuarios, sino toda la infraestructura digital. Salvador Serrano, de Modulor Studios, plantea dos futuros posibles. Uno “bonito”, en el que los agentes personalizan al máximo la experiencia digital de cada persona y el mercado diversifica su oferta para cubrir esa demanda. Y otro “menos bonito”, en el que las compañías que los controlan acaparan “un poder tremendo” y los agentes se convierten en un canal más de su negocio.

La campaña del presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, llevó este sábado ante la justicia una supuesta interferencia de la tecnológica Meta en favor de su rival, el ultraderechista Flávio Bolsonaro.

La candidatura del líder progresista informó que decidió acudir al Tribunal Superior Electoral y presentar una denuncia ante la Agencia Nacional de Protección de Datos, tras una serie de “evidencias” de ese presunto favoritismo de la multinacional, que controla Facebook e Instagram.

Entre otras cosas, la campaña aseguró en un comunicado que algunas de las publicaciones de Lula de esta semana enfrentaron “interrupciones” en el número registrado de visualizaciones, lo que afectó de forma negativa a su alcance.

Además, afirmó que Meta ha impedido desde el viernes que la cuenta oficial de Lula publique contenidos en Instagram, una herramienta clave para cualquier campaña política.

La candidatura dijo que la empresa ha atribuido esos problemas a “fallos técnicos” que han afectado a otros anunciantes, pero aseguró no haber recibido evidencias de tal cosa.

“La completa ausencia de transparencia en los sistemas de la empresa hace que esas explicaciones sean escasas y opacas”, aseguró.

Tras quedar segundo en la primera vuelta celebrada el domingo pasado, Lula ha estrenado esta semana una nueva estrategia digital, con vídeos en nuevos formatos, para tratar de movilizar a los abstencionistas de cara a segunda vuelta del 25 de octubre.

El presidente brasileño obtuvo en la primera vuelta el 45% de los votos frente al 47% del ultraderechista Bolsonaro, con una diferencia de poco más de dos millones de papeletas.

Una exmoderadora de contenidos de Facebook en Barcelona, que estuvo expuesta durante tres años a decenas de imágenes y vídeos violentos, se suicidió el pasado fin de semana en Lyon (Francia). La mujer fue empleada de Telus, la subcontrata de Meta que eligió Barcelona para moderar las redes del grupo.

Tal y como ha adelantado La Vanguardia y ha confirmado a elDiario.es Robert Castro, que asesoraba legalmente a la fallecida, la mujer padecía secuelas en su salud mental derivadas de la exposición a la violencia en su trabajo, y estudiaba sumarse a la demanda colectiva que centenares de moderadores han interpuesto en los juzgados sociales de Barcelona. La fallecida ya se intentó quitar la vida en 2023, cuando trabajaba en Barcelona.

La llegada de Meta a la emblemática Torre Glòries de Barcelona se celebró en 2018 por autoridades políticas y económicas como una inversión tecnológica, pero la realidad ha mostrado que fue un fiasco: los trabajadores estaban mal pagados y centenares de moderadores arrastran secuelas psicológicas severas por el contenido violento que debían ver.

La subcontrata de Meta hizo las maletas de Barcelona y despidió a unos 2.000 moderadores en 2025, pero afronta un reguero de causas en los juzgados sociales y por la vía penal por no haber proporcionado la atención psicológica adecuada a los trabajadores ante la exposición a la violencia que sufrían en su empleo. El despacho de Calvo, Bastet Advocats, representa a centenares de trabajadores en uno de los procedimientos.

Además de una causa penal por la falta de atención de la empresa a sus moderadores, las subcontratas de Meta en Barcelona arrastran varias condenas en juzgados sociales por desatender a los trabajadores expuestos a más contenidos violentos y por discriminaciones salariales.

El nexo entre el deterioro de la salud mental de los moderadores y su trabajo ya ha empezado a constatarse judicialmente. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ratificó en 2024 la sentencia de un juzgado de lo Social que consideró un accidente laboral el trastorno mental de un moderador de contenido de Meta debido a la “extrema violencia” del contenido que el trabajador tenía que filtrar.

ChatGPT, Gemini, Claude, Grok, Perplexity e incluso la europea Mistral. Todas estas inteligencias artificiales filtran datos del contenido de las conversaciones que los usuarios mantienen con ellas a redes publicitarias y plataformas de analítica de terceros, según han podido demostrar investigadores del Instituto IMDEA Networks y la Universidad Carlos III de Madrid. Otros tres sistemas analizados, como DeepSeek, Microsoft Copilot o Meta AI, envían información sobre el dispositivo y los metadatos de los chats a esas empresas de compraventa de datos personales.

La investigación, a la que ha tenido acceso elDiario.es, ha sido puesta en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos, que ha elevado el caso al Comité Europeo de Protección de Datos para estudiar si estas transferencias vulneran la normativa comunitaria. Este último organismo mantiene abierta una investigación desde hace más de tres años sobre el tratamiento de datos de ChatGPT, cuya resolución podría tener un profundo impacto en el uso de chatbots de IA en el continente.

El estudio finalizado ahora por los investigadores españoles ha sido aceptado en PETS (Privacy Enhancing Technologies Symposium), una de las principales conferencias académicas internacionales sobre privacidad y tecnologías de protección de datos. Su principal conclusión es que los chatbots de inteligencia artificial utilizan métodos de extracción de datos personales muy similares a los que se utilizan en las páginas web y servicios digitales tradicionales para hacer publicidad ultradirigida.

“Nuestros resultados desafían la percepción de los servicios de IA conversacional como intercambios confidenciales entre los usuarios y los proveedores de IA”, avisan en el estudio: “La IA conversacional ha heredado la infraestructura publicitaria y de analítica de las plataformas web y móviles, introduciendo los datos de las conversaciones directamente en las redes de rastreo existentes”.

Una conclusión que contrasta con las menores precauciones que toman muchos usuarios a la hora de volcar datos personales en los chats de inteligencia artificial, en busca de mejores consejos o valoraciones. La realidad que evidencian ahora los especialistas de IMDEA Networks y la Carlos III es que ChatGPT, Gemini o Claude no solo envían datos de las conversaciones a las empresas que los desarrollan, como avisan antes de comenzar cada conversación, sino también a las bases de datos de los anunciantes.

“Nueva superficie de ataque a la privacidad”

El estudio analizó tanto las aplicaciones móviles como las versiones web de los nueve asistentes de IA citados. Los investigadores entablaron conversaciones con los chatbots con consultas sanitarias, subiendo como apoyo documentos con resultados de pruebas médicas. A continuación, rastrearon lo que ocurría con esos datos utilizando distintas configuraciones de privacidad.

Los resultados fueron claros. Seis de las nueve versiones web (ChatGPT, Gemini, Claude, Grok, Perplexity y Mistral) y tres aplicaciones móviles (ChatGPT, Claude y Perplexity) filtran datos directos de la conversación a través de rastreadores publicitarios. Los títulos de las charlas (como “Síntomas iniciales de Parkinson”), las preguntas formuladas, los documentos subidos al chat o incluso capturas de pantalla se comparten con empresas de mercadeo de datos personales.

“Demostramos que los servicios de IA conversacional introducen una nueva superficie de ataque a la privacidad en la que los artefactos conversacionales generados por el proveedor quedan expuestos al rastreo y a la exposición pública”, avisan los investigadores. En algunas ocasiones, incluso los enlaces públicos de los chats (como los que se utilizan para compartirlos con otras personas) quedaron expuestos a los rastreadores, lo que permite que su contenido pueda ser incorporado a las bases de datos para personalizar anuncios.

Demostramos que los servicios de IA conversacional introducen una nueva superficie de ataque a la privacidad

Además, su análisis reveló que rechazar las cookies, navegar en modo incógnito u otros métodos de protección de la privacidad que pueden activar los usuarios tienen muy poco impacto a la hora de proteger esa información. Hasta un 80,8% de los rastreadores de terceros permanecen activos incluso con esas configuraciones de protección.

Con todo, los especialistas de IMDEA Networks y la Carlos III destacan que el mayor peligro no es la propia filtración de los datos, sino el hecho de que esta información viaje acompañada de los indicadores personales que la vinculan a cada usuario. Se trata de los códigos que las empresas de la publicidad online utilizan para crear una ficha de consumidor de cada persona y registrar sus intereses, motivaciones y datos personales. Esta es la práctica que luego “permite a terceros asociar esas interacciones con usuarios individuales o perfiles de comportamiento a largo plazo y multiplataforma”, avisan.

Grok, el caso más grave

Grok, el asistente desarrollado por xAI, el laboratorio fundado por Elon Musk, lleva a cabo las prácticas más invasivas de todos los asistentes analizados. En su versión web, las conversaciones son accesibles públicamente por defecto mediante direcciones URL que se transmiten automáticamente a siete redes publicitarias y de analítica externas, entre ellas Meta, TikTok, Google Ads y Twitter Analytics.

Junto con la dirección del chat y el título generado por la herramienta, estos servicios reciben cookies de seguimiento e identificadores de usuario. Además, al generar un enlace para compartir el chat, la plataforma reenvía a Meta y TikTok el texto de la última pregunta introducida y, en el caso de TikTok, una captura de pantalla del propio chat. En las pruebas posteriores con esos enlaces, los investigadores registraron que las conversaciones con Grok recibieron hasta 70 accesos automáticos de rastreadores externos procedentes de 14 países.

elDiario.es se ha puesto en contacto con xAI, la empresa desarrolladora de Grok y también propiedad de Elon Musk, pero no ha recibido respuesta. Esta redacción también se ha puesto en contacto con las compañías detrás de los ocho chatbots restantes. Solo Google, OpenAI y Microsoft han respondido a la solicitud de información.

Este informe malinterpreta cómo funcionan nuestros productos. No tenemos anuncios en Gemini

Google

“Este informe malinterpreta cómo funcionan nuestros productos. No tenemos anuncios en Gemini y utilizamos herramientas como Google Analytics para supervisar el rendimiento técnico, detectar interrupciones del servicio y mantener la fiabilidad de nuestra aplicación web de Gemini”, ha explicado una portavoz de Google. “Cumplimos con las normativas europeas de privacidad y ofrecemos a los usuarios controles transparentes sobre sus datos”, añade.

OpenAI, por su parte, ha indicado que utiliza esas herramientas de análisis de datos para comprender el tráfico de ChatGPT, diagnosticar errores y supervisar su rendimiento. En un comunicado que ha pedido que no sea citado literalmente, la compañía asegura que esa información no se usa con propósitos publicitarios, ni se vende o comparte con anunciantes.

“Tras examinar las acusaciones, no hemos encontrado ninguna infracción de la legislación aplicable ni de la Declaración de privacidad de Microsoft”, ha contestado esta multinacional, que afirma que “la privacidad de los usuarios es una prioridad”, para ella, “incluido Copilot”.

“Prácticas intencionadas”

Con todo, los propios investigadores avisan en su estudio que las prácticas detectadas no son producto de errores o descuidos. “Durante nuestro análisis de riesgos, determinamos que la mayoría de los problemas reportados en este estudio reflejan prácticas intencionadas a nivel de producto en lugar de vulnerabilidades de seguridad explotables”, recalcan los investigadores.

Grok fue, de hecho, el único servicio para el que identificamos un problema de seguridad que podría ser explotado por ciberdelincuentes, “debido a los débiles controles de acceso en los recursos de conversación”. Por ello, avisaron directamente a la plataforma propiedad de Musk el 17 de abril, aunque la compañía no emitió ninguna respuesta oficial ni corrigió la privacidad por defecto de sus enlaces. El 15 de agosto OpenAI actualizó la política de privacidad de ChatGPT para mencionar explícitamente el uso de rastreadores de terceros, aunque los autores aclaran que no pueden confirmar si la medida fue consecuencia directa de su estudio.

Lorem ipsum, lorem ipsum, lorem ipsum. En el mundo de ayer, esas eran las palabras que de vez en cuando se escapaban en un pie de foto, un titular o un texto de prueba para imprimir. Si salía esa imitación del latín que se cree deriva de un texto auténtico de Cicerón (dolorem ipsum, “el dolor mismo”), era por haberle dado demasiado rápido al botón de imprimir. Todavía pasa, pero se nota menos. Es parte de la imperfección del mundo físico que tenemos aparcado.

Lo que tal vez no esperábamos era que en el mundo de hoy fuera tan habitual toparse con el equivalente al lorem ipsum, pero a propósito.

La máquina de producción de información o pseudo-información digital sigue creciendo al dictado de Google, Meta y X, que empujan los trocitos de información que creen retendrán más al lector en la pantallita. Puede ser algo que te enfada de un político, la tormenta que se avecina, qué festivos hay o qué vestido llevaba la cantante que probablemente te gusta. Llevado al extremo, esto ha producido y sigue produciendo titulares creados específicamente para cumplir con esa demanda sin importar que lo que hay debajo tenga sentido, sea verdad o coherencia gramatical. Las clásicas trampas son avisar del “decreto” del “cierre” de las escuelas o los bancos cuando se trata simplemente de los días festivos como cada año.

A la vez, la inteligencia artificial es capaz de resumir con coherencia y cada vez más precisión las noticias de fuentes más fiables y que eliminan la costumbre de recurrir al periodismo de manera directa. La trampa es que los medios profesionales pueden producir la peor versión de lo que es la información mientras el algoritmo es capaz de imitar de manera bastante decente la mejor versión, aunque a veces cometa errores garrafales y a la vez fáciles de aclarar. Y ahí estamos atrapados. 

Nada de esto es inevitable, repetía el economista Daren Acemoglu, Premio Nobel de Economía, catedrático del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y autor de Por qué fracasan los países, en un coloquio esta semana en el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Oxford. Le pregunté si estaba preocupado por el riesgo existencial –no lo está tanto como de otros peligros– y qué podían hacer las instituciones para luchar contra lo que más le preocupa. 

Uno de los factores que le inquietan es la disolución de la esfera pública, cada vez más polarizada y dividida en un contexto en que el debate digital solo puede ir a peor si sigue por el mismo camino. Y, desde luego, ese camino no puede mejorar si los medios nos dedicamos a alimentar el mundo de lorem ipsum o su equivalente.

No vale con esperar a que los gobiernos aprueben una regulación o a que las grandes empresas globales de tecnología se autocontrolen como pretenden. Los medios, las universidades y cualquier otra institución cívica tiene la responsabilidad de levantar la voz, proponer alternativas y resistir a un negocio que está demostrando muy poca imaginación para construir un mundo mejor.

Quería empezar celebrando que no todo está perdido y que sigue habiendo motivos de esperanza en esta humanidad tras la contención de la ultraderecha en Suecia. Pero otro freno se ha cruzado por el camino, el de la inteligencia artificial. O, mejor dicho, el debate sobre qué hay que hacer con ella.

El debate y las preguntas (algunas existenciales) sobre si hay que frenar ciertos desarrollos o no, sobre los peligros que entraña (o no) para nuestras vidas, sobre cómo tiene que regularse y quién tiene que hacerlo, sobre si las advertencias son interesadas… y un largo etcétera. 

Temo no ser muy original y, aunque no me llevo mal con ella y hablo de vez en cuando con Claude, ChatGPT y Gemini, me ha parecido más prudente no preguntarle. Os aconsejo leer las informaciones y los análisis que hemos ido contando en la última semana en elDiario.es, empezando por los de nuestro especialista de la casa, Carlos del Castillo, que este miércoles ha presentado su nuevo libro, Inteligencia artificial: cartografía de una revolución’ (Editorial Planeta, 2026) a los socios y socias de elDiario.es. O el podcast del día anterior, en el que Juanlu conversa con el periodista sobre el tema del momento.

En esta información, contamos por qué el resto del mundo desconfía del plan de Silicon Valley y de Dario Amodei, el CEO de Anthropic, cuyo ensayo abrió la caja de pandora. La ex secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, advierte que el sector conocía desde hace años sus propios riesgos, pero que llevaba ese mismo tiempo evitando su supervisión. En este artículo explica por qué ahora.

El experto Esteve Almirall se pregunta quién gana cuando los dueños de la IA piden que los regulen. Considera que es posible regular la inteligencia artificial, pero que el reto es proteger a la sociedad sin convertir la seguridad en el privilegio comercial de unas pocas empresas. 

Me tranquiliza que un experto como Cristian Canton, que hoy es el director asociado del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC), y que fue jefe de un departamento de IA en Meta (Instagram, WhatsApp, Facebook), diga que la inteligencia artificial “no nos va a matar a todos”. Me quedo con este destacado: “La IA no piensa. Cuando le das una instrucción, utiliza todo su repertorio de herramientas para alcanzar el objetivo. Si eso implica acceder de forma ilícita a un servidor, lo hará. Por eso es indispensable delimitar con claridad cómo debe ejecutar la tarea y bajo qué límites. Tenemos que guiarla”.

El debate, seguramente, no esté en frenar o contener, como si fuera un reactor nuclear, sino en gobernar cómo se despliega.

Pero no todo acaba con la IA (nunca mejor dicho). Te animo a que sigas leyendo este boletín y espero que el resto de informaciones y reflexiones te sean útiles o te parezcan interesantes.

El dato

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Son los kilos de comida al año que cada persona tira a la basura en España. Según el Informe de desperdicio alimentario de 2025, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el año pasado se tiraron más de 1.129 millones de kilos o litros. Es el equivalente a 24,03 kg (o litros) por persona y año, según los datos desglosados por Agricultura, que indican cambios a lo largo de los últimos ejercicios. La mayor parte se lleva a cabo en los hogares, donde crece el desperdicio de platos preparados, probablemente, por el aumento de sus ventas en los supermercados. “Es un problema económico y moral. Estamos bajando el desperdicio, pero sigue siendo una tasa alta”, apunta el ministro, Luis Planas. 

El gráfico

Bomberos, médicos, maestros, policías… jueces. La actualidad en unos casos (incendios, danas, politización de la justicia) y el descontento de muchos colectivos, en otros (en la sanidad o en la enseñanza), nos ha hecho preguntarnos ¿cuánto cobran los empleados públicos en España? Dar una cifra exacta es complicado. Depende de la administración para la que trabajen —algunos dependen de los ministerios, otros de las comunidades autónomas y también de las corporaciones locales, que establecen sus propios rangos salariales—, de la profesión, sus funciones y responsabilidad, los complementos que reciben, dónde están destinados, si realizan guardias o turnos especiales, su antigüedad… El gráfico es solo un botón de muestra, en esta completísima información, hacemos una radiografía salarial de los más de 3,6 millones de empleados públicos, de los que menos a los que más cobran.

Tipos (y tipas) de interés

Lawrence Wong, primer ministro de Singapur. Se mantiene. Esta vez, más que evaluar al protagonista, lo utilizo como tema de debate (o provocación). El Gobierno de Singapur ha anunciado hace unos días una subida del 9% de los salarios de los altos cargos ministeriales: el sueldo anual del primer ministro, Lawrence Wong, aumentará en más de un millón de dólares, hasta los 2,8 millones (unos 2,45 millones de euros). Son los sueldos de políticos más altos del mundo. Donald Trump cobra 400.000 dólares por el cargo y Pedro Sánchez, 96.000 euros. Responde a la estrategia a largo plazo para atraer talento y reducir la corrupción, diseñada en las primeras décadas tras la independencia del país. 

La ciudad-Estado (que es casi una dictadura disfrazada de democracia) argumenta que los bajos salarios hacían que los mejores candidatos rara vez se dedicaran a la política y que, cuando lo hacían, se veían expuestos a la tentación. El sistema aplica un modelo de incentivos y sanciones y funciona bajo una lógica corporativa, con objetivos. La remuneración de los políticos se vincula a los 1.000 ciudadanos con mayores ingresos del país, y una parte sustancial de la remuneración (alrededor del 35%) es un variable vinculado a cuatro métricas que cada una de ellas pesa un 25%: el crecimiento del PIB real, la contención del desempleo y el aumento del ingreso real tanto de la clase media como del 20% de la población con menores recursos. Si a la población singapurense no le va bien económicamente o se destruye empleo, el sueldo final del primer ministro y su gabinete se reduce automáticamente y el variable es cero. 

Las cifras macroeconómicas parecen avalar el éxito del modelo en cuanto al cumplimiento de los parámetros exactos por los que se evalúa la nómina de sus gobernantes: registra una renta per cápita nominal cercana a los 90.000 dólares (que roza los 140.000 dólares ajustada al poder de compra, duplicando con holgura la media de la OCDE), un crecimiento del PIB real del 4,6% en el primer trimestre y una tasa de desempleo anclada en el 2,0%. No obstante, economistas e historiadores recuerdan que este rendimiento extraordinario no responde únicamente al sistema de objetivos, sino también a factores estructurales diferenciales como su condición de hub fiscal y logístico global, su reducido tamaño geográfico y un marco regulatorio altamente flexible e inmune –claro– a las fricciones partidistas.

Si esta estrategia reduce la corrupción es también objeto de un debate abierto: Singapur ocupa el tercer puesto por la cola entre 182 países en un índice, pero Hong Kong, con salarios mucho más bajos, también obtiene buenos resultados. 

No todo nos parece mal

No sé qué relación tienes tú con Amazon. Imagino que de amor-odio, como casi todos. Nos hemos acostumbrado a comprar casi todo por Internet. Muchas cosas que apenas encuentras en cualquier otro lado (y que a veces ni necesitas). Nos facilita la vida y nos la perjudica al mismo tiempo, especialmente por la movilidad, por la contaminación… y por el efecto sobre el comercio tradicional y cómo su transformación (que muchas veces termina en cierre) configura un nuevo paisaje urbano, sobre todo en las ciudades. El año pasado Amazon registró el mayor volumen de entregas rápidas de su historia, con más de 190 millones de envíos completados el mismo día o un día después en España. Casi nada. El repartidor con el paquete de Amazon (que no es de Amazon) ya forma parte de nuestra cotidianidad y, sin embargo, no hace tanto. 

Justo esta semana, el gigante que construyó Jeff Bezos, uno de los hoy todopoderosos oligarcas tecnológicos, ha cumplido 15 años en España. Cuenta la compañía que el punto de partida aquí fue el pedido de un ejemplar del Código Penal y que, en estos tres lustros, ha acumulado una inversión de 25.000 millones de euros, ha alcanzado una plantilla que ronda las 30.000 personas y más de 17.000 pymes venden en su plataforma. La multinacional estadounidense que comenzó vendiendo libros es hoy una de las grandes empresas tecnológicas mundiales, no exenta –tampoco en este caso– de polémica. Las multimillonarias inversiones en centros de datos, especialmente en Aragón, no convencen a todos por igual por el elevado consumo de recursos energéticos.

Nos gusta la competencia

Estas informaciones de otros medios me han parecido interesantes:

Y con esto lo dejo por hoy. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima semana. 

¡Un abrazo!

Se anunciaba hace unos días y esta semana se ha materializado. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha expresado su oposición al futuro Real Decreto del Gobierno de España, relativo a los centros de datos, presentando diez alegaciones al texto normativo.

El pasado 10 de septiembre la cuestión parecía abrir un nuevo conflicto entre el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Ese día se terminaba el periodo de audiencia pública del proyecto de Real Decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos.

El castellanomanchego amagó entonces con la posibilidad de acudir a los tribunales, después de que el futuro decreto vaya a exigir que los centros de datos de mayor tamaño tengan como obligación acreditar que al menos el 80% de su consumo eléctrico proceda de energía renovable, y que eso se acredite hora a hora, entre otras cuestiones.

Esta y otras exigencias podrían afectar a una de las mayores apuestas tecnológicas previstas en la comunidad autónoma por el Gobierno socialista de Emiliano García-Page: el data center que Meta, la multinacional matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger y Threads, propiedad del magnate norteamericano Mark Zuckerberg planea abrir en Talavera de la Reina.

El proyecto tiene ya todos los parabienes del Gobierno regional para que se inicien las obras y Meta ha pagado ya la fianza de un millón de euros exigida por el Ejecutivo autonómico para comenzar. Ahora, reconocen una “profunda preocupación” ante el impacto directo que el actual diseño normativo puede provocar sobre el tejido tecnológico e industrial de la región.

Aducen que Castilla-La Mancha “se ha consolidado como un nodo tecnológico de referencia en el sur de Europa, albergando inversiones estratégicas de impacto global” (como el desarrollo de Meta) o “acumulando una cartera de iniciativas clave para la soberanía digital de España”.

“No es razonable” modificar condiciones de proyectos avanzados

La consejera portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha justificado hoy las 'pegas' que ponen al texto normativo que se prepara, precisamente, porque con la actual propuesta se complicaría el camino a proyectos como el de Meta al cambiarse “las reglas del juego” en plena carrera empresarial -ya en marcha- por el desarrollo de estos centros tecnológicos.

Es algo que expresamente se ha reflejado al exponer los motivos de las diez alegaciones planteadas por el Gobierno de Page a las que ha tenido acceso elDiario.es Castilla-La Mancha.

La norma, se advierte, tendría “capacidad para condicionar inversiones tecnológicas estratégicas ya comprometidas en nuestra región” y en este caso, nada más y nada menos que con uno de los gigantes tecnológicos mundiales.

En opinión del Ejecutivo de esta comunidad, “se introducen rigideces desproporcionadas, plazos de transición manifiestamente insuficientes y criterios de eficiencia e hídricos desvinculados de la realidad climática peninsular”.

Se introducen rigideces desproporcionadas, plazos de transición manifiestamente insuficientes y criterios de eficiencia e hídricos desvinculados de la realidad climática peninsular

Padilla ha puesto el acento en el tratamiento de los proyectos que ya han obtenido permisos de acceso y conexión, pero todavía no están conectados a la red.

El proyecto de Real Decreto establece nuevos requisitos para estas instalaciones y concede seis meses para acreditar su cumplimiento. En caso contrario, podrían caducar los permisos y ejecutarse las garantías depositadas.

La portavoz de Page ha dicho que “no resulta razonable” modificar las condiciones de proyectos que ya han sido diseñados, tramitados y comprometidos de acuerdo con la normativa actualmente vigente.

Por este motivo, el Gobierno regional reclama “un régimen transitorio flexible, adaptado al grado de madurez de cada proyecto y que proteja aquellas inversiones cuya tramitación se encuentre ya en una fase avanzada” y ha incidido precisamente en el caso de Meta.

Pedimos un régimen transitorio flexible, adaptado al grado de madurez de cada proyecto y que proteja aquellas inversiones cuya tramitación se encuentre ya en una fase avanzada

Aunque el Gobierno regional “comparte” objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética de la norma o que “los centros de datos deben avanzar con un uso responsable de la energía y del agua, un recurso especialmente valioso y limitado” en Castilla-La Mancha, la consejera portavoz ha reclamado hoy que la norma sea “exigente, segura y territorialmente justa”.

Por un lado se afea que el proyecto normativo no se limite a desarrollar condiciones técnicas, sino que prevé recargos que pueden llegar al 500%, a la pérdida de permisos de acceso y conexión o a la caducidad de permisos ya concedidos, si las empresas promotoras no cumplen.

“Entendemos que medidas de esa intensidad necesitan una cobertura legal suficiente y no pueden quedar definidas íntegramente por una norma reglamentaria”, señala el Gobierno castellanomanchego que reclama, además, que los recargos sean “graduales y proporcionados”. En su opinión, “no debe recibir el mismo tratamiento un desajuste puntual que un incumplimiento grave y continuado”.

También sugiere que la pérdida de los permisos debe reservarse para los supuestos más graves, tras escuchar al interesado y ofrecer un plazo efectivo de subsanación.

“Respetar” las competencias autonómicas 

Otra de las críticas de Castilla-La Mancha tiene que ver con las competencias políticas sobre la cuestión. “El proyecto de Real Decreto concentra en el Estado las decisiones sobre la viabilidad de los centros, la retirada de permisos y el destino de la capacidad eléctrica que quede liberada”, explica el Ejecutivo de esta región.

A reglón seguido recuerda que la implantación de estas infraestructuras afecta al territorio, el urbanismo, la industria, el medio ambiente, el agua y las redes de distribución “son ámbitos en los que las comunidades autónomas tenemos competencias y responsabilidades”. De ahí que consideren los de Page que una norma con este alcance requiere “consulta pública previa y un diálogo más amplio con las comunidades y los sectores afectados”, incluido su “examen” en la Conferencia Sectorial de Energía.

“Castilla-La Mancha no puede quedar reducida a recibir una comunicación cuando ya se ha tomado la decisión. Pedimos una participación efectiva antes de denegar solicitudes, retirar permisos o reasignar capacidad”.

Además, reclama que los conflictos relativos a permisos de conexión en redes de competencia autonómica “sigan siendo resueltos por la Administración competente, como establece la legislación del sector eléctrico”.

Castilla-La Mancha no puede quedar reducida a recibir una comunicación cuando ya se ha tomado la decisión. Pedimos una participación efectiva antes de denegar solicitudes, retirar permisos o reasignar capacidad

“Tener en cuenta las condiciones climáticas de cada territorio”

El Gobierno castellanomanchego pide una “aplicación realista y territorialmente justa de los criterios de eficiencia” para este tipo de proyectos empresariales.

Desde su punto de vista, los indicadores energéticos y de consumo de agua “deben tener en cuenta las condiciones climáticas de cada territorio, utilizando factores de normalización compatibles con la metodología que establezca la Unión Europea”.

Eso, apostilla, “no significa rebajar los estándares ambientales ni establecer una excepción para Castilla-La Mancha”, sino “medir de forma comparable instalaciones situadas en condiciones climáticas diferentes y prever un periodo razonable de puesta en funcionamiento antes de aplicar recargos o declarar la caducidad de permisos”.

Ahora mismo, sugieren, las características climatológicas de la meseta sur peninsular, caracterizadas por mayores oscilaciones térmicas estacionales y veranos cálidos, “penalizan de forma directa y artificial a los centros de datos emplazados en el interior frente a regiones costeras o septentrionales de Europa”. Y eso, añaden, “supone una discriminación territorial indirecta y desincentiva la inversión en zonas de interior”.

También proponen una implantación progresiva de las exigencias de consumo renovable, que esté acompasada a la capacidad efectiva de las redes y al despliegue de nueva generación.

Finalmente advierten del posible “vacío regulatorio” sobre las instalaciones renovables asociadas a un centro de datos cuando este renuncia o pierde sus permisos, de ahí que esperen que el Gobierno de España “estudie estas alegaciones y las incorpore al texto definitivo”.

De lo contrario, concluyen, “estas exigencias ponen en riesgo la viabilidad de proyectos altamente maduros y comprometen gravemente la competitividad de la región frente a otros territorios nacionales y comunitarios”.

El consejero delegado Meta, Mark Zuckerberg, propone que evaluadores y asesores independientes analicen los sistemas y los modelos de inteligencia artificial (IA) que desarrollan las empresas, pero no por frenar su desarrollo. Meta es el gigante tecnológico dueño de Facebook, Instagram y WhatsApp, entre otras.

Zuckerberg recuerda que Meta retrasó durante meses el lanzamiento de su último modelo de inteligencia artificial (Muse) para centrarse en su seguridad, pero también que no exigieron al resto de empresas que lo hicieran también.

“Simplemente lo hicimos como parte de nuestro trabajo diario porque era claramente lo correcto para la gente y para nosotros”, explica.

La gente, según el máximo responsable de Meta, no va a querer usar agentes que no estén “alineados” con ellos y que no hagan lo que se les pide, por lo que los laboratorios tienen a su juicio el incentivo de preparar mejor sus modelos.

Sobre el debate para ralentizar el progreso de las capacidades que proponen los dirigentes de otras grandes tecnológicas, Zuckerberg asegura que “la confianza y la alineación” se están convirtiendo rápidamente en las capacidades más importantes que diferenciarán a los agentes y modelos.

“Los laboratorios se enfrentan a una responsabilidad significativa si sus modelos causan daño, por lo que también tienen un fuerte incentivo para evitarlo”, ha escrito en X, donde defiende que contratar evaluadores y asesores independientes “es la mejor práctica de la industria”.

Reitera que Meta ha asumido ese compromiso con la seguridad y que “otros laboratorios también pueden hacerlo”, y que la clave para construir un futuro positivo para todos “reside en mantener el equilibrio de poder adecuado”. 

“Nos trataban como máquinas”. Robert tiene un mal recuerdo de su etapa como moderador de Facebook en la Torre Glòries de Barcelona entre 2022 y 2025. No solo por la falta de atención empresarial a las duras y violentas imágenes que tenían que revisar, sino por cómo las subcontratas de la multinacional estadounidense despidieron a la plantilla de 2.000 empleados: “Vinieron, nos exprimieron y se largaron a otra ciudad donde pagaran menos a los trabajadores”.

Ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) se ha celebrado este martes el juicio por el despido de 2.062 moderadores de la empresa de Facebook e Instagram. La demanda la ha interpuesto el sindicato FIST, representado por el abogado Enrique Leiva, que reclama que el ERE, pactado con UGT y CCOO en abril de 2025, se declare nulo por vulnerar los derechos de los trabajadores.

La llegada de Meta a Barcelona se celebró en 2018 por autoridades políticas y económicas como una inversión tecnológica, pero la realidad ha mostrado que fue un fiasco: los trabajadores estaban mal pagados y centenares de moderadores arrastran secuelas psicológicas severas por el contenido violento que debían ver.

Además de una causa penal por la falta de atención de la empresa a sus moderadores, las subcontratas de Meta en Barcelona arrastran varias condenas en juzgados sociales por desatender a los trabajadores expuestos a más contenidos violentos y por discriminaciones salariales. El juicio de este martes ha sido la puntilla.

Robert describe la emblemática Torre Glòries de Barcelona, donde trabajaban los moderadores, como “la torre de Babel”. Los revisores de contenido, cuenta este exmoderador, ocupaban las plantas según el idioma que moderaban, y los que cobraban menos eran los de los pisos inferiores, dedicados al contenido en español o en catalán.

“Los que ganaban más, nórdicos o israelíes, estaban en los pisos de arriba”, recuerda Robert, uno de los primeros en protestar internamente por las condiciones impuestas. “Es asqueroso, había restos de comida en las mesas, las sillas estaban manchadas, y hasta hubo una intervención del Ayuntamiento de Barcelona por un caso de sarna”, asevera.

El exmoderador Horacio Espinosa usa el mismo verbo —“exprimir”— para definir las relaciones laborales en la empresa. A ello se suma uno de los aspectos que se ha mostrado en la vista de este martes: la dificultad para identificar con claridad las subcontratas que operaban para Meta en Barcelona: primero CCC Barcelona Digital Services y luego absorbida por Telus Digital.

Para muestra, uno de los testigos que ha declarado este martes, responsable de noche de los moderadores, ha indicado al tribunal que era empleado de Telus, pero la abogada de CCC le ha corregido y le ha dicho que trabajaba para su cliente.

Este mismo testigo también ha relatado que conocía las reuniones que Meta mantenía con CCC porque se realizaban en la misma planta. Por su lado, los mandos de la empresa han asegurado desconocer los motivos por los que Meta decidió finalizar el contrato.

Entre tanto nombre de subcontrata, Espinosa recuerda una firma que no se nombraba internamente: Meta. “El cliente no se podía ni mencionar, se le llamaba 'el cliente', tenía un punto de distópico y de ciencia ficción”, indica este exmoderador. El esquema de subcontratas y centros de moderación de contenidos repartidos para el mundo es, para Espinosa, “un ejemplo de cómo se organizan las big techs para limpiarse las manos” de los problemas laborales. “Telus solo una empresa pantalla para proteger los intereses de Facebook”, apostilla.

El sindicato demandante impugnar el despido colectivo al considerarlo una represalia motivada por las numerosas sentencias previas que condenaban a la compañía por discriminación salarial basada en el idioma y la nacionalidad. Además, FIC denuncia que CCC vulneró el derecho de reunión al impedir una asamblea de trabajadores que quería revocar el acuerdo del ERE pactado por UGT y CCCO.

Una de las discusiones jurídicas de la vista es si Meta, codemandada por el sindicato, también debe responder en caso de condena. La abogada de Meta (que ha recalcado que representan a la filial irlandesa de la multinacional estadounidense, no a la matriz) se opone, ya que considera que cualquier eventual responsabilidad debe caer en las subcontratas.

Las empresas codemandadas han pedido a los jueces que rechacen la demanda de FIC al carecer, a su juicio, de la afiliación necesaria para impugnar el despido. También han negado que los trabajos de moderación se deslocalizaran a Austria o Eslovaquia para eludir los pleitos que las compañías tenían en España.

Las firmas alegan además que la Inspección de Trabajo avaló que el despido se debió a causas organizativas y productivas (Meta decidió rescindir el contrato) y no como represalia hacia los trabajadores. El juicio ha quedado visto para sentencia.

El Parlamento Europeo ha encargado al profesor Adrián Todolí Signes, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universitat de València, una investigación destinada a analizar cómo los modelos de negocio y las prácticas laborales de las grandes compañías tecnológicas globales están afectando a las condiciones de trabajo en la Unión Europea.

El estudio aborda hasta qué punto las nuevas formas de organización empresarial utilizadas por las grandes tecnológicas pueden debilitar la aplicación de los estándares laborales existentes o dificultar su efectividad. La investigación examinará fenómenos como la subcontratación, la fragmentación de las plantillas, el empleo mediante empresas intermediarias y el creciente uso de algoritmos para organizar, supervisar y evaluar el trabajo.

Una parte relevante del estudio estará dedicada a la denominada gestión algorítmica, es decir, al empleo de sistemas automatizados y de inteligencia artificial para distribuir tareas, controlar el rendimiento, evaluar a los trabajadores o intervenir en decisiones que afectan a su relación laboral. El proyecto analizará asimismo el uso de tecnologías de vigilancia digital en el trabajo y las dificultades que estas herramientas plantean desde la perspectiva de la legislación laboral y de protección de datos.

El trabajo que interesa al Parlamente europeo comprende el análisis de las prácticas empresariales de las grandes tecnológicas y de sus consecuencias para los trabajadores, así como el estudio del marco jurídico europeo aplicable. La investigación prestará especial atención a cómo la internacionalización y el uso de empresas contratistas locales afecta a las condiciones laborales.

La investigación incluye además un amplio análisis jurídico de la normativa de la Unión Europea y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se estudiará también de manera específica el ordenamiento español y se utilizarán experiencias procedentes de otros Estados miembros cuando permitan identificar problemas regulatorios o soluciones relevantes.

El objetivo es conocer si el marco legislativo actual es suficiente para proteger a las personas trabajadoras ante estos nuevas prácticas empresariales.

Otro de los ámbitos analizados será la contratación pública. El estudio examinará en qué medida las Administraciones pueden utilizar sus contratos con grandes compañías tecnológicas para exigir el cumplimiento de estándares laborales, introducir cláusulas sociales, controlar las cadenas de subcontratación y evitar que determinadas formas de organización empresarial terminen facilitando la elusión de obligaciones laborales.

El proyecto parte de una realidad que ha adquirido una dimensión creciente durante los últimos años. Grandes compañías tecnológicas operan simultáneamente en numerosos países y organizan buena parte de sus actividades mediante complejas redes de sociedades, proveedores, contratistas y empresas auxiliares. Esta estructura permite desarrollar actividades a gran escala, aunque también puede hacer más difícil determinar quién adopta realmente las decisiones que condicionan el trabajo y quién debe asumir las correspondientes responsabilidades jurídicas.

“Las grandes empresas tecnológicas han desarrollado una enorme capacidad para reorganizar los mercados y la forma en la que se presta el trabajo. La legislación laboral europea debe ser capaz de identificar dónde se encuentra realmente el poder de decisión empresarial y garantizar que la utilización de tecnología, intermediarios o cadenas de subcontratación no reduzca la protección que corresponde a los trabajadores”, señala Todolí.

La investigación se desarrollará durante 2026 y sus resultados serán presentados ante el Parlamento Europeo.

Adrián Todolí Signes es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universitat de València. Su investigación se ha especializado durante los últimos años en el impacto de la digitalización, la inteligencia artificial y la gestión algorítmica sobre las relaciones laborales. Ha participado como experto en diferentes proyectos nacionales e internacionales relacionados con las plataformas digitales, las nuevas formas de empleo y la transformación tecnológica del trabajo.

El encargo del Parlamento Europeo sitúa de nuevo a la Universitat de València en el debate europeo sobre la regulación de la inteligencia artificial, las grandes plataformas digitales y el futuro de las relaciones laborales, en un momento en el que las instituciones de la Unión están desarrollando nuevas normas destinadas a adaptar la protección de los trabajadores a una economía cada vez más digitalizada.

El Parlament Europeu ha encarregat al professor Adrián Todolí Signes, catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de València, una investigació destinada a analitzar com els models de negoci i les pràctiques laborals de les grans companyies tecnològiques globals estan afectant les condicions de treball a la Unió Europea.

L’estudi aborda fins a quin punt les noves formes d’organització empresarial utilitzades per les grans tecnològiques poden debilitar l’aplicació dels estàndards laborals existents o dificultar la seua efectivitat. La investigació examinarà fenòmens com la subcontractació, la fragmentació de les plantilles, l’ocupació mitjançant empreses intermediàries i l’ús creixent d’algoritmes per a organitzar, supervisar i avaluar el treball.

Una part rellevant de l’estudi estarà dedicada a l’anomenada gestió algorítmica, és a dir, a l’ús de sistemes automatitzats i d’intel·ligència artificial per a distribuir tasques, controlar el rendiment, avaluar els treballadors o intervindre en decisions que afecten la seua relació laboral. El projecte analitzarà també l’ús de tecnologies de vigilància digital en el treball i les dificultats que aquestes eines plantegen des de la perspectiva de la legislació laboral i de protecció de dades.

El treball que interessa al Parlament Europeu comprén l’anàlisi de les pràctiques empresarials de les grans tecnològiques i de les seues conseqüències per als treballadors, com també l’estudi del marc jurídic europeu aplicable. La investigació prestarà una atenció especial a com la internacionalització i l’ús d’empreses contractistes locals afecten les condicions laborals.

La investigació inclou, a més, una àmplia anàlisi jurídica de la normativa de la Unió Europea i de la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. S’estudiarà també de manera específica l’ordenament espanyol i s’utilitzaran experiències procedents d’altres estats membres quan permeten identificar problemes regulatoris o solucions rellevants.

L’objectiu és conéixer si el marc legislatiu actual és suficient per a protegir les persones treballadores davant d’aquestes noves pràctiques empresarials.

Un altre dels àmbits analitzats serà la contractació pública. L’estudi examinarà en quina mesura les administracions poden utilitzar els seus contractes amb grans companyies tecnològiques per a exigir el compliment d’estàndards laborals, introduir clàusules socials, controlar les cadenes de subcontractació i evitar que determinades formes d’organització empresarial acaben facilitant l’elusió d’obligacions laborals.

El projecte parteix d’una realitat que ha adquirit una dimensió creixent durant els últims anys. Grans companyies tecnològiques operen simultàniament en nombrosos països i organitzen bona part de les seues activitats mitjançant complexes xarxes de societats, proveïdors, contractistes i empreses auxiliars. Aquesta estructura permet desenvolupar activitats a gran escala, encara que també pot fer més difícil determinar qui adopta realment les decisions que condicionen el treball i qui ha d’assumir les responsabilitats jurídiques corresponents.

“Les grans empreses tecnològiques han desenvolupat una enorme capacitat per a reorganitzar els mercats i la manera en què es presta el treball. La legislació laboral europea ha de ser capaç d’identificar on es troba realment el poder de decisió empresarial i garantir que la utilització de tecnologia, intermediaris o cadenes de subcontractació no reduïsca la protecció que correspon als treballadors”, assenyala Todolí.

La investigació es desenvoluparà durant el 2026 i els seus resultats seran presentats davant del Parlament Europeu.

Adrián Todolí Signes és catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de València. La seua investigació s’ha especialitzat durant els últims anys en l’impacte de la digitalització, la intel·ligència artificial i la gestió algorítmica sobre les relacions laborals. Ha participat com a expert en diferents projectes nacionals i internacionals relacionats amb les plataformes digitals, les noves formes d’ocupació i la transformació tecnològica del treball.

L’encàrrec del Parlament Europeu situa de nou la Universitat de València en el debat europeu sobre la regulació de la intel·ligència artificial, les grans plataformes digitals i el futur de les relacions laborals, en un moment en què les institucions de la Unió estan desenvolupant noves normes destinades a adaptar la protecció dels treballadors a una economia cada vegada més digitalitzada.

Se acelera el proyecto de implantación del centro de datos de Meta en Talavera de la Reina. Tras varios retrasos, cambios en los expedientes administrativos sobre las necesidades de agua y el impacto ambiental, y algún que otro traspié en cuanto al reconocimiento de los titulares del suelo, los trámites para las operaciones de la empresa de Mark Zuckerberg que agrupa a Facebook, WhatsApp o Instagram, están ahora en manos del Ayuntamiento de la ciudad.

Zarza Networks, la empresa promotora y filial de Meta, ya ha formalizado y constituido una fianza de un millón de euros. Se trata de la garantía urbanística (vinculada a la monetización del 49% del aprovechamiento urbanístico de titularidad municipal) que está asociada a su tramitación como Proyecto de Singular Interés (PSI) en la comunidad autónoma.

De esta forma, se activa la fase final de tramitación administrativa y el inicio de las actuaciones técnicas sobre el terreno. Ahora, el siguiente paso es que la Dirección General de Planificación Territorial y Urbanismo del Gobierno regional emita la correspondiente certificación administrativa del proyecto.

Precisamente, Silvia López, la titular de este departamento, dependiente de la Consejería de Fomento, explica que tras la aprobación de la reparcelación, unida al pago de la fianza por parte de la empresa promotora, permite seguir dando “pasos decisivos” en la ordenación y desarrollo de los terrenos sobre los que se implantará el futuro campus del centro de datos,

Con esa certificación de la garantía, el Ejecutivo procederá a la inscripción en el Registro de la Propiedad de las parcelas resultantes que han sido aprobadas. Así quedaría jurídicamente definida la distribución y titularidad del suelo industrial en el Polígono Torrehierro de Talavera, donde se implantará el 'data center'.

Posteriormente, al haberse completado la ordenación regional, será el turno del Ayuntamiento. Meta debe presentar los proyectos de ejecución y construcción detallados ante la Corporación Local, que se encargará de tramitar de forma prioritaria (al ser un PSI) las correspondientes licencias de obras y actividad para iniciar la edificación.

El propio alcalde de la ciudad, José Julián Gregorio (PP), sacó pecho recientemente de este proceso al afirmar que el Ayuntamiento será “más rápido” que el Gobierno castellanomanchego en este proceso. Pero tampoco habló de ninguna fecha concreta.

Lo que sí está claro es que cuando la promotora tenga las licencias correspondientes, las máquinas podrán comenzar los trabajos de acondicionamiento físico del terreno, canalizaciones y acometidas de suministros necesarios en las más de 190 hectáreas que ocupará el campus tecnológico. Después se iniciará la construcción por fases de los edificios principales que albergarán los servidores e infraestructura digital.

Meta ya detalló que tiene proyectado desarrollar este centro de datos de forma progresiva. Según el cronograma del plan de implantación, se dio un plazo máximo de hasta 10 años para la finalización y consolidación absoluta de la totalidad de las instalaciones.

El horizonte final, en 2030

En realidad, se trata de una flexibilidad temporal que permite a la empresa ir poniendo en marcha algunos módulos de centros de datos de manera escalonada en función de la demanda global de sus servicios. El horizonte final es que sus operaciones globales funcionen a pleno rendimiento en 2030.

Meta prevé una inversión estimada en torno a los 750 millones de euros en este proyecto, que incluso podría superar los 1.000 millones según el desarrollo definitivo de las instalaciones.

En términos de empleo, hasta ahora el Gobierno de Castilla-La Mancha ha sostenido que generará 250 puestos de trabajo directos estables y de alta cualificación profesional en su fase operativa, apoyando un total de 780 empleos anuales en la región al sumar la cadena de suministro y el consumo inducido.

Asimismo, durante los años previstos para el desarrollo por fases de las obras, se requerirá una media de cientos de trabajadores de la construcción en el emplazamiento.

Además, el Plan de Singular Interés (PSI) también prevé recuperar los corredores ecológicos de los arroyos Zarzueleja y Cervines para crear un gran parque fluvial público de entre 50 y 60 hectáreas para el disfrute recreativo de los vecinos de la pedanía de Gamonal y de toda la comarca, además, de la urbanización de los accesos a esta última y la reserva de suelo necesaria para la futura ampliación de su cementerio municipal.

En su estudio de impacto ambiental detalla que habrá “cero contaminación lumínica” y estima un consumo directo de agua de 0,2 hectómetros cúbicos al año gracias al uso de refrigeración por aire seco,.

Esta segunda fase de la implantación del 'data center' de Meta en Talavera se produce mientras el Gobierno prepara una normativa para endurecer los requisitos de funcionamiento de este tipo de infraestructuras.

Los Ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Economía, Comercio y Empresa, y Transformación Digital y Función Pública, van a iniciar el trámite de audiencia pública, por la vía de urgencia, del proyecto de Real Decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a estos centros.

El Gobierno quiere proyectos sostenibles y con 'carné europeo'

El objetivo, explican fuentes gubernamentales, es que sean “sostenibles, eficientes y soberanos”, y avanzar en su desarrollo ordenado de forma que cumplan los estándares europeos de eficiencia hídrica y energética más exigentes. Entre las obligaciones está que respalden con nueva generación renovable, cada hora de funcionamiento, el 80% de su consumo energético.

Entre otros muchos objetivos, estudian exigir ‘carné europeo’. Es decir, que deba operarlos una entidad establecida en la UE para mantener los datos relativos a la operación de la infraestructura en territorio comunitario y adoptar medidas frente a los accesos de autoridades de terceros países no amparados por el Derecho europeo.

La empresa Zarza Networks S.L. que va a operar en Talavera de la Reina está establecida en Madrid, según figura en el Registro Mercantil. Y su filial, Meta, está establecida legalmente en la Unión Europea. Aunque la matriz global es una multinacional estadounidense con sede central en California, todas sus operaciones, servicios y el tratamiento de datos de los usuarios dentro de la UE se gestionan a través de su filial europea oficial: Meta Platforms Ireland Limited, con sede en Dublín.

De ser las gafas con inteligencia artificial “diseñadas para proteger la privacidad y darte el control”, a ser rebautizadas como las pervert glasses (gafas de pervertidos). Las gafas de Meta han puesto en jaque una tendencia que ya se veía años atrás: ¿en qué momento se ha banalizado la vigilancia?

La respuesta está por todas partes. En TikTok se ha viralizado el “CCTV edit”, un filtro que reduce la saturación de los colores y añade grano de cámara de seguridad a los looks de ropa para parecer grabado en la calle sin salir de casa. Ya no solo consumimos la estética del control: la producimos sobre nosotros mismos. A esto se suma el photodump (la publicación de varias imágenes en carrusel), que normaliza la exposición constante de la vida cotidiana, mientras un ejército de “vigilantes digitales” persigue a desconocidos por las calles a cambio de viralidad. Poco a poco hemos dejado de temer la vigilancia para interpretarla: la convertimos en contenido, en un juego visual que oscila entre la autorregulación y la pura actuación, y que nos vuelve, de paso, más desconfiados de quienes nos rodean.

“Nunca antes habíamos llegado a este nivel de vigilancia. Ahora estos dispositivos están contextualizando tu entorno y comunicándose entre ellos”, explica Rodrigo Taramona, divulgador de tecnología, en una entrevista con elDiario.es. El pasado mes de marzo, una investigación conjunta de Svenska Dagbladet y Göteborgs-Posten puso en duda la privacidad de las gafas inteligentes que fabrica EssilorLuxottica junto a Meta, la multinacional liderada por Mark Zuckerberg que ha anunciado esta misma semana que pagará 18.000 millones de dólares para cerrar las demandas por adicción infantil a Instagram y Facebook.

En esta investigación, analistas de contenidos subcontratados en Kenia aseguraron haber “visto a gente en el baño, desnudándose, teniendo relaciones sexuales o viendo pornografía. Se han adentrado en el hogar, donde incluso han podido ver números de tarjetas bancarias”. A esto se suma el testimonio de varias chicas en redes que denuncian haber sido grabadas sin su consentimiento por hombres que las increpaban en la calle.

“Estamos voluntariamente contando nuestras intimidades más privadas a inteligencias artificiales que encima se están entrenando con estos datos y que, por supuesto, pueden señalar”, alerta Taramona. “Así que sí, estamos viviendo en el momento de mayor recaudación de datos y de invasión de la privacidad”.

Nunca antes habíamos llegado a este nivel de vigilancia. Ahora estos dispositivos están contextualizando tu entorno y comunicándose entre ellos

Rodrigo Taramona — divulgador tecnológico

El deseo de ser vigilado

“Ser visto es existir, mientras que si permaneces oculto corres el riesgo de caer en la irrelevancia”, sostiene Gil Baptista Ferreira, sociólogo y autor de La estetización de la vigilancia: visibilidad, afecto y la economía moral del capitalismo digital (2026). Ferreira parte de la sociedad de la transparencia de Byung-Chul Han y de la reproductibilidad técnica de Walter Benjamin para explicar cómo “la vigilancia ha dejado de ser un aparato externo y coercitivo para transformarse en una práctica estética y afectiva normalizada a través de la visibilidad y el placer”. “Ya no se impone por la fuerza, sino que es un régimen participativo sostenido por el deseo de los usuarios de ser vistos y observar a los demás”, añade.

Uno de los mayores teóricos de la vigilancia fue Michel Foucault, quien recogió la idea del panóptico carcelario de Jeremy Bentham a finales del siglo XVIII donde una torre central rodeada de celdas que permitía ver a los internos sin que supieran si los observaban. Su éxito yacía en la incertidumbre: al no saber cuándo los miraban, los sujetos interiorizaban la norma y se autorregulaban. En 1975, Foucault retoma esta figura en Vigilar y castigar para explicar cómo el poder dejó de necesitar la fuerza física porque el propio sujeto moderno se convirtió en su vigilante en escuelas, cuarteles y fábricas. Sin embargo, en la era de las redes sociales, Ferreira sostiene que “esta mirada ya no es punitiva, sino afectiva, horizontal y estética; un espacio donde el control se vuelve genuinamente deseable”.

La vigilancia ha dejado de ser un aparato externo y coercitivo para transformarse en una práctica estética y afectiva normalizada a través de la visibilidad y el placer

Gil Baptista Ferreira — sociólogo

Esta mutación encuentra su engranaje perfecto en lo que la investigadora Louisa Rogers define como un “lavado de cara estético” (aesthetic makeover) de la vigilancia. Según Rogers, las industrias del consumo y la moda camuflan la naturaleza intrusiva del capitalismo de vigilancia (la extracción de datos masiva teorizada por Shoshana Zuboff) para vendérnosla como un objeto de deseo. Para rebajar la incomodidad que despierta el rastreo algorítmico, la cultura visual recurre a una estrategia nostálgica: filtros granulados y marcas de tiempo que imitan videocasetes antiguas. De pronto, el control digital pierde su frialdad corporativa y se transforma en un recuerdo de diseño “inofensivo y familiar”.

El ejemplo más radical ocurrió con la polémica campaña publicitaria de los almacenes de lujo Harvey Nichols en 2015 titulada: “¿Te gustan las cosas gratis? Consíguelas legalmente”. Para promocionar su aplicación de recompensas, la marca utilizó grabaciones reales de sus cámaras de seguridad que mostraban a ladrones robando ropa dentro de la tienda, pero editó el vídeo cubriendo las caras de los delincuentes con cabezas animadas de dibujos en 2D. Con este movimiento, una herramienta de control y persecución del delito se recicló como un contenido pop divertido, demostrando la enorme capacidad del mercado para convertir la vigilancia real en un fetiche visual apetecible. “Al fusionar las pantallas con el cuerpo, ser observado se despoja de su carga negativa para reconfigurarse como una herramienta erótica de autoexpresión, donde las viejas dinámicas del vigilante y el vigilado se disuelven en un juego voluntario de voyeurismo y exhibición hedonista”, argumenta Rogers.

Es en este ecosistema donde cobran pleno sentido fenómenos como la tendencia viral “TikTok: do your thing (TikTok haz lo tuyo)”, en la que jóvenes graban a desconocidos en espacios públicos aportando ubicaciones y rasgos físicos para que la comunidad virtual los ayude a dar con su paradero. Un estudio de la Universidad de Washington concluye que en estos contenidos “se utiliza la ternura o la cursilería para normalizar la vigilancia interpersonal, haciendo que el acto de ser observado y rastreado parezca inofensivo y divertido”. Las normas internas de la plataforma dictan que este rastreo mutuo es algo apropiado, diluyendo los riesgos reales de acoso o de doxing, entendido como la divulgación maliciosa de información privada sin consentimiento.

Esta “ternura” con la que las redes normalizan el rastreo callejero opera bajo la misma lógica que los dispositivos tecnológicos corporales. Los wearables de última generación o los Probadores Virtuales (VTO) disfrazan la extracción de nuestros datos bajo la atractiva promesa de la hiperpersonalización y el bienestar. A través de alianzas que transforman el monitoreo constante en símbolos de estatus como el anillo Oura x Gucci o la tecnología invisible de Google Jacquard tejida en chaquetas de Levi's, la vigilancia consigue su victoria definitiva.

Lo que antes infundía temor, hoy se integra de forma silenciosa. Es lo que se traduce en la práctica en las herramientas de Probadores Virtuales (VTO) de firmas como Dior o Louis Vuitton, sistemas de realidad aumentada que, bajo el análisis de Rogers, logran camuflar la extracción de datos biométricos mediante la diversión y el juego de probarse ropa o maquillaje en una pantalla“.

En el fondo, todo este engranaje lúdico responde a un fenómeno colectivo que el cineasta Adam Curtis bautizó en 2016 como “HiperNormalización”. Curtis describía cómo en la URSS tardía todo el mundo sabía que el sistema estaba roto, pero nadie se podía imaginar una alternativa, así que simplemente fingían que su realidad era normal. De un modo similar sucede hoy con los entornos digitales. Como señala Taramona: “[La vigilancia] está tan metida entre nosotros que la hemos asumido y nos hemos entregado a ella, y fíjate que uso voluntariamente la primera persona del plural”.

Los datos son nuestros

Esta aparente rendición colectiva está empezando a resquebrajarse desde abajo. La complacencia ante las gafas inteligentes de Meta se está transformando en rechazo frontal: en las calles, los usuarios ya reportan miradas de hostilidad, mientras que cada vez más comercios, restaurantes y locales de ocio cuelgan carteles prohibiendo explícitamente su entrada. En las redes, una ola de “cancelación” en forma de pérdida masiva de seguidores está penalizando a los influencers que graban a su audiencia de forma encubierta, explica The Guardian.

La complacencia ante las gafas inteligentes de Meta se está transformando en rechazo frontal: en las calles, los usuarios ya reportan miradas de hostilidad, mientras que cada vez más comercios, restaurantes y locales de ocio cuelgan carteles prohibiendo explícitamente su entrada

Esta contraofensiva ciudadana también se libra a través de la estética y la innovación textil. Si el mercado nos convenció para vestir la vigilancia, ahora la vanguardia de la moda busca vestirnos para sabotearla. Es el ecosistema de la llamada moda adversaria (adversarial clothing), prendas diseñadas específicamente para engañar y confundir a los sistemas de reconocimiento facial automatizados. Marcas pioneras como Cap_able, fundada por la diseñadora Rachele Didero, confeccionan prendas con patrones cromáticos e imágenes hipercomplejas que saturan el ojo de la inteligencia artificial. Al escanearlas, el algoritmo se confunde y codifica a la persona como si fuera un animal, un perro, una cebra o una jirafa, para así proteger su identidad y sus datos biométricos.

Como adelantó la propia diseñadora al periódico británico, el objetivo principal es abrir un debate público urgente sobre los límites del control digital: “Cap_able nace con el objetivo de concienciar a la gente sobre el derecho a la privacidad biocognitiva, un derecho humano fundamental que hoy en día está cada vez más desprotegido”.

Pero la verdadera alternativa a esta distopía no pasa únicamente por camuflarse o boicotear los dispositivos. Requiere una transformación estructural profunda que apele a la educación y a un cambio radical de mentalidad sobre la propiedad de nuestra información: “Esta revolución tecnológica invita a una revolución de conciencia, una revolución espiritual también y una revolución cultural en la que tenemos que entender que hemos creado algo que, o por primera vez nos ponemos todos a una, o entonces estamos perdidos”, advierte Taramona.

Frente al modelo actual en el que un puñado de corporaciones extrae y monopoliza la experiencia humana, el divulgador plantea que el destino lógico de los datos colectivos debería ser el bienestar común, despojándolos de su valor como mercancía privada. “La inteligencia artificial tal y como la conocemos ahora tiene que ser un recurso natural”, dice el experto, que asegura que la única alternativa justa es reclamar lo que nos pertenece por derecho de creación colectiva: “Tenemos que imaginar y construir un futuro en el que se dice: 'No'. Esto [la IA] es de todos, porque lo hemos hecho todos. Que no te engañen, lo hemos hecho todos. Entonces, como es de todos, como lo hemos construido todos, tiene que ser de todos. Ahora, ¿cómo hacemos que tengamos una inteligencia artificial a la que le des todos estos datos para que sea equitativo, para que todos tengamos no solo comida, techo y agua?”. Es ahí, dice Taramona, donde está la exigencia de una soberanía tecnológica común y una educación crítica, donde verdaderamente empieza la lucha contra el panóptico digital.

Se trata de un acuerdo histórico, aunque su potencial para cambiar la industria de las redes sociales y los abusos cometidos contra los menores aún debe demostrarse. Meta, la matriz de Facebook e Instagram, ha llegado a un acuerdo extrajudicial con 47 estados de EEUU para cerrar el mayor juicio hasta la fecha sobre el diseño adictivo de sus apps y su impacto negativo en adolescentes. La multinacional pagará hasta 18.000 millones de dólares en la próxima década e introducirá límites de uso para los menores, aunque ha conseguido esquivar el reconocimiento de haber actuado de forma irregular.

Se trata del mayor acuerdo alcanzado nunca con una gran tecnológica por este tipo de acusaciones. Para algunos de los demandantes, como ha señalado el fiscal general de Carolina del Norte, este hito es suficiente para ver este proceso como “un progreso real”. Consideran que el acuerdo abre “el momento tabacaleras” para los gigantes digitales, una etapa en la que son obligadas a reparar sus efectos nocivos e indemnizar a las víctimas, al igual que los fabricantes de tabaco hicieron en los años 1990 y 2000.

Para otros, como el fiscal general de Florida, “las indemnizaciones a los estados son insignificantes comparadas con el profundo daño que las características adictivas de Meta, impulsadas por el afán de lucro, han causado a nuestros hijos”. Para explicar esta discrepancia hay que entender cómo se ha llegado hasta aquí, las características del acuerdo económico, qué impacto tendrá en el resto del mundo y hasta qué punto los expertos consideran efectivas las restricciones de uso que se ha comprometido a implementar Meta.

Cómo hemos llegado hasta aquí

La demanda que ha terminado en este acuerdo arrancó en 2023, cuando California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey denunciaron a Meta por infringir las leyes estatales de protección al consumidor. A esa demanda se sumaron progresivamente otros 29 estados, que acusaban además a la empresa de recopilar datos de menores sin consentimiento parental para entrenar sus sistemas de inteligencia artificial, violando la ley federal de privacidad infantil. Fue la primera vez en la que las autoridades empezaron a comparar las redes sociales con el tabaco.

Todos esos procedimientos quedaron consolidados ante un tribunal federal de California, donde radica la sede de Meta. El acuerdo extrajudicial se alcanzó durante el quinto día de un juicio que se preveía que durara seis semanas y en el que ya había declarado el jefe de Instagram, Adam Mosseri. Se esperaba que el propio Mark Zuckerberg subiera al estrado.

Qué pruebas había

Los fiscales contaban con abundante documentación interna de Meta, como comunicaciones entre sus empleados e informes de evaluación de riesgos, que presuntamente demostraban que la multinacional era consciente de los daños que sus redes sociales provocaban a los usuarios y, especialmente, a los menores. Y que, en vez de trabajar para corregirlos o limitarlos, modificó el diseño de las apps de Facebook e Instagram para aprovechar la vulnerabilidad de las personas y aumentar sus beneficios.

Esta información provenía de un gran número de filtraciones de ex trabajadores de Meta. Algunas de ellas, como las de Frances Haugen o Arturo Béjar, ya había sido ampliamente documentada por los medios de comunicación debido al paso adelante de estos whistleblowers, que decidieron ponerlo en conocimiento del público y acudir a congresos y parlamentos de todo el mundo a denunciar lo sucedido.

En el juicio, no obstante, aparecieron nuevas pruebas de la conducta de Meta. Los fiscales mostraron un memorando interno que probaba que la dirección de Instagram sabía que funciones de seguridad opcionales implementadas tras la salida a la luz de esos escándalos, como “Tómate un respiro”, apenas se usaban y no cumplían su función. También llamaron a declarar a profesores y directores de escuelas públicas sobre los problemas que las redes sociales de Meta provocaban entre sus alumnos, incluidos casos de sextorsión.

Cuál estaba siendo la defensa de Meta

Meta ha negado haber cometido cualquier irregularidad durante todo el proceso. Su defensa se apoyó en dos argumentos centrales: que la salud mental adolescente es un problema “profundamente complejo y multifactorial” que no puede atribuirse al diseño de una sola aplicación, y que la “adicción a las redes sociales” no es una condición psiquiátrica reconocida, por lo que no podía haber engañado a los consumidores sobre algo que no existe como diagnóstico.

La multinacional también estaba intentando desmentir el argumento de los fiscales de que sus actuales herramientas de protección a los adolescentes eran simple “maquillaje”, así como que sus directivos eran conscientes de su inutilidad. Unas acusaciones que sus abogados tachaban de “no fundamentadas” y cuya resolución podría haber sido una de las claves de todo el proceso.

Los 18.000 millones: lo garantizado y lo condicionado

La cifra de 18.000 millones tiene abundante letra pequeña. Según ha comunicado la multinacional, Meta se compromete a un pago garantizado de 12.700 millones de dólares a lo largo de diez años, con diferentes cuantías para cada uno de los estados que han aceptado el acuerdo.

Los 5.300 millones de dólares restantes solo se activarán si YouTube y TikTok, contra las que los fiscales han abierto procesos equivalentes al de Meta, aceptan pagos y medidas equivalentes a las que se ha comprometido la empresa de Mark Zuckerberg.

Esta es otra de las principales claves del acuerdo y por ahora, ninguna de las tres compañías ha respondido públicamente a esa condición. Aunque estas multinacionales podrían optar por adherirse a este pacto y cerrar sus respectivos procesos, no hay ninguna garantía de ello. Google por ejemplo, propietaria de YouTube, se niega en banda a que esta plataforma sea considerada una “red social”. Esta asunción podría tener profundos impactos legales en el resto del mundo, en un momento en el que múltiples países están intentando establecer límites de edad más estrictos para el uso de estas plataformas.

Qué suponen esos 18.000 millones de dólares para Meta

En el inicio del juicio, California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey llegaron a pedir una sanción de 1,4 billones de dólares para Meta por los daños causados. Otros estados rebajaron la cifra a 200.000 millones.

Para entender qué suponen realmente esos 18.000 millones para Meta, es necesario ponerlos en contexto con las actuales cifras de su negocio. En sus últimas cuentas, correspondientes a su segundo trimestre fiscal de 2026, los de Zuckerberg comunicaron un beneficio neto de 15.848 millones de dólares. En 2025, acumularon unas ganancias de unos 60.000 millones de dólares. Es decir, el pago (que se repartirá en una década y podría no llegar a los 18.000 millones si el resto de plataformas no se comprometen) equivale a algo más de lo que Meta gana en tres meses.

Otra cifra con la que se pueden contrastar la cuantía de la indemnización es su desembolso en inteligencia artificial. Ahora mismo Meta se encuentra inmersa en el frenesí inversor en esta tecnología que caracteriza a todos los gigantes de Silicon Valley. Solo en 2026, Meta planea gastar unos 135.000 millones de dólares en desarrollar IA y construir centros de datos.

Los nuevos límites de uso

El segundo pilar del acuerdo son las restricciones de uso para Facebook e Instagram que Meta se ha comprometido a implementar. Estas deben evitar que vuelvan a repetirse daños y adicciones como los que han llevado a la corporación a los tribunales. Según el comunicado de Meta, las medidas son las siguientes:

Meta también ha informado de que incluirá otras funcionalidades como la posibilidad de desactivar la personalización de los algoritmos de recomendación de contenido o la reproducción automática de vídeos. Estas opciones, no obstante, deberán ser seleccionadas manualmente por los propios menores, a pesar de que en el juicio los fiscales habían conseguido que los directivos de Instagram reconocieran que las herramientas que no están activadas de manera predefinida tienen un uso marginal.

Otras herramientas, como el límite de tiempo y el modo nocturno, comienzan con un período de vigencia de cinco años, que se extenderán hasta los 10 si TikTok y YouTube ratifican el acuerdo. “Dado que los adolescentes utilizan con fluidez decenas de aplicaciones, necesitamos una solución para toda la industria. Por lo tanto, hacemos un llamamiento a nuestros competidores, TikTok y YouTube, para que implementen este nuevo marco de inmediato”, ha declarado CJ Mahoney, Director Jurídico de Meta.

Lo que queda fuera

El acuerdo no obliga a Meta a renunciar completamente a las recomendaciones de contenido personalizadas ni a la publicidad dirigida a menores, el núcleo de su modelo de negocio. Tampoco aborda contenidos que los propios filtradores de Meta, como Frances Haugen, identificaron como especialmente problemáticos, como las publicaciones que generan preocupación por la imagen corporal de los adolescentes en Instagram.

Meta tampoco se ha comprometido a ninguna medida concreta para mejorar la verificación de edad e impedir que los menores de 14 años (o 16 en algunos países, como está negociando España) utilicen sus redes. Estos vacíos en el acuerdo han supuesto el principal foco de críticas por parte de los expertos y especialistas en sus primeras evaluaciones del acuerdo.

El acuerdo tiene un problema grande, y es que permite a Meta definir el daño

Arturo Béjar — ex director de ingeniería de Meta y primer testigo del juicio

Arturo Béjar, que llegó a ser director de ingeniería de Meta y fue el primer testigo del juicio, considera que el pacto es “un hito significativo”, pero avisa de que los padres no deben dar por hecho que Instagram es ahora seguro para sus hijos. “El acuerdo tiene un problema grande, y es que permite a Meta definir el daño”, ha dicho en un comunicado recogido por la agencia AP. Béjar cree que el límite de dos horas no resuelve el problema si el contenido que reciben los adolescentes en ese tiempo sigue diseñado para generar dependencia, y opina que el acuerdo debería haber atacado directamente el efecto de los sistemas de recomendación.

Josh Golin, director ejecutivo de la organización de seguridad infantil Fairplay, apunta en la misma dirección, lamentando que el acuerdo no desactive por defecto “los algoritmos de recomendación que conectan a los menores con depredadores y los envían por peligrosas madrigueras de contenido”.

Yaël Eisenstat, directora de política e impacto del Cybersafety Research Center y también extrabajadora de Meta, cree que “es un poco prematuro” saber si todos los cambios prometidos llegarán a materializarse. Recuerda que Meta “decidió ir en contra del consejo de sus propios empleados y siguió ignorando que estas características de diseño eran inseguras para aumentar sus beneficios. Con todo, advierte de que ”no hay una solución mágica para arreglar todo esto“ y que será necesario seguir trabajando más allá de Meta para solucionar los problemas que los algoritmos producen en los menores.

¿Y Europa?

El acuerdo es un pacto entre Meta y fiscales generales de Estados Unidos, por lo que no tiene aplicación automática en la Unión Europea o en el resto del mundo. La empresa no está obligada a extender estas medidas a los usuarios europeos.

No obstante, la UE tiene sus propias herramientas de presión y el precedente de este acuerdo podrá ser utilizado en los procesos que tiene abiertos contra Meta. La Comisión Europea lleva desde 2024 investigando las redes de Zuckerberg y este julio concluyó que el diseño de Instagram y Facebook incumple las leyes europeas que exigen a las plataformas evaluar y corregir los daños que provocan en los usuarios.

La investigación señala directamente algunas de las características que están en el centro de las acusaciones estadounidenses, como el scroll infinito, la reproducción automática, las notificaciones y los sistemas de recomendación personalizados. Si Bruselas confirma finalmente el incumplimiento, podría imponer una multa de hasta el 6% de su facturación mundial anual de Meta (lo que la elevaría a unos 11.000 millones de euros) y exigir cambios que podrían ir más allá que los pactados ahora en EEUU.

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha querido sacar músculo respecto a la tramitación del futuro centro de datos de Meta en la ciudad al asegurar que desde el Ayuntamiento serán “más rápidos que la Junta”, en referencia al proceso abierto ahora para que el Consistorio conceda las licencias urbanísticas pertinentes, tras finalizar el proceso de reparcelación.

“Meta va a ser una parte importante de ese resurgir de nuestra ciudad”, ha dicho al respecto. “Desde el Ayuntamiento, con los arquitectos y el equipo técnico que tenemos trabajaremos lo más rápido posible para que cuando se nos presente el proyecto básico, que todavía no tenemos, se den las licencias lo más rápidamente posible”.

En este sentido, ha explicado que el Ayuntamiento está trabajando “en cubrir todas las bajas que hay” en la institución municipal especialmente “en el área de urbanismo y en el área de servicio técnico, oficina técnica”.

“Cada vez tenemos más proyectos constructivos, y cada vez hay más empresas que se quieren instalar en Torrehierro, no solamente Meta, a lo que se sumará el tren de alta velocidad, que cualquier día esperemos que tengamos una buena noticia”, ha declarado Gregorio.

Estas declaraciones del alcalde se producen después de que delegado de la Junta de Castilla-La Mancha en Talavera de la Reina y comarca, David Gómez, avanzara que la empresa de Marck Zuckerberg, matriz de Instagram, Facebook y WhatsApp, ya cuenta con la autorización definitiva de la reparcelación urbanística por parte del Ejecutivo regional, dando por concluido “con éxito un exhaustivo proceso de tramitación”.

Meta ha acordado el pago de un máximo de 18.000 millones de dólares para resolver una macrodemanda judicial presentada por los fiscales generales de 29 estados de EEUU, según ha informado la agencia Reuters. El pacto extrajudicial, alcanzado en mitad del juicio por el que sus máximos dirigentes están testificando en California, cierra el proceso que acusaba a la matriz de Facebook e Instagram de diseñar deliberadamente sus aplicaciones para generar adicción en menores, engañar a las familias sobre sus riesgos y recopilar datos infantiles de manera irregular.

Junto al desembolso económico, la compañía dirigida por Mark Zuckerberg se ha comprometido a incorporar nuevas restricciones de uso para adolescentes en todo el país, entre las que figuran límites de tiempo diario y bloqueos de las aplicaciones durante las horas nocturnas. Meta ha negado cualquier conducta ilícita al suscribir el acuerdo.

“El marco que hemos negociado permitirá a los padres gestionar fácilmente cómo sus hijos acceden a nuestras plataformas”, ha declarado tras el acuerdo CJ Mahoney, director jurídico de Meta, en declaraciones recogidas por el Financial Times. Según recoge el citado medio, unos 5.300 millones de dólares del acuerdo solo se pagarían si YouTube y TikTok aceptan pagar la misma cantidad en sus respectivos litigios, además de implementar algunos de los mismos límites de uso y medidas de verificación de edad.

“Dado que los adolescentes utilizan con fluidez decenas de aplicaciones, necesitamos una solución que abarque a todo el sector”, manifiesta Mahoney. Meta adelanta que los pagos de la indemnización se distribuirán anualmente durante 10 años y que incurrirán en gastos legales por valor de 10.000 millones de dólares relacionados con el acuerdo.

Tras conocerse los términos, las acciones del grupo registran una subida del 1% en Wall Street. La cuantía total de la indemnización acordada por la multinacional equivale a menos de un 10% de lo que se ha comprometido a gastar en inteligencia artificial y centros de datos solo en 2026, una partida que podría alcanzar los 135.000 millones de dólares según sus últimas cuentas. Su beneficio neto en el ejercicio de 2025 fue de 60.000 millones de dólares.

El procedimiento ha estado liderado por los fiscales generales de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, que acusaron a Meta de violar múltiples normativas estatales de protección al consumidor y las leyes federales de privacidad infantil. Los fiscales han sostenido que recabó de forma sistemática información de usuarios que sabía que eran menores de edad, sin avisar ni obtener el consentimiento de sus tutores legales, y que empleó esos datos personales para el entrenamiento de sistemas de aprendizaje automático y modelos de inteligencia artificial.

La acusación pedía 1,4 billones

Antes de suspenderse el juicio, las autoridades estatales demandantes exigían medidas cautelares que impedían la apertura de perfiles a menores y barajaban sanciones económicas que se situaban en el entorno de los 200.000 millones de dólares, tras haber llegado a estimar un tope teórico de 1,4 billones en penalizaciones, unas 80 veces más que la indemnización finalmente pactada.

Frente a estos cargos, Meta ha defendido que contaba con herramientas de seguridad suficientes, alegando que no había incurrido en engaño sobre el potencial lesivo de sus redes al no ser la “adicción a las redes sociales” una patología psiquiátrica oficialmente reconocida.

El pacto desactiva uno de los mayores litigios civiles a los que se enfrentaba la compañía, aunque la presión judicial sobre la industria tecnológica continúa abierta. Meta, Google (YouTube), Snap (Snapchat) y ByteDance (TikTok) acumulan miles de denuncias presentadas por familias, administraciones locales y distritos escolares que las responsabilizan de propiciar una crisis de salud mental en la juventud. Las cuatro plataformas alcanzaron recientemente un pacto conjunto de 27 millones de dólares con un distrito escolar de Kentucky para evitar otro proceso en la vía federal.

El acuerdo de este miércoles llega precedido por varios fallos adversos contra la multinacional. En marzo, un jurado de Los Ángeles declaró responsables a Meta y Google por el cuadro de depresión y ansiedad desarrollado por una usuaria, fijando indemnizaciones de seis millones de dólares. Ese mismo mes, Meta fue condenada en Nuevo México a pagar 375 millones por falsear la seguridad de sus productos, a los que la justicia sumó a principios de agosto otros 567 millones de dólares por constituir una alteración del orden público.

Meta ya puede presentar su proyecto y pedir las licencias de obra necesarias para construir su futuro Centro de Datos en Talavera de la Reina.

El delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Talavera de la Reina y su Comarca, David Gómez, ha indicado que la empresa de Marck Zuckerberg, matriz de Instagram, Facebook y WhatsApp, ya cuenta con la autorización definitiva de la reparcelación urbanística por parte del Ejecutivo regional, dando por concluido “con éxito un exhaustivo proceso de tramitación.

Por tanto, Meta ya puede presentar sus proyectos constructivos y solicite las licencias de obra pertinentes al Ayuntamiento de Talavera.

Este avance ha sido calificado por el delegado como “una noticia extraordinaria que confirma la solidez de la apuesta de Meta por nuestra tierra”. Gómez también ha asegurado que Talavera se convertirá “en un nodo estratégico de la economía digital en el sur de Europa”.

250 empleos directos

El proyecto, que abarca un ámbito global de 191 hectáreas, con una inversión estimada se sitúa en torno a los 750 millones de euros, “pudiendo superar los 1.000 millones según el desarrollo definitivo de las instalaciones”, ha recalcado Gómez.

En términos de empleo, el delegado ha recordado que el campus tecnológico generará 250 puestos de trabajo directos estables y de alta cualificación profesional en su fase operativa, apoyando un total de 780 empleos anuales en la región al sumar la cadena de suministro y el consumo inducido.

Asimismo, durante los años previstos para el desarrollo por fases de las obras, se requerirá una media de cientos de trabajadores de la construcción en el emplazamiento.

Además, el Plan de Singular Interés (PSI) también prevé recuperar los corredores ecológicos de los arroyos Zarzueleja y Cervines para crear un gran parque fluvial público de entre 50 y 60 hectáreas para el disfrute recreativo de los vecinos de Gamonal y de toda la comarca, además, de la urbanización de los accesos a Gamonal y la reserva de suelo necesaria para la futura ampliación de su cementerio municipal.

Asegura que no habrá molestias acústicas ni visuales

Gómez Arroyo ha destacado que el Data Center Campus operará “sin causar molestias acústicas o visuales a los vecinos”, al ubicarse a 400 metros del núcleo urbano y contar con paneles de aislamiento de alta densidad.

También habla de “cero contaminación lumínica” y de un consumo directo de agua de 0,2 Hm3/año gracias al uso de refrigeración por aire seco, una cifra inferior a la de otras industrias que ya operan en el propio Torrehierro y en la comarca. Asimismo, ha aclarado que las estimaciones de 0,5 Hm3/año corresponden únicamente a una reserva máxima de seguridad municipal para futuros equipamientos públicos de Talavera, y no al gasto real del centro.

El delegado ha pedido que, dado que ahora la tramitación pasa al Ayuntamiento de Talavera, que es quien concede las licencias de obra y supervisa los proyectos constructivos, “se trabaje con la máxima agilidad en un proyecto donde no sólo están en juego millones de euros de inversión y miles de puestos de trabajo, sino también la imagen de Talavera como polo tecnológico y centro de atracción de inversiones”.

Mark Zuckerberg podría revivir en sus propias carnes el momentum que en los años 90 tumbó a las grandes tabacaleras. El juicio contra Meta que empezó esta semana en Oakland, California, recupera la arquitectura legal del caso que logró limitar a la gran industria del tabaco en EEUU. La demanda de 233 páginas liderada por California, Nueva Jersey, Colorado y Kentucky pone el foco en el hecho de que la empresa diseñó sus redes sociales (Instagram y Facebook) a sabiendas de sus efectos nocivos en los menores.

Este planteamiento también obliga a mirar a Meta desde un encuadre muy concreto, y que hace tres décadas fue clave para tener éxito contra las grandes tabacaleras. Antes de que se abriera el gran caso estatal, la industria había ganado más de 800 demandas privadas en las que se les exigía responsabilidades por los daños causados. Pero las compañías lograron escudarse poniendo el acento en la libertad individual y culpando al fumador de sus decisiones, a pesar de que ya había investigaciones que vinculaban el tabaco con el cáncer y otro tipo de afecciones.

Para evitar que volviese a caer en saco roto, los estados decidieron dejar fuera de la discusión la responsabilidad por los daños y apuntaron a las prácticas sistemáticas de la industria para fomentar el tabaco, especialmente entre los menores. Uno de los ejemplos más sonados es el dibujo animado Joe Camel, que la marca Camel presentó en 1988 y que era tan reconocible por los niños como Mickey Mouse.

Los fiscales aportaron documentos internos que demostraban que las compañías aplicaban sin ningún escrúpulo este tipo de estrategias con el objetivo de crear clientes de por vida y maximizar beneficios, a pesar de conocer los efectos perjudiciales de su producto. Entre las pruebas, había documentación interna que revelaba cómo se habían minimizado intencionadamente, o incluso ocultado, los efectos nocivos que provocaban los cigarrillos solo para ganar más dinero. La revelación de que la industria había priorizado sus beneficios a costa de enganchar a los niños fue una de las informaciones que más movilizó la opinión pública y, por tanto, al jurado.

Un acuerdo histórico que ahora se quiere replicar

Gracias a esta estrategia legal, se logró un acuerdo histórico con las grandes tabacaleras que incluía sanciones económicas y cambios en la manera en que se comercializaban los productos, especialmente en lo relativo a los niños.

Esta historia, la de ignorar deliberadamente el daño que causaba el producto en los usuarios para así maximizar beneficios, seguramente le resulte familiar a Meta. En 2022, se desató la polémica en Estados Unidos cuando se conoció que Facebook sabía que su algoritmo incitaba a las chicas a tener trastornos alimentarios y les recomendaba cuentas que fomentaban la anorexia. Otros memorandos que salieron a la luz también recogían la preocupación de algunos trabajadores de la compañía por una investigación interna que revelaba que una de cada tres adolescentes que usaba Instagram se sentía peor con su cuerpo. Además, las chicas jóvenes registradas en esta red social tenían niveles más elevados de ansiedad y depresión.

Todos estos casos son precedentes que han ayudado a construir el caso contra Meta bajo el mismo esquema de la acusación contra las tabacaleras de los 90. La Fiscalía pone el acento en que la compañía ya conocía los daños que provocaban sus plataformas en los menores, pero decidió hacer caso omiso.

La otra parte de la demanda pivota sobre las acusaciones contra Meta de haber recopilado datos de menores de 13 años de forma habitual sin el consentimiento de sus padres, lo que supondría una violación de las leyes federales y estatales. Los documentos judiciales recogen que la compañía “se niega a abandonar el uso de funciones perjudiciales conocidas” y que sus motivos se basan en el lucro para “maximizar sus ganancias financieras”.

El martes, en la sesión inicial del juicio, la fiscal adjunta de California, Megan O'Neill, hacía referencia a una serie de documentos internos de Meta que decían que “los jóvenes son lo mejor”, ya que “los adolescentes están enganchados a pesar de cómo les hace sentir [la plataforma]. Instagram es adictivo”. O'Neill ya ha avanzado que esta será una de las principales líneas argumentales del juicio, con testimonios y documentos internos descubiertos por los fiscales federales mientras investigaban a la empresa de Zuckerberg.

Ahí está precisamente una de las claves de la estrategia de los fiscales: no necesitan demostrar primero en qué grado es responsable Meta de los efectos negativos de Instagram y Facebook. Necesitan demostrar otra cosa más sencilla: que la compañía conocía esos efectos perjudiciales, pero aun así decidió seguir adelante por el beneficio que le reportaban. Una información que, además, se ocultó deliberadamente al público.