El expresidente del F.C. Barcelona Joan Gaspart se ha desmarcado de los pagos al expresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira, que comenzaron en su etapa, y ha defendido que el club nunca ha cometido “ilegalidad” alguna, aunque si así fuera la dirección del club lo sabría.

Gaspart ha declarado este viernes como testigo ante la titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que investiga los 7,3 millones de euros que el Barça pagó a Enríquez Negreira entre los años 2001, cuando era presidente, a 2018 y que la Fiscalía cree tenían como objetivo obtener decisiones arbitrales favorables al club.

Según Gaspart, era normal que los clubs pagaran por informes sobre los árbitros, algo completamente legal, ha añadido. Además, ha negado que el club comprara ningún árbitro ni cometiera ninguna ilegalidad, y ha añadido que, de ser así, él como presidente lo habría sabido. También ha mantenido que Negreira no tenía mucho poder en el CTA, sino que quien mandaba era el presidente, Victoriano Sánchez Arminio.

Según fuentes jurídicas, Gaspart ha explicado a la jueza que no conocía mucho a Negreira, sino que él se relacionaba sobre todo con Sánchez Arminio, y no conocía de nada a su hijo ni a las compañías de los Negreira que cobraron por los informes.

El exmandatario ha puesto la mano en el fuego por los presidentes que le sucedieron, Joan Laporta, Sandro Rossell y Josep Maria Bartomeu, así como por los directivos y cargos ejecutivos.

Gaspart ha asegurado que todos los equipos españoles y europeos de élite tienen “observadores, intermediarios, personas que realizan informes”, aunque ha admitido que él no sabía que el Barça había contratado los servicios de Negreira porque no supervisaba las facturas ni leía los informes arbitrales.

Por último, Gaspart ha asegurado que las acusaciones del Real Madrid contra el club barcelonista “no solo duelen al Barça, sin querer duelen al fútbol, y el fútbol no está dañado”.

Tras Gaspart ha declarado brevemente, también como testigo, un empleado del club que desde 2021 se encarga de los informes arbitrales sobre el primer equipo. Ha explicado que hace unos 60 informes cada año y cobra unos 49.000 euros brutos anuales. En el caso de la época de Negreira, el club, que tenía una mejor situación económica, pagaba cientos de miles de euros anuales por realizar unos 200 informes, ya que incluían un análisis previo y posterior del partido, partidos oficiales y amistosos y también informes sobre los arbitrajes del equipo filial.

La próxima citación en el caso Negreira será el 10 de abril, con la declaración de la vicepresidenta institucional del FC Barcelona, Elena Fort, como representante del club, y el delegado del primer equipo, Carles Naval.

El presidente del F.C. Barcelona, Joan Laporta, ha negado que los pagos del club al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira y a su hijo Javier Enríquez fueran a cambio de favores arbitrales, y ha afirmado ante la jueza que la entidad azulgrana “es un ejemplo en el mundo”.

Así lo han indicado fuentes jurídicas que han asistido a la declaración, como testigo (y por lo tanto con obligación de decir la verdad) del actual mandatario culer en la causa que investiga los pagos del Barça a Negreira por un total de 7,3 millones de euros a lo largo de dos décadas (2001-2018) en 7,3 millones de euros.

El caso para Laporta en su primera etapa al frente del club (2003-2010) ya está prescrito (así lo recordó la Audiencia de Barcelona, en un revés a la insistencia del antiguo juez instructor, Joaquín Aguirre, en imputarle). Pero ello no le impide tener que declarar como testigo, obligado a responder a las preguntas de todas las partes con la verdad.

Al igual que su sucesor y otrora rival acérrimo, Sandro Rosell, Laporta ha combinado los alegatos defensivos con las arengas barcelonistas: para descartar la posibilidad de que el Barça tuviese que pagar para obtener favores arbitrales, el mandatario ha defendido ante la jueza Alejandra Gil que el equipo era el mejor en el campo y era “un ejemplo en el mundo”.

Sobre el origen de los pagos, Laporta ha relatado que venían de la directiva de Joan Gaspart (quien declarará como testigo el año que viene). La Comisión Deportiva del club, ha indicado el actual presidente, le indicó que eran pagos que merecía la pena mantener porque proporcionaban informes técnicos útiles para el equipo. Como el importe abonado era pequeño no pasaban por la Junta Directiva, ha agregado.

El presidente blaugrana ha asegurado que el club ha aportado al juzgado más de 600 de estos informes y que no hay más porque este tipo de documentos se destruyen cada 5 o 6 años. También ha negado conocer a Negreira o a su hijo.

De los más de siete millones investigados, dos corresponden a la presidencia de Rosell (2011-2014). Entre 2014 y 2015 los pagos fueron de 1,2 millones que el Barça abonó mediante transferencias, mismo método por el que el club pagó a Negreira 1,6 millones entre 2016 y 2018, cuando el exárbitro cesó como vicepresidente del CTA y terminaron los pagos, ya con Bartomeu al frente del club.

Además de Laporta, este viernes también han declarado como testigos y por videoconferencia los exentrenadores del club blaugrana Luis Enrique Martínez (2014 y 2017) y Ernesto Valverde (2017 y 2020), y ambos han coincidido en que no apreciaron que los árbitros los hubiesen favorecido.

Sobre si tenían conocimiento de la existencia de estos informes, Valverde ha dicho no haberlos visto ni saber si existían, pero que le daban igual porque no los usaba, como en la actualidad como técnico del Athletic Club de Bilbao, mientras que Luis Enrique ha dicho no recordar si existían o no.

A principios del próximo año declararán como testigos la actual portavoz del Barça, Elena Fort; el antecesor de Laporta en la presidencia del FC Barcelona, Joan Gaspart, y la persona que sucedió al hijo de Negreira y que se dedica a recibir a los árbitros, aunque no a la elaboración de informes.

La Ciudad de la Justicia ha albergado una previa particular del Newcastle-F.C. Barcelona de Champions de este jueves. Los expresidentes culers Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu han declarado como imputados por los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira y a su hijo.

Según han informado fuentes jurídicas, ambos exmandatarios han desmentido que los pagos del Barça a Negreira respondieran a una voluntad de alterar la competición y han mantenido que se trataba de “labores de asesoramiento”.

Sandro Rosell ha ido más allá y ha recordado que su etapa al frente del club coincidió con una de sus etapas doradas, por lo que, ha insistido, las victorias y éxitos deportivos se lograron gracias a Messi, Piqué y a la gran plantilla que tenía el Barça, no por pagos al excolegiado. El expresidente ha llegado al juzgado cojeando debido a una reciente operación.

En conjunto, la Fiscalía cifra los pagos del Barça a Negreira a lo largo de dos décadas (2001-2018) en 7,3 millones de euros. De esos más de siete millones, dos corresponden a la presidencia de Rosell (2011-2014). Entre 2014 y 2015 los pagos fueron de 1,2 millones que el Barça abonó mediante transferencias, mismo método por el que el club pagó a Negreira 1,6 millones entre 2016 y 2018, cuando el exárbitro cesó como vicepresidente del CTA y terminaron los pagos, ya con Bartomeu al frente del club.

Como el nuevo Camp Nou, la instrucción del caso Negreira no termina de ver su final. A los trompicones de investigación del juez Joaquín Aguirre, que recibió severos varapalos de la Audiencia de Barcelona por sus errores en la investigación, se le ha sumado un freno a la causa que se ha alargado hasta este septiembre con la declaración de los imputados.

Tras dos años de instrucción, la causa ha vuelto a los delitos que Anticorrupción denunció inicialmente –administración desleal, falsedad documental y corrupción deportiva– y que venía manejando desde hacía tiempo la Fiscalía de Barcelona, que antes ya había llevado a cabo una investigación extensa del caso Negreira.

Según fuentes jurídicas, Rosell y Bartomeu han alegado que los pagos a Negreira eran una herencia de anteriores directivas (la relación proviene de, al menos, la directiva de Joan Gaspart a inicios de siglo XXI) y que respondían a una “contraprestación” por servicios de asesoramiento arbitral.

Bartomeu fue el presidente que puso fin a los pagos al hijo y al padre porque, según ha relatado, tuvo que recortar gastos de varias áreas del club. “Con el mejor equipo del mundo, no hacían falta ayudas arbitrales”, ha apostillado el exmandatario ante la prensa a la salida de los juzgados.

Además de Rosell y Bartomeu, este jueves también han comparecido como investigados el exdirector de deportes del Barça Albert Soler; el exdirector ejecutivo del club Òscar Grau; la pareja de José María Enríquez Negreira Ana Paula Rufas; y su hijo, José María Enríquez Romero. El hijo del excolegiado ha sido el único que ha respondido a las preguntas de los fiscales Luís García Cantón y Ricardo Sanz Gadea.

El próximo diciembre declararán, como testigos (y por lo tanto con obligación de decir la verdad), el actual presidente del F.C. Barcelona, Joan Laporta, y los exentrenadores Luís Enrique Martínez y Ernesto Valverde. Las testificales de los entrenadores servirán para corroborar si los informes de Enríquez padre e hijo estaban a su disposición y servían de algo, tal y como han alegado este jueves los expresidentes.

La ronda de comparecencias también ha servido para constatar un desencuentro entre Negreira y su hijo. Según fuentes jurídicas, Enríquez Romero ha explicado que se enteró “más tarde” de que su padre también había cobrado del Barça, en su caso por “asesoramiento verbal” sobre arbitrajes (no como sus informes, que eran por escrito).

Incluso ha narrado ante la jueza una discusión con su padre, a quien, según las mismas fuentes, Enríquez Romero habría reprochado falta de ética, al haber mantenido siempre el colegiado que un árbitro no podía trabajar como asesor de un club, algo que, al contrario de lo que predicaba, Negreira hizo durante décadas. Y a buen precio.

La nueva jueza del caso Negreira se ha puesto manos a la obra. Tras asumir un caso paralizado después de la jubilación del juez Joaquín Aguirre, la magistrada Alejandra Gil, al frente del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, ha citado para el próximo mes de junio a los investigados del caso de corrupción arbitral, entre ellos a los expresidentes del F.C. Barcelona Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada acuerda citar como imputados para el próximo 17 de junio a Bartomeu y a otra investigada, la mujer del excolegiado y exvicepresidente del Comité Técnico Arbitral (CTA) José María Enríquez Negreira. El 30 de junio será el turno de Rosell, el hijo de Negreira y otros dos exdirectivos del Barcelona, Óscar Grau y Albert Soler.

La instrucción del caso Negreira quedó estancada en los últimos meses del juez Aguirre al frente del juzgado antes de su jubilación. Pese a la abundante documentación de la Fiscalía Anticorrupción sobre los más de 7,5 millones que el Barça pagó a Negreira entre, por lo menos, los años 2001 y 2018, el intento del juez de imputar al actual mandatario culé, Joan Laporta, y ampliar los delitos del caso tuvo que ser corregido por la Audiencia de Barcelona, lo que ralentizó la instrucción.

Hasta ahora el único investigado que había comparecido ante el juez había sido el propio Negreira, quien se había acogido a su derecho a no declarar debido a los problemas de salud que padece.

Las explicaciones del club sobre los pagos (que el Barça intentó desgravarse ante Hacienda, lo que ha permitido a la Fiscalía obtener numerosos indicios) se han limitado a que los millones correspondían a supuestas labores de asesoramiento arbitral, desligándolos de la corrupción.

La Audiencia de Barcelona tumbó tres decisiones clave de la instrucción de Aguirre: archivó la pieza de blanqueo de capitales; revocó la imputación de Laporta y tumbó la ampliación de la causa al delito de cohecho y no solo corrupción deportiva.

El cierre de la pieza de blanqueo abarcaba no solo el manejo y destino que los Negreira hicieron de los pagos del Barça, sino también la intermediación de uno de los exdirectivos del club, el ya fallecido Josep Contreras, en las transferencias que recibían las empresas del excolegiado y su hijo. 

Entre junio de 2016 y octubre de 2018 la empresa Soccercam, participada al 100% por el hijo de Negreira, cobró del FC Barcelona 297.085 euros que fueron abonados a través de la intermediara Tresep, participada íntegramente por Contreras. El juez sostenía que Tresep facturaba al Barça un 30% más de lo que luego le abonaba a Soccercam.

En suma, la jueza Gil ha asumido una causa al borde de la finalización del plazo legal de instrucción. La magistrada, en un auto del pasado 26 de febrero, acordó prorrogar otros seis meses las pesquisas, cuyo nuevo plazo para finalizar la instrucción terminará el 1 de septiembre, tras constatar que el juez Aguirre había acordado imputar a Rosell y Bartomeu pero no había fijado un día para sus comparecencias.

Según indica la jueza, la instrucción del caso “podría dilatarse” en función del resultado de las declaraciones de los investigados, cuya práctica podría tener que llevar a otras diligencias como “rastreo de dinero” o llamar a testigos.

El juez de Barcelona Joaquín Aguirre ha imputado por blanqueo de capitales a la mujer pareja del exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira, tras descubrir tres millones de euros en sus cuentas bancarias.

El juez ha imputado a la mujer del excolegiado después de que la Guardia Civil descubriera cerca de tres millones de euros en sus cuentas bancarias que habría ingresado entre los años 1992 y 2023 sin que de entrada “estén aparentemente justificados”. Los agentes todavía tienen que presentar su informe definitivo sobre el caso.

En su análisis preliminar, la Guardia Civil expuso que los ingresos de la pareja del excolegiado “están en proceso de estudio y análisis” a fin de determinar su origen, si bien “a priori, aparentemente son injustificados por las rentas y rendimientos del trabajo y del capital inmobiliario”, según los investigadores. A modo de ejemplo, el Instituto Armado cita unos ingresos mediante cheques en una de las cuentas de la que la pareja de Negreira era la titular.

La Guardia Civil también debe verificar “el origen de los cheques y depósitos en efectivo, y la revisión de la documentación adicional que pueda justificar las transacciones, entre otras cuestiones”.

El informe cifra en 2.977.557,51 euros la cantidad que figura en las cuentas de la pareja de Negreira, en la etapa en la que éste era el número 2 de los árbitros. La Guardia Civil hace constar que “existen cantidades relevantes de dinero de las que no se ha podido acreditar su origen”, sin que por ahora se hayan podido relacionar con los pagos que durante más de dos décadas el Barça realizó al colegiado por valor de 7,5 millones de euros.

La Guardia Civil duda que los 7,5 millones que el Barça abonó a Negreira correspondieran a informes arbitrales, como mantiene el club, porque no los utilizó ningún departamento de la entidad, incluido el cuerpo técnico, aunque sigue sin averiguar la finalidad de los pagos.

El juez ha prorrogado la instrucción del caso para que la Guardia Civil presente su informe definitivo. Tras un año de investigación, el juez Aguirre ha recibido varios reveses de la Audiencia de Barcelona, que tumbó la imputación del actual presidente del Barça, Joan Laporta, y la del club por cohecho.

La causa ha vuelto a los delitos que Anticorrupción denunció inicialmente –administración desleal, falsedad documental y corrupción deportiva– y que venía manejando desde hacía tiempo la Fiscalía de Barcelona, que antes del juez ya había llevado a cabo una investigación extensa del caso Negreira. Sí permanecen investigados los expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu.

En el auto por el que otorga la condición de investigada a la mujer de Negreira, el juez Aguirre argumenta que hasta que los investigadores “no presenten el informe de conclusiones” no se podrá tomar declaración a los investigados, incluida la esposa del excolegiado.

El caso Negreira encara la recta final de su fase de instrucción. El juez Joaquín Aguirre ha decidido citar (todavía sin una fecha concreta) a los investigados del caso, entre ellos los expresidentes del F.C. Barcelona Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu.

El magistrado da este paso después de que la Audiencia de Barcelona le corrigiera el rumbo que había puesto a la investigación y revocara tres decisiones clave del instructor: ampliar la causa a los delitos de blanqueo de capitales y cohecho e imputar al actual mandatario culé, Joan Laporta.

A falta de recibir los informes definitivos de la Guardia Civil de los registros ordenados hace unos meses en la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la citación de los investigados del caso es el paso previo para que el juez decida si existen suficientes indicios para llevar el caso a juicio o, por contra, procede a su archivo.

El exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira, ya compareció como investigado y se acogió a su derecho a no declarar dado el deterioro físico y mental que padece debido a la edad.

Además de Rosell y Bartomeu, el juez ha acordado, mediante una providencia, que declaren como investigados el hijo del excolegiado, Javier Enríquez, así como los exdirectivos del club en las presidencias de ambos mandatarios Óscar Grau y Albert Soler.

Pese a que el caso Negreira se ha desinflado después de la exculpación de Laporta y el descarte del delito de cohecho, la causa sigue viva por delitos de administración desleal y corrupción deportiva, los delitos iniciales que denunció la Fiscalía Anticorrupción tras una investigación propia.

El caso investiga los pagos que el club hizo a Negreira entre los años 2001 y 2018, que sumaron 7,5 millones de euros, por supuestos informes de asesoramiento que, en la mayoría de ejercicios, no han aparecido. La investigación por ahora ha constatado la existencia de los pagos, que el club niega que sean delictivos, si bien el destino final de los fondos sigue sin esclarecerse.

El cierre de la pieza de blanqueo abarcó no solo el manejo y destino que los Negreira hicieron de los pagos del Barça, sino también la intermediación de uno de los exdirectivos del club, el ya fallecido Josep Contreras, en las transferencias que recibían las empresas del excolegiado y su hijo. 

Entre junio de 2016 y octubre de 2018 la empresa Soccercam, participada al 100 % por el hijo de Negreira, cobró del FC Barcelona 297.085 euros que fueron abonados a través de la intermediara Tresep, participada íntegramente por Contreras. El juez sostenía que Tresep facturaba al Barça un 30% más de lo que luego le abonaba a Soccercam.

Nueva corrección al juez Joaquín Aguirre en el caso Negreira. La Audiencia de Barcelona ha revocado la imputación del presidente del F.C. Barcelona, Joan Laporta, que acordó el instructor. Se trata del tercer revés de la instancia superior al juez tras el descarte de los delitos de cohecho y de blanqueo.

En un auto, los magistrados estiman el recurso de la Fiscalía Anticorrupción, que se había opuesto a la imputación de Laporta. La Audiencia concluye que el juez Aguirre contó al revés los plazos de prescripción cuando decidió imputar a Laporta y que en realidad el caso Negreira ya está prescrito para el actual presidente del Barça.

La sala tumba el argumento de la “autoría adhesiva” que sirvió al juez para imputar a Laporta. Según el juez, se podían imputar a cada junta directiva los pagos a Negreira que el Barça realizó a lo largo de casi dos décadas entre 2001 y 2018. Pero para los magistrados esta teoría adolece de “falta de concreción” y de “elementos fácticos” que la apuntalen, por lo que los pagos deben tan solo imputarse al Barça como persona jurídica.

Para la Audiencia, cada presidente del Barça “debe, en su caso, responder por los pagos indebidamente realizados durante el período en que ejercieron sus cargos, siendo la finalización de este” lo que debe marcar el inicio para contar el plazo de la prescripción.

El primer mandato de Joan Laporta fue entre el 15 de junio de 2003 y el 30 de junio de 2010, por lo que el plazo de prescripción de cinco años debe contarse a partir de esta fecha, añade la sala, que acuerda la extinción de toda responsabilidad penal relacionada con los pagos a Negreira durante su primer mandato.

Por el contrario, la sala descarta que la causa haya prescrito para el expresidente del Barça Sandro Rosell, porque en su caso el plazo sería de diez años.

En un comunicado, el F.C. Barcelona ha celebrado la resolución de la Audiencia de Barcelona, “basada en un criterio riguroso y bien fundamentado”, lo que permite al club mantener su convicción de que a través de la justicia “se podrá acreditar la absoluta inocencia del club”.

Tras más de un año de instrucción, la causa vuelve a los delitos que Anticorrupción denunció inicialmente –administración desleal, falsedad documental y corrupción deportiva– y que venía manejando desde hacía tiempo la Fiscalía de Barcelona, que antes del juez ya había llevado a cabo una investigación extensa del caso Negreira.

Exculpar a Laporta y descartar el delito de cohecho –que habría implicado un juicio por jurado popular en vez de un tribunal de tres magistrados– aligera la causa para los exdirigentes del F.C. Barcelona que sí siguen investigados, entre ellos sus expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, pero no implica el cierre total del caso.

Anticorrupción tiene abundante documentación para sostener una acusación por los tres delitos que denunció inicialmente por los más de 7,5 millones que el Barça pagó a Negreira entre, por lo manos, los años 2001 y 2018, y a los que el club todavía no ha dado una explicación

Nueva corrección de la Audiencia de Barcelona al juez del caso Negreira, Joaquín Aguirre. Los magistrados han desestimado la principal tesis del instructor, que acordó ampliar la causa al delito de cohecho (soborno), lo que le permitió imputar al actual presidente del F.C. Barcelona, Joan Laporta. Con esta resolución, el actual mandatario azulgrana tiene más números de ver prosperar su recurso y desaparecer de la lista de investigados del caso.

En un auto, los magistrados rechazan considerar al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira un funcionario público, como hizo el juez. El excolegiado no fue nombrado por ninguna autoridad pública (la Real Federación Española de Fútbol es una entidad privada, recuerdan los togados) ni realizaba funciones propias de un empleado público, concluyen los jueces.

Las funciones de Negreira en el CTA, argumentan los jueces, “no pueden ser catalogadas de interés general, por mucho interés que puedan tener para los asiduos al fútbol en particular y a los aficionados y seguidores del deporte”. Sin la consideración de funcionario público, no puede haber delito de cohecho.

La resolución de este viernes de la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona (y la previsible desimputación de Laporta las próximas semanas) sigue la línea de desinflar el caso iniciada hace unos días con el descarte del delito de blanqueo. En suma, tras más de un año de instrucción, la causa vuelve a los delitos que Anticorrupción denunció inicialmente –administración desleal, falsedad documental y corrupción deportiva– y que venía manejando desde hacía tiempo la Fiscalía de Barcelona, que antes del juez ya había llevado a cabo una investigación extensa del caso Negreira.

Descartar el delito de cohecho –que habría implicado un juicio por jurado popular en vez de un tribunal de tres magistrados– aligera la causa para los exdirigentes del F.C. Barcelona investigados, entre ellos sus expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, pero no implica el cierre total del caso.

Anticorrupción tiene abundante documentación para sostener una acusación por los tres delitos que denunció inicialmente por los más de 7,5 millones que el Barça pagó a Negreira entre, por lo manos, los años 2001 y 2018, y a los que el club todavía no ha dado una explicación.

El cierre de la pieza de blanqueo abarcó no solo el manejo y destino que los Negreira hicieron de los pagos del Barça, sino también la intermediación de uno de los exdirectivos del club, el ya fallecido Josep Contreras, en las transferencias que recibían las empresas del excolegiado y su hijo. Entre junio de 2016 y octubre de 2018 la empresa Soccercam, participada al 100 % por el hijo de Negreira, cobró del FC Barcelona 297.085 euros que fueron abonados a través de la intermediara Tresep, participada íntegramente por Contreras. El juez sostenía que Tresep facturaba al Barça un 30% más de lo que luego le abonaba a Soccercam.

El juez justificó la apertura de esta pieza separada al considerar que los hechos referentes a los pagos del Barça a los Negreira estaban “perfectamente contrastados” y requerían una investigación “no demasiado larga”, centrada en averiguar qué se pretendía con ellos, mientras que la causa por blanqueo podría ser más larga y “bloquear sin motivo alguno” la tramitación de la investigación principal.

Por contra, los jueces de la Audiencia de Barcelona concluyeron que no se desprende de la causa indicios que justifiquen la investigación por este delito, por lo que debe cerrarse la pieza separada. Dijeron los togados que “se desconoce” el destino que los Negreira dieron a los millones que recibieron del Barça, “lo que es tanto como reconocer la falta de base indiciaria” para la comisión del delito de blanqueo.

Novedad relevante en el caso Negreira. La Audiencia de Barcelona ha revocado la pieza separada de la causa que indagaba en el destino que el excolegiado y su hijo dieron a los fondos millonarios que recibieron del F.C. Barcelona al descartar que haya indicios para investigar un posible delito de blanqueo de capitales, tal y como mantenían el juez instructor, Joaquín Aguirre, y la Fiscalía Anticorrupción.

En un auto, la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona, que hasta ahora había avalado las decisiones del instructor, cierra la pieza separada más importante que había abierto el juez y fija la instrucción del caso en los más de 7 millones que el Barça pagó durante décadas al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira. Los togados dan así la razón a los recursos interpuestos por el club y el excolegiado.

El rechazo de los jueces al blanqueo de capitales es la primera de las decisiones cruciales que tendrán que tomar antes del verano. Se espera que en las próximas semanas los magistrados resuelvan los recursos de la Fiscalía contra la decisión del juez de imputar al actual presidente del Barça, Joan Laporta, y de investigar al caso por delito de cohecho y no solo corrupción deportiva.

El cierre de la pieza de blanqueo abarca no solo el manejo y destino que los Negreira hicieron de los pagos del Barça, sino también la intermediación de uno de los exdirectivos del club, el ya fallecido Josep Contreras, en las transferencias que recibían las empresas del excolegiado y su hijo. Entre junio de 2016 y octubre de 2018 la empresa Soccercam, participada al 100 % por el hijo de Negreira, cobró del FC Barcelona 297.085 euros que fueron abonados a través de la intermediara Tresep, participada íntegramente por Contreras. El juez sostenía que Tresep facturaba al Barça un 30% más de lo que luego le abonaba a Soccercam.

El juez justificó la apertura de esta pieza separada al considerar que los hechos referentes a los pagos del Barça a los Negreira estaban “perfectamente contrastados” y requerían una investigación “no demasiado larga”, centrada en averiguar qué se pretendía con ellos, mientras que la causa por blanqueo podría ser más larga y “bloquear sin motivo alguno” la tramitación de la investigación principal.

Por contra, los jueces de la Audiencia de Barcelona concluyen que no se desprende de la causa indicios que justifiquen la investigación por este delito, por lo que debe cerrarse la pieza separada. Exponen los togados que “se desconoce” el destino que los Negreira dieron a los millones que recibieron del Barça, “lo que es tanto como reconocer la falta de base indiciaria” para la comisión del delito de blanqueo.

Todo ello lleva a los magistrados a constatar “la imposibilidad de llevar a cabo investigaciones prospectivas y que no tiendan a la obtención de un concreto objetivo, sobre la base de los elementos indiciarios con los que ya se cuenta con carácter previo”.

El exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez que investiga los pagos millonarios que durante años le hizo el F.C. Barcelona y que el magistrado sospecha que fueron un soborno a cambio de favores arbitrales.

El excolegiado ha comparecido como investigado ante el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, en una vista que ha durado apenas un par de minutos y en la que Negreira ha comunicado que se acogía a su derecho a no declarar, sin entrar en más detalles de por qué guardaba silencio.

El juez acordó en enero pasado la comparecencia como investigado de Negreira tras concluir que, pese a que sufre un deterioro de memoria a su avanzada edad, conserva las facultades mentales para ser enjuiciado, en contra de lo que alegó su defensa, si bien este martes ante el magistrado no ha aludido a su estado de salud, según las fuentes.

Negreira ha acudido al juzgado acompañado de su esposa y custodiado por agentes de los Mossos d’Esquadra, en medio de un enjambre de cámaras para captar su llegada y salida de la Ciudad de la Justicia.

El exvicepresidente del CTA ha sido el primero de los investigados de este caso que comparece ante el juez, que en la causa mantiene imputados entre otros al actual presidente del Barça, Joan Laporta (para el que la Fiscalía ha pedido archivar el caso) y a sus antecesores Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell.

Los imputados han empezado a desfilar por el juzgado de Aguirre mientras la Audiencia de Barcelona debe decidir todavía el rumbo definitivo del caso: la Fiscalía y las defensas han recurrido la decisión del juez de investigar el caso por un delito de cohecho, que de confirmarse llevaría el caso a juzgarse en jurado popular.

Por contra, si los jueces descartan el cohecho y limitan la causa a los delitos de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales que hasta ahora se les atribuían, el caso Negreira lo juzgaría un tribunal de magistrados de la Audiencia de Barcelona.

El juez sospecha que los pagos del FC Barcelona al exárbitro y a su hijo -cerca de 7 millones de euros entre los años 2001 y 2018- pudieron obedecer a una “forma novedosa de posible retribución ilegítima a árbitros de fútbol”, en un contexto de una “posible corrupción sistémica en el seno del CTA” en la época en que Negreira era vicepresidente de este organismo.

Negreira fue sometido a una exploración por parte de los forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña (IMLCF), tras encargarlo el magistrado para contrastar el informe que había presentado su defensa, que alegó que el exárbitro, de 78 años, sufre un deterioro cognitivo que le incapacita para poder afrontar un proceso penal.

El juez instructor encargó esa exploración para confirmar no sólo la demencia que Negreira alega sufrir, sino también para determinar si estará en condiciones de ser interrogado como investigado y, en un futuro, responder ante un eventual juicio.

“Hay un hombre en España que lo hace todo”, glosó Astrud. Trasladado al mundo judicial barcelonés, este hombre es el titular del juzgado de instrucción 1 de la capital catalana, el magistrado Joaquín Aguirre. El juez ha vuelto al primer plano de la mano de dos investigaciones de impacto mundial y que han mostrado la trastienda del procés y del Barça: los casos Voloh y Negreira.

No es que los expedientes no desborden los otros 32 juzgados de instrucción de la capital catalana, pero las azarosas normas de reparto han hecho que por la manos del juez Aguirre hayan pasado varios de los casos más mediáticos de las últimas décadas.

Nacido en Canarias en 1958, tras un primer paso por los antiguos juzgados de distrito y un destino en Calatayud, Aguirre obtuvo su plaza en el juzgado de instrucción 1 de Barcelona en 1988, lo que le convierte en el más veterano de los instructores barceloneses.

Su estilo de instrucción no ha variado con los años: cuando tira de un hilo, no lo suelta, por muy poderoso que sea el investigado. En sus inicios al frente del juzgado, investigó el fraude en el servicio militar de varios niños bien de Barcelona que compraron certificados médicos para ser declarados inútiles, o el caso de aluminosis en el Turó de la Peira.

En 1994, encarceló al financiero Javier de la Rosa en la causa Grand Tibidabo. Trece años después, el caso se cerró con un pacto por el que los acusados, incluido el amigo del rey Juan Carlos I Manuel Prado y Colón de Carvajal, admitieron su culpabilidad.

El reverso de este afán investigador son los largos períodos de instrucción que acumulan las macrocausas que instruye el juez Aguirre, a veces convertidas en rompecabezas de difícil encaje. Sirva como ejemplo el caso Voloh, de vuelta al primer plano por su potencial exclusión de la ley de amnistía.

De la Diputación a Rusia

El caso de la injerencia rusa en el procés deriva de una causa de corrupción de cargos de Convergència en la Diputación de Barcelona abierta en 2016. Más de siete años después, los imputados iniciales de la causa de la Diputación todavía no saben si irán a juicio.

Aficionado a los libros y al senderismo, el juez Aguirre tiene pendiente la lectura de varios informes policiales y documentos que marcarán si puede llegar a la cima del caso Voloh.

Por ahora, la investigación ha desvelado que, en las fechas más críticas del procés, hasta el Palau de la Generalitat acudieron exdiplomáticos y ciudadanos rusos. Este hecho lo han reconocido en sede judicial cargos como Elsa Artadi, una de las personas del núcleo de confianza de Puigdemont en 2017. Artadi, hoy retirada de la política, dijo que no se dio credibilidad a los rusos.

El avance del caso determinará si la intención de los rusos era desestabilizar a la UE apoyando el procés, como cree el juez, o si tenían algún objetivo más prosaico, como hacer algún negocio con dinero público de por medio. O las dos cosas. O ninguna. Pero lo que ya ha logrado el caso es abrir una brecha en el relato de vocación europeísta y atlantista que los partidos independentistas habían insistido en proclamar.

En este contexto hay que enmarcar la última polémica, abierta a raíz de un reportaje en la televisión pública alemana sobre la trama rusa del procés y que supone una mancha en la imagen internacional del independentismo. En un hecho inusual, el juez Aguirre participó en el reportaje.

En un corte de apenas 40 segundos, el instructor repitió a cámara su tesis, que ya era pública y expuesta en sus autos desde hace años. “Se trataría de la influencia directa de Rusia en el proceso de independencia de Catalunya, apoyando el proceso de independencia, con la finalidad de desestabilizar, primero, la democracia española, y abrir la puerta a la infiltración en todas las democracias liberales de Europa Occidental”, dijo el juez en una aparición televisiva que ha abierto la caja de los truenos: las defensas ya han anunciado que le pedirán apartarse del caso.

Aunque las normas no escritas de decoro entre las partes procesales las desaconsejan, una entrevista a un juez mientras instruye un caso no es inédita: en 2012, el juez que entonces instruía el caso Palau apareció en el programa de Jordi Évole en La Sexta enseñando las cajas del sumario del caso.

La entrevista en la televisión alemana es la polémica más reciente, pero no la única que arrastra el juez en la instrucción de Voloh. En el auto del pasado lunes, el instructor apuntó la posibilidad de que uno de los independentistas del caso, Víctor Terradellas, conociera en 2018 los planes de Rusia para desestabilizar la UE e incluso la invasión de Ucrania (que se produjo en 2022). Y en uno de los interrogatorios del caso hace dos años, Aguirre afirmó que Puigdemont “se marchó en el maletero de un coche”, algo que tanto el expresident como sus colaboradores siempre han desmentido.

Enfrentamiento con Trapero

Sin mucha afición al fútbol (prefiere el baloncesto), el juez Aguirre también tiene sobre su mesa el caso Negreira. Si Voloh ha provocado que el independentismo arremeta contra él por vincular el procés con el Kremlin, la investigación sobre los 7,5 millones que el Barça pagó durante casi dos décadas al exárbitro le ha comportado duras críticas del club.

Aunque el Barça todavía no ha aclarado para qué pagó tantos millones a Negreira más allá de alegar labores de asesoramiento, el club sí ha emitido contundentes comunicados contra los “juicios de valor” del juez. En el club azulgrana ha sentado especialmente mal la imputación de Laporta (rechazada por la Fiscalía) y las palabras que Aguirre expresó en uno de sus autos, en el que consideró “no admisible éticamente” que el club quisiera personarse como acusación.

Pero si hay algún enfrentamiento que se recuerda en los juzgados de Barcelona es el que hace años mantuvieron el ahora major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y el juez Aguirre a raíz del caso Macedonia.

Macedonia fue una macrocausa sobre una presunta trama de narcotráfico y su protección por parte de un subsinspector de los Mossos. El caso terminó en nada tras una década de instrucción. El juez Aguirre sospechó que los agentes de la policía catalana le escondían información, y ordenó un registro en la sede central de los Mossos.

La convicción de la policía catalana y de su major siempre ha sido que el juez iba a por Trapero, si bien las primeras sospechas y parte de la investigación corrieron a cargo de la División de Asuntos Internos (DAI) de los propios Mossos. La brigada política del PP sobrevoló la causa, aunque Aguirre nunca llegó a imputar a Trapero, como pretendían los hombres de Villarejo.

La tensión entre juez y major fue relatada por Trapero en el juicio: Aguirre pidió al major, de palabra, que le solicitara permiso para pinchar el teléfono a 16 agentes del grupo antidroga de la Guardia Civil. Trapero no lo vio claro y pidió al juez una orden por escrito que nunca llegó. En su sentencia, el tribunal constató la “evidente animadversión” entre Trapero y Aguirre.

Sobre los hechos, la Audiencia de Barcelona concluyó que no había ni narcotráfico ni ayuda de un mosso a la trama, en contra de lo que sospechaba el juez, si bien el tribunal también dejó escrito que no era descabellado plantearlo como hipótesis de instrucción. Las piezas de la tortuosa instrucción de Macedonia no encajaron, pero provocaron unas heridas que todavía no se han cerrado.

El juez del caso Negreira, Joaquín Aguirre, ha citado a declarar como imputado al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, tras descartar que el deterioro de memoria que presenta le incapacite para declarar.

El instructor ha fijado la comparecencia de Negreira para el próximo 21 de febrero tras recabar hasta dos exploraciones forenses del excolegiado para determinar si, como sostiene su defensa, su diagnóstico de alzheimer le impide formar parte del caso. El resultado del dictamen es que, si bien Negreira sufre pérdidas de memoria, no le imposibilitan acudir al juzgado. Con todo, previsiblemente el excolegiado se acoja a su derecho a no contestar a las preguntas que se le formulen debido a su estado de salud.

En el sumario del caso constan informes médicos de Negreira ya antes de que fuera imputado. Derivado por su centro de salud, la primera visita del excolegiado y su familia a un centro médico especializado en alzheimer fue en septiembre de 2022.

En ese primer diagnóstico, los neurólogos constataron una “demencia leve” y, a falta de realizar más pruebas, advirtieron de una posible enfermedad neurodegenerativa. También recomendaron plena supervisión de sus familiares de su toma de decisiones.

El excolegiado presentó este informe en febrero de 2023 para acogerse a su derecho a no declarar ante la Fiscalía de Barcelona, cuando el caso Negreira estaba bajo investigación del Ministerio Público. Su defensa manifestó que el exárbitro tenía “un diagnóstico de alzheimer” que le impedía estar investigado en una causa penal.

En las últimas semanas, cuando Negreira ya estaba imputado por el juzgado de instrucción 1 de Barcelona, su defensa aportó un nuevo informe psiquiátrico que lo consideraba “incapaz” de declarar en el caso. El juez encargó una prueba al forense del juzgado antes de decidir si archiva el caso contra el exárbitro por su demencia, y ahora lo ha descartado.

Primera discrepancia sustancial entre la Fiscalía y el juez del caso Negreira. El Ministerio Público ha recurrido la decisión del instructor de imputar al presidente del F.C. Barcelona, Joan Laporta, al entender, al contrario del instructor, que los pagos que el Barça efectuó al excolegiado durante su primer mandato (2003-2010) al frente del club sí están prescritos.

El recurso de los fiscales Luís García Cantón y Ricardo Sanz-Gadea no rechaza de plano la inclusión del delito de cohecho (soborno) en el caso que realizó el juez Joaquín Aguirre, sino la argumentación del juez para extender la causa al primer mandato de Laporta y rechazar que los hechos estuvieran prescritos para el mandatario del Barcelona.

El juez basó la imputación de Laporta en un supuesto acuerdo de todos los presidentes del Barça de los últimos 20 años para pagar al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira y en considerar que el delito de cohecho se habría realizado de forma continuada en el tiempo.

Bajo estas premisas, el juez argumentó que el plazo de prescripción por cohecho continuado es de diez años y empezó a contarlos hacia atrás desde la fecha del último pago del Barça a Negreira, en julio de 2018, cuando el presidente era Josep Maria Bartomeu.

Para los fiscales, el juez empezó a contar la prescripción de Laporta al revés. La “dirección temporal”, en palabras de los fiscales, en la que el instructor aplicó los plazos de prescripción es errónea.

Según el recurso, Laporta acabó su presidencia el 30 de junio de 2010, por lo que la responsabilidad por sus posibles delitos “prescribió diez años después, lejos de marzo de 2023, en el que fue admitida la denuncia de la Fiscalía”. En consecuencia, según los fiscales (que ya excluyeron a Laporta de su denuncia inicial), el caso Negreira está prescrito para el mandatario 'culé'.

Por otro lado, los fiscales discuten la teoría de la “autoría adhesiva” en que se basó el juez para responsabilizar a todos los presidentes del Barça de los pagos que el club hizo a Negreira entre los años 2001 y 2018, que sumaban 7,5 millones de euros.

En su recurso ante la Audiencia de Barcelona, los fiscales remarcan que “nunca se ha planteado la opción, ni como mera posibilidad”, de un pacto entre los distintos presidentes del Barça para pagar a Negreira, lo que impide, a su juicio, avalar la hipótesis del instructor.

Para los fiscales, a Laporta solo se le pueden exigir responsabilidades por los “hechos o omisiones” sobre los que pudiera tener “dominio”, sin que haya el más “leve indicio” de que hubiera un “acuerdo, connivencia, convenio o concierto entre los sucesivos dirigentes del FCB” en relación con los pagos a Negreira.

“En ningún momento se ha considerado que los distintos intervinientes actuaran en una suerte de reparto de papeles con aportaciones casuales recíprocas que pudiesen dar lugar a lo que se ha denominado imputación conjunta”, recalca el recurso.

Según los fiscales Anticorrupción, cada presidente y cada junta directiva “responde -en su caso- por los pagos realizados al señor Enríquez Negreira durante el período en que desempeñaron sus cargos, sin que puedan ser atribuidos, por ejemplo, al señor Rosell los pagos que pudo haber realizado Bartomeu o a éste los realizados por el señor Laporta”.

Uno de los errores no forzados del F.C. Barcelona en el caso Negreira fue intentar pagar menos impuestos por los pagos al excolegiado. Hacienda pilló en 2019 al club cuando intentaba deducirse los impuestos de Sociedades y el IVA de las facturas giradas al Barça por las empresas del exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA).

El Barça no pudo justificar qué servicios había prestado José María Enríquez Negreira, por lo que tuvo que pagar todo lo que le tocaba. Cuatro años después, con el caso judicializado, el magistrado Joaquín Aguirre quiere conocer desde qué año el club empleó las facturas del excolegiado para abonar menos impuestos.

Así lo ha pedido el magistrado en una providencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, en la que el juez Aguirre apunta ahora a los impuestos que el Barça quiso dejar de pagar por los informes de Negreira que no han aparecido pero que el club defiende como labores de asesoramiento.

En concreto, el juez solicita a la delegación de Barcelona de la Agencia Tributaria que le indique “desde qué año el Barça ha presentado para desgravación del Impuesto de Sociedades facturas” a las dos sociedades de Enríquez Negreira, Nilsad y Dasnil, y a la que compartía con su hijo, también investigado en el caso, Socceram.

El juez Aguirre amplía de esta forma el abanico de pesquisas de una causa abierta a día de hoy por administración desleal, falsedad documental y corrupción entre particulares y que está pendiente de que la Audiencia de Barcelona avale o revoque la decisión del instructor de incluir el delito de cohecho (soborno) e imputar al actual presidente del club, Joan Laporta.

De la inspección de Hacienda (que el Barça no impugnó), se concluye que en el ejercicio 2014 el club pagó 1,2 millones a las empresas de Negreira, cantidad que ascendió a 1,6 millones en el periodo 2016-2018, año en que cesaron los pagos al abandonar el excolegiado la vicepresidencia del CTA. En conjunto, desde 2001 el club abonó 7,5 millones al exárbitro.

Hacienda empezó a investigar al Barça en julio de 2019. Fueron unas pesquisas sobre el pago del IVA y el Impuesto de Sociedades por parte del club en los dos años anteriores en relación a las facturas giradas por las dos empresas de Negreira.

El fisco requirió al club para justificara la naturaleza de los servicios prestados por Negreira así como la copia de los vídeos o informes confeccionados por el exarbitro, pero el Barça respondió que no los encontraba. En consecuencia, Hacienda descartó que el F.C. Barcelona pudiera deducirse el gasto en Impuesto de Sociedades e IVA al constatar que la entidad culé pagó a Negreira por servicios no justificados.

Ahora el juez Aguirre amplía el marco temporal de las deducciones fiscales del Barça mientras espera que la Guardia Civil le entregue el informe definitivo sobre el caso y la Audiencia de Barcelona resuelva recursos clave para el devenir del caso como el del delito de cohecho o la imputación de Laporta.

Por ahora, la Audiencia de Barcelona ha rechazado que el Consejo Superior de Deportes (CSD) se persone en el caso , al considerar que La Liga, la Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Fiscalía ya le representan en la causa para salvaguardar el “juego limpio” en la competición.

Los magistrados coinciden así con el instructor y la Fiscalía, que se habían opuesto a la personación del CSD al considerar que este organismo no ostenta el carácter de víctima en el caso Negreira.

Según la Audiencia, en este caso se investigan los pagos del F-C. Barcelona al exvicepresiente el CTA, dependiente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) para varios servicios de asesoramiento “con la finalidad última de que no se tomasen decisiones arbitrales en su contra”.

Partiendo de estas premisas, la Audiencia sostiene que en este caso podrían tener encaje un delito de corrupción en el deporte -recientemente el juez lo ha ampliado al cohecho pero el tribunal aún no se ha posicionado sobre los recursos en contra de esta decisión que han planteado las defensas-, o de administración desleal, por la “ilegítima extracción de los fondos del club para finalidades diversas a los objetivos de la entidad”.

Para la Audiencia, en este tipo de casos, además de los intereses económicos, también se debe proteger la vertiente de la “integridad deportiva y de respeto al juego limpio”.

El juez Joaquín Aguirre ha imputado al presidente del F.C. Barcelona, Joan Laporta, en el caso Negreira diez días después de afirmar que no le investigaba porque los pagos que realizó al excolegiado en su primera etapa al frente del club estaban prescritos. El magistrado ha recalculado este miércoles los plazos de prescripción y ha concluido que Laporta sí debe ser investigado.

Hasta ahora, Laporta se había salvado porque el delito inicial que se investigaba –corrupción entre particulares– prescribe a los cinco años, mientras que el delito de cohecho, añadido por el juez el pasado mes de septiembre, lo hace a los 10. Laporta también pagó a Negreira en su primer mandato, pero al terminar en 2010 quedaba penalmente fuera del caso ya que las primeras pesquisas empezaron en 2022.

Sin embargo, el juez argumenta en un nuevo auto de este miércoles que el plazo de prescripción no es diez años sino de 15 al entender que se trataría de un delito continuado de cohecho, lo que amplía la pena y por lo tanto el plazo de prescripción. Según el instructor, el plazo de prescripción se debe contar desde “el día que se realizó la última infracción”, esto es, el último pago del Barça a Negreira, que fue el año 2018, y al ser ahora de 15 años sí alcanza el primer mandato de Laporta.

Lo contrario había expuesto el magistrado en un auto del pasado 9 de octubre, donde sostuvo que no había atribuido a Laporta ningún delito “por la aplicación de las reglas de la prescripción delictiva”, al tiempo que le reprochó pretender ser acusación particular del caso cuando en su primera etapa al frente del club (2003–2010) también había pagado a Negreira igual que sus sucesores que sí están imputados, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu. 

“En el actual momento procesal –escribió el juez en su auto– no se ha atribuido al actual presidente del F.C. Barcelona, Joan Laporta Estruch, la comisión de ningún delito, no por razones atinentes a la antijuridicidad, sino por la aplicación de las reglas de la prescripción delictiva, al menos implícitamente, dado que durante su primera etapa como presidente también también se efectuaron pagos a la familia Enríquez”.

El juez también discrepa del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que excluyó a Laporta de la denuncia que presentó por los 7,5 millones de euros que el Barça pagó al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira y a su hijo entre los años 2001 y 2018, al entender que su participación en los hechos durante su primera presidencia ya habría prescrito.

Además, el juez señala que la nueva imputación por cohecho no afecta solo a Laporta, sino a “todas aquellas personas que fueran miembros de la Junta Directiva” del actual presidente entre 2003 y 2010 así como a los ejecutivos del Barça “integrados en el organigrama del club y que tuvieran una responsabilidad efectiva”, lo que abre la puerta a aumentar todavía más el número de imputados del caso.

El caso Negreira da así un nuevo paso procesal, pero que no varía los hechos: el Barça ya ha admitido que pagó a Negreira y a su hijo 7,5 millones durante casi dos décadas, pero el club alega que los abonos responden a labores de asesoramiento arbitral y no de corrupción deportiva.

Lo contrario sospecha el juez, quien este miércoles vuelve a reiterar que existió “una desigualdad en el trato arbitral” entre el Barça y los otros equipos y una “corrupción sistémica en el conjunto del arbitraje español”. “Las investigaciones de la Guardia Civil podrán confirmar estos extremos obtenidos por inferencia lógica”, agrega el instructor.

El caso Negreira ha dado un vuelco solo al empezar: el juez Joaquín Aguirre ha decidido imputar al Barça por un delito de cohecho al considerar que los pagos millonarios que el club realizó al excolegiado durante décadas fueron un soborno para obtener mejores arbitrajes.

La decisión del juez no es menor. Si la Audiencia de Barcelona desestima los recursos de los exdirigentes azulgranas, el terreno de juego del caso Negreira será totalmente nuevo y el caso no lo juzgarán tres magistrados sino un jurado popular compuesto por nueve ciudadanos al azar. 

A su vez, mientras dure la instrucción la Fiscalía y el resto de acusaciones –por ejemplo, el Real Madrid– tendrán mayor protagonismo a la hora de pedir la práctica de diligencias. La inclusión del cohecho en el caso Negreira tiene otras claves:

Laporta, a salvo

Pese a que el juez se despachó en su último auto contra el actual presidente del F.C. Barcelona, Joan Laporta, de quien llegó a cuestionar su “ética”, el mandatario azulgrana no fue imputado por cohecho como sus predecesores. 

Fuentes jurídicas explican que esto se debe a que el cohecho, al igual que el resto de delitos del caso (corrupción deportiva, administración desleal y falsedad), están prescritos para Laporta, quien durante su primera etapa al frente del club (2003-2010) también pagó a Negreira.

Su sucesor, Sandro Rosell (presidente entre 2010 y 2014), también pretende quedar excluido del caso gracias a la prescripción de los delitos. En el caso del cohecho, su baza pasa por argumentar que, en cualquier caso, se trataría de la modalidad menos grave del delito, que tiene un plazo de prescripción de cinco años al estar castigado con una pena máxima de un año de cárcel. 

Sin embargo, el juez Aguirre dejó la puerta abierta a la modalidad más grave de soborno, que al tener una pena máxima de seis años de cárcel prescribe a los 10, y sí incluiría a Rosell. La Audiencia de Barcelona tiene que decidir pues no solo si el cohecho está bien imputado, sino su modalidad, lo que puede traer un efecto multiplicador de las penas a las que se expondrían los exdirigentes azulgranas.

Corrupción o cohecho, o todo a la vez

El juez Aguirre viró la dirección del caso con el cohecho. Para imputar al Barça y a sus expresidentes por este tipo penal, el instructor argumentó que la condición de José María Enríquez Negreira como vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) era equiparable a la de un funcionario, ya que este delito solo se puede atribuir a empleados o cargos públicos.

Lo que por ahora ha causado mayor perplejidad a las defensas del caso es que la inclusión del cohecho no ha venido acompañada del descarte del delito de corrupción entre particulares por el que inicialmente se abrió el caso. 

En otras palabras, el instructor mantiene por ahora dos delitos que las defensas ven contradictorios, toda vez que Negreira puede ser un cargo público o uno privado, pero no las dos cosas a la vez. Para resaltarlo, en los recursos incluso se tira de clásicos.

“Desde que Aristóteles lo formulara en su Metafísica -reza el recurso de Pau Molins, abogado de Rosell- es un principio lógico básico que una cosa y su contrario no pueden existir al mismo tiempo: pues bien, desde el momento en que el Sr. Enríquez Negreira merece ser considerado funcionario, no puede sostenerse que también pueda ser considerado un particular”.

Quien por ahora no se ha pronunciado sobre el cohecho es la Fiscalía, que no incluyó el cohecho en su querella. Anticorrupción ha evitado recurrir el auto del juez y espera recibir los recursos de las defensas para responder ante la Audiencia de Barcelona. 

El club no se disuelve

Aunque se ha especulado con este extremo, fuentes jurídicas coinciden en que, aunque el caso termine en condena, difícilmente implicará la disolución del Barça como entidad. La clave para este extremo es apreciar la multirreincidencia delictiva.

En el caso del Barça, según las fuentes consultadas, pese a que el club ya tiene como persona jurídica una condena por delito fiscal (que pactaron Rosell y Bartomeu en el caso Neymar I a cambio de exonerarse ellos mismos), los tipos delictivos del caso Negreira no computarían a efectos de multirreincidencia.

Según las mismas fuentes, la pena más plausible para el club es una multa abultada. Otra cosa es que, una vez el caso tenga condena firme en España, organismos deportivos internacionales como la UEFA o la FIFA puedan decidir sancionar al Barça excluyéndolo de sus competiciones.

El Madrid y la pieza de blanqueo

Aunque la pieza principal del caso es la que genera mayor atención, el caso Negreira tiene una pieza separada cuya instrucción será más lenta pero que podría tener mucha relevancia. Es la que investiga un posible delito de blanqueo de capitales en relación a los más de 7 millones que el exárbitro cobró del Barça durante décadas y sus posibles testaferros, como un exdirectivo del Barça ya fallecido, Josep Contreras.

Según fuentes jurídicas, se pretende que la pieza de blanqueo se pueda investigar con tranquilidad y limitar (al contrario que en la pieza principal) el número de acusaciones. No en vano, si el Madrid pudiera ser acusación en la investigación del blanqueo, en la práctica podría tener acceso a toda la contabilidad del Barça pese a no ser perjudicado directo del delito (como sí lo sería en la causa principal sobre corrupción arbitral).

Para qué pago el Barça a Negreira es la pregunta clave del caso, que por ahora judicialmente no tiene respuesta. Al juez y a la Fiscalía no les convence la respuesta que hasta ahora han dado tanto el club como el colegiado, esta es, que los desembolsos millonarios respondían a labores de asesoramiento sobre arbitrajes. El partido solo acaba de empezar.

El exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira, ha acudido este martes al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Catalunya (IMLCFC) para someterse a un reconocimiento médico tras alegar que sufre una demencia que le impide estar imputado en una causa penal.

Negreira, de 79 años, ha llegado sobre las 9.30h. de este martes a la sede del IMLCFC de Barcelona acompañado de su mujer y de su abogado, Daniel Pérez-Esqué. Antes de entrar en el edificio, ha sufrido una caída. Del resultado del examen médico dependerá que el juez Joaquín Aguirre decida si el excolegiado puede ser juzgado o no.

En el sumario del caso constan informes médicos de Negreira ya antes de que fuera imputado. Derivado por su centro de salud, la primera visita del excolegiado y su familia a un centro médico especializado en alzheimer fue en septiembre de 2022.

En ese primer diagnóstico, los neurólogos constataron una “demencia leve” y, a falta de realizar más pruebas, advirtieron de una posible enfermedad neurodegenerativa. También recomendaron plena supervisión de sus familiares de su toma de decisiones.

El excolegiado presentó este informe en febrero de 2023 para acogerse a su derecho a no declarar ante la Fiscalía de Barcelona, cuando el caso Negreira estaba bajo investigación del Ministerio Público. Su defensa manifestó que el exárbitro tenía “un diagnóstico de alzheimer” que le impedía estar investigado en una causa penal.

En las últimas semanas, cuando Negreira ya estaba imputado por el juzgado de instrucción 1 de Barcelona, su defensa aportó un nuevo informe psiquiátrico que lo consideraba “incapaz” de declarar en el caso. El juez encargó una prueba al forense del juzgado antes de decidir si archiva el caso contra el exárbitro por su demencia.

Aunque el exvicepresidente del CTA quede excluido del caso, la investigación seguirá abierta al afectar también al hijo de Negreira y a dos expresidentes y a dos exejecutivos del F.C. Barcelona, Sandro Rosell, Josep Maria Bartomeu, Albert Soler y Òscar Grau. Todos ellos están pendientes de ser citados a declarar como investigados. 

El juez investiga si los 7 millones que el Barça pagó a Negreira durante casi 20 años fueron un soborno a cambio de influir en los colegiados y lograr arbitrajes amañados. El Barça ha admitido los pagos ante Hacienda, si bien lo ha desvinculado de cualquier tipo de corrupción y los ha enmarcado en labores de asesoramiento. 

El juez que investiga los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira por parte del F.C. Barcelona ha imputado al club por cohecho, esto es, soborno. Entiende el juez que ya se ha consumado el delito por el mero hecho de haber existido los pagos de 7 millones de euros durante dos décadas (que el club no ha negado, pero ha desligado de la corrupción y los ha vinculado con labores de asesoramiento).

El auto del juez Aguirre es contundente y abre la puerta a futuros problemas deportivos para el Barcelona en caso de condena. “El delito de cohecho se ha consumado al haberse realizado el pago, se demuestre o no la corrupción sistémica del arbitraje español a causa de tales pagos”, reza la resolución.

La nueva imputación (que se suma al reguero de delitos por los que ya están investigados el club y dos de sus expresidentes) se sustenta en dos patas. Pese a que el cohecho es un delito cometido por funcionarios, el juez sostiene, en base a jurisprudencia del Tribunal Supremo, que el excolegiado “desempeñaba funciones públicas” por su cargo en el CTA.

Entre estas “funciones públicas” que el instructor otorga a Enríquez Negreira están calificar a los árbitros así como decidir qué colegiados ascendían a Primera División o descendían a Segunda cada temporada. Durante los 18 años que el excolegiado estuvo en el CTA el Barça le pagó. Una vez cesó del cargo, terminaron los pagos.

“Por deducción lógica -expresa el juez en su auto- los pagos realizados por el F.C. Barcelona satisfacían los intereses del club en atención a su duración y al incremento anual”.

Sentada esta hipótesis, el juez remata: “Los pagos produjeron los efectos arbitrales deseados por el F.C. Barcelona, de tal manera que debió existir una desigualdad en el trato con otros equipos y la consiguiente corrupción sistémica en el conjunto del arbitraje español”. A renglón seguido, el juez matiza que las investigaciones de la Guardia Civil “podrán confirmar los extremos obtenidos por inferencia lógica” sobre el amaño de arbitrajes y la corrupción “sistémica”. 

El nuevo salto en la investigación que indaga si los 7 millones que la entidad pagó al exárbitro durante casi 20 años buscaron influir en los colegiados ha llegado el mismo día que agentes de la Guardia Civil registran la sede del CTA en la Federación Española de Fútbol de Las Rozas en busca de documentos que confirmen la hipótesis inicial de las pesquisas. 

El juez ya había acordado a principios de septiembre instar a la Federación a que remitiera el cuestionario realizado por el Comité Técnico de Árbitros a todos los árbitros profesionales del colectivo arbitral y sus respuestas.

También requirió el juez las circulares y comunicaciones por correo electrónico, carta o mensajes intercambiados entre el Comité, los cargos federativos y los árbitros “en relación” a Negreira y su hijo, así como el informe del departamento de integridad de la Federación remitido a la UEFA sobre el caso.

No se puede decir una cosa en rueda de prensa y pretender lo contrario en el juzgado. Así lo advierte la jueza de Barcelona que investiga el caso Negreira, que ha rechazado la pretensión de la directiva culé que encabeza Joan Laporta para que el club ostente la condición de perjudicado en la causa –además de la de imputado– por un delito de administración desleal presuntamente cometido por los anteriores presidentes.

Entre los argumentos empleados por la magistrada destaca la intervención del actual presidente del Barça tras estallar el caso. El pasado mes de abril, Laporta afirmó que los “servicios de asesoramiento” de Negreira al Barça sobre árbitros “fueron efectivamente prestados” y que se documentaron en “facturas detalladas” y pagadas mediante transferencias bancarias.

Laporta avanzó que el informe de control interno o 'compliance' concluía que “no se desprende la existencia de daño patrimonial” para el Barça, una afirmación que, a juicio de la magistrada, resulta “contradictoria” con la pretensión del Barça de poder ejercer la acusación como perjudicado por un delito de administración desleal por los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira.

La magistrada también rechaza los argumentos del Barça para ser acusación e imputado a la vez. El club alegó que los pagos a Negreira sí habían causado un “perjuicio” a su economía, ya que aunque el servicio de asesoramiento técnico arbitral se hubiera efectivamente prestado, en realidad los trabajos se habrían facturado “doblemente”, incluso comisión mediante de algunos exdirectivos.

La instructora insiste en que la administración “indebida” del club se habría llevado a cabo por sus representantes legales o directivos que estaban autorizados a tomar decisiones en nombre del Barça, un supuesto que queda fuera del delito de administración desleal.

Más documentación al Barça y a Hacienda

Así pues, el Barça seguirá siendo investigado en la causa como persona jurídica junto a sus expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu; los exejecutivos de la entidad Albert Soler y Óscar Grau; el antiguo árbitro Enríquez Negreira y su hijo, que también facturó al club a través de un exdirectivo. Los pagos a Negreira vienen de la época de Joan Gaspart y se mantuvieron en la primera etapa de Laporta, pero ambos de momento están fuera del caso al haber prescrito los eventuales delitos.

La magistrada también ha ordenado al Barça y a distintas instituciones que le remitan abundante documentación. Al F.C. Barcelona le ha requerido los originales de los 629 informes, los 43 CDS y los otros 4 informes a los que se refirió Laporta en su rueda de prensa del mes de abril.

También ha solicitado la instructora a la entidad que identifique el despacho externo que ha elaborado el informe mencionado por Laporta “con indicación expresa tanto del lugar exacto en el cual se custodiaba la documentación como las personas concretas encargadas de su custodia y aquellas otras que hubiesen localizado la documentación”.

Por otro lado, la magistrada ha reclamado al Barça que identifique a las personas de su área económica “con capacidad para ejecutar las decisiones estratégicas adoptadas por los órganos colegiados del club”.

A la Federación Española de Fútbol la jueza ha pedido la relación de árbitros de Primera y Segunda División entre el 2010 y la actualidad, mientras que a Hacienda y a la Seguridad Social la instructora ha solicitado varios datos financieros de Negreira, su hijo, sus empresas y sus trabajadores.

Según se desprende de la investigación de Hacienda, el Barça pagó a las empresas tanto de Negreira como de su hijo. Los pagos al padre, que suman 7,3 millones entre 2001 y 2018, no se encuentran amparados en ningún contrato, según reconoció el propio Barça. Respecto al hijo, en la relación comercial ejerció de intermediario –comisionista, según los investigadores– el exdirectivo de Núñez, Bartomeu y Rosell Josep Contreras, fallecido el pasado diciembre.

Novedades en el caso Negreira. La jueza de Barcelona que investiga los pagos del F.C. Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros ha decidido imputar al hijo del excolegiado, Javier Enríquez, que también cobró del club a través de un exdirectivo, así como ampliar la investigación al delito de blanqueo de capitales (intentar aflorar el dinero obtenido de una actividad ilegal).

No hay dos sin tres. En una providencia, la magistrada también informa que ha decretado el secreto de actuaciones en la investigación, lo que resulta relevante porque a partir de ahora los avances de las pesquisas solo los conocerán la propia jueza y los fiscales. Las defensas no tendrán acceso a la causa hasta que levante el secreto.

Habitualmente, el secreto de la causa se decreta cuando el juez o jueza ve indicios delictivos de relevancia y precisa de la reserva para obtener las pruebas necesarias para el buen fin de la investigación, lo que en ocasiones puede implicar limitaciones de los derechos fundamentales.

Por ahora, el caso Negreria tiene como investigados a los expresidentes del F.C. Barcelona Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, los exdirectivos Albert Soler y Óscar Grau y el antiguo árbitro Enríquez Negreira. Ahora suma a su hijo, algo que en un principio no quería la Fiscalía, que pidió que Javier Enríquez declarara como testigo –y, por lo tanto, con obligación de decir verdad–. Uno de los testimonios clave de Anticorrupción pasa a ser investigado.

El caso Negreira es también una cuestión familiar. Según se desprende de la investigación de Hacienda, el Barça pagó a las empresas tanto de José María Enríquez Negreria, exvicepresidente del CTA, como de su hijo, Javier Enríquez. Los pagos al padre, que suman 7,3 millones entre 2001 y 2018, no se encuentran amparados en ningún contrato, según reconoció el propio Barça. Respecto al hijo, en la relación comercial ejerció de intermediario –comisionista, según los investigadores– el exdirectivo de Núñez, Bartomeu y Rosell Josep Contreras, fallecido el pasado diciembre.

La Fiscalía no incluyó a Javier Enríquez en su querella al considerar que los trabajos de asesoramiento arbitral que realizó para el Barça sí están justificados y debidamente documentados, al contrario que los de su padre. Y a diferencia de su padre, Enríquez no retiró en efectivo ni un solo euro tras las transferencias del club. El exárbitro en cambio sacó alrededor de medio millón de euros, que según su versión usaba para los gastos del día. En todo ese tiempo no incrementó su patrimonio.