Ha vuelto a ocurrir. De nuevo en el bloque de la calle Abetos, 22 de Azuqueca de Henares, en Guadalajara, una empresa que declara ser propietaria de varios pisos del inmueble ha arrancado varios contadores de la luz del edificio, tapiando el cuarto donde se encontraba esta instalación.

El objetivo, de nuevo, es el desahucio de dos mujeres y sus hijos menores que viven en el lugar. Un grupo de activistas de la Plataforma Feminista de Guadalajara, miembros del Sindicato de Inquilinas y otros colectivos se han encerrado esta tarde en el cuarto de contadores, tras arrancar la puerta que habían colocado varios individuos vinculados a empresas de 'desocupación' enviados, según el testimonio de estos colectivos, por la nueva propiedad del edificio que ha cambiado ya dos veces de manos en menos de un año.

“Esta vez sabemos que es una empresa con sede social en la Comunidad de Madrid y con actividad relacionada con la hostelería y el ocio y un capital social de 3.000 euros”, explican fuentes de la Plataforma Feminista de Guadalajara.

“No nos marcharemos de aquí hasta que los técnicos los vuelvan a colocar”, decían este jueves desde el 'encierro' en el cuarto. Fuera varios miembros de la empresa de 'desocupación' y miembros de la Guardia Civil, esperaban acontecimientos, según informa la activista y abogada María Eugenia Blanco.

El técnico llegó llegaba minutos más tarde y, a pesar de que “los de desocupación trataron de impedirle el paso”, según detalla, pudo hacer su trabajo, reponer los contadores y las vecinas “tienen sus suministros normalizados”. La noche ha sido “tranquila”, según ha relatado la abogada este viernes.

“Nadie de la empresa se ha puesto en contacto”

“Nadie de la empresa se ha puesto en contacto conmigo. Directamente manda a los matones”, explicaba Iris, una de las vecinas afectadas a dos efectivos de la Guardia Civil personados en el lugar hace unas horas, mientras varios hombres colocaban puertas 'antiocupa', según las imágenes difundidas. “Están denunciados, me siento indefensa. Cuando os vais, vuelven”, decía Iris, una de las mujeres afectadas.

La situación se ha denunciado ante la Guardia Civil y se ha comunicado a la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara.

No es una situación nueva. Hace ahora un año ya se denunciaba, también ante los tribunales “el continuo acoso” al que se está sometido estas dos mujeres trabajadoras –con hijos de 9 y 4 años respectivamente– desde julio de 2025 “con actos intimidatorios y violentos con total impunidad y falta de humanidad”, señala María Eugenia Blanco.

La Plataforma Feminista de Guadalajara lleva prestando acompañamiento ambas desde entonces. “Nos contaron lo que les estaba pasando: son dos inquilinas del edificio a las que un buen día alguien llama a la puerta y les dice que las va a echar”. Una de ellas lleva allí viviendo once años de alquiler y la otra, cuatro.

Según explica Blanco, las viviendas que habitan ya no son propiedad de la inmobiliaria con la que originalmente firmaron un contrato de alquiler. “Empezaron pagando alquiler, claro, hasta que desaparece la propiedad [los activistas hablan de entrada en concurso de acreedores de aquella empresa] y llega un momento en que no saben a quién pagar el alquiler. A mí me llama una cosa la atención, y es que en ningún momento la actual empresa propietaria de las viviendas se dirige a ellas, no les manda un burofax diciendo: miren, ustedes están en una situación X. Nada, cero”, declaraba entonces.

La situación está exactamente igual hoy. Sigue sin haber notificaciones oficiales a las afectadas por parte de la empresa, pero con situaciones puntuales de “acoso”, como la que se viene repitiendo ahora desde septiembre y con cortes de suministro “ilegales” de agua y luz.

En junio de este año, la propia Iris regresaba de dejar a su hija en el colegio, y se encontró con varios hombres “con perfil de desokupas” dentro del portal y que le impedían el acceso a su casa.

Los hechos los confirmó a este medio la propia Iris, que vive en el primer piso del bloque: “He llegado a casa y al ver que no me dejaban entrar, he llamado a la Guardia Civil, sobre todo después de ver que estos hombres ya habían tapiado con una puerta ‘antiokupa’ la vivienda de la vecina del bajo”. Es en la que reside su otra vecina, Angustias Teresa, también en situación vulnerable, en el bajo. Se quedó en la calle con su hijo de cuatro años.

La abogada explicó entonces que la Guardia Civil pidió a los hombres apostados en la puerta que se fueran tras constatar que era el domicilio habitual de ambas vecinas. Pasado el verano se ha producido un nuevo intento.

El colectivo “se activa” cada vez que tienen noticia de acciones de estas características para intentar que dejen las viviendas. Confirma que hay un procedimiento iniciado en el juzgado denunciando su situación y que incluso se ha contactado con la comunidad de vecinos del edificio para evitar que sean expulsadas, sin resultados.

Edurne -nombre ficticio para preservar su intimidad- entró a vivir de alquiler en la vivienda en la que actualmente reside en Olite en el año 2019. Lo hizo con un contrato que en 2024 fue reemplazado por uno nuevo y que tiene vigencia hasta el año 2029. A pesar de que, como ha podido comprobar este periódico, está al corriente de pago en las mensualidades, en el mes de julio recibió un burofax de su casero en el que le anunciaba que no le renovaba el contrato -que no finaliza hasta 2029-, y que debía abandonar el inmueble en el mes de diciembre de este año.

Pero el propietario de la vivienda fue más allá, contrató los servicios de una empresa especializada en desalojos llamada OkupAcción, de la que varios de sus integrantes, incluido el gerente, han estado “acosando” y “amedrentando” a esta inquilina desde entonces, según ha denunciado a este periódico en conversación telefónica. La última, este mismo martes, que motivó una movilización social en el municipio navarro.

Los enfrentamientos con su casero comenzaron hace años, según cuenta Edurne, por “cláusulas abusivas” que él incluyó en el contrato, como una que obliga a la inquilina a pagar el IBI del inmueble. También por un problema con la caldera a los pocos días de entrar a vivir en el piso que el propietario se negó a reparar, al igual que otros electrodomésticos en estos años.

Pero los episodios de “acoso” no comenzaron el 25 de agosto de este año. Ese día, se encontraba en su casa y empezó a escuchar unos “golpes fuertes” en la puerta, que persistieron durante varias horas. “Se identificaron como policía y dijeron que tenían una orden”, añade. Pero no era así, eran miembros de esta empresa de desalojos que en su página web ofrece servicios de “mediación con inquilinos” o con “okupas” y que se creó en 1999, según explican, “de las inquietudes de tres profesionales de la seguridad privada”.

Según añade la inquilina, el gerente de la empresa le pidió que firmase un documento por el cual ella se comprometía a abandonar la vivienda. “Quería hacerme creer que me podía echar de mi casa cuando tengo un contrato en vigor”, apostilla. Además, añade, el gerente de la empresa de desocupación le confesó que llevaba “un mes y medio” vigilando sus “movimientos” para “intimidarla”. A ello, denuncia Edurne, le ha seguido una campaña de “acoso” en redes sociales a ella y a varios familiares.

Edurne cuenta que estos episodios le han derivado en problemas de salud, como estrés y ansiedad. Hasta el punto de que ha llegado a bloquear a su casero en WhatsApp porque ya no soportaba “más presiones” por escrito. Con todo ha seguido pagando el alquiler.

Este periódico se ha puesto en contacto con el gerente de la empresa OkupAcción, que fue en las listas de Vox en una localidad aragonesa en las elecciones municipales de 2023. Niega los episodios de amenazas, pero reconoce que ha ido a la vivienda a “hablar” con la inquilina y “no a decirle que se vaya de la vivienda”. Asegura que el propietario del inmueble contrató sus servicios porque la inquilina debe “ocho meses de alquiler” y porque su padre, “un señor de 85 años” necesita la vivienda. “No es el caso de Maricarmen, es una chica que ha dejado de pagar”, afirma. Este periódico ha podido comprobar que Edurne está al corriente de pago.

Además, el servicio de asesoramiento que tiene el Gobierno de Navarra para mediar en conflictos de este tipo da la razón a la inquilina y apunta que el burofax que el propietario le envió informándole de que no le renovaba el contrato “carece de validez” ya que el arrendador “no tiene la facultad de comunicar la finalización del arrendamiento antes del 31 de diciembre de 2029”.

En el mismo documento, al que ha tenido acceso este periódico, este servicio del Gobierno navarro considera que los hechos relatados por Edurne pueden ser constitutivos de un delito de acoso inmobiliario y le recomienda denunciar a la empresa de desocupación ante la Policía Foral, también por coacciones o acoso. La inquilina ya ha dado traslado de los hechos a su abogado y estudia interponer una denuncia.

La empresa OkupAcción y su gerente han sido llevados a juicio en Zaragoza por un matrimonio con hijos pequeños que les han denunciado por amenazas y lesiones presuntamente sufridos en un episodio muy similar al que relata Edurne en Olite.

La empresa de Desocupación García Seguridad Integral, junto al dueño de la propiedad, ha encerrado a varias personas en el interior de la Fábrica de Sombreros de Sevilla durante, al menos, una hora, a raíz de un conflicto con una persona, M., que acudía al espacio. El recinto industrial, frente de los corralones de Castellar, ha sido escenario este miércoles de un nuevo episodio de tensión entre los usuarios y la propiedad, como ha venido ocurriendo en los últimos meses a causa del interés de una promotora en comprar tanto los corralones como la Fábrica, inmueble protegido, para construir nuevos edificios de uso turístico y residencial.

Los sucesos comenzaron alrededor de la 13.30 horas cuando M., antigua inquilina de los corralones de Castellar que fue desalojada de uno de los locales que alquilaba, visitaba a una compañera que mantiene su taller en la Fábrica de Sombreros, según ha podido saber este medio hablando con la afectada y con las personas que se congregaron rápidamente a las puertas del edificio para apoyar a los compañeros que se quedaron en el interior. “Identificaron mi bicicleta y fue entonces que vinieron para acá para sacarme de aquí también”.

Fue entonces cuando la libre circulación de esta persona se vio amenazada. En representación de la propiedad, Garajes Santa Inés S.A., se personó uno de los dueños, Miguel, junto a un miembro de la empresa de desokupación y cerraron los portones de la puerta “para impedir que entrara la gente”. A escasos metros, se encontraba la acampada en las Setas con motivo del decreto Maricarmen contra la especulación urbanística, por lo que el llamamiento corrió como la pólvora en escasos minutos. Así, a las puertas del edificio, había varias personas, dueños de los locales que denunciaban lo que había ocurrido y que habían podido salir con minutos de diferencia, y medios de comunicación.

“Debo dar un preaviso”

Alrededor de una hora después, sobre las 14.22 horas, dos agentes de la Policía Nacional se personaron en la calle Heliotropo. Una de los agentes pidió que se dejara de grabar y que actuaría solo cuando las cámaras se apagaran, sin embargo, un joven respondió que “era un espacio público”. Inmediatamente, le pidieron que se identificara aunque no hubiera cometido ningún delito ni existiera indicios de que lo fuera a cometer, contrario a lo que dicta la Ley de Seguridad Ciudadana. Una vez identificada, procedieron a entrar en la Fábrica y mediaron en el conflicto.

Minutos más tarde, y con el refuerzo de otros dos policías nacionales, finalmente se abrió el portón y M. explicó que se había llegado a un acuerdo con la propiedad: “Debo dar un preaviso cada vez que vaya a venir”.

En el interior del edificio conviven alrededor de unos 30 artesanos con talleres de fotografía, joyería, danza y pintura, entre otros. Una de las afectadas que se encontraban por fuera del inmueble aseveró que desde febrero del año pasado se ha requisado la llave a los inquilinos de los espacios. “Cuando entré aquí, el portón estaba abierto 24 horas y los usuarios tenían la llave, pero por las lluvias decidieron remodelar una fachada, para lo que se cerró la calle Heliotropo. Pero no se hizo nada. Cuando reabrieron la calle, pusieron a una persona a abrir y cerrar la Fábrica”, critica.

La construcción de un hotel y viviendas

V., la afectada, que fue desalojada hace meses del corralón de Castellar, ha vivido esta presión en una jornada en la que iba a participar en un taller de danza, aseguró, tras haberse reconocido su bicicleta en las inmediaciones. Un nuevo episodio en los alrededores de los corralones que se suma a los enfrentamientos que se han vivido este verano con varios momentos violentos, como el allanamiento de morada de Estefi, la inquilina del espacio industrial, agresiones, o las continuas amenazas recibidas. Todo ello, bajo la vigilancia a la que está sometida por parte de la empresa de Desocupación García Seguridad Integral, que tiene un trabajador sentado en su portal.

Así, se acumulan los signos de tensión que vive en centro histórico. El motivo, publicado por este medio, es que hay un acuerdo para la compra por 12 millones de euros de los solares por parte de la compañía onubense Arenas de la Bellida S.L., que proyecta un hotel de cuatro estrellas con 90 habitaciones y 29 viviendas libres. El acuerdo expiraba en junio de este año en función de la aprobación del Plan de Reforma Interior de los terrenos, que debe aprobar la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, pero fuentes próximas aseguran que el promotor “está dispuesto a esperar”.

En el proyecto presentado al Consistorio hispalense por la constructora, se adelante que en la Fábrica de Sombreros no se han desarrollado las actuaciones de reforma interior contempladas en la planificación, pero sería “impulsado contemporáneamente por este mismo promotor” para llevar a cabo una remodelación.

La diputada autonómica del PSOE Nira Fierro ha responsabilizado este lunes a Radiotelevisión Canaria (RTVC) de amparar en su programación a “violentos que amedrentan a personas que tienen problemas de vivienda”, pero el administrador general del ente, César Toledo, no ha hecho mención a esa acusación en su intervención de respuesta en la comisión parlamentaria de control de RTVC.

Fierro, quien originalmente había preguntado a Toledo sobre los objetivos para la nueva temporada, pidió al administrador que aclarara por qué en un programa de la televisión pública, que no especificó, “se le dio espacio a un señor”, a quien no identificó, que “ha sido detenido por supuestos delitos de coacción”.

Fierro preguntó a Toledo si su presencia fue porque “se le pasó” o si se hizo “de forma consciente”.

Se refería Fierro a la presencia en el programa La Retranca, presentado por Maller Trujillo, de Roberto Cristian Pérez, responsable de EZ Property Solutions, detenido en alguna ocasión por su mala praxis profesional y con una orden de alejamiento tras su paso por un juzgado. El programa pretendía debatir sobre vivienda, y para ello confrontó a una activista antidesahucios con el desokupador, lo que dio pie a que tanto antes como después del programa se produjeran algunos acontecimientos que fueron después denunciados por la activista.

“¿Le parece a usted medio normal que personas que intimidan, perfiles cuanto menos violentos, alejados de códigos deontológicos del periodismo, asistan a programas de la Radiotelevisión Pública Canaria?”, insistió Fierro. La diputada subrayó que “libertad de expresión, toda, pero valores democráticos, por supuesto que también”.

En su respuesta, César Toledo no mencionó ni contestó a estas acusaciones y se refirió a la nueva temporada de la programación, cuyo objetivo es “hacer una televisión más nuestra que nunca, más canaria, más cercana, más inmediata, más pegada a una realidad social diversa y plural y muy comprometida con nuestra cohesión territorial y con nuestro desarrollo económico”.

Entre las novedades, anunció que en octubre se van a renovar los platós de los servicios informativos, con nuevos decorados, tecnología, animación audiovisual e inteligencia artificial.

Toledo reivindicó que los datos de audiencia indican que la apuesta por “la canariedad” de la programación “va por buen camino”, y aunque la audiencia no es un fin en sí mismo, sí muestra que el servicio público llega “a quien tiene que llegar”.

En otra respuesta en la comisión parlamentaria, en este caso al diputado del PP Juan Manuel García Casañas, el administrador general destacó que la producción local representa el 90% de la programación actual de RTVC y se prevé alcanzar el 100% de las emisiones con contenido producido en el archipiélago a lo largo de este año.

RTVC no tiene previsto realizar ninguna compra de formatos ajenos al tejido industrial de las islas para completar la parrilla de la nueva temporada, anunció.

Los escasos contenidos que actualmente no están producidos en las islas corresponden a derechos previamente adquiridos que quedan en cartera, como algunas películas y obras de animación.

El objetivo es que cada euro invertido en programación se quede en el archipiélago, sea a partir del trabajo de los profesionales del ente o de la industria audiovisual canaria, dijo Toledo.

Los espacios informativos diarios se realizan ya de forma íntegra con personal propio y la programación se sustenta también en una treintena de productoras locales, una inversión en el tejido audiovisual canario cercana a los 40 millones de euros anuales que se traduce en unos 500 empleos directos, que se suman a los 450 empleos de RTVC. 

Lo que se vio en el plató de La Retranca, el pretendido programa de debate político de Televisión Canaria, no fue lo único desagradable que ocurrió en torno al empeño del ente público de visibilizar a un empresario violento de la desokupación, detenido en alguna ocasión por su mala praxis profesional y con una orden de alejamiento tras su paso por un juzgado. Antes y después de ese programa se produjeron algunos acontecimientos que ahora se conocen gracias a un comunicado de la activista antidesahucios Inma Évora, que se prestó al cara a cara que le propuso Televisión Canaria a pesar de conocer al personaje al que se iba a enfrentar.

En su comunicado, emitido avanzado este viernes, Évora dice que Roberto Cristian Pérez Aguilar, gerente de EZ Property Solutions, se presentó en las instalaciones de la productora que se ocupa el programa, Macaronesia, acompañado de otros cinco individuos corpulentos, lo que ella interpretó como una acción “claramente intimidatoria”. Y aunque deja claro desde el principio que el trato de la producción y la dirección del programa fue “correcto”, transmite la sensación en su comunicado de haberse sentido insegura.

Sus peores presagios se confirmaron al término del programa, ya fuera del plató, cuando los cinco hombres, acompañados de su jefe, la abordaron: “Me encontré rodeada por seis personas cuando yo ya no quería continuar aquella conversación. Uno de ellos hizo referencia a mi pelo y a mi aspecto físico de una manera que percibí como despectiva”, ha dicho la afectada en su comunicado.

Respecto al desarrollo mismo La Retranca, programa al que fue invitada para mantener un cara a cara con el empresario desokupa, la activista sostiene que aquello “se convirtió, desde mi percepción, en una situación en la que resultaba difícil intervenir. Roberto elevaba el tono y hablaba de forma continuada”, interrumpiéndola constantemente. “Cuando planteé que prefería marcharme si únicamente iba a hablar él, Mayer Trujillo, moderador del programa, intervino para pedirle que me dejara terminar”. Ni siquiera así se consiguió.

“Yo no había acudido allí para participar en un espectáculo. Había acudido para hablar de vivienda”, pero ese propósito fue del todo imposible.

Carlos, fontanero de Zaragoza de toda la vida, y Marta, limpiadora que lleva media vida en la ciudad –los nombres del matrimonio son falsos para preservar su intimidad–, viven alquilados en un piso de la Margen Izquierda junto a sus tres hijos de quince, diez y un año. Desde hace tres meses aseguran vivir un auténtico infierno ante las supuestas presiones, físicas incluso, de los integrantes de la empresa zaragozana Okupacción para que abandonen el piso, pese a que aseguran estar al corriente de pago y tienen contrato en regla. Este viernes, una de las personas que participaron en el presunto acoso en la misma puerta del domicilio, José Antonio R. C., va a juicio oral tras una denuncia del matrimonio por lesiones.

La propietaria, M. C. R. H., reconoce haber contactado con Okupacción para el desalojo. Asegura que quiere recuperar la vivienda para que su madre, enferma, pueda vivir ahí. Mientras, el propietario de la firma, el propio José Antonio R. C. –gerente de la empresa, vocal de Vox en el barrio rural de Montañana y número dos de esta formación en la lista por Pinseque en las últimas elecciones municipales–, niega las agresiones y rechaza que sean “cuatro matones”.

Okupacción ofrece como servicios en su página web la “mediación con inquilinos”, la “mediación con okupas”, “consejería y vigilancia” y “limpieza de superficies”. Nació, según explican, “de las inquietudes de tres profesionales de la seguridad privada desde 1999 especializados en la seguridad personal”.

La pesadilla que dice estar sufriendo la familia, adelantada por Arainfo, comenzó el pasado 20 de abril. Ese día, Carlos se cruzó por la calle, cerca de su casa, con los miembros de Okupacción: entonces no conocía a la empresa, pero intuyó a que se dedicaban. “Yo no pensé que sería por nosotros porque estamos al corriente de pagos, tenemos todo en regla”, cuenta. A las dos horas recibió un burofax de la hija de la propietaria en la que reclamaba la rescisión del contrato, pese a que solo hacía un año que habían firmado el alquiler. Lo justificaba en que no tenía dinero para pagar la residencia de su madre. Ahí empezó todo: “No nos manda a un abogado, no: nos envía a los matones”, lamenta Carlos.

El padre de familia continúa su relato: “Venían a las ocho de la mañana dando golpes y más golpes. Tuve que cambiar el horario, irme antes con mis hijos. Aunque los primeros días no me dejaban salir de casa; tenía que salir con la Policía”, explica, algo que consta en la primera denuncia que interpusieron, el 22 de abril. Pero la situación fue escalando: “Un día salí con mi hija pequeña, que iba en carro, y se me ponían delante; 'que no me quito, que no me quito'. Llamé al 091 y vino la Policía, así me pude mover. Así, días y días. Me cogieron un día aquí en medio de la parada del autobús y me dijeron: 'Esto va a empezar a calentarse. Vamos a tener que empezar a apretar'. Hasta el día que la cogieron allá sola con los niños. Ese día...”.

Ese 29 de junio se presentaron cuatro personas de Okupacción en la puerta de la vivienda, donde Marta estaba con los pequeños. Ante sus “gritos”, ella abrió la puerta. Según refleja la denuncia que interpusieron esa misma mañana, comenzaron a “decir injurias” y a insultarla tanto a ella como a su marido. La inquilina optó por grabarles con su teléfono móvil, ante lo que uno de ellos le dio “un golpe en la mano” y le tiró “el móvil al suelo”. Entonces, ella empujó a José Antonio R. C. “para quitárselo de encima” y en ese momento otro de ellos –S. M., exboxeador– se puso “en guardia con intención de propinarle un puñetazo”, pero fue frenado por sus compañeros. Según Marta, su hija de un año estaba en ese momento agarrada a su pierna.

Un vídeo que ha podido visualizar este periódico corrobora los hechos relatados por la mujer, quien en la denuncia recogió que no solo les “atemorizaban a ellos”, sino también “a los vecinos de la finca”. Asimismo, indicó que se había visto obligada a ir al médico. Este viernes se dirimen estos hechos en un juicio oral por delito leve contra José Antonio R. C. en el Tribunal de Instancia de Zaragoza.

La madre describe cómo ha sido su día a día en los últimos tres meses, ante una situación que le ha obligado a coger la baja médica. “Me levantaba por la mañana y me conectaba a la cámara a las 7.00, a las 7.30, a las 7.59, porque sabía que venían a las 8.00. Los escuchaba gritando, mi hija tenía que salir al instituto y yo nerviosa perdida. Del trabajo me tenía que ir con ataques de ansiedad y por eso me dieron la baja. Así no se puede vivir”, relata. Sus hijos faltaron al colegio numerosos días por este motivo.

“Es un paripé”

“Dice que necesita que su madre venga a la casa –continúa Carlos–. Vale, pues bien. Pero, claro, debe demostrar que va a venir aquí, no basta con decirlo. Lo que no puedes hacer es alegar que no tienes dinero y mandar a unos matones que cobran una pasta. Esto es todo un paripé para que nos vayamos”, sentencia. Desde su punto de vista, el problema de fondo es que pagan 550 euros de alquiler mientras que en pisos de alrededor la renta llega a superar los 800 euros.

Su relato recibe el respaldo de dos vecinos que en el rato de esta conversación pasan a su lado. Uno de ellos es Sergio. “A mí me asaltaron en medio de la calle –cuenta–. Soy educador social y llevo 16 años tratando con asesinos y violadores, con lo que no me afectó. Iban con la bolsa de basura y no me dejaban pasar, me paraban. Me avasallaban e intentaban dar la vuelta a la tortilla para parecer ellos los agredidos”. Al igual que el matrimonio, admite que “las circunstancias de la dueña” pueden no ser “fáciles”, pero añade que “nada justifica que mande a unos matones”.

Otro vecino –son diez en la comunidad– afirma la presencia de los miembros de Okupacción y también lamenta que, debido a la tensión, sus hijos no quisieron ir al colegio.

Los vecinos acusan a los miembros de Okupacción de acciones para transmitir la imagen de que el inmueble está ocupado, como un portero arrancado o una esvástica dibujada en una puerta.

Contactada por este periódico, la propietaria, M. C. R. H., argumenta que ella misma es “vulnerable”, que está “en la unidad del dolor” y que toma “pastillas desde el año pasado” por culpa “de los impagos”, que cifra en “490 euros”. Al cuestionarle el motivo por el que no alegó estos impagos para tramitar la rescisión del contrato, M. C. R. H. alude a un primer burofax que habría enviado “en enero” al matrimonio por estos retrasos con el alquiler. La pareja tacha sin embargo de “mentira” la existencia de ese primer burofax y la propietaria del piso ha renunciado a compartir esa documentación con elDiario.es bajo el argumento de que va contra “la ley de protección de datos”. “Estoy de baja. Todo esto es solo para los cuidados de mi madre, les da igual que yo sea vulnerable”, insiste M. C. R. H.

Por su parte, el responsabe de Okupacción también desmiente las agresiones. “Podemos justificar todas nuestras actuaciones con vídeos, tenemos todo grabado. Por eso hemos denunciado tanto a un vecino como a la inquilina, que es la que se puso agresiva y me pegó un golpe a mí, que mido 1,97”, dice José Antonio R. C. Asegura que en los “nueve años” que realiza la misma labor no ha sido “nunca” condenado. “No entro en esas situaciones hostiles porque siempre estamos al filo de la navaja. Me tomo mi trabajo muy en serio, no somos cuatro matones. Hacemos lo que la justicia lamentablemente no hace”, explica.

Sobre el caso de esta familia, incide en que no les han contratado “porque haya una deuda, sino porque hay una mujer de 85 años que es vulnerable y que necesita el piso como primera necesidad. La ley dice que si necesitas la vivienda para un grado primero de consanguinidad se rescinde el contrato”.

Para eso, en todo caso, hay un plazo mínimo de dos meses desde el momento en que la propiedad comunica de forma fehaciente la causa concreta. Y, según los inquilinos, los miembros de Okupacción aparecieron por la casa el mismo día en que se entregó el burofax. “No fuimos a decirles que se fueran, sino a trasladarles que ese burofax había sido enviado y que en unos dos meses se tienen que ir de la propiedad. Lo primero que somos es personas, hay que entender a la otra parte”, argumenta José Antonio R. C.

El líder de Desokupa confirma que viene a Tenerife al concierto de Craig David, anunciado como el cierre del evento Fit Experience Fest. “Me voy a Tenerife al festival de un amigo”, asegura en redes sociales Daniel Esteve, líder de Desokupa, y en sus propias palabras, “amigo” de algún organizador del Fit Experience Fest, el polémico evento que tendrá lugar por tercer año consecutivo, este sábado 9 de mayo, en el Parque Marítimo de Santa Cruz de Tenerife. 

El Sindicato de Inquilinas de Tenerife, lo ha criticado duramente y sigue exigiendo al Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y especialmente al Ayuntamiento de Santa Cruz, que retiren su apoyo a este festival por sus vínculos con “redes de extrema derecha, como Desokupa”. Hace días el Sindicato de Inquilinas de Tenerife emprendía una recogida de firmas en la plataforma Resist.es para pedir a las administraciones que retiren todo su apoyo al evento. En tres días han reunido más de 1.500 firmas. 

Bajo el disfraz de “evento familiar e inclusivo, este festival no es más que una pasarela de propaganda para empresas que son el pulmón económico de la extrema derecha más violenta”, aseguran desde el Sindicato de Inquilinas de Tenerife.

La Viceconsejería de Deportes del Gobierno de Canarias confirmaba a esta redacción que colaboran con este evento a través de un “contrato de patrocinio deportivo por importe de 14.900 euros”. El Cabildo de Tenerife prefería no responder a las preguntas de este periódico. Y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se limitaba a “remitir al comunicado de la empresa organizadora”, en el que se aseguraba que “cualquier vinculación con la dirección u organización del evento es rotundamente falsa”.

Sin embargo, como se puede ver en las redes del líder de Desokupa, Daniel Esteve, asistirá al evento. “No soy parte de la organización, pero como me invitan”, asegura Esteve, y añade, “voy a pasar unos días en Tenerife, con ganas de ver a mis hermanos canarios”, mientras posa con productos de Lifrepro, marca organizadora del festival y sponsor del Club Desokupa, que dirige Esteve.  

El director ejecutivo de la empresa organizadora de este festival es Alejandro Monedero, quien en sus redes anima a inscribirse en el Club Desokupa. Uno de sus “instructores” es Daniel Toledo, alias ‘Jacare’, un conocido neonazi y exluchador de artes marciales que estuvo presente en ediciones anteriores del Fit Experience Fest. 

“Mientras miles de familias en nuestras islas viven bajo la amenaza constante del desahucio y la precariedad habitacional, el Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz han decidido dónde poner sus prioridades: blanqueando institucionalmente a quienes viven de la intimidación, otra vez”, aseguraban en un comunicado el Sindicato de Inquilinas de Tenerife.

El EKO vuelve a dar la voz de alarma. Este centro social okupado en Carabanchel, el distrito más poblado de Madrid, acaba de denunciar un segundo intento de desalojo que, según su relato, pudieron frenar con éxito hace una semana, en la madrugada del pasado 4 de marzo. “Hemos parado a Midtown Capital Partners S.A., el fondo buitre que ha intentado realizar un desalojo a lo desokupa”, exponen en un comunicado, difundido este jueves por la tarde y en el que hacen referencia al dueño oficial del edificio, una sociedad inmobiliaria que se hizo con la propiedad en 2024.

En él explican que, en torno a la una y media de la mañana, un grupo que contabilizan en unas 15 personas ajenas a la organización –en el edificio, autogestionado desde hace 14 años, coexisten distintos colectivos– con idea de hacerse con el espacio, siempre según el relato de los miembros del EKO. También denuncian que los propietarios del fondo han participado en operaciones similares para desalojar otros inmuebles que albergan centros sociales okupados, como La Dignidad en Móstoles o el de la calle Gregorio Navas 24, en Vallecas.

“Su estrategia es siempre la misma: compra barata, presión extrajudicial, desalojo, reventa o explotación con una cuantiosa plusvalía”, sentencian a través del comunicado. Las personas que coordinan el espacio aseguran que la empresa envió a operarios cargados con “radiales, percutores, ladrillos, cemento, alargadores o focos” y otros utensilios con los que agilizar el desalojo denunciado.

Desde el EKO de Carabanchel indican que el intento pudo frenarse a tiempo debido a que, en ese momento, había gente en el interior de las instalaciones que pudo hacer frente a la situación. “El mensaje es claro: quieren quedarse el barrio a cualquier precio para especular con nuestros centros sociales, nuestras viviendas o cualquier terreno explotable, utilizando todas las vías de presión a su alcance”, intuyen, a la vez que ponen de manifiesto su determinación de ejercercer, en caso de necesitarlo, las “acciones legales oportunas”.

No es la única vez que ocurre algo similar, y de hecho es el segundo llamamiento que hacen en los últimos meses. El pasado verano, en agosto, y después de una semana en alerta ante la previsión de que algo así pudiera ocurrir, advirtieron de la presencia en los alrededores de varios agentes policiales de los que denunciaron una actitud “intimidatoria”. Entre los movimientos sociales hubo revuelo e incluso protestas posteriores, pero hasta ahora no ha vuelto a levantarse la voz de alarma.

Izquierda Unida La Rioja ha censurado públicamente la celebración de la microcrendencial 'Experto en Grappling Policial / Militar para formadores' por parte de la UR que cuenta entre sus formadores con Otavio Óscar Luz de Paula, miembro de la ertzaina, “con antecedentes dudosos” y que promueve “discursos de odio, contrarios a los derechos humanos y absolutamente discriminatorios en el seno de nuestra sociedad”. En concreto, De Paula es el director ejecutivo 1 de la formación, con una retribución prevista de 500 euros, además de profesor de tres módulos virtuales y cuatro presenciales.

Como ha explicado el diputado regional, Carlos Ollero, este ponente estará presente en la microcredencial de la UR -una certificación académica oficial de corta duración que acredita competencias y habilidades específicas- que ya está en marcha y que desde IU consideran “inaceptable”. Ante ello solicitan explicaciones al rectorado de la UR, especialmente al vicerrectorado, y según éstas “se planteará si se exigen dimisiones”, ha indicado Ollero.

En su intervención ante los medios de comunicación, Ollero ha explicado que De Paula, el primer agente de la ertzaintza en cambiar de sexo, ya desarrolló estos cursos en el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y supuso la dimisión de varios responsables del sindicato a la vez que se denunció “la deriva ultraderechista del SUP en relación a la organización de este curso”. Además, ha proseguido, la celebración de este curso por el SUP fue “formalmente y expresamente desautorizado por el Ministerio del Interior”. Jóvenes de IU ha añadido en redes sociales que De Paula también ha sido señalado como colaborador de Desokupa, pues frecuentemente ha sido contratado por la empresa para instruir a sus militantes y reconocido públicamente por aparecer en redes sociales junto a Daniel Esteve, jefe de la organización dedicada a los desalojos extrajudiciales de viviendas.

Ante ello, Ollero ha dicho no entender “en absoluto” cómo “la UR, con recursos y dinero público pueden contratar a este tipo de formadores y celebrar este curso”. Una persona, ha recalcado, “con evidentes vínculos nazis y ultraderechistas y famoso por solicitar un cambio de género calificado por sus propias compañeras de su comisaría en Irún como un fraude de ley”.

En un momento en el que “el auge de la ultraderecha es evidente en todos los niveles, con discursos contra los derechos humanos y odio constantes” en La Rioja también “se están dejando ver” porque “han aparecido pintadas de 'Cruces de David' en muchos establecimientos con carteles de apoyo a Palestina, o en lugares con banderas e incluso en nuestras sedes”.

No podemos ceder ni un ápice ante estos discursos de la ultraderecha

Carlos Ollero — Diputado de IU en La Rioja

Entienden desde IU que “las administraciones públicas y educativas deberían prestar especial cuidado y no alentar este tipo de discursos de odio contra los derechos humanos. No podemos ceder ni un ápice ante estos discursos de la ultraderecha”. Además, y con respecto a las microcredenciales que oferta la UR, Ollero también ha querido destacar que “están siendo polémicos en su conjunto por posibles sobresueldos relacionados con el equipo rectoral de la UR”.

“Desde IU somos contundentes y creemos que la UR debería replantearse la realización de este curso y suspenderlo ante las evidentes dudas que suscita con respecto a sus formadores y contenidos que se pueden llevar a cabo”. También exigen explicaciones de los organismos rectores. “La UR tiene que revisar el sistema de estos cursos porque este curso, en lo que respecta a este instructor, no es compatible con los principios de la Universidad pública ni de La Rioja”.

“No es compatible con los principios de la democracia, la igualdad y el respeto a los derechos humanos”. Por ello también insta al Gobierno de La Rioja a que vele por el cumplimiento de estos principios por eso plantearán varias preguntas parlamentarias al respecto.

Daniel Esteve, dueño de la empresa dedicada a desalojos extrajudiciales Desokupa, ha reclamado el archivo de la demanda por vulneración del derecho al honor presentada contra él por Rubén Sánchez, secretario general de la organización de consumidores Facua, por varios vídeos difundidos en sus redes sociales en los que le dirigió insultos como “comepollas”, “rata asquerosa”, “morralla” o “Facuo de mierda”. En su respuesta a esa demanda, el abogado del agitador ultra alega que su cliente pudo ser suplantado en esos vídeos por una Inteligencia Artificial (IA) y reclama que sea desestimada.  

“No se ha acreditado que tales vídeos sean auténticos y no fruto de manipulación, edición o incluso generación mediante técnicas de inteligencia artificial, por lo que en ningún caso se ha acreditado que sea mi mandante quien haya realizado estos vídeos”, recoge el escrito presentado ante el juzgado de Primera Instancia 11 de Sevilla que investiga los hechos. En caso de que el procedimiento siga adelante, el letrado anuncia que plantea pedir un informe pericial para “comprobar” la autenticidad de los vídeos y para que se acredite si fueron o no realizados por Esteve. 

En su demanda, el abogado admite la posibilidad de que las manifestaciones sean “atribuibles” a Esteve, que despliega su arsenal de insultos en vídeos en los que aparece a cara descubierta y que son difundidos en canales de YouTube como Desokupa TV o su propio perfil de X —antes Twitter—, llamado @daniesdsk. Y defiende que, en ese caso, deberían ampararse bajo la libertad de expresión. A su juicio, Esteve se habría limitado a “realizar críticas o valoraciones sobre asuntos de evidente interés público, como son las actividades de una asociación que actúa en el espacio público y se expone al debate ciudadano”. 

Según la defensa de Esteve, se trata de “manifestaciones retóricas propias del lenguaje coloquial y de la esfera pública mediática, encaminadas a enfatizar una denuncia o a expresar una voluntad de actuación, y no de afirmaciones objetivas de hecho ni de actos consumados”. Y que constituirían “juicios de valor y fórmulas retóricas que gozan de la protección constitucional de la libertad de expresión”. 

Insultos y “gravísimas” acusaciones

En su demanda, Rubén Sánchez alegó que Esteve había publicado una serie de vídeos “con el único ánimo de injuriar y minar su reputación” y en los que se dedicaba a insultarle de forma reiterada y a lanzar gravísimas acusaciones contra él. Lo acusó, por ejemplo, de quedarse con dinero de donaciones recibidas para fines judiciales por la asociación Acción Contra el Odio, de la que es vocal; o de sobornar a la fiscal Susana Gisbert, quien ha denunciado al agitador ultra en los juzgados por delito de odio por sus comentarios contra el colectivo migrante. 

“Los vídeos contienen una retahíla de insultos que resultan innecesarios y gratuitos, y su repetición insistente demuestra que no tienen más objeto que la difamación, la merma de la reputación y la lesión al honor”, recoge la demanda del secretario general de Facua, que también manifiesta que el objetivo de esos vídeos es “la pura vejación y humillación de una persona” y la atribución de actividades claramente delictivas. 

En su escrito, Sánchez expuso que los perfiles y canales desde los que se difundieron esos vídeos “suman más de un millón de seguidores”. Sólo en YouTube, X y Telegram las publicaciones habían alcanzado las 347.000 visualizaciones cuando se presentó la demanda en marzo de 2025. El secretario general de Facua reclamó una indemnización de 30.000 euros por daño moral que la defensa de Esteve considera “desproporcionada, arbitraria y carente de motivación”. 

Los vídeos que son objeto de la demanda fueron publicados por Esteve entre el 21 y el 24 de marzo de 2025, después de que trascendiera que la Fiscalía de Valencia había abierto diligencias contra él por delito de odio con relación a sus comentarios contra el colectivo migrante. El Ministerio Público finalmente presentó el pasado 10 de septiembre una denuncia por estos hechos cuya admisión a trámite está todavía pendiente. En ese procedimiento, que se desarrolla en la vía penal, la fiscal considera que Esteve difundió a través de sus redes sociales “expresiones vejatorias y que pueden incitar al odio contra el colectivo migrante” que “son claramente discriminatorias” y “difunden noticias falsas”. 

L'expresident del Govern balear José Ramón Bauzá s'ha incorporat a Atenea, la nova plataforma política impulsada per l'exdirigent de Vox Iván Espinosa de los Monteros, que aquest dijous va assenyalar, durant la presentació del projecte, que el seu laboratori d'idees neix per “ajudar a una Espanya millor” des de la societat civil i no ocuparà el lloc de “cap partit”.

El mateix Bauzá va estar present a l'acte, en què també van participar l'aconseguidor del cas Koldo, Víctor Aldama, i Daniel Esteve, propietari de l'empresa dedicada a desallotjaments extrajudicials 'Desokupa', així com el portaveu de Vox a Madrid, Javier Ortega Smith, la diputada Inés Cañizares, dirigents del PP com Juan Bravo o Cayetana Álvarez de Toledo i polemistes habituals com l'escriptora Lucía Etxebarría, Marcos de Cinquè o Alejo Vidal-Quadras.

Bauzá va governar Balears entre el 2011 i el 2015, legislatura en què el PP va aconseguir l'última majoria absoluta a les illes. Durant aquests anys, els populars van aplicar importants retallades en àrees com educació i sanitat, fent valer Bauzá que havia suprimit “tot el prescindible” alhora que proclamava que el PP és “l'única força que pot garantir una estabilitat política per a tornar a crear ocupació i creixement econòmic”.

Sota el seu mandat, l'exdirigent conservador va impulsar a més el polèmic decret per al Tractament Integrat de Llengües (TIL), que pretenia implantar un model trilingüe en català, castellà i anglès a l'ensenyament públic. La mesura va provocar una de les protestes socials més importants de la democràcia balear, amb protestes històriques de professors i manifestacions multitudinàries de l'anomenada Marea Verda. La mesura va ser finalment tombada als tribunals, però va deixar darrere seu un fort enfrontament amb la comunitat educativa.

“La sanitat balear ja no és universal, els centres de salut tanquen a dos quarts de nou, han acomiadat 1.200 professionals sanitaris, paguem deu euros per la targeta sanitària i un de cada cinc pensionistes no pot pagar els seus medicaments i no els pren, però tenim un 1,3 % de dèficit”, va manifestar al seu dia l'expresidenta del Govern i líder socialista a Balears, Francina Armengol, que va arribar a qualificar Bauzá com el “campió de les retallades dels drets dels ciutadans i dels serveis públics”.

Després d'abandonar la política autonòmica, l'exdirigent popular va recalar al Parlament Europeu de la mà de Ciutadans, formació que també va acabar deixant el 2020. Ara, amb el salt a Atenea, torna al primer pla polític en un projecte que, en paraules d'Espinosa de los Monteros, pretén col·laborar amb tots els partits. Almenys, va puntualitzar, amb els que se situïn a la “no esquerra”. Va destacar en aquest sentit que la seva col·laboració serà més valuosa com més independent sigui, per la qual cosa Atena no acceptarà diners públics ni finançament de cap partit.

El expresidente del Govern balear José Ramón Bauzá se ha incorporado a Atenea, la nueva plataforma política impulsada por el exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros, quien este jueves señaló, durante la presentación del proyecto, que su laboratorio de ideas nace para “ayudar a una España mejor” desde la sociedad civil y no ocupará el lugar de “ningún partido político”.

El propio Bauzá estuvo presente en el acto, en el que también participaron el conseguidor del caso Koldo, Víctor Aldama, y Daniel Esteve, dueño de la empresa dedicada a desalojos extrajudiciales 'Desokupa', así como, por parte de Vox, su portavoz en Madrid, Javier Ortega Smith y la diputada Inés Cañizares, dirigentes del PP como Juan Bravo o Cayetana Álvarez de Toledo y polemistas habituales como la escritora Lucía Etxebarría, Marcos de Quinto o Alejo Vidal-Quadras.

Bauzá gobernó Balears entre 2011 y 2015, legislatura en la que el PP logró la última mayoría absoluta cosechada en las islas. Durante esos años, los populares aplicaron importantes recortes en áreas como educación y sanidad, haciendo valer Bauzá que había suprimido “todo lo prescindible” a la vez que proclamaba que el PP es “la única fuerza que puede garantizar una estabilidad política para volver a crear empleo y crecimiento económico”.

Bajo su mandato, el exdirigente conservador impulsó además el polémico decreto para el Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL), que pretendía implantar un modelo trilingüe en catalán, castellano e inglés en la enseñanza pública. La medida desató una de las mayores protestas sociales de la democracia balear, con huelgas históricas de profesores y manifestaciones multitudinarias de la llamada Marea Verde. La medida fue finalmente tumbada en los tribunales, pero dejó tras de sí un fuerte enfrentamiento con la comunidad educativa.

“La sanidad balear ya no es universal, los centros de salud cierran a las cinco y media, han despedido a 1.200 profesionales sanitarios, pagamos diez euros por la tarjeta sanitaria y uno de cada cinco pensionistas no puede pagar sus medicamentos y no los toma, pero tenemos un 1,3 % de déficit”, manifestó en su día la expresidenta del Govern y líder socialista en Balears, Francina Armengol, quien llegó a calificar a Bauzá como el “campeón de los recortes de los derechos de los ciudadanos y de los servicios públicos”.

Tras abandonar la política autonómica, el exdirigente popular recaló en el Parlamento Europeo de la mano de Ciudadanos, formación que también acabó dejando en 2020. Ahora, con su salto a Atenea, regresa al primer plano político en un proyecto que, en palabras de Espinosa de los Monteros, pretende colaborar con todos los partidos. Al menos, puntualizó, con los que se sitúen en la “no izquierda”. Destacó en este sentido que su colaboración será más valiosa cuanto más independiente sea, por lo que Atena no aceptará dinero público ni financiación de ningún partido.

La Justicia ha condenado a una empresa de 'desokupación' por un delito de coacciones leves durante el intento de desalojo de un centro social de Granada el pasado mes de enero. En concreto, el Juzgado de Instrucción 6 de la capital granadina considera que la administradora de AMA Desokupa, la entidad contratada para desalojar La Madriguera, bloqueó con las órdenes dadas a sus trabajadores el acceso al edificio e impidió la entrada de alimentos para amedrentar a los activistas y ciudadanos que estaban en el inmueble, situado en pleno centro de Granada.

Los hechos, que tuvieron lugar el pasado 20 de enero, dieron lugar a escenas de tensión por la oposición de los miembros de La Madriguera a abandonar el centro. No en vano, se trataba de un centro okupado que estaba deshabitado desde hacía tiempo. Aunque había pertenecido a la Junta de Andalucía, en ese momento su propiedad era privada y fue esta la que contrató los servicios de AMA Desokupa para desalojar el edificio ante la oposición de decenas de activistas y ciudadanos de a pie que, durante horas, protestaron y trataron de detener a la empresa de desokupación, obligando a intervenir a la Policía Nacional. De hecho, tres mujeres denunciaron agresiones a su vez por parte de varios agentes policiales.

La jornada, que se saldó con cuatro personas heridas y un detenido, acabó con final feliz para los activistas de La Madriguera que consiguieron renegociar el desalojo, aplazándolo hasta marzo. No obstante, dos meses después dieron por roto el pacto al entender que la propiedad del edificio había actuado de mala fe al hacer uso de esas tácticas de coacción y amedrentamiento que protagonizaron los miembros de AMA Desokupa, contratados entonces como “vigilantes de seguridad”. Pese a ello, la Justicia sí reconoce esas tácticas parcialmente al condenar a la representante legal de la entidad. En todo caso, el centro social sí acabó siendo desalojado definitivamente el pasado mes de mayo por la Policía Nacional.

La denuncia presentada tras aquellos hechos señalaba que un grupo de trabajadores de la empresa permaneció durante más de quince horas en la entrada del edificio, impidiendo el paso a residentes y a terceras personas, y bloqueando el acceso de alimentos. Según el escrito, se llegó a advertir a quienes se encontraban dentro que abandonarían el inmueble “por las buenas o por las malas”. El mismo documento, al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, apunta también que uno de los integrantes de la operación llegó a proferir amenazas de muerte, aunque este extremo no ha quedado acreditado durante el proceso judicial al no haberse podido identificar a su autor.

Los denunciantes aportaron fotografías, material gráfico y una publicación en la propia página web de AMA Desokupa en la que la empresa reconocía su participación en los hechos y relataba cómo había organizado un “control de accesos” en el inmueble. En la denuncia se solicitaba que se tomase declaración a las personas que intervinieron aquel día, además de la identificación de todo el personal desplazado.

Una multa económica simbólica

El juzgado considera probado que la actuación de la empresa se tradujo en impedir la entrada de alimentos a las personas que se encontraban dentro del centro social, lo que supone una limitación ilegítima de su libertad. Esa conducta es la que se señala como un delito leve de coacciones por parte de la administradora de la entidad. La resolución, sin embargo, descarta que existiera un delito de amenazas y absuelve tanto a la propiedad del inmueble como al personal de seguridad privada, al no haberse acreditado su participación directa en las acciones que motivaron la condena, pese a la existencia de numerosas imágenes grabadas durante la jornada.

De ese modo, el fallo condena a la responsable de AMA Desokupa a una sanción simbólica de un mes de multa con una cuota diaria de siete euros -210 euros en total- y al pago de una décima parte de las costas procesales. La sentencia no es firme y puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Granada. No obstante, supone el reconocimiento explícito del tipo de actuación de estas empresas en hechos como los sucedidos el pasado 20 de enero.

Pese a la condena y a las pruebas aportadas por los denunciantes, el tribunal considera que se produce un delito leve porque entiende que no se pudo atribuir a la responsable de la empresa ninguna amenaza directa, ni tampoco las expresiones atribuidas a alguno de sus empleados como el “te voy a matar” que señalan los denunciantes, ya que no se identificó a la persona que las pronunció. El tribunal descarta además que la negativa a permitir el acceso al inmueble constituya coacciones, pero sí considera probado que impedir la entrada de comida vulneró derechos básicos de quienes estaban dentro del centro.

El testimonio de los denunciantes y el atestado policial han resultado claves para el fallo. Ambos han apuntado que la persona que daba las órdenes al grupo de desokupación era la representante de AMA Desokupa, lo que ha permitido al juez atribuirle la responsabilidad aunque no quedara determinado quién ejecutó materialmente la acción de interceptar los alimentos. A su vez, la sentencia absuelve de todos los cargos a la propietaria del inmueble y a los “vigilantes de seguridad” que habían sido contratado para la operación, al entender que no existen pruebas de que intervinieran en los hechos concretos.

La Fiscalía Provincial de Valencia ha presentado una denuncia en los tribunales por incitación al odio y delito contra la integridad moral contra Daniel Esteve, dueño de la empresa dedicada a desalojos extrajudiciales 'Desokupa'. El Ministerio Público considera que este agitador ultra difundió a través de sus redes sociales “expresiones vejatorias y que pueden incitar al odio contra el colectivo migrante” que “son claramente discriminatorias” y “difunden noticias falsas”, según el decreto que ha adelantado La Sexta y al que ha tenido acceso elDiario.es.

“Debilitamos a la Policía, dejamos entrar a los que dejamos entrar y se están cargando a nuestros críos (...) Os vais a cagar (....) Anchoa que se cruce en nuestro camino, anchoa a la plancha” o “Barcelona, carretera de Sants, un árabe afilando su herramienta de trabajo para salir a trabajar. A ver, tiene que hacer su trabajo: pinchar, rajar”, son algunos de los mensajes que recoge la Fiscalía en el citado decreto. 

La fiscal Susana Gisbert, especializada en delitos de odio, acordó el pasado marzo abrir diligencias preprocesales contra Esteve tras recibir una denuncia de 'Acción Contra el Odio'. La entidad denunció la “sistemática incitación al odio por parte del ultraderechista dueño de la empresa Desokupa contra el colectivo de personas migrantes basada en bulos y mentiras que, en muchas ocasiones, él mismo fabrica”.

Entonces, la fiscal reclamó a la Policía que identificara al titular de la cuenta en la red social X @daniesdsk, donde se vertieron “mensajes claramente discriminatorios”, y tras la que se ha identificado a Esteve. La fiscal estima que lo procedente es “la remisión al órgano judicial competente”, al que le reclama que lleve a cabo una serie de diligencias. 

Así, la Fiscalía reclama que la Brigada de información de la Policía Nacional averigüe el lugar de emisión de los mensajes y lo haga investigando la naturaleza y la fuerza del lenguaje utilizado y si es frecuente que sea degradante, ofensivo o violento. También pide comprobar si el autor de estos mensajes ha creado o está vinculado a grupos o comunidades dedicadas a la promoción del odio y la discriminación contra un colectivo en particular.

En una nota de prensa, el equipo jurídico de 'Acción Contra el Odio' ha celebrado la decisión de la Fiscalía y ha puesto el foco en la necesidad de que “los tribunales persigan los discursos de odio de aquellos perfiles públicos que tienen mayor repercusión pública y capacidad de incidencia, y no únicamente a los perfiles anónimos poco influyentes”. La asociación insiste, además, en la urgencia de generar una jurisprudencia que “condene la hostilidad y la discriminación hacia la población migrante y no reserve únicamente las condenas a los llamamientos explícitos a la violencia”.

El centro social okupado EKO, en Carabanchel, denuncia graves amenazas para expulsarles de un edificio autogestionado desde hace 14 años. En la última semana han estado emitiendo alertas y llamamientos en redes sociales para proteger el CSO, pues tuvieron noticias de que pronto podía llegarles una empresa especializada en expulsiones y vaciado de propiedades, con métodos “ilegales”, según el CSO.

El que alojan era un inmueble abandonado que empezaron a utilizar como centro de actividades culturales, políticas, vecinales o de ocio en el barrio. Durante más de una década la infraestructura estuvo en concurso de acreedores, pero en 2024 la compró una sociedad inmobiliaria llamada Midtown Capital Partners. Ahora, el EKO hace pública su situación reciente: afirman que una empresa ha tratado de echarles y señalan precisamente a este fondo de inversión.

“Compran barato para maximizar benecios y, antes de empezar procesos judiciales largos, inician una escalada de intimidación, presión, amenazas, coacción y violencia contra las personas que habitan el espacio para intentar recuperar el edicio de manera rápida y efectiva, aunque ilegal”, concluyen desde el CSO, que sospecha un modus operandi que la empresa replica en otras inversiones, como ocurrió en 2023 en el bloque de la Dignidad de Móstoles que esta sociedad adquirió a la Sareb. En su narración de los hechos cuentan que la madrugada del pasado lunes 25 de agosto dos agentes de la Policía Nacional recorrieron “varias veces” en coche el entorno del EKO.

Serían las cuatro de la mañana y, siempre según su testimonio, los policías llegaron a dirigirse a otros compañeros en el edificio para llamar su atención con un megáfono. “Tic-tac, tic-tac, tic-tac...”, es lo que explican que repetían, a su parecer en “tono de burla e intimidación”. En el comunicado añaden que una hora más tarde fueron otros cinco hombres “corpulentos y vestidos de negro” quienes merodearon por la zona “de forma intimidatoria”, aunque se marcharon sin llegar a entrar.

“Horas después, la Policía Nacional identicó sin alegar motivo a once personas en la entrada del EKO, algo muy poco habitual en todos estos años de vida del centro social. [...] El 26 de agosto, a las 9.17 horas, cuatro agentes de paisano se presentaron en el espacio e identificaron a varias personas del CSO” alegando, según sus integrantes, que eran “órdenes del jefe” y se pasarían a revisar “todas las mañanas”.

“Sospechamos que este es el comienzo de un proceso de presión y acoso para intentar desalojar por la fuerza un espacio que lleva años dando vida a multitud de proyectos y colectivos, redes de apoyo, cultura o resistencia y siendo punto de encuentro para tantas personas que habitamos y cuidamos Carabanchel”, sentencia el comunicado de la EKO, donde apuntan directamente a una “campaña de presión al margen de la legalidad”, pues dicen no haber recibido procedimiento de desalojo alguno. En los últimos meses, otro CSO de Carabanchel llamado Vetades también fue clausurado a raíz de un incendio y otros tótems como La Atalaya, en Vallecas, fue desalojado a finales del año pasado.

La violencia de grupos de ultraderecha que estos días hemos visto en la localidad murciana de Torre Pacheco es una muestra del modus operandi de la extrema derecha: aprovechar un incidente de seguridad para organizar una guerra racial. Así fue también en los años 90 en los pueblos del sureste de Francia con el auge de Le Pen. Así ha sido en el norte de Inglaterra. Así fue en El Ejido en el año 2000. Así está siendo en Torre Pacheco: El detonante ha sido una agresión a un hombre de 68 años.

Álvaro García Sánchez, periodista de elDiario.es enviado a Torre Pacheco, nos resume sus sensaciones, lo que ha visto, lo que ha oído desde los disturbios del sábado por la noche. Además, con Elisa Reche, directora de elDiario.es en la Región de Murcia, explicamos de dónde viene toda esta violencia, el caldo de cultivo que partidos como Vox ha ido propiciando para que se produjeran altercados como los de Torre Pacheco.

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La mañana del 12 de diciembre, Manuela se encontraba descansando, tras una sesión de quimioterapia de las que la dejaban agotada durante días. Sobre las 13 horas, la sobresaltaron fuertes gritos y golpes. La mujer, de 69 años, contempló a través de la mirilla a dos hombres que la increpaban. “Sal de aquí”, “esta no es tu casa”, “sales por las buenas o te sacamos por las malas”. La pareja deslizó bajo la puerta una tarjeta en la que aparecía rotulado 'Desokupalcarria' y un hombre hipermusculado y sin camiseta sobre los colores de la bandera de España, con un teléfono y una dirección de correo electrónico. Volvieron el 18 de diciembre y, de nuevo, el 19, con la amenaza de “montar un control de acceso”: “Cuando salgas ya no vas a poder coger tus cosas”.

Los entrecomillados aparecen recogidos en el auto de la Audiencia Provincial de Madrid que obliga a investigar estos hechos, que Manuela denunció, pero que cayeron en saco roto, después de que el juzgado de Instrucción número 9 incoase diligencias previas y decretase su sobreseimiento provisional, al considerar que no quedaba “debidamente justificada la perpetración del delito”.

Un archivo que, según la Audiencia Provincial, se hizo sin “haber agotado los medios de investigación”, ante un posible delito de coacciones agravadas por recaer sobre la vivienda habitual y de amenazas graves por parte de los hombres que se personaron en el domicilio de la mujer, de 69 años y que lleva residiendo en la vivienda desde 1973.

Manuela vive en la que fue, primero, la casa de sus padres y, después, suya propia. En 2002, avaló a su hija con un 20% de la vivienda pero durante la crisis financiera, perdió la propiedad. Sin embargo, el BBVA pactó con ella un alquiler social, dada su situación de vulnerabilidad, que pagó mes a mes, hasta que en 2017 la entidad canceló la cuenta en la que ingresaba la renta, que ha ido reservando a la par que entraba en una espiral de intentos de desahucio.

En 2023, la propiedad cambió de manos. Para entonces, ella estaba acogida a la moratoria antidesahucios para hogares vulnerables, desplegada durante la pandemia y que habría salvado ya de la calle a unas 58.000 familias. Estos cambios de escrituras no están cuantificados, pero los grandes portales han comenzado en los últimos tiempos a plagarse de anuncios “solo para inversores”, porque tienen familias dentro. Según ha podido saber elDiario.es, en muchos casos habitan personas acogidas al decreto antidesahucios que impide expulsarlas por su situación de vulnerabilidad o que están acogidas a alquileres sociales por parte de grandes fondos, que quieren deshacerse de estos inmuebles ofreciéndolos a precios por debajo de mercado. La propia Manuela encontró su piso en Idealista.

La antropóloga social Irene Sabaté indicaba en un reportaje en este medio que estas prácticas “impulsan la industria de la desokupación extrajudicial, que crece con una impunidad pasmosa, porque quien decida hacer una inversión en uno de estos inmuebles, lo primero que va a intentar será desalojarlo”.

Pese a la protección legal, con el cambio de manos de la escritura, Manuela tuvo que soportar en las vísperas de las últimas navidades hasta tres visitas de una empresa parapolicial, que algunos abogados están llevando ante la justicia por posibles delitos de coacciones. En el caso de esta mujer, el juzgado de primera instancia le dio la espalda, forzándola a recurrir a la Audiencia Provincial, que ha considerado que “no le falta razón”, porque “el sobreseimiento provisional acordado es prematuro y debe ser revocado”.

La Justicia marca así el camino al tribunal, al que le dice qué diligencias debe seguir: “La declaración de la denunciante en calidad de testigo, la declaración testifical de los vecinos mencionados, de libre oficio a la Comisaría de San Blas/Canillejas para que procedan a identificar a los autores de los hechos y, una vez se conozca su filiación, se les cite en calidad de investigados y se reciba declaración al representante legal de Sialco 22 S.L.”. Todo, con el objetivo de que “se adopte, con libertad de criterio, la resolución que considere procedente”.

Porque, como se desprende del auto de la Audiencia Provincial, al que ha tenido acceso elDiario.es, el juzgado archivó la denuncia sin tomar declaración ni a los vecinos que habían presenciado los altercados ni a las personas identificadas por la policía, que llegaron a tiempo a la llamada de Manuela el 19 de diciembre.

La proliferación de grupos de desokupación, que actúan al margen de los mandatos judiciales, está en el foco de algunos grupos políticos, como Podemos o Sumar, que han pedido su disolución. Mientras, algunos organismos los utilizan como brazo ejecutor frente a la labor policial. El Ayuntamiento de Valdemoro, del Partido Popular, presumía hace unas semanas en su cuenta de X de la “desocupación con la intervención de la empresa de Daniel Esteve”, Desokupa, contra quien la Fiscalía tiene abiertas diligencias por delito de odio, tras detectar “mensajes de odio en la red social X que asocian delincuencia con inmigración”.

La forma de actuar de estos grupos ha llegado a los tribunales en alguna ocasión. Ya en 2022, un juzgado de Madrid condenó a Bastión Desokupación por un delito leve de lesiones y el pago de una indemnización de 350 euros, que se sumaba a otra por un delito leve de coacciones, al considerar que “propinaron varios golpes y un empujón al denunciante”. Otra sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid era clara en cuanto a las actuaciones de esta empresa: “Solo puede calificarse como una actuación intimidatoria”.

El alcalde de Valdemoro por el Partido Popular, David Conde, ha comparecido en un vídeo difundido por el Ayuntamiento en el que se publicita el desalojo de un bloque de pisos ejecutado por la empresa ultra Desokupa hace casi dos meses. “Lo que hay que dejar claro es que Valdemoro no es una ciudad que vaya a ser ni colaboradora ni consentidora con la okupación”, expresa el alcalde en un vídeo en el que también interviene Daniel Esteve, propietario de la empresa y figura relevante en el ecosistema de extrema derecha en las redes sociales.

Según explican desde el consistorio, este bloque de pisos en la calle Herencia del municipio fue construido en el año 2010 y ocupado de manera ilegal poco después hasta hace unos pocos días. Los propietarios terminaron contratando a Desokupa después de años de “numerosas intervenciones policiales”, tal y como destaca en el vídeo también un responsable de la Policía Local de Valdemoro.

Desde el consistorio destacan que no ha sido el Ayuntamiento el que ha contratado a Desokupa sino el propietario del inmueble. La intervención del municipio se ha limitado a la presencia policial en la vía pública para “velar por el cumplimiento de la Ley y evitar incidentes de seguridad ciudadana” y los Servicios Sociales, que aseguran que ninguna familia ha solicitado su intervención para asistir a familias vulnerables o menores de edad.

Daniel Esteve ha presumido en las últimas semanas en sus redes sociales de haber ejecutado este desalojo en un bloque de pisos el pasado mes de febrero.

La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias de investigación por un presunto delito de odio contra Daniel Esteve, dueño de la empresa 'Desokupa', tras una denuncia de 'Acción Contra el Odio'. Se trata de una fase preprocesal para practicar las diligencias necesarias que determinen si los hechos denunciados serían constitutivos de un presunto delito de odio.

El Ministerio Público recibió la denuncia el pasado 9 de febrero, en un escrito que “pone en conocimiento mensajes racistas en la red social X que asocian delincuencia con inmigración”, según indica el decreto firmado por la fiscal jefa de Valencia.

La entidad denunció la “sistemática incitación al odio por parte del ultraderechista dueño de la empresa Desokupa contra el colectivo de personas migrantes basada en bulos y mentiras que, en muchas ocasiones, él mismo fabrica”.

La “persona considerada sospechosa” de estar detrás de la cuenta en la red social propiedad de Elon Musk denunciada sería Daniel Esteve, señala el escrito del Ministerio Público. La fiscal Susana Gisbert, especializada en delitos de odio, ha asumido las diligencias de investigación.

El decreto de la Fiscalía Provincial de Valencia, del pasado 10 de marzo, explica que se ha acordado pedir a la Policía que emita un informe sobre el “lugar desde el que se emiten los mensajes de la cuenta denunciada”.

El Ayuntamiento de Vigo va a investigar la participación de la Policía Local de la ciudad en un operativo en un piso en el que supuestamente se vendían drogas y en el que estaba presente la empresa ultra Desokupa. El Gobierno municipal asegura que “abrirá diligencias previas internamente para esclarecer lo sucedido”. Agrega que los agentes acudieron al lugar, en la calle Sagunto, porque se reclamó su presencia para “cooperar en la regulación del tráfico o eventuales situaciones de ámbito social que pudiesen surgir durante la intervención en el desalojo”.

El propio Daniel Esteve publicó en sus redes sociales un vídeo en el que asegura que están interviniendo con el grupo operativo de apoyo (GOA) de la Policía Local de Vigo y en el que se ve a varios agentes con el uniforme. El BNG ha denunciado lo ocurrido, que califica como “hecho gravísimo” y ha pedido explicaciones al Gobierno local. El portavoz municipal de la formación nacionalista, Xabier P. Igrexas, pide la comparecencia inmediata de la concejala de Seguridade, Patricia Rodríguez Calviño.

Además, el BNG reclama al subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, que aclare si estaba al tanto de que la empresa iba a estar presente en la intervención, dado que la participación del GOA en el operativo tendría que haber sido requerida por el Cuerpo Nacional de Policía, Según Igrexas.

Los hechos ocurrieron el martes. En el operativo fue detenida una persona supuestamente por su relación con el tráfico de drogas. El BNG añade que en las imágenes publicadas por Daniel Esteve se muestra el piso y se ve a varios miembros de Desokupa que tocan elementos objeto de la investigación mientras los agentes están actuando. “Estamos ante hechos gravísimos, sin precedentes conocidos hasta el momento, como es la participación de un grupo ultra, conocido por sus intervenciones violentas y comportamientos de tipo mafioso, colaborando en una actuación policial”, critica Igrexas, que considera que, además, se puede ver comprometida la validez jurídica de la intervención.