El EKO vuelve a dar la voz de alarma. Este centro social okupado en Carabanchel, el distrito más poblado de Madrid, acaba de denunciar un segundo intento de desalojo que, según su relato, pudieron frenar con éxito hace una semana, en la madrugada del pasado 4 de marzo. “Hemos parado a Midtown Capital Partners S.A., el fondo buitre que ha intentado realizar un desalojo a lo desokupa”, exponen en un comunicado, difundido este jueves por la tarde y en el que hacen referencia al dueño oficial del edificio, una sociedad inmobiliaria que se hizo con la propiedad en 2024.

En él explican que, en torno a la una y media de la mañana, un grupo que contabilizan en unas 15 personas ajenas a la organización –en el edificio, autogestionado desde hace 14 años, coexisten distintos colectivos– con idea de hacerse con el espacio, siempre según el relato de los miembros del EKO. También denuncian que los propietarios del fondo han participado en operaciones similares para desalojar otros inmuebles que albergan centros sociales okupados, como La Dignidad en Móstoles o el de la calle Gregorio Navas 24, en Vallecas.

“Su estrategia es siempre la misma: compra barata, presión extrajudicial, desalojo, reventa o explotación con una cuantiosa plusvalía”, sentencian a través del comunicado. Las personas que coordinan el espacio aseguran que la empresa envió a operarios cargados con “radiales, percutores, ladrillos, cemento, alargadores o focos” y otros utensilios con los que agilizar el desalojo denunciado.

Desde el EKO de Carabanchel indican que el intento pudo frenarse a tiempo debido a que, en ese momento, había gente en el interior de las instalaciones que pudo hacer frente a la situación. “El mensaje es claro: quieren quedarse el barrio a cualquier precio para especular con nuestros centros sociales, nuestras viviendas o cualquier terreno explotable, utilizando todas las vías de presión a su alcance”, intuyen, a la vez que ponen de manifiesto su determinación de ejercercer, en caso de necesitarlo, las “acciones legales oportunas”.

No es la única vez que ocurre algo similar, y de hecho es el segundo llamamiento que hacen en los últimos meses. El pasado verano, en agosto, y después de una semana en alerta ante la previsión de que algo así pudiera ocurrir, advirtieron de la presencia en los alrededores de varios agentes policiales de los que denunciaron una actitud “intimidatoria”. Entre los movimientos sociales hubo revuelo e incluso protestas posteriores, pero hasta ahora no ha vuelto a levantarse la voz de alarma.

Izquierda Unida La Rioja ha censurado públicamente la celebración de la microcrendencial 'Experto en Grappling Policial / Militar para formadores' por parte de la UR que cuenta entre sus formadores con Otavio Óscar Luz de Paula, miembro de la ertzaina, “con antecedentes dudosos” y que promueve “discursos de odio, contrarios a los derechos humanos y absolutamente discriminatorios en el seno de nuestra sociedad”. En concreto, De Paula es el director ejecutivo 1 de la formación, con una retribución prevista de 500 euros, además de profesor de tres módulos virtuales y cuatro presenciales.

Como ha explicado el diputado regional, Carlos Ollero, este ponente estará presente en la microcredencial de la UR -una certificación académica oficial de corta duración que acredita competencias y habilidades específicas- que ya está en marcha y que desde IU consideran “inaceptable”. Ante ello solicitan explicaciones al rectorado de la UR, especialmente al vicerrectorado, y según éstas “se planteará si se exigen dimisiones”, ha indicado Ollero.

En su intervención ante los medios de comunicación, Ollero ha explicado que De Paula, el primer agente de la ertzaintza en cambiar de sexo, ya desarrolló estos cursos en el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y supuso la dimisión de varios responsables del sindicato a la vez que se denunció “la deriva ultraderechista del SUP en relación a la organización de este curso”. Además, ha proseguido, la celebración de este curso por el SUP fue “formalmente y expresamente desautorizado por el Ministerio del Interior”. Jóvenes de IU ha añadido en redes sociales que De Paula también ha sido señalado como colaborador de Desokupa, pues frecuentemente ha sido contratado por la empresa para instruir a sus militantes y reconocido públicamente por aparecer en redes sociales junto a Daniel Esteve, jefe de la organización dedicada a los desalojos extrajudiciales de viviendas.

Ante ello, Ollero ha dicho no entender “en absoluto” cómo “la UR, con recursos y dinero público pueden contratar a este tipo de formadores y celebrar este curso”. Una persona, ha recalcado, “con evidentes vínculos nazis y ultraderechistas y famoso por solicitar un cambio de género calificado por sus propias compañeras de su comisaría en Irún como un fraude de ley”.

En un momento en el que “el auge de la ultraderecha es evidente en todos los niveles, con discursos contra los derechos humanos y odio constantes” en La Rioja también “se están dejando ver” porque “han aparecido pintadas de 'Cruces de David' en muchos establecimientos con carteles de apoyo a Palestina, o en lugares con banderas e incluso en nuestras sedes”.

No podemos ceder ni un ápice ante estos discursos de la ultraderecha

Carlos Ollero — Diputado de IU en La Rioja

Entienden desde IU que “las administraciones públicas y educativas deberían prestar especial cuidado y no alentar este tipo de discursos de odio contra los derechos humanos. No podemos ceder ni un ápice ante estos discursos de la ultraderecha”. Además, y con respecto a las microcredenciales que oferta la UR, Ollero también ha querido destacar que “están siendo polémicos en su conjunto por posibles sobresueldos relacionados con el equipo rectoral de la UR”.

“Desde IU somos contundentes y creemos que la UR debería replantearse la realización de este curso y suspenderlo ante las evidentes dudas que suscita con respecto a sus formadores y contenidos que se pueden llevar a cabo”. También exigen explicaciones de los organismos rectores. “La UR tiene que revisar el sistema de estos cursos porque este curso, en lo que respecta a este instructor, no es compatible con los principios de la Universidad pública ni de La Rioja”.

“No es compatible con los principios de la democracia, la igualdad y el respeto a los derechos humanos”. Por ello también insta al Gobierno de La Rioja a que vele por el cumplimiento de estos principios por eso plantearán varias preguntas parlamentarias al respecto.

Daniel Esteve, dueño de la empresa dedicada a desalojos extrajudiciales Desokupa, ha reclamado el archivo de la demanda por vulneración del derecho al honor presentada contra él por Rubén Sánchez, secretario general de la organización de consumidores Facua, por varios vídeos difundidos en sus redes sociales en los que le dirigió insultos como “comepollas”, “rata asquerosa”, “morralla” o “Facuo de mierda”. En su respuesta a esa demanda, el abogado del agitador ultra alega que su cliente pudo ser suplantado en esos vídeos por una Inteligencia Artificial (IA) y reclama que sea desestimada.  

“No se ha acreditado que tales vídeos sean auténticos y no fruto de manipulación, edición o incluso generación mediante técnicas de inteligencia artificial, por lo que en ningún caso se ha acreditado que sea mi mandante quien haya realizado estos vídeos”, recoge el escrito presentado ante el juzgado de Primera Instancia 11 de Sevilla que investiga los hechos. En caso de que el procedimiento siga adelante, el letrado anuncia que plantea pedir un informe pericial para “comprobar” la autenticidad de los vídeos y para que se acredite si fueron o no realizados por Esteve. 

En su demanda, el abogado admite la posibilidad de que las manifestaciones sean “atribuibles” a Esteve, que despliega su arsenal de insultos en vídeos en los que aparece a cara descubierta y que son difundidos en canales de YouTube como Desokupa TV o su propio perfil de X —antes Twitter—, llamado @daniesdsk. Y defiende que, en ese caso, deberían ampararse bajo la libertad de expresión. A su juicio, Esteve se habría limitado a “realizar críticas o valoraciones sobre asuntos de evidente interés público, como son las actividades de una asociación que actúa en el espacio público y se expone al debate ciudadano”. 

Según la defensa de Esteve, se trata de “manifestaciones retóricas propias del lenguaje coloquial y de la esfera pública mediática, encaminadas a enfatizar una denuncia o a expresar una voluntad de actuación, y no de afirmaciones objetivas de hecho ni de actos consumados”. Y que constituirían “juicios de valor y fórmulas retóricas que gozan de la protección constitucional de la libertad de expresión”. 

Insultos y “gravísimas” acusaciones

En su demanda, Rubén Sánchez alegó que Esteve había publicado una serie de vídeos “con el único ánimo de injuriar y minar su reputación” y en los que se dedicaba a insultarle de forma reiterada y a lanzar gravísimas acusaciones contra él. Lo acusó, por ejemplo, de quedarse con dinero de donaciones recibidas para fines judiciales por la asociación Acción Contra el Odio, de la que es vocal; o de sobornar a la fiscal Susana Gisbert, quien ha denunciado al agitador ultra en los juzgados por delito de odio por sus comentarios contra el colectivo migrante. 

“Los vídeos contienen una retahíla de insultos que resultan innecesarios y gratuitos, y su repetición insistente demuestra que no tienen más objeto que la difamación, la merma de la reputación y la lesión al honor”, recoge la demanda del secretario general de Facua, que también manifiesta que el objetivo de esos vídeos es “la pura vejación y humillación de una persona” y la atribución de actividades claramente delictivas. 

En su escrito, Sánchez expuso que los perfiles y canales desde los que se difundieron esos vídeos “suman más de un millón de seguidores”. Sólo en YouTube, X y Telegram las publicaciones habían alcanzado las 347.000 visualizaciones cuando se presentó la demanda en marzo de 2025. El secretario general de Facua reclamó una indemnización de 30.000 euros por daño moral que la defensa de Esteve considera “desproporcionada, arbitraria y carente de motivación”. 

Los vídeos que son objeto de la demanda fueron publicados por Esteve entre el 21 y el 24 de marzo de 2025, después de que trascendiera que la Fiscalía de Valencia había abierto diligencias contra él por delito de odio con relación a sus comentarios contra el colectivo migrante. El Ministerio Público finalmente presentó el pasado 10 de septiembre una denuncia por estos hechos cuya admisión a trámite está todavía pendiente. En ese procedimiento, que se desarrolla en la vía penal, la fiscal considera que Esteve difundió a través de sus redes sociales “expresiones vejatorias y que pueden incitar al odio contra el colectivo migrante” que “son claramente discriminatorias” y “difunden noticias falsas”. 

L'expresident del Govern balear José Ramón Bauzá s'ha incorporat a Atenea, la nova plataforma política impulsada per l'exdirigent de Vox Iván Espinosa de los Monteros, que aquest dijous va assenyalar, durant la presentació del projecte, que el seu laboratori d'idees neix per “ajudar a una Espanya millor” des de la societat civil i no ocuparà el lloc de “cap partit”.

El mateix Bauzá va estar present a l'acte, en què també van participar l'aconseguidor del cas Koldo, Víctor Aldama, i Daniel Esteve, propietari de l'empresa dedicada a desallotjaments extrajudicials 'Desokupa', així com el portaveu de Vox a Madrid, Javier Ortega Smith, la diputada Inés Cañizares, dirigents del PP com Juan Bravo o Cayetana Álvarez de Toledo i polemistes habituals com l'escriptora Lucía Etxebarría, Marcos de Cinquè o Alejo Vidal-Quadras.

Bauzá va governar Balears entre el 2011 i el 2015, legislatura en què el PP va aconseguir l'última majoria absoluta a les illes. Durant aquests anys, els populars van aplicar importants retallades en àrees com educació i sanitat, fent valer Bauzá que havia suprimit “tot el prescindible” alhora que proclamava que el PP és “l'única força que pot garantir una estabilitat política per a tornar a crear ocupació i creixement econòmic”.

Sota el seu mandat, l'exdirigent conservador va impulsar a més el polèmic decret per al Tractament Integrat de Llengües (TIL), que pretenia implantar un model trilingüe en català, castellà i anglès a l'ensenyament públic. La mesura va provocar una de les protestes socials més importants de la democràcia balear, amb protestes històriques de professors i manifestacions multitudinàries de l'anomenada Marea Verda. La mesura va ser finalment tombada als tribunals, però va deixar darrere seu un fort enfrontament amb la comunitat educativa.

“La sanitat balear ja no és universal, els centres de salut tanquen a dos quarts de nou, han acomiadat 1.200 professionals sanitaris, paguem deu euros per la targeta sanitària i un de cada cinc pensionistes no pot pagar els seus medicaments i no els pren, però tenim un 1,3 % de dèficit”, va manifestar al seu dia l'expresidenta del Govern i líder socialista a Balears, Francina Armengol, que va arribar a qualificar Bauzá com el “campió de les retallades dels drets dels ciutadans i dels serveis públics”.

Després d'abandonar la política autonòmica, l'exdirigent popular va recalar al Parlament Europeu de la mà de Ciutadans, formació que també va acabar deixant el 2020. Ara, amb el salt a Atenea, torna al primer pla polític en un projecte que, en paraules d'Espinosa de los Monteros, pretén col·laborar amb tots els partits. Almenys, va puntualitzar, amb els que se situïn a la “no esquerra”. Va destacar en aquest sentit que la seva col·laboració serà més valuosa com més independent sigui, per la qual cosa Atena no acceptarà diners públics ni finançament de cap partit.

El expresidente del Govern balear José Ramón Bauzá se ha incorporado a Atenea, la nueva plataforma política impulsada por el exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros, quien este jueves señaló, durante la presentación del proyecto, que su laboratorio de ideas nace para “ayudar a una España mejor” desde la sociedad civil y no ocupará el lugar de “ningún partido político”.

El propio Bauzá estuvo presente en el acto, en el que también participaron el conseguidor del caso Koldo, Víctor Aldama, y Daniel Esteve, dueño de la empresa dedicada a desalojos extrajudiciales 'Desokupa', así como, por parte de Vox, su portavoz en Madrid, Javier Ortega Smith y la diputada Inés Cañizares, dirigentes del PP como Juan Bravo o Cayetana Álvarez de Toledo y polemistas habituales como la escritora Lucía Etxebarría, Marcos de Quinto o Alejo Vidal-Quadras.

Bauzá gobernó Balears entre 2011 y 2015, legislatura en la que el PP logró la última mayoría absoluta cosechada en las islas. Durante esos años, los populares aplicaron importantes recortes en áreas como educación y sanidad, haciendo valer Bauzá que había suprimido “todo lo prescindible” a la vez que proclamaba que el PP es “la única fuerza que puede garantizar una estabilidad política para volver a crear empleo y crecimiento económico”.

Bajo su mandato, el exdirigente conservador impulsó además el polémico decreto para el Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL), que pretendía implantar un modelo trilingüe en catalán, castellano e inglés en la enseñanza pública. La medida desató una de las mayores protestas sociales de la democracia balear, con huelgas históricas de profesores y manifestaciones multitudinarias de la llamada Marea Verde. La medida fue finalmente tumbada en los tribunales, pero dejó tras de sí un fuerte enfrentamiento con la comunidad educativa.

“La sanidad balear ya no es universal, los centros de salud cierran a las cinco y media, han despedido a 1.200 profesionales sanitarios, pagamos diez euros por la tarjeta sanitaria y uno de cada cinco pensionistas no puede pagar sus medicamentos y no los toma, pero tenemos un 1,3 % de déficit”, manifestó en su día la expresidenta del Govern y líder socialista en Balears, Francina Armengol, quien llegó a calificar a Bauzá como el “campeón de los recortes de los derechos de los ciudadanos y de los servicios públicos”.

Tras abandonar la política autonómica, el exdirigente popular recaló en el Parlamento Europeo de la mano de Ciudadanos, formación que también acabó dejando en 2020. Ahora, con su salto a Atenea, regresa al primer plano político en un proyecto que, en palabras de Espinosa de los Monteros, pretende colaborar con todos los partidos. Al menos, puntualizó, con los que se sitúen en la “no izquierda”. Destacó en este sentido que su colaboración será más valiosa cuanto más independiente sea, por lo que Atena no aceptará dinero público ni financiación de ningún partido.

La Justicia ha condenado a una empresa de 'desokupación' por un delito de coacciones leves durante el intento de desalojo de un centro social de Granada el pasado mes de enero. En concreto, el Juzgado de Instrucción 6 de la capital granadina considera que la administradora de AMA Desokupa, la entidad contratada para desalojar La Madriguera, bloqueó con las órdenes dadas a sus trabajadores el acceso al edificio e impidió la entrada de alimentos para amedrentar a los activistas y ciudadanos que estaban en el inmueble, situado en pleno centro de Granada.

Los hechos, que tuvieron lugar el pasado 20 de enero, dieron lugar a escenas de tensión por la oposición de los miembros de La Madriguera a abandonar el centro. No en vano, se trataba de un centro okupado que estaba deshabitado desde hacía tiempo. Aunque había pertenecido a la Junta de Andalucía, en ese momento su propiedad era privada y fue esta la que contrató los servicios de AMA Desokupa para desalojar el edificio ante la oposición de decenas de activistas y ciudadanos de a pie que, durante horas, protestaron y trataron de detener a la empresa de desokupación, obligando a intervenir a la Policía Nacional. De hecho, tres mujeres denunciaron agresiones a su vez por parte de varios agentes policiales.

La jornada, que se saldó con cuatro personas heridas y un detenido, acabó con final feliz para los activistas de La Madriguera que consiguieron renegociar el desalojo, aplazándolo hasta marzo. No obstante, dos meses después dieron por roto el pacto al entender que la propiedad del edificio había actuado de mala fe al hacer uso de esas tácticas de coacción y amedrentamiento que protagonizaron los miembros de AMA Desokupa, contratados entonces como “vigilantes de seguridad”. Pese a ello, la Justicia sí reconoce esas tácticas parcialmente al condenar a la representante legal de la entidad. En todo caso, el centro social sí acabó siendo desalojado definitivamente el pasado mes de mayo por la Policía Nacional.

La denuncia presentada tras aquellos hechos señalaba que un grupo de trabajadores de la empresa permaneció durante más de quince horas en la entrada del edificio, impidiendo el paso a residentes y a terceras personas, y bloqueando el acceso de alimentos. Según el escrito, se llegó a advertir a quienes se encontraban dentro que abandonarían el inmueble “por las buenas o por las malas”. El mismo documento, al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, apunta también que uno de los integrantes de la operación llegó a proferir amenazas de muerte, aunque este extremo no ha quedado acreditado durante el proceso judicial al no haberse podido identificar a su autor.

Los denunciantes aportaron fotografías, material gráfico y una publicación en la propia página web de AMA Desokupa en la que la empresa reconocía su participación en los hechos y relataba cómo había organizado un “control de accesos” en el inmueble. En la denuncia se solicitaba que se tomase declaración a las personas que intervinieron aquel día, además de la identificación de todo el personal desplazado.

Una multa económica simbólica

El juzgado considera probado que la actuación de la empresa se tradujo en impedir la entrada de alimentos a las personas que se encontraban dentro del centro social, lo que supone una limitación ilegítima de su libertad. Esa conducta es la que se señala como un delito leve de coacciones por parte de la administradora de la entidad. La resolución, sin embargo, descarta que existiera un delito de amenazas y absuelve tanto a la propiedad del inmueble como al personal de seguridad privada, al no haberse acreditado su participación directa en las acciones que motivaron la condena, pese a la existencia de numerosas imágenes grabadas durante la jornada.

De ese modo, el fallo condena a la responsable de AMA Desokupa a una sanción simbólica de un mes de multa con una cuota diaria de siete euros -210 euros en total- y al pago de una décima parte de las costas procesales. La sentencia no es firme y puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Granada. No obstante, supone el reconocimiento explícito del tipo de actuación de estas empresas en hechos como los sucedidos el pasado 20 de enero.

Pese a la condena y a las pruebas aportadas por los denunciantes, el tribunal considera que se produce un delito leve porque entiende que no se pudo atribuir a la responsable de la empresa ninguna amenaza directa, ni tampoco las expresiones atribuidas a alguno de sus empleados como el “te voy a matar” que señalan los denunciantes, ya que no se identificó a la persona que las pronunció. El tribunal descarta además que la negativa a permitir el acceso al inmueble constituya coacciones, pero sí considera probado que impedir la entrada de comida vulneró derechos básicos de quienes estaban dentro del centro.

El testimonio de los denunciantes y el atestado policial han resultado claves para el fallo. Ambos han apuntado que la persona que daba las órdenes al grupo de desokupación era la representante de AMA Desokupa, lo que ha permitido al juez atribuirle la responsabilidad aunque no quedara determinado quién ejecutó materialmente la acción de interceptar los alimentos. A su vez, la sentencia absuelve de todos los cargos a la propietaria del inmueble y a los “vigilantes de seguridad” que habían sido contratado para la operación, al entender que no existen pruebas de que intervinieran en los hechos concretos.

La Fiscalía Provincial de Valencia ha presentado una denuncia en los tribunales por incitación al odio y delito contra la integridad moral contra Daniel Esteve, dueño de la empresa dedicada a desalojos extrajudiciales 'Desokupa'. El Ministerio Público considera que este agitador ultra difundió a través de sus redes sociales “expresiones vejatorias y que pueden incitar al odio contra el colectivo migrante” que “son claramente discriminatorias” y “difunden noticias falsas”, según el decreto que ha adelantado La Sexta y al que ha tenido acceso elDiario.es.

“Debilitamos a la Policía, dejamos entrar a los que dejamos entrar y se están cargando a nuestros críos (...) Os vais a cagar (....) Anchoa que se cruce en nuestro camino, anchoa a la plancha” o “Barcelona, carretera de Sants, un árabe afilando su herramienta de trabajo para salir a trabajar. A ver, tiene que hacer su trabajo: pinchar, rajar”, son algunos de los mensajes que recoge la Fiscalía en el citado decreto. 

La fiscal Susana Gisbert, especializada en delitos de odio, acordó el pasado marzo abrir diligencias preprocesales contra Esteve tras recibir una denuncia de 'Acción Contra el Odio'. La entidad denunció la “sistemática incitación al odio por parte del ultraderechista dueño de la empresa Desokupa contra el colectivo de personas migrantes basada en bulos y mentiras que, en muchas ocasiones, él mismo fabrica”.

Entonces, la fiscal reclamó a la Policía que identificara al titular de la cuenta en la red social X @daniesdsk, donde se vertieron “mensajes claramente discriminatorios”, y tras la que se ha identificado a Esteve. La fiscal estima que lo procedente es “la remisión al órgano judicial competente”, al que le reclama que lleve a cabo una serie de diligencias. 

Así, la Fiscalía reclama que la Brigada de información de la Policía Nacional averigüe el lugar de emisión de los mensajes y lo haga investigando la naturaleza y la fuerza del lenguaje utilizado y si es frecuente que sea degradante, ofensivo o violento. También pide comprobar si el autor de estos mensajes ha creado o está vinculado a grupos o comunidades dedicadas a la promoción del odio y la discriminación contra un colectivo en particular.

En una nota de prensa, el equipo jurídico de 'Acción Contra el Odio' ha celebrado la decisión de la Fiscalía y ha puesto el foco en la necesidad de que “los tribunales persigan los discursos de odio de aquellos perfiles públicos que tienen mayor repercusión pública y capacidad de incidencia, y no únicamente a los perfiles anónimos poco influyentes”. La asociación insiste, además, en la urgencia de generar una jurisprudencia que “condene la hostilidad y la discriminación hacia la población migrante y no reserve únicamente las condenas a los llamamientos explícitos a la violencia”.

El centro social okupado EKO, en Carabanchel, denuncia graves amenazas para expulsarles de un edificio autogestionado desde hace 14 años. En la última semana han estado emitiendo alertas y llamamientos en redes sociales para proteger el CSO, pues tuvieron noticias de que pronto podía llegarles una empresa especializada en expulsiones y vaciado de propiedades, con métodos “ilegales”, según el CSO.

El que alojan era un inmueble abandonado que empezaron a utilizar como centro de actividades culturales, políticas, vecinales o de ocio en el barrio. Durante más de una década la infraestructura estuvo en concurso de acreedores, pero en 2024 la compró una sociedad inmobiliaria llamada Midtown Capital Partners. Ahora, el EKO hace pública su situación reciente: afirman que una empresa ha tratado de echarles y señalan precisamente a este fondo de inversión.

“Compran barato para maximizar benecios y, antes de empezar procesos judiciales largos, inician una escalada de intimidación, presión, amenazas, coacción y violencia contra las personas que habitan el espacio para intentar recuperar el edicio de manera rápida y efectiva, aunque ilegal”, concluyen desde el CSO, que sospecha un modus operandi que la empresa replica en otras inversiones, como ocurrió en 2023 en el bloque de la Dignidad de Móstoles que esta sociedad adquirió a la Sareb. En su narración de los hechos cuentan que la madrugada del pasado lunes 25 de agosto dos agentes de la Policía Nacional recorrieron “varias veces” en coche el entorno del EKO.

Serían las cuatro de la mañana y, siempre según su testimonio, los policías llegaron a dirigirse a otros compañeros en el edificio para llamar su atención con un megáfono. “Tic-tac, tic-tac, tic-tac...”, es lo que explican que repetían, a su parecer en “tono de burla e intimidación”. En el comunicado añaden que una hora más tarde fueron otros cinco hombres “corpulentos y vestidos de negro” quienes merodearon por la zona “de forma intimidatoria”, aunque se marcharon sin llegar a entrar.

“Horas después, la Policía Nacional identicó sin alegar motivo a once personas en la entrada del EKO, algo muy poco habitual en todos estos años de vida del centro social. [...] El 26 de agosto, a las 9.17 horas, cuatro agentes de paisano se presentaron en el espacio e identificaron a varias personas del CSO” alegando, según sus integrantes, que eran “órdenes del jefe” y se pasarían a revisar “todas las mañanas”.

“Sospechamos que este es el comienzo de un proceso de presión y acoso para intentar desalojar por la fuerza un espacio que lleva años dando vida a multitud de proyectos y colectivos, redes de apoyo, cultura o resistencia y siendo punto de encuentro para tantas personas que habitamos y cuidamos Carabanchel”, sentencia el comunicado de la EKO, donde apuntan directamente a una “campaña de presión al margen de la legalidad”, pues dicen no haber recibido procedimiento de desalojo alguno. En los últimos meses, otro CSO de Carabanchel llamado Vetades también fue clausurado a raíz de un incendio y otros tótems como La Atalaya, en Vallecas, fue desalojado a finales del año pasado.

La violencia de grupos de ultraderecha que estos días hemos visto en la localidad murciana de Torre Pacheco es una muestra del modus operandi de la extrema derecha: aprovechar un incidente de seguridad para organizar una guerra racial. Así fue también en los años 90 en los pueblos del sureste de Francia con el auge de Le Pen. Así ha sido en el norte de Inglaterra. Así fue en El Ejido en el año 2000. Así está siendo en Torre Pacheco: El detonante ha sido una agresión a un hombre de 68 años.

Álvaro García Sánchez, periodista de elDiario.es enviado a Torre Pacheco, nos resume sus sensaciones, lo que ha visto, lo que ha oído desde los disturbios del sábado por la noche. Además, con Elisa Reche, directora de elDiario.es en la Región de Murcia, explicamos de dónde viene toda esta violencia, el caldo de cultivo que partidos como Vox ha ido propiciando para que se produjeran altercados como los de Torre Pacheco.

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La mañana del 12 de diciembre, Manuela se encontraba descansando, tras una sesión de quimioterapia de las que la dejaban agotada durante días. Sobre las 13 horas, la sobresaltaron fuertes gritos y golpes. La mujer, de 69 años, contempló a través de la mirilla a dos hombres que la increpaban. “Sal de aquí”, “esta no es tu casa”, “sales por las buenas o te sacamos por las malas”. La pareja deslizó bajo la puerta una tarjeta en la que aparecía rotulado 'Desokupalcarria' y un hombre hipermusculado y sin camiseta sobre los colores de la bandera de España, con un teléfono y una dirección de correo electrónico. Volvieron el 18 de diciembre y, de nuevo, el 19, con la amenaza de “montar un control de acceso”: “Cuando salgas ya no vas a poder coger tus cosas”.

Los entrecomillados aparecen recogidos en el auto de la Audiencia Provincial de Madrid que obliga a investigar estos hechos, que Manuela denunció, pero que cayeron en saco roto, después de que el juzgado de Instrucción número 9 incoase diligencias previas y decretase su sobreseimiento provisional, al considerar que no quedaba “debidamente justificada la perpetración del delito”.

Un archivo que, según la Audiencia Provincial, se hizo sin “haber agotado los medios de investigación”, ante un posible delito de coacciones agravadas por recaer sobre la vivienda habitual y de amenazas graves por parte de los hombres que se personaron en el domicilio de la mujer, de 69 años y que lleva residiendo en la vivienda desde 1973.

Manuela vive en la que fue, primero, la casa de sus padres y, después, suya propia. En 2002, avaló a su hija con un 20% de la vivienda pero durante la crisis financiera, perdió la propiedad. Sin embargo, el BBVA pactó con ella un alquiler social, dada su situación de vulnerabilidad, que pagó mes a mes, hasta que en 2017 la entidad canceló la cuenta en la que ingresaba la renta, que ha ido reservando a la par que entraba en una espiral de intentos de desahucio.

En 2023, la propiedad cambió de manos. Para entonces, ella estaba acogida a la moratoria antidesahucios para hogares vulnerables, desplegada durante la pandemia y que habría salvado ya de la calle a unas 58.000 familias. Estos cambios de escrituras no están cuantificados, pero los grandes portales han comenzado en los últimos tiempos a plagarse de anuncios “solo para inversores”, porque tienen familias dentro. Según ha podido saber elDiario.es, en muchos casos habitan personas acogidas al decreto antidesahucios que impide expulsarlas por su situación de vulnerabilidad o que están acogidas a alquileres sociales por parte de grandes fondos, que quieren deshacerse de estos inmuebles ofreciéndolos a precios por debajo de mercado. La propia Manuela encontró su piso en Idealista.

La antropóloga social Irene Sabaté indicaba en un reportaje en este medio que estas prácticas “impulsan la industria de la desokupación extrajudicial, que crece con una impunidad pasmosa, porque quien decida hacer una inversión en uno de estos inmuebles, lo primero que va a intentar será desalojarlo”.

Pese a la protección legal, con el cambio de manos de la escritura, Manuela tuvo que soportar en las vísperas de las últimas navidades hasta tres visitas de una empresa parapolicial, que algunos abogados están llevando ante la justicia por posibles delitos de coacciones. En el caso de esta mujer, el juzgado de primera instancia le dio la espalda, forzándola a recurrir a la Audiencia Provincial, que ha considerado que “no le falta razón”, porque “el sobreseimiento provisional acordado es prematuro y debe ser revocado”.

La Justicia marca así el camino al tribunal, al que le dice qué diligencias debe seguir: “La declaración de la denunciante en calidad de testigo, la declaración testifical de los vecinos mencionados, de libre oficio a la Comisaría de San Blas/Canillejas para que procedan a identificar a los autores de los hechos y, una vez se conozca su filiación, se les cite en calidad de investigados y se reciba declaración al representante legal de Sialco 22 S.L.”. Todo, con el objetivo de que “se adopte, con libertad de criterio, la resolución que considere procedente”.

Porque, como se desprende del auto de la Audiencia Provincial, al que ha tenido acceso elDiario.es, el juzgado archivó la denuncia sin tomar declaración ni a los vecinos que habían presenciado los altercados ni a las personas identificadas por la policía, que llegaron a tiempo a la llamada de Manuela el 19 de diciembre.

La proliferación de grupos de desokupación, que actúan al margen de los mandatos judiciales, está en el foco de algunos grupos políticos, como Podemos o Sumar, que han pedido su disolución. Mientras, algunos organismos los utilizan como brazo ejecutor frente a la labor policial. El Ayuntamiento de Valdemoro, del Partido Popular, presumía hace unas semanas en su cuenta de X de la “desocupación con la intervención de la empresa de Daniel Esteve”, Desokupa, contra quien la Fiscalía tiene abiertas diligencias por delito de odio, tras detectar “mensajes de odio en la red social X que asocian delincuencia con inmigración”.

La forma de actuar de estos grupos ha llegado a los tribunales en alguna ocasión. Ya en 2022, un juzgado de Madrid condenó a Bastión Desokupación por un delito leve de lesiones y el pago de una indemnización de 350 euros, que se sumaba a otra por un delito leve de coacciones, al considerar que “propinaron varios golpes y un empujón al denunciante”. Otra sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid era clara en cuanto a las actuaciones de esta empresa: “Solo puede calificarse como una actuación intimidatoria”.

El alcalde de Valdemoro por el Partido Popular, David Conde, ha comparecido en un vídeo difundido por el Ayuntamiento en el que se publicita el desalojo de un bloque de pisos ejecutado por la empresa ultra Desokupa hace casi dos meses. “Lo que hay que dejar claro es que Valdemoro no es una ciudad que vaya a ser ni colaboradora ni consentidora con la okupación”, expresa el alcalde en un vídeo en el que también interviene Daniel Esteve, propietario de la empresa y figura relevante en el ecosistema de extrema derecha en las redes sociales.

Según explican desde el consistorio, este bloque de pisos en la calle Herencia del municipio fue construido en el año 2010 y ocupado de manera ilegal poco después hasta hace unos pocos días. Los propietarios terminaron contratando a Desokupa después de años de “numerosas intervenciones policiales”, tal y como destaca en el vídeo también un responsable de la Policía Local de Valdemoro.

Desde el consistorio destacan que no ha sido el Ayuntamiento el que ha contratado a Desokupa sino el propietario del inmueble. La intervención del municipio se ha limitado a la presencia policial en la vía pública para “velar por el cumplimiento de la Ley y evitar incidentes de seguridad ciudadana” y los Servicios Sociales, que aseguran que ninguna familia ha solicitado su intervención para asistir a familias vulnerables o menores de edad.

Daniel Esteve ha presumido en las últimas semanas en sus redes sociales de haber ejecutado este desalojo en un bloque de pisos el pasado mes de febrero.

La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias de investigación por un presunto delito de odio contra Daniel Esteve, dueño de la empresa 'Desokupa', tras una denuncia de 'Acción Contra el Odio'. Se trata de una fase preprocesal para practicar las diligencias necesarias que determinen si los hechos denunciados serían constitutivos de un presunto delito de odio.

El Ministerio Público recibió la denuncia el pasado 9 de febrero, en un escrito que “pone en conocimiento mensajes racistas en la red social X que asocian delincuencia con inmigración”, según indica el decreto firmado por la fiscal jefa de Valencia.

La entidad denunció la “sistemática incitación al odio por parte del ultraderechista dueño de la empresa Desokupa contra el colectivo de personas migrantes basada en bulos y mentiras que, en muchas ocasiones, él mismo fabrica”.

La “persona considerada sospechosa” de estar detrás de la cuenta en la red social propiedad de Elon Musk denunciada sería Daniel Esteve, señala el escrito del Ministerio Público. La fiscal Susana Gisbert, especializada en delitos de odio, ha asumido las diligencias de investigación.

El decreto de la Fiscalía Provincial de Valencia, del pasado 10 de marzo, explica que se ha acordado pedir a la Policía que emita un informe sobre el “lugar desde el que se emiten los mensajes de la cuenta denunciada”.

El Ayuntamiento de Vigo va a investigar la participación de la Policía Local de la ciudad en un operativo en un piso en el que supuestamente se vendían drogas y en el que estaba presente la empresa ultra Desokupa. El Gobierno municipal asegura que “abrirá diligencias previas internamente para esclarecer lo sucedido”. Agrega que los agentes acudieron al lugar, en la calle Sagunto, porque se reclamó su presencia para “cooperar en la regulación del tráfico o eventuales situaciones de ámbito social que pudiesen surgir durante la intervención en el desalojo”.

El propio Daniel Esteve publicó en sus redes sociales un vídeo en el que asegura que están interviniendo con el grupo operativo de apoyo (GOA) de la Policía Local de Vigo y en el que se ve a varios agentes con el uniforme. El BNG ha denunciado lo ocurrido, que califica como “hecho gravísimo” y ha pedido explicaciones al Gobierno local. El portavoz municipal de la formación nacionalista, Xabier P. Igrexas, pide la comparecencia inmediata de la concejala de Seguridade, Patricia Rodríguez Calviño.

Además, el BNG reclama al subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, que aclare si estaba al tanto de que la empresa iba a estar presente en la intervención, dado que la participación del GOA en el operativo tendría que haber sido requerida por el Cuerpo Nacional de Policía, Según Igrexas.

Los hechos ocurrieron el martes. En el operativo fue detenida una persona supuestamente por su relación con el tráfico de drogas. El BNG añade que en las imágenes publicadas por Daniel Esteve se muestra el piso y se ve a varios miembros de Desokupa que tocan elementos objeto de la investigación mientras los agentes están actuando. “Estamos ante hechos gravísimos, sin precedentes conocidos hasta el momento, como es la participación de un grupo ultra, conocido por sus intervenciones violentas y comportamientos de tipo mafioso, colaborando en una actuación policial”, critica Igrexas, que considera que, además, se puede ver comprometida la validez jurídica de la intervención.

La suposada connivència entre un comandament policial i Desokupa, l'empresa que es dedica als desallotjaments extrajudicials d'habitatges, ha sembrat la polèmica al municipi eivissenc de Sant Antoni de Portmany, governat pel PP. Els grups polítics d'esquerra de la localitat han reclamat la destitució del cap de la policia local, Alejandro Ponce, per presumptament col·laborar amb l'empresa Desokupa, amb qui treballaria colze a colze en els desallotjaments que es registren a la localitat, tal com denuncien des de l'oposició. No en va, una parella de desallotjats assegura que Ponce es va personar al costat de Daniel Esteve, líder de Desokupa i agitador polític i social, a la porta de l'habitatge per exigir-los la seva sortida immediata, un extrem que l'Ajuntament desmenteix taxativament. Asseguren, a més, que Esteve els va pagar en aquell instant 2.000 euros i els va oferir el contacte d'un amic que, per 300 euros, els llogaria un habitatge buit d'un banc.

D'acord amb les manifestacions dels dos afectats, el desallotjament que van patir el mes d'agost passat es va fer en estreta col·laboració entre Ponce i Esteve. Tots dos es van personar, asseguren, a la porta del domicili dels suposats 'okupes' per desallotjar la parella, segons va explicar la parella al programa de la Sexta Equipo de Investigación. Davant d'aquestes acusacions, l'Ajuntament de Sant Antoni ha desmentit rotundament que la seva policia treballi “colze a colze” amb l'organització Desokupa, el propietari de la qual s'ha dedicat en els últims anys a difondre fakes i missatges racistes en xarxes socials amb l'objectiu d'expulsar presumptes okupes dels domicilis en què estaven residint, publicant les seves dades personals, amenaçant-los i intimidant-los.

L'equip de govern del PP relata que la Policia Local va acudir el 21 d'agost de 2024 a l'avís d'un desallotjament, que “alertava que membres de l'empresa privada Desokupa estaven actuant a l'antic immoble situat al centre del municipi per una situació d'ocupació”, però que, a causa de l'acord al qual havien arribat entre aquesta empresa i les persones que vivien en aquest domicili, no va fer falta l'actuació policial“.

“Manifestaren que s'havia arribat a un acord amb la propietat i que abandonaven l'immoble de forma voluntària, mostrant un contracte signat en què es reflectia aquest acord”, expliquen des de l'equip de govern en un comunicat i també recull el reportatge televisiu. Els ocupants de l'habitatge mostren un àudio gravat al seu telèfon mòbil en què es pot escoltar com Dani Esteve els ofereix 2.000 euros per abandonar la casa i els insta que es dirigeixin a un amic seu que els pot llogar un apartament pertanyent a un banc per només 300 euros amb què no tindran problemes.

“El desallotjament supervisat per l'Ajuntament era il·legal”

“La Policia Local, sempre que rep un avís sobre una desocupació, segueix el mateix procediment acudint al lloc dels fets per comprovar que no es cometin il·legalitats per cap de les dues parts i evitar possibles aldarulls, actuant en cas de ser necessari i en compliment de la legalitat vigent”, insisteixen fonts de l'Ajuntament. “La Policia Local no estava acompanyant l´empresa Desokupa, sinó que estava actuant en un dispositiu policial per supervisar i garantir la seguretat ciutadana”, recalquen.

Tot i això, aquestes explicacions no han convençut el grup municipal del PSOE, que en el proper ple municipal té previst demanar la dimissió del cap de la Policia Local. “Demanem el seu cessament immediat. L'alcalde pot canviar el cap de la policia demà mateix”, assenyala elDiario.es el portaveu i regidor dels socialistes al Consistori, Antonio Lorenzo. Des del Grup Socialista de l'Ajuntament de Sant Antoni la posició és molt clara. És intolerable l'actuació del cap de la policia local treballant colze a colze amb Desokupa“, abunda.

Els registres de trucades, a ple

Així mateix, i malgrat que l'Ajuntament assegura a aquest mitjà que no es va produir la suposada actuació conjunta que denuncien els desallotjats, des del PSOE asseguren que “el mateix cap de la Policia Local diu que hi van anar perquè hi va haver una trucada perquè donessin suport”. Donades aquestes circumstàncies, assenyalen: “Nosaltres al ple d'aquest mes de febrer exigirem els registres d'aquestes trucades, quines patrulles van ser, els seus components, sota quin motiu van ser...”.

Els socialistes del Consistori recorden, a més, que “qualsevol actuació davant d'un desallotjament que no estigui autoritzada per ordre judicial és il·legal. En aquest cas per Desokupa. No entenem que es faciliti la tasca i es doni empara a aquesta empresa. Qualsevol desallotjament d'un habitatge, o en aquest cas d‟aquest local, s'ha de fer per ordre judicial i amb la presència del secretari o secretària del jutjat”, extrem que, asseguren, no es complia en aquesta actuació.

“Tenim clar que no s'ha actuat i que hi ha un clar amiguisme i favoritisme per aquesta empresa per part del cap de la policia local. A més, la regidora competent, la popular Neus Mateu, ha dit fa poc a la premsa que van anar a comprovar la legalitat”, explica Lorenzo. “Quina legalitat? És un desallotjament il·legal”, insisteixen. “Esteve també va dir a premsa aquest estiu, en un altre desnonament, que tenien un informe de la policia local que els permetia muntar un dispositiu d'accés, si calia”, afegeixen.

Esteve i Ponce anuncien cursos de formació per a la policia eivissenca

D'altra banda, els socialistes denuncien també l'aparició l'estiu passat a xarxes socials d'Esteve i Ponce, “mà a mà, anunciant uns cursos de formació per a la policia a Eivissa on el mateix cap de la policia de Sant Antoni afirmava i aixecava el ditet, com confirmant aquests cursos amb aquesta empresa”, tal com es pot comprovar a les esmentades publicacions i va reflectir la premsa local.

En aquest post d'Instagram, Esteve anunciava que el Club Desokupa, o el que és el mateix, la secció de formació de Desokupa, desembarcava a l'illa. “A l'aeroport d'Eivissa després d'una desokupació amb el meu amic Alex, cap de la policia de Sant Antoni. Es ve formació de qualitat a la Policia. Tic Tac”, deia Esteve el 23 d'agost -només dos dies després del desallotjament a aquest reportatge fa referència-, i acompanyat per Ponce, que puntualitzava al vídeo: “En això estem. Atents tots”.

“Donarem cursos de reciclatge a membres de les FCSE, policies locals i vigilants de seguretat de l'illa a partir de l'octubre. Els policies locals de Sant Antoni estaran en un d'aquests grups?”, pregunta Esteve en un altre dels vídeos en xarxes.

Podem demana la il·legalització de Desokupa

Des del grup de Podem a l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany van més enllà i, a més de denunciar la suposada connivència entre Desokupa i el cap de la Policia local de Sant Antoni i la presumpta il·legalitat de la seva actuació, sol·liciten al Govern central que “il·legalitzi d'una vegada per sempre a les empreses que, com Desokupa, tenen com a model de negoci l'assetjament immobiliari i la fatxenderia”, reclama el seu edil, Angie Roselló. Roselló recorda que aquest “és un dels requisits per a aprovar els Pressupostos Generals de l'Estat” d'enguany.

La formació morada de Sant Antoni anuncia també una moció en aquest sentit per al pròxim ple, que tindrà lloc a la fi d'aquest mes. “Esperem comptar amb el vot a favor del PSOE per a demanar-li al Govern de Sánchez que actuï d'una vegada. Cal acabar amb la impunitat d'aquestes màfies que operen al marge de la llei”, puntualitza. Roselló ha demanat també al Consistori que “no permeti cap mena de relació entre la Policia Local i Desokupa, i que asseguri que no es contractarà aquest tipus d'empreses per formar la Policia, així com a cessar immediatament qualsevol membre del cos de Policia Local que sigui identificat col·laborant amb esquadrons de desokupació, a més de l'elaboració d'un protocol que obligui els agents a actuar en casos de desallotjaments il·legals contra els qui els perpetren”, esgrimeix Roselló.

Davant d'aquestes sol·licituds dels podemites l'Ajuntament de Sant Antoni argueix que “la Policia Local no ha col·laborat mai en cap curs impartit per l'empresa privada Desokupa, ni tampoc s'ha previst ni s'ha plantejat al Pla de Formació anual que realitza la Policia Local”, malgrat les declaracions de Ponce a l'aeroport al costat d'Este.

“Al vídeo fan referència a un possible curs que participaria el cap de la Policia Local a nivell personal, però és una situació que forma part de la seva vida privada, per la qual cosa no hi ha cap motiu de sanció. Des de la prefectura de la Policia Local mai no s'ha programat una formació a nivell d'institució amb aquesta empresa, sinó que feien referència a nivell particular de cada agent”, insisteixen des del Consistori.

Formació per a civils, policies, militars, “de gènere” i nens

Cal recordar que, el mateix mes d'agost del 2024, el Sindicat Unificat de Policia (SUP) anunciava la signatura d'un acord amb Desokupa “per entrenar 30.000 policies”, tal com van informar els mitjans de comunicació. A les ressenyes publicades s'explicava que aquests cursos estaven dirigits tant per a civils com per a policies, “fins a 500 policies alhora”. La secretària general del SUP, Mónica Gracia, qualificava l'acord “d'històric” i ho va justificar per la violència desmesurada als carrers i perquè “l'autoritat s'ha perdut”. “Els companys cada cop estan més en risc”, afegia. El sindicat es va negar a revelar en aquell moment quants afiliats es van inscriure a la formació.

Al mes d'octubre, el perfil d'instagram #ClubDesokupa publicava un post en què els primers alumnes i monitors es felicitaven per la iniciativa. “Gran èxit d'assistència a la primera masterclass de Dani Esteve a Madrid”, anunciaven, confirmant els cursos següents per al 27 d'octubre a Màlaga, l'1 de desembre a València i el 15 de desembre a Madrid. Els cursos són aptes per a nens “pel tema del stop bullying”, explica el mateix Esteve, que afegeix en una altra publicació que també són aptes per a dones per qüestions de “defensa de gènere”, diu textualment.

Als diferents post també es posa de manifest la col·laboració amb diferents gimnasos en què el Club Desokupa impartirà classes amb monitors locals. “Els gimnasos més importants d´Espanya comencen a preparar-se perquè pugueu entrenar a la vostra zona”, insten des de l'organització.

Cursos dirigits a nens

Si es visita el web del Club es pot observar l'oferta de cursos en línia i presencials que estan “adreçats a nens i nenes des dels 14 anys, dones i adolescents i persones sense importar-ne l'estat físic”, es pot llegir. Dins del curs, delimiten dos grups específics. Els civils, “orientat a qualsevol persona que vulgui aprendre a defensar-se” i els Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat i Seguretat Privada: “Entrenaments adaptats a les necessitats i els desafiaments específics d'aquests professionals”, expliquen.

Al curs s'ofereixen diverses situacions pràctiques: des de primers auxilis fins al maneig de les porres extensibles d'acer. A més, inclou tècniques per emmanillar a detinguts i el “grappling policial”, és a dir, maniobres per immobilitzar una persona, entre elles el famós i perillós 'mataleó'. A més, Esteve desafiava en el moment de l'acord amb SUP al ministre Fernando Grande-Marlaska, titular d'Interior, afirmant que els policies que participessin en els cursos el podrien incorporar al seu currículum, cosa que comptaria per a Així mateix, els cursos no disposen d'homologació oficial.

El mes de desembre Dani Esteve apareixia en el perfil #ClubDesokupa en un post en el qual informava del “macroacord” signat amb l'Associació de Tropa i Marineria Espanyola (ATME), els nous cursos “que començaran al gener a Madrid” per formar 4.500 militars espanyols.

La firma es va fer efectiva al mateix vídeo amb Marco Antonio Gómez, de l'Associació Professional de les Forces Armades. El militar anima els soldats a apuntar-se al curs “per la deixadesa del Ministeri de Defensa en la formació de soldats i mariners”. El militar concreta que els cursos són per a la reincorporació a la vida civil dels soldats o “fins i tot per treballar en alguna empresa de seguretat”. Gómez dóna les gràcies a Esteve per atendre'l, “perquè és un home molt ocupat”. L'assessoria jurídica del Ministeri de Defensa va emetre un informe contundent exigint l'anul·lació de l'acord entre ATME i Desokupa, per la manca de legitimitat de l'associació i el propi objecte del conveni.

La supuesta connivencia entre un mando policial y Desokupa, la empresa que se dedica a los desalojos extrajudiciales de viviendas, ha sembrado la polémica en el municipio ibicenco de Sant Antoni de Portmany, gobernado por el PP. Los grupos políticos de izquierda de la localidad han reclamado la destitución del jefe de la Policía Local, Alejandro Ponce, por presuntamente colaborar con la empresa Desokupa, con la que trabajaría codo con codo en los desalojos que se registran en la localidad, tal como denuncian desde la oposición. No en vano, una pareja de desalojados asegura que Ponce se personó junto a Daniel Esteve, líder de Desokupa y agitador político y social, en la puerta de la vivienda para exigirles su salida inmediata, un extremo que el Ayuntamiento desmiente taxativamente. Aseguran, además, que Esteve les pagó en ese instante 2.000 euros y les ofreció el contacto de una amigo que, por 300 euros, les alquilaría una vivienda vacía de un banco.

De acuerdo a las manifestaciones de ambos afectados, el desalojo que sufrieron el pasado mes de agosto se realizó en estrecha colaboración entre Ponce y Esteve. Ambos se personaron, aseguran, en la puerta del domicilio de los supuestos 'okupas' para desalojar a la pareja, según explicó la pareja en el programa de la Sexta Equipo de Investigación. Frente a tales acusaciones, el Ayuntamiento de Sant Antoni ha desmentido tajantemente que su Policía trabaje “codo con codo” con la organización Desokupa, cuyo propietario se ha dedicado en los últimos años a difundir bulos y mensajes racistas en redes sociales con el objetivo de expulsar a presuntos ocupas de los domicilios en los que estaban residiendo, publicando sus datos personales, amenazándolos e intimidándolos.

El equipo de gobierno del PP relata que la Policía Local acudió el 21 de agosto de 2024 al aviso de un desalojo, que “alertaba de que miembros de la empresa privada Desokupa estaban actuando en el antiguo inmueble situado en el centro del municipio por una situación de ocupación”, pero que, “debido al acuerdo al que habían llegado entre dicha empresa y las personas que vivían en este domicilio, no hizo falta la actuación policial”.

“Manifestaron que se había llegado a un acuerdo con la propiedad y que abandonaban el inmueble de forma voluntaria, mostrando un contrato firmado en el que se reflejaba este acuerdo”, explican desde el equipo de gobierno en un comunicado y recoge también el reportaje televisivo. En él, los ocupantes de la vivienda muestran un audio grabado en su teléfono móvil en el que se puede escuchar cómo Dani Esteve les ofrece 2.000 euros por abandonar la casa y les insta a que se dirijan a un amigo suyo que les puede alquilar un apartamento perteneciente a un banco por solo 300 euros con el que no tendrán problemas. 

“El desalojo supervisado por el Ayuntamiento era ilegal”

“La Policía Local, siempre que recibe un aviso sobre una desocupación, sigue el mismo procedimiento acudiendo al lugar de los hechos para comprobar que no se cometan ilegalidades por ninguna de las dos partes y evitar posibles altercados, actuando en caso de ser necesario y en cumplimiento de la legalidad vigente”, insisten fuentes del Ayuntamiento. “La Policía Local no estaba acompañando a la empresa Desokupa, sino que estaba actuando en un dispositivo policial para supervisar y garantizar la seguridad ciudadana”, recalcan.

Sin embargo, estas explicaciones no han convencido al grupo municipal del PSOE, que en el próximo pleno municipal tiene previsto pedir la dimisión del jefe de la Policía Local. “Pedimos su cese inmediato. El alcalde puede cambiar al jefe de la policía mañana mismo”, señala a elDiario.es el portavoz y concejal de los socialistas en el Consistorio, Antonio Lorenzo. “Desde el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Sant Antoni la posición es muy clara. Es intolerable la actuación del jefe de la Policía Local trabajando codo a codo con Desokupa”, abunda.

Los registros de llamadas, a pleno

Asimismo, y a pesar de que el Ayuntamiento asegura a este medio que no se produjo la supuesta actuación conjunta que denuncian los desalojados, desde el PSOE aseguran que “el propio jefe de la Policía Local dice que acudieron porque hubo una llamada para que diesen apoyo”. Dadas estas circunstancias, señalan: “Nosotros en el pleno de este mes de febrero exigiremos los registros de esas llamadas, qué patrullas fueron, sus componentes, bajo qué motivo fueron…”.

Los socialistas del Consistorio recuerdan, además, que “cualquier actuación ante un desalojo que no esté autorizada por orden judicial es ilegal. En este caso por Desokupa. No entendemos que se facilite la tarea y se dé amparo a esta empresa. Cualquier desalojo de una vivienda, o en este caso de este local, se tiene que hacer por orden judicial y con la presencia del secretario o secretaria del juzgado”, extremo que, aseguran, no se cumplía en esta actuación.

“Tenemos claro que no se ha actuado y que hay un claro amiguismo y favoritismo por esta empresa por parte del jefe de la Policía Local. Además, la concejal competente, la popular Neus Mateu, ha dicho hace poco en prensa que fueron a comprobar la legalidad”, explica Lorenzo. “¿Qué legalidad? Es un desalojo ilegal”, insisten. “Esteve también dijo en prensa este verano, en otro desahucio, que tenían un informe de la Policía Local que les permitía montar un dispositivo de acceso, si era necesario”, añaden.

Esteve y Ponce anuncian cursos de formación para la policía ibicenca

Por otro lado, los socialistas denuncian también la aparición el verano pasado en redes sociales de Esteve y Ponce, “mano a mano, anunciando unos cursos de formación para la policía en Eivissa donde el propio jefe de la policía de Sant Antoni afirmaba y levantaba el dedito, como confirmando dichos cursos con esta empresa”, tal y como se puede comprobar en dichas publicaciones y reflejó la prensa local. 

En este post de Instagram, Esteve anunciaba que el Club Desokupa, o lo que es lo mismo, la sección de formación de Desokupa, desembarcaba en la isla. “En el aeropuerto de Eivissa después de una desokupación con mi amigo Alex, jefe de la policía de San Antonio. Se viene formación de calidad a la Policía. Tic Tac”, decía Esteve el 23 de agosto –solo dos días después del desalojo al este reportaje hace referencia–, y acompañado por Ponce, que puntualizaba en el vídeo: “En eso estamos. Atentos todos”.

“Daremos cursos de reciclaje a miembros de las FCSE, policías locales y vigilantes de seguridad de la isla a partir de octubre. ¿Estarán los policías locales de San Antoni en uno de esos grupos?”, pregunta Esteve en otro de los vídeos en redes.

Podemos pide la ilegalización de Desokupa

Desde el grupo de Podemos en el Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany van más allá y, además de denunciar la supuesta connivencia entre Desokupa y el jefe de la Policía Local de Sant Antoni y la presunta ilegalidad de su actuación, solicitan al Gobierno central que “ilegalice de una vez por todas a las empresas que, como Desokupa, tienen como modelo de negocio el acoso inmobiliario y el matonismo”, reclama su edil, Angie Roselló. Roselló recuerda que este “es uno de los requisitos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado” de este año. 

La formación morada de Sant Antoni anuncia también una moción en este sentido para el próximo pleno, que tendrá lugar a finales de este mes. “Esperamos contar con el voto a favor del PSOE para pedirle al Gobierno de Sánchez que actúe de una vez. Hay que acabar con la impunidad de estas mafias que operan al margen de la ley”, puntualiza. Roselló ha pedido también al Consistorio que “no permita ningún tipo de relación entre la Policía Local y Desokupa, y que asegure que no se va a contratar a este tipo de empresas para formar a la Policía, así como a cesar inmediatamente a cualquier miembro del cuerpo de Policía Local que sea identificado colaborando con escuadrones de desokupación, además de la elaboración de un protocolo que obligue a los agentes a actuar en casos de desalojos ilegales contra quienes los perpetran”, esgrime Roselló.

Ante estas solicitudes de Podemos, el Ayuntamiento de Sant Antoni arguye que “la Policía Local no ha colaborado nunca en ningún curso impartido por la empresa privada Desokupa, ni tampoco se ha previsto ni se ha planteado en el Plan de Formación anual que realiza la Policía Local”, a pesar de las declaraciones de Ponce en el aeropuerto junto a Esteve.

“En el vídeo hacen referencia a un posible curso que iba a participar el jefe de la Policía Local a nivel personal, pero es una situación que forma parte de su vida privada, por lo que no hay ningún motivo de sanción. Desde la jefatura de la Policía Local nunca se ha programado una formación a nivel de institución con esta empresa, sino que hacían referencia a nivel particular de cada agente”, insisten desde el Consistorio.

Formación para civiles, policías, militares, “de género” y niños

Hay que recordar que, en el mismo mes de agosto de 2024, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) anunciaba la firma de un acuerdo con Desokupa “para entrenar a 30.000 policías”, tal y como informaron los medios de comunicación. En las reseñas publicadas se explicaba que estos cursos estaban dirigidos tanto para civiles como para policías, “hasta 500 policías a la vez”. La secretaria general del SUP, Mónica Gracia, calificaba el acuerdo de “histórico” y lo justificó por la violencia desmedida en las calles y porque “la autoridad se ha perdido”. “Los compañeros cada vez están más en riesgo”, añadía. El sindicato se negó a revelar en aquel momento cuántos afiliados se inscribieron en la formación.

En el mes de octubre, el perfil de instagram #ClubDesokupa publicaba un post en el que los primeros alumnos y monitores se felicitaban por la iniciativa. “Gran éxito de asistencia en la primera masterclass de Dani Esteve en Madrid”, anunciaban, confirmando los siguientes cursos para el 27 de octubre en Málaga, el 1 de diciembre en Valencia y el 15 de diciembre en Madrid. Los cursos son aptos para niños “por el tema del stop bullying”, explica el mismo Esteve, que añade en otra publicación que también son aptos para mujeres por cuestiones de “defensa de género”, dice textualmente.

En los diferentes post también se pone de manifiesto la colaboración con diferentes gimnasios en los que el Club Desokupa impartirá clases con monitores locales. “Los gimnasios más importantes de España empiezan a prepararse para que podáis entrenar en vuestra zona”, instan desde la organización. 

Cursos dirigidos a niños

Si se visita la web del Club se puede observar la oferta de cursos online y presenciales que están “dirigidos a niños y niñas desde los 14 años, mujeres y adolescentes y personas sin importar su estado físico”, se puede leer. Dentro del curso, delimitan dos grupos específicos. Los civiles, “orientado a cualquier persona que quiera aprender a defenderse” y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y Seguridad Privada: “Entrenamientos adaptados a las necesidades y desafíos específicos de estos profesionales”, explican. 

En el curso se ofrecen diversas situaciones prácticas: desde primeros auxilios hasta el manejo de las porras extensibles de acero. Además, incluye técnicas para esposar a detenidos y el “grappling policial”, es decir, maniobras para inmovilizar a una persona, entre ellas el famoso y peligroso ‘mataleón’. Además, Esteve desafiaba en el momento del acuerdo con SUP al ministro Fernando Grande–Marlaska, titular de Interior, afirmando que los policías que participasen en los cursos lo podrían incorporar en su currículum, lo que contaría para ascensos, extremo que el Ministerio se apresuró a desmentir. En el mes de agosto Interior abría un expediente para determinar si los cursos vulneraban los valores democráticos del que todavía no se sabe nada. Asimismo, los cursos no disponen de homologación oficial.

En el mes de diciembre Dani Esteve aparecía en el perfil #ClubDesokupa en un post en el que informaba del “macroacuerdo” firmado con la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME),  los nuevos cursos “que empezarán en enero en Madrid” para formar a 4.500 militares españoles. La firma se hizo efectiva en el mismo video con Marco Antonio Gómez, de la Asociación Profesional de las Fuerzas Armadas. En él, el militar anima a los soldados a apuntarse en el curso “por la dejadez del Ministerio de Defensa en la formación de soldados y marineros”. El militar concreta que los cursos son para la reincorporación en la vida civil de los soldados o “incluso para trabajar en alguna empresa de seguridad”. Gómez le da las gracias a Esteve por atenderlo, “porque es un hombre muy ocupado”. 

La asesoría jurídica del Ministerio de Defensa emitió un informe contundente exigiendo la anulación del acuerdo entre ATME y Desokupa, por la “falta de legitimidad de la asociación y el propio objeto del convenio”.

El líder de un grupo de desokupas de Valladolid, Luis Núñez, alias 'Mané', ha sido detenido por amenazas y extorsión, según ha podido confirmar este diario. Está previsto que esta mañana pase a disposición judicial. Según ha explicado la Policía Nacional en un comunicado, se los hechos fueron denunciados el pasado día 21 de enero, por una de las víctimas, en las dependencias de la Comisaria Provincial de Valladolid.

La mujer relató en la denuncia, que siendo ella y su marido los responsables de una empresa de reformas, una clienta para la cual habían realizado una obra en su vivienda les reclamaba un pago de indemnización por considerar que no se había llevado la reforma de manera satisfactoria. Esta última mujer había iniciado un trámite judicial por esta reclamación.

La Policía Nacional ha asegurado que el detenido dirige una empresa cuya razón social es de servicios de seguridad, aunque mediante la misma se dedica a realizar desahucios de viviendas ocupadas y también al cobro de deudas a morosos.

Según determinaron los agentes, la clienta insatisfecha había contratado en otra ocasión al detenido por un tema distinto, y cuando le hizo saber el importe que reclamaba por la reforma, el varón se ofreció a nivel particular para hacerle cobrar el dinero.

A mediados del mes de diciembre, el matrimonio de empresarios, recoge la Policía Nacional, empezó a recibir llamadas telefónicas del detenido, que decía trabajar para esta clienta insatisfecha, reclamándoles el pago de 27.000 euros en concepto de resarcimiento. Las llamadas cada vez se volvieron más insistentes y amenazantes.

En las llamadas, el hombre llego a proferir violentas amenazas al matrimonio, coincidiendo uno de los días de llamadas de más virulencia, con unos daños ocasionados al vehículo de empresa de este matrimonio, quienes sospecharon de la autoría del varón, han apuntado fuentes policiales.

Finalmente, el detenido se personó el 21 de enero en las dependencias de la empresa en compañía de otro individuo, reclamando nuevamente el pago de 27.000 euros, si bien al rato rebajó lo reclamado a 20.000 euros “porque le caían bien”, han informado este jueves fuentes de la Policía Nacional. Cuando el matrimonio no aceptó realizar el pago, volvió a proferir todo tipo de insultos y amenazas, realizando amagos de agredir al matrimonio, para finalmente abandonar el local, dando una moratoria de un mes para cobrar el dinero.

Los agentes de la Policía Nacional han reflejado en las diligencias practicadas, la violencia verbal y las violentas maneras del detenido en su proceder, así como el hecho de que fue detenido por hechos similares el pasado día 18 de diciembre.

Por todo esto, los investigadores de la Policía Nacional procedieron a la detención de este hombre como presunto autor de un delito de extorsiones el pasado día 29 de enero, poniéndolo a disposición de la autoridad judicial, que decretó su puesta en libertad.

Denuncia por acoso, intimidación y coacciones en Lugo

Hace unos días, este hombre recibió una denuncia por acoso, intimidación y coacciones después de que fuera a Monforte de Lemos, en Lugo, y fueran al domicilio equivocado. Llamaron a la puerta, increparon al propietario y lo amenazaron con grabarle y mostrarlo en TikTok “para que todo el mundo lo conozca como el sinvergüenza de Galicia”. DesokupaCyL, con un emblema tan parecido al de la Policía Nacional que podría confundir a un espectador despistado, presume de ser la primera empresa del sector en la comunidad de Castilla y León. 

Esta detención se produce días después de que en redes sociales haya habido un intercambio de vídeos entre él y el líder de Desokupa, Daniel Esteve, que acusó a Mané de ir “por el mundo como si fuera el Sheriff Lobo desokupando con métodos ilegales”. “Este es un retrasado mental. Ha montado este chiringuito, no es una empresa... Este tío utiliza un plagio del escudo de la Policía Nacional, que me parece una falta de respeto que te cagas. Aquí pone 'DesokupaCyL', que significa Castilla y La Mancha, quiero entender”, criticaba en el primero de sus vídeos. “Con el respeto y cariño que le tenemos, un minuto de silencio por Luisito, de DesokupaCyL. Ayer era detenido por un presunto delito de extorsión. Luisito, desokupado. Donde las dan, las toman”, ha apuntado Daniel Esteve

“Este sinvergüenza va diciendo que es socio mío. Comemierda. Ni eres mi socio ni una franquicia mía. Estamos recopilando información de tus actos delictivos y lo vamos a presentar en Fiscalía. Te voy a perseguir primero legalmente. Lugar y hora. Tú y yo solitos. Eso sí, luego sin denuncias. Vamos a acabar con tu chiringuito. Ese encuentro lo grabamos y lo subimos a las redes sociales”, aseguraba en el primer vídeo.

La “guerra” entre desokupas

Entonces, Mané le respondió a través de TikTok, en el que le citó para ir al cementerio del Carmen. “No dije que iba a ir a ningún sitio. Voy a ir a buscarte a tu casa, no al cementerio donde me estabas esperando con más de 25 personas escondidas en coches con armas... Te estás volviendo loco porque la información me la está dando tu círculo, no tienes amigos”, insistía Esteve en su canal de Youtube, quien insistía en que primero iba a ir a por su empresa.

Otras empresas de desokupación les han pedido acabar con este rifirrafe entre ellos. “Dani, Luis, dejad la guerra y de hablaros por tal o cual”, apuntaba uno de ellos a través de TikTok.

En un segundo vídeo, Esteve aseguró que había recibido mensajes de muchas personas de Valladolid que le decían que Mané había estado viviendo de okupa “durante cinco años” en un bloque de viviendas que está en manos de la Sareb. “Se te ha acabado el negocio, chaval”, le interpelaba en el vídeo. “Una persona le ha visto con un taladro romper las puertas y cambiar las cerraduras. Lo dice una persona que, esperemos, se ponga delante de una televisión, tapada porque al final, como se dedica a pegar palizas, este señor tiene la fama que tiene”, le acusaba Esteve, que llamaba a “Luisito” “un valiente en toda regla pegamujeres”. “Ya nos hemos puesto en contacto con la Sareb y estoy hablando con gente de uniforme para conseguir la denuncia por usurpación que me dicen que existe”, apuntó.

“Pasado lo tiene cualquiera”

Días después, en un vídeo publicado en Tiktok, Mané reconoció que había sido condenado en 2001 por tráfico de drogas. “He sido condenado dos veces por tráfico de drogas. Una vez a diez años, los cumplí prácticamente íntegros por no ser un chivato; y otra de tres años y otra condena más de un año y nueve meses por colaborador de una banda del tráfico de drogas”, manifestó Mané, que aseguró: “Pasado lo tiene cualquiera”.

“Has dicho que has dicho es que yo he partido la nariz a una de mis ex y que he sido condenado por ello. Ni he sido condenado ni he partido la nariz nunca a ninguna de mis ex ni se me ocurriría tocar a una mujer en la vida”, aseguraba delante de una televisión en la que proyectaba el vídeo de Daniel Esteve, el líder de Desokupa, la empresa que se dedica a desalojos extrajudiciales de viviendas, a quien tilda de “espabilado”, “muerdealmohadas” y “gallina caponata” y ha prometido que Esteve tendrá noticias “de sus abogados”.

“Me dices que presuntamente he okupado unos pisos en Arroyo. Totalmente falso. Ni pertenezco a ninguna organización de la okupación ni mucho menos, pero presuntamente tú sí. A mí no me ha hecho falta ni okupar un piso para después desokuparle, como se dice que en algunas ocasiones ha hecho alguna otra empresa”, le ha reprochado a través del vídeo de TikTok.

“Dices que si voy puesto a los operativos. Yo no voy puesto a los operativos, no voy colocado, lo que tengo es más energía que tú dormido, que estás muy viejo, hijo. Dedícate a otra cosa, porque tú desokupar, desokupas poco”.

La semana pasada comenzó con el blue monday, apelativo que desde hace dos décadas se le da al tercer lunes de enero, al que algunos consideran el día más triste del año por la suma de varios factores negativos: nos cargan en la cuenta corriente los excesos de los gastos navideños, hemos desistido de los buenos propósitos de año nuevo, andamos escasos de motivación, el tiempo es por lo general frío y desapacible y las horas de luz aún escasas… 

La semana pasada comenzó con el blue monday y acabó convirtiéndose toda ella en la blue week, en la semana deprimente, para millones de personas en España. Las pensiones no se revalorizaban, las subvenciones en el transporte público se acababan, la protección contra los desahucios para familias vulnerables se quitaba… tras tumbar PP, Vox y Junts en el Congreso de los Diputados el llamado decreto ómnibus del Gobierno que contenía una gran variedad de medidas sociales y algunas otras medidas de otros pelajes.

Probablemente se les esté ya pasando la depresión de la blue week a esos millones de ciudadanos, tras pactar el Gobierno con Junts este martes un nuevo decreto ómnibus, pero la brega dialéctica de estos últimos días ha resucitado un palabro muy injusto y mentiroso: inquiokupas. Así les ha llamado buena parte de la derecha política y mediática -y, ay, algunos despistados de la izquierda- a las personas o familias que han dejado de pagar un alquiler de una vivienda legalmente contratado. 

Ni inquiokupación ni inquiokupa están en el Diccionario de las academias, pero sí los encontraréis en los registros de la Fundéu. Dice esta así: “La voz inquiokupación, al igual que inquiokupa, es un término formado a partir del truncamiento de inquilino, al que se une por composición el sustantivo okupación. Este último deriva a su vez de okupa, recogido ya en el Diccionario de la lengua española para referirse a la ‘persona o al movimiento que propugna la ocupación de viviendas o locales deshabitados’”.

Decía yo antes que el término inquiokupa es injusto porque, si hay un contrato de arrendamiento, si se ha entrado en la vivienda legalmente y con autorización del propietario, si se ha pagado el alquiler durante un tiempo, etc., etc., no ha habido una okupación. Si el inquilino ha dejado de pagar porque se ha quedado sin recursos, como es el caso de la inmensa mayoría de los que protegía el decreto ómnibus de la semana pasada, habría que considerarlo más bien un inquimoroso o un inquimpagador, pero no un inquiokupa. 

Lo del decreto ómnibus tampoco está en el Diccionario. Sí está tren omnibus, que es uno “que lleva vagones de todas clases y para en todas las estaciones”. Al nuevo decreto que vendrá tras el pacto de este martes pasado quizás no deberíamos llamarle ómnibus, sino casi ómnibus. Se le han caído unas cuantas de las medidas que llevaba el decreto tumbado en el Congreso la semana pasada. Ya no es “de todas clases” ni “para en todas las estaciones”.

Ir a desokupar y volver denunciado. Eso fue lo que le pasó a un comando de la empresa vallisoletana DesokupaCyL en su incursión en Galicia. En Monforte de Lemos (Lugo), un error en la dirección los llevó a una puerta equivocada, a través de la que increparon al propietario y lo amenazaron con grabarle y mostrarlo en TikTok “para que todo el mundo lo conozca como el sinvergüenza de Galicia”. El hombre, que intimidado por la presencia de los individuos no llegó a abrirles en ningún momento, los ha denunciado por acoso, intimidación y coacciones.

Desokupa CyL, con un emblema tan parecido al de la Policía Nacional que podría confundir a un espectador despistado, presume de ser la primera empresa del sector en la comunidad de Castilla y León. Siguiendo el modelo implantado por Daniel Esteve, el fundador de Desokupa, su propietario, Luis Núñez retransmite toda su actividad a través de las redes sociales, uno de sus métodos de intimidación, al amenazar a los supuestos infractores con “hacerlos famosos en TikTok”. En tono chulesco y siempre con su equipo detrás, en modo guardaespaldas, anuncia sus actuaciones: “Hemos venido a Galicia para hacer dos desokupaciones. Estoy seguro de que se van”. Acto seguido, intenta una broma zafia: “Me encanta Galicia: hay buen mejillón, buena almeja y muy buen marisco”, para finalizar con su lema: “Señores, ¡okupas, fuera!”.

Son dos los vídeos que DesokupaCyL graba de su llegada a Monforte, y en ambos, gustándose, Núñez repite el chiste. El tercero —que ha desaparecido de su cuenta de TikTok, pero sigue en la de Instagram—es el que transcurre en el portal y el descansillo del asustado vecino. Antes de entrar, uno de los empleados dice el nombre de la calle: “Francisco Moure”. En plano se ve claramente el número, el 36. Su objetivo real, al parecer, estaba en el 38...

“Si eres el propietario, demuéstralo, espabilado”

Tras llamar a la puerta del piso equivocado, Núñez —secundado por dos de sus empleados— responde a la persona que pregunta desde el interior: “Vengo en nombre del propietario, quería hablar con vosotros. Vivís de una forma fraudulenta e ilegal. Debéis 26.500 euros. Lo mejor que podéis hacer es salir y hablar conmigo o podemos hablar a través de la puerta”.

El tono tranquilo del principio, donde DesokupaCyL ofrece alcanzar un acuerdo o dar un tiempo para buscar un nuevo alojamiento, poco a poco va desapareciéndo. Las interpelaciones respetuosas —“Caballero...”— se intercalan con insultos: “¡Que no es tu vivienda, cara de culo!”. Las explicaciones, que se intuyen, del propietario reivindicando la legalidad de su comportamiento, caen en saco roto una y otra vez.

“Ya lo verás no, voy a llamar a la policía para que lo demuestres tú, espabilado. Y voy a ir a tu trabajo y te voy a hacer un vídeo que vas a salir guapísimo en todas las redes sociales como el sinvergüenza de Galicia. Y a tu mujer también, que trabaja en un hotel. Es más: voy a ir ahora mismo al hotel para registrarnos allí, pasar la noche y mañana venir aquí otra vez”, le impreca. Pese a ofrecerse ambos a hacerlo, ni uno ni otro avisarán en ese momento a los agentes.

Aunque no se oye, por la réplica de Núñez es fácil imaginar la respuesta que llega desde dentro a su discurso: “Creo que el que se va a ir a la mierda eres tú”. “Si es de tu propiedad llama a la policía y demuéstramelo. No me voy a ir de aquí. Tengo toda la información suya”. Sólo le faltaba la dirección correcta y otro detalle menor: que el hombre, según cuenta El Progreso, no tiene pareja.

Todo el vídeo dura seis minutos y finaliza con uno de los empleados de DesokupaCyL pegando en la puerta de la vivienda, tapándole la mirilla, una notificación encabezada por ese logo tan parecido al de la policía en la que se lee que ese piso está “ocupado de forma irregular”. Mientras se van, comentan que los supuestos inquilinos “están sin luz”.

“Llamar a una puerta no es un delito”

El diario lucense, que fue quien adelantó la noticia, asegura que el propietario pasó varios días angustiado, hasta que decidió contratar a un abogado, tras lo que interpuso ante la policía una denuncia por acoso, intimidación y coacciones. En el espacio de TVG Hora Galega hablaron con él a través del telefonillo de la vivienda y confirmó la presentación de la denuncia.

Acto seguido, en el programa muestran una conexión por móvil, con un representante de DesokupaCyL, seguramente Núñez, aunque no lo aclaran. Ese portavoz insistió en que ellos no habían cometido ningún error, sino que había sido el propietario quien les dio la dirección equivocada.

En la conversación con la periodista, intenta quitarle hierro a lo sucedido. “Tampoco pasa nada, no estoy cometiendo ningún delito por llamar a una puerta”. Finaliza diciendo que, cuando regrese a Monforte dentro de un mes, para finalizar la desokupación en la dirección correcta, irá a decirle “que fue una confusión”. Habrá que ver si tiene que decírselo, otra vez, a través de la puerta.

La ocupación ilegal de inmuebles se ha convertido en uno de los protagonistas de la vida pública española. Un fenómeno criminal cuya presencia constante en los medios de comunicación y en el discurso de los políticos no se corresponde con los datos reales de los tribunales españoles, pero que la derecha y la extrema derecha utilizan para alimentar un discurso concreto: el de la inseguridad y la inoperancia del Estado. Desokupa, la empresa de Daniel Esteve, surfea la cresta de todas esas olas con un nuevo modelo de negocio, su 'Club Desokupa', con el que convencen a la población de que necesitan saber defenderse de ataques con cuchillo y que han extendido, a través de convenios, a los cuerpos de seguridad: la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

El último ejemplo es el acuerdo firmado con la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) que el Ministerio de Defensa ya ha exigido anular. Los cursos, que según Esteve arrancarán en Madrid el próximo mes de enero, tendrán un objetivo: formar a los soldados que vayan a reinsertarse en la sociedad civil para que puedan trabajar en el sector de la seguridad privada. El sector del que proceden una parte relevante de los trabajadores de este tipo de empresas de la desocupación de inmuebles.

Tanto la empresa de Esteve como todas las que han surgido a lo largo del último lustro buscando su porción del pastel de la 'okupación' han buscado siempre ubicarse del lado de las fuerzas de seguridad del Estado. Haciendo equilibrios sobre la fina línea que separa sus representaciones pseudopoliciales de las actuaciones que, en el caso de empresas como Bastión Desokupación, los jueces han considerado incluso delictivas. Y su nueva línea de negocio es ofrecer formación, directamente, a miles de policías nacionales y militares.

El acuerdo con ATME llega cuatro meses después de que Desokupa firmase otro convenio con el Sindicato Unificado de Policía (SUP). Formación sindical histórica de la Policía Nacional, una de las que más afiliados tiene en este sector de las fuerzas de seguridad en España, y que desde el pasado verano ofrece a sus decenas de miles de afiliados formarse con Desokupa en materia de “defensa personal”. Los receptores de esos cursos son los mismos agentes que, en un momento dado, podrían tener que intervenir en algún desalojo relacionado con la empresa.

El desembarco de Desokupa en el entrenamiento extraoficial de policías y militares deriva de la puesta en marcha de un 'Club Desokupa' con el que la empresa de Esteve traslada un mensaje claro: “Proporcionar a las personas las habilidades necesarias para defenderse en situaciones peligrosas en las calles”. Sin diferenciar entre hombres, mujeres o niños. Porque en sus mensajes en la red social X, el líder de la empresa afirma que ofrecen su entrenamiento a jóvenes de 14 y 15 años.

La amalgama de mensajes promocionales, como “los niños no se tocan” o “los militares no se tocan” conducen a un único marco promovido por esta y otras empresas similares para buscar un hueco en el debate público español: el Estado actual es un Estado fallido, no hay seguridad en las calles y la Justicia no es capaz de recuperar una casa ocupada ilegalmente. Ni Interior ni Defensa forman a policías y militares para que puedan defenderse de los peligros reales que acechan en las calles. Todo en aleación constante y diaria con las consignas políticas de Desokupa, que ha llegado a colgar una lona gigante pidiendo la expulsión de Pedro Sánchez de la Moncloa, ha pedido el voto para Vox o se ha aliado públicamente con Luis 'Alvise' Pérez.

Los convenios que ha firmado la empresa con sindicatos y agrupaciones profesionales de policías y militares, algunas sumidas en duras peleas por su representatividad en sus respectivos cuerpos ante sindicatos de corte radical, suponen llevar el discurso de Desokupa hasta comisarías y cuarteles. Lugares donde la forma de actuar de este tipo de empresas no siempre es bien recibida. Un ejemplo de ello es cuando Esteve lideró la procesión de miles de personas desde la calle Ferraz hasta las inmediaciones del Congreso de los Diputados durante las protestas de noviembre de 2023. Una concentración que él mismo desconvocó cuando los mandos de los antidisturbios, poniendo distancia con ese supuesto mimetismo policial que fomenta Desokupa, les advirtieron del peligro que tenía la algarada que impulsaba junto con Alvise.

Las consignas de la extrema derecha

La estrategia comercial de Desokupa está clara. Difundir que las calles de España no son seguras y vender unos cursos de defensa personal para protegerse a uno mismo y a los suyos. Una de las múltiples consignas de la extrema derecha española y europea que la empresa de Esteve ha difundido en el último lustro y usado a su favor. Desde el racismo contra los migrantes hasta el machismo y con objetivos políticos concretos. Liderando, por ejemplo, manifestaciones en Barcelona contra Ada Colau o en Madrid contra el Gobierno central.

La supuesta incapacidad del Estado para proteger a su población es un punto recurrente en el argumentario de la extrema derecha que Desokupa ha conseguido monetizar, como sucedió anteriormente con las ocupaciones ilegales. Allí donde los datos judiciales no respaldan la existencia de un fenómeno criminal desatado, la alianza entre estas empresas, los medios de comunicación y la derecha política española ha conseguido convertir este asunto en una de las armas más potentes del debate público español. Confundiendo de forma deliberada la realidad del fenómeno, ocultando la actuación judicial y, sobre todo, sin explicar quienes son sus clientes más allá de los casos que exhiben en televisión. Los que nadie es capaz de discutir.

Las consecuencias que esta incursión en la Policía y el Ejército pueda tener para Desokupa y sus nuevos aliados no están claras. Desde el Ministerio del Interior, su titular Fernando Grande-Marlaska ha calificado de “macarras y chulos de poca monta” a este tipo de empresas, aunque su departamento ha cerrado sin sanción el expediente que abrió al SUP por aliarse con Daniel Esteve. Defensa ha ido más allá y ha esgrimido un informe jurídico interno para exigir la anulación de ese acuerdo.

La alianza entre asociaciones profesionales de las fuerzas de seguridad y esta empresa, cuyo modelo de negocio y base ideológica se basa en sustituir a dichas fuerzas de seguridad sobre el terreno, lleva un paso más allá la capacidad de expansión de Desokupa, hasta ahora aupado por sus propios canales de comunicación y medios que han optado por difundir su versión de los desalojos sin comprobar lo que hay detrás.

Ahora la maquinaria se vuelve a activar con un relato similar: los ciudadanos deben formarse para protegerse porque la Policía no es capaz de hacerlo. Y uno de los sindicatos más importantes de la historia de la Policía Nacional, efectivamente, ha firmado un convenio con la misma empresa para que 30.000 agentes puedan recibir esa misma formación. El mensaje, una vez más, directo desde Desokupa hasta el cliente sin que nadie lo cuestione.