Nueva intentona de desahuciar sin aviso judicial a madres vulnerables con menores de un bloque en Azuqueca

Sin notificación judicial y sin avisos previos. Varios individuos de empresas de desokupación “sin identificar” se han apostado hoy en el bloque de la calle Abetos, número 22, de Azuqueca de Henares (Guadalajara) para impedir la entrada a sus casas de tres familias, que además tienen certificados de vulnerabilidad expedidos por el ayuntamiento azudense. Dos de ellas son familias monomarentales y otra monoparental. Se trata de dos mujeres solas, una con una hija de siete años y otra con una hija de cuatro años; y otro vecino, un hombre solo con su hijo, también menor.  

No es un caso nuevo. Ya el pasado mes de octubre una mujer con un bebé de once meses fue expulsada del piso en el que vivía en este mismo bloque, sin orden judicial, en este caso y a instancias de una empresa, de las tantas que ya proliferan y que promocionan entre sus servicios el de “desokupar”.

Policía local y Guardia Civil estuvieron presentes entonces cuando la mujer terminó en la calle con su bebé, a pesar del intento de varios colectivos de Guadalajara por impedirlo. Ese día, miembros de la empresa de ‘desokupación’ habían aparecido en el lugar. La mujer y el menor pudieron dormir en un hotel, gracias a la intervención de los Servicios Sociales municipales, de manera temporal. Su historia ha quedado diluida en el tiempo.

Ya entonces el Sindicato de Inquilinas y la Plataforma Feminista de Guadalajara alertaban de otros casos de vulnerabilidad en el mismo bloque y celebraron una concentración para protestar por el “continuo acoso” al que se está sometido a otras dos mujeres trabajadoras -con hijos de 9 y 4 años respectivamente- con “actos intimidatorios y violentos con total impunidad y falta de humanidad”.

Hoy la alarma han vuelto a darla ambos colectivos. Su abogada, María Eugenia Blanco, detalla a este medio que el acompañamiento a estas familias por parte de ambos colectivos se ha mantenido durante los últimos meses, tras tener noticia de que, desde los anteriores hechos, la propiedad del bloque ha pasado a otra empresa diferente, que no ha enviado notificación alguna.

Esta mañana, Iris, una de las vecinas que los dos colectivos han estado acompañando, al regresar de dejar a su hija en el colegio, se ha encontrado con varios hombres “con perfil de desokupas” dentro del portal y que le impedían el acceso a su casa.

Los hechos los ha confirmado a este medio la propia Iris, que vive en el primer piso del bloque: “He llegado a casa y al ver que no me dejaban entrar, he llamado a la Guardia Civil, sobre todo después de ver que estos hombres ya habían tapiado con una puerta ‘antiokupa’ la vivienda de la vecina del bajo”. Es en la que reside su otra vecina, Angustias Teresa, también en situación vulnerable, en el bajo. Se ha quedado en la calle con su hijo de cuatro años.

Los agentes han acudido al bloque justo al mismo tiempo que integrantes del Sindicato de Inquilinas. La abogada cuenta que la Guardia Civil ha pedido a los hombres apostados en la puerta que se fueran tras constatar que era el domicilio habitual de ambas vecinas.

Apunta, en este sentido, que la intervención de estos individuos constituye un presunto delito, es “ilegal”, porque “no ha habido notificación judicial alguna para un posible desahucio”. Los agentes han identificado a todas las personas que han participado en esta acción y ahora el Sindicato de Inquilinas ha denunciado los hechos.

“Los agentes le han pedido al que parecía el cabecilla del grupo que retirara la puerta ‘antiokupa’ de la vecina del bajo y se ha negado. Ahora hemos denunciado ante la Guardia Civil para que ambas puedan obtener medidas cautelares, y que les obliguen a retirar esa puerta”.

María Eugenia Blanco precisa que cuando han llegado estos hombres, decían tener autorización de la empresa propietaria y de la comunidad de vecinos, un documento o acta que “nosotras no hemos visto ni nos han mostrado”. “Dicen que cuentan con eso y que les autoriza a impedir el acceso a su domicilio habitual de las vecinas”.

No les han comunicado nada: ni que quieran vender, o alquilar a otra gente, o hacer pisos turísticos… No hay nada

También explica que no ha habido ningún contacto con la “nueva” empresa propietaria, y que “ni siquiera hay una denuncia contra las vecinas”. “Es que no les han comunicado nada: ni que quieran vender, o alquilar a otra gente, o hacer pisos turísticos… No hay nada”.   

Iris confirma lo relatado por la abogada. Tiene un certificado de vulnerabilidad expedido para evitar los cortes de suministro de agua y gas, y dice no haber recibido ninguna notificación, ni judicial ni de otra índole, para abandonar su casa. Estos documentos ya se los hicieron llegar a la empresa propietaria anterior para negociar un alquiler social. Ahora, sin noticias ni contacto de la nueva empresa, no saben qué hacer.

Ella finalmente ha podido finalmente acceder a su vivienda, pero la puerta del bajo, la de Angustias Teresa, sigue tapiada. Mientras esperan si el juzgado adopta o no medidas cautelares, el Sindicato de Inquilinas y la Plataforma Feminista están intentando retirar la puerta con una radial. “Ante acciones ilegales, nosotras apostamos por lo legal. Si alguien te impide entrar en tu vivienda, haces lo posible por entrar”.

La abogada pone el acento en el hecho de que no ha habido “ninguna actuación judicial”. De ahí que hayan solicitado las medidas cautelares. Iris insiste en que todo el procedimiento es “ilegal” y que la situación que está viviendo es “horrible”, por lo que pide que intervengan las administraciones y las autoridades judiciales.