El Ayuntamiento de Piélagos (PP) “se ha visto obligado” a ejecutar “por responsabilidad” las obras de reparación del acceso a la playa de La Arnía, con una inversión municipal de 50.000 euros, ante la “inacción” del Gobierno de España, al que ha exigido una “solución inmediata” para mejorar la seguridad en Somocuevas ante la inminente llegada de la temporada de verano.

Así lo ha señalado el alcalde de Piélagos, Carlos Caramés, este viernes en la visita que ha realizado a las obras de acondicionamiento del acceso a la playa de La Arnía, donde ha denunciado que esta actuación “no es de competencia municipal”, pero el Consistorio “ha tenido que dar un paso al frente” y acometerla “de manera urgente”.

Según ha explicado, estos trabajos consisten en la reparación de un peligroso argayo y el saneo del pavimento de hormigón que presentaba “fisuras y blandones peligrosos”. Además, el Consistorio va a instalar una barandilla de protección en la parte inicial de la bajada, donde “no hay protección natural para garantizar la seguridad”.

Caramés ha subrayado que el Estado es el “competente exclusivo” en la protección, conservación y accesos públicos en playas naturales, como son las siete del municipio de Piélagos.

En este sentido, ha hecho hincapié en que el Ayuntamiento de Piélagos lleva solicitando formalmente desde marzo a la Demarcación de Costas que arregle el acceso a la playa de La Arnía.

Ha incidido en que, ante su “falta de respuesta”, “no podíamos cruzarnos de brazos y esperar a que ocurriera una desgracia y que los vecinos y visitantes sufrieran la desgracia de tener esta playa cerrada por la inacción del Gobierno de España, a través de la Demarcación de Costas en Cantabria”.

“Dejadez” en Somocuevas

El regidor municipal ha criticado la “dejadez” de Costas que, a través de distintos escritos, ha “escurrido el bulto”, “sugiriendo y recomendando al Consistorio que se hiciera cargo de la seguridad”, no sólo en la playa de La Arnía sino también en la de Somocuevas, cuyas barandillas de las escaleras de acceso están “completamente oxidadas, deterioradas y en algunos tramos rotas”.

“Hay un peligro real de que alguien se apoye, la estructura ceda y caiga por el acantilado”, ha advertido Caramés, quien ha indicado que la Demarcación de Costas, que es el órgano que “lo detectó”, “envió al Ayuntamiento un oficio comunicándonos el peligro y sugiriéndole que lo cerrase y tomase las medidas de seguridad que deberían ejecutar ellos”.

Caramés ha afirmado que el Consistorio “ha cumplido por responsabilidad moral y no competencial”, y ha puntado que son “muchos” los bañistas que sortean las barreras y obstáculos, que han tirado y retirado en varias ocasiones para bajar al arenal.

Así, el alcalde ha hecho un llamamiento a la “responsabilidad institucional”, en concreto al delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), a quien ha pedido “que diga claramente al Ayuntamiento y los vecinos qué día y a qué hora va a poner la solución en Somocuevas”.

“Si no lo va a ejecutar, que hable y lo diga de una vez, que lo haremos desde el Ayuntamiento como en La Arnía, pero que no nos haga pasar por otro proceso de proyectos y autorizaciones de mes y pico que se nos pasa el verano”, ha añadido Caramés.

Por último, ha solicitado de vecinos y visitantes “responsabilidad, paciencia y confianza”, al tiempo que se ha mostrado convencido de que el Ayuntamiento “encontrará una solución aunque tenga recaer en el dinero de los bolsillos de los vecinos por la falta de acción y palabra de otros”.

El jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria, José Antonio Osorio, ha defendido ante la jueza que instruye la causa por el accidente mortal de la pasarela de El Bocal en Santander --en la que está investigado como director facultativo del proyecto de la senda costera en 2014-- que él cumplió con la normativa y ha insistido en achacar el colapso de la estructura de madera a la falta de mantenimiento, de lo que ha responsabilizado al Ayuntamiento.

Así lo ha manifestado este viernes en su declaración durante cerca de hora y media ante la magistrada, en una jornada en la que también han comparecido los otros dos técnicos de Costas y el ingeniero que diseñó la pasarela -y que están igualmente investigados-- y dos testigos-peritos. La sesión se ha prolongado durante más de seis horas y ha concluido, pasadas las cuatro de la tarde, con la citación de Osorio.

Según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de su declaración, ha alegado que cumplió el pliego de prescripciones técnicas particulares cuando se decidió que el material de las piezas de sujeción de las vigas de madera fuera metal galvanizado -y no acero inoxidable, que según algunos informes periciales sería lo más recomendable dada la proximidad al mar de la pasarela-.

De acuerdo con el perito judicial, la causa última del derrumbe de la estructura fue un fallo de la unión de vigas tras la rotura de un herraje por la corrosión. Ocurrió el pasado 3 de marzo cuando un grupo de siete estudiantes atravesaban el paso y cayeron al agua: seis murieron y una resultó herida grave.

Además, el jefe de Costas se ha reafirmado ante la titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, como ya ha venido haciendo a través de la documentación aportada por su letrado al procedimiento, en que la 'culpa' del desprendimiento fue la ausencia de mantenimiento de la pasarela siniestrada, y no cuestiones relacionadas con el proyecto en sí.

Y en este sentido, ha reiterado que el mantenimiento corresponde al Ayuntamiento, aunque no haya habido una cesión formal de los trabajos ejecutados por Costas (las obras no fueron recepcionadas, según la administración municipal y de acuerdo también con la jueza).

“Con la conciencia tranquila”

José Antonio Osorio, que estaba citado a las doce del mediodía, ha acudido al complejo judicial Las Salesas de Santander “con la conciencia tranquila”, según han trasladado desde su entorno a esta agencia. Ha empezado a declarar sobre las dos y media de la tarde y ha terminado pasadas las cuatro. Ha respondido solo a preguntas de su abogado -y de la jueza y la fiscal-, como también han hecho la mayoría de los investigados citados esta jornada.

En concreto, solo han contestado a estas partes el ingeniero de Fronda que diseñó el puente accidentado, Manuel Méndez -que ha comparecido durante poco más de media hora- y el jefe de Servicio de Proyectos y Obras de Costas desde que se instaló la infraestructura en 2014 y hasta su jubilación en 2023, José Luis Tejerina, quien ha permanecido unos 45 minutos en el salón de actos donde se ha desarrollado la sesión.

Mientras, su sucesor en este cargo y quien lo ostenta en la actualidad, Enrique Rodríguez, ha respondido a todos los personados: 17 partes en total, de las que nueve son acusaciones. Ha declarado durante aproximadamente una hora y veinte minutos.

Peritos-testigos

Al margen de las comparecencias de los cuatro técnicos investigados --condición en la que están además la agente de la Policía Local y la gestora del 112 que recibieron el día anterior a la tragedia las llamadas de alerta sobre el mal estado del paso de madera y que ya declararon-- este viernes también se han celebrado dos testificales-periciales.

En la primera estaban citados dos ingenieros, uno de caminos y otro agrónomo, que firmaron el proyecto general de la senda costera, aunque solo ha comparecido uno de ellos durante unos veinte minutos. Y en la segunda, ha declarado el jefe de obra de la mercantil contratista constructora de la senda (Dragados) por espacio cercano a la hora y cuarenta minutos.

Cálculos de estructura y correos electrónicos

En este caso, las preguntas se han centrado en cuestiones relacionadas con cálculos de la estructura, más que los materiales empleados en su construcción, y en los correos electrónicos que se intercambió con Osorio y que el representante legal de este último ha incorporado al procedimiento. En esos emails, el jefe de obra de Dragados le confirmó que Fronda era la “responsable del diseño, fabricación y montaje” de las estructuras.

Y por eso, “valorando las previsibles causas inmediatas del colapso de la pasarela, entre ellas un defecto de diseño estructural o constructivo” --según periciales que obran en la causa--, la magistrada acordó también dirigir la acción penal contra el ingeniero industrial de Fronda, al considerarle “responsable último” del proyecto técnico conforme al cual se ejecutó.

Por su parte, Osorio está investigado como director facultativo de la obra de la pasarela ya que, a juicio de la instructora, le correspondía dirigir la ejecución material de los trabajos, velar por su adecuación al proyecto y advertir toda insuficiencia o incumplimiento normativo sobre el diseño estructural, elección de materiales u otros detalles constructivos que pudieran comprometer la seguridad de las pasarelas de la senda costera.

Negligencia grave

Para la jueza, la falta de mantenimiento del puente podría constituir una “negligencia grave” que justifica la acción penal por posible comisión de seis delitos de homicidio y otro delito de lesiones (todos por imprudencia grave).

En el accidente fallecieron seis jóvenes, del municipio cántabro de Camargo, Vizcaya (3), Almería y Guadalajara, y otra chica más de Álava resultó herida grave. Formaban un grupo de estudiantes del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) La Granja de Heras, en Medio Cudeyo, que hacían la ruta de la senda costera.

La Consejería de Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria (PP) ha ejecutado una actuación en el aparcamiento de Canallave, en el Parque Natural de las Dunas de Liencres y Costa Quebrada, centrada en la protección del sistema dunar. Ha consistido en la instalación de un cierre perimetral y en la renaturalización del entorno con plantaciones de arbolado y arbustos, en una zona que se encuentra dentro del Parque Natural de las Dunas de Liencres y Costa Quebrada.

“No es ningún secreto que muchas personas aparcaban en Canallave y accedían directamente a la duna, incluso con furgonetas o autocaravanas”, ha dicho el alcalde de Piélagos, Carlos Carames (PP). Con este vallado “se protege la duna y se señala de forma visual el uso correcto del espacio”, con lo que es “una medida fundamental para conservar este entorno natural”.

La consejera, María Jesús Susinos, ha visitado la zona junto al alcalde de Piélagos, Carlos Caramés, y miembros de la Corporación municipal --como los ediles de Obras, Conservación y Medio Ambiente-- así como el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, para comprobar el resultado de los trabajos.

La actuación ha consistido fundamentalmente en la instalación de un cierre perimetral natural con estacas de madera, diseñado para evitar el tránsito desordenado hacia el sistema dunar. La prioridad es proteger este espacio, un ecosistema “especialmente frágil”, frente a “usos inadecuados que estaban provocando su degradación”.

Así, con este cerramiento se marca “de forma clara dónde se puede estar y dónde no”, ha explicado Susinos, que ha destacado que de esta manera se ayuda a ordenar el uso público y se favorece la recuperación de la vegetación y la estabilidad de las dunas“.

Además del cierre, el proyecto ha incluido la plantación de encinas y metrosideros, adaptadas a las condiciones del entorno costero, y cuyo fin es recuperar la vegetación en el entorno del aparcamiento.

En este sentido, Caramés ha indicado que “existían desde hace décadas tamarindos que han desaparecido en más del 90% y los pocos que quedaban estaban en mal estado”. El objetivo es que “en pocos años la imagen sea completamente distinta”, además de “aportar sombra a una zona muy utilizada como Canallave y Valdearenas”, ha indicado el alcalde.

La actuación ha contado con una inversión de 48.182 euros, financiados al 100 por cien con fondos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Los trabajos se han ejecutado en un plazo aproximado de un mes, ha informado el Ejecutivo regional.

La instructora del caso por el suceso de El Bocal, en el que fallecieron seis personas y una resultó herida grave tras ceder una pasarela de una senda costera en la zona norte de Santander, ha rechazado iniciar acción penal contra el responsable de Dragados, la empresa contratista que ejecutó las obras de la senda costera y, además, se ha vuelto a ratificar en atribuir toda la responsabilidad del mantenimiento de la senda en la Demarcación de Costas.

En un auto hoy dado a conocer, la magistrada inadmite la petición del Ayuntamiento de Santander de dirigir la acción penal contra los responsables de la contratista y de declarar su eventual responsabilidad civil. Y es que, según señala la resolución, no existe “indicio alguno que permita atribuir a los responsables de la entidad contratista una conducta negligente con relevancia causal o coadyuvante en la producción del resultado investigado”.

De la investigación realizada hasta ahora, se desprende indiciariamente que la pasarela colapsó por “determinadas deficiencias asociadas al diseño de la obra, singularmente en lo relativo a la robustez de la solución adoptada y a la idoneidad del elemento empleado para los herrajes de apoyo”, y por “la ausencia de las labores de inspección, control, conservación y mantenimiento que resultaban exigibles”.

Pues bien, en cuanto a la actuación de Dragados, “no consta que la ejecución material de la obra se hubiera apartado de las determinaciones contenidas en el proyecto aprobado, ni de las instrucciones recibidas por la dirección facultativo”.

Y “tampoco se ha puesto de manifiesto la existencia de defectos de ejecución concretos imputables a la contratista que hubieran contribuido al proceso de degradación que finalmente desembocó, presuntamente, en el colapso de la estructura”.

La responsabilidad del mantenimiento es de Costas

El auto también da respuesta a una petición de la Demarcación de Costas, que solicitó requerir al Ayuntamiento de Santander para que aportara cierta documentación relativa a las actuaciones llevadas a cabo por la entidad local en materia de inspección, conservación y mantenimiento de distintos elementos en la senda costera.

Así, pedía Costas que, por ejemplo, se solicitara el contrato de mantenimiento de Parques y Jardines de Santander para conocer su ámbito de actuación, el plan de Sostenibilidad Turística Santander Norte Litoral-Costa Quebrada, o los proyectos del Ayuntamiento en base a los cuales se llevaron a cabo actuaciones de mantenimiento y conservación de otros espacios que fueron parte del proyecto de la senda costera, como el Mirador de Ciriego o La Maruca.

A esta petición de Costas se adhiere la representación procesal del jefe de Proyectos y Obras de la Demarcación hasta el año 2023, investigado en la causa, pues considera que “resulta crucial determinar si el Ayuntamiento de Santander mediante actos propios y la inclusión de elementos de la senda costera en sus contratos de servicios públicos ha venido ejerciendo de facto las competencias de mantenimiento, lo que determinaría su responsabilidad”.

Pues bien, la magistrada decide no acoger estas pretensiones, y ello porque, tal y como explica en la resolución, esa responsabilidad ya quedó determinada en el auto dictado el 23 de marzo, resolución que es firme dado que ninguna parte la recurrió.

En aquel auto se estudió la documentación que aportaron tanto Costas como el Ayuntamiento de Santander y se concluyó que las obras de la senda costera “en modo alguno habían finalizado”, no fueron recepcionadas por el Ayuntamiento y “era y es Demarcación de Costas en Santander la única responsable de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento de tales unidades de obra”.

De hecho, fue aquel auto el que determinó que “podría existir negligencia en el adecuado mantenimiento de la pasarela siniestrada” y acordó seguir la acción penal contra “aquellas personas que por el cargo que ostentaban y ostentan pueden tener responsabilidad directa en su deber de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento de la pasarela”, esto es, los responsables de Costas.

No existen hechos nuevos

La instructora señala en su auto que ya “se resolvió de forma expresa la cuestión relativa a la atribución de las obligaciones de conservación y mantenimiento” de la pasarela, determinando que “tales obligaciones correspondían a la Demarcación de Costas”, “con exclusión de cualquier responsabilidad atribuible al Ayuntamiento de Santander”.

“La cuestión concerniente a la titularidad de las obligaciones de mantenimiento y conservación de la infraestructura litigiosa ha quedado definitivamente resuelva en esta fase procesal, sin que resulte admisible promover ahora una revisión indirecta de tal pronunciamiento mediante la solicitud de diligencias encaminadas a reabrir un debate ya decidido”, añade.

Y finaliza: “La petición no se sustenta en la aparición de hechos nuevos ni en elementos probatorios sobrevenidos”, “la diligencia pretendida no persigue, por tanto, el esclarecimiento de circunstancias novedosas relevantes para la investigación, sino la reconsideración de una valoración jurídica y fáctica ya efectuada por resolución firme”.

La costa sur de la Región de Murcia lleva años acostumbrándose a convivir con dos realidades incómodas: la llegada periódica de embarcaciones con personas migrantes y la expansión silenciosa de las redes vinculadas al narcotráfico marítimo. El grupo municipal de Vox en Lorca —que desde 2023 gobierna este municipio junto con el Partido Popular— ha colocado ambos asuntos en el centro de la agenda política local, después de defender en el Pleno municipal ordinario correspondiente al mes de mayo, una batería de medidas contra las llamadas “pateras taxi” y las narcolanchas que operan en distintos puntos del litoral lorquino. José Martínez, edil de esta formación y responsable de la Concejalía de Protección Civil y Emergencias, asegura que la situación “ha desbordado la capacidad de vigilancia” del ayuntamiento, al tiempo que reclama más medios policiales y controles en la costa.

El anuncio de Vox llega en un contexto especialmente sensible. Apenas unos días antes, el 10 de mayo de 2026, una patera con 24 inmigrantes a bordo fue interceptada en Cala Blanca, en el diseminado de la pedanía lorquina de Garrobillo. Aquella imagen —la de un grupo de personas exhaustas llegando a una cala semidesierta del litoral murciano— volvió a sacudir a los vecinos de la zona, acostumbrados ya a ver dispositivos de Guardia Civil y Salvamento Marítimo en episodios similares.

No era un caso aislado. En marzo, las autoridades contabilizaron al menos 72 migrantes desembarcados en distintos puntos de la franja costera compartida entre Lorca y Águilas. El aumento de llegadas ha generado preocupación entre parte de la población local, aunque también ha despertado críticas hacia quienes intentan vincular automáticamente migración y delincuencia organizada para alimentar discursos de inseguridad.

La frontera invisible del Mediterráneo

En Puntas de Calnegre, una pequeña y pintoresca localidad costera perteneciente a la pedanía lorquina de Ramonete, la llegada de estas embarcaciones es un tema recurrente, pero que se comenta con discreción entre sus escasos setenta habitantes. “Muchas veces no sabes si es una patera o una lancha rápida”, explica un residente que pide mantener el anonimato. “Aquí por la noche apenas hay iluminación, pero la gente escucha motores y ve movimiento. Unas veces llegan las patrullas y otras no”.

La sensación de incertidumbre se ha instalado en parte del vecindario. No tanto por la presencia de personas migrantes, insisten algunos residentes, sino por la percepción de que esta franja litoral se ha convertido en una ruta relativamente accesible para distintos tipos de tráfico marítimo irregular.

Otros vecinos, sin embargo, cuestionan el tono alarmista que se está imponiendo en el debate público.“La mayoría de quienes llegan vienen desesperados, no son criminales”, comenta una trabajadora del sector hostelero de la zona. “El problema es que algunos partidos meten todo en el mismo saco”.

Ese matiz resulta clave. Expertos en migraciones y derechos humanos llevan años alertando del riesgo de criminalizar a quienes cruzan el Mediterráneo en condiciones extremas. España continúa siendo una de las principales puertas de entrada a Europa para personas que huyen de conflictos, pobreza o persecución, especialmente desde el norte de África y el Sahel.

Pero al mismo tiempo, las autoridades reconocen que determinadas rutas utilizadas para la inmigración irregular también son aprovechadas por redes de narcotráfico. Y es ahí donde el discurso político encuentra un terreno fértil.

Ramonete: el narcotráfico deja de ser invisible

Si en Puntas de Calnegre el fenómeno migratorio centra buena parte de la conversación, en Ramonete el miedo tiene otro nombre: narcotráfico.

La pedanía lorquina vivió uno de sus episodios más traumáticos en octubre de 2025, cuando un doble crimen relacionado con bandas dedicadas al tráfico de drogas sacudió la comarca. El 7 de octubre apareció el cuerpo de un hombre con impactos de bala dentro del maletero de un coche en la zona de Ramonete. Poco después, las autoridades localizaron una segunda víctima en una vivienda del paraje de El Cantar.

Las investigaciones apuntaron rápidamente a un ajuste de cuentas entre organizaciones vinculadas al tráfico de hachís. Entre las víctimas figuraba Giuliano Velo, ciudadano italiano con antecedentes relacionados con narcotráfico y presuntos vínculos con la mafia calabresa, la ‘Ndrangheta, una de las más poderosas del mundo. La otra víctima era un ciudadano marroquí supuestamente relacionado con el mundo de los 'vuelcos', como se conoce en el argot criminal a los robos de mercancía entre traficantes.

En diciembre de 2025, la Guardia Civil detuvo a tres personas implicadas en el doble asesinato. El propio alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, reconoció públicamente entonces que el crimen estaba relacionado con disputas derivadas del tráfico de drogas.

Aquellos hechos marcaron un antes y un después en la percepción del problema en la zona. Lo que durante años había permanecido en un segundo plano —comentarios aislados sobre lanchas rápidas, movimientos nocturnos o alijos en playas remotas—pasó a convertirse en una preocupación visible.

“Antes parecía algo lejano, como si ocurriera en Cádiz o en el Campo de Gibraltar”, explica un agricultor de la zona. “Pero cuando aparecen muertos aquí, la gente entiende que el problema está mucho más cerca”.

El ecosistema de las narcolanchas

Las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en el Mediterráneo funcionan mediante una compleja red de colaboradores y apoyos logísticos. Aunque las autoridades evitan generalizaciones, distintos investigadores y expertos en seguridad reconocen que las mafias encuentran en algunas zonas costeras un entorno favorable debido a la dispersión geográfica, la dificultad de vigilancia y la existencia de economías precarias.

En ese entramado aparecen figuras como los llamados 'petaqueros', encargados de suministrar combustible a las narcolanchas en alta mar o en puntos estratégicos del litoral. Su papel resulta esencial para mantener operativas embarcaciones capaces de recorrer largas distancias a gran velocidad.

También están los 'chivatos', personas que alertan de posibles movimientos policiales o de la presencia de patrullas de vigilancia. A menudo utilizan teléfonos móviles y aplicaciones de mensajería para transmitir información en tiempo real.

A ellos se suman conductores de embarcaciones, responsables de logística en tierra y pequeños colaboradores que participan en tareas puntuales. Las investigaciones policiales señalan que muchas de estas redes operan de forma fragmentada y flexible, dificultando la identificación de estructuras jerárquicas permanentes.

Hablar de la posible existencia de apoyos locales sigue siendo un tema delicado en municipios pequeños donde todos se conocen. Algunos vecinos admiten en privado que el narcotráfico genera una economía paralela difícil de ignorar. Otros rechazan frontalmente esa idea y consideran injusto señalar a comunidades enteras por la actuación de grupos minoritarios.

Lo cierto es que el fenómeno tiene una dimensión social compleja. En áreas con empleo estacional, precariedad laboral, bajos niveles de renta y pocas oportunidades para los jóvenes, las redes criminales encuentran más facilidad para captar colaboradores ocasionales ofreciendo dinero rápido.

Entre el miedo y la instrumentalización política

La propuesta presentada por Vox en Lorca se apoya precisamente en esa percepción creciente de inseguridad. El partido reclama reforzar la vigilancia marítima, incrementar la presencia de Guardia Civil y endurecer las medidas contra la inmigración irregular.

Sin embargo, organizaciones sociales y sectores progresistas acusan a la formación de utilizar episodios reales para construir un relato que mezcla migración y delincuencia de manera interesada.

“La llegada de personas migrantes no puede abordarse únicamente desde una perspectiva policial”, señalan desde colectivos de apoyo a refugiados en la Región de Murcia. “Se está generando un discurso que convierte a personas vulnerables en amenazas”.

La crítica no implica negar la existencia del narcotráfico. De hecho, expertos en seguridad consideran evidente que las rutas marítimas del sureste español están siendo utilizadas cada vez más por organizaciones criminales. Pero advierten de que simplificar el problema puede resultar contraproducente.

“El narcotráfico es una estructura económica transnacional con enormes recursos”, explica un criminólogo consultado para este reportaje. “Reducirlo al debate sobre pateras es políticamente rentable, pero no ayuda a entender cómo funcionan realmente estas redes”.

En paralelo, las fuerzas de seguridad enfrentan un desafío creciente. El litoral murciano combina kilómetros de costa abrupta, calas aisladas y zonas de difícil acceso que complican las labores de vigilancia. Las mafias aprovechan además tecnologías de navegación cada vez más sofisticadas y embarcaciones de alta potencia.

Una costa en transformación

Más allá del enfrentamiento político, lo que ocurre en Lorca refleja una transformación más amplia del Mediterráneo occidental. Las rutas migratorias cambian constantemente en función de la presión policial y de los conflictos internacionales, mientras que el narcotráfico adapta sus métodos con enorme rapidez.

La Región de Murcia, históricamente alejada de los focos mediáticos que acompañaban al Campo de Gibraltar, empieza a aparecer con más frecuencia en informes policiales y titulares relacionados con tráfico marítimo ilegal.

Algunos vecinos temen que esa imagen termine afectando al turismo y a la vida cotidiana de pueblos tradicionalmente tranquilos. Otros creen que negar el problema sería aún peor.

“Lo que hace falta es hablar con seriedad”, resume un residente de Puntas de Calnegre. “Ni convertir esto en una película de narcos ni fingir que no pasa nada”.

En el fondo, esa tensión resume el gran dilema que atraviesa hoy el debate público en la costa murciana: cómo afrontar fenómenos complejos —migración, exclusión social, crimen organizado y abandono institucional— sin caer ni en el alarmismo ni en la indiferencia.

El dictamen del Consejo Consultivo andaluz que declara la nulidad de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico, concedida en 2003, acerca el fin de la mole y ha empezado a abrir la siguiente etapa, que en realidad está prevista desde hace 15 años: cómo se reparten la tarea de meter la piqueta y retirar los escombros las dos administraciones con responsabilidad para ello, Junta de Andalucía y Gobierno central.

Poco después de conocerse, el Ministerio de Transición Ecológica solicitó por escrito a la Junta una reunión para “abordar su demolición y la restauración del enclave”, según informaron fuentes ministeriales. Es la Junta quien debe convocar, porque ahora preside la Comisión en la que se dirime este asunto.

Según ha podido confirmar este medio, el escrito, dirigido al viceconsejero de Sostenibilidad, Sergio Arjona, insta a convocar una reunión extraordinaria de la Comisión del Protocolo suscrito entre Junta y Gobierno central, para analizar “el dictamen y sus consecuencias”. El Protocolo data de 2011, y en él se recoge la obligación del Gobierno de asumir los costes derivados de la demolición y de la Junta de Andalucía de hacerse cargo de las tareas de desescombro y restauración de la playa.

Pese a la urgencia del Ministerio, la Junta ha reaccionado pisando el freno. Rocío Díaz, Consejera de Fomento de la Junta, recordó que ahora el dictamen debe regresar al Pleno de Carboneras para completar el trámite que lleve a la nulidad de la licencia. “Una vez culminado este trámite, avanzaremos hacia la demolición del inmueble y la restauración de este entorno natural”, dijo, sin que en su departamento aclararan si eso significa que no convocará ninguna reunión hasta que el municipio complete su parte.  

La Junta se siente “reforzada” y el Gobierno subraya su “impulso”

La noticia de que el Consultivo daba un impulso al proceso fue celebrada tanto en Sevilla como en Madrid. El dictamen es un “paso decisivo” para dar carpetazo a la historia de El Algarrobico y que ese “monumento a la irregularidad urbanística y el destrozo ambiental” desaparezca, según Díaz. Con palabras parecidas lo saludaron desde el Ministerio: un paso “determinante”.

Al mismo tiempo, las palabras escogidas por ambas administraciones también dejan entrever la guerra por el relato que, más allá de los avances administrativos hacia la demolición, se ha instalado desde que el pasado febrero el Ministerio activara la vía alternativa de la expropiación de los terrenos y la ministra de Hacienda y candidata in pectore a presidir la Junta, María Jesús Montero, lo anunciara por sorpresa a los pies del hotel.

Díaz subrayó este viernes que el dictamen “refuerza” a la Junta de Andalucía en el camino que “escogió” para acabar con el hotel. Es una puya al Gobierno central, porque el Gobierno andaluz insistió en su apuesta por anular la licencia frente a las invitaciones del Ministerio a que se sumara a la vía de la expropiación. Ahora, el Gobierno andaluz saca pecho, mientras fuentes del Ministerio resaltan que la “determinación e impulso” del Gobierno central habría “obligado” a otras instituciones a actuar.

Lo cierto es que la Junta de Andalucía se personó en la ejecución judicial de la sentencia que obliga a revisar la licencia en mayo de 2024, y en esta última fase ha presentado múltiples escritos de impulso del proceso, tras años de inacción. Nueve meses después, en febrero de 2025, el Ministerio irrumpió como un ciclón anunciando su intención de expropiar a Azata los terrenos de dominio público (la mitad, unos 32.000 metros cuadrados). Prometió incluso que El Algarrobico estaría demolido en 2025.

Hoy, la vía de la expropiación está pendiente de la resolución del Jurado Provincial de Almería, en la pantalla del justiprecio que debería recibir la promotora, que pide 44,5 millones de euros frente a los 16.500 que ofrece el Ejecutivo. Esta vía parece abocada también a la judicialización por esta amplia discrepancia económica.

Greenpeace pide reservar presupuesto

Greenpeace celebró como una “¡victoria!” decisiva el dictamen del Consultivo y vaticinó el fin de los “obstáculos administrativos” para la demolición del hotel, del que sería su “acta de defunción legal”. También pidió que se reserven ya partidas presupuestarias para acometer la demolición y desescombro, cuyo coste aproximado cifra en siete millones de euros. Los ecologistas creen que la decisión allana también el camino a la expropiación, puesto que con una licencia nula la promotora no puede exigir tanto dinero por entregar los terrenos.

Es indiscutible que es un paso que allana el camino hacia la demolición, pero esta es una historia tan larga, tan llena de vericuetos jurídicos, trampas procesales y voluntades dispersas, que es pronto para asegurar que el final está cerca. La piqueta aún debe recorrer terreno minado. La propia Consejera recordó que ahora el dictamen vuelve a Carboneras. “Ahora corresponde al Ayuntamiento llevar cuanto antes este asunto a pleno para oficializar la anulación definitiva de la licencia”, anunció, al tiempo que pedía al Consistorio “máxima celeridad y agilidad” para convocarlo.

Desde el Ayuntamiento no respondieron ayer a cuándo tiene previsto hacerlo, aunque el alcalde Salvador Hernández confirmó que llevará el asunto a Pleno: “Se someterá una medida a la que se nos obliga por sentencia a la deliberación y votación de todos los concejales”. El regidor llamó al Gobierno y la Junta “colaboración” y “lealtad institucional”: “No puede ser que el pueblo de Carboneras y los ciudadanos vengamos desde hace décadas este gran problema surgido por la responsabilidad todas las administraciones”. De fondo, está el temor a tener que indemnizar a la promotora por la licencia que le dieron en su día con unas arcas municipales muy escasas para la envergadura de esa posible reparación.

Durante años, el Consistorio (que inicialmente litigó del lado de la promotora) ha remoloneado para cumplir las sentencias que resuelven que el hotel es ilegal. Ha alegado falta de personal habilitado para tramitar el expediente, su complejidad, errores materiales, errores procedimentales y meros lapsus, o pedido nuevos informes (innecesarios, según el propio TSJA) que siempre tenían el efecto de devolver la ejecución de las resoluciones judiciales varias casillas atrás. En el camino, ha agotado la paciencia de los ecologistas (que han llevado al caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos), la Junta de Andalucía (que ha criticado las maniobras “claramente dilatorias”) y, aparentemente al menos, de los jueces, que han advertido varias veces a los alcaldes con multas, sin imponerlas nunca, y se han planteado intervenir directamente.

El alcalde ha dicho este viernes que todo esto son “interpretaciones malintencionadas” y que estas demoras se deben a la falta de recursos. Hace poco más de un año pidió negociar con la promotora y abrir la puerta a la conservación de la mole “como hotel o residencia”, advirtiendo de que la revisión de la licencia podría llevar hasta cinco años.

Además, el propio abogado de los ecologistas ve probable que la promotora y propietaria de los terrenos, Azata del Sol, busque la vía para torpedear la resolución con algún nuevo recurso.

El destino de la mole es claro desde que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declaró que el suelo era no urbanizable y la licencia debía ser revisada en sendas sentencias dictadas en 2016 y 2018, firmes respectivamente desde 2018 y 2021. Lo que ocurre es que el cumplimiento material de esas resoluciones depende en última instancia de un sistema garantista que permite recursos contra casi cualquier acto administrativo, y de la capacidad y voluntad de impulsar los trámites de la administración local, hasta ahora, y cuando se supere esa pantalla definitivamente, de la autonómica y el Gobierno central.

Más de 30 colectivos de toda Canarias han exigido este jueves, a través de un comunicado, que la Dirección General de Costas del Gobierno aclare en qué consisten los movimientos de tierra que está llevando a cabo la empresa Lopesan en el entorno natural de Veneguera, en Gran Canaria.

Estos colectivos, entre los que se encuentran Ben Magec, Turcón, Canarias Insumisa, Salvar La Tejita, ATAN, Salvar Chira-Soria o la Fundación Telesforo Bravo, entre otros, han mostrado su preocupación por estos trabajos que lleva a cabo la filial agrícola de Lopesan realizando movimientos de grandes cantidades de cantos rodados y áridos en la propia playa, sin que haya cartel preceptivo.

Los colectivos han advertido que maquinaria pesada eliminó el talud natural característico de las playas del oeste de Gran Canaria, arrastrando “grandes cantidades de cantos rodados y áridos desde la propia playa hacia la zona del antiguo aparcamiento”, donde ha sido sepultado.

Por ello han exigido a Costas “que aclare en qué consiste exactamente el supuesto proyecto de renaturalización de Lopesan en Veneguera, qué actuaciones contempla además de las ya ejecutadas y bajo qué criterios técnicos, ambientales y administrativos se están llevando a cabo estos movimientos de áridos y callados”.

Igualmente, han solicitado “conocer los informes ambientales públicos que los avalen y cuáles son los verdaderos objetivos de intervención sobre la playa y su entorno”.

En ese sentido, los colectivos han recordado que Lopesan, según su escrito, “ha destruido importantes zonas de tarajales en el cauce, eliminado valiosos hábitats de tabaibal cardonal centenarios en la ladera conocida como Tabaibales”, al tiempo que, siempre según esta versión, “han modificado el cauce en multitud de ocasiones, han destruido un yacimiento arqueológico en 2023 de enorme valor patrimonial, hechos que actualmente continúan bajo investigación judicial, y han cortado accesos y caminos”.

Debido a estos antecedentes estos colectivos han advertido de que podría tratarse de “un nuevo episodio de intervención progresiva sobre uno de los últimos lugares semivírgenes” de Gran Canaria, algo que les preocupa “profundamente”.

“Veneguera no pertenece a ninguna empresa: pertenece a la memoria colectiva de quienes la defendieron y al derecho de todas las personas a seguir disfrutándola libremente”, han concluido.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha informado este viernes por carta a los presidentes de Canarias, Fernando Clavijo e Illes Balears, Marga Prohens, y al presidente en funciones de Andalucía, Juan Manuel Moreno, del acuerdo por el que se inicia la modificación del Reglamento de Costas “que permitirá a estas comunidades aumentar su capacidad de autogobierno en esta materia”, tal y como señala el departamento en un comunicado.

El Ministerio recuerda que, a iniciativa con Transición Ecológica, se ha acordado que, en el marco de la modificación del Reglamento General de Costas, se permitirá aplicar las nuevas medidas a las comunidades que tienen las competencias transferidas, como es Canarias desde el 1 de enero de 2023.

Fue anunciado por Ángel Víctor Torres, tras la reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat de Catalunya, el pasado 20 de mayo, donde se acordó una modificación del Reglamento General de Costas, para adaptarlo al marco previsto en el Estatuto de Autonomía de Catalunya, y que beneficiará a otra comunidades con competencias en esta materia.

Así, en el plazo de tres meses, se impulsará la inclusión en el proyecto de reforma de un mecanismo de cooperación referido a las llamadas concesiones demaniales (cesión a una persona física o jurídica del derecho de uso de un bien de dominio público).

En este sentido, la administración autonómica notificará a la del Estado cada solicitud en tramitación para que, en el plazo máximo de dos meses, emita por escrito su criterio en relación con la garantía de la integridad física y del uso público del dominio público marítimo-terrestre.

El Ministerio detalla que, en caso de discrepancia se abrirá un período de consultas a fin de llegar a un acuerdo durante un periodo máximo de un mes. 

Además, se creará una comisión de seguimiento, de composición paritaria, que promoverá la colaboración en el ámbito del uso del dominio público marítimo-terrestre.

Según el ministro Torres, se trata de una apuesta más del Ejecutivo para mejorar el autogobierno.

La reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat de Catalunya celebrada este miércoles en Madrid ha concretado algunas medidas, como la gestión del litoral, donde se ha acordado una modificación del Reglamento General de Costas, para adaptarlo al marco previsto en el Estatuto de Autonomía de Catalunya, y que beneficiará a otra comunidades, entre ellas a Canarias, a la que a principios de 2023 le fueron transferidas las competencias en esta materia.

Así lo señaló en rueda de prensa el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien aseguró que en un plazo máximo de tres meses el Consejo de Ministros aprobará una modificación del Reglamento General de Costas que beneficia a todas aquellas comunidades que tienen gestión del litoral.

Fuentes del Ministerio que dirige Torres indican que esta modificación permitirá que en determinadas concesiones en la que existía el veto del Estado, se sustituya por un informe con el criterio del Gobierno central al que se le sumará el informe correspondiente de la comunidad autónoma.

Además, la modificación seguirá los criterios establecidos en los acuerdos de traspaso de funciones aprobados recientemente para País Vasco y Galicia.

El ministerio subraya que lo acordado con Catalunya “supone un paso más en el autogobierno y mejora para la comunidad canaria el traspaso de la gestión del litoral”, que desde el 1 de enero de 2023 dispone de las competencias en materia de Costas.

Fue a partir de esa fecha, cuando Canarias dispuso de la gestión, entre otras, de autorizaciones de dominio público, de las zonas de servidumbre o de concesiones demaniales así como en obras y actuaciones en el litoral del Archipiélago.

Los datos ya no dejan lugar a duda: Canarias tiene un problema con su costa. El litoral del archipiélago pierde cada año cuatro kilómetros de costa natural por artificialización. Es decir, cada tres meses se pierde un kilómetro de costa natural por la actividad humana, convirtiéndolo en superficies artificiales. 

El 18% del suelo en la franja de los primeros 500 metros desde el mar ya ha sido transformado principalmente por el urbanismo, y fuera de los espacios protegidos ese porcentaje supera el 40% en varias islas. Estas son algunas de las principales conclusiones de SOS Costas Canarias, “el primer y único diagnóstico público y riguroso” sobre el estado real del litoral canario, presentado por la Fundación Canaria y el Observatorio de la Sostenibilidad. 

Turistificación: el motor de la destrucción costera

El informe apunta directamente a la turistificación como el principal impulsor de la devastación costera. El 96% de los turistas que visitan Canarias se concentra en cuatro islas (Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote) y dentro de ellas el 88% se reparte en 16 municipios. Las Islas alcanzan un índice de casi 20 plazas alojativas por cada 100 habitantes, casi cinco veces más de la media nacional.

Dos municipios, Adeje y San Bartolomé de Tirajana, reciben juntos cuatro millones de turistas al año. Y otras cinco localidades (Yaiza, Pájara, Mogán, San Bartolomé de Tirajana y Adeje) las plazas turísticas ya superan en número a los residentes. Esto crea una presión de inversión constante sobre los mismos puntos del litoral, generando conflictos entre la conservación del territorio. 

En 2025, Canarias recibió 18,4 millones de turistas con una media de 7 pernoctaciones por persona; esto supone una media de 300.000 visitantes simultáneos diarios en el archipiélago, según el Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

A esta presión turística se suma una pérdida masiva de suelo agrícola en la franja costera. De las 80.000 hectáreas históricamente cultivadas en los primeros cinco kilómetros desde el mar, hoy solo permanece activo el 38%. En Fuerteventura, el colapso es aún más severo: apenas el 9% de ese suelo sigue siendo productivo.

80.000 personas en riesgo de inundación marina

El informe pone el foco también en los riesgos que acarrea esta ocupación del territorio. Las inundaciones representan el 69% de los pagos del Consorcio de Compensación de Seguros por desastres naturales en España, y Canarias no es ajena a esa realidad: cerca de 80.000 personas están expuestas a inundaciones marinas en 54 municipios costeros, y otras 11.400 viven en zonas de riesgo próximas a barrancos. “Si se sigue construyendo en estas zonas habrá más población en riesgo, y cada vez será más peligroso en este escenario de cambio climático en el que estamos viviendo”, señala Fernando Prieto, director del Observatorio de Sostenibilidad. 

El estudio advierte además que prácticamente todas las centrales térmicas del archipiélago están expuestas a inundaciones marinas, y que una emergencia de este tipo podría comprometer el abastecimiento de agua al afectar a las plantas desaladoras. Además, casi la mitad del suelo inundable está clasificada como urbana, o que ya están urbanizadas, “lo que supone un grave problema si no se corrige la ordenación territorial”, asegura Anne Striewe, directora de Fundación Canarina. 

291 puntos de vertido al mar sin autorización, algunos dentro de la Red Natura 2000

Los vertidos al mar son quizá el hallazgo más perturbador del informe. En 2025 hay censados 403 puntos de vertido al mar en el archipiélago, de los cuales 291 carecen de autorización. En El Hierro, el 100% de los puntos de vertido opera al margen de la legalidad; en La Palma, el porcentaje alcanza el 88%. Para colmo, 94 de estos puntos vierten directamente en espacios de la Red Natura 2000, áreas de especial protección medioambiental de la Unión Europea. 

Sólo hay 112 emisarios con autorización. Tenerife concentra casi la mitad de los puntos de vertido, seguida de Gran Canaria, mientras que el resto de islas tienen cifras mucho menores. La distribución refleja claramente la relación entre vertidos, densidad de población y presión turística. Más del 70% de los puntos son simples desagües sin condiciones adecuadas de dilución, y solo un 13% utiliza emisarios submarinos, que son los sistemas técnicamente adecuados.

Según el informe, hay más de 20 instalaciones industriales que vierten directamente al mar en Canarias. Las emisiones incluyen compuestos orgánicos persistentes, metales pesados, pesticidas y otras sustancias. 

Una realidad incómoda

El informe señala que la figura de “declaración de interés insular o autonómico”, introducida por la Ley 4/2017, se utiliza sistemáticamente para eludir los mecanismos ordinarios de control urbanístico y ambiental, en proyectos que en la mayoría de los casos aumentan la presión sobre espacios protegidos, consumen recursos hídricos escasos y generan nueva demanda de energía en territorios ya saturados.

Es el primer informe de estas características que se hace público en Canarias, lo que da idea de la ausencia de datos sobre el litoral que ha habido durante décadas. Ha tenido que ser una fundación y un observatorio independiente, y no la administración, quienes han elaborado el estudio, lo que dice bastante sobre el estado de la gobernanza costera en el archipiélago.

Los números son difícilmente reversibles, como reconoce el propio título del informe. Pero sus autores insisten en que todavía hay margen para actuar si las instituciones asumen la urgencia. La pregunta es si lo harán antes de que los cuatro kilómetros anuales que Canarias pierde se conviertan en una cifra imposible de recuperar.

Medidas urgentes y soluciones posibles

Para ello, el informe realiza algunas exigencias al Gobierno regional y a los Cabildos, como que paralicen cautelarmente todos los nuevos proyectos urbanísticos en las franjas de mayor presión y constituyan una mesa técnica para revisar los Planes Insulares de Ordenación.

“La costa canaria es un patrimonio natural, social y económico de valor incalculable. Su protección no es una carga, sino una oportunidad para liderar un modelo de desarrollo basado en la calidad, la sostenibilidad y la equidad. No hay tiempo que perder: cada nuevo suelo urbanizable aprobado en la costa es un paso irreversible hacia la pérdida de lo que nos hace únicos”, aseguran los impulsores del informe SOS Costas Canarias. 

El responsable del estudio, Fernando Prieto, es tajante: “Canarias tiene que elegir entre un escenario de colapso, con vez mas turistas, mas destrucción de la costa y mas desigualdad, o un escenario de adaptación al cambio climático, con menos turismo, menos desigualdad y mas conservacion del territorio”.

El estudio, con casi 700 páginas, fue presentado este jueves ante un aforo completo en la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna. En el debate de la mesa redonda que clausuró la jornada, participaron la abogada ambientalista Irma Ferrer, la comunicadora científica Carla Henríquez, el responsable del estudio Fernando Prieto, el científico del Observatorio de la Sostenibilidad y el profesor de la ULL Abel López Díez, y fue moderada por Anne Striewe, directora general de la Fundación Canarina, que explicó que SOS Costas Canarias “estará disponible de forma pública y gratuita en las próximas semanas en la web de la Fundación Canarina como herramienta de consulta para organizaciones, medios de comunicación y ciudadanía, y principalmente para que las instituciones que tengan que tomar decisiones sobre nuestro territorio, lo hagan de manera informada y con datos científicos como base”.

El Ayuntamiento de Noja ha presentado el proyecto para cambiar el uso de un edificio municipal, a escasos 100 metros de la playa de Ris, en el futuro Centro de Surf de la localidad.

Con un presupuesto base cercano al medio millón (474.000 euros), se acometerá la rehabilitación integral del inmueble, destinado en la actualidad a sala de usos múltiples y almacén, para convertirlo en un espacio funcional para usuarios, escuelas y visitantes, situado en la Avenida de Ris número 79.

Según la nota de prensa, la nueva instalación contará con una superficie útil de más de 248 metros cuadrados dentro de un edificio de 391 m2 construidos, y será un equipamiento deportivo “moderno, accesible y plenamente integrado” en el entorno de Ris.

El nuevo centro contará con un almacén de tablas, que acogerá hasta 310 en disposición vertical, además de vestuarios, duchas, aseos y taquillas.

El proyecto contempla también mejoras estructurales y de eficiencia, como la renovación de las cubiertas, la modernización de fachadas mediante sistemas ventilados, la sustitución de elementos deteriorados y la creación de nuevas instalaciones de saneamiento, fontanería, electricidad, climatización y ventilación.

Además, se incorporarán duchas exteriores y lavapiés en el entorno del edificio para minimizar la entrada de arena en las instalaciones, así como nuevos sistemas de control inteligente de accesos mediante pulseras electrónicas o dispositivos móviles para mejorar la seguridad.

En el diseño, según el comunicado, se ha priorizado la durabilidad y resistencia de los materiales frente a la humedad y al ambiente marino, y se emplearán soluciones técnicas como paneles fenólicos HPL, acero galvanizado y rodapiés de aluminio.

Ecologistas en Acción Cantabria (EAC) ha solicitado formalmente el cese del responsable de la Demarcación de Costas en Cantabria, José Antonio Osorio, tras la tragedia de El Bocal -en la que el 3 de marzo murieron seis jóvenes y otra resultó herida al colapsar una pasarela- y ante “la persistencia de graves deficiencias en la gestión del litoral”.

Según ha explicado la asociación en un comunicado, la petición se fundamenta en “la falta de actuaciones eficaces para resolver problemas estructurales”, así como “decisiones controvertidas en la gestión de infraestructuras costeras que han generado un notable rechazo social y técnico”.

Los ecologistas consideran que la actual dirección “ha demostrado una falta de diligencia, transparencia y capacidad de respuesta ante retos ambientales críticos, comprometiendo la protección del dominio público marítimo-terrestre y la conservación de ecosistemas sensibles”.

Por todo ello, la asociación reclama al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) la “adopción urgente de medidas” que permitan una renovación en la dirección, con el objetivo de “garantizar una gestión más rigurosa, sostenible y alineada con el interés general”.

El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles por unanimidad pedir una modificación de la Ley de Costas estatal para dar encaje y seguridad jurídica a los núcleos costeros tradicionales y otras instalaciones de interés público en terrenos que han pasado a ser de dominio marítimo-terrestre. Sin embargo, bajo esa definición caben desde pueblos con décadas de historia, hasta polémicos proyectos como Cuna del Alma y el hotel en La Tejita o los hoteles Riu en Corralejo, con orden de demolición por parte del Ministerio para la Transición Ecológica.

La iniciativa ha partido del PP, que ha aceptado sendas enmiendas del PSOE, en la que se insta al Gobierno de Canarias a agilizar la tramitación de una ley de Costas autonómica, y de los otros grupos que apoyan al ejecutivo, CC, AHI y ASG, donde reclaman el “traspaso efectivo” de las competencias en esta materia por parte del Estado.

En estos dos puntos de la proposición no de ley Vox ha votado en contra, pues antes de “obsesionarse con el autogobierno”, lo que debe hacer el Gobierno de Canarias es completar el censo de núcleos costeros e impulsar medidas para las familias afectadas, ha indicado la diputada Paula Jover.

Jennifer Curbelo (PP) ha recalcado en la defensa de su iniciativa que la Ley de Costas estatal, que data de 1988, “no tuvo en cuenta las singularidades costeras del país y en particular de Canarias; dibuja líneas sin criterio, con dientes de sierra injustificados”.

Con lo cual, pone en jaque la seguridad jurídica de muchos de estos asentamientos, varios de los cuales cuentan con órdenes de demolición vigentes.

Ha abundado en que los deslindes definidos en la ley “no se corresponden a una base científica” ni tienen en cuenta “las circunstancias y características de cada zona”.

Curbelo ha afirmado que al referirse a estos núcleos “hablamos de nuestra propia identidad, nuestra idiosincrasia, nos definen como pueblo”, y que sus habitantes han pasado “años de calvario judicial” porque “cada deslinde, decisión, línea marcada, afecta a una casa y conlleva a un litigio largo y costoso” y a un desgaste personal.

Ha pedido el apoyo del resto de grupos, en especial al PSOE, a cuyos diputados ha pedido que hablen con la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para que “saque de la gaveta” la modificación de la Ley de Costas estatal.

Rafael Nogales (PSOE) ha señalado que esta proposición no de ley es “una réplica” de la iniciativa que se tramita en el Congreso, que “no está en la gaveta” sino en el trámite de enmiendas, y ha añadido que las diferencias entre núcleos de las diferentes comunidades “dificulta y ralentiza” el proceso.

El diputado socialista ha hecho hincapié en que Canarias tiene “una gran ventaja”, que es tener las competencias trasferidas desde 2023, lo que posibilita impulsar una ley propia, que es “la mejor manera de salvaguardar buena parte de los núcleos”.

Ha recordado que en mayo de 2024 se inició el anteproyecto de ley y que, casi dos años después, se dio el primer paso con la publicación de la consulta previa, y ha añadido que ésta “puede ser una oportunidad histórica si se tramita con rigor”.

Ha abundado en que “no basta con mirar a Madrid mientras aquí no se haga la tarea pendiente”, y ha añadido que Canarias “se merece” que el ejecutivo autonómico “gestione de forma más ágil las trasferencias recibidas”.

Nogales ha subrayado que “esto no se resolverá con una declaración de intenciones” y ha rememorado que en 2013, con un Gobierno del PP con mayoría absoluta, se modificó la ley estatal “pero no se modificó nada de los asentamientos costeros”.

Jana González (CC) ha explicado que el apoyo de su grupo a la PNL del PP pidiendo una modificación de la ley estatal “no debe afrontarse como una renuncia a la gestión de nuestras competencias”.

Ha afirmado que el Gobierno de Canarias ha dado muestras de su “compromiso con la defensa del autogobierno” al crear una Dirección General de Costas y al incluir la petición de la “plena asunción de competencias” en la llamada 'agenda canaria'.

La diputada nacionalista ha afirmado que el traspaso de competencias se hizo “de forma errónea”, y que lo que pide el ejecutivo regional es que “no haya interferencias” por parte del Estado y que se respete el Estatuto de Autonomía.

González ha indicado que tras 38 años de vigencia de la ley estatal, ésta necesita modificaciones, “pero sabemos que las respuestas correctas se darán desde el autogobierno”.

Jesús Ramos (ASG) ha convenido en la necesidad de modificar la ley estatal para evitar disfunciones “si seguimos legislando a miles de kilómetros”, y también ha defendido que la transferencia de Costas debe ir acompañada de los “medios económicos, materiales y humanos necesarios”.

En la misma línea, Raúl Acosta (AHI) ha indicado que “difícilmente se podrá dar una respuesta adecuada sin contar con las herramientas necesarias”, y sobre los núcleos costeros canarios ha destacado el valor de incorporar a la PNL la referencia a los valores etnográficos de los mismos.

Carmen Hernández (NC) se ha felicitado porque PP y PSOE hayan coincidido en la necesidad de tocar la ley estatal de Costas, dado que ambos partidos tienen mayoría en las Cortes, con lo cual “hoy salimos de aquí con la tranquilidad de que se puede cambiar, de que hay voluntad política”. 

El respeto a las costas en el Gobierno de CC y el PP

Un repaso a las últimas actuaciones de Coalición Canaria y Partido Popular pone en entredicho el “desarrollo sostenible” de la costa que defienden. Bajo su mandato, el Gobierno canario ha allanado el camino de la polémica urbanización turística Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje (sur de Tenerife), archivando un expediente sancionador, desentendiéndose de otro y permitiendo la ocupación del proyecto, que prevé la construcción de 420 villas de lujo, en la franja de protección de la costa.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico ha desechado la compra del terreno en La Tejita, en Granadilla de Abona, donde se proyecta un hotel de cinco estrellas con 883 plazas junto a una reserva natural, la de Montaña Roja. La adquisición de ese solar supondría la paralización definitiva de la iniciativa, muy criticada por colectivos sociales desde el principio. E incluso la promotora del complejo, la empresa Construcción, Promoción y Derivados SA, del empresario José Viqueira, “mostró su disponibilidad” a la venta. Pero Clavijo ha guardado en un cajón el procedimiento de compra que inició la Administración anterior, liderada por Ángel Víctor Torres (PSOE), y ha llegado a sugerir que sea el Estado quien asuma el coste de la operación.

También durante esta legislatura, el Gobierno de Canarias recurrió ante el Constitucional la orden de derribo del Hotel Oliva Beach, en Fuerteventura, situado en las Dunas de Corrajelo. El Ministerio para la Transición Ecológica decidió no renovar la concesión otorgada hace más de 20 años al constatar ciertos incumplimientos. El Ejecutivo de Clavijo llevó el caso a los tribunales porque consideró que esa decisión era de su competencia, llegando a hablar de “injerencia directa” del Estado. Y el Constitucional finalmente dio la razón al Estado por unanimidad.

Pero eso no es todo. En octubre de 2023, el Ejecutivo regional autorizó una reforma en el Beach Club de San Agustín, un hotel de cuatro estrellas en el sur de Gran Canaria levantado en primera línea de playa sobre el que pesa desde hace más de 15 años una sentencia firme del Tribunal Supremo que obliga a la demolición de parte de sus instalaciones. El Ministerio para la Transición Ecológica sostiene que ese proyecto de remodelación no ha contemplado “las obras necesarias” para el cumplimiento del fallo. Mientras que el Gobierno canario sí, lo que ha derivado en un nuevo pleito judicial entre ambas administraciones.

Un centenar de vecinos de Almería capital están indignados por la decisión que ha adoptado el Ayuntamiento al permitir la instalación de dos chiringuitos junto a sus viviendas. No solo porque se trata de establecimientos que pueden alterar la paz de quienes viven en el entorno del residencial Algaida en Costacabana, sino porque desde hace más de 30 años el Consistorio mantiene la promesa de construir zonas deportivas en el mismo entorno. En concreto, según denuncian los vecinos, en una parcela en la que ahora irá el aparcamiento destinado a estos chiringuitos, que dejarán encajonadas varias viviendas entre los establecimientos y el estacionamiento.

Tal es la indignación de los lugareños que, aparte de organizarse vecinalmente, han acudido directamente al pleno del Ayuntamiento de Almería para reclamarle al equipo de Gobierno, del Partido Popular, explicaciones de lo que para ellos es una falta de consideración y el incumplimiento de una promesa que tiene varias aristas. No en vano, cuando el centenar de familias adquirieron sus viviendas en este entorno de la Algaida a mediados de los años 80, la empresa promotora de los inmuebles dejó una zona cedida al Consistorio para que en él se levantase la citada dotación social y deportiva. Algo que, tras más de tres décadas, nunca se ha producido pese a las incontables promesas que desde los diferentes gobiernos locales les han hecho a los vecinos, según lamentan.

Décadas de promesas

La promesa de construir esas instalaciones deportivas no solo es fruto de décadas de conversaciones entre el Consistorio y los propietarios de las viviendas, sino que en el propio Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Almería, la zona, conocida como Los Eucaliptos, se recoge que la parcela que reclaman los vecinos como zona deportiva, está destinada a ello. Un plan que data de 1998 pero que, casi 30 años después, sigue solo dibujado en un boceto. No hay ni rastro de estas instalaciones, pero sí de los dos nuevos chiringuitos. Uno de ellos ya ha iniciado las obras para su instalación a pie de playa, lo que también genera dudas a los vecinos sobre la posible legalidad del mismo por la ley de costas.

Por lo tanto, los establecimientos de ocio y restauración que van a construirse en esta zona de la Algaida en Costacabana no solo alejan la promesa de una construcción para el uso comunitario sino que, como recuerdan los vecinos, pretende cambiar el decorado y la paz de las familias que allí viven. De acuerdo con los planos a los que ha tenido acceso este medio, los establecimientos de ocio y restauración, que estarán sobre plataforma y no tendrán cimientos clásicos al instalarse en la propia playa, pueden alterar el litoral del entorno. De hecho, los vecinos han expresado al Consistorio sus dudas legales al respecto.

A esas dudas sobre la legalidad de la instalación se suma la preocupación por el impacto directo que estos establecimientos puedan tener en el día a día del barrio. “Empieza a unos 25 metros de las viviendas”, explica José Ruiz, vecino de la zona, en conversación con este medio, quien insiste en que se trata de un entorno “de familias, con niños, donde la tranquilidad es lo principal”. El problema, añade, no es solo la instalación en sí, sino el uso que se prevé: “Con horario hasta las tres de la mañana, los niños tienen que dormir, levantarse temprano para el colegio”.

El malestar vecinal no surge únicamente por la llegada de los chiringuitos, sino por lo que consideran el punto de ruptura tras décadas de espera. “Después de treinta y tantos años, no han construido esas instalaciones deportivas”, lamenta Ruiz, que recuerda que muchas de las viviendas se adquirieron con la expectativa de contar con esos equipamientos: “Compras tu vivienda con el plano, con las pistas dibujadas”. En ese sentido, dice que la situación actual “colma el vaso”, ya que el terreno que durante años ha permanecido sin uso podría acabar vinculado indirectamente a la actividad de los locales, como aparcamiento. Porque no hay otra zona en la que se pueda estacionar con tanta facilidad y porque ya durante los meses de verano muchos visitantes acaban usando el descampado en el que debería haber pistas deportivas para aparcar sus vehículos.

Dudas legales

Los vecinos cuestionan además que el proyecto responda a una necesidad real del entorno. En los escritos registrados ante el Ayuntamiento sostienen que la zona carece de tejido turístico o comercial que justifique este tipo de instalaciones y que “el beneficio perseguido será, en todo caso, para el empresario”. También ponen en duda los argumentos municipales sobre la demanda existente y advierten de que, en la práctica, la concurrencia empresarial ha sido mínima.

Además, han elevado sus reclamaciones por la vía administrativa, solicitando incluso la revisión del procedimiento de adjudicación de los chiringuitos. En ese sentido, denuncian una posible “vulneración de normas esenciales de la contratación pública”, al considerar que ambos lotes podrían haber recaído en un mismo entorno empresarial pese a que el pliego limitaba a uno el número máximo adjudicable por licitador. Según recogen en un escrito al que ha tenido acceso este medio, las dos ofertas presentadas tendrían vínculos entre sí, tanto por la identidad del administrador como por las condiciones prácticamente idénticas de las propuestas. Al respecto, el Consistorio ha respondido desestimando la reclamación alegando que quienes la interponen no tienen potestad para hacerlo y que, por lo tanto, aunque la misma persona se haya presentado para obtener la licencia de los dos chiringuitos a través de dos figuras jurídicas, no es desestimable por ese motivo.

A estas dudas se añaden las relacionadas con el sistema de saneamiento previsto. Al no existir conexión a la red general, los chiringuitos funcionarían con depósitos estancos para la recogida de aguas residuales, que serían retiradas periódicamente. Sin embargo, los vecinos cuestionan la viabilidad de este modelo al considerar que las previsiones de uso incluidas en la documentación son insuficientes. “Ese cálculo de consumo de agua es totalmente irreal”, sostienen, en referencia a una estimación de cuatro descargas de cisterna al día para el uso de los aseos.

El Ayuntamiento defiende el proyecto

Desde el Ayuntamiento, sin embargo, se defiende la legalidad del proyecto y se descarta cualquier modificación. La concejala de Obras Públicas, María Sánchez, insiste en que “este ayuntamiento vela siempre por el interés general frente al interés particular” y asegura que los establecimientos cuentan con todas las autorizaciones tras un procedimiento “completo de evaluación interadministrativa”.

En esa misma línea, Sánchez rechaza que se trate de locales de ocio nocturno, como denuncian los vecinos, y aclara que “son establecimientos expendedores de comida y bebida sin música”. Además, insiste en que “las instalaciones proyectadas se encuentran plenamente amparadas por el marco normativo vigente” y que “no concurren en este momento elementos que justifiquen ni su reconsideración ni su reubicación”.

Por su parte, desde el área de Deportes se reconoce el retraso en la ejecución de las instalaciones prometidas, aunque se plantean alternativas distintas a las reclamadas por el vecindario. El concejal Antonio Casimiro asegura que “las pistas, tan ansiadas, que todos estamos deseando, han vuelto a retomarse sus obras” y defiende que en la zona del solar podría tener más sentido otro tipo de uso: “Podría ser más operativo una zona de trepa y de juegos para los niños”.

Mientras tanto, los vecinos mantienen su oposición al proyecto y no descartan nuevas acciones. “Llevamos un año de lucha desde que nos enteramos”, explica Ruiz, que asegura que el barrio se está organizando para intentar frenar la instalación o, al menos, modificar su ubicación. El conflicto, lejos de cerrarse, sigue abierto en Costacabana, donde el solar que durante décadas simboliza una promesa pendiente se convierte ahora en el epicentro de una nueva disputa entre el Ayuntamiento y quienes viven a escasos metros de la playa.

La portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, ha opinado este jueves que el jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria, José Antonio Osorio, tiene que dimitir por el colapso de la pasarela de El Bocal el pasado 3 de marzo, un suceso en el que fallecieron seis jóvenes y una séptima víctima resultó herida de gravedad.

Quiñones, que se ha expresado así a preguntas de los periodistas, ha recordado que la Demarcación de Costas en Cantabria depende del Ministerio para la Transición Ecológica, por lo que ha añadido que corresponderá a ese departamento tomar la decisión de cesar a Osorio, investigado por la jueza que instruye la causa de El Bocal por seis posibles delitos de homicidio y uno de lesiones por imprudencia grave.

“Desde el PSOE siempre hemos mantenido el mismo criterio: hay que depurar todas las responsabilidades políticas y técnicas”, ha subrayado Quiñones. En concreto, ha apuntado al Ayuntamiento de Santander, liderado por Gema Igual (PP), que, según ha denunciado, “no vigiló la senda costera que ellos mismos encargaron que se hiciese”.

Ha incidido en que fue el Gobierno de España del Partido Popular el que realizó esta obra, que “se paralizó y el Ayuntamiento lo dejó ahí sin vigilar”, ha censurado. “Aquí no estamos hablando de echar la culpa a unos y eximir a otros, evidentemente todos los que tengan responsabilidad deberían asumirla, porque además es lo que hay que hacer para honrar a las víctimas y a sus familias”, ha enfatizado.

La jueza que lleva esta causa también investiga por los mismos delitos al actual jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación de Costas y a su predecesor entre 2014 y 2023, que ya está jubilado. La rotura de la pasarela el pasado 3 de abril provocó la muerte de tres jóvenes de Euskadi, una de Guadalajara, una cántabra y una almeriense, así como heridas a una joven alavesa que fue la única superviviente de ese grupo de amigos.

La jueza instructora que investiga el accidente de El Bocal, en la costa norte de Santander, en el que fallecieron seis personas y una resultó herida de gravedad tras ceder una pasarela de una senda costera, ha ampliado la investigación a quien fue jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación de Costas de Cantabria desde que se instaló la infraestructura hasta mayo de 2023, cuando se jubiló.

La declaración del ex trabajador de Costas se suma a quien le sucedió en el cargo —actual jefe de Servicio de Proyectos y Obras— y al jefe de la Demarcación de Costas —director de Obras del Proyecto de 2014 de construcción de la senda costera—, quienes declararán como investigados el 15 de mayo, en una sesión en la que se practicarán además las pruebas periciales.

El auto de la jueza señala que la falta de mantenimiento de la infraestructura podría constituir una “negligencia grave” y la posible comisión de seis delitos de homicidio por imprudencia grave —por los seis fallecimientos— y un delito de lesiones por imprudencia grave –por las heridas sufridas por la superviviente.

En un auto dado a conocer este martes, la magistrada señala que este funcionario al que suma a la investigación, “ostentó una posesión de garante respecto de la seguridad estructural de la pasarela” y tuvo la “obligación de promover, ordenar o verificar las actuaciones de inspección y mantenimiento necesarias en tal lapso de tiempo”.

La jueza sostiene, basándose en el informe pericial, que “la ausencia de inspecciones y mantenimiento adecuados pudo impedir, detectar y corregir el progresivo deterioro de la infraestructura, generando un riesgo relevante que se materializó en el colapso de la pasarela”.

Para la instructora, “con su conducta omisiva cada responsable de la Jefatura de Obras pudo contribuir al mantenimiento del riesgo no controlado que desembocó en el fatal resultado, concurriendo en sus personas, por el cargo que ostentaban y ostentan, una clara posición de garante y capacidad de actuar”. Por eso, la magistrada ha acordado también que el médico forense examine la pasarela para contar con un informe sobre la sanidad de las lesiones que sufrió la víctima superviviente. 

“La ausencia total de inspecciones”

El auto sostiene que la pasarela estaba “abierta para su uso público sin ningún tipo de restricción, no sometida a ningún tipo de control o inspección y mantenimiento desde su construcción en 2014, y en donde aparentemente se utilizó como material para los herrajes de las vigas de apoyo uno ciertamente inadecuado para toda estructura sometida a un ambiente exterior sin cubrir (más aún cuando tal estructura se ubica en el mismo borde costero)”.

Y continúa: “La ausencia total de inspecciones presumiblemente impidió detectar deterioros estructurales, limitándose las únicas actuaciones de mantenimiento realizadas a una intervención tardía y parcial, al centrarse exclusivamente en su estructura de madera”.

Todas esas circunstancias “no permitieron abordar elementos críticos” y “el colapso, pues, pudo ser consecuencia de un deterioro progresivo no controlado”, ha valorado la titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander.

Por ello, considera que “la omisión de la diligencia debida, en los términos así expuestos, presenta en estos momentos caracteres de negligencia grave que, como tal, justifica la acción penal ya ejercida por posible comisión de seis delitos de homicidio por imprudencia grave en su modalidad agravada por pluralidad de víctimas, y un delito de lesiones por imprudencia grave frente a los investigados”.

15 de mayo declaración de técnicos investigados

En una providencia también dada a conocer este martes, la magistrada autoriza el acceso al lugar de los hechos para realizar inspección ocular y toma de muestras a todos los peritos propuestos por las partes: los de las defensas del jefe de la Demarcación de Costas y del actual jefe de Servicio de Proyectos y Obras; y también al perito elegido por las acusaciones particulares, que han anunciado que aportarán un único informe.

Los informes periciales deberán entregarse tres días antes del 15 de mayo, fecha de la declaración de los tres investigados de Costas, para que todas las partes puedan conocer su contenido antes de esa fecha, en la que se practicará la prueba.

Por otro lado, la instructora ha decidido no atender a la petición del Ayuntamiento de Santander de que el ingeniero que firmó el proyecto de construcción de las pasarelas declare el próximo viernes 27 en calidad de investigado, en vez de hacerlo como testigo—perito, tal y como se le ha citado. A su juicio, “ni el ministerio fiscal ni ninguna otra parte personada ha dirigido contra el citado expresa denuncia o querella” y “esta juzgadora tampoco” —ha dicho— “por entender que el ingeniero ”es responsable de un proyecto parcial, en cuanto no abarca la totalidad de la obra“.

Para la magistrada, lo que este ingeniero firmó se trata “más bien de un subproyecto o un anexo integrado en el proyecto principal de la senda, aceptado y avalado por ello por el director de la Obra, que sí actúa en esta causa en calidad de investigado”.

Registro en la base de datos policial

Finalmente, la instructora atiende a lo solicitado por la defensa de la agente de la Policía Local investigada y pide que esta institución aporte las actuaciones registradas en la base de datos policial derivadas de las llamadas entrantes entre las 12:14 y las 14:30 horas del día previo al accidente -fecha en la que un vecino llamó al 112 alertando del estado de la pasarela-.

En concreto, solicita la parte y acuerda la magistrada que se desglose en cuántas actuaciones se comisionó una patrulla de Policía Local, en cuántas se comisionaron agentes de Movilidad Urbana y en cuántas no se comisionó ni a unos ni a otros.

El próximo día 24, la jueza escuchará a los superiores jerárquicos y a dos compañeros tanto de la agente de la Policía Local de Santander como de la gestora del 112 investigadas, después de que el inspector jefe de la Policía Local y el director del Servicio de Emergencias hayan respondido al requerimiento de la instructora para que identificaran a estas personas.

El Ayuntamiento de Suances ha anunciado su compromiso de hacer efectivos “con la mayor diligencia posible” los pagos al personal laboral cuyos salarios adeudada desde 2023, cumpliendo así una sentencia de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Santander.

El alcalde de Suances, Andrés Ruiz Moya, ha asegurado en un comunicado que, en ningún momento, el Ayuntamiento se han negado a afrontar el pago de estos atrasos salariales, y que el motivo del retraso es la obligatoriedad de tener que cumplir la regla del gasto ministerial a finales de 2025.

Ruiz Moya ha defendido que el consistorio ha actuado “siempre con criterios de prudencia administrativa y sostenibilidad económica, garantizando el equilibrio presupuestario y la viabilidad de los servicios públicos, de ahí que se haya demorado el pago desde 2023”.

Además, ha agregado que la prioridad del equipo de gobierno “ha sido y seguirá siendo” el respeto a los derechos de los trabajadores municipales, así como la gestión “responsable” de los recursos públicos.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha impuesto por primera vez el pago de las costas judiciales al Servicio Aragonés de Salud (Salud) en un litigio por el reconocimiento de la carrera profesional al personal temporal. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha confirmado en una reciente sentencia el derecho de una trabajadora interina a acceder a la carrera profesional en igualdad de condiciones que el personal fijo, con efectos económicos desde el momento en que lo solicitó. Pero, además, condena a la Administración autonómica a asumir las costas del procedimiento, con un límite de 400 euros.

Este pronunciamiento marca un cambio respecto a resoluciones anteriores, en las que no se imponían costes a la Administración pese a perder los recursos. En este caso, el tribunal justifica la decisión en la “doctrina consolidada del Tribunal Supremo” sobre esta materia, que reconoce la carrera profesional como una condición de trabajo que no puede discriminar al personal interino.

La sentencia desestima el recurso presentado por el Gobierno de Aragón contra un fallo previo que ya reconocía este derecho, y reafirma que la negativa del Salud a conceder la carrera profesional se basa únicamente en la temporalidad del vínculo, un criterio contrario al derecho europeo.

El fallo se suma a una serie de resoluciones en la misma línea. Según el sindicato CSIF, que ha impulsado más de 400 demandas desde 2021, “y todas las que se van resolviendo has ha ganado”. Posteriormente, el Salud las recurre, aunque estos recursos han sido desdestimados.

CSIF ha recibido en los últimos días tres sentencias en las que el TSJA condena al Salud al pago de las costas en procedimientos de carrera profesional de personal interino. “Estas sentencias dejan claro que el personal temporal del Salud —unos 5.000 trabajadores— tienen derecho a acceder al sistema de carrera profesional en las mismas condiciones que el personal fijo. Este reconocimiento debe tener efectos administrativos y económicos desde la fecha de la solicitud. Denegar el acceso a la carrera profesional para los interinos es una práctica contraria al derecho europeo y a la doctrina del Tribunal Supremo”, exponen.

“Además, el hecho de que el TSJA imponga costas al Salud evidencia que la Administración ha mantenido de forma injustificada una estrategia de recursos, que solo retrasa el reconocimiento de derechos, generando un perjuicio añadido a los profesionales y un coste económico a las arcas públicas”, afirma Juanjo del Hoyo, vicepresidente de CSIF Sanidad Aragón. 

Por todo ello, CSIF exige al Gobierno de Aragón el reconocimiento inmediato de la carrera profesional al personal temporal; el abandono de la judicialización sistemática de este derecho, y la apertura urgente de negociación en la Mesa Sectorial para adaptar el modelo de carrera profesional a la jurisprudencia vigente. 

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha desestimado íntegramente el recurso de apelación presentado por el promotor del restaurante El Bolullo, situado junto a la playa del mismo nombre, en el municipio de La Orotava (norte de Tenerife). Así, se confirma la sentencia que le condena como autor de un delito contra la ordenación del territorio en el espacio natural protegido de El Rincón.

Este mismo restaurate se vio obligado por ley a reducir hasta en dos ocasiones el aparcamiento ilegal que había proporcionado en la zona para acoger clientes, motivo por el que, además, fue sancionado por el Ayuntamiento.

La resolución judicial, hecha pública este jueves por la Coordinadora El Rincón-Ecologistas en Acción y fechada el 6 de abril de 2026, ratifica la pena impuesta en primera instancia de un año y seis meses de prisión, multa de 12 meses a razón de 20 euros diarios, inhabilitación especial para profesión u oficio relacionado con la construcción hostelera por un año y la obligación de restaurar el equilibrio ecológico perturbado.

Ello implicará la demolición de las construcciones ilegales, que incluyen dos terrazas pavimentadas de 15x40 metros, una estructura acristalada de 10x15 metros, un kiosco-barra de 4x4 metros y una caseta para montacargas o güinche de la playa, además de pagar las costas del procedimiento judicial, señala la organización ecologista.

Los hechos declarados probados señalan que, entre enero de 2018 y marzo de 2021, el acusado ejecutó estas obras en zona de servidumbre de protección del Dominio Público Marítimo-Terrestre y sobre suelo rústico de litoral y costero, sin contar con licencia urbanística ni con la preceptiva autorización de la Viceconsejería de Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, vulnerando la Ley de Costas (Ley 22/1988) y el Plan Especial de El Rincón.

La Audiencia Provincial ha rechazado todos los motivos de impugnación planteados por la defensa, incluidas las alegaciones sobre indefensión, error en la valoración de la prueba, vulneración de la presunción de inocencia y error de prohibición.

El tribunal subraya también que el promotor actuó con pleno conocimiento de la ilegalidad, pues existían numerosos informes técnicos municipales y autonómicos que advertían de que las construcciones no eran autorizables al hallarse en una zona de servidumbre de protección de costas y sobre una edificación previamente declarada ilegal.

La coordinadora advierte, no obstante, de que el promotor continúa desarrollando actividades ilegales y ha podido comprobar que se sigue explotando una vivienda vacacional en el lugar, perfectamente identificable en portales de alquiler turístico, una actividad prohibida en estos suelos rústicos protegidos.

Igualmente, apunta que “sigue bajo sospecha” el chiringuito de la playa, cuya reforma y ampliación fueron denunciadas desde un primer momento ya que se modificó la estructura ampliando su volumen y se cambió la actividad original para convertirlo en un restaurante, todo ello ejecutado en zona de tránsito y servidumbre del dominio público marítimo-terrestre.

La licencia nunca debió ser concedida

Si bien el Ayuntamiento de La Orotava le concedió licencia para estas obras, agrega la coordinadora, en el expediente y en el procedimiento judicial quedó expuesto “de manera clara y manifiesta” que dichas actuaciones fueron contrarias a lo dispuesto en la Ley de Costas y que esa licencia “nunca” debió ser otorgada.

Por ello, se solicitará su revisión y nulidad por la vía contencioso-administrativa.

La sentencia destaca que “el encausado ejecutó obras una y otra vez sin solicitar las preceptivas autorizaciones administrativas, instando posteriormente expedientes para promover la supuesta legalización de lo ya ejecutado”, y concluye que “cualquier persona es necesariamente conocedora de la necesidad de obtener autorizaciones para construir en zona de protección de costas”, por lo que no cabe alegar desconocimiento de la ilegalidad.

Contra esta resolución aún cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, si bien la ratificación de la condena supone un “respaldo judicial contundente” a la legalidad urbanística y ambiental de El Rincón, un espacio protegido por la Ley 5/1992, que lo declaró de interés autonómico por su valor paisajístico, señala la coordinadora, que ejerció la acusación popular.

El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, ha confirmado al eurodiputado del PSdeG, Nicolás González Casares, que la reforma de la Ley de Costas efectuada por el Gobierno de Mariano Rajoy entre 2013 y 2014 “vulnera el derecho comunitario”. En una respuesta a una pregunta parlamentaria, a la que ha tenido acceso Europa Press, Séjourné afirma que la Comisión considera que dicha legislación “vulnera tanto las obligaciones en virtud de la Directiva de servicios1 como el principio de libertad de establecimiento consagrado en el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”.

En este sentido, Bruselas mantiene abierto un procedimiento de infracción contra España, que sigue en tramitación, debido a que la legislación española permite prorrogar concesiones en el dominio público marítimo-terrestre hasta un máximo de 75 años, así como que no se establece ningún procedimiento de selección imparcial y transparente de adjudicación de dichas concesiones.

Ante esto, González Casares ha remarcado que la respuesta de la Comisión Europea “es cristalina y deshace las excusas de la Xunta y de la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez”. “Prorrogar una concesión por 75 años es contrario a la legislación comunitaria”, señaló, “esto es una huida hacia adelante del Gobierno gallego. Cualquiera que queira una nueva concesión en dominio público marítimo terrestre deberán concurrir otra vez”. El eurodiputado socialista añadió que el ejecutivo de Alfonso Rueda juega a “provocar inseguridad jurídica al contar una auténtica mentira” y comparó la situación con el procedimiento de infracción abierto por la prórroga de la concesión de la AP-9 del gabinete de Aznar.

El Gobierno central trabaja en un real decreto de modificación del reglamento general de Costas para “corregir la situación”. La Xunta le ha presentado alegaciones.