La situación administrativa del Hotel RIU Palace Tres Islas, situado en el espacio de las Dunas de Corralejo, en Fuerteventura, experimenta un nuevo episodio tras la comunicación remitida por la Demarcación de Costas de Canarias a Turcón-Ecologistas en Acción.

El escrito oficial, firmado el 21 de septiembre de 2026, comunica que, al haber transcurrido un mes desde la presentación de la solicitud de suspensión de la ejecución sin que el órgano competente haya dictado y notificado una resolución expresa, la ejecución del acto impugnado se entiende suspendida, de acuerdo con el artículo 117.3 de la Ley 39/2015. 

Para Turcón y Ben Magec-Ecologistas en Acción, esta comunicación constituye un nuevo elemento relevante en un procedimiento que afecta a uno de los enclaves litorales de mayor valor ambiental de Fuerteventura.

Costas autoriza la reforma, pero rechaza las nuevas habitaciones

La decisión conocida a principios de septiembre autorizó parte del proyecto de modernización y reforma presentado por el establecimiento hotelero, pero no autorizó la construcción de seis nuevas habitaciones en la sexta planta.

Según la información publicada sobre la resolución, Costas considera que esas nuevas estancias supondrían una modificación de los usos contemplados en la concesión y que dichos usos están expresamente prohibidos por el artículo 32.2 de la Ley de Costas.

La resolución sí contempla la posibilidad de ejecutar diferentes actuaciones de modernización, entre ellas mejoras de accesibilidad, climatización, instalaciones contra incendios, ahorro de agua y gestión de residuos, sustitución de ascensores, renovación eléctrica, reforma de espacios interiores, actuaciones en piscinas y otras intervenciones.

Los ecologistas consideran necesario, no obstante, distinguir entre las actuaciones de mantenimiento o mejora que puedan resultar compatibles con el régimen concesional y aquellas que supongan una transformación o ampliación de los usos autorizados.

Un hotel situado en dominio público marítimo-terrestre

Turcón y Ben Magec recuerdan que el establecimiento se encuentra sobre terrenos afectados por el dominio público marítimo-terrestre, en el ámbito de las Dunas de Corralejo.

La concesión otorgada en 2007 tiene vigencia hasta 2037 y, según la documentación publicada, no permite obras que impliquen un aumento de volumen, sino intervenciones de reparación y mejora sujetas a autorización previa. El espacio donde se ubica el complejo forma además parte de la Zona de Especial Conservación de Corralejo, integrada en la Red Natura 2000 y con presencia de hábitats de interés comunitario, incluido uno prioritario.

Precisamente por ello, los colectivos ecologistas habían presentado alegaciones al procedimiento ambiental de la modernización y reforma, cuestionando la compatibilidad de las actuaciones proyectadas con la protección del dominio público y del entorno natural.

La sexta planta, el origen de la controversia

La propia resolución de Costas sitúa la construcción de las habitaciones de la sexta planta entre los antecedentes que motivaron los procedimientos de caducidad de la concesión.

Según la información publicada, en 2007 se autorizaron obras de mantenimiento sin incremento del volumen construido, pero posteriormente se detectó un exceso de casi 3.000 metros cuadrados, lo que dio lugar a un expediente sancionador y a la exigencia de restitución.

El expediente de caducidad llegó a culminarse en 2023, aunque posteriormente caducó sin ejecutarse, circunstancia que fue denunciada públicamente por Ecologistas en Acción. 

La documentación también recoge que, tras un dictamen del Consejo de Estado, se optó por exigir la restitución de las obras al proyecto original antes que declarar la extinción de la concesión. Según la información publicada, en 2025 se iniciaron las obras de restitución y en febrero de 2026 Costas constató el cumplimiento de las actuaciones requeridas. 

Ante esta nueva situación, Turcón-Ecologistas en Acción considera que la suspensión comunicada por Costas debe servir para garantizar que el procedimiento se desarrolle con todas las garantías y que la protección del dominio público marítimo-terrestre y del espacio natural prevalezca como criterio esencial de actuación administrativa.

Los ecologistas sostienen que la cuestión no puede reducirse únicamente a determinar qué obras de reforma son técnicamente posibles, sino que debe analizarse el conjunto de actuaciones dentro del régimen jurídico de la concesión y de la protección ambiental que afecta al enclave.

En sus alegaciones, Turcón y Ben Magec ya habían reclamado que las administraciones actuasen conforme a la legalidad vigente y en defensa del interés general, incluyendo la culminación de los procedimientos relacionados con las concesiones de los establecimientos hoteleros situados en este ámbito de las Dunas de Corralejo.

Para los colectivos ecologistas, las Dunas de Corralejo no son simplemente el escenario donde se levanta un establecimiento turístico: son un espacio natural protegido cuyo valor ambiental obliga a que cualquier actuación sobre el dominio público marítimo-terrestre sea examinada con el máximo rigor.

La familia propietaria de la casa de la Cueva de la Negra, en el sur de Fuerteventura, sobre la que hay una orden de derribo ha logrado paralizar el desalojo y tapiado de la vivienda por el incumplimiento de los plazos de notificación que establece el juzgado para la notificación por parte de la Demarcación de Costas del Estado.

Minutos antes de las 11.00 horas de este lunes, efectivos de la Guardia Civil y del Ministerio de Transición Ecológica se presentaron en la vivienda, propiedad de Pascuala Roger, con la idea de cumplir con la actuación prevista, que consistía en la entrada en el inmueble y su inhabilitación para usos prohibidos por la Ley de Costas.

Tras más de media hora de conversación, la representación legal de la familia ha conseguido parar, de momento, la entrada en el inmueble por no cumplirse los cinco días hábiles de notificación, al haber sido festivo el viernes en Fuerteventura. 

Pascuala Roger Pérez, de 80 años, manifestó hace unos días a Canarias Ahora su “profunda preocupación” y “miedo” ante la posibilidad de que Costas demuela el hogar, del que aseguran que tiene más de cien años de historia y que formaba parte de un poblado de familias dedicadas a la pesca, según recogen escritos históricos de la zona.

El derribo estaba previsto inicialmente para el pasado 26 de agosto, pero se consiguió paralizar después de que el Cabildo de Fuerteventura adoptara medidas cautelares para suspender la demolición de la vivienda con el objetivo de evitar “un posible daño irreversible al patrimonio cultural y arqueológico”.

La vivienda se encuentra situada en Pájara, frente al mar y junto de un yacimiento arqueológico guanche, concretamente, un conchero. Pequeña y de una sola planta, tiene con muros de piedra de hasta un metro de grosor. Se trata de una construcción tradicional vinculada al litoral desde sus orígenes y que era utilizada de manera estacional.

Por otro lado, el Gobierno de Canarias remitió un escrito a la Demarcación de Costas del Estado para advertirle del riesgo de destrucción del patrimonio cultural si se llevaba a cabo el derribo previsto para este lunes.

El pasado viernes 18 de septiembre se hizo público que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Las Palmas de Gran Canaria había admitido a trámite el recurso de apelación interpuesto por Pascuala Roger contra el auto contra el auto que autorizó la entrada en dicho inmueble, situado en la Cueva de la Negra.

Los hijos de la propietaria, Martín y Ana Francés, se han mostrado satisfechos con la nueva batalla ganada a Costas al lograr paralizar el desalojo y tapiado, aunque han reconocido que sigue adelante el derribo por lo que han pedido más apoyo a las administraciones de la isla a las que echaron en falta este lunes en la Cueva de la Negra.

Por otro lado, Martín Francés ha denunciado, en declaraciones a EFE, “la doble vara de medir” de la Demarcación de Costas del Estado pues la ley “no es igual para todos: lo que sirve para un hotel en una playa no sirve para una casa de 1910”.

Para Martín, el derribo de la vivienda sería “un mensaje que da Costas hacia cualquier otra casa, porque para ellos el patrimonio y la memoria no significa nada”.

“El derribo sentaría un precedente y para es importante terminar esta acción” porque, de no ser así, “sentaría un precedente contrario: el que nos podemos defender”, ha concluido

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Las Palmas de Gran Canaria ha admitido a trámite el recurso de apelación interpuesto por Pascuala Roger Pérez, propietaria de una vivienda histórica pendiente de demolición en la costa de Fuerteventura, contra el auto que autorizó la entrada en dicho inmueble, situado en la Cueva de la Negra.

La resolución judicial da traslado del recurso a las demás partes, que disponen de quince días para formalizar su oposición.

Asimismo, el Juzgado deja constancia de la documentación incorporada al procedimiento, entre ella la comunicación del Ayuntamiento de Pájara solicitando la suspensión de la demolición, así como las alegaciones relativas al informe de la Guardia Civil y el informe técnico aportado por la representación de Pascuala Roger, de los que se da traslado a la Administración demandada para su conocimiento. 

La familia recuerda, además, que el propio auto recurrido establece garantías y límites para la entrada en el domicilio y obliga a la Administración a dar cuenta al Juzgado de la realización de la entrada y de cualquier incidencia que pudiera producirse durante su ejecución. 

Ante esta situación, la familia de Pascuala Roger pide expresamente a la Demarcación de Costas que no lleve a cabo la actuación prevista para el próximo 21 de septiembre y que se abstenga de cualquier intervención en la Cueva de la Negra hasta que se resuelva el recurso de apelación que ya ha sido admitido a trámite. 

La familia considera que, estando pendiente una decisión judicial sobre el propio auto que autoriza la entrada, Costas debe esperar a que el recurso sea resuelto antes de ejecutar una actuación que podría producir consecuencias irreversibles y dejar sin efecto práctico la tutela que se solicita a los tribunales. 

Asimismo, la familia lamenta que, pese a las medidas cautelares adoptadas por el Cabildo de Fuerteventura para la protección de la vivienda, su entorno inmediato y el subsuelo, no conste en esta resolución una personación del Cabildo en el procedimiento ni una intervención directa de la institución en defensa de sus propias medidas cautelares ante el órgano judicial. 

Por todo ello, la familia reitera su petición: que la Demarcación de Costas no actúe el próximo día 21 de septiembre y espere a que la Justicia resuelva el recurso de apelación interpuesto por Pascuala Roger.

El Govern balear ha negat que el recent cessament de l'exdirectora general de Costes i Litoral Maria Joaquina Ferrer Matas estigués motivat per “pressions externes” o per un expedient concret en plena polèmica per la gestió de les hamaques i para-sols de les platges de Formentera. Ferrer va cobrar rellevància pública el passat mes d'abril després de denunciar un intent de suborn de 20.000 euros per part d'un empresari, una actuació per la qual va rebre llavors el suport i els elogis de l'Executiu autonòmic.

Així ho ha posat de manifest aquest dimarts el conseller del Mar i del Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, ha defensat al Parlament que mai s'ha immiscuït en resolucions concretes i que la seva única exigència ha estat tractar de “complir el temps” en la tramitació dels expedients.

El conseller ha respost així a una pregunta formulada per la diputada de Més per Mallorca Maria Ramon, que ha qüestionat el relleu de Ferrer i ha sostingut que l'exdirectora “complia amb la normativa”. L'ecosobiranista ha acusat Lafuente de tenir “un problema amb els criteris tècnics que no diuen el que li agradaria que diguessin” i ha considerat que qui hauria de dimitir és ell. “Maria Joaquina Ferrer no hauria d'haver estat cessada”, ha remarcat.

El cessament de Ferrer, funcionària de carrera i llicenciada en Dret per la Universitat de les Illes Balears (UIB), es va produir a principis d'agost després de diverses setmanes de controvèrsia per les autoritzacions d'instal·lacions temporals a les platges de Formentera. El Govern va justificar llavors la sortida per la “pèrdua de qualitat en la prestació del servei”, especialment per la reducció d'hamaques i para-sols autoritzats durant la temporada alta, a més d'al·ludir a retards en la tramitació d'expedients. L'Executiu també va reconèixer l'existència de “divergències” entre Ferrer i Lafuente i va situar entre els objectius del relleu millorar la gestió d'una Direcció General considerada especialment complexa i sensible.

La sortida de Ferrer va adquirir una dimensió política major després que 21 funcionaris de la Conselleria fessin pública una carta en la seva defensa i donessin suport als criteris tècnics i jurídics aplicats durant la seva etapa al capdavant de Costes, tal com ha recordat el portaveu adjunt del PSIB-PSOE Marc Pons. Més per Menorca va arribar a reclamar la compareixença urgent de Lafuente davant el Parlament perquè expliqués tant el cessament com les acusacions posteriors de l'exdirectora sobre suposades ingerències polítiques en la tramitació d'informes i expedients.

Les hamaques de Formentera, al centre de la polèmica

Durant el ple, Pons ha situat precisament el conflicte de les hamaques en l'origen de la destitució. Segons el seu relat, Ferrer va ser cessada després de negar-se a signar autoritzacions que, a parer dels socialistes, eren contràries a la normativa de Costes. “Ni les seves pressions, ni les seves amenaces van fer canviar d'opinió la directora general”, ha afirmat Pons, que ha recordat a més l'escrit signat pels 21 funcionaris qüestionant les formes d'actuació del conseller.

El socialista també ha qüestionat el perfil del substitut de Ferrer, Joan Jaume Mulet, exalcalde de Llucmajor, al qual ha atribuït un perfil “clarament polític” i ha retret que mancés, al seu parer, de coneixements específics en matèria de Costes i Litoral. El socialista ha assegurat que Mulet va autoritzar posteriorment les instal·lacions de les platges de Formentera “exactament en les condicions que li van marcar els empresaris” i sense informes tècnics que justifiquessin aquestes autoritzacions.

El Govern, no obstant això, ha defensat que les noves resolucions van respectar la normativa. Lafuente ha explicat que no es va acceptar íntegrament el que va sol·licitar el Consell de Formentera i que es va reduir el nombre d'hamaques i para-sols inicialment plantejat. “Es va complir a rajatalla la normativa i es van dictar les resolucions conforme als informes jurídics de la Conselleria”, ha assegurat.

El conflicte va tenir un nou capítol el 18 d'agost, quan el Govern va autoritzar noves concessions d'instal·lacions temporals en diverses platges de Formentera fins al 2029 després de revisar i modificar les propostes inicials. La decisió va permetre recuperar part de les instal·lacions que havien estat denegades durant la polèmica, encara que no totes les sol·licituds van ser acceptades. Entre les modificacions van figurar canvis d'ubicació, reducció de superfícies ocupades i condicions vinculades a la protecció dels sistemes dunars i la línia de plenamar.

El cas de la festa de l'eclipsi

Pons ha incorporat a més a la seva intervenció la polèmica autorització d'una festa celebrada a s'Arenal de Sant Antoni coincidint amb l'eclipsi solar. El diputat ha denunciat que el permís de Costes no va arribar a l'Ajuntament fins a 15 dies després de la celebració i que el document estava “signat a mà i sense data” pel nou director general.

Lafuente ha rebutjat les acusacions i ha acusat el socialista de “muntar l'escàndol i dir coses absurdes”. En relació amb el conjunt de la polèmica sobre el cessament de Ferrer, el conseller ha arribat a parlar de “tràfic d'influències”.

La controvèrsia sobre la festa no s'ha tancat. El PSOE ha demanat recentment al Govern que investigui les celebracions privades organitzades a l'agost a Sant Antoni, entre elles el Festival Eclipsi Solar de s'Arenal, i que determini si el muntatge i l'ocupació del domini públic marítim-terrestre van comptar amb totes les autoritzacions necessàries.

El cessament de Ferrer ha cobrat especial rellevància pel seu perfil i pel gir produït en pocs mesos. L'exdirectora general havia estat públicament recolzada pel Govern a l'abril després de denunciar un presumpte intent de suborn de 20.000 euros per part d'un empresari. Quatre mesos després, va ser rellevada en plena crisi per la gestió de les platges de Formentera.

El Govern ha defensat des del primer moment que la seva sortida no estava relacionada amb aquell episodi, sinó amb la necessitat de millorar el funcionament de la Direcció General de Costes i Litoral. El relleu va recaure en Joan Jaume Mulet, el nomenament del qual va ser aprovat pel Consell de Govern el mateix dia en què es va fer efectiu el cessament de Ferrer.

El Govern balear ha negado que el reciente cese de la exdirectora general de Costas y Litoral Maria Joaquina Ferrer Matas estuviera motivado por “presiones externas” o por un expediente concreto en plena polémica por la gestión de las hamacas y sombrillas de las playas de Formentera. Ferrer cobró relevancia pública el pasado mes de abril tras denunciar un intento de soborno de 20.000 euros por parte de un empresario, una actuación por la que recibió entonces el respaldo y los elogios del Ejecutivo autonómico.

Así lo ha puesto de manifiesto este martes el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha defendido en el Parlament que nunca se ha inmiscuido en resoluciones concretas y que su única exigencia ha sido tratar de “cumplir el tiempo” en la tramitación de los expedientes.

El conseller ha respondido así a una pregunta formulada por la diputada de Més per Mallorca Maria Ramon, que ha cuestionado el relevo de Ferrer y ha sostenido que la exdirectora “cumplía con la normativa”. La ecosoberanista ha acusado a Lafuente de tener “un problema con los criterios técnicos que no dicen lo que le gustaría que dijeran” y ha considerado que quien debería dimitir es él. “Maria Joaquina Ferrer no tendría que haber sido cesada”, ha remarcado.

El cese de Ferrer, funcionaria de carrera y licenciada en Derecho por la Universitat de les Illes Balears (UIB), se produjo a principios de agosto después de varias semanas de controversia por las autorizaciones de instalaciones temporales en las playas de Formentera. El Govern justificó entonces la salida por la “pérdida de calidad en la prestación del servicio”, especialmente por la reducción de hamacas y sombrillas autorizadas durante la temporada alta, además de aludir a retrasos en la tramitación de expedientes. El Ejecutivo también reconoció la existencia de “divergencias” entre Ferrer y Lafuente y situó entre los objetivos del relevo mejorar la gestión de una Dirección General considerada especialmente compleja y sensible.

La salida de Ferrer adquirió una dimensión política mayor después de que 21 funcionarios de la Conselleria hicieran pública una carta en su defensa y respaldaran los criterios técnicos y jurídicos aplicados durante su etapa al frente de Costas, tal como ha recordado el portavoz adjunto del PSIB-PSOE Marc Pons. Més per Menorca llegó a reclamar la comparecencia urgente de Lafuente ante el Parlament para que explicara tanto el cese como las acusaciones posteriores de la exdirectora sobre supuestas injerencias políticas en la tramitación de informes y expedientes.

Las hamacas de Formentera, en el centro de la polémica

Durante el pleno, Pons ha situado precisamente el conflicto de las hamacas en el origen de la destitución. Según su relato, Ferrer fue cesada tras negarse a firmar autorizaciones que, a juicio de los socialistas, eran contrarias a la normativa de Costas. “Ni sus presiones, ni sus amenazas hicieron cambiar de opinión a la directora general”, ha afirmado Pons, que ha recordado además el escrito firmado por los 21 funcionarios cuestionando las formas de actuación del conseller.

El socialista también ha cuestionado el perfil del sustituto de Ferrer, Joan Jaume Mulet, exalcalde de Llucmajor, al que ha atribuido un perfil “claramente político” y ha reprochado que careciera, a su juicio, de conocimientos específicos en materia de Costas y Litoral. El socialista ha asegurado que Mulet autorizó posteriormente las instalaciones de las playas de Formentera “exactamente en las condiciones que le marcaron los empresarios” y sin informes técnicos que justificaran esas autorizaciones.

El Govern, sin embargo, ha defendido que las nuevas resoluciones respetaron la normativa. Lafuente ha explicado que no se aceptó íntegramente lo solicitado por el Consell de Formentera y que se redujo el número de hamacas y sombrillas inicialmente planteado. “Se cumplió a rajatabla la normativa y se dictaron las resoluciones conforme a los informes jurídicos de la Conselleria”, ha asegurado.

El conflicto tuvo un nuevo capítulo el 18 de agosto, cuando el Govern autorizó nuevas concesiones de instalaciones temporales en varias playas de Formentera hasta 2029 después de revisar y modificar las propuestas iniciales. La decisión permitió recuperar parte de las instalaciones que habían sido denegadas durante la polémica, aunque no todas las solicitudes fueron aceptadas. Entre las modificaciones figuraron cambios de ubicación, reducción de superficies ocupadas y condiciones vinculadas a la protección de los sistemas dunares y la línea de pleamar.

El caso de la fiesta del eclipse

Pons ha incorporado además a su intervención la polémica autorización de una fiesta celebrada en s'Arenal de Sant Antoni coincidiendo con el eclipse solar. El diputado ha denunciado que el permiso de Costas no llegó al Ayuntamiento hasta 15 días después de la celebración y que el documento estaba “firmado a mano y sin fecha” por el nuevo director general.

Lafuente ha rechazado las acusaciones y ha acusado al socialista de “montar el escándalo y decir cosas absurdas”. En relación con el conjunto de la polémica sobre el cese de Ferrer, el conseller ha llegado a hablar de “tráfico de influencias”.

La controversia sobre la fiesta no se ha cerrado. El PSOE ha pedido recientemente al Govern que investigue las celebraciones privadas organizadas en agosto en Sant Antoni, entre ellas el Festival Eclipse Solar de s'Arenal, y que determine si el montaje y la ocupación del dominio público marítimo-terrestre contaron con todas las autorizaciones necesarias.

El cese de Ferrer ha cobrado especial relevancia por su perfil y por el giro producido en pocos meses. La exdirectora general había sido públicamente respaldada por el Govern en abril después de denunciar un presunto intento de soborno de 20.000 euros por parte de un empresario. Cuatro meses después, fue relevada en plena crisis por la gestión de las playas de Formentera.

El Govern ha defendido desde el primer momento que su salida no estaba relacionada con aquel episodio, sino con la necesidad de mejorar el funcionamiento de la Dirección General de Costas y Litoral. El relevo recayó en Joan Jaume Mulet, cuyo nombramiento fue aprobado por el Consell de Govern el mismo día en que se hizo efectivo el cese de Ferrer.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente de Cantabria, Roberto Media (PP), ha asegurado que hay cuestiones en la transferencia de la competencia de Costas a la comunidad autónoma que “no están cerradas, ni mucho menos”, y ha indicado al respecto que están relacionadas con temas económicos y de traspaso de personal y edificios que “hay que negociar”.

“Y a nosotros todavía no se nos ha pasado ninguna propuesta al respecto. Por lo tanto, cuando se nos pasen esas propuestas, tomaremos las decisiones oportunas. No vamos a cargar con una competencia que traiga más costes para los ciudadanos de Cantabria”, ha avisado el dirigente 'popular', que ha afirmado que “sobre el tema del dinero y del personal no se ha hablado ni una sola palabra hasta el momento”.

Con estas palabras ha respondido, este martes a preguntas de los periodistas, a las declaraciones que hizo la semana pasada el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en Santander, donde afirmó que dicha transferencia estaba “lista para que, en cualquier momento, se pueda culminar”. Según apuntó, la propuesta de traspaso, realizada en el marco de un proceso de negociación bilateral y que sigue el modelo del País Vasco o Galicia, contaba con “el visto bueno” del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Pero el consejero cántabro, que ha admitido reuniones para tratar este asunto, ha reconocido que se ha llegado a un acuerdo sobre “el marco general” de la transferencia, que es “similar” al de “todas” las comunidades autónomas, pero hay cuestiones que no están “cerradas”, por lo que ha afeado el “desconocimiento total” de Morán y el que “hable de cosas que absolutamente parece desconocer”.

“Nos tendrán que transferir la competencia de Costas en las condiciones que hemos establecido, que son las mismas que para el resto de las comunidades autónomas, pero con una financiación suficiente detrás para que sea sostenible el ejercicio de esa competencia. Y a día de hoy de eso no se ha hablado porque no han tenido ningún interés en hablar”, ha lamentado.

Media ha aprovechado para insistir en que sigue pendiente la transferencia de las competencias de las confederaciones hidrográficas, que “todavía seguimos esperando” y desde “mucho antes” que las de Costas. “No sé dónde se habrán perdido los papeles, en qué ministerio”, ha apostillado al respecto.

Bomberos de Tenerife han rescatado este lunes a un hombre de 42 años que sufrió una caída en la costa de Buenavista del Norte, en Tenerife, y que, a consecuencia del incidente, sufrió policontusiones de carácter moderado, informa el 1-1-2 Canarias.

El suceso ocurrió en torno a las 12.46 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) recibió una alerta sobre la caída de un hombre en la zona de Charco del Rayo.

El personal sanitario asistió al afectado tras el rescate que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba policontusiones de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital del Norte.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, considera “razonable” esperar a que la jueza que instruye la causa por la tragedia de la pasarela costera de El Bocal, en la que el pasado marzo fallecieron seis jóvenes y una chica más resultó herida grave, determine la responsabilidad en los hechos.

“En el momento en el que nos encontramos, en el que el tribunal ha avanzado considerablemente ya en la tramitación de lo que va a ser un procedimiento ciertamente complicado y complejo, creo que cualquier opinión que traslade yo en estos momentos sería, como mínimo, desafortunada”, ha expresado a preguntas de los medios este jueves.

El responsable de Medio Ambiente, departamento del que depende la Demarcación de Costas, ha sido cuestionado por si sigue defendiendo que esta administración actuó “bien” ante lo ocurrido y que el Ayuntamiento es el “responsable” del mantenimiento de las pasarelas, pero ha declinado pronunciarse al respecto, más tras el avance de la investigación iniciada a raíz del suceso, ocurrido el 3 de marzo.

Desde entonces, la magistrada del caso ha iniciado la acción penal frente a siete personas: la gestora del 112 y la agente de Policía Local que recibieron la víspera llamadas de aviso por el mal estado del paso de madera; el jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria y director de la obra de la senda costera; los dos funcionarios que han sido jefes de Servicio de Proyectos y Obras desde la construcción de la misma; el ingeniero que firmó el proyecto de la pasarela siniestrada y el representante de la empresa que la construyó.

Además, ha declarado como posibles responsables civiles al Ayuntamiento, a la Demarcación y a Dragados. Con todo esto, Hugo Morán ve “razonable” esperar a que la jueza determine la responsabilidad en lo sucedido.

Acceso a la playa de Langre

Al margen de este asunto, y a preguntas también de los medios con motivo de una charla sobre medio ambiente que ha impartido en un curso relacionado con Europa que se imparte esta semana en la UIMP (Universidad Internacional Menéndez Pelayo), el secretario de Estado del ramo se ha referido al acceso a la playa de Langre, en Ribamontán al Mar, y al habilitado por alguien de forma anónima ante la ausencia de uno y que no estaría autorizado.

“Acometer actuaciones de este tipo no siempre es lo más aconsejable”, ha comentado al respecto, para aludir a razones de seguridad. “Es razonable que cualquier infraestructura, vía de acceso e intervención que se haga en una zona de acceso en el dominio publico, por el propio interés de la seguridad de los ciudadanos, cumpla con unos requisitos que deben de ser los que rigen en cada caso la ejecución de cualquier proyecto”.

Traspaso de competencias a Cantabria

Finalmente, Morán ha sido cuestionado por la transferencia de las competencias de Costas a Cantabria y ha indicado que está “lista para que, en cualquier momento, se pueda culminar”. Según ha señalado al respecto, la propuesta realizada -en el marco de un proceso de negociación bilateral- sigue el modelo del País Vasco y Galicia.

“Cantabria asume que ese es el modelo de traspaso, con lo cual, en cualquier momento, tanto a instancia del propio Gobierno de Cantabria como del Ministerio de Política Territorial, se puede culminar. Por parte del Ministerio para Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ya hemos dado el visto bueno a ese traspaso”, ha concluido.

La Asociación de Vecinos Las Tres Calles de Tejina y la Alianza de Vecinos de Tenerife han exigido este jueves al Ayuntamiento de La Laguna una respuesta “inmediata” tras la aparición de una mancha marrón de grandes dimensiones en el mar frente a la costa de Jover, Tejina y Bajamar. Precisamente este jueves se ha procedido al cierre de la playa de Bajamar por contaminación por enterococos, que ya ha sido reabierta, aunque el Ayuntamiento señala que este episodio en Bajamar no está relacionado con la mancha, que atribuye a cianobacterias, comunes en aguas canarias.

Los colectivos sociales urgen a la corporación local a romper su silencio, aclarar el origen exacto de este foco y detallar qué acciones críticas se están tomando para evaluar la gravedad de una situación que ha generado una profunda preocupación ciudadana en el norte de la isla, según indican en un comunicado conjunto.

Los portavoces vecinales advierten de que el ecosistema marino y la salud pública de estas concurridas zonas de baño se encuentran “en grave riesgo” y critican “la inacción” de las autoridades locales.

A su juicio, resulta inadmisible que se reste importancia a un escenario ambiental que amenaza de forma directa la calidad de las aguas y la rica biodiversidad del litoral lagunero.

Ante lo que consideran una emergencia ambiental en curso, las organizaciones firmantes reclaman al concejal responsable del área una comparecencia pública y urgente.

En ella, exigen que se aclare si se ha realizado ya una inspección técnica sobre el terreno, si se han tomado muestras biológicas y si se ha activado el protocolo de contingencia con los organismos competentes.

Asimismo, solicitan que se hagan públicos de forma inmediata y transparente los resultados de cualquier análisis bacteriológico o químico que se lleve a cabo.

Además piden que se investigue a fondo si este suceso está ligado a vertidos incontrolados de aguas residuales, fallos estructurales en la red de pluviales u otras fuentes contaminantes de origen terrestre.

Del mismo modo, consideran imperativo la aplicación inmediata de medidas cautelares y preventivas severas mientras el foco contaminante siga activo y sin identificar de forma fehaciente.

Una mancha de cianobacterias, según el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de La Laguna ha señalado este jueves que está en “contacto permanente” tanto con la representación vecinal como con las áreas de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife y de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias para hacer un seguimiento a la situación de la mancha que se encuentra en el mar frente al litoral del municipio.

En este caso, indica el Consistorio, se trata de una acumulación de la cianobacteria Trichodesmium, conocida también como serrín marino, común en aguas de Canarias especialmente en verano, como ha hecho público Transición Ecológica. Esta mancha, subraya, en ningún caso está relacionada con el episodio de la playa de Bajamar, que ya ha reabierto al baño después de que los análisis sanitarios certificaran la calidad de las aguas.

L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) a la Comunitat Valenciana ha explicat les causes que hi ha darrere de la brusca retirada i posterior entrada d’aigua marina registrada a les platges de Xàbia i altres punts del litoral valencià. El fenomen, conegut tècnicament com a “meteotsunami” o “rissaga”, té el seu origen en la formació d’ones gravitatòries atmosfèriques que generen variacions de pressió en superfície i empenyen el nivell de l’aigua.

L’Aemet confirma oscil·lacions de fins a quatre hectopascals a Xàbia durant el matí, amb pics de inestabilitat més alta entre les 10.10 i les 10.20 hores. Aquests canvis en la massa d’aire exerceixen una alteració en el pes de l’atmosfera sobre la mar: un augment o descens brusc de la pressió implica una resposta inversa en la làmina d’aigua, un comportament denominat efecte de “baròmetre invertit”.

Les oscil·lacions van quedar registrades amb precisió a la xarxa de mareògrafs de Ports de l’Estat. Al port de Gandia, el nivell de l’aigua va experimentar un desajust de 70 centímetres en només cinc minuts, en passar d’un pic de +0,336 metres a les 09.06 hores a una davallada de -0,371 metres a les 09.12.

L’Agència Estatal de Meteorologia aclareix que l’ona gravitacional requereix mecanismes de ressonància per a transferir de manera eficaç la seua energia a l’aigua i provocar avanços tan destacats en ports i platges. Aquest acoblament respon a una dinàmica similar a les “rissagues” habituals al port de Ciutadella, a Menorca.

No és la primera ocasió en què la costa de la Comunitat Valenciana registra episodis d’aquesta índole. El 23 de juliol de 2017 es van certificar ascensos bruscos de la mar als municipis de Torrevieja, Elx, Santa Pola i el Campello. L’entitat va catalogar l’alteració dins del sistema de notificació d’esdeveniments singulars (Sinobas) sota l’etiqueta de “fenomen marítim estrany”.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana ha explicado las causas que hay detrás de la brusca retirada y posterior entrada de agua marina registrada en las playas de Xàbia y otros puntos del litoral valenciano. El fenómeno, conocido técnicamente como “meteotsunami” o “rissaga”, tiene su origen en la formación de ondas gravitatorias atmosféricas que generan variaciones de presión en superficie y empujan el nivel del agua.

La Aemet confirma oscilaciones de hasta cuatro hectopascales en Xàbia durante la mañana, con picos de mayor inestabilidad entre las 10:10 y las 10:20 horas. Estos cambios en la masa de aire ejercen una alteración en el peso de la atmósfera sobre el mar: un aumento o descenso brusco de la presión implica una respuesta inversa en la lámina de agua, un comportamiento denominado efecto de “barómetro invertido”.

Las oscilaciones quedaron registradas con precisión en la red de mareógrafos de Puertos del Estado. En el puerto de Gandía, el nivel del agua experimentó un desajuste de 70 centímetros en solo cinco minutos, al pasar de un pico de +0,336 metros a las 09:06 horas a una bajada de -0,371 metros a las 09:12.

La Agencia Estatal de Meteorología aclara que la onda gravitatoria requiere de mecanismos de resonancia para transferir de forma eficaz su energía al agua y provocar avances tan destacados en puertos y playas. Este acoplamiento responde a una dinámica similar a las “rissagas” habituales en el puerto de Ciutadella, en Menorca.

No es la primera ocasión en la que la costa de la Comunitat Valenciana registra episodios de esta índole. El 23 de julio de 2017 se certificaron ascensos bruscos del mar en los municipios de Torrevieja, Elche, Santa Pola y El Campello. La entidad catalogó la alteración dentro del sistema de notificación de eventos singulares (Sinobas) bajo la etiqueta de “fenómeno marítimo raro”.

El Cabildo de Fuerteventura ha adoptado medidas cautelares para paralizar la demolición de la centenaria Casa Las Señoras situada en Cueva de la Negra, en el municipio de Pájara, notificada por el Estado para este miércoles 26 de agosto, al considerar que podría producirse un daño “irreversible” al patrimonio cultural y arqueológico de la zona.

En un comunicado, la corporación insular explica que las características de la vivienda, su posible antigüedad, su localización en el ámbito del antiguo núcleo poblacional de Cueva de la Negra, sus características constructivas y la información disponible sobre su utilización histórica “constituyen circunstancias que hacen necesario conocer y documentar adecuadamente el inmueble antes de proceder a una actuación irreversible sobre el mismo”, subraya.

Además, el Cabildo señala que la vivienda se encuentra en las proximidades de un yacimiento arqueológico, circunstancia que aconseja extremar las medidas de protección y adoptar las cautelas necesarias antes de ejecutar cualquier actuación que pueda afectar al inmueble, a su entorno inmediato o al subsuelo.

Carácter “urgente”

El Gobierno insular informa que los propietarios del inmueble presentaron la solicitud para que se tomen medidas este 25 de agosto, por lo que el Cabildo ha actuado de manera “urgente” para evitar un posible daño “irreversible”, al no contar la actuación con los estudios adecuados.

El Cabildo de Fuerteventura recuerda que la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias, atribuye a los cabildos la competencia para adoptar, en caso de urgencia, medidas cautelares de este tipo, pudiendo consistir en la suspensión de obras o actividades.

La Generalitat ha posat en marxa el projecte pilot “Ocean Watcher”, un sistema de monitoratge ambiental que combina l’ús de drons, càmeres hiperespectrals i intel·ligència artificial per a avaluar la qualitat de l’aigua i oferir dades en temps real davant d’eventuals abocaments o episodis de contaminació a la Comunitat Valenciana.

La nova ferramenta persegueix reduir el marge de resposta davant de les analítiques tradicionals. En l’actualitat, la detecció de paràmetres alterats mitjançant mostrejos de laboratori pot demorar-se al voltant de 24 hores des de la presa de l’aigua, un període durant el qual l’afecció sol evolucionar. El nou model processa la informació de les imatges espectrals captades des de l’aire i la creua amb la presa de mostres superficials sobre el terreny per a calibrar algoritmes d’anàlisi instantània.

Els treballs es desenvolupen inicialment en sis punts del litoral seleccionats per la seua possible exposició a abocaments urbans: les séquies Sangonera i Nova (Meliana), la séquia de Sant Vicent i el barranc del Carraixet (Alboraia), les goles del Pujol i del Perellonet (València) i la Gola del Rei (Sueca). En aquests enclavaments s’efectuen vols equipats amb sensors juntament amb el registre de paràmetres bàsics com la temperatura, la terbolesa, la ubicació per GPS i les condicions ambientals.

Aquesta tecnologia complementa la xarxa habitual de vigilància de les aigües de bany de la Comunitat Valenciana, que realitza prop de 5.000 anàlisis per temporada i inspecciona efluents amb abocament a la mar com sobreeixidors, goles i col·lectors de pluvials. Així mateix, l’experiència s’integra en les actuacions previstes pel 40 aniversari del Parc Natural de l’Albufera per a digitalitzar el control hidrològic del seu entorn.

El vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació, Vicente Martínez Mus, va destacar durant la presentació del projecte a la Gola del Pujol que aquesta actuació suposa “un nou pas en l’aposta de la Generalitat per la innovació, la tecnologia i les dades per a millorar la gestió ambiental i protegir els nostres ecosistemes aquàtics”. El titular de Medi Ambient va ressaltar “la immediatesa” del dispositiu com a element diferenciador per a donar resposta als problemes en el moment en què succeeixen. “La tecnologia ens permet avançar cap a una gestió ambiental basada en més informació i en una capacitat més gran d’anticipació”, va concloure.

La Generalitat ha puesto en marcha el proyecto piloto 'Ocean Watcher', un sistema de monitorización ambiental que combina el uso de drones, cámaras hiperespectrales e inteligencia artificial para evaluar la calidad del agua y ofrecer datos en tiempo real ante eventuales vertidos o episodios de contaminación en la Comunitat Valenciana.

La nueva herramienta persigue reducir el margen de respuesta frente a las analíticas tradicionales. En la actualidad, la detección de parámetros alterados mediante muestreos de laboratorio puede demorar alrededor de 24 horas desde la toma del agua, un periodo durante el cual la afección suele evolucionar. El nuevo modelo procesa la información de las imágenes espectrales captadas desde el aire y la cruza con la toma de muestras superficiales sobre el terreno para calibrar algoritmos de análisis instantáneo.

Los trabajos se desarrollan de manera inicial en seis puntos del litoral seleccionados por su posible exposición a vertidos urbanos: las acequias Sangonera y Nova (Meliana), la acequia de San Vicente y el barranco del Carraixet (Alboraya), las golas del Pujol y del Perellonet (València) y la Gola del Rey (Sueca). En estos enclaves se efectúan vuelos equipados con sensores junto con el registro de parámetros básicos como temperatura, turbidez, ubicación por GPS y condiciones ambientales.

Esta tecnología complementa la red habitual de vigilancia de las aguas de baño de la Comunitat Valenciana, que realiza cerca de 5.000 análisis por temporada e inspecciona efluentes con vertido al mar como aliviaderos, golas y colectores de pluviales. Asimismo, la experiencia se integra en las actuaciones previstas por el 40 aniversario del Parque Natural de l’Albufera para digitalizar el control hidrológico de su entorno.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, destacó durante la presentación del proyecto en la Gola del Pujol, que esta actuación supone “un nuevo paso en la apuesta de la Generalitat por la innovación, la tecnología y los datos para mejorar la gestión ambiental y proteger nuestros ecosistemas acuáticos”. El titular de Medio

Ambiente resaltó “la inmediatez” del dispositivo como elemento diferenciador para dar respuesta a los problemas en el momento en que suceden. “La tecnología nos permite avanzar hacia una gestión ambiental basada en más información y en una mayor capacidad de anticipación”, concluyó.

El camí cap a una estreta platja de Portinatx serpenteja des de dalt de la carretera i implica passar per un aparcament, unes escales de color terracota i un restaurant de luxe. Tot això forma part d’un hotel de cinc estrelles que va obrir les seves portes el juliol passat i que abasta bona part del litoral. De fet, l’accés a la cala, de dimensions reduïdes i sense nom, obliga a passar per l’allotjament, inspirat en els colors i l’estil del desert marroquí d’Agafay i l’edificació del qual arriba gairebé fins a l’arena.

Allà, un socorrista controla, des d’una cadira, el mar. És un treballador d’una empresa externa contractada per l’hotel, explica en ser preguntat per aquest diari. Fins fa poc, no treballaven a Portinatx —continua—, però aquest estiu la companyia té socorristes en tres allotjaments d’alt standing de la zona vacacional. Un d’ells és el Barceló Portinatx, ubicat a uns 20 metres de la platja.

La majoria dels turistes que són a la cala davant del Nômade són clients de l’establiment de luxe. Entre ells, David, un parisenc que viatja amb la seva dona i el seu fill petit. Han vingut a passar les seves vacances primer en una vila que han llogat amb uns amics i ara passen quatre dies a l’hotel, tot i que els ha “decebut” una mica el servei pel preu que han pagat.

De fet, la majoria de les ressenyes que acumula l’hotel a la plataforma Booking —on amb prou feines assoleix una puntuació de quatre punts sobre deu— són negatives, malgrat la seva alta categoria. L’aparcament de l’allotjament és exclusiu per a clients i compta amb vigilància —està dins de la servitud de protecció de Costes, que inclou alguns terrenys privats—. No obstant, cal travessar-lo per arribar fins a la cala, que no compta amb senyalització pública.

Dues nits per a dues persones al Nômade Temple Ibiza, ubicat entre Cala Xarraca i Portinatx, ronden en ple mes d’agost els 2.600 euros, escollint l’opció d’habitació més barata. En el cas de les suites amb millors vistes, l’allotjament s’encareix fins a gairebé els 6.000 euros per parella. Malgrat que els preus descendeixen lleument en temporada més baixa, sobretot a finals de setembre, continuen estant per sobre dels 1.600 euros.

Una filosofia vinculada al “creixement personal”

La cadena va ser impulsada per l’empresari argentí Antonio de la Rúa —fill de l’expresident argentí Fernando de la Rúa i exparella de la cantant Shakira— després de desenvolupar complexos turístics a Tulum i Holbox (Mèxic) i que ha triat Eivissa i Madrid per iniciar el seu desembarcament a Europa.

La seva proposta va molt més enllà de l’allotjament. A la capital ocupa un edifici històric reconvertit en hotel de cinc estrelles, mentre que al territori insular s’ha instal·lat a Portinatx amb un establiment on l’experiència gira al voltant del benestar, la natura i l’espiritualitat.

Meditació, banys de gel, sessions de DJ, gastronomia, programes de benestar i fins i tot una llista oficial de reproducció a Spotify formen part de l’univers que comercialitza la marca. En la seva pròpia presentació, Nômade assegura que busca que el visitant “no només descobreixi una destinació, sinó que emprengui un viatge de transformació personal”.

El discurs connecta amb una filosofia turística molt similar a la que des de fa anys utilitzen nombrosos establiments d’alta gamma a Eivissa i que passa per vendre una experiència associada a un estil de vida molt concret, vinculat a un hippisme cada vegada més glamurós. Nômade Temple no ha respost a la consulta d’elDiario.es. L’Ajuntament de Sant Joan tampoc ha contestat les preguntes d’aquest diari abans de la publicació d’aquest reportatge.

En la seva primera temporada en funcionament, un asfixiant matí d’agost, els empleats pugen i baixen per les escales —de color terra, que pretenen integrar-se al màxim possible en l’entorn natural que les envolta— que serpentegen des de la piscina de grans dimensions fins al xiringuito que precedeix la recòndita cala. El camí passa pel spa —obert a turistes de fora de l’hotel— i també pel restaurant, batejat com a 4 Fuegos i amb el seu propi concepte.

Un cambrer col·loca uns coixins de grans dimensions a terra arenós d’una terrassa de pedra que s’alça sobre la platja. Un altre treballador acaba de recollir els mats que acaben d’utilitzar els hostes per unir-se a la classe de ioga impartida al matí. La següent activitat és nocturna: un bany conjunt a la llum de la Lluna, detalla a elDiario.es una altra empleada.

L’existència d’una propietat privada al voltant d’una platja no està prohibida per si mateixa. Hi pot haver terrenys privats limítrofs amb el domini públic marítim-terrestre. El que no pot fer el propietari és convertir de facto la platja en un espai inaccessible al públic. L’impediment de privatitzar una platja —com passa en llocs com Cuba o la Riviera Maya— està regulat a Espanya per la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, a través del seu article 33.1.

L’existència d’una propietat privada al voltant d’una platja no està prohibida, però el propietari no pot convertir de facto la platja en un espai inaccessible al públic

La normativa estableix la servitud d’accés públic i gratuït al mar i obliga a preveure accessos suficients i assenyala que aquests han d’estar “senyalitzats i oberts a l’ús públic”, recull. Una cosa que no es compleix en el cas de la recòndita cala del Nômade, que explica el següent a la seva pàgina web: “L’hotel ofereix accés directe a una preciosa cala”.

La transformació de Portinatx

Portinatx és, des de fa gairebé una dècada, un enclavament entregat als hotels ‘Adults Only’ —només adults— cada vegada més luxosos, una tendència que va començar als anys 2000 i que des d’aleshores ha anat in crescendo. Anteriorment, l’enclavament estava enfocat principalment al turisme familiar, sobretot a famílies del nord d’Europa, però progressivament es va anar reconvertint en una àrea més pensada per a establiments hotelers d’alta categoria. En els darrers anys, comerciants i petits empresaris de la zona han lamentat el gir —que a més és general a l’illa— cap al luxe i la pèrdua de visitants de classe treballadora.

Portinatx estava enfocat principalment al turisme familiar, però progressivament es va anar reconvertint en una àrea més pensada per a establiments hotelers d’alta categoria

L’èxit d’aquest model es reflecteix, almenys en aquesta punta d’Eivissa, en el fet que l’ocupació ha mantingut bones xifres durant tota la temporada. En un altre hotel d’elevada categoria ubicat darrere del Nômade —més antic que aquest, vinculat a un concepte de sostenibilitat, però erigit igualment a escassíssims metres de la costa— un treballador explica a elDiario.es que el mateix: les habitacions han estat durant l’estiu plenes de clients.

La petita península que dibuixa sobre el mapa parteix de Portinatx —amb la torre defensiva a l’extrem, mirant cap a la costa catalana— ha patit una metamorfosi dràstica en menys d’un segle. El 1956, abans que les Pitiüses detonessin en un boom turístic, aquest territori septentrional només albergava vegetació autòctona i al mar no s’hi divisava cap embarcació.

Els primers turistes de sol i platja

“Portinatx està situat en una zona molt estratègica, al voltant de tres platges: s’Arenal Gran, s’Arenal Petit i es Portitxol, que abans servia per exportar productes dels camps agrícoles cap a Mallorca i la ciutat”, explica l’expert en Turisme Maurici Cuesta.

A més d’aquestes exportacions, el port de Portinatx va servir per al contraban fins que als anys 50 van començar a arribar els primers turistes, que sobretot eren valencians i catalans que viatjaven des de la Península, però també estrangers.

Va ser llavors quan van començar a emergir els primers quioscos —com s’anomena els xiringuitos de platja a les Pitiüses—, que més tard es van convertir en restaurants amb apartaments a les plantes superiors fins que als anys seixanta van començar a construir-se els primers hotels.

En aquell moment, hi va haver un augment considerable del nombre de places turístiques a Eivissa que s’ocupaven de la mà de touroperadors europeus qui fomentaren a l’illa el turisme de sol i platja, que requeria serveis com hamaques i para-sols. Empresaris amb terrenys agrícoles de la costa amb poc valor van encapçalar el canvi, que van finançar amb el que es va denominar crèdit turístic, impulsat per l’Estat.

Va ser un moment en què peninsulars que s’havien traslladat van començar a construir petits xalets al centre de Portinatx. Aleshores era una localitat pràcticament aïllada, amb escasses connexions de transport públic amb la ciutat d’Eivissa i uns llaços amb l’exterior que depenien de la vida burocràtica i escolar.

“La construcció de la via va permetre que es desenvolupés el litoral, també als voltants turístics de la badia de Cala Xarraca i Cala Xuclar”, assenyala Cuesta. L’expert recorda que a prop, a Cala d’en Serra, es va projectar el macrocomplex turístic dissenyat per l’arquitecte català Josep Lluis Sert, que va acabar abandonant i sobre el qual ara pesa una ordre de demolició.

A mitjans dels vuitanta —com mostra el visualitzador del Cadastre, amb dades sobre creixement urbanístic— s’hi apreciaven nombroses embarcacions a la badia i les primeres construccions destinades a la indústria hotelera en les quals van invertir els residents i els hotelers locals. Entre elles, es van edificar els antics apartaments que més tard es van convertir en el complex de luxe que ara forma part de la cadena de De La Rúa.

Tot i que l’àrea turística —la més important del municipi de Sant Joan de Labritja, inclosa en el Pla d’Ordenació Turística (POT)— és avui logísticament més accessible, cada vegada està més vinculada a nous poders econòmics. Un canvi que ja ha transformat, d’altra banda, altres punts homòlegs de l’illa com, per exemple, es Canar, a Santa Eulària. “Fins no fa gaire, els negocis encara eren de famílies de Portinatx, una cosa que continua succeint en el cas dels serveis de platja”, observa l’expert turístic. Però hi ha “altres monstres” —com els hotels de luxe— que han engolit la costa.

La Demarcación de Costas en Cantabria ha solicitado a la Asociación Ría San Martín información tras la catástrofe ambiental en la ría de Suances que ha continuado hasta el mar, según ha confirmado la agrupación. El objetivo es realizar un informe del caso, en el que han aparecido por lo menos cien aves muertas, según el censo de la asociación, y 39, según el registro oficial del Gobierno de Cantabria (PP), que ha sido desmentido, convirtiendo la mortandad en una guerra de cifras sin conocerse aún las razones.

Dos personas de Costas han acudido a la zona y han recibido información de la asociación in situ. “Han pasado algunas aves muertas de la ría a la mar”, porque la corriente ha arrastrado los cadáveres de las aves enfermas y muertas hacia el mar abierto, fuera de los límites de la ría, ha dicho Abel Ojugas, de la asociación, para explicar el papel de Costas, entidad que se encarga de la protección de la ZEPA de la Isla de los conejos de Suances, entre otras zonas.

Y es que la asociación ha cuestionado el retraso en la publicación de los análisis veterinarios, después de que las primeras muestras de aves muertas se tomaran el 8 de agosto. Al cumplirse casi dos semanas del inicio de la mortandad masiva, el Gobierno de Cantabria solo ha descartado de forma oficial la gripe aviar y la enfermedad de Newcastle, pero sigue sin concretar la causa definitiva de las muertes.

Abel Ojugas, cuestiona estos plazos basándose en su experiencia personal. “A mí la administración me exigía realizar constantemente pruebas a mis aves rapaces; yo mismo tomaba muestras cloacales y en un plazo de cinco o seis días ya estaban los resultados”, recuerda. Para Ojugas, que hayan transcurrido 12 días sin un diagnóstico claro de la ría es una anomalía inaceptable. “Llevamos ya 12 días de retraso; es evidente que andan tapando la gravedad de lo que realmente ocurre”.

El camino hacia una angosta playa de Portinatx serpentea desde lo alto de la carretera e involucra el paso por un aparcamiento, unas escaleras de color terracota y un restaurante de lujo. Todo ello forma parte de un hotel de cinco estrellas que abrió sus puertas el pasado mes de julio y que abarca buena parte del litoral. De hecho, el acceso a la cala, de reducidas dimensiones y sin nombre, obliga a pasar por el alojamiento, inspirado en los colores y el estilo del desierto marroquí de Agafay y cuya edificación llega casi hasta la arena.

Allí, un socorrista controla, desde una silla, el mar. Es un trabajador de una empresa externa contratada por el hotel, explica al ser preguntado por este diario. Hasta hace poco, no trabajaban en Portinatx —continúa—, pero este verano la compañía tiene socorristas en tres alojamientos de alto standing de la zona vacacional. Uno de ellos es el Barceló Portinatx, ubicado a unos 20 metros de la playa.

La mayoría de los turistas que están en la cala frente al Nômade son clientes del establecimiento de lujo. Entre ellos, David, un parisino que viaja junto a su mujer y su hijo pequeño. Han venido a pasar sus vacaciones primero en una villa que han alquilado junto a unos amigos y ahora pasan cuatro días en el hotel, aunque les ha “decepcionado” un poco el servicio por el precio que han pagado.

La mayoría de las reseñas que acumula el hotel en la plataforma Booking —donde apenas alcanza una nota de cuatro puntos sobre diez— son negativas, a pesar de su alta categoría. El aparcamiento del alojamiento es exclusivo para clientes y cuenta con vigilancia —está dentro de la servidumbre de protección de Costas, que incluye algunos terrenos privados—. Sin embargo, hay que cruzarlo para llegar hasta la cala, que no cuenta con señalización pública.

Dos noches para dos personas en el Nômade Temple Ibiza, ubicado entre Cala Xarraca y Portinatx, rondan en pleno mes de agosto los 2.600 euros, eligiendo la opción de habitación más barata. En el caso de las suites con mejores vistas, el alojamiento se encarece hasta casi los 6.000 euros por pareja. A pesar de que los precios descienden levemente en temporada más baja, sobre todo a finales de septiembre, siguen estando por encima de los 1.600 euros.

Una filosofía vinculada al “crecimiento personal”

La cadena fue impulsada por el empresario argentino Antonio de la Rúa —hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa y expareja de la cantante Shakira— después de desarrollar complejos turísticos en Tulum y Holbox (México) y ha elegido Eivissa y Madrid para iniciar su desembarco en Europa.

Su propuesta va mucho más allá del alojamiento. En la capital ocupa un edificio histórico reconvertido en hotel de cinco estrellas, mientras que en el territorio insular se ha instalado en Portinatx con un establecimiento donde la experiencia gira alrededor del bienestar, la naturaleza y la espiritualidad.

Meditación, baños de hielo, sesiones de DJ, gastronomía, programas de bienestar e incluso una lista oficial de reproducción en Spotify forman parte del universo que comercializa la marca. En su propia presentación, Nômade asegura que busca que el visitante “no solo descubra un destino, sino que emprenda un viaje de transformación personal”.

El discurso conecta con una filosofía turística muy similar a la que desde hace años utilizan numerosos establecimientos de alta gama en Eivissa y que pasa por vender una experiencia asociada a un estilo de vida muy concreto, vinculado a un hippismo cada vez más glamuroso. Nômade Temple no ha respondido a la consulta de elDiario.es. El Ayuntamiento de Sant Joan tampoco ha contestado a las preguntas de este periódico antes de la publicación de este reportaje.

En su primera temporada en funcionamiento, una asfixiante mañana de agosto, los empleados suben y bajan por las escaleras —de color tierra, que pretenden integrarse lo máximo posible en el entorno natural que las envuelve— que serpentean desde la piscina de grandes dimensiones hasta el chiringuito que precede a la recóndita cala. El camino pasa por el spa —abierto a turistas de fuera del hotel— y también por el restaurante, bautizado como 4 Fuegos y con su propio concepto.

Un camarero coloca unos cojines de grandes dimensiones en el suelo arenisco de una terraza de piedra que se alza sobre la playa. Otro trabajador acaba de recoger los mats que acaban de utilizar los huéspedes para unirse a la clase de yoga impartida por la mañana. La siguiente actividad es nocturna: un baño conjunto a la luz de la Luna, detalla a elDiario.es otra empleada.

La existencia de una propiedad privada alrededor de una playa no está prohibida por sí misma. Puede haber terrenos privados colindantes con el dominio público marítimo-terrestre. Lo que no puede hacer el propietario es convertir de facto la playa en un espacio inaccesible al público. El impedimento de privatizar una playa —como ocurre en lugares como Cuba o la Riviera Maya— está regulado en España por la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, a través de su artículo 33.1.

La existencia de una propiedad privada alrededor de una playa no está prohibida, pero el propietario no puede convertir de facto la playa en un espacio inaccesible al público

La normativa establece la servidumbre de acceso público y gratuito al mar y obliga a prever accesos suficientes y señala que estos deben estar “señalizados y abiertos al uso público”, recoge. Algo que no se cumple en el caso de la recóndita cala del Nômade, que explica lo siguiente en su página web: “El hotel ofrece acceso directo a una preciosa cala”.

La transformación de Portinatx

Portinatx es, desde hace casi una década, un enclave entregado a los hoteles ‘Adults Only’ —solo adultos— cada vez más lujosos, una tendencia que empezó en los años 2000 y que desde entonces ha ido in crescendo. Anteriormente, el enclave estaba enfocado principalmente al turismo familiar, sobre todo a familias del norte de Europa, pero progresivamente se fue reconvirtiendo en un área más pensada para establecimientos hoteleros de alta categoría. En los últimos años, comerciantes y pequeños empresarios de la zona han lamentado el giro —que además es general en la isla— hacia el lujo y la pérdida de visitantes de clase trabajadora.

Portinatx estaba enfocado principalmente al turismo familiar, pero progresivamente se fue reconvirtiendo en un área más pensada para establecimientos hoteleros de alta categoría

El éxito de este modelo se refleja, por lo menos en esta punta de Eivissa, en que la ocupación ha mantenido buenas cifras en todo lo que va de temporada. En otro hotel de elevada categoría ubicado detrás del Nômade —más antiguo que el mismo, vinculado a un concepto de sostenibilidad, pero erigido igualmente a escasísimos metros de la costa— un trabajador explica a elDiario.es que lo mismo: las habitaciones han estado durante el verano llenas de clientes.

La pequeña península que dibuja sobre el mapa parte de Portinatx —con la torre defensiva en el extremo, mirando hacia la costa catalana— ha sufrido una metamorfosis drástica en menos de un siglo. En 1956, antes de que las Pitiusas detonaran en un boom turístico, este territorio septentrional solo albergaba vegetación autóctona y en el mar no se divisaba ninguna embarcación.

Los primeros turistas de sol y playa

“Portinatx está situado en una zona muy estratégica, alrededor de tres playas: s’Arenal Gran, s’Arenal Petit i es Portitxol, que antes servía para exportar productos de los campos agrícolas hacia Mallorca y la ciudad”, explica el experto en Turismo Maurici Cuesta.

Además de para estas exportaciones, el puerto de Portinatx sirvió para el contrabando hasta que en los años 50 empezaron a llegar los primeros turistas, que sobre todo eran valencianos y catalanes que viajaban desde la Península, pero también extranjeros.

Fue entonces cuando empezaron a emerger los primeros quioscos —como se denomina a los chiringuitos de playa en las Pitiusas—, que más tarde se convirtieron en restaurantes con apartamentos en las plantas superiores hasta que en los años sesenta empezaron a construirse los primeros hoteles.

En ese momento, hubo un aumento considerable del número de plazas turísticas en Eivissa que se ocupaban de la mano de touroperadores europeos que fomentaban en la isla el turismo de sol y playa, que requería servicios como hamacas y sombrillas. Empresarios con terrenos agrícolas de la costa con poco valor encabezaron el cambio, que financiaron con el que se denominó crédito turístico, impulsado por el Estado.

Fue un momento en que peninsulares que se habían trasladado empezaron a construir pequeños chalets en el centro de Portinatx. Entonces era una localidad prácticamente aislada, con escasas conexiones de transporte público con la ciudad de Eivissa y unos lazos con el exterior que dependían de la vida burocrática y escolar.

“La construcción de la vía permitió que se desarrollara el litoral, también en los alrededores turísticos de la bahía de Cala Xarraca y Cala Xuclar”, señala Cuesta. El experto recuerda que cerca, en Cala d’en Serra, se proyectó el macrocomplejo turístico diseñado por el arquitecto catalán Josep Lluis Sert, que terminó abandonando y sobre el que ahora pesa una orden de demolición.

A mediados de los ochenta —como plasma el visualizador del Catastro, con datos sobre crecimiento urbanístico— se apreciaban numerosos barcos en la bahía y las primeras construcciones destinadas a la industria hotelera en las que invirtieron los residentes y los hoteleros locales. Entre ellas, se edificaron los antiguos apartamentos que más tarde se convirtieron en el complejo de lujo que ahora forma parte de la cadena de De La Rúa.

A pesar de que el área turística —la más importante del municipio de Sant Joan de Labritja, incluida en el Plan de Ordenación Turística (POT)— es hoy logísticamente más accesible, cada vez está más vinculada a nuevos poderes económicos. Un cambio que ya ha transformado, por otro lado, otros puntos homólogos de la isla como, por ejemplo, es Canar, en Santa Eulària. “Hasta no hace mucho, los negocios eran aún de familias de Portinatx, algo que sigue sucediendo en el caso de los servicios de playa”, observa el experto turístico. Pero hay “otros monstruos” —como los hoteles de lujo— que han engullido la costa.

El crecimiento del turismo nacional ha consolidado las furgonetas cámper y las autocaravanas como una de las opciones elegidas para recorrer las extensas costas del país. Sin embargo, cada año muchas personas se hacen la misma pregunta al acercarse al litoral: ¿es legal pasar la noche dentro de un vehículo estacionado frente al mar? La respuesta no es tan simple como un “sí” o un “no”, sino que depende de la distinción entre dos conceptos que a menudo generan dudas entre los propietarios de este tipo de vehículos: pernoctar y acampar.

El auge de esta forma de viajar ha transformado la manera de recorrer el litoral y permite permanecer más cerca de la naturaleza. Entre sus posibilidades están diseñar una ruta sobre la marcha, disponer de mayor flexibilidad horaria y desplazarse hasta lugares que resultarían menos accesibles sin vehículo propio. Sin embargo, esta popularidad también ha generado un debate en los municipios costeros sobre cómo gestionar la convivencia entre el descanso de los turistas, el orden del tráfico y la conservación del espacio.

Para disfrutar de estas experiencias de forma segura y evitar posibles sanciones, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha establecido las pautas que diferencian el simple hecho de pernoctar de la acción de acampar. A través de sus directrices oficiales, Tráfico establece que la actividad que se realiza en el interior de un vehículo habitable no altera la naturaleza de las maniobras efectuadas en la vía pública. Mientras la cámper o autocaravana se mantenga correctamente estacionada, empleando las medidas de seguridad correspondientes y sin rebasar el perímetro de la propia carrocería, sus ocupantes ejercen un derecho de estacionamiento idéntico al de cualquier turismo convencional. En esas condiciones, cenar, leer o dormir en el interior es legal, puesto que las normas de tráfico regulan la colocación del vehículo y no la actividad privada de sus ocupantes.

El límite aparece cuando se despliega un toldo para resguardarse del sol, se abren las ventanas batientes del vehículo o se colocan en el exterior mesas y sillas para comer o tomar algo. Los criterios de Tráfico determinan que, cuando cualquier elemento del vehículo sobresale de su contorno o se ocupa parte de la calzada o la acera con enseres, la situación pasa a considerarse una acampada. La acampada en la vía pública o en espacios no habilitados está prohibida fuera de los campings o de las áreas de servicio específicas para autocaravanas.

Las reglas de algunos municipios

La normativa de la DGT establece el marco general, pero en la práctica son los ayuntamientos costeros los que regulan lo que ocurre en sus respectivas calles. Cada municipio aplica sus propias reglas, por lo que las condiciones pueden cambiar considerablemente de un lugar a otro. Algunos establecen restricciones y, en determinados casos, sanciones, como ocurre en Piélagos, Cantabria, donde está prohibido pasar la noche en los aparcamientos del Parque Natural de las Dunas de Liencres. En Santander únicamente se permite hacerlo en zonas señalizadas y siempre que se trate de pernocta, no de acampada.

Esta diversidad normativa también se aprecia en otros puntos del litoral. El Ayuntamiento de Llanes, en Asturias, ha restringido la pernocta al área habilitada de La Talá, un espacio situado en el interior del municipio, apartado de la zona costera y donde el tiempo máximo de estancia es de 48 horas. Pasar la noche en otros puntos está prohibido y puede dar lugar a sanciones de hasta 500 euros. En Ribadeo, Galicia, se ha impulsado una ordenanza municipal destinada a ordenar el turismo de cámper, establecer normas claras de convivencia y habilitar espacios autorizados para ofrecer una acogida estructurada a los viajeros sin desplazar a los residentes.

La Diputación de Málaga representa otro caso. La institución ha elaborado un modelo de ordenanza municipal para autocaravanas con el objetivo de que las corporaciones locales de la provincia dispongan de una guía jurídica unificada. Este texto proporciona a los consistorios una estructura para regular el aparcamiento y la pernocta en las calles, limitar el tiempo de permanencia y proteger los espacios costeros vulnerables sin necesidad de establecer prohibiciones arbitrarias.

A este entramado de ordenanzas locales se suma el marco medioambiental estatal de la Ley de Costas. Esta legislación prohíbe la acampada y el estacionamiento nocturno en el Dominio Público Marítimo-Terrestre y en su zona de servidumbre de protección, lo que incluye playas, dunas y accesos directos al mar. Aunque el vehículo esté correctamente aparcado según el código de circulación, el Seprona de la Guardia Civil y las autoridades costeras sancionan la permanencia nocturna en estas franjas protegidas para evitar el deterioro del litoral.

Para evitar sanciones durante las vacaciones, las recomendaciones de los organismos oficiales pasan por revisar siempre la señalización a la entrada de cada municipio, elegir aparcamientos urbanizados fuera de las zonas de protección ambiental y mantener el vehículo en modo de estacionamiento, sin desplegar ningún elemento exterior.

En definitiva, dormir dentro de una cámper o autocaravana frente al mar es una práctica legal en España siempre que el lugar permita pernoctar y se respeten las condiciones establecidas. En muchas playas, dunas o zonas del litoral existen carteles que indican las restricciones aplicables y, cuando no los hay, es posible consultar a los organismos oficiales. La clave para evitar problemas durante el viaje está en respetar la diferencia entre pernoctar y acampar, mantenerse fuera de los espacios protegidos de la costa y cumplir las ordenanzas específicas establecidas por cada ayuntamiento.

La Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, amenaza con sancionar al Ayuntamiento de Busturia por la instalación de una verja metálica que impide el “acceso libre y gratuito” a una parte del Dominio Público Terrestre de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, sin tener ninguna concesión ni autorización para ello. En concreto, la dirección de Costas otorga al consistorio un plazo de cinco días desde la recepción de la comunicación, con fecha 20 de agosto, para la retirada del vallado. De lo contrario, el Ayuntamiento se enfrenta una sanción que puede oscilar entre los 1.000 y los 5.000 euros por cada día que el acceso esté interrumpido.

El Servicio de Vigilancia adscrito a la Demarcación de Costas ha comprobado la irregularidad del vallado tras una denuncia de la asociación Zain Dezagun Urdaibai. En concreto se trata de una valla metálica que impide el acceso al campo de fútbol de la localidad -Itsas Adar- en el barrio de Axpe, y a sus instalaciones, pero que, a la vez, “impide el acceso al dominio público marítimo-terrestre” sin que conste “concesión en vigor para estos terrenos de dominio público ni autorización para la instalación del citado cierre”.

En el escrito que se ha remitido desde Costas al Ayuntamiento que dirige Aitor Aretxaga, del PNV, se recuerda que la Ley de Costas establece que “no se permitirán en ningún caso obras o instalaciones que interrumpan el acceso al mar”, y que la “interrupción de los accesos públicos” se considera “infracción grave” sancionada con una multa entre 1.000 y 5.000 euros por cada día que el acceso se encuentre interrumpido.

La denuncia trasladada por Zain Dezagun Urdaibai Elkartea el pasado 3 de agosto a la Demarcación de Costas señala que viene denunciando desde hace un año ante el Ayuntamiento las irregularidades apreciadas sin obtener respuesta. Unas irregularidades que van más allá de la valla que ahora impide el acceso a los terrenos, aunque, por el momento, el organismo del Ministerio de Transición Ecológica sólo apremia al ayuntamiento a la eliminación de esta barrera. En concreto, se denuncia entre otras cuestiones “iluminación nocturna, ruidos en una zona de exclusión sonora, vertidos a la mar, o colocación de terraza o caseta con 'txiringito' hostelero sin concesión” en el interior del campo de fútbol. “Dichas obras o usos se vienen realizando desde la fecha aproximada de agosto de 2025, ejecutándose sin que conste el preceptivo cartel informativo de autorización o título de concesión del Ministerio para la Transición Ecológica o de la Administración competente en materia de Costas”, señalan.

Indican en la denuncia que la verja impide el acceso a terrenos de antiguas marismas y marijales “convertida ilegalmentete previo relleno clandestino en campo de futbol municipal en el año 1981, que es actualmente parte de zona de dominio público marítimo-terrestre de Urdaibai”. Es el campo del club de fútbol Busturia Ur Zelai, equipo que ha ascendido a segunda división territorial este año.

La asociación ecologista señala que “se vienen produciendo de forma continuada, notoria y con ánimo de permanencia”, “la ocupación intensiva y exclusiva del Dominio Público Marítimo-Terrestre (marismas, marjales, zona de varada, escollera y lámina de agua adyacente) por un campo de fútbol federado y otra pista cementada de futbito”, sin disponer de concesión o autorización preceptiva. Además, se cobra por uso de espacio público, por lo que “contraviene el uso común general, libre, público y gratuito” de este espacio tal y como recoge la ley señalan. Por otra parte, indican que “se han instalado vallas, muros, terrazas hosteleras, casetas, acopios de material deportivo, aparcamiento privado, candados, y otros elementos que impiden materialmente el tránsito”.

Desde Zain Dezagun Urdaibai Elkartea, Erroxeli Ojinaga, portavoz de la asociación, ha valorado satisfactoriamente la decisión de Costas de tomar cartas en este asunto, y recuerda que poco a poco el Ayuntamiento se ha hecho con esta zona que tiene que ser libre acceso “para hacer que sea un espacio de acceso exclusivo”. “Antes había una valla pequeña que permitía a la gente rodear el campo de fútbol, pero ahora se pretende cerrar el paso”, algo que consideran que puede estar relacionado con el cambio de categoría del club, al que se quiere sacar mayor rentabilidad y por ello, restringir el libre acceso.

La asociación insiste en que, pese a que en su requerimiento al consistorio Costas entra sólo a valorar el cierre del acceso al mar con una valla, seguirán reclamando que se analicen “todas las irregularidades que está cometiendo el Ayuntamiento” en esta zona de Urdaibai. “Levan 26 años en esa situación de ocupación por la vía de hecho con su campo de fútbol local de una parcela de dominio publico-terrestre. ¿Una autoridad o funcionario que hace una acción a sabiendas de su ilegalidad, no comete un delito? ¿Para qué tiene ese Ayuntamiento en plantilla un asesor jurídico, un arquitecto asesor y un secretario municipal si estos no hacen los informes técnicos y jurídicos sobre este asunto que ilustre a los ediles de la corporación?”, se pregunta Ojinaga.

A Illa de Arousa se encuentra en el centro de la ría de Arousa, en la provincia de Pontevedra. Con una superficie de unos siete kilómetros cuadrados y cerca de 5.000 habitantes, es el único municipio insular de Galicia. A pesar de su tamaño reducido, cuenta con aproximadamente 36 kilómetros de costa, donde se alternan playas, pequeñas calas, zonas rocosas y espacios relacionados con la actividad pesquera. La isla está unida a tierra firme por un puente de casi dos kilómetros que, desde su inauguración en 1985, cambió por completo las comunicaciones con el continente.

Antes de que se construyera esta infraestructura, los desplazamientos dependían del transporte marítimo. Actualmente, el recorrido sobre la ría permite acceder directamente al municipio mientras a ambos lados aparecen las bateas, las plataformas utilizadas para el cultivo del mejillón. Esta imagen permite entender desde el primer momento la relación de A Illa de Arousa con el mar, presente tanto en el paisaje como en la vida diaria. La costa ocupa buena parte del territorio y concentra también muchos de los lugares que se pueden conocer durante una visita.

Entre ellos se encuentran playas como Area da Secada y O Bao, además de otros pequeños arenales repartidos por el litoral. A estos lugares se añaden el entorno de Punta Cabalo, el puerto de O Xufre y el Parque Natural de O Carreirón, situado en el sur. Los caminos junto al mar, las zonas húmedas, los pinares y los puntos abiertos hacia la ría permiten recorrer paisajes diferentes dentro de una superficie relativamente pequeña.

Parque Natural de O Carreirón, el espacio protegido del sur

La zona meridional reúne uno de los principales espacios naturales de A Illa de Arousa. El Parque Natural de O Carreirón ocupa una península en la que aparecen dunas, humedales, lagunas, pinares y diferentes tramos de playa. Sus caminos atraviesan estas zonas y permiten acercarse de nuevo a la costa en varios puntos. El lugar tiene una importancia especial para las aves, por lo que este sector es uno de los principales espacios del municipio para observar fauna y especies migratorias.

Recorrer el Parque Natural de O Carreirón permite comprobar cómo cambia el terreno en distancias muy cortas. Los senderos pasan por zonas de vegetación, bordean sectores húmedos y llegan hasta pequeños arenales y salientes desde los que se puede observar la ría. Parte de estos itinerarios tiene muy poco desnivel, por lo que pueden recorrerse a pie sin demasiada dificultad. Además, es posible enlazar varias playas del sur sin salir de los caminos de este espacio protegido.

Entre las rutas señaladas para conocer la zona se encuentra el itinerario circular de Os Piros, un recorrido que bordea parte de la costa y puede completarse aproximadamente en dos horas. El trazado atraviesa sectores de pinar, dunas y lagunas antes de volver al punto de partida. La presencia de aves migratorias es una de las características de este entorno, especialmente por la combinación de humedales y áreas costeras que se concentra en esta parte de la isla.

Fuera del Parque Natural de O Carreirón, el litoral continúa con otros arenales. Area da Secada es una de las playas más conocidas del municipio y O Bao constituye otro de los puntos habituales para acercarse al mar. Entre ambas aparecen pequeñas calas y zonas rocosas formadas por la acción del agua, el viento y la lluvia. La poca distancia entre estos lugares permite recorrer varios tramos de costa durante una misma jornada sin tener que alejarse demasiado del núcleo principal.

Del puente a Punta Cabalo y O Xufre

El acceso actual a A Illa de Arousa está marcado por el puente inaugurado el 14 de septiembre de 1985. Sus casi dos kilómetros supusieron un cambio importante para un territorio que hasta entonces solo se comunicaba con tierra firme por mar. La carretera cruza la ría y permite observar las bateas repartidas sobre el agua, uno de los elementos ligados a la actividad marisquera de esta zona de Galicia. A partir de ahí comienza un recorrido en el que el mar permanece cerca durante buena parte del trayecto.

En el norte se encuentra Punta Cabalo, otro de los lugares más conocidos del municipio. El faro se levanta junto a una zona rocosa desde la que se pueden observar diferentes sectores de la ría. Este punto permite ampliar el recorrido más allá de las playas y recuerda la importancia que ha tenido históricamente la navegación en un territorio rodeado casi por completo de agua. La costa norte cuenta además con otros tramos donde se alternan pequeños salientes y zonas próximas al mar.

La actividad marinera también está presente en el puerto de O Xufre, el principal de A Illa de Arousa. Las embarcaciones y el movimiento relacionado con los productos de la ría forman parte de un espacio que continúa ligado al trabajo diario del municipio. El puerto permite entender el peso que siguen teniendo la pesca y el marisqueo en una isla donde buena parte de la actividad económica y del paisaje están relacionados con los recursos marinos y con las instalaciones necesarias para aprovecharlos.

Con apenas siete kilómetros cuadrados, A Illa de Arousa reúne una costa extensa para su tamaño, playas, espacios protegidos y zonas portuarias. El puente facilita actualmente un acceso directo sin cambiar el carácter insular de un municipio muy ligado a la ría. Desde los senderos del Parque Natural de O Carreirón hasta Punta Cabalo y O Xufre, el recorrido permite conocer un territorio donde el entorno costero y la actividad marinera siguen teniendo un papel importante.