La jueza instructora que investiga el accidente de El Bocal, en la costa norte de Santander, en el que fallecieron seis personas y una resultó herida de gravedad tras ceder una pasarela de una senda costera, ha ampliado la investigación a quien fue jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación de Costas de Cantabria desde que se instaló la infraestructura hasta mayo de 2023, cuando se jubiló.

La declaración del ex trabajador de Costas se suma a quien le sucedió en el cargo —actual jefe de Servicio de Proyectos y Obras— y al jefe de la Demarcación de Costas —director de Obras del Proyecto de 2014 de construcción de la senda costera—, quienes declararán como investigados el 15 de mayo, en una sesión en la que se practicarán además las pruebas periciales.

El auto de la jueza señala que la falta de mantenimiento de la infraestructura podría constituir una “negligencia grave” y la posible comisión de seis delitos de homicidio por imprudencia grave —por los seis fallecimientos— y un delito de lesiones por imprudencia grave –por las heridas sufridas por la superviviente.

En un auto dado a conocer este martes, la magistrada señala que este funcionario al que suma a la investigación, “ostentó una posesión de garante respecto de la seguridad estructural de la pasarela” y tuvo la “obligación de promover, ordenar o verificar las actuaciones de inspección y mantenimiento necesarias en tal lapso de tiempo”.

La jueza sostiene, basándose en el informe pericial, que “la ausencia de inspecciones y mantenimiento adecuados pudo impedir, detectar y corregir el progresivo deterioro de la infraestructura, generando un riesgo relevante que se materializó en el colapso de la pasarela”.

Para la instructora, “con su conducta omisiva cada responsable de la Jefatura de Obras pudo contribuir al mantenimiento del riesgo no controlado que desembocó en el fatal resultado, concurriendo en sus personas, por el cargo que ostentaban y ostentan, una clara posición de garante y capacidad de actuar”. Por eso, la magistrada ha acordado también que el médico forense examine la pasarela para contar con un informe sobre la sanidad de las lesiones que sufrió la víctima superviviente. 

“La ausencia total de inspecciones”

El auto sostiene que la pasarela estaba “abierta para su uso público sin ningún tipo de restricción, no sometida a ningún tipo de control o inspección y mantenimiento desde su construcción en 2014, y en donde aparentemente se utilizó como material para los herrajes de las vigas de apoyo uno ciertamente inadecuado para toda estructura sometida a un ambiente exterior sin cubrir (más aún cuando tal estructura se ubica en el mismo borde costero)”.

Y continúa: “La ausencia total de inspecciones presumiblemente impidió detectar deterioros estructurales, limitándose las únicas actuaciones de mantenimiento realizadas a una intervención tardía y parcial, al centrarse exclusivamente en su estructura de madera”.

Todas esas circunstancias “no permitieron abordar elementos críticos” y “el colapso, pues, pudo ser consecuencia de un deterioro progresivo no controlado”, ha valorado la titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander.

Por ello, considera que “la omisión de la diligencia debida, en los términos así expuestos, presenta en estos momentos caracteres de negligencia grave que, como tal, justifica la acción penal ya ejercida por posible comisión de seis delitos de homicidio por imprudencia grave en su modalidad agravada por pluralidad de víctimas, y un delito de lesiones por imprudencia grave frente a los investigados”.

15 de mayo declaración de técnicos investigados

En una providencia también dada a conocer este martes, la magistrada autoriza el acceso al lugar de los hechos para realizar inspección ocular y toma de muestras a todos los peritos propuestos por las partes: los de las defensas del jefe de la Demarcación de Costas y del actual jefe de Servicio de Proyectos y Obras; y también al perito elegido por las acusaciones particulares, que han anunciado que aportarán un único informe.

Los informes periciales deberán entregarse tres días antes del 15 de mayo, fecha de la declaración de los tres investigados de Costas, para que todas las partes puedan conocer su contenido antes de esa fecha, en la que se practicará la prueba.

Por otro lado, la instructora ha decidido no atender a la petición del Ayuntamiento de Santander de que el ingeniero que firmó el proyecto de construcción de las pasarelas declare el próximo viernes 27 en calidad de investigado, en vez de hacerlo como testigo—perito, tal y como se le ha citado. A su juicio, “ni el ministerio fiscal ni ninguna otra parte personada ha dirigido contra el citado expresa denuncia o querella” y “esta juzgadora tampoco” —ha dicho— “por entender que el ingeniero ”es responsable de un proyecto parcial, en cuanto no abarca la totalidad de la obra“.

Para la magistrada, lo que este ingeniero firmó se trata “más bien de un subproyecto o un anexo integrado en el proyecto principal de la senda, aceptado y avalado por ello por el director de la Obra, que sí actúa en esta causa en calidad de investigado”.

Registro en la base de datos policial

Finalmente, la instructora atiende a lo solicitado por la defensa de la agente de la Policía Local investigada y pide que esta institución aporte las actuaciones registradas en la base de datos policial derivadas de las llamadas entrantes entre las 12:14 y las 14:30 horas del día previo al accidente -fecha en la que un vecino llamó al 112 alertando del estado de la pasarela-.

En concreto, solicita la parte y acuerda la magistrada que se desglose en cuántas actuaciones se comisionó una patrulla de Policía Local, en cuántas se comisionaron agentes de Movilidad Urbana y en cuántas no se comisionó ni a unos ni a otros.

El próximo día 24, la jueza escuchará a los superiores jerárquicos y a dos compañeros tanto de la agente de la Policía Local de Santander como de la gestora del 112 investigadas, después de que el inspector jefe de la Policía Local y el director del Servicio de Emergencias hayan respondido al requerimiento de la instructora para que identificaran a estas personas.

El Ayuntamiento de Suances ha anunciado su compromiso de hacer efectivos “con la mayor diligencia posible” los pagos al personal laboral cuyos salarios adeudada desde 2023, cumpliendo así una sentencia de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Santander.

El alcalde de Suances, Andrés Ruiz Moya, ha asegurado en un comunicado que, en ningún momento, el Ayuntamiento se han negado a afrontar el pago de estos atrasos salariales, y que el motivo del retraso es la obligatoriedad de tener que cumplir la regla del gasto ministerial a finales de 2025.

Ruiz Moya ha defendido que el consistorio ha actuado “siempre con criterios de prudencia administrativa y sostenibilidad económica, garantizando el equilibrio presupuestario y la viabilidad de los servicios públicos, de ahí que se haya demorado el pago desde 2023”.

Además, ha agregado que la prioridad del equipo de gobierno “ha sido y seguirá siendo” el respeto a los derechos de los trabajadores municipales, así como la gestión “responsable” de los recursos públicos.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha impuesto por primera vez el pago de las costas judiciales al Servicio Aragonés de Salud (Salud) en un litigio por el reconocimiento de la carrera profesional al personal temporal. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha confirmado en una reciente sentencia el derecho de una trabajadora interina a acceder a la carrera profesional en igualdad de condiciones que el personal fijo, con efectos económicos desde el momento en que lo solicitó. Pero, además, condena a la Administración autonómica a asumir las costas del procedimiento, con un límite de 400 euros.

Este pronunciamiento marca un cambio respecto a resoluciones anteriores, en las que no se imponían costes a la Administración pese a perder los recursos. En este caso, el tribunal justifica la decisión en la “doctrina consolidada del Tribunal Supremo” sobre esta materia, que reconoce la carrera profesional como una condición de trabajo que no puede discriminar al personal interino.

La sentencia desestima el recurso presentado por el Gobierno de Aragón contra un fallo previo que ya reconocía este derecho, y reafirma que la negativa del Salud a conceder la carrera profesional se basa únicamente en la temporalidad del vínculo, un criterio contrario al derecho europeo.

El fallo se suma a una serie de resoluciones en la misma línea. Según el sindicato CSIF, que ha impulsado más de 400 demandas desde 2021, “y todas las que se van resolviendo has ha ganado”. Posteriormente, el Salud las recurre, aunque estos recursos han sido desdestimados.

CSIF ha recibido en los últimos días tres sentencias en las que el TSJA condena al Salud al pago de las costas en procedimientos de carrera profesional de personal interino. “Estas sentencias dejan claro que el personal temporal del Salud —unos 5.000 trabajadores— tienen derecho a acceder al sistema de carrera profesional en las mismas condiciones que el personal fijo. Este reconocimiento debe tener efectos administrativos y económicos desde la fecha de la solicitud. Denegar el acceso a la carrera profesional para los interinos es una práctica contraria al derecho europeo y a la doctrina del Tribunal Supremo”, exponen.

“Además, el hecho de que el TSJA imponga costas al Salud evidencia que la Administración ha mantenido de forma injustificada una estrategia de recursos, que solo retrasa el reconocimiento de derechos, generando un perjuicio añadido a los profesionales y un coste económico a las arcas públicas”, afirma Juanjo del Hoyo, vicepresidente de CSIF Sanidad Aragón. 

Por todo ello, CSIF exige al Gobierno de Aragón el reconocimiento inmediato de la carrera profesional al personal temporal; el abandono de la judicialización sistemática de este derecho, y la apertura urgente de negociación en la Mesa Sectorial para adaptar el modelo de carrera profesional a la jurisprudencia vigente. 

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha desestimado íntegramente el recurso de apelación presentado por el promotor del restaurante El Bolullo, situado junto a la playa del mismo nombre, en el municipio de La Orotava (norte de Tenerife). Así, se confirma la sentencia que le condena como autor de un delito contra la ordenación del territorio en el espacio natural protegido de El Rincón.

Este mismo restaurate se vio obligado por ley a reducir hasta en dos ocasiones el aparcamiento ilegal que había proporcionado en la zona para acoger clientes, motivo por el que, además, fue sancionado por el Ayuntamiento.

La resolución judicial, hecha pública este jueves por la Coordinadora El Rincón-Ecologistas en Acción y fechada el 6 de abril de 2026, ratifica la pena impuesta en primera instancia de un año y seis meses de prisión, multa de 12 meses a razón de 20 euros diarios, inhabilitación especial para profesión u oficio relacionado con la construcción hostelera por un año y la obligación de restaurar el equilibrio ecológico perturbado.

Ello implicará la demolición de las construcciones ilegales, que incluyen dos terrazas pavimentadas de 15x40 metros, una estructura acristalada de 10x15 metros, un kiosco-barra de 4x4 metros y una caseta para montacargas o güinche de la playa, además de pagar las costas del procedimiento judicial, señala la organización ecologista.

Los hechos declarados probados señalan que, entre enero de 2018 y marzo de 2021, el acusado ejecutó estas obras en zona de servidumbre de protección del Dominio Público Marítimo-Terrestre y sobre suelo rústico de litoral y costero, sin contar con licencia urbanística ni con la preceptiva autorización de la Viceconsejería de Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, vulnerando la Ley de Costas (Ley 22/1988) y el Plan Especial de El Rincón.

La Audiencia Provincial ha rechazado todos los motivos de impugnación planteados por la defensa, incluidas las alegaciones sobre indefensión, error en la valoración de la prueba, vulneración de la presunción de inocencia y error de prohibición.

El tribunal subraya también que el promotor actuó con pleno conocimiento de la ilegalidad, pues existían numerosos informes técnicos municipales y autonómicos que advertían de que las construcciones no eran autorizables al hallarse en una zona de servidumbre de protección de costas y sobre una edificación previamente declarada ilegal.

La coordinadora advierte, no obstante, de que el promotor continúa desarrollando actividades ilegales y ha podido comprobar que se sigue explotando una vivienda vacacional en el lugar, perfectamente identificable en portales de alquiler turístico, una actividad prohibida en estos suelos rústicos protegidos.

Igualmente, apunta que “sigue bajo sospecha” el chiringuito de la playa, cuya reforma y ampliación fueron denunciadas desde un primer momento ya que se modificó la estructura ampliando su volumen y se cambió la actividad original para convertirlo en un restaurante, todo ello ejecutado en zona de tránsito y servidumbre del dominio público marítimo-terrestre.

La licencia nunca debió ser concedida

Si bien el Ayuntamiento de La Orotava le concedió licencia para estas obras, agrega la coordinadora, en el expediente y en el procedimiento judicial quedó expuesto “de manera clara y manifiesta” que dichas actuaciones fueron contrarias a lo dispuesto en la Ley de Costas y que esa licencia “nunca” debió ser otorgada.

Por ello, se solicitará su revisión y nulidad por la vía contencioso-administrativa.

La sentencia destaca que “el encausado ejecutó obras una y otra vez sin solicitar las preceptivas autorizaciones administrativas, instando posteriormente expedientes para promover la supuesta legalización de lo ya ejecutado”, y concluye que “cualquier persona es necesariamente conocedora de la necesidad de obtener autorizaciones para construir en zona de protección de costas”, por lo que no cabe alegar desconocimiento de la ilegalidad.

Contra esta resolución aún cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, si bien la ratificación de la condena supone un “respaldo judicial contundente” a la legalidad urbanística y ambiental de El Rincón, un espacio protegido por la Ley 5/1992, que lo declaró de interés autonómico por su valor paisajístico, señala la coordinadora, que ejerció la acusación popular.

El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, ha confirmado al eurodiputado del PSdeG, Nicolás González Casares, que la reforma de la Ley de Costas efectuada por el Gobierno de Mariano Rajoy entre 2013 y 2014 “vulnera el derecho comunitario”. En una respuesta a una pregunta parlamentaria, a la que ha tenido acceso Europa Press, Séjourné afirma que la Comisión considera que dicha legislación “vulnera tanto las obligaciones en virtud de la Directiva de servicios1 como el principio de libertad de establecimiento consagrado en el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”.

En este sentido, Bruselas mantiene abierto un procedimiento de infracción contra España, que sigue en tramitación, debido a que la legislación española permite prorrogar concesiones en el dominio público marítimo-terrestre hasta un máximo de 75 años, así como que no se establece ningún procedimiento de selección imparcial y transparente de adjudicación de dichas concesiones.

Ante esto, González Casares ha remarcado que la respuesta de la Comisión Europea “es cristalina y deshace las excusas de la Xunta y de la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez”. “Prorrogar una concesión por 75 años es contrario a la legislación comunitaria”, señaló, “esto es una huida hacia adelante del Gobierno gallego. Cualquiera que queira una nueva concesión en dominio público marítimo terrestre deberán concurrir otra vez”. El eurodiputado socialista añadió que el ejecutivo de Alfonso Rueda juega a “provocar inseguridad jurídica al contar una auténtica mentira” y comparó la situación con el procedimiento de infracción abierto por la prórroga de la concesión de la AP-9 del gabinete de Aznar.

El Gobierno central trabaja en un real decreto de modificación del reglamento general de Costas para “corregir la situación”. La Xunta le ha presentado alegaciones.

El paisaje habitual de la costa onubense ha mudado su piel esta semana para hablar, casi exclusivamente, portugués. Lo que antaño nació como una serie de escapadas de fin de curso sin mayor pretensión, se ha consolidado en este 2026 como 'La Punta': un gigante del ocio para estudiantes que ya se sitúa como la cita de referencia para la juventud lusa antes de dar el salto a la Universidad.

Punta Umbría no solo acoge una fiesta; gestiona un rito de iniciación que ha pasado de las precarias carpas junto a la carretera a una infraestructura de lujo totalmente integrada en el entorno.

De la improvisación a la madurez turística

El festival ha recorrido un largo camino desde aquellos tiempos del 'Festival Village'. La organización ha aprendido que menos es más: para esta edición se han convocado a unos 6.500 asistentes, una cifra sensiblemente inferior a los récords de otros años, pero que responde a una estrategia clara de sostenibilidad y orden. La clave del éxito actual radica en la profesionalización: se han desmantelado las ruidosas carpas exteriores para trasladar el corazón de la fiesta a los complejos de la cadena hotelera Barceló y a la propia arena de la playa. Esta integración busca que el evento sea una experiencia de calidad para el visitante y, sobre todo, una convivencia menos traumática para el vecino.

El pulmón financiero de la primavera

Las cifras que maneja el municipio explican por qué Punta Umbría se vuelca con este evento. Se calcula que el paso de los estudiantes dejará unos cuatro millones de euros de beneficio directo. Es una suerte de “precuela” del verano que permite a la hostelería y al comercio local hacer caja en un mes tradicionalmente valle. Pero el impacto real se mide en nóminas: solo para atender las necesidades del festival, se han tramitado unas 1.000 contrataciones extraordinarias, permitiendo que muchos trabajadores locales adelanten su incorporación a la campaña turística. Además, el sector hotelero ve en estos jóvenes a sus clientes del futuro; el estudiante que hoy descubre la ría de Huelva de fiesta, es el adulto que volverá en unos años con su familia.

Un escaparate digital hacia Portugal

No se puede entender 'La Punta' sin mirar a la pantalla del móvil. El festival se ha convertido en un producto de consumo masivo en redes sociales, impulsado por una treintena de influencers lusos que proyectan la imagen de Punta Umbría hacia todo Portugal. La importancia es tal que su aplicación oficial suele encabezar los rankings de descarga en el país vecino durante estos días, posicionando la marca Huelva de una forma que ninguna campaña de marketing tradicional conseguiría. En lo musical, la cita ya no tiene complejos. Este miércoles, el foco estará sobre el brasileño Pedro Sampaio, cuya escala en Punta Umbría dentro de su gira internacional eleva el listón del festival a la categoría de gran evento de conciertos.

Seguridad sin fronteras y el desafío del cielo

La gestión de la seguridad también ha roto moldes. Para que la mediación sea efectiva, la Guardia Civil cuenta con el apoyo directo de patrullas de la GNR portuguesa. Ver a agentes de ambos países trabajando juntos es ya una estampa habitual que facilita el control preventivo y evita que la barrera del idioma sea un obstáculo en situaciones de tensión. El gran enemigo de esta edición, sin embargo, no será el desorden, sino la meteorología. Con un pronóstico que anuncia lluvias y frío a partir de este martes, la organización ha tenido que activar sus “planes B”. Los amplios salones de los hoteles se transformarán en zonas de juego (gaming) y escenarios cubiertos para que el temporal no arruine una semana que ya es, por derecho propio, el motor económico de la primavera onubense.

Hace ocho años, las hermanas Carmen y Josefa (nombres ficticios a petición de las entrevistadas) conocieron que iban a ser expropiadas de sus tierras en Fuencaliente, en el sur de La Palma, por la construcción del balneario de la Fuente Santa, un manantial de aguas termales que fue sepultado por la erupción del volcán de San Antonio en 1677 y que ahora el Cabildo insular busca recuperar como atractivo turístico. 

Ambas recurrieron. La Corporación había iniciado en 2018 la expropiación amparándose en una norma de 2014 que modificó la Ley de Espacios Naturales de Canarias para dar cobertura legal a la “transformación excepcional” del malpaís lávico sobre el que se encuentra su finca, por cuyo subsuelo discurre la galería de la Fuente Santa, dentro del Monumento Natural de los Volcanes de Teneguía. Pero esa regulación quedó derogada en 2017. La polémica Ley del Suelo del presidente de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), la anuló ese mismo año. Y el Cabildo de La Palma se quedó entonces sin salvaguardia normativa.

La justicia estimó el recurso de las hermanas porque “si la norma que daba cobertura” a la expropiación “no estaba en vigor al tiempo de su apreciación, la consecuencia no puede ser otra que la nulidad” del acto. Así lo indicó la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en octubre de 2022. El fallo pasó a ser firme después de que el Tribunal Supremo rechazara un recurso de casación de la Corporación palmera por “falta de fundamentación suficiente”. Así que las tierras debían volver a las manos de Carmen y Josefa. O eso es lo que ellas creían. Pero nada más lejos de la realidad.

En marzo de 2023, es decir, medio año después del fallo que anuló la expropiación, el Gobierno autonómico modificó la Ley del Suelo para restaurar la vigencia de lo que decía la norma de 2014 sobre la Fuente Santa: el “interés general” de un proyecto “anhelado” por la sociedad palmera, el establecimiento de “las instalaciones, edificaciones y las infraestructuras necesarias para su racional explotación”, y su futura delimitación.

El Ejecutivo regional hiló fino. En lugar de recuperar todo lo que decía esa ley, que también estableció entre otras cosas el procedimiento para declarar zonas Red Natura 2000 o reguló la evaluación ambiental de planes y proyectos, señaló que “todas y cada una de las modificaciones legislativas introducidas” en la ordenación de los espacios naturales eran válidas.

Antes, la Ley del Suelo solo mantenía la eficacia de las directrices originales de estos espacios, acordadas en el año 2000. Ahora también recoge la de todas sus “modificaciones”, entre ellas la del Monumento Natural de los Volcanes de Teneguía, de 2014. El Gobierno dio a esa nueva disposición efectos retroactivos desde el 1 de septiembre de 2017, por lo que el marco legal para justificar la expropiación del suelo de la Fuente Santa había vuelto.

El Cabildo de La Palma aprovechó esa maniobra y presentó en los tribunales lo que se conoce en derecho como un incidente de imposibilidad legal de cumplimiento de sentencia. Como ahora vuelve a tener amparo para expropiar en favor de la Fuente Santa, no tiene ninguna intención de entregarles a Carmen y Josefa sus terrenos, tal y como había sido obligado en sentencia firme.

En primera instancia, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 3 de Santa Cruz de Tenerife no compró las alegaciones de la Corporación insular y se limitó a responder que la nueva norma “no viene a restaurar expresamente la vigencia de la derogada”, de modo que considera “ejecutable” el fallo. Pero con un tribunal dividido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC sí estimó el recurso del Cabildo en segunda instancia, declarando la “imposibilidad legal” de ejecutar la sentencia y emplazando a las hermanas a solicitar una indemnización “justa”.

El fallo sostiene que, con esta nueva ley, la de 2023, el Gobierno de Canarias “sale al paso de los problemas que una deficiente técnica legislativa había provocado”. Y lo hace, continúa, haciendo una “interpretación auténtica” al detallar que son “todas y cada una de las modificaciones introducidas” en la ordenación de los espacios naturales de las Islas las que recuperan su vigor.

Este punto es muy relevante para el tribunal porque de esta manera queda remarcado que no estamos ante “una ley dictada para evitar el cumplimiento de la sentencia”, ya que no solo hace referencia a la modificación de un espacio natural protegido, sino a varios: el Parque Rural del Nublo, en 2003; la Reserva Natural Especial del Malpaís de Güímar, en 2006; o la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas, en 2017.

El TSJC concluye entonces que “tal derogación nunca existió”. Y que “cualquier otra tesis podrá ser una realidad de mero hecho, pero no de derecho”.

La sentencia, sin embargo, contó con el voto particular del magistrado Jaime Guilarte, quien también formó parte del tribunal que anuló la expropiación en 2022. A su juicio, no se ha elevado “ningún hecho” que impida ejecutar el fallo ni puede alterarse “la cosa juzgada”, es decir, la devolución de los terrenos a las hermanas, por una “mera modificación legislativa” con carácter retroactivo.

El Cabildo de La Palma alegó que el expediente “prácticamente ha concluido” y que “se han invertido fondos públicos en la contratación de los proyectos para la ejecución” de la Fuente Santa. También dijo que revertir el procedimiento sería perjudicial por razones de “eficacia y eficiencia” y que la norma no fue aprobada ‘ad hoc’ porque involucra a más espacios naturales que “podrían estar afectados” por lo mismo.

Pero Guilarte matiza que “ni consta realizada la obra que legitima la expropiación, ni iniciada, ni consta pagado el justiprecio ni ocupada la finca expropiada”. Habría sido distinto si la obra se hubiera ejecutado y se planteara después la devolución de la parcela por un defecto de forma en la expropiación. En ese caso sí sería “poco práctico, incluso absurdo”, recuerda el magistrado citando jurisprudencia, “volver a la situación inicial”. Pero aquí es distinto.

“No acabo de asumir que la retroactividad dispuesta con carácter general por ley implique, sin más, la privación de derechos reconocidos por sentencia firme. De otra forma, toda sentencia anulatoria de un acto administrativo carecería de eficacia en sus propios términos por un mero cambio legislativo retroactivo”, dice Guilarte.

El magistrado reitera que “el derecho a la ejecución de la sentencia es un derecho fundamental que solo ha de ceder en casos excepcionales bien distintos” a este porque, agrega, “no se ha alegado causa alguna que la haga inejecutable” salvo la reforma de la normativa, “cuestión que no afecta a la ejecución del fallo, cuya validez y eficacia no ha sido revocada”. 

Para Guilarte, la nueva ley solo restablece la justificación para ocupar los terrenos, habilitando a la administración a iniciar un nuevo procedimiento desde cero. Defiende que lo correcto habría sido devolver las fincas y “comenzar de nuevo” la expropiación. Lo contrario (“reflotar un expediente en el que ha sido anulada la declaración de ocupación” y no “constan probados más hechos” que hacen inejecutable la sentencia) impide a las hermanas impugnar el acto por “otros posibles motivos jurídicos”.

La defensa de ambas, liderada por el abogado José Julio García Ramos, ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo argumentando que el fallo del TSJC ha vulnerado dos artículos de la Constitución Española, en concreto el 24.1, que garantiza a todas las personas el derecho a la tutela judicial efectiva, y el 118, que establece la obligación de cumplir las sentencias y resoluciones judiciales.

El escrito apela a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que establece la “obligación” de la justicia de “dejar inaplicadas” leyes que “pretendan alterar el resultado de litigios ya resueltos”. Y defiende, basándose en una sentencia de 1996 del Tribunal Supremo, que una nueva norma solo permite iniciar una nueva expropiación desde cero, pero no resucitar un expediente ya nulo.

“Al sentar la sentencia impugnada que la retroactividad legislativa puede convalidar automáticamente expedientes expropiatorios nulos, se ve vulnerado el principio de seguridad jurídica y el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales”, añade el texto. Con este fallo, “se prescinde de la exigencia de un nuevo procedimiento expropiatorio y del control judicial previo, sustituyendo la ejecución por una indemnización automática”, remacha.

La finca de Carmen y Josefa tiene cerca de 10.000 metros cuadrados. Es un terreno heredado de carácter volcánico, árido y de superficie muy irregular que lo más cerca que tiene son un par de invernaderos. Pero está justo encima de la Fuente Santa. Y eso le da un valor incalculable en estos momentos.

El Cabildo de La Palma lleva muchos años intentando desbloquear este proyecto después de que el ingeniero Carlos Soler descubriera su ubicación a principios de siglo. Manifiestan que se trata de una iniciativa turística “clave y de primer orden que supondrá un salto cualitativo” para la isla. Su coste rondaría los 16 millones de euros.

Tras aprobar la redacción definitiva del plan en 2023, Costas lo impugnó al considerar que no se ha justificado por completo su ubicación en la zona de dominio público. El Supremo ha admitido este mismo año un recurso para estudiar su ubicación. Está por ver si hace lo mismo sobre los métodos de expropiación de la Corporación insular.

La Albaola (Factoría Marítima Vasca) de Pasaia ha inaugurado este viernes su nueva propuesta museística. Se llama AinguraOla. Se trata de un “espacio vivo y experimental” que presenta una ancorería de grandes anclas forjadas, como las de los galeones del siglo XVI. Xabier Agote, presidente de Albaola, ha señalado que Gipuzkoa contaba históricamente con ancorerías “muy importantes”, cuyas técnicas de trabajo están “completamente extinguidas”.

El proyecto apuesta por recuperar el proceso tradicional de forja del hierro para la fabricación de anclas. Tras una amplia investigación, Albaola explica que, desde la Edad Media, la elaboración de piezas y componentes navales tuvo un papel clave, lo que impulsó el desarrollo de la siderometalurgia en Euskadi. Con el tiempo, la ancorería vasca llegó a posicionarse como “uno de los centros principales de actividad de Europa”.

David Correa, ancorero de AinguraOla, ha detallado el procedimiento: con una fragua de dos fogones realizan el caldeo de las piezas para facilitar su estirado. Mediante un “martillo neumático”, que antiguamente funcionaba con una “rueda de molino”, golpean el metal hasta darle la forma deseada. Finalmente, las piezas se trabajan en el yunque, donde se ensamblan a presión.

Los herreros implicados han pasado por una fase de aprendizaje para aplicar la teoría recuperada. Correa ha confesado a este medio que el proceso ha sido “frustrante”. “La forja es un oficio muy duro”, afirmaba, recordando a un profesor que le decía que esta técnica “no tiene atajos”. Superada esta fase, el siguiente reto será construir las anclas de la nao San Juan. De hecho, al día siguiente comenzarán la fabricación del ancla de maniobra, que pesa 250 kilogramos y mide tres metros de altura.

Agote ha señalado que el equipo aspira a realizar “la misma travesía que hacían los balleneros vascos” en una nao del siglo XVI, equipada con elementos fieles a la época. La expedición partiría desde el puerto de Pasaia y recorrería la costa canadiense. A partir de este viernes, la experiencia estará disponible para el público. Se podrá apreciar la fabricación en vivo para que Albaola alcance su objetivo.

El proyecto cuenta con el patrocinio de la Unesco, según ha indicado Agote. La apuesta por la autenticidad del patrimonio y su divulgación lo convierten en una iniciativa de interés para el organismo. El año pasado, la Unesco reconoció a la factoría como “ejemplo de buenas prácticas” por su labor de “recuperación, investigación y divulgación del patrimonio marítimo vasco”.

El alcalde de Valdáliga, Lorenzo González, ha respondido este viernes a la denuncia del portavoz del PRC, Pedro Hernando, sobre la instalación de una escalera del parque que da acceso a la playa que pertenezcan a propiedades privada. González ha negado que se hayan acometido nuevas obras en los últimos años, en la parte del parque natural de Oyambre que pertenece al municipio.

Oyambre está situado en los municipios de Comillas, San Vicente de la Barquera, Udías, Valdáliga y Val de San Vicente. Y, en el Parlamento, Hernando se preguntó si “¿cualquier ciudadano puede poner una escalera que una su chalet con un parque natural dentro de la Red Natura 2000, con protección europea, sin que nadie haga nada?”. Además, advirtió del “preocupante estado de conservación” del Parque Natural de Oyambre y exigió sin éxito medidas para reforzar la protección del parque de Oyambre.

Tras esto, en una rueda de prensa —la primera que convoca, según ha dicho, en los casi 20 años que lleva siendo alcalde—, el alcalde de Valdáliga ha defendido que la escalera une un camino público “de toda la vida” con la carretera que va de Gerra a Comillas. Además, ha dicho que está señalizada como vía pública y lleva construida más de un año. “Ya estoy cansado de que me estén machacando con Oyambre”. Es un parque natural que depende de muchas administraciones, pero la dueña y señora del parque es el Ayuntamiento Valdáliga, ha dicho.

En este sentido, Gonzalez (Agrupación Valdáliga Independiente (AVI) ha reivindicado que no ha habido obras en el entorno de la playa de Oyambre en los últimos años y ha instado a Hernando a ir al parque para que “demuestre si hay alguna construcción nueva” en la parte del parque natural que corresponde a Valdáliga.También ha negado que se haya abierto un canal nuevo dentro de la playa, alegando que esa desembocadura lleva ahí “la vida entera”.

Después de 25 días desde el hundimiento mortal de la pasarela de madera de la playa de El Bocal, en la senda costera de Santander, la jueza instructora inicia este viernes la toma de declaraciones para esclarecer los hechos en los que murieron seis jóvenes y una más tuvo que ser hospitalizada.

Serán ocho las personas que darán testimonio ante la instructora que dirime, recabando pruebas y tomando declaraciones, si hay hecho delictivo. Por un lado, siete testigos del suceso y, por otro, la policía local investigada por no dar parte del aviso del servicio de emergencias 112 tras la llamada de un vecino el día anterior al accidente que alertó del mal estado de la pasarela.

A lo largo de la mañana, desde las 9:30 a las 12, la titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander ha citado a declarar, por orden, a un ciclista que llamó al servicio de emergencia tras los hechos; a otro ciclista que se dio cuenta del hundimiento de la pasarela y al vecino que alertó el día antes; a la operadora del 112 que recibió el aviso del vecino y dio parte a la policía local.

Después testificarán los dos agentes de la Policía Científica que recabaron pruebas mediante inspección ocular el día del colapso de la estructura, la agente de la policía local, en calidad de investigada, que recibió la información del 112 el 2 de marzo, y finalmente una integrante de la Asamblea de Defensa de la senda y costa norte, que encabezó con éxito la lucha hace más de una década por la paralización del proyecto de la senda norte del litoral.

El colapso mortal se produjo el 3 de marzo, por lo que la fase de instrucción se desarrolla con particular agilidad desde que comenzara la fase inicial de investigación. En estos poco más de veinte días, la jueza ha recabado toda la información documental que ha solicitado tanto del Ayuntamiento de Santander, como de la demarcación de Costas, instituciones que han rechazado y cruzado responsabilidades sobre el mantenimiento y la seguridad de la estructura de madera.

Además, esta misma semana ha publicado un auto en el que busca responsabilidad sobre el mantenimiento de la pasarela en Costas al considerar que el Ministerio de Transición es posible responsable civil, a través de la Demarcación de Costas, “la única responsable de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento”, al tratarse de “obras no finalizadas”, señalando “serios indicios de la existencia de un posible actuar negligente en el mantenimiento de la pasarela”.

Por eso, la jueza ha dirigido por ahora la acción penal contra el jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación de Costas y contra el director de Obras del proyecto de la senda costera de 2014, que actualmente es el jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria.

Mientras continúa el proceso en el que la jueza dirime los hechos investigados, entre otras cosas, la instructora abundará en investigar la responsabilidad en materia de seguridad ciudadana, de la que el Ayuntamiento ha responsabilizado exclusivamente a la policía local que no trasladó el mensaje del vecino para inspeccionar la pasarela, por tratarse, según ha dicho reiteradamente la alcaldesa Gema Igual (PP) “de un fallo en la cadena de respuesta”.

La Audiencia Nacional establece que el Ayuntamiento de Santander debe asumir la conservación del edificio de La Horadada, situado en la playa de La Magdalena, por lo que rechaza el recurso del Consistorio contra la concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre de ese inmueble.

En una sentencia, adelantada por la Cadena SER y a la que ha tenido acceso EFE, la Audiencia Nacional declara ajustada a derecho la concesión al Ayuntamiento de La Horadada que dictó el Ministerio para la Transición Ecológica en 2022 y rechaza el recurso contra la decisión que presentó el Ayuntamiento, al que impone el pago de las costas.

El fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, contra el que cabe recurso, determina que, puesto que el Ayuntamiento impidió al Ministerio la demolición del edificio por su protección cultural, le corresponde al Consistorio su conservación, amparada en una concesión.

Este edificio, situado entre las playas de La Magdalena y Peligros, se construyó en los años cincuenta como balneario, al amparo de una concesión administrativa, que finalizó en 2010.

Al constatar su mal estado de conservación y dado que sus dimensiones excedían de las máximas permitidas en la normativa de costas, la Dirección General de Costas inició los trámites para eliminarlo el dominio público.

La demolición se ordenó por orden ministerial de 22 de julio de 2011 y se redactó un proyecto de demolición del edificio, cuya aprobación fue trasladada por la Demarcación de Costas de Cantabria al Ayuntamiento el 23 de enero de 2012.

En 2021, al iniciarse las obras de demolición, el Ayuntamiento ordenó su paralización, argumentando que el edificio estaba incluido como inmueble protegido por el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico-Artístico del Sardinero, declarado Bien de Interés Cultural.

En enero de 2022 se comunicó al Consistorio que, salvo que el manifestara su voluntad de promover una modificación del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico-Artístico de El Sardinero para cambiar el régimen de protección del inmueble en el sentido de permitir su demolición, o bien la incoación de expediente de ruina a los efectos de solicitar autorización para la demolición, se le otorgaría una concesión para el mantenimiento del inmueble.

El pleno del Ayuntamiento de Santander acordó, en marzo de 2022, encargar un estudio de viabilidad técnico-económico para llevar a cabo una concesión vinculada a usos autorizables por Costas, vinculados principalmente a hostelería, actividades náutico-pesqueras y servicios a los usuarios de las playas.

Se incoó entonces el expediente para el otorgamiento de la concesión, pero el Ayuntamiento lo recurrió ante la Audiencia Nacional, que ha rechazado ese recurso.

Osorio, 'el de Costas'. El apellido es muy conocido en Cantabria. No así su rostro. Apenas hay fotografías públicas de este funcionario del Estado, casi invisible, que dirige desde hace tres décadas la Demarcación de Costas, un organismo que genera una cierta antipatía que se ha hecho extrapolable para algunos colectivos a su propio responsable. En Cantabria siempre hay problemas que resolver en el litoral y la solución suele estar en manos de la “todopoderosa” Costas, cuya gestión arrastra un visible desencanto no solo entre asociaciones conservacionistas y ecologistas, sino entre las propias instituciones autonómicas y municipales con las que ha sostenido desencuentros y polémicas aunque hayan permanecido en un ámbito más interno.

José Antonio Osorio Manso es una de las personas que está señalada ahora por la investigación judicial del mortal accidente de la pasarela de El Bocal en la senda costera de Santander, que se hundió bajó los pies de siete jóvenes y los arrojó al precipicio de una grieta sobre un acantilado del mar Cantábrico. Murieron seis jóvenes y una séptima víctima continúa recuperándose de las heridas. La jueza instructora lo investiga como director de Obras del controvertido proyecto del año 2014 ejecutado a medias en el litoral norte de la capital cántabra, entre el faro de Cabo Mayor y la playa de la Virgen del Mar, junto a Enrique Rodríguez Sánchez, actual jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación de Costas.

Osorio, hermético y discreto, ha guardado silencio y ha esquivado a los medios de comunicación mientras todas las miradas y los micrófonos se han concentrado en la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), que le ha acusado de modificar la infraestructura original del puente y de no llevar a cabo el mantenimiento necesario en la estructura de madera que se vino abajo causando la muerte a seis personas. Él ha rehuído el debate público y nunca ha querido hacer ninguna aclaración. A las pocas horas de conocerse el auto de la jueza mantiene esa discreción y, a preguntas de elDiario.es, rechaza cara a cara y de forma amable hacer ningún comentario al respecto. “Es una persona muy reservada”, confirma un político que conoce de cerca su gestión en Demarcación de Costas.

A diferencia de la alcaldesa, este funcionario al que señala la jueza en su auto como presunto responsable del mantenimiento de la pasarela sigue siendo un personaje anónimo en la ciudad. Cada mañana llega con paso firme y rápido y un periódico en la mano a su despacho en la oficina de la Demarcación de Costas en el centro de Santander, a pocos metros del Ayuntamiento.

Durante estos días en los que su gestión se ha visto sometida a un escrutinio público muy intenso ha mantenido su misma rutina. En estas décadas ha sobrevivido al frente de Costas con ejecutivos del Partido Popular y del PSOE, en un puesto de libre designación para funcionarios de alto nivel desde el que ha visto desfilar a presidentes como José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy o Pedro Sánchez, con sus respectivos ministros y ministras.

“No es un político, es un funcionario, un técnico que se comunica exclusivamente en lenguaje burocratico y administrativo”, señalan otras fuentes. “A Osorio hay que traducirle”, apostilla un asesor ya en segunda línea política. Algunas personas que han desempeñado cargos en la Delegación del Gobierno en Cantabria confirman que, en el pasado, ha habido intentos de relevarlo de su puesto, pero que no se consiguió. “Está muy anclado en Madrid”, sospechan, desde que asumió el cargo en los años 90.

“No se involucra nunca en nada”, dice el exalcalde de un municipio costero, siempre desde un segundo plano. No destaca en las reuniones donde siempre juega un papel discreto y reservado. Desde los colectivos ecologistas consideran que Costas es un organismo “absolutamente opaco” con el que han mantenido muchas controversias a lo largo del tiempo, un colectivo de técnicos a los que achacan “escasa preocupación por el medio ambiente”.

Otra de las 'heridas' de las que le han hecho responsable a lo largo de este tiempo son las escolleras inconclusas de la playa de La Magdalena, que generaron también una fuerte polémica en Santander y que provocaron la constitución de una plataforma para defender los arenales, como ocurrió con las obras de la senda costera del litoral norte, paralizadas en periodo electoral por las quejas vecinales y de triste actualidad por el accidente mortal en El Bocal que las han traído de nuevo a la actualidad más de una década después. Desde varios frentes, a Osorio le achacan “falta de sensibilidad” con la ecología y lo describen como un “desafortunado aficionado al hormigón”.

La huella de Costas en Cantabria: muchos frente abiertos

Desde todas las instituciones y asociaciones consultadas por elDiario.es lamentan el “atasco” de Costas en asuntos como la depuradora de Vuelta Ostrera en Suances, con sentencia de demolición y prácticamente agotada ya su vida útil, sin que todavía se conozca dónde se va a ubicar la nueva. También el subfluvial de Santoña para frenar los vertidos en el río Asón a la altura de Limpias, que ni siquiera se ha licitado, o los edificios abandonados y en estado de ruina en las playas de Santander como el Rema o La Horadada, precintada hace unos días por el Ayuntamiento.

La playa de Langre lleva seis años sin escaleras de acceso, después de que se las llevase un temporal, y estos días se ha precintado la entrada a otros arenales en Costa Quebrada como Somocuevas y La Arnía. También recientemente se ha denunciado la “pasividad” de Costas en Oyambre, un parque natural que, según los ecologistas, presenta un “notable deterioro” y donde se ha llegado a instalar una escalera privada que une el arenal con una urbanización. 

Todo pasa por Costas y todo en Costas pasa por Osorio, a quien achacan “dejadez” y “falta de agilidad” a la hora de cuidar el litoral. Incluso hay una cueva de arte rupestre en una playa de Cantabria que sigue abierta, a la espera de que la Demarcación se decida a protegerla.

Osorio, el hombre sin rostro ni biografía vital ni profesional a la vista, inescrutable y reservado, del que no ha trascendido ni siquiera en qué universidad estudió ingeniería de Caminos y cuyo rastro se pierde en cuanto alguien intenta profundizar en su trayectoria. Todas las fuentes consultadas, más de una docena de altos cargos políticos y funcionarios de alto nivel con los que ha coincido en algún momento concreto, piden no ser citadas y reconocen que no pueden hacer más que un bosquejo del personaje.

El trágico accidente de El Bocal y la jueza que lo investiga le colocan ahora en un escaparate en el que siempre ha evitado exponerse. Pasar desapercibido será más complicado a medida que avance la instrucción judicial. Por lo pronto, a las pocas horas de conocerse el auto que hace responsable del mantenimiento de la pasarela siniestrada a la Demarcación de Costas de Cantabria y lo señala como jefe de obra, Osorio permanecía en su despacho, frente al ordenador. Nada en él traducía la más mínima alteración: “No voy a decir nada, ya sabéis como soy”, explicó con educación y una leve sonrisa a este periódico.

El portavoz del PRC en el Ayuntamiento de Santander, Felipe Piña, ha anunciado este martes que va a pedir en el próximo pleno municipal, que se celebrará este jueves, la elaboración de un “diagnóstico real” de la situación de la Policía Local de Santander que determine sus necesidades a nivel personal, material y funcional. Por ello, ha solicitado un análisis “honesto” de la situación de la Policía Local.

En un comunicado, el portavoz regionalista ha anunciado esta moción, que defenderá en el pleno ordinario de este jueves, pero no ha comentado el auto de la jueza que instruye el caso del mortal colapso de la pasarela de El Bocal, en la costa norte de Santander, en el que la jueza ha responsabilizado del mantenimiento de la estructura de madera a la Demarcación de Costas, dependiente del MInisterio de Transición Energética, y que ha anunciado que investigará a dos funcionarios de Costas

Piña ha mantenido el anuncio del contenido de su moción, sin reaccionar al auto, por el que la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha convocado una comparecencia de urgencia, en la que se ha limitado a responsabilizar a la policía local que no trasladó el aviso de un vecino que alertó un día antes del estado de la pasarela. El regionalista ha señalado que los “recientes y trágicos” sucesos ocurridos en la ciudad “han puesto al descubierto las graves deficiencias” de esta institución, que, en su opinión, “afectan a la seguridad ciudadana y a su función estratégica en este tipo de situaciones”.

Gema Igual, “jefa máxima

Según Piña, la tragedia de El Bocal demuestra un “estado sistémico de abandono” y ha marcado un “punto de inflexión” que hace necesario ahondar en la modernización de este cuerpo por parte de la alcaldesa, Gema Igual, como “jefa máxima y responsable política” de la Policía.

De esta manera, ha denunciado el “abandono institucional” por parte del Ayuntamiento y lo que considera una gestión basada en “parches y falta de planificación”, con los principales puestos de mando “sin cubrir y una ausencia generalizada de oficiales”.

A esta “escasez de personal”, ha sumado “el mal funcionamiento de las emisoras, la falta de dispositivos digitales que agilicen la burocracia y la inexistencia de protocolos actualizados”. También ha registrado una batería de preguntas para conocer si el Ayuntamiento cuenta con un reglamento de Organización y Funcionamiento de la Policía Local adaptado a la normativa regional.

Las manifestaciones suelen ser ruidosas, espoleadas por las voces que desde el megáfono invitan a corear consignas. La que ha recorrido Santander un soleado domingo azul ha sido un impresionante duelo de silencio y tristeza. Nadie ha dicho ni una palabra. A las doce y diez de la mañana empezaba a caminar la pancarta 'Por la verdad y la dignidad de las víctimas de El Bocal' sostenida por las manos de representantes de asociaciones vecinales, sociales y ecologistas. Detrás, les seguían cerca de un millar de rostros sin alegría y algunas lágrimas en una sobrecogedora marcha de dolor y respeto.

El recorrido silencioso estaba convocado en recuerdo de las víctimas del desplome de la pasarela de El Bocal donde el pasado 3 de marzo murieron seis jóvenes entre 19 y 22 años al romperse esa estructura, mientras que otra chica, de 19 años, resultó herida y fue ingresada en el hospital. “Una herida penetrante que ha atravesado la ciudad y que quedará para siempre en la memoria de todos los cántabros”, pronunció Carmen Martín, encargada de leer el manifesto.

“A esto se lo va llevar el aire todo”, lamentaba José María Fernández, de la asociación ecologista ARCA, antes de comenzar la marcha. Cree que se están echando “balones fuera” y teme que nadie asuma responsabilidades por lo sucedido. Un pesimismo compartido por otros asistentes como Mari y Manu: “Por desgracia, esto se olvida en dos días”, dice ella. “Lo tapan todo”, añade él. En otros hay indignación, adjetivos gruesos y desesperanza. “Tenía que estar aquí toda la ciudad”, dice un hombre en voz alta al final de la marcha.

Amigos y familiares de algunas de las víctimas junto a ciudadanos anónimos. Uno de ellos portaba una pancarta de cartón 'Nos da igual Ayuntamiento-Costas: 6 muertos, dimisiones ya'.

De manera simbólica, la manifestación ha empezado en la Delegación del Gobierno y ha acabado en el Ayuntamiento de Santander. Las dos administraciones que rivalizan por sacudirse las responsabilidades de la tragedia. Ni el delegado ni la alcaldesa han acudido a la misma. Tampoco lo ha hecho nadie del Partido Popular de Cantabria ni de Vox. Por parte del PSOE solo han acudido el portavoz municipal, Daniel Fernández, y algunos concejales de su grupo. Felipe Piña y Vicente Nieto, del PRC. Keruin Martinez e Israel Ruiz Salmón de Izquierda Unida y varios representantes de Cantabristas.

“Nos reunimos todavía sobrecogidos entre la conmoción y la incredulidad para acompañar a las familias en su duelo”, decía al micrófono Carmen Martinez Valls al llegar al Ayuntamiento. También, para afirmar “con serenidad y firmeza que una tragedia así, una tragedia evitable, nunca debió haber ocurrido”.

A continuación pronunció los nombres de las víctimas: Lucía San Martín, de Camargo, 22 años. Xabi Bayón, de Balmaseda, 21 años. Celia Lage, de Barakaldo, 19 años. Eunate Hervás, de Barakaldo, 19 años. Lluna Vallejo, de Almería, 20 años. Y Elena Sirbu, de Guadalajara, 20 años. “Sin olvidarnos de Ainara, a la que deseamos una pronta recuperación”. La plaza estalló en aplausos. “Pronunciar sus nombres es visibilizar los sueños y los futuros que han sido truncados”, decía la voz quebrada de emoción de la encargada de leer el manifiesto que cerró la marcha.

“No estáis solos, nuestra solidaridad busca expresarse en esta concentración ciudadana”, continuaba al micrófono. Ante cientos de ciudadanos que seguían en silencio, Carmen dijo que no es momento para el ruido ni la confrontación, sino de recogimiento, de memoria y de respeto.

Pero desde esa misma serenidad, los convocantes de la marcha consideran que lo sucedido no puede aceptarse “como una simple fatalidad, no ha sido un accidente”. Pasear por la ciudad y por sus espacios naturales no puede convertirse en un riesgo para la vida y por ello exigen “conocer por qué y en qué circunstancias, responsabilidad institucional y, que nada ni nadie obstaculice las investigaciones ni intente frenar las diligencias necesarias”.

En este sentido han pedido a las administraciones públicas “gobierne quien gobierne y sea cual sea la institución competente” que actúen “con rapidez, rigor y sentido de la responsabilidad”. Las asociaciones y entidades que han impulsado la marcha se han puesto a disposición de las familias.

El texto de los convocantes considera necesario cambiar la forma de cuidar y mantener los espacios naturales y las infraestructuras públicas cuando de ello depende la seguridad de la ciudadanía, pero también debe cambiar la manera en que las instituciones se relacionan con los vecinos “escuchando sus reivindicaciones y advertencias”.

“Nunca un espacio público puede quedar desatendido ni en tierra de nadie”, proclamaron. Es una senda muy utilizada y “todas las administraciones sabían que estaba en uso”. Los organizadores consideran que es el momento de reconocer los errores y asumir responsabilidades: “Es el momento de dar ejemplo para que una tragegia como esta no vuelva a repetirse por desidia o negligencia”.

“Ojalá que estas palabras no fueran necesarias, ojalá sus nombres siguieran pronunciándose en la alegría cotidiana de la vida, concluyó el manifiesto. ”Llámala sinvergüenza“, clamó una voz rota en alusión a la alcaldesa de Santander. Gema Igual (PP). ”Nunca más“, corearon todos los asistente al término de la lectura. Después volvió el silencio. Un minuto de reflexión y respeto que se rompió con fuertes aplausos.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Huelva ha acordado la suspensión cautelar provisionalísima de las obras del Proyecto de Urbanización del Sector SUS C-2, promovido en El Rompido, término municipal de Cartaya (Huelva), y vinculado al desarrollo de a macrourbanización de lujo Sagitta impulsado por la promotora Loiola. El megacomplejo prevé un mínimo de 800 viviendas, tres hoteles, un campo de golf, un centro comercial y más de 4.000 plazas de aparcamiento, en una zona que los denunciantes (Ecologistas en Acción) consideran turísticamente saturada y que alberga una importante riqueza botánica.

La resolución judicial, dictada el 17 de marzo de 2026 y a la que ha tenido acceso este periódico, estima la solicitud presentada por la federación en Huelva y ordena la paralización de cualquier actuación de “tala, desbroce, arranque de vegetación, movimiento de tierras o alteración del terreno” en el ámbito afectado por el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cartaya de 8 de mayo de 2025, por el que se aprobó definitivamente el proyecto de urbanización.

La medida ha sido adoptada con carácter urgente y sin oír previamente a las partes demandadas, al apreciar el juzgado la concurrencia de circunstancias de “especial urgencia”. En particular, la jueza considera que la continuidad de los trabajos podría hacer perder la “finalidad legítima” del recurso contencioso-administrativo interpuesto, dado que los daños ambientales denunciados “podrían resultar irreversibles”.

Obras desde febrero

Según recoge el auto, de no suspenderse la ejecución del proyecto “el recurso perdería su finalidad” dado que, “una vez dictada la sentencia, aun resultando estimatoria, la zona habrá desaparecido y perdido su valor botánico y ecológico, siendo difícil revertir la situación a su estado anterior”.

Ecologistas en Acción señala que el informe pericial aportado al juzgado por el grupo conservacionista “acredita que desde el 24 de febrero se habrían ejecutado actuaciones sobre una superficie aproximada de 50.000 metros cuadrados, incluyendo la tala de más de un centenar de pinos adultos (Pinus pinea), la eliminación de matorral mediterráneo y la alteración física del suelo mediante maquinaria pesada”. La resolución judicial subraya que estos daños “no son fácilmente reversibles y que su continuación resultaría de muy difícil o imposible reparación”.

El juzgado destaca, además, la relevancia constitucional de la protección ambiental, recordando que el artículo 45 de la Constitución impone a los poderes públicos el “deber de velar” por la conservación del Medio Ambiente, y que en la ponderación de intereses realizada “el único riesgo de perjuicio irreparable apreciado es el relativo a los valores ambientales”.

Resolución judicial inminente

La resolución concede ahora un plazo de tres días al Ayuntamiento de Cartaya y a la Junta de Compensación del Sector para formular alegaciones, tras lo cual el juzgado decidirá si mantiene, modifica o levanta la suspensión acordada.

Ecologistas en Acción de Huelva ha valorado “positivamente” la decisión judicial, que considera “un paso importante en la defensa de los valores naturales del ámbito afectado”. La organización destaca que su actuación se ejerce “al amparo de la acción pública en materia ambiental” y “reafirma” su “compromiso” de “velar por el cumplimiento de la legalidad urbanística y ambiental en el desarrollo previsto para Nuevo Rompido Este”.

La medida cautelar adoptada no prejuzga el fondo del asunto, que deberá resolverse en sentencia, pero implica la paralización inmediata de las actuaciones materiales hasta nueva decisión judicial.

Todas las familias de los jóvenes fallecidos al colapsar la pasarela de la senda costera de Santander, además de la chica que sobrevivió, están personados en la causa judicial abierta tras este suceso.

También están personados el Ayuntamiento de Santander y la agente de la Policía Local que la jueza ha citado a declarar como investigada.

Fue el pasado 3 de marzo cuando la pasarela de la senda costera en El Bocal se rompió, lo que provocó la muerte de seis jóvenes entre 19 y 22 años. Una séptima sobrevivió y fue ingresada en el Hospital Valdecilla de la capital cántabra.

Un día antes del suceso un vecino alertó al 112 del mal estado de la pasarela, y ese servicio de emergencias pasó el aviso a la Policía Local.

Tres días después del suceso, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, compareció en una rueda de prensa en la que dijo que la agente de la Policía Local que recogió ese aviso del 112 no hizo nada: ni lo trasladó a ningún equipo del Cuerpo ni abrió una incidencia. Se trata de la persona investigada.

La titular de la plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander abrió diligencias tras los hechos y, según informan a EFE fuentes judiciales, tanto la Demarcación de Costas como el Ayuntamiento de Santander han aportado ya los expedientes sobre la obra solicitados.

La jueza había requerido a la Demarcación de Costas y al Ayuntamiento de Santander que aportasen toda la documentación relativa a la senda costera: expedientes administrativos y demás informes técnicos relativos al proyecto de ejecución y construcción, y también todos aquellos respecto al estado de conservación y mantenimiento.

La magistrada ha citado a declarar como investigada a la agente de la Policía Local de Santander que un día antes del accidente recibió la llamada del 112 alertando del estado de la pasarela y no tomó ninguna medida.

También ha citado como testigos a dos ciclistas que alertaron de lo sucedido, al vecino que realizó la llamada al 112 el día antes, a la operadora de ese servicio de emergencias que trasladó la incidencia a la Policía Local y a los dos agentes de Policía Nacional que realizaron la inspección ocular tras el accidente.

La magistrada había solicitado además al Servicio de Emergencias 112 Cantabria que aclare si desde la creación de la senda costera de Santander ha recibido más llamadas alertando sobre el estado de la pasarela y, en tal caso, reclamaba que se le entreguen los audios.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha solicitado formalmente al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán (PSOE), un informe técnico “detallado” sobre el estado actual de la senda costera e información completa sobre el proyecto diseñado y finalmente ejecutado.

Igual ha trasladado esta solicitud en una carta al secretario de Estado, tras el suceso en el que fallecieron seis jóvenes y otra resultó herida al colapsar una pasarela de la senda costera, situada al este de la playa de El Bocal, el pasado 3 de marzo.

El Ayuntamiento señala, en un comunicado, que, a día de hoy, “se encuentra clausurada la pasarela siniestrada, que fue precintada por orden judicial, y otras dos pasarelas de la senda, a petición de la propia Demarcación de Costas, remitida a la Policía Local de Santander”.

Según explica, la alcaldesa ha pedido que la Demarcación de Costas realice un informe técnico “dado que el Ayuntamiento no tiene conocimiento del estado de estas infraestructuras y las del resto de las de la senda”, ya que su mantenimiento, insiste, “corresponde a Costas”.

Igual solicita que se detallen las actuaciones de mantenimiento que se han llevado a cabo y el actual estado de conservación de estas infraestructuras en el informe y que después se haga público.

Pide asimismo que el informe determine si las infraestructuras que en estos momentos no forman parte de la investigación judicial “pueden reabrirse, deben permanecer en uso, requieren reparaciones o, en su caso, si es aconsejable su retirada”.

Y reclama información sobre si la pasarela construida se ajusta al proyecto original de julio de 2003, “el único conocido por la administración local y sobre el que se adquirió el compromiso futuro de mantenimiento de la senda, una vez concluidas las obras y recepcionadas por parte del Ayuntamiento” o “si se produjeron modificaciones”.

De haberse producido cambios, quiere que se detalle quién los autorizó, si existe un proyecto modificado y qué garantías estructurales y de seguridad se aplicaron a la nueva solución constructiva.

La carta de la alcaldesa incide en la necesidad de aclarar “por qué esas posibles modificaciones no fueron comunicadas al Ayuntamiento ni figuran en la documentación disponible”. También quiere saber si el acero utilizado en la pasarela que colapsó era inoxidable, como contemplaba el proyecto inicial.

La oposición municipal al completo en el Ayuntamiento de Santander (PSOE, PRC, Izquierda Unida y Vox) han registrado este martes su solicitud para que el Consistorio proceda a la celebración de un pleno extraordinario en el que el equipo de gobierno que preside la alcaldesa, Gema Igual (PP), asuma responsabilidades políticas sobre el colapso de la pasarela de El Bocal, que supuso la muerte de seis jóvenes y la hospitalización de una séptima víctima.

En un documento firmado por todos los portavoces municipales de la oposición, dirigido a la Secretaría del Pleno y tras la petición de aclaración sobre el orden del día que debía debatirse en este pleno extraordinario, todos los partidos con excepción del PP defienden la necesidad de celebrar un debate en el que participen todos los concejales implicados de una u otra forma en la gestión de la senda costera y en la seguridad ciudadana.

Así, en este orden del día pactado por los partidos de la oposición se reclama al Ayuntamiento de Santander la creación de una Comisión Especial sobre la tragedia de El Bocal, con una primera reunión en el plazo máximo de un mes y que cuente con la presencia de los responsables políticos y técnicos que se requieran de las concejalías de Turismo y Dinamización Social, Protección Ciudadana, Medio Ambiente y Servicios Técnicos y Barrios, Participación Ciudadana y Servicios Generales.

También se ha incluido una petición para que la alcaldesa de Santander asuma responsabilidades políticas sobre la promoción turística de la senda costera del litoral norte de la ciudad por parte del Ayuntamiento “sin garantizar las medidas de seguridad para su utilización y uso ciudadano”, así como por “el fallo” en la gestión de la llamada previa de alerta sobre el estado de la pasarela que colapsó, “una vez constatadas graves deficiencias en el registro, gestión y seguimiento de la incidencia” por parte de la Policía Local.

Marcha ciudadana

Esta iniciativa política, que el equipo de gobierno del PP ha tratado de retrasar a pesar de contar con mayoría absoluta en el Pleno, se une a la próxima convocatoria de una marcha ciudadana convocada para este próximo domingo 22 de marzo a las 12.00 horas por asociaciones vecinales, sociales y ecologistas bajo el lema 'Por la verdad y la dignidad de las víctimas de El Bocal' y con el objetivo de recordar a Lucía, Xabi, Celia, Eunate, Lluna y Elena, los seis jóvenes fallecidos el pasado 3 de marzo cuando recorrían la senda costera.

La movilización silenciosa discurrirá entre la Delegación del Gobierno en Cantabria y el Ayuntamiento de Santander, donde se procederá a la lectura de un manifiesto que, según han transmitido los convocantes, pretente “honrar la memoria de las víctimas, acompañar a sus familias y reclamar verdad, transparencia y responsabilidades para que una tragedia así no vuelva a repetirse”.

La trágica muerte de seis jóvenes -una séptima víctima continúa ingresada en el Hospital de Valdecilla- al desplomarse sobre los acantilados del litoral norte de Santander la pasarela junto a la playa de El Bocal ha llegado al Pleno del Parlamento de Cantabria, donde también ocupa un escaño como diputada la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP). Una pregunta del Grupo Parlamentario Vox ha servido para que el Gobierno del Partido Popular explique por primera vez la gestión de la llamada que hizo un vecino al servicio de emergencias 112 Cantabria unas horas antes del accidente alertando del peligro de colapso de esta estructura de madera.

“A lo largo de los días, y a pesar de estar todo bajo instrucción judicial, ya está más que de sobra contestada”, ha comenzado su intervención la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia (PP). La respuesta ha servido para conocer, por primera vez desde que sucedió la tragedia, una explicación oficial sobre la gestión del aviso.

La responsable de las competencias en emergencias en la comunidad autónoma ha explicado que el 112 clasifica las llamadas en doce tipologías y que se calificó como “de deficiencia o desperfecto en vía de municipio”. Así, se hace una “transferencia” de la información de esa llamada a los centros de control y de mando a los organismos implicados y establecidos por cada ayuntamiento, ha apuntado. “Si hay Policía Local se traslada a ese centro de mando”, ha concretado, “al tratarse de un municipio de más de 20.000 habitantes”.

Según ha confirmado la consejera, la llamada se produjo a las 12:11 horas del martes 3 e marzo y dos minutos más tarde, a las 12:13 horas, se trasladó a la Polícia Local de Santander “alertando de que un puente de madera de la senda que va desde El Bocal hacia Cueto está roto y, si no se señaliza, el que pase por encima puede caer a los rocas”. Ese fue el mensaje que transmitió el vecino, Fernando Cabellos, tal y como confirmó él mismo a este periódico el día siguiente de la tragedia y con todo el dispositivo de emergencias en marcha para localizar el cuerpo de la última víctima.

“Se actuó de forma impecable en esta llamada”, ha considerado Urrutia, que ha hecho hincapié en que, de hecho, “el señor volvió a llamar a las 12:16 horas porque había tenido una llamada perdida en su teléfono fijo y quería comprobar si éramos nosotros, y ya se le informa de que su aviso ha sido trasladado a la Polícia Local”. Un aviso que, sin embargo, la agente de la Policía Local de Santander que recibió la llamada dejó sin atender, según ha reconocido la propia alcaldesa de la ciudad.

La consejera ha respondido a la pregunta notablemente incómoda después que la portavoz de Grupo Parlamentario Vox considerase que si al Gobierno de Cantabria esta gestión le parece“ejemplar” -como dijo la presidenta, María José Sáenz de Buruaga (PP)- es necesario cambiar los protocolos. “Los cántabros que viven en Santander pagan tres servicios de Protección Civil: el municipal, con la alcaldesa a la cabeza; el estatal, que se gestiona desde la Delegación del Gobierno, y el del Gobierno de Cantabria. ”De los tres servicios que pagamos solo se llamó a uno“, ha denunciado Leticia Díaz.

Sin embargo, Urrutia ha acusado a la portavoz de Vox de “utilizar este tema para la carroña política que tanto les encanta” y ha añadido que el centro de emergencias 112 de Cantabria tiene una plataforma tecnológica de gestión, que está todo informatizado y que todo queda grabado. “Una plataforma tecnológica que se pone a disposición de todos los gestores, todos están en línea y todos ven lo que todo el mundo hace”, ha precisado al respecto.

La consejera ha añadido durante su intervención parlamentaria que “cuando hay otro operador que coge otra llamada y es de lo mismo lo vuelve a meter ahí, así se consigue además que en este control de llamadas y traslado de las incidencias todos los gestores actúen de la misma manera ante cualquier incidencia”. “Con agilidad, homogeneidad y eficacia”, ha remachado desde la tribuna. También ha destacado que el sistema cuenta con una categorización de los distintos tipos de llamadas, hasta 800, “y nunca se llama a otros organismos a no ser que se trate de una verdadera emergencia”. “Entonces, sí, entonces se activa la emergencia”. El 112 cuenta en Cantabria con una veintena de gestores y seis jefes de sala, que en el año 2025 han gestionado 283.000 llamadas.

Asociaciones vecinales, sociales y ecologistas han convocado una marcha “silenciosa” el próximo domingo 22 de marzo en Santander, bajo el lema 'Por la verdad y la dignidad de las víctimas de El Bocal' y con el objetivo de recordar a Lucía, Xabi, Celia, Eunate, Lluna y Elena, los seis jóvenes fallecidos el fatídico 3 de marzo.

La movilización, prevista para el domingo 22 a las 12 horas, discurrirá entre la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Santander, donde se procederá a la lectura de un manifiesto.

El objetivo principal de la iniciativa, según han transmitido los convocantes es “honrar la memoria de las víctimas, acompañar a sus familias y reclamar verdad, transparencia y responsabilidades para que una tragedia así no vuelva a repetirse”.

A la idea inicial de la marcha, surgida de organizaciones muy cercanas al territorio de la senda costera, como Ecologistas en Acción y la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA), se sumaron enseguida las asociaciones de vecinos de Pombo-Cañadío-El Ensanche y Cueto, así como la Plataforma 8M y la formación política Cantabristas. Posteriormente han manifestado su apoyo las agrupaciones municipales Izquierda Unida Santander y el PRC Santander, así como el Patronato del Geoparque Costa Quebrada, tal como ha señalado el portavoz de ARCA, Carlos García.

Una convocatoria de carácter “exclusivamente humano”

García ha explicado a elDiario.es el carácter “exclusivamente humano” de la convocatoria, motivada por “la conmoción general” que ha provocado una tragedia en la que “cualquiera de nosotros, que paseamos habitualmente por el entorno, podríamos habernos visto afectados”.

El portavoz ha añadido que “la manera en que tenemos de disfrutar la costa norte de la ciudad, que es lo más natural y rural de nuestro territorio, nos ha llevado a sentirnos orgullosos y a querer que venga gente de fuera a disfrutarlo”, por lo que, el hecho de que las vícitimas hayan sido estos seis jóvenes, la mayoría de fuera, “duele especialmente”, en su opinión.

Es por ello que desde ARCA y el resto de organizadores consideran que “la conmoción general merece un parón y un arropamiento emocional. Se trata de un suceso cercano a todos, antes de pasar al capítulo siguiente requiere solidarizarnos con las familias de las víctimas, todos nos sentimos en la necesidad de encontrarnos y, lo más importante, hacerlo de un modo sereno, profundo y sosegado”.

“Cuando se pone en valor un espacio de la máxima naturalidad debe ir acompañado de la máxima seguridad, y no del máximo riesgo, como ha sucedido. Y eso sí que hay que depurarlo”, ha remarcado García.

En esta línea, el portavoz de Arca ha subrayado que el silencio va a tener un significado simbólico muy importante en la marcha, “ahondar en que la asunción de reponsabilidades se haga de la forma debida, porque es muy grave lo que ha pasado y no puede volver a suceder”.