Las lanchas operadas por TRICIO, Las Reginas y ALSA entre Santander y la playa de El Puntal, Pedreña y Somo (Ribamontán al Mar) no permitirán embarcar este sábado 18 de julio y el próximo sábado 25 con bebidas alcohólicas. El objetivo es evitar que se repita el 'macrobotellón' que se produjo en la playa de El Puntal, el 17 de julio de 2025, durante la Semana Grande de Santander, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y la protección del arenal.

La playa de El Puntal forma parte de la Zona de Especial Conservación (ZEC) Dunas del Puntal y el Estuario del Miera y está dentro de la Red Natura 2000.

Ante la posibilidad de que se promueva por redes sociales una quedada “masiva”, Delegación del Gobierno ha acordado dicha medida con las empresas operadoras de las lanchas. Asimismo, contarán con auxilio de la Policía Nacional, que va a reforzar su presencia en el muelle de Santander para evitar que esta restricción genere problemas de seguridad ciudadana, y el Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Cantabria estará presente con sus embarcaciones tanto en el muelle de Santander como en la zona habitual de fondeo de El Puntal.

También, la Guardia Civil realizará controles de seguridad marítima y alcoholemia, aforos, titulación o seguros, entre otros, y el Sector de Tráfico reforzará los controles de alcoholemia en la zona de Somo.

En un comunicado, el delegado del Gobierno, Pedro Casares, ha afirmado que los hechos del 2025 fueron “intolerables, produciendo un impacto irreversible” sobre la playa, cuyas imágenes generaron a su vez una imagen “muy nociva” de Cantabria.

El mar está recuperando su sitio. Canarias tiene unas 1.500 hectáreas de superficie que corren el peligro de afrontar una inundación marina, poniendo en riesgo a miles de habitantes, infraestructuras y servicios críticos esenciales para las islas, según el informe SOS Costas Canarias, realizado por Fundación Canarina y el Observatorio de Sostenibilidad.

La dependencia de infraestructuras situadas en la costa casi a nivel del mar coloca a las islas en una posición de extrema vulnerabilidad. Salvo en La Gomera, todo el suministro eléctrico canario y decenas de depuradoras y desaladoras quedarían a merced de un fuerte temporal marino.

Una lámina de inundación marina con un periodo de retorno de 100 años sitúa en peligro directo a 79.095 habitantes en Canarias. Las láminas de 100 años son mapas oficiales que dibujan las zonas exactas que quedarían bajo el agua ante un temporal o inundación tan fuerte que, por estadística, solo ocurre una vez cada siglo, es decir, tienen un 1% de probabilidad de suceder cada año. Su objetivo es advertir de qué calles, viviendas e infraestructuras están en peligro para poder tomar medidas de prevención.

“Canarias y sobre todo la isla de Gran Canaria debe de dar un paso atrás en la ocupación de la primer línea del litoral, casi 80.000 personas están con este riesgo de inundación por temporales marinos, y en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria 32.000 habitantes”, señala Fernando Prieto, director del Observatorio de Sostenibilidad.

Suministro de energía y agua en peligro

De las 11 centrales eléctricas que tiene Canarias, todas excepto la central de El Palmar, en San Sebastián de La Gomera, están situadas en zonas de riesgo por inundación marina. En 6 de ellas, el riesgo de peligro es extremo. Son la central térmica de Jinámar en Gran Canaria, la de Las Salinas en Fuerteventura, la de Punta Grande en Lanzarote, y las centrales de Las Caletillas en Tenerife, los Guinchos en La Palma y Llanos Blancos de El Hierro.

Las desaladoras, potabilizadoras y estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR y EBAR) se construyen muchas veces pegadas al mar por razones técnicas. En caso de ser inundadas por un fuerte temporal marino, no sólo se cortaría el suministro de agua a la población, sino que generaría episodios muy graves de vertidos contaminantes directos al mar.

El informe destaca que los casos más críticos son la desaladora de Montaña Roja, en Lanzarote, que podría comprometer el suministro de toda la zona turística de Playa Blanca, en el sudoeste de la isla; el de la planta potabilizadora de Fuerteventura, ubicada en Puerto del Rosario, justo al lado de la Central Térmica de Las Salinas, cuya afectación comprometería directamente el suministro de agua a la capital isleña, y en Gran Canaria, donde “los servicios del agua están bastante amenazados”, corren grave peligro las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) de El Pagador, en el municipio de Moya, y la de Arguineguín.

El problema más destacado en la isla de Tenerife son las 30 instalaciones de gestión de las aguas que están en zonas de riesgo de inundación, como pozos y estaciones de bombeo, depuración, y las instalaciones privadas de tratamiento de resorts turísticos.

Si un temporal inunda o destruye estas infraestructuras, también se paraliza la capacidad de socorrer a la población civil justo en el momento meteorológico más crítico, ya que son numerosos los Centros de Seguridad y Emergencias que están a pie de playa como algunos centros de la Guardia Civil, de Protección Civil o los puestos de socorro de la Cruz Roja.

Zonas turísticas en peligro

El informe hace un énfasis especial en el peligro que corren las instalaciones turísticas. Un punto singularmente alarmante es el camping de Punta del Hidalgo, en San Cristóbal de La Laguna, Tenerife, donde la lámina de inundación marina cubre el área completa de acampada, lo que obligaría a evacuaciones urgentes para evitar que el mar arrastre a los campistas.

El informe de SOS Costas Canarias también destaca recintos “hiperurbanizados” a pie de mar, como el Palacio de Congresos y el Auditorio Alfredo Kraus en Las Palmas, o los polémicos hoteles de la cadena RIU dentro del Parque Natural de Corralejo.

El patrimonio cultural e histórico de Canarias también está en riesgo de ser destruido por un fuerte temporal marino. Existen más de 80 bienes patrimoniales amenazados directamente por el oleaje extremo, sobre todo en Gran Canaria, como yacimientos arqueológicos, búnkeres antiguos y salinas históricas, como las Salinas de Tenefé o las de Órzola. El problema de estas estructuras es que su posición es fija y no pueden reubicarse, por lo que el daño físico suele ser inevitable. No como las centrales de suministro de energía y agua.

Algunas vías de transporte críticas también están en riesgo. Aunque los aeropuertos y grandes puertos podrían sufrir riesgos menores o perimetrales, como la pista del aeropuerto de Gran Canaria o los aerogeneradores del aeropuerto de La Palma, algunas carreteras importantes están muy expuestas. Un ejemplo claro es la autovía GC-2 a su paso por Arucas, que podría quedar inutilizada por la invasión del mar en más de 2 kilómetros de su trazado.

Son datos del informe de SOS Costas Canarias elaborado por la Fundación Canarina y el Observatorio de Sostenibilidad, que ha sido publicado recientemente de modo íntegro en su web y aporta mapas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) sobre las zonas en riesgo de inundación marina, entre otros.

Viviendas en peligro

Las Palmas de Gran Canaria y el sur de Tenerife son los epicentros del peligro para las viviendas. El afán histórico por edificar viviendas a pie de playa ha dejado un litoral altamente expuesto. El caso más alarmante de todo el archipiélago es el del municipio de Las Palmas de Gran Canaria, que tiene a 30.554 ciudadanos bajo amenaza de inundación marina, lo que supone casi dos quintas partes de la población con este problema en Canarias. El mayor impacto se produce en el entorno de Playa de Las Canteras, en la costa occidental del casco urbano.

Otros puntos bastante afectados por la incidencia de los temporales marinos son el casco urbano de Arinaga, en Agüimes, con un tejido residencial muy denso junto a la línea de la costa; el área urbana de la Playa de Las Salinetas, en Telde, y en Arucas, las áreas residenciales costeras del Puertillo, Quintanilla y San Andrés.

En Tenerife, el principal lugar de riesgo extremo se localiza en los núcleos turísticos del sur. El municipio de Arona tiene 16.502 habitantes conviviendo con el riesgo de inundación marina, concentrados en enclaves hiperurbanizados como Playa de las Américas, Los Cristianos y Las Galletas. En la vertiente norte tinerfeña, la costa de Puerto de la Cruz contabiliza 2.759 vecinos residiendo directamente sobre la lámina de peligro.

En otras islas, la urbanización turística también desafía al mar. En Fuerteventura, el riesgo se sitúa en el casco urbano de Corralejo y amenaza de forma contundente a los polémicos hoteles de la cadena RIU, asentados directamente en el Parque Natural de Corralejo, que resultarían completamente afectados por el riesgo de inundación. También el casco urbano de El Cotillo, con casi 1.200 habitantes en zona de riesgo, incluyendo toda la zona de urbanizaciones que se está construyendo, por lo que serán muchos más.

En La Gomera, el riesgo sobre la población se concentra en su mayor parte en el extremo occidental de la isla, en los núcleos urbanos de Valle Gran Rey y Playa de la Calera.

El riesgo en La Palma y El Hierro es bastante moderado, concentrándose en dos localidades, en Puerto de Naos, en Los Llanos de Aridane de La Palma, y Tamaduste en El Hierro.

“Son urgentes protocolos de aviso a la población y señalización una a una de todas edificaciones con riesgo para informar a la población del elevado riesgo que están asumiendo en esas zonas urbanizadas. Por otra parte, es sabido que en un escenario de cambio climático los fenómenos meteorológicos extremos como temporales marinos, inundaciones, aumento del nivel del mar, serán cada vez más frecuentes y de mayor magnitud y de mayor extensión”, apunta Fernando Prieto, director del Observatorio de Sostenibilidad.

Las conclusiones del informe de Sos Costas Canarias son contundentes. Las cifras constatan la tremenda presión urbanística sobre el litoral. La artificialización de las costas canarias ha sobrepasado los límites prudenciales, se pierde un kilómetro de costa cada 3 meses, y de los 79 municipios canarios que tienen costa, 54 están en riesgo de sufrir inundaciones.

En un archipiélago vulnerable a las alteraciones oceánicas, la protección activa de estas infraestructuras y la exclusión de nuevas urbanizaciones en zonas inundables no son una opción, sino la única alternativa antes de que el mar recupere de forma drástica el espacio que se le ha arrebatado.

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha dicho este lunes que el Ejecutivo tiene “poca información” sobre la investigación judicial en torno a la urbanización turística de lujo Cuna del Alma, que se desarrolla en el municipio de Adeje, en el sur de Tenerife, y ha reducido la participación del director general de Costas -que ha sido citado a declarar como investigado- a la “firma de un informe favorable”.

“Es la información que tenemos en este momento, por supuesto, máxima transparencia y colaboración con los organismos judiciales”, ha comentado a los periodistas tras la reunión del Consejo de Gobierno y haber conversado con el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez.

Antonio Acosta, nombrado por Coalición Canaria, ha sido citado para el próximo 14 de septiembre a las 10.00 horas. Se suma así al jefe del Servicio de Ordenación del Litoral Oriental del Ejecutivo regional, Valeriano Díaz, también citado a declarar como investigado, y al representante legal y administradores de la promotora del proyecto, Segunda Casa Adeje SL. Todos ellos declararán el 13 de agosto.

La magistrada también ha citado, pero en calidad de testigos, al jefe del Servicio de Ordenación del Litoral Occidental del Gobierno canario, José David Marín, y al técnico autonómico Francisco Javier Carrancho, de la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario. Ambos comparecerán el 16 de julio.

La causa investiga presuntos delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente por la autorización concedida a Cuna del Alma para ocupar la zona de servidumbre de protección de la costa, la franja de cien metros tierra adentro desde la orilla del mar. En ese espacio se estaban construyendo un restaurante, una piscina al aire libre y un aparcamiento para buggies, entre otras instalaciones.

La Dirección General de Costas del Ejecutivo autonómico dio el visto bueno al entender que esas instalaciones beneficiaban a la actividad turística, tal y como adelantó Canarias Ahora.

Esas obras forman parte de la urbanización de 420 villas de lujo proyectada en este paraje, rodeado de espacios naturales protegidos y lugares de interés geológico. Sin embargo, solo ocupan el 5,25% de la parcela T2, de unos 45.000 metros cuadrados. El proyecto completo abarca cerca de 430.000 metros cuadrados.

La jueza ordenó paralizar las obras en la zona de servidumbre tras estimar la solicitud de la Fiscalía, que concluyó que los usos previstos por la promotora en esa franja de protección del litoral son incompatibles con la Ley de Costas.

La magistrada ha rechazado, no obstante, extender la suspensión cautelar a todo el proyecto, como había solicitado la acusación popular, ejercida por la Asociación Cultural Social Ecologista Puertito Libre, a raíz de un informe pericial. Lo hace asumiendo el criterio de la Fiscalía, según el cual “el presente procedimiento penal se centra en las obras autorizadas en la zona de servidumbre, por lo que no procede adoptar medidas respecto del resto”.

La querella que dio origen a la causa sí se dirigía contra toda la urbanización de lujo por la presunta comisión de delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente, falsedad documental y prevaricación en la tramitación de la iniciativa.

La Asociación Cultural Social Ecologista Puertito Libre (que incluye a la Asociación de Taxistas Asalariados Costa Adeje, la familia Galindo, La Gaveta20A, el Tagoror Permanente de El Puertito de Adeje y Rebelión Científica, además de particulares) llegó a aportar un informe pericial elaborado por nueve expertos que estima que dos tercios del Puertito de Adeje ya han sido dañados por las obras de Cuna del Alma.

Pero la jueza ha cerrado la puerta a paralizar todo el proyecto sin entrar en el fondo del asunto y limitándose a señalar que el procedimiento penal solo investiga las obras ejecutadas en la zona de servidumbre.

La contaminación, la presión turística y la mala gestión vuelven a causar estragos en los más de 8.000 kilómetros de costas españolas. Así lo refleja el informe anual de Ecologistas en Acción que, con la ayuda de otros colectivos ecologistas, identifica 48 puntos en situación de desastre ambiental o de amenaza. La principal novedad de esta edición es que, además de denunciar los impactos, propone una veintena de actuaciones para restaurar ecosistemas degradados.

El informe, que se realiza desde 2005, selecciona dos puntos por provincia o ciudad autónoma: uno de ellos elegido por mala gestión y el otro por contaminación. El mismo agrupa una serie de problemáticas que afectan al litoral, aunque admite “no recoger todas, por desgracia”.

Así, 'clava' la bandera en 14 zonas por vertidos, deficiencias en los sistemas de saneamiento y graves problemas de depuración, nueve zonas presentan afecciones a la biodiversidad y ocho han sido seleccionadas por la urbanización de la costa e invasión del dominio público marítimo-terrestre. El resto de banderas se reparten en problemáticas como acumulación de basuras, obras portuarias mal gestionadas, contaminación química, daños al patrimonio histórico y degradación ambiental derivada de la turistificación y masificación.

Propuestas

Sin embargo, el eje central del informe de 2026 es la restauración de la naturaleza. Por ello, propone una veintena de propuestas, que Ecologistas en Acción espera que sean incluidas o tomadas en consideración en el Plan Nacional de Restauración, estrategia que España debe remitir a la Comisión Europea antes del 1 de septiembre de 2026.

Estas tienen el objetivo de recuperar progresivamente los ecosistemas terrestres, costeros y marinos. La asociación explica que la restauración consiste en realizar intervenciones destinadas a restablecer funciones naturales o permitir que los ecosistemas se recuperen por sí mismos una vez eliminadas las presiones.

Las propuestas abarcan desde procesos de desecación para recuperar la condición original de la marisma intermareal de Maqua, en la ría de Avilés, hasta restauraciones ecológicas en el saco interior de la bahía de Pollença, donde se pretende recuperar los hábitats marinos degradados por la presión turística y la urbanización litoral.

Ecologistas en Acción considera que estos procesos representan “una oportunidad histórica para corregir errores del pasado”. Además, señala la “voluntad política” para permitir a la naturaleza “recuperar su espacio”, cuestión que ejemplifica con el caso de La Pletera, en la Costa Brava, donde se ha llevado a cabo un proceso de desurbanización para recuperar el sistema de lagunas litorales y dunas.

Zonas reincidentes

La bandera negra por contaminación otorgada por vertido industrial en la playa de Usgo, en el municipio de Miengo (Cantabria), es reincidente, puesto que también la recibió en 2020, 2021, 2024 y 2025. Según la asociación, el litoral está contaminado por la empresa Solvay, que instaló un colector de ocho kilómetros hasta el acantilado anexo a la playa de Usgo, vertiendo residuos químicos. Los efectos, asegura, se notan en unos 12 kilómetros del litoral.

La situación es similar en El Puertito de Adeje, en Santa Cruz de Tenerife, que lleva tres años consecutivos recibiendo la bandera negra por mala gestión, debido al proyecto de macrourbanización turística Cuna del Alma. Este pueblo costero del suroeste de Tenerife es el último exento de construcciones turísticas y su entorno posee un valor ambiental e histórico “muy elevado”. Por ese motivo, Ecologistas en Acción insiste en que las obras del proyecto “se están produciendo numerosos incumplimientos de la legislación ambiental y de ordenación del territorio vigente”.

Sin embargo, también ha habido mejoras respecto a la edición anterior. La bandera negra almeriense por mala gestión del año 2025, que luchaba contra la urbanización del Salar de los Canos (Vera), ha sido eliminada tras un acuerdo entre el Ayuntamiento y la empresa propietaria de los terrenos.

Los faros siempre han tenido una función muy concreta: ayudar a quienes navegaban cerca de la costa. Antes de convertirse en paradas habituales para viajeros, servían para reconocer un cabo, localizar tierra firme o evitar tramos complicados cuando el mar y la falta de luz hacían más difícil orientarse. Por eso muchos están en puntos extremos, sobre acantilados o en lugares donde el litoral necesitaba una señal clara para los barcos.

Hoy siguen teniendo esa relación con la navegación, pero también se han convertido en una forma sencilla de acercarse a la historia de cada costa. Algunos están ligados a rutas de peregrinación, otros a antiguos mapas o a zonas donde el mar ha condicionado la vida durante siglos. Finisterre, Punta Orchilla, Formentor y la Torre de Hércules son cuatro ejemplos distintos, repartidos entre Galicia, Canarias y Baleares, donde el interés no está solo en la vista, sino en todo lo que explica su ubicación.

Faro de Finisterre, el final de tierra frente al Atlántico

El Faro de Finisterre se encuentra en el cabo del mismo nombre, en la provincia de A Coruña. Su nombre procede del latín Finis Terrae, una expresión vinculada a la idea del final de la tierra conocida. Esa imagen ha acompañado durante siglos a este punto de la costa gallega, donde el Atlántico se abre de golpe y el paisaje ayuda a entender por qué este lugar acabó teniendo tanto peso simbólico.

La construcción actual data de 1853 y se levantó para señalizar un enclave clave de la Costa da Morte. Su torre, de 17 metros, no destaca tanto por una arquitectura llamativa como por el sitio en el que está colocada. El faro aparece en un tramo de litoral asociado históricamente a la navegación difícil, donde contar con una referencia visible era importante para quienes se acercaban por mar.

Finisterre también tiene una conexión directa con el Camino de Santiago. Muchos peregrinos continúan después de llegar a Compostela y siguen hasta el cabo para terminar el recorrido junto al océano. Esa costumbre ha reforzado la imagen del faro como punto final, aunque su origen sea mucho más práctico. En este lugar se cruzan dos formas de llegar al mismo borde: la de los barcos que buscaban orientación y la de quienes caminan hasta ver el Atlántico.

Punta Orchilla, el faro de El Hierro unido al antiguo meridiano cero

El Faro de Punta Orchilla está en el extremo occidental de El Hierro, en Canarias. Su ubicación explica buena parte de su historia, porque durante siglos este punto estuvo relacionado con el meridiano cero antes de que Greenwich pasara a ser la referencia internacional. Por eso, este rincón de la isla no se entiende solo como un faro apartado, sino como un lugar que tuvo importancia en la manera de representar el mundo.

El edificio fue inaugurado en 1933 y se levanta sobre un paisaje volcánico, lejos de los espacios más transitados de la isla. Punta Orchilla fue vista durante mucho tiempo como un límite hacia el oeste, una idea muy ligada a su posición dentro del archipiélago canario. Allí el terreno aparece seco, abierto y marcado por el océano, lo que refuerza esa sensación de estar en un extremo.

También se ha relacionado este enclave con las rutas atlánticas hacia América, por su condición de referencia terrestre antes de adentrarse en el océano. Esa mezcla de señal marítima, paisaje volcánico y memoria cartográfica hace que Orchilla tenga un interés distinto al de otros faros. No solo permite mirar al mar, también recuerda una época en la que este punto tenía un papel en los mapas.

Formentor, la señal en el norte de Mallorca

El Faro de Formentor se encuentra en el cabo de Formentor, en el extremo norte de Mallorca. Fue inaugurado en 1863 y se sitúa en una de las zonas más reconocibles de la isla. Allí la Serra de Tramuntana llega hasta el mar entre barrancos, acantilados y calas, en un entorno donde la navegación necesitaba referencias claras desde tierra.

El camino hasta el faro forma parte de la visita. La carretera avanza por una península estrecha y elevada, con puntos desde los que se ve cómo la montaña cae hacia el Mediterráneo. Por eso, Formentor no funciona solo como una parada final, sino como el cierre de un recorrido por una de las zonas más marcadas por el relieve del norte mallorquín.

En días despejados, desde el entorno del cabo puede distinguirse Menorca en el horizonte. Ese detalle ayuda a situar el faro dentro del paisaje marítimo balear, como una referencia visual entre islas. Su historia está ligada a la navegación, pero hoy también permite entender mejor la relación entre la costa, la montaña y el mar en esta parte de Mallorca.

Torre de Hércules, el faro romano que sigue en uso

La Torre de Hércules está en A Coruña y es uno de los faros más importantes del patrimonio marítimo español. Su origen se sitúa en época romana, en el siglo I d.C., y su rasgo más singular es que sigue funcionando como señal para la navegación. No quedó como un resto histórico sin uso, sino que ha mantenido su papel durante siglos.

El edificio fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2009 y se ha convertido en uno de los símbolos de la ciudad. Supera los 50 metros de altura y mantiene una presencia muy reconocible en la fachada atlántica coruñesa. Su historia resume una relación muy larga entre ingeniería, costa y navegación.

La visita permite subir por el interior mediante 234 escalones hasta llegar al mirador. Desde arriba se observan A Coruña, la ría y el perfil del litoral. La panorámica tiene interés por sí misma, pero también ayuda a entender el sentido original de la torre: ver el mar desde tierra y ser visible desde el mar. Esa doble función explica que la Torre de Hércules siga ocupando un lugar propio entre los faros más destacados de España.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha aceptado la petición del Estado para personarse en el procedimiento de ejecución de la sentencia que obliga desde 2021 a la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico en Carboneras (Almería). La licencia fue concedida por el Ayuntamiento en 2003, y con ese permiso la promotora Azata del Sol levantó un hotel de 21 plantas y más de 400 habitaciones en la playa de El Algarrobico, en pleno parque natural de Cabo de Gata y en zona de dominio público marítimo terrestre. En febrero de 2006 un juez paralizó cautelarmente la obra, congelada desde entonces, pendiente de una resolución definitiva de los tribunales durante diez años, y de la ejecución de las sentencias que declaran su ilegalidad desde hace ya una década.

[Actualización: El Ayuntamiento de Carboneras aplaza la votación que debía desbloquear la demolición del Algarrobico]

En una providencia dictada el pasado 10 de junio, la Sala de lo Contencioso-administrativo de Granada permite a la Abogacía del Estado, en nombre de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, sumarse ahora a la pieza destinada a ejecutar la sentencia que ordena revisar la licencia.

Si todo discurre como está previsto, ese proceso judicial debería estar a punto de cumplir su cometido. Es el Ayuntamiento, que concedió la licencia, el que debe cumplir el mandato judicial para revisarla y, eventualmente, declararla nula. Y eso podría ocurrir este miércoles 17 de junio, cuando está convocado el Pleno para dar cumplimiento del mandato judicial.

Además, en otra resolución dictada el 5 de junio, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el TSJA rechaza la pretensión de Azata de que los magistrados se abstengan de impulsar la nulidad y se limiten a tutelar la “revisión de oficio”, sin considerar el resultado de la revisión. “Esta Sala tiene amplias facultades en orden a la ejecución de Sentencia, inclusive la declaración de nulidad de la licencia, si procediera para dar cumplimiento al fallo”, recuerdan los magistrados a la promotora: “Y sobre todo, tiene la obligación de remover los obstáculos de todo orden que encuentre dicha ejecución”.

El tono abrupto de este inciso sugiere el hartazgo de los jueces y magistrados con este proceso, en el que cuesta años que el Ayuntamiento cumpla las sentencias firmes a pesar de las advertencias de multa a los alcaldes que han lanzado los jueces, nunca efectivas. Los ecologistas han llevado estos incumplimientos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la propia Junta de Andalucía ha subrayado las maniobras “claramente dilatorias” de Carboneras, gobernado en los últimos años por el PSOE, el PP y, ahora, Ciudadanos.

El temor de los sucesivos alcaldes es la posible indemnización que la promotora pueda reclamar al municipio cuando se anule la licencia. La semana pasada el actual regidor, Salvador Hernández (Ciudadanos), pidió “altura de miras” al Gobierno central y a la Junta de Andalucía para dar una “solución definitiva” al “conflicto”, y dijo esperar que se “compense del daño” sufrido por el municipio. Hernández ha defendido en otras ocasiones un acuerdo con la promotora que permita dar a la mole algún tipo de uso.

Cinco años desde la sentencia

Han pasado cinco años desde la sentencia de julio de 2021 que ordena revisar la licencia. La sentencia es firme desde 2022. En vista de la resistencia del Consistorio a cumplirla, el mismo TSJA abrió un incidente para ejecutarla en 2023. Ahora, en un escrito presentado la primera semana de junio, la Abogacía del Estado en Andalucía subraya que la Administración central tiene un “evidente interés legítimo” para formar parte de este proceso, por dos motivos: de un lado, porque la anulación de la licencia está relacionada con la expropiación a Azata del Sol la mitad del hotel, iniciada por el Gobierno en febrero de 2025. Y, de otro, porque el Ministerio ya se ha personado en el expediente de revisión de oficio que tramita el Ayuntamiento de Carboneras.

El movimiento de la Abogacía del Estado, aceptado por los magistrados, tiene el efecto de unir las dos vías abiertas para la demolición efectiva del hotel. De un lado, la declaración de nulidad de la licencia y la revisión de las normas urbanísticas del municipio para declarar que los terrenos no son urbanizables, como obliga la Ley de Costas y la normativa de protección del parque natural. Esta vía tiene todas las sentencias a favor, pero ha estado empantanada durante casi una década por la escasa colaboración del Ayuntamiento. Ahora parece más expedita que nunca, sobre todo después de que el Consultivo de Andalucía se pronunciase a favor de la nulidad hace apenas un mes, y dejase la cuestión a falta del último y definitivo paso: que el Ayuntamiento declare la nulidad, lo que podría ocurrir este miércoles.

La otra vía es la expropiación, abierta por sorpresa por el Gobierno central en febrero de 2025. Esta vía está ahora atascada en la determinación del precio que debería pagar el Estado a Azata por la mitad de los terrenos en zona de dominio público: 44,5 millones pide la promotora, 16.500 euros ofrece el Ministerio.

El Gobierno defiende la estrategia de la expropiación, a la que ha evitado sumarse la Junta de Andalucía, que ha defendido la conveniencia de percutir en la nulidad desde mayo de 2024, cuando se personó en el procedimiento al que ahora se incorpora la Abogacía del Estado.

Aunque son vías separadas, están destinadas a encontrarse porque la eventual nulidad de la licencia facilitaría la expropiación al rebajar las expectativas de indemnización de la promotora. Así lo cree Greenpeace.

Además, la Abogacía recuerda que en la misma Sala del TSJA se sigue un recurso contencioso-administrativo impulsado por la promotora del establecimiento hotelero contra el acuerdo de necesidad de ocupación de los suelos, con el objetivo paralizar la expropiación parcial de los terrenos.

El TSJA ya denegó el pasado diciembre las medidas cautelares que pidió Azata del Sol para suspender la resolución del Gobierno por la que se trazaba el camino destinado a recuperar la mitad de los suelos de la zona de servidumbre marítimo-terrestre, ya que la otra mitad es competencia de la Junta de Andalucía al asentarse en terrenos de especial protección del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

La decisión del alto tribunal andaluz daba al Ejecutivo vía libre para continuar con los trámites encaminados a la expropiación, que se encuentra pendiente de que el tribunal provincial de expropiaciones de Almería fije un justiprecio.

El Ayuntamiento de Arona ha denunciado la concentración “masiva” de embarcaciones fondeadas frente a la playa de Las Vistas, en Los Cristianos, una situación “reiterada” que, en determinadas jornadas, alcanza un nivel de ocupación que afecta al entorno de baño, a la imagen del litoral y a la percepción del destino turístico.

Así lo ha lamentado este martes la alcaldesa , Fátima Lemes, que expone que ya son “varios” los años que llevan padeciendo esta situación: “Es insostenible. No podemos normalizar un escenario que afecta a uno de los espacios más emblemáticos del municipio, clave tanto para los residentes como para quienes nos visitan. Necesitamos el apoyo de las autoridades competentes para actuar de manera efectiva y poner orden”, ha añadido.

El consistorio explica que ha recibido en las últimas horas nuevas comunicaciones ciudadanas, acompañadas de imágenes, alertando del estado de saturación del fondeo frente a la playa. Según estas comunicaciones, la preocupación no solo se limitaría al impacto visual, sino que se extiende a la seguridad, la salubridad y la protección ambiental en una playa de uso intensivo.

“Desde el Ayuntamiento de Arona no vamos a mirar hacia otro lado ante una situación que preocupa cada vez más a vecinos, usuarios de nuestras playas y al sector turístico. La acumulación indiscriminada de embarcaciones frente a la playa de Las Vistas exige una actuación inmediata y coordinada de todas las administraciones competentes”, ha advertido la primera teniente de alcalde y concejala de Medio Ambiente y Servicios Públicos, Clari Pérez.

El Ayuntamiento recuerda que la ordenación, autorización, vigilancia y control de los fondeos en aguas marítimas -y, en su caso, portuarias- no es competencia municipal, pero subraya que sí tiene el deber institucional de defender los intereses generales de Arona, proteger la seguridad de los usuarios de sus playas y exigir una respuesta eficaz ante un problema que no puede ser “estructural”.

Medidas “urgentes”

Por ello, el consistorio ha decidido poner los hechos en conocimiento y requerir actuaciones a Capitanía Marítima de Santa Cruz de Tenerife, Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil.

El Ayuntamiento solicita que, en el ámbito de sus respectivas competencias, se adopten medidas para controlar el fondeo frente a Las Vistas, especialmente en las zonas próximas al área de baño. Se plantea la delimitación clara de zonas de fondeo autorizadas, el control efectivo de distancias de seguridad y balizamientos, el refuerzo de la vigilancia en la lámina de agua en días de mayor presión, la realización de inspecciones periódicas, la identificación de embarcaciones fondeadas de forma prolongada cuando proceda y la incoación de expedientes sancionadores ante incumplimientos de normativa de seguridad, navegación o protección ambiental.

“No se trata de señalar a la navegación recreativa ni de generalizar sobre los usuarios de embarcaciones”, remarca el Ayuntamiento, “sino de ordenar una realidad que, por su volumen, reiteración y potencial afección, exige una respuesta proporcionada, coordinada y eficaz en defensa del interés general”.

El Ayuntamiento de Piélagos (PP) “se ha visto obligado” a ejecutar “por responsabilidad” las obras de reparación del acceso a la playa de La Arnía, con una inversión municipal de 50.000 euros, ante la “inacción” del Gobierno de España, al que ha exigido una “solución inmediata” para mejorar la seguridad en Somocuevas ante la inminente llegada de la temporada de verano.

Así lo ha señalado el alcalde de Piélagos, Carlos Caramés, este viernes en la visita que ha realizado a las obras de acondicionamiento del acceso a la playa de La Arnía, donde ha denunciado que esta actuación “no es de competencia municipal”, pero el Consistorio “ha tenido que dar un paso al frente” y acometerla “de manera urgente”.

Según ha explicado, estos trabajos consisten en la reparación de un peligroso argayo y el saneo del pavimento de hormigón que presentaba “fisuras y blandones peligrosos”. Además, el Consistorio va a instalar una barandilla de protección en la parte inicial de la bajada, donde “no hay protección natural para garantizar la seguridad”.

Caramés ha subrayado que el Estado es el “competente exclusivo” en la protección, conservación y accesos públicos en playas naturales, como son las siete del municipio de Piélagos.

En este sentido, ha hecho hincapié en que el Ayuntamiento de Piélagos lleva solicitando formalmente desde marzo a la Demarcación de Costas que arregle el acceso a la playa de La Arnía.

Ha incidido en que, ante su “falta de respuesta”, “no podíamos cruzarnos de brazos y esperar a que ocurriera una desgracia y que los vecinos y visitantes sufrieran la desgracia de tener esta playa cerrada por la inacción del Gobierno de España, a través de la Demarcación de Costas en Cantabria”.

“Dejadez” en Somocuevas

El regidor municipal ha criticado la “dejadez” de Costas que, a través de distintos escritos, ha “escurrido el bulto”, “sugiriendo y recomendando al Consistorio que se hiciera cargo de la seguridad”, no sólo en la playa de La Arnía sino también en la de Somocuevas, cuyas barandillas de las escaleras de acceso están “completamente oxidadas, deterioradas y en algunos tramos rotas”.

“Hay un peligro real de que alguien se apoye, la estructura ceda y caiga por el acantilado”, ha advertido Caramés, quien ha indicado que la Demarcación de Costas, que es el órgano que “lo detectó”, “envió al Ayuntamiento un oficio comunicándonos el peligro y sugiriéndole que lo cerrase y tomase las medidas de seguridad que deberían ejecutar ellos”.

Caramés ha afirmado que el Consistorio “ha cumplido por responsabilidad moral y no competencial”, y ha puntado que son “muchos” los bañistas que sortean las barreras y obstáculos, que han tirado y retirado en varias ocasiones para bajar al arenal.

Así, el alcalde ha hecho un llamamiento a la “responsabilidad institucional”, en concreto al delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), a quien ha pedido “que diga claramente al Ayuntamiento y los vecinos qué día y a qué hora va a poner la solución en Somocuevas”.

“Si no lo va a ejecutar, que hable y lo diga de una vez, que lo haremos desde el Ayuntamiento como en La Arnía, pero que no nos haga pasar por otro proceso de proyectos y autorizaciones de mes y pico que se nos pasa el verano”, ha añadido Caramés.

Por último, ha solicitado de vecinos y visitantes “responsabilidad, paciencia y confianza”, al tiempo que se ha mostrado convencido de que el Ayuntamiento “encontrará una solución aunque tenga recaer en el dinero de los bolsillos de los vecinos por la falta de acción y palabra de otros”.

El jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria, José Antonio Osorio, ha defendido ante la jueza que instruye la causa por el accidente mortal de la pasarela de El Bocal en Santander --en la que está investigado como director facultativo del proyecto de la senda costera en 2014-- que él cumplió con la normativa y ha insistido en achacar el colapso de la estructura de madera a la falta de mantenimiento, de lo que ha responsabilizado al Ayuntamiento.

Así lo ha manifestado este viernes en su declaración durante cerca de hora y media ante la magistrada, en una jornada en la que también han comparecido los otros dos técnicos de Costas y el ingeniero que diseñó la pasarela -y que están igualmente investigados-- y dos testigos-peritos. La sesión se ha prolongado durante más de seis horas y ha concluido, pasadas las cuatro de la tarde, con la citación de Osorio.

Según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de su declaración, ha alegado que cumplió el pliego de prescripciones técnicas particulares cuando se decidió que el material de las piezas de sujeción de las vigas de madera fuera metal galvanizado -y no acero inoxidable, que según algunos informes periciales sería lo más recomendable dada la proximidad al mar de la pasarela-.

De acuerdo con el perito judicial, la causa última del derrumbe de la estructura fue un fallo de la unión de vigas tras la rotura de un herraje por la corrosión. Ocurrió el pasado 3 de marzo cuando un grupo de siete estudiantes atravesaban el paso y cayeron al agua: seis murieron y una resultó herida grave.

Además, el jefe de Costas se ha reafirmado ante la titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, como ya ha venido haciendo a través de la documentación aportada por su letrado al procedimiento, en que la 'culpa' del desprendimiento fue la ausencia de mantenimiento de la pasarela siniestrada, y no cuestiones relacionadas con el proyecto en sí.

Y en este sentido, ha reiterado que el mantenimiento corresponde al Ayuntamiento, aunque no haya habido una cesión formal de los trabajos ejecutados por Costas (las obras no fueron recepcionadas, según la administración municipal y de acuerdo también con la jueza).

“Con la conciencia tranquila”

José Antonio Osorio, que estaba citado a las doce del mediodía, ha acudido al complejo judicial Las Salesas de Santander “con la conciencia tranquila”, según han trasladado desde su entorno a esta agencia. Ha empezado a declarar sobre las dos y media de la tarde y ha terminado pasadas las cuatro. Ha respondido solo a preguntas de su abogado -y de la jueza y la fiscal-, como también han hecho la mayoría de los investigados citados esta jornada.

En concreto, solo han contestado a estas partes el ingeniero de Fronda que diseñó el puente accidentado, Manuel Méndez -que ha comparecido durante poco más de media hora- y el jefe de Servicio de Proyectos y Obras de Costas desde que se instaló la infraestructura en 2014 y hasta su jubilación en 2023, José Luis Tejerina, quien ha permanecido unos 45 minutos en el salón de actos donde se ha desarrollado la sesión.

Mientras, su sucesor en este cargo y quien lo ostenta en la actualidad, Enrique Rodríguez, ha respondido a todos los personados: 17 partes en total, de las que nueve son acusaciones. Ha declarado durante aproximadamente una hora y veinte minutos.

Peritos-testigos

Al margen de las comparecencias de los cuatro técnicos investigados --condición en la que están además la agente de la Policía Local y la gestora del 112 que recibieron el día anterior a la tragedia las llamadas de alerta sobre el mal estado del paso de madera y que ya declararon-- este viernes también se han celebrado dos testificales-periciales.

En la primera estaban citados dos ingenieros, uno de caminos y otro agrónomo, que firmaron el proyecto general de la senda costera, aunque solo ha comparecido uno de ellos durante unos veinte minutos. Y en la segunda, ha declarado el jefe de obra de la mercantil contratista constructora de la senda (Dragados) por espacio cercano a la hora y cuarenta minutos.

Cálculos de estructura y correos electrónicos

En este caso, las preguntas se han centrado en cuestiones relacionadas con cálculos de la estructura, más que los materiales empleados en su construcción, y en los correos electrónicos que se intercambió con Osorio y que el representante legal de este último ha incorporado al procedimiento. En esos emails, el jefe de obra de Dragados le confirmó que Fronda era la “responsable del diseño, fabricación y montaje” de las estructuras.

Y por eso, “valorando las previsibles causas inmediatas del colapso de la pasarela, entre ellas un defecto de diseño estructural o constructivo” --según periciales que obran en la causa--, la magistrada acordó también dirigir la acción penal contra el ingeniero industrial de Fronda, al considerarle “responsable último” del proyecto técnico conforme al cual se ejecutó.

Por su parte, Osorio está investigado como director facultativo de la obra de la pasarela ya que, a juicio de la instructora, le correspondía dirigir la ejecución material de los trabajos, velar por su adecuación al proyecto y advertir toda insuficiencia o incumplimiento normativo sobre el diseño estructural, elección de materiales u otros detalles constructivos que pudieran comprometer la seguridad de las pasarelas de la senda costera.

Negligencia grave

Para la jueza, la falta de mantenimiento del puente podría constituir una “negligencia grave” que justifica la acción penal por posible comisión de seis delitos de homicidio y otro delito de lesiones (todos por imprudencia grave).

En el accidente fallecieron seis jóvenes, del municipio cántabro de Camargo, Vizcaya (3), Almería y Guadalajara, y otra chica más de Álava resultó herida grave. Formaban un grupo de estudiantes del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) La Granja de Heras, en Medio Cudeyo, que hacían la ruta de la senda costera.

La Consejería de Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria (PP) ha ejecutado una actuación en el aparcamiento de Canallave, en el Parque Natural de las Dunas de Liencres y Costa Quebrada, centrada en la protección del sistema dunar. Ha consistido en la instalación de un cierre perimetral y en la renaturalización del entorno con plantaciones de arbolado y arbustos, en una zona que se encuentra dentro del Parque Natural de las Dunas de Liencres y Costa Quebrada.

“No es ningún secreto que muchas personas aparcaban en Canallave y accedían directamente a la duna, incluso con furgonetas o autocaravanas”, ha dicho el alcalde de Piélagos, Carlos Carames (PP). Con este vallado “se protege la duna y se señala de forma visual el uso correcto del espacio”, con lo que es “una medida fundamental para conservar este entorno natural”.

La consejera, María Jesús Susinos, ha visitado la zona junto al alcalde de Piélagos, Carlos Caramés, y miembros de la Corporación municipal --como los ediles de Obras, Conservación y Medio Ambiente-- así como el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, para comprobar el resultado de los trabajos.

La actuación ha consistido fundamentalmente en la instalación de un cierre perimetral natural con estacas de madera, diseñado para evitar el tránsito desordenado hacia el sistema dunar. La prioridad es proteger este espacio, un ecosistema “especialmente frágil”, frente a “usos inadecuados que estaban provocando su degradación”.

Así, con este cerramiento se marca “de forma clara dónde se puede estar y dónde no”, ha explicado Susinos, que ha destacado que de esta manera se ayuda a ordenar el uso público y se favorece la recuperación de la vegetación y la estabilidad de las dunas“.

Además del cierre, el proyecto ha incluido la plantación de encinas y metrosideros, adaptadas a las condiciones del entorno costero, y cuyo fin es recuperar la vegetación en el entorno del aparcamiento.

En este sentido, Caramés ha indicado que “existían desde hace décadas tamarindos que han desaparecido en más del 90% y los pocos que quedaban estaban en mal estado”. El objetivo es que “en pocos años la imagen sea completamente distinta”, además de “aportar sombra a una zona muy utilizada como Canallave y Valdearenas”, ha indicado el alcalde.

La actuación ha contado con una inversión de 48.182 euros, financiados al 100 por cien con fondos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Los trabajos se han ejecutado en un plazo aproximado de un mes, ha informado el Ejecutivo regional.

La instructora del caso por el suceso de El Bocal, en el que fallecieron seis personas y una resultó herida grave tras ceder una pasarela de una senda costera en la zona norte de Santander, ha rechazado iniciar acción penal contra el responsable de Dragados, la empresa contratista que ejecutó las obras de la senda costera y, además, se ha vuelto a ratificar en atribuir toda la responsabilidad del mantenimiento de la senda en la Demarcación de Costas.

En un auto hoy dado a conocer, la magistrada inadmite la petición del Ayuntamiento de Santander de dirigir la acción penal contra los responsables de la contratista y de declarar su eventual responsabilidad civil. Y es que, según señala la resolución, no existe “indicio alguno que permita atribuir a los responsables de la entidad contratista una conducta negligente con relevancia causal o coadyuvante en la producción del resultado investigado”.

De la investigación realizada hasta ahora, se desprende indiciariamente que la pasarela colapsó por “determinadas deficiencias asociadas al diseño de la obra, singularmente en lo relativo a la robustez de la solución adoptada y a la idoneidad del elemento empleado para los herrajes de apoyo”, y por “la ausencia de las labores de inspección, control, conservación y mantenimiento que resultaban exigibles”.

Pues bien, en cuanto a la actuación de Dragados, “no consta que la ejecución material de la obra se hubiera apartado de las determinaciones contenidas en el proyecto aprobado, ni de las instrucciones recibidas por la dirección facultativo”.

Y “tampoco se ha puesto de manifiesto la existencia de defectos de ejecución concretos imputables a la contratista que hubieran contribuido al proceso de degradación que finalmente desembocó, presuntamente, en el colapso de la estructura”.

La responsabilidad del mantenimiento es de Costas

El auto también da respuesta a una petición de la Demarcación de Costas, que solicitó requerir al Ayuntamiento de Santander para que aportara cierta documentación relativa a las actuaciones llevadas a cabo por la entidad local en materia de inspección, conservación y mantenimiento de distintos elementos en la senda costera.

Así, pedía Costas que, por ejemplo, se solicitara el contrato de mantenimiento de Parques y Jardines de Santander para conocer su ámbito de actuación, el plan de Sostenibilidad Turística Santander Norte Litoral-Costa Quebrada, o los proyectos del Ayuntamiento en base a los cuales se llevaron a cabo actuaciones de mantenimiento y conservación de otros espacios que fueron parte del proyecto de la senda costera, como el Mirador de Ciriego o La Maruca.

A esta petición de Costas se adhiere la representación procesal del jefe de Proyectos y Obras de la Demarcación hasta el año 2023, investigado en la causa, pues considera que “resulta crucial determinar si el Ayuntamiento de Santander mediante actos propios y la inclusión de elementos de la senda costera en sus contratos de servicios públicos ha venido ejerciendo de facto las competencias de mantenimiento, lo que determinaría su responsabilidad”.

Pues bien, la magistrada decide no acoger estas pretensiones, y ello porque, tal y como explica en la resolución, esa responsabilidad ya quedó determinada en el auto dictado el 23 de marzo, resolución que es firme dado que ninguna parte la recurrió.

En aquel auto se estudió la documentación que aportaron tanto Costas como el Ayuntamiento de Santander y se concluyó que las obras de la senda costera “en modo alguno habían finalizado”, no fueron recepcionadas por el Ayuntamiento y “era y es Demarcación de Costas en Santander la única responsable de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento de tales unidades de obra”.

De hecho, fue aquel auto el que determinó que “podría existir negligencia en el adecuado mantenimiento de la pasarela siniestrada” y acordó seguir la acción penal contra “aquellas personas que por el cargo que ostentaban y ostentan pueden tener responsabilidad directa en su deber de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento de la pasarela”, esto es, los responsables de Costas.

No existen hechos nuevos

La instructora señala en su auto que ya “se resolvió de forma expresa la cuestión relativa a la atribución de las obligaciones de conservación y mantenimiento” de la pasarela, determinando que “tales obligaciones correspondían a la Demarcación de Costas”, “con exclusión de cualquier responsabilidad atribuible al Ayuntamiento de Santander”.

“La cuestión concerniente a la titularidad de las obligaciones de mantenimiento y conservación de la infraestructura litigiosa ha quedado definitivamente resuelva en esta fase procesal, sin que resulte admisible promover ahora una revisión indirecta de tal pronunciamiento mediante la solicitud de diligencias encaminadas a reabrir un debate ya decidido”, añade.

Y finaliza: “La petición no se sustenta en la aparición de hechos nuevos ni en elementos probatorios sobrevenidos”, “la diligencia pretendida no persigue, por tanto, el esclarecimiento de circunstancias novedosas relevantes para la investigación, sino la reconsideración de una valoración jurídica y fáctica ya efectuada por resolución firme”.

La costa sur de la Región de Murcia lleva años acostumbrándose a convivir con dos realidades incómodas: la llegada periódica de embarcaciones con personas migrantes y la expansión silenciosa de las redes vinculadas al narcotráfico marítimo. El grupo municipal de Vox en Lorca —que desde 2023 gobierna este municipio junto con el Partido Popular— ha colocado ambos asuntos en el centro de la agenda política local, después de defender en el Pleno municipal ordinario correspondiente al mes de mayo, una batería de medidas contra las llamadas “pateras taxi” y las narcolanchas que operan en distintos puntos del litoral lorquino. José Martínez, edil de esta formación y responsable de la Concejalía de Protección Civil y Emergencias, asegura que la situación “ha desbordado la capacidad de vigilancia” del ayuntamiento, al tiempo que reclama más medios policiales y controles en la costa.

El anuncio de Vox llega en un contexto especialmente sensible. Apenas unos días antes, el 10 de mayo de 2026, una patera con 24 inmigrantes a bordo fue interceptada en Cala Blanca, en el diseminado de la pedanía lorquina de Garrobillo. Aquella imagen —la de un grupo de personas exhaustas llegando a una cala semidesierta del litoral murciano— volvió a sacudir a los vecinos de la zona, acostumbrados ya a ver dispositivos de Guardia Civil y Salvamento Marítimo en episodios similares.

No era un caso aislado. En marzo, las autoridades contabilizaron al menos 72 migrantes desembarcados en distintos puntos de la franja costera compartida entre Lorca y Águilas. El aumento de llegadas ha generado preocupación entre parte de la población local, aunque también ha despertado críticas hacia quienes intentan vincular automáticamente migración y delincuencia organizada para alimentar discursos de inseguridad.

La frontera invisible del Mediterráneo

En Puntas de Calnegre, una pequeña y pintoresca localidad costera perteneciente a la pedanía lorquina de Ramonete, la llegada de estas embarcaciones es un tema recurrente, pero que se comenta con discreción entre sus escasos setenta habitantes. “Muchas veces no sabes si es una patera o una lancha rápida”, explica un residente que pide mantener el anonimato. “Aquí por la noche apenas hay iluminación, pero la gente escucha motores y ve movimiento. Unas veces llegan las patrullas y otras no”.

La sensación de incertidumbre se ha instalado en parte del vecindario. No tanto por la presencia de personas migrantes, insisten algunos residentes, sino por la percepción de que esta franja litoral se ha convertido en una ruta relativamente accesible para distintos tipos de tráfico marítimo irregular.

Otros vecinos, sin embargo, cuestionan el tono alarmista que se está imponiendo en el debate público.“La mayoría de quienes llegan vienen desesperados, no son criminales”, comenta una trabajadora del sector hostelero de la zona. “El problema es que algunos partidos meten todo en el mismo saco”.

Ese matiz resulta clave. Expertos en migraciones y derechos humanos llevan años alertando del riesgo de criminalizar a quienes cruzan el Mediterráneo en condiciones extremas. España continúa siendo una de las principales puertas de entrada a Europa para personas que huyen de conflictos, pobreza o persecución, especialmente desde el norte de África y el Sahel.

Pero al mismo tiempo, las autoridades reconocen que determinadas rutas utilizadas para la inmigración irregular también son aprovechadas por redes de narcotráfico. Y es ahí donde el discurso político encuentra un terreno fértil.

Ramonete: el narcotráfico deja de ser invisible

Si en Puntas de Calnegre el fenómeno migratorio centra buena parte de la conversación, en Ramonete el miedo tiene otro nombre: narcotráfico.

La pedanía lorquina vivió uno de sus episodios más traumáticos en octubre de 2025, cuando un doble crimen relacionado con bandas dedicadas al tráfico de drogas sacudió la comarca. El 7 de octubre apareció el cuerpo de un hombre con impactos de bala dentro del maletero de un coche en la zona de Ramonete. Poco después, las autoridades localizaron una segunda víctima en una vivienda del paraje de El Cantar.

Las investigaciones apuntaron rápidamente a un ajuste de cuentas entre organizaciones vinculadas al tráfico de hachís. Entre las víctimas figuraba Giuliano Velo, ciudadano italiano con antecedentes relacionados con narcotráfico y presuntos vínculos con la mafia calabresa, la ‘Ndrangheta, una de las más poderosas del mundo. La otra víctima era un ciudadano marroquí supuestamente relacionado con el mundo de los 'vuelcos', como se conoce en el argot criminal a los robos de mercancía entre traficantes.

En diciembre de 2025, la Guardia Civil detuvo a tres personas implicadas en el doble asesinato. El propio alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, reconoció públicamente entonces que el crimen estaba relacionado con disputas derivadas del tráfico de drogas.

Aquellos hechos marcaron un antes y un después en la percepción del problema en la zona. Lo que durante años había permanecido en un segundo plano —comentarios aislados sobre lanchas rápidas, movimientos nocturnos o alijos en playas remotas—pasó a convertirse en una preocupación visible.

“Antes parecía algo lejano, como si ocurriera en Cádiz o en el Campo de Gibraltar”, explica un agricultor de la zona. “Pero cuando aparecen muertos aquí, la gente entiende que el problema está mucho más cerca”.

El ecosistema de las narcolanchas

Las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en el Mediterráneo funcionan mediante una compleja red de colaboradores y apoyos logísticos. Aunque las autoridades evitan generalizaciones, distintos investigadores y expertos en seguridad reconocen que las mafias encuentran en algunas zonas costeras un entorno favorable debido a la dispersión geográfica, la dificultad de vigilancia y la existencia de economías precarias.

En ese entramado aparecen figuras como los llamados 'petaqueros', encargados de suministrar combustible a las narcolanchas en alta mar o en puntos estratégicos del litoral. Su papel resulta esencial para mantener operativas embarcaciones capaces de recorrer largas distancias a gran velocidad.

También están los 'chivatos', personas que alertan de posibles movimientos policiales o de la presencia de patrullas de vigilancia. A menudo utilizan teléfonos móviles y aplicaciones de mensajería para transmitir información en tiempo real.

A ellos se suman conductores de embarcaciones, responsables de logística en tierra y pequeños colaboradores que participan en tareas puntuales. Las investigaciones policiales señalan que muchas de estas redes operan de forma fragmentada y flexible, dificultando la identificación de estructuras jerárquicas permanentes.

Hablar de la posible existencia de apoyos locales sigue siendo un tema delicado en municipios pequeños donde todos se conocen. Algunos vecinos admiten en privado que el narcotráfico genera una economía paralela difícil de ignorar. Otros rechazan frontalmente esa idea y consideran injusto señalar a comunidades enteras por la actuación de grupos minoritarios.

Lo cierto es que el fenómeno tiene una dimensión social compleja. En áreas con empleo estacional, precariedad laboral, bajos niveles de renta y pocas oportunidades para los jóvenes, las redes criminales encuentran más facilidad para captar colaboradores ocasionales ofreciendo dinero rápido.

Entre el miedo y la instrumentalización política

La propuesta presentada por Vox en Lorca se apoya precisamente en esa percepción creciente de inseguridad. El partido reclama reforzar la vigilancia marítima, incrementar la presencia de Guardia Civil y endurecer las medidas contra la inmigración irregular.

Sin embargo, organizaciones sociales y sectores progresistas acusan a la formación de utilizar episodios reales para construir un relato que mezcla migración y delincuencia de manera interesada.

“La llegada de personas migrantes no puede abordarse únicamente desde una perspectiva policial”, señalan desde colectivos de apoyo a refugiados en la Región de Murcia. “Se está generando un discurso que convierte a personas vulnerables en amenazas”.

La crítica no implica negar la existencia del narcotráfico. De hecho, expertos en seguridad consideran evidente que las rutas marítimas del sureste español están siendo utilizadas cada vez más por organizaciones criminales. Pero advierten de que simplificar el problema puede resultar contraproducente.

“El narcotráfico es una estructura económica transnacional con enormes recursos”, explica un criminólogo consultado para este reportaje. “Reducirlo al debate sobre pateras es políticamente rentable, pero no ayuda a entender cómo funcionan realmente estas redes”.

En paralelo, las fuerzas de seguridad enfrentan un desafío creciente. El litoral murciano combina kilómetros de costa abrupta, calas aisladas y zonas de difícil acceso que complican las labores de vigilancia. Las mafias aprovechan además tecnologías de navegación cada vez más sofisticadas y embarcaciones de alta potencia.

Una costa en transformación

Más allá del enfrentamiento político, lo que ocurre en Lorca refleja una transformación más amplia del Mediterráneo occidental. Las rutas migratorias cambian constantemente en función de la presión policial y de los conflictos internacionales, mientras que el narcotráfico adapta sus métodos con enorme rapidez.

La Región de Murcia, históricamente alejada de los focos mediáticos que acompañaban al Campo de Gibraltar, empieza a aparecer con más frecuencia en informes policiales y titulares relacionados con tráfico marítimo ilegal.

Algunos vecinos temen que esa imagen termine afectando al turismo y a la vida cotidiana de pueblos tradicionalmente tranquilos. Otros creen que negar el problema sería aún peor.

“Lo que hace falta es hablar con seriedad”, resume un residente de Puntas de Calnegre. “Ni convertir esto en una película de narcos ni fingir que no pasa nada”.

En el fondo, esa tensión resume el gran dilema que atraviesa hoy el debate público en la costa murciana: cómo afrontar fenómenos complejos —migración, exclusión social, crimen organizado y abandono institucional— sin caer ni en el alarmismo ni en la indiferencia.

El dictamen del Consejo Consultivo andaluz que declara la nulidad de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico, concedida en 2003, acerca el fin de la mole y ha empezado a abrir la siguiente etapa, que en realidad está prevista desde hace 15 años: cómo se reparten la tarea de meter la piqueta y retirar los escombros las dos administraciones con responsabilidad para ello, Junta de Andalucía y Gobierno central.

Poco después de conocerse, el Ministerio de Transición Ecológica solicitó por escrito a la Junta una reunión para “abordar su demolición y la restauración del enclave”, según informaron fuentes ministeriales. Es la Junta quien debe convocar, porque ahora preside la Comisión en la que se dirime este asunto.

Según ha podido confirmar este medio, el escrito, dirigido al viceconsejero de Sostenibilidad, Sergio Arjona, insta a convocar una reunión extraordinaria de la Comisión del Protocolo suscrito entre Junta y Gobierno central, para analizar “el dictamen y sus consecuencias”. El Protocolo data de 2011, y en él se recoge la obligación del Gobierno de asumir los costes derivados de la demolición y de la Junta de Andalucía de hacerse cargo de las tareas de desescombro y restauración de la playa.

Pese a la urgencia del Ministerio, la Junta ha reaccionado pisando el freno. Rocío Díaz, Consejera de Fomento de la Junta, recordó que ahora el dictamen debe regresar al Pleno de Carboneras para completar el trámite que lleve a la nulidad de la licencia. “Una vez culminado este trámite, avanzaremos hacia la demolición del inmueble y la restauración de este entorno natural”, dijo, sin que en su departamento aclararan si eso significa que no convocará ninguna reunión hasta que el municipio complete su parte.  

La Junta se siente “reforzada” y el Gobierno subraya su “impulso”

La noticia de que el Consultivo daba un impulso al proceso fue celebrada tanto en Sevilla como en Madrid. El dictamen es un “paso decisivo” para dar carpetazo a la historia de El Algarrobico y que ese “monumento a la irregularidad urbanística y el destrozo ambiental” desaparezca, según Díaz. Con palabras parecidas lo saludaron desde el Ministerio: un paso “determinante”.

Al mismo tiempo, las palabras escogidas por ambas administraciones también dejan entrever la guerra por el relato que, más allá de los avances administrativos hacia la demolición, se ha instalado desde que el pasado febrero el Ministerio activara la vía alternativa de la expropiación de los terrenos y la ministra de Hacienda y candidata in pectore a presidir la Junta, María Jesús Montero, lo anunciara por sorpresa a los pies del hotel.

Díaz subrayó este viernes que el dictamen “refuerza” a la Junta de Andalucía en el camino que “escogió” para acabar con el hotel. Es una puya al Gobierno central, porque el Gobierno andaluz insistió en su apuesta por anular la licencia frente a las invitaciones del Ministerio a que se sumara a la vía de la expropiación. Ahora, el Gobierno andaluz saca pecho, mientras fuentes del Ministerio resaltan que la “determinación e impulso” del Gobierno central habría “obligado” a otras instituciones a actuar.

Lo cierto es que la Junta de Andalucía se personó en la ejecución judicial de la sentencia que obliga a revisar la licencia en mayo de 2024, y en esta última fase ha presentado múltiples escritos de impulso del proceso, tras años de inacción. Nueve meses después, en febrero de 2025, el Ministerio irrumpió como un ciclón anunciando su intención de expropiar a Azata los terrenos de dominio público (la mitad, unos 32.000 metros cuadrados). Prometió incluso que El Algarrobico estaría demolido en 2025.

Hoy, la vía de la expropiación está pendiente de la resolución del Jurado Provincial de Almería, en la pantalla del justiprecio que debería recibir la promotora, que pide 44,5 millones de euros frente a los 16.500 que ofrece el Ejecutivo. Esta vía parece abocada también a la judicialización por esta amplia discrepancia económica.

Greenpeace pide reservar presupuesto

Greenpeace celebró como una “¡victoria!” decisiva el dictamen del Consultivo y vaticinó el fin de los “obstáculos administrativos” para la demolición del hotel, del que sería su “acta de defunción legal”. También pidió que se reserven ya partidas presupuestarias para acometer la demolición y desescombro, cuyo coste aproximado cifra en siete millones de euros. Los ecologistas creen que la decisión allana también el camino a la expropiación, puesto que con una licencia nula la promotora no puede exigir tanto dinero por entregar los terrenos.

Es indiscutible que es un paso que allana el camino hacia la demolición, pero esta es una historia tan larga, tan llena de vericuetos jurídicos, trampas procesales y voluntades dispersas, que es pronto para asegurar que el final está cerca. La piqueta aún debe recorrer terreno minado. La propia Consejera recordó que ahora el dictamen vuelve a Carboneras. “Ahora corresponde al Ayuntamiento llevar cuanto antes este asunto a pleno para oficializar la anulación definitiva de la licencia”, anunció, al tiempo que pedía al Consistorio “máxima celeridad y agilidad” para convocarlo.

Desde el Ayuntamiento no respondieron ayer a cuándo tiene previsto hacerlo, aunque el alcalde Salvador Hernández confirmó que llevará el asunto a Pleno: “Se someterá una medida a la que se nos obliga por sentencia a la deliberación y votación de todos los concejales”. El regidor llamó al Gobierno y la Junta “colaboración” y “lealtad institucional”: “No puede ser que el pueblo de Carboneras y los ciudadanos vengamos desde hace décadas este gran problema surgido por la responsabilidad todas las administraciones”. De fondo, está el temor a tener que indemnizar a la promotora por la licencia que le dieron en su día con unas arcas municipales muy escasas para la envergadura de esa posible reparación.

Durante años, el Consistorio (que inicialmente litigó del lado de la promotora) ha remoloneado para cumplir las sentencias que resuelven que el hotel es ilegal. Ha alegado falta de personal habilitado para tramitar el expediente, su complejidad, errores materiales, errores procedimentales y meros lapsus, o pedido nuevos informes (innecesarios, según el propio TSJA) que siempre tenían el efecto de devolver la ejecución de las resoluciones judiciales varias casillas atrás. En el camino, ha agotado la paciencia de los ecologistas (que han llevado al caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos), la Junta de Andalucía (que ha criticado las maniobras “claramente dilatorias”) y, aparentemente al menos, de los jueces, que han advertido varias veces a los alcaldes con multas, sin imponerlas nunca, y se han planteado intervenir directamente.

El alcalde ha dicho este viernes que todo esto son “interpretaciones malintencionadas” y que estas demoras se deben a la falta de recursos. Hace poco más de un año pidió negociar con la promotora y abrir la puerta a la conservación de la mole “como hotel o residencia”, advirtiendo de que la revisión de la licencia podría llevar hasta cinco años.

Además, el propio abogado de los ecologistas ve probable que la promotora y propietaria de los terrenos, Azata del Sol, busque la vía para torpedear la resolución con algún nuevo recurso.

El destino de la mole es claro desde que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declaró que el suelo era no urbanizable y la licencia debía ser revisada en sendas sentencias dictadas en 2016 y 2018, firmes respectivamente desde 2018 y 2021. Lo que ocurre es que el cumplimiento material de esas resoluciones depende en última instancia de un sistema garantista que permite recursos contra casi cualquier acto administrativo, y de la capacidad y voluntad de impulsar los trámites de la administración local, hasta ahora, y cuando se supere esa pantalla definitivamente, de la autonómica y el Gobierno central.

Más de 30 colectivos de toda Canarias han exigido este jueves, a través de un comunicado, que la Dirección General de Costas del Gobierno aclare en qué consisten los movimientos de tierra que está llevando a cabo la empresa Lopesan en el entorno natural de Veneguera, en Gran Canaria.

Estos colectivos, entre los que se encuentran Ben Magec, Turcón, Canarias Insumisa, Salvar La Tejita, ATAN, Salvar Chira-Soria o la Fundación Telesforo Bravo, entre otros, han mostrado su preocupación por estos trabajos que lleva a cabo la filial agrícola de Lopesan realizando movimientos de grandes cantidades de cantos rodados y áridos en la propia playa, sin que haya cartel preceptivo.

Los colectivos han advertido que maquinaria pesada eliminó el talud natural característico de las playas del oeste de Gran Canaria, arrastrando “grandes cantidades de cantos rodados y áridos desde la propia playa hacia la zona del antiguo aparcamiento”, donde ha sido sepultado.

Por ello han exigido a Costas “que aclare en qué consiste exactamente el supuesto proyecto de renaturalización de Lopesan en Veneguera, qué actuaciones contempla además de las ya ejecutadas y bajo qué criterios técnicos, ambientales y administrativos se están llevando a cabo estos movimientos de áridos y callados”.

Igualmente, han solicitado “conocer los informes ambientales públicos que los avalen y cuáles son los verdaderos objetivos de intervención sobre la playa y su entorno”.

En ese sentido, los colectivos han recordado que Lopesan, según su escrito, “ha destruido importantes zonas de tarajales en el cauce, eliminado valiosos hábitats de tabaibal cardonal centenarios en la ladera conocida como Tabaibales”, al tiempo que, siempre según esta versión, “han modificado el cauce en multitud de ocasiones, han destruido un yacimiento arqueológico en 2023 de enorme valor patrimonial, hechos que actualmente continúan bajo investigación judicial, y han cortado accesos y caminos”.

Debido a estos antecedentes estos colectivos han advertido de que podría tratarse de “un nuevo episodio de intervención progresiva sobre uno de los últimos lugares semivírgenes” de Gran Canaria, algo que les preocupa “profundamente”.

“Veneguera no pertenece a ninguna empresa: pertenece a la memoria colectiva de quienes la defendieron y al derecho de todas las personas a seguir disfrutándola libremente”, han concluido.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha informado este viernes por carta a los presidentes de Canarias, Fernando Clavijo e Illes Balears, Marga Prohens, y al presidente en funciones de Andalucía, Juan Manuel Moreno, del acuerdo por el que se inicia la modificación del Reglamento de Costas “que permitirá a estas comunidades aumentar su capacidad de autogobierno en esta materia”, tal y como señala el departamento en un comunicado.

El Ministerio recuerda que, a iniciativa con Transición Ecológica, se ha acordado que, en el marco de la modificación del Reglamento General de Costas, se permitirá aplicar las nuevas medidas a las comunidades que tienen las competencias transferidas, como es Canarias desde el 1 de enero de 2023.

Fue anunciado por Ángel Víctor Torres, tras la reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat de Catalunya, el pasado 20 de mayo, donde se acordó una modificación del Reglamento General de Costas, para adaptarlo al marco previsto en el Estatuto de Autonomía de Catalunya, y que beneficiará a otra comunidades con competencias en esta materia.

Así, en el plazo de tres meses, se impulsará la inclusión en el proyecto de reforma de un mecanismo de cooperación referido a las llamadas concesiones demaniales (cesión a una persona física o jurídica del derecho de uso de un bien de dominio público).

En este sentido, la administración autonómica notificará a la del Estado cada solicitud en tramitación para que, en el plazo máximo de dos meses, emita por escrito su criterio en relación con la garantía de la integridad física y del uso público del dominio público marítimo-terrestre.

El Ministerio detalla que, en caso de discrepancia se abrirá un período de consultas a fin de llegar a un acuerdo durante un periodo máximo de un mes. 

Además, se creará una comisión de seguimiento, de composición paritaria, que promoverá la colaboración en el ámbito del uso del dominio público marítimo-terrestre.

Según el ministro Torres, se trata de una apuesta más del Ejecutivo para mejorar el autogobierno.

La reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat de Catalunya celebrada este miércoles en Madrid ha concretado algunas medidas, como la gestión del litoral, donde se ha acordado una modificación del Reglamento General de Costas, para adaptarlo al marco previsto en el Estatuto de Autonomía de Catalunya, y que beneficiará a otra comunidades, entre ellas a Canarias, a la que a principios de 2023 le fueron transferidas las competencias en esta materia.

Así lo señaló en rueda de prensa el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien aseguró que en un plazo máximo de tres meses el Consejo de Ministros aprobará una modificación del Reglamento General de Costas que beneficia a todas aquellas comunidades que tienen gestión del litoral.

Fuentes del Ministerio que dirige Torres indican que esta modificación permitirá que en determinadas concesiones en la que existía el veto del Estado, se sustituya por un informe con el criterio del Gobierno central al que se le sumará el informe correspondiente de la comunidad autónoma.

Además, la modificación seguirá los criterios establecidos en los acuerdos de traspaso de funciones aprobados recientemente para País Vasco y Galicia.

El ministerio subraya que lo acordado con Catalunya “supone un paso más en el autogobierno y mejora para la comunidad canaria el traspaso de la gestión del litoral”, que desde el 1 de enero de 2023 dispone de las competencias en materia de Costas.

Fue a partir de esa fecha, cuando Canarias dispuso de la gestión, entre otras, de autorizaciones de dominio público, de las zonas de servidumbre o de concesiones demaniales así como en obras y actuaciones en el litoral del Archipiélago.

Los datos ya no dejan lugar a duda: Canarias tiene un problema con su costa. El litoral del archipiélago pierde cada año cuatro kilómetros de costa natural por artificialización. Es decir, cada tres meses se pierde un kilómetro de costa natural por la actividad humana, convirtiéndolo en superficies artificiales. 

El 18% del suelo en la franja de los primeros 500 metros desde el mar ya ha sido transformado principalmente por el urbanismo, y fuera de los espacios protegidos ese porcentaje supera el 40% en varias islas. Estas son algunas de las principales conclusiones de SOS Costas Canarias, “el primer y único diagnóstico público y riguroso” sobre el estado real del litoral canario, presentado por la Fundación Canaria y el Observatorio de la Sostenibilidad. 

Turistificación: el motor de la destrucción costera

El informe apunta directamente a la turistificación como el principal impulsor de la devastación costera. El 96% de los turistas que visitan Canarias se concentra en cuatro islas (Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote) y dentro de ellas el 88% se reparte en 16 municipios. Las Islas alcanzan un índice de casi 20 plazas alojativas por cada 100 habitantes, casi cinco veces más de la media nacional.

Dos municipios, Adeje y San Bartolomé de Tirajana, reciben juntos cuatro millones de turistas al año. Y otras cinco localidades (Yaiza, Pájara, Mogán, San Bartolomé de Tirajana y Adeje) las plazas turísticas ya superan en número a los residentes. Esto crea una presión de inversión constante sobre los mismos puntos del litoral, generando conflictos entre la conservación del territorio. 

En 2025, Canarias recibió 18,4 millones de turistas con una media de 7 pernoctaciones por persona; esto supone una media de 300.000 visitantes simultáneos diarios en el archipiélago, según el Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

A esta presión turística se suma una pérdida masiva de suelo agrícola en la franja costera. De las 80.000 hectáreas históricamente cultivadas en los primeros cinco kilómetros desde el mar, hoy solo permanece activo el 38%. En Fuerteventura, el colapso es aún más severo: apenas el 9% de ese suelo sigue siendo productivo.

80.000 personas en riesgo de inundación marina

El informe pone el foco también en los riesgos que acarrea esta ocupación del territorio. Las inundaciones representan el 69% de los pagos del Consorcio de Compensación de Seguros por desastres naturales en España, y Canarias no es ajena a esa realidad: cerca de 80.000 personas están expuestas a inundaciones marinas en 54 municipios costeros, y otras 11.400 viven en zonas de riesgo próximas a barrancos. “Si se sigue construyendo en estas zonas habrá más población en riesgo, y cada vez será más peligroso en este escenario de cambio climático en el que estamos viviendo”, señala Fernando Prieto, director del Observatorio de Sostenibilidad. 

El estudio advierte además que prácticamente todas las centrales térmicas del archipiélago están expuestas a inundaciones marinas, y que una emergencia de este tipo podría comprometer el abastecimiento de agua al afectar a las plantas desaladoras. Además, casi la mitad del suelo inundable está clasificada como urbana, o que ya están urbanizadas, “lo que supone un grave problema si no se corrige la ordenación territorial”, asegura Anne Striewe, directora de Fundación Canarina. 

291 puntos de vertido al mar sin autorización, algunos dentro de la Red Natura 2000

Los vertidos al mar son quizá el hallazgo más perturbador del informe. En 2025 hay censados 403 puntos de vertido al mar en el archipiélago, de los cuales 291 carecen de autorización. En El Hierro, el 100% de los puntos de vertido opera al margen de la legalidad; en La Palma, el porcentaje alcanza el 88%. Para colmo, 94 de estos puntos vierten directamente en espacios de la Red Natura 2000, áreas de especial protección medioambiental de la Unión Europea. 

Sólo hay 112 emisarios con autorización. Tenerife concentra casi la mitad de los puntos de vertido, seguida de Gran Canaria, mientras que el resto de islas tienen cifras mucho menores. La distribución refleja claramente la relación entre vertidos, densidad de población y presión turística. Más del 70% de los puntos son simples desagües sin condiciones adecuadas de dilución, y solo un 13% utiliza emisarios submarinos, que son los sistemas técnicamente adecuados.

Según el informe, hay más de 20 instalaciones industriales que vierten directamente al mar en Canarias. Las emisiones incluyen compuestos orgánicos persistentes, metales pesados, pesticidas y otras sustancias. 

Una realidad incómoda

El informe señala que la figura de “declaración de interés insular o autonómico”, introducida por la Ley 4/2017, se utiliza sistemáticamente para eludir los mecanismos ordinarios de control urbanístico y ambiental, en proyectos que en la mayoría de los casos aumentan la presión sobre espacios protegidos, consumen recursos hídricos escasos y generan nueva demanda de energía en territorios ya saturados.

Es el primer informe de estas características que se hace público en Canarias, lo que da idea de la ausencia de datos sobre el litoral que ha habido durante décadas. Ha tenido que ser una fundación y un observatorio independiente, y no la administración, quienes han elaborado el estudio, lo que dice bastante sobre el estado de la gobernanza costera en el archipiélago.

Los números son difícilmente reversibles, como reconoce el propio título del informe. Pero sus autores insisten en que todavía hay margen para actuar si las instituciones asumen la urgencia. La pregunta es si lo harán antes de que los cuatro kilómetros anuales que Canarias pierde se conviertan en una cifra imposible de recuperar.

Medidas urgentes y soluciones posibles

Para ello, el informe realiza algunas exigencias al Gobierno regional y a los Cabildos, como que paralicen cautelarmente todos los nuevos proyectos urbanísticos en las franjas de mayor presión y constituyan una mesa técnica para revisar los Planes Insulares de Ordenación.

“La costa canaria es un patrimonio natural, social y económico de valor incalculable. Su protección no es una carga, sino una oportunidad para liderar un modelo de desarrollo basado en la calidad, la sostenibilidad y la equidad. No hay tiempo que perder: cada nuevo suelo urbanizable aprobado en la costa es un paso irreversible hacia la pérdida de lo que nos hace únicos”, aseguran los impulsores del informe SOS Costas Canarias. 

El responsable del estudio, Fernando Prieto, es tajante: “Canarias tiene que elegir entre un escenario de colapso, con vez mas turistas, mas destrucción de la costa y mas desigualdad, o un escenario de adaptación al cambio climático, con menos turismo, menos desigualdad y mas conservacion del territorio”.

El estudio, con casi 700 páginas, fue presentado este jueves ante un aforo completo en la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna. En el debate de la mesa redonda que clausuró la jornada, participaron la abogada ambientalista Irma Ferrer, la comunicadora científica Carla Henríquez, el responsable del estudio Fernando Prieto, el científico del Observatorio de la Sostenibilidad y el profesor de la ULL Abel López Díez, y fue moderada por Anne Striewe, directora general de la Fundación Canarina, que explicó que SOS Costas Canarias “estará disponible de forma pública y gratuita en las próximas semanas en la web de la Fundación Canarina como herramienta de consulta para organizaciones, medios de comunicación y ciudadanía, y principalmente para que las instituciones que tengan que tomar decisiones sobre nuestro territorio, lo hagan de manera informada y con datos científicos como base”.

El Ayuntamiento de Noja ha presentado el proyecto para cambiar el uso de un edificio municipal, a escasos 100 metros de la playa de Ris, en el futuro Centro de Surf de la localidad.

Con un presupuesto base cercano al medio millón (474.000 euros), se acometerá la rehabilitación integral del inmueble, destinado en la actualidad a sala de usos múltiples y almacén, para convertirlo en un espacio funcional para usuarios, escuelas y visitantes, situado en la Avenida de Ris número 79.

Según la nota de prensa, la nueva instalación contará con una superficie útil de más de 248 metros cuadrados dentro de un edificio de 391 m2 construidos, y será un equipamiento deportivo “moderno, accesible y plenamente integrado” en el entorno de Ris.

El nuevo centro contará con un almacén de tablas, que acogerá hasta 310 en disposición vertical, además de vestuarios, duchas, aseos y taquillas.

El proyecto contempla también mejoras estructurales y de eficiencia, como la renovación de las cubiertas, la modernización de fachadas mediante sistemas ventilados, la sustitución de elementos deteriorados y la creación de nuevas instalaciones de saneamiento, fontanería, electricidad, climatización y ventilación.

Además, se incorporarán duchas exteriores y lavapiés en el entorno del edificio para minimizar la entrada de arena en las instalaciones, así como nuevos sistemas de control inteligente de accesos mediante pulseras electrónicas o dispositivos móviles para mejorar la seguridad.

En el diseño, según el comunicado, se ha priorizado la durabilidad y resistencia de los materiales frente a la humedad y al ambiente marino, y se emplearán soluciones técnicas como paneles fenólicos HPL, acero galvanizado y rodapiés de aluminio.

Ecologistas en Acción Cantabria (EAC) ha solicitado formalmente el cese del responsable de la Demarcación de Costas en Cantabria, José Antonio Osorio, tras la tragedia de El Bocal -en la que el 3 de marzo murieron seis jóvenes y otra resultó herida al colapsar una pasarela- y ante “la persistencia de graves deficiencias en la gestión del litoral”.

Según ha explicado la asociación en un comunicado, la petición se fundamenta en “la falta de actuaciones eficaces para resolver problemas estructurales”, así como “decisiones controvertidas en la gestión de infraestructuras costeras que han generado un notable rechazo social y técnico”.

Los ecologistas consideran que la actual dirección “ha demostrado una falta de diligencia, transparencia y capacidad de respuesta ante retos ambientales críticos, comprometiendo la protección del dominio público marítimo-terrestre y la conservación de ecosistemas sensibles”.

Por todo ello, la asociación reclama al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) la “adopción urgente de medidas” que permitan una renovación en la dirección, con el objetivo de “garantizar una gestión más rigurosa, sostenible y alineada con el interés general”.

El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles por unanimidad pedir una modificación de la Ley de Costas estatal para dar encaje y seguridad jurídica a los núcleos costeros tradicionales y otras instalaciones de interés público en terrenos que han pasado a ser de dominio marítimo-terrestre. Sin embargo, bajo esa definición caben desde pueblos con décadas de historia, hasta polémicos proyectos como Cuna del Alma y el hotel en La Tejita o los hoteles Riu en Corralejo, con orden de demolición por parte del Ministerio para la Transición Ecológica.

La iniciativa ha partido del PP, que ha aceptado sendas enmiendas del PSOE, en la que se insta al Gobierno de Canarias a agilizar la tramitación de una ley de Costas autonómica, y de los otros grupos que apoyan al ejecutivo, CC, AHI y ASG, donde reclaman el “traspaso efectivo” de las competencias en esta materia por parte del Estado.

En estos dos puntos de la proposición no de ley Vox ha votado en contra, pues antes de “obsesionarse con el autogobierno”, lo que debe hacer el Gobierno de Canarias es completar el censo de núcleos costeros e impulsar medidas para las familias afectadas, ha indicado la diputada Paula Jover.

Jennifer Curbelo (PP) ha recalcado en la defensa de su iniciativa que la Ley de Costas estatal, que data de 1988, “no tuvo en cuenta las singularidades costeras del país y en particular de Canarias; dibuja líneas sin criterio, con dientes de sierra injustificados”.

Con lo cual, pone en jaque la seguridad jurídica de muchos de estos asentamientos, varios de los cuales cuentan con órdenes de demolición vigentes.

Ha abundado en que los deslindes definidos en la ley “no se corresponden a una base científica” ni tienen en cuenta “las circunstancias y características de cada zona”.

Curbelo ha afirmado que al referirse a estos núcleos “hablamos de nuestra propia identidad, nuestra idiosincrasia, nos definen como pueblo”, y que sus habitantes han pasado “años de calvario judicial” porque “cada deslinde, decisión, línea marcada, afecta a una casa y conlleva a un litigio largo y costoso” y a un desgaste personal.

Ha pedido el apoyo del resto de grupos, en especial al PSOE, a cuyos diputados ha pedido que hablen con la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para que “saque de la gaveta” la modificación de la Ley de Costas estatal.

Rafael Nogales (PSOE) ha señalado que esta proposición no de ley es “una réplica” de la iniciativa que se tramita en el Congreso, que “no está en la gaveta” sino en el trámite de enmiendas, y ha añadido que las diferencias entre núcleos de las diferentes comunidades “dificulta y ralentiza” el proceso.

El diputado socialista ha hecho hincapié en que Canarias tiene “una gran ventaja”, que es tener las competencias trasferidas desde 2023, lo que posibilita impulsar una ley propia, que es “la mejor manera de salvaguardar buena parte de los núcleos”.

Ha recordado que en mayo de 2024 se inició el anteproyecto de ley y que, casi dos años después, se dio el primer paso con la publicación de la consulta previa, y ha añadido que ésta “puede ser una oportunidad histórica si se tramita con rigor”.

Ha abundado en que “no basta con mirar a Madrid mientras aquí no se haga la tarea pendiente”, y ha añadido que Canarias “se merece” que el ejecutivo autonómico “gestione de forma más ágil las trasferencias recibidas”.

Nogales ha subrayado que “esto no se resolverá con una declaración de intenciones” y ha rememorado que en 2013, con un Gobierno del PP con mayoría absoluta, se modificó la ley estatal “pero no se modificó nada de los asentamientos costeros”.

Jana González (CC) ha explicado que el apoyo de su grupo a la PNL del PP pidiendo una modificación de la ley estatal “no debe afrontarse como una renuncia a la gestión de nuestras competencias”.

Ha afirmado que el Gobierno de Canarias ha dado muestras de su “compromiso con la defensa del autogobierno” al crear una Dirección General de Costas y al incluir la petición de la “plena asunción de competencias” en la llamada 'agenda canaria'.

La diputada nacionalista ha afirmado que el traspaso de competencias se hizo “de forma errónea”, y que lo que pide el ejecutivo regional es que “no haya interferencias” por parte del Estado y que se respete el Estatuto de Autonomía.

González ha indicado que tras 38 años de vigencia de la ley estatal, ésta necesita modificaciones, “pero sabemos que las respuestas correctas se darán desde el autogobierno”.

Jesús Ramos (ASG) ha convenido en la necesidad de modificar la ley estatal para evitar disfunciones “si seguimos legislando a miles de kilómetros”, y también ha defendido que la transferencia de Costas debe ir acompañada de los “medios económicos, materiales y humanos necesarios”.

En la misma línea, Raúl Acosta (AHI) ha indicado que “difícilmente se podrá dar una respuesta adecuada sin contar con las herramientas necesarias”, y sobre los núcleos costeros canarios ha destacado el valor de incorporar a la PNL la referencia a los valores etnográficos de los mismos.

Carmen Hernández (NC) se ha felicitado porque PP y PSOE hayan coincidido en la necesidad de tocar la ley estatal de Costas, dado que ambos partidos tienen mayoría en las Cortes, con lo cual “hoy salimos de aquí con la tranquilidad de que se puede cambiar, de que hay voluntad política”. 

El respeto a las costas en el Gobierno de CC y el PP

Un repaso a las últimas actuaciones de Coalición Canaria y Partido Popular pone en entredicho el “desarrollo sostenible” de la costa que defienden. Bajo su mandato, el Gobierno canario ha allanado el camino de la polémica urbanización turística Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje (sur de Tenerife), archivando un expediente sancionador, desentendiéndose de otro y permitiendo la ocupación del proyecto, que prevé la construcción de 420 villas de lujo, en la franja de protección de la costa.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico ha desechado la compra del terreno en La Tejita, en Granadilla de Abona, donde se proyecta un hotel de cinco estrellas con 883 plazas junto a una reserva natural, la de Montaña Roja. La adquisición de ese solar supondría la paralización definitiva de la iniciativa, muy criticada por colectivos sociales desde el principio. E incluso la promotora del complejo, la empresa Construcción, Promoción y Derivados SA, del empresario José Viqueira, “mostró su disponibilidad” a la venta. Pero Clavijo ha guardado en un cajón el procedimiento de compra que inició la Administración anterior, liderada por Ángel Víctor Torres (PSOE), y ha llegado a sugerir que sea el Estado quien asuma el coste de la operación.

También durante esta legislatura, el Gobierno de Canarias recurrió ante el Constitucional la orden de derribo del Hotel Oliva Beach, en Fuerteventura, situado en las Dunas de Corrajelo. El Ministerio para la Transición Ecológica decidió no renovar la concesión otorgada hace más de 20 años al constatar ciertos incumplimientos. El Ejecutivo de Clavijo llevó el caso a los tribunales porque consideró que esa decisión era de su competencia, llegando a hablar de “injerencia directa” del Estado. Y el Constitucional finalmente dio la razón al Estado por unanimidad.

Pero eso no es todo. En octubre de 2023, el Ejecutivo regional autorizó una reforma en el Beach Club de San Agustín, un hotel de cuatro estrellas en el sur de Gran Canaria levantado en primera línea de playa sobre el que pesa desde hace más de 15 años una sentencia firme del Tribunal Supremo que obliga a la demolición de parte de sus instalaciones. El Ministerio para la Transición Ecológica sostiene que ese proyecto de remodelación no ha contemplado “las obras necesarias” para el cumplimiento del fallo. Mientras que el Gobierno canario sí, lo que ha derivado en un nuevo pleito judicial entre ambas administraciones.