El Tribunal Supremo se resiste a cerrar el caso Macedonia, la que un día fue la gran causa de corrupción policial ligada al narcotráfico en Catalunya y que se saldó con sonoras absoluciones. Más de quince años después de los hechos, el Alto Tribunal obliga a la Audiencia de Barcelona a elaborar una nueva sentencia sobre tan solo uno de los inicialmente absueltos: el subinspector de los Mossos d’Esquadra acusado de colaborar con Manuel G.C., histórico confidente de la policía catalana y sospechoso (y exculpado) de tráfico de drogas.

El subinspector Josep R. fue detenido en octubre de 2010, en el marco de la operación Macedonia que comandó el entonces titular del juzgado de instrucción uno de Barcelona, Joaquín Aguirre, el mismo que lideró la oposición judicial a la amnistía con el caso Volhov. A día de hoy, el juez está jubilado.

Tras una instrucción que se alargó diez años y en la que Aguirre se enfrentó al futuro major de los Mossos, Josep Lluís Trapero, por entonces jefe de investigación de la policía autonómica, la Audiencia de Barcelona absolvió a la mayoría de procesados, echó por tierra la hipótesis del juez y tildó parte de la instrucción de “errática” y “prospectiva”.

En su sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Antonio del Moral, el Supremo evita las críticas a la instrucción del juez Aguirre. Por el contrario, elogia y considera “muy trabajado” uno de sus autos de intervención telefónica que anuló la Audiencia de Barcelona por desproporcionado.

La sentencia de la sección 3ª de la Audiencia de Barcelona también recibe buenas palabras del Supremo, que destaca el “esfuerzo” del tribunal en “desbrozar” los hechos. “Especialmente —agrega el Alto Tribunal— la ponente”, que fue la magistrada Carme Guil.

Sí deja entrever el Supremo cierto desacuerdo con las absoluciones generalizadas que dictó la Audiencia de Barcelona, aunque no las tumba porque estuvieron bien argumentadas. “La sentencia podrá ser tildada de indulgente, de demasiado estricta en el marco de las exigencias probatorias (lo que, por otra parte, parece de esencia de la presunción de inocencia), proclive en exceso a admitir explicaciones exculpatorias, ingenua en algunas valoraciones... pero no de irracional”, zanja el Alto Tribunal.

No esconde el Supremo que el paso del tiempo ha sido un factor a tener en cuenta para estudiar los recursos. Los años transcurridos desde que se iniciara y enjuiciara la causa no han cambiado los criterios jurídicos del Alto Tribunal, pero los togados admiten que han valorado el “factor temporal” a la hora de dictar su fallo.

La restitución de una única prueba anulada por la Audiencia, que obligará a esta instancia a dictar una nueva sentencia sobre el mosso Josep R., se ha decidido “de forma muy escrupulosa”, remarca el Supremo, que se declara “consciente” de que reabre “un camino que no se percibe corto”, ya que comportará otro estudio a fondo del caso, una nueva sentencia y otro trámite de recursos. Desde la primera sentencia de la Audiencia de Barcelona a la del Supremo han pasado tres años y medio.

Un caso que no termina

La sentencia del Supremo estima, en parte, el recurso de la Fiscalía, que había impugnado la sentencia de la Audiencia de Barcelona en su totalidad. “No es frecuente un recurso del Ministerio Fiscal articulado en doce motivos diferentes”, advierte la resolución del Alto Tribunal.

El Ministerio Público pretendía que el Supremo diera marcha atrás a la anulación de los pinchazos telefónicos, averiguaciones patrimoniales y otras pruebas como declaraciones de los investigados tras su detención que ordenó la Audiencia. También cargó la Fiscalía contra la “racionalidad motivadora” de la primera sentencia, extremo que el Supremo no comparte.

De todas las impugnaciones del Ministerio Público, el Supremo acoge tan solo la relativa a la anulación de la declaración de Josep R. tras ser detenido por orden del juez Aguirre en 2010. La Audiencia había tumbado el interrogatorio porque se había producido superando el plazo máximo legal de 72 horas estipulado para la detención, pero el Supremo la da por válida porque, aunque más tarde, se hizo con todas las garantías.

En consecuencia, la Audiencia de Barcelona tendrá que valorar ahora las palabras de Josep R. en instrucción, cuando reconoció haber facilitado a otros acusados información y una fotografía de otro investigado extraída de las bases de datos policiales.

La declaración en instrucción del mosso, argumenta el Supremo, “aporta elementos autoinculpatorios capaces de matizar o variar la fiabilidad de las manifestaciones” que hizo el agente en el juicio y “poder fundar una convicción diferente” (esto es, una condena), aunque corresponderá al tribunal barcelonés valorar si condena o vuelve a exculpar al policía.

Qué supone anular pruebas

Más allá del caso concreto de Josep R., la sentencia del Supremo desliza reflexiones interesantes sobre lo que supone anular pruebas por vulnerar los derechos fundamentales, tal y como hizo la Audiencia, por errores en la instrucción.

“Produce gran decepción (más si pensamos en delitos con víctimas concretas) que una complicada tarea de investigación y enjuiciamiento laboriosamente construida se derrumbe como un castillo de naipes, porque las dos primeras 'cartas' eran 'defectuosas', se eligieron sin cuidado y al final acaban por ceder arrastrando con ellas todo el 'castillo'”, asevera el tribunal.

La anulación de una prueba, incide el Supremo, “constituye un fracaso del sistema de justicia penal”. Aunque pueda entenderse como una señal de que el sistema funciona porque se revisa a sí mismo, “no deja de constituir un fracaso por cuanto significa el reconocimiento de que se ha vulnerado un derecho fundamental”, agregan los magistrados.

Recortar una prueba obtenida de forma ilícita, ahonda el tribunal, tiene consecuencias y limita el derecho a la tutela judicial efectiva, pero se trata de “un tributo que hay que pagar gustosamente cuando en verdad se constata una vulneración de un derecho fundamental”. “La Sala de instancia [la Audiencia de Barcelona] entendió que había que abonarlo. No encontramos razones suficientes para enmendar su valoración. Se asume el precio”, concluye el Supremo.

Macedonia fue uno de los capítulos polémicos de la historia judicial catalana. Provocó un grave enfrentamiento que no se ha resuelto entre el juez Aguirre y el major Trapero, entonces investigador del caso y que requirió al magistrado una orden por escrito que nunca llegó (y no solo verbal) para intervenir los teléfonos de todo el grupo antidroga de la Guardia Civil en Catalunya, tal y como pretendía el instructor.

Después de esta discrepancia entre Trapero y el juez, llegó la sombra de la brigada política del PP que anidó en el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy y de las maniobras del comisario Villarejo contra el major, aunque las magistradas descartaron que influyeran en el devenir del caso Macedonia. 

Hoy comienza el juicio de la operación Kitchen. Llevamos años hablando de ella pero lo primero que hay que entender es exactamente qué juzga el caso Kitchen. Esta es una pata de tres, de los tres operativos del Gobierno de Rajoy con fondos reservados para actuar contra sus enemigos políticos primero en Catalunya, desprestigiando con informes falsos publicados por la prensa a los líderes del proceso soberanista. Luego, repitiendo ese modus operandi contra Podemos y sus responsables. Y en tercer lugar, la tercera pata de esa brigada política es la Operación Kitchen, la operación para sabotear el mayor caso de corrupción del Partido Popular. 

El periodista de elDiario.es Pedro Águeda nos va a acompañar en la narración de este capítulo, que hacemos porque seguimos teniendo la sensación de que no acaba de calar la importancia y la gravedad de un caso que no es solo corrupción. Es un caso para tapar la corrupción. En este capítulo escucharás audios que proceden de grabaciones judiciales o del propio comisario Villarejo. 

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'Juicio final a la guerra sucia del PP': un documental de elDiario.es sobre la Operación Kitchen

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A las órdenes del juez Pablo Ruz y ayudado por una decena de fieles, el inspector jefe Manuel Morocho se enfrentó a la corrupción policial de sus superiores durante los años como investigador de los casos Gürtel y caja B del PP. Los comisarios por encima del agente 81.067 se esforzaron en convertir el trabajo y la vida del investigador en un suplicio durante cuatro años. Con él fuera de juego, el partido en el Gobierno podría respirar. Pero Morocho resistió. Hasta que llegó su oportunidad de revelar ante un tribunal, en el juzgado del caso Villarejo y ante las comisiones del Congreso lo que había ocurrido en la Policía esos años. El inspector jefe relató las maniobras para que la causa judicial contra el PP fracasara y certificó que Kitchen fue una operación ilegal. 

El testimonio de Manuel Morocho resultará clave en el juicio que empieza el 6 de abril por el espionaje a Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados. Los acusados niegan que trabajaran para encontrar y destruir pruebas de la caja B del PP. Su defensa es que buscaban el dinero escondido por el extesorero del partido y sus testaferros y poner las pruebas a disposición del juez. Durante la instrucción del caso Kitchen, Morocho desmontó esa coartada: él era el único responsable de investigar la caja B a las órdenes de Pablo Ruz, y ni él ni el juez fueron nunca informados de las maniobras de la brigada política. “Habían hecho una investigación sobre Luis Bárcenas y su entorno al margen del grupo de investigación y al margen del procedimiento judicial”, dijo Morocho en el juzgado. 

El relato del policía mientras se instruía el caso Kitchen, del que ahora ofrece las primeras imágenes elDiario.es, detalla cómo unos mandos policiales a los que se había confiado la labor de esclarecer un delito se empeñan en taparlo. Los mandos de la Kitchen compraron al chófer de los Bárcenas con dinero público, robaron documentación al extesorero, allanaron un local de su esposa y orquestaron vigilancias a la familia 24 horas. 

Mientras eso ocurría, los superiores de Morocho presionaban al verdadero investigador de la caja B para que sus pesquisas no dañaran al PP y al Gobierno. En su declaración ante el juez García Castellón, en junio de 2021, Morocho afirmó: “Se me conminó a que no pusiera en el cuerpo del informe [de la caja B] ningún nombre de responsable político, y concretamente se me expresó el nombre de Mariano Rajoy. No querían que apareciera en el cuerpo del informe su mención ni aquello a lo que se aludía en los documentos, que no solo eran contraprestaciones, sino determinadas compras de ropa”, afirmó el policía en la Audiencia Nacional sobre los sobresueldos al líder del PP. 

Cuando el juez le preguntó quién hizo eso, Morocho dio los nombres de toda su “cadena de mando” en la UDEF: “Desde el que entonces era comisario general [de Policía Judicial], el señor Losada, Manuel Vázquez, jefe de unidad, el señor Gudiña, el jefe de brigada y los dos jefes de sección”.

Asuntos Internos para “doblegar” al policía

El Ministerio del Interior implicó a la Unidad de Internos de la Policía en su acoso a Morocho. Acusó al policía y los agentes a su cargo de filtrar un informe de Gürtel sobre los pagos de la red a la ministra de Sanidad Ana Mato, después de que una copia apareciera en el polémico registro de la agencia de detectives Método 3 de Barcelona. Mantuvieron la acusación contra el Grupo XXI pese a que los informes policiales circulaban por todas las redacciones del país en cuanto tenían acceso a ellos los abogados del centenar de imputados en Gürtel. 

Morocho y los agentes a su cargo fueron interrogados por Asuntos Internos, según reveló elDiario.es el 1 de abril de 2014. En ese momento, Asuntos Internos estaba ya convertida en un bastión de la policía política, implicada en la Operación Cataluña, y liderada por uno de los comisarios que se sentará en el banquillo, Marcelino Martín Blas. 

El 14 de abril de 2021, siete años después, Morocho prestó declaración en el juicio por la reforma de la sede del PP con dinero negro. Al ser preguntado por el episodio con Asuntos Internos, el policía respondió: “Se buscaba ganarnos una presión, una tensión, para que nos doblegáramos y no ejerciéramos la misión que teníamos encomendada”.

Las presiones a Morocho habían comenzado desde antes de que llegara el Partido Popular al poder. En la oposición, la formación de Rajoy había cargado contra la UDEF llegando a acusar a los policías de “fabricar pruebas” en Gürtel para perjudicar al partido. Expertos en mantenerse a flote, los superiores de Morocho ya se preparaban para el cambio de Gobierno en 2011. José Luis Olivera era el jefe de la Unidad, creada en tiempos de Zapatero que había investigado los grandes casos de corrupción. También es el comisario que ayudó a Villarejo a que la investigación no alcanzara a los máximos líderes del PP, según confiesan ambos en un audio. 

El grupo de Morocho acabó el informe sobre los regalos de la trama Gürtel al matrimonio de Jesús Sepúlveda y Ana Mato en enero de 2011. Sin embargo, “el informe fue parado y hasta febrero de 2012 no salió”, después de las elecciones generales que le dieron la victoria a Rajoy y solo ante la insistencia de la Fiscalía Anticorrupción. 

Morocho explicó a García Castellón que Olivera, el jefe de la UDEF, pensaba que “lo iban a defenestrar”, pero sus temores se disiparon cuando trascendió el nombre del nuevo ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. “Él es amigo personal del ministro desde la juventud, por cuestiones familiares y, si bien se le quitó de la unidad, realmente se le dio un puesto de más relevancia dentro del Ministerio”. Morocho se refiere al cargo de director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Desde ese puesto, años más tarde, Olivera urdiría el montaje de la cocaína contra Miguel Urbán para atacar a Podemos y garantizar que Rajoy seguiría en Moncloa.

La salida de Olivera de la UDEF no lo apartó totalmente de la investigación. El comisario seguía llamando a su anterior subordinado, Morocho, para requerirle información. El inspector relató a García Castellón cómo Olivera le ofreció un puesto en Lisboa en junio de 2013, el mismo mes en que Bárcenas confesó la financiación irregular del PP. Morocho detalló cómo en medio de la conversación sonó el móvil de Olivera y éste le hizo ver que era el mismo Fernández Díaz interesándose por su respuesta. Ante la negativa de Morocho, Olivera siguió haciéndole ofertas para destinos bien remunerados en el extranjero que el entones inspector rechazó.

“Has cometido un gran error”

Las cosas no mejoraron con el sustituto de Olivera. El comisario fue reemplazado al frente de la UDEF por Manuel Vázquez. Morocho explicó en la Audiencia Nacional que el 29 de abril de 2013 entregó un informe clave en el caso de la caja B y también narró lo que ocurrió a las 8 de la mañana del día siguiente. “Estoy en el ordenador trabajando y recibo una llamada de Manuel Vázquez que me dice: ‘Has cometido un gran error. Te has equivocado y hay que rectificarlo. Hay que cambiarlo, hay que decírselo al juez”.

¿Qué podía haber hecho mal el inspector jefe Morocho, famoso por su carácter introspectivo, minucioso, casi obsesivo? Pronto lo supo. En el informe se daba por hecho que las anotaciones de Bárcenas sobre donantes de dinero negro al PP en las que ponía “López H” y “López Hierro” se referían a Ignacio López del Hierro. El empresario era marido de María Dolores de Cospedal, la secretaria general del PP, y amigo desde hacía décadas del comisario Villarejo. El nombre no aparecía en el cuerpo del informe porque, como ocurriera con el de Mariano Rajoy, los jefes de la Policía obligaron a que solo figuraran en los anexos, lo más lejos posible del escrutinio de los periodistas. 

La presión sobre Morocho era una operación coordinada desde la brigada política. Así queda de manifiesto al analizar las agendas del comisario Villarejo. En ellas se puede leer: “Aviso problemas ultimo inf MOROC” (30 de abril de 2014), “Hablar sobre Morocho transmitir presión” (31 de enero de 2014). Antes, el 16 de junio de 2013, en fechas próximas a la conversación relatada por Morocho, Villarejo escribe: “MOROCHO-LISBOA”. Sobre el ofrecimiento del puesto en la capital portuguesa el inspector jefe declaró al juez de Kitchen: “Querían que perdiera la credibilidad, la integridad, que perdiera mi dignidad, tanto con el procedimiento como con los magistrados y la Fiscalía, como con el grupo de investigación que estábamos trabajando”.

Y entonces aparecieron los papeles de Bárcenas. El Grupo XXI de la UDEF, estuvo formado, en su época más abundante, por 12 agentes. La estrategia pasaba por sobrepasarlo de tareas. Cuando afloraron los papeles de Bárcenas, Ruz nombró a Morocho y su grupo policía judicial a sus órdenes. El inspector quedaba blindado y no podía ser relevado por sus superiores. Así que estos optaron por hacerle desistir. 

“Me generaban presión pidiendo constantemente, diariamente, informes de situación, bajando al despacho a ver cómo estaban, llamándome constantemente. ‘¿Cuándo vas a acabar el informe?’. Buscaban una situación que fuera insostenible personalmente y profesionalmente para que yo abandonara la investigación y les dejara expedito el campo para que pudieran manejarla como ellos pensaban hacer”, explicó Morocho en el juzgado.

Irrumpe en la escena el policía de Cospedal

En 2013, la UDEF recibió una sorprendente incorporación. Andrés Gómez Gordo era un policía que había dejado el Cuerpo para trabajar con el PP de la Comunidad de Madrid –está condenado en el caso Ciudad de la Justicia– y en aquella época se había convertido en un colaborador clave de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. La brigada política intentó captar al chófer de Bárcenas como topo, pero este se resistió. Así que recurrieron al policía que había trabajado junto a él para Francisco Granados. Gómez Gordo dejó de ser la sombra de Cospedal en Toledo y regresó a Madrid para dirigir el trato con el confidente. 

El jefe operativo Eugenio Pino acomodó a Gómez Gordo como jefe de Vigilancias en la UDEF y él intentó colocar en el grupo de Morocho a uno de sus hombres, a lo que el inspector jefe se negó radicalmente. Andrés Gómez Gordo se sentará en el banquillo de los acusados de Kitchen. La Fiscalía solicita para él la pena más alta, junto a la Fernández Díaz, Martínez y Eugenio Pino, 15 años de prisión. 

Al tiempo que saboteaban la investigación del Grupo XXI, los mandos de la brigada política intentaban que el chófer de la familia Bárcenas les entregara pruebas que guardara el ex tesorero sobre la caja B del PP o hacían seguimientos a su familia para dar con el supuesto escondite. La Policía llegó a implicar a cerca de 80 agentes del Área Especial de Seguimientos (AES) en la vigilancia de 24 horas al hijo y la mujer de Bárcenas cuando éste entró en prisión. Todo eso dejó rastro. Y en 2015, Gómez Gordo, el policía de cabecera de Cospedal, realizó una maniobra para intentar blanquearlo. 

Gómez Gordo introdujo en una base de datos policial una serie de indicadores del trabajo de vigilancia y seguimientos realizados en el marco del operativo para justificar un “simple refrito de datos”, según la expresión que utiliza la Fiscalía Anticorrupción. Aparecieron reflejados partes de vigilancias, los pagos de fondos reservados al chófer, 700 euros para que comprara una pistola y otras partidas, como los 1.200 euros del ordenador portátil que entregaron al número dos de Interior, Francisco Martínez, para que siguiera el desarrollo de esta y otras operaciones. La introducción de los datos se hizo con dos años de retraso y la maniobra exculpatoria quedó al descubierto. 

En septiembre de 2020, Morocho entregó al juez del caso Kitchen un informe que le había solicitado sobre la operación. En él concluía que el Ministerio del Interior había buscado “las vulnerabilidades de la persona (Bárcenas) y su entorno” para contar con un “arma a su favor en una negociación” con el extesorero y antiguo gerente del Partido Popular, en alusión a las pruebas que pudiera guardar de su caja B. “Esta actuación se sitúa extramuros del procedimiento judicial y pretende eludir el control del juez de instrucción”, asegura el agente 81.067 en su informe. 

La tesis de Morocho es que la brigada política sí encontró parte de la documentación que buscaba en la familia Bárcenas. Los documentos encontrados a Villarejo y publicados por varios medios, sustraídos a la familia Bárcenas, “confirman la veracidad” de los conocidos como papeles de Bárcenas, afirma Morocho en su oficio.

“Me enseñaban por allí como a un animal salvaje”

El acoso a Morocho se extendió hasta 2016. En enero de 2015, el jefe operativo Eugenio Pino decide trasladar al incómodo policía al nido de la serpiente, a la propia DAO. “Los primeros días no sabían dónde colocarme. ‘Tenemos aquí a un animal salvaje que hemos cazado y me enseñaban por allí”. Le encargan informes que luego nadie lee, incluido uno sobre la estructura societaria en paraísos fiscales del comisario Villarejo que había desvelado El País. Cuando quiso entregárselo a Pino, el DAO no le atendió. Tampoco quien se lo había encargado, José Ángel Fuentes Gago, mano derecha del primer y también acusado en Kitchen. “No me lo recibió. No quisieron escucharme”, declaró Morocho. 

Uno de los días que estuvo en la DAO destinado fue a tomar café con sus jefes, uno de ellos Eugenio Pino. Se cruzaron con un individuo grueso, de voz ronca. “El DAO me presenta de una manera así lejana. Este es Morocho y García Castaño [El Gordo] dice dirigiéndose a mi: ¿Y tú qué haces aquí? Porque no sabía que estaba allí… Tú tenías que estar muerto. Eso es lo que textualmente me dice Yo no le contesté. Seguí mi camino y ya está”.

elDiario.es radiografía uno de los mayores escándalos políticos de la reciente etapa democrática en España: el conocido como 'Caso Kitchen', que será juzgado por la Audiencia Nacional a partir del próximo lunes 6 de abril. Un grupo de comisarios empoderados a las órdenes del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy organizó y ejecutó entre 2013 y 2015 una operación pagada con fondos públicos reservados para destruir pruebas de la caja b del PP que investigaba el juez Pablo Ruz.

Ocho años después de que la Audiencia Nacional comenzara a estudiar las andanzas de la denominada policía patriótica, media docena de comisarios —entre ellos José Manuel Villarejo, origen y final de muchas de las operaciones policiales ilegales— se sentará en el banquillo junto al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y su número dos, Francisco Martínez. La Fiscalía pide 15 años de cárcel para los dos exdirigentes políticos del PP, acusados de malversación de caudales públicos, delitos contra la intimidad (descubrimiento y revelación de secretos) y encubrimiento.

elDiario.es ofrece imágenes inéditas de los protagonistas de la Operación Kitchen durante su declaración ante jueces instructores y fiscales anticorrupción de la Audiencia Nacional; así como documentos y audios que acreditan muchos de los hechos por los que la cúpula política y policial del Ministerio del Interior puede terminar en la cárcel.

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Juicio final de la operación Kitchen es un documental de elDiario.es narrado y documentado por Pedro Águeda. Está codirigido por José Manuel Romero y Sara Cuesta, productora y guionista del documental. La edición y el montaje es de Alejandro Corral, que también ha participado en el diseño junto a David Velasco. En la dirección de fotografía y grabación ha estado Salvador Fenoll, con la asistencia de Adrián Torrano. La productora ejecutiva es Izaskun Pérez.

12 de abril de 2016. Nueva York, consulado español. Tres personas mantienen una conversación relevante que nos ayuda a entender cómo funcionó la guerra sucia policial, las cloacas, durante el último gobierno del PP. Allí se encuentran el jefe de la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía. Se llama José Manuel García Catalán. Está el inspector jefe Ángel Fuentes Gago. Y están con un exministro de Venezuela en tiempos de Hugo Chávez, Rafael Isea.

El objetivo de esta reunión es que el exministro les dé el visto bueno a un papel que tiene la Policía. Que reconozca como suya una firma en un papel, aparentemente oficial, que acredita una transferencia millonaria a líderes de Podemos por parte del Gobierno de Venezuela. Y no, no puede asegurar que esa sea su firma, que ese documento sea válido.

La verdad no interesaba mucho. Lo que interesaba era el impacto mediático. El 13 de mayo de 2016, unas semanas después de esta reunión, ABC publicó en portada: “El ministro de Finanzas de Chávez confirma a la Policía los pagos para crear a Podemos”. Hacemos un recorrido a este caso, que explica muy bien cómo se procedía desde la llamada policía patriótica del primer gobierno de Rajoy contra sus rivales políticos, con el periodista de elDiario.es que lleva más de diez años contando este caso, Pedro Águeda.

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Ha sido la semana de los policías en el juicio a los Pujol. Por motivos distintos, no han quedado en muy buen lugar. Los focos estaban puestos en los integrantes de la brigada política del PP, aunque el verdadero testigo clave del caso era el inspector jefe 89140. Él es quien firma los atestados en los que se sustenta la acusación de la Fiscalía. Las defensas, en especial la del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, lograron restarle mucha credibilidad, aunque se autoboicoteó nada más empezar.

El inspector dijo sentir “animadversión personal” hacia los Pujol. Siendo el investigador principal del caso, fue una muestra de torpeza infrecuente en un juicio. Luego matizó que no le caía mal la familia sino sus abogados, porque le denunciaron. La historia de los Pujol con el inspector jefe 89140 venía de antiguo.

El mando de la UDEF se salvó en el tiempo de descuento de ir a juicio por el caso del 'pendrive' —la única condena por la Operación Catalunya— con el que la brigada política del PP intentó adulterar el caso Pujol.

El inspector fue el receptor de la información obtenida de forma ilegal por el exjefe de la Policía Eugenio Pino, y que el juez José de la Mata sacó del caso —salvándolo así de su nulidad total—. El juez de Madrid que lo investigaba terminó archivando la causa para él.

Con firmeza cuando tocaba, y con mucha paciencia en general, el magistrado José Ricardo de Prada logró que la vista no se descontrolara pese a la incendiaria declaración inicial del inspector. El magistrado constató que lo que había expresado el testigo era un “malestar” por la denuncia de los Pujol. Una forma de dar a entender a las defensas que no hacía falta que insistieran. El abogado de Jordi Pujol Ferrusola, Cristóbal Martell, lo pilló y evitó preguntar por ello.

Martell tenía suficiente trabajo. El auténtico protagonista de la vista es el primogénito del expresident. Sobre él pesan las acusaciones más graves —29 años de cárcel le pide la Fiscalía— y es el eje alrededor del cual gira la corrupción atribuida a la familia como origen de su fortuna.

El interrogatorio de Martell, implacable, sirvió para dejar al descubierto los puntos débiles de la investigación policial del caso. 

Las casi diez horas (repartidas en dos jornadas, y todavía quedan defensas por interrogarle) que duró la testifical del inspector jefe son consecuencia de una investigación gigantesca: en vez de poner el foco e ir con todo contra las operaciones más grotescas en las que Jordi Pujol Ferrusola estuvo involucrado, la causa ha rastreado la casi totalidad de vida empresarial del primogénito, lo que ha generado un sumario inmanejable. Sumado a los más de 10 años de instrucción, el cóctel es de difícil digestión probatoria en un juicio, por mucho que haya actuaciones familiares poco compatibles con las lecciones de ética que predicó Pujol desde la Generalitat.

¿Cuál es la operación corrupta que explica la fortuna oculta? A preguntas del fiscal, el inspector la había conectado con el caso Grand Tibidabo, la sociedad que saqueó el financiero Javier de la Rosa, muy vinculado a Pujol en los 90. Pero a preguntas de Martell, tuvo que admitir que su base era la declaración de un testigo de esa causa de la que “desconocía” el recorrido. “No pretendo dilucidar la verdad final”, se escudó el inspector.

¿Júnior cobró por trabajos inexistentes? Con su estilo inconfundible —afirmar que “Pulgarcito va dejando rastros” para referirse a la actividad empresarial de Pujol Ferrusola solo puede hacerlo Cristóbal Martell—, el abogado logró que el inspector admitiera que una de las afirmaciones de su informe no era del todo correcta.

El mando defendió que Pujol Ferrusola había cobrado 652.000 euros de la constructora Isolux por no hacer nada en un negocio en Gabón, pero terminó por reconocer que había documentación que demostraba que sí viajó al país. “No le di relevancia”, manifestó.

¿Y las obras de la Generalitat? El inspector admitió que no investigó si hubo amaños en las adjudicaciones públicas que la Fiscalía vincula con comisiones ilegales porque los pagos buscaban “una garantía de influencia a lo largo del tiempo” y no tanto a una obra concreta.

El agente dijo que no estudió los procesos de recalificación urbanística señalados ni investigó el posible “delito previo” al blanqueo de capitales, que es su especialidad. “En mi materia siempre he dicho que soy el mejor, pero en temas de urbanismo no domino”, apostilló.

La gran mentira del expresident —mantuvo dinero en Andorra sin declarar a Hacienda durante toda su etapa en la Generalitat— y los desmanes empresariales de su primogénito —si son legales o no lo dirá la Audiencia Nacional, pero ya se han mostrado durante la vista— son compatibles con constatar que la Policía no hizo su mejor trabajo cuando investigó el origen de la fortuna oculta.

Además, una tesis policial plausible pero difícil de demostrar ante un tribunal como que los pagos a Jordi Pujol Ferrusola pretendían “una garantía de influencia a lo largo del tiempo”, incluso con gobiernos que no fueran de Convergència, requiere de empresarios que tiren de la manta para corroborarla, algo que no se ha producido en esta causa.

Aunque no tuviera su mejor semana, el inspector jefe 89140 puede afirmar que no fue condenado por adulterar el caso. Él ha podido equivocarse, pero no es un policía corrupto. No puede decir lo mismo el exjefe de la Policía Eugenio Pino, condenado en firme por el Supremo por el pendrive.

Nadie esperaba que aportaran mucho, pero la ceremonia de la confusión que ofrecieron al tribunal Pino y el resto de mandos de la brigada política del PP que comparecieron como testigos resulta poco compatible con quien ha ostentado la cúpula policial. Aunque puede obedecer a muchas razones. Para empezar, al calendario: a todos ellos todavía les quedan juicios pendientes. El primero, el de la Kitchen, esta primavera.

El 15 de septiembre de 2015, el sargento de la Guardia Civil José Romero Béjar fue destinado a la Patrulla de Fiscal y de Fronteras (PAFIF) de la Compañía de Tarifa. Romero Béjar, alias el Moro porque sabe árabe, llegaba así al que parecía su último destino. Lejos quedaban los años más negros del cuartel de Intxaurrondo de San Sebastián, bajo las órdenes del general Enrique Rodríguez Galindo y que le llevaron a declarar ante Garzón cuando investigaba a los GAL. Una vez en Tarifa, Romero Béjar se convirtió en el zorro cuidando de las gallinas. Ha aceptado una pena de dos años por avisar a narcotraficantes de dónde iba a estar la Guardia Civil para que pudieran descargar sus narcolanchas sin problemas. El sumario del caso revela con detalle cómo las redes criminales penetran en los cuerpos policiales del Estrecho.

Para saber qué se cuece en el Estrecho, la PAFIF era el lugar ideal. La unidad en la que tenía un mando Romero Béjar se encarga de “prevenir, perseguir, descubrir y reprimir los delitos relacionados con el narcotráfico colaborando con las Unidades Territoriales en la custodia de las costas”.

Pero mes y medio después de la llegada de Romero a su nuevo puesto, algo se torció. A las 07.45 horas del 30 de noviembre de 2015, agentes de Tarifa abortaron un alijo con 66 fardos de hachís que sumaban dos toneladas. Como en un camping cercano vieron a dos viejos conocidos del instituto armado, los llevaron a las dependencias policiales. Y allí uno de los detenidos soltó la bomba: “En el cuartel había un mando que había venido hace росо у que controlaba alijos”. “Romero ha venido aquí a llenarse los bolsillos de dinero...”. 

El asunto fue escalando y comenzó la operación Jinete. Escuchas, seguimientos y registros revelaron un tren de vida incompatible con el sueldo de un veterano de la Guardia Civil. Para un agente de base, Romero era un jefe de los de antes, siempre conectado, 24 horas al día, siete días a la semana. “Los guardias civiles pertenecientes a su unidad le llaman periódicamente para indicarle cuando salen de servicio, así como a la zona a la que se dirigen a realizar el mismo. José Romero demanda esta información incluso encontrándose franco de servicio o de vacaciones”, relata un informe policial del sumario.

Lo que ocurría es que necesitaba saber de antemano a dónde iban a patrullar los agentes para avisar a los narcos y que evitaran esas playas. De vez en cuando había accidentes. El 4 de diciembre de ese año, por ejemplo, unos guardias civiles iban a intervenir un alijo se cruzaron por casualidad con Romero Béjar por la zona. Pero estaba de vacaciones. Fue sancionado por ello. Y sembró aún más la sospecha sobre su actividad. Un día más tarde, el 5 de diciembre de 2015, sumó otro indicio en su contra. “Esa noche, sin el conocimiento del acusado José Romero Béjar, se modificó el operativo en el sentido de que el vehículo con medios de visión nocturna adjudicado a su unidad se situó en un lugar distinto, novedoso y no utilizado nunca”. El resultado fue de 101 fardos de hachís aprehendidos. 

Los propios agentes de la Guardia Civil comenzaron a seguir a Romero Béjar y notaron variaciones extrañas en el uso de su radioteléfono, conversaciones en clave y citas que los agentes relacionaron con los narcotraficantes conocidos como el Feo y el Fantasma. Con su radioteléfono oficial podía conocer el movimiento de todas las patrullas de la Guardia Civil. Esa información fue, literalmente, oro. En el Estrecho es habitual que los agentes, especialmente los nacidos allí, se conozcan y se crucen con narcos. A veces es difícil deslindar esas relaciones de amistad incluso entre familias con un trato comercial.

El 23 de octubre de 2016, Romero Béjar se sinceró con la persona que hacía de enlace con los narcos. Estaba dentro de un coche, por teléfono era cauteloso. No sabía que agentes de Asuntos Internos con orden de un juzgado de Algeciras estaban grabando todo desde un dispositivo oculto –“medio técnico de sonorización ambiental”– en el interior del vehículo tras pedir al concesionario que vendió el coche un duplicado de las llaves. Ahí, el Moro dio cuenta de su alto ritmo de vida. “Es abusiva, tío. Cuando fuimos a ese hotel, el de aquí, me gasté en un día 5.000 euros. Cuando fuimos a Granada me gasté también cuatro o cinco mil euros. Cuando fuimos a Madrid, seis o siete mil euros. No se da cuenta esta tía”. Su pareja, se queja, “está obsesionada con un rólex de oro”. 

“Yo quiero vivir tranquilo, vivir bien”

Los agentes le hallaron gastos en Madrid en comidas en Zalacaín y el Asador Donostiarra. Él mismo, en la misma conversación, dio la que es una clave de su actuación y de otros agentes de la lucha contra el narco. “Yo quiero vivir tranquilo, vivir bien, tener para follar, darme un buen paseíto con la moto, para ir de pesca, para comprarme cuando pueda un buen cochecito, para vivir, para disfrutar, que para eso me he complicado la vida, pero no para jincármelo en un año o dos. Para empezar es que me he gastado yo este año 60.000 o 70.000 euros”. Safaris, una yegua y dos caballos, un Toyota Land Cruiser, una moto Yamaha ME 250R y otra BMW K1200... Romero no tenía sueños baratos. En 2013, Romero Béjar declaró ingresos por 36.794 euros, y en 2014, por 40.400, incompatibles con ese ritmo de vida. 

Paralelamente a la investigación de la Guardia Civil, su banco, el Santander, le pidió que dejase la entidad. No le daban explicaciones pero comenzó a mover sus hilos hasta descubrir que era por una orden de Madrid que temía tener problemas con antiblanqueo. En ese mismo momento, otra rama de la Guardia Civil inició su propia investigación patrimonial sobre el mando y la denominaron Black Rider que concluyó que tenía ingresos de origen no declarado.

Según la investigación, acosado por varios frentes y temiéndose lo peor al conocer la decisión del banco, paró su actividad un tiempo. “Esto me lo tienes que guardar donde sea, tío. He tenido que llevarle todo el dinero a Antonio, esconderlo todo, sacarlo de mi casa, no veas lo que me ha pasado”, cuenta a un amigo.

El 4 de noviembre de 2016, fue detenido junto con otros miembros de la red investigados. La Guardia Civil dio un vídeo con la entrada y registro en su casa. El caso saltó a la prensa. Allí no había mucho dinero, solo 3.857 euros, pero sí una carabina marca Sovereign Saut del calibre 22, un arma clásica para los safaris en los que participaba. El dinero estaba en un garaje vinculado a Andrés García Núñez. Bajo las baldas, metidos en bolsas, hallaron 442.560 euros.  

El caso, como tantos, se eternizó en los saturados juzgados del Estrecho, donde los funcionarios viven superados por estas causas. El pasado 28 de abril por la mañana, horas antes del apagón que afectó a toda España, llegó por fin a juicio. 13 acusados se sentaron en el banquillo. Apenas tres familiares se sentaron al fondo de la sala a seguir la breve liturgia. Fue breve. Los acusados habían llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. Siete de los acusados quedaban fuera de la acusación y otros aceptaban penas de dos años, que normalmente no conllevan ingreso en prisión.

Entre estos últimos estaba Romero Béjar, que se adelantó unos metros y aceptó los hechos ante el tribunal. Según la sentencia, “beneficiados de su posición como agentes de la autoridad, tenían como función principal la cobertura policial a las organizaciones que se dedican a introducir grandes cantidades de hachís a través de las costas de Tarifa. El acusado Jose Romero Béjar como máximo responsable del PAFIF daba las órdenes que el acusado Andrés Guerrero Aznar transmitía a los narcotraficantes”.

Condenado por “delito contra la salud pública”

Romero Béjar, el Moro, fue condenado a dos años de prisión “como autor de un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que no causan grave daños a la salud y en cantidad de notoria importancia y uso de embarcación” y multas de 3,3 millones de euros. Fue absuelto del delito de pertenencia a grupo criminal y tenencia de arma prohibida. También fue suspendido definitivamente como miembro de la Guardia Civil. Su abogado no quiso comentar el caso.

Así, sin mucho ruido, acababa una carrera en el cuerpo cuando estaba próximo a la jubilación. Romero Béjar lo había vivido ya todo en el Instituto Armado. Nacido en Ceuta en 1959, con solo 20 años ingresó en el cuerpo. En los años 80 del siglo pasado estuvo destinado en el cuartel de Intxaurrondo de San Sebastián y epicentro de la lucha más negra contra ETA. En 1998 fue citado por el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dentro del sumario contra los GAL. Se negó a declarar.

El general Rodríguez Galindo, que acabó condenado a 75 años de prisión, salió en defensa de él y otros guardias también señalados. “Afirmo con orgullo y dolor que son plenamente inocentes todos aquellos guardias civiles que habiendo sido subordinados míos en tiempos pasados se encuentran hoy injustamente imputados en este proceso. El teniente en su momento, comandante hoy, Manuel Davó Soler, el teniente Pedro Gómez Nieto, el sargento Enrique Dorado Villalobos, el sargento José Romero Béjar, el sargento Luis Valentín Sandoval Campos, el sargento Francisco Hermida Bouzas y el cabo Felipe Bayo Leal y tantos otros que han servido a mis órdenes y siempre han actuado como leales, sacrificados y ejemplares servidores del pueblo español y del sistema de libertades recogido en nuestro ordenamiento constitucional”, escribió en un escrito al Tribunal Constitucional. Romero Béjar no fue ni juzgado por los GAL.

Rodríguez Galindo acabó condenado por los asesinatos de Lasa y Zabala y, según el diario Europa Sur, en una de sus últimas publicaciones en Facebook antes de ser detenido, Romero Béjar compartía una iniciativa para declarar héroe nacional a Rodríguez Galindo. Según el mismo diario, “formaba parte del grupo Omega, cuyos agentes eran conocidos como 'los pata negra', creados por Luis Roldán”. Tras pasar por Intxaurrondo, en 1996 volvió al Estrecho y en 2002 fue nombrado jefe de policía local de Los Barrios, tras una polémica por su nombramiento volvió al cuerpo. Y de ahí, con 45 años de servicio, acabó ante el tribunal.

El caso de un agente de Intxaurrondo vinculado con el narcotráfico remite de nuevo a finales de los años 80. El cuartel no solo fue denunciado como sede habitual de torturas, sino que tiene un halo de misterio sobre su vinculación con el narcotráfico. En 1988, el entonces fiscal jefe de San Sebastián, Luis Navajas, uno de los primeros en denunciar las torturas, recibió una denuncia de un agente que decía que había elementos en Intxaurrondo vinculados con mafias de contrabando en la frontera con Francia. Navajas trasladó el informe a sus superiores en Madrid y nunca más se supo de ella, murió en un cajón.

Los tribunales militares han confirmado las sanciones impuestas a dos guardias civiles de Alicante por una pelea en una discoteca del puerto de Torrevieja. El primero increpó a los porteros al grito de “soy guardia civil y te voy a joder la vida” antes de acometer de forma violenta la barrera de seguridad del recinto para sacar su coche. El segundo fue al lugar de los hechos y permitió que su compañero se marchara del lugar sin consecuencias y sin avisar a sus superiores. El guardia civil que iba borracho es suspendido durante una semana mientras que el agente que le encubrió es sancionado durante cinco días. Los hechos trascendieron porque las cámaras de seguridad del puerto lo habían grabado todo.

Las sentencias a las que ha tenido acceso elDiario.es revelan que los hechos ocurrieron de madrugada en noviembre de 2021. El guardia civil, destinado en ese momento en el puesto alicantino de Guardamar del Segura, estaba fuera de servicio y de fiesta en una discoteca del Puerto Marina Salas de Torrevieja, zona de ocio de la localidad con multitud de discotecas. Tuvo un primer choque con los porteros del pub “Bacanal” porque no le dejaron salir de la discoteca con su copa. Los trabajadores tuvieron incluso que inmovilizarle ante su estado de agresividad y, después de un rato dando vueltas por la zona, el guardia civil visiblemente bebido volvió a increpar a los porteros: “Sé que eres de Guardamar, yo soy guardia civil y te voy a joder la vida”.

Una patrulla de sus compañeros de la Guardia Civil del puesto de Torrevieja llegó poco después. Los dueños del local, que sabían que el alborotador era guardia civil e incluso era amigo suyo, habían intentado zanjar el incidente sin denunciar a nadie pero los porteros habían dado aviso a la seguridad del Puerto y estos al instituto armado. Cuando llegaron allí, los trabajadores de la discoteca les intentaron hacer creer que solo han tenido un problema con “un ciudadano del Este” pero encontraron a su compañero y descubrieron que él era el protagonista de la pelea.

En vez de afrontar e investigar lo que había pasado, la pareja de guardias civiles decidió intentar encubrir a su compañero y le dejaron ir sin dar parte ni por radio ni por escrito a sus superiores, limitándose a explicar que no habían encontrado a ese “ciudadano del Este”. Poco después el agente abandonaba el puerto con un nuevo episodio de agresividad. “O me abres o te destrozo”, espetó a un empleado del párking cuando le informaron de que tenía que volver a la discoteca para que le validaran el ticket de aparcamiento. Levantó la barrera “de forma violenta”, se subió en el coche y abandonó el lugar.

La pelea y la actuación irregular de la patrulla para encubrir a su compañero fue descubierta gracias a que las cámaras de seguridad del recinto habían grabado prácticamente todo: desde las discusiones en la puerta del local hasta el incidente con la barrera de seguridad del puerto pasando por imágenes de la propia patrulla hablando con el agente por la zona. “No hay duda de que haya prueba. La hay abundantísima. La hay testifical, documental y videográfica”, dice el Tribunal Militar Central para, en dos sentencias distintas, confirmar las sanciones disciplinarias impuestas a ambos agentes. Siete días de suspensión para el autor de los altercados y cinco días para el agente que intentó ocultar la pelea.

El Tribunal Militar Central confirmó la sanción del autor del altercado antes del pasado verano. “No fue un altercado menor, no fue un altercado más de cualquier otra noche de ocio causado por una persona anónima, sino que fue un altercado protagonizado por un guardia civil”. Y su actitud, añaden los togados, “choca frontalmente con el comportamiento que se espera de un guardia civil, no solo de servicio, también fuera de él. Lo último que se espera de un guardia civil es que sea él el que altere el orden, el que se enfrente de forma violenta física y verbalmente a unos trabajadores que tratan de mantener el orden en un establecimiento privado pero abierto al público”.

Otra sentencia más reciente avala también la sanción de su compañero por ocultar todos estos hechos a sus superiores del puesto de Torrevieja e intentar rebajar los hechos a un incidente con un extranjero desconocido. Su informe “no se ajusta a la realidad” y lo hizo “con clara intención de faltar a la verdad”. “Faltó a la verdad intencionadamente, sabía lo que hacía (no anotar una novedad al cumplimentar la papeleta de servicio) y sabía que además esa conducta era antijurídica”, zanja esta segunda resolución. Las dos son todavía recurribles ante el Tribunal Supremo y su sala quinta de lo Militar.

“Intentaron ayudar a un compañero y falsearon las novedades”

Las dos resoluciones revelan que los propios dueños de la discoteca conocían al guardia civil, sabían que era integrante del cuerpo y no quisieron que el incidente trascendiera, dando orden de ocultarlo a la patrulla que acudió alertada por el personal de seguridad del puerto. Fueron los que consiguieron “aplacar los ánimos” y dieron orden de no denunciar, también por la cantidad de altercados a los que se enfrentan en las discotecas: “Como dicen algunos de los testigos, desde el local no interesa que se denuncien estos incidentes, de lo contrario, estarían todas las noches denunciando. Además de que por el trabajo cotidiano de estos trabajadores tienden a minimizar su importancia”.

Las sentencias reprochan la actitud de los dos agentes. La agresividad de uno de ellos contra los trabajadores de la discoteca y del puerto, explican, “choca frontal y gravemente con la dignidad de la Guardia Civil, es decir contra la fama y el prestigio que el Cuerpo tiene socialmente reconocido gracias a comportamientos diametralmente opuestos a los observados por el recurrente la noche de los hechos”. “Creo que la intención era buena, pero cometieron una infracción disciplinaria”, dijo su superior del puesto de Torrevieja sobre el otro sancionado.

“Intentaron ayudar a un compañero y que falsearon las novedades”, añadió este mando durante la tramitación del expediente. La información que le llegó por radio esa noche, explicó, ocultó deliberadamente la implicación de un guardia civil fuera de servicio en un altercado: “Ha abandonado el lugar, hemos estado haciendo una batida por la zona y no hemos encontrado a la persona que ha alterado el orden”, dijo por radio sobre ese supuesto “ciudadano del Este” y “omitiendo de forma intencionada”, según la sentencia, hacer referencia al altercado del guardia civil que fue conocido gracias a las cámaras de seguridad.

Diez años después de que estallara el caso de presunto acoso del empresario Javier López Madrid a la doctora Elisa Pinto vuelve a irrumpir la corrupción policial que evidenció cómo el poder económico parasita las instituciones. El yerno de Villar Mir utilizó a mandos policiales para amedrentar a la dermatóloga, luego consiguió que la cúpula de la Policía orientara la investigación a su favor y ahora, una década después, está acusado de recurrir a un comisario retirado para que el juicio que empieza en febrero nunca llegue a celebrarse. López Madrid se sentará en el banquillo junto al policía que más se implicó en esas tareas, el comisario Villarejo. 

elDiario.es reveló este viernes que el comisario jubilado Jaime Barrado, encargado de investigar en sus inicios el caso de presunto acoso, coacciones y agresión a la doctora Pinto, ha denunciado ante la Guardia Civil que Javier López Madrid ha intentado comprarle. En esta ocasión, el empresario ha recurrido a otro comisario jubilado, el ex jefe de la unidad anticorrupción de la Policía Fernando Moré, para hacerle llegar la oferta a Barrado, quien ha entregado al instituto armado conversaciones de WhatsApp, audios de un encuentro y de una llamada telefónica.

El caso del contencioso entre el empresario y la dermatóloga tenía todos los ingredientes para despertar el morbo: dos miembros de la clase privilegiada madrileña habían tenido una relación que había acabado con la comisión de delitos de uno contra el otro. Primero, denunció la doctora. Luego, López Madrid. Una década después, él se enfrenta, junto a Villarejo, a una petición de la Fiscalía de 13 años y dos meses de cárcel. La causa contra la mujer fue archivada en 2022.

El hecho que convirtió el caso en un retrato insólito de corrupción endémica fue consecuencia, como tantas veces, de un hallazgo casual. El empresario había encargado a unos profesionales limpiar su teléfono móvil antes de entregárselo a la titular del juzgado donde Elisa Pinto era la acusada. Pero el sistema utilizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil arrojó información que no habían podido hacer desaparecer. Unos mensajes que delataban la “relación estrecha” entre López Madrid y un grupo de relevantes comisarios ajenos al caso de acoso, tal y como escribió la UCO en su informe del 7 de mayo de 2015.

Comisario 'Nino' Conde: la alfombra roja para López Madrid

El primer movimiento registrado de estas maniobras policiales se produjo el 17 de marzo de 2014, cuando Javier López Madrid acudió a dependencias policiales a denunciar las amenazas telefónicas que aseguraba venía sufriendo desde octubre del año anterior. ¿En una comisaría? No exactamente. Fue en la Jefatura Superior de Policía, concretamente ante el Grupo V de Homicidios de la Policía. 

No todo el mundo puede acceder directamente a los equipos de investigación de la Policía para denunciar un hecho. Pero López Madrid apareció allí, en compañía de Javier Sánchez-Junco, abogado, ex fiscal Anticorrupción y un nombre que saltó a las informaciones por defender a Juan Carlos I. Hace años que Sánchez-Junco renunció a representar a López Madrid en la causa de la doctora Pinto y en las que tiene abiertas en la Audiencia Nacional.

Por el momento, cuatro sumarios judiciales recogen indicios del trato de favor que ha recibido López Madrid de la Policía, a la espera de que el Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid decida abrir una investigación a partir del atestado que la Guardia Civil le ha remitido en los últimos días con la denuncia del comisario Barrado. Uno de esos sumarios es la causa que la jueza Concepción Jerez archivó en 2022 y en la que la doctora Pinto era la sospechosa de las llamadas y la situación de acoso. 

En el episodio de la Jefatura Superior adquiere protagonismo la figura de José Luis ‘Nino’ Conde, jefe entonces de la Policía Judicial de todo Madrid. El comisario, ahora jubilado, aseguró en 2019 a elDiario.es que fue la presencia de Sánchez-Junco lo que le hizo atender al empresario personalmente, aunque la jueza explica que López Madrid ya había hablado por teléfono con el mando policial antes de personarse en Jefatura. La magistrada Concepción Jerez recuperaba la declaración en sede judicial que prestó después el comisario Conde ante ella para reprochar que era “carente de credibilidad”.

“No explica [Conde] las razones lógicas por las cuales se le tomó declaración en dependencias del Grupo V de Homicidios, ni tampoco aclara por qué existían sospechas sobre Elisa Pinto, sobre todo teniendo en cuenta que inicialmente el denunciante no manifestó que existieran las mismas”. Se refiere la jueza a que López Madrid enmarcó en aquel momento las amenazas en el contexto de su relevante situación de empresario, sin mencionar a la mujer. Conde escapó de cualquier acusación judicial en su contra. 

'El Gordo', máximo experto antiterrorista, con el empresario

Antes y después de aquella visita a Jefatura, López Madrid habló por teléfono con Conde y con otro relevante miembro de la Policía, el comisario Enrique García Castaño, imputado en varias piezas del caso Villarejo, incluida Kitchen, pero que no ha sido juzgado por las graves secuelas que padece de un accidente vascular. García Castaño, conocido como ‘El Gordo’, fue casi cuatro décadas jefe de la unidad de captación de fuentes, escuchas y vigilancias de la Policía, un fontanero cuyo rastro en la Policía alcanza tintes de leyenda. 

García Castaño aseguró a este periódico hace seis años que López Madrid llegó hasta él a través del jefe de seguridad de la empresa de Villar Mir, también policía, y que él le derivó a una unidad especializada por la vinculación personal que el denunciante tenía con el entonces heredero al trono de España. 

Esa relación entre López Madrid y Felipe VI quedaría de manifiesto dos años después de la denuncia y gracias al mismo volcado del teléfono que reveló sus relaciones con los comisarios. La Guardia Civil logró también recuperar unos mensajes en los que los reyes de España arropaban a López Madrid y cuyo contenido desveló elDiario.es. Los mensajes se produjeron tras la publicación de los gastos del empresario con una tarjeta black de Caja Madrid. 

Después de que los policías de Conde se hicieran cargo del caso, López Madrid siguió llamando al comisario antiterrorista García Castaño. El 30 de enero de 2015 habló con él quince minutos, antes de que el responsable de la empresa del volcado de su teléfono le avisara de que ya tenía el terminal listo para ir al juzgado, tal y como consta en la causa. Esa empresa colabora habitualmente con unidades especializadas de la Policía, según han confirmado a este medio responsables de las mismas. 

Villarejo, a sueldo de López Madrid

Ninguno de estos policías ha sido imputado por delito alguno. Quien sí va a ser juzgado junto a López Madrid es el comisario Villarejo. Ambos se sentarán en el banquillo de la Audiencia Nacional, a partir del 12 de enero, dentro de la macrocausa contra el comisario, en una pieza que juzga la contratación por parte del empresario de un funcionario de la Policía en activo. En febrero, otro tribunal, un Juzgado de lo Penal de Madrid entrará al fondo del caso de acoso. Es ahí donde Villarejo y López Madrid se enfrentan a más de 13 años de cárcel. 

Javier López Madrid llegó hasta el comisario Villarejo a través del presidente de Société Générale en España y Portugal, Donato González, cuyas oficinas están en Torre Picasso, donde el policía tenía la sede de sus empresas “de inteligencia”. López Madrid y Donato González compartían también amistad con Francisco Granados, el ex secretario general del PP madrileño procesado por corrupción.

La instrucción determinó que el 14 de abril de 2014, mientras la doctora se bajaba de su coche y en presencia de su hijo de diez años, Villarejo le dijo: “López Madrid quiere que cierres la boca”. Al tiempo, el policía clavaba a la mujer un punzón en el costado.

La Dirección de la Policía, al rescate de Villarejo (y de López Madrid)

La cúpula policial de aquellos años en los que arrancó el caso es la misma que organizó una brigada política contra la oposición. Al frente de ella estaba Eugenio Pino, quien excusó en dos ocasiones de la rueda de reconocimiento a Villarejo alegando que estaba de viaje en el extranjero. Cuando estaba pendiente de acudir a la tercera, la Policía presentó unos nuevos informes que exculpaban a López Madrid y, en consecuencia, a Villarejo, del acoso, las amenazas y las agresiones a la mujer. 

El caso daba así un giro inesperado. Era la época de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior y Villarejo, como ha quedado acreditado después, atesoraba innumerables secretos de los excesos cometidos en el departamento. Consecuencia de esos informes, la causa contra López Madrid y Villarejo fue archivada provisionalmente, pese a que la mujer ya denunciaba por entonces la existencia de “un montaje policial”.

Pero lo que sirvió a la jueza Belén Sánchez para cerrar el caso contra empresario y policía no convencía a los jueces de la Sección 15 de la Audiencia de Madrid. Ya en mayo de 2017, los magistrados pusieron en duda los informes policiales, ordenaron reabrir la causa y que la jueza Sánchez practicara de una vez la rueda de reconocimiento a Villarejo. Con la brigada política fuera de juego por las jubilaciones y el relevo en el Ministerio del Interior, aquella decisión resultaría catastrófica para Villarejo, que fue reconocido por la doctora y resultó imputado.

Alberto Carba: “Javier, este partido lo vamos a ganar”

Poco antes de que se reabriera la causa ocurrió algo que a la postre iba a tener una importancia determinante en demostrar el montaje policial contra la doctora. El 21 de abril de 2017, López Madrid fue detenido por la Guardia Civil en el marco de la operación Lezo, un caso de corrupción que abarcaba la presunta financiación irregular del PP madrileño. Los agentes de la UCO le incautaron el teléfono. De nuevo, el dispositivo del empresario iba a deparar una importante sorpresa de la que, otra vez, la Guardia Civil iba a informar al juez. El policía que había dirigido la investigación en contra de la doctora intercambiaba mensajes con López Madrid, pese a estar imputado por acoso, en los que el inspector actuaba con complicidad y servilismo.

“Buenos días, Javier. Solo quería transmitirte que el informe que queríamos es muy bueno para nuestra investigación. Paciencia en este último cuarto que este partido lo vamos a ganar”, decía uno de esos mensajes, tal y como publicó elDiario.es. El comisario en cuestión, entonces inspector jefe, es Alberto Carba.

La jueza Jerez dijo sobre la investigación de Alberto Carba: “Los contactos [de López Madrid con varios comisarios] ponen en duda los informes realizados por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta, de la Dirección General de la Policía”. La entonces unidad de Carba “no realizó ningún informe sobre dichos contactos, ni sobre las relaciones con el comisario Villarejo (…) resultando incompleta su investigación”, añade. Su trabajo concluyó que la dermatóloga fingió el acoso, que fue ella quién asedió a López Madrid, y que para ello utilizó a su hijo de 10 años. Lo contrario de la verdad judicial, según la cual la mujer ha sido exonerada y López Madrid debe sentarse en el banquillo.

La carrera de Alberto Carba se estancó en la comisaría del Distrito Centro de Madrid, por otra parte la más grande de España. Desde allí dirigió la investigación contra el bailaor Rafael Amargo, que resultó absuelto después de ser objeto de un gran dispositivo contra el narcotráfico. También detuvo a Nacho Cano por unos delitos contra los trabajadores extranjeros que quedaron en nada. El pasado mayo, Carba se convirtió en el jefe de la Brigada de Policía Judicial en Madrid, el relevante puesto que ostentaba en 2014 Nino Conde, el policía que extendió la alfombra roja a López Madrid en su primera visita a dependencias policiales. 

Fernando Moré: un “dinerillo” para la jubilación

El comisario que ha elegido López Madrid en 2025 para el encargo del soborno, Fernando Moré, no es un policía cualquiera. Estuvo destinado como jefe del aeropuerto de Barajas y en 2017, ya con Juan Ignacio Zoido al frente del Ministerio del Interior, fue elegido para dirigir la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía. Moré siguió en el cargo con Fernando Grande-Marlaska hasta su jubilación, en 2022. 

Moré prometió a Jaime Barrado —el comisario que se atrevió a situar a Villarejo en el caso de la doctora Pinto— 200 o 300.000 euros si convencía a la doctora y a su abogada que retiraran las acusaciones contra López Madrid. Luego bajó la oferta a 20.000. Y siempre dijo que lo hacía por indicación de López Madrid, según las grabaciones desveladas por elDiario.es. Consultado por este medio asegura que realiza trabajos de consultoría de seguridad desde que se jubiló y que pensó en ganar “un dinerillo” con el contrato que podría firmar con López Madrid si se ganaba su favor.

elDiario.es ha tenido acceso a varios audios de reuniones y conversaciones celebradas en 2013 y 2017 entre el entonces comisario José Manuel Villarejo y la que en ese momento era secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que demuestran cómo la dirigente política estaba al tanto de las operaciones ilegales de la llamada brigada patriótica. Estas pruebas han estado dos años guardadas en un cajón del juzgado que investigaba la única operación de esta policía patriótica que hasta ahora ha llegado a juicio. 

Con José Manuel Romero, director adjunto y jefe de Política de elDiario.es, ponemos contexto y analizamos la relevancia de estas grabaciones. Con Pedro Águeda, periodista especializado en Tribunales, intentamos responder a la pregunta de por qué estas pruebas han estado guardadas tanto tiempo en un cajón y cuál es la situación actual de Villarejo, símbolo de las cloacas del Estado.

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Este jueves ha continuado la declaración del principal acusado en el caso de la Trama Eólica, el exviceconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León, Rafael Delgado, en una causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la concesión de autorizaciones para parques eólicos durante la década de los 2000. La Fiscalía Anticorrupción solicita para él más de 40 años de prisión y multas millonarias, aunque Delgado volvió a negar haber recibido dádivas o intervenido en operaciones ajenas a la legalidad, y sostuvo que las denegaciones de proyectos respondían a criterios estrictamente técnicos, en particular a la solvencia financiera de las empresas promotoras.

El exviceconsejero ha insistido en que la capacidad económico-financiera de las compañías era un requisito establecido tanto por la normativa autonómica como por la estatal, y ha recordado que la Administración aplicaba el silencio negativo una vez transcurrido un año desde la presentación de la solicitud si la empresa no acreditaba recursos suficientes. Según ha explicado, esa valoración correspondía de manera ordinaria a los servicios territoriales de Industria y a la Dirección General de Energía y Minas, que emitían los informes previos y canalizaban gran parte del trabajo administrativo.

Delgado ha defendido que la Viceconsejería actuaba como un órgano de apoyo y no de decisión, responsabilidad que ha descargado en el entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva. En esa línea, ha reiterado, como ya hiciera en la sesión de este miércoles, que Villanueva era el encargado de mantener reuniones con grandes eléctricas y empresas promotoras, con las que abordaba tanto el ritmo de implantación de nuevos parques como la distribución de potencia disponible en los nudos de evacuación gestionados por Red Eléctrica de España. El acusado ha afirmado que desconocía muchos de esos encuentros y que los conoció años después, cuando pudo consultar la documentación judicial.

“Yo firmaba lo que me proponía la Dirección General”

El exviceconsejero también ha contextualizado el incremento de autorizaciones registrado entre 2006 y 2007, que ha atribuido al cambio regulatorio previsto a nivel estatal. Según su versión, aquella circunstancia generó una avalancha de solicitudes que obligó a acelerar trámites, siempre siguiendo, como ha asegurado, los informes emitidos por los departamentos competentes. “Yo firmaba lo que me proponía la Dirección General”, ha apostillado, recalcando que no intervino en la selección de socios locales ni en decisiones sobre participaciones societarias.

Sobre las sociedades Samuño Activos y Delgado Núñez Activos, en torno a las cuales la acusación pretende acreditar una estructura instrumental asociada al cobro de comisiones ilegales, Delgado ha negado haber percibido dinero de empresas beneficiadas por autorizaciones eólicas y aseguró que nunca dio instrucciones de paralizar expedientes o condicionar la obtención de permisos a la entrada de socios locales.

Rodríguez Recio asegura que recibió 4,5 millones por intermediar de manera legal

Tras concluir el turno del exviceconsejero, tomó la palabra el también acusado Jesús Rodríguez Recio, abogado y empresario a quien la Fiscalía sitúa como presunto testaferro de Delgado y se le piden se le piden diez años y medio de cárcel y multa de 25 millones. Rodríguez Recio, que se defiende a sí mismo en la causa, supuestamente tomo parte en operaciones de intermediación consideradas irregulares como de su vínculo con sociedades vinculadas a Delgado.

Este acusado ha defendido que todas sus actuaciones se basaron en contratos de prestación de servicios, acuerdos profesionales y operaciones mercantiles amparadas por la legalidad vigente. El encausado ha reconocido que ejerció labores de intermediación para Avanzalia System en 2007, en plena expansión del negocio eólico, pero negó que esas gestiones escondieran pagos encubiertos o favores ilícitos destinados a desbloquear autorizaciones administrativas.

En su relato, ha explicado que él y el también empresario Francisco Aguirre —fallecido y considerado una pieza importante en varias operaciones de la época— fueron contratados por Avanzalia para facilitar la adquisición de los parques Peña Cabra y Pico Milano, así como para resolver un problema técnico de evacuación eléctrica que afectaba a otra instalación. Según ha indicado, esas tareas requerían contactos profesionales, negociaciones con terceros y la intervención de especialistas conocedores del mercado energético, algo que justificaba la cuantía pactada, como ha señalado.

Rodríguez Recio ha reconocido que Avanzalia les pagó 4,5 millones de euros, una cifra elevada pero muy inferior a los 10 millones inicialmente acordados en el contrato. Asimismo, ha matizado que su cliente justificó el impago del resto alegando que los parques adquiridos “no eran muy buenos”, lo que dio origen a desacuerdos que nunca llegaron a resolverse y que, según ha añadido, se han arrastrado hasta la actualidad en paralelo a la causa penal.

El acusado también ha ofrecido detalles sobre la forma en que se canalizaron los pagos: a través de sociedades panameñas creadas para la ocasión y con fondos recibidos en Mónaco que posteriormente fueron transferidos a nuevas sociedades abiertas en Suiza en 2008. Según ha justificado el abogado ese circuito económico afirmando que fue Avanzalia quien impuso esas vías para completar la operación y defendió que no había en ello intención de ocultar patrimonio, sino de ajustarse a las condiciones pactadas con el cliente. Rodríguez Recio ha comentado que el propio Aguirre cobró parte del acuerdo mediante la entrega de un coche de lujo valorado en 70.000 euros, un elemento que, dijo, evidencia que los pagos se ajustaban a fórmulas diversas según lo convenido con su interlocutor.

Niega ser el testaferro de Delgado

Durante su intervención, Rodríguez Recio ha tratado en varias ocasiones de desmontar la acusación de que actuara como testaferro de Delgado. Ha señalado que su relación con el exviceconsejero era de amistad y colaboración profesional, pero negó haber gestionado fondos en su nombre o encubierto movimientos patrimoniales ajenos. En este punto, ha explicado con detalle la compra de un piso en el paseo Zorrilla de Valladolid realizada por la sociedad Samuño Activos, cuyo administrador era Delgado. El encusado ha explicado que esa adquisición estaba motivada por la intención de instalar allí la sede de las sociedades que ambos habían decidido poner en marcha una vez que Delgado abandonó la Junta en 2011, y que el inmueble se adquirió directamente a una entidad bancaria, sin intermediarios y con un precio acorde al mercado.

El abogado ha apuntado en que toda la actividad económica que desarrolló —ya fuese mediante sociedades creadas junto a Delgado o en operaciones con terceros— se realizó con documentación contractual, pagos registrados y causas mercantiles objetivas. Asimismo, ha matizado incluso el turno de palabra para recalcar que, como abogado, hubiera evitado cualquier movimiento que pudiera interpretarse como irregular o incompatible con la normativa tributaria, y atribuyó su situación procesal a la interpretación que diversas partes hicieron de operaciones complejas en un contexto empresarial que, según dijo, se movía con rapidez y bajo un marco regulatorio cambiante.

También ha afirmado que parte de los fondos obtenidos en estas operaciones, más de 700.000 euros, quedaron inmovilizados o se perdieron tras la apertura de la causa, al quedar bloqueadas diversas cuentas vinculadas a las sociedades investigadas. “El resultado final fue desastroso”, ha apuntado, en referencia a la situación económica y profesional en la que asegura haber quedado tras el inicio de las pesquisas judiciales.

La sesión terminó antes de que el fiscal concluyera el interrogatorio al acusado, por lo que su declaración continuará en la próxima vista el lunes 15.

Recuperamos el episodio que le dedicamos a la fabricación de un relato falso desde lo más profundo del Estado, un montaje policial con connivencia política. Un montaje en el que se intentó demostrar que el fundador de Podemos y eurodiputado en ese momento, Miguel Urbán, entregó 40 kilos de cocaína procedente de Venezuela, en un pub de Madrid, a cambio de una suma de dinero desorbitada que ayudaría a financiar a Podemos.

El periodista de elDiario.es Pedro Águeda, especializado en tribunales y asuntos de seguridad, nos cuenta los detalles de este montaje policial que buscaba evitar que PSOE y Podemos pactaran un Gobierno de coalición en España.

*** Este episodio se emitió por primera vez el 22 de mayo de 2025 ***

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Un tribunal de Madrid ha condenado a un agente de la Policía Nacional a tres años de cárcel por inventarse que una mujer detenida le había roto una ceja de un cabezazo en la comisaría de Leganitos, en el centro de la capital. La mujer, arrestada en la pandemia por saltarse el confinamiento, llegó a ser imputada por agredir al policía, pero la insistencia de su abogada en pedir las imágenes de las cámaras de seguridad demostró que había sucedido lo contrario: el agente había estrellado la cabeza de la mujer contra una puerta y él mismo se había chocado contra el marco. Después, añaden los jueces, falsificó el atestado apoyado por otro policía acusado también de falso testimonio por encubrirle.

Según la documentación judicial a la que ha tenido acceso elDiario.es, los hechos ocurrieron una noche de mayo de 2020 en el centro de Madrid. El policía y su compañero acudieron al barrio de Lavapiés porque una mujer se estaba saltando las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia y terminaron deteniéndola para llevarla a la comisaría de Leganitos.

Una vez allí, el policía engrilletó a la mujer y le puso las manos a la espalda, aunque ella se mostraba “sumisa” y no ejecutó “oposición de ningún tipo”, y la introdujo en la comisaría con la espalda doblada hacia adelante. Empezó entonces a abrir puertas dentro de la comisaría usando la cabeza de la mujer como un ariete hasta que una de las puertas rebotó con fuerza y dio al agente en la cara, haciéndole una brecha en una ceja. El agente arrastró a la mujer hasta un calabozo, donde quedó boca arriba y con las manos atadas, y se puso a elaborar el atestado.

La abogada del turno de oficio que asistió esa noche a la mujer no sabía nada de ese episodio y pidió sin éxito que fuera llevada inmediatamente ante un juez, pero tuvo que esperar al día siguiente para acudir al juzgado de guardia. Allí se llevó una sorpresa: el atestado que le habían leído verbalmente la noche anterior no se correspondía con lo que había llegado a la mesa de la jueza. Ahora tenía un párrafo más que acusaba a su clienta de haber ejercido una “férrea resistencia” y de haber dado un cabezazo al policía hasta romperle una ceja. El policía, incluso, había ido a un hospital para recibir puntos de sutura.

El juzgado mantuvo a esta mujer imputada durante más de medio año bajo la acusación de haber agredido y lesionado al policía nacional hasta que accedió a la petición de la abogada: obtener y analizar las imágenes de las cámaras de seguridad. Horas y horas de metraje que, una vez ordenadas, mostraban la realidad: la mujer no se había resistido y el agente se había roto una ceja contra una puerta mientras maltrataba a la detenida y se abría paso por la comisaría usando la cabeza de la mujer como un ariete.

La causa se archivó contra la mujer, la acusada se convirtió en víctima y el agente de Policía Nacional pasó a estar acusado por un rosario de delitos relacionados con la falsificación del atestado y sus mentiras posteriores. La Fiscalía pidió casi cinco años de cárcel para él y la primera sentencia, de la Audiencia Provincial de Madrid, le impuso tres años y medio de presidio al considerarle culpable de falsedad documental y denuncia falsa. El Tribunal Superior de Justicia, tras un recurso, ha reducido la condena a tres años al entender que el segundo delito ya forma parte del primero y que el policía no dio uso posterior al atestado.

“Alteró la realidad de los hechos a conciencia”

El discurso del policía y su compañero fue cambiando a medida que el proceso judicial se alejó de la mujer y se dirigió contra ellos. Si durante la fase de instrucción los dos dijeron que, efectivamente, la mujer había dado un cabezazo al policía, en el juicio fueron variando su versión para restar importancia al suceso y afirmar que fue algo “fortuito”, de poca gravedad y poco menos que un accidente sin importancia.

Los jueces de ambos tribunales entienden que este policía “faltó intencionadamente a la verdad”, atribuyendo “una clara agresión” a la mujer cuando ella, esposada y “sumisa”, no había hecho nada. El policía nunca reconoció por qué falsificó el atestado, pero la Audiencia Provincial de Madrid especuló con las posibilidades: “Como represalia por la actitud reivindicativa de la abogada, para justificar la detención policial, para encubrir las lesiones físicas visibles de la detenida, o por otros motivos desconocidos”.

El TSJ es claro al explicar lo que revelaron las cámaras de la comisaría de Leganitos: “No se aprecia resistencia alguna, ni férrea ni liviana, por parte de la detenida”. Pero sí se ve cómo el policía usó su cabeza para abrir puertas y cómo él mismo se rompió la ceja contra una de ellas. “No hay ni rastro de una posible colisión voluntaria ni fortuita entre las cabezas de ambos”, dicen sobre la completa ausencia de un cabezazo de la mujer. “Alteró la realidad de los hechos a conciencia” en el atestado, dicen los jueces, y la consecuencia es que la mujer estuvo varios meses imputada por un delito que podría haber acabado con ella en la cárcel.

El caso ya está en manos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, pero la condena impuesta por los jueces madrileños a este policía implicará su ingreso obligatorio en prisión, además de exponerse a perder la placa. Tres años de cárcel por falsedad documental, inhabilitación para ejercer como policía mientras dure la condena, una multa de 2.400 euros y una indemnización de 3.000 euros más para la víctima. Los jueces dedujeron testimonio contra su compañero porque entendieron que mintió en el juicio para encubrir al acusado.

“A lo mejor hubiera sido condenada por atentado”

La abogada del turno de oficio que atendió esa noche a la mujer se llama Ana Méndez y llevó su defensa hasta que el caso ha terminado con una condena de cárcel para el policía. Se quejó ante la jueza cuando vio aparecer el párrafo del atestado que no estaba la noche anterior, se quejó ante el Colegio de Abogados y al final consiguió que la comisaría enviase las imágenes de sus cámaras de seguridad. “Nos mandaron las imágenes que correspondían a dos días y eran ocho cámaras, imagina la de horas y horas que nos dieron en bruto”, relata.

Hizo una labor de reconstrucción hasta que pudo ver “el recurrido de ella” por la comisaría de Leganitos, cuando vieron “clarísimamente”, explica a elDiario.es, “no solo el trato vejatorio que le habían dado, sino que la herida se la había hecho, precisamente, porque iba abriendo las puertas con la cabeza de ella y en una de esas se golpeó la ceja porque la puerta rebotó. Eso se ve sin lugar a duda, no es un hecho controvertido”.

Un policía, contra el que se dedujo testimonio por mentir, “sí intentó proteger a su compañero”. Pero también considera que otro, el instructor del expediente, también buscaron “eludir su propia responsabilidad”. El vídeo, en cualquier caso, fue la clave para que su clienta pasara de ser acusada a ser la víctima de un abuso policial. “Lo que es muy grave es que a lo mejor mi representada hubiera sido condenada por atentado”, explica Méndez.

En su defensa, el policía intentó alegar ante los distintos tribunales que las imágenes habían sido “cortadas y pegadas” por la defensa de la mujer y que no reflejan la realidad de lo que sucedió. Los jueces explican que esas imágenes salen del bruto enviado por la comisaría, y en todo caso apuntan a que faltan algunas. “Falta, es llamativo, la grabación de la cámara que permitiría visualizar lo sucedido tras atravesar las puertas batientes antes de llegar al precalabozo”, dice la Audiencia Provincial. Faltan, por tanto, las imágenes del lugar donde la víctima asegura que fue agredida después de que el policía abriera una puerta con su cabeza.

Los jueces le imponen, a falta de lo que diga el Supremo, tres años de cárcel y recuerdan que los agentes de policía nacional “no son simples particulares”, sino que su palabra va directa a un atestado que puede llevar a “la incoación de un proceso penal” y convertirse en una prueba contra alguien. Tal y como dijo la Fiscalía en el juicio, falsear así un atestado “quebranta gravemente la confianza en la veracidad que suele presumirse en las actuaciones policiales”.

El último informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), integrado en el Consejo de Europa, constata que España ha implementado parcialmente algunas mejoras para prevenir la corrupción desde su última inspección, pero lamenta que no lo haya hecho de manera “satisfactoria” con ninguna de las 19 recomendaciones que hizo aunque 16 de ellas han sido implementadas de forma parcial. Insiste en solicitar reformas sobre aforamientos o la transparencia en torno a los asesores y los lobbies, haciendo especial hincapié en la falta de una estrategia anticorrupción en la Policía Nacional y celebrando que futuras leyes como la de Administración Abierta y otras medidas del plan de regeneración vayan por buen camino.

El GRECO empezó a hacer recomendaciones a España en materia de lucha y prevención contra la corrupción en la Administración pública, haciéndose eco entonces de los numerosos casos de corrupción que, en el caso de Gürtel, desembocaron en la moción de censura que sacó al PP de la Moncloa. La lista de 19 recomendaciones, relativas a los conflictos de intereses de altos cargos, los lobbies, las puertas giratorias, transparencia y códigos de conducta.

Este grupo afirmó a finales de 2023 que España no había aplicado “plenamente” ninguna de sus recomendaciones, lo que incluye cambios legales que lo hacen de forma parcial pero no completa, y aplicó a España un procedimiento de incumplimiento para supervisar a fondo la evolución de estas medidas cuyas conclusiones han sido conocidas este viernes. Concede que España ha implementado de forma parcial 16 de las 19 medidas, tres más que la última vez, pero ninguna de forma completa.

“España no ha implementado de forma satisfactora ninguna de las 19 recomendaciones”, critica. De ese total, 16 han sido “parcialmente implementadas” y tres “no han sido implementadas”. España, por tanto, tendrá que seguir respondiendo ante el Consejo por estas medidas y volver a informar de su desarrollo en junio de 2026, dentro de 11 meses.

El informe reconoce que algunas de las medidas que están en camino, contenidas varias de ellas en el Plan de Acción para la Democracia de 2024 como por ejemplo la Ley de Administración Abierta, aportan buenas perspectivas de cara al futuro en muchos puntos flojos del análisis, pero apunta a medidas todavía pendientes de implementar. El primer informe de incumplimiendo de 2021 apuntó a siete recomendaciones ignoradas y en este último informe el número se ha reducido a tres.

Lobbies, puertas giratorias y corrupción policial

El GRECO detecta tres recomendaciones que no se han implementado ni siquiera de forma parcial. La primera es la relativa a los asesores y su régimen de transparencia, algo que sí recoge la futura Ley de Administración Abierta pero que, recuerda el Consejo de Europa, todavía no ha sido aprobada. Pero sí destaca “positivamente” que regule de forma específica “la naturaleza política” del trabajo de los asesores y la “necesidad” de acercarlos al “régimen de prevención de la corrupción”.

Otro de los puntos sobre los que pone el foco este informe es en los aforamientos y la necesidad de que no se traduzcan en impunidad para políticos o miembros del Gobierno. Es quizás el mayor desencuentro entre el GRECO y España, ya que el Estado entiende que el aforamiento no implica ningún tipo de impunidad al juzgar y sentenciar, igualmente, a un acusado aunque sea parlamentario o miembro del Ejecutivo.

El tercer punto en el que el grupo no ve ningún tipo de avance es en el relativo a la prevención de la corrupción en la Policía Nacional. Sí ven mejoras en cuanto a la Guardia Civil pero en torno al primer cuerpo y para mejorar su “transparencia, objetividad y proporcionalidad” en su régimen disciplinario. El GRECO, como ya ha hecho en informes anteriores, lamenta “la ausencia de desarrollo en este ámbito” y que las autoridades españolas “no lo reconozcan como un problema que necesite mejorar”.

En otras medidas sí constata avances. En cuanto a la regulación de los lobbies y grupos de presión, por ejemplo, celebra que el futuro Plan de Regeneración Democrática incluya, en su fase actual, “elementos clave” como el registro de grupos de interés, la comunicación de datos de estos grupos con las administraciones territoriales y también el código de conducta y de sanciones aplicable. “Es un avance positivo y muy esperado”, aunque habla de “oportunidad perdida” en cuanto a la transparencia de las agendas.

Algo similar sucede con las puertas giratorias. Las normativas por venir, todavía pendientes de aprobar en España, “refuerzan las restricciones a las puertas giratorias”, por ejemplo prohibiendo que un político vuelva al sector privado hasta dos años después de dejar la Administración. Pero la recomendación de GRECO, recuerda el informe, es “mucho mayor”.

El Tribunal Supremo ha confirmado una condena de dos años y nueve meses de cárcel a un policía nacional de València que durante meses espió en las bases de datos confidenciales a medio centenar de mujeres, muchas de ellas denunciantes de violencia machista o prostitutas, llegando a coaccionar a una de ellas. Los jueces, que también avalan su sanción de diez años de inhabilitación, declaran probado que el agente hizo las consultas al margen de su trabajo y accedió a datos personales de las mujeres, entre ellas también vecinas de su urbanización en Paterna.

Los agentes de Asuntos Internos detuvieron a su compañero a mediados de 2020. Se trata de un policía nacional destinado en la comisaria valenciana del distrito de Trànsits, en el barrio de Tormos, y su grupo de informes. El agente arrestado disponía de acceso a las bases de datos policiales, pero su trabajo se limitaba a averiguar domicilios y paraderos para contestar a requerimientos judiciales o elaborar informes de conducta para indultos e investigar delitos leves. Los investigadores descubrieron que en los seis meses anteriores había usado los repositorios policiales de datos para mucho más de lo que requería su trabajo.

En ese periodo de tiempo, apenas seis meses, había hecho 3.889 consultas en hasta cuatro bases de datos de la Policía Nacional. Algunas estaban justificadas, pero otras no tenían nada que ver con su trabajo, como atestados de violencia de género, matrículas o datos de prostitutas, además de vecinas de su propia urbanización en Paterna.

Los jueces explican en las sentencias del caso, que ha podido examinar elDiario.es, que el policía ahora condenado y suspendido tenía “cuatro objetivos bien definidos”: acceder a datos de mujeres de entre 18 y 45 años, saber si sus vecinas tenían antecedentes, descubrir si había denuncias contra mujeres que se prostituían en la ciudad y, finalmente, acceder a atestados de violencia machista.

El policía siempre negó que accediera a esos datos por un motivo que no fuera su trabajo y ni Asuntos Internos ni los tribunales han dejado por escrito para qué quería exactamente esos datos más allá de constatar que su objetivo era “llegar hasta terceras personas”. Pero sí consta lo que hizo en uno de los casos, el primero en ser descubierto: consiguió los datos de una denuncia que una mujer había interpuesto contra su expareja, llegó hasta ella y la intentó extorsionar.

Esa persecución se tradujo en una primera condena –una multa– por un delito de coacciones contra él. En paralelo, otro juzgado de València le investigaba por el acceso irregular a decenas de datos personales y expedientes de mujeres de la ciudad que el Tribunal Supremo acaba de zanjar con una sentencia firme y una condena de dos años y nueve meses de cárcel, junto con 10 años más de inhabilitación, por un delito de revelación de secretos. También tendrá que pagar una multa de 6.000 euros.

Una búsqueda “escandalosa” de datos privados

El agente condenado rechazó declarar ante el juez que le investigaba, pero posteriormente, ya ante la Audiencia Provincial de Valencia, decidió cambiar de estrategia y pasó a defender que ese medio centenar de accesos a las bases de datos confidenciales de mujeres estaban justificados por su trabajo. Esa teoría fue descartada por sus superiores, los agentes de Asuntos Internos y finalmente todos y cada uno de los jueces que han analizado su caso.

Su labor en la comisaría de Trànsits, recuerda el Tribunal Supremo, era obtener información para localizar a personas cuando los juzgados pedían ayuda, también colaborar en la emisión de informes sobre indultos y de manera excepcional tramitar asuntos relacionados con delitos leves. Los jueces reconocen que podían existir situaciones de “excepcionalidad comprensible” en la que hubiera ido más allá y consultado datos para ayudar a algún compañero, pero en ningún caso las “ingentes invasiones” de expedientes de mujeres que perpetró.

Lo que había en esos atestados, recuerdan los magistrados que han analizado el caso desde su primera condena, eran “datos sumamente íntimos” de las mujeres a las que espiaba. No solo números de matrícula o datos básicos, sino detalles de las denuncias que habían presentado contra sus parejas por violencia machista, las lesiones que habían sufrido o la raza y el sexo. Todo, añaden los tribunales, con una “desconexión escandalosa” con lo que era en realidad su trabajo en la comisaría de Trànsits.

Algunos atestados que consultó y descargó eran recientes, pero otros se remontaban a años atrás, incluso a 2009 como destaca el Tribunal Supremo. Desde que se decidió a declarar, el agente siempre ha esgrimido la misma estrategia de defensa: alegar que no accedió a datos personales, que estos accesos tenían que ver con su trabajo y que los tribunales nunca pidieron un informe policial más exhaustivo sobre cuál era su labor en la comisaría.

Los jueces contestan que ese informe no era necesario y recuerdan que Asuntos Internos solo investigó los accesos indebidos a cuatro bases de datos durante seis meses a modo de ejemplo de su “injustificada búsqueda a mujeres de una determinada edad”. Lo que buscaba no era solo identificar a las afectadas sino también datos “de especial significado íntimo” que no solo revelaban sus denuncias de violencia machista o si tenían antecedentes policiales sino, incluso, “intentos de su suicidio”.

“Todo Ceuta sabe lo que pasa en el puerto”. La frase de uno de los detenidos en el contexto de la Operación Hades señala directamente a la connivencia de agentes de la Guardia Civil con las tramas de narcotráfico radicadas en la ciudad autónoma. Una decena de agentes aparecen como sospechosos a lo largo del extenso sumario de la causa, la mayoría con el teléfono pinchado. Cuatro de ellos han sido detenidos por recibir presuntamente pagos de entre 70.000 y 120.000 euros a cambio de hacer la vista gorda con los semirremolques cargados de droga que pasaban el control de la estación marítima de la localidad sin ser revisados.

Dos organizaciones criminales compartían según las investigaciones del Servicio de Asuntos Internos (SAI) una red de seguridad en el puerto ceutí, integrada por efectivos de la Compañía Fiscal y de Fronteras y de Aduanas que aseguraban el paso de grandes cantidades de la sustancia estupefaciente. Esta había sido traída previamente de Marruecos a través de la frontera del Tarajal y de un narcotúnel encontrado en febrero de este año —cuando ya se habían producido los arrestos— en una nave ubicada a pocos metros de la valla que separa España de su país vecino.

De las vigilancias realizadas por los investigadores se desprende que la droga permanecía pocas horas en la citada área industrial y pasaba después a otra nave situada en el puerto. Según los atestados, todo con la colaboración de empresas de transporte, congelados y hasta una conocida cadena de supermercados. El día señalado por los agentes corruptos, cuando a estos les tocaba trabajar juntos, las organizaciones cargaban la sustancia estupefaciente en semirremolques y cruzaban el puerto sin ser apenas revisados. Los vehículos, que según la investigación fueron vistos anteriormente en un hangar de Mairena del Alcor (Sevilla), contaban con dobles fondos para ocultar la mercancía ilícita.

Gracias a las pesquisas pudieron realizarse tres incautaciones. Las dos primeras, en junio y diciembre de 2023, superaron las cinco toneladas. Y la última, este enero, de 1.337 kilogramos. Sin embargo, la confesión de uno de los cabecillas confirmó que hasta la primera aprehensión, una de las tramas realizaba un pase exitoso al mes. Tónica que había logrado mantener durante un extenso periodo de tiempo.

El primer entramado

Este investigado, que se dedicaba a la exportación de tabaco de cachimba, por lo que viajaba frecuentemente a Marruecos, se sitúa a la cabeza del grupo criminal que aparece antes cronológicamente en las investigaciones. Según sus propias palabras, compartía las decisiones con el dueño de una agencia de viajes —al que se le encontró una pistola sin licencia en su domicilio— y con un tercero ahora fugado de la justicia, que sería el enlace con el propietario de la mercancía, un célebre narco marroquí que aparece frecuentemente en operaciones similares en Ceuta.

También con capacidad de decisión dentro de la organización, un primer camionero que era el encargado de pagar a los guardias civiles del puerto, en concreto a R.G.V (alias ‘Calambre), mecánico de la Compañía Fiscal y de Fronteras. Este repartía luego el dinero con sus compañeros A.A.A., R.A.C.P. (alias ‘Fanta’) y R.A.P., también detenidos, a los que cohesionaba para facilitar la acción de los narcos.

Como enlaces entre los presuntos líderes aparece un dúo constantemente retratado en las escuchas realizadas por la Guardia Civil, que había colocado un micrófono en el vehículo de uno de ellos. Dos varones con antecedentes por delitos varios —incluyendo contra la salud pública, conspiración para homicidio o tenencia ilícita de armas— que se dedicaban a labores de vigilancia y coordinación.

Los semirremolques los preparaba un mecánico sevillano en una nave de Mairena del Alcor, con la ayuda directa en este caso de al menos otras dos personas, una detenida y otra en busca y captura. Por último, un conocido transportista local era el encargado de llevar el camión ‘preñado’ —término coloquial que utilizaban para la introducción de hachís en su interior—hacia la provincia de Málaga, donde se produjo la primera incautación, el día 27 de junio de 2023.

Para esa operación, la Guardia Civil desplegó un control de carretera ficticio, para evitar que los supuestos implicados sospecharan de la investigación a la que estaban siendo sometidos. Esta maniobra permitió además comprobar la connivencia de varios agentes que estaban de servicio en el Puerto de Ceuta en la jornada de autos.

Tras aquel golpe, la organización cambió de método y en diciembre trató de pasar tres toneladas de hachís ocultas en el camión que traslada los animales muertos de Ceuta a la Península. Un método que creían infalible. “Nunca lo revisan”, decían los implicados, sabedores de que la localidad norteafricana carece de medios para abrir con seguridad un vehículo que por su contenido supone un importante riesgo biológico y que también carece de escáner. Además, este sistema permitía que no fuera necesario pagar a los guardias del puerto.

Lo que no esperaban es que uno de los agentes bajo sospecha a lo largo del sumario recibiría un chivatazo y lo comunicaría a sus superiores. Al camión ya lo estaban esperando en el momento del embarque y aunque no pudo ser abierto en Ceuta, solo permitieron que pasara hacia Algeciras para ser escaneado allí, donde encontraron el alijo.

Los agentes, nexo de unión entre tramas

Esta organización no volvería a operar, a pesar de intentar organizar un nuevo pase sin éxito, y la actividad quedó en manos de un segundo entramado, que tenía como nexo común con el anterior el uso del narcotúnel —descubierto después de las detenciones— y la connivencia de muchos de los mismos agentes que empleaba la primera agrupación criminal.

Especialmente señalado a lo largo del sumario, el ‘Calambre’ trataba con ambas tramas, reuniéndose con sus miembros según evidencian las vigilancias realizadas por Asuntos Internos. También sería el encargado de recibir el dinero y repartirlo con los otros compañeros compinchados.

Otro de los detenidos, A.A.A., agente destinado en la Aduana portuaria, fue también identificado en numerosos encuentros con otros investigados y señalado en conversaciones telefónicas. A estos hay que sumar hasta otros ocho agentes, seis de ellos nunca detenidos, pero sí ampliamente mencionados a lo largo del sumario por sus presuntas relaciones con las organizaciones.

El cártel de la familia de un diputado y funcionario de prisiones

Tanto ‘Calambre’ como A.A.A. cooperaban supuestamente con esta segunda agrupación criminal cuya actividad llegó a conocimiento de Asuntos Internos en mayo de 2024 gracias a una conversación escuchada en un pub de la provincia de Cádiz. En ella, el supuesto cabecilla del entramado presumía de estar en capacidad de introducir hachís desde Marruecos a Ceuta y después de poder pasarlo a Algeciras a través del puerto gracias a una serie de agentes sobornados. Solo le faltaba disponer de camión y conductor para ejecutar la operativa.

En ese punto, los investigadores decidieron infiltrar a dos efectivos. El agente encubierto ‘Noray’, que sería encargado de ofrecer a la trama los servicios de ‘Génova’, el segundo infiltrado, quien dispondría de un semirremolque de una empresa ya conocida por la organización para realizar el pase. Luego se incorporaría un tercero, ‘Mástil’, para conducir el camión cargado de droga.

Durante seis meses, ambos encubiertos participaron en las reuniones del cártel y descubrieron que estaba integrado por el diputado en la Asamblea de Ceuta y funcionario de prisiones, Mohamed Mohamed Ali Duas, del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), una formación localista que le ha suspendido de militancia, aunque él no ha entregado aún su acta. También por su hermano, transportista y teórico líder del grupo, que compartía atribuciones con un corredor de seguros muy amigo del agente A.A.A.

También colaboraban en la organización el sobrino del representante político y otras tres personas que fueron vistas en la carga y descarga del camión aprehendido el 30 de enero con 1.337 kilos de hachís en una nave de Villanueva del Trabuco. El semirremolque había llegado a las instalaciones la noche previa conducido por uno de los infiltrados. Hasta seis agentes encubiertos y presuntos narcos durmieron juntos en el mismo polígono industrial a la espera de vender la mercancía a un cliente francés el día de los arrestos.

Los miembros de este cártel fueron los primeros en caer como parte de la Operación Hades, que tuvo semanas después una segunda ronda de detenciones, elevando la cuenta de arrestados por encima de la docena. También aparecería en el mes de febrero, en concreto el día 19, un narcotúnel ubicado en el polígono de Alborán de Ceuta, cuya existencia fue revelada a la Guardia Civil por uno de los investigados, el exportador de tabaco. Actualmente, el hombre al que se achaca su construcción y uso se encuentra en busca y captura.

Un billete de 20 dírhams para señalar a los corruptos

La preparación del último traslado de droga, el que el 30 de enero acabó por explotar la operación, contó en su transcurso con un suceso singular. El agente encubierto ‘Noray’ exigió a la organización —que no solo le pidió el camión, sino que ejecutara los dobles fondos en su interior— que se practicara una prueba de seguridad para garantizar la fidelidad de los guardias civiles del puerto. Una maniobra que sirvió en realidad para poder identificarlos.

Manifestó el infiltrado esta exigencia a la trama en una reunión en un restaurante de Cádiz, cortando entonces un billete a la mitad y entregándoselo al corredor de seguros, quien debería dárselo a sus contactos policiales en la estación marítima. La idea era que el mismo ‘Noray’ o ‘Mástil’, el encubierto encargado de conducir el camión con la droga, pasaran días antes por el control de seguridad del puerto. En ese momento, los guardias corruptos entregarían de vuelta la mitad del billete, que debía coincidir con la otra en posesión del grupo criminal, para confirmar así su visto bueno a las condiciones planteadas. Por la prueba de seguridad el diputado Ali Duas, encargado siempre de los pagos a la Guardia Civil, abonó 10.000 euros. Por dejar pasar la carga, 120.000.

Así lo hicieron y fue ‘Mástil’ quien tras llegar a Ceuta con el semirremolque que luego se usaría en el pase, atravesó de vuelta el puerto con un coche sin la ITV en regla, deteniéndole ‘Calambre’. Este hizo como que revisaba el vehículo, dejando en el interior la mitad de un billete de dirhams —moneda de Marruecos—, un movimiento que confirmó así la existencia de connivencia policial con los narcos en el embarcadero ceutí.

La macrocausa de corrupción urbanística que afectaba al PP de Granada, conocida como 'caso Marchelo', se cierra sin que ninguno de los condenados vaya a ir a la cárcel. Pese a que tanto la instrucción judicial como la petición de penas por parte de la Fiscalía apuntaban a que la mayoría de los acusados tendrían que ir a prisión, eso no sucederá. La macrocausa se cierra con penas leves precisamente porque ha durado demasiado tiempo, según reconoce la Audiencia Provincial de Granada.

La “duración extraordinaria” del caso, de casi 20 años, ha hecho que se les aplique el atenuante que hará que ningún condenado sea privado de libertad. De las tres piezas en las que estaba dividida la causa, queda solo una abierta que afecta principalmente al exalcalde de Alhendín, José Guerrero, que es tío del actual presidente del PP de Granada, Francisco Rodríguez. Aunque por su edad -94 años- y su salud, tampoco tendrá mucho recorrido judicial. También afecta a Manuel Fernández, exconcejal de Urbanismo, que es el principal condenado de toda la macrocausa, que si esta pieza prospera podría acabar siendo el único de los condenados que acabe en prisión.

De este modo, la Audiencia Provincial de Granada da casi carpetazo a la macrocausa urbanística que ha puesto en el foco al Ayuntamiento de Alhendín en las últimas dos décadas, a la espera que se resuelva la última pieza -la de menor importancia procesal y mediática-, en uno de los casos más prolongados en la historia judicial de la provincia. La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, fechada el pasado 23 de mayo y avanzada por El Independiente, impone condenas a varios exconcejales y empresarios por delitos de cohecho, malversación de caudales públicos en grado de tentativa y prevaricación administrativa y urbanística.

Sin embargo, la extensa duración del proceso -18 años y 11 meses- ha dado lugar a la aplicación de “la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas”, lo que ha rebajado de forma significativa las penas. A pesar de que la Fiscalía pedía más de una década de cárcel para los principales investigados e indemnizaciones millonarias, ninguno de los condenados tendrá que enfrentarse a ello.

El procedimiento, iniciado en 2006, estaba dividido en tres piezas separadas. La sentencia, dictada por la Audiencia Provincial, resuelve ahora dos de ellas: la relativa al desarrollo del polígono industrial Marchalendín y la urbanización del sector Novosur en Armilla. La tercera, relacionada con la construcción de una gasolinera, permanece aún abierta en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Santa Fe, que sigue investigando la adjudicación de esa instalación.

En las dos piezas resueltas, el principal condenado es Manuel Fernández, exconcejal de Urbanismo de Alhendín y mano derecha de José Guerrero, el entonces alcalde, que dimitió tras ser imputado, dejando el puesto a su sobrino, Francisco Rodríguez, actual presidente del PP de Granada y edil en el Consistorio. Fernández ha sido condenado a dos años de prisión, seis meses de multa con cuota diaria de diez euros y cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público electivo. Si la causa de la gasolinera, que sigue abierta, se cerrase con otra condena para Fernández que incluyese prisión, sí tendría que ir a la cárcel al superar los dos años mínimos que exige la legislación para ser privado de libertad.

Además de en esa pieza separada, en las otras dos, según recoge la sentencia, Fernández recibió participaciones en la sociedad Parque Empresarial Alhendín S.L. y aceptó una vivienda gratuita en la urbanización Novosur, como contrapartida por garantizar la aprobación de licencias y convenios urbanísticos. El tribunal señala que, en estas operaciones, se vulneraron normas básicas, como la exigencia de informes sectoriales de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y del Ministerio de Defensa.

De multas millonarias a apenas miles de euros

La Audiencia también condena a los empresarios Manuel Melguizo Ruiz, Juan Muñoz Tamara (marido de Ana Rosa Quintana), Fernando Muñoz Nogueras (suegro de Ana Rosa Quintana), Rafael Alonso Polo y Fernando Rafael Rodríguez-Acosta Márquez, a un año de prisión, cinco meses de multa y dos años y cuatro meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público. En la sentencia se señala que todos ellos participaron en los acuerdos y actuaciones que llevaron a la aprobación de licencias y convenios que incumplían la normativa. Además, en casos como el de Muñoz Tamara y Fernando Muñoz, a los que la Fiscalía les pedía una indemnización de 3,5 millones de euros, solo tendrán que abonar algo más de 18.000 euros.

La sentencia detalla cómo el Ayuntamiento de Alhendín, a través del edil de Urbanismo, malvendió un terreno para la construcción del polígono industrial mencionado, perjudicando a las arcas municipales en 9,5 millones de euros, teniendo el concejal participaciones en la empresa que estaba detrás de ese polígono rebautizado como Marchalhendín. También cómo se adjudicaron contratos a esos mismos empresarios condenados, como la obra de un parque municipal-mercadillo ambulante, a través de concursos públicos modificados para adaptarse a la oferta de la empresa Tarje. Así como el hecho de que el Ayuntamiento de Alhendín aprobara licencias de construcción en terrenos que invadían servidumbres aeronáuticas de la Base Aérea de Armilla sin esperar a los informes del Ministerio de Defensa, lo que finalmente obligó a adoptar medidas correctoras.

Uno de los puntos que resalta la sentencia es que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) no fue integrada en la Junta de Compensación de la urbanización Novosur, pese a ser propietaria de terrenos afectados por el encauzamiento del Barranco de la Calera. La Confederación estima un perjuicio económico de más de 300.000 euros, aunque no lo reclama en este procedimiento y lo hará en otro proceso civil.

Con respecto al exalcalde José Guerrero, la causa contra él ha quedado archivada provisionalmente por motivos de salud y edad avanzada, pese a que se pedían 15 años de prisión contra él. El tribunal deja la puerta abierta a reanudar la causa si su estado mejora. Algo poco probable, por lo que también quedaría excluido de la pieza que queda abierta, en la que se investiga la concesión de la licencia para una gasolinera en un suelo no apto.

Según la Fiscalía, el entonces alcalde y su concejal de Urbanismo, Manuel Fernández, infringieron el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) al favorecer al empresario Rafael Tallón -también investigado-, que ni siquiera era propietario de la parcela donde se construyó la gasolinera. La finca pertenecía a la familia del propio alcalde Guerrero, que la vendió por 180.000 euros.

En definitiva, la macrocausa de corrupción urbanística, que llegó a generar portadas de periódicos y un terremoto político a nivel local, se cierra casi sin hacer ruido. La Audiencia justifica la reducción de las penas aplicando la “atenuante de dilaciones indebidas muy cualificada”, por la duración extraordinaria del proceso y las “numerosas y extensas paralizaciones” que recoge la sentencia.

Además, el Ayuntamiento de Alhendín, en el que sigue como concejal Francisco Rodríguez, presidente del PP de Granada y sobrino del exalcalde Guerrero, y que en su día se personó como perjudicado, no ha reclamado indemnizaciones en esta sentencia, aunque deja abierta la posibilidad de hacerlo en el ámbito civil.

La rueda de la Justicia se va imponiendo sobre una de las últimas bandas criminales que han traficado con droga en el Puerto de Barcelona. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha confirmado la pena de 15 años de cárcel que la Audiencia de Barcelona impuso al inspector de Policía Nacional C.M.G., al considerado uno de los líderes de la banda de 'narcos' que controló el tráfico de cocaína en los muelles barceloneses hace una década.

Al menos entre diciembre de 2014 y septiembre de 2017, el inspector y otro agente ya jubilado y también condenado “conformaron un entramado” cuyo objetivo era la distribución de cocaína desde la provincia de Barcelona hacia otros puntos de España y a otros países de Europa, concluyó la sentencia ahora corroborada.

El inspector, en aquel tiempo destinado en el Grupo I de la Sección de Estupefacientes de la UDYCO (Unidad de Droga y Crimen Organizado), se valió de su condición de policía para “instruir y aleccionar” al resto de los miembros de la banda sobre la forma de ocultar su actividad delictiva y desarrollarla sin riesgo de ser descubiertos, instrucciones que daba en colaboración con el subinspector jubilado.

Tanto los policías como los otros condenados habían recurrido la sentencia con los argumentos habituales de los casos de narcotráfico: los miembros de la banda querían anular los pinchazos telefónicos y los micrófonos colocados en el coche del subinspector que corroboraron el anónimo recibido por los Mossos d'Esquadra con el que se dio inicio al caso, que ya advertía de que los 'narcos' contaban con protección policial.

La sección de apelaciones de la Sala Civil y Penal del TSJC rechaza, como mantenían los acusados, que la investigación del caso fuera “prospectiva” y respalda al 100% las medidas acordadas por la jueza instructora para desbaratar la trama.

“Existían sólidos indicios de la existencia de un delito de gran gravedad, de la participación del coacusado [el subinspector]., su teléfono había sido intervenido, y los agentes en las vigilancias habían detectado que se reunía en sus vehículos, el Mercedes y el Porsche Cayenne con otros de los investigados en aquel momento”, destaca la sentencia.

En suma, los micrófonos en el coche y las intervenciones telefónicas del caso eran “idóneas, necesarias y proporcionales, dichas razones resultan plenamente aplicables al apelante cuyo nombre había salido en las investigaciones como uno de los dos policías que daban cobertura a las operaciones de tráfico de cocaína. 

“Desde el inicio de la investigación ya se constataron encuentros físicos entre los dos policías y otros dos de los investigados. Y no solo por las vigilancias policiales, sino también por la información que se obtenía de las intervenciones telefónicas, encuentros vinculados con los desplazamientos que los dos policías hacían en sus vehículos”, destaca la sentencia del TSJC.

El alto tribunal catalán ha confirmado las condenas de la Audiencia de Barcelona a 28 de los 32 procesados a penas que oscilan entre los 9 meses y los 15 años de prisión por diversos delitos como tráfico de drogas, coacciones, pertenencia a grupo criminal, tenencia ilícita de armas y defraudación de fluido eléctrico.

Ambos policías impartían al resto de acusados pautas de actuación sobre el modo de comunicarse o de reunirse, consejos sobre como referirse a la droga utilizando “palabras clave” o, sobre todo, donde llevar a cabo sus encuentros. También recaban información sobre los avances de la actividad delictiva en curso, sin que el inspector informara de estos encuentros a sus superiores dentro del cuerpo de la Policía Nacional.

El inspector condenado también usó sus claves de acceso a las bases de datos policiales para descubrir matrículas de coches patrulla secretas que les podían seguir en su actividad delictiva, para después pasar esta información a los narcotraficantes.

Entre algunas de las actividades ilícitas que recoge la sentencia, destaca la operación para descargar en el Puerto de Barcelona en 2015 de unos 200 kilos de cocaína ocultos en un contenedor procedente de Brasil, para lo cual tuvieron la “cobertura policial” de los dos mandos policiales condenados.

“Dados los hallazgos resultantes de la intervención del teléfono de Joakim Broberg que se comunican en el presente [informe], se solicita se amplíe la investigación a los delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias decretando el secreto de las actuaciones”. Nunca ocurrió.

La inspectora jefa del grupo de la UDEF que investigó a Joakim Broberg realizó formalmente esta propuesta a la Fiscalía Antidroga y la Audiencia Nacional en julio de 2019. Las afirmaciones realizadas por el hijastro de la alcaldesa de Marbella en las conversaciones intervenidas por la Policía y las comprobaciones posteriores realizadas por los agentes hacían sospechar a la UDEF de que el presunto narcotraficante se había servido del poder de Ángeles Muñoz para hacer negocios. 

La fiscal del caso, María Dolores López Salcedo, y el juez en aquel momento, Alejandro Abascal, no adoptaron la medida que solicitaba la UDEF. Los agentes reiteraron esos indicios en dos informes más, pero no obtuvieron respuesta. El 'caso de los suecos' siguió instruyéndose como otra causa contra el tráfico de drogas internacional, en este caso de hachís. Nada de corrupción. 

El pasado lunes, 19 de mayo, llegó el turno para declarar en el juicio de la agente con número profesional 85.972, una inspectora de la UDEF que comparecía en calidad de perito. Durante la hora y 24 minutos que duró el interrogatorio de la fiscal no surgieron las sospechas de corrupción. Con la pregunta de si los informes que realizó eran “acumulativos” y se podían ceñir a preguntas sobre el último, la fiscal cercenó la posibilidad de aludir a los tres oficios policiales en los que se reproducían los pinchazos a Broberg y los indicios de corrupción.

En una de esas intervenciones, Joakim Broberg contaba a uno de sus socios que estaba en un bar al lado de un funcionario de Benahavís, localidad contigua a Marbella, al que habrían sobornado en el pasado. Una conversación que el hijastro de Ángeles Muñoz remataba: “La ciudad es nuestra, la Junta... la jodida Andalucía”. 

Tres días antes se habían celebrado las elecciones municipales y el PP había vuelto a arrasar en la Costa del Sol. Tres meses antes, Juan Manuel Moreno Bonilla se había convertido en presidente de la Junta tras cuatro décadas de gobiernos socialistas en Andalucía. 

La Policía comenzó a investigar y confirmó que el funcionario existía y respondía a la descripción que hacía el hijastro de Ángeles Muñoz. “De las conversaciones telefónicas interceptadas a Joakim Broberg se desprende la gran influencia que tiene el sueco sobre cuestiones urbanísticas y esto es debido a las relaciones de parentesco con la regidora marbellí”, advertía por escrito la inspectora 85.972.

Las sospechas de la Policía no tuvieron publicidad. El juez Manuel García Castellón, que relevó a Abascal al frente de la causa, no levantó el secreto del sumario hasta que había dictado el auto de procesamiento y concluido la instrucción. El PSOE intentó personarse tras las revelaciones de elDiario.es, pero su aspiración fue denegada. Si la Fiscalía no actuaba contra la posible corrupción tampoco lo haría la defensa de los supuestos narcotraficantes. El poder omnímodo en la ciudad de Ángeles Muñoz no tendría fiscalización judicial, solo periodística. 

Tres meses después de la primera advertencia policial sobre la corrupción que irrumpía en la investigación por drogas llegó un segundo atestado de la UDEF. En octubre de 2019, en un informe ampliatorio, la Policía trasladaba a la fiscal y al juez que había encontrado “tres aspectos fundamentales en lo que se refiere a las actividades delictivas de Joakim Peter Broberg”: sus “negocios inmobiliarios”, la utilización de paraísos fiscales y abogados especializados y, por último, un “notorio uso de influencias en las distintas administraciones públicas involucradas, que no duda en usar tanto para beneficio propio como de terceros”.

Un año después de la primera alerta sobre presunta corrupción vinculada a Ángeles Muñoz hubo un tercer informe policial con alusiones a la corrupción. En este caso, los agentes abordaban las conversaciones del hijastro de Muñoz en el otoño de 2019. Uno de los epígrafes del informe policial, fechado el 3 de agosto de 2020, se titulaba: “Información privilegiada para favorecerse con una operación de venta de terrenos”. 

Los agentes escucharon a Broberg hablar con una colaboradora de su padre y con otro empresario con antecedentes. “Se pone de manifiesto que Joakim cuenta con información privilegiada respecto a la elaboración de un nuevo Plan de Ordenación Urbanística”, escribieron en agosto de 2020. Broberg planeaba comprar unos terrenos de los que su dueño no había podido desprenderse por “un problema con el ayuntamiento”.

elDiario.es consultó a la Fiscalía Antidroga antes de publicar la información sobre los atestados policiales, en diciembre de 2022. Un portavoz contestó que la fiscal López Salcedo había investigado las cuentas de Broberg y que no encontró nada que apuntara a delitos de corrupción. López Salcedo no hizo una sola pregunta a Joakim Broberg cuando este compareció en fase de instrucción, ni de la corrupción, ni del tráfico de drogas. Su declaración durante el juicio se producirá a lo largo del próximo mes de junio. La Fiscalía solicita 22 años de cárcel para Joakim Broberg.

Nils Fischer, otro rastro invisible de la corrupción

El hijastro de la alcaldesa se sienta estos días en la tercera fila de asientos que ocupan los acusados, en una esquina. Tres sillas a su derecha está Nils Ander Fischer, otro nombre que ayuda a trazar la silueta invisible de la corrupción en el juicio por drogas. Una de las empresas investigadas como persona jurídica, Codecosol, es de su propiedad. La sociedad recibió más de 600.000 euros en contratos del Ayuntamiento de Marbella que dirige Ángeles Muñoz. Nada de esto se ha mencionado en el juicio.

Fischer era íntimo de Lars Broberg, el marido de la alcaldesa, también procesado por blanqueo de capitales, pero cuya causa fue archivada por motivos de salud. Lars fallecería posteriormente, en marzo de 2023. Fischer, que tenía la oficina de su empresa a metros de la de Lars Broberg, se enfrenta a una pena de seis años de cárcel.

En su filial en Málaga la mafia sueca tendría como “jefe o administrador” a Joakim Broberg, de 52 años, hijastro de la alcaldesa desde que su padre se casó con Muñoz, hace tres décadas. Y este, a su vez, disponía como “hombre de confianza” y “testaferro” a Nils Fischer, según los términos utilizados por el juez Manuel García Castellón en su auto de procesamiento. 

Codecosol (Construcciones y Demoliciones Costa del Sol), la sociedad de Fischer de los contratos con el Ayuntamiento de Ángeles Muñoz, habría sido usada “como tapadera para diferentes negocios inmobiliarios”, añadía el juez en su auto. Entre 2011 y 2015, Codecolsol obtuvo cinco adjudicaciones por un total de 642.415,22 euros durante el segundo mandato de Ángeles Muñoz en el Ayuntamiento marbellí, según descubrió elDiario.es.

El pasaje del interrogatorio de la fiscal a la inspectora de la UDEF sobre el juicio tampoco resultó vibrante en el pasaje dedicado a Fischer y Codecosol. Le preguntó por los antecedentes del empresario que presumía en su perfil de la red LinkedIn de ser “uno de los principales contratistas del Ayuntamiento de Marbella”. Receptación, robo, documentación falsa, fraude, quebrantamiento de condena… 

De las 12 sociedades donde figura Fischer solo Codecosol tiene actividad y declara ganancias, no más de 58.000 euros al año, explicó la inspectora de la UDEF. Ni rastro de unos correos electrónicos desvelados por elDiario.es en los que Fischer utiliza a Lars Broberg para hacer llegar una oferta para una adjudicación del Ayuntamiento en lugar de acudir a la ventanilla del Consistorio. Finalmente, Codecosol obtuvo el contrato. Se trata de uno de los cinco adjudicados a la empresa investigada en el caso de narcotráfico.

Tampoco surgió en el juicio otra cadena de correos donde Fischer obtiene información de cómo van las ejecuciones de obra en Marbella. La reacción de la alcaldesa fue querellarse por revelación de secretos contra elDiario.es, una demanda que ha sido rechazada en primera instancia. Esa información sobre los correos está en unas diligencias de investigación de la Fiscalía Anticorrupción que investigó el caso y acordó que o no había indicios de delito o los que pudiera haber estaban prescritos. 

El chivatazo, otro asunto esquivado

Otro escándalo que quedó por investigar fue el chivatazo que Lars Broberg le dio a su hijo de que estaba siendo investigado. En sueco, le dice el 28 de octubre de 2019: “Escucha, escucha, el que estás sujetando está intervenido”. Se refiere a que el terminal que usa es objeto de una intervención con autorización judicial. 

Desde Antidroga aseguraron que esos soplos son frecuentes en este tipo de investigaciones, más aún si hay implicadas multitud de unidades policiales y juzgados, más aún si son de varios países, como es el caso, y que resulta imposible dar con el origen del chivatazo. 

La única referencia a Lars Broberg durante el juicio ha sido cuando la fiscal preguntó a la inspectora de la UDEF por el papel del difunto marido de la alcaldesa en tres operaciones de blanqueo de capitales del narcotráfico. El motivo, explicó López Salcedo, es que Antidroga solicita el decomiso de unas propiedades de Lars Broberg que sospecha maneja a día de hoy su hijo. La inspectora atribuyó al marido de Ángeles Muñoz una labor de “supervisión” en esa trama de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. 

Esta historia que vas a escuchar es real, pero gira alrededor de una gran mentira. Se trata de un relato falso que nace en lo más profundo del Estado, un montaje policial con connivencia política. Un montaje en el que se intentó demostrar que el fundador de Podemos y eurodiputado en ese momento, Miguel Urbán, entregó 40 kilos de cocaína procedente de Venezuela, en un pub de Malasaña, el Nueva Visión, a cambio de una suma de dinero desorbitada que ayudaría a financiar a Podemos.

Este relato surrealista fue creíble para la Policía y para la cúpula de Seguridad del Estado. ¿El objetivo? Evitar que PSOE y Podemos pactaran un Gobierno de coalición en España.

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