El inspector jefe de la Policía Óscar Sánchez Gil, en prisión acusado de integrar una importante organización de narcotráfico, ha descrito este martes en sede judicial una “práctica sistemática” en la unidad de élite de la lucha antidroga para falsear ante los tribunales el origen de las informaciones que les permiten incautar toneladas de cocaína. Sánchez Gil, al que los investigadores encontraron más de 20 millones de euros escondidos en su domicilio, ha explicado que él mismo participó en esas prácticas que permiten blanquear el origen irregular de las operaciones.

“La mayoría de las informaciones que supuestamente se comunican desde la DEA (estadounidense), la SOCA, NCA (ambas agencias británicas)... son falsas. Se confeccionan así para ocultar fuentes de información ilícitas o encubrir a confidentes”, ha dicho el inspector jefe en su declaración como investigado en el Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Naciona, informan fuentes jurídicas. Sánchez Gil ha declarado por videoconferencia desde la cárcel, donde ingresó tras su arresto en noviembre de 2024.

La comercialización entre narcotraficantes de sistemas encriptados de telefonía ofreció en los últimos años un sistema de comunicaciones a salvo de las Fuerzas de Seguridad. Diferentes versiones se han ido sucediendo hasta que servicios de Información extranjeros han logrado penetrar en sus servidores y encontrar el mayor volumen de información sobre el tráfico de drogas de la historia. Sin embargo, la utilización de esa información ofrece serios problemas legales a la Policía española que, según Sánchez Gil, no ha tenido problema en ocultar el verdadero origen de la información y falsear los atestados que se presentan ante los jueces.

El inspector jefe Sánchez Gil era un valioso aliado de los narcotraficantes. El jefe de la UDEF abría investigaciones inexistentes en las bases de datos policiales introduciendo los números de determinados contenedores que iban a entrar en el puerto ocultando droga en su interior. El policía registraba esas matrículas de contenedores como si fuera parte de una de sus investigaciones. Si otro policía introducía la misma matrícula del contenedor porque lo estaba investigando realmente, la coincidencia le saltaba a Sánchez Gil, que alertaba a los narcos.

Un ejemplo es la incautación de 1.600 kilos de cocaína en Algeciras en mayo de 2001, una operación en la que se vio envuelto el propio Sánchez Gil, que intentaba que el contenedor con cocaína entrara en España sin ser descubierto. Ante el juez Francisco de Jorge, el inspector jefe Sánchez Gil ha explicado que ese alijo fue incautado gracias a la aparición de información en el sistema de encriptación Anom, uno de los infiltrados por los servicios de Información. Sin embargo, y siempre según su relato, los mandos de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) lo ocultaron, atribuyéndolo en sus informes al aviso de un servicio policial extranjero.

Este método, el de la colaboración entre países, resulta ser falso en muchos casos, según ha explicado Sánchez Gil. En el caso del contenedor de 2001, la Policía española habría contado con la colaboración de la Diran, la Dirección Antinarcóticos de Colombia. La información de la Policía española, ha dicho ante el juez el acusado, es “autocreada”. “Se llama a un enlace [de la Policía española en el extranjero], se le da el texto y se le pide que alguien del país en cuestión te la firme. Los escritos los confeccionó la Brigada [de la Udyco] y la información no la dio la Diran”, ha dicho Sánchez Gil, según las fuentes presentes en la declaración.

En el momento de su detención, en noviembre de 2024, Óscar Sánchez Gil era el jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Antes había participado en la lucha policial contra el narcotráfico en la Udyco. Al ser preguntado por su defensa por qué conoce el modo en que se falsean presuntamente las informaciones, Sánchez Gil ha respondido que se trata de “una práctica habitual y sistemática” de la Brigada Central de Estupefacientes. “Yo mismo lo he hecho como jefe de grupo”, ha asegurado.

Entre las maniobras de la Brigada Central estarían mantener las investigaciones obtenidas a través de los sistemas telefónicos encriptados “en secreto absoluto. Para ello se ocultaría la investigación al juez y no se incluiría en las bases de datos de cooperación policial. En una fase posterior se atribuiría a las incautaciones de droga determinada información que en realidad se habría conseguido a través de las interceptaciones en plataformas como Sky FCC. El inspector jefe ha llegado a decir que se han ocultado a los jueces ”mensajes relevantes“, según las fuentes consultadas.

Óscar Sánchez Gil ha declarado que él mismo fue objeto como investigado de las prácticas irregulares en las que incurrió siendo investigador. La Policía habría llegado a ubicar al número uno de la organización a la que presuntamente pertenecía el policía con uno de estos métodos. Fue una información procedente de Sky FCC, otro de los sistemas de telefonía encriptados y desarticulados, el que habría arrojado la posible relación de Alejandro Salgado, conocido como el 'Tigre', con una trama que estaba siendo investigada. “Prefirieron ocultar el origen de los datos y simularon un informe”, ha dicho Sánchez Gil. La maniobra fue ocultada por la Udyco a la Fiscalía Antidroga y al juzgado, según el policía. Sánchez Gil ha mencionado en su declaración a los principales mandos de la unidad antidroga de la Policía.

Sánchez Gil ha denunciado que los investigadores le vinculan con un alias de la plataforma, “Aduana”, y ha añadido que si se estudian detalladamente las conversaciones incorporadas a la causa aparece “una trama de corrupcon policial completamente distinta” y que es ajena a la que se le imputa.

Menciones a guardias civiles corruptos en chats encriptados

El policía acusado de narcotráfico ha contado que, mientras el éstuvo en Antidroga, “se ocultó sistemáticamente” toda la información que llegaba de los teléfonos encriptados que pudiera afectar a confidentes y colaboradores de la Policía. También ha dicho que su afirmación se puede comprobar comparando unos informes de la investigación y otros posteriores donde la Policía ya ha dejado de proteger a determinados confidentes.

Entre las personas protegidas por la Policía figurarían otros miembros de las Fuerzas de Seguridad que, como Sánchez Gil, pertenecen o colaboran con organizaciones de narcotráfico, según su exposición. “Hay policías de la Brigada de Madrid, de la Udyco y muchas alusiones a guardias civiles del puerto. También de Vigilancia Aduanera”, ha asegurado Sánchez Gil.

El inspector jefe ha dicho que en la propia documentación de chats encriptados que consta en la causa judicial contra él hay referencias a estos miembros de las Fuerzas de Seguridad. Sánchez Gil ha denunciado que esa información no ha sido analizada y no ha sido incorporada por los investigadores en sus informes al juez.

El ex jefe de la UDEF de Madrid ha señalado que entre ella aparecen menciones expresas de los presuntos narcotraficantes al teniente coronel David Oliva, antiguo jefe de Ocon Sur, el desaparecido dispositivo especial de la Guardia Civil contra el narcotráfico en El Estrecho. Oliva es investigado en un juzgado de Valdemoro por revelación de secretos y cohecho, al intentar acceder a la investigación que Asuntos Internos llevaba contra él por su supuesta relación con un grupo de narcos.

Además, el inspector jefe ha denunciado vulneración de sus derechos durante la investigación. Sería el caso de la infiltración de un 'troyano' en su teléfono pese a que la autorización judicial no aludía a ese terminal concreto. Sánchez Gil ha trasladado al juez que no se le han facilitado los informes concmpletos de sus escuchas ni el contenido íntegro del material incautado en sus dispositivos.

Desde el escándalo de Matesa en la dictadura hasta el reciente caso Koldo, la corrupción en España ha demostrado ser un problema estructural capaz de sobrevivir a cualquier régimen o ideología. Así lo refleja el libro La corrupción en España: un problema enquistado (Tirant Lo Blanch) que acaban de publicar el magistrado Joaquim Bosch y el catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Murcia Fernando Jiménez. 

El ensayo analiza las raíces de una lacra que nuestro sistema democrático no ha logrado erradicar al nivel de los países europeos más avanzados. Y detalla sus consecuencias en la economía, la eficiencia de las instituciones y la confianza ciudadana en el sistema democrático. En esta entrevista telemática con elDiario.es, los autores proponen crear infraestructuras éticas, proteger a quienes denuncian y alcanzar un modelo donde la gestión pública equilibre la independencia de los técnicos con la visión de los políticos. 

Uno de los capítulos del libro se abre con el ‘caso Matesa’, el gran escándalo de corrupción del franquismo, y concluye con el ‘caso Koldo’. ¿La corrupción sobrevive a cualquier sistema político e ideología?

Fernando Jiménez: Pese a distintos regímenes políticos con distintos partidos en el poder, la corrupción pervive. Uno de los motivos para hacer este libro es ver la continuidad de los escándalos. Hay problemas estructurales que nunca se han tomado suficientemente en serio, pero tampoco pensamos que sean irresolubles. Países que hoy día son un ejemplo en el control de la corrupción, como los nórdicos, han pasado épocas de su historia donde la corrupción estaba muy presente y fueron capaces de construir instituciones que la desincentivan. Esa es la clave. 

Afirman que las prácticas corruptas enriquecieron a buena parte de los dirigentes franquistas y a los empresarios cercanos al régimen. Viéndolo así, parece que no hemos avanzado demasiado. 

Joaquim Bosch: En la última etapa del franquismo, España evolucionó hacia un Estado moderno, con servicios públicos, con presupuestos de cierta entidad, pero no lo hizo a través de un sistema democrático. Y por eso muchas de estas dinámicas arrancan en la dictadura. La manipulación de las decisiones urbanísticas o de la contratación pública, la construcción incontrolada del ámbito turístico que generó tantísimos beneficios, los tratos de favor… La pregunta es por qué nuestro sistema democrático, al menos hasta ahora, no ha sido capaz de cortar esto al nivel de las democracias europeas más avanzadas. 

Ustedes apuntan a que en la Transición no existió una voluntad política para romper con las redes clientelares y la contratación fraudulenta heredada del régimen. 

Fernando Jiménez: En la Transición, los partidos no tenían suficientes anclajes sociales debido a la despolitización del franquismo. En los primeros años, nombraron a mucha gente en la Administración. No se vio mal porque veníamos de una administración franquista donde se había hecho una fortísima depuración después de la guerra. El problema es que la capacidad de los partidos de atraer buenos profesionales cada vez ha sido menor debido al clientelismo y a que sus organizaciones juveniles se han convertido en una escuela de arribismo. Los partidos tendrían que haber apostado por la profesionalización de la Administración, pero no lo hicieron para salvaguardar sus equilibrios internos. 

Joaquim Bosch: En la Transición, los partidos no rompieron con la corrupción del franquismo porque, por un lado, sirvió para financiarse y para que sus dirigentes controlaran más esos espacios de poder. Y, por otro lado, hubo sectores empresariales que se enriquecieron gracias a esa corrupción y que luego pudieron seguir haciendo lo mismo en democracia, porque los partidos seguían necesitando corruptores. Cuando la corrupción impregna a las principales fuerzas políticas y genera unas dependencias de todo tipo, rectificarlo es muy complicado. 

De hecho, las leyes que han tratado de rectificar parcialmente todo esto se aprueban muy tarde. El delito de financiación irregular de partidos no se incorporó al Código Penal hasta 2015. La Ley de Contratos del Sector Público no se reformó de manera sustancial hasta 2017. 

Fernando Jiménez: Se hace tarde y mal. La reforma de 2015 de la ley de financiación de partidos prohíbe las donaciones de empresas a los partidos, pero no a sus fundaciones, que se permiten sin límite de cantidad. La ley de contratos es complejísima y muy fácil de sortear. El problema es que las reformas se han hecho porque estábamos entre la espada y la pared, sin mucha convicción, debido a los incentivos que han tenido los partidos para seguir teniendo acceso a unos recursos a los que, de otra manera, no podrían acceder y, así, mantener la paz interna y el control por parte de sus dirigentes. 

Joaquim Bosch: Las redes clientelares de los partidos vienen de lejos, incluso antes del franquismo. Hay decenas de miles de cargos de partido en el Gobierno central, gobiernos autonómicos, diputaciones, ayuntamientos, empresas públicas, empresas mixtas y fundaciones institucionales. Son espacios que tienen grandes efectos en los equilibrios internos de los partidos. El problema es que están ocupando espacios donde debería haber profesionales especializados y técnicos independientes e imparciales que alertaran de dinámicas de corrupción. Hay multitud de casos de corrupción en los que están implicados cargos de fontanería de partido. 

¿Qué soluciones proponen? 

Joaquim Bosch: Hay que reforzar la objetividad en la contratación pública, reforzar los controles internos para que puedan saltar alarmas, dificultar amistades peligrosas en materia de puertas giratorias u otro tipo de complicidades en el espacio público privado. También poner el foco en el ámbito empresarial para que haya sanciones reales y efectivas a las empresas que aparecen continuamente en los hechos probados de los casos de corrupción. Hay mecanismos legales que no harían tan fácil corromperse. Si solo lo dejamos en función de la loable honradez de los políticos, tenemos un grave problema. Las democracias europeas más avanzadas han generado infraestructuras éticas, han mejorado los mecanismos de transparencia y también han generado espacios de control y de vigilancia que aquí en España, en algunos ámbitos, brillan por su ausencia. 

Fernando Jiménez: Los partidos no pueden determinar los nombramientos de los altos cargos de la Administración y de las empresas públicas. En Portugal, cuando estuvieron bajo el control de la Unión Europea en la Gran Recesión, crearon una comisión donde estaban universidades y empresas cazatalentos que hacían un filtro previo y seleccionaban solo tres perfiles para cada cargo y ya luego el político nombraba entre esos tres. Ese tipo de inventos cambiaría de la noche a la mañana este sistema tan perverso. 

¿Parte de la alternativa entonces es la tecnocracia? ¿No supone eso un déficit democrático?

Joaquim Bosch: Es evidente que los políticos son los que tienen que tomar las decisiones. Aquí lo problemático sería dar a determinados cargos no elegidos democráticamente capacidad para marcar líneas de gestión. Los técnicos no pueden tomar decisiones de gestión de carácter político o de desarrollo de un programa, pero otra cosa es que espacios que tendrían que ser independientes e imparciales estén colonizados por los partidos.

Fernando Jiménez: Estamos en el punto absolutamente contrario, en la colonización política máxima, nos faltaría mucho por recorrer para llegar a la tecnocracia. Una Administración pública funciona bien cuando está dirigida por un técnico profesional y un político que está representando ahí el viento fresco de las opiniones ciudadanas en un determinado momento. Si tú dejas la Administración solo en manos de técnicos profesionales, aquello acaba asfixiándose. Es decir, acaba teniendo en cuenta los intereses particulares de los funcionarios. Hay que conseguir el equilibrio entre el interés del técnico y el interés del político. No es ir a la tecnocracia como solución, sino equilibrar las dos almas. 

Si los partidos hubieran hecho bien su papel y hubieran nombrado buenos profesionales próximos a ellos ideológicamente no estaríamos haciendo esta entrevista. El eslogan sería “menos Koldo y más Maurici Lucena”, presidente de Aena, quien rechazó borrar los vídeos de las cámaras del aeropuerto de Barajas de la visita de Delcy Rodríguez cuando se lo pidió [el entonces ministro] José Luis Ábalos. Alguien que sea próximo pero que tenga muy claro qué puede hacer y qué no puede hacer y que sea un buen profesional. Si hubiéramos seguido teniendo los técnicos por los que apostaron en los años de la Transición seguro que no habría los niveles de corrupción que tenemos ahora. 

¿Por qué apenas han saltado alarmas internas en las administraciones ante grandes casos de corrupción? 

Joaquim Bosch: No podemos exigir tampoco heroicidades. Los pocos denunciantes de corrupción que han dado la cara han sufrido represalias que les han llevado a enormes perjuicios profesionales, económicos y familiares. Además, en las últimas décadas, los técnicos independientes e imparciales han sido arrinconados para colocar asesores que dicen a los políticos lo que quieren escuchar. 

Fernando Jiménez: Tenemos una directiva europea de protección de los informantes de corrupción y una ley española, pero que tiene muchos agujeros. Los funcionarios tienen mecanismos legales para denunciar, pero junto a ellos hay instituciones informales que desincentivan la denuncia temprana y esto es lo que hay que cambiar. Hay que proteger realmente a la gente que es conocedora del caso porque está dentro de la organización y que avisa a tiempo. 

Afirman que sin protección real, muy pocos se arriesgan a romper el silencio. Pero recientemente hemos visto al fiscal jefe Anticorrupción defendiendo que es “posible” aplicar una atenuante muy cualificada a un empresario —Víctor de Aldama— que ha emprendido una “colaboración con la Justicia” salpicada de bulos, conjeturas sin base y acusaciones sin pruebas. ¿Es esa la vía? 

Joaquim Bosch: No habría corruptos sin corruptores y necesitamos enfoques contra la corrupción desde la perspectiva empresarial. En el caso de Aldama, la colaboración con la Justicia y la aplicación de una atenuante de confesión pueden llevar a que se practiquen atenuantes. La discusión es el alcance y si pueden llevar hasta una reducción de la pena que supondría que ni siquiera ingresara en prisión, lo que podría generar una percepción de impunidad. 

El tribunal va a tener que valorar esa posibilidad desde algunas dificultades porque la jurisprudencia indica que no basta con que haya una colaboración con la Justicia, sino que tiene que ser decisiva y esencial para perseguir el delito o desmantelar la actividad delictiva. Cuando Aldama empezó a colaborar con la Justicia ya había muchas pruebas, no es él el que desmantela todo. Además, la UCO lo sitúa en la cúspide de la organización. En todo caso, la aplicación de la atenuante es una competencia del tribunal. 

En cualquier estrategia anticorrupción son fundamentales los controles y contrapesos. Entre ellos, el Poder Judicial, la Fiscalía, las policías... ¿La corrupción y las corruptelas permean también a esos órganos llamados a combatirla? 

Fernando Jiménez: Hemos tenido muchísimos ejemplos de corrupción policial y algunos casos de corrupción judicial. Evidentemente, eso exige que las organizaciones policiales, los jueces… tengan sus sistemas de integridad propios y adecuados al tipo de trabajo que hacen. Cuando tienes unos niveles de colonización política de la Administración tan grandes, esto se extiende incluso a aquellos cuerpos que son especialmente claves a la hora de perseguir la corrupción, como es la policía, la judicatura, la Fiscalía. Antes de aspectos técnicos de la lucha contra la corrupción, necesitamos acabar con el exceso de politización que tenemos en nuestras administraciones y, especialmente, en los órganos de control, en los contrapesos de la Administración. Eso es absolutamente clave.

Joaquim Bosch: Me preocupa la parte judicial de esos contrapesos. Nuestros altos tribunales generan problemas de falta de apariencia de imparcialidad porque hay demasiadas posibilidades de injerencia de las principales fuerzas políticas en la configuración de estos tribunales que, según dicen los organismos europeos, no están diseñados con criterios lo suficientemente objetivos de mérito y capacidad. Esto lleva a posibles presiones o situaciones que puedan generar dudas a la ciudadanía. 

¿Mejora la lucha contra la corrupción que se eliminen de los procesos a las acusaciones populares, como pretende imponer la reforma legislativa del Gobierno? 

Joaquim Bosch: En un país con la configuración institucional que tiene España, en el que la Fiscalía está muy vinculada al poder político, es peligroso dejar solo en manos del Ministerio Público la posible apertura de una causa. La acusación popular ha demostrado en muchos procedimientos que sigue siendo necesaria. También se han evidenciado disfunciones y actuaciones abusivas. Pero es posible regularla con sanciones en caso de actuaciones fraudulentas. Perderíamos bastante en la lucha contra la corrupción si la dejáramos fuera. A veces se piensa en determinadas acusaciones populares, pero hay que ver el conjunto. Han conseguido llevar adelante muchas investigaciones por corrupción y en conjunto su labor ha sido positiva.

En último lugar, les quería preguntar sobre el lawfare. ¿Existen esos abusos en la práctica judicial? 

Joaquim Bosch: El lawfare no es la regla general de actuación del Poder Judicial en nuestro país cuando hay causas de carácter político. Ha habido supuestos que han tenido condena, el más conocido es el de Salvador Alba. Y sí que hay casos en los que puede haber dudas razonables sobre una actuación judicial incorrecta. A los jueces de base solo nos pueden juzgar los altos tribunales, que son también los que juzgan a la gran mayoría de los políticos. Si queremos evitar la tentación del lawfare, cuanto más reforzados estén los altos tribunales en su apariencia de imparcialidad y en evitar que existan injerencias partidistas, será más difícil que se generen dinámicas de lawfare. Si un juez cree que puede actuar de manera indebida y no le va a ocurrir nada, estamos favoreciendo las dinámicas irregulares. 

El perito informatico Javier Rubio Alamillo ha declarado este jueves en el juicio de Kitchen que los mensajes de teléfono móvil que incriminan al ex ministro del Interior Jorge Fernández Díez presentan “algún tipo de manipulación”. El perito elaboró un informe a propuesta de la defensa de Fernández Díaz sobre los mensajes que fueron aportados a dos notarios por Francisco Martínez y en los que se evidenciaría el conocimiento de la operación parapolicial por parte del entonces ministro.

Rubio Alamillo ha cuestinado que el notario Alberto Vela Navarro atribuyera a la aplicación de SMS mensajes distintos pese a que, entre ellos, “la morfología es distinta”. El perito ha asegurado que unos aparecen entre bocadillos y otros cuandos se asegura que se trataría de mensajes enviados desde la misma aplicación y de que el terminal desde el que se aportan es distinto. El perito ha señalado que el notario no pulsó la clave para que el móvil revelara el IMEI –el núero de identificación del terminal– y hacerlo constar.

“El notario no dice que los mensajes procedan del teléfono del señor Fernández Díaz. Dice que esos mensajes están en el telefono del señor Fernández Díaz y dice que en ese teléfono está el contacto del señor Fernández Díaz, pero no establece una causa efecto”, ha explicado Rubio Alamillo. El perito se refería a que los notarios, tal y como reconocieron ellos en sus declaraciones en el juicio, no constataron que detrás del contacto Fernández Díaz que aparecía en el teléfono de Francisco Martínez estuviera el verdadero teléfono del ex ministro y no de otra persona.

Javier Rubio Alamillo ha asegurado que el notario elimió los mensajes que eran objeto de su requerimiento. “Es importante porque, en. el caso de que haya una conversación, aunque no sabemos quién es el remitente, estaría descontextualizado. Hay muchos clients que me dicen que quieren hacer un informe pericial. les digo que la conversación de whatsapp tiene que ir completa, si no, está manipulada!, ha añadido.

Uno de los cuatro mensajes que incriminan a Fernández Díaz es también la primera constancia en el tiempo de la operación Kitchen. Fue enviado el 13 de julio de 2013 y en él, el ministro habría escrito: “Chofer. B:. Sergio Javier Ríos Esgueva (ahora hace esa función con su mujer)”. El número dos del ministro, Francisco Martínez, asegura que fue así como él tuvo conocimiento de la operación sobre la familia Bárcenas.

“Desde mi punto de vista técnico, con todas las cuestiones de distinta morfologia, el tema de la llamada [una de whatsapp que no consta]... bajo mi punto de vista hay unos elevados indicios de que hay algo que no cuadra, de que hay algún tipo de manipulación”, ha insistido el perito de la defensa, Javier Rubio Alamillo.

Las acusaciones han intentado poner en duda el carácter concluyente del trabajo del perito. Por ejemplo, introduciendo la posibilidad de que la “morfología” presentada de los mensajes respondieran a que fueran de una captura cortada. O preguntándole si él tuvo acceso al teléfono de Fernández Díaz. El perito ha reconocido que no porque su cliente le dijo que el terminal que utilizaba en 2013 había sido “reseteado”, sin que haya podido dar más explicaciones a qué se refería Fernández Díaz.

Los notarios Alberto Vela Navarro y Enrique Augusto Franch admitieron en sus declaraciones que se habían limitado a hacer constar que los mensajes que les mostró Francisco Martínez estaban en su teléfono y procedían de alguien que él identificaba como Jorge Fernández Díaz, sin que estuviera entre sus competencias acreditar que el ex ministro era realmente quien los envió.

El ministro pide declarar después de su número dos

El abogado de Jorge Fernández Díaz ha solicitado este jueves al tribunal de Kitchen que cuando llegue el turno de las declaraciones de los acusados su defendido deponga después del que fue su número dos, Francisco Martínez. Alega el letrado Jesús Mandri que Fernández Díaz está en el banquillo exclusivamente por las acusaciones de Martínez y los mensajes que atribuye al ministro y que depositó ante notario. 

El letrado ha puesto como ejemplo el juicio contra José Luis Ábalos en el que Aldama declaró antes que el exministro. La defensa de Martínez no se ha opuesto pero ha corregido que su cliente no es “un confeso” como Aldama. La Fiscalía ha defendido que si Fernández Díaz quiere matizar algo tiene el turno de última palabra. El tribunal se pronunciará más adelante. El juicio se retomar el lunes con la reproducción de la prueba documental.

El juicio de la Operación Kitchen va llegando a su fin y hoy queremos fijarnos en uno de esos personajes secundarios, que parece que no importan en la trama, pero que tienen mucho que decir para la resolución del caso. Es al que en una grabación Villarejo llama: “el Morocho de los cojones”. Es Manuel Morocho, inspector jefe de policía, al que presionan para quitar de sus informes sobre la caja B del PP nombres importantes. Nada menos que el de Mariano Rajoy, presidente del Gobierno. 

El testimonio de Morocho es vital en este juicio y se ha reafirmado en lo que ya dijo en la fase de instrucción: hubo presiones contra él y su equipo de trabajo en aquellos años. Lo analizamos con el periodista de elDiario.es, Pedro Águeda. 

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El inspector jefe Manuel Morocho ha asegurado este jueves ante el tribunal del caso Kitchen que la cúpula de la Policía con el Partido Popular “desmanteló” paulatinamente su grupo de investigadores de la caja B de la formación política. En 2013, cuando comenzó esa investigación, eran 11 policías y hasta 2014 salieron más de ocho de ellos. 

“Fue una estrategia buscada”, ha añadido. Morocho ha dicho que se les ofrecían puestos de trabajo mejor remunerados. Llegaron otros policías, en menor número que las salidas (“Quno o dos”), pero sin experiencia, ha afirmado el inspector jefe. 

Morocho ha revelado otro dato desconocido. Cuando fue trasladado a la Dirección Adjunta Operativa (DAO), en plena investigación de la caja B –para sobrecargarle de trabajo, según él– el director adjunto operativo Eugenio Pino le ofreció un puesto en Guatemala, en una delegación de la ONU. 

Un subordinado de Eugenio Pino le advirtió de que no podría acudir a los juicios de corrupción del PP a ratificar sus informes si aceptaba el destino. “¿Pero usted sabe quién soy yo?”, ha contado Morocho que le replicó, en referencia a que su labor de instructor de los casos Gürtel y caja B, entonces sin juzgar. Morocho ha explicado que hubo informes de análisis de comisiones rogatorias de Caja B, satisfechas desde países en el extranjero, “se quedaron sin hacer”.

Esta segunda jornada de declaración de Morocho ha sido el turno para las preguntas de las defensas. Los abogados han querido desacreditar las acusaciones de sabotaje del policía. El abogado del ministro del Interior ha sacado a coalición la concesión de una medalla blanca al mérito en la época. Se trata de una mención honorífica sin asignación económica. 

Los abogados han intentado poner en cuestión la eficacia investigadora de Morocho por no registrar el domicilio de Bárcenas o intervenir los teléfonos de él y su mujer, Rosalía Iglesias. Con esta estrategia, las defensas tratan de justificar la necesidad de la operación Kitchen de espionaje a ambos por parte de los acusados en el sentido de que buscaba policialmente lo que dejó de hacer Morocho.

“No había elementos para tomar esa medida tan invasiva de los derechos fundamentales. Había que volcarse en el análisis de la información de Suiza y ampliar la Argentina, Estados Unidos y Uruguay”, ha respondido el investigador. 

El abogado de Eugenio Pino ha preguntado a Morocho por qué no activó el protocolo antiacoso de la Policía. El inspector jefe ha respondido que no recuerda si entonces ese protocolo insistía pero que, en cualquier caso, él tenía “un objetivo prioritario que era el avance de la investigación”. “Nadie me iba a desvirtuar de ese camino (…) lo asumí [el acoso de los mandos] como una carga más”, ha añadido. 

Morocho ha insistido en que fue informando de todo al juez Pablo Ruz y que presentó un escrito ante la Fiscalía Anticorrupción sobre la situación que estaba viviendo. 

Sospecha de espionaje de sus compañeros

El inspector jefe ha asegurado durante su declaración que sospechaba que su despacho y el vehículo policial tenían micrófonos ocultos. “Se investigó también mi conducta personal”, ha afirmado. La sospechas de espionaje eran compartidas por el juez Pablo Ruz quien, según Morocho, evitaba el ordenador de su despacho para trabajar en un portátil. “En ocasiones salíamos a la oficina judicial, fuera de su despacho, y me planteaba alguna cuestión crítica para la investigación”, ha añadido el policía.

El abogado de José Luis Olivera le ha preguntado en qué se basa para pensar que había micrófonos en su despacho. “Un día encontramos en el despacho una bolsa con material de tornillería, un taladro y matrículas oficiales de la Policía”, ha respondido.

Dentro de las presiones que recibía, Morocho ha explicado que uno de sus jefes, Manuel Vázquez, 'Fiti', le advirtio de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, “conocía” su nombre. El inspector jefe Morocho, investigador de los casos de caja B y Gürtel, está destinado en una comisaría de distrito en Madrid en la actualidad.

El inspector jefe de Policía Manuel Morocho, investigador principal de los casos de corrupción del Partido Popular Gürtel y caja B, ha comparecido como testigo en el juicio del caso Kitchen en una declaración que continuará el jueves. Esta primera parte de su testimonio ha dejado dos vectores nítidos: el espionaje a Luis Bárcenas fue una operación “sin control judicial” que no tenía como fin contribuir a la investigación de la Audiencia Nacional sobre la caja B del PP, sino que iba “contra” del trabajo del propio Morocho y sus agentes; y, por otra parte, el relato de varios años de presiones de la cúpula policial en tiempos de Mariano Rajoy para sabotear su trabajo sobre la corrupción de la formación política.

En este segundo apartado, Morocho ha relatado las “presiones” que sufrió de la “cadena de mando” que el Gobierno del Partido Popular había puesto en la Policía para que no incluyera el nombre de Mariano Rajoy como perceptor de sobresueldos pagados por el partido, sin declarar a Hacienda, y procedentes del dinero negro aportado por los empresarios, tal y como constaba en los papeles de Bárcenas.

Morocho solo supo en mayo de 2015, casi dos años después de que arrancara la operación Kitchen, que la Dirección Adjunta Operativa, sin atribuciones para ello, había realizado investigaciones a Bárcenas y a su entorno que se le habían ocultado. En ese mes de 2015 se le hizo una cesión de información a través de las bases de datos policiales que la Fiscalía Anticorrupción considera que fue una manera de tratar de blanquear el espionaje parapolicial. 

Esa cesión de información tardía supuso para el inspector jefe Morocho la constatación de algo que ya sospechaba, la existencia de una “operación policial sobre Bárcenas” que se había realizado “contra” él y sus policías, auténticos investigadores de las causas de corrupción del PP.

Morocho ha confirmado que nunca supo de la existencia de un topo en el entorno de la familia Bárcenas, en alusión al chófer Sergio Ríos. Tampoco que se hubiera descubierto dinero de Bárcenas en Cracovia y Antillas Holandesas. Estas maniobras de los autores de la operación Kitchen son presentadas por sus defensas como un intento de demostrar que no fue un espionaje ilegal, sino su contribución a la investigación al extesorero. A ellas se sumó el expresidente del Gobierno, que se alineó con las tesis de las defensas durante su declaración como testigo, y que hoy ha quedado desmentido por el investigador de la caja B.

El policía Morocho ha confirmado también la existencia de una segunda operación Kitchen en prisión cuando ha contestado al fiscal que nunca supo de las averiguaciones hechas por la dirección de la prisión de Soto del Real y los miembros de la brigada política del PP sobre los vínculos de Bárcenas con otro preso que debía destruir unas grabaciones presuntamente de Bárcenas con Mariano Rajoy y Javier Arenas. 

Morocho ha acudido al juicio con intención de reiterar las acusaciones de acoso y sabotaje a sus trabajos por parte de sus superiores, pero la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, le ha interrumpido en varias ocasiones para pedirle que se ciña a las preguntas que le formulan las partes. A diferencia de otras jornadas, la declaración del testigo Morocho ha reunido en el banquillo a todos los acusados, que no tienen obligación de acudir a cada sesión.

Toda la “cadena de mando”

El policía investigador del caso de la caja B ha relatado en el juicio del caso Kitchen cómo sus superiores en la Policía durante la época de Mariano Rajoy en el Gobierno sabotearon su trabajo. La “escala de mando” de Morocho le transmitió, según ha contado, que los papeles de Bárcenas eran “una ideación de Bárcenas, que no tenía verosimilitud”.

El inspector jefe ha añadido que sus superiores, que no están en el banquillo de los acusados, le trasladaban que los papeles de Bárcenas eran “cosas de él, pero no de la formación política para la que trabajaba”.

Manuel Morocho ha asegurado ante el tribunal de Kitchen que sus mandos le presionaron para que el nombre de Mariano Rajoy no apareciera en el informe principal. En este sentido, el policía ha explicado que su escala de mando se reunía antes de citarle a él y que alguno de ellos tomaba la palabra en esa reunión. En este caso se trató del máximo responsable de la comisaría general de Policía Judicial, José García Losada, quien le trasladó la inconveniencia de incluir el nombre del entonces presidente del Gobierno. 

El inspector jefe Morocho ha nombrado uno por uno a todos los protagonistas de esas presiones: inspector jefe Miguel Ángel Cuevas, inspector jefe Jose Manuel Álvarez Luna, el jefe de la Brigada, José Luis Gudiña, el jefe de la UDEF, Manuel Vázquez, y los comisarios generales de Policía Judicial José García Losada y José Antonio Sánchez Aparicio. Ninguno de ellos se sientan en el banquillo por haber participado en la operación Kitchen. 

De ellos ha declarado como testigo, Manuel Vázquez, 'El Fiti', quien atribuyó esa supuesta coacción a desencuentros profesionales y al carácter de Morocho. De entre los acusados, Morocho ha señalado a José Luis Olivera, quien fuera jefe de la UDEF y que después de dejar el cargo le seguía reclamando información sobre investigados en la pieza de la caja B del PP. 

“Ellos me plantaban una serie de objeciones ceñidas a la construcción de la prueba del indicio, a la propia naturaleza de los papeles: si era una contabilidad extracontable o no, concatenación de la contratación de para procesos electorales, la no aparición de una persona de cargo público en los mismos… ya se ponía tela de juicio de pagos caja b y la reforma de la sede de la formación política”, ha declarado Morocho.

El jefe de la UDEF entonces, Manuel Vázquez, llegó a advertirle de que había cometido “un error” por incluir entre los donantes del Partido Popular a Ignacio López del Hierro, empresario casado entonces con la secretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal. Uno de sus jefes, José Manuel Álvarez Luna, le explicó que él era “amigo de Villarejo”.

Como ya hiciera en fase de instrucción, Manuel Morocho ha contado las penurias que vivió en la Policía al ser instructor de los casos Gürtel y caja B. Su antiguo jefe en la UDEF, José Luis Olivera, le ofreció un puesto en Lisboa muy bien remunerado. Cuando lo rechazó le dijo que podía escoger la embajada que prefiriera –es ahí donde se perciben los sueldos más altos en la Policía– algo que también rechazó, ha continuado Morocho, por su “compromiso con el magistrado, con la instrucción, con mi organización policial y con la sociedad, puesto que he prometido defender a la comunidad y cumplir así principios democráticos y corresponsabilizarme del mandato que tenía por el magistrado, que era ser el responsable de la unidad de auxilio judicial” en la causa de Gürtel.

“Buscaban quitarme de en medio”

Las presiones de sus jefes policiales buscaban causar en él y sus agentes del grupo “desasosiego” y que orientara sus conclusiones con “cosas” que él “no veía”, ha explicado. Uno de sus jefes directos “iba diciendo por los pasillos que yo era la bestia del Partido Popular”, ha relatado. “Me acusaban de dar titulares a la prensa. Yo no estoy para dar titulares, no lo hago. Había mucho interés en la prensa por la naturaleza de lo que investigábamos”, ha continuado.

Morocho ha explicado cómo algunos informes policiales pasaban meses en manos de sus jefes antes de que pudiera entregárselos al juez. Ocurrió con uno que implicaba a Ana Mato, la entonces ministra de Sanidad, en los regalos de la trama Gürtel. Estuvo más de un año en la mesa de sus jefes.

Manuel Morocho ha recuperado el episodio de cómo el Gobierno utilizó a la Unidad de Asuntos Internos para acusar al inspector jefe y sus subordinados de haber filtrado un informe de Gürtel que tenían decenas de abogados y que apareció en el registro de la agencia de detectives Método 3. “Fue un elemento de castigo, de presión, que nadie pudo parar”, ha dicho. Entonces, el jefe de Asuntos Internos era uno de los acusados en Kitchen, el comisario Marcelino Martín Blas.

El siguiente paso fue intentar “quitarle de en medio” poniéndole la carga de un segundo destino al tiempo que tenía que seguir investigando la caja B. Estuvo un año y medio destinado en la Dirección Adjunta Operativa, el nido de la brigada política. Tuvo encargos como analizar la incompatibilidad de los negocios del comisario Villarejo. Cuando entregó sus conclusiones, el DAO Eugenio Pino no le aceptó el documento.

Lleva tiempo retirado de la primera línea de la política. No se fue, lo echaron con una moción de censura. Pero hay algo que no ha perdido con el tiempo. M.R, que siempre fue Mariano Rajoy, y es ese desconcierto expresivo que en sus años de presidente del Gobierno le convirtió en pasto de meme diario. Uno más para la hemeroteca: “Yo me llamo Mariano Rajoy y, luego, cada uno me llama como quiere”. Siempre existió la duda de si esa confusión lingüística que dio para tanta mofa era involuntaria o una manera de escabullirse de situaciones comprometidas, debates complicados o comparecencias sobre asuntos que le incomodaban. 

El caso es que raro era el día que no regalaba una de sus frases memorables para los anales de la política que nunca le interesó. Lo suyo siempre fue más la pasión por el fútbol, el ciclismo y la marcha deportiva, esa variante rápida del paseo que practicaba también para evadirse o escaquearse.

De esa afición por el ocultamiento, la huida y el escurrir el bulto dio este jueves una nueva clase magistral ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el caso Kitchen y por el que se sienta en el banquillo toda la cúpula del ministerio del Interior de la etapa de su amigo Jorge Fernández Díaz. Desde el minuto uno de su declaración como testigo -no como imputado, por obra y gracia de Manuel García Castellón- sabía que jugaba en casa, que los magistrados son esas personas de las que usted me habla, pero que el PP puede controlar desde atrás y que podía negar todo, incluso la verdad, porque el que pudiera hacer, haría para que saliera de allí igual que entró. Exento de todo castigo, henchido de impunidad y dispuesto a fumarse un puro gracias en esta ocasión a la presidenta de la Sala, Teresa Palacios, que interceptó todas las preguntas incómodas de la letrada Gloria Pascual que se desviaban un milímetro del asunto que se juzgaba.

Así, el expresidente pudo mentir en sede judicial, desdecirse de sus propias declaraciones anteriores, padecer una amnesia parcial, hacer de abogado defensor del imputado exministro Fernández Díaz y hasta amparar una operación policial diseñada para ocultar las pruebas de la corrupción de su partido.

Sostener con el aplomo que lo hizo M. Rajoy que la Kitchen buscaba encontrar el dinero de Bárcenas en el extranjero y quiénes eran sus testaferros, teniendo en cuenta que cuando empezó a operar la estructura policial al margen de la ley el juez Ruz ya había dado con las cuentas del extesorero en Suiza, solo es posible cuando alguien sabe que no tendrá castigo alguno.  

Declarar que nada de lo que se juzga se hizo desde el Ministerio o la Policía Nacional, y mucho menos con conocimiento de su amigo Fernández Díaz, porque él sabe por experiencia que un ministro del Interior y ni siquiera un secretario de Estado desciende a esos detalles es tomar a los españoles por idiotas. Hay pruebas de lo contrario que existen en la causa, como los mensajes que el ex secretario de Estado Francisco Martínez remitió al exministro y registró ante notario comunicándole el éxito del espionaje que ahora se investiga. Y también hay notas del ex comisario Villarejo en poder de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones dando detalles de la captación del chófer de Bárcenas para robar documentos y conversaciones con Martínez.

“Lo que nosotros hemos hecho es engañar a la gente”, dijo en uno de sus lapsus el expresidente allá por 2016 en el transcurso de un debate parlamentario. Eso mismo podría haber repetido cuando salió este jueves de su declaración ante la Audiencia. E ídem María Dolores de Cospedal, que también se desmarcó sin pestañear de cualquier dispositivo parapolicial para robar información a Bárcenas porque en aquella época “tenía la certeza” de que “esa persona de la que usted me habla” (por el extesorero) no tenía ningún papel que pudiese comprometer a la cúpula de su partido por su financiación irregular. Ahí sigue en los diarios para quien lo quiera escuchar la grabación en la que la ex secretaria general del PP pedía al excomisario: “Lo de la libretita [de Bárcenas]... sería mejor poderlo parar”.

En efecto, lo que han hecho, como decía Rajoy, es una vez más “engañar a la gente”. Esta vez, con ayuda de la presidenta de la sala y el incomprensible silencio de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que renunciaron a hacer preguntas al expresidente y a quien fue su número dos en el Partido Popular.

El Tribunal Supremo se resiste a cerrar el caso Macedonia, la que un día fue la gran causa de corrupción policial ligada al narcotráfico en Catalunya y que se saldó con sonoras absoluciones. Más de quince años después de los hechos, el Alto Tribunal obliga a la Audiencia de Barcelona a elaborar una nueva sentencia sobre tan solo uno de los inicialmente absueltos: el subinspector de los Mossos d’Esquadra acusado de colaborar con Manuel G.C., histórico confidente de la policía catalana y sospechoso (y exculpado) de tráfico de drogas.

El subinspector Josep R. fue detenido en octubre de 2010, en el marco de la operación Macedonia que comandó el entonces titular del juzgado de instrucción uno de Barcelona, Joaquín Aguirre, el mismo que lideró la oposición judicial a la amnistía con el caso Volhov. A día de hoy, el juez está jubilado.

Tras una instrucción que se alargó diez años y en la que Aguirre se enfrentó al futuro major de los Mossos, Josep Lluís Trapero, por entonces jefe de investigación de la policía autonómica, la Audiencia de Barcelona absolvió a la mayoría de procesados, echó por tierra la hipótesis del juez y tildó parte de la instrucción de “errática” y “prospectiva”.

En su sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Antonio del Moral, el Supremo evita las críticas a la instrucción del juez Aguirre. Por el contrario, elogia y considera “muy trabajado” uno de sus autos de intervención telefónica que anuló la Audiencia de Barcelona por desproporcionado.

La sentencia de la sección 3ª de la Audiencia de Barcelona también recibe buenas palabras del Supremo, que destaca el “esfuerzo” del tribunal en “desbrozar” los hechos. “Especialmente —agrega el Alto Tribunal— la ponente”, que fue la magistrada Carme Guil.

Sí deja entrever el Supremo cierto desacuerdo con las absoluciones generalizadas que dictó la Audiencia de Barcelona, aunque no las tumba porque estuvieron bien argumentadas. “La sentencia podrá ser tildada de indulgente, de demasiado estricta en el marco de las exigencias probatorias (lo que, por otra parte, parece de esencia de la presunción de inocencia), proclive en exceso a admitir explicaciones exculpatorias, ingenua en algunas valoraciones... pero no de irracional”, zanja el Alto Tribunal.

No esconde el Supremo que el paso del tiempo ha sido un factor a tener en cuenta para estudiar los recursos. Los años transcurridos desde que se iniciara y enjuiciara la causa no han cambiado los criterios jurídicos del Alto Tribunal, pero los togados admiten que han valorado el “factor temporal” a la hora de dictar su fallo.

La restitución de una única prueba anulada por la Audiencia, que obligará a esta instancia a dictar una nueva sentencia sobre el mosso Josep R., se ha decidido “de forma muy escrupulosa”, remarca el Supremo, que se declara “consciente” de que reabre “un camino que no se percibe corto”, ya que comportará otro estudio a fondo del caso, una nueva sentencia y otro trámite de recursos. Desde la primera sentencia de la Audiencia de Barcelona a la del Supremo han pasado tres años y medio.

Un caso que no termina

La sentencia del Supremo estima, en parte, el recurso de la Fiscalía, que había impugnado la sentencia de la Audiencia de Barcelona en su totalidad. “No es frecuente un recurso del Ministerio Fiscal articulado en doce motivos diferentes”, advierte la resolución del Alto Tribunal.

El Ministerio Público pretendía que el Supremo diera marcha atrás a la anulación de los pinchazos telefónicos, averiguaciones patrimoniales y otras pruebas como declaraciones de los investigados tras su detención que ordenó la Audiencia. También cargó la Fiscalía contra la “racionalidad motivadora” de la primera sentencia, extremo que el Supremo no comparte.

De todas las impugnaciones del Ministerio Público, el Supremo acoge tan solo la relativa a la anulación de la declaración de Josep R. tras ser detenido por orden del juez Aguirre en 2010. La Audiencia había tumbado el interrogatorio porque se había producido superando el plazo máximo legal de 72 horas estipulado para la detención, pero el Supremo la da por válida porque, aunque más tarde, se hizo con todas las garantías.

En consecuencia, la Audiencia de Barcelona tendrá que valorar ahora las palabras de Josep R. en instrucción, cuando reconoció haber facilitado a otros acusados información y una fotografía de otro investigado extraída de las bases de datos policiales.

La declaración en instrucción del mosso, argumenta el Supremo, “aporta elementos autoinculpatorios capaces de matizar o variar la fiabilidad de las manifestaciones” que hizo el agente en el juicio y “poder fundar una convicción diferente” (esto es, una condena), aunque corresponderá al tribunal barcelonés valorar si condena o vuelve a exculpar al policía.

Qué supone anular pruebas

Más allá del caso concreto de Josep R., la sentencia del Supremo desliza reflexiones interesantes sobre lo que supone anular pruebas por vulnerar los derechos fundamentales, tal y como hizo la Audiencia, por errores en la instrucción.

“Produce gran decepción (más si pensamos en delitos con víctimas concretas) que una complicada tarea de investigación y enjuiciamiento laboriosamente construida se derrumbe como un castillo de naipes, porque las dos primeras 'cartas' eran 'defectuosas', se eligieron sin cuidado y al final acaban por ceder arrastrando con ellas todo el 'castillo'”, asevera el tribunal.

La anulación de una prueba, incide el Supremo, “constituye un fracaso del sistema de justicia penal”. Aunque pueda entenderse como una señal de que el sistema funciona porque se revisa a sí mismo, “no deja de constituir un fracaso por cuanto significa el reconocimiento de que se ha vulnerado un derecho fundamental”, agregan los magistrados.

Recortar una prueba obtenida de forma ilícita, ahonda el tribunal, tiene consecuencias y limita el derecho a la tutela judicial efectiva, pero se trata de “un tributo que hay que pagar gustosamente cuando en verdad se constata una vulneración de un derecho fundamental”. “La Sala de instancia [la Audiencia de Barcelona] entendió que había que abonarlo. No encontramos razones suficientes para enmendar su valoración. Se asume el precio”, concluye el Supremo.

Macedonia fue uno de los capítulos polémicos de la historia judicial catalana. Provocó un grave enfrentamiento que no se ha resuelto entre el juez Aguirre y el major Trapero, entonces investigador del caso y que requirió al magistrado una orden por escrito que nunca llegó (y no solo verbal) para intervenir los teléfonos de todo el grupo antidroga de la Guardia Civil en Catalunya, tal y como pretendía el instructor.

Después de esta discrepancia entre Trapero y el juez, llegó la sombra de la brigada política del PP que anidó en el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy y de las maniobras del comisario Villarejo contra el major, aunque las magistradas descartaron que influyeran en el devenir del caso Macedonia. 

Hoy comienza el juicio de la operación Kitchen. Llevamos años hablando de ella pero lo primero que hay que entender es exactamente qué juzga el caso Kitchen. Esta es una pata de tres, de los tres operativos del Gobierno de Rajoy con fondos reservados para actuar contra sus enemigos políticos primero en Catalunya, desprestigiando con informes falsos publicados por la prensa a los líderes del proceso soberanista. Luego, repitiendo ese modus operandi contra Podemos y sus responsables. Y en tercer lugar, la tercera pata de esa brigada política es la Operación Kitchen, la operación para sabotear el mayor caso de corrupción del Partido Popular. 

El periodista de elDiario.es Pedro Águeda nos va a acompañar en la narración de este capítulo, que hacemos porque seguimos teniendo la sensación de que no acaba de calar la importancia y la gravedad de un caso que no es solo corrupción. Es un caso para tapar la corrupción. En este capítulo escucharás audios que proceden de grabaciones judiciales o del propio comisario Villarejo. 

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'Juicio final a la guerra sucia del PP': un documental de elDiario.es sobre la Operación Kitchen

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A las órdenes del juez Pablo Ruz y ayudado por una decena de fieles, el inspector jefe Manuel Morocho se enfrentó a la corrupción policial de sus superiores durante los años como investigador de los casos Gürtel y caja B del PP. Los comisarios por encima del agente 81.067 se esforzaron en convertir el trabajo y la vida del investigador en un suplicio durante cuatro años. Con él fuera de juego, el partido en el Gobierno podría respirar. Pero Morocho resistió. Hasta que llegó su oportunidad de revelar ante un tribunal, en el juzgado del caso Villarejo y ante las comisiones del Congreso lo que había ocurrido en la Policía esos años. El inspector jefe relató las maniobras para que la causa judicial contra el PP fracasara y certificó que Kitchen fue una operación ilegal. 

El testimonio de Manuel Morocho resultará clave en el juicio que empieza el 6 de abril por el espionaje a Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados. Los acusados niegan que trabajaran para encontrar y destruir pruebas de la caja B del PP. Su defensa es que buscaban el dinero escondido por el extesorero del partido y sus testaferros y poner las pruebas a disposición del juez. Durante la instrucción del caso Kitchen, Morocho desmontó esa coartada: él era el único responsable de investigar la caja B a las órdenes de Pablo Ruz, y ni él ni el juez fueron nunca informados de las maniobras de la brigada política. “Habían hecho una investigación sobre Luis Bárcenas y su entorno al margen del grupo de investigación y al margen del procedimiento judicial”, dijo Morocho en el juzgado. 

El relato del policía mientras se instruía el caso Kitchen, del que ahora ofrece las primeras imágenes elDiario.es, detalla cómo unos mandos policiales a los que se había confiado la labor de esclarecer un delito se empeñan en taparlo. Los mandos de la Kitchen compraron al chófer de los Bárcenas con dinero público, robaron documentación al extesorero, allanaron un local de su esposa y orquestaron vigilancias a la familia 24 horas. 

Mientras eso ocurría, los superiores de Morocho presionaban al verdadero investigador de la caja B para que sus pesquisas no dañaran al PP y al Gobierno. En su declaración ante el juez García Castellón, en junio de 2021, Morocho afirmó: “Se me conminó a que no pusiera en el cuerpo del informe [de la caja B] ningún nombre de responsable político, y concretamente se me expresó el nombre de Mariano Rajoy. No querían que apareciera en el cuerpo del informe su mención ni aquello a lo que se aludía en los documentos, que no solo eran contraprestaciones, sino determinadas compras de ropa”, afirmó el policía en la Audiencia Nacional sobre los sobresueldos al líder del PP. 

Cuando el juez le preguntó quién hizo eso, Morocho dio los nombres de toda su “cadena de mando” en la UDEF: “Desde el que entonces era comisario general [de Policía Judicial], el señor Losada, Manuel Vázquez, jefe de unidad, el señor Gudiña, el jefe de brigada y los dos jefes de sección”.

Asuntos Internos para “doblegar” al policía

El Ministerio del Interior implicó a la Unidad de Internos de la Policía en su acoso a Morocho. Acusó al policía y los agentes a su cargo de filtrar un informe de Gürtel sobre los pagos de la red a la ministra de Sanidad Ana Mato, después de que una copia apareciera en el polémico registro de la agencia de detectives Método 3 de Barcelona. Mantuvieron la acusación contra el Grupo XXI pese a que los informes policiales circulaban por todas las redacciones del país en cuanto tenían acceso a ellos los abogados del centenar de imputados en Gürtel. 

Morocho y los agentes a su cargo fueron interrogados por Asuntos Internos, según reveló elDiario.es el 1 de abril de 2014. En ese momento, Asuntos Internos estaba ya convertida en un bastión de la policía política, implicada en la Operación Cataluña, y liderada por uno de los comisarios que se sentará en el banquillo, Marcelino Martín Blas. 

El 14 de abril de 2021, siete años después, Morocho prestó declaración en el juicio por la reforma de la sede del PP con dinero negro. Al ser preguntado por el episodio con Asuntos Internos, el policía respondió: “Se buscaba ganarnos una presión, una tensión, para que nos doblegáramos y no ejerciéramos la misión que teníamos encomendada”.

Las presiones a Morocho habían comenzado desde antes de que llegara el Partido Popular al poder. En la oposición, la formación de Rajoy había cargado contra la UDEF llegando a acusar a los policías de “fabricar pruebas” en Gürtel para perjudicar al partido. Expertos en mantenerse a flote, los superiores de Morocho ya se preparaban para el cambio de Gobierno en 2011. José Luis Olivera era el jefe de la Unidad, creada en tiempos de Zapatero que había investigado los grandes casos de corrupción. También es el comisario que ayudó a Villarejo a que la investigación no alcanzara a los máximos líderes del PP, según confiesan ambos en un audio. 

El grupo de Morocho acabó el informe sobre los regalos de la trama Gürtel al matrimonio de Jesús Sepúlveda y Ana Mato en enero de 2011. Sin embargo, “el informe fue parado y hasta febrero de 2012 no salió”, después de las elecciones generales que le dieron la victoria a Rajoy y solo ante la insistencia de la Fiscalía Anticorrupción. 

Morocho explicó a García Castellón que Olivera, el jefe de la UDEF, pensaba que “lo iban a defenestrar”, pero sus temores se disiparon cuando trascendió el nombre del nuevo ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. “Él es amigo personal del ministro desde la juventud, por cuestiones familiares y, si bien se le quitó de la unidad, realmente se le dio un puesto de más relevancia dentro del Ministerio”. Morocho se refiere al cargo de director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Desde ese puesto, años más tarde, Olivera urdiría el montaje de la cocaína contra Miguel Urbán para atacar a Podemos y garantizar que Rajoy seguiría en Moncloa.

La salida de Olivera de la UDEF no lo apartó totalmente de la investigación. El comisario seguía llamando a su anterior subordinado, Morocho, para requerirle información. El inspector relató a García Castellón cómo Olivera le ofreció un puesto en Lisboa en junio de 2013, el mismo mes en que Bárcenas confesó la financiación irregular del PP. Morocho detalló cómo en medio de la conversación sonó el móvil de Olivera y éste le hizo ver que era el mismo Fernández Díaz interesándose por su respuesta. Ante la negativa de Morocho, Olivera siguió haciéndole ofertas para destinos bien remunerados en el extranjero que el entones inspector rechazó.

“Has cometido un gran error”

Las cosas no mejoraron con el sustituto de Olivera. El comisario fue reemplazado al frente de la UDEF por Manuel Vázquez. Morocho explicó en la Audiencia Nacional que el 29 de abril de 2013 entregó un informe clave en el caso de la caja B y también narró lo que ocurrió a las 8 de la mañana del día siguiente. “Estoy en el ordenador trabajando y recibo una llamada de Manuel Vázquez que me dice: ‘Has cometido un gran error. Te has equivocado y hay que rectificarlo. Hay que cambiarlo, hay que decírselo al juez”.

¿Qué podía haber hecho mal el inspector jefe Morocho, famoso por su carácter introspectivo, minucioso, casi obsesivo? Pronto lo supo. En el informe se daba por hecho que las anotaciones de Bárcenas sobre donantes de dinero negro al PP en las que ponía “López H” y “López Hierro” se referían a Ignacio López del Hierro. El empresario era marido de María Dolores de Cospedal, la secretaria general del PP, y amigo desde hacía décadas del comisario Villarejo. El nombre no aparecía en el cuerpo del informe porque, como ocurriera con el de Mariano Rajoy, los jefes de la Policía obligaron a que solo figuraran en los anexos, lo más lejos posible del escrutinio de los periodistas. 

La presión sobre Morocho era una operación coordinada desde la brigada política. Así queda de manifiesto al analizar las agendas del comisario Villarejo. En ellas se puede leer: “Aviso problemas ultimo inf MOROC” (30 de abril de 2014), “Hablar sobre Morocho transmitir presión” (31 de enero de 2014). Antes, el 16 de junio de 2013, en fechas próximas a la conversación relatada por Morocho, Villarejo escribe: “MOROCHO-LISBOA”. Sobre el ofrecimiento del puesto en la capital portuguesa el inspector jefe declaró al juez de Kitchen: “Querían que perdiera la credibilidad, la integridad, que perdiera mi dignidad, tanto con el procedimiento como con los magistrados y la Fiscalía, como con el grupo de investigación que estábamos trabajando”.

Y entonces aparecieron los papeles de Bárcenas. El Grupo XXI de la UDEF, estuvo formado, en su época más abundante, por 12 agentes. La estrategia pasaba por sobrepasarlo de tareas. Cuando afloraron los papeles de Bárcenas, Ruz nombró a Morocho y su grupo policía judicial a sus órdenes. El inspector quedaba blindado y no podía ser relevado por sus superiores. Así que estos optaron por hacerle desistir. 

“Me generaban presión pidiendo constantemente, diariamente, informes de situación, bajando al despacho a ver cómo estaban, llamándome constantemente. ‘¿Cuándo vas a acabar el informe?’. Buscaban una situación que fuera insostenible personalmente y profesionalmente para que yo abandonara la investigación y les dejara expedito el campo para que pudieran manejarla como ellos pensaban hacer”, explicó Morocho en el juzgado.

Irrumpe en la escena el policía de Cospedal

En 2013, la UDEF recibió una sorprendente incorporación. Andrés Gómez Gordo era un policía que había dejado el Cuerpo para trabajar con el PP de la Comunidad de Madrid –está condenado en el caso Ciudad de la Justicia– y en aquella época se había convertido en un colaborador clave de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. La brigada política intentó captar al chófer de Bárcenas como topo, pero este se resistió. Así que recurrieron al policía que había trabajado junto a él para Francisco Granados. Gómez Gordo dejó de ser la sombra de Cospedal en Toledo y regresó a Madrid para dirigir el trato con el confidente. 

El jefe operativo Eugenio Pino acomodó a Gómez Gordo como jefe de Vigilancias en la UDEF y él intentó colocar en el grupo de Morocho a uno de sus hombres, a lo que el inspector jefe se negó radicalmente. Andrés Gómez Gordo se sentará en el banquillo de los acusados de Kitchen. La Fiscalía solicita para él la pena más alta, junto a la Fernández Díaz, Martínez y Eugenio Pino, 15 años de prisión. 

Al tiempo que saboteaban la investigación del Grupo XXI, los mandos de la brigada política intentaban que el chófer de la familia Bárcenas les entregara pruebas que guardara el ex tesorero sobre la caja B del PP o hacían seguimientos a su familia para dar con el supuesto escondite. La Policía llegó a implicar a cerca de 80 agentes del Área Especial de Seguimientos (AES) en la vigilancia de 24 horas al hijo y la mujer de Bárcenas cuando éste entró en prisión. Todo eso dejó rastro. Y en 2015, Gómez Gordo, el policía de cabecera de Cospedal, realizó una maniobra para intentar blanquearlo. 

Gómez Gordo introdujo en una base de datos policial una serie de indicadores del trabajo de vigilancia y seguimientos realizados en el marco del operativo para justificar un “simple refrito de datos”, según la expresión que utiliza la Fiscalía Anticorrupción. Aparecieron reflejados partes de vigilancias, los pagos de fondos reservados al chófer, 700 euros para que comprara una pistola y otras partidas, como los 1.200 euros del ordenador portátil que entregaron al número dos de Interior, Francisco Martínez, para que siguiera el desarrollo de esta y otras operaciones. La introducción de los datos se hizo con dos años de retraso y la maniobra exculpatoria quedó al descubierto. 

En septiembre de 2020, Morocho entregó al juez del caso Kitchen un informe que le había solicitado sobre la operación. En él concluía que el Ministerio del Interior había buscado “las vulnerabilidades de la persona (Bárcenas) y su entorno” para contar con un “arma a su favor en una negociación” con el extesorero y antiguo gerente del Partido Popular, en alusión a las pruebas que pudiera guardar de su caja B. “Esta actuación se sitúa extramuros del procedimiento judicial y pretende eludir el control del juez de instrucción”, asegura el agente 81.067 en su informe. 

La tesis de Morocho es que la brigada política sí encontró parte de la documentación que buscaba en la familia Bárcenas. Los documentos encontrados a Villarejo y publicados por varios medios, sustraídos a la familia Bárcenas, “confirman la veracidad” de los conocidos como papeles de Bárcenas, afirma Morocho en su oficio.

“Me enseñaban por allí como a un animal salvaje”

El acoso a Morocho se extendió hasta 2016. En enero de 2015, el jefe operativo Eugenio Pino decide trasladar al incómodo policía al nido de la serpiente, a la propia DAO. “Los primeros días no sabían dónde colocarme. ‘Tenemos aquí a un animal salvaje que hemos cazado y me enseñaban por allí”. Le encargan informes que luego nadie lee, incluido uno sobre la estructura societaria en paraísos fiscales del comisario Villarejo que había desvelado El País. Cuando quiso entregárselo a Pino, el DAO no le atendió. Tampoco quien se lo había encargado, José Ángel Fuentes Gago, mano derecha del primer y también acusado en Kitchen. “No me lo recibió. No quisieron escucharme”, declaró Morocho. 

Uno de los días que estuvo en la DAO destinado fue a tomar café con sus jefes, uno de ellos Eugenio Pino. Se cruzaron con un individuo grueso, de voz ronca. “El DAO me presenta de una manera así lejana. Este es Morocho y García Castaño [El Gordo] dice dirigiéndose a mi: ¿Y tú qué haces aquí? Porque no sabía que estaba allí… Tú tenías que estar muerto. Eso es lo que textualmente me dice Yo no le contesté. Seguí mi camino y ya está”.

elDiario.es radiografía uno de los mayores escándalos políticos de la reciente etapa democrática en España: el conocido como 'Caso Kitchen', que será juzgado por la Audiencia Nacional a partir del próximo lunes 6 de abril. Un grupo de comisarios empoderados a las órdenes del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy organizó y ejecutó entre 2013 y 2015 una operación pagada con fondos públicos reservados para destruir pruebas de la caja b del PP que investigaba el juez Pablo Ruz.

Ocho años después de que la Audiencia Nacional comenzara a estudiar las andanzas de la denominada policía patriótica, media docena de comisarios —entre ellos José Manuel Villarejo, origen y final de muchas de las operaciones policiales ilegales— se sentará en el banquillo junto al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y su número dos, Francisco Martínez. La Fiscalía pide 15 años de cárcel para los dos exdirigentes políticos del PP, acusados de malversación de caudales públicos, delitos contra la intimidad (descubrimiento y revelación de secretos) y encubrimiento.

elDiario.es ofrece imágenes inéditas de los protagonistas de la Operación Kitchen durante su declaración ante jueces instructores y fiscales anticorrupción de la Audiencia Nacional; así como documentos y audios que acreditan muchos de los hechos por los que la cúpula política y policial del Ministerio del Interior puede terminar en la cárcel.

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Juicio final de la operación Kitchen es un documental de elDiario.es narrado y documentado por Pedro Águeda. Está codirigido por José Manuel Romero y Sara Cuesta, productora y guionista del documental. La edición y el montaje es de Alejandro Corral, que también ha participado en el diseño junto a David Velasco. En la dirección de fotografía y grabación ha estado Salvador Fenoll, con la asistencia de Adrián Torrano. La productora ejecutiva es Izaskun Pérez.

12 de abril de 2016. Nueva York, consulado español. Tres personas mantienen una conversación relevante que nos ayuda a entender cómo funcionó la guerra sucia policial, las cloacas, durante el último gobierno del PP. Allí se encuentran el jefe de la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía. Se llama José Manuel García Catalán. Está el inspector jefe Ángel Fuentes Gago. Y están con un exministro de Venezuela en tiempos de Hugo Chávez, Rafael Isea.

El objetivo de esta reunión es que el exministro les dé el visto bueno a un papel que tiene la Policía. Que reconozca como suya una firma en un papel, aparentemente oficial, que acredita una transferencia millonaria a líderes de Podemos por parte del Gobierno de Venezuela. Y no, no puede asegurar que esa sea su firma, que ese documento sea válido.

La verdad no interesaba mucho. Lo que interesaba era el impacto mediático. El 13 de mayo de 2016, unas semanas después de esta reunión, ABC publicó en portada: “El ministro de Finanzas de Chávez confirma a la Policía los pagos para crear a Podemos”. Hacemos un recorrido a este caso, que explica muy bien cómo se procedía desde la llamada policía patriótica del primer gobierno de Rajoy contra sus rivales políticos, con el periodista de elDiario.es que lleva más de diez años contando este caso, Pedro Águeda.

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Ha sido la semana de los policías en el juicio a los Pujol. Por motivos distintos, no han quedado en muy buen lugar. Los focos estaban puestos en los integrantes de la brigada política del PP, aunque el verdadero testigo clave del caso era el inspector jefe 89140. Él es quien firma los atestados en los que se sustenta la acusación de la Fiscalía. Las defensas, en especial la del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, lograron restarle mucha credibilidad, aunque se autoboicoteó nada más empezar.

El inspector dijo sentir “animadversión personal” hacia los Pujol. Siendo el investigador principal del caso, fue una muestra de torpeza infrecuente en un juicio. Luego matizó que no le caía mal la familia sino sus abogados, porque le denunciaron. La historia de los Pujol con el inspector jefe 89140 venía de antiguo.

El mando de la UDEF se salvó en el tiempo de descuento de ir a juicio por el caso del 'pendrive' —la única condena por la Operación Catalunya— con el que la brigada política del PP intentó adulterar el caso Pujol.

El inspector fue el receptor de la información obtenida de forma ilegal por el exjefe de la Policía Eugenio Pino, y que el juez José de la Mata sacó del caso —salvándolo así de su nulidad total—. El juez de Madrid que lo investigaba terminó archivando la causa para él.

Con firmeza cuando tocaba, y con mucha paciencia en general, el magistrado José Ricardo de Prada logró que la vista no se descontrolara pese a la incendiaria declaración inicial del inspector. El magistrado constató que lo que había expresado el testigo era un “malestar” por la denuncia de los Pujol. Una forma de dar a entender a las defensas que no hacía falta que insistieran. El abogado de Jordi Pujol Ferrusola, Cristóbal Martell, lo pilló y evitó preguntar por ello.

Martell tenía suficiente trabajo. El auténtico protagonista de la vista es el primogénito del expresident. Sobre él pesan las acusaciones más graves —29 años de cárcel le pide la Fiscalía— y es el eje alrededor del cual gira la corrupción atribuida a la familia como origen de su fortuna.

El interrogatorio de Martell, implacable, sirvió para dejar al descubierto los puntos débiles de la investigación policial del caso. 

Las casi diez horas (repartidas en dos jornadas, y todavía quedan defensas por interrogarle) que duró la testifical del inspector jefe son consecuencia de una investigación gigantesca: en vez de poner el foco e ir con todo contra las operaciones más grotescas en las que Jordi Pujol Ferrusola estuvo involucrado, la causa ha rastreado la casi totalidad de vida empresarial del primogénito, lo que ha generado un sumario inmanejable. Sumado a los más de 10 años de instrucción, el cóctel es de difícil digestión probatoria en un juicio, por mucho que haya actuaciones familiares poco compatibles con las lecciones de ética que predicó Pujol desde la Generalitat.

¿Cuál es la operación corrupta que explica la fortuna oculta? A preguntas del fiscal, el inspector la había conectado con el caso Grand Tibidabo, la sociedad que saqueó el financiero Javier de la Rosa, muy vinculado a Pujol en los 90. Pero a preguntas de Martell, tuvo que admitir que su base era la declaración de un testigo de esa causa de la que “desconocía” el recorrido. “No pretendo dilucidar la verdad final”, se escudó el inspector.

¿Júnior cobró por trabajos inexistentes? Con su estilo inconfundible —afirmar que “Pulgarcito va dejando rastros” para referirse a la actividad empresarial de Pujol Ferrusola solo puede hacerlo Cristóbal Martell—, el abogado logró que el inspector admitiera que una de las afirmaciones de su informe no era del todo correcta.

El mando defendió que Pujol Ferrusola había cobrado 652.000 euros de la constructora Isolux por no hacer nada en un negocio en Gabón, pero terminó por reconocer que había documentación que demostraba que sí viajó al país. “No le di relevancia”, manifestó.

¿Y las obras de la Generalitat? El inspector admitió que no investigó si hubo amaños en las adjudicaciones públicas que la Fiscalía vincula con comisiones ilegales porque los pagos buscaban “una garantía de influencia a lo largo del tiempo” y no tanto a una obra concreta.

El agente dijo que no estudió los procesos de recalificación urbanística señalados ni investigó el posible “delito previo” al blanqueo de capitales, que es su especialidad. “En mi materia siempre he dicho que soy el mejor, pero en temas de urbanismo no domino”, apostilló.

La gran mentira del expresident —mantuvo dinero en Andorra sin declarar a Hacienda durante toda su etapa en la Generalitat— y los desmanes empresariales de su primogénito —si son legales o no lo dirá la Audiencia Nacional, pero ya se han mostrado durante la vista— son compatibles con constatar que la Policía no hizo su mejor trabajo cuando investigó el origen de la fortuna oculta.

Además, una tesis policial plausible pero difícil de demostrar ante un tribunal como que los pagos a Jordi Pujol Ferrusola pretendían “una garantía de influencia a lo largo del tiempo”, incluso con gobiernos que no fueran de Convergència, requiere de empresarios que tiren de la manta para corroborarla, algo que no se ha producido en esta causa.

Aunque no tuviera su mejor semana, el inspector jefe 89140 puede afirmar que no fue condenado por adulterar el caso. Él ha podido equivocarse, pero no es un policía corrupto. No puede decir lo mismo el exjefe de la Policía Eugenio Pino, condenado en firme por el Supremo por el pendrive.

Nadie esperaba que aportaran mucho, pero la ceremonia de la confusión que ofrecieron al tribunal Pino y el resto de mandos de la brigada política del PP que comparecieron como testigos resulta poco compatible con quien ha ostentado la cúpula policial. Aunque puede obedecer a muchas razones. Para empezar, al calendario: a todos ellos todavía les quedan juicios pendientes. El primero, el de la Kitchen, esta primavera.

El 15 de septiembre de 2015, el sargento de la Guardia Civil José Romero Béjar fue destinado a la Patrulla de Fiscal y de Fronteras (PAFIF) de la Compañía de Tarifa. Romero Béjar, alias el Moro porque sabe árabe, llegaba así al que parecía su último destino. Lejos quedaban los años más negros del cuartel de Intxaurrondo de San Sebastián, bajo las órdenes del general Enrique Rodríguez Galindo y que le llevaron a declarar ante Garzón cuando investigaba a los GAL. Una vez en Tarifa, Romero Béjar se convirtió en el zorro cuidando de las gallinas. Ha aceptado una pena de dos años por avisar a narcotraficantes de dónde iba a estar la Guardia Civil para que pudieran descargar sus narcolanchas sin problemas. El sumario del caso revela con detalle cómo las redes criminales penetran en los cuerpos policiales del Estrecho.

Para saber qué se cuece en el Estrecho, la PAFIF era el lugar ideal. La unidad en la que tenía un mando Romero Béjar se encarga de “prevenir, perseguir, descubrir y reprimir los delitos relacionados con el narcotráfico colaborando con las Unidades Territoriales en la custodia de las costas”.

Pero mes y medio después de la llegada de Romero a su nuevo puesto, algo se torció. A las 07.45 horas del 30 de noviembre de 2015, agentes de Tarifa abortaron un alijo con 66 fardos de hachís que sumaban dos toneladas. Como en un camping cercano vieron a dos viejos conocidos del instituto armado, los llevaron a las dependencias policiales. Y allí uno de los detenidos soltó la bomba: “En el cuartel había un mando que había venido hace росо у que controlaba alijos”. “Romero ha venido aquí a llenarse los bolsillos de dinero...”. 

El asunto fue escalando y comenzó la operación Jinete. Escuchas, seguimientos y registros revelaron un tren de vida incompatible con el sueldo de un veterano de la Guardia Civil. Para un agente de base, Romero era un jefe de los de antes, siempre conectado, 24 horas al día, siete días a la semana. “Los guardias civiles pertenecientes a su unidad le llaman periódicamente para indicarle cuando salen de servicio, así como a la zona a la que se dirigen a realizar el mismo. José Romero demanda esta información incluso encontrándose franco de servicio o de vacaciones”, relata un informe policial del sumario.

Lo que ocurría es que necesitaba saber de antemano a dónde iban a patrullar los agentes para avisar a los narcos y que evitaran esas playas. De vez en cuando había accidentes. El 4 de diciembre de ese año, por ejemplo, unos guardias civiles iban a intervenir un alijo se cruzaron por casualidad con Romero Béjar por la zona. Pero estaba de vacaciones. Fue sancionado por ello. Y sembró aún más la sospecha sobre su actividad. Un día más tarde, el 5 de diciembre de 2015, sumó otro indicio en su contra. “Esa noche, sin el conocimiento del acusado José Romero Béjar, se modificó el operativo en el sentido de que el vehículo con medios de visión nocturna adjudicado a su unidad se situó en un lugar distinto, novedoso y no utilizado nunca”. El resultado fue de 101 fardos de hachís aprehendidos. 

Los propios agentes de la Guardia Civil comenzaron a seguir a Romero Béjar y notaron variaciones extrañas en el uso de su radioteléfono, conversaciones en clave y citas que los agentes relacionaron con los narcotraficantes conocidos como el Feo y el Fantasma. Con su radioteléfono oficial podía conocer el movimiento de todas las patrullas de la Guardia Civil. Esa información fue, literalmente, oro. En el Estrecho es habitual que los agentes, especialmente los nacidos allí, se conozcan y se crucen con narcos. A veces es difícil deslindar esas relaciones de amistad incluso entre familias con un trato comercial.

El 23 de octubre de 2016, Romero Béjar se sinceró con la persona que hacía de enlace con los narcos. Estaba dentro de un coche, por teléfono era cauteloso. No sabía que agentes de Asuntos Internos con orden de un juzgado de Algeciras estaban grabando todo desde un dispositivo oculto –“medio técnico de sonorización ambiental”– en el interior del vehículo tras pedir al concesionario que vendió el coche un duplicado de las llaves. Ahí, el Moro dio cuenta de su alto ritmo de vida. “Es abusiva, tío. Cuando fuimos a ese hotel, el de aquí, me gasté en un día 5.000 euros. Cuando fuimos a Granada me gasté también cuatro o cinco mil euros. Cuando fuimos a Madrid, seis o siete mil euros. No se da cuenta esta tía”. Su pareja, se queja, “está obsesionada con un rólex de oro”. 

“Yo quiero vivir tranquilo, vivir bien”

Los agentes le hallaron gastos en Madrid en comidas en Zalacaín y el Asador Donostiarra. Él mismo, en la misma conversación, dio la que es una clave de su actuación y de otros agentes de la lucha contra el narco. “Yo quiero vivir tranquilo, vivir bien, tener para follar, darme un buen paseíto con la moto, para ir de pesca, para comprarme cuando pueda un buen cochecito, para vivir, para disfrutar, que para eso me he complicado la vida, pero no para jincármelo en un año o dos. Para empezar es que me he gastado yo este año 60.000 o 70.000 euros”. Safaris, una yegua y dos caballos, un Toyota Land Cruiser, una moto Yamaha ME 250R y otra BMW K1200... Romero no tenía sueños baratos. En 2013, Romero Béjar declaró ingresos por 36.794 euros, y en 2014, por 40.400, incompatibles con ese ritmo de vida. 

Paralelamente a la investigación de la Guardia Civil, su banco, el Santander, le pidió que dejase la entidad. No le daban explicaciones pero comenzó a mover sus hilos hasta descubrir que era por una orden de Madrid que temía tener problemas con antiblanqueo. En ese mismo momento, otra rama de la Guardia Civil inició su propia investigación patrimonial sobre el mando y la denominaron Black Rider que concluyó que tenía ingresos de origen no declarado.

Según la investigación, acosado por varios frentes y temiéndose lo peor al conocer la decisión del banco, paró su actividad un tiempo. “Esto me lo tienes que guardar donde sea, tío. He tenido que llevarle todo el dinero a Antonio, esconderlo todo, sacarlo de mi casa, no veas lo que me ha pasado”, cuenta a un amigo.

El 4 de noviembre de 2016, fue detenido junto con otros miembros de la red investigados. La Guardia Civil dio un vídeo con la entrada y registro en su casa. El caso saltó a la prensa. Allí no había mucho dinero, solo 3.857 euros, pero sí una carabina marca Sovereign Saut del calibre 22, un arma clásica para los safaris en los que participaba. El dinero estaba en un garaje vinculado a Andrés García Núñez. Bajo las baldas, metidos en bolsas, hallaron 442.560 euros.  

El caso, como tantos, se eternizó en los saturados juzgados del Estrecho, donde los funcionarios viven superados por estas causas. El pasado 28 de abril por la mañana, horas antes del apagón que afectó a toda España, llegó por fin a juicio. 13 acusados se sentaron en el banquillo. Apenas tres familiares se sentaron al fondo de la sala a seguir la breve liturgia. Fue breve. Los acusados habían llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. Siete de los acusados quedaban fuera de la acusación y otros aceptaban penas de dos años, que normalmente no conllevan ingreso en prisión.

Entre estos últimos estaba Romero Béjar, que se adelantó unos metros y aceptó los hechos ante el tribunal. Según la sentencia, “beneficiados de su posición como agentes de la autoridad, tenían como función principal la cobertura policial a las organizaciones que se dedican a introducir grandes cantidades de hachís a través de las costas de Tarifa. El acusado Jose Romero Béjar como máximo responsable del PAFIF daba las órdenes que el acusado Andrés Guerrero Aznar transmitía a los narcotraficantes”.

Condenado por “delito contra la salud pública”

Romero Béjar, el Moro, fue condenado a dos años de prisión “como autor de un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que no causan grave daños a la salud y en cantidad de notoria importancia y uso de embarcación” y multas de 3,3 millones de euros. Fue absuelto del delito de pertenencia a grupo criminal y tenencia de arma prohibida. También fue suspendido definitivamente como miembro de la Guardia Civil. Su abogado no quiso comentar el caso.

Así, sin mucho ruido, acababa una carrera en el cuerpo cuando estaba próximo a la jubilación. Romero Béjar lo había vivido ya todo en el Instituto Armado. Nacido en Ceuta en 1959, con solo 20 años ingresó en el cuerpo. En los años 80 del siglo pasado estuvo destinado en el cuartel de Intxaurrondo de San Sebastián y epicentro de la lucha más negra contra ETA. En 1998 fue citado por el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dentro del sumario contra los GAL. Se negó a declarar.

El general Rodríguez Galindo, que acabó condenado a 75 años de prisión, salió en defensa de él y otros guardias también señalados. “Afirmo con orgullo y dolor que son plenamente inocentes todos aquellos guardias civiles que habiendo sido subordinados míos en tiempos pasados se encuentran hoy injustamente imputados en este proceso. El teniente en su momento, comandante hoy, Manuel Davó Soler, el teniente Pedro Gómez Nieto, el sargento Enrique Dorado Villalobos, el sargento José Romero Béjar, el sargento Luis Valentín Sandoval Campos, el sargento Francisco Hermida Bouzas y el cabo Felipe Bayo Leal y tantos otros que han servido a mis órdenes y siempre han actuado como leales, sacrificados y ejemplares servidores del pueblo español y del sistema de libertades recogido en nuestro ordenamiento constitucional”, escribió en un escrito al Tribunal Constitucional. Romero Béjar no fue ni juzgado por los GAL.

Rodríguez Galindo acabó condenado por los asesinatos de Lasa y Zabala y, según el diario Europa Sur, en una de sus últimas publicaciones en Facebook antes de ser detenido, Romero Béjar compartía una iniciativa para declarar héroe nacional a Rodríguez Galindo. Según el mismo diario, “formaba parte del grupo Omega, cuyos agentes eran conocidos como 'los pata negra', creados por Luis Roldán”. Tras pasar por Intxaurrondo, en 1996 volvió al Estrecho y en 2002 fue nombrado jefe de policía local de Los Barrios, tras una polémica por su nombramiento volvió al cuerpo. Y de ahí, con 45 años de servicio, acabó ante el tribunal.

El caso de un agente de Intxaurrondo vinculado con el narcotráfico remite de nuevo a finales de los años 80. El cuartel no solo fue denunciado como sede habitual de torturas, sino que tiene un halo de misterio sobre su vinculación con el narcotráfico. En 1988, el entonces fiscal jefe de San Sebastián, Luis Navajas, uno de los primeros en denunciar las torturas, recibió una denuncia de un agente que decía que había elementos en Intxaurrondo vinculados con mafias de contrabando en la frontera con Francia. Navajas trasladó el informe a sus superiores en Madrid y nunca más se supo de ella, murió en un cajón.

Los tribunales militares han confirmado las sanciones impuestas a dos guardias civiles de Alicante por una pelea en una discoteca del puerto de Torrevieja. El primero increpó a los porteros al grito de “soy guardia civil y te voy a joder la vida” antes de acometer de forma violenta la barrera de seguridad del recinto para sacar su coche. El segundo fue al lugar de los hechos y permitió que su compañero se marchara del lugar sin consecuencias y sin avisar a sus superiores. El guardia civil que iba borracho es suspendido durante una semana mientras que el agente que le encubrió es sancionado durante cinco días. Los hechos trascendieron porque las cámaras de seguridad del puerto lo habían grabado todo.

Las sentencias a las que ha tenido acceso elDiario.es revelan que los hechos ocurrieron de madrugada en noviembre de 2021. El guardia civil, destinado en ese momento en el puesto alicantino de Guardamar del Segura, estaba fuera de servicio y de fiesta en una discoteca del Puerto Marina Salas de Torrevieja, zona de ocio de la localidad con multitud de discotecas. Tuvo un primer choque con los porteros del pub “Bacanal” porque no le dejaron salir de la discoteca con su copa. Los trabajadores tuvieron incluso que inmovilizarle ante su estado de agresividad y, después de un rato dando vueltas por la zona, el guardia civil visiblemente bebido volvió a increpar a los porteros: “Sé que eres de Guardamar, yo soy guardia civil y te voy a joder la vida”.

Una patrulla de sus compañeros de la Guardia Civil del puesto de Torrevieja llegó poco después. Los dueños del local, que sabían que el alborotador era guardia civil e incluso era amigo suyo, habían intentado zanjar el incidente sin denunciar a nadie pero los porteros habían dado aviso a la seguridad del Puerto y estos al instituto armado. Cuando llegaron allí, los trabajadores de la discoteca les intentaron hacer creer que solo han tenido un problema con “un ciudadano del Este” pero encontraron a su compañero y descubrieron que él era el protagonista de la pelea.

En vez de afrontar e investigar lo que había pasado, la pareja de guardias civiles decidió intentar encubrir a su compañero y le dejaron ir sin dar parte ni por radio ni por escrito a sus superiores, limitándose a explicar que no habían encontrado a ese “ciudadano del Este”. Poco después el agente abandonaba el puerto con un nuevo episodio de agresividad. “O me abres o te destrozo”, espetó a un empleado del párking cuando le informaron de que tenía que volver a la discoteca para que le validaran el ticket de aparcamiento. Levantó la barrera “de forma violenta”, se subió en el coche y abandonó el lugar.

La pelea y la actuación irregular de la patrulla para encubrir a su compañero fue descubierta gracias a que las cámaras de seguridad del recinto habían grabado prácticamente todo: desde las discusiones en la puerta del local hasta el incidente con la barrera de seguridad del puerto pasando por imágenes de la propia patrulla hablando con el agente por la zona. “No hay duda de que haya prueba. La hay abundantísima. La hay testifical, documental y videográfica”, dice el Tribunal Militar Central para, en dos sentencias distintas, confirmar las sanciones disciplinarias impuestas a ambos agentes. Siete días de suspensión para el autor de los altercados y cinco días para el agente que intentó ocultar la pelea.

El Tribunal Militar Central confirmó la sanción del autor del altercado antes del pasado verano. “No fue un altercado menor, no fue un altercado más de cualquier otra noche de ocio causado por una persona anónima, sino que fue un altercado protagonizado por un guardia civil”. Y su actitud, añaden los togados, “choca frontalmente con el comportamiento que se espera de un guardia civil, no solo de servicio, también fuera de él. Lo último que se espera de un guardia civil es que sea él el que altere el orden, el que se enfrente de forma violenta física y verbalmente a unos trabajadores que tratan de mantener el orden en un establecimiento privado pero abierto al público”.

Otra sentencia más reciente avala también la sanción de su compañero por ocultar todos estos hechos a sus superiores del puesto de Torrevieja e intentar rebajar los hechos a un incidente con un extranjero desconocido. Su informe “no se ajusta a la realidad” y lo hizo “con clara intención de faltar a la verdad”. “Faltó a la verdad intencionadamente, sabía lo que hacía (no anotar una novedad al cumplimentar la papeleta de servicio) y sabía que además esa conducta era antijurídica”, zanja esta segunda resolución. Las dos son todavía recurribles ante el Tribunal Supremo y su sala quinta de lo Militar.

“Intentaron ayudar a un compañero y falsearon las novedades”

Las dos resoluciones revelan que los propios dueños de la discoteca conocían al guardia civil, sabían que era integrante del cuerpo y no quisieron que el incidente trascendiera, dando orden de ocultarlo a la patrulla que acudió alertada por el personal de seguridad del puerto. Fueron los que consiguieron “aplacar los ánimos” y dieron orden de no denunciar, también por la cantidad de altercados a los que se enfrentan en las discotecas: “Como dicen algunos de los testigos, desde el local no interesa que se denuncien estos incidentes, de lo contrario, estarían todas las noches denunciando. Además de que por el trabajo cotidiano de estos trabajadores tienden a minimizar su importancia”.

Las sentencias reprochan la actitud de los dos agentes. La agresividad de uno de ellos contra los trabajadores de la discoteca y del puerto, explican, “choca frontal y gravemente con la dignidad de la Guardia Civil, es decir contra la fama y el prestigio que el Cuerpo tiene socialmente reconocido gracias a comportamientos diametralmente opuestos a los observados por el recurrente la noche de los hechos”. “Creo que la intención era buena, pero cometieron una infracción disciplinaria”, dijo su superior del puesto de Torrevieja sobre el otro sancionado.

“Intentaron ayudar a un compañero y que falsearon las novedades”, añadió este mando durante la tramitación del expediente. La información que le llegó por radio esa noche, explicó, ocultó deliberadamente la implicación de un guardia civil fuera de servicio en un altercado: “Ha abandonado el lugar, hemos estado haciendo una batida por la zona y no hemos encontrado a la persona que ha alterado el orden”, dijo por radio sobre ese supuesto “ciudadano del Este” y “omitiendo de forma intencionada”, según la sentencia, hacer referencia al altercado del guardia civil que fue conocido gracias a las cámaras de seguridad.

Diez años después de que estallara el caso de presunto acoso del empresario Javier López Madrid a la doctora Elisa Pinto vuelve a irrumpir la corrupción policial que evidenció cómo el poder económico parasita las instituciones. El yerno de Villar Mir utilizó a mandos policiales para amedrentar a la dermatóloga, luego consiguió que la cúpula de la Policía orientara la investigación a su favor y ahora, una década después, está acusado de recurrir a un comisario retirado para que el juicio que empieza en febrero nunca llegue a celebrarse. López Madrid se sentará en el banquillo junto al policía que más se implicó en esas tareas, el comisario Villarejo. 

elDiario.es reveló este viernes que el comisario jubilado Jaime Barrado, encargado de investigar en sus inicios el caso de presunto acoso, coacciones y agresión a la doctora Pinto, ha denunciado ante la Guardia Civil que Javier López Madrid ha intentado comprarle. En esta ocasión, el empresario ha recurrido a otro comisario jubilado, el ex jefe de la unidad anticorrupción de la Policía Fernando Moré, para hacerle llegar la oferta a Barrado, quien ha entregado al instituto armado conversaciones de WhatsApp, audios de un encuentro y de una llamada telefónica.

El caso del contencioso entre el empresario y la dermatóloga tenía todos los ingredientes para despertar el morbo: dos miembros de la clase privilegiada madrileña habían tenido una relación que había acabado con la comisión de delitos de uno contra el otro. Primero, denunció la doctora. Luego, López Madrid. Una década después, él se enfrenta, junto a Villarejo, a una petición de la Fiscalía de 13 años y dos meses de cárcel. La causa contra la mujer fue archivada en 2022.

El hecho que convirtió el caso en un retrato insólito de corrupción endémica fue consecuencia, como tantas veces, de un hallazgo casual. El empresario había encargado a unos profesionales limpiar su teléfono móvil antes de entregárselo a la titular del juzgado donde Elisa Pinto era la acusada. Pero el sistema utilizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil arrojó información que no habían podido hacer desaparecer. Unos mensajes que delataban la “relación estrecha” entre López Madrid y un grupo de relevantes comisarios ajenos al caso de acoso, tal y como escribió la UCO en su informe del 7 de mayo de 2015.

Comisario 'Nino' Conde: la alfombra roja para López Madrid

El primer movimiento registrado de estas maniobras policiales se produjo el 17 de marzo de 2014, cuando Javier López Madrid acudió a dependencias policiales a denunciar las amenazas telefónicas que aseguraba venía sufriendo desde octubre del año anterior. ¿En una comisaría? No exactamente. Fue en la Jefatura Superior de Policía, concretamente ante el Grupo V de Homicidios de la Policía. 

No todo el mundo puede acceder directamente a los equipos de investigación de la Policía para denunciar un hecho. Pero López Madrid apareció allí, en compañía de Javier Sánchez-Junco, abogado, ex fiscal Anticorrupción y un nombre que saltó a las informaciones por defender a Juan Carlos I. Hace años que Sánchez-Junco renunció a representar a López Madrid en la causa de la doctora Pinto y en las que tiene abiertas en la Audiencia Nacional.

Por el momento, cuatro sumarios judiciales recogen indicios del trato de favor que ha recibido López Madrid de la Policía, a la espera de que el Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid decida abrir una investigación a partir del atestado que la Guardia Civil le ha remitido en los últimos días con la denuncia del comisario Barrado. Uno de esos sumarios es la causa que la jueza Concepción Jerez archivó en 2022 y en la que la doctora Pinto era la sospechosa de las llamadas y la situación de acoso. 

En el episodio de la Jefatura Superior adquiere protagonismo la figura de José Luis ‘Nino’ Conde, jefe entonces de la Policía Judicial de todo Madrid. El comisario, ahora jubilado, aseguró en 2019 a elDiario.es que fue la presencia de Sánchez-Junco lo que le hizo atender al empresario personalmente, aunque la jueza explica que López Madrid ya había hablado por teléfono con el mando policial antes de personarse en Jefatura. La magistrada Concepción Jerez recuperaba la declaración en sede judicial que prestó después el comisario Conde ante ella para reprochar que era “carente de credibilidad”.

“No explica [Conde] las razones lógicas por las cuales se le tomó declaración en dependencias del Grupo V de Homicidios, ni tampoco aclara por qué existían sospechas sobre Elisa Pinto, sobre todo teniendo en cuenta que inicialmente el denunciante no manifestó que existieran las mismas”. Se refiere la jueza a que López Madrid enmarcó en aquel momento las amenazas en el contexto de su relevante situación de empresario, sin mencionar a la mujer. Conde escapó de cualquier acusación judicial en su contra. 

'El Gordo', máximo experto antiterrorista, con el empresario

Antes y después de aquella visita a Jefatura, López Madrid habló por teléfono con Conde y con otro relevante miembro de la Policía, el comisario Enrique García Castaño, imputado en varias piezas del caso Villarejo, incluida Kitchen, pero que no ha sido juzgado por las graves secuelas que padece de un accidente vascular. García Castaño, conocido como ‘El Gordo’, fue casi cuatro décadas jefe de la unidad de captación de fuentes, escuchas y vigilancias de la Policía, un fontanero cuyo rastro en la Policía alcanza tintes de leyenda. 

García Castaño aseguró a este periódico hace seis años que López Madrid llegó hasta él a través del jefe de seguridad de la empresa de Villar Mir, también policía, y que él le derivó a una unidad especializada por la vinculación personal que el denunciante tenía con el entonces heredero al trono de España. 

Esa relación entre López Madrid y Felipe VI quedaría de manifiesto dos años después de la denuncia y gracias al mismo volcado del teléfono que reveló sus relaciones con los comisarios. La Guardia Civil logró también recuperar unos mensajes en los que los reyes de España arropaban a López Madrid y cuyo contenido desveló elDiario.es. Los mensajes se produjeron tras la publicación de los gastos del empresario con una tarjeta black de Caja Madrid. 

Después de que los policías de Conde se hicieran cargo del caso, López Madrid siguió llamando al comisario antiterrorista García Castaño. El 30 de enero de 2015 habló con él quince minutos, antes de que el responsable de la empresa del volcado de su teléfono le avisara de que ya tenía el terminal listo para ir al juzgado, tal y como consta en la causa. Esa empresa colabora habitualmente con unidades especializadas de la Policía, según han confirmado a este medio responsables de las mismas. 

Villarejo, a sueldo de López Madrid

Ninguno de estos policías ha sido imputado por delito alguno. Quien sí va a ser juzgado junto a López Madrid es el comisario Villarejo. Ambos se sentarán en el banquillo de la Audiencia Nacional, a partir del 12 de enero, dentro de la macrocausa contra el comisario, en una pieza que juzga la contratación por parte del empresario de un funcionario de la Policía en activo. En febrero, otro tribunal, un Juzgado de lo Penal de Madrid entrará al fondo del caso de acoso. Es ahí donde Villarejo y López Madrid se enfrentan a más de 13 años de cárcel. 

Javier López Madrid llegó hasta el comisario Villarejo a través del presidente de Société Générale en España y Portugal, Donato González, cuyas oficinas están en Torre Picasso, donde el policía tenía la sede de sus empresas “de inteligencia”. López Madrid y Donato González compartían también amistad con Francisco Granados, el ex secretario general del PP madrileño procesado por corrupción.

La instrucción determinó que el 14 de abril de 2014, mientras la doctora se bajaba de su coche y en presencia de su hijo de diez años, Villarejo le dijo: “López Madrid quiere que cierres la boca”. Al tiempo, el policía clavaba a la mujer un punzón en el costado.

La Dirección de la Policía, al rescate de Villarejo (y de López Madrid)

La cúpula policial de aquellos años en los que arrancó el caso es la misma que organizó una brigada política contra la oposición. Al frente de ella estaba Eugenio Pino, quien excusó en dos ocasiones de la rueda de reconocimiento a Villarejo alegando que estaba de viaje en el extranjero. Cuando estaba pendiente de acudir a la tercera, la Policía presentó unos nuevos informes que exculpaban a López Madrid y, en consecuencia, a Villarejo, del acoso, las amenazas y las agresiones a la mujer. 

El caso daba así un giro inesperado. Era la época de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior y Villarejo, como ha quedado acreditado después, atesoraba innumerables secretos de los excesos cometidos en el departamento. Consecuencia de esos informes, la causa contra López Madrid y Villarejo fue archivada provisionalmente, pese a que la mujer ya denunciaba por entonces la existencia de “un montaje policial”.

Pero lo que sirvió a la jueza Belén Sánchez para cerrar el caso contra empresario y policía no convencía a los jueces de la Sección 15 de la Audiencia de Madrid. Ya en mayo de 2017, los magistrados pusieron en duda los informes policiales, ordenaron reabrir la causa y que la jueza Sánchez practicara de una vez la rueda de reconocimiento a Villarejo. Con la brigada política fuera de juego por las jubilaciones y el relevo en el Ministerio del Interior, aquella decisión resultaría catastrófica para Villarejo, que fue reconocido por la doctora y resultó imputado.

Alberto Carba: “Javier, este partido lo vamos a ganar”

Poco antes de que se reabriera la causa ocurrió algo que a la postre iba a tener una importancia determinante en demostrar el montaje policial contra la doctora. El 21 de abril de 2017, López Madrid fue detenido por la Guardia Civil en el marco de la operación Lezo, un caso de corrupción que abarcaba la presunta financiación irregular del PP madrileño. Los agentes de la UCO le incautaron el teléfono. De nuevo, el dispositivo del empresario iba a deparar una importante sorpresa de la que, otra vez, la Guardia Civil iba a informar al juez. El policía que había dirigido la investigación en contra de la doctora intercambiaba mensajes con López Madrid, pese a estar imputado por acoso, en los que el inspector actuaba con complicidad y servilismo.

“Buenos días, Javier. Solo quería transmitirte que el informe que queríamos es muy bueno para nuestra investigación. Paciencia en este último cuarto que este partido lo vamos a ganar”, decía uno de esos mensajes, tal y como publicó elDiario.es. El comisario en cuestión, entonces inspector jefe, es Alberto Carba.

La jueza Jerez dijo sobre la investigación de Alberto Carba: “Los contactos [de López Madrid con varios comisarios] ponen en duda los informes realizados por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta, de la Dirección General de la Policía”. La entonces unidad de Carba “no realizó ningún informe sobre dichos contactos, ni sobre las relaciones con el comisario Villarejo (…) resultando incompleta su investigación”, añade. Su trabajo concluyó que la dermatóloga fingió el acoso, que fue ella quién asedió a López Madrid, y que para ello utilizó a su hijo de 10 años. Lo contrario de la verdad judicial, según la cual la mujer ha sido exonerada y López Madrid debe sentarse en el banquillo.

La carrera de Alberto Carba se estancó en la comisaría del Distrito Centro de Madrid, por otra parte la más grande de España. Desde allí dirigió la investigación contra el bailaor Rafael Amargo, que resultó absuelto después de ser objeto de un gran dispositivo contra el narcotráfico. También detuvo a Nacho Cano por unos delitos contra los trabajadores extranjeros que quedaron en nada. El pasado mayo, Carba se convirtió en el jefe de la Brigada de Policía Judicial en Madrid, el relevante puesto que ostentaba en 2014 Nino Conde, el policía que extendió la alfombra roja a López Madrid en su primera visita a dependencias policiales. 

Fernando Moré: un “dinerillo” para la jubilación

El comisario que ha elegido López Madrid en 2025 para el encargo del soborno, Fernando Moré, no es un policía cualquiera. Estuvo destinado como jefe del aeropuerto de Barajas y en 2017, ya con Juan Ignacio Zoido al frente del Ministerio del Interior, fue elegido para dirigir la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía. Moré siguió en el cargo con Fernando Grande-Marlaska hasta su jubilación, en 2022. 

Moré prometió a Jaime Barrado —el comisario que se atrevió a situar a Villarejo en el caso de la doctora Pinto— 200 o 300.000 euros si convencía a la doctora y a su abogada que retiraran las acusaciones contra López Madrid. Luego bajó la oferta a 20.000. Y siempre dijo que lo hacía por indicación de López Madrid, según las grabaciones desveladas por elDiario.es. Consultado por este medio asegura que realiza trabajos de consultoría de seguridad desde que se jubiló y que pensó en ganar “un dinerillo” con el contrato que podría firmar con López Madrid si se ganaba su favor.

elDiario.es ha tenido acceso a varios audios de reuniones y conversaciones celebradas en 2013 y 2017 entre el entonces comisario José Manuel Villarejo y la que en ese momento era secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que demuestran cómo la dirigente política estaba al tanto de las operaciones ilegales de la llamada brigada patriótica. Estas pruebas han estado dos años guardadas en un cajón del juzgado que investigaba la única operación de esta policía patriótica que hasta ahora ha llegado a juicio. 

Con José Manuel Romero, director adjunto y jefe de Política de elDiario.es, ponemos contexto y analizamos la relevancia de estas grabaciones. Con Pedro Águeda, periodista especializado en Tribunales, intentamos responder a la pregunta de por qué estas pruebas han estado guardadas tanto tiempo en un cajón y cuál es la situación actual de Villarejo, símbolo de las cloacas del Estado.

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Este jueves ha continuado la declaración del principal acusado en el caso de la Trama Eólica, el exviceconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León, Rafael Delgado, en una causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la concesión de autorizaciones para parques eólicos durante la década de los 2000. La Fiscalía Anticorrupción solicita para él más de 40 años de prisión y multas millonarias, aunque Delgado volvió a negar haber recibido dádivas o intervenido en operaciones ajenas a la legalidad, y sostuvo que las denegaciones de proyectos respondían a criterios estrictamente técnicos, en particular a la solvencia financiera de las empresas promotoras.

El exviceconsejero ha insistido en que la capacidad económico-financiera de las compañías era un requisito establecido tanto por la normativa autonómica como por la estatal, y ha recordado que la Administración aplicaba el silencio negativo una vez transcurrido un año desde la presentación de la solicitud si la empresa no acreditaba recursos suficientes. Según ha explicado, esa valoración correspondía de manera ordinaria a los servicios territoriales de Industria y a la Dirección General de Energía y Minas, que emitían los informes previos y canalizaban gran parte del trabajo administrativo.

Delgado ha defendido que la Viceconsejería actuaba como un órgano de apoyo y no de decisión, responsabilidad que ha descargado en el entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva. En esa línea, ha reiterado, como ya hiciera en la sesión de este miércoles, que Villanueva era el encargado de mantener reuniones con grandes eléctricas y empresas promotoras, con las que abordaba tanto el ritmo de implantación de nuevos parques como la distribución de potencia disponible en los nudos de evacuación gestionados por Red Eléctrica de España. El acusado ha afirmado que desconocía muchos de esos encuentros y que los conoció años después, cuando pudo consultar la documentación judicial.

“Yo firmaba lo que me proponía la Dirección General”

El exviceconsejero también ha contextualizado el incremento de autorizaciones registrado entre 2006 y 2007, que ha atribuido al cambio regulatorio previsto a nivel estatal. Según su versión, aquella circunstancia generó una avalancha de solicitudes que obligó a acelerar trámites, siempre siguiendo, como ha asegurado, los informes emitidos por los departamentos competentes. “Yo firmaba lo que me proponía la Dirección General”, ha apostillado, recalcando que no intervino en la selección de socios locales ni en decisiones sobre participaciones societarias.

Sobre las sociedades Samuño Activos y Delgado Núñez Activos, en torno a las cuales la acusación pretende acreditar una estructura instrumental asociada al cobro de comisiones ilegales, Delgado ha negado haber percibido dinero de empresas beneficiadas por autorizaciones eólicas y aseguró que nunca dio instrucciones de paralizar expedientes o condicionar la obtención de permisos a la entrada de socios locales.

Rodríguez Recio asegura que recibió 4,5 millones por intermediar de manera legal

Tras concluir el turno del exviceconsejero, tomó la palabra el también acusado Jesús Rodríguez Recio, abogado y empresario a quien la Fiscalía sitúa como presunto testaferro de Delgado y se le piden se le piden diez años y medio de cárcel y multa de 25 millones. Rodríguez Recio, que se defiende a sí mismo en la causa, supuestamente tomo parte en operaciones de intermediación consideradas irregulares como de su vínculo con sociedades vinculadas a Delgado.

Este acusado ha defendido que todas sus actuaciones se basaron en contratos de prestación de servicios, acuerdos profesionales y operaciones mercantiles amparadas por la legalidad vigente. El encausado ha reconocido que ejerció labores de intermediación para Avanzalia System en 2007, en plena expansión del negocio eólico, pero negó que esas gestiones escondieran pagos encubiertos o favores ilícitos destinados a desbloquear autorizaciones administrativas.

En su relato, ha explicado que él y el también empresario Francisco Aguirre —fallecido y considerado una pieza importante en varias operaciones de la época— fueron contratados por Avanzalia para facilitar la adquisición de los parques Peña Cabra y Pico Milano, así como para resolver un problema técnico de evacuación eléctrica que afectaba a otra instalación. Según ha indicado, esas tareas requerían contactos profesionales, negociaciones con terceros y la intervención de especialistas conocedores del mercado energético, algo que justificaba la cuantía pactada, como ha señalado.

Rodríguez Recio ha reconocido que Avanzalia les pagó 4,5 millones de euros, una cifra elevada pero muy inferior a los 10 millones inicialmente acordados en el contrato. Asimismo, ha matizado que su cliente justificó el impago del resto alegando que los parques adquiridos “no eran muy buenos”, lo que dio origen a desacuerdos que nunca llegaron a resolverse y que, según ha añadido, se han arrastrado hasta la actualidad en paralelo a la causa penal.

El acusado también ha ofrecido detalles sobre la forma en que se canalizaron los pagos: a través de sociedades panameñas creadas para la ocasión y con fondos recibidos en Mónaco que posteriormente fueron transferidos a nuevas sociedades abiertas en Suiza en 2008. Según ha justificado el abogado ese circuito económico afirmando que fue Avanzalia quien impuso esas vías para completar la operación y defendió que no había en ello intención de ocultar patrimonio, sino de ajustarse a las condiciones pactadas con el cliente. Rodríguez Recio ha comentado que el propio Aguirre cobró parte del acuerdo mediante la entrega de un coche de lujo valorado en 70.000 euros, un elemento que, dijo, evidencia que los pagos se ajustaban a fórmulas diversas según lo convenido con su interlocutor.

Niega ser el testaferro de Delgado

Durante su intervención, Rodríguez Recio ha tratado en varias ocasiones de desmontar la acusación de que actuara como testaferro de Delgado. Ha señalado que su relación con el exviceconsejero era de amistad y colaboración profesional, pero negó haber gestionado fondos en su nombre o encubierto movimientos patrimoniales ajenos. En este punto, ha explicado con detalle la compra de un piso en el paseo Zorrilla de Valladolid realizada por la sociedad Samuño Activos, cuyo administrador era Delgado. El encusado ha explicado que esa adquisición estaba motivada por la intención de instalar allí la sede de las sociedades que ambos habían decidido poner en marcha una vez que Delgado abandonó la Junta en 2011, y que el inmueble se adquirió directamente a una entidad bancaria, sin intermediarios y con un precio acorde al mercado.

El abogado ha apuntado en que toda la actividad económica que desarrolló —ya fuese mediante sociedades creadas junto a Delgado o en operaciones con terceros— se realizó con documentación contractual, pagos registrados y causas mercantiles objetivas. Asimismo, ha matizado incluso el turno de palabra para recalcar que, como abogado, hubiera evitado cualquier movimiento que pudiera interpretarse como irregular o incompatible con la normativa tributaria, y atribuyó su situación procesal a la interpretación que diversas partes hicieron de operaciones complejas en un contexto empresarial que, según dijo, se movía con rapidez y bajo un marco regulatorio cambiante.

También ha afirmado que parte de los fondos obtenidos en estas operaciones, más de 700.000 euros, quedaron inmovilizados o se perdieron tras la apertura de la causa, al quedar bloqueadas diversas cuentas vinculadas a las sociedades investigadas. “El resultado final fue desastroso”, ha apuntado, en referencia a la situación económica y profesional en la que asegura haber quedado tras el inicio de las pesquisas judiciales.

La sesión terminó antes de que el fiscal concluyera el interrogatorio al acusado, por lo que su declaración continuará en la próxima vista el lunes 15.

Recuperamos el episodio que le dedicamos a la fabricación de un relato falso desde lo más profundo del Estado, un montaje policial con connivencia política. Un montaje en el que se intentó demostrar que el fundador de Podemos y eurodiputado en ese momento, Miguel Urbán, entregó 40 kilos de cocaína procedente de Venezuela, en un pub de Madrid, a cambio de una suma de dinero desorbitada que ayudaría a financiar a Podemos.

El periodista de elDiario.es Pedro Águeda, especializado en tribunales y asuntos de seguridad, nos cuenta los detalles de este montaje policial que buscaba evitar que PSOE y Podemos pactaran un Gobierno de coalición en España.

*** Este episodio se emitió por primera vez el 22 de mayo de 2025 ***

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Un tribunal de Madrid ha condenado a un agente de la Policía Nacional a tres años de cárcel por inventarse que una mujer detenida le había roto una ceja de un cabezazo en la comisaría de Leganitos, en el centro de la capital. La mujer, arrestada en la pandemia por saltarse el confinamiento, llegó a ser imputada por agredir al policía, pero la insistencia de su abogada en pedir las imágenes de las cámaras de seguridad demostró que había sucedido lo contrario: el agente había estrellado la cabeza de la mujer contra una puerta y él mismo se había chocado contra el marco. Después, añaden los jueces, falsificó el atestado apoyado por otro policía acusado también de falso testimonio por encubrirle.

Según la documentación judicial a la que ha tenido acceso elDiario.es, los hechos ocurrieron una noche de mayo de 2020 en el centro de Madrid. El policía y su compañero acudieron al barrio de Lavapiés porque una mujer se estaba saltando las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia y terminaron deteniéndola para llevarla a la comisaría de Leganitos.

Una vez allí, el policía engrilletó a la mujer y le puso las manos a la espalda, aunque ella se mostraba “sumisa” y no ejecutó “oposición de ningún tipo”, y la introdujo en la comisaría con la espalda doblada hacia adelante. Empezó entonces a abrir puertas dentro de la comisaría usando la cabeza de la mujer como un ariete hasta que una de las puertas rebotó con fuerza y dio al agente en la cara, haciéndole una brecha en una ceja. El agente arrastró a la mujer hasta un calabozo, donde quedó boca arriba y con las manos atadas, y se puso a elaborar el atestado.

La abogada del turno de oficio que asistió esa noche a la mujer no sabía nada de ese episodio y pidió sin éxito que fuera llevada inmediatamente ante un juez, pero tuvo que esperar al día siguiente para acudir al juzgado de guardia. Allí se llevó una sorpresa: el atestado que le habían leído verbalmente la noche anterior no se correspondía con lo que había llegado a la mesa de la jueza. Ahora tenía un párrafo más que acusaba a su clienta de haber ejercido una “férrea resistencia” y de haber dado un cabezazo al policía hasta romperle una ceja. El policía, incluso, había ido a un hospital para recibir puntos de sutura.

El juzgado mantuvo a esta mujer imputada durante más de medio año bajo la acusación de haber agredido y lesionado al policía nacional hasta que accedió a la petición de la abogada: obtener y analizar las imágenes de las cámaras de seguridad. Horas y horas de metraje que, una vez ordenadas, mostraban la realidad: la mujer no se había resistido y el agente se había roto una ceja contra una puerta mientras maltrataba a la detenida y se abría paso por la comisaría usando la cabeza de la mujer como un ariete.

La causa se archivó contra la mujer, la acusada se convirtió en víctima y el agente de Policía Nacional pasó a estar acusado por un rosario de delitos relacionados con la falsificación del atestado y sus mentiras posteriores. La Fiscalía pidió casi cinco años de cárcel para él y la primera sentencia, de la Audiencia Provincial de Madrid, le impuso tres años y medio de presidio al considerarle culpable de falsedad documental y denuncia falsa. El Tribunal Superior de Justicia, tras un recurso, ha reducido la condena a tres años al entender que el segundo delito ya forma parte del primero y que el policía no dio uso posterior al atestado.

“Alteró la realidad de los hechos a conciencia”

El discurso del policía y su compañero fue cambiando a medida que el proceso judicial se alejó de la mujer y se dirigió contra ellos. Si durante la fase de instrucción los dos dijeron que, efectivamente, la mujer había dado un cabezazo al policía, en el juicio fueron variando su versión para restar importancia al suceso y afirmar que fue algo “fortuito”, de poca gravedad y poco menos que un accidente sin importancia.

Los jueces de ambos tribunales entienden que este policía “faltó intencionadamente a la verdad”, atribuyendo “una clara agresión” a la mujer cuando ella, esposada y “sumisa”, no había hecho nada. El policía nunca reconoció por qué falsificó el atestado, pero la Audiencia Provincial de Madrid especuló con las posibilidades: “Como represalia por la actitud reivindicativa de la abogada, para justificar la detención policial, para encubrir las lesiones físicas visibles de la detenida, o por otros motivos desconocidos”.

El TSJ es claro al explicar lo que revelaron las cámaras de la comisaría de Leganitos: “No se aprecia resistencia alguna, ni férrea ni liviana, por parte de la detenida”. Pero sí se ve cómo el policía usó su cabeza para abrir puertas y cómo él mismo se rompió la ceja contra una de ellas. “No hay ni rastro de una posible colisión voluntaria ni fortuita entre las cabezas de ambos”, dicen sobre la completa ausencia de un cabezazo de la mujer. “Alteró la realidad de los hechos a conciencia” en el atestado, dicen los jueces, y la consecuencia es que la mujer estuvo varios meses imputada por un delito que podría haber acabado con ella en la cárcel.

El caso ya está en manos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, pero la condena impuesta por los jueces madrileños a este policía implicará su ingreso obligatorio en prisión, además de exponerse a perder la placa. Tres años de cárcel por falsedad documental, inhabilitación para ejercer como policía mientras dure la condena, una multa de 2.400 euros y una indemnización de 3.000 euros más para la víctima. Los jueces dedujeron testimonio contra su compañero porque entendieron que mintió en el juicio para encubrir al acusado.

“A lo mejor hubiera sido condenada por atentado”

La abogada del turno de oficio que atendió esa noche a la mujer se llama Ana Méndez y llevó su defensa hasta que el caso ha terminado con una condena de cárcel para el policía. Se quejó ante la jueza cuando vio aparecer el párrafo del atestado que no estaba la noche anterior, se quejó ante el Colegio de Abogados y al final consiguió que la comisaría enviase las imágenes de sus cámaras de seguridad. “Nos mandaron las imágenes que correspondían a dos días y eran ocho cámaras, imagina la de horas y horas que nos dieron en bruto”, relata.

Hizo una labor de reconstrucción hasta que pudo ver “el recurrido de ella” por la comisaría de Leganitos, cuando vieron “clarísimamente”, explica a elDiario.es, “no solo el trato vejatorio que le habían dado, sino que la herida se la había hecho, precisamente, porque iba abriendo las puertas con la cabeza de ella y en una de esas se golpeó la ceja porque la puerta rebotó. Eso se ve sin lugar a duda, no es un hecho controvertido”.

Un policía, contra el que se dedujo testimonio por mentir, “sí intentó proteger a su compañero”. Pero también considera que otro, el instructor del expediente, también buscaron “eludir su propia responsabilidad”. El vídeo, en cualquier caso, fue la clave para que su clienta pasara de ser acusada a ser la víctima de un abuso policial. “Lo que es muy grave es que a lo mejor mi representada hubiera sido condenada por atentado”, explica Méndez.

En su defensa, el policía intentó alegar ante los distintos tribunales que las imágenes habían sido “cortadas y pegadas” por la defensa de la mujer y que no reflejan la realidad de lo que sucedió. Los jueces explican que esas imágenes salen del bruto enviado por la comisaría, y en todo caso apuntan a que faltan algunas. “Falta, es llamativo, la grabación de la cámara que permitiría visualizar lo sucedido tras atravesar las puertas batientes antes de llegar al precalabozo”, dice la Audiencia Provincial. Faltan, por tanto, las imágenes del lugar donde la víctima asegura que fue agredida después de que el policía abriera una puerta con su cabeza.

Los jueces le imponen, a falta de lo que diga el Supremo, tres años de cárcel y recuerdan que los agentes de policía nacional “no son simples particulares”, sino que su palabra va directa a un atestado que puede llevar a “la incoación de un proceso penal” y convertirse en una prueba contra alguien. Tal y como dijo la Fiscalía en el juicio, falsear así un atestado “quebranta gravemente la confianza en la veracidad que suele presumirse en las actuaciones policiales”.