El juez Juan Carlos Peinado ha dictado un auto por el que acuerda citar a Begoña Gómez y a su asistente en la Moncloa, Cristina Álvarez, este martes para la celebración de la última audiencia preliminar antes de llevarlas a juicio ante un jurado popular por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación o apropiación indebida. En la resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado ordena citar “personalmente” a ambas investigadas a las 18 horas. Gómez ha pedido un aplazamiento de la cita porque su abogado, Jaime Campaner, volará este martes a Barcelona para atender a otro proceso judicial; y Álvarez ha notificado que “se encuentra actualmente de vacaciones fuera de España”.

La resolución se adopta después de que las defensas presentaran sus escritos de conclusiones provisionales y anunciaran que no renuncian a la celebración de esta comparecencia. Se trata de un trámite previsto en la ley que debe celebrarse antes de la apertura del juicio oral.

Por otro lado, Peinado ha negado la petición de la defensa de Begoña Gómez de que se tomara declaración como testigo al profesor José Manuel Ruano, codirector de la cátedra que la mujer del jefe del Ejecutivo colideró en la Universidad Complutense de Madrid. El magistrado argumenta que su comparecencia no es imprescindible para resolver sobre la apertura del juicio oral.

El nuevo abogado de la esposa del presidente del Gobierno, Jaime Campaner, presentó el pasado viernes de nuevo su escrito de conclusiones después de que el pasado julio la Audiencia Provincial de Madrid avalara el grueso de la investigación del juez Peinado. La defensa de la esposa del presidente pidió su absolución con el argumento de que los hechos por los que la acusación popular de HazteOir solicita 13 años de cárcel “no son ciertos” y “no existe delito alguno”.

La defensa de la asistente Cristina Álvarez también solicitó su absolución. Su abogado, José María de Pablo, sostiene en ese escrito que los hechos descritos por el juez “no son constitutivos de delito” y que la causa “está condenada a la disolución del jurado”.

La defensa de Begoña Gómez ha presentado de nuevo su escrito de conclusiones después de que el pasado julio la Audiencia Provincial de Madrid avalara el grueso de la investigación del juez Juan Carlos Peinado. El nuevo abogado de la esposa del presidente del Gobierno, Jaime Campaner, defiende que los hechos por los que la acusación popular de HazteOir solicita 13 años de cárcel “no son ciertos” y “no existe delito alguno”.

El escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, trata de desmontar la tesis de las acusaciones de extrema derecha que sustentan la causa y que defienden que Begoña Gómez se valió de su condición de esposa del presidente del Gobierno para impulsar su carrera y que, además, lo hizo con la ayuda de su asistente en la Moncloa, Cristina Álvarez.

Su abogado defiende que desde la llegada de la democracia es una “costumbre” que las cónyuges del presidente cuenten con personal de apoyo para tareas de “carácter institucional”, pero también de “naturaleza privada o profesional”. Para apuntalar este argumento, de cara al juicio aporta como prueba documental pasajes del libro de memorias de Ana Botella, donde la esposa de José María Aznar detalla que su asistente personal la acompañaba en actos oficiales y en tareas estrictamente privadas, como asistir a desfiles de moda, al Camino de Santiago o con los preparativos de la boda de su hija.

También pedirá que se exhiban durante el juicio las fotografías en las que Jaime de los Santos, actual miembro de la Ejecutiva del Partido Popular, aparece portando las bolsas de la tienda Escada de Elvira Fernández, esposa de Mariano Rajoy. De los Santos cobró del erario público por desempeñar el puesto de asistente de la mujer del entonces presidente.

Según el escrito, el propio certificado de funciones de la asistente alude a que sus tareas de “gestión de la agenda”, “preparación de la presencia en reuniones, visitas y/o eventos” o “acompañamiento en desplazamientos” incluyen cuestiones tanto públicas como privadas. La defensa de Begoña Gómez insiste, además, en que Cristina Álvarez no ha desatendido sus funciones como asistente por auxiliarla en cuestiones relacionadas con la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense, dado que realizaba horas extra por las que no cobraba más remuneración.

La cátedra de la Complutense

Parte de la investigación impulsada por el juez Peinado gira en torno a la actividad profesional de Gómez en la Complutense. Según el juez, desde la llegada de Pedro Sánchez, primero a la Secretaría General del PSOE y, sobre todo, al Gobierno, “se tomaron determinadas decisiones públicas favorables” a esa cátedra gracias a su “posición relacional”.

El escrito recuerda que Begoña Gómez ya venía colaborando con la Complutense desde 2012, “mucho antes de que su marido accediera a la presidencia del Gobierno”. Además, detalla que solicitó la excedencia en su empresa de consultoría (Inmark) en junio de 2018 precisamente para evitar cualquier conflicto de interés. E insiste en que “no influyó ni ejerció presión moral” para conseguir esa cátedra.

El juez otorgó total relevancia al hecho de que Begoña Gómez utilizara el Palacio de la Moncloa para mantener reuniones sobre proyectos empresariales y académicos, como el encuentro en el que según la defensa del presidente “surgió la idea” de crear esa cátedra. Peinado dijo que eran conductas que “parecen más propias de regímenes absolutistas” y que habría que “remontarse al reinado de Fernando VII” para analizar estos hechos.

En su escrito, el abogado alega que Begoña Gómez se puso en contacto con el rector “para charlar por teléfono, mantener una reunión online o en un lugar interdisciplinar como la Escuela de Gobierno de la Complutense”, pero que finalmente la reunión se celebró en la Moncloa —su domicilio oficial— porque esas dependencias estaban cerradas por la pandemia.

Asimismo, la defensa recuerda que, según el propio reglamento de la Complutense, las cátedras extraordinarias tienen como fin primordial la recaudación de fondos y no exigen una titulación universitaria superior para su dirección, que es el cargo que Begoña Gómez desempeñó de “forma gratuita” durante cuatro años. Además, al no ser funcionaria, solo podía cobrar un máximo de 15.000 euros al año por los dos másteres que impartía en ese centro.

Sobre la supuesta apropiación indebida de un software para pequeñas empresas ligado a la cátedra, el letrado afirma que la propiedad de esa herramienta digital siempre fue de la Complutense. Y que el registro “funcional y provisional” de la marca y de la web transformatsc.org a nombre de su clienta se debió a indicaciones de la propia Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Complutense, que no tenía un cauce propio para registrar dominios. Además, defiende que se hizo para evitar que terceros se lo apropiaran.

Por último, el escrito recalca que las facturas emitidas por la sociedad mercantil de Gómez por unos talleres de sostenibilidad fueron fiscalmente “neutras”, ya que los ingresos recibidos se destinaron íntegramente a pagar a los técnicos colaboradores, sin reportarle ningún beneficio.

El escrito califica de “temeraria” la actuación tanto de la acusación popular que lideran los ultracatólicos de HazteOir, como de la Complutense, que está personada para reclamar la responsabilidad civil por los supuestos daños o “perjuicios patrimoniales” derivados de las actuaciones investigadas.

A este respecto, la defensa de Begoña Gómez insiste en que la Complutense no sufrió ningún perjuicio patrimonial, ya que el software se financió íntegramente con patrocinadores privados, e incluso se quedó con un remanente de 29.685 euros tras el cese de la cátedra. En consecuencia, solicita que se condene en costas tanto a la acusación popular como a la Complutense.

La defensa de Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez en La Moncloa, ha presentado de nuevo su escrito de conclusiones ante el juez Juan Carlos Peinado después de que en julio la Audiencia Provincial de Madrid acotara de nuevo la instrucción del magistrado. El letrado de la asistente señala ahora que los hechos descritos por el juez “no son constitutivos de delito” y que la causa “está condenada a la disolución del jurado”.

La Audiencia Provincial decidió en julio que la asistente de Begoña Gómez debía ser juzgada pero solo por un presunto delito de malversación de caudales públicos en relación con el supuesto desvío del software de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), por lo que la colaboradora de Gómez no será juzgada en ningún caso por tráfico de influencias.

Ahora, en el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, el letrado José María de Pablo detalla que la asistente “no intervino personalmente en la contratación” del dominio de 'TransformaTSC' -donde se alojaba el software presuntamente desviado- ni en su posterior transferencia a la esposa de Pedro Sánchez. Añade que tampoco intervino en el registro de la marca denominada Plataforma de medición de Impacto Social y Medioambiental www.TransformaTSC.org' que “fue solicitada y registrada directamente y a título personal por la propia Begoña Gómez”, y que tampoco intervino “en la constitución de la sociedad Transforma TSC SL”.

Con todo, sí que explica que “debido a la estrecha relación laboral como asistente, y personal como amiga” con Begoña Gómez sí la ayudó “voluntariamente en algunas tareas administrativas relacionadas con la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la UCM” que la esposa del presidente del Gobierno codirigía.

Cabe recordar que parte del contenido de esa cátedra consistía en la creación y desarrollo de un software o programa informático, denominado 'Plataforma TSC' que consistía en una aplicación que permitiera de forma gratuita a las pymes medir el impacto social y medioambiental en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

Tras explicar las diferencias entre un software, un servidor y un dominio, el letrado interesa la libre absolución de su defendida y propone imponer a la acusación popular liderada por la asociación HazteOir el pago de las costas procesales ocasionadas a la asistente dado que se ha acusado a su mandante “por unos hechos que, aunque fuesen ciertos, nunca podrían ser constitutivos de delito: No cabe mayor temeridad”.

“Es un disparate —solo explicable por la intencionalidad exclusivamente política y mediática que mueve a la acusación popular— acusar a mi mandante de cooperación necesaria en la contratación de un dominio mientras se reconoce que esa contratación la llevó a cabo en solitario y sin ayuda Blanca de Juan”, añade haciendo referencia a quien era coordinadora de la Cátedra Extraordinaria de la UCM.

En este sentido, abunda en que Álvarez acompañó a Begoña Gómez el 6 de septiembre de 2022 a la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) para tratar aspectos del procedimiento para el registro de la propiedad intelectual de algunos elementos de la cátedra, como el software o su marca, así como para la contratación del dominio. Y añade que en dos correos posteriores, ese departamento les remitió información en la que indicaban que desde la UCM “nunca se habían registrado dominios, por lo que se enviaba un enlace con información sobre cómo hacerlo”.

Recuerda, además, que en septiembre de 2024, una vez fue imputada Gómez, su abogado remitió un correo a la UCM explicando que era necesario renovar ese dominio porque caducaba y que ella no iba a proceder a la renovación. “La Universidad Complutense no llevó a cabo ninguna gestión, de modo que el dominio caducó y, en consecuencia, los internautas dejaron de tener acceso al software”, recuerda. Añade a esto que el software desde su desarrollo siempre estuvo “alojado en un servidor de Google Cloud Platform a nombre, como propietarios, de un empleado de la Universidad Complutense y de cuatro técnicos de Devoteam” -subcontratada de Google-.

El pleno de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid acordó en julio avalar la decisión del juez Juan Carlos Peinado de que el caso abierto en 2024 contra Begoña Gómez siga por el procedimiento del Tribunal del Jurado. Esta decisión supone que será un jurado popular conformado por nueve residentes en la Comunidad de Madrid quien emitirá un veredicto sobre la culpabilidad o no culpabilidad de Begoña Gómez por dos delitos: tráfico de influencias y malversación.

José Luis Rodríguez Zapatero afronta el regreso de la actividad en los tribunales con varios hitos pendientes. Por un lado, las declaraciones de los dimitidos presidente y CEO de Plus Ultra, que lo implicaron en el cobro de una comisión de 530.000 euros por ese rescate, previstas para los días 7 y 8 de septiembre. Por otro, está pendiente de fecha la citación a sus hijas, también investigadas por su empresa, Whathefav, a la que el juez sitúa como receptora de fondos del entramado de Julio Martínez. Y, además, tiene pendiente desde hace casi tres meses responder por el origen de las joyas que se localizaron en una caja fuerte en su despacho.

Zapatero es el primer presidente del Gobierno en comparecer como imputado ante un juez, aunque no es el primer líder del ejecutivo central que pasa por los juzgados. Su comparecencia implica que todos los presidentes de la democracia española, desde Adolfo Suárez hasta Pedro Sánchez, han comparecido por orden de los juzgados, aunque hasta ahora todos lo habían hecho como testigos y Zapatero es el primero acusado de un ramillete de delitos relacionados con su actividad profesional posterior a su vida en el Palacio de La Moncloa.

Zapatero, el rescate de Plus Ultra y las joyas

José Luis Rodríguez Zapatero, presidente durante dos legislaturas entre su victoria de 2004 y las elecciones anticipadas que perdió en 2011, está siendo investigado por dos motivos distintos: su relación con el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea Plus Ultra y también por las joyas, valoradas en más de un millón de euros, que los agentes de la UDEF encontraron en su despacho de la calle Ferraz. En la causa se investigan hasta siete delitos de organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental, blanqueo de capitales, contrabando y delitos fiscales.

El expresidente del Gobierno quedó en libertad sin cautelares tras declarar durante dos horas ante Calama para negar todas las acusaciones, unas explicaciones que no terminaron de convencer ni al juez ni a Anticorrupción. Rechazó haber usado su influencia como antiguo líder del Ejecutivo para favorecer el rescate millonario de la aerolínea y negó también, por tanto, haber cobrado una comisión por ello. Ni a través de pagos de empresas ni a través de la agencia de sus hijas ni tampoco a través de una hipotética sociedad en Dubái.

La defensa del expresidente está pendiente de la respuesta que pueda dar el juez instructor a sus peticiones de anular la causa. Tras rechazar de plano los recursos inicialmente, Calama rectificó y accedió a revisar ocho resoluciones, la mayoría dictadas por el juzgado de Madrid que investigó el rescate de Plus Ultra antes de que la Audiencia Nacional asumiera el caso.

Por otro lado, Zapatero pidió más tiempo para recopilar información sobre la segunda de las acusaciones que pesan sobre él: las joyas que los agentes encontraron en una caja fuerte de un despacho anexo al suyo. Joyas que, según una tasación encargada por el juzgado, tienen un valor aproximado de 1,3 millones de euros. Ahora el juez quiere saber cuándo las obtuvo Zapatero, si las declaró correctamente o si incurrió en delitos fiscales y de contrabando.

Han pasado ya casi tres meses desde que el expresidente del Gobierno pidió más tiempo para recopilar documentación y justificar la presencia de estos objetos, algunos individualmente tasados en más de 200.000 euros. En la entrevista que concedió en julio a TVE, evitó responder sobre su procedencia e insistió en que prefería reservar esa información para entregársela al juez. Las calificó de “regalo de cortesía, personal, de hace muchos años”. Ante la insistencia del presentador, Javier Ruiz, ni siquiera precisó de qué país procedía el regalo.

Adolfo Suárez y el caso Banesto

Adolfo Suárez González fue el primer presidente de la democracia española, entre 1976 y 1981, pero su declaración como testigo en un juzgado no llegó hasta más de una década después. Fue en octubre de 1998 cuando compareció en la Audiencia Nacional en el marco del caso Banesto para responder sobre las palabras del banquero Mario Conde, quien afirmaba haber entregado 300 millones de pesetas al Centro Democrático y Social (CDS) de Suárez a cambio de hacer gestiones ante el Banco de España a favor de la entidad. Unos años antes también había comparecido de forma voluntaria en fase de instrucción. “No recibí en absoluto ni yo, ni el CDS, dinero de Banesto, ni de ningún trabajador de la entidad”, dijo Suárez ante los jueces de la Audiencia Nacional.

El caso Banesto terminó con en 2002 con el Tribunal Supremo elevando la condena de Mario Conde hasta los 20 años de cárcel. La Fiscalía, casi una década antes, se había querellado contra Conde y los exdirectivos del banco como responsables del agujero de más de 500 millones de pesetas que llevó a la intervención del Banco de España. Los tribunales concluyeron que Conde se quedó con 300 millones del banco y que justificó verbalmente su salida para hacer “un pago” a Adolfo Suárez “por un servicio que había prestado ante el Banco de España”. El dinero salió en bolsas de deporte y su destino final nunca fue conocido, por lo que la afirmación de Conde se quedó en un argumento de defensa sin pruebas.

Felipe González y el terrorismo de Estado

El socialista Felipe González tomó el relevo de Adolfo Suárez en 1982 hasta que perdió ante José María Aznar en 1996. Para entonces su Gobierno y el PSOE se habían enfrentado a diversos escándalos, pero pocos al nivel del terrorismo de Estado de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) destapados por El Mundo en 1994. La guerra sucia contra ETA que fue juzgada en el Tribunal Supremo dos años después de la salida de González de La Moncloa y el expresidente tuvo que testificar señalado como la “X” del caso y con parte de su cúpula de Interior en el banquillo. El alto tribunal, que declaró probado el secuestro de Segundo Marey, siempre rechazó responsabilizar penalmente a Felipe González.

La Sala de lo Penal del Supremo dictó sentencia ese mismo año con condenas para los 12 encausados y el voto en contra de cuatro integrantes del tribunal. Los hechos probados relataban cómo los mandos de Interior autorizaron el secuestro ilegal de un dirigente etarra, primero con efectivos policiales y después con “mercenarios franceses”. En su lugar los mercenarios entregaron a los policías involucrados al ciudadano francés Segundo Marey, a quien habían confundido con el etarra.

Esa no fue la última testifical de Felipe González por ilegalidades cometidas durante su mandato. Tres años más tarde compareció ante la Audiencia Provincial de Madrid en el juicio contra el exministro José Barrionuevo, Rafael Vera y media docena de altos cargos policiales y de Interior. En esta investigación, que terminó con condenas de cárcel por malversación por el desvío de fondos reservados para pagar el “enriquecimiento personal”, González testificó para negar estas irregularidades y afirmar que sus antiguos colaboradores eran víctimas de una “cacería” contra él.

Mariano Rajoy, la Gürtel y la Kitchen

Mariano Rajoy Brey, presidente del Gobierno del PP desde la derrota del PSOE en 2011 hasta la moción de censura de 2018, ostenta el récord de veces que un presidente del Gobierno ha testificado por hechos ocurridos durante su mandato. También es el único en haber comparecido ante un tribunal mientras todavía vivía en el Palacio de La Moncloa. Lo hizo dos veces en dos juicios diferentes de la trama corrupta Gürtel que anidó en las administraciones públicas gobernadas por su partido, y una última vez hace pocas semanas en el caso Kitchen de corrupción policial que también, esta todavía supuestamente, se desarrolló bajo su mandato.

Su primera testifical fue en el juicio de la trama principal del caso Gürtel en 2017. El entonces todavía presidente del Gobierno compareció ante la Audiencia Nacional con un fuerte dispositivo de seguridad y negó, en una declaración atropellada y con cortes del juez Ángel Hurtado, haber tenido constancia de la existencia de la trama Gürtel que durante años dominó la contratación pública allí donde gobernaba el PP. El partido fue condenado como responsable a título lucrativo por beneficiarse del entramado.

Su segunda testifical en el caso, esta vez en el juicio de 2021 por la caja B del PP, fue telemática y se saldó con más negaciones de Rajoy sobre la existencia de la contabilidad paralela y con una nueva condena para el PP, esta vez como responsable civil subsidiario del fraude fiscal derivado de la reforma de su sede con dinero negro.

“Yo me llamo Mariano Rajoy y luego cada uno me llama como quiere”. El expresidente del Gobierno volvió a vestirse de testigo el pasado mes de abril y remató así su declaración en el juicio de la operación Kitchen, el operativo policial ilegal supuestamente puesto en marcha bajo su mandato por el Ministerio del Interior para espiar a Luis Bárcenas y robar pruebas comprometedoras para el PP y el propio Rajoy. El caso, que todavía está siendo juzgado en la Audiencia Nacional, tiene en el banquillo a su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, así como diversos mandos policiales y al comisario jubilado José Manuel Villarejo. Y Rajoy negó que Bárcenas le pudiera haber grabado destruyendo documentación sobre una caja B del PP que, en paralelo, los tribunales han declarado probada en firme.

José María Aznar y el caso Gürtel

José María Aznar estuvo al frente de los gobiernos del PP desde su victoria ante Felipe González en 1996 hasta su derrota ante Zapatero en 2004. Y testificó junto con Mariano Rajoy en el juicio de la caja B del Partido Popular en 2021, también de forma telemática y en su caso con mascarilla. “No he recibido ningún sobresueldo. Lo que hicieran mis sucesores ni me interesa”, dijo el expresidente del Gobierno.

Pedro Sánchez y la visita del juez Peinado

El 31 de julio de 2024 el juez Juan Carlos Peinado llegó en coche al Palacio de la Moncloa y pasó menos de dos minutos ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El magistrado decidió llamar a declarar a Sánchez en la causa en la que investiga a su esposa, Begoña Gómez, y el presidente del Gobierno, que intentó sin éxito declarar por escrito como facilita la ley, optó por acogerse a su derecho a no declarar en una causa penal abierta a un familiar directo.

El magistrado justificó su decisión de tomar declaración a Sánchez en una línea: “Se considera conveniente, útil y pertinente recibir declaración al esposo de la investigada”. Esa no fue la última visita de Peinado a Moncloa. Ya en abril de 2025 tomó declaración a Félix Bolaños después de que el juez solicitara una tarima para que su mesa fuera la más alta de la estancia.

El juez Juan Carlos Peinado encara sus últimas semanas en activo con un asunto que puede marcar el final de su trayectoria en la carrera judicial: su posible sanción disciplinaria. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) empezará a analizar en septiembre si las quejas que le trasladó el pasado julio el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pueden acarrear una sanción leve para el juez que ha logrado sentar en el banquillo a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, según informan a elDiario.es fuentes jurídicas.

La jubilación forzosa de Peinado está prevista para el 27 de septiembre, cuando cumplirá la edad máxima que pueden tener los magistrados en activo, fijada en los 72 años. A partir de entonces, se extinguirá cualquier posibilidad de sanción disciplinaria. Tras el parón del mes de agosto, el tribunal madrileño empezará a analizar la documentación a partir de septiembre. En primer lugar, tendrá que decidir si le abre expediente disciplinario o rechaza de plano emprender cualquier actuación con las diligencias que le remitió el Consejo General del Poder Judicial.

En todo caso, teniendo en cuenta el protocolo a seguir y los plazos temporales tan ajustados, las fuentes consultadas auguran que Peinado solo podría ser reprendido con la sanción menos severa de entre todas las que tienen carácter leve si es que finalmente el tribunal decide imponerle algún correctivo. Se trata de la sanción de advertencia, una especie de reproche disciplinario formal sin ni siquiera multa económica.

El artículo 422.1 de la ley del Poder Judicial determina que la advertencia se impondrá “sin más trámite que la audiencia del interesado, previa una información sumaria”. Las fuentes consultadas explican que se trata de un procedimiento rápido, en el que se analiza la documentación remitida por el CGPJ y se da audiencia al juez afectado, con lo que daría tiempo a culminar el proceso durante septiembre.

Además, la decisión depende únicamente de la presidencia del tribunal, un cargo que actualmente ocupa en funciones la magistrada Aurora de la Cueva después de que el pasado 20 de julio su anterior presidente, Celso Rodríguez Padrón, tomara posesión de su nuevo puesto en el Tribunal Supremo. De la Cueva ocupa el cargo de forma interina dado que es la presidenta de Sala más antigua de ese órgano judicial.

El procedimiento más largo dificulta la sanción

Las faltas leves como las que el CGPJ sospecha que pudo cometer Peinado también pueden ser castigadas con multa de hasta 500 euros o con multa y advertencia de forma conjunta. Sin embargo, en ese caso la ley prevé un trámite más complejo. El procedimiento exige la designación de un instructor que debe recabar pruebas y, si ve materia, hacer después un pliego de cargos que el expedientado puede contestar en el plazo de ocho días, así como proponer más pruebas.

Transcurrido ese plazo y previa audiencia de la Fiscalía, el instructor formulará propuesta de resolución, en la que fijará con precisión los hechos, hará la valoración jurídica de los mismos e indicará la sanción que estime procedente. Dicha propuesta de resolución se notificará al interesado, que tendrá otros ocho días para hacer alegaciones.

Una vez concluido este trámite, el expediente se remitiría a la Sala de Gobierno del TSJM, que es la competente para imponer por mayoría este tipo de sanciones. Ese órgano tiene ocho miembros, de los que al menos cinco pertenecen a la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

En caso de sanción, el magistrado y la Fiscalía pueden recurrir en la vía administrativa, sin perjuicio de los que procedan en la vía jurisdiccional. La ley establece que la resolución sancionadora será ejecutiva cuando agote la vía administrativa, aún cuando se hubiere interpuesto recurso contencioso-administrativo, salvo que el tribunal acuerde su suspensión.

Aunque la ley da un plazo máximo de un año para resolver los expedientes por este tipo de sanciones, las fuentes consultadas ven muy complicado que se puedan cumplimentar todas estas garantías procesales y plazos de alegación en menos de un mes desde que el TSJM retome la actividad en septiembre hasta el día 27 del mismo mes.

Ataques a la Policía

La primera de las diligencias remitidas al tribunal madrileño se abrió después de que la Comisión Permanente del CGPJ acordara remitir al Promotor de la Acción Disciplinaria el auto en el que Peinado justificó su decisión de retirar el pasaporte de Begoña Gómez por la posibilidad de que los policías que trabajan como escolta de la mujer del presidente o sus jefes pudieran ayudar en una posible fuga.

Los vocales del bloque progresista y la presidenta del órgano, Isabel Perelló, consideraron que la autoridad disciplinaria debía valorar si esas expresiones podían suponer una falta de desconsideración. Pero el Promotor propuso archivar ambas investigaciones y dejar sin sanción a Peinado por estos hechos. Argumentó que el Consejo únicamente puede intervenir si lo solicita el tribunal superior del juzgado correspondiente, algo que no ha sucedido en este caso.

Sin embargo, de nuevo los vocales progresistas y la presidenta entendieron que existe jurisprudencia del Tribunal Supremo que permite sancionar este tipo de expresiones sin cumplir ese requisito. En concreto, una sentencia de la de lo Contencioso-Administrativo de 2014 que confirmó una sanción a un magistrado por una falta de desconsideración respecto de instituciones, al haber empleado en distintas resoluciones judiciales expresiones plagadas de descalificativos hacia la Generalitat de Catalunya. Al tratarse de una falta leve, la competencia en este caso es del TSJM, de quien decidirá si hay o no sanción.

La segunda de las diligencias remitida al tribunal madrileño fue abierta tras la denuncia presentada por un particular que denunció que Peinado había tardado un año y siete meses en tramitar un procedimiento. De nuevo, el Promotor propuso el archivo al considerar que los hechos no revisten carácter disciplinario, pero la misma mayoría de la Permanente estimó, sin embargo, que pueden ser constitutivos de una falta leve de retraso y acordó su remisión.

Otros jueces sin sanción

El órgano de gobierno de los jueces tiene competencias para exigir responsabilidad disciplinaria a jueces y magistrados si su conducta se desvía de una serie de principios tasados entre los que están la independencia, la imparcialidad o el respeto a las partes. Las sanciones por faltas cometidas en el ejercicio de sus cargos pueden ir de multas económicas a traslados forzosos, suspensiones y expulsiones.

Sin embargo, las cifras evidencian que la mayoría de las investigaciones que se abren acaban sin sanción. En 2024, último año del que existen datos disponibles, el Promotor dictó 362 acuerdos de archivo de diligencias informativas y solo abrió 24 expedientes disciplinarios, de los que únicamente 11 acabaron en sanción.

Este año, el bloque conservador impuso su mayoría en la Comisión Disciplinaria y archivó sin sanción los expedientes abiertos al juez Manuel Ruiz de Lara, quien llamó “Barbigoña” a la mujer del presidente del Gobierno y al magistrado Eloy Velasco, que criticó a la exministra y eurodiputada de Podemos Irene Montero.

Además, la Permanente también archivó el pasado julio otras cuatro quejas contra Peinado. Entre ellas, las que presentó el ministro de Justicia, Félix Bolaños, por la actuación del juez cuando le interrogó como testigo en ese caso y cuando, después, pidió al Tribunal Supremo que abriera una causa contra él. Durante el interrogatorio, el juez acusó al ministro de contestar con “evasivas” y se permitió cuestionar alguno de sus gestos. Después, el juez tergiversó el testimonio del ministro para apuntalar su petición al Supremo de que abriera una causa contra él. El alto tribunal rechazó investigarle.

El archivo de esa queja se llevó a cabo con el voto favorable de los vocales conservadores y del consejero elegido a iniciativa de Sumar Carlos Hugo Preciado que, no obstante, sí se mostró partidario de denunciar a Peinado por los delitos de revelación de datos reservados y prevaricación en relación con otras de las quejas presentadas contra él que también resultaron archivadas.

El juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso contra Begoña Gómez, acata la petición de la Fiscalía Europea y acepta enviarle la investigación que abrió el pasado junio dentro de ese caso pero dirigida únicamente contra el empresario Juan Carlos Barrabés. La decisión tiene su origen en la reciente resolución de la Audiencia Provincial de Madrid, que excluyó al empresario del juicio con jurado que afrontará la esposa de Pedro Sánchez.

Esta nueva línea de investigación se centraba en un contrato de Red.es adjudicado a la UTE formada por la empresa de Barrabés (Innova Next) y la consultora KPMG. Se trata de una licitación que tuvo un presupuesto base de 4.053.500 euros y que contó con financiación de fondos de la Unión Europea. Ese hecho determina la competencia de la Fiscalía Europea, encargada de proteger los intereses financieros de la Unión.

El pasado junio, Peinado optó por abrir esta nueva línea de investigación tras recibir un decreto de la Fiscalía Europea en el que se detallaba que la adjudicación objeto de investigación “podría ser constitutiva de un delito de prevaricación y de fraude a los intereses de la Unión”.

Basándose en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los fiscales europeos afirmaban que la adjudicación “se habría obviado la inexistencia de un libro blanco” que era requisito necesario para concursar, según recogían los pliegos. Ese expediente no contó con ninguna carta de recomendación firmada por la mujer de Pedro Sánchez.

El abogado Jaime Campaner se hará cargo a partir de ahora de la defensa de Begoña Gómez después de que esta y el letrado que la ha defendido hasta ahora, Antonio Camacho, hayan adoptado de común acuerdo la decisión, que ya le han comunicado al juzgado, informan a elDiario.es fuentes del entorno de la investigada.

Las mismas fuentes trasladan la “gratitud” de Gómez con Camacho por “su trabajo realizado durante estos años, su rigor profesional y su entrega en la defensa de sus intereses en un proceso complejo y difícil en el que su buen trabajo ha sido fundamental”.

Antonio Camacho asumió la defensa de Gómez desde el principio de la causa y ha batallado contra la instrucción del juez Peinado hasta conseguir que sea juzgada solo por dos de los cuatro delitos que le atribuía el juez y que ha corregido la Audiencia Provincial. Camacho siempre ha orientado su defensa a que no existe un solo indicio que permita llevar al banquillo a Gómez por uno solo de los delitos de los que se le acusa, malversación y tráfico de influencias.

El nuevo abogado de Begoña Gómez, que deberá defender su inocencia ante un tribunal de nueve ciudadanos, es especialista en Derecho Penal Económico y en Derecho Procesal y cuenta con una dilatada experiencia. Además tiene un amplia trayectoria en juicio con jurado popular y ha formado a abogdos, fiscales y jueces para este tipo de procedimientos.

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha solicitado que Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su asesora, Cristina Álvarez, abonen 113.509,32 euros en concepto de responsabilidad civil por el uso del software investigado en la causa contra ellas y de personal de la institución educativa.

Así se desprende del escrito de conclusiones provisionales que la UCM ha remitido al juez que investiga la causa, Juan Carlos Peinado, y al que ha tenido acceso Europa Press, en la que la universidad está personada como perjudicada.

La UCM presenta este escrito tras la petición a las partes del magistrado instructor de ajustar sus peticiones para el juicio después de que la Audiencia Provincial de Madrid acordase archivar los presuntos delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida que había imputado a Gómez y Álvarez y confirmó mantener el juicio con jurado popular.

Ahora, la Complutense hace suyos los hechos recogidos en el auto de la Audiencia de Madrid que “confirman la existencia de indicios racionales suficientes para continuar el procedimiento respecto del presunto delito de malversación de caudales públicos” en el uso del software “desarrollado con medios, recursos y bajo el paraguas institucional” de la universidad.

De este modo, recuerda que Begoña Gómez codirigió una cátedra extraordinaria en la institución educativa y remarca que “la circunstancia de que parte de los recursos destinados” a ella procedieran de aportaciones privadas “no altera su naturaleza, en tanto dichos recursos quedaban afectados al cumplimiento de fines de interés público de carácter universitario y educativo”.

Así, identifica dos focos en la supuesta malversación. Por un lado, “el programa informático y conjunto de actuaciones encaminadas a desarrollar el software, elaborado en el marco de la Cátedra Extraordinaria, respecto del cual el tribunal, y previamente esta Administración, considera que constituye un activo perteneciente a la Universidad Complutense de Madrid, financiado mediante aportaciones de entidades colaboradoras y recursos económicos de la propia universidad”.

Por otro lado, indica que la resolución “integra dentro del concepto de caudal o patrimonio público la actividad desarrollada por personal al servicio de las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus funciones públicas”.

Cristina Álvarez, presunta “cooperadora necesaria”

La Complutense aprecia indicios de que “el software desarrollado en el seno de la cátedra habría sido desviado al ámbito de disponibilidad exclusiva de la investigada mediante el registro del dominio y de la marca a favor de la mercantil Transforma TSC sin conocimiento ni autorización” de la universidad.

Por todo ello, cuantifica “provisionalmente el perjuicio económico en 113.509,32 euros, derivado, de una parte, de la pérdida de disponibilidad del software desarrollado con recursos públicos y, de otra, del coste correspondiente a las retribuciones satisfechas con fondos públicos al personal cuya actividad, indiciariamente, habría sido destinada a fines particulares”.

Respecto a Cristina Álvarez, también hace suyos los argumentos de la Audiencia Provincial, que “fundamenta su eventual responsabilidad en calidad de cooperadora necesaria” del delito de malversación, “por su participación activa e indispensable en las gestiones dirigidas al desvío del referido activo patrimonial de la UCM hacia fines privados”.

“La Sala considera, con carácter indiciario, que su intervención constituyó un elemento personal indispensable para el desarrollo de la actividad desplegada en torno a la cátedra, excediendo las funciones inherentes al puesto que desempeñaba en la Presidencia del Gobierno y prestando una colaboración esencial para la realización de las actuaciones atribuidas a la codirectora de la cátedra”, concluye.

Peinado da tres días a las defensas sobre la audiencia preliminar

El juez Juan Carlos Peinado ha dado tres días a las defensas de Begoña Gómez y Cristina Álvarez para que informen si renuncian a la audiencia preliminar de las partes sobre la procedencia de la apertura del juicio oral, y les ha instado a que presenten su escrito de defensa en el plazo de cinco días, según una providencia de este 28 de julio a la que ha tenido acceso esta agencia de noticias.

El pasado 15 de junio, el magistrado ya celebró una audiencia preliminar a la que acudieron Gómez, Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, así como las partes y la Fiscalía, Días después de aquel trámite, el juez le retiró el pasaporte a la esposa de Sánchez, una decisión que fue revertida por la Audiencia Provincial de Madrid, que también archivó para ella y su asesora los delitos de apropiación indebida y corrupción en los negocios.

Por su parte, la Fiscalía ha avanzado que presentará un escrito de conclusiones absolutorias próximamente, tal y como hizo antes de que la Audiencia Provincial de Madrid acordase archivar para Gómez y su asesora los presuntos delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida que previamente le atribuía Peinado.

En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal traslada al juez que “no se formulará escrito de conclusiones provisionales en sentido acusatorio”, por lo que interesa “traslado posterior a fin de formular escrito de conclusiones absolutorias a la vista de las pretensiones que pueda ejercer la acusación popular unificada”.

El jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ha reaccionado a la noticia en un mensaje que ha compartido en la red social X y ha asegurado que “esto no hay vacaciones ni incendios que lo paren”. Además de compartir la petición de la Complutense, ha terminado diciendo que “van todos pá'lante”.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este martes que dejar en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dos de los asuntos que valoró el Promotor de la Acción Disciplinaria relativos a quejas contra el juez Juan Carlos Peinado. Una de ellas es relativa a su instrucción del caso abierto contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. En concreto, deja en manos de ese órgano jurisdiccional que valore si pudo incurrir en una falta leve de desconsideración. Algo que, como mucho, puede quedar en una advertencia y una multa al magistrado.

En concreto, uno de esos dos asuntos es el que se abrió después de que la Comisión Permanente acordara remitir al Promotor de la Acción Disciplinaria el auto de medidas cautelares dictado por Peinado contra Begoña Gómez y su asistente Cristina Álvarez. El órgano de gobierno de los jueces considera que se debe valorar si las expresiones del juez en las que se sugería que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrían colaborar en una eventual fuga de la esposa de Sánchez pudieran ser constitutivas de una falta de desconsideración. Peinado acordó retirarle el pasaporte y prohibirle salir de España, algo que revocó la Audiencia Provincial de Madrid.

La decisión de remitir ese extremo al TSJM se ha adoptado con el voto de los vocales progresistas y con el voto de calidad de la presidenta, Isabel Perelló -los conservadores han anunciado voto particular discrepante-. Y todo a pesar de que el Promotor de la Acción Disciplinaria proponía el archivo por considerar que solo podría entrar a analizar esas manifestaciones si le fueran remitidas por el tribunal superior que conociera de la resolución en vía de recurso.

Frente a esto, la Comisión Permanente ha señalado que ya hay precedentes jurisprudenciales en el Supremo que permiten sancionar el uso de esas expresiones sin ese requisito de procebilidad. En concreto, en el seno de la Comisión se ha expuesto que ya se confirmó una sanción de suspensión de funciones impuesta a un magistrado por una falta de desconsideración respecto de instituciones, al haber empleado en distintas resoluciones judiciales expresiones plagadas de descalificativos hacia la Generalitat de Cataluña.

Por contra, en el voto particular formulado por los vocales conservadores sostiene que esas expresiones utilizadas por el juez sirven para explicar los motivos por los que él considera que procede su decisión de adoptar medidas cautelares. Recalcan que es una decisión estrictamente jurisdiccional y revisable por la vía ordinaria de los recursos y, por tanto, no es competencia del CGPJ.

El segundo asunto sobre el que deberá decidir el TSJM es la posible falta leve por un retraso injustificado que nace de una denuncia presentada por un particular, el periodista Nacho Abad. Se quejaba de que Peinado había alargado sin motivo la instrucción de un caso por calumnias desde junio de 2024 hasta enero de 2026. Una vez más, el Promotor de la Acción Disciplinaria propuso el archivo al considerar que los hechos no revisten carácter disciplinario, pero la Comisión Permanente estima que puede darse una falta leve de retraso y acuerda su remisión al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Otra vez se ha impuesto la postura progresista con el voto de calidad de Perelló.

En el voto discrepante de los conservadores, al que ha tenido acceso este medio, se indica que la jurisprudencia señala que no puede exigírsele al juez que padece una importante carga de trabajo que consulte los cientos de expedientes telemáticos para comprobar su estado cuando no se está ante una privación de libertad. Añade que la paralización ocasional de un procedimiento, no es representativa para derivar una conducta negligente. Y que debería haberse demostrado de manera inequívoca que la argumentación obedecía a una motivación espuria y que los planteamientos del magistrado no tenían la más mínima cobertura legal desde un punto de vista penal.

Las quejas de Bolaños

Las otras cuatro diligencias informativas abiertas contra Peinado han quedado archivadas siguiendo el criterio de Acción Disciplinaria. La más relevante era la que se abrió después de las quejas presentadas por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, contra el juez Peinado al que acusaba de actuar de forma “irregular” cuando le interrogó como testigo en La Moncloa y cuando, después, pidió sin éxito al Tribunal Supremo que abriera una causa contra él. En esa queja se incluía como “anómala” la petición del magistrado de un vehículo oficial para acceder al Palacio de la Moncloa o de una tarima para ubicarse, físicamente, en una posición más alta que la del compareciente.

Fuentes del Consejo consultadas por elDiario.es señalan que ese asunto concreto ha decaído gracias al voto en contra del vocal Carlos Hugo Preciado -nombrado a propuesta de Sumar- al que se ha sumado el de los conservadores. La presidenta del CGPJ no ha manifestado el voto porque ya habían ganado la votación los conservadores con Preciado.

La Comisión Permanente considera que las quejas se refieren a cuestiones accesorias de la declaración judicial basadas en interpretaciones de las normas procesales que pueden ser discutibles, pero que no alcanzan relevancia disciplinaria y no supusieron la vulneración de ningún derecho del testigo, y añade que aunque la diligencia se desarrolló en un clima de tensión, no hubo desconsideraciones explícitas al declarante.

El voto discrepante de dos vocales progresistas indican que la valoración del trato dispensado durante esa declaración no podía limitarse a constatar que no hubo insultos o expresiones abiertamente ofensivas porque esa falta de consideración puede resultar también de una conducta apreciada en su conjunto. A su juicio, la reiteración de advertencias, los reproches sobre la forma de responder y las censuras de los gestos del testigo excedían de un episodio aislado de tensión dialéctica y justificaban, al menos, la apreciación de una falta leve.

En cuanto a la queja de la asesora de Begoña Gómez por la filtración a un medio del contenido de una providencia que no había sido dictada, queda también en archivo. El Promotor concluyó que no ha resultado indiciariamente acreditado que fuera el propio magistrado quien anticipase al medio de comunicación su intención de dictar una resolución, así como su contenido.

En este asunto, el voto particular concurrente de Carlos Hugo Preciado indica que si bien está de acuerdo con la mayoría de la Comisión Permanente en que procede el archivo de la Diligencia informativa, difiere en que el motivo de ese archivo sea por falta de indicios suficientes. Resalta que él considera que las actuaciones revelan hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de revelación de datos reservados, y por tanto no es competente el CGPJ.

Por su parte, las vocales Argelia Queralt y Bernardo Fernández subrayan en su voto particular que si bien no estaba acreditado que el magistrado fuera la fuente de la filtración, eso no basta para cerrar el expediente sin haber agotado previamente las comprobaciones objetivas disponibles. Era necesario, para ellos, determinar con precisión quiénes conocían la decisión, desde qué momento y por qué vías pudo comunicarse. Añaden que no identificar al responsable tras una investigación limitada no equivale a haber demostrado que nada disciplinariamente relevante ocurrió.

Las quejas de Más Madrid

También se archiva la diligencia abierta por las quejas de Más Madrid y del diputado socialista en la Asamblea de Madrid Guillermo Hita, que acusaban a Peinado de haber acordado fuera de plazo la prórroga de una instrucción de una causa en la que se investiga un delito de malversación. El Promotor señala en su escrito que consta en el cronograma de la causa que no se dio cuenta al magistrado del estado de las actuaciones y, por tanto, del vencimiento del plazo para acordar la prórroga.

La Comisión Permanente ha tenido en cuenta la poca antelación con la que las acusaciones solicitaron la prórroga de la instrucción -apenas dos semanas antes de que finalizara el plazo-, así como los precedentes jurisprudenciales que señalan que acordar la prórroga de una instrucción fuera de plazo es un defecto procesal que produce la nulidad de las diligencias de investigación acordadas tras el vencimiento, pero que no supone automáticamente una infracción sancionable.

En el voto particular de Carlos Hugo Preciado contra esta decisión se explica que los hechos descritos en la queja no constituyen una infracción de la que deba conocer el CGPJ sino que presentan indicios de un ilícito penal que encajaría en el tipo de la prevaricación por imprudencia o ignorancia inexcusable o retraso malicioso en la administración de justicia. Añade que esto debe ser conocido por la jurisdicción penal.

En cambio, Fernández y Queralt rechazaron igualmente el archivo de esas diligencias concretas porque ni el elevado rendimiento del juzgado ni una referencia genérica a la falta de dación de cuenta permitían descartar toda responsabilidad sin reconstruir rigurosamente la secuencia de fechas y determinar a quién resultaba imputable la demora.

Por último, la Comisión Permanente ha tomado conocimiento de la propuesta de archivo de una diligencia informativa con origen en la denuncia de una particular que prestó declaración en condición de investigada y que sostenía que el magistrado no le permitió declarar por videoconferencia, trató con desconsideración a los letrados intervinientes y acordó medidas cautelares desproporcionadas.

Sobre este asunto, el Promotor de la Acción Disciplinaria señala que determinar si la toma de declaración debe hacerse de forma presencial o por videoconferencia es una decisión que los jueces adoptan en el ejercicio de su función jurisdiccional, por lo que, con independencia de que sea o no acertada, queda fuera del ámbito disciplinario. La misma situación se produce con la disconformidad frente a la adopción de medidas cautelares, una decisión jurisdiccional que las partes pueden recurrir ante el órgano superior.

La acusación popular de HazteOir solicita trece años de prisión para Begoña Díaz por un delito de tráfico de influencias y dos de malversación de patrimonio público en relación con sus trabajos para la Universidad Complutense de Madrid, según el escrito al que ha tenido acceso elDiario.es.

Por la creación de una cátedra extraordinaria, distinta del máster que venía impartiendo la mujer del presidente del Gobierno, la organización ultracatólica considera que ha cometido un delito de tráfico de influencias que debe ser castigado con dos años de cárcel. Asegura la acusación que Gómez “ideó la cátedra con total independencia de la Universidad Complutense” y luego se ayudó de Juan Carlos Barrabés, al que la Audiencia Provincial ha sacado del procedimiento del tribunal del jurado y su acusación seguirá por el trámite del procedimiento abreviado.

“Se nombró a Begoña Gómez directora de la Cátedra no siendo profesora o personal d e adminitración de servicios con vinculación permanente a la UCM”, dice HazteOir, pese a los años que llevaba la mujer del presidente trabajando en el máster de la Universidad. “Materialmente, [la cátedra] no fue una estructura académica sino un instrumento de captación de financiación y de mediios humanos y técnicos de las más punteras empresas tecnológicas del país, puestos al servicio del desarrollo del proyecto personal de la acusada”, concluye HazteOir, sin precisar cuál fue el beneficio que obtuvo Gómez.

La asociación ultra recurre a la reunión entre el rector de la Complutense y Gómez para concluir que fue “aprovechada por Begoña Gómez de manera voluntaria, libre y consciente de la influencia que se ejercía sobre el rector y, en cadena, sobre quienes se encontraban orgánica, instituciónal o académicamente por debajo de él, y fue asimismo consciente de la presión moral derivada del escenario en que tuvo lugar la reunión [Moncloa] y de su relación matrimonial con el presidente del Gobierno”.

En relación con la supuesta desviación de los trabajos que debía hacer para ella su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, HazteOir considera que ha cometido un delito de malversación de fondos públicos y que debe ser castigada con tres años de cárcel. La asistente envió correos electrónicos de parte de Gómez.

HazteOir considera que la retribución de Álvarez “está vinculada a la gestión de la agenda pública e institucional de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y en ningún caso para pagar una actividad laboral al servicio de los intereses laborales y mercantiles privados de la misma”.

A estos hay que sumar otro delito de malversación por el supuesto “uso y desvío hacia la esfera privada del software” de la Complutense, “desarrollado con fondos públicos de la Cátedra, mediante la utilización de marcas, dominio y sociedad mercantil”, añade. Este delito debe ser castigado, según los ultras, con ocho años de cárcel. En un principio, estos hechos estuvieron calificados como apropiación indebida, pero la Audiencia Provincial corrigió al respecto al juez Juan Carlos Peinado.

Gómez, con la ayuda de Álvarez, “se hizo con y puso bajo su poder de control y disposición, con ánimo de lucro, el programa informático generado en el seno de la Cátedra TSC. El activo le había sido confiado, en su condición de directora y después codirectora de la Cátedra, para una finalidad universitaria y debía quedar integrado en el patrimonio de la UCM. ”Sin embargo, no efectuó su entrega institucional ni formalizó a favor de la Universidad la cesión de los derechos de propiedad intelectual, de la marca o del dominio, sino que lo hizo accesible a terceros a traves de un dominio registrado a su nombre, empleo maras registradas personalmente, constituyó una sociedad mercantil de denominación coincidente y proyectó el activo hacia su esfera privada“, continúa.

Para Cristina Álvarez, HazteOir solo pide que se la castigue por cooperadora necesaria del delito de malversación del software con seis años de cárcel y un delito de inhabilitación absoluta por quince años. Para Gómez, la suma de los periodos de inhabilitación absoluta que solicita HazteOir es de 24 años y diez sin beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social.

HazteOir propone que declaren decenas de testigos en el juicio, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y el delincuente Víctor de Aldama.

La investigación y el procesamiento de la esposa del presidente del Gobierno por la justicia española, imputándole tráfico de influencias y malversaciones por la obtención de una cátedra en la UCM, es el ejemplo perfecto de la violación de uno de los principios constitucionales más relevantes de la democracia española y europeas: el Estado de Derecho.

El tráfico de influencias de un particular está regulado en el art. 429 del Código Penal, y consiste en la influencia en un funcionario público o autoridad “para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero”. Nada de esto, ni siquiera un indicio leve, parece haber existido en la conducta de Begoña Gómez. Imputarla por ello es una decisión que puede calificarse de arbitraria.

El otro delito de que se imputa a Begoña Gómez es “malversación” por una autoridad (art. 435 del Código Penal) de fondos públicos. Pero no hay indicio alguno de que tal conducta se haya producido, tal como señaló el Fiscal con todo lujo de detalles.

Sobre las dos imputaciones sobrevuela un principio capital del Estado de Derecho: la presunción de inocencia, que es, además, un derecho fundamental (art. 24.2 de la Constitución), con amparo ante el Tribunal Constitucional.

Este principio traslada a la parte acusadora (judicial o de acción popular) la obligación o carga de la prueba de la destrucción de la presunción de inocencia. Se exime así al imputado de la necesidad de demostrar su inocencia. Un derecho el de presunción de inocencia recogido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas (art. 14.2), en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (ar. 6.2) y en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (art. 46).

No basta en derecho penal la duda sobre la culpabilidad. Tiene que poseer la suficiente fuerza para destruir la presunción de inocencia. Según doctrina del Tribunal Constitucional, en caso de duda solo cabe una resolución judicial exoneradora de toda culpa o sospecha de culpa.

Estos principios no sólo están pensados para aplicarlos al momento del juicio penal, sino ante la importante decisión de decidir investigar unos hechos con apariencia delictiva. La investigación, imputación o juicio de una persona implica siempre una sombra de culpabilidad implícita que afecta directamente a la honorabilidad o sentimiento de esa persona el resto de su vida.

Esto es lo que sucede con Begoña Gómez. La ausencia evidente de pruebas indicadoras de los delitos de los que se la juzgará constituye una violación del principio constitucional de la presunción de inocencia.

El auto de la Audiencia de Madrid decide, de forma asombrosa, que es verosímil que por ser mujer del Presidente, y sólo por serlo, Begoña Gómez produce dos efectos: primero, un “influjo” -sin explicarlo- sobre la Universidad, y, segundo, una “presión moral suficiente” (sic) como para mover la voluntad de la autoridad académica. El primer efecto (“influjo”) sería tráfico de influencia. El segundo (“presión moral”) malversación, aunque el propio Fiscal, que ha solicitado el archivo de la causa, advirtió que Begoña Gómez percibió “cero euros” por la cátedra.

Sea cual sea el veredicto final del tribunal (del jurado) que juzgue a la investigada, ella habrá sufrido una pena insoslayable: la de una acusación y un procesamiento que pesará sobre la afectada por meses o años.

La defensa de Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez, ha presentado un escrito en el que denuncia que el juez Juan Carlos Peinado retrasa la entrega del pasaporte a la investigada, negándose a cumplir la orden de la Audiencia Provincial de Madrid, que anuló las medidas cautelares impuesta por el instructor contra los tres imputados. “Supone, de facto, mantener una restricción sobre un derecho fundamental (libertad de circulación) sin título cautelar vigente que lo ampare, lo cual, realizado a sabiendas, reviste extrema gravedad”, recoge el escrito, adelantado por la cadena Ser y al que ha tenido acceso elDiario.es.

El abogado José María de Pablo expone que el juez Peinado ha dictado una providencia –resolución sin razonamiento– por la que retrasa la entrega del pasaporte y que lo hace “extralimitándose en el ejercicio de sus funciones, invadiendo competencias que el legislador ha atribuido de forma exclusiva al Letrado de Administración de Justicia”, el anterior secretario judicial encargado de las cuestiones de procedimiento en el juzgado.

La defensa de Álvarez explica que una vez la instancia superior a Peinado ha anulado las medidas cautelares impuestas, como la retirada del pasaporte, la devolución del mismo debe ser inmediata, sin necesidad de que el juez haga uso de su potestad jurisdiccional. Sin embargo, Peinado dictó una providencia solo para adelantar que tomaría una decisión al respecto. “El alzamiento de la medida cautelar ya ha sido acordado por resolución judicial, por lo que la decisión jurisdiccional está adoptada y agotada”, añade.

La actuación dilatoria del juez en este sentido contrasta con las medidas que adopta para que Begoña Gómez y Cristina Álvarez se sienten cuanto antes ante un Tribunal del Jurado. El pasado 20 de julio, el magistrado concedió cinco días a las partes para presentar sus escritos de acusación y defensa una vez la Audiencia Provincial avaló que ambas sean juzgadas por nueve ciudadanos por malversación y tráfico de influencias.

El abogado de Cristina Álvarez solicita a Peinado que anule su providencia y ordene al Letrado de la Administración de Justicia para que, “en el ejercicio de sus competencias, proceda a la entrega inmediata del pasaporte”.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se encuentra dividido sobre si debe archivar o no las quejas presentadas contra el juez Juan Carlos Peinado por sus polémicas insinuaciones sobre la Policía cuando decidió retirarle el pasaporte a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la que investiga por presunto tráfico de influencias. La Comisión Permanente del máximo órgano de gobierno de los jueces se ha reunido este martes para estudiar la propuesta del Promotor de la Acción Disciplinaria que pide archivar cinco diligencias informativas incoadas a raíz de quejas recibidas contra el titular de la plaza número 41 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid.

Además de la referida a la posible connivencia de los escoltas de la mujer de Sánchez en una hipotética huida de España, insinuada por Peinado en uno de sus autos, también están encima de la mesa del CGPJ otras quejas como la del ministro de Justicia y de la Presidencia, Félix Bolaños, a quien Peinado quiso imputar en la causa, por el trato que le dio durante el interrogatorio que le realizó en el Palacio de la Moncloa.

Pero según han comunicado desde el CGPJ, las “deliberaciones continuarán en los próximos días” porque la reunión ha concluido “sin alcanzar ningún acuerdo”. Los vocales conservadores apoyan la tesis del promotor de archivar las quejas, mientras los progresistas abogan porque se continúe investigando para promulgar alguna sanción. Por tanto, la última palabra podría estar en la presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló.

Cuando Peinado envió a juicio a Begoña Gómez por cuatro delitos, fijó como medidas cautelares la retirada de su pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y una comparecencia quincenal en el juzgado. El magistrado puso por escrito en su auto que los agentes que se ocupan de las tareas de escolta de la pareja del presidente del Gobierno podrían “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos” colaborar “en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga”. Lo hizo en medio de su argumentación para imponer la retirada del pasaporte a la esposa del presidente como una medida cautelar para evitar que intente eludir la actuación de la Justicia en el mismo auto en el que propone la apertura de juicio oral contra ella.

Las quejas de los policías

A raíz de este auto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, elevó una queja ante la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, por el “grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” por parte del juez Peinado con estas palabras, algo que el titular de Interior considera “un hecho de máxima gravedad”. Para el Ministerio del Interior, las “sospechas injustificadas” de Peinado alcanzan no solo a los agentes concretos que tienen asignado el servicio de acompañamiento de la esposa del presidente del Gobierno, “sino también a sus superiores jerárquicos, afirmando la posibilidad de que pudieran dictar órdenes ilegales”.

A esta queja de Interior se sumó otra del Sindicato Unificado de Policía (SUP). Otros sindicatos policiales, como Jupol o la Confederación Española de Policía (CEP), también criticaron a través de redes sociales las afirmaciones de Peinado calificándolas de “auténtica barbaridad”, “especialmente preocupante” o “una ofensa intolerable, escandalosa y miserable”.

A raíz de estas quejas, Perelló decidió incoar expediente disciplinario al magistrado por una posible infracción tipificada en el artículo 418.5 de la LOPJ, es decir, por un “exceso o abuso de autoridad o falta grave de consideración” respecto de, entre otros, instituciones, el resto del personal al servicio de la Administración de Justicia o funcionarios de la Policía Judicial.

Ya está bien. Veamos. Los periodistas ponemos a caer de un burro a quien se nos tercia. Digamos un político de acá, un presidente de acullá, un escritor, un futbolista, un cocinero de tres estrellas, un pintor famosísimo. Y nos atrevemos, con toda la lógica del mundo, con aquel ginecólogo que abusa de sus pacientes, con el timador de criptomonedas y hasta con los multimillonarios fascistas de Silicon Valley, esa plaga alimentada por la bestia naranja. Ponemos a parir la intervención arquitectónica de Norman Foster en el British o la pirámide de Ieoh Ming Pei en el Louvre. Y algunos se ensañan con el último director de cine que está de moda y al que tildan, cuando menos, de cantamañanas pretencioso. Tenemos barra libre, que para eso contamos a nuestro favor con el artículo 20 de la Constitución de 1978, que reza así: “1. Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. c) A la libertad de cátedra. d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades”. Es más, artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. ¿Queda suficientemente claro o citamos otras mil fuentes que reafirman el mismo contenido?

Los jueces. ¿Qué nos hace pensar que el hecho de llevar toga y puñetas, así como aprobar unos exámenes sin duda difíciles, les libra de la crítica? ¿Pablo Llarena, Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Beatriz Biedma, Juan Carlos Peinado y un largo etcétera de ínclitos magistrados, son acaso por alguna razón esotérica o teológica menos criticables que Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo, Donald Trump, Paul Auster, Lionel Messi, Ferrán Adriá o Miquel Barceló? En absoluto, viva el raciocinio y olvidemos la idolatría a los dioses del Olimpo. Somos ateos y no creemos en esas paparruchas. Los señores jueces se quedan en calzoncillos y calcetines, en bragas las señoras juezas y son exactamente, como usted y como el Ojo. Más jóvenes, es verdad, pero lucen igual de patéticos, que si una tripita o un tripón, que si una verruga más fea que un dolor. Y si los hay buenísimos, que los veamos y se opongan a los desalmados.

Llevamos meses, demasiados meses, sufriendo la furia vengadora de jueces de toda laya empeñados en mandar más que nadie, en someternos a su juicio inapelable. La Sala Segunda del Supremo, Marchena al frente, manda más que el Parlamento o La Moncloa. Por eso, evidentemente, el PP quería situar a ese magistrado, precisamente a ese, y no a otro, a dominar esa Sala “por la puerta de atrás”. Se creen por encima de los millones de ciudadanos que se han dado un Gobierno legítimo. Ustedes son unos burros ignorantes, se han equivocado en no elegir a la derecha, vienen a decir, y ahora vamos a tener que ser nosotros, los jueces, los guardianes de la patria, quienes acaben con este sindiós de que gobiernen estos desharrapados de las izquierdas, tipos comunistas y bolivarianos que hasta han dejado de ir a misa.

La sentencia del fiscal general, o “una persona de su entorno”, qué desfachatez, qué desvergüenza, es una auténtica infamia. Como esa condena a David Sánchez, en la que los jueces confiesan, paladinamente, que “No sabemos, en suma, quién o quiénes ejercieron presión o ascendencia sobre los responsables de realizar la tarea de torcimiento del Derecho, ni en qué concretos actos se materializó el influjo”. O sea, condena sin pruebas. ¿Hay algo peor en la actuación de la justicia? Del iluminado juez Peinado ya se ha escrito todo lo que había que escribir, pero la Audiencia Provincial de Madrid ha insistido en esa furia irracional de la que antes hablábamos: Begoña Gómez a juicio con jurado porque es la esposa del presidente. Y escriben esta aberración: “La sola relación de parentesco por vínculo matrimonial con la más alta autoridad del gobierno de la Nación (…) puede comportar una presión moral eficiente a efectos de conformar el delito de tráfico de influencias”. ¿Tiene pruebas el quinteto de jueces capitalinos de que alguien, quizá el mismísimo presidente del Gobierno, haya ejercido alguna presión? Ninguna. Ni por activa ni por pasiva ni perifrástica. Por ningún lado aparece quién o cómo se realizó esa presión punible. Relean: “La sola relación de parentesco por vínculo matrimonial con la más alta autoridad del gobierno de la Nación…”. O sea, el delito es estar casada con Pedro Sánchez. Como el de David Sánchez ser hermano del mismo Chucky, aquel muñeco diabólico.

Debemos destacar en letras góticas el varapalo europeo a nuestros más insignes jueces del más supremo de los tribunales, ese paraíso donde ejercen los más listos, preparados y sabios de nuestros togados patrios. Por no hablar de aquellos togados que se manifestaron delante de sus tribunales, ante la pasividad culpable del Consejo del Poder Judicial. El Tribunal de Luxemburgo los ha barrido, primero, y fregado después, con argumentos jurídicos de calado, pero la bayeta se va a resistir. Ya verán cómo van a hacer todo lo posible, Marchena, Llarena y su rondalla, para poner más palos en las ruedas que impidan, aunque sea por algunos meses, el regreso de Puigdemont. A no ser, claro está, que al PP, ese partido que se levantó en armas contra la amnistía, que sacó a la calle a cientos de miles de ciudadanos, que llamó traidor y delincuente a Sánchez en las Cortes hasta volverse roncos y que ahora no sabe qué decir ni qué hacer, le venga bien que el Supremo afloje para ablandar a Junts, a los que ahora, hay que ver qué miseria, queremos como hermanos. Pasar página, dicen los desahogados, después de haber incinerado durante años la relación de Cataluña con el resto de España.

Por cierto, hay que ver cómo se incendiaba la prensa de la caverna, esa fiel infantería tan brutal como bulera, por aquellos indultos y aquella amnistía, una aberración jurídica sin nombre, España se rompe y animaban al Supremo a reponer el garrote vil, que menos de eso sería una muestra de debilidad bochornosa. Quiere el destino –el Ojo no se lo cree- que cuando el Tribunal de Luxemburgo ha dicho lo que ha dicho, de manera precisa y cargada de sólidos argumentos, esa misma mañana, qué casualidad, la Audiencia de Madrid contraataca con Begoña Gómez y permite a todos los periódicos de la ultraderecha –ya no hay otra derecha- que titulen a todo trapo con la esposa del presidente y escondan, qué ignominia, qué absoluta falta de profesionalidad, la decisión europea. Ahí los tienen, una vez más, juntitos, como una escuadra fascista: los políticos de la derecha, los jueces y la prensa carroñera. Y ahora, la Iglesia. Inseparables, como Jeremy Irons y David Cronemberg.

Hay corazones y togas desbocadas, qué prisa –fiscal, Ábalos, Leire, Zapatero- y otros con freno y marcha atrás, como Montoro, Gürtel –aún se están viendo causas- o Kitchen. Por no hablar de ese señor que defraudó a Hacienda y que hoy, sí, hoy, años después, se pasea tan ufano por los madriles del bracete de la polímata Isabel Díaz Ayuso, la reina del vermú, acérquenme más contratos millonarios con Quirón, que los firmo todos. Ahí las puñetas se vuelven lentas, tranquilas, pausadas, hay que escribir con buena letra, vísteme despacio que tengo prisa. Y si la cosa se demora años, como ya hemos visto en algunos de esos casos, ninguna preocupación, que nosotros, los jueces, tenemos nuestro propio calendario y no va a venir nadie de fuera a decirnos cómo tenemos que actuar. ¿Han oído bien? Somos los jueces, apártense a mi paso. Y si pica, te rascas.

Alguna consideración en torno a Junts y su líder ya casi belga, Carles Puigdemont. Él y los dirigentes del partido menguante ya sabrán valorar si les interesa entablar relaciones con el PP de José María Aznar, el que manda en Génova, Núñez se limita a agachar la cerviz, aliado con Vox, cuya máxima autoridad, Santiago Abascal y cierra España, ya ha dicho que lo primero que intentará si gobierna será hacer todo lo posible para revertir el proceso de amnistía. Las bromas tienen gracia cuando no afectan a las cosas de comer. Jugar al pillastre con aquellos energúmenos es de una candidez asombrosa. Usted, señor Puigdemont, no es más listo que nadie. Quiá. Usted es un tipo desesperado que ya no sabe por dónde le vienen los vientos. Tal que si viviera en Cádiz, los aires difíciles, que decía Almudena. Ahora que está de moda la Odisea, recuerden el Canto XII de la Odisea, donde Odiseo (Ulises) se enfrenta a los cantos subyugantes de las sirenas. Hizo caso a Circe: ni se os ocurra acercaros a ellas. Así logró no naufragar. El Ojo no es Circe, qué risa, pero háganle caso y señor Puigdemont, átese al mástil.

En cuanto a PP y Vox será un luminoso espectáculo comprobar cómo se sostiene el castell con la colla formada por Puigdemont, Feijóo, Tellado y Abascal, con Ignacio Garriga como sólida base, mientras Isabel Díaz Ayuso hará de enxaneta, dado su menor peso. La gralla correrá a cargo del juez Marchena, en premio a su destacada aportación a España, España.

¡Oh, qué belleza, esa hermandad entre los pueblos! Y la fiel infantería en pleno, enfervorizada, cantará Els segadors, seguida de Soy el novio de la muerte.

Adenda. No sé si se han enterado de que España ganó el domingo la Copa del Mundo de fútbol. Allí estaba Pedro Sánchez. Y Trump, que entre bombardeo y bombardeo de Irán tuvo un hueco para acercarse a Nueva Yooool, que dice Bud Bunny. ¡Qué daño inmenso hace a la humanidad este presidente yanqui salvaje, recordémoslo siempre, elegido por sus compatriotas! Tal personaje era obvio que se iba a rodear de otros singulares artistas del circo, contorsionistas, payasos, tragasables, que ha montado en la Casa Blanca. Entre todos ellos destaca, y ya es mérito, el secretario de Estado (ministro) de la Guerra –antes de Trump se llamaba de Defensa- el marine y ex presentador de la Fox, el inefable Pete Hegseth, un animal que goza con las víctimas que producen sus armas mortíferas en la guerra que él considera santa. Tipo ridículo y atrabiliario, que fue capaz de recitar en un servicio religioso en el Pentágono un texto que él creía que procedía del Antiguo Testamento, pero que en realidad era un famoso monólogo de Samuel L. Jackson en Pulp Fiction.

Ahora se ha empeñado en medir la testosterona de los soldados de Estados Unidos. Qué bárbaro, a un paso de la eugenesia y similares aberraciones de los nazis. ¿Recuperará también a Lombroso? Dicen dos inteligencias artificiales consultadas por el Ojo que existen estudios –no muy creíbles, advierten- de que los hombres de raza negra tienen un ligerísimo nivel mayor de testosterona que los blancos. Para morirse de la risa si Hegseth tiene que llenar el ejército yanqui de negros, a los que ha ido apartando de los cargos superiores. El telegénico ignorante no quiere negros. Ni mujeres.

Podía hablar con M. Rajoy. El equipo francés sin franceses y el ejército americano sin yanquis de verdad. Hay que ver. Nos van a comer los negros.

Ya lo decía Dodó Escolá: “¿Qué pasa en el Congo? Que al blanco que pillan lo hacen mondongo”.

Menos Lamine Yamal y Nico Williams. Unos héroes. Y muy, pero que muy españoles. Vamos, más que Lola Flores.

El juez Juan Carlos Peinado acelera el paso en el caso Begoña Gómez y ha acordado en una providencia firmada este domingo dar cinco días a las acusaciones para que rehagan y vuelvan a presentar sus escritos de acusación pero teniendo en cuenta la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid. Los cinco magistrados de la Sección 23 decidieron anular parcialmente el auto por el que el magistrado entendía que el procedimiento debía seguir por el Tribunal del Jurado y, de hecho, acordó eliminar los delitos de apropiación indebida y corrupción en los negocios.

En esa resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el juez lamenta haberse enterado por la prensa de la decisión de la Sala y recuerda que “conforme lo acordado en la resolución indicada, al haberse revocado parcialmente el auto de continuación del procedimiento del Tribunal del Jurado y habiéndose fijado los delitos y la participación en los mismos de las investigadas Begoña Gómez y Cristina Álvarez dese nuevo traslado (...) a la acusación popular unificada, al Ministerio Fiscal y a la Universidad Complutense de Madrid para que presenten escrito de conclusiones provisionales en el plazo de 5 días”.

Por otro lado, sobre la situación procesal del empresario Juan Carlos Barrabés, señala que debe deducirse testimonio de las actuaciones y se debe remitir todo al Servicio Común General de Registro y Reparto para que sea enviado de nuevo a su juzgado para que continúe el procedimiento por el cauce correspondiente. Cumple así con lo que mandataba la Audiencia Provincial.

Fue el pasado 16 de julio cuando los magistrados de la Sección 23 acordó avalar la decisión del juez de que el caso abierto en 2024 contra Begoña Gómez siga por el procedimiento del Tribunal del Jurado. Esta decisión supone que será un jurado popular conformado por nueve residentes en la Comunidad de Madrid quien emitirá un veredicto sobre la culpabilidad o no culpabilidad de Begoña Gómez por dos delitos: tráfico de influencias y malversación.

El tribunal rechazó que Gómez sea juzgada por apropiación indebida y corrupción en los negocios, como también pretendía Peinado, pero eso no la libra del tribunal ciudadano porque los dos delitos que respalda la segunda instancia son los que marcan el tipo de juicio al que será sometida la mujer del presidente del Gobierno. Más del 90% de los juicios en un tribunal del jurado acaban en condena.

El juez Juan Carlos Peinado perderá protagonismo en las próximas horas o días en el caso contra Begoña Gómez. Cinco jueces de la Audiencia Provincial de Madrid ya han adoptado la decisión clave sobre la mujer del presidente del Gobierno: avalan la parte sustancial de la atrabiliaria instrucción del magistrado y Gómez acabará sentada ante un tribunal del jurado por los delitos de tráfico de influencias y malversación. En esa decisión ha tenido un papel clave María del Rosario Esteban Meilán, presidenta de la Sección 23 de la Audiencia Provincial, quien acordó que fueran los cinco magistrados que la componen quienes participen en la decisión sobre lo que ella y dos más han venido haciendo hasta ahora.

Esteban Meilán es una de las aspirantes a alcanzar la cumbre profesional de cualquier magistrado especializado en Derecho Penal: acceder a la Sala Segunda del Tribunal Supremo a través de una de las plazas que se deben renovar en los próximos meses por jubilación. Fuentes del Poder Judicial sitúan en septiembre el comienzo de las entrevistas, después de los primeros encontronazos entre los sectores conservador y progresista sobre los candidatos y los tiempos para los nombramientos. La Sala Segunda es la máxima instancia penal y recientemente ha condenado al exministro socialista José Luis Ábalos a 24 años de cárcel y a dos años de inhabilitación al ex fiscal general Álvaro García Ortiz.

María del Rosario Esteban Melián ha participado en las decisiones que han permitido a Peinado hacer crecer una denuncia de Manos Limpias basada en recortes de prensa hasta construir una procelosa y enrevesada instrucción contra la mujer de Pedro Sánchez. La Sección 23, como segunda instancia que revisa las decisiones de Peinado, ha corregido algunos de sus despropósitos, como su insistencia por implicar a Begoña Gómez en el rescate de Air Europa –en contra incluso de los informes de la UCO–, atribuirla el delito de intrusismo profesional o imputar a varias personas que no tenían relación con los hechos. Sin embargo, la sección de Esteban Melián ha avalado, cuando no impulsado, las tesis de Peinado que pueden servir para sentar a la mujer del presidente del Gobierno en el banquillo, esto es, las acusaciones por tráfico de influencias y malversación, que la ley obliga, además, a juzgar ante un tribunal popular.

El máximo exponente de este fundamental apoyo de la sección al magistrado, opacado por las extravagancias de Peinado, se produjo en diciembre pasado, cuando la sección de Esteban Meilán se llevó la contraria a sí misma y avaló que se investigara por malversación y llamar a declarar María Cristina Álvarez, la asistente de Begoña Gómez, cuando antes había resuelto lo contrario.

El 12 de junio de 2025, Esteban Meilán y sus compañeros habían resuelto que “el funcionario ilícitamente destinado a cubrir necesidades o utilidades privadas de su superior o encargado no puede cometer delito de malversación, que solo cometería quien lo destina o aprovecha”. En el auto de diciembre, Melián y sus compañeros incluían otro razonamiento que ya podría justificar la imputación por malversación de la asistente, una “modalidad comisiva” del delito consistente en no haber evitado “el resultado lesivo contra el patrimonio público” que supuso enviar correos electrónicos de parte de Begoña Gómez.

Fue ese auto de diciembre el que comenzó a dibujar un panorama sombrío para Begoña Gómez. La Sección 23 llegaba a decir que Cristina Álvarez era la primera asistente de una mujer de presidente del Gobierno que no era experta en protocolo, una afirmación manifiestamente contraria a la realidad si se repasa la trayectoria de la mayoría de sus predecedores, entre ellos el miembro de la actual Ejecutiva del PP Jaime de los Santos, fotografiado llevando las bolsas de la compra a Elvira Fernández, esposa del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

La trascendencia de la decisión que se conoció el jueves 16 de julio está detrás del acuerdo de Esteban Melián para que los dos magistrados que no habían venido participando en las respuestas a los recursos contra las decisiones de Peinado se incorporen esta vez. Un aval por unanimidad a que se juzgue a la mujer del presidente del Gobierno pese a la ausencia completa de indicios, que denuncian las defensas y la Fiscalía, reforzaría el sentido de la resolución de la sección que preside la aspirante a magistrada del Supremo, explican fuentes jurídicas.

Aunque ella es la presidenta de la sección, los autos que han ido guiando la instrucción de Peinado han sido redactados por Enrique Bergés de Ramón. El ponente de las resoluciones y otros dos compañeros que también van a participar en la decisión clave sobre Begoña Gómez combatieron judicialmente la medida del Gobierno progresista que más ha encendido los ánimos de toda la derecha judicial, la Ley de Amnistía. Bergés de Ramón, José Sierra Fernández y Jesús Gómez Angulo aprovecharon que tenían que decidir sobre un manifestante acusado de desórdenes y atentado a la autoridad, que había participado en una manifestación en Madrid contra las condenas del procés, para presentar un recurso ante el Constitucional por la Ley de Amnistía.

Los tres jueces argumentaban que los hechos sobre los que tenían que decidir estaban dentro del “ámbito objetivo, temporal e intencional de la aplicación de la Ley de Amnistía” y que, por tanto, el nuevo texto legal debía beneficiar al condenado. En consecuencia, suspendieron el procedimiento y plantearon el recurso ante el intérprete de la Norma Fundamental. En su recurso citaban un informe de la entonces mayoría conservadora del Poder Judicial, con el mandato caducado y sin competencias para emitirlo. Es el único recurso contra la Ley de Amnistía que un tribunal presentó fuera de Catalunya.

Las vacantes

En concreto, Esteban Meilán aspira a ocupar una de las tres plazas que quedarán vacantes en la Sala de lo Penal por jubilación: las de Andrés Palomo, la de Ángel Hurtado -el instructor del caso del ex fiscal general- y la de Juan Ramón Berdugo. A esas se suma la de Miguel Colmenero, que debe ser renovada por el turno de juristas. Y en diciembre se abrirá el plazo para las tres nuevas plazas creadas por Justicia para esa Sala concreta, de las que una será asignada a Susana Polo. Quien decide esos nombramientos es el Consejo General del Poder Judicial y, dado que se trata de magistrados del Alto Tribunal, se requiere la mayoría de tres quintos de los vocales del Consejo. La presidenta tiene voto de calidad en caso de empate.

Todo apunta a que a partir de septiembre los bloques conservador y progresista iniciarán conversaciones, de nuevo, para una renovación en bloque de esas cuatro plazas más la de la Sección Tercera del Supremo. Ya en mayo hubo un contacto formal que acabó descarrilando. Con todo, se emplazaron a seguir negociando aunque fuentes jurídicas consultadas temen que ese acuerdo no sea rápido y más entrando ya en un periodo preelectoral.

Esteban Meilán, que aprobó las oposiciones a juez en febrero de 1986, ya optó sin éxito en mayo de 2018 a ser magistrada de la Sala de lo Penal de Supremo a pesar de que coincidía que ese mismo mes concursaba para presidir la Sección 23. Entonces, argumentó que había sido profesora de Derecho Penitenciario en el Instituto de Estudios Profesionales del CEU, que había escrito una decena de publicaciones jurídicas o, incluso, que desempeñaba todo su trabajo “a través de ordenadores” o que entregaba sus resoluciones “en pendrive”.

Entre la casi treintena de aspirantes constan también nombres como el del magistrado Enrique López, quien fuera consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y ex magistrado del Constitucional que ahora está en la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional; el del magistrado José Ricardo Prada, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que fue el responsable de los párrafos clave de la sentencia del caso Gürtel en 2018 que provocó la moción de censura que acabó con el Gobierno de Mariano Rajoy; o el del magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que en 2024 fue objeto de críticas por su comentario sobre la exministra de Igualdad Irene Montero de la que dijo a raíz del término 'consentimiento' que “nunca aprenderá desde su cajero de Mercadona”.

Julio es un mes en que la política funciona a medio gas a la espera de que cierre por completo la ventanilla en agosto. Donde sí están trabajando a conciencia es en la justicia y ya sabemos que ese es uno de los escenarios fundamentales de la política española. Es así porque hay procedimientos judiciales muy importantes que afectan a los políticos y porque las asociaciones judiciales y unos cuantos magistrados decidieron hace tiempo que tenían derecho a intervenir en política. Para ellos, la separación de poderes solo funciona en un sentido. Ellos sí creen tener derecho a implicarse en la confrontación política, como hicieron al manifestarse contra la ley de amnistía antes de que estuviera redactado el proyecto de ley.

Pocos de ellos son más conocidos que el juez Juan Carlos Peinado, que ha protagonizado una instrucción en el caso de Begoña Gómez que ha sido demencial y ha estado repleta de errores jurídicos, autos mal escritos y nada motivados y hasta un loco intento de implicar a un ministro (Bolaños) que el Tribunal Supremo cortó de raíz. La Audiencia de Madrid anuló muchos de sus autos en un porcentaje insólito y además sobre asuntos clave, pero al final esta semana ha aceptado su decisión de llevar a juicio a la esposa de Pedro Sánchez, aunque solo por dos delitos, tráfico de influencias y malversación.

Frente a los que piensan que las decisiones de los jueces en casos que implican al Gobierno son sagradas, el análisis de autos y sentencias es un derecho en una sociedad democrática, incluso una necesidad. Curiosamente, los mismos que dicen que el Gobierno o la izquierda ponen en peligro la independencia judicial con sus críticas son los que ahora rechazan el veredicto de la justicia europea, el TJUE, sobre la ley de amnistía. Los hay que, como plañideras interesadas, alegan que España está abandonada, que no tendrá ninguna ayuda exterior para salvarse y que nadie puede confiar en Europa. Han perdido tantas veces en las instancias judiciales europeas que no se dan cuenta de lo endebles que son sus argumentos. 

La Audiencia de Madrid ha completado el trabajo de Peinado y confirmado que el juicio de Gómez será con jurado. Según su relato, Begoña Gómez podría ser condenada por tráfico de influencias porque obligó a varias personas a colaborar para que prosperaran sus intereses económicos (y por malversación por el trabajo de su asesora personal en Moncloa). 

Los jueces hablan de su “privilegiada posición”. Aquí conviene reflexionar sobre ese concepto y su influencia en el caso. ¿Es un privilegio vivir en Moncloa? Desde luego, aunque no sea exactamente un palacio, sino una gran mansión. ¿Hay gente que puede estar interesada en conocerte porque eres la cónyuge del presidente? Eso es muy probable. ¿Tienes una vida muy diferente a la de un ciudadano normal? Claro. Vives en una residencia pagada con fondos públicos, cuentas con protección policial y asistes a muchos actos aburridos, pero también a otros excitantes. 

En el plano especulativo en el que se mueven últimamente muchas decisiones judiciales, incluso en sentencias, los cinco jueces de Madrid alegan que el parentesco con el presidente “puede comportar una presión moral eficiente a efectos de conformar el delito de tráfico de influencias”. Pero una investigación de los indicios del caso debería haber encontrado ejemplos de esa presión irresistible que obligara a alguien a favorecer a Gómez en contra de sus primeras intenciones. No se ha hallado nada que pueda evocar una situación de ese tipo.

El auto plantea como precedente el caso Nóos y la condena a Iñaki Urdangarin y la consideración en esa sentencia de la influencia que tenía este por el hecho de estar casado con la hija del rey. Desde luego, cualquier parecido entre las cantidades que obtuvo Urdangarin y las conocidas en el caso de Begoña Gómez es inexistente.

Conceder a Gómez la dirección de una cátedra extraordinaria podría haber sido un buen ejemplo de esa recompensa, pero nadie ha probado que el rector de la Complutense fuera obligado a hacer algo que no quería. Un vicerrector comentó en su declaración que el proceso para la formación de esa cátedra fue más rápido de lo normal, pero también dijo que en ningún momento se violó la ley. 

En la Complutense de Madrid, hay registradas 44 cátedras extraordinarias hasta marzo de este año. Muchas de ellas están patrocinadas por empresas privadas que aportan dinero. La existencia de estas cátedras es una forma que tiene la universidad de financiarse. Como curiosidad, hay una en la Facultad de Farmacia (“cátedra extraordinaria de bebidas fermentadas”), apoyada económicamente por la Asociación de Cerveceros de España.

La dirección de la cátedra no le daba a Gómez la condición de catedrática, pero la Audiencia de Madrid afirma que sí le concedió “prestigio personal o reputacional de su carrera académica con acceso a múltiples recursos y eventos”. Seguro que fue bueno para su ego, además de para seguir teniendo una actividad profesional –cierto que de no gran nivel– durante el tiempo en que su marido era el presidente. Para valorar ese prestigio, deberíamos meternos en un terreno bastante subjetivo. 

En el tema de los ingresos económicos recibidos, la Audiencia ofrece la mayor perla de su auto. Sostiene que Gómez “disparó sus ingresos de forma exponencial”, aunque de inmediato reconoce que con “cifras muy moderadas”. Vamos a ver, ¿es mucho dinero o poco? ¿Esos magistrados conocen el significado de la palabra 'exponencial'? Porque no lo parece.

Recapitulando, Gómez cobró cero euros por dirigir esa cátedra. Cobró cero euros por el software financiado por la aportación de empresas privadas para su uso gratuito por otras compañías. Cobró una cantidad pequeña de dinero por dirigir los másters integrados en esa cátedra. Sus ingresos más altos fueron en 2022 con 14.900 euros anuales. 14.000 euros fue la cifra del salario mínimo de ese año. 

¿Begoña Gómez utilizó su “privilegiada posición” y la “presión moral” sobre otros que le daba el hecho de ser la mujer de Sánchez para “disparar” sus ingresos hasta recibir la escuálida cantidad de 14.000 euros anuales en uno de esos años? 

Los jueces de Madrid dejan claro un criterio para el futuro. Ningún cónyuge de un presidente debería plantearse trabajar por su cuenta. Aunque no haga nada ilegal, su parentesco seguirá causando una “presión moral” sobre las personas con las que se relacione si están en algún organismo público, como una universidad. Y si no gana dinero (como por el uso del software para empresas) o gana muy poco dinero (por las cantidades percibidas por dirigir un máster), da completamente igual. Unos jueces dirán que el beneficio es inmaterial o que se puede medir en términos de prestigio social. Será mejor que tenga un hobby que llene su tiempo.

Da igual lo que digan los testigos

El tribunal que condenó a David Sánchez a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación dejó una frase muy reveladora sobre sus intenciones. Despreció no ya las declaraciones de los otros acusados, sino también de los testigos –directores de conservatorio– que declararon en el juicio que Sánchez estaba capacitado para el puesto y realizó las funciones por las que fue contratado. Se atuvo a lo manifestado en la vista por el teniente coronel de la UCO Antonio Balas. La Diputación de Badajoz es una institución jerárquica, como lo son todas y también las empresas privadas, por lo que no se puede creer a nadie que trabajara allí, fueran altos cargos o funcionarios.

“Como ya hemos apuntado, dichas personas forman parte de una estructura fuertemente jerarquizada, con tintes políticos, presidencialista, y dichas circunstancias conducen a que tengamos que poner en tela de juicio la credibilidad de los testimonios prestados por personas profesional y directamente relacionadas con los acusados cuando no dependientes de estos o militantes en el mismo partido”, dice la sentencia.

Para justificar que no se condene a los acusados por tráfico de influencias, el tribunal se ve obligado a reconocer que “no sabemos, en suma, quién o quiénes ejercieron presión o ascendencia sobre los responsables de realizar la tarea de torcimiento del Derecho, ni en qué concretos actos se materializó el influjo”. Ni en la instrucción ni en el juicio aparecieron pruebas de que alguien diera las órdenes en esa estructura tan jerarquizada para que se violara la ley.

Tanto tiempo escuchando que lo que cuenta de cara a la sentencia es lo que se diga y se pruebe en la vista y que la instrucción solo sirve para decidir si se debe celebrar un juicio y ahora llegamos a la conclusión de que las declaraciones de los testigos son irrelevantes si trabajan en una institución. Lo que importa es la opinión de los investigadores policiales y sus deducciones sobre el funcionamiento de una Diputación en este caso, a pesar de que no se puede decir que sean expertos en Derecho Administrativo. Bajo estas condiciones, es difícil desechar la idea de que los jueces tenían claro el veredicto antes de que empezara el juicio.

Llevo demasiado tiempo leyendo resoluciones de la derecha judicial aplicando estrictamente las garantías constitucionales cuando se trata de investigar o juzgar a personajes del PP y diluyéndolas y pisoteándolas cuando investigan o juzgan a políticos de la izquierda; o a las personas con las que tienen “la sola relación de parentesco”, como se ha atrevido a subrayar la Audiencia de Madrid que ha acabado respaldando la asquerosa “instrucción” del juez Peinado. Demasiado tiempo contemplando cómo manejan los tiempos procesales para acomodarlos al calendario de La Contra política y empresarial, luego mediática.

Demasiado tiempo contemplando cómo abusan del margen de apreciación de las declaraciones de testigos de cargo, si juzgan a la izquierda, y desprecian todas las declaraciones de quienes las contradicen. ¿Recuerdan los periodistas que declararon ante notario y en el juicio conocer el “secreto” del novio de Ayuso antes que el Fiscal General del Estado? Luego ya no era un secreto. ¿Les han pasado inadvertidos las declaraciones testificales desmontando las acusaciones contra David Sánchez? ¿Y cómo los jueces tomaron en cuenta exclusivamente las apreciaciones del teniente coronel Balas?

Tanto tiempo que ya casi no merece la pena detenerse en argumentos jurídicos frente a ese puñado de jueces, eso sí mágicamente ubicados en los tribunales, los procedimientos y los momentos precisos. Ni frente a los de la inmarchesible Sala II del Tribunal Supremo, que ha llegado a condenar por co… al Fiscal General del Estado. Y, para boicotear la aplicación de la Ley de Amnistía, a desdecirse obscenamente de su propia Sentencia sobre el Procés, a cuyos responsables condenó por sedición, que es un delito contra el orden público, y no por rebelión, que es un delito contra la Constitución. La propia Sala II que sentenció que no se les podía condenar por rebelión, porque tratar de culminar la intentona independentista era una “ensoñación”, les ha llamado después “golpistas” para aplicar una excepción a la aplicación de la amnistía. Pura obscenidad y sensación absoluta de impunidad.

Por el camino quedan demasiados atropellos jurídicos con la única finalidad de tumbarse al Gobierno legítimo de España.

Demasiados años tiene uno ya y demasiadas horas dedicadas -en cumplimiento de mis deberes ejerciendo funciones de oposición al “régimen” de ATI/Coalición Canaria- a estudiar casos, teoría y jurisprudencia sobre prevaricación, tráfico de influencias o malversación de dinero público para no quedarme espantado con la manipulación de estos conceptos por parte de los magistrados que han juzgado a David Sánchez; o expandiendo el concepto y el tipo delictivo de malversación para sentar a Begoña Gómez ante un Jurado; o ante el contorsionismo de Marchena (no se han enriquecido con los gastos del Procés pero han evitado tenerlos que pagar con su propio patrimonio, luego han malversado) para inaplicar la Amnistía.

Lo de la malversación de dinero público por la colaboración de la asistenta de Begoña es casi insuperable en cinismo y manipulación. Pero es esa acusación el “fundamento” de la entrada en escena del Jurado. Por eso la mantienen contra viento y marea. ¡Ah, malversación!

Quiero decirles que me he convertido en decidido partidario de que los casos de prevaricación judicial y otros delitos que puedan haber cometido miembros del poder judicial, “delitos en los que la acción típica carezca de excesiva complejidad o en los que los elementos normativos integrantes son especialmente aptos para su valoración por ciudadanos no profesionalizados en la función judicial”, como dice la Ley Orgánica del Jurado, sean juzgados por un Jurado. Al menos así, uno de los factores que les hacen sentirse impunes, el acendrado espíritu corporativo del estamento judicial, quedaría atenuado.¿Quién vería a Peinado ante el riesgo de acabar sentado ante un Jurado, o al Hurtado que instruyó salvajemente la causa contra el Fiscal General?

No me puedo resistir a comentar las afirmaciones de la Audiencia Provincial de Madrid por su flagrante inconstitucionalidad. Y tan campantes: “La sola relación de parentesco por vínculo matrimonial con la más alta autoridad del Gobierno de la Nación, en determinados contextos y circunstancias, como los aquí analizados, puede comportar una presión moral eficiente a efectos de conformar el delito de tráfico de influencias”. O sea que la sola relación de parentesco… puede comportar presión moral eficiente y, por tanto, ¡es un indicio delictivo!. Sólo les faltaba decir si el parentesco corresponde a una mujer, que lo que debe hacer es quedarse con la pata quebrada y en casa. Mayor degradación de las garantías constitucionales y, permítanme, mayor machismo son inimaginables.

“La Contra”, también la judicial, está dispuesta a todo con tal de tumbar al Gobierno progresista, que con la Constitución en la mano es el Gobierno legítimo de España.

Y en un país con una historia tan turbulenta como la de España sólo hay dos opciones: o plantarles cara o echarse a temblar.

Por eso estoy convencido de que desde el lado de la defensa de la democracia, de la soberanía popular, de las libertades y garantías constitucionales “todo el que pueda hacer, que haga”. Pues hagamos.

Hay días en los que la política parece escrita por un guionista empeñado en subrayar las coincidencias. Apenas unas horas después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avalara la ley de amnistía, desmontando los argumentos jurídicos en su contra, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó que Begoña Gómez deberá sentarse en el banquillo por dos presuntos delitos. Dos resoluciones de signo opuesto, el mismo día, sobre los dos frentes judiciales que más han desgastado y sostenido el relato político de esta legislatura.

La tentación de leer ambas noticias como un empate técnico –Bruselas da una alegría al Gobierno, la Audiencia le da un disgusto– es comprensible, pero engañosa. No hay tal empate. Que la mujer del presidente vaya a comparecer ante un jurado popular es un triunfo para la derecha y la extrema derecha, que llevan dos años señalando a Gómez como símbolo de una trama de favores conyugales y ven ahora confirmado ante un tribunal lo que hasta hoy era un relato construido a fuerza de repetición mediática. Es también la culminación del empeño de un juez, Juan Carlos Peinado, cuya instrucción fue corregida varias veces por la propia Audiencia y que, pese a ello, mantuvo el pulso hasta el final, alimentando la sospecha de que buscaba algo más que impartir justicia: dejar huella en la historia reciente de la Justicia de este país.

En una democracia madura, los tiempos de la Justicia y los tiempos políticos rara vez coinciden, y cuando lo hacen, la percepción suele imponerse sobre la explicación jurídica: en la política contemporánea, esa lectura pesa a menudo más que los propios hechos. Esa primacía de lo simbólico no es un accidente pasajero, sino el síntoma de una forma distinta de entender la política.

La competición electoral lleva años sin girar solo en torno a programas o balances de gestión: vivimos en una democracia gobernada por las emociones, donde el voto ya no responde solo a intereses materiales, sino a sentimientos de pertenencia, agravio o miedo. La politología lleva más de una década describiendo este fenómeno como polarización afectiva: la distancia emocional, más que ideológica, que separa a votantes de distinto signo y que Shanto Iyengar, politólogo y profesor en la Universidad de Stanford, situó en el origen del antagonismo democrático. Entre esas emociones, la indignación ocupa hoy un lugar central para un sector amplio del electorado socialista y progresista, que percibe en el caso Gómez el epítome de una judicialización sistemática de la vida pública.

Da igual que la Audiencia Provincial haya depurado la instrucción de Peinado, descartando dos de los cuatro delitos y levantando las medidas cautelares más severas: para ese electorado, que el proceso siga vivo, que haya jurado y juicio, confirma una intuición previa, que la instrucción de determinadas causas se comporta como un actor político más, con calendario propio y capacidad de desgaste que ninguna sentencia absolutoria podrá compensar.

Lo que estos dos fallos certifican, más allá de su contenido legal, es hasta qué punto los tribunales son ya el escenario del combate político español. No porque los togados busquen ese protagonismo (la sentencia del TJUE, breve y sobria, parece sustraerse al ruido), sino porque la política, incapaz de zanjar sus conflictos en el Parlamento, ha encontrado ahí el escenario donde litigarlos.

La paradoja final es que ni el aval europeo a la amnistía ni la apertura de juicio a Begoña Gómez alteran la aritmética parlamentaria de esta legislatura. Pero el juicio a la mujer del presidente sí alimenta, más que ninguna otra causa abierta, la sensación de agravio que hoy pesa más que cualquier programa electoral, tanto entre quienes lo celebran como una victoria moral y quienes lo viven como un ensañamiento. En una democracia donde la emoción ha sustituido a la deliberación como combustible político, ayer Madrid no solo dio más combustible que Luxemburgo: dejó la sensación de que en esta partida no gana nadie. Cuando la indignación se convierte en uno de los motores de la política española, retrocede la calidad democrática.

No es la primera vez que la política española vive en un estado de excepcionalidad permanente, donde cada episodio parece definitivo y cada decisión promete cambiarlo todo. Casi nunca ocurre. Lo que sí cambia, poco a poco, es cómo los ciudadanos leen las instituciones. Ese puede ser el verdadero efecto de esta jornada: no tanto mover la posición electoral de los partidos, como reforzar una convicción cada vez más extendida en ambos bloques: que los árbitros ya no son neutrales, sino un terreno más de la confrontación.

Y cuando la ciudadanía deja de confiar en que esos árbitros actúan solo como árbitros, la polarización deja de librarse entre partidos para convertirse en una pugna entre legitimidades. Ese es el desafío democrático que deja un día en el que dos resoluciones distintas han alimentado una misma batalla.