El PSOE está estudiando emprender acciones legales contra el PP por la difusión de un vídeo generado por inteligencia artificial en el que suplantan la identidad y manipulan la imagen y la voz de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, además de las de José Luis Ábalos, José Luis Rodríguez Zapatero, Leire Diez, Montse Mínguez y Santos Cerdán. Todos aparecen confesando presuntos delitos y actividades irregulares. Según fuentes de Ferraz, aún no está claro qué tipo de acciones legales o demandas podrían iniciar contra el partido de Alberto Núñez Feijóo.

Copiando la escenografía y mensaje de la publicación realizada por el propio Pedro Sánchez el miércoles a primera hora de la mañana como respuesta a la visita del mandatario argentino, Javier Milei, a Madrid, la publicación de los conservadores, que incluye una leyenda de “contenido hecho con IA”, termina cambiando el lema de “zurdos y orgullos” a “lerdos y orgullos”. En el vídeo original, el presidente del Gobierno aseguraba que “si subir las pensiones es ser zurdo”, “si dar más tiempo a los padres y madres para disfrutar de sus hijos e hijas es ser zurdo”, “si subir el salario mínimo interprofesional, es ser zurdo”, “si defender el derecho a abortar, es ser zurdo”, “si defender el 'no a la guerra' es ser zurdo”, él es “zurdo” y “a mucha honra”.

En el vídeo del PP, la primera en aparecer es Begoña Gómez. “Si tener una cátedra gracias a que mi marido sea el presidente es de zurdos. Pues sí, soy zurda”, asegura la pareja del líder del Ejecutivo.

A continuación, es el turno del exministro José Luis Ábalos. “Si irse de p*** y cobrar comisiones ilegales es de zurdos. Pues sí, soy zurdo”, afirma en el vídeo. Es la segunda vez en la misma semana en la que el también exsecretario de Organización de los socialistas protagoniza una creación del PP hecha con IA. El pasado sábado, hicieron con un montaje improvisado después del mitin del PSOE que protagonizó el beso entre Sánchez y Gómez pusieron a Ábalos besando a Pedro Sánchez.

“Si esconder joyas en una casa fuerte es de zurdos es de zurdos. Pues sí, soy zurdo”, afirma en el vídeo del PP el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. “Si contratar a unos matones para contratar a unos matones para quitar de en medio a una jueza. Pues sí, soy zurda”, dice Leire Diez. “Si usar la vivienda como arma política mientras oculto que mi novio tiene más de 30 pisos es de zurdos. Pues sí, soy zurda”, continúa la exportavoz del PSOE, Montse Mínguez. Y, por último, aparece el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán: “Si cobrar mordidas y pertenecer a una banda criminal es de zurdos. Pues sí, soy zurdo”.

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha defendido este vídeo durante una declaración ante periodistas en Torrejón de Ardoz. “Si eso hubiese sido hecho con una intención espuria de hacer creer que los personajes son los reales tendríamos un problema. Pero todo el mundo es capaz de interpretar que es una manera de utilizar las herramientas digitales para comunicar la hipocresía en la que vive en PSOE”, ha afirmado el recién confirmado número tres por Madrid de los conservadores. “A mí lo que me preocupa es que haya insultos, no me preocupa la IA o que haya originalidad. Esta iniciativa cumple con estos requisitos”, ha añadido.

Desde el PSOE, la secretaria de organización, Rebeca Torró, ha defendido este jueves que el PP “no tiene proyecto” y, por esta razón, “utilizan la tecnología, no tienen otra cosa que el insulto”. “No tienen proyecto que ofrecer a este país más que el ruido, la mentira y el insulto permanentemente. Y ahora, lo vemos utilizando la inteligencia artificial”, ha afirmado este jueves en la Cadena SER.

Esta no es la primera vez que el PP recurre a la IA para crear un vídeo para atacar al Gobierno y al PSOE. El pasado octubre, los de Feijóo convirtieron a Sánchez, a la propia Begoña Gómez y a muchos de sus ministros en la mítica Familia Addams para felicitar “a casi todos” Halloween.

Previamente, también sacaron uno por el 8M con La manifestación que no verás hoy con varios dirigentes o exdirigentes de la izquierda en la manifestación con motivo del día de las mujeres o a Pedro Sánchez junto al exministro José Luis Ábalos con un “catálogo” de mujeres en referencia al caso Koldo. Y pocas semanas antes, el PP mandó a buena parte del Consejo de Ministros a La isla las corrupciones, que acaparó titulares y llegó a traspasar fronteras generando una crisis diplomática con República Dominicana, provocando que retirase el vídeo. Hace poco, el PP de Ayuso difundió un vídeo con IA que advertía de que Sánchez “nos quiere llevar a una dictadura”: “No votes por correo”.

En esta ocasión, la publicación copiada y protagonizada por Sánchez formaba parte de una campaña del PSOE contra la visita de Milei a Madrid, que incluyó el despliegue de una gran lona en Ferraz: “Hola, Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España”.

Milei, que viajaba a Madrid no de visita de Estado sino con una agenda de carácter privado y académico, llamó “impresentable dictador” a Pedro Sánchez en el arranque de su primer acto en España. Se trató de su séptima visita de Milei y en ninguna de ellas se ha visto con el presidente del Gobierno ni con integrantes del Ejecutivo español. En esta ocasión, sí que se reunió con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, e hizo una videollamada con el líder de Vox, Santiago Abascal.

Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tendrán que decidir en las próximas semanas quién preside durante el próximo lustro el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), la instancia por donde pasarán previsiblemente los casos de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez; o del empresario Alberto González Amador, vinculado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Entre los seis aspirantes figura María Jesús del Barco, la presidenta de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), quien lleva años ejerciendo la portavocía oficiosa del sector de la judicatura contrario a diversas políticas del Gobierno.

Del Barco, actual decana de los juzgados de Madrid, ha llegado a decir que las matemáticas “nunca traen nada bueno”, en referencia al acuerdo del PSOE con varios partidos para investir a Pedro Sánchez a finales de 2023; o que en las leyes del Gobierno “hay que leer entre líneas y saber quién tienes enfrente”. También ha aventurado que España se aproxima a “un régimen de aquellos que le gustan a algunos y está al otro lado del Atlántico”, sin desvelar si se refería a Cuba o Venezuela.

Todas esas afirmaciones las hizo en febrero de 2025, en un acto celebrado en el Congreso de los Diputados al que acudió invitada por el Partido Popular. Previamente, con ocasión de la ley de amnistía, lideró desde su asociación la oposición a esa norma. De hecho, antes incluso de que se aprobara la ley, la APM auguró “el principio del fin de la democracia” y afirmó que es una medida que rompe las reglas de la Constitución de 1978 y “vuela por los aires el Estado de Derecho”. Del Barco llegó a decir que tras el “señalamiento” a jueces por parte de Junts, lo siguiente sería colocar a los magistrados “la estrella de brazalete”, en alusión al que imponían los nazis a los judíos.

Entre los aspirantes a presidir el TSJM figuran también otros tres miembros de la asociación conservadora, de acuerdo a las fuentes consultadas por elDiario.es. Se trata de Francisco Manuel Oliver Egea, quien formó parte de los Ejecutivos de Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre e Ignacio González. Con la primera fue director de la Agencia Madrileña de Tutela del Adulto y con el segundo fue director general de Seguridad e Interior bajo el mando del entonces consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, según publicó infoLibre. 

En la lista aparece también José Manuel Suárez-Robledano, quien fue elegido consejero del Tribunal de Cuentas en junio de 2012 por el Congreso a propuesta del PP. Cuando estaba en el órgano fiscalizador, votó a favor de librar a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y a siete altos cargos de su gobierno de la condena a pagar 25,7 millones de euros de su bolsillo por vender 1.860 viviendas públicas protegidas a un fondo buitre a un precio por debajo de mercado. 

Al igual que Del Barco, Suárez-Robledano fue portavoz de la APM. Entre los aspirantes que son afiliados a esta asociación está también María Prendes Valle, magistrada del TSJM que se encuentra actualmente en comisión de servicio en el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. 

En la lista de candidatos aparece también la magistrada María Jesús Millán, actual directora del Servicio de Formación Continua del CGPJ. Millán, que no está asociada, ocupó el puesto de directora de la Escuela Judicial, el órgano técnico donde se forman los jueces. Fue elegida durante el anterior mandato gracias a los votos de los consejeros conservadores.

El único aspirante afiliado a la progresista Juezas y Jueces para la Democracia es Leandro Martínez Puertas, actual magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid. Ha estado destinado en órganos de naturaleza penal, con destinos en Canarias y la Comunidad de Madrid.

Los aspirantes serán convocados por la Comisión de Calificación del CGPJ a una comparecencia por videoconferencia en la que detallen su currículo y sus méritos. Una vez concluidas las comparecencias, está Comisión de Calificación formulará una terna al pleno. Los nombramientos requieren 13 votos, lo que requiere el acuerdo entre parte de dos bloques del órgano, formado por diez vocales elegidos a propuesta del PP y diez a iniciativa de PSOE y Sumar, a los que se suma una presidenta, Isabel Perelló. 

En tiempos de odio, un abrazo es una afrenta y un beso, una provocación. La caverna vomita bilis porque Pedro Sánchez abraza en público a su esposa y la mira como lo que es: su compañera de vida, la madre de sus hijas y un pilar fundamental en su día a día. Sin ella, el presidente del Gobierno no sería nada y él además no lo oculta. De ahí el gesto de amor ante las cámaras que ha hecho brotar a los odiadores profesionales, a los que prefieren la repugnancia al amor, la inquina al cariño y el aborrecimiento a la empatía. No recuerdan cuando hizo lo propio Feijóo con su pareja, Eva Cárdenas, en 2016 tras su victoria electoral en Galicia o cuando Aznar se deshizo en elogios sobre Ana Botella en un mitin del PP. 

Llevan casi tres años intentando acabar con ella, esparciendo fango sobre su actividad, persiguiéndola por tierra, mar y aire, escrutando cada uno de sus pasos y los de sus hijas y, ahora, la denuestan porque Sánchez la abraza en público. Pero no ha sido el presidente del Gobierno quien ha metido a su esposa en campaña, sino la derecha política, judicial y mediática. Ellos fueron quienes la denunciaron ante los tribunales, quienes la acusaron de ser una corrupta sin una sola prueba, quienes extendieron un manto de sospecha sobre lo que hacía y quienes la acosaron en su trabajo, en su universidad y en su vida privada.  

La derecha nunca tuvo un caso Begoña, sino una campaña contra Begoña cuyo único objetivo era hacer insoportable la vida personal de un adversario político para que abandonara. Fue el PP quien cruzó esa línea que nunca se debiera cruzar en democracia y, ahora, trata de invertir la realidad porque, tras el comentado beso entre la pareja en un mitin en Fuenlabrada, el problema es que Pedro Sánchez “usa” a Begoña Gómez, la “expone” y hace “campaña con su mujer”. 

Es la última boutade que han puesto a circular entre su trompetería mediática para tapar que se han saltado todas las líneas rojas de la política decente metiendo a las familias en la refriega partidista y que quienes han hecho campaña con Begoña, contra Begoña y a costa de Begoña han sido ellos. El líder del PSOE y candidato a la reelección, lo que ha hecho, como consecuencia de todo lo anterior, es reivindicar a su pareja después de que sus adversarios encontraron en ella un filón para atacarle. 

Fueron ellos quienes convirtieron su nombre en un titular diario, su trabajo en un delito y su matrimonio en un arma arrojadiza. Fueron ellos quienes pasearon su vida por los platós de televisión, los que la llevaron a los juzgados con una denuncia construida con recortes de prensa y los que convirtieron su vida en un circo mediático. Así que lo que les molesta del beso no es el beso, sino la normalidad que representa y que mientras ellos viven instalados en el rencor, en el que “te vote Txapote” y en el “Sánchez, hijo de puta”, su odio no ha conseguido que la pareja desista y abandone la esfera pública. 

Dicho todo ello, no hay intención alguna entre los estrategas de la campaña del PSOE de convertir a Begoña Gómez en el eje de esta campaña electoral y mucho menos que su presencia sea constante. De hecho, lo del pasado sábado, abrazo y beso incluido, no es la primera vez que ocurre en un mitin protagonizado por Sánchez, aunque se haya sobredimensionado por la explícita declaración de amor del presidente. Begoña Gómez ha ido a todos los actos electorales en los que Pedro Sánchez fue proclamado candidato a la Presidencia del Gobierno, además de a otros puntuales celebrados en Madrid. El primero fue en 2015, en el escenario del Teatro Circo Price, cuando el aspirante del PSOE apareció, para sorpresa de propios y extraños, envuelto en una enorme bandera de España y junto a su esposa vestida de rojo. Curioso que entonces fueran los suyos quienes criticaran la estampa, y no la derecha.

La defensa de Cristina Álvarez, la asesora que fue procesada junto a Begoña Gómez por el juez Juan Carlos Peinado, ha presentado un escrito en el que solicita abrir una investigación para dar con la persona que realizó fotografías de ambas en una de las vistas que se celebró a puerta cerrada, la de la audiencia preliminar, y que posteriormente filtró al medio Libertad Digital. Fueron publicadas el pasado 9 de octubre.

En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, en realidad el letrado deja poco lugar a la imaginación de una futura investigación porque, tras cruzar las fotos, los encuadres y los vídeos de esa audiencia celebrada el día 15 de junio, señala a un abogado de Iustitia Europa como el filtrador de esas imágenes en las que se veía a la esposa del presidente del Gobierno junto a Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés.

“Si observamos detenidamente las imágenes filtradas a Libertad Digital, y las comparamos con la grabación de la vista entregada a las partes, es muy fácil observar el tiro de cámara desde el que se realizaron las fotos y, de este modo, determinar la identidad del autor de esta ilícita filtración”, indica el letrado en un ejercicio de deducción poco habitual en este tipo de escritos jurídicos.

El abogado, José María de Pablo, se fija primero en dos de las imágenes filtradas, y explica que fueron realizadas “desde el lado ocupado por los abogados de la acusación popular” porque en primer plano aparece Begoña Gómez, que era la que más cerca de ellos estaba. Añade que fue tomada por un abogado que estaba situado fuera de los estrados y a la misma altura que los investigados.

Indica que cruzando esa foto con la imagen proporcionada por el juzgado solo pudieron captar esa imagen dos personas: el letrado de Iustitia Europa o la de Manos Limpias: “Se van a convertir en nuestros primeros sospechosos”, indica.

Tras esa primera deducción, la 'investigación' da un giro inesperado porque tras revisar la grabación ve que una vez terminada la audiencia preliminar tuvo lugar la vista de medidas cautelares. Y ahí se produce la salida de la abogada de Manos Limpias, y de otros letrados. Y se puede apreciar como el de Iustitia Europa cambia de sitio, sube a la zona de estrados.

De Pablo explica que ese cambio de ubicación se puede apreciar también en las fotos filtradas a Libertad Digital, donde “se observa sin dificultad ese cambio de tiro de cámara”. “El autor ya no se encuentra a la altura de las investigadas fotografiadas, sino por encima de ellas —en estrados— y claramente por delante”, dice.

“A juicio de esta defensa, no existe ninguna duda acerca de la autoría de la filtración”, concluye, para señalar al letrado de Iustitia Europa. Y recuerda que la conducta “no constituye una mera irregularidad procesal” sino que comporta “una grave lesión de los derechos fundamentales de las personas fotografiadas”. Entiende que la captación y difusión de la imagen en el interior de la sala durante unas vistas celebradas a puerta cerrada “vulnera su derecho a la intimidad personal y a la propia imagen, y su derecho a la protección de datos personales”. Atenta, además, al derecho a la presunción de inocencia “al exponer a la opinión pública a quien ostenta la condición de investigada en un procedimiento de máxima repercusión mediática”.

Por todo esto, el letrado pide que la apertura de pieza separada “a fin de esclarecer la autoría de la filtración, las circunstancias en las que las fotografías fueron tomadas y posteriormente facilitadas al medio de comunicación, así como determinar, en su caso, las responsabilidades penales y disciplinarias que pudieran derivarse”. Añade que, también, debe remitirse el resultado de la investigación al Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid por si la conducta tuviera efectos disciplinarios.

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Majadahonda (Madrid), Gerardo Calvo, ha archivado la denuncia interpuesta por Vito Quiles contra Begoña Gómez por denuncia falsa. En un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado acepta el recurso que la defensa de la mujer del presidente del Gobierno había presentado contra una decisión anterior del propio magistrado, lo que evita la declaración prevista para el próximo viernes de Begoña Gómez en el marco de este procedimiento.

La decisión del juez Calvo se produce después de que la Audiencia Provincial revirtiera la decisión de un juzgado de Madrid que había archivado otra denuncia, esta vez presentada por Begoña Gómez contra Vito Quiles por coacciones, aunque el magistrado ha debido adoptar la decisión por otro motivo, ya que no alude a esa resolución de la instancia superior. Ahora, es el agitador ultra quien está investigado y además ve frustrado su intento de demostrar que la coacción no existió y que se lo inventó la mujer del presidente.

El juez Calvo explica en su auto que Vito Quiles denunció a Begoña Gómez con el argumento de que había sido imputada, ocultando que esa decisión de otro juzgado de Majadahonda no era firme y había sido recurrida ante la Audiencia Provincial. El magistrado Calvo alude a esta circunstancia para el achivo y añade que si deviene en firme la imputación de Begoña Gómez, algo que la decisión del pasado viernes de la Audiencia Provincial hace imposible, Quiles podría volver a pedir su imputación. La lógica indica que el juez no ha incorporado el argumento de la decisión de la Audiencia de imputar a Vito Quiles porque no ha sido notificado aún de la resolución.

Por su parte, la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado que el agitador ultra Vito Quiles sea investigado por coacciones a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. El tribunal revoca el archivo “prematuro” de la causa contra él por un episodio de hostigamiento en un restaurante, lo que según los jueces “no se trató de un encuentro casual, sino buscado de propósito”.

El episodio tuvo lugar el pasado mes de abril, cuando Quiles acudió a un bar donde Begoña Gómez se encontraba en compañía de varias personas. El vídeo publicado por el propio agitador, posterior a la agresión denunciada, muestra cómo Quiles siguió intentando acercarse a la esposa del presidente del Gobierno mientras sus acompañantes trataban de impedirlo.

¿Hasta qué punto mienten los políticos en los mítines de las campañas electorales? ¿Les beneficia ser honestos sobre sus intenciones o deben desnudar sus sentimientos y debilidades y provocar compasión o pena? Son incontables los consultores y asesores que se han ganado unos buenos euros respondiendo a esas preguntas. No todas sus respuestas compensaron el salario que recibieron.

Pedro Sánchez entró a lo grande en la campaña que acaba de comenzar, aunque por un tiempo le llamaremos precampaña (una distinción irrelevante). No por sus propuestas sobre vivienda o por los comentarios sarcásticos sobre Feijóo. Convirtió el mitin de Fuenlabrada del sábado en una declaración de amor a su esposa, que también estaba allí. El público se volvió loco, claro. Estaban ahí para aplaudir y a cambio recibieron una historia de amor. No es poca cosa. Con menos que eso, algunos han ganado el Premio Planeta.

“Nos han intentado quebrar de todas las maneras —dijo Sánchez sin mentar al juez Peinado— y han logrado justo lo contrario. Hoy estamos más unidos y somos más fuertes que nunca. Así que, que lo escuchen alto y claro, te quiero”. Un mensaje destinado a Begoña Gómez, emocionada en la primera fila, y también a todos los votantes. No penséis que esto se ha acabado, en todo lo que ha salido mal en los últimos años. Sigo estando aquí y os quiero. ¿Es mucho pedir que me volváis a votar?

El Perro enamorado es un recurso que suena a desafío a los que quieren acabar con él, y con Begoña. Eso complacerá al núcleo duro de votantes socialistas, los que tienen que cargar las pilas para convencer a otros de que vuelvan a votar al PSOE. Para los que no están muy convencidos, será una forma de hacerles ver que sigue siendo el Sánchez de 2023, el que protagonizó la remontada que no muchos pensaban que fuera posible.

Con riesgo de caer en el estereotipo, se podría decir que sonará muy bien a los votantes de más de 60 años –una cantera sólida de votos para el PSOE– que conservan una relación de décadas con su cónyuge o a los que perdieron al suyo. Cuando todo lo demás te falla, siempre queda el amor.

Aspirar a la reelección desde el poder es una tarea complicada a nada que las cosas no hayan ido como se esperaba. Un ingrediente fundamental de la campaña debería ser prometer lo que se hará en la legislatura siguiente, aunque siempre te pueden preguntar por qué no has hecho nada de eso antes. Prometer más de lo mismo no es una apuesta ganadora. Anunciar a los cuatro vientos que vienen los otros tiene sus ventajas, pero ya se hizo en 2023 y no va a funcionar en cada campaña.

Presentarse como la víctima de fuerzas oscuras que quieren imponer su voluntad a los votantes suena más atractivo. Feijóo, Abascal, los fondos buitre, la CEOE que pretende cargarse la reforma laboral, los oligarcas de Silicon Valley como Elon Musk... La lista de candidatos siempre es larga.

Muy metido en la estrategia de demolición del adversario, el Partido Popular no estaba dispuesto a dejar pasar tal demostración de amor verdadero, casi lacrimógeno. Recurrió a la inteligencia artificial para poner a Sánchez besando a José Luis Ábalos o en un vídeo con el mismo protagonista. Carnaza para las redes sociales, que son un pozo donde el odio tampoco necesita ingredientes muy complejos. Es perfecto para Sánchez, más pruebas de que él es la víctima a la que persiguen unos cuantos depredadores insaciables.

Para alguien tan envarado como Alberto Núñez Feijóo, lo de los sentimientos es un camino no muy provechoso hacia la victoria. Si se aleja del texto preparado de los discursos y se deja llevar por la espontaneidad, le puede pasar cualquier cosa. Lo mismo confunde Huelva con Huesca o se equivoca con el nombre del candidato del PP a quien tanto admira. Él prefiere ir sobre lo que cree que es seguro.

Subir el termómetro de la crispación a niveles infinitos como ha hecho el PP ha tenido un gran efecto en alimentar las aspiraciones de Vox, mientras las encuestas que han sido más favorables para la derecha y la extrema derecha indican que el PP se podría quedar igual que en 2023 o incluso por debajo. Ya lo dijo José María Aznar este mes: “No es lo mismo un PP con 140 escaños y Vox con 60, que un PP con 165 y Vox con 35. La segunda fórmula permite afrontar los problemas del país. La primera, no lo tengo claro”.

No parece que Feijóo haya entendido ese mensaje o quizá lo que le ocurre es que se ha resignado a ese primer escenario que no convence a Aznar. Este fin de semana, ha vuelto a apostar por el mensaje revanchista que tanto gusta a los que ya están convencidos de votar al PP. “Que tenga cuidado el clan de Sánchez, que viene el PP”, dijo. Suena perfecto para movilizar al electorado de izquierda, hasta aquellos hartos de las peleas internas de sus partidos. Si no eran conscientes de las consecuencias de quedarse en casa el 29 de noviembre, el PP hará lo posible para que lo tengan muy presente.

Nunca hay que subestimar la capacidad del PP de tropezar dos veces en la misma piedra en una campaña y quedarse a vivir en ella. Cuando no es Ester Muñoz diciendo que el sistema público de pensiones “va a petar” es Alma Ezcurra afirmando que el derecho a la vida “es el derecho más importante, junto con la libertad, y es un principio rector de toda nuestra política”, lo que ya nos podemos imaginar dónde deja el derecho al aborto. Feijóo pide “sacrificios” a los ciudadanos, como si la economía estuviera hundida y tocara, como en tiempos de Rajoy, decir a la gente que ha vivido por encima de sus posibilidades.

Ni siquiera sus partidarios entienden esta clase de errores no forzados. “Cualquier becario de consultoría sabe que las pensiones son pura nitroglicerina política, una materia líquida que explota si se la agita. Sacar a relucir su presumible insostenibilidad en época electoral constituye un gesto suicida”, escribió un columnista de ABC. Igual es que hay demasiados asesores con el colmillo afilado en el PP y les faltan becarios que conozcan ciertos principios básicos de la política.

Cuanto más tropiece Feijóo, más bailará Sánchez. El presidente adusto, algo demacrado y casi superado por los acontecimientos de los meses más recientes ha dado paso al Sánchez enamorado que se pega un bailoteo al son de una canción que dice: “Ella es mi mundo. Ella es mi baby. Cuando estamos juntos, to' desaparece. Todo en un segundo”. Las expectativas electorales continúan siendo las que son, no muy favorables, y no van a desaparecer con dos mítines, pero al menos el baile y la declaración de amor no se los va a quitar nadie.

Para cuando Pedro Sánchez se puso a hablar de las cosas que se hablan en campaña (el miedo al enemigo, los datos económicos, las pensiones), las crónicas del mitin de este sábado en Fuenlabrada (Madrid) ya tenían material más que suficiente para echar a rodar. Tampoco necesitaban mucho más los cientos de militantes socialistas que abarrotaban el auditorio Tomás y Valiente y que jaleaban enfervorecidos la declaración de amor expreso que acababan de presenciar en directo: su líder, su presidente y su candidato a las elecciones besando, abrazando y, de paso, poniendo en el centro de la estrategia electoral de su partido a su pareja.

“Gracias por ser mi esposa, por ser la madre de mis hijas y por ser mi mujer, te quiero”. Así arrancó su intervención el presidente, aunque hasta llegar a ese punto ya se había dado junto a Begoña Gómez todo un baño de masas cargado de simbolismo. En una campaña en la que el líder del PSOE quiere volver a jugar a la contra para remontar todos los augurios y todas las encuestas que vaticinan, otra vez, una victoria holgada de las derechas, Sánchez decidió entrar al acto con su pareja. Un gesto que implica un mensaje político en sí mismo.

Porque Begoña Gómez es ya un símbolo de la ofensiva sin cuartel que denuncian los socialistas que padecen por parte de los poderes fácticos del país. Los que solo buscarían derribar al Gobierno a toda costa y de lo que sería paradigma la instrucción judicial del juez Peinado, que acabará sentando a la pareja de Sánchez en el banquillo de los acusados ante un jurado popular tras imputarla por malversación y tráfico de influencias. “Nos han intentado quebrar de todas las maneras y han logrado justo lo contrario. Hoy estamos más unidos y somos más fuertes que nunca. Así que, que lo escuchen alto y claro, te quiero”, le dijo mientras ella lo escuchaba en primera fila con lágrimas en los ojos y el público canturreaba: “Qué bonito, que bonito”.

Antes de entrar al recinto, uno de los jóvenes militantes del PSOE encargado de la logística le advirtió a Sánchez: “Presidente, vas a entrar con una canción que se llama MalibU, de Rusowsky. Es un joven cantante y compositor emergente...”. Y el presidente lo interrumpió: “Sé quién en Rusowsky, me encanta”. De la mano de Begoña Gómez accedió al recinto y de su mano subió también al escenario para dejar, por ahora, la foto de la campaña: un abrazo y un beso convertidos ya en imagen viral en redes sociales e inmortalizada mientras sonaba el estribillo del cantante emergente. “Ella es mi mundo. Ella es mi baby. Cuando estamos juntos, to' desaparece. Todo en un segundo”.

“El 29N, tú eliges”, publicó en sus redes el ministro Félix Bolaños junto a una foto poco agraciada de Alberto Núñez Feijóo que contraponía a la del beso de este sábado. Desde la cuenta oficial del PSOE, tuitearon: “La fuerza que lo puede todo, la fuerza del amor”. Y así un sinfín de publicaciones que corrieron como la pólvora por Instagram y Equis. Hasta tal punto, que ni siquiera desde la cuenta oficial del Partido Popular pudieron contener las ganas de intervenir en la conversación sobre la imagen del día. Lo hicieron con un montaje improvisado en el que eliminaron a Begoña Gómez y pusieron a José Luis Ábalos besando a Pedro Sánchez.

“Han entrado al trapo y eso es que hemos vuelto a tocar la tecla correcta y se corroen por dentro porque saben que con Pedro en este plan no se puede competir. ¿Tú te imaginas a Feijóo bailando ahí estos temas y diciendo estas cosas? Da risa pensarlo”, analizaba, eufórico, un dirigente socialista que insistía en que el ambiente de remontada gana con mucho a los malos augurios. Al menos, por el momento.

Pedro Sánchez, que puso a bailar a todo el PSOE y a gran parte de su Gobierno al final del acto, consiguió contagiar al auditorio de un insospechado optimismo que cimentó también en una burla descarada de su principal adversario. “La verdad es que Feijóo es todo un personaje, ¿eh? El otro día va y dice: 'Voy a pedir sacrificios, pero no me aplaudáis'. Hombre, si quieres te hacemos la ola. Pero encima, dice: 'Voy a pedir el voto a los currantes, no a los jetas'. ¡Y se señala a sí mismo! El tío se lo dice todo, es impresionante”.

No hubo atisbo alguno de duelo por las pequeñas o grandes tragedias del día a día. No se dijo ni media palabra sobre la dimisión de la portavoz del PSOE el día antes, Montse Mínguez, “rota” por la escabechina mediática y política a su vida privada tras publicarse que su pareja se dedica al negocio inmobiliario, ahora un pecado capital para una dirigente socialista en una campaña marcada por el derecho a la vivienda y unas elecciones convocadas tras el desahucio de Maricarmen.

Tampoco hubo espacio para lamerse las heridas por el polvorín en que se ha convertido una izquierda política que irá separada a las urnas y que complica un poco más la utopía de otro Gobierno progresista. Algo que todo el mundo concluye en las filas del PSOE que es una tragedia colectiva para la izquierda y una buena noticia para la derecha y la ultraderecha. Aunque estas últimas, sin embargo, volvieron a confesarse escocidas por el último movimiento estratégico de Pedro Sánchez: las listas unitarias de la izquierda en el Senado.

Esa jugada en la cámara Alta, donde los socialistas se presentarán conjuntamente con la mayor parte de partidos de su izquierda y que les pone en disposición de arrebatar la mayoría absoluta a las derechas, tuvo una reacción inmediata por parte de Santiago Abascal. El líder de Vox insinuó en sus redes sociales estar dispuesto a retirar las candidaturas de su partido al Senado para que el voto de derechas se concentre en el PP y así boicotear el paso dado por la izquierda. Otra prueba, dicen en Ferraz, de que esa tecla pulsada también era la correcta.

Lo que trasladan las encuestas internas que manejan en el PSOE es que la fuga de votos del PP a Vox es incesante y se consolida en torno al 20%. Y que transcurre en paralelo a una progresiva, aunque por el momento insuficiente, movilización del electorado progresista. Ambas corrientes de fondo que señalan los sondeos, y a la que se suma el fracaso de las negociaciones entre Frente Amplio y Podemos, hacen que cada vez más gente entre los socialistas crea perfectamente viable ganar las elecciones y ser primera fuerza el 29 de noviembre. Otra cosa, claro, será poder gobernar. Algo que, hasta la fecha, ni siquiera atisban los más optimistas. Que sí insisten, sin embargo, en que esto no ha hecho más que empezar, en que aún quedan 40 días y en que, de momento, Sánchez ya ha puesto a bailar al PSOE. Con Begoña Gómez en el centro de la pista y con la derecha sin poder parar mirar de reojo.

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado que el agitador ultra Vito Quiles sea investigado por coacciones a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. El tribunal revoca el archivo “prematuro” de la causa contra él por un episodio de hostigamiento en un restaurante, lo que según los jueces “no se trató de un encuentro casual, sino buscado de propósito”. La decisión llega una semana antes de que Begoña Gómez declare como imputada por denuncia falsa, precisamente, por interponer esta acción penal contra Quiles.

El episodio tuvo lugar el pasado mes de abril, cuando Quiles acudió a un bar donde Begoña Gómez se encontraba en compañía de varias personas. El vídeo publicado por el propio agitador, posterior a la agresión denunciada, muestra cómo Quiles siguió intentando acercarse a la esposa del presidente del Gobierno mientras sus acompañantes trataban de impedirlo.

Gómez presentó una denuncia en un juzgado que decidió archivar el caso al no ver indicios de delito contra Quiles. Lo hizo por la falta de “hechos que posean relevancia penal” tras examinar las grabaciones disponibles. Gómez presentó un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid apoyado por la Fiscalía, pero el agitador ultra contraatacó con una acusación por denuncia falsa que se ha tramitado a más velocidad que el recurso de la esposa del presidente del Gobierno, que a pesar de esta reapertura sigue citada a declarar como imputada la semana que viene.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un comunicado, el tribunal reprocha al juzgado de Majadahonda que archivara el caso de forma “prematura” cuando existen indicios de que, al menos, Quiles fue allí a buscar a Begoña Gómez de forma premeditada. “Todo parece indicar que no se trató de un encuentro casual, sino buscado de propósito cuando la denunciante se encontraba en un lugar público, aunque realizando una actividad privada en un ámbito reservado”, dice la Audiencia. Los jueces instan a analizar si la actitud de Quiles pudo llegar a “limitar la libertad de obrar” de Begoña Gómez, “obligándola a realizar algo que no deseaba”.

El juez jubilado Juan Carlos Peinado, retirado de la magistratura tras cumplir el pasado mes de septiembre los 72 años de edad, ha vuelto a darse de alta como abogado ejerciente y ha ubicado su despacho profesional en una exclusiva zona de Madrid cercana a la Puerta de Alcalá. El magistrado jubilado, que envió a juicio a Begoña Gómez como última actuación antes de retirarse, figura ya en las bases públicas del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, donde ya estuvo dado de alta por primera vez en 1978.

El Boletín Oficial del Estado publicó la jubilación forzosa de Juan Carlos Peinado García el pasado 26 de septiembre, un día antes de cumplir los 72 años de edad que reglamentariamente implican el retiro de los magistrados en España. Diversos medios de comunicación ya anunciaron en las últimas semanas que el objetivo del exmagistrado era abrir un despacho profesional para trabajar como abogado y elDiario.es ha podido comprobar que Peinado ya figura como ejerciente en las bases de datos de ICAM y del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) con el número de colegiado que le fue asignado en los setenta.

Diversos medios como El Independiente o El País habían avanzado detalles de las intenciones de Peinado que ahora se materializan en su perfil de colegiado ejerciente del ICAM: dado de alta por primera vez en marzo de 1978 y con un despacho ubicado entre la Puerta de Alcalá y Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid. Por el momento el juez jubilado y abogado no ha anunciado oficialmente la puesta en marcha de su despacho profesional, ni su nombre ni tampoco si tendrá socios o si colaborará con otros letrados.

Peinado empezó a ejercer como magistrado en la década de los noventa en distintos juzgados de Ávila, Toledo, Albacete y la Comunidad de Madrid hasta recalar en el juzgado de instrucción número 41 de Madrid. Fue en su despacho de la Plaza de Castilla de Madrid donde asumió la denuncia presentada por Manos Limpias y abrió una causa contra Begoña Gómez que fue expandiéndose entre varapalos de la Audiencia Provincial y la incorporación de acusaciones populares de corte ultra hasta llegar a manos de un jurado popular.

A lo largo de la instrucción el exmagistrado y hoy abogado pidió sin éxito al Tribunal Supremo la imputación de Félix Bolaños, interrogó como testigo a Pedro Sánchez en la Moncloa y finalmente envió a juicio a Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, acusada de promover su carrera profesional privada aprovechando su matrimonio con el presidente del Gobierno.

El Consejo General del Poder Judicial ha estudiado y archivado también diversas quejas contra él, algunas del propio ministro Bolaños por el trato recibido durante su declaración pero también de otros abogados del caso e incluso de sindicatos policiales. En este último caso, por especular con que los escoltas de Begoña Gómez podrían ayudar a la esposa de Sánchez en una hipotética huida.

La Fiscalía ha presentado su escrito de conclusiones absolutorias provisionales en el caso Begoña Gómez. En él, tras realizar una detallada descripción de los hechos investigados, concluye: “Los hechos no son constitutivos de infracción penal”. El Ministerio Público añade que procede, por tanto, la “libre absolución de los acusados” porque “sin delito no hay autor”.

Este escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, es un trámite necesario para abordar el juicio con jurado popular al que se enfrentarán tanto la esposa del presidente del Gobierno como su asistente en La Moncloa, Cristina Álvarez. Begoña Gómez será juzgada por los delitos de tráfico de influencias y malversación.

El juez Peinado, en su auto por el que envió a juicio con jurado popular a Gómez, señalaba que su posición como esposa del presidente del Gobierno le sirvió para crecer profesionalmente, y que se valió de esa palanca para medrar en su profesión obteniendo por ejemplo la dirección de una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense. Y la primera en la frente, el fiscal arranca su informe recordando que antes de que Begoña Gómez pisara alfombra en el Palacio de La Moncloa, allá por 2018, ya trabajaba de lo suyo, el marketing y la consultoría en el sector privado. Y que, de hecho, también estaba vinculada a la Universidad Complutense de Madrid porque era docente en el Diploma de formación en Fundraising y en un máster que iba sobre esa misma materia que, en resumidas cuentas, es aprender a lograr fondos públicos y privados para organizaciones sin ánimo de lucro.

El representante del Ministerio Público recuerda también que cuando cogió las riendas de ese máster extraordinario en la Complutense que llevaba por nombre Transformación Social Competitiva fue una “actividad no retribuida y por consiguiente percibió 0 euros”.

Por otro lado, explica que esa cátedra se originó tras una reunión en Moncloa entre Begoña Gómez y el rector de la UCM, Joaquín Goyache, que tuvo lugar en julio de 2020 -en plena pandemia- y que la creación de la misma siguió los cauces estipulados por el centro docente. Además, recuerda que el nombramiento de Gómez como directora de esa cátedra fue aprobado por unanimidad por el órgano competente y que conforme a la normativa no era preciso que fuera licenciada , diplomada, funcionaria o catedrática.

Otro de los puntos clave de la investigación de Peinado giró en torno al software creado en esa cátedra y en saber es si la esposa de Sánchez pudo apropiarse o sacar beneficios de él cuando era propiedad de la universidad. El fiscal del caso recuerda que Gómez logró la implicación de varias empresas como Indra, Google o Telefónica en la elaboración de esa aplicación que buscaba ayudar a las pymes a ser socialmente responsables, y también recuerda que ese asunto no llegó a implementarse. Al hilo, sí recuerda que la esposa del presidente del Gobierno “no cobró cantidad alguna por su actividad” y añade que ni ella ni su asistente “se ha beneficiado económicamente de las actividades de creación del software” y que la Complutense no ha sufrido un perjuicio patrimonial por esa actividad.

Además, el fiscal explica para zanjar el asunto de la presunta apropiación del software que este siempre estuvo a disposición de la Complutense y de empleados de la universidad. Y añade que ni las acusadas ni terceras personas han registrado a su nombre el referido software. “No consta que ninguno de los acusados haya realizado una explotación mercantil del programa informático y no consta que hayan pretendido ostentar titularidad o propiedad frente a terceros”, señala.

La malversación por el uso de la asistente

Sobre la figura de su asistente y el uso para sus negocios privados que pudo hacer Begoña Gómez de ella (para Peinado y para la Audiencia Provincial podría constituir un delito de malversación de fondos públicos), el fiscal recuerda que su nombramiento siguió “los cauces legalmente previstos” que era personal “de confianza” y que ese cargo “no cuenta con una regulación normativa expresa”. “Las funciones del asistente, con una disponibilidad permanente y jornada en régimen de especial dedicación, se basan en el desempeño de tareas de colaboración inmediata de carácter logístico y organizativo en el marco de atención de la esposa del presidente del Gobierno, en las que predominan las notas de afinidad inherentes a la confianza”, señala.

Y dice más, Álvarez debía gestionar la agenda de Gómez, preparar sus reuniones, visitas y eventos, acompañarla en desplazamientos, y otras tareas. Explica que, de lo instruido, se ha podido conocer que la asistente acompañó a la esposa de Sánchez en actos públicos y privados, algunos relacionados con la Complutense, y que en ese marco también realizó labores puntuales de gestión y contacto con personas de la universidad y con patrocinadores de la cátedra que dirigía Gómez. Pero subraya que esas labores ocasionales de ayuda no han ido “en menoscabo o detrimento para el patrimonio o los recursos públicos”. Añade que tampoco se ha producido ningún tipo de retribución o beneficio adicional derivado“ de esa actividad.

En el escrito de conclusiones, el fiscal indica que la declaración en el juicio de las dos acusadas deberá celebrarse en último lugar y solicita la declaración testifical de una treintena de personas.

El ultraderechista Alberto Royuela y su colaborador, Juan Martínez Grasa, se enfrentan a una petición de cuatro años de cárcel por difundir un bulo en YouTube sobre Begoña Gómez y un banco de Marruecos. La entidad Attiariwafa Bank y su presidente, Mohamed El Kettani, piden que ambos youtubers conspiranoicos sean juzgados y condenados por un delito de calumnias con publicidad y otro de falsedad documental por difundir falsas conversaciones telefónicas entre la esposa del presidente del Gobierno y el banquero sobre cuentas en paraísos fiscales. “Nosotros no hemos pinchado los teléfonos, los han pinchado otros y nosotros nos aprovechamos”, decían en el vídeo todavía disponible.

Alberto Royuela Fernández, subastero barcelonés ultraderechista que llegó a estar al frente de la Hermandad Nacional de la Guardia de Franco, es el autor del conocido como 'Expediente Royuela': una sucesión de documentos supuestamente confidenciales que lleva dos décadas difundiendo para demostrar la existencia de una supuesta conspiración de asesinatos de estado, corrupción internacional y cuentas ocultas en el extranjero. A día de hoy ningún juez ha dado la más mínima credibilidad a esos documentos y tanto él como Martínez Grasa están imputados en la Audiencia Nacional, acusados de formar, junto con el exjuez Fernando Presencia, una red de difusión masiva de bulos sobre jueces, fiscales, políticos y periodistas para recaudar miles de euros.

En este caso fue llevado ante los tribunales por otro de sus vídeos, titulado “¡Tenemos las conversaciones de Begoña Gómez con miembros del Gobierno marroquí! No os lo perdáis”. Un cuarto de hora en el que exhibieron supuestas transcripciones de conversaciones falsas entre Gómez y El Kettani y con varios líderes políticos de Marruecos haciendo alusión a supuestas cuentas bancarias en diversos paraísos fiscales. El vídeo, todavía disponible, finaliza con una petición de dinero de Martínez Grasa y Royuela, que ataviado con una camisa azul de Falange exclama “arriba España” antes de que terminar.

La entidad marroquí decidió llevar a los dos difusores de bulos ante los juzgados de Madrid y ahora, según ha sabido elDiario.es, ha presentado su escrito de acusación mientras la Fiscalía ha solicitado que se pongan en marcha diligencias complementarias antes de abrir juicio oral contra ambos. El Attiariwafa Bank solicita, en total, cuatro años de cárcel para los dos difusores del 'Expediente Royuela': dos por un delito de calumnias con publicidad y otros dos más por falsedad documental. El primer delito se corresponde con el bulo y el segundo con las falsas transcripciones de conversaciones, parecidas a otras difundidas en otros vídeos.

La entidad solicita, además, una indemnización de 50.000 euros. “Ninguna de las conversaciones enseñadas ha tenido lugar, ni existe prueba alguna de su existencia, resultando el contenido del documento enteramente simulado y carente de toda veracidad”, dice el escrito de la entidad marroquí. Las supuestas conversaciones, añade, son “una simulación de documento privado con el fin de perjudicar a mi mandante”. En el vídeo se atribuye “falsamente” al banco y su presidente delitos de corrupción, blanqueo o contra la Hacienda Pública, “afirmaciones todas ellas falsas”.

Begoña Gómez, perjudicada por el bulo

Los tribunales todavía tienen varias decisiones clave por delante antes de que el caso llegue a juicio: debe abrirse juicio oral y la Fiscalía debe presentar su propio escrito de calificación, además de recibir los de defensa de Royuela y su colaborador. El Ministerio Público, por el momento, no ha presentado el suyo porque solicitó una diligencia complementaria, la aportación de la grabación del vídeo, y se le dio traslado más tarde. Begoña Gómez ya compareció ante el juez en noviembre del año pasado y es previsible que vuelva a comparecer en el juicio en calidad de perjudicada, aunque no se ha personado como acusación en el caso.

El apellido Royuela figura en diversas causas judiciales, tanto civiles como penales, asociado a la difusión masiva de bulos en su canal de YouTube donde atesora más de 300 vídeos con 1,7 millones de visualizaciones. Este subastero, miembro destacado de la ultraderecha franquista en Barcelona en los años setenta, empezó a difundir la teoría de que fiscales como José María Mena encabezaban una red corrupta de autoridades españolas que promovía asesinatos, vinculando todo con la muerte de uno de sus hijos en 1993. La teoría, plagada de falsas conversaciones y cuentas bancarias como las atribuidas ahora a Begoña Gómez, fue llevada repetidamente a los tribunales y rechazada por falta de pruebas, entre otros, por el Tribunal Supremo y su Sala de lo Penal.

La difusión del expediente pasó de legajos de papeles y blogs de internet a un canal de YouTube que empezó a adquirir notoriedad durante la pandemia de coronavirus. Fue en esos años cuando Alberto Royuela y su hijo Santiago, condenado entre otras cosas por planificar un atentado con un explosivo casero contra asistentes a un concierto de Fermín Muguruza, se aliaron con Fernando Presencia, exjuez decano de Talavera expulsado de la carrera judicial tras varias condenas por prevaricación. La Audiencia Nacional investiga si entre todos urdieron un plan para difundir noticias falsas contra rivales de Presencia y canalizar las donaciones de sus seguidores a través de la asociación del exmagistrado.

Santiago Royuela, que tiene varias condenas penales en su expediente, también fue sancionado por la vía civil a indemnizar con 8.000 euros a la periodista Ana Pastor por afirmar en un vídeo que recibió “dinero negro” del Gobierno. Recientemente, la Audiencia de Barcelona le libró de un juicio penal por emitir bulos similares sobre Sergio Santamaría, abogado y exdiputado del Partido Popular en Cataluña.

La Fiscalía Provincial de Madrid tuvo claro desde un principio que no veía hechos delictivos en el caso por el que se ha enviado a juicio con jurado a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, y a su asistente en La Moncloa, Cristina Álvarez. Ahora, con la instrucción finalizada y respondiendo a la defensa de la asistente que se quejó de que ella no había podido estar presencialmente en el último trámite llevado a cabo por el juez Juan Carlos Peinado y que consistía en la celebración de una audiencia preliminar, aprovecha para dejar un recado al magistrado, que este mismo domingo se jubilaba: “No es deseable ni aceptable pasar por encima de los profesionales”.

El informe, adelantado por La Ser y al que ha tenido acceso elDiario.es, está fechado el pasado 20 de septiembre y en él se muestra contrario a aceptar el recurso presentado por la defensa de la asistente contra el señalamiento 'exprés' de la audiencia preliminar que se celebró el pasado 8 de septiembre. A pesar de esto, añade un reproche al juez: “Tampoco es usual, habitual ni normal en los usos conocidos esta precipitación y celeridad en el señalamiento de ciertos trámites dejando a las partes y profesionales en situaciones ciertamente extrañas”. Peinado había programado de un día para otro esa audiencia.

Con todo, explica que el argumento usado por la defensa de Álvarez de que sufrió indefensión por no poder asistir ella físicamente a ese trámite no cabe en este caso porque la presencia del investigado no era imperativa. Pero vuelve a incidir en que Peinado se “extralimitó” y mostró “escasa sensibilidad” con el resto de los intervinientes en el proceso.

Sobre Álvarez, explica el fiscal del caso que el hecho de encontrarse fuera de territorio nacional hasta el 28 de septiembre “no resulta fácil de conciliar” con el principio rector que reza que una vez entregado el escrito acusación, la audiencia preliminar debe celebrarse “el día más próximo posible”.

No obstante, el Ministerio Público incide en que “no es usual la celeridad” de Peinado y “no es deseable ni aceptable pasar por encima de profesionales. Fue el pasado 21 de septiembre cuando el juez acordó la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez para que sea juzgada por un tribunal del jurado por los delitos de tráfico de influencias y malversación. Junto a ella se sentará en el banquillo su asistente.

“El juez de instrucción es el hombre más poderoso de Francia”. La frase se atribuye a Napoleón Bonaparte, quien la acuñó para evidenciar cómo el criterio de un único magistrado podía marcar los tiempos de un país y el destino de sus gobernantes. La investigación que Juan Carlos Peinado ha seguido durante los últimos dos años y medio contra Begoña Gómez sugiere que el magistrado ha asumido sin reservas el rol atribuido por el emperador francés, una controvertida figura histórica de la que es admirador. 

Peinado cuelga su toga definitivamente este domingo. Tras una trayectoria de tres décadas —accedió a la judicatura en la cuarentena y sin oposición, por el llamado cuarto turno—, se jubila al cumplir 72 años, la edad máxima que permite la ley. Y lo hace tras dejar atado y bien atado el gran caso de su carrera: la investigación a la esposa de Pedro Sánchez, a la que ha conseguido sentar en el banquillo tras una instrucción errática y en la que ha contado con la extrema derecha como muleta. 

De esa exhibición de poder a la que aludía Napoleón dan fe algunos de los principales hitos de la causa. Es el caso de su inédita incursión en el Palacio de la Moncloa para tomar declaración como testigo a Pedro Sánchez, el intento (fallido) de abrir una causa en el Tribunal Supremo contra el ministro Félix Bolaños o la exigencia de documentación al Ejecutivo bajo la amenaza de delito de desobediencia. También llegó a insinuar que los agentes que ejercen como escoltas de Begoña Gómez podrían colaborar con su huida, lo que soliviantó a unos sindicatos policiales nada habituados a la crítica de la judicatura. 

Quienes le conocen dicen que se marcha tranquilo, satisfecho con el devenir de una causa a la que se ha dedicado en tiempo y alma mientras ofrecía una atención limitada a otros casos de su juzgado. Sin embargo, lejos del aura de otros magistrados idolatrados por la derecha política y judicial, de Peinado es difícil encontrar quien resalte de él su independencia o su brillantez jurídica. Pese a ello, llevará siempre en su haber el impulso de una de las causas que más desgaste han supuesto para el Gobierno de coalición y, singularmente, para su presidente. 

Con todo, solo los sectores más radicalizados han enarbolado su figura como estandarte en la batalla judicial contra el Gobierno. La instrucción ha resultado tan controvertida que la premisa de que 'el fin justifica los medios' ha dejado al descubierto cierta incomodidad de la derecha tradicional, que no se atreve a reivindicar abiertamente unos métodos tan alejados del decoro institucional. 

Esta situación tiene un reflejo material en las decisiones de la Audiencia Provincial, que le dio el aval para investigar “todas las actividades de Begoña Gómez desde que su marido fue investido presidente del Gobierno” y construyó la base argumental en la que se apoyó el instructor para seguir adelante con la causa. Pero que también ha anulado una veintena de sus resoluciones por vulnerar derechos fundamentales de los imputados o por falta de motivación. Entre ellas, las relativas al registro del domicilio y las empresas de uno de los investigados mientras estaba muy grave en el hospital y varias imputaciones y líneas de investigación. 

En este contexto, no extrañan los vítores que ha recibido en algunas tardes de toros en Las Ventas. O las alabanzas de los exaltados que solían reunirse en las inmediaciones de los juzgados con cada hito del caso contra Begoña Gómez. Sin embargo, Peinado ha lamentado algunas veces ante su círculo más próximo su soledad ante los “ataques” recibidos. El pasado abril, sus compañeros en los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid, donde deja algunos amigos, suscribieron una declaración institucional para mostrarle su “apoyo” frente a las “descalificaciones” que estaba recibiendo tras la decisión de dejar al borde del banquillo a Begoña Gómez. 

Peinado sustentó esa decisión en un auto en el que llegó a comparar a Pedro Sánchez con el régimen absolutista de Fernando VII, lo que provocó la reacción en tromba del Gobierno y de otros representantes políticos. Es otro más de los exabruptos contenidos en sus resoluciones, caracterizadas por una redacción alambicada en ocasiones imposible de seguir. Por eso llamó la atención cuando, hace un año, copió párrafos enteros de un artículo de una revista jurídica para fundamentar uno de sus escritos.

Quienes han tratado con él dentro del juzgado apuntan que adopta posiciones y gestos difíciles de encajar en la neutralidad que debería regir su función. Ejemplo de esas excentricidades fueron la petición de que le organizaran un estrado en la Moncloa para estar en una situación de superioridad respecto al testigo, en ese caso el ministro de Justicia, Félix Bolaños. O la exigencia al anterior abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, de que le mirara al hablar durante una comparecencia en la que el letrado se estaba dirigiendo a las acusaciones que reclaman elevadas penas de cárcel para quien era su clienta. 

Peinado ha gozado de la protección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde los vocales conservadores han impuesto sus votos para impedir cualquier actuación disciplinaria contra él. El órgano de gobierno de los jueces ha archivado más de una decena de quejas presentadas por sus excesos o errores. Entre ellas, las del ministro Bolaños, quien no descarta explorar otras vías en los tribunales contra el magistrado ahora que se ha jubilado y que queda descartado el reproche disciplinario. 

De perfil tradicionalista, quienes le conocen dicen que es un gran lector, admirador del pensador Ortega y Gasset y amante de los toros y los caballos. A ello y a su familia se dedicará a partir de ahora. Aunque hay quien advierte que, ya sin el peso de la toga, está determinado también a restaurar su honor frente a quienes considera que lo han violentado en sus declaraciones públicas. En los últimos meses ha interpuesto casi una decena de demandas contra políticos y periodistas a los que reclama miles de euros. 

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado la jubilación forzosa por edad del juez Juan Carlos Peinado, un día antes de cumplir 72 años, y con una carrera marcada en su etapa final por investigar y enviar a juicio ante un jurado popular a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno.

La publicación por parte del BOE de la orden del Consejo General del Poder Judicial que declara la jubilación forzosa por edad de Peinado llega un día después de que el juez pasara su último día en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid. Previamente, durante esta semana ha gozado de tres días de permiso una vez dictó el lunes su última decisión: el auto de apertura de juicio por presunto tráfico de influencias y malversación contra Begoña Gómez y su asesora.

Como tenía previsto, y tras sus vacaciones de verano, ponía así punto y final a una instrucción no exenta de polémica, en la que ha llegado a comparar el caso de Begoña Gómez con conductas “más propias de regímenes absolutistas” y el reinado de Fernando VII.

En estos dos años y medio, en los que pidió permiso para extender su jubilación hasta el máximo legal, Peinado ha pasado por La Moncloa para interrogar al presidente del Gobierno y al ministro de Justicia -al que incluso pidió imputar sin éxito-, ha llegado a imputar a siete personas, incluido el delegado del Gobierno en Madrid, y ha investigado cinco delitos.

Con decisiones controvertidas como las citaciones en sábado, domingo o Miércoles Santo, Peinado recibió reveses, pero también avales de la Audiencia de Madrid, que finalmente ha ratificado que el juicio a Begoña Gómez sea ante un jurado.

Aunque conocido en el entorno judicial de Madrid, Juan Carlos Peinado era un desconocido para el gran público hasta que la denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez llegó a sus manos en abril de 2024. Ese caso ha marcado la recta final de su carrera en la judicatura, a la que llegó tarde, con 40 años, tras haber ejercido como abogado y como secretario del Ayuntamiento de varios municipios madrileños.

Se jubila como juez de instrucción del juzgado 41 de Madrid, de Plaza de Castilla, donde lleva la última década. Antes pasó por juzgados de localidades de Ávila, Toledo, Albacete y Madrid, según fuentes jurídicas consultadas por EFE.

Desde el 41 ha llevado otros casos también conocidos en su momento como el del triple crimen en un despacho de abogados del barrio madrileño de Usera en 2016 -que acabó juzgado en Venezuela-, o una demanda, ya archivada, contra los concejales Pablo Soto y Guillermo Zapata por mensajes ofensivos en redes sociales en 2015.

Abrió incluso diligencias contra el exfutbolista Raúl González Blanco por presunta ocultación de patrimonio y fue sonada la imputación, en 2019, de periodistas por presunta revelación de secretos vinculada al sumario de los Comités de Defensa de la República (CDR), ya archivada.

Una causa contra un cargo de la empresa municipal de transportes de Madrid (EMT) acabó archivada tras agotarse el plazo de instrucción, y también ha investigado el supuesto hackeo de los correos de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, o una denuncia de Hazte Oír contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por la paralización de un autobús reivindicativo.

Al final de su carrera, Peinado ha recibido varias querellas por prevaricación y también quejas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como la del ministro Félix Bolaños, en el contexto de su investigación a Begoña Gómez, pero ninguna ha prosperado.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha presentado un nuevo recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esta vez, contra la decisión del órgano de denegarle el acceso al expediente completo de su queja contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso contra Begoña Gómez. El ministro sostiene que la decisión de no entregarle esa documentación le causa una “indefensión real y efectiva” porque le impide contar con todos los datos con los que acudir a otras instancias, como el Tribunal Supremo. 

En el recurso, adelantado por El País, el ministro considera “llamativo” el contraste entre los tiempos de tramitación manejados por el CGPJ en las quejas formuladas contra el juez Peinado —cuya tramitación se demoró 14 meses— y la “celeridad” desplegada para pronunciarse su primer recurso de alzada, que la Comisión Permanente analizó y acordó rechazar en apenas 18 días. 

“La conclusión que desgraciadamente se desprende es que durante meses se toleró una situación de parálisis que favorecía objetivamente que la jubilación del denunciado terminase convirtiéndose en un factor de impunidad para él”, recoge el escrito, en el que acusa directamente a “los vocales que integran el grupo conservador de la Comisión Permanente” de estar “abandonados a la molicie”. Este viernes es el último día en activo de Peinado en la carrera judicial, ya que se jubila este domingo al cumplir los 72 años. 

“La radical disparidad entre los tiempos de tramitación solo admite, en apariencia, dos posibles explicaciones: o la tramitación de la denuncia del Sr. Peinado fue demorada innecesariamente durante más de catorce meses, o mi recurso ha sido objeto de una aceleración extraordinaria para ser resuelto en unos días”, dice el escrito. A su juicio, esta situación “alimenta una percepción de un corporativismo nocivo que perjudica la imagen de la Justicia y que es difícilmente compatible con la confianza que los ciudadanos deben poder depositar en los mecanismos de control disciplinario del Poder Judicial”. 

Respecto al fondo del recurso, el ministro califica de “espigueo normativo” y de “régimen híbrido” la argumentación del CGPJ para bloquear la entrega del expediente de sus quejas contra Peinado. El Promotor de la Acción Disciplinaria alegó que las diligencias informativas son trámites “reservados”.

El ministro rebate que esa reserva legal está diseñada para proteger al juez frente a la opinión pública, pero no frente al denunciante. Al ocultarle estos documentos, la resolución impide verificar datos clave, como la fecha exacta en la que el juez tuvo conocimiento de la denuncia en su contra y que fue días antes de elevar una exposición razonada al Supremo para intentar imputar al propio Bolaños.

Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, se someterá a un juicio con jurado por tráfico de influencias y malversación. Dos años y medio después de que el juez Juan Carlos Peinado iniciara una causa penal contra ella, el auto de apertura de juicio oral resume en 67 páginas los resultados de su investigación. Todas las pruebas existentes en el sumario que podrían servir de atenuante para la mujer del presidente no aparecen en el escrito que Peinado firmó seis días antes de su jubilación definitiva a los 72 años.

El auto de apertura de juicio oral olvida hechos y datos relevantes, y comete inexactitudes que juegan siempre en contra de Begoña Gómez. El auto de apertura de juicio oral no es recurrible, por lo que Peinado puede jubilarse el próximo domingo con la tranquilidad de que ya no habrá más correcciones a su trabajo por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

La cacería judicial contra la mujer del presidente comenzó en marzo de 2024 por unos hechos que han quedado fuera de la causa: la adjudicación de dos contratos por Red.es, una entidad pública dependiente del Gobierno central, al empresario Juan Carlos Barrabés. Éste incluyó en su oferta al concurso hasta 32 cartas de apoyo de empresas e instituciones, entre ellas una de la Universidad Complutense firmada por Begoña Gómez, como codirectora de un máster. La Guardia Civil elaboró un informe a petición del juez Peinado sobre aquellos hechos sin apreciar indicios del delito. Al instructor no le importó y siguió adelante, para lo que contó con el aval de la Audiencia Provincial de Madrid para investigar “todas las actividades de Begoña Gómez desde que su marido fue investido presidente del Gobierno”.

Como los contratos de Barrabés tenían financiación europea, la Fiscalía Europea asumió la investigación de esa parte de la causa. Pero tras dos años de pesquisas tampoco halló delitos imputables de Begoña Gómez.

Peinado obvia en su relato esta circunstancia y otras muchas que impedirían sostener el juicio al que ha logrado llevar a la mujer del presidente del Gobierno. En su camino instructor, el juez ha dejado varias víctimas inocentes, imputadas por corrupción durante meses hasta que la Audiencia Provincial decidió corregir a Peinado. Hasta 20 resoluciones han sido anuladas por la instancia superior en apenas dos años y medio de instrucción. El juez también olvida casi todos los correctivos que ha sufrido en su auto de apertura del juicio oral.

Una trayectoria profesional privada… con 12 años de docencia en la universidad pública

Peinado comienza su auto de apertura de juicio oral recordando la trayectoria profesional de la acusada y atribuyéndole un aprovechamiento de su condición de mujer del presidente. “Contrajo matrimonio civil con don Pedro Sánchez Pérez-Castejón el 27 de julio de 2006. Es público y notorio que Pedro Sánchez desempeñó el cargo de secretario general del PSOE desde el 26 de julio de 2014 hasta el 1 de octubre de 2016, y nuevamente desde el 17 de junio de 2017 hasta la actualidad, asumiendo la Presidencia del Gobierno de España el 2 de junio de 2018. En ese mismo contexto se produjo un cambio inmediato y significativo en la trayectoria profesional de Begoña Gómez, hasta entonces vinculada al ámbito laboral privado del marketing y la consultoría en el Grupo Inmark, empresa de la que solicitó una excedencia en 2018, coincidiendo con la llegada de su esposo a la Presidencia del Gobierno”.

El juez olvida que Begoña Gómez compatibilizó desde 2012 su trabajo en el Grupo Inmark, donde fue directora de consultoría en externalización comercial, directora de negocio para España y Portugal, y consejera y secretaria del consejo de administración, con la docencia en la Universidad Complutense. Cuando Peinado habla de “un cambio significativo en la trayectoria profesional de Begoña Gómez”, en realidad no es tan significativo, ni siquiera es cambio. Antes de que Pedro Sánchez fuera elegido secretario general del PSOE, su mujer ya codirigía el Diploma de formación continua de Técnico de Fundraising durante los cursos en la Complutense 2012/13 y 2013/14.

Después fue directora del Máster propio en Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro desde su primera edición en el curso 2014/2015 hasta su novena edición en el curso 2023/2024. En 2020, propuso la creación de una cátedra en la Complutense, buscó los patrocinios necesarios y la codirigió, sin cobrar un euro por ello, hasta que el juez Peinado abrió una causa contra ella y la Universidad decidió cancelar todos los cursos en los que intervenía Gómez.

Bolaños no tuvo nada que ver con el nombramiento de la asistente

El juez Peinado sostiene que el nombramiento de Cristina Álvarez como asistente de Begoña Gómez “se realizó bajo la dirección de Félix Bolaños García, como secretario general de Presidencia”. La investigación dejó claro que ese nombramiento no fue responsabilidad de Bolaños. Pero Peinado intentó imputarle, para lo que envió una exposición razonada al Supremo. Este Tribunal rechazó la propuesta del juez instructor por la “absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotados de mínima verosimilitud”. El juez cita en su auto el nombre de los dos sucesores de Bolaños al frente de la secretaría general de Presidencia, a los que también llegó a imputar durante un breve espacio de tiempo. 

Patrocinios privados de la cátedra a cambio de supuestos favores... sin prueba que lo sostenga

La Audiencia Provincial de Madrid anuló numerosas resoluciones del juez Peinado recurridas por las partes. Pero también fue construyendo la base argumental en la que se apoyó el instructor para seguir adelante con la causa. Peinado copió esos planteamientos en su auto de apertura de juicio oral: “La implicación de Begoña Gómez podía deducirse del aprovechamiento de su proximidad al Presidente del Gobierno, como su esposa, para ofrecer favores o influencias a cambio de contraprestaciones encaminadas a proyectar su carrera profesional (…) Esto explica el rápido desarrollo de la citada Cátedra, con la diligente consecución de financiación por empresas sometidas a supervisión gubernamental o beneficiarias de importantes subvenciones o adjudicaciones de contratos públicos”.

El juez sugiere, apoyándose en los argumentos de la Audiencia Provincial, que Begoña Gómez consiguió fondos de empresas como Indra, Movistar o Google para su cátedra en la Complutense a cambio de favores del Gobierno de su marido a estas compañías, dos de ellas participadas por el Estado. No hay en toda la investigación ni una sola prueba de esos supuestos favores.

Participación clave de Juan Carlos Barrábes en la cátedra: dos clases, 300 euros

El juez Peinado sostiene que el empresario Juan Carlos Barrabés “participó en la creación, financiación, desarrollo y consolidación de la cátedra” que codirigía Begoña Gómez. En realidad, Barrabés sólo dio dos clases en tres años a razón de 150 euros por cada una.

Dos cartas de apoyo firmadas por Begoña Gómez para un concurso... junto a otras 32 cartas de otras instituciones

“En julio de 2020, Begoña Gómez firmó, en su condición de codirectora del máster, dos cartas de apoyo a ofertas de Juan Carlos Barrabés con la UTE integrada por Innova Next, S.L.U. y The Valley Digital Business School en procedimientos de contratación de la entidad pública Red.es”, escribe Peinado. El auto judicial olvida contar que además del escrito de apoyo de Begoña Gómez había otras 32 cartas iguales, firmadas por responsables de empresas tecnológicas e instituciones, entre ellas el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP, quién había adjudicado previamente contratos millonarios a las firmas de Barrabés.

El juez Peinado aclara que aunque esos hechos quedaron fuera de la causa, incluye una referencia a los mismos “como contexto temporal de la actividad desplegada por la acusada y de su posición de influencia”. La UCO de la Guardia Civil le contó al juez que no había encontrado ni un solo indicio de posición de influencia de Begoña Gómez al analizar la adjudicación de dos contratos a Barrabés por parte de Red.es.

Malversación de un software de uso gratuito cuyo “propietario” era un funcionario de la Complutense

Peinado sostiene que Begoña Gómez creó una sociedad con el mismo nombre que la cátedra que codirigía en la Complutense —aunque evita decir que la sociedad no tuvo ingresos— y que puso a su nombre el dominio de internet en el que alojó el software de uso gratuito para pequeñas y medianas empresas. El juez oculta que la mujer del presidente puso a su nombre el dominio de Internet porque así se lo indicó expresamente la Universidad, según correos electrónicos aportados a la causa.

Peinado acusa a Begoña Gómez de no terminar los trámites para registrar la plataforma tecnológica a nombre de la Universidad Complutense, “sin ofrecer explicación a tal omisión”. Pese a que no se inscribió el software a nombre de nadie, el juez Peinado intentó desde siempre atribuir a Begoña Gómez el delito de apropiación indebida, por el que finalmente no será juzgada

El “control privado” del software… asignado a una cuenta de la universidad pública.

Peinado insiste en que “Begoña Gómez, con la colaboración de Cristina Álvarez, fue asegurando el control privado sobre los elementos identificativos y de explotación del proyecto”. El abogado de Cristina Álvarez le desmiente con más documentos: “El rol de propietario ('owner') del software fue asignado a la cuenta institucional 'dmartinez@ucm.es', correspondiente a David Martínez Borque, empleado del Servicio de Sistemas de la Universidad Complutense de Madrid”.

El rol de propietario era el permiso de mayor amplitud dentro del proyecto y permitía administrar sus recursos, gestionar los roles y permisos y configurar su facturación. Por tanto, el control técnico-administrativo del software quedó atribuido a una cuenta corporativa de la Universidad Complutense junto a personal especializado de Devoteam. Ni Cristina Álvarez ni Begoña Gómez figuraron nunca entre los propietarios (owners) del software alojado en Google Cloud Platform.

La causa por la que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, se sentará en el banquillo de los acusados avanza sin solución de continuidad. Con un juez, Juan Carlos Peinado, que ya es historia, la causa afronta ahora unos meses clave que acabarán con el señalamiento de un juicio en el que nueve ciudadanos residentes en la Comunidad de Madrid decidirán su futuro judicial. Para ese momento en el que arranque la vista oral quedan, según fuentes jurídicas consultadas, aproximadamente diez meses.

Este primer cálculo no es inocuo. Rondaría el mes de julio de 2027 y ese mes coincide con la fecha límite para la celebración de unas elecciones generales en las que el marido de la principal acusada se juega seguir otros cuatro años en el Palacio de la Moncloa. Este escenario temporal debe conjugarse además con la regla no escrita de que los procedimientos judiciales no deben interferir en los procesos electorales.

Pero antes de llegar a ese trance hay un camino procesal que recorrer: un juez al que elegir para dirigir el procedimiento del Tribunal del Jurado, una fase intermedia que transitar y un grupo de 36 madrileños preseleccionados que 'depurar' hasta lograr que nueve de ellos se encarguen de emitir un veredicto de culpable o no culpable sobre la figura de Gómez y sobre su asistente, Cristina Álvarez. A la primera se le envía a juicio por los delitos de tráfico de influencias y malversación, a la trabajadora de Moncloa por malversación.

Todo arrancará cuando, en una semana, la Audiencia Provincial de Madrid envíe el asunto a la Oficina de Registro y Reparto para que se asigne a qué sección concreta de lo Penal le cae la causa. Esto, según explican fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, es un procedimiento automático de asignación en el que no interviene mano humana. Hay 15 secciones penales en la Audiencia, pero quedan excluidas la número 26 y la número 27 —porque están especializadas en violencia contra la mujer—, y la 23 porque ya ha conocido del asunto durante la instrucción.

La 'patata caliente' puede caer en una de las 12 secciones restantes. Es decir, hoy por hoy hay 60 magistrados (cada sección tiene cinco) muy pendientes de la 'máquina' para ver si les cae o no. ¿Y cómo se decide quien de los cinco magistrados será el responsable de ser el magistrado-presidente del juicio? Pues las fuentes explican que el sistema que opera a partir de ahí es el de correturnos: el primer asunto le cae al juez que más tiempo lleve en la sección, y de ahí va bajando hasta el que menos tiempo lleve. Es decir, en este momento hay una docena de magistrados que saben que tienen más papeletas que el resto.

Ese magistrado-presidente será una figura crucial en todo el procedimiento. Según indica la ley del jurado, no solo dictará una sentencia en la que recogerá el veredicto del jurado e impondrá, en su caso, la pena y medida de seguridad que corresponda, sino que también resolverá sobre las recusaciones de jurados propuestas por las partes y sobre las excusas de los jurados para no participar en la vista.

Además, es el encargado de dirigir el desarrollo del juicio auxiliando a los jurados en la comprensión de las alegaciones de las partes. También será el encargado de redactar para los jurados el escrito sobre el que deberán deliberar para emitir un veredicto.

Los 36 candidatos a jurado: que no estén “fanatizados”

De hecho en la fase intermedia, que se abrirá tras decidir quién será el magistrado, también se encargará de elegir qué pruebas irán finalmente al juicio y qué testigos serán llamados. Y ahí hay tela aún por cortar: está por ver si declarará el presidente del Gobierno, un caramelo que la dirección de las acusaciones populares (HazteOir) no dejará escapar. En esa fase previa al señalamiento del juicio se podría incluso elevar al TSJM una eventual recusación del propio magistrado-presidente, algo que por el momento las partes consultadas descartan dado que quien tiene la responsabilidad sobre una eventual condena es el jurado y no el 'árbitro'.

Una vez señalada la fecha del juicio, se celebrará la vista para ventilar las cuestiones previas, y ahí las defensas tienen puestas muchas esperanzas porque, incluso, podrían acabar con la anulación de la vista oral. Con todo, y en caso de que el juicio se celebre finalmente, el primer día, cada una de las partes personadas podrá recusar a cuatro de los 36 ciudadanos preseleccionados. Al final deben quedar nueve jurados titulares y dos suplentes.

Estos candidatos vienen de una bolsa de candidatos que se renueva cada dos años y que contiene unos 3.000 nombres sacados directamente del censo electoral. Puede ocurrir que cuando el secretario judicial notifique a cada uno de los 36 candidatos que ha sido seleccionado, estos rellenen el cuestionario dando razones de peso para ser descartados. En caso de que la cifra final de candidatos baje de 20, el magistrado puede tirar de nuevo de la bolsa para asegurarse un mínimo.

El criterio a seguir por cada una de las partes para recusar a miembros del jurado es un misterio, aunque algunas de las partes personadas señalan en conversación con elDiario.es que, con que los candidatos no sea gente “muy fanatizada”, se conforma. En el proceso de selección del jurado, los nueve seleccionados deberán responder a las preguntas que les formulen las partes y estas podrán solicitar la exclusión sin explicar el motivo.

“Un deber inexcusable”

Mientras, y a lo largo de la vista, cada uno de ellos percibirá una retribución diaria de 67 euros, a lo que han de sumar los gastos que les conlleve moverse hasta el juicio si no viven en la ciudad donde se celebra la vista (Madrid): el billete de transporte público, 0,19 euros por kilómetro si se llega en automóvil, o 0,07 euros si se llega en motocicleta. El desempeño de esta función “es un deber inexcusable” y, por tanto, los jurados tienen derecho a ausentarse de su trabajo.

Una vez se ventile el juicio oral, los nueve jurados deliberarán y emitirán un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad. Para esa deliberación estarán incomunicados y, si la discusión se alarga, la ley contempla que se les debe dar las condiciones necesarias para pernoctar y que se mantenga esa incomunicación. Durante ese periodo tendrán prohibido acceder a medios de comunicación o teléfonos móviles, tampoco podrán charlar con nadie ajeno al resto de miembros del jurado. Sobre cómo se organiza el trabajo en esa deliberación, la norma indica que entre los nueve se elegirá un portavoz que será quien dirija el debate, quien redacte el veredicto y quien lo lea en audiencia pública.

Cuando se afronte la votación, los nueve deberán pronunciarse ante el resto sobre cada uno de los hechos en voz alta y por orden alfabético: ninguno puede abstenerse. La ley contempla que son necesarios al menos siete votos para declarar probados los hechos que sean desfavorables para los acusados, y cinco votos cuando sean favorables para los acusados. Tras esto, y sobre la votación para la declaración de culpabilidad, serán necesarios también siete votos, mientras que para el 'no culpable' será suficiente con cinco votos.

El Consejo General del Poder Judicial ha decidido archivar de manera definitiva las quejas que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, presentó contra el juez Juan Carlos Peinado. Los cuatro vocales conservadores de la Comisión Permanente y el vocal elegido a iniciativa de Sumar Carlos Hugo Preciado han sumado sus votos para desestimar el recurso de alzada del ministro. La presidenta del órgano, Isabel Perelló, no ha votado al constatarse durante la deliberación la existencia de una mayoría de cinco vocales favorable a esa desestimación. Dos vocales progresistas han votado en contra del archivo.

Bolaños denunció la “hostilidad” y la “actitud intimidatoria” del juez cuando le interrogó como testigo en la Moncloa en el caso contra la esposa del presidente del Gobierno y cuando, después, pidió sin éxito al Tribunal Supremo que abriera una causa contra él. El magistrado exigió una tarima para poder colocarse en un plano superior al del ministro, le acusó de contestar con “evasivas” y le llegó a reprochar que sonriera. 

En el recurso contra la decisión de archivar sus quejas, Bolaños afirmaba que la actuación del órgano de gobierno de los jueces no representa los estándares de agilidad y rigor exigibles y criticaba que “bien por conservadurismo, bien por corporativismo” hubiera sido incapaz de corregir las “irregularidades” denunciadas. 

Este martes, la Comisión Permanente del organismo ha decidido avalar el archivo de las quejas firmado por el Promotor de la Acción Disciplinaria. A su juicio, ese archivo tenía “una amplia justificación” sobre por qué la actitud de Peinado durante su testifical tenía una “falta de trascendencia” como para llegar a convertirse en una sanción. Hubo una “tirantez dialéctica” pero, añade la Comisión Permanente, no una conducta sancionable.

Tampoco encuentran motivo de castigo en que el Tribunal Supremo tumbara de plano la propuesta de Peinado de imputar a Bolaños en la causa por la que Begoña Gómez va a ser juzgada. Ahora el ministro de Justicia tendrá que decidir si lleva esta negativa del CGPJ ante la sala tercera del Tribunal Supremo a través de un recurso e insistir en que Peinado pueda llegar a ser sancionado.

Dos progresistas defienden admitir el recurso de Bolaños

La decisión cuenta con el voto particular discrepante de los vocales progresistas Argelia Queralt y Bernardo Fernández, quienes sostienen que el acuerdo confunde el contenido de la función jurisdiccional, que no puede ser revisado disciplinariamente, con la forma en que el juez ejerce su autoridad sobre quienes comparecen ante él. “La independencia judicial protege la libertad del juez para decidir; no convierte en jurídicamente irrelevante la forma en que ejerce la autoridad que el Estado le confiere”, recoge su escrito.

Ambos vocales consideran que la conducta desarrollada durante la declaración no podía analizarse como una suma de incidentes aislados. A su juicio, la sucesión de reproches dirigidos al testigo por su forma de expresarse y responder, la censura de su expresión facial, la advertencia de que su condición procesal podía cambiar y el requerimiento de que aprovechara un receso para obtener de terceros una información que había manifestado desconocer debían valorarse “conjuntamente y en su contexto”.

Así, defienden que los hechos estaban objetivamente documentados mediante la grabación íntegra de la declaración y que existía una base suficiente para examinarlos en un procedimiento contradictorio. Y subrayan que “la ausencia de certeza sobre la existencia de una infracción no equivale a la ausencia de indicios suficientes para investigarla”.

Por otro lado, la Permanente respaldó el archivo de tres diligencias informativas incoadas a raíz de quejas planteadas contra Peinado. Una de ellas había sido presentada por la trabajadora de la Moncloa Cristina Álvarez, asistente de la mujer del presidente, quien también se sentará en el banquillo. 

Su letrado, José María de Pablo, puso en conocimiento del CGPJ un escrito en el que acredita, con varios pantallazos, que el digital que dirige Eduardo Inda publicó el contenido de una providencia dictada por el juez 15 horas antes de que ese documento fuera trasladado a las partes a través de LexNET, la plataforma del Ministerio de Justicia que sirve para comunicarse electrónicamente con los juzgados y tribunales. La filtración, por tanto, solo podía provenir del juzgado, según el escrito.

El vocal elegido a iniciativa de Sumar Carlos Hugo Preciado ha defendido que el asunto saliera del Consejo y se remitiera a la Fiscalía, al entender que los hechos “pueden ser constitutivos de delito”. La mayoría, sin embargo, ha optado por archivo.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) analiza este martes el recurso de alzada presentado por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, contra la decisión de archivar las quejas que presentó ante este mismo órgano contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso contra Begoña Gómez. El encargado de dar respuesta a ese recurso es el vocal conservador Carlos Orga, quien propone desestimarlo y confirmar así el cerrojazo definitivo de las denuncias presentadas, de acuerdo a las fuentes consultadas por elDiario.es. 

El pasado julio, los cuatro vocales conservadores de la Comisión Permanente y el consejero elegido a iniciativa de Sumar Carlos Hugo Preciado respaldaron la propuesta del Promotor de la Acción Disciplinaria de archivar las diligencias abiertas a raíz de las quejas de Bolaños. Esa misma Comisión Permanente decidirá este martes sobre el recurso, por lo que de mantenerse sus posiciones, las quejas quedarían archivadas definitivamente. 

De hecho, el propio Bolaños admitía en su recurso que no confiaba en que ese órgano revocara su propia decisión y anunciaba que su objetivo era agotar la vía administrativa antes de acudir a la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Su objetivo, decía, es que esa instancia hiciera “el trabajo que correspondía al CGPJ: defender y proteger el buen nombre de la judicatura”.

“Actitud intimidatoria”

Bolaños denunció la “hostilidad” y la “actitud intimidatoria” del juez cuando le interrogó como testigo en la Moncloa en el caso contra la esposa del presidente del Gobierno y cuando, después, pidió sin éxito al Tribunal Supremo que abriera una causa contra él. El magistrado exigió una tarima para poder colocarse en un plano superior al del ministro, le acusó de contestar con “evasivas” y le llegó a reprochar que sonriera. 

En el recurso contra la decisión de archivar sus quejas, Bolaños afirmaba que la actuación del órgano de gobierno de los jueces no representa los estándares de agilidad y rigor exigibles y criticaba que “bien por conservadurismo, bien por corporativismo” hubiera sido incapaz de corregir las “irregularidades” denunciadas. 

Según ha podido saber este periódico, el principal argumento de la propuesta que rechaza ese recurso es que la mayoría de los hechos denunciados forman parte del ejercicio de la función jurisdiccional y no pueden ser revisados disciplinariamente por el CGPJ. 

En la grabación del interrogatorio consta que en los primeros minutos, el juez advirtió a Bolaños de que en cualquier momento podría modificar su condición de testigo a investigado. También que le reprendió por usar expresiones como “creo que” o “en términos generales” o que le reprochó que discrepara de la calificación de determinadas respuestas como “evasivas”. Tras analizar el interrogatorio, el ponente de la resolución que analizarán los vocales no considera que el magistrado actuara con desconsideración ni cometiera un abuso de autoridad con relevancia disciplinaria.

Esa propuesta sostiene, además, que la ley del Poder Judicial establece que cuando en una resolución judicial se empleen “expresiones innecesarias o improcedentes, extravagantes, manifiestamente ofensivas o irrespetuosas”, el Consejo solo puede actuar si lo solicita el tribunal superior del juzgado en cuestión, algo que no ha sucedido en este caso.

Falta de “motivación”

A juicio de Bolaños, la resolución del Promotor que archivó sus quejas carecía de “motivación”, dado que no realizó “un análisis verdaderamente individualizado de las actuaciones denunciadas” y tampoco explicaba “por qué todas quedarían comprendidas en el núcleo irreductible de la potestad jurisdiccional”. Por ejemplo, limitó a calificar como una “situación puntual de cierta tirantez dialéctica” lo que el ministro considera que fue “una actitud objetivamente intimidatoria e injustificadamente hostil” durante el interrogatorio.

Bolaños también denunció que el Promotor no hizo una investigación “completa y eficaz” en relación con las filtraciones denunciadas por el ministro, que puso de manifiesto que algunas resoluciones de la causa fueron publicadas por los medios de comunicación antes de que fueran notificadas a las partes. A este respecto, el escrito que analizarán los vocales admite que alguna resolución llegó a los medios antes de ser notificada a las partes, pero considera que había varias personas que podían acceder a ella y que no existen indicios suficientes para atribuir la filtración al magistrado. 

En su escrito, el ministro denunció asimismo que pasaron 427 días entre que presentó la primera de las denuncias en junio de 2025 y se le notificó el archivo el pasado 5 de agosto. Todo ello a pesar de que, a su juicio, se trataba de unas pesquisas sobre “actuaciones muy concretas, perfectamente identificadas y de muy sencilla comprobación”. La respuesta a su recurso de alzada rechaza que haya habido una tramitación indebidamente lenta, de acuerdo a las fuentes consultadas. 

Otra queja de la asesora

Está previsto que este martes, la Comisión Permanente analice también otra queja por otra filtración de la causa contra Begoña Gómez. En este caso, la queja partió de la trabajadora de la Moncloa Cristina Álvarez, asistente de la mujer del presidente, quien también se sentará en el banquillo. 

Su letrado, José María de Pablo, puso en conocimiento del CGPJ un escrito en el que acredita, con varios pantallazos, que el digital que dirige Eduardo Inda publicó el contenido de una providencia dictada por el juez 15 horas antes de que ese documento fuera trasladado a las partes a través de LexNET, la plataforma del Ministerio de Justicia que sirve para comunicarse electrónicamente con los juzgados y tribunales. La filtración, por tanto, solo podía provenir del juzgado, según el escrito. Las fuentes consultadas por elDiario.es apuntan a que el Promotor también propone el archivo de estas diligencias. 

Imaginen que a su pareja la eligen presidente o presidenta del Gobierno. Es improbable, me dirán, pero hagan el ejercicio. Terminado el cava, empiezan los trastornos: prepare una mudanza a la Moncloa. Si usted da clases en un instituto o es capataz en una fábrica, podrá ahorrarse el abono transporte porque, por motivos de seguridad, irá a trabajar con coche y escolta, que lo acompañará en todo momento; ya no podrá ir a donde quiera. Quizás no lo haya calibrado, pero se verá cargado con obligaciones tan estrafalarias como inevitables, porque el protocolo y la diplomacia se rigen por códigos acartonados que enredan la agenda de los consortes de los gobernantes. Se verá en el compromiso de acompañar a su cónyuge en recepciones y desfiles, de pasear con los mandatarios que vengan a España y viajará al extranjero para confraternizar, en apasionantes programas paralelos, con las parejas de otros dirigentes. En vano reclamará que le enseñen la ley que le obliga a estos menesteres; no existe, es pura costumbre. ¿Y cuánto voy a cobrar por todo esto?, se preguntará. La respuesta es cero euros. Será usted, así, una persona que presta servicios al Estado, para su imagen pública y su proyección internacional, y que lo hace no solo gratis sino también et amore.

Pero imaginemos que usted se empeña en mantener su trabajo: debe asistir a tutorías y claustros, gestionar planes de prevención, preparar cuadrantes de vacaciones, qué sé yo... Decide entonces que algunas reuniones, en días de abrumada agenda, las mantendrá en su casa, y el Estado le pone un asistente para que le ayude en todo lo que usted necesite. Así, mientras esté en Tailandia o asistiendo a recepciones o comidas de boato, su ayudante mandará correos por usted, enviará al instituto las notas de los exámenes, tramitará la documentación que usted haya preparado, gestionará su agenda, tomará nota de las llamadas que reciba... hasta que un juez le diga que usted es un delincuente, porque está usando un empleado público para sus cosas privadas y su casa pública para reuniones particulares. Y tal vez reciba la noticia en Brasil, por decir algo, donde usted se encuentra usando su tiempo privado para una causa pública. Pedirá de nuevo la ley y ahí le llegará otra sorpresa: ninguna norma dice que su ayudante no deba auxiliarle en sus cometidos privados; de hecho, desde que hay memoria los asistentes han servido precisamente para eso. Pero es igual: alguien ha salido de caza y, por no acertar a la pieza mayor, disparan contra usted.

Si me dieran el privilegio de legislar, pondría por ley que un juez a quien, en un solo asunto, la superioridad le revocara más de cinco decisiones, debería ser apartado del caso; si le revocara más de diez, debería ser apartado de la carrera; y si le revocara más de quince, debería ir directamente a prisión. Y lo haría así no por atacar a los jueces, sino por defender la justicia de calidad y rigor que nos merecemos. El juez Peinado ha llevado adelante una instrucción sesgada y ridícula contra Begoña Gómez que, más que retratarle a él, retrata al Poder Judicial que lo ha consentido. Sus excesos han sido gloriosos: comparó al gobierno socialista con el absolutismo de Fernando VII, llenó sus resoluciones de prejuicios de culpabilidad, rechazó pedir la agenda de Begoña porque “previsiblemente ha sido manipulada” (desde ese día debía estar fuera del asunto), insinuó que la policía ayudaría a Begoña a fugarse, imputó sin motivo a Félix Bolaños y a otros muchos, se negó a que el presidente del Gobierno declarara por escrito, tuvo un comportamiento cruel y nulo de pleno derecho con Juan Carlos Barrabés cuando estaba hospitalizado, fue acelerando la tramitación del procedimiento al tiempo que retrasaba los recursos contra decisiones previas, provocando estos síncopes procesales que le llevan a dictar la misma resolución varias veces, tras anularse la anterior... Ahora ha dictado auto de apertura de juicio oral, ¡pero ya lo había dictado en junio! Las sucesivas nulidades le han ido obligando a reformular resoluciones amontonadas sobre lo anulado, con lo que una misma decisión se repite en el tiempo como campanadas nuevas sobre noticias viejas.

Finalmente, habrá juicio. Los hechos que se ventilarán, en realidad, son lo de menos. Empezaron siendo unos y terminaron siendo otros, algo típico de estas causas prospectivas (de ‘cristalización progresiva’ las llaman los modernos). A Begoña la juzgarán por usar a una asesora como ayudante, cosa que parece que es malversación, por pedir dinero para una cátedra extraordinaria en la Complutense por la que recibió cero euros, vinculada a unos másteres que impartía desde 2014, cosa que se tilda de tráfico de influencias, y por el desarrollo de un software gratuito, ofrecido para uso abierto y libre, que se sufragó con aportaciones de empresas y que le reportó a Begoña cero euros, que por alguna razón se considera también malversación. Nada de esto estaba en la denuncia inicial de Manos Limpias, pero con algún botín debía presentarse Peinado a puerto.

El procedimiento ha estado tan cargado de irregularidades que no sorprenderá la última, advertida por la defensa. Y es que la tramitación de un juicio por jurado impone una serie de particularidades técnicas por las que a veces pasamos por alto. Una de ellas especifica que los jurados deben analizar los hechos valorando exclusivamente las pruebas que se practican ante ellos, con total abstracción de lo realizado hasta entonces. Por eso los escritos de acusación y defensa deben limitarse a exponer los hechos sometidos a juicio y nada más; estos escritos, que se leen ante el jurado, no pueden incluir datos de lo que haya pasado fuera de la sala y que puedan influir en el veredicto; no pueden incluir, por ejemplo, lo que hayan declarado los testigos durante la investigación, o lo que haya dicho la UCO ni, mucho menos, lo que hayan decidido los magistrados de la Audiencia Provincial, que los jurados tendrán por sabios. La incorporación de esta información vulnera la ley porque contamina el debate y confunde a los jurados con unos prejuicios que, sin duda, condicionarán su decisión. La queja de la defensa estaba justificada: el escrito de acusación que incluye este contenido está mal hecho y debería ser apartado de la causa; sin embargo, en un procedimiento que se ha instruido con la delicadeza de una patada, parece claro que la queja tenía pocas esperanzas de prosperar.

Y se celebrará el juicio. Tal vez entonces se advierta una peculiaridad en el asunto que quizás explique el empeño de Peinado en llevarlo ante un jurado. En un caso ordinario, al jurado se le pregunta por el hecho, el resultado y la consecuencia, y estas tres cosas suelen estar anudadas indisolublemente: el acusado disparó, en consecuencia mató, en consecuencia asesinó. Pero en el caso de Begoña es tan dudosa y forzada la calificación de los hechos como delictivos, que podría darse la circunstancia de que el jurado declare sustancialmente ciertos los hechos de la acusación y sin embargo absuelva; declare como cierto que Begoña utilizó a su asesora para que le ayudara en sus asuntos privados, pero entienda que eso no es malversación; que pidió dinero a patrocinadores, pero que eso no es el tráfico de influencias por presión moral que se pretende; que participó en el registro de la herramienta informática gratuita, pero que eso no es delito alguno.

Esta singularidad, a la que se ha llegado por la incompetencia de una instrucción retorcida, resulta disfuncional. Habrá quien defienda que al jurado únicamente se someten cuestiones de puro hecho; pero como los hechos no son ilícitos, entonces para absolver el jurado deberá articular una opinión sobre ellos. No le bastará con decir ‘pasó esto o aquello’ sino ‘sé lo que pasó y, a mi juicio, no es delito’. Esto no es sencillo; decidir si un hecho es delictivo o no requiere de unos conocimientos que no pueden exigirse a una persona lega en derecho. Sin embargo, introducir estos elementos valorativos en el veredicto será imprescindible, a mi parecer, porque si al jurado solo se le fuera a preguntar si se utilizó a una asistente para labores privadas (que es probablemente el escenario que imaginó Peinado al dirigirnos a un jurado), entonces Begoña entrará a juicio ya condenada.

En fin, este juicio tan extraño no es más que el resultado de una instrucción atrabiliaria que nadie supo parar, en manos de un instructor que contó siempre con la permisibilidad de sus compañeros, que nunca le pidieron cuenta de sus excesos. La inercia corporativa de este Poder Judicial es tan apabullante que no encontrará motivo para reclamar responsabilidad a un juez cuya ineptitud jurídica es tan flagrante que la superioridad no le ha revocado en este asunto ni cinco ni diez ni quince, sino más de veinte decisiones en dos años. ‘Nada que decir’, habrá dicho el Consejo, ‘es uno de los nuestros’.