Las investigaciones de la Audiencia Nacional dejan al descubierto cuál era el objetivo de Leire Díez: desestabilizar causas judiciales que afectaran al PSOE, al Gobierno y también a sus propios colaboradores. La exconcejala socialista amontonó promesas de torpedear las diligencias incómodas y saltó de causa en causa buscando trapos sucios de jueces, fiscales y guardias civiles, del hermano del presidente del Gobierno al caso Villarejo, pasando por el caso Koldo. El sumario desvela que las gestiones fueron intensas y que encontró aliados de dudosa reputación, pero que, en última instancia, fracasó. Todas las causas que quiso desbaratar siguen en marcha y algunas se están juzgando esta misma semana. Y las pocas que terminaron en archivo o absolución llegaron a ese desenlace por razones ajenas a la exmilitante que actuaba arropada por mandos socialistas del más alto nivel.

El “punto de inflexión” de la actividad de la trama de Leire Díez fue 2024, cuando el juez Juan Carlos Peinado abrió una causa contra Begoña Gómez y desde Ferraz, según comentó ella misma, les empezaron a hacer caso. Pero para entonces esta exconcejala de Vega de Pas (Cantabria) ya tenía experiencia estudiando a fondo causas judiciales de supuesta corrupción y buscando sus puntos flojos. También tenía experiencia en localizar a las personas que le podían ofrecer información comprometedora de jueces y fiscales.

“¿Qué podemos destapar de ella? Yo necesito cuatro cosas que me permitan dos impactos y lo demás lo sigo yo con un libro. Yo me encargo, me voy a poner hoy mismo, yo escribo rápido y con muy mala leche”. La que hablaba era Leire Díez y al otro lado del teléfono estaba Rafael S.M., entonces responsable de la Policía Nacional adscrita a los juzgados de Sevilla. Era 2020 y la exmilitante estaba pidiendo información delicada sobre Mercedes Alaya, la magistrada que instruyó la causa de los ERE y muchas ramificaciones que pusieron en jaque al socialismo andaluz. Ese caso acababa de ser sentenciado por la Audiencia de Sevilla, pero Díez buscaba datos para atacar más ramificaciones todavía abiertas: el caso Isofotón y el caso Aznalcóllar.

Uno de los colaboradores de Leire Díez tenía un especial interés en la segunda causa. Vicente Fernández había tenido que dimitir como presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) porque Alaya había reabierto contra él esa causa, centrada en la adjudicación presuntamente ilegal de la mina de este municipio sevillano. “Yo estoy hilando un relato porque además de la muerte procesal tiene que ser social también”, le dijo Leire Díez en un mensaje. Después de sus reuniones con ese policía al que apodaban 'Torrente' decidió que tenía material para ir contra la jueza y sus causas. “Con las cosas que ya sé de Alaya lo que menos necesito saber es de Derecho. Todo saldrá bien, volverás”. Unas semanas después, su mensaje fue aún más contundente: “Tenemos que exterminar socialmente a Alaya”.

El paso del tiempo demuestra que si Leire Díez recabó información comprometedora sobre la magistrada sevillana nunca llegó a conseguir nada con ella. Tampoco escribió el libro que prometió en esa conversación telefónica grabada por ella misma. Mercedes Alaya siguió ejerciendo como jueza. El caso de los ERE siguió su tramitación, las condenas fueron avaladas por el Tribunal Supremo y finalmente reducidas a la mínima expresión por el Tribunal Constitucional. El caso Isofotón sobre un supuesto fraude millonario de subvenciones a una empresa de placas fotovoltaicas se acabó archivando porque el juzgado se había saltado los plazos procesales. El caso Aznalcóllar en el que estaba imputado Vicente Fernández fue a juicio y terminó con una sentencia absolutoria de la Audiencia de Sevilla por falta de pruebas con un duro varapalo a Alaya, ratificado el año pasado por el Tribunal Supremo.

Esa intervención de Leire Díez en tres causas relacionadas con Andalucía tiene todos los ingredientes apreciables en todas sus maniobras posteriores a la imputación de Begoña Gómez: contactos con informantes de los casos, promesas de dar al traste con las diligencias y, finalmente, fracasos a la hora de conseguirlo. También alusiones a que alguien, “desde posiciones elevadas”, había gente dispuesta a tomar medidas.

El “punto de inflexión”

Las causas andaluzas de 2020 fueron el punto de partida de una actividad que se prodigó hasta las primeras imputaciones de 2025. El “punto de inflexión” en su actividad, destacan todos los investigadores y la propia Leire Díez en sus conversaciones, fue la apertura de una causa contra Begoña Gómez por parte del juez Juan Carlos Peinado, momento en que supuestamente Santos Cerdán le abrió las puertas del número 70 de la calle Ferraz para dirigir su afán investigador y conspirador a otro nivel. Pero entonces, como ya había sucedido en Andalucía, sus enredos y contactos no tuvieron el éxito penal que se esperaba.

El sumario registra unas pocas gestiones sobre el magistrado Juan Carlos Peinado, el origen de su nueva y prolífica relación con Ferraz. Contactó con Nervis Villalobos, antiguo mandatario venezolano que había sido encarcelado por Peinado en una causa de blanqueo de capitales que finalmente había instruido la Audiencia Nacional. Era mayo de 2024 y Villalobos le entregó un “cronograma de irregularidades” a Leire Díez sobre cómo Peinado y el fiscal José Grinda habían gestionado su caso. Todo factual y todo publicado por la prensa: en 2020 el Tribunal Constitucional había dado la razón a Villalobos y decretado que Peinado le había encarcelado irregularmente allá por 2018.

El caso de Begoña Gómez siguió adelante y dos años después el juez Peinado ha mostrado su intención de llevar al banquillo a la esposa del presidente del Gobierno. Las únicas limitaciones que se han impuesto a la causa han llegado desde la Audiencia Provincial de Madrid. Pero el sumario no recoge, al menos por el momento, ninguna gestión adicional de Díez. Algo parecido sucede con una causa que estalló pocos meses después en Extremadura. Una magistrada, Beatriz Biedma, aceptó estudiar otra querella de Manos Limpias, esta vez por presuntas irregularidades en la contratación de David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, en la Diputación de Badajoz. Leire Díez encontró aliados de dudosa trayectoria que sí pusieron en marcha una ofensiva real contra la magistrada, pero que tampoco consiguieron su objetivo.

Los extraños aliados de Leire Díez

Todo se gestó en un grupo de WhatsApp llamado “Vacaciones y viajes”. Además de Leire Díez y Javier Pérez Dolset, en ese grupo estaban Joaquín Parra y Luis José Sáenz de Tejada. El primero, el expresidente del CD Badajoz entonces imputado –y hoy ya condenado– en varias causas de fraude fiscal ligado a los hidrocarburos. El segundo había sido juez, pero llevaba dos años fuera de la judicatura tras haber sido condenado por amenazas de muerte a su exmujer con frases como: “Te pego un tiro, tú sin mí no vales nada”.

Sáenz de Tejada, según se desprende de la investigación, aceptó ser el brazo ejecutor de la estrategia de la trama contra la jueza que investigaba al hermano del presidente del Gobierno. “Paso 1. Destruir procedimiento”, anotó ella en sus agendas. El plan abarcaba que este abogado se personase en el proceso para “paralizar” la causa e incluso asumir la defensa de David Sánchez, algo que nunca sucedió. Pero si puso en marcha acciones penales contra Biedma que nunca prosperaron. Por ejemplo, una denuncia ante la Fiscalía General del Estado que Leire, además, rebotó a Santos Cerdán.

Sáenz de Tejada no se pudo personar en la causa, sus recusaciones contra la jueza Biedma nunca prosperaron y su denuncia fracasó de la manera más estrepitosa posible. “El Ministerio Fiscal carece de competencia para iniciar investigación alguna”, contestó Ana García León desde la Secretaría Técnica del Ministerio Público antes de enviar el asunto a Extremadura. La causa contra David Sánchez no se vio afectada y el juicio se está celebrando esta misma semana mientras se conocen los detalles del sumario de Leire Díez.

Este magistrado condenado por violencia machista no fue el único aliado atípico que buscó Leire Díez para dinamitar causas judiciales y aflorar supuestos casos de corrupción. También recurrió al considerado como bedel de dichas cloacas: el comisario jubilado José Manuel Villarejo Pérez. Para entonces ya sumido en decenas de piezas separadas sobre su actividad como policía al margen de la Policía, Leire Díez fue muy clara al decir a su abogado que la Fiscalía les ofrecería un pacto a cambio de su colaboración: entregar toda la información comprometedora que tuviera contra determinados jueces, políticos y fiscales. Llegaron incluso a elaborar un plan de trabajo.

Aquí las promesas de Leire Díez tampoco fructificaron y el fiscal anticorrupción del caso, César de Rivas, le espetó que no tenía “nada” que hablar con él. La Fiscalía no ha bajado desde entonces el pistón en los juicios que se han celebrado con Villarejo en el banquillo. El comisario jubilado, condenado ya en varias causas, dejó por escrito su lamento cuando el Ministerio Público no aflojó la presa: “Está visto que nosotros somos los únicos que cumplimos”.

La UCO y los fiscales

Las maniobras de Leire Díez y su grupo tenían por objetivo a tres personas aborrecidas por una pluralidad de sus colaboradores. El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, su subordinado José Grinda, y el teniente coronel de la Unidad Central Operativa, Antonio Balas. El primero era el impulsor de causas como Koldo que amenazaban al Gobierno mientras Luzón pactaba confesiones con Víctor de Aldama y su defensa. El segundo era considerado por Javier Pérez Dolset, Sandro Rosell y Nervis Villalobos, entre otros, como un fiscal sin escrúpulos que les había perjudicado de forma ilegal. El tercero, amparado en el habitual anonimato de los investigadores de la Guardia Civil, era señalado como el autor de informes y atestados dudosos en casos como el de Begoña Gómez, el fiscal general o la causa contra José Luis Ábalos.

Una vía de entrada para llegar a este último, el mando de la UCO Antonio Balas, fue una de las múltiples causas de hidrocarburos de la Audiencia Nacional. Entramados empresariales destinados a defraudar cientos de millones de euros en impuestos en el ámbito de las empresas dedicadas a este sector. Hubo reuniones con otro guardia civil, el capitán Juan Sánchez Yepes, hubo reuniones con la Directora General de la Guardia Civil y con Alejandro Hamlyn, empresario del sector de los hidrocarburos pendiente de juicio en la Audiencia Nacional que, supuestamente, tenía información.

Se dejaron por escrito estrategias para desacreditar a Balas, para culpar a Repsol del fraude de hidrocarburos y para explorar las múltiples causas abiertas y buscar un punto flojo. Meses después, ya en noviembre de 2025 y con Hamlyn sin salir de Dubái, la Audiencia Nacional condenó a 14 personas por este entramado fraudulento relacionado con los hidrocarburos e impuso una multa de 159,1 millones de euros a su empresa. El asunto, según Leire, era la “prioridad” de sus contactos socialistas, según sus mensajes “por orden del one”, término con el que supuestamente se refería a Pedro Sánchez. En rueda de prensa, cuando sus maniobras ya eran conocidas, ella aseguró que estaba escribiendo un libro sobre ese tipo de fraudes.

Una parte importante de estos movimientos, según la UCO, tenían por objetivo buscar los puntos flojos de la causa ya entonces abierta contra Koldo García, antiguo asesor de José Luis Ábalos y que ya entonces apuntaba al exministro de Transportes. Unas diligencias que terminarían explotando contra el propio Santos Cerdán, aunque eso entonces no era público. Durante una etapa, Leire Díez coordinó su acción con la defensa de Koldo con poco éxito. Dos años después de esas maniobras, el exministro y su asesor esperan su primera sentencia del Tribunal Supremo mientras tanto ellos como Santos Cerdán siguen imputados en otra pieza separada del caso.

Un último bloque de gestiones gira en torno a un grupo de personas que se consideraban agraviadas por el fiscal anticorrupción José Grinda. Javier Pérez Dolset y Sandro Rosell también unieron sus fuerzas a Leire Díez y, en un momento dado, plantearon exigir a Grinda el “cierre” de media docena de causas a cambio de puestos en el extranjero enterrar las derivadas judiciales de una joven a la que supuestamente este fiscal había enviado un vídeo sexual cuando ella era menor de edad.

Ni Grinda aceptó la propuesta, ni las causas se archivaron. El caso Zed que afecta a Javier Pérez Dolset sigue pendiente de juicio, como el caso Duro Felguera y la causa del 3% catalán. Lo mismo sucede con la causa de los Pujol, también integrada en esa lista de exigencias y cuyo juicio acaba de quedar visto para sentencia en la Audiencia Nacional. La petición de Sandro Rosell de que Grinda revelara el origen ilegal de sus dos años de encarcelamiento preventivo tampoco fue atendida.

Según revela la investigación de la UCO, Leire Díez pasó años haciendo gestiones judiciales entre bambalinas, creando una 'matrioshka' de promesas que, en su inmensa mayoría, nunca se cumplieron. La UCO sospecha que algunas veces, como es el caso de las denuncias contra la jueza Beatriz Biedma, alguien hizo creer a Díez que la Fiscalía atendería sus peticiones de investigación y nunca fue así. La gran baza que activó Santos Cerdán para combatir sus frentes judiciales y los del PSOE ni publicó los libros que anunció, ni tumbó las causas penales que intentó manipular.

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por hasta cuatro delitos ha acordado posponer la audiencia preliminar programada para el 9 de junio en atención al escrito del abogado Antonio Camacho en el que le advertía de que le coincidía con otros señalamientos judiciales previos. El magistrado fija esa vista para el 15 de junio a las 18.00 horas y advierte una vez más de que, en caso de que los investigados no se personen, ordenará a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que los localicen y sean conducidos ante él.

Así, la nueva resolución reitera que se mantiene la obligación de comparecer a la audiencia por parte de los investigados -Begoña Gómez, su asistente en La Moncloa Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés- conforme lo dispuesto en su primer auto. Añade que además de las defensas, deben asistir tanto el Ministerio Fiscal como las acusaciones populares y la representación procesal de la Universidad Complutense de Madrid, como acusación particular y en calidad de ofendida por uno de los delitos, el de apropiación indebida.

En el auto de 25 de mayo, Peinado recordaba que dados los delitos que se les imputan (malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida) y teniendo en cuenta las penas a las que se podrían enfrentar, esto “podría provocar alguna conducta por parte de alguno, algunos o de los tres acusados, tendente a eludir la acción de la Justicia”.

Por eso acordaba su comparecencia “con apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública, al acto de la audiencia preliminar”. Considera el juez que durante esta vista se podría llegar a adoptar alguna medida cautelar encaminada a “minimizar el riesgo mencionado (...) de tratar de eludir la acción de la justicia por parte de los acusados”.

Según relataba ya a finales de mayo, el objetivo de esta audiencia es que las defensas y las acusaciones se pronuncien sobre la procedencia o no de la apertura de juicio oral que, sostiene, debe seguir por los cauces del tribunal de jurado.

Cabe recordar que la defensa de Begoña Gómez ha recurrido su citación (la programada de inicio para el 9 de junio) y acusa al magistrado de actuar con “una velocidad de crucero absolutamente incompatible con las garantías del proceso penal” y de tramitar el procedimiento “como si tuviera excesiva prisa”.

Fue en marzo cuando el juez, que investiga desde hace casi dos años a Begoña Gómez, insistía en que la investigación contra la mujer del presidente del Gobierno debía acabar ante un jurado popular en caso de llegar a juicio. En ese auto, acordado tras el último revés de la Audiencia Provincial, el magistrado daba luz verde a investigar y tramitar por esta vía y de manera conjunta todos los delitos que atribuye a Begoña Gómez y el resto de investigados con el argumento de que están “íntimamente entrelazados”.

Y para comunicarles esa decisión, les citó en plena Semana Santa, el 1 de abril, para comunicarles que correspondía continuar el procedimiento contra ellos por esta vía. Como ocurriera en la anterior ocasión, a esa cita no tuvieron que asistir los investigados dado que bastaba con que estuvieran representados por sus defensas. En cambio, en esta nueva cita, reprogramada para el 15 de junio, el juez enfatiza que sí deben asistir personalmente.

Manos Limpias ha solicitado al juez instructor del caso Leire Díez en la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que eleve el asunto al Tribunal Supremo porque considera que existen indicios suficientes como para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conste en la causa como investigado. Sánchez está aforado y por tanto, de ser investigado, debe residenciarse la causa en el Alto Tribunal. El escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, indica que el jefe del Ejecutivo “era y es el principal interesado” en que las causas contra su esposa Begoña Gómez y su hermano David Sánchez no prosperaran y, por eso, “induce y se sirve de las cloacas para salvar y limpiar los procesos judiciales en los que estaban inmersos”.

Para el sindicato presidido por Miguel Bernad, las actividades presuntamente delictivas de la exmilitante socialista Leire Díez tienen un punto de inflexión en una reunión celebrada en abril de 2024 en la sede del PSOE en Ferraz tras la apertura del procedimiento por parte del juez Juan Carlos Peinado contra la esposa de Sánchez. Indica que, esos trabajos que consistieron en mantener reuniones con fiscales y agentes para tratar de menoscabar figuras como la del jefe de la UCO Antonio Balas se llevaron a cabo bajo la dirección del ex número tres Santos Cerdán y “bajo los auspicios, directrices e inducción del presidente del Gobierno”.

Para sostener esto, Bernad recoge uno de los mensajes incorporados al auto de Pedraz de la semana pasada en el que Leire Díez indicaba que viajaba a Madrid de urgencia: “tenemos información que ayudará al presidente”. Y añade otro textual de los audios que ya existían en la causa abierta por hechos idénticos en otro juzgado de instrucción de Madrid y en el que Leire Díez indicó al fiscal Ignacio Stampa que el presidente había dado la orden de “que se limpie todo”.

El sindicato añade que otras conversaciones que recoge la resolución de la Audiencia Nacional, como una en la que se refieren a que la línea de atacar causas de hidrocarburos para acabar tumbando otras que afectaban al partido era prioritaria “por orden del ONE”.

“Es incontestable que la imputación de Begoña Gómez y David Sánchez impactaron de tal manera contra el presidente del Gobierno que utilizó a través de lo que se conoce como 'cloaca de Moncloa' la forma de desactivar ambos procesos. Con un seguimiento al juez Peinado y a la jueza Beatriz Biedma; con una campaña orquestada de injurias y calumnias a través de medios de comunicación afines y financiados por el Ejecutivo y con descalificaciones de sus propios ministros”, explica el sindicato, que denuncia ante Pedraz que también se trató de desactivar las denuncias de Manos Limpias y para ello “se hackeó el ordenador de Manos Limpias”.

Por eso, indica que “de manera inequívoca, Incontestable y descarada” todo conduce a que “el promotor e instigador de esa cloaca la representa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez”.

Fue el pasado 27 de mayo cuando trascendió que el juez Santiago Pedraz acordaba requerimientos y entradas y registros en varias empresas y en al sede del PSOE. Además imputaba a Santos Cerdán, al exdirigente Gaspar Zarrías y a la gerente del partido. Les involucra en la actividad de ese grupo que buscaba “desestabilizar” las causas judiciales que afectaban al Gobierno o al PSOE. Apuntaba, asimismo, al propio partido como financiador de esas maniobras.  

La defensa de Begoña Gómez ha recurrido su citación del próximo 9 de junio en el juzgado de Juan Carlos Peinado, trámite previo para que sea enviada a juicio ante un jurado popular. La esposa del presidente del Gobierno acusa al magistrado de actuar con “una velocidad de crucero absolutamente incompatible con las garantías del proceso penal” y de tramitar el procedimiento “como si tuviera excesiva prisa”. El abogado de Gómez, que ya pidió aplazar la cita por tener otros asuntos judiciales ese mismo día, entiende que antes debe llamar a declarar al codirector de la cátedra extraordinaria y a los autores de los informes periciales que ha presentado en las últimas semanas.

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la esposa del presidente del Gobierno tras una denuncia interpuesta hace dos años por el pseudosindicato Manos Limpias, propuso el pasado mes de abril que fuera juzgada ante un jurado popular por cuatro delitos distintos: malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Una causa que abarca toda la vida profesional de Gómez desde que su marido es presidente del Gobierno, entre acusaciones de usar su posición para favorecer a un empresario, potenciar un trabajo que desarrollaba desde 2012 en la Universidad Complutense o usar a su asistente, Cristina Álvarez, para asuntos privados.

El siguiente paso de Peinado fue citar a Gómez el próximo 9 de junio para la audiencia preliminar obligatoria en este tipo de procesos, bajo advertencia de tomar medidas para evitar que “eluda” la Justicia. Una decisión que ha recurrido su letrado, Antonio Camacho, entre acusaciones de llevar el procedimiento con excesiva velocidad llevándose por delante varios de sus derechos.

Entiende la defensa de Gómez, en primer lugar, que tendría que haber citado a un testigo antes de tomar esta decisión. Se trata de José Manuel Ruano, codirector de la cátedra que, recuerda este escrito, “nunca ha declarado en instrucción”. “Nadie mejor que quien compartió la dirección de la misma puede arrojar luz sobre qué actividades se desarrollaban, con qué finalidad, con qué estructura y con qué resultados”, afirma el letrado.

Esta diligencia fue denegada por el instructor y ahora la defensa de Gómez reclama que no ponga en marcha el proceso ante el jurado popular, al menos, hasta que la Audiencia Provincial resuelva sus recursos. También pide que Peinado tome declaración a los autores de los tres informes periciales que ha presentado en las últimas semanas.

Aviso: el boletín de este sábado es más largo de lo habitual. Hay que hablar de muchos temas: Zapatero, Leire Díez, Begoña Gómez, Alberto González Amador, Cristóbal Montoro… 

Porque todo pasa por los juzgados, en la acelerada política española. Pero no todo pasa bajo el mismo criterio ni con la misma velocidad.

Esta semana, arrancó el juicio por el presunto enchufe a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno. También esta semana, el juez Peinado citó a Begoña Gómez para el último trámite antes de sentarla en el banquillo; amenazó incluso con detenerla si no acudía en persona, algo de dudoso encaje legal. 

Ambas denuncias tienen muchísimo en común, no solo la relación con Pedro Sánchez. Ambas llegaron casi a la vez, en la primavera de 2024. Ambas están presentadas por Manos Limpias, el pseudosindicato de ultraderecha. Y ambas incluían noticias falsas: el bulo de que Begoña Gómez había recibido una subvención –era una hostelera cántabra del mismo nombre–, o los supuestos 1,4 millones de euros en acciones del BBVA de David Sánchez que en realidad eran solo 71.000 euros.

Ambas denuncias tampoco se explican sin otra noticia, que publicamos pocas semanas antes.

El 12 de marzo de 2024, elDiario.es destapó el fraude fiscal de Alberto González Amador, la pareja de Ayuso. 

Al día siguiente, el 13 de marzo, Isabel Díaz Ayuso defendió con mentiras que era justo al revés: que era Hacienda quien debía dinero a su pareja. Ese mismo día acusó al Gobierno de Sánchez de una “operación para destruirla”: para tapar la corrupción de Pedro Sánchez con referencias veladas a su mujer.

A lo largo del mes de marzo, el argumento de que la “persecución contra González Amador” era para proteger a la familia de Pedro Sánchez fue creciendo en los altavoces de la derecha. Es completamente falso: la inspección fiscal contra la pareja de Ayuso arrancó en 2022, dos años antes de las primeras informaciones contra Begoña Gómez o el hermano de Pedro Sánchez. Pero la verdad nunca ha frenado a Ayuso. Ni tampoco a Miguel Ángel Rodríguez.

El 16 de abril, el juez Peinado arrancó bajo secreto de sumario la investigación contra Begoña Gómez.

Justo al día siguiente, el 17 de abril, el jefe de gabinete de Ayuso ponía este tuit. 

El 24 de abril, la investigación de Peinado contra Begoña Gómez salía a la luz. Y apenas un mes más tarde, el 29 de mayo, llegó la denuncia de Manos Limpias contra David Sánchez. 

Han pasado justo dos años desde esa denuncia contra David Sánchez hasta el inicio de su juicio. Begoña Gómez, por su parte, está al borde del banquillo. Pero, ¿qué ha sido de González Amador?

La pareja de Ayuso tiene dos causas judiciales en marcha. Una es por el fraude fiscal y las facturas falsas que presentó ante Hacienda. Esa parte de la instrucción ya está terminada –no tenía gran complejidad–, pero el inicio del juicio no se espera hasta 2027, como pronto. 

Alberto González Amador también está imputado por corrupción en los negocios y administración desleal. La justicia investiga si pagó una mordida de 500.000 euros a un directivo de Quirón que previamente le facilitó una comisión de dos millones de euros por la venta de mascarillas. No parece llevar mucha prisa.

El 25 de julio de 2025, la jueza que instruía el caso contra González Amador pidió a la UCO –la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil– un primer informe sobre este presunto soborno. Para entonces, Peinado no solo había pedido varios informes a la UCO sobre Begoña Gómez: ya había recibido dos. 

Poco después de pedir ese informe sobre González Amador, la jueza se jubiló. El nuevo titular del juzgado, Antonio Viejo, se incorporó en otoño de 2025. El 31 de octubre de 2025, la UCO recibió al fin formalmente la primera petición para investigar la presunta mordida de González Amador.

El 19 de diciembre de 2025, la UCO pidió a este juez una autorización para poder entrar en las cuentas bancarias de González Amador y sus empresas. Es apenas un trámite, para poder cumplir con la orden anterior y poder presentar ese informe.

Ha pasado medio año y ese trámite sigue pendiente. Desde el TSJ de Madrid aseguran que Antonio Viejo ha tenido que “empezar de cero” en su juzgado para ponerse al día con todos los asuntos pendientes, y que ha priorizado aquellas causas con preso, donde hay alguien en prisión preventiva.

Han pasado dos años desde aquella primavera en la que todas estas causas judiciales arrancaron. Tiempo suficiente para investigar, juzgar y condenar al mismísimo fiscal general. 

El caso Montoro

Hay ocasiones en las que la justicia es rápida. En otras es lenta. Unas veces extrema las garantías. En otras, parece olvidarlas.

En otro juzgado, en Tarragona, hay una causa judicial que avanza a trompicones, al ritmo del caracol: el caso de Cristóbal Montoro y su “Equipo Económico”: una empresa que presuntamente cobraba fortunas a cambio de leyes a medida y otros favores del Gobierno de Rajoy. 

La primera pista apareció en otra causa judicial: un correo electrónico de los directivos de una empresa de gas, donde hablaban de cómo lograr una rebaja fiscal para su sector. “La vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda”, se leía literalmente en uno de esos correos. 

Aquella investigación llegó al juzgado en 2018 y siguió viva en gran medida por el tesón de una fiscal de Anticorrupción, Carmen García Cerdá. En diciembre de 2021, esta fiscal pidió permiso para investigar los correos electrónicos del Ministerio de Hacienda, incluido un buzón atribuido al propio Montoro donde presuntamente recibía también filtraciones de datos reservados de contribuyentes con los que él o su gobierno tenían enemistad.

El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, se negó. Argumentó que era “desproporcionado”, que no había indicios suficientes.

“Somos fiscales, me cuesta que tengamos dudas de investigar”, defendió la fiscal García Cerdá. Incluso forzó una votación en la Fiscalía Anticorrupción –es una posibilidad que tienen en caso de discrepar de una orden–, pero ganó la posición del jefe, Alejandro Luzón.

La fiscal García Cerdá recurrió entonces a una vía irregular. Habló con los Mossos para intentar que fueran ellos los que pidieran al juez acceso a ese mail. No lo logró: nadie ha mirado aún en ese correo. Y aquella gestión con los Mossos le acabó costando una sanción, por desobedecer la orden de su superior. Mil euros de multa, que fueron impuestos por la Fiscalía durante la etapa de Álvaro García Ortiz. Todo esto, en más detalle, está explicado en este artículo de Pedro Águeda en elDiario.es. Hace ya un año.

La investigación lleva en marcha desde 2018: ocho años. Montoro fue imputado en 2021: hace cinco años. Por ahora, aún no ha sido llamado siquiera a declarar. Tampoco se ha registrado su despacho. No se sabe si este caso algún día llegará a juicio, o si se archivará. Lo que sí es seguro es que cualquier posible condena al exministro de Hacienda vendría con un atenuante: por el enorme retraso de la instrucción.

El caso Zapatero

Al igual que con Montoro, la investigación se inicia con unos mensajes de unos empresarios que dicen haber pagado a una empresa vinculada con Zapatero para lograr un trato de favor de la administración. El inicio de esta historia es prácticamente el mismo. El proceso que ha seguido no.

Esas conversaciones de WhatsApp que apuntan a Zapatero principalmente salen del teléfono móvil de Rodolfo Reyes: un empresario venezolano que fue propietario del 40% de Plus Ultra. El 9 de mayo de 2021, en el aeropuerto de Miami, las autoridades estadounidenses clonaron su teléfono móvil antes de deportarle a Panamá. En aquel momento, el presidente de EEUU era Joe Biden. Pero la gran duda es otra. ¿Cuándo se mandaron esos mensajes desde Estados Unidos hasta la Audiencia Nacional? ¿Bajo qué administración?

En el sumario del caso Zapatero no aparece la fecha exacta –y es raro, siendo como es una de las pruebas decisivas–. La primera mención figura en un informe de la UDEF del 22 de abril de 2026. Y según ha publicado Miguel Ángel Campos en la Cadena SER, esta colaboración con la Policía del Homeland Security estadounidense se produjo entre febrero y marzo de 2026. Cinco años después de que Estados Unidos tuviera esos mensajes en su poder.

Son las mismas fechas en las que arreciaron las críticas de Donald Trump contra Pedro Sánchez por la posición de España contra la Guerra de Irán.

El caso Leire

Hay asuntos que jamás prosperan en los juzgados. La Operación Catalunya, por ejemplo, que nunca se ha querido investigar. O buena parte de las grabaciones de Villarejo, que duermen el sueño de los justos en la Fiscalía de la Audiencia Nacional. 

Otros asuntos son tan golosos que hasta se implican dos juzgados a la vez.

Las maniobras de la fontanera del PSOE Leire Díez y del empresario Javier Pérez Dolset ya estaban bajo la lupa de la justicia desde hace casi un año. El juez Arturo Zamarriego, del juzgado de instrucción número 9 de Madrid, empezó a investigar en julio de 2025 el presunto intento de soborno a un fiscal de este grupo. También las pesquisas de Leire Díez para lograr información comprometida contra los mandos de la UCO o de la Fiscalía Anticorrupción para así descarrilar las investigaciones judiciales abiertas contra el PSOE. Son reuniones donde Leire Díez prometía tratos de favor del Gobierno o de la Fiscalía que no consta que se cumplieran.

En la Audiencia Nacional, desde finales del año pasado, el juez Santiago Pedraz también investiga a Leire Díez, pero por otra cuestión: el presunto cobro de comisiones ilegales. Una trama donde Díez trabajaba junto a Antxon Alonso –supuesto socio de Santos Cerdán en la constructora Servinabar– y el exdirector de la SEPI Vicente Fernández. Ese juzgado fue el que ordenó la detención de los tres, en diciembre de 2025.

Esta semana, la Audiencia Nacional mandó a la UCO a la sede del PSOE de Ferraz, a reclamar documentos ante los indicios que apuntan a que el partido pagaba a Leire Díez a través de empresas interpuestas. Según la UCO, estos pagos llegaban por medio de la consultora del histórico dirigente del PSOE andaluz Gaspar Zarrías. O a través de dos despachos de abogados: el de Ismael Oliver –que fue abogado de Ábalos– y el de Jacobo Teijelo –que es abogado de Santos Cerdán–.

Es extraño que esta decisión la firme la Audiencia Nacional. Porque se suponía que el juez que llevaba esta parte de las acusaciones contra Leire Díez era Arturo Zamarriego, no Santiago Pedraz. Y Zamarriego nunca ordenó en esa causa operativos como el que vimos esta semana en la sede del PSOE en la calle Ferraz. De hecho, se opuso a muchas de las peticiones de las acusaciones populares, como imputar a Santos Cerdán.

¿Con qué argumento se cuela la Audiencia Nacional en un asunto que ya está bajo investigación en otro juzgado? ¿Por qué se aprueba allí un operativo de la UCO que debería haber decidido otro juez? Al parecer, en la detención a Leire Díez –en su teléfono y su ordenador– la UCO encontró pruebas sobre las maniobras de esta fontanera del PSOE. Pero lo lógico habría sido enviar ese informe al otro juzgado, al de Zamarriego. No es lo que pasó.

El argumento de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción para tramitar este informe ante la Audiencia Nacional es que Leire Díez y los demás imputados habrían cometido un presunto “delito contra las instituciones del Estado”. Suena feo pero no es un delito muy penado. Según el auto de Pedraz, hablamos del artículo 504.2 del Código Penal, que castiga con “multa de doce a dieciocho meses” a los que “injuriaren o amenazaren gravemente a los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad”. 

De todas las acusaciones contra Leire Díez, “injuriar” o “amenazar gravemente” a la UCO parece uno de los delitos menos probados. Buscar material comprometido contra sus mandos –aún ofreciendo sobornos por el camino–, no es lo mismo que amenazarlos o que injuriarlos. Pero da la casualidad de que los delitos contra las instituciones del Estado son competencia exclusiva de la Audiencia Nacional, por lo que ese presunto delito ha servido para llevar el caso hasta el juzgado de Santiago Pedraz. Y así sacarlo del de Arturo Zamarriego.

Queda la sospecha de si esta extraña maniobra se produjo ante la negativa de Zamarriego a ordenar la entrada de la UCO en la sede del PSOE.

Sí hay una certeza: ni Alejandro Luzón, jefe de la Fiscalía Anticorrupción, ni Antonio Balas, teniente coronel de la UCO, cumplen en este asunto con la apariencia de imparcialidad. Tienen en este tema un interés personal, no son neutrales: lo que buscaba Leire Díez era basura contra los dos. Si hay un delito contra “las instituciones del Estado”, ellos son las víctimas. No deberían ser al mismo tiempo los responsables de la investigación. 

También hay corrupción

Desde el PSOE reducen todo esto a una campaña de los jueces, a un “golpe de Estado”. Es una reducción al absurdo. No es tan simple. Hay movimientos judiciales en la oscuridad, pero también hay indicios muy graves de corrupción. 

Los presuntos pagos encubiertos que ordenó Santos Cerdán desde el PSOE para Leire Díez apestan. En aquel momento Cerdán era el secretario de Organización y la duda legítima es si puso en marcha esta operación para protegerse él mismo –por miedo a lo que le pasó después, cuando fue imputado–, o por órdenes de su secretario general, Pedro Sánchez. 

Santos Cerdán era consciente de que no podía contratar a Leire Díez abiertamente: estaba haciendo algo que podía comprometer al partido. Cuando en el PSOE decían que era una espontánea, que era una militante de base, que Leire Díez iba por libre… no decían la verdad.

En el caso de Zapatero, algunas de las acusaciones hoy parecen poco sólidas. Te recomiendo este artículo de José Manuel Romero, donde explica cómo fue realmente el rescate a Plus Ultra y por qué los indicios de tráfico de influencias son dudosos. Empezando por esta idea de que los directivos de Plus Ultra tenían “información privilegiada” de cuándo se aprobaría el rescate. Falso: lo sabían por el propio cauce legal, igual que todas las demás empresas que recibieron estos préstamos públicos.

Sin embargo, Zapatero aún tiene muchas cosas que explicar: entre otras, el medio millón que cobraron sus hijas de una empresa propiedad de venezolanos sin actividad conocida. Tampoco cuadran los datos que ha encontrado la investigación con las explicaciones que el expresidente dio en el Senado sobre su papel en Análisis Relevante. Zapatero dijo no conocer a los clientes, o que no hizo ninguna gestión con Plus Ultra, y parece que no era verdad.

En muchas de las causas judiciales que atenazan al Gobierno hay indicios muy serios de corrupción. Los presuntos delitos de Ábalos, Koldo o Santos Cerdán no son un invento de los jueces ni de los policías o guardias civiles. Las evidencias son enormes. Y hablamos de dos exsecretarios de Organización del PSOE, uno de ellos también exministro.

Al mismo tiempo, es muy difícil confiar en que esta justicia española sea igual para todos. También para ese M. Rajoy que, en la investigación de la Kitchen, no fue llamado a declarar ni siquiera como testigo.

Hay ocasiones en las que la justicia es rápida. En otras es lenta. Unas veces extrema las garantías. Otras, parece olvidarlas.

Lo que casi nunca parece la justicia española es ciega. 

A menos que no crean sus ilustres magistrados que los ciegos somos los demás.

P.D. Ya queda menos de un mes para nuestro Festival de las Ideas y la Cultura. Será el 26 y 27 de junio en Rivas-Vacíamadrid. Si vienes desde fuera de Madrid, tenemos para ti descuentos en hoteles. También hemos preparado una guía práctica con toda la información sobre cómo llegar al festival.

Para algunas de las actividades, que serán en el Auditorio Pilar Bardem, hay limitación de aforo. Puedes reservar tus entradas desde aquí. 

Ojalá nos veamos en nuestro festival.

Antonio Camacho, el abogado de Begoña Gómez, ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado que aplace la audiencia preliminar convocada para el 9 de junio dado que le coincide con otro señalamiento de un juzgado distinto. El juez, en el auto por el que citaba a los encausados advertía de que, de no asistir, serían conducidos por la fuerza pública al juzgado.

El magistrado había fijado ese día para que las partes personadas se pronuncien sobre la procedencia o no de la apertura de juicio oral que, sostiene, debe seguir por los cauces del tribunal de jurado. Peinado recordaba que, dados los delitos que se les imputan (malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida) y teniendo en cuenta las penas a las que se podrían enfrentar, esto “podría provocar alguna conducta por parte de alguno, algunos o de los tres acusados, tendente a eludir la acción de la Justicia”.

Y por eso acordaba que tanto Begoña Gómez como el empresario Juan Carlos Barrabés y la asistente de Moncloa Cristina Álvarez “comparezcan personalmente, con apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública, al acto de la audiencia preliminar”. Consideraba, además, que durante esta vista se podría llegar a adoptar alguna medida cautelar encaminada a “minimizar el riesgo mencionado (...) de tratar de eludir la acción de la justicia por parte de los acusados”.

Ahora, el juez debe decidir si respeta el calendario judicial del abogado de Begoña Gómez que le explica que ya tenía señalada desde el mes de marzo, con anterioridad a la decisión de Peinado, declaraciones ese mismo 9 de junio en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Peñarroya-Pueblonuevo. Y es más, le advierte de que a partir del 10 de junio también tiene señalado el arranque de un nuevo juicio oral.

El juez daba el paso de convocar la audiencia preliminar tras recibir el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Los agentes se alejaban de la tesis del juez Juan Carlos Peinado de que la mujer del presidente del Gobierno se dedicaba a conseguir dinero de empresas para enriquecerse. Tras analizar sus cuentas bancarias, los agentes concluyen que la información recogida en ellas “concuerda con el desarrollo de las actividades profesionales que Begoña Gómez ha venido desarrollando”.

En el auto, Peinado recordaba que, según el artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Del Jurado, una vez presentados los escritos de defensa, el instructor debe señalar esa audiencia preliminar de las partes, y que previamente debe resolver sobre la admisión y práctica de las diligencias interesadas para el acto de dicha audiencia preliminar. En este sentido, echaba por tierra la mayoría de las peticiones dejando multitud de ellas a expensas de que el presidente del Tribunal del Jurado entienda que son pertinentes para el acto del juicio oral.

Apuntaba, asimismo, que las defensas podían renunciar a esa audiencia preliminar “aquietándose con la apertura del juicio oral”, pero matizaba que esa renuncia debía ser solicitada por todos los acusados. Este extremo contrataba con el apercibimiento que hacía de que los tres investigados debían personarse de forma obligatoria en la audiencia preliminar so pena de que acabara llamando a la Policía para que los llevara ante él.

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por hasta cuatro delitos considera que ya no le queda nada más por hacer en la causa y cita a los investigados a una audiencia preliminar para que las defensas y las acusaciones se pronuncien sobre la procedencia o no de la apertura de juicio oral que, sostiene, debe seguir por los cauces del tribunal de jurado.

En una nueva resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado recuerda que dados los delitos que se les imputan (malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida) y teniendo en cuenta las penas a las que se podrían enfrentar, esto “podría provocar alguna conducta por parte de alguno, algunos o de los tres acusados, tendente a eludir la acción de la Justicia”. Y por eso acuerda que tanto Begoña Gómez como el empresario Juan Carlos Barrabés y la asistente de Moncloa Cristina Álvarez “comparezcan personalmente, con apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública, al acto de la audiencia preliminar”. Considera que durante esta vista se podría llegar a adoptar alguna medida cautelar encaminada a “minimizar el riesgo mencionado (...) de tratar de eludir la acción de la justicia por parte de los acusados”.

El juez da este paso tras recibir el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportado al sumario en el que se alejaba de la tesis del juez Juan Carlos Peinado de que la mujer del presidente del Gobierno se dedicaba a conseguir dinero de empresas para enriquecerse. Tras analizar sus cuentas bancarias, los agentes concluyen que la información recogida en ellas “concuerda con el desarrollo de las actividades profesionales que Begoña Gómez ha venido desarrollando”.

En el auto, Peinado recuerda que, según el artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Del Jurado, una vez presentados los escritos de defensa, el instructor debe señalar esa audiencia preliminar de las partes, y que previamente debe resolver sobre la admisión y práctica de las diligencias interesadas para el acto de dicha audiencia preliminar. En este sentido, echa por tierra la mayoría de las peticiones dejando multitud de ellas a expensas de que el presidente del Tribunal del Jurado entienda que son pertinentes para el acto del juicio oral.

Apunta, asimismo, que las defensas puede renunciar a esa audiencia preliminar “aquietándose con la apertura del juicio oral”, pero matiza que esa renuncia debe ser solicitada por todos los acusados. Este extremo choca con el apercibimiento que hace en este mismo auto de que los tres investigados deben personarse de forma obligatoria en la audiencia preliminar so pena de que llame a la Policía para que los lleve ante él.

En este mes de mayo se han conocido los escritos de defensa de los acusados. La defensa de Begoña Gómez solicitó en el suyo su libre absolución ante su posible juicio por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. El letrado Antonio Camacho argumenta que los hechos investigados no son constitutivos de ningún delito: “No procede la imposición de pena ni sanción de ninguna clase”. Además, la defensa solicita que se impongan las costas procesales a las acusaciones de extrema derecha que han impulsado la causa por actuar con “temeridad y mala fe”.

Fue el 13 de abril cuando trascendió que el juez Juan Carlos Peinado acordaba cerrar la investigación que abrió hace dos años contra Begoña Gómez y proponía llevarla a juicio ante un jurado popular. El magistrado, de acuerdo con el mandato de la Audiencia Provincial, archivaba la acusación por intrusismo contra la esposa del presidente del Gobierno. También proponía juzgar a su asistente en la Moncloa, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés, un conocido emprendedor del sector de Internet.

El magistrado apuntaba los indicios recabados durante los dos años que ha durado la investigación y sostenía la tesis de que Begoña Gómez influyó sobre autoridades y funcionarios prevaliéndose de su relación personal como esposa del presidente del Gobierno. Así, afirmaba que desde la llegada de Pedro Sánchez, primero a la Secretaría General del PSOE y, sobre todo, al Gobierno, “se tomaron determinadas decisiones públicas favorables” a la cátedra que Begoña Gómez codirigió en la Universidad Complutense de Madrid gracias a su “posición relacional”.

Respecto al delito de tráfico de influencias, el juez Peinado otorgaba total relevancia al hecho de que Begoña Gómez utilizara el Palacio de la Moncloa, que era su domicilio oficial, para mantener reuniones sobre proyectos empresariales y académicos. Apuntaba que se trata de conductas que “parecen más propias de regímenes absolutistas” y defendía que “quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII” para analizar estos hechos.

La derecha confiaba en que la UCO fuera la última herramienta que salvaría a España y luego ya después la civilización occidental. Su penúltimo servicio –siempre hay uno más pendiente– era la causa contra Begoña Gómez que convencería a todos de que la mujer del presidente del Gobierno había construido un imperio a expensas del erario público. La decepción tiene que ser notable, porque su informe sobre el caso que investiga el juez Juan Carlos Peinado más que poner el último clavo en el ataúd ha descerrajado la tapa.

Como si eso preocupara mucho a Peinado. El informe llega cuando el juez ya ha decidido que el caso debe concluir ante un juicio con jurado, que la defensa quiere impedir. Una vez que la Audiencia Provincial bloqueó su intento de ir directamente contra el ministro Félix Bolaños, tuvo que admitir que su misión terminaba con la esposa de Pedro Sánchez. Que no es poco para las tertulias que tendrá con los amigos después de su jubilación cuando les cuente la historia de cómo él se enfrentó al sanchismo.

El rastro del dinero era un elemento esencial para los que esperaban el informe de la UCO. A fin de cuentas, uno de los delitos que se imputan a Gómez es el de apropiación indebida y la posibilidad de que aprovechara su condición de codirectora de la cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense para beneficiarse económicamente. Sobre eso, la Guardia Civil no ha encontrado nada punible. No hay movimientos sospechosos u opacos en los movimientos de las cuentas de Gómez: “La información bancaria concuerda con el desarrollo de las actividades profesionales que Begoña Gómez ha venido desarrollando”. Es decir, no hay dinero por ningún lado que ayude a explicar los supuestos delitos.

La declaración se contradice con lo afirmado por Peinado en el auto en el que pedía que se celebrara un juicio contra ella. Ahí la acusó de apropiarse para su “patrimonio personal” de los fondos de empresas privadas obtenidos para la cátedra de la Complutense.

La universidad había valorado en 113.509 euros el coste del perjuicio sufrido. La mayor parte de ese dinero procedía de los contratos suscritos con terceros, unos 108.000 euros. La defensa de Gómez presentó un informe realizado por un profesor de Derecho Financiero y Tributario que negaba que ese dinero pudiera ser contabilizado como pérdidas: “Nunca puede suponer un perjuicio para la Complutense gastar unos fondos que proporcionan unos terceros, en las finalidades previstas por el convenio suscrito con tales terceros”.

Esos ingresos se emplearon en el desarrollo de un software para su posterior uso gratuito por pequeñas y medianas empresas. El dinero, por tanto, se utilizó para los fines pactados con las empresas donantes.

El informe confirma lo dicho antes por la defensa de Gómez, que sostiene que la plataforma desarrollada dentro de las actividades de la cátedra iba a ser propiedad de la Complutense.

El titular con la falta de beneficios económicos sospechosos de ilegalidad apareció en la mañana del lunes cuando la noticia fue adelantada por la Cadena SER. Eso molestó a Ester Muñoz, portavoz parlamentaria del PP, que lo consideró una manipulación del informe. Es de suponer que quedó satisfecha con la noticia del ABC, que dejaba ese hecho para el último párrafo del artículo.

El PP prefirió fijarse en otra parte del contenido del informe, la que dice que hubo irregularidades en la contratación de las compañías Making Science Group y Deloitte para el desarrollo de la plataforma. En el caso de la primera, se hizo “obviando cualquier trámite administrativo” a pesar de que la cuantía (24.200 euros) superaba el límite de 15.000 para los contratos menores. En el caso de Deloitte, la consultora empezó a trabajar antes de la adjudicación. Eso vulnera las normas a las que está obligada la Complutense como organismo público.

Todo ello escasamente justifica que las acusaciones populares, ligadas a organizaciones de extrema derecha, pidan 24 años de prisión para Gómez por varios delitos.

Begoña Gómez pagó con su dinero el registro de la marca y el dominio de internet de esa plataforma. Fueron 206 euros, una cantidad de escasa cuantía con la que no podría alegar después que el proyecto era de su propiedad. A pesar de ello, es suficiente para que el PP afirme en boca de Miguel Tellado que la UCO ha acorralado a la esposa de Sánchez. “El informe de la UCO desmiente y acorrala a Begoña Gómez. La Guardia Civil ve indicios de apropiación indebida porque registró a su nombre el software pagado por la Complutense”. La realidad nunca ha impedido que Tellado cumpla con su deber.

La cuenta de la que salió el dinero con el que Gómez hizo ese pago está compartida con su marido, un hecho nada extraño en un matrimonio, pero que era lo bastante jugoso para que varios medios lo convirtieran en sus titulares. Varios dirigentes del PP lo consideraron otro elemento incriminador. “Sánchez también pagó ese registro presuntamente fraudulento. Él siempre es el centro de todos los casos de corrupción. Él siempre es el UNO”, escribió Cuca Gamarra.

Todo eso por 206 euros. Al final, daba un poco igual lo que apareciera en el informe de la UCO. El PP ya ha ido demasiado lejos en el caso de Begoña Gómez como para dejar que la Guardia Civil le reviente la estrategia.

La investigación de la UCO a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, ha involucrado a una empresa que gestiona un exdirector general con el Gobierno de Javier Lambán, ahora en el ámbito privado. Un informe de la Guardia Civil atribuye a una empresa dirigida Raúl Oliván, que fue alto cargo autonómico entre 2017 y 2023, dos facturas que suman casi 6.700 euros a la firma Transforma TSC SL, la mercantil que Gómez creó con el mismo nombre de su cátedra, dentro de las pesquisas acerca de si se lucró con un software que era propiedad de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Sin embargo, desde Innovación Hexagonal SL aseguran que el objeto era “organizar y dinamizar” unos talleres y no “el uso de ninguna plataforma digital”.

El informe, remitido por la Unidad Central Operativa (UCO) al juez Juan Carlos Peinado, analiza las “vinculaciones y analogías” entre la plataforma tecnológica desarrollada en el entorno de la cátedra de Transformación Social Competitiva de la Complutense y la sociedad mercantil creada posteriormente por Gómez con el mismo nombre, Transforma TSC SL.

Los investigadores sostienen que existen coincidencias de “denominación, objeto y figura visible” entre ambas estructuras y apuntan además a la ausencia de un aviso legal claro en la web de la plataforma, algo que, según la Guardia Civil, podía generar “dudas razonables” sobre qué entidad estaba realmente detrás del proyecto: la universidad o la sociedad privada impulsada por la esposa del presidente del Gobierno.

La UCO señala que la mercantil “efectivamente llegó a mantener una actividad comercial” y que recibió ingresos derivados de facturación por valor de 6.687,85 euros procedentes de Innovación Hexagonal SL, la empresa administrada por Raúl Oliván. El informe añade que el exalto cargo aragonés y otras dos personas vinculadas a Hexagonal LAB figuraban además como usuarios de la plataforma investigada.

En este sentido, la Guardia Civil considera “reseñable” la coincidencia entre los usuarios registrados en la herramienta y el que, hasta ahora, aparece como “único cliente” identificado de la sociedad de Gómez. No obstante, los agentes admiten que “no resulta posible determinar el objeto de esta facturación ni tampoco la posible vinculación que esta pudiera tener con la actividad” desarrollada a través de la plataforma.

El informe también recoge que la empresa creada por Gómez tuvo una vida muy corta, entre noviembre de 2023 y junio de 2024, y apunta que sus actividades “se vieron frustradas de manera temprana” tras la apertura de la investigación judicial. Según la UCO, tampoco se han encontrado adendas, convenios u otros mecanismos formales que acrediten una relación oficial entre la sociedad privada y la cátedra universitaria.

Dentro de las pesquisas, la Guardia Civil ha constatado además que el registro de la marca Transforma TSC tuvo un coste de 206,57 euros y fue abonado desde una cuenta bancaria compartida por Begoña Gómez y Pedro Sánchez. A ello se suman otros pagos personales vinculados al proyecto, como 23,19 euros por una modificación del logotipo y 118,58 euros por el registro del dominio web transformatsc.org.

Los investigadores subrayan que estos gastos fueron asumidos personalmente por Gómez, a diferencia de otros costes relacionados con la cátedra y la plataforma que sí fueron abonados con fondos de la Universidad Complutense. Pese a ello, la UCO concluye que no ha detectado movimientos bancarios sospechosos ni ingresos incompatibles con la actividad profesional de la esposa del presidente.

La investigación forma parte de las diligencias abiertas por el juez Peinado, que indaga posibles delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca en relación con la actividad de Gómez al frente de la cátedra de la UCM.

La versión de la empresa: talleres, no software

Tras conocerse el contenido del informe, Innovación Hexagonal SL ha defendido que los pagos realizados a Transforma TSC SL no tenían relación con el uso del software investigado ni con ninguna plataforma digital vinculada a la universidad.

La empresa explica que las transferencias correspondían a “un ciclo de cinco talleres sobre sostenibilidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)” celebrados en Zaragoza, Valencia, Cáceres, Granada y Cantabria, en colaboración con distintas cámaras de comercio. Según la compañía, el dinero se destinó al pago de honorarios de Sandra Anfaiha, encargada de “organizar y dinamizar” los encuentros, así como a cubrir gastos de desplazamiento y manutención.

Innovación Hexagonal sostiene que los talleres fueron “abiertos y gratuitos”, contaron con publicidad previa y posterior y reunieron a unas 80 personas. “Nuestro papel era diseñar una metodología para los talleres presenciales que ayudara a las pymes a pensar en ecosistemas de colaboración y su potencial impacto en los ODS”, señala la empresa.

La firma insiste en que “en ningún caso” pagó “por el uso de ninguna plataforma digital asociada a la Universidad o a la mencionada sociedad TSC”.

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportado al sumario del caso contra Begoña Gómez aleja la tesis del juez Juan Carlos Peinado de que la mujer del presidente del Gobierno se dedicaba a conseguir dinero de empresas para enriquecerse. Tras analizar sus cuentas bancarias, los agentes concluyen que la información recogida en ellas “concuerda con el desarrollo de las actividades profesionales que Begoña Gómez ha venido desarrollando”.

En el auto en el que proponía que Begoña Gómez fuera juzgada por un tribunal formado por ciudadanos, el juez Peinado llegó a acusar a la mujer de Pedro Sánchez de apropiarse para su “patrimonio personal” de los fondos privados que captaba para la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense. 

Los investigadores detallan en el informe, adelantado por la Cadena SER y al que ha tenido acceso elDiario.es, que los ingresos de sus cuentas personales provienen de pagadores conocidos con los que tiene o ha tenido vinculación profesional, como la propia Complutense, la Fundación Instituto de Empresa o el Grupo Empresarial Inmark, además de ingresos regulares por el alquiler de un inmueble.

La cátedra de la Complutense

El informe también aborda tanto la creación de Cátedra para la Transformación Social Competitiva (TSC) de la que Begoña Gómez fue nombrada codirectora en 2020, como su posterior gestión. Esta es la actividad de la que derivan parte de las sospechas del juez Peinado. Los agentes consideran que se creó siguiendo los cauces y la normativa establecidos por la Complutense, si bien apuntan algunas irregularidades en la contratación de las empresas que desarrollaron la plataforma informática vinculada a esa cátedra. 

Así, el atestado sostiene que la contratación de una de esas empresas —Making Science, que cobró 24.200 euros por realizar el back end de la plataforma— se hizo “obviando cualquier trámite administrativo” a pesar de que la cuantía superaba el límite de 15.000 euros para los contratos menores. En cualquier caso, la irregularidad fue detectada y se abonaron los trabajos para que no se diera un enriquecimiento ilícito del centro universitario.

En el caso de Deloitte, que cobró 78.648,79 euros, sí se firmaron dos contratos, aunque la UCO concluye que se crearon como “mero marco administrativo” para dar “apariencia de legalidad” a la contratación porque la consultora había iniciado sus funciones antes de la adjudicación.

El software bajo sospecha

El juez Peinado también apunta como indicio que Begoña Gómez crease en 2023 una sociedad con el mismo nombre de la cátedra. De hecho, es uno de sus principales argumentos para sostener la acusación de que se apropió de forma indebida del citado software vinculado a la cátedra para explotarlo a través de esa empresa. Respecto a esa sociedad, la UCO sostiene que “llegó a mantener una actividad comercial”, si bien apenas estuvo activa durante siete meses porque Begoña Gómez la declaró inactiva al poco de estallar esta investigación.

Para apuntar que esa empresa “llegó a mantener una actividad comercial”, la UCO se basa en que recibió un pago de 6.687,85 de una sociedad cuyo administrador fue usuario del software vinculado a la Complutense. Los investigadores sostienen que en este momento no es posible determinar el objeto de esta facturación ni si está vinculado con su registro en ese software. No obstante, dice que “sí que se considera reseñable la coincidencia entre los usuarios de la plataforma y el único cliente de la sociedad”.

La UCO indica que también constan dos pagos por parte de la mercantil de Begoña Gómez a una persona llamada Sandra Anfaiha: uno para el pago de un taxi por valor de 106 euros y otra por valor de 3.570 euros. Este nombre ya aparecía en la ampliación de la querella presentada por la acusación popular de HazteOir a cuenta del software. Entonces, esa asociación indicaba que Anfaiha cursó beca en la Cámara de Comercio de España y en la Cátedra TSC de la UCM y que realizó el “testeo de la aplicación mediante diseño y ejecución de pruebas”.

Preguntado al respecto, el administrador de la sociedad citada asegura que los pagos publicados “corresponden a un ciclo de cinco talleres sobre sostenibilidad y los ODS, celebrados en Zaragoza, Valencia, Cáceres, Granada y Cantabria, en sendas sedes de la Cámara de comercio, institución que difundió la actividad entre sus asociados. En concreto las transferencias iban destinados al pago de honorarios de la profesional Sandra Anfaiha, encargada de organizar y dinamizar los talleres, y los gastos de desplazamiento y comida correspondientes”, apunta.

“Los talleres fueron abiertos y gratuitos, se les dio publicidad antes y después, acudieron un total de 80 personas. Nuestro papel era diseñar una metodología para los talleres presenciales que ayudara a las pymes a pensar en ecosistémas de colaboración y su potencial impacto en los ODS. El papel de Transforma TSC SL era organizar y dinamizar esos encuentros, para lo que se contrató a la mencionada profesional. En ningún caso nuestra empresa ni ninguno de sus profesionales ha pagado por el uso de ninguna plataforma digital asociada a la Universidad o a la mencionada sociedad TSC”, zanja.

El trabajo de la asesora

La Unidad Central Operativa ha analizado los correos incorporados a la causa en los que la asistente de Begoña Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, alude a trabajos relacionados con la cátedra de la Complutense. Los agentes destacan que Álvarez realizara labores de “convocatoria y/o participación en reuniones de la oficina de proyecto para el desarrollo de la Plataforma Transforma TSC y gestiones burocráticas al respecto”. 

El juez Juan Carlos Peinado considera que Gómez incurrió en un delito de malversación de fondos públicos por la utilización de su asesora en trabajos que no se pueden identificar con los cometidos para los que fue contratada por terceros en Moncloa.

“La figura de Cristina Álvarez responde íntegramente a este tipo de funciones de gestión y auxilio a la Dirección de la Cátedra de la UCM. Por ende, independientemente de la ausencia de una relación formal con la Universidad, a efectos de exposición se considera a Cristina Álvarez integrada en el equipo de trabajo de la cátedra”, recoge el atestado policial. 

La defensa de Gómez presentó el pasado lunes el escrito de defensa en el que solicita su libre absolución ante su posible juicio por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. En su escrito, el letrado Antonio Camacho argumenta que los hechos investigados no son constitutivos de ningún delito: “No procede la imposición de pena ni sanción de ninguna clase”. Además, la defensa solicita que se impongan las costas procesales a las acusaciones de extrema derecha que han impulsado la causa por actuar con “temeridad y mala fe”.

Su defensa recuerda también que su vinculación con la Complutense comenzó en 2012, cuando Pedro Sánchez “no ostentaba responsabilidad pública alguna”. Tras codirigir varios másteres, en 2020 asumió la dirección de la Cátedra Extraordinaria en “Transformación Social Competitiva”, un término “que ella inventó, que antes no existía y que de ninguna manera estaba registrado por la Universidad en registro alguno”, recoge el escrito.

Un juzgado madrileño ha archivado la denuncia contra el agitador ultra Vito Quiles por agresión cuando impidió a Begoña Gómez salir de un bar de Las Rozas a finales de abril al entender que no se han podido acreditar “hechos que posean relevancia penal” a la vista de las grabaciones que hay. La decisión es provisional y cabe recurso.

En el auto, fechado del pasado 12 de mayo, recuerda que para que una injerencia en la vida social de un personaje público se considere delito depende de la gravedad y de cómo se produzca esa intromisión. En este caso, las grabaciones aportadas al tribunal no han permitido acreditar que haya existido un “zarandeo” o que “haya rodeado a la denunciante con el brazo”. “Podemos observar cómo efectivamente el denunciado se introduce dentro de un local público, con la clara intención de dirigirse a la denunciante, dirigiendo mutlitud de cuestiones sin esperar respuestas, pero la denunciante abandona el local de inmediato, y es doña Blanca María quien aparta al denunciado”, señala el auto.

Blanca María De Juan de Castro, una de las acompañantes de Gómez en ese momento, denunció unas lesiones que para el juzgado tampoco se han podido acreditar después del visionado de los vídeos. “Consta un forcejeo entre la denunciante y el denunciado, en el que es la denunciante quien sostiene el acometimiento principal (sin relevancia penal) hacia el denunciado con la intención de expulsarlo del local. Es la propia denunciante quien manifiesta que al intentar ayudar a su amiga a que saliera del local ha sufrido lesiones, esto es, faltaría por acreditar el dolo en la causación de tales lesiones”, dice el auto.

No es la primera vez que Gómez es el objetivo de los ataques de la extrema derecha. El mes pasado, la agitadora ultra Pilar Baselga declaraba en un juicio por afirmar en un programa de Distrito TV en noviembre de 2022 que Begoña Gómez era una mujer transexual y la involucró en casos de narcotráfico. A principios de mayo, una jueza la absolvió y argumentó en su sentencia que Baselga no menoscabó el honor de Gómez.

El Congreso acaba de expulsar de forma cautelar a Vito Quiles y Bertrand Ndongo. La Mesa de la Cámara Baja aprobó la semana pasada la retirada cautelar de la credencial a ambos, una expulsión que podría ser definitiva dado que se enfrentan en los próximos meses a un goteo de expedientes, algunos de carácter grave o muy grave.

La Audiencia Nacional imputa a José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra. El juez Calama firma un auto de 85 páginas con indicios de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental. Eso, jurídicamente, significa una cosa concreta: hay motivos suficientes para investigar. Nada más.

Lo que ocurre a continuación en los medios de comunicación es otra cosa. En pocas horas, dos relatos opuestos e igualmente cerrados copan el espacio público. Desde la derecha mediática y política, la imputación se lee como confirmación de lo que “ya se sabía”: corrupción socialista, trama organizada, el mentor del sanchismo ante la justicia. El PP habla de “gravedad extrema”. Vox pide elecciones. Varios medios describen el auto (un inicio de investigación) con el tono de quien lee un veredicto.

Desde la izquierda, el relato es el contrario: ‘lawfare’, ofensiva judicial coordinada con la derecha mediática, persecución política disfrazada de justicia. Ferraz publica un comunicado que atribuye la imputación a una “ofensiva política y mediática de la derecha y la ultraderecha”. Podemos habla de “guerra sucia judicial”.

Ninguno de los dos marcos deja espacio para lo que el auto realmente dice: que hay indicios que merecen investigarse y que, al final del proceso, habrá una resolución. Eso puede tardar mucho tiempo. Para entonces, el juicio mediático ya habrá dictado la suya.

Este es el mecanismo que debería preocuparnos. No la imputación en sí, sino la velocidad con que el ecosistema informativo convierte una figura procesal en un veredicto moral. El término “imputado” se desliza hacia “culpable” en titulares, tertulias y comunicados de partido. La repetición masiva produce el efecto contrario a la información: cuanto más se reitera una acusación, más verdadera parece, con independencia de las pruebas.

A esto se suma el contexto acumulativo. La imputación llega dos días después de la derrota electoral del PSOE en Andalucía, en paralelo a los casos de Begoña Gómez y el hermano del presidente. Los medios los agrupan en un único relato de corrupción sistémica. Judicialmente son expedientes separados. Narrativamente, se retroalimentan hasta que la suma parece mayor que las partes.

Todo esto tendría un alcance acotado si el proceso concluyera pronto. Pero los tiempos judiciales en España son impredecibles, y esa imprevisibilidad se convierte en un instrumento político con coste directo sobre los socios que sostienen al Gobierno.

La justicia española tiene velocidades muy distintas según el caso. El caso Púnica, desvelado en 2014, no llegó a juicio hasta once años después, en abril de 2025, con 37 imputados. El caso Ábalos, en cambio, avanzó a una velocidad inusualmente rápida para los estándares españoles, situándose en fases avanzadas en aproximadamente trece meses. Las razones son técnicas, procesales, pero también dependen de quién investiga, qué pruebas existen y qué presiones rodean la causa. El caso Zapatero puede resolverse en dos años o en diez. Nadie lo sabe. Y esa incertidumbre es, en sí misma, un instrumento político.

Para los socios de investidura (ERC, Junts, PNV y EH Bildu), el dilema que plantea esta situación puede ser delicado. Junts pide que “se esclarezcan los hechos” respetando la presunción de inocencia. El PNV, el más cauto, apela a la prudencia y señala que las acusaciones “en principio son graves”. EH Bildu también ha optado por la prudencia y evita extender “un cheque en blanco” al expresidente socialista. Es la posición formalmente correcta. Pero esa corrección tiene un precio en campaña.

Las próximas elecciones generales deben celebrarse como máximo en agosto de 2027, lo que sitúa el horizonte electoral en poco más de un año. En ese plazo, el proceso judicial contra Zapatero no habrá concluido. Tampoco los de Begoña Gómez, el hermano del presidente, ni probablemente el de Santos Cerdán. Para los partidos periféricos que apuntalan al Gobierno, apoyar el presupuesto, votar con la mayoría o simplemente no romper la legislatura significa asumir en sus electorados respectivos la imagen de cómplices de una cultura de corrupción que, aunque esté pendiente de demostrar judicialmente, ya ha sido condenada en el tribunal mediático.

El PNV ya se encuentra por debajo de EH Bildu en Euskadi según las encuestas, y Junts sufre el desgaste competitivo de Aliança Catalana. Ambos partidos tienen incentivos propios para distanciarse de un Gobierno que acumula frentes judiciales, independientemente de lo que resuelvan los tribunales. El problema es que distanciarse electoralmente es difícil cuando se está ligado parlamentariamente, y romper el bloque tiene costes que también sus electorados penalizarían.

Esta es la trampa que encierra el ‘framing’ mediático que convierte imputaciones en condenas: no solo daña al imputado. Contamina a quienes le rodean, obliga a sus aliados a posicionarse sobre hechos no probados y les sitúa ante una disyuntiva en la que no hay respuesta buena. Defender la presunción de inocencia parece cómplice; exigir responsabilidades antes del juicio supone traicionar un principio básico del Estado de Derecho.

La presunción de inocencia no es un tecnicismo garantista para expertos jurídicos. Es la diferencia entre una democracia con separación de poderes y un sistema en el que basta con acusar para destruir. Aplicarla no implica ignorar los indicios del auto. Implica recordar que un juicio todavía no ha ocurrido.

Distinguir entre el hecho (existen indicios que justifican investigar) y la interpretación política (eso ya prueba la culpabilidad), es el mínimo exigible a quienes informan sobre este país. Uno es periodismo. El otro, con independencia del color que lo vista, es otra cosa.

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha recurrido la sentencia que absolvía a la agitadora Pilar Baselga del delito de injurias por el que fue sometida a juicio. Esta tertuliana difundió falsamente en un programa de televisión que Gómez era transexual y la calificó de 'Begoño', y la jueza Beatriz Suárez Martín aseguró en su sentencia que Baselga no menoscabó el honor de Gómez y falló que sus afirmaciones no tenían relevancia penal.

En el recurso de apelación contra esa sentencia, adelantando por la Cadena Ser y al que ha tenido acceso elDiario.es, la representación legal de la esposa de Pedro Sánchez indica que la magistrada aplicó de manera indebida el Código Penal en lo referente a los artículos que tipifican el delito de injuria grave con publicidad. “No hay duda de lo que se dijo ni de quien lo dijo”, indica.

Para la acusación particular, las declaraciones de Baselga son suficientes para cumplir con las especificidades del delito de injurias y por eso no se explica la decisión de la magistrada de absolver. “En este escenario, no existiendo duda sobre lo sucedido, no estamos ante un error en la apreciación de la prueba, sino más bien en un error en la apreciación de la legalidad de los hechos enjuiciados”, lamenta. Así, denuncia que la sentencia de instancia “ha incurrido en una clara infracción de ley” y, subsidiariamente, plantea que se enfoque el asunto alternativamente “como un error en la apreciación de la prueba”.

El recurso recuerda que Baselga en el programa 'Los Intocables' de Distrito TV aseguró en noviembre de 2022 que en un inicio Begoña Gómez fue 'Begoño', que fue nombrada directora de un máster al llegar a La Moncloa y que “por lo visto los servicios secretos marroquíes tienen las pruebas de que Begoña Gómez está involucrada (...) en temas de narcotráfico en Marruecos”.

Así, apunta que las manifestaciones de la acusada incorporaban hasta cuatro expresiones que lesionaban la dignidad de Begoña Gómez, “menoscabando su fama y atentando contra su propia estimación”. “Todas ellas son relativas a cuestiones de hecho que son objetivamente falsas, como se reconoce en la sentencia de instancia”, añade, para luego sumar a esto que queda excluida la posibilidad de que esas manifestaciones puedan ser justificadas por el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información.

Para el letrado de Gómez, estas injurias pronunciadas por Baselga “no colman mínimamente el requisito de la veracidad” que se exige a la hora de informar, y, por lo tanto, son informaciones “falsas que se publican y divulgan con conocimiento de su falsedad o, al menos, con un temerario desprecio hacia ella” y que, además, “no tenían relevancia pública”.

En este sentido, también pone el foco en que esas afirmaciones se hicieron con publicidad dado que se hicieron en un programa de televisión y que, las mismas, tuvieron una gran repercusión mediática. Por eso, insiste en que los argumentos de la jueza para absolver son “complicados de entender” y la acusa de exponerlos de manera “desordenada”.

A esto, suma que la gravedad de las manifestaciones “es tan relevante y el contenido denigratorio tan manifiesto” que debería ser suficiente para considerar que hubo delito “sin mayor esfuerzo argumentativo”. Para la acusación, la atribución de la transexualidad a Begoña Gómez, acompañada de la modificación infamante de su nombre, “es una idea copiada por la acusada de lo sucedido en Francia con Brigitte Macron -esposa del actual presidente Emmanuel Macron- y en Estados Unidos con Michelle Obama, esposa del expresidente Barack Obama”.

Los argumentos “ligeros y absurdos” de la jueza

A su juicio, el éxito que en las redes sociales han cosechado ambos infundios animó a Baselga a intentarlo también en España “con parecido éxito, por desgracia”. “La falsedad de la afirmación no le ha preocupado, dándola por descontada, porque no buscaba transmitir una información sino provocar una difusión pública escandalosa”, añade.

Afea, asimismo, a la magistrada que “de una manera ligera y absurda” califique los insultos de “gracieta”y no comprende que valore como una “sátira” o como “humor satírico” el insulto. Y puntualiza que es difícil advertir “qué gracia o risa puede provocar, por ejemplo, implicar a alguien en una trama de narcotráfico”.

Además, ataca la redacción de la sentencia indicando que, “en un error impropio”, la magistrada “confunde” aspectos procedimentales “aumentando lo irrazonable de una motivación cada vez más incomprensible”. Y le echa en cara que califique a Begoña Gómez de persona pública. “Mi mandante no es persona pública en ninguna de estas dos acepciones: ni es un representante público cuyo comportamiento debe someterse al lógico escrutinio de la población, ni es una persona que haya comerciado con su intimidad”, explica, para matizar que “es una persona conocida, que no pública, y muy a su pesar”.

La acusación recuerda además a la Audiencia Provincial que tan pronto se dictó sentencia absolutoria, la acusada colgó un video en Telegram vanagloriándose de sus insultos y anunciando que, ya con el expreso aval de la Justicia, los repetirá impunemente: “Hola a todos. ¡Hemos ganado! Se puede decir 'Begoño'. No es ningún delito. No hay condena en costas. No hay multa. No hay nada. Absolución total. Begooooño, se puede decir, y ya no es delito, no es delito, ¿lo veis? ¡He ganado! ¡He ganado!”.

Cabe recordar que la magistrada, en su resolución, reconocía que expresiones de Baselga como 'Begoño' para referirse a la mujer del presidente del Gobierno o acusaciones contra ella como estar relacionada con el tráfico de drogas en Marruecos “pudieran ser considerados términos o expresiones de contenido humillante, despreciativo, injurioso para su destinataria, al haberse realizado en un programa televisivo, y haberse difundido en redes sociales”. Pero a continuación remataba que no alcanzaban para ser considerado delito.

Ahora, la acusación solicita que se anule la sentencia y se condene a Baselga por un delito de injurias graves con publicidad con la pena de multa de 21.000 euros, más una indemnización de 20.000 euros para Begoña Gómez.

La defensa de Begoña Gómez ha presentado este lunes el escrito de defensa en el que solicita su libre absolución ante su posible juicio por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. En su escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, el letrado Antonio Camacho argumenta que los hechos investigados no son constitutivos de ningún delito: “No procede la imposición de pena ni sanción de ninguna clase”. Además, la defensa solicita que se impongan las costas procesales a las acusaciones de extrema derecha que han impulsado la causa por actuar con “temeridad y mala fe”.

Parte de la investigación impulsada por el juez Juan Carlos Peinado gira en torno a la actividad profesional de Gómez en la Universidad Complutense. Según el juez, desde la llegada de Pedro Sánchez, primero a la Secretaría General del PSOE y, sobre todo, al Gobierno, “se tomaron determinadas decisiones públicas favorables” a la cátedra que Begoña Gómez codirigió en esa Universidad gracias a su “posición relacional”.

Su defensa recuerda, sin embargo, que su vinculación con ese campus comenzó en 2012, cuando Pedro Sánchez “no ostentaba responsabilidad pública alguna”. Tras codirigir varios másteres, en 2020 asumió la dirección de la Cátedra Extraordinaria en “Transformación Social Competitiva”, un término “que ella inventó, que antes no existía y que de ninguna manera estaba registrado por la Universidad en registro alguno”, recoge el escrito.

El letrado recuerda asimismo que este cargo no conllevaba “retribución económica alguna” y afirma que su nombramiento cumplió con todos los requisitos legales exigidos por el centro universitario. Sostiene que fue el rector, Joaquin Goyache, quien le planteó en una reunión de julio de 2020 la posibilidad de que dirigiera una cátedra extraordinaria dada su experiencia con la codirección de dos máster.

El juez Peinado otorgó total relevancia al hecho de que Begoña Gómez utilizara el Palacio de la Moncloa para mantener reuniones sobre proyectos empresariales y académicos, como la citada con el rector. Apunta que se trata de conductas que “parecen más propias de regímenes absolutistas” y defiende que “quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII” para analizar estos hechos. En su escrito, la defensa de Begoña Gómez alega que cuando se produjo esa reunión, la Complutense estaba cerrada por la pandemia y que, desde 2018, el Palacio de la Moncloa es su residencia familiar.

Sobre la supuesta apropiación indebida del software vinculado a la cátedra, el letrado afirma que el convenio de la cátedra preveía crear una plataforma tecnológica gratuita propiedad de la Complutense “para la medición del impacto social y su cuantificación”.

Las aportaciones económicas de las empresas colaboradoras ingresaron directamente en el patrimonio de la universidad, y fue la propia Complutense quien licitó los contratos necesarios. La defensa recalca que el software nunca llegó a finalizarse ni a usarse debido a que la Complutense canceló la cátedra, por lo que ni Begoña Gómez se lucró ni la Universidad sufrió ningún perjuicio patrimonial.

Así, subraya que la esposa de Sánchez registró el dominio de internet y los símbolos de la marca “Transformación Social Competitiva” siguiendo las instrucciones expresas de la Oficina de Transferencia de Conocimiento (OTRI) del centro universitario. Esto se hizo para evitar que terceros se apropiaran de ellos, dado que la normativa universitaria impedía registrar el producto a nombre de la Complutense hasta que estuviera totalmente finalizado.

Por otro lado, el escrito se refiere a las tareas de la asistente Cristina Álvarez, quien tenía un puesto “habitual en la historia de nuestra Democracia desde sus inicios” de gestión de la agenda y la seguridad de la esposa del presidente. La defensa indica que su ayuda “ocasional” mediante el envío de “un número muy limitado de correos para ayudar en momentos puntuales” a Begoña Gómez no afectó sus funciones ni supuso un “menoscabo de recursos públicos”.

La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha recurrido ante la Audiencia Provincial la decisión del juez Juan Carlos Peinado de rechazar su oposición a que la causa sigua por el procedimiento del Tribunal del Jurado contra ella. Lamenta que la respuesta que le dio el juez incurre en una palmaria falta de motivación porque se limitó a “reproducir mecánicamente” los razonamientos jurídicos de otra resolución previa. Incide en que el magistrado le imputa el delito de tráfico de influencias solo “por ser cónyuge del presidente del Gobierno”.

En el recurso, al que ha tenido acceso elDiario.es, el letrado Antonio Camacho afea a Peinado de copiar y pegar en su respuesta el auto de 11 de abril por el que se decidió (de nuevo) que el asunto acabe ventilándose por un jurado popular. “No da respuesta a las concretas cuestiones planteadas en el recurso de reforma, lo que genera una situación material de indefensión constitucionalmente vedada”, subraya, para luego precisar que debía haber resuelto de manera concreta y diferenciada cuestiones “esenciales” como la inexistencia de indicios racionales, la improcedencia de determinadas calificaciones jurídicas o la ausencia de conexión lógica entre los hechos, los tipos penales que se le imputan, o la improcedencia de la tramitación por el cauce de la ley del Jurado.

Para Camacho, esa ausencia de respuestas a las cuestiones planteadas por la defensa en el recurso de reforma (el que se presenta ante el instructor) “no solo constituye una deficiencia de motivación, sino que integra la figura jurídica de la incongruencia omisiva total” que vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que ampara a la esposa de Pedro Sánchez.

Por eso, solicita a la Audiencia Provincial anular la resolución del juez por la que respondía negativamente a la pretensión de que el asunto no siguiera por el procedimiento del Tribunal del Jurado e insiste en que, en todo caso, “no existen indicios” que permitan que pueda seguir la causa por esa vía.

Al hilo, indica que tras “mucho esfuerzo” han delimitado que a Begoña Gómez se le imputan cuatro delitos: Corrupción entre particulares, apropiación indebida de marcas, malversación de caudales públicos y tráfico de Influencias. Y que solo dos son propios de ese tipo de tribunal popular. Al hilo, vuelve a revisar los indicios para subrayar que en el caso del tráfico de influencias Peinado “falta plenamente a la realidad” al manifestar que a partir del nombramiento de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno en junio de 2018 “se produjo un cambio inmediato y significativo en la trayectoria profesional” de su cónyuge.

“Esto es absolutamente falaz y no responde a la realidad, puesto que mi representada ya dirigía un máster en la Universidad Complutense desde el año 2012”, explica, para apuntar que “es falso como señala el auto (de Peinado), que su actividad hasta 2018 solo estuviera vinculada al ámbito laboral privado del marketing y la consultoría en el Grupo Inmark”. Así, vuelve a insistir, como en escritos anteriores en que la única conclusión que puede extraerse es que se está investigando a Begoña Gómez “por ser cónyuge del presidente del Gobierno”.

Precisamente este miércoles trascendió otro escrito de la defensa de Gómez ante el juez en el que reclamaba que paralizara la causa hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos presentados contra la decisión de volver a dirigir el procedimiento hacia un jurado popular. Cabe recordar que en esta causa también constan como investigados su asesora en el Palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

Barrabés y Álvarez, falta de motivación

En la misma línea que la defensa de Begoña Gómez, el letrado de Barrabés explica en otro recurso de apelación, al que también ha tenido acceso elDiario.es, que el juez Peinado en su auto por el que respondía a su recurso contra la continuación del procedimiento por el Tribunal del Jurado “ni valora ni resuelve los concretos motivos de impugnación expuestos”. Denuncia que la respuesta del juez tenía “una motivación aparente” pero que en realidad “sus 25 folios son una reproducción literal y exacta de otro auto”.

Aparte, el abogado incide como en escritos anteriores en que no existen indicios que justifiquen que se siga la causa contra el empresario, que no ha tenido relación con la cátedra extraordinaria que codirigía Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid ni ha realizado aportaciones económicas a la misma. Además, resalta que los contratos de Red.es y las cartas de apoyo redactadas por Gómez que se incluyen en el auto del juez en realidad los investiga la Fiscalía Europea, por lo que están fuera del procedimiento. Por todo ello, solicita el archivo de la causa para él.

Mientras, la asistente de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, ha pedido también la libre absolución denunciando, como los otros dos investigados, que Peinado “incurre en un patente defecto de motivación” porque en la respuesta a su recurso “no analiza ni resuelve las concretas alegaciones formuladas” sino que se limita “a reproducir, de manera literal, y recurriendo al copia y pega, la fundamentación contenida en otro auto”.

Además, combate que se deba seguir el procedimiento por el cauce del jurado popular y sobre el delito de tráfico de influencias que le imputa Peinado recalca que los hechos que se le atribuyen “nunca” podrían encajar en ese tipo penal. Recuerda, al hilo, que el juez le achaca reuniones y conversaciones con particulares que no son autoridades ni funcionarios, y que “presionar moralmente a un ingeniero de Google, aunque hubiese ocurrido —que no— nunca sería tráfico de influencias”.

Sobre el delito de corrupción entre particulares, explica que los hechos descritos por el auto recurrido “carecen de prácticamente todos los elementos del delito de corrupción entre particulares” porque sólo puede ocurrir entre sociedades mercantiles mientras que las relaciones descritas por el juez lo son entre sociedades mercantiles y una entidad pública, como es la Universidad Complutense. Además, detalla que el delito consiste en la solicitud, recepción, ofrecimiento o pago de un soborno a un directivo para que contrate a un proveedor en lugar de a otro, y la resolución de Peinado no describe ningún soborno. “La lectura de este fundamento de derecho demuestra un preocupante desconocimiento del contenido y elementos del tipo” del Código Penal, añade.

En cuanto al delito de apropiación indebida, destaca que los activos inmateriales (como un dominio, un software o una marca) no pueden ser objeto del delito de apropiación indebida. Y añade, además, que en todo caso en ningún caso se puede atribuir a su asistente porque no intervino en el registro del dominio a favor de Begoña Gómez.

Por último, sobre el delito de malversación, el letrado de la asistente explica que los hechos descritos por el auto de peinado “no constituyen delito de malversación”. “Ni existe un estatuto de la asistente del cónyuge del presidente del Gobierno que delimite cuáles son y cuáles no son sus funciones, ni el tiempo dedicado por mi patrocinada a actividades de doña Begoña que puedan considerarse privadas es relevante teniendo en cuenta sus horas de trabajo, ni consta que por esas actividades haya desatendido nunca ninguna de las funciones encomendadas”, recuerda.

Y suma esto que, incluso si hubiera delito, en ningún caso se puede atribuir a la asistente porque “como funcionaria explotada por su superior solo podría ser objeto del delito”. “Nunca una sentencia ha condenado al funcionario explotado”.

Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado al juez que la investiga, Juan Carlos Peinado, que paralice la causa hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos presentados contra la decisión de volver a dirigir el procedimiento hacia un jurado popular si finalmente llega a juicio.

A través de un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Gómez pide al juez “acordar la suspensión del procedimiento ante el tribunal del jurado, con paralización de todos los plazos procesales actualmente en curso hasta tanto la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos interpuestos”.

Cabe recordar que la Audiencia Provincial de Madrid frenó en febrero la decisión de Peinado de abocar la investigación a un juicio con jurado popular, como así pretendía el magistrado instructor, al estimar un recurso de la defensa de Gómez contra esa decisión. En aquel momento, los magistrados argumentaron que no había “indicios racionales de criminalidad” que justificaran esa decisión.

Peinado dictó un mes después un auto en el que justificó que “se ha podido comprobar la concurrencia de indicios de los elementos de los delitos que son competencia del tribunal del jurado”.

Ya en abril, el juez planteó juzgar a Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida, junto a su asesora en el Palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

“Se puede decir Begoño. No es ningún delito”. Canturreando esas palabras en un vídeo para su canal de Telegram, la agitadora ultra Pilar Baselga celebraba que este pasado lunes la Justicia la absolvía, en una sentencia que aún se puede recurrir, de un delito de injurias por llamar “Begoño” a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En esa breve publicación, que posteriormente ha eliminado, Baselga aparece sentada en su coche y después de saludar a sus seguidores comienza a decir: “Hemos ganado, se puede decir Begoño, no es ningún delito”, para luego añadir antes de lanzar un beso a cámara: “No hay condena en costas, ni multa, no hay nada. Absolución total”. Ya para terminar continúa cantando: “Begoñooo se puede decir, y no es delito, no es delito. He ganado, he ganado”.

La denuncia venía a raíz de unas declaraciones que la agitadora había realizado en el programa Los intocables del canal Distrito TV, donde aseguraba que Gómez era transexual, que había nacido hombre y que además estaba implicada en “una cuestión de narcotráfico en Marruecos”. Palabras que aludían a varias informaciones falsas compartidas en redes sociales y que tras la intervención de Baselga se viralizaron aún más entre sus miles de seguidores.

La jueza de la causa, Beatriz Suárez Martín, en su sentencia absolutoria, indicó que 'Begoño' no es un término “de por sí solo injurioso” y el cual ampara “por el prevalente derecho a la crítica o al humor satírico. En este sentido, según escribe, solo podría ser condenada si los ”términos fueran desmesurados respecto del legítimo objeto de la crítica perseguida.

Por todo ello, las palabras de Baselga no habrían “menoscabado el honor de la querellante”, lo cual hace que “los hechos declarados probados no tienen la relevancia penal para ser merecedores de reproche penal, y deben ser considerados atípicos”. Además, la jueza aseguró que al no haber contado con la declaración de Begoña Gómez no se cuenta “con un relato personal y directo, que permita concluir que las expresiones ocasionaron un impacto en su reputación” y que por eso no puede saber si las expresiones de la agitadura “lesionaron su dignidad, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación”.

En el juicio, Baselga sostuvo que no era su intención calumniar a la mujer de Pedro Sánchez y se disculpó si algo de lo que dijo fue “desafortunado”. A su vez, se excusó asegurando que su intervención en el programa se basó en informaciones que había leído en otros medios y que fueron fruto de la “improvisación”.

El juez Juan Carlos Peinado ha rechazado los recursos que pedían archivar la investigación contra Begoña Gómez y ha insistido en enviar a un juicio por jurado popular a la mujer del presidente del Gobierno, tras procesarla y cerrar su instrucción el pasado mes de abril.

En concreto, en un auto dictado este pasado martes, Peinado rechaza los recursos de reforma interpuestos por Begoña Gómez y los otros dos imputados, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, contra la decisión de enviar el procedimiento a un tribunal de jurado, en la que pedían además archivar la causa, una solicitud a la que se adhirió la Fiscalía.

El juez ha citado como testigo el próximo 14 de mayo al empresario José María Torres, quien se habría reunido con Gómez y su asesora Cristina Álvarez, también imputada.

El pasado abril, el magistrado procesó a Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida, dejando fuera el supuesto de intrusismo profesional, por el que también la había investigado durante la instrucción del caso.

Por otro lado, en una providencia a la que ha tenido acceso esta agencia de noticias, el magistrado concede cinco días a las defensas de los investigados para que presenten el escrito de conclusiones del proceso de instrucción y acuerda que reciban el escrito de calificaciones elaborado por las acusaciones populares que lidera hazte Oír y la Fiscalía.

HazteOir pedía 24 de años de cárcel para Gómez y la retirada del pasaporte por riesgo de fuga, mientras que el Ministerio Público abogaba por el sobreseimiento.

Asimismo, en otra providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado acata la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid y deja sin efecto una resolución emitida a finales de 2025 en la que acordaba reclamar un informe a la Asociación de Abogados del Estado para esclarecer si la esposa de Sánchez incurrió en un delito de intrusismo profesional al firmar pliegos de contratación de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), puesto que el instructor dejó fuera ese delito cuando la procesó.

En el marco de esta causa, el instructor indaga en varias líneas de investigación: el presunto tráfico de influencias de Gómez a favor de Barrabés; la gestión de Gómez en la cátedra y los dos másteres que codirigía en la Complutense; la presunta apropiación indebida por parte de la esposa de Sánchez del 'software' de dicha cátedra; y el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Gómez.

Un juzgado de Madrid acaba de absolver del delito de injurias a la activista ultra que había acusado a la mujer del presidente del Gobierno de estar involucrada en cuestiones de narcotráfico al tiempo que la llamaba reiteradamente “Begoño” y se refería a ella en masculino.

El apelativo no es gratuito ni ocasional. En el submundo ultraderechista patrio se ha extendido cómo una forma de denigrarla aludiendo al bulo de que en realidades una mujer transexual que nació y se crio como hombre. El objetivo es dañar la reputación del máximo dirigente político del país a través de la humillación de su mujer. Una estrategia bien estudiada y que antes de llegar aquí ya se ha utilizado en otros países.

En torno 2015 se extendió por los grupos radicales de derecha de los Estados Unidos la falsedad de que Michelle Obama era un hombre travestido. La mentira se sustentaba en prejuicio racistas y machistas, cuestionando la femineidad de mujeres negras destacadas, a la vez que se ponía en duda la propia sexualidad del presidente. Con la misma base machista y pretendidamente humillante se aplicó un lustro después a Brigitte Macron.

El fenómeno es tan extendido que tiene nombre propio: transvestigación. En todos los casos pretende poner en duda la integridad de los jefes de gobierno y vincularlos a conspiraciones elitistas. Al mismo tiempo se resalta un supuesto papel central de sus consortes en su toma de decisiones, que estaría justificado por su masculinidad de origen. En todos los casos los instigadores pruebas falsas similares. De Begoña Gómez circulan fotos manipuladas en las que aparece como un muchacho; incluso se han llegado a inventar cuál era su nombre anterior y en qué momento pasó a presentarse públicamente como mujer.

Al llamarla Begoño se quiere evocar toda esta teoría que niega la dignidad misma de la mujer del presidente del Gobierno, presentándola como una persona mentirosa que se hace pasar por quien no es, finge una feminidad que no posee y sobre la que se insinúa la misma depravación moral que en los círculos ultra se atribuye a las personas transexuales. Todo eso buscaba Pilar Baselga, la versión española de la conocida activista de ultraderecha Candence Owen, que fuera denunciada por la primera dama francesa por expresiones muy similares. Y todo eso es claramente injurioso, en cuanto menoscaba sin base alguna la dignidad ajena.

No lo ve así la jueza encargada de resolver el caso. Comienza por atribuirse la facultad de valorar libremente cuándo un insulto es o no desproporcionado. Literalmente, escribe que solo es posible condenar “cuando los términos usados son desmesurados respecto del legítimo objeto de la crítica”. Y para ella llamar Begoño a la consorte del presidente del Gobierno, con la carga que ello conlleva, no es en absoluto desmesurado. Bien al contrario, cree la magistrada que se trata de mero humor satírico; una simple gracieta, dice, aplicando su propia visión del mundo a los hechos. Ninguna sorpresa.

Hace unos meses tuve ocasión de comparecer ante una comisión reservada del Parlamento Europeo destinada a evaluar la situación del Estado de derecho español. En la misma intervino también la presidenta de la asociación mayoritaria de jueces españoles que es además decana de los juzgados de Madrid. Allí, en la sede de la soberanía europea si es que tal cosa existe, esta señora jueza también usó con desparpajo el mismo apelativo referido a la cónyuge del presidente Sánchez. Todo lleva a pensar que es una expresión frecuente entre jueces retrógrados. Su ilicitud no debería depender de que a los jueces les parezca gracioso o incluso estén de acuerdo con ella. Lo relevante es que, como prevé la ley, es un ataque contra la dignidad. Para aceptarlo así haría falta una capacidad de imparcialidad y profesionalidad poco frecuente en nuestro sistema judicial.

Técnicamente, la sentencia es un desastre. Respecto a la imputación de conexiones con el narcotráfico dice que no se ha demostrado dolo (mala intención) suficiente. El Código Penal, sin embargo, señala que para que haya delito basta con que las afirmaciones se hayan realizado con temerario desprecio a la verdad, es decir -en palabras del Tribunal Constitucional— sin el mínimo contraste de su veracidad. Justo lo que sucedió en este caso, aunque la jueza no lo tenga en cuenta.

Parece incluso que intente dar un poco de caña a la mujer del presidente, a pesar de que en esta ocasión ella es la víctima del delito. Reprochándole no haber declarado personalmente durante el juicio, introduce la disparatada idea de que una jueza no puede saber si una expresión daña la dignidad de alguien o perjudica su fama a menos que interrogue personalmente a la víctima. Así, confunde la percepción del daño sufrido con su misma existencia. El hecho de que la afectada se haya querellado contra la activista conspiranoide debe bastar para demostrar que se ha sentido subjetivamente dañada. A partir de ahí corresponde al juez examinar objetivamente si se trataba de expresiones dañinas o perjudiciales para la reputación de cualquiera. 

La suma de todos estos saltos lógicos permite preguntarse si de ser la perjudicada otra persona, ideológicamente más cercana a la jueza, su criterio habría sido igual de laxo. Así ha sucedido en las redes sociales; parte de la opinión pública parece convencida de que difícilmente resultaría absuelto quien, por ejemplo, acusara sin base alguna a una jueza de esconder su transexualidad o tener vínculos con el narcotráfico.

Es una duda legítima, habida cuenta de la evidencia cada vez mayor de que muchos de los miembros del poder judicial español son incapaces, por formación, de desprenderse de sus sesgos y resolver los asuntos que se les someten con la debida imparcialidad. No prevarican porque no lo hacen a sabiendas y ese es precisamente el problema: no se dan ni cuenta de que resuelven los asuntos en función de sus propias convicciones.  

Como dice Heinrich Boll en un libro de título parecido al de este artículo, la violencia de las palabras a veces puede ser peor qué las de las bofetadas. Esta sentencia no es peligrosa porque deje impune la violencia de una agitadora ultra. Lo es porque abre la duda de si todos -con independencia de la ideología que tengamos- gozamos de la misma protección frente a quienes atacan nuestros derechos.