El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defiende que se limitó a poner de relieve un “hecho objetivo” en sus últimas declaraciones públicas sobre el juez Juan Carlos Peinado a raíz de la decisión de sentar en el banquillo a Begoña Gómez. Así consta en una carta remitida por el ministro a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que le acusó a través de otra misiva de ejercer un “señalamiento personal” con el magistrado y calificó de “inadmisible” sus palabras.

Tras trascender el auto por el que Peinado pretende llevar a juicio a la esposa de Pedro Sánchez por cuatro delitos carentes, por ahora, de base probatoria, Bolaños aseguró que esa causa “avergüenza” a muchos ciudadanos y a jueces y fiscales. “Ha hecho un daño irreparable”, apuntó. Y añadió: “Mi confianza es que un tribunal superior e independiente revocará estas decisiones y tomará medidas ajustadas a derecho”. 

“Claro que se puede opinar sobre resoluciones judiciales. Eso es la democracia. El ministro de Justicia no tiene limitado su derecho fundamental a la libertad de expresión. Al revés, si cabe, tendrá una preocupación mayor y una opinión, si cabe, más cualificada, porque conoce la materia. Y les aseguro que es muy compartida por una amplísima parte de la sociedad española y por una muy buena parte también de la carrera judicial, que está preocupada por cómo algunas decisiones judiciales pueden afectar al buen nombre de la justicia”, añadió un día después, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. 

E insistió en que lo que esperaba el Ejecutivo era que instancias superiores corrijan la deriva de Peinado: “Quiero manifestar mi confianza absoluta en la justicia, en los tribunales superiores, que de hecho en la práctica ya han dado multitud de resoluciones judiciales en este procedimiento y han revocado parcialmente muchas otras que no eran ajustadas a derecho, que eran contrarias a nuestro ordenamiento”.

En su carta, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el ministro defiende que con esas palabras se limitó a poner de relieve “un hecho objetivo y extraordinario”. Y afirma que alrededor de una quincena de resoluciones dictadas por este magistrado en el procedimiento contra Begoña Gómez han sido anuladas parcial o totalmente por la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo, que frenó el intento del juez de implicarle a él mismo en la causa. No obstante, la Audiencia Provincial también ha avalado otras de sus decisiones, como la investigación por malversación por las funciones de la asistente que lleva la agenda de Begoña Gómez. 

Además, en la carta el ministro recuerda que el Consejo General del Poder Judicial tiene pendiente resolver denuncias y quejas que afectan a Peinado. “Esta circunstancia no puede calificarse de habitual, muy al contrario, es muy anormal. Estoy plenamente convencido de que ninguno de los más de 900 jueces/zas y magistrados/as miembros de la asociación judicial Francisco de Vitoria ha dirigido una instrucción en la que se haya producido algo parecido. Subrayar esto no implica descalificación personal alguna, sino realizar una valoración de una realidad incuestionablemente excepcional”, defiende en su carta.

Finalmente, Bolaños afirma que la independencia judicial en España está “absolutamente garantizada”. Y recuerda que los propios jueces españoles puntúan su independencia personal con un 9,2 sobre 10, según una encuesta realizada por la Red Europea de Consejos del Poder Judicial. “Obviamente, esta independencia judicial y la separación de poderes en nuestro país no se ven ni mínimamente afectadas por cualquier declaración pública”, añade el ministro, que concluye reiterando su respeto por la función jurisdiccional y su disposición a mantener un diálogo institucional “leal y constructivo”. 

En su misiva, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que se define como independiente, argumentaba que si bien es legítimo que el Gobierno discrepe de las resoluciones judiciales, el ministro de Justicia tiene un deber especial de “prudencia, contención y respeto” hacia otro poder del Estado. Y consideraba que Bolaños vulneró este deber al ampararse en la libertad de expresión para lanzar lo que consideran “ataques personales”. También le instaban a poner fin a lo que definen como una “dinámica de confrontación”. 

La defensa de Begoña Gómez ha presentado un informe pericial ante el juzgado de Juan Carlos Peinado que trata de respaldar el modelo de cátedra como el que la mujer del presidente del Gobierno codirigió en la Universidad Complutense. Así, el informe concluye que el 75% de los programas codirigidos en ese centro cuentan con la participación de una persona externa y que eso “resulta plenamente coherente con la naturaleza de estas enseñanzas y con la normativa que las regula”. 

El informe, que ha sido elaborado por el catedrático Antonio Manuel López Hernández, afirma que en las aulas y cátedras extraordinarias “es habitual que participen profesionales no vinculados a la Universidad pero que tienen experiencia en el sector que constituye el objeto de su actividad, ocupando la contraparte privada en la alianza”. De hecho, afirma que en 12 de las cincuenta cátedras extraordinarias actualmente existentes en la Complutense una de las personas que figura como codirectora no mantiene vinculación contractual con la Universidad, lo que permite entender que se trata de profesionales procedentes de otras instituciones públicas o privadas. 

El juez Peinado sostiene la tesis de que Begoña Gómez utilizó la cátedra extraordinaria para lucrarse, hacer contactos y proyectar su carrera profesional. El informe confronta esa idea al concluir que la dirección de estas cátedras “nunca se constituyen como un cauce para la mejora de la carrera profesional”. El perito define esta labor como una actividad “sustancialmente altruista”, cuyo objetivo es aportar experiencia a la sociedad, y recalca que la dirección de estos estudios “no está normalmente retribuida”. 

“No tendría ningún sentido pensar que una cátedra de esta naturaleza como, por ejemplo, la cátedra Inditex de la Universidad de A Coruña, se ha constituido para favorecer la carrera profesional del presidente de esa sociedad o que una de las cátedras extraordinarias de la Complutense financiada por la ONCE se crease para fortalecer el currículum profesional del presidente de esa organización”, subraya el informe. 

En el caso de Begoña Gómez, al no ser funcionaria, solo podía cobrar un máximo de 15.000 euros al año por los dos másteres que impartía en ese centro. Además, nunca cobró por la codirección de la cátedra. No podía hacerlo por no ser funcionaria de la Universidad, tal y como han acreditado diferentes testigos. Pese a ello, el juez dice en el auto en el que propone sentarla en el banquillo que esa cátedra “sirvió como un medio de desarrollo profesional privado para la investigada” y que “recibió una remuneración por dicha actividad”. 

El informe también rebate la acusación de que Begoña Gómez se apropió para su “patrimonio personal” de los fondos privados que captaba para la cátedra. La financiación inicial de la cátedra contó con el patrocinio de Reale Seguros, que hizo una aportación única de 60.000 euros; y la Fundación la Caixa, que se comprometió a una aportación anual de 15.000 euros. Además, Indra (128.442 euros), Google (110.000 euros) y Telefónica (50.000 euros) sufragaron un software ligado a la cátedra. 

A este respecto, el informe pericial subraya que la administración y gestión de los fondos económicos que aportan las empresas no recae en los directores privados, sino “exclusivamente a las unidades administrativas de la propia Universidad”. En concreto, a las Gerencias y Unidades de Asuntos Económicos de las Facultades, Centros o Institutos a los que se adscriben las cátedras. “La gestión económica se realiza de acuerdo con la normativa financiera de la Universidad y bajo la supervisión de sus órganos competentes”, añade el documento. 

En su último auto, el juez sostiene que esa captación de fondos privados no respondía a una dinámica ordinaria de patrocinio universitario, sino que podría ser la “fachada” de una “retribución encubierta” por futuras ventajas privadas o comerciales indebidas que estarían “relacionadas” con las adjudicaciones públicas a las que se presentan estas compañías.

Sobre esta cuestión, el informe contextualiza que las cátedras son, por definición, un modelo de “colaboración público-privada” pensado para atraer financiación externa. Y subraya que es habitual que la persona vinculada al ámbito privado sea quien articula la relación con los patrocinadores, capta los recursos y contribuye al diseño de los contenidos y líneas de actuación de la cátedra, mientras que la Universidad, a través de la figura del codirector o de los órganos académicos correspondientes, “asume la función pública, garantizando el control institucional, la adecuación académica de las actividades y la correcta gestión de los recursos conforme a la normativa universitaria”. 

La Fiscalía pide el archivo de la causa contra Begoña Gómez tras la decisión del juez Juan Carlos Peinado de proponer que vaya a juicio por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. En un recurso contra esa decisión del magistrado, el fiscal José Manuel San Baldomero reclama el sobreseimiento para la mujer del presidente del Gobierno y los otros dos investigados dado que considera que “no hay delito”.

En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, el fiscal carga contra el juez Peinado y critica que haya tachado de “irregular, corrupta y delictiva” cualquier actividad realizada por la esposa de Pedro Sánchez “forzando la conexión de actividades profesionales o cotidianas e institucionales como si de una trama u organización criminal se tratara”.

También cuestiona la forma de instruir del magistrado: “Echando la vista atrás, en los dos años de instrucción, a la vista de las resoluciones judiciales dictadas, no hemos comprendido bien en muchos momentos qué se investigaba y cuál era el objeto de numerosas diligencias”. No obstante, también apunta que, aunque no sean delito, hay “determinadas cuestiones que pueden no resultar éticas ni deseables en un Estado democrático y una Administración transparente” y que “resulta necesario huir de situaciones de riesgo o dudas sobre la rectitud de los funcionarios públicos y la desviación de poder”.

El fiscal trata de rebatir las atribuciones que hace el juez para intentar llevar a juicio a Begoña Gómez. Respecto al delito de tráfico de influencias, recuerda que para que exista este delito debe haber una “presión moral” eficiente sobre un funcionario y un beneficio económico que no se da en este caso, dado que la cátedra que Begoña Gómez codirigió en la Universidad Complutense y que centra la imputación por este delito no era remunerada.

“Aparte de ser un caso de corrupción poco rentable, induce a evidente confusión: no hay beneficio por retribuciones derivadas de la Cátedra TSC creada el 30 de octubre de 2020. La retribución es cero”, subraya.

En relación con el delito de corrupción en los negocios, el recurso rebate la tesis del juez de que el dinero captado para la cátedra fuera una “fachada” para que las empresas financiadoras obtuvieran ventajas en adjudicaciones públicas. “Entendemos que estamos ante una mera conjetura, una hipótesis carente de base, surgida de la nada en esta fase para tratar de justificar algo que no se sostiene racionalmente”, sostiene.

Además, el fiscal considera jurídicamente insostenible aplicar este delito a la financiación de una cátedra en una universidad pública, ya que este artículo del Código Penal está diseñado para proteger la competencia en el sector estrictamente privado. “Creemos que el tipo penal resulta tan forzado como los intentos de deformar los hechos para que encajen en él”, puede leerse en su escrito.

Sobre la supuesta apropiación indebida del software vinculado a la cátedra, el representante del Ministerio Público afirma que el producto en sí, el software, “no fue registrado a su nombre, ni parece que existiera intención de hacerlo”. Y añade que el uso que hubiera podido hacerse de ese software en páginas y dominios registrados a nombre Begoña Gómez cuando todavía estaba en período de pruebas no constituye un delito de apropiación indebida.

El juez también dedicaba parte del auto a tratar de evidenciar cómo la asesora Cristina Álvarez actuó como asistente privada de Begoña Gómez, lo que, a su juicio, constituye un delito de malversación. A este respecto, el fiscal rechaza que el uso de la asistente para realizar gestiones de la cátedra sea malversación. Afirma que no existe un “perjuicio” para las arcas públicas, que no hay una regulación concreta y normativa respecto de la asistente del cónyuge de presidente del Gobierno y que la asesora cumplió estrictamente con las funciones de su cargo.

En otro escrito, el fiscal reclama de nuevo el sobreseimiento libre de las actuaciones y afirma que en caso de que la Audiencia Provincial de Madrid entienda procedente la apertura de juicio oral, se dé traslado al Fiscal nuevamente a fin de formular escrito de conclusiones provisionales, donde reclamará la absolución de Begoña Gómez, la asistente Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.

Petición de 24 años de prisión

La defensa de Begoña Gómez reclamó el pasado lunes a la instancia superior que anule el auto de Peinado. En su escrito, la defensa de la mujer del presidente del Gobierno calificaba de “absolutamente inaceptable” la comparación que hizo el magistrado de Pedro Sánchez con el régimen absolutista de Fernando VII.

En el escrito, su abogado, Antonio Camacho, afirmaba que “los delitos que son objeto del presente procedimiento, o bien no se hallan en absoluto acreditados, o bien no encajan en las conductas desarrolladas”. Y cuestionaba la “rapidez inusitada” con la que el juez dio carpetazo a la investigación.

Por su parte, la acusación popular dirigida por la asociación ultracatólica Hazte Oír ha solicitado una pena de 24 años de cárcel para Begoña Gómez, 22 años de prisión para la asistente y seis años para el empresario.

En el escrito sostiene que desde el momento en el que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa “aumentó la proyección institucional” de Begoña Gómez así como su capacidad de influencia tanto ante la administración como en sectores privados. Apunta que, de esa forma, pudo acceder a directivos de grandes empresas gracias a esos “vínculos personales” y que también “accedió a la posibilidad de utilizar medios y recursos públicos para fines privados, laborales, mercantiles y/o universitarios”.

La acusación popular dirigida por la asociación ultracatólica Hazte Oír ha solicitado para Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, una pena de 24 años de cárcel por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. Así consta en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que interesa además 22 años de prisión para la asistente de Moncloa Cristina Álvarez y seis años para el empresario Juan Carlos Barrabés.

En el escrito sostiene que desde el momento en el que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa “aumentó la proyección institucional” de Begoña Gómez así como su capacidad de influencia tanto ante la administración como en sectores privados. Apunta que, de esa forma, pudo acceder a directivos de grandes empresas gracias a esos “vínculos personales” y que también “accedió a la posibilidad de utilizar medios y recursos públicos para fines privados, laborales, mercantiles y/o universitarios”.

“Tras la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, la investigada, con plena consciencia de ello y de forma voluntaria, dio un giro radica (a su carrera) y, así, en junio de 2018 solicitó la excedencia en Inmark” -empresa para la que trabajaba-, explica, para añadir que “con el fin de poder acceder a círculos de poder e influencia, decidió progresar en ese giro radical a nivel profesional”.

En este sentido, apunta que en agosto de 2018 fue nombrada directora del IE Africa Center; que entabló relaciones con la Organización Mundial del Turismo (OMT) y con Wakalua (filial de Globalia) y que impulsó en 2020 la creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva en el seno de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

En paralelo, y siempre según Hazte Oír, Gómez, “de manera voluntaria, libre y consciente influyó en los funcionarios y autoridades” para que se contratara a Cristina Álvarez, su amiga, como su asistente en La Moncloa, y todo ello “prevaliéndose conscientemente” de su condición de esposa de Sánchez. Resalta que ejerció una “presión moral eficiente” sobre la voluntad de los intervinientes para que su amiga fuera nombrada funcionaria “alterando el proceso motivador de tal nombramiento” porque no se tuvo en cuenta ni la falta de experiencia ni su falta de titulación.

En cuanto a la relación con el empresario Barrabés, la acusación popular explica que ambos se conocieron en agosto de 2018 y que tras colaborar en varios asuntos ambos vieron “las oportunidades que podían extraer de su relación profesional y apoyo mutuo”. Además, detalla que mantuvieron encuentros en Moncloa siendo ella consciente “del entorno en el que citaba al empresario, con el fin de crear un halo de institucionalidad y poder” y relata las cartas de recomendación que firmó ella como responsable de la cátedra para determinadas adjudicaciones públicas el empresario.

Sobre la creación de la cátedra que codirigió Begoña Gómez en la UCM, indica que ella y su asistente citaron al rector de ese centro educativo, Joaquín Goyache, en el Palacio de La Moncloa “de manera voluntaria, libre y conscientes de la influencia que se ejercía” sobre él. Todo ello afectó, a su juicio, “a la voluntad de los funcionarios y autoridades académicas intervinientes en la decisión de la creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva y en el nombramiento de Begoña Gómez como directora de la misma”.

La malversación y la apropiación

Por otro lado, Hazte Oír indica que Gómez también se valió de su posición personal para atraer patrocinios, servicios y soporte técnico para la herramienta o software que desarrollaba en el seno de la cátedra. Y apunta que la propia asistenta “ofreció (directa o indirectamente) a diversos directivos y administradores de grandes y medianas empresas su interlocución con el presidente del Gobierno (...) para obtener, a cambio, contraprestaciones tanto económicas como de aportación de servicios y trabajos para el favorecimiento personal” de Begoña Gómez y de su sociedad Transforma TSC, SL. Entre esas empresas destaca Reale Seguros, Fundación La Caixa, Google, Telefónica, Indra o Deloitte, entre otras.

Apunta que en el trabajo de esa captación intervino también la asistenta de Moncloa, lo que apuntala, para la acusación el delito de malversación. De hecho, calcula que el daño al erario público por el uso irregular de su asistenta para fines privados se puede cifrar en al menos 401.542 euros. Y resalta, tras enumerar una serie de actos en los que participó Álvarez que éstos no son “aislados o de mera cortesía institucional” sino que reflejan “una dedicación sistemática y continuada de la jornada laboral y los medios públicos de Cristina Álvarez al servicio de los intereses privados de Begoña Gómez”.

En cuanto al delito de apropiación indebida que se le imputa a la esposa del presidente del Gobierno por, presuntamente, poner a su nombre la web que albergaba un software desarrollado en el seno de la cátedra de la Complutense, Hazte Oír explica que “se apropió y puso bajo su poder de control y disposición” el programa en perjuicio de la UCM porque no lo entregó a pesar de que estaba obligada a ello.

La defensa de Begoña Gómez reclama a la Audiencia Provincial que anule el auto en el que el juez Juan Carlos Peinado propone sentarla en el banquillo por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. El magistrado sustentó esa decisión en un auto en el que llegó a comparar a Pedro Sánchez con el régimen absolutista de Fernando VII, una afirmación que la defensa de su esposa considera “absolutamente inaceptable” e “impropia” de la imagen de imparcialidad que un magistrado debe transmitir. 

En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, su abogado, Antonio Camacho, afirma que “los delitos que son objeto del presente procedimiento, o bien no se hallan en absoluto acreditados, o bien no encajan en las conductas desarrolladas”. Y cuestiona la “rapidez inusitada” con la que el juez dio carpetazo a la investigación. Lo hizo, a su juicio, saltándose los trámites de la Ley del Jurado, ya que ordenó practicar nuevas diligencias, pero al mismo tiempo dio un plazo de cinco días a las partes para presentar sus conclusiones. A esto se suma, según la defensa, la “grave” vulneración que, a su juicio, supone avanzar hacia el juicio sin haber resuelto previamente los recursos presentados en marzo. 

El escrito trata de rebatir las atribuciones que hace el juez para intentar llevar a juicio a Begoña Gómez. Respecto al delito de tráfico de influencias, el juez Peinado otorga total relevancia al hecho de que Begoña Gómez utilizara el Palacio de la Moncloa para mantener reuniones sobre proyectos empresariales y académicos. Entre ellas, una cita con el rector de Universidad Complutense, Joaquín Goyache, donde ambos abordaron la posibilidad de poner en marcha la cátedra que Begoña Gómez acabó codirigiendo en ese campus y que centra la imputación por este delito. 

La defensa señala que la reunión se produjo allí porque era su domicilio y la Complutense estaba “cerrada” por la pandemia. Defiende que fue el rector “por iniciativa propia” quien expuso la posibilidad de crear una cátedra. Y que de esa conversación no puede desprenderse que hubiera por parte la esposa de Sánchez “una exigencia o una solicitud de esa creación ni siquiera una aceptación definitiva”. “La reunión, por tanto, no puede interpretarse como un acto de presión, sino como una conversación preliminar y exploratoria dentro de un contexto académico”, afirma el recurso.

En relación con el delito de corrupción en los negocios, el recurso rebate la tesis del juez de que el dinero captado para la cátedra fuera una “fachada” para que las empresas financiadoras obtuvieran ventajas en adjudicaciones públicas. El letrado recuerda que todos los fondos se ingresaron en las cuentas de la Complutense y subraya que es jurídicamente “insostenible” aplicar este delito a la financiación de una Universidad Pública dado que se configura como un ilícito propio del ámbito “estrictamente privado”, orientado a la protección de la libre competencia y la lealtad en las relaciones comerciales entre particulares. 

Sobre la supuesta apropiación indebida del software vinculado a la cátedra, la defensa de Begoña Gómez afirma que la herramienta no se llegó a finalizar, por lo que es imposible apoderarse de un activo que no funcionaba correctamente y se encontraba en “fase beta” o de pruebas.

Frente a la acusación de haber registrado el dominio web a espaldas de la universidad, la defensa recuerda que hay correos aportados a la causa que demuestran que fue la propia Complutense quien dio instrucciones a Begoña Gómez, proporcionándole la página web donde debía registrar el dominio. Además, subraya que está acreditado que otros directores de cátedras también tienen registrados los dominios de sus proyectos a su nombre. “No había producto terminado, no había control unilateral, no hubo lucro, y no hubo perjuicio”, sostiene el escrito.

El juez también dedicaba parte del auto a tratar de evidenciar cómo la asesora Cristina Álvarez actuó como asistente privada de Begoña Gómez, lo que, a su juicio, constituye un delito de malversación. A este respecto, la defensa recuerda que existe una “costumbre institucional” consolidada desde el inicio de la democracia. Y afirma que, “salvo los correos muy limitados en número que remitió desde su cuenta particular”, no es cierto que Begoña Gómez haya utilizado para sus actividades profesionales la ayuda de su asistente.

El recurso de la asistente

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez ha recurrido también el auto de Peinado por el que dejaba a un paso del banquillo a Begoña Gómez señalando que debe ser anulado y que debe archivarse la causa para su defendida. Advierte, en este sentido, que el procedimiento no puede seguir por el cauce del Tribunal del Jurado porque la ley que lo regula, en su artículo 24, no permite que sea así dado que la conexidad de delitos “no siempre es suficiente”.

En caso de que no acuerde el archivo, interesa que el juez de luz verde a la prueba que solicitó en las alegaciones previas, en las que insistió en que se solicitara a La Moncloa un informe sobre si, desde su nombramiento, la asistente ha llevado a cabo “un correcto desempeño de sus funciones o si, por el contrario, ha desatendido en algún momento sus funciones”.

Por otro lado, ataca el hecho de que Peinado sostenga que Cristina Álvarez malversó, y le recuerda que “nunca en España se ha condenado al funcionario ilícitamente utilizado para las tareas privadas de su superior”. “Nunca. Ni siquiera lo encontraremos aunque nos remontemos, como el Ilmo. Magistrado Instructor, a la época de Fernando VII”, añade con ironía haciendo alusión a una frase de la resolución de Peinado. Al hilo, como en escritos anteriores, recuerda que en resoluciones previas de la Audiencia Provincial de Madrid ya determinó que «el funcionario ilícitamente destinado a cubrir necesidades o utilidades privadas de su superior o encargado no puede cometer el delito de malversación“.

El seudosindicato Manos Limpias ha pedido en su escrito de acusación más de diez años de cárcel para Begoña Gómez por delitos continuados de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. En el documento, registrado este viernes, también solicita que se condene al empresario Juan Carlos Barrabés a dos años y tres meses de prisión por tráfico de influencias.

La organización argumenta que Gómez “se prevalió de su posición en la Administración, como esposa del presidente del Gobierno” para que el rector de la Universidad Complutense “diera las instrucciones oportunas para que se constituyera una cátedra universitaria para que ella pudiera dirigirla”. “Se lucró de su posición en la cátedra, no solo por el importe obtenido [15.000 euros] sino que también detrajo el software desarrollado en su seno para su comercialización a través de una sociedad mercantil”, señala el escrito, que también apunta que “inmediatamente después”, en julio de 2020, emitió “cartas de recomendación a favor de la empresa” de Barrabés.

Esas cartas a favor de la UTE de Barrabés fueron presentadas en dos procesos de licitación de la empresa pública Red.es que estaban financiados con fondos de la Unión Europea, por lo que la Fiscalía Europea asumió su investigación. Un informe pericial a la Unidad de Apoyo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) determinó que Red.es había beneficiado “injusta e ilegalmente” al empresario, pero Gómez no tiene la condición de investigada en esa causa.

Manos Limpias también cree que los hechos anteriores podrían constituir un delito de prevaricación del que sería responsable quien nombró a Begoña Gómez para la cátedra universitaria, pero entiende que “tal acusación no es factible en este momento procesal”.

La esposa de Sánchez empezó a trabajar en la Complutense en 2012, seis años antes de la llegada de su marido al Palacio de la Moncloa. Primero, como codirectora de un curso de Técnico de Fundraising [captación de fondos] durante los cursos 2012/13 y 2013/14. Y, después, como codirectora de dos másteres, uno de Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro (2014-2023) y otro de Transformación Social Competitiva (2020-2022). Cobró 40.000 euros en todo ese tiempo, de los que 8.123 los percibió antes de 2018. 

Por otro lado, Begoña Gómez fue nombrada en 2020 codirectora de la Cátedra para la Transformación Social Competitiva (TSC), que es la actividad de la que derivan parte de las sospechas del juez Peinado. Nunca cobró por la codirección de esa cátedra. No podía hacerlo por no ser funcionaria de la Universidad, tal y como han acreditado diferentes testigos. Pese a ello, el juez dice en su último auto que esa cátedra “sirvió como un medio de desarrollo profesional privado para la investigada” y que “recibió una remuneración por dicha actividad”. 

Recientemente, Manos Limpias pidió al juez en un escrito que les permita ejercer la acusación en el caso pero sin depender de la batuta legal de los ultracatólicos de Hazte Oír debido a “discrepancias radicales y profundas”. Y señalaba, concretamente, que considera que se debe archivar la causa contra Cristina Álvarez, la asistente de Gómez en La Moncloa, porque “a la luz de los hechos y de la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, no es mínimamente razonable imputarle un delito de malversación”.

La defensa de Begoña Gómez acusa al juez Juan Carlos Peinado de vulnerar sus derechos fundamentales por avanzar en la causa por la que pretende llevarla a juicio sin contestar a sus recursos. En un escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, el letrado Antonio Camacho protesta por la tramitación “anormalmente acelerada” y exige al magistrado que resuelva el recurso que presentó hace casi un mes contra el auto que iniciaba el procedimiento del Tribunal del Jurado. El escrito denuncia que el juez dictó un nuevo auto el 13 de abril en el que propone llevar a juicio a su clienta sin haber resuelto ese recurso. 

El abogado argumenta que avanzar en el procedimiento penal sin contestar a los recursos de las partes supone una grave vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a no sufrir indefensión, así como del derecho a un proceso equitativo. Y señala que el derecho al recurso no se satisface solo con presentarlo, sino que exige “una respuesta expresa, motivada y en un plazo razonable por parte del órgano judicial”. 

El escrito denuncia que esta forma de proceder del juez Peinado provoca una doble indefensión. Por un lado, al no responder, la defensa no puede corregir decisiones que afectan a aspectos esenciales del proceso. Y, por otro, se consolidan situaciones y se avanza a fases posteriores sin el debido “control jurisdiccional”.

Los jueces de instrucción de Madrid salen en defensa del juez Juan Carlos Peinado frente a los “ataques” y “descalificaciones” que, a su juicio, está sufriendo tras la decisión de dejar al borde del banquillo a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por cuatro delitos. El magistrado sustentó esa decisión en un auto en el que llegó a comparar a Pedro Sánchez con el régimen absolutista de Fernando VII, lo que provocó la reacción en tromba del Gobierno y de otros representantes políticos. 

Ante estas críticas respecto a la forma de actuar de Peinado con la pareja del presidente, sus compañeros en los juzgados de instrucción le muestran su “apoyo” por lo que consideran “ataques profesionales y personales” y un “cuestionamiento permanente de su labor jurisdiccional y de su independencia judicial, como consecuencia de una investigación concreta”.

La decisión se ha tomado en una junta celebrada este jueves, a la que han asistido una mayoría de miembros como para que hubiera quórum respecto a la conveniencia de hacer esta declaración institucional, informan a elDiario.es fuentes jurídicas. 

Los jueces de instrucción aluden de forma expresa a las “descalificaciones” de miembros del Gobierno y el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños. Y sostienen que esas críticas, “lejos de respetar la independencia judicial y la separación de poderes, de manera constante, tratan de socavar la confianza de los ciudadanos en los jueces”.

Bolaños insistió en que parte de las resoluciones de Peinado no se ajustan a derecho y Óscar Puente planteó su instrucción como una forma de “violentar” a los representantes democráticos.

El juez Juan Carlos Peinado ha cerrado esta semana la investigación del caso de corrupción contra Begoña Gómez tras dos años de una instrucción salpicada de decisiones polémicas, en ocasiones corregidas por instancias superiores. Peinado envía a juicio a la mujer del presidente del Gobierno acusándola de cuatro delitos muy graves de corrupción: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación. Después de esto, el juez Peinado se jubila.

Con Ignacio Escolar, director de elDiario.es, repasamos cómo se fundamentan las acusaciones contra Begoña Gómez recogidas en un sumario que llevó a Pedro Sánchez a anunciar cinco días de reflexión sobre su posible dimisión.  

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El último paso de Juan Carlos Peinado ha terminado de borrar cualquier atisbo de contención en el Gobierno respecto a su forma de actuar con la pareja del presidente. La decisión del juez de sentar en el banquillo de los acusados a Begoña Gómez por cuatro delitos carentes, por ahora, de base probatoria, es sustentada en un auto en el que el magistrado llega a comparar a Pedro Sánchez con el régimen absolutista de Fernando VII. Un hito que ha abierto de par en par la puerta a que los miembros del Ejecutivo se lancen en tromba a reprender su instrucción.

El fuego, este martes, lo abrió el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Afortunadamente hoy España es un Estado de Derecho, no como en tiempos de Fernando VII, y, por tanto, tenemos un sistema de garantías que puede corregir aquellas resoluciones que son injustas o que no están fundadas en derecho”.

Bolaños se reafirmó así en su primera reacción pública del lunes tras conocer el auto. Una opinión, aseguró, compartida por la opinión pública y por la carrera judicial. “Claro que se puede opinar sobre resoluciones judiciales. Eso es la democracia. El ministro de Justicia no tiene limitada su derecho fundamental a la libertad de expresión. Al revés, si cabe, tendrá una preocupación mayor y una opinión, si cabe, más cualificada, porque conoce la materia. Y les aseguro que es muy compartida por una amplísima parte de la sociedad española y por una muy buena parte también de la carrera judicial, que está preocupada por cómo algunas decisiones judiciales pueden afectar al buen nombre de la justicia”.

Por eso, prosiguió el ministro, lo que espera ahora el Ejecutivo es que instancias superiores corrijan la deriva de Peinado. “Quiero manifestar una vez más mi confianza absoluta en la justicia, en los tribunales superiores, que de hecho en la práctica ya han dado multitud de resoluciones judiciales en este procedimiento y han revocado parcialmente muchas otras que no eran ajustadas a derecho, que eran contrarias a nuestro ordenamiento”.

Aunque ningún periodista le había preguntado por ello, ni la ministra portavoz le había dado la palabra, pidió intervenir sobre el tema el otro miembro del Gobierno presente en la sala: el ministro de Transportes, Óscar Puente. “Me vais a perdonar, pero quedarme sin opinar de esto me va a costar un poquito”, dijo ante la sorpresa de Saiz y Bolaños.

Puente llevó entonces la reacción del Gobierno a la instrucción de Peinado un paso más allá, hasta situarla justo como un posible riesgo a la democracia. “En una democracia sana no deben existir espacios de impunidad. Los cargos públicos y sus familiares deben estar sometidos al imperio de la ley. Pero, tan importante como eso, es que los cargos públicos y sus familiares no sean perturbados por el mero hecho de serlo”, comenzó a exponer para, inmediatamente después, elevar un peldaño la crítica al magistrado.

“¿Estamos ante causas judiciales que tratan de eliminar espacios de impunidad o ante causas que pretenden violentar a los representantes elegidos democráticamente? De la respuesta depende el presente y futuro de la democracia. Es bueno que esta pregunta nos la respondamos todos”, dijo el ministro de Transportes. Óscar Puente añadió que prefería no dar su propia respuesta. No hacía falta.

En medio de esa tesitura, con un ministro a cada lado, se encontró la portavoz del Gobierno, que no tuvo más remedio que sumarse al rejonazo colectivo al juez Peinado de los representantes del Consejo de Ministros en la sala de prensa de Moncloa y defender, de paso, a la pareja del presidente del Gobierno. “Creo en la inocencia de Begoña Gómez, es una mujer de una trayectoria profesional y personal intachable. El auto tiene párrafos que van más allá de lo jurídico. Confío en la justicia, pero no es incompatible con criticar algunos procedimientos que la desprestigian profundamente”, aseveró Elma Saiz.

Toda la pólvora contra el procesamiento de Begoña Gómez la pusieron, en realidad, los ministros de Pedro Sánchez, puesto que el propio presidente prefirió jugar un papel más mesurado en su respuesta pública desde China, donde conoció la noticia. “Estoy convencido de que el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio. No tengo que decir nada más”, zanjó.

“Que alguien ponga orden”

Preguntados en el Ejecutivo por la postura del Consejo General del Poder Judicial, que este martes exigía respeto a las decisiones judiciales, en la Moncloa afirman que les gustaría “que alguien ponga orden” respecto a instrucciones como las del juez Peinado, sin que sea necesario elevar una queja por ello y que sea, por tanto, el Ejecutivo el que tenga que dar el paso.

Mientras, los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abordaron las primeras declaraciones que Bolaños realizó este lunes contra Peinado en la reunión ordinaria de la Comisión Permanente celebrada a primera hora este martes. Aunque la voluntad del bloque conservador era que se hiciera una declaración institucional específica en clave de repulsa, finalmente los miembros de esa Comisión acordaron no hacer un pronunciamiento público, pero sí recordar la necesidad de que se respeten las resoluciones judiciales sin citar expresamente al ministro.

Las fuentes consultadas afirman que, tras mantener un debate, la decisión fue remitirse a los acuerdos previos en los que el órgano ha advertido de la importancia de “salvaguardar” la independencia judicial. El pasado mayo, la Permanente aprobó por unanimidad una declaración en la que reclamó “responsabilidad institucional” a los políticos después de que Bolaños cuestionara la decisión de una jueza de Badajoz de proponer llevar a juicio al hermano de Pedro Sánchez por delitos de prevaricación y tráfico de influencias en relación con su contratación en la Diputación de Badajoz.

Las palabras de Bolaños también han sido criticadas por las asociaciones de jueces que cubren el espacio de la derecha y el centroderecha. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria en la carrera judicial, calificó de “inadmisibles” las críticas del ministro de Justicia. “Los jueces y magistrados españoles no necesitan que el poder ejecutivo les atribuya estados de ánimo colectivos. Lo que necesitan es respeto institucional, prudencia en las manifestaciones públicas y una defensa clara de la independencia judicial, también cuando las resoluciones no coinciden con los intereses del Gobierno”, recoge esta asociación en un comunicado.

También la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que se autodefine como independiente, mostró su “profunda preocupación” por el “descrédito” que, a su juicio, “tales manifestaciones suponen para el Poder Judicial y para quienes lo integran”.

En un comunicado, la asociación afirmó que “este tipo de declaraciones supone un ataque directo” a la independencia judicial y a la separación de poderes y exigió “responsabilidad institucional” a los poderes públicos, “en especial de quienes integran el Gobierno”, para que contribuyan “al clima de respeto institucional que la ciudadanía exige y que la Constitución garantiza”.

Por su parte, el PP ha bajado el tono contra Begoña Gómez en las últimas semanas. Pero no porque consideren que la esposa de Sánchez no merezca escuchar gravísimas acusaciones contra ella y su familia (como que su padre regentaba una red de prostíbulos), sino por la coincidencia temporal con un juicio muy importante, el de la trama Kitchen, la organización parapolicial ideada por el Gobierno de Mariano Rajoy para eliminar las pruebas de la corrupción del PP.

A ese juicio están llamados a declarar como testigos, entre otros, el propio Rajoy y el senador Javier Arenas, hoy uno de los principales asesores de Feijóo. En el banquillo de los acusados se sientan el que fuera ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez.

Este lunes compareció ante la prensa la dirigente Alma Ezcurra, una de las más duras del PP. Con el procesamiento de Gómez recién conocido, Ezcurra obvió el tema en su presentación inicial. Solo a preguntas de los periodistas, la también eurodiputada se limitó a declarar: “Solo cabe decir una cosa. La tetraprocesada está en Pekín. Es una situación absolutamente increíble. Y como no puede ser de otra forma, respetamos el trabajo de la justicia”.

Este martes fue Feijóo quien se refirió al asunto en un discurso ante sus diputados y senadores en el que tildó a Sánchez de “Orbán del sur”. “Ni en Hungría ni en ningún otro lugar de Europa es aceptable tener a un presidente con su mujer procesada”, dijo, para arremeter contra la reacción del Ejecutivo ante el auto de Peinado: “Le ha durado su euforia por la separación de poderes en Hungría, lo que la justicia ha tardado de procesar a su esposa en España”. Y ya.

Una posible explicación a la rebaja en el tono del PP la pudo dar este martes el representante de Manos Limpias en la investigación contra Gómez, y asesor a sueldo del propio PP en el Senado. En un hilo en Twitter, Víctor Soriano siembra dudas sobre la instrucción de Peinado, cree prematuro el procesamiento de la esposa de Sánchez, sostiene que hay diligencias importantes sin hacer y anticipa “el riesgo de una sentencia parcial o totalmente absolutoria”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado cargar este martes contra la decisión del juez Peinado de encausar a su mujer, Begoña Gómez, por cuatro delitos. En un encuentro con la prensa durante su viaje a China, Sánchez ha defendido que pide a la Justicia que “haga justicia”. En una breve declaración sobre este asunto, el presidente ha zanjado que “el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio”. “No tengo que decir nada más”, ha señalado.

El juez Juan Carlos Peinado ha cerrado la investigación que abrió hace dos años contra Begoña Gómez y este lunes propuso propone llevarla a juicio ante un jurado popular por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. El magistrado archiva la acusación por intrusismo contra la esposa del presidente del Gobierno y da cinco días a las partes para que presenten su escrito de acusación a pesar de que propone una nueva diligencia, lo que contraviene la Ley del Jurado. También propone juzgar a su asistente en la Moncloa, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés, un conocido emprendedor del sector de Internet.

“Está en el interés de España y Europa estrechar lazos con China”

El presidente del Gobierno ha defendido su viaje a China y su relación con el país tras cuatro visitas en los últimos cuatro años. “Está en el interés de España y de Europa estrechar lazos con China”, ha asegurado en una rueda de prensa tras la reunión con el presidente chino, Xi Jinping.

“Queremos un orden en el que no impere la ley de la selva, la ley del más fuerte”, ha asegurado Sánchez en la rueda de prensa en la que ha defendido las relaciones entre ambos países para mantener un orden internacional basado en reglas. “Queremos avanzar a un orden multipolar más estable. Siendo pragmático y desde un respeto mutuo”, ha insistido el presidente del Gobierno.

“Vivimos tiempo de cambio, el orden internacional que predominó en el siglo XX está siendo menoscabado por actores no menores”, ha defendido en relación a la situación en Irán, pero también en Gaza o Ucrania. “Hay quienes se dedican a negar la realidad”, ha asegurado. “Preferimos dedicar nuestros esfuerzos a reformar un orden internacional que ha buscado la paz. Un orden internacional renovado”, ha enfatizado.

El presidente del Gobierno ha reconocido que hay un “desequilibrio comercial” entre China, la Unión Europea y España, pero ha abogado por estrechar lazos. “El desequilibrio comercial es excesivo y debemos corregirlo. Debemos crear cadenas de suministro que cren empleo y riqueza en China y en Europa. Queremos que vean Europa y España como un lugar donde invertir y como un socio”, ha defendido.

Xi: Sánchez está “en el lado correcto de la historia”

El presidente chino, Xi Jinping, afirmó este martes ante el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, que sus dos países defienden el derecho internacional, que dijo que ha sido “gravemente socavado”, y están “en el lado correcto de la historia” frente a la “ley de la selva”.

Xi resaltó la posición coincidente de España, en alusión a conflictos como el de Irán, al inicio de la reunión que ambos mantuvieron en el Gran Palacio del Pueblo con motivo de la visita oficial del jefe del Ejecutivo español a China.

Xi expresó su satisfacción por reunirse de nuevo con Sánchez, que recordó que visita por cuarta vez China en cuatro años, y subrayó que en la primera, en 2023, ya le trasladó que ambos debían forjar unas relaciones bilaterales con determinación estratégica y lo han conseguido.

Desde entonces, y pese a la situación internacional, subrayó que las relaciones hispano-chinas han tenido un desarrollo estable y eso ha facilitado también una estabilidad en las relaciones entre su país y Europa.

“Los hechos han demostrado que la profundización de la cooperación bilateral corresponde a los intereses de ambos pueblos”, aseguró.

Para Xi, en un mundo “cambiante y turbulento” el orden internacional ha sido “gravemente socavado”, y recalcó que el hecho de cómo un país trata el derecho y el orden internacional, refleja su concepción sobre el mundo, el orden, los valores y la responsabilidad.

“Tanto China como España tenemos principios y abogamos por la justicia, y estamos dispuestos a estar del lado correcto de la historia”, resaltó.

Xi opinó que los dos países deben reforzar su comunicación, consolidar la confianza mutua, estrechar la cooperación y rechazar el regreso del mundo a “la ley de la selva”, salvaguardar juntos el verdadero multilateralismo y defender la paz y el desarrollo globales“.

En sus palabras de respuesta a Xi, Sánchez recordó también que esta es su cuarta visita a China y consideró que esa cifra da fe de la hospitalidad del Gobierno chino y de la fortaleza y la estabilidad de una relación bilateral que explicó que se eleva ahora con la puesta en marcha de un diálogo estratégico entre los dos países.

Defendió su deseo de renovar el sistema multilateral para que represente de manera mucho más fidedigna y real el actual mundo multipolar y que aporte paz y estabilidad a la humanidad. Una paz y estabilidad que lamentó que ahora estén socavadas por los diversos conflictos que asolan el mundo y que señaló que explican también en parte su presencia en China.

En un juzgado de Madrid habita un togado innombrable y con afición a la caza mayor. De edad avanzada y sin grandes perspectivas de futuro, ve gigantes donde hay molinos y castillos donde hay solo ventas. Pero no tiene nada de ingenioso hidalgo. Su forma de vivir una vida emocionante y convertirse en héroe del antisanchismo es dictar autos tras los que subyacen más motivaciones personales o ideológicas que fundamentos de derecho. 

Lean, lean: “Las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado, lo que obliga a tratar de analizar (quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII) este tipo desde la perspectiva de una interpretación teleológica y hermenéutica de los citados artículos 428 y 429 del Código Penal”. Así es como este caballero de triste figura endosa el delito de tráfico de influencias a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por usar su domicilio habitual -es decir, La Moncloa- para reuniones profesionales y académicas.

El párrafo, como la inmensa mayoría de sus textos, demuestra un nulo conocimiento de las reglas gramaticales, de la puntuación, de las comas, de la concordancia, de las subordinadas… Y mucho menos de la “apariencia de imparcialidad”, una expresión acuñada por el Constitucional y reforzada por la jurisprudencia del TEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos), que en su caso ni está ni se le espera.

El juez de cuyo nombre no conviene acordarse ha concluido ¿una investigación? de dos años y propone llevar a Begoña Gómez a juicio ante un jurado popular por cuatro delitos. Hasta llegar ahí, su instrucción sufrió varios varapalos por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de la Audiencia Provincial y hasta del Supremo. Primero, para que dejara de investigar la implicación de Gómez en el rescate de Air Europa. Después, para desimputar al rector de la Complutense, Joaquín Goyache, y al responsable del Instituto de Empresa, Juan José Güemes. Y más tarde para anular los registros y el clonado de los dispositivos móviles del empresario Juan Carlos Barrabés por vulnerar su intimidad de manera injustificada y para dar carpetazo a su propósito de imputar al ministro Félix Bolaños.

Un portento de la fuga creativa de la realidad que, de no ser porque hablamos de una determinada forma de impartir justicia, tendría más de parodia que de investigación sólida. Porque si estrambóticos son sus autos, los delitos que imputa o las motivaciones, qué decir de los tiempos. Hay una coincidencia nada casual cada vez que el célebre togado dicta un auto sobre la esposa del presidente del Gobierno. Siempre los ajusta con un viaje internacional de Pedro Sánchez. Por ejemplo, el procesamiento que hizo público este lunes está perfectamente encajado con el viaje oficial de Sánchez y su esposa a China. Pero, hay más ejemplos.

El 29 de octubre de 2024, mientras Sánchez estaba de viaje oficial en India, el juez que todos sabemos amplió la investigación sobre Begoña Gómez con nuevos delitos y la citó a declarar. El presidente respondió desde Bombay, para defender a su esposa, mostrar su confianza en la justicia y restar credibilidad a las acusaciones, en un contexto en el que la agenda internacional quedó eclipsada por el impacto político del caso en España.

El 24 de septiembre de 2025, mientras Pedro Sánchez participaba en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el mismo togado dio un paso decisivo en la causa al proponer el envío a juicio de Begoña Gómez ante Tribunal del Jurado por un delito de malversación. Otra vez, el presidente tuvo que responder desde allí en rueda de prensa y el impacto político y mediático fue inmediato.

El 24 de junio de 2025, en un contexto de alta presión internacional por el gasto en defensa y con Sánchez en la cumbre de la OTAN en La Haya, el instructor volvía por sus fueros y pedía al Tribunal Supremo la imputación del ministro Félix Bolaños por posible malversación y falso testimonio.

Habrá quien diga que todo es cosa del azar y la eventualidad. Es una opción. Otra es que nada pasa por casualidad y que todo esconde una explicación. Cada cual que construya su propia opinión.

P.D. Lo de innombrable es porque el togado en cuestión hace meses que emprendió una ofensiva judicial contra una docena de medios y periodistas, incluida quien firma estas líneas, con demandas en las que solicita indemnizaciones de entre 25.000 y 60.000 euros y rectificaciones públicas por opiniones que, a su entender, vulneran su honor, aunque solo describen lo obvio. Entre auto y auto, demanda al canto. 

Corto se ha quedado el ministro Bolaños cuando ha dicho que ciudadanos y jueces se sienten avergonzados por esta causa. Si la credibilidad de la justicia está bajo mínimos es por casos como este, pero nadie se puede llevar a engaño después de la sentencia del Supremo contra el ex Fiscal General del Estado Álvaro García Ortiz, condenado sin pruebas por un delito de revelación de secretos. Begoña Gómez será la próxima, pero Cospedal y M. Rajoy se irán de rositas en la Kitchen. Algunos ya han hecho lo que podían hacer para cumplir con el mandato de Aznar.

Dos años después de abrir una investigación tras recibir una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias, el juez Juan Carlos Peinado cierra la causa y propone enviar a Begoña Gómez ante un tribunal formado por ciudadanos. En un extenso auto, el magistrado ahonda en la tesis de que Begoña Gómez utilizó conscientemente su estatus como esposa del presidente del Gobierno para proyectar su carrera profesional, conseguir fondos privados y obtener favores en el ámbito académico y empresarial. Pero va más allá y llega a acusar a la mujer de Pedro Sánchez de apropiarse para su “patrimonio personal” de los fondos privados que captaba para la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense. 

El magistrado realiza esta acusación a pesar de que en dos años de investigación no ha aparecido ni un solo indicio de que Begoña Gómez se apropiara de ese dinero. El juez Peinado ordenó el rastreo de sus cuentas y la fiscalización de sus ingresos. E incluso puso a la Guardia Civil a investigar un escrito de un abogado difusor de bulos que la vinculaba sin pruebas con una fortuna oculta en cuentas y depósitos situados en bancos de República Dominicana y Turquía. 

En realidad, lo que se ha acreditado es que Begoña Gómez disponía de un saldo total de 21.000 euros distribuidos en siete cuentas del BBVA. Y que sus retribuciones en la Complutense fueron más bien modestas. Al no ser funcionaria, solo podía cobrar un máximo de 15.000 euros al año por los dos másteres que impartía en ese centro. Es un hecho que, según su defensa, pone en entredicho el mantra de los “negocios privados” al que aluden de forma insistente las acusaciones que han sustentado la causa. 

La esposa de Sánchez empezó a trabajar en la Complutense en 2012, seis años antes de la llegada de su marido al Palacio de la Moncloa. Primero, como codirectora de un curso de Técnico de Fundraising [captación de fondos] durante los cursos 2012/13 y 2013/14. Y, después, como codirectora de dos másteres, uno de Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro (2014-2023) y otro de Transformación Social Competitiva (2020-2022). Cobró 40.000 euros en todo ese tiempo, de los que 8.123 los percibió antes de 2018. 

Por otro lado, Begoña Gómez fue nombrada en 2020 codirectora de la Cátedra para la Transformación Social Competitiva (TSC), que es la actividad de la que derivan parte de las sospechas del juez Peinado. Nunca cobró por la codirección de esa cátedra. No podía hacerlo por no ser funcionaria de la Universidad, tal y como han acreditado diferentes testigos. Pese a ello, el juez dice en su último auto que esa cátedra “sirvió como un medio de desarrollo profesional privado para la investigada” y que “recibió una remuneración por dicha actividad”. 

La Fiscalía, que ha reclamado reiteradamente el archivo de la causa, ha defendido que a pesar de la exhaustiva investigación patrimonial puesta en marcha por el juez no se han hallado “pagos sospechosos”. Además, tanto el Ministerio Público como la defensa han defendido que todas las donaciones de empresas patrocinadoras ingresaron íntegramente en las cuentas de la Universidad Complutense y nunca en las de Begoña Gómez. 

La financiación inicial de la cátedra contó con el patrocinio de Reale Seguros, que hizo una aportación única de 60.000 euros; y la Fundación la Caixa, que se comprometió a una aportación anual de 15.000 euros. Además, el software fue sufragado con fondos de Indra (128.442 euros), Google (110.000 euros) y Telefónica (50.000 euros).

El magistrado también cita como indicio que Begoña Gómez crease en 2023 una sociedad con el mismo nombre de la cátedra. De hecho, es uno de sus principales argumentos para sostener la acusación por apropiación indebida del citado software vinculado a la cátedra. Sin embargo, la Fiscalía ha constatado que la sociedad “no tuvo efectiva actividad”. Nunca llegó a depositar cuentas anuales, ni registró dominios, derechos o bienes de ningún tipo a su nombre. La defensa de Begoña Gómez también ha reiterado que la sociedad “no estuvo operativa nunca”.

Además, tampoco se ha acreditado que Begoña Gómez se apropiase del programa informático. Entre finales de 2022 y principios de 2023, inició contactos con la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Complutense para registrar el programa informático y la plataforma, pero el procedimiento nunca se materializó. La tesis de Peinado es que la esposa de Sánchez desistió después de que la OTRI enviara un contrato que establecía que la titularidad del desarrollo debía corresponder a la Universidad. 

Las donaciones, una “fachada”

La presunta apropiación para su “patrimonio personal” no es la única inferencia que hace el magistrado en el auto en el que cierra dos años de investigación. El juez considera que existe un delito de corrupción en los negocios en los patrocinios de la cátedra y la financiación de una herramienta informática vinculada a esa cátedra. Ese software gratuito para los usuarios era una aplicación tecnológica diseñada para ayudar a las empresas a cumplir con los criterios de sostenibilidad, facilitando así su acceso a ayudas públicas. 

En su último auto, el juez sostiene que esa captación de fondos privados no respondía a una dinámica ordinaria de patrocinio universitario, sino que podría ser la “fachada” de una “retribución encubierta” por futuras ventajas privadas o comerciales indebidas que estarían “relacionadas” con las adjudicaciones públicas a las que se presentan estas compañías. Al menos hasta la fecha, las acusaciones no han podido probar que las empresas financiadoras hayan conseguido trato preferente alguno en sus relaciones con la Complutense u otros lugares de la Administración en relación con estos patrocinios.

Tras lanzar esta grave acusación, el juez considera, sin embargo, que la “prueba indiciaria” más evidente de esta “reciprocidad” es la carta de apoyo firmada por Begoña Gómez a favor de la UTE (Unión Temporal de Empresas) vinculada al empresario Juan Carlos Barrabés, un conocido emprendedor del sector de Internet al que Peinado también propone sentar en el banquillo.

En realidad, esa carta era una “declaración de interés y apoyo” en la que acreditaba que el máster que ella dirigía iba a colaborar con el programa de formación al que optaba Barrabés. Era una carta tipo: idéntica a la que firmaron 32 personas más. Entre otras, la directora de la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid. 

El juez sostiene que Barrabés participó activamente en este supuesto esquema de “ventajas no justificadas”. Su tesis es que el empresario prestó a Begoña Gómez “asesoramiento”, “apoyo estratégico” y conexiones para que ella pudiera desarrollar su proyecto académico y tecnológico. Y que, a cambio, obtuvo “apoyo, visibilidad y respaldo en expedientes de adjudicación” y acceso a un entorno “institucionalmente privilegiado”. 

El juez Peinado hace alusión a estas cartas a pesar de que los hechos relativos a estas licitaciones concretas de las que resultó beneficiario Barrabés dejaron de ser investigados en su juzgado. Esas cartas firmadas en julio de 2020 por Begoña Gómez a favor de la UTE de Barrabés fueron presentadas en dos procesos de licitación de la empresa pública Red.es que estaban financiados con fondos de la Unión Europea, por lo que la Fiscalía Europea asumió su investigación. 

Como parte de las pesquisas, la Fiscalía Europea encargó un informe pericial a la Unidad de Apoyo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que determinó que Red.es había beneficiado “injusta e ilegalmente” al empresario Barrabés. No obstante, Begoña Gómez no tiene la condición de investigada en esa causa, en la que ha sido llamada a declarar únicamente en calidad de testigo. 

Este último auto del juez es recurrible ante la Audiencia Provincial de Madrid, que todavía tiene pendiente resolver otros recursos presentados por las partes. Entre ellos, los escritos de las defensas contra la decisión del juez de llevar el caso ante un jurado popular tras fracasar un primer intento por falta de motivación. Pero esos recursos no suspenden el procedimiento, que puede seguir adelante. Por lo pronto, el magistrado ha dado cinco días a las partes para que presenten sus escritos de calificación a pesar de que ha acordado la práctica de una nueva diligencia, lo que contraviene la Ley del Jurado.

El juez Juan Carlos Peinado cierra la investigación que abrió hace dos años contra Begoña Gómez y propone llevarla a juicio ante un jurado popular por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. El magistrado archiva la acusación por intrusismo contra la esposa del presidente del Gobierno y da cinco días a las partes para que presenten su escrito de acusación a pesar de que propone una nueva diligencia, lo que contraviene la Ley del Jurado. También propone juzgar a su asistente en la Moncloa, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés, un conocido emprendedor del sector de Internet.

En la resolución, fechada el 11 de abril, el magistrado apunta los indicios recabados durante los dos años que ha durado la investigación y sostiene la tesis de que Begoña Gómez influyó sobre autoridades y funcionarios prevaliéndose de su relación personal como esposa del presidente del Gobierno. Así, afirma que desde la llegada de Pedro Sánchez, primero a la Secretaría General del PSOE y, sobre todo, al Gobierno, “se tomaron determinadas decisiones públicas favorables” a la cátedra que Begoña Gómez codirigió en la Universidad Complutense de Madrid gracias a su “posición relacional”.

Respecto al delito de tráfico de influencias, el juez Peinado otorga total relevancia al hecho de que Begoña Gómez utilizara el Palacio de la Moncloa, que era su domicilio oficial, para mantener reuniones sobre proyectos empresariales y académicos. Apunta que se trata de conductas que “parecen más propias de regímenes absolutistas” y defiende que “quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII” para analizar estos hechos.

En relación con este mismo delito, el magistrado se refiere también a las “cartas de apoyo” en favor de la UTE vinculada al grupo empresarial de Barrabés que suscribió Begoña Gómez. En realidad, era una “declaración de interés y apoyo” en la que acreditaba que el máster que ella dirigía iba a colaborar con el programa de formación al que optaba Barrabés. Era una carta tipo: idéntica a la que firmaron 32 personas más. Entre otras, la directora de la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid. 

El juez concluye que Gómez utilizó esa “ascendencia” para buscar financiación de un proyecto que tenía potencial de explotación económica privada, como era esa cátedra. Las defensas han reiterado que Begoña Gómez no cobraba remuneración alguna por el desarrollo de esa cátedra y que los fondos iban al patrimonio de la Complutense. El juez dice, no obstante, que no puede dar “verosimilitud” a este argumento dado que considera que “el beneficio puede ser indirecto” y a favor de un tercero, el también investigado, Juan Carlos Barrabés.

De hecho, el magistrado llega a acusar incluso a la esposa de Sánchez de apropiarse para su “patrimonio personal” de los fondos privados que captaba para la cátedra, si bien es un extremo en el que nunca ha ahondado la investigación. Según la información recopilada, Begoña Gómez tenía en sus cuentas bancarias algo más de 21.000 euros. El juez señala que la prueba indiciaria más clara de este supuesto intercambio de favores son las citadas cartas de apoyo a favor de la UTE de Barrabés.

La financiación inicial de la cátedra contó con el patrocinio de dos empresas de “gran relevancia nacional” como son Reale Seguros, que hizo una aportación única de 60.000 euros; y la Fundación la Caixa, que se comprometió a una aportación anual de 15.000 euros.

Además, Begoña Gómez buscó financiación privada para la puesta en marcha de una herramienta informática vinculada a la cátedra que era gratuita para todos los usuarios. El software era una aplicación tecnológica diseñada para ayudar a las empresas a cumplir con los criterios de sostenibilidad, facilitando así su acceso a ayudas públicas. Fue sufragado con fondos de Indra (128.442 euros), Google (110.000 euros) y Telefónica (50.000 euros).

El juez apunta sin hacer alusión a ningún tipo de indicio que ese patrocinio pudiera ser solo la “fachada” de una “retribución encubierta” por futuras ventajas privadas o comerciales indebidas que estarían “relacionadas” con las numerosas adjudicaciones públicas a las que se presentan estas compañías. Al menos hasta la fecha, las acusaciones no han podido probar que esas empresas hayan conseguido trato preferente alguno en sus relaciones con la Complutense u otros lugares de la Administración relacionados con estos patrocinios.

La Fiscalía y la defensa de Begoña Gómez siempre han defendido que, dado que la herramienta era gratuita, la esposa de Sánchez nunca pudo hacer negocio con ella. Y que no hubo, por tanto, ningún ánimo de lucro porque era un programa que ni se ofrece en el mercado ni reporta ganancias, tal y como puso de manifiesto el Ministerio Público en un escrito aportado al sumario.

Sin embargo, el juez insiste en que Begoña Gómez pudo cometer un delito de apropiación indebida porque se apropió de ese software, ya que registró la marca y adquirió el dominio web (transformatsc.org) donde lo alojó. También constituyó una sociedad mercantil limitada con el mismo nombre, de la que es administradora y socia única.

Por otro lado, el juez dedica gran parte del auto a tratar de evidenciar cómo la asesora Cristina Álvarez actuó como asistente privada de Begoña Gómez, lo que, a su juicio, constituye un delito de malversación. Aunque la mujer de Pedro Sánchez no es una funcionaria que administre fondos públicos directamente, el juez argumenta que participó en este delito como “inductora, cooperadora necesaria y beneficiaria consciente del desvío de recursos públicos”.

Su tesis es que “solicitó, aceptó y aprovechó” el trabajo de la asistente Cristina Álvarez para tareas estrictamente privadas, como gestionar la cátedra, buscar patrocinadores y reunirse con tecnológicas. El auto incluso señala que Begoña Gómez pidió expresamente la contratación de esta asesora por su “relación de confianza” con ella.

En este auto, el juez decide archivar la acusación por el delito de intrusismo profesional que le atribuían las acusaciones populares en relación con la firma de los pliegos técnicos para contratar el citado software. El magistrado considera que hay un único indicio “endeble” —un informe de una asociación minoritaria de abogados del Estado— y que, por contra, hay contraindicios que avalan la posibilidad de la firma del pliego.

Hace varios meses que consta en la causa el correo en el que la gerente de la Escuela de Gobierno de la UCM da instrucciones Begoña Gómez para que firme esos pliegos. Además, la Interventora de la Universidad Complutense declaró como testigo y afirmó que de acuerdo con las normas de ejecución presupuestaria, la firma de los pliegos debía realizarse por la Jefa de la Unidad, que era Begoña Gómez.

El sindicato Manos Limpias está en la génesis de la causa abierta por el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. No en vano fue quien interpuso la primera querella que sirvió al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid para abrir diligencias. Pero desde el inicio, y dado que no logró hacerse con la dirección letrada de las acusaciones populares tras la unificación de las mismas, la participación del sindicato dirigido por Miguel Bernad quedó desdibujada. Al menos hasta ahora.

En un nuevo escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, la representación legal del sindicato pide al juez que les permita ejercer la acusación en el caso pero sin depender de la batuta legal de los ultracatólicos de Hazte Oír debido a “discrepancias radicales y profundas”. Y señala, concretamente, que considera que se debe archivar la causa contra Cristina Álvarez, la asistente de Gómez en La Moncloa, porque “a la luz de los hechos y de la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, no es mínimamente razonable imputarle un delito de malversación”.

Manos Limpias indica que “en plena sintonía con lo que han manifestado las defensas y el Ministerio Fiscal” no se está en condiciones de proseguir la instrucción frente a ella. Advierte de que se corre el riesgo de poner en peligro “el buen fin del proceso” porque su declaración como testigo podría ser “determinante para que exista prueba de cargo suficiente” contra Gómez y contra el tercero de los imputados, el empresario Juan Carlos Barrabés.

A esto suma que también discrepa con la calificación jurídica de los hechos que hace Hazte Oír como dirección letrada de las acusaciones populares. Entiende que solo puede prosperar la acusación por los delitos de malversación y tráfico de influencias, y si acaso por un delito de prevaricación. Pero advierte de que “ni remotamente” es posible inferir la comisión de los delitos de corrupción en los negocios, apropiación indebida o intrusismo profesional. Por ello, señala que más allá de que el juez Peinado comulgue con las tesis de Hazte Oír, debe darle a Manos Limpias la oportunidad de escindirse y conformar una nueva agrupación a la que se puedan sumar acusaciones que vean más ajustada su línea de actuación.

Este escrito del sindicato de Bernad llega después de que se celebrara el pasado Miércoles Santo una vista en la que el juez comunicó a las partes que de nuevo procedía a seguir la causa por el procedimiento del Tribunal del Jurado. Ese mismo día trascendía que Manos Limpias no estaba de acuerdo con la imputación de Cristina Álvarez y consideraba prematuro llevar el asunto por la vía del jurado popular.

Vox ya advirtió en febrero de 2025

Cabe recordar que en febrero de 2025, cuando era Vox quien dirigía la acusación popular ya trasladó por escrito al juez Peinado su preocupación por las consecuencias que pudiera tener imputar a la asesora sin fundamentar la decisión. Hasta entonces habían sido las defensas de los acusados quienes habían tratado de poner límite, sin apenas éxito, en los excesos de la instrucción de Peinado, pero ese movimiento de Vox alertaba del carácter contraproducente de adoptar medidas sin respeto a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Meses más tarde, en noviembre, Peinado llegó a expulsar de la causa al sindicato porque no había consignado en el juzgado el importe exigido para ser tenido como parte en el procedimiento. Esta decisión, que acabó revocando, se produjo después de que Carlos Perales, su abogado en la causa y redactor de la querella que dio pie a Peinado para abrir la investigación en 2024, renunciara a llevar a Manos Limpias al entender que existían fines políticos en la acción de esta acusación popular en el caso Begoña Gómez.

La organización Manos Limpias, cuya denuncia fue la que motivó que el juez Peinado abriera en abril de 2024 la investigación contra Begoña Gómez, rechazó este miércoles la pretensión del instructor de orientar la causa hacia un jurado popular. Manos Limpias se desmarcó así del resto de acusaciones populares durante la sesión en la que Peinado trasladó a las partes su decisión de volver a dirigir el caso a un jurado popular si finalmente llega a juicio. La Fiscalía y las defensas de los tres investigados en la causa han vuelto a pedir que archive el caso.

Posteriormente, la organización ultra ha emitido un comunicado en el que niegan haber “reculado” en su posición: “Decimos que es precipitado porque faltan diligencias por practicar”, sostienen sobre la competencia del tribunal del jurado.

Además, Manos Limpias ha pedido al juez que les permita actuar al margen del resto de acusaciones, no bajo la tutela de Hazte Oír, que ejerce la dirección letrada. Así lo ha hecho según un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que asegura que no encuentra “motivos siquiera indiciarios” del delito de intrusismo profesional, señala que el de apropiación indebida de marcas “no se encuentra tipificado como tal” y rechaza el de corrupción en los negocios: “En tanto nos encontramos en el marco de relaciones y organismos de derecho público, y dicho precepto tipifica hechos relativos a los negocios entre particulares”.

Pero sí que comparte “plenamente” que hay “indicios” en la causa de malversación y tráfico de influencias, si bien subraya que para la comisión de esos presuntos delitos “resulta imprescindible el concurso del delito de prevaricación —no investigado—, cuyo enjuiciamiento no puede ser atribuido al tribunal del jurado”. “Debe recordarse que si bien la competencia del tribunal del jurado radicaría en una imputación verosímil de los delitos de malversación y tráfico de influencias, en el estado de la causa no es menos verosímil la imputación del delito de prevaricación”, añadía.

Y apostillaba que sobre ese supuesto delito “no se han practicado suficientemente diligencias de instrucción”, avanzando que las “propondrá” y sosteniendo que, una vez practicadas, “impediría por conexidad la continuación del procedimiento por los cauces del jurado”.

Además, Manos Limpias se ha mostrado a favor de que Peinado archive de manera provisional la causa para la asesora de Gómez, “en la medida en que no resulta de la instrucción la existencia de elementos que conduzcan a su incriminación indiciaria” en malversación.

La organización apunta que, según la Audiencia Provincial de Madrid, el delito de malversación “solo podría plantearse frente a quien cobrando un salario público no prestase ninguna de las funciones para las ha sido nombrado”. “No pudiendo deducirse de su participación en las cuestiones relativas a la cátedra que Álvarez participase de modo más o menos directo en el plan concebido por Gómez, resultando más razonable asumir que obedeciendo órdenes de quien entiende su superior jerárquico —a efectos materiales, que no formales— se viera inmiscuida en las actividades privadas de Gómez, al margen de sus actividades públicas”, sostiene.

A su entender, “cuestión distinta es el comportamiento de Gómez, que hizo uso del medio público puesto a su disposición para sus negocios particulares, así como de la autoridad que la nombró y lo toleró”.

Cabe recordar que la Audiencia Provincial de Madrid frenó en febrero la decisión de Peinado de abocar la investigación a un juicio con jurado popular, al estimar recursos de las defensas contra esa decisión. Los magistrados de la Audiencia Provincial argumentaron que no había “indicios racionales de criminalidad” que justificaran esa decisión.

Bolaños: “No lo ven claro ni los ultras que presentaron la querella”

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha tildado de “despropósito” la causa después de que Manos Limpias haya rechazado la pretensión del instructor de orientar la causa hacia un jurado popular y haya pedido el archivo de la causa para la asesora, Cristina Álvarez.

“Casi dos años después, no lo ve claro ni la organización ultra que presentó la querella que ha dado lugar a este despropósito”, ha afirmado el ministro en un mensaje publicado este miércoles a través de la red social 'X'. Y ha asegurado que la querella “debió de ser inadmitida el primer día” según “la doctrina pacífica del Tribunal Supremo”.

El titular de Justicia ha denunciado el “daño” que “se sigue causando” con esta investigación, que ya llevó a Sánchez y a su esposa a presentar una querella contra Peinado por prevaricación y que fue rechazada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El abogado Antonio Camacho, defensor de Begoña Gómez, ha endurecido este miércoles su exposición ante el juez Juan Carlos Peinado, durante la comparecencia sobre la transformación de la causa a través de la Ley del Jurado. En un punto de su intervención, Camacho ha expuesto la ausencia de un solo indicio para la acusación por uno de los delitos, el de intrusismo, y ha expuesto los “olvidos” de Peinado en su último auto, tales como las declaraciones y documentos que exculpan a su cliente.

“Este letrado a veces piensa que está en presencia de una pesadilla, porque esto es radicalmente claro y nos encontramos con una acusación que sigue manteniendo que se ha cometido el delito de intrusismo. ¿Dónde están las garantías? ¿Qué es en lo que se pretende avanzar? ¿En la justicia? No. Esto lo tenemos absolutamente claro. Aquí se está haciendo y permitiendo hacer otra cosa”, ha dicho Camacho, según fuentes presentes en la declaración, respecto a la actuación de las acusaciones populares y del juez Peinado.

La Fiscalía y las defensas de Begoña Gómez, su asistente Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés han solicitado este miércoles al juez que archive la investigación abierta hace casi dos años tras una querella presentada por Manos Limpias y que ha ido ampliando apoyándose en las acusaciones populares, algunas vinculadas a la extrema derecha. Así se han pronunciado durante la comparecencia ante el magistrado sobre la transformación a través de la Ley del Tribunal del Jurado del procedimiento por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y malversación. 

Es la tercera vez que el juez les cita para comunicarles que si finalmente se sientan en el banquillo será un tribunal formado por ciudadanos quien determine si son o no culpables tras las correctivas de la Audiencia Provincial. La instancia superior le obligó primero a acumular la causa en un único procedimiento y, después, a motivar su resolución y relatar los indicios que atribuye a los tres investigados. Peinado lo hizo a través de un auto del pasado 20 de marzo, en el que acusaba a Begoña Gómez de aprovecharse de su “posición institucional” como mujer del presidente para beneficiarse de un cambio “radical” en su trayectoria profesional. Y de apoyarse, para ello, en los otros dos investigados. “Esta defensa tiene la sensación de estar viviendo un 'deja vu'”, ha dicho Camacho este miércoles.

El magistrado ha citado este miércoles a las defensas de la esposa del presidente del Gobierno, de su asistente y de Barrabés para comunicarles que si finalmente se sientan en el banquillo por los delitos que les atribuye será un tribunal formado por ciudadanos quien determine si son o no culpables. Es una citación en la que los investigados pueden estar representados por sus defensas, por lo que no han acudido personalmente al juzgado.

Un software, herramienta informática vinculada a la cátedra, motiva las acusaciones por delitos de intrusismo profesional y apropiación indebida. El juez investiga si la esposa de Sánchez incurrió en el primero de esos delitos por firmar un pliego en una licitación de la Complutense; y si cometió apropiación indebida por registrar el logo de la página web de los dos másteres que impartía en esa universidad y por los que cobraba 15.000 euros anuales.

Respecto al delito de intrusismo, Camacho ha reiterado cómo la instrucción ha demostrado que Gómez firmó unos pliegos para los que estaba capacitada y que lo hizo a instancias de la propia Universidad Complutense. “Tras dos años de investigación no ha aparecido ni un solo elemento que sustente la comisión de ese delito. Y sorprendentemente, hay muchos elementos, no indicios, que acreditan que el mismo no fue cometido”. “Lo que más sorprende del auto no es lo que recoge, sino aquello de lo que se olvida. Creemos que con esto se está produciendo una grave, gravísima infracción de la imparcialidad judicial”, ha apostillado Camacho.

En relación con los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, las acusaciones sostienen que Begoña Gómez logró un trato de favor de la Administración para Barrabés, quien daba tres clases en el máster que ella codirigía en la Universidad Complutense y por las que cobraba 150 euros brutos cada una. La tesis del magistrado es que el empresario fue el encargado de diseñar y elaborar los contenidos académicos de una parte de uno de los másteres vinculados a la cátedra. Y que, en el mismo “marco temporal”, Begoña Gómez actuó “en favor” de sus “intereses empresariales”.

El abogado de Gómez ha dicho: “Estamos asistiendo a la primera vez que se pretende que un jurado juzgue dos delitos que sí están dentro del ámbito objetivo de la ley del jurado y otros tres que no lo están”. “No solo es necesario que consten los indicios, sino que estos sean verosímiles y finalmente es necesario que exista persona o personas que puedan ser presuntos autores de los delitos que recoge el procedimiento del jurado”, ha añadido.

Respecto a la asesora, el juez cree que Cristina Álvarez actuó como asistente privada de Begoña Gómez, lo que, a su juicio, constituye un delito de malversación. Como indicios, el juez apunta los correos que la asesora envió desde su cuenta oficial de la Presidencia del Gobierno actuando expresamente “en nombre de Begoña” para buscar financiación y gestionar convenios con empresas. Y también a las declaraciones de testigos que “refuerzan la conclusión” de que Cristina Álvarez “era percibida por terceros no como mera asistente protocolaria (...), sino como persona integrada en el equipo de trabajo de la cátedra y del proyecto tecnológico vinculado al software”.

El abogado Camacho se ha preguntado qué ha cambiado desde que el juez dijera en mayo de 2025 que no había delito de malversación y ahora avance hacia un juicio con tribunal del jurado también por este delito. “Estamos expectantes para entender la explicación del magistrado instructor de por qué razón en el mes de mayo del año pasado era imposible que mi representada pudiera cometer el delito de malversación de caudales públicos y unos meses después es perfectamente posible que pueda cometerlo”, ha expuesto Camacho, quien ha añadido que el mismo cambio de postura afecta a la asistente, Cristina Álvarez.

Vox: “las defensas nos lanzan ataques furibundos”

Por su parte, las acusaciones han solicitado que se practiquen nuevas diligencias con el fin de ahondar en la investigación, tales como el salario de Álvarez y la vida laboral de la esposa del presidente. A las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, el abogado que representa a Hazte Oír --que también ejerce la acusación popular--, Javier Pérez Roldán, ha declarado que Gómez “está pasando de la justicia, pero la justicia no pasará de ella”, y ha señalado que desde la asociación vienen “con los deberes hechos, con todo bien atado”, informa Europa Press.

Por su parte, Vox ha denunciado “los ataques furibundos de la defensa a las acusaciones populares, al juez e incluso a los medios de comunicación”, después de la sesión, que ha durado casi tres horas.

Solo unos días después de que Pedro Sánchez acordase con Junts aprobar en el Congreso una ley de amnistía a cambio de los siete votos que le faltaban para garantizar su investidura, un veterano magistrado del Supremo contestó así a la pregunta de si el Poder Judicial podría evitar la iniciativa del Poder Legislativo: “La batalla la estamos perdiendo pero, en mi ingenuidad, creo que todavía hay partido”. Dos años después, la ley de amnistía vigente no se puede aplicar al expresidente catalán Carles Puigdemont y a otros ex consejeros de su Gobierno por la jurisprudencia creativa que el Supremo impuso a este caso al interpretar que la malversación cometida por los altos cargos independentistas no era amnistiable.

Ese mismo magistrado del Supremo le contó a un periodista que los procedimientos judiciales en España poseen instrumentos suficientes de control para castigar a aquellos jueces que hacen mal su trabajo. El periodista le recordó entonces que eso no se cumple en algunos casos porque había instancias superiores que rechazaban recursos contra la mala praxis de instructores y protegían al juez infractor: “A veces los jueces no vigilan a los jueces, ese es el problema”.

El magistrado replicó: “Ten cuidado con sugerir la posibilidad de echar de la judicatura a jueces por mala praxis. La interpretación gubernamental de lo que se entiende por mala praxis es lo que ha permitido a Trump detener a un juez que se negó a avalar las deportaciones a El Salvador”.

El ejemplo del veterano magistrado no podía estar más lejos de la realidad española. Aquí, un juez instructor, Juan Carlos Peinado, imputó a Juan José Güemes, directivo del Instituto de Empresa, por unas declaraciones en la fase de instrucción del caso Begoña Gómez que nunca hizo. Güemes estuvo imputado seis meses hasta que la Audiencia Provincial corrigió el despropósito. El juez siguió en su puesto sin sanción.

Peinado maltrató verbalmente al ministro de Justicia, Félix Bolaños, durante su declaración judicial, y le exigió que buscase en los despachos de Moncloa unos datos que ya estaban en el sumario. El juez le intentó imputar por un delito de malversación de fondos públicos que nunca pudo cometer y tergiversó la declaración del dirigente socialista en la exposición razonada que el Supremo rechazó. Ahora, la derecha judicial quiere archivar sin sanción la queja de Bolaños contra el juez Peinado.

Ángel Hurtado, magistrado del Supremo, acusó por escrito y sin pruebas al Gobierno de ordenar al fiscal general del Estado –“por indicaciones de Moncloa”, según un auto judicial– la filtración de un correo electrónico en el que Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, reconocía haber cometido dos delitos fiscales. Es el mismo magistrado que cuando ejercía en la Audiencia Nacional se opuso a condenar al PP en el caso Gürtel y protegió con descaro a Rajoy durante su declaración como testigo en ese procedimiento. Unos meses después de aquello ascendió a magistrado del Supremo por decisión de un Consejo General del Poder Judicial de mayoría conservadora.

El juez Juan José Escalonilla mantuvo durante tres años una investigación abierta a dirigentes de Podemos con hasta diez piezas separadas que mantuvieron todo ese tiempo la sospecha de corrupción sobre la formación política de izquierdas. Pero acabó archivando una a una todas las causas en las que imputó a los altos cargos de Podemos. Solo unos meses después, Escalonilla ascendió por concurso a la sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid.

Un juez de la Audiencia Nacional ya jubilado, Manuel García Castellón, atribuyó un supuesto delito de terrorismo al expresidente catalán, Carles Puigdemont sin una sola prueba para intentar así que no se pudiera beneficiar de la Ley de Amnistía. Pese a ello, el Tribunal Supremo decidió avalar esa investigación tras admitir a trámite una exposición razonada que incumplía las condiciones que imponía su propia jurisprudencia. Aquella investigación a Puigdemont por terrorismo se frustró solo por un olvido del instructor en la aprobación de las prórrogas necesarias.

Además de la existencia de un sistema de recursos que permite a las partes de un litigio recurrir a instancias superiores contra decisiones del juez que investiga, existe en España una comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial que también vigila el trabajo de jueces bajo sospecha.

El promotor de la acción disciplinaria es Ricardo Conde, de sensibilidad conservadora. Lleva en ese puesto ocho años –los mandatos de los vocales del Gobierno de los jueces son de cinco años– y sus propuestas en los casos polémicos conocidos tienden siempre a relativizar los insultos de jueces a ministros y altos cargos en redes sociales, o minimizar la gravedad de los excesos o errores cometidos por jueces. La derecha judicial, que manda en el CGPJ desde hace 30 años y ahora tiene mayoría absoluta en la comisión disciplinaria, avala las propuestas de Conde y deja sin sanción actuaciones bochornosas de jueces contra el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

Aquí van algunos ejemplos.

En aquellos días de la negociación sobre la ley de amnistía (noviembre de 2023), el magistrado Manuel Ruiz de Lara, titular del juzgado número 11 de lo Mercantil en Madrid, comenzó su particular cruzada contra el Gobierno en la red social X: “Quién nos iba a decir que nos iba a presidir un narcisista patológico con rasgos claros de psicópata sin límites éticos y dispuesto a todo, incluso a destruir el Estado de Derecho, para permanecer en Moncloa”, escribió. Y continuó: “Era lógico que un mentiroso patológico como @sanchezcastejon eligiese al siervo mentiroso patológico @felixbolanosg al frente del ministerio de @justiciagob para que manipulase, omitiese las exigencias de @CoeGreco y continuase la senda de ataque al @PoderJudicialEs RESISTIREMOS”. Y más: “Al igual que Grande-Marlaska, Margarita Robles, Pilar Llop, la ‘disparatada podemita’ prefieren, deshonrando la toga, arrastrarse en la indignidad por las migajas de un cargo”.  

El atrevido juez decidió eliminar su cuenta de X cuando conoció que el Consejo General del Poder Judicial decidió investigar aquellos insultos graves. El juez de los ataques era miembro de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. La misma Asociación que aquellos días acusaba a Sánchez con mensajes apocalípticos: “Se pretende ahora dar un paso más y situarnos en el principio del fin de nuestra democracia. Romper las reglas de la Constitución de 1978 y volar por los aires el Estado de derecho”.

Dos años y medio después, el Estado de derecho en España parece firme y las reglas de la Constitución, vigentes. Los tribunales y las comunidades autónomas recurrieron la Ley de Amnistía de acuerdo con las normas del Estado de derecho y el Tribunal Constitucional avaló su constitucionalidad.

La comisión disciplinaria del CGPJ, de mayoría conservadora, archivó hace dos años las diligencias abiertas a Ruiz de Lera con varios argumentos: el juez de lo Mercantil había borrado los mensajes y no era posible comprobar si los escribió el mismo o si lo hizo identificándose como miembro de la carrera judicial. La documentación analizada acreditaba todos estos extremos, pero al promotor de la Acción Disciplinaria dictó su veredicto: “Aun dando por cierto el tuit y su autoría, en ningún caso concurriría esa otra acción que integra el tipo en cuestión de invocar la condición de juez, o de haberse servido de la misma al momento de formular sus críticas”.

El susto de Ruiz de Lara ante una posible sanción disciplinaria no le impidió insistir en sus ataques al Gobierno, aunque tuvieron que pasar dos años, con una Ley de Amnistía aprobada y respaldada por el Constitucional, para volver a la carga en 2025 contra Sánchez y su mujer, a la que llamó “Barbigoña”. La derecha del Poder Judicial, mayoritaria en la comisión disciplinaria, votó hace un mes contra la sanción a Ruiz de Lara.

Los responsables del Poder Judicial que se atreven a hablar de esta situación escudados en el anonimato admiten que muchas de las afirmaciones vertidas por jueces en las redes sociales incumplen estos principios, pero señalan que el órgano de gobierno no puede actuar contra ellos porque no son preceptos cuyo incumplimiento se pueda sancionar.

El juez Manuel Piñar Díaz, que condenó a cinco años de prisión a Juana Rivas, cargó en Facebook contra las políticas de igualdad del Gobierno de coalición. Habló de “comunismo feminazi” para referirse a Irene Montero o escribió “ladrones, corruptos” sobre una foto de José Luis Rodríguez Zapatero. El Consejo tampoco actuó de oficio en este caso, pero sí le abrió expediente a raíz de una denuncia del abogado de Juana Rivas, a la que también criticó. El Poder Judicial archivó la queja con el siguiente argumento: “La publicación por parte de un miembro de la Carrera Judicial, en una red social, de determinadas opiniones —con independencia total de la que, a su vez, a cada cual nos merezcan—, cuando en tal medio no se hace invocación expresa de su condición profesional o cuando sea factible entender que su intervención se hace a título particular como mero ciudadano, constituye una manifestación del derecho a la libertad de expresión”.

Los Principios de Ética Judicial establecen que la imparcialidad de los miembros del Poder Judicial impone el deber de evitar conductas que, dentro o fuera del proceso, puedan ponerla en entredicho y perjudicar la confianza pública en la justicia. Algunos jueces incumplen de manera grosera esos principios de ética judicial y siempre contra políticos y altos cargos del mismo signo ideológico. Pero su conducta sigue impune.

La ley establece que los jueces cometerán una falta disciplinaria si dirigen “a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición”. Jueces con toga se manifestaron a las puertas de los juzgados contra una ley de amnistía que ni siquiera estaba aprobada ni había comenzado a tramitarse en el Congreso de los Diputados.

La Comisión de Ética Judicial, elegida por los jueces de carrera y de abrumadora mayoría conservadora, avaló la protesta a raíz de la consulta de un profesional, preocupado por si la concentración de togados a las puertas de los juzgados afectaban al principio de independencia judicial y al deber de imparcialidad e integridad al que están sometidos los miembros de la carrera. La Comisión consideró que si el juez que se manifiesta –un derecho reconocido en la Constitución a todos los ciudadanos, según aclaró– tiene “un honesto, meditado y sincero convencimiento” de que la ley de amnistía “pueda afectar al Estado de Derecho”, su actuación no merece una sanción disciplinaria.

Desde hace un tiempo, la derecha judicial tiene el “sincero convencimiento” de que todo vale para tumbar al Gobierno que se atrevió a aprobar una ley de amnistía que perdonaba a los independentistas catalanes los delitos por los que el Supremo les condenó.

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez por hasta cinco delitos, recibió en abril de 2024 una carta de la Fiscalía Europea en la que se le solicitaba que, “a la mayor brevedad”, les mandara toda la información relativa a determinados expedientes que tenía en su poder y que estaban relacionados con concursos públicos adjudicados a la unión temporal de empresas (UTE) Innova Next - Escuela de Negocios The Valley. En concreto, dos de esos concursos asignados por la empresa pública Red.es al grupo empresarial de Juan Carlos Barrabés habían sido financiados con fondos europeos, y por tanto, esa Fiscalía reclamó la competencia sobre los mismos.

Desde entonces han pasado dos años, y en este tiempo sólo ha declarado Barrabés en calidad de investigado ante los fiscales europeos. Dado que se quiere esclarecer si en esas adjudicaciones hubo un trato de favor para el empresario por su estrecha relación con la esposa del presidente del Gobierno, uno de los hitos relevantes que se esperaba desde hace tiempo era la comparecencia de la propia Begoña Gómez. Y a juzgar por lo que desliza en su último recurso ante Peinado su defensa, ese momento está a punto de producirse.

Según su propio abogado, Antonio Camacho, ya ha recibido la citación para declarar ante los fiscales europeos —se desconoce la fecha exacta—. Pero lo hará en calidad de testigo y no como investigada. Este dato es relevante dado que sí consta como imputada por, entre otros, el delito de corrupción en los negocios ante el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid por esa relación con el empresario Barrabés. Peinado sospecha que, a cambio de que Barrabés le echara una mano para sacar adelante la cátedra extraordinaria que Gómez dirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el empresario se habría beneficiado de cartas de apoyo firmadas de su puño y letra por la mujer del presidente que podrían haber servido para decantar la balanza en favor de sus empresas en concursos públicos.

Los fiscales comunitarios se han centrado en dos expedientes de la empresa pública Red.es: El de 'Formación empleo juvenil para la economía digital' en el que la UTE de Barrabés se hizo con dos de los seis lotes por 4,8 millones de euros (IVA no incluido); y el de 'Servicio de formación para personas desempleadas', del que se le asignó uno de los dos lotes a concurso por importe de 3,6 millones de euros (sin IVA). El total asciende a 8,4 millones de euros.

Para esclarecer si hubo irregularidad en esas adjudicaciones, la Fiscalía Europea ya habría citado como testigos a numerosos firmantes de cartas de apoyo a la oferta de Barrabés idénticas a las de Begoña Gómez, según confirman fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es. También ha trascendido que en septiembre de 2025 se recibió un extenso informe de la Intervención General del Estado (IGAE) sobre los expedientes financiados parcialmente por el Fondo Social Europeo.

La IGAE y la UCO frente a los contratos

El órgano fiscalizador, entre sus conclusiones, aseveraba que el hecho de que Red.es hubiera tenido en cuenta (a la hora de puntuar) las diferentes ofertas presentadas a concurso que estas incluyeran cartas de recomendación o futuros acuerdos con reclutadores fue una decisión “arbitraria que excedió la capacidad de decisión discrecional del valorador”. Entendía que esto constituyó “una actuación discriminatoria que adulteró la valoración técnica” y por ende benefició “a determinados licitadores a los que se incrementó injusta e ilegalmente su puntuación, entre otros a la UTE Innova Next – The Valley Digital Business School”.

Antes incluso de que viera la luz esa pericial, la defensa de Barrabés ya había solicitado una ampliación al entender que se debían analizar no solo los lotes adjudicados a su UTE sino también determinadas características de las fórmulas aplicadas en este tipo de licitaciones. No obstante, y dado que ese primer informe ya estaba casi finalizado, la IGAE decidió dejar ese asunto para más adelante.

Por contraposición, y a pesar de que la IGAE en este caso concreto sí que ve irregularidades en el procedimiento, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un informe de 2024 indicaba que en líneas generales y basándose en la información observada en los expedientes que constaban en el juzgado de Peinado “la preparación, tramitación, licitación, adjudicación, formalización y ejecución de los contratos (…) se habría desarrollado, aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública”.

En este sentido, el 30 de mayo de 2025, otro informe de la IGAE, esta vez presentado a petición de Peinado y respecto a los contratos que seguían siendo analizados en su causa, concluía que en otro de los contratos adjudicados por Red.es a la empresa de Barrabés se dio un incumplimiento de la norma. Y esto porque el peso que se dio al precio de la oferta fue inferior al que debía ser. Así, se elevó la relevancia de otros criterios que dependen de un juicio de valor y, por ende, esa valoración subjetiva la debió haber hecho un comité de expertos que no fuera de Red.es.

El recurso de Barrabés

Mientras que la investigación en la Fiscalía Europea prosigue, el juez Juan Carlos Peinado ya avanza a marchas forzadas hacia lo que considera pertinente: que la causa contra la esposa del presidente del Gobierno acabe siendo ventilada ante un jurado popular.

Contra la decisión de Peinado de abrir de nuevo esa vía, ya han presentado recurso tanto la defensa de Gómez como la de su asistente, Cristina Álvarez. Y ahora también ha trascendido el recurso del propio Barrabés, en el que señala que, contrariamente a lo que sostiene el juez, él nunca ha tenido relación con la cátedra extraordinaria que dirigía Begoña Gómez en la UCM.

El juez sostiene que, a cambio de ayudar a la esposa del presidente en el desarrollo de esa propuesta académica, Barrabés se habría beneficiado del respaldo de Begoña Gómez —en forma de carta de apoyo— en concursos públicos que debían resolver departamentos del Gobierno que preside Pedro Sánchez. “Se parte de un relato que en nada se compadece con la realidad de lo acontecido”, dice ahora el empresario, que insiste en desligarse de la cátedra, si bien recuerda que sí impartió clases en otro máster que también dirigía la encausada, algo que “no es irregular” y que hicieron “otros 164 profesores”.

Así critica que Peinado haga una interpretación “forzada de algo inexistente”, y considera que lo que busca el juez es, por un lado, “lograr la conexidad que se requiere para la transformación (de la causa) en Tribunal del Jurado” y, por otro, “configurar el supuesto delito de tráfico de influencias a través de una contraprestación mayor que la de haber dado un par de clases en un máster”.

Por otro lado, la defensa de Barrabés critica que Peinado incluyera en su auto de 20 de marzo los expedientes y las cartas de apoyo de Gómez porque están fuera de su causa dado que se investigan en la Fiscalía Europea. Concluye que no existe, de lo instruido por el juez, “ningún indicio existe sobre la comisión de un delito de tráfico de influencias o de corrupción en los negocios”. “No basta con que dos personas se conozcan, aunque una de ellas tenga una relación de parentesco con el presidente del Gobierno, para admitir la comisión de ilícito alguno por parte de mi representado”, apuntala su abogada. Y añade que lo que procede es el sobreseimiento libre para él.