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El Poder Judicial agrava su descomposición con la renuncia de cargos técnicos mientras los vocales no dimiten

Pleno del CGPJ, el 21 de marzo de 2024.

Elena Herrera

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El caducado Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sigue dando muestras del desgaste de más de cinco años de interinidad por el bloqueo a la renovación impuesto por el Partido Popular desde 2018. Una situación que, según las fuentes consultadas, se pone de manifiesto con hechos como la renuncia de media docena de cargos del primer nivel de los órganos técnicos que se ha producido en los últimos meses. El último en dejar la institución ha sido el director de la Escuela Judicial, el magistrado Jorge Jiménez Martín, que dimitió el 18 de marzo según adelantó El País y ha confirmado elDiario.es. Todo ello, mientras la mayoría de los vocales elegidos por la Cortes Generales hace más de una década, en 2013, siguen en sus puestos y no se plantean renunciar. 

La dimisión de Jiménez Martín se produjo tras los movimientos de consejeros del grupo conservador, que consideraban que no cumplía los requisitos que establece la ley y querían apartarlo del puesto que ocupaba en funciones desde julio de 2018, tras la renuncia de la anterior directora, Gema Espinosa. Jiménez Martín —que en el pasado fue afiliado a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM)— fue nombrado de forma interina cuando faltaban cinco meses para que acabara el mandato del CGPJ. Después, su relevo quedó aparcado con la idea de que fuera acordado por el nuevo pleno que saliera de la renovación, pero esta lleva atascada más de un lustro. Entre tanto, además, entró en vigor la reforma que impide al órgano hacer nombramientos y sacar a concurso la plaza definitiva, por lo que el asunto quedó estancado. 

Pero, en los últimos meses, la situación entre Jiménez Martín y los consejeros elegidos en su día a propuesta del PP se había tensado por los sistemáticos obstáculos que estos vocales ponían a sus iniciativas, de acuerdo a algunas fuentes consultadas. En el bloque conservador lo niegan y afirman que su única intención era “acabar con algo ilegal”. Este es el contexto en el que miembros del sector designado a iniciativa del PP solicitaron incluir un punto en el orden del día del pleno de febrero para abordar su continuidad con el argumento de que no cumplía los requisitos que exige la ley. 

Su tesis es que Jiménez ocupa un puesto de letrado desde junio de 2011 y que es esa condición de letrado la que le permite ejercer las funciones de director interino de la Escuela. Pero la cuestión es que la ley del Poder Judicial establece que los letrados de carácter temporal sólo pueden prestar ese servicio durante 10 años. Un límite que Jiménez habría sobrepasado hace más de dos años y medio sin que hasta el momento se hubiera planteado formalmente la necesidad de relevarlo. Una tardanza que vocales consultados atribuyen a su inestable situación con el mandato prorrogado y los varios intentos de renovación abordados por PP y PSOE. 

Durante el citado pleno de febrero, vocales conservadores definieron su situación de “flagrantemente ilegal” y plantearon la necesidad de “poner fin a la situación de ilegalidad” e incluso una consejera de ese sector cuestionó el “empeño” de Jiménez en continuar en este puesto y dejó sobre la mesa la enigmática pregunta de “¿qué pasa en la Escuela?”, según la documentación examinada por este periódico. Finalmente, la mayoría votó a favor de encargar al gabinete técnico un informe para abordar su situación jurídica. 

Pero, antes de que se culminara ese informe y ante la expectativa de su más que posible destitución, Jiménez presentó su renuncia a los miembros de la Comisión Permanente, donde los conservadores tienen una mayoría de cuatro votos a tres. Previamente, cinco vocales del núcleo duro del sector conservador habían llegado incluso a solicitar la celebración de un pleno extraordinario para abordar su cese que el presidente no aceptó.

Con la salida de Jiménez se abre ahora el debate sobre quién ocupará su puesto de forma interina. En el bloque conservador creen que la persona idónea es la magistrada María Jesús Millán, que es directora de Formación Continua de la Escuela desde junio de 2022. Es un puesto con sede en Madrid, lo que ha alentado las sospechas sobre que la verdadera intención de estos vocales es traer a la capital la dirección del centro donde se forman los jueces, algo que voces de ese bloque niegan de forma tajante. Otros consejeros creen más adecuado el perfil de la también jueza Clara Carulla, que ocupó el puesto de Jiménez cuando él fue nombrado director. 

Otras salidas de cargos técnicos

En todo caso, fuentes del órgano encuadran la salida del máximo responsable de la Escuela Judicial en la situación de “descomposición” del órgano de gobierno de los jueces. Y recuerdan que es un camino que ya habían transitado en los últimos meses otros altos cargos de la primera línea más o menos vinculados con el expresidente Carlos Lesmes, que dimitió de su cargo en octubre de 2021 ante el bloqueo a la renovación. 

Es el caso de quien fue secretario general del órgano desde 2019, José Luis de Benito, que estuvo vinculado a la institución durante más de tres décadas ocupando distintos cargos. También tuvo responsabilidades fuera del CGPJ entre 2004 y 2009, cuando ejerció como jefe de gabinete de los socialistas José Antonio Alonso y Carmen Chacón en sus etapas como ministros. De Benito, que recurrió al Tribunal Supremo para que el órgano no se convirtiera en una bicefalia tras la renuncia de Lesmes, se jubiló anticipadamente el pasado octubre. 

Ese mes también se jubiló de forma precipitada el entonces gerente, José María Márquez, al que sustituyó su ‘número dos’ Marco Antonio Romero. Fuentes del órgano apuntan que su salida ya estaba más o menos prevista y que, en su día, se tuvo “especial cuidado” al elegir a su segundo con la perspectiva de que acabara ocupando ese puesto. La Gerencia se encarga de todas las cuestiones relativas a la gestión presupuestaria, la administración de personal o los temas de contratación, entre otros asuntos. 

Otro de los cargos de la primera línea que renunció el pasado otoño fue el jefe del gabinete técnico, Eduardo Fontán, al que fuentes del órgano sitúan como un jurista muy cercano al expresidente del CGPJ. “Tenía un compromiso con Lesmes, al que pidió marcharse en varias ocasiones. Y se fue cuando ese compromiso ya no estaba”, dice en vocal conservador que también trata de quitar hierro a esta salida. 

Entre los altos cargos que también han renunciado en los últimos meses está la magistrada Amparo Camazón, que asumió el puesto de jefa del Servicio de Inspección cuando Esperanza Córdoba fue nombrada magistrada del Tribunal Supremo en febrero de 2020. O la también jueza Alejandra Frías, que era directora del Servicio de Estudios e Informes del Gabinete Técnico del CGPJ y se marchó el pasado septiembre para ocupar el puesto de secretaria general del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. 

Todas estas salidas de cargos del primer nivel de los órganos técnicos se producen mientras la mayoría de vocales se niega a dimitir. Tras la salida de Lesmes, en octubre de 2021, hace un año renunció Concepción Sáez, elegida a propuesta de IU, que justificó su salida por la “insostenible” situación del órgano. Pero ningún otro vocal ha seguido sus pasos. 

Así las cosas, el CGPJ sigue funcionando con una composición heredada de la última legislatura de Mariano Rajoy, cuando el PP gobernaba con mayoría absoluta: diez vocales conservadores y seis progresistas. Es un reparto que se ha ido actualizando con las circunstancias sobrevenidas de los últimos años —jubilaciones, un fallecimiento y las citadas dimisiones…—, pero que mantiene una distribución de fuerzas que nada tiene que ver con la realidad parlamentaria que después han ido dibujando las urnas. 

Esa correlación de fuerzas tampoco cambiará sustancialmente si el actual presidente interino, el conservador Vicente Guilarte, cumple su órdago y deja el cargo si fracasa el último intento de renovación entre el PP y el PSOE con la intermediación de la Comisión Europea. Un escenario que, en cualquier caso, sí hará que la crisis abierta en el CGPJ por un bloqueo de más de cinco años adquiera una dimensión todavía mayor. 

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