El juez Juan Carlos Peinado ha remitido un escrito a la Audiencia Provincial de Madrid para responder al recurso de queja de Begoña Gómez contra las medidas cautelares en el que asegura que no quiso “ofender o menospreciar” la labor de la escolta policial cuando dijo que podrían colaborar en la fuga de la esposa del presidente del Gobierno. Peinado también se reafirma en su decisión de retirarle el pasaporte y argumenta que hay antecedentes de presidentes que consiguieron huir de sus países para evitar la acción de la Justicia.

En el informe, fechado del 30 de junio, el magistrado rebaja a hipótesis la posibilidad de que la escolta de Gómez pudiera ayudar en la huida e insiste en que él no dijo en su auto que eso “sea probable o previsible”. “En modo alguno se ha tratado de ofender o menospreciar la labor de esos funcionarios”, explica, y añade que realizan su trabajo de forma “abnegada” y “ejemplar”. Para rebatir la alegación del letrado de Gómez de que no existe riesgo de huida porque está siempre acompañada por los agentes, Peinado sostiene que “no debe olvidarse” que la misión de la escolta “es la de proteger frente a terceros de posibles ataques” y no “evitar los movimientos o desplazamientos que estime conveniente”.

A continuación, el juez Peinado incide en que hay miembros de los cuerpos de seguridad del Estado que no cumplen con sus obligaciones. “Si no existiera la posibilidad de que haya elementos individuales que no cumplen adecuadamente con sus obligaciones carecería de sentido la existencia de la Unidad de Asuntos Internos, creada precisamente por este motivo”, argumenta. Y suma el hecho de que en la Audiencia Nacional hay sentencias condenatorias por conductas de miembros de la Policía.

“No sería la primera ocasión en la que un presidente del Gobierno de un Estado Miembro de la Unión Europea, de un país mediterráneo (Italia), se fuga ante un procedimiento de una trama de corrupción a un país del continente africano (Túnez), quien sin duda dispondría de toda la escolta oportuna”, afirma. El ejemplo que utiliza, sin citarlo expresamente, es el del ex primer ministro italiano Bettino Craxi, que huyó de la justicia en 1994, aunque cuando abandonó el país ya no era primer ministro.

Deliberación a partir del lunes

Serán los cinco jueces del pleno de la Sección Número 23 de la Audiencia Provincial de Madrid quienes a partir del próximo lunes 13 tomen la decisión sobre los recursos pendientes de Begoña Gómez, su asistente Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.

En una providencia, fechada del 22 de junio, se explica que esta decisión ha pasado “al pleno de la Sección dada la trascendencia del asunto”. Es decir, finalmente serán cinco jueces quienes decidan y no solo los tres que durante los más de dos años que dura la investigación del juez Peinado han resuelto 20 recursos anulando una decena de resoluciones del juez.

Una democracia sana no puede permitirse un poder judicial bajo sospecha y, sin embargo, el nuestro lo está. De hecho, un 60% de los españoles está convencido de que hay jueces que hacen política y políticos que tratan de hacer justicia. El dato es de un reciente sondeo de Ipsos que dibuja una ciudadanía descreída de la imparcialidad de la justicia, más allá de sus preferencias ideológicas. Así lo cree el 80% de los votantes del PSOE o Sumar, pero también el 41% de los del PP y el 55% de los de Vox. Parecidas conclusiones aparecen en otro trabajo de 40dB, en el que solo el 32% de los encuestados cree que las resoluciones sobre asuntos políticos son justas e imparciales mientras que seis de cada diez considera que en España hay lawfare.

El retrato es demoledor, si bien los guardianes de la pureza ética y periodística creen sospechosa la publicación de dos sondeos en sendos medios de comunicación el mismo día. Una boutade más de los creadores de las realidades paralelas y de quienes, a falta de consistencia política, han convertido a los togados en protagonistas de la conversación pública y delegado en ellos la verdadera oposición al Gobierno. A falta de votos, bienvenidas sean las togas.

Guste o no, la venda que cubre los ojos de la Justicia ha caído en el lodazal del debate partidista y algunas togas están bajo sospecha. No todas, claro. Son unas cuantas solo de las más de 5.000 que se visten en España las que han asumido como propio el lenguaje de las trincheras, dictado resoluciones más políticas que jurídicas, jugado con los tiempos y hasta acuñado un nuevo sujeto penal -el entorno- para condenar a alguien sin pruebas que acrediten su culpabilidad en un proceso. Ha pasado con el ex fiscal general del Estado, pasará pronto con el hermano del presidente del gobierno a quien sentaron en el banquillo por “un chascarrillo” y volverá a suceder con Begoña Gómez.

El maltrato político y judicial al que se ha sometido a la esposa de Pedro Sánchez no tiene analogía en 50 años de democracia. El pasado 20 de junio, el juez Juan Carlos Peinado firmó el auto que las derechas política y mediática daban por hecho desde hacía meses: la apertura de juicio oral con jurado popular contra la esposa del presidente del Gobierno por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Le retiró el pasaporte, le prohibió salir de España y le obligó a comparecer en el juzgado cada quince días.

Pocos casos judiciales condensan mejor el tsunami de desconfianza que sacude a la justicia y pocos sirven mejor para ilustrar por qué ese escepticismo no admite lecturas simples si se repasa fríamente la realidad de los hechos. La denuncia original partió del sindicato ultraderechista Manos Limpias y se construyó con recortes de prensa, no con documentación acreditada, Incluso una de las noticias resultó ser falsa porque atribuyó a Gómez una subvención que en realidad correspondía a otra persona.

Contra la jurisprudencia que prohíbe admitir denuncias basadas solo en recortes de prensa, el instructor siguió adelante con el caso, pese a que el primer informe de la Unidad Central Operativa concluyó que no había delito. La investigación empezó con el rescate de Air Europa, saltó después al empresario Juan Carlos Barrabés, luego a la Universidad Complutense… La acusación ha cambiado de objeto sobre la marcha, sin un hecho fijo que investigar, según ha denunciado en varias ocasiones la defensa de Gómez, que cuando pidió que se concretara el motivo de las pesquisas recibió como respuesta que se investigaba a su representada por ser la mujer del presidente del Gobierno.

El entorno de Gómez se ha quejado en reiteradas ocasiones que el juzgado filtra sus decisiones a la prensa y, después, las comunica a las partes de tal forma que la instrucción se ventila en los periódicos antes que en los tribunales. También de que la esposa del presidente tuviera que declarar en el juzgado sin saber de qué se le acusaba y se le obligara a leerse el sumario en un pasillo.

A lo largo de casi dos años de instrucción han pasado por sede judicial alrededor de 53 personas, entre ellas el presidente del Gobierno, el ministro de la Presidencia, el rector de la Universidad Complutense, directivos de Google, Telefónica, Indra, IE University, fundaciones colaboradoras de la cátedra que Gómez dirigió y numerosos responsables académicos y empresariales.

La Audiencia Provincial de Madrid ha anulado varias decisiones del juez; revocado las imputaciones al rector de la Complutense y al empresario Juan Carlos Barrabés por falta de indicios suficientes; criticado la amplitud y la falta de concreción de la instrucción y tumbado la decisión de convertir la causa en un procedimiento ante jurado popular por no justificar qué conductas concretas lo exigían. Hasta en 19 ocasiones ha sido corregido por una instancia superior y en varias, por vulneración de derechos fundamentales en el proceso. Esto además de que Tribunal Supremo, por su parte, rechazara la imputación al ministro de Justicia, Félix Bolaños, al no hallar indicios de delito, después de que el propio Peinado lo señalara por falso testimonio y malversación.

Y ahora Peinado, como colofón a su estrambótica instrucción, se marcha de vacaciones y deja a un sustituto la decisión de si permite a la esposa de Pedro Sánchez viajar este martes primero a Turquía a la cumbre de la OTAN a la que ha sido invitada oficialmente y, luego, a Londres a la graduación de su hija. Así fue solicitado por su defensa hace una semana, después de entregar el pasaporte ante el juzgado. Y en una decisión más exótica que jurídica, unas horas antes de tener que volar rumbo a Ankara, el interino le prohibía el traslado a Turquía porque “no pertenece al espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea”, pero le permitía volar a Reino Unido. Cosas veredes...

Lo grave para la malhadada credibilidad de la justicia y para la democracía ya no es tanto la autorización para que viaje o no, sino que, visto el recorrido del caso, hay dudas razonables sobre si Gómez se sentará en su momento ante un tribunal que falle conforme a derecho o al color político del banquillo. Lo que revelan los sondeos publicados no es más que la consecuencia lógica a que haya togados dispuestos a convertir cada auto en una trinchera. Así es como se extiende cada vez más la sospecha de que algunas sentencias pueden estar escritas antes incluso de que empiecen los juicios.

Begoña Gómez puede viajar a Londres para la graduación de su hija. Así lo ha dictaminado el juez Antonio Viejo este lunes, que adopta esta decisión haciendo las veces de juez sustituto de Juan Carlos Peinado. La esposa de Pedro Sánchez debe devolver su pasaporte al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid el 13 de julio (lunes, primer día hábil tras su regreso). Justo ese día, cinco magistrados de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid comenzarán a deliberar sobre los recursos interpuestos contra la decisión de Peinado de seguir la causa por el procedimiento del tribunal del jurado, algo que marcará inevitablemente el futuro judicial de la encausada. Durante los más de dos años que dura la investigación, tres de los cinco jueces han resuelto 20 recursos anulando una decena de resoluciones del juez.

Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es explican que, aunque se llegase a revocar ese auto concreto, esto no tendría por qué afectar a las medidas cautelares impuestas por el juez, que son la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de territorio nacional y la comparecencia cada quince días ante el juzgado. Con todo, matizan que esas cautelares —que también han sido objeto de recurso ante la Audiencia Provincial— sí podrían ser modificadas en caso de que una de las partes lo solicitara y el magistrado lo considerara procedente.

El último episodio de esta causa arrancó con la petición de Begoña Gómez de poder viajar con la delegación española a la cumbre de la OTAN y a la graduación de su hija en Londres. El magistrado Juan Carlos Peinado decidió preguntar al respecto a las partes personadas el pasado 30 de junio. Les daba tres días para posicionarse, y tanto la Fiscalía como la acusación popular se pronunciaron un día después, el 1 de julio. El Ministerio Público en su escueto informe señalaba que, en coherencia con su postura sobre las medidas cautelares impuestas tanto a Begoña Gómez como a su asistente Cristina Álvarez, no se oponía a la solicitud de la esposa de Pedro Sánchez. Entendía así que debía obtener la autorización judicial para poder abandonar el territorio nacional entre los días 7 y 10 de julio “con devolución y retorno del pasaporte a tal efecto”.

El pasado 24 de junio, Gómez tuvo que entregar en persona en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid su pasaporte después de que así lo acordara el juez Peinado en un auto en el que consideraba que sí existía un riesgo de fuga dado que la esposa del presidente del Gobierno se enfrenta a una petición de pena muy elevada. La acusación popular que dirige la asociación ultracatólica HazteOir reclama 24 años de cárcel para ella por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

Esta asociación, de hecho, se dirigió a Peinado el pasado 1 de julio para rechazar que Gómez pudiera acompañar a la delegación española a la cumbre de la OTAN. “Vengo a formular oposición definitiva y total a la referida solicitud”, indicaba, para luego fijarse en que Gómez no solo quería viajar a Ankara sino también el día 10 de julio a a la graduación de su hija en Londres, “dos desplazamientos de naturaleza bien distinta”.

La asociación ultracatólica se oponía a que viajara a ninguno de los dos destinos, y se centraba primero en el viaje a Londres para indicar que el alzamiento de cualquier medida cautelar “exige el más riguroso escrutinio y solo puede justificarse ante una necesidad imperiosa y debidamente acreditada”. “La asistencia a un acto de graduación, por íntimo que sea, no constituye necesidad de tal entidad cuando la investigada se halla formalmente procesada y pendiente de enjuiciamiento”, recalcaba. Sumaba a esto que el viaje a Londres se realizaría desde Ankara “en vuelo comercial y sin cobertura oficial alguna, lo que significa que, ya desde la salida quedaría fuera de todo control institucional español”.

Entendía HazteOir, además, que desde el Brexit la cooperación entre países “ha experimentado una merma significativa respecto al régimen anterior de la euroorden”, lo que provoca que una eventual extradición pudiera presentar “mayores demoras y condicionamientos” que en el pasado. Esto, “debilita las garantías de recuperación inmediata de la investigada en caso de que decidiera no regresar voluntariamente al territorio nacional”.

Sobre la asistencia a la cumbre de la OTAN, HazteOir indicaba que ninguna norma de rango legal recoge la figura de la primera dama y que, por tanto, Begoña Gómez “no tiene ninguna función institucional, ni representación del Estado o del Gobierno, ni atribución competencial de especie alguna”. Por eso, explicaba que su asistencia a la cumbre no era necesaria y, recordaba que “la invitan a un programa paralelo, es decir, a un conjunto de actos de carácter cultural y protocolario ajenos por completo a la agenda oficial de los Jefes de Estado y de Gobierno”.

A esto, añadía que el destino elegido —Turquía— agravaba de manera particular el riesgo de fuga porque se trata de un Estado ajeno a la Unión Europea, “no vinculado por el sistema de la orden europea de detención y entrega, y respecto del cual los mecanismos de extradición resultan notoriamente más lentos, inciertos y sujetos a condicionamientos de oportunidad política”.

Con este asunto pendiente por resolver, el juez Peinado se fue de vacaciones y le dejó la patata caliente a un magistrado que debía hacer las veces de sustituto: Antonio Viejo. Es el mismo juez que instruye la causa abierta contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Este pasado lunes, este magistrado acordó permitir que Begoña Gómez viaje a Londres entre los días 8 y 10 de julio para que pueda asistir a la graduación de su hija, pero le prohíbe trasladarse este 7 de julio a la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía).

Viejo explicaba que da luz verde a que pueda ir a Londres dada “la buena relación de cooperación judicial entre España y el Reino Unido, incluso después del Brexit”. Y sumaba a esto que también pesa en su decision “la naturaleza del evento al que se pretende asistir”: la graduación de su hija. Por contra, sobre la petición de asistir a la cumbre de la OTAN a la que había sido invitada como cónyuge del presidente del Gobierno, el juez se fija en que ella no tiene “intervención activa en dicha cumbre” sino que asistía por razones de “cortesía”. Añadía que “Turquía no pertenece al espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea” en el que la cooperación policial y judicial en asuntos penales se ve facilitada por la estructura institucional. Y por este motivo, consideraba que es procedente “mantener la decisión cautelar” de manera que no vuele a Ankara.

Las cautelares y los escoltas

El juez Juan Carlos Peinado decidió el pasado 20 de junio enviar a juicio a Begoña Gómez, retirarle el pasaporte y obligarle a comparecer quincenalmente ante el juzgado. Tomaba la decisión después de que durante una vista preliminar HazteOir solicitara precisamente esas cautelares. Peinado impuso idénticas medidas a la exasesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, pero no al empresario Juan Carlos Barrabés.

La decisión de Peinado contrastaba con la adoptada por el juez José Luis Calama sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que decidió no poner ninguna medida cautelar por su condición pública, similar a la de Gómez. En su auto, Calama aseguró que “el investigado es una persona de pública notoriedad, circunstancia que dificulta de manera evidente que pueda situarse en una posición de localización o sustraerse discretamente al procedimiento”.

“Su visibilidad pública y manifiesto arraigo en el territorio, unidos a la ausencia de cualquier indicio de intención evasiva, excluyen razonablemente la existencia de un riesgo de fuga real y actual. Tampoco se aprecia riesgo de ocultación o destrucción de fuentes de prueba, pues los elementos relevantes ya han sido intervenidos y la investigación no depende de actuaciones que el investigado pudiera obstaculizar. En este contexto, la imposición de comparecencias apud acta o la retención del pasaporte con prohibición de salida del territorio nacional no resulta necesaria, al no existir un riesgo procesal que requiera ser conjurado mediante tales medidas. Su adopción supondría una restricción injustificada del derecho a la libertad personal y a la libre circulación, incompatible con el principio de proporcionalidad”, consideró Calama.

Peinado, en cambio, entendía que “el criterio de ponderación lógico es presumir que a mayor gravedad de la pena, más intensa puede ser la tentación de la huida y mayor el perjuicio que, en caso de materializarse la fuga, sufriría la finalidad de preservar la acción de la justicia”, en el caso de Begoña Gómez como en el de su exasesora. Así, Peinado consideraba que “las graves responsabilidades penales (...) así como los posibles contactos con otros posibles miembros de la organización aún no conocidos, pero que pudieran facilitar su sustracción, acrecientan el riesgo de fuga, que en ningún caso queda enervado por el hipotético arraigo alegado por todos ellos, no constando en muchos de ellos, como decimos, otros medios lícitos de vida más allá de su vinculación criminal”.

Es más, para el juez el hecho de que Gómez tenga escolta policial y, por tanto, esté siempre acompañada por autoridades no impide el riesgo de que la esposa del presidente huya de España. Llegó a decir, incluso, que los policías podrían ayudarle a fugarse. “Lo que no cabe duda es que, esos agentes en un momento determinado, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente, quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la justicia”. Un argumento que los sindicatos policiales tacharon de “barbaridad” y que llevó al Ministerio del Interior a elevar una queja ante el Poder Judicial, que dio el primer paso para la apertura de un expediente contra el juez.

El juez Antonio Viejo, en sustitución del magistrado Juan Carlos Peinado -que está de vacaciones-, ha acordado permitir que la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, viajar a Londres entre los días 8 y 10 de julio para que pueda asistir a la graduación de su hija. En cambio, le prohíbe trasladarse este 7 de julio a la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía). Gómez entregó su pasaporte hace dos semanas para cumplir con las medidas cautelares decretadas por el magistrado, mientras espera a que se resuelvan los recursos pendientes ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Goméz había pedido viajar al extranjero entre los días 7 y 10 de julio para acompañar a Pedro Sánchez como parte de la delegación española en Ankara, a la que ha sido invitada oficialmente. Pretendía que el regreso desde la ciudad turca se hiciera con una parada en Londres para asistir a la graduación de su hija. El abogado de Gómez argumentó que durante todo el viaje estaría acompañada por el dispositivo de seguridad de la Presidencia del Gobierno y una vez finalizado el trayecto el pasaporte sería devuelto al juzgado el siguiente día hábil.

El juez, tras analizar cada uno de los posicionamientos de las partes personadas, explica que da luz verde a que Begoña Gómez pueda ir a Londres dada “la buena relación de cooperación judicial entre España y el Reino Unido, incluso después del Brexit”. Y suma a esto que también pesa en su decision “la naturaleza del evento al que se pretende asistir”: la graduación de su hija.

Por contra, sobre la petición de Gómez de asistir a la cumbre de la OTAN a la que había sido invitada como cónyuge del presidente del Gobierno, el juez se fija en que ella no tiene “intervención activa en dicha cumbre” sino que asistía por razones de “cortesía”. Añade que “Turquía no pertenece al espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea” en el que la cooperación policial y judicial en asuntos penales se ve facilitada por la estructura institucional. Y por este motivo, considera que que es procedente “mantener la decisión cautelar” de manera que no vuele a Ankara. De esta forma, el juez estima parcialmente la petición de esposa de Sánchez.

Fuentes del Gobierno consultadas por elDiario.es califican de “incomprensible” la decisión de Antonio Viejo. Este magistrado, que pertenece a la asociación de jueces Francisco de Vitoria fue secretario general de la Administración de Justicia durante el primer Gobierno de Pedro Sánchez, y antes fue decano de los juzgados de Plaza de Castillas (2015 a 2018). En la actualidad es el titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid e instructor del caso de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Viejo ha sido durante más de tres décadas juez de instrucción y una buena parte de su trayectoria la ha pasado al frente del Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid, entre 1997 y 2014, muy cerca de la plaza que va a ocupar ahora. Se trata de un magistrado querido y respetado por sus compañeros, comentan en los juzgados locales, por su identificación con la carrera y la defensa de sus intereses.

La acusación popular, que dirige HazteOir, fue la primera en posicionarse en contra de la petición de Gómez para ambos viajes. “La asistencia a un acto de graduación, por íntimo que sea, no constituye necesidad de tal entidad cuando la investigada se halla formalmente procesada y pendiente de enjuiciamiento”, argumentaban sobre el viaje concreto a Londres. Sumaba a esto que el viaje a Londres se realizaría desde Ankara “en vuelo comercial y sin cobertura oficial alguna, lo que significa que, ya desde la salida quedaría fuera de todo control institucional español”. La Fiscalía, en coherencia con su postura en contra de imponer medidas cautelares, no se había opuesto a la salida de Gómez del territorio nacional.

La citación como investigada de la exconsejera de Transición Ecológica y actual presidenta de Enresa, Olga García, por un presunto delito de prevaricación ambiental en la tramitación de la planta fotovoltaica 'FV Tagus' en Alcántara, ha provocado este lunes una inmediata oleada de reacciones entre las principales fuerzas políticas de la región. El cruce de declaraciones en rueda de prensa ha evidenciado la profunda distancia entre el PSOE, que reclama cautela y sitúa el grueso de la gestión en el ámbito estatal, y el PP y Vox, que coinciden en exigir la depuración de responsabilidades institucionales.

El portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel González Andrade, ha apelado formalmente a la presunción de inocencia de la exconsejera, manifestando el deseo de su formación de que el caso judicial se desarrolle con normalidad y con pleno respeto a la justicia.

Durante su comparecencia, González Andrade ha señalado que llama la atención que la imputación proceda del juzgado que dirige el magistrado Juan Carlos Peinado. Asimismo, ha querido matizar el peso de la administración regional en el proceso al recordar que, debido a las dimensiones de la macroplanta promovida por la filial de Iberdrola, el expediente administrativo principal se tramitó e instruyó desde los ministerios en Madrid, por lo que la intervención de la comunidad autónoma se limitó al envío de determinados informes técnicos requeridos durante la tramitación.

Por el contrario, el portavoz del PP de Extremadura, Luis Miguel Núñez, ha mostrado una postura muy crítica al encuadrar la imputación de García dentro de un escenario de irregularidades que, a su juicio, afectan de forma continuada a las siglas socialistas.

Núñez ha considerado intolerable que una persona que lideró un departamento clave en la Junta, y que hoy gestiona una empresa pública con competencias directas sobre el futuro de Almaraz, deba comparecer ante un tribunal en calidad de investigada. Ante este escenario, el portavoz popular ha exigido formalmente transparencia, rendición de cuentas y la convocatoria de elecciones, instando al PSOE regional a romper lo que califican de silencio cómplice y a depurar las responsabilidades políticas correspondientes mientras la justicia sigue su curso con total independencia.

En una línea similar, la portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Inés Checa, ha lamentado que el nombre de la región se vea vinculado de nuevo a un presunto caso de prevaricación administrativa. Checa ha aseverado que la comunidad autónoma no puede convertirse en un refugio, pantalla ni cementerio político de cargos públicos señalados por los tribunales, instando a actuar con contundencia frente a cualquier indicio de irregularidad en la concesión de permisos públicos.

La jornada de comparecencias ha concluido conectando este debate con otros asuntos de la agenda regional, como la posición extremeña ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el balance del desempleo del mes de junio y la situación de la red de protección de menores.

El proyecto de la planta solar fotovoltaica 'FV Tagus', en la localidad cacereña de Alcántara, ha desencadenado un terremoto que salpica a la anterior administración autonómica. El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, el juez Juan Carlos Peinado, ha dictado una providencia para imputar a la exconsejera para la Transición Ecológica de la Junta de Extremadura, Olga García, por un presunto delito de prevaricación en la concesión de los permisos administrativos que facilitaron la implantación de esta macroplanta energética, promovida por una filial de Iberdrola.

Según consta en la resolución judicial, Olga García —quien actualmente ejerce como presidenta de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa)— deberá acudir a prestar declaración en calidad de investigada el próximo 7 de octubre. La causa penal tiene su origen en una denuncia inicial interpuesta en mayo de 2024 por el Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (Fondenex). Aunque el caso arrancó en el Juzgado de Valencia de Alcántara, terminó inhibiéndose primero a Cáceres y finalmente a los juzgados de Madrid, al encontrarse en la capital de España la sede del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco).

Afección a 500 hectáreas de máxima protección ambiental

La macroplanta fotovoltaica obtuvo una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable en enero de 2023, firmada por Marta Gómez Palenque, directora de Evaluación de Calidad Ambiental del Miteco, quien también figura como investigada en la causa junto al exsubdirector del área, Eugenio Domínguez. La autorización estatal salió adelante a pesar de que la instalación proyectada supone la alteración radical de 500 hectáreas de terreno virgen situadas en pleno corazón de una zona de Reserva de la Biosfera y catalogada como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

El presidente de Fondenex, Francisco Blanco, ha explicado a la agencia Efe que las obras conllevan la destrucción directa del hábitat de especies en crítico peligro o de alta protección, como el lince ibérico, el águila imperial ibérica, el águila real, la cigüeña negra y el buitre negro. Blanco sostiene que el Ministerio aprobó la DIA atendiendo “fundamentalmente” a los informes favorables que emanaron de la Consejería extremeña que entonces dirigía Olga García, obviando la gravedad de los daños sobre el terreno.

La documentación judicial revela que la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura era plenamente consciente de la situación. De hecho, el propio departamento técnico dejó por escrito en sus informes que la zona elegida por la filial de Iberdrola era de “máxima sensibilidad ambiental” y que, por norma general, “no era recomendable la ejecución de proyectos de energía renovable fotovoltaica” en esos suelos.

Sin embargo, según denuncia Fondenex, la Consejería pilotada por García acabó abriendo la puerta al visto bueno definitivo bajo el pretexto de implementar una serie de “medidas preventivas, correctivas y compensatorias” por parte de la empresa promotora. “Cualquier científico de reconocido prestigio sabe que esas medidas no existen para una incidencia de este calibre. Es una falacia perfectamente conocida por la Dirección General, que las utiliza simplemente como una disculpa para autorizar un proyecto”, ha sentenciado Blanco para justificar una vía judicial que ahora sitúa a la exconsejera extremeña a las puertas del banquillo.

El juez Juan Carlos Peinado ha pedido a las partes personadas en el caso por el que ha enviado a juicio a Begoña Gómez que realicen cuantas alegaciones consideren antes de decidir si permite que la esposa del presidente del Gobierno viaje al extranjero entre los días 7 y 10 de julio para acompañar a Pedro Sánchez  como parte de la delegación española en la Cumbre de la OTAN en Ankara, a la que ha sido invitada oficialmente. Peinado, tras recibir la petición de Gómez ha dado tres días a las partes para que se pronuncien y, dado que el viaje oficial arranca el martes, el magistrado deberá darse prisa para acordar si le devuelve de forma temporal el pasaporte o no.

Fue el pasado 24 de junio cuando Gómez tuvo que entregar, en persona, su pasaporte en el Juzgado de Instrucción número 41. Peinado considera que existe riesgo de fuga por la gravedad de los delitos que le atribuye: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es explican que, dado que el juez ha recabado la opinión de las partes sobre permitir o no ese viaje, éstas tendrán que presentar sus escritos en el plazo máximo de tres días. Si se tiene en cuenta que la providencia es del 30 de junio, el plazo expiraría el viernes 3 julio, aunque el reloj debe empezar a contar desde que se ha notificado la providencia, y algunas de las defensas consultadas indican que ha sido este miércoles cuando les ha llegado la resolución, lo que podría llevar a que alguna de las alegaciones pudiera ser recibida el lunes 6 de julio. Esto es un día antes del viaje.

Así, Peinado debería ser rápido en responder una vez tenga en su poder las alegaciones para que a la esposa del presidente del Gobierno le dé tiempo a cumplir con la agenda internacional que se le ha marcado por el estatus de jefe del Ejecutivo de su marido.

A pesar de los tiempos ajustados, la acusación popular, dirigida por HazteOir, ya ha presentado su escrito al respecto, en el que rechaza que Begoña Gómez pueda acompañar a la delegación española a la cumbre de la OTAN. “Vengo a formular oposición definitiva y total a la referida solicitud”, indica, para luego fijarse en que Gómez quiere no solo viajar a Ankara sino también el día 10 de julio a a la graduación de su hija en Londres, “dos desplazamientos de naturaleza bien distinta”.

No quiere que viaje a ninguno de los dos destinos. Pero se centra primeramente en el viaje a Londres para indicar que el alzamiento de la medida cautelar “exige el más riguroso escrutinio y solo puede justificarse ante una necesidad imperiosa y debidamente acreditada”. “La asistencia a un acto de graduación, por íntimo que sea, no constituye necesidad de tal entidad cuando la investigada se halla formalmente procesada y pendiente de enjuiciamiento”, recalca. Suma esto que el viaje a Londres se realizaría desde Ankara “en vuelo comercial y sin cobertura oficial alguna, lo que significa que, ya desde la salida quedaría fuera de todo control institucional español”.

Entiende HazteOir, además, que desde el 'brexit' la cooperación entre países “ha experimentado una merma significativa respecto al régimen anterior de la euroorden” lo que provoca que una eventual extradición pudiera presentar “mayores demoras y condicionamientos” que en el pasado. Esto, “debilita las garantías de recuperación inmediata de la investigada en caso de que decidiera no regresar voluntariamente al territorio nacional”.

Por otro lado, sobre la asistencia a la cumbre de la OTAN, HazteOir indica que ninguna norma de rango legal recoge la figura de la primera dama y que, por tanto, Begoña Gómez no tiene ninguna función institucional, ni representación del Estado o del Gobierno, ni atribución competencial de especie alguna. Por eso, entiende que su asistencia a la cumbre no es necesaria, y recuerda, además, que “la invitan a un programa paralelo, es decir, a un conjunto de actos de carácter cultural y protocolario ajenos por completo a la agenda oficial de los Jefes de Estado y de Gobierno”.

A esto, añade que el destino elegido —Turquía— agrava de manera particular el riesgo de fuga porque se trata de un Estado ajeno a la Unión Europea, “no vinculado por el sistema de la orden europea de detención y entrega, y respecto del cual los mecanismos de extradición resultan notoriamente más lentos, inciertos y sujetos a condicionamientos de oportunidad política”.

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha solicitado al juzgado de Juan Carlos Peinado autorización para que pueda viajar al extranjero entre los días 7 y 10 de julio de 2026 y la devolución temporal de su pasaporte para poder realizar ese desplazamiento. Peinado, que la investiga por su actividad profesional en la Universidad Complutense, le retiró el pasaporte el pasado día 20 al considerar que existía riesgo de fuga por la gravedad de los delitos que le atribuye:  tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos

La defensa de la mujer de Sánchez ejercida por el abogado Antonio Camacho explica que “el viaje tiene carácter oficial, ya que acompañará al presidente del Gobierno como parte de la delegación española a la 36.ª Cumbre de la OTAN en Ankara, a la que ha sido invitada oficialmente en calidad de esposa del presidente”. “A estos efectos el presente escrito se acompaña de la invitación oficial que ha sido remitida por la Excma. Sra Dª Emine Erdogan, esposa del Presidente de la Republica de Turquía a Dª Begoña Gomez”, apunta el abogado de Gómez en el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es. Gómez no asistió a las dos últimas citas de la OTAN coincidiendo con el periodo en el que lleva imputada.

El regreso desde la ciudad turca se realizará haciendo una parada en Londres para asistir a la graduación de su hija. Asimismo, el abogado argumenta que durante todo el viaje estará acompañada por el dispositivo de seguridad de la Presidencia del Gobierno, por lo que considera plenamente garantizada su localización y solicita que, una vez finalizado el viaje, el pasaporte sea devuelto al juzgado el siguiente día hábil.

En el escrito, la defensa de Gómez señala que “el viaje será realizado con la delegación Española en avión oficial con salida el día 7 de julio. Y la vuelta se realizará vía Londres para poder asistir a la graduación de su hija. Realizándose la vuelta en avión comercial el día 10 de julio desde Gran Bretaña”. “En todo caso todo el viaje se realizará con el equipo de seguridad que acompaña al Presidente del Gobierno en todos sus desplazamientos, que por si solo ya garantiza la absoluta seguridad de todos los desplazamientos de mi representada”, remarca.

Las decisiones de Peinado

Por último, Camacho solicita “que se comunique debidamente la autorización y que se incluya en el sistema SIRAJ, a los efectos de evitar posibles problemas a la hora de realizar el viaje. Así como que se devuelva el pasaporte a efectos de poder realizar el citado viaje”.

Peinado decidió hace diez días enviar a juicio a Begoña Gómez, retirarle el pasaporte y obligarle a comparecer quincenalmente ante el juzgado cinco días después de su comparecencia en los juzgados de la Plaza de Castilla.

El magistrado tomó la decisión después de que durante la vista del pasado 15 de junio una de las acusaciones populares del caso, el grupo ultracatólico HazteOir, solicitara precisamente que le fuera retirado el pasaporte y que fuera obligada a comparecer cada 15 días en el juzgado. Peinado también impuso idénticas medidas a la exasesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, pero no al empresario Juan Carlos Barrabés. La comparecencia quincenal no podrá ser en cualquier juzgado, sino que tendrá que ser en el de Peinado, situado en la Plaza de Castilla de Madrid.

La Audiencia Provincial de Madrid estudiará el próximo 13 de julio los recursos interpuestos por la Fiscalía y las defensas contra dos decisiones clave del juez Juan Carlos Peinado: la resolución que propuso juzgar a Begoña Gómez y la que determinó que el caso recaiga en un jurado popular. La sección 23 de la Audiencia madrileña ha señalado ese día para deliberar a puerta cerrada sobre esos recursos y ha decidido que sea la sección en pleno quien lo haga, según informan a EFE fuentes jurídicas.

Se trata de dos cuestiones clave dentro del procedimiento donde el juez ya ha abierto juicio oral contra Begoña Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, por presunta corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación, y al empresario Juan Carlos Barrabés por los dos primeros delitos.

Tanto la Fiscalía como las defensas impugnaron la decisión de Peinado de que la causa se desarrollase por el procedimiento del tribunal del jurado, lo que determina que, en caso de que haya juicio, sea un jurado popular de nueve ciudadanos anónimos quien juzgue a la mujer del presidente del Gobierno. También recurrieron la resolución del pasado mes de abril en la que el juez Peinado proponía juzgar a los tres por los mencionados delitos, una cuestión que también evaluará la Audiencia Provincial de Madrid.

La Audiencia Provincial –órgano superior que resuelve los recursos contra decisiones del instructor– ya anuló hace meses la transformación de la causa al procedimiento del jurado, al considerar que Peinado no había reunido “indicios concluyentes y consistentes”. Días después, el juez dictó una nueva resolución en el mismo sentido que será evaluada por la Audiencia el 13 de julio.

En uno de sus recursos, la defensa de Begoña Gómez insistía en que se la ha investigado “por ser cónyuge del presidente del Gobierno”. El fiscal, por su parte, solicitó que se acuerde el “sobreseimiento libre” respecto a todos los delitos para todos los investigados “al no ser los hechos constitutivos de infracción penal”.

La futura decisión de la sección 23 de la Audiencia llega con la investigación ya culminada y el auto de apertura de juicio oral ya dictado. Es más, al mismo tiempo que abría juicio oral, el juez acordó imponer a Begoña Gómez y a Cristina Álvarez las medidas cautelares que solicitó Hazte Oír, en representación de las acusaciones populares: retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias quincenales en el juzgado. Una decisión, esta última, que también está impugnada ante la Audiencia Provincial por las defensas de ambas, quienes han acudido en persona esta semana al juzgado para entregar su pasaporte.

Begoña Gómez ha acudido este miércoles a los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid para entregar su pasaporte. La entrega de esa documentación forma parte de la batería de medidas cautelares impuestas por el juez Juan Carlos Peinado a petición de las acusaciones ultras que sustentan la causa.  

La mujer del presidente del Gobierno ha accedido a la sede judicial en coche por el garaje después de que lo autorizara la presidenta del Tribunal de Instancia de Madrid, María Jesús del Barco, para así prevenir incidentes que pudieran poner en riesgo su integridad física. Su equipo de seguridad presentó un informe en el que subraya que “existe un ambiente hostil y de rechazo social evidente, lo que da lugar a que en ocasiones se produzcan interpelaciones, insultos a través de megafonía, con exhibiciones diversas pancartas”. 

Peinado acordó el pasado sábado enviar a juicio a Begoña Gómez, así como imponerle otras medidas cautelares, como la prohibición de salir de España o la obligación de comparecer cada 15 días en sede judicial. La decisión del magistrado soliviantó al Gobierno y al PSOE, donde mantienen que la iniciativa de Peinado “constata la persecución, la obsesión y la desproporción” de un magistrado que ha llevado a cabo una instrucción “que carece de todo sentido jurídico y que solo atiende a motivos políticos”, según una nota distribuida a los medios por el propio Ejecutivo. 

La entrega del pasaporte se ha producido apenas unas horas después de que Pedro Sánchez compareciera en el Congreso para dar explicaciones sobre el aluvión de causas judiciales que asedian al Gobierno y mantienen la legislatura al borde del bloqueo. “Para mí no es fácil hablar de ellos. Porque afectan a las personas que más quiero. Y porque sé, sin el más mínimo grado de duda, que se construyen sobre acusaciones infundadas y un patrón de acoso y derribo similar al que hemos visto desplegar en otros países occidentales”, ha dicho Sánchez sobre su hermano, que fue juzgado recientemente; y su pareja.

Los escoltas podrían “facilitar” la fuga, según Peinado

En su auto, el Peinado justificó que el hecho de que Begoña Gómez tenga escolta policial y, por tanto, esté siempre acompañada por autoridades no impide el riesgo de que huya de España. Apuntaba, incluso, que los policías podrían ayudarle a fugarse. “Lo que no cabe duda es que, esos agentes en un momento determinado, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente, quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la justicia”.

Tras trascender el auto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, elevó una queja a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, por el “grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. El pasado lunes, la Comisión Permanente del CGPJ instó a la autoridad disciplinaria del órgano a investigar si Peinado incurrió en una infracción por hacer esta afirmación en su auto.

Un juez que exige que le pongan una tarima en una sala de Moncloa para estar más alto que un ministro al tomarle declaración. Que convierte titulares en investigaciones y registros sin fin. Que multa al abogado defensor por hablar con la prensa. Un juez que ordena el registro de la casa y la oficina de un empresario mientras el empresario está ingresado en la cama de un hospital, que reprocha a un letrado que no le mire a la cara cuando habla, o que riñe a un testigo por sonreír…  

Es el juez Juan Carlos Peinado y es el caso Begoña Gómez, cuya instrucción ha cerrado esta semana coronando su carrera con una guinda final: hoy la mujer del presidente de España debe entregarle su pasaporte, por si se escapa de España, con la ayuda de los policías que la escoltan. Con Alberto Pozas, experto en Tribunales en elDiario.es, repasamos una instrucción originada con recortes de prensa y reconvertida en un macro caso que va a juicio por la vía penal, y con jurado popular.

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La defensa de Begoña Gómez ha presentado este martes un recurso de queja ante la Audiencia Provincial de Madrid contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado de imponerle como medidas cautelares la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y las comparecencias obligatorias en sede judicial cada 15 días. La argumentación del abogado de Gómez, Antonio Camacho, pasa por apuntar a una desproporción de la decisión y señalar que la afirmación de que los agentes de escolta podrían colaborar en una fuga es ofensiva, según ha podido saber elDiario.es.

La defensa de Gómez insiste en que la posibilidad material de fuga es, en la práctica, inexistente por el acompañamiento permanente de un dispositivo de seguridad, además de recordar que hasta ahora se ha presentado en todas las citaciones judiciales a las que ha sido necesario. Y apunta que es una mera especulación construida sobre la nada y que no se sustenta la hipótesis de que los agentes policiales podrían actuar como cómplices.

Además, el abogado de Gómez se lamenta también por que el auto de Peinado pusiera que “no cabía recurso” contra él, pese a que las medidas cautelares sí son recurribles. Peinado incorporaba la frase “contra el presente auto no cabe recurso” al final del documento, que recogía tanto la propuesta para abrir juicio oral por la vía del jurado popular como la retirada del pasaporte o la prohibición de salir de España. Por ello, el cauce por el que Gómez opta para presentar esta alegación a la decisión de Peinado es el recurso de queja ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Citada este miércoles para retirarle el pasaporte

La esposa del presidente del Gobierno está citada por el juez Peinado el miércoles a las 18.00 para que haga entrega de sus pasaportes. Su asistente, Cristina Álvarez, lo ha facilitado ya de forma anticipada. El magistrado advierte que deben comunicar si cuentan con algún documento adicional al español, como pudiera ser un pasaporte diplomático o de otra nacionalidad. La cita coincide con la comparecencia a petición propia de Sánchez en el Congreso para responder sobre las investigaciones judiciales que afectan al entorno del PSOE.

La defensa de Begoña Gómez ya había emitido una queja previa sobre este auto de Peinado, pero ante el Consejo General del Poder Judicial. En ese escrito, Camacho lamentaba haber tenido conocimiento de la apertura de juicio oral y de la adopción de medidas cautelares “a través de los medios de comunicación”, por lo que denunció una “vulneración del derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva”. Que Gómez “haya tenido que conocer la existencia de estas resoluciones a través de la prensa —y no a través de los cauces procesales legalmente establecidos— constituye una situación de extraordinaria gravedad que compromete seriamente la imagen de la Administración de Justicia y el principio de igualdad de armas entre las partes”, señalaba.

A su vez, una de las argumentaciones que utiliza el juez Peinado en ese auto ha provocado que el Poder Judicial ponga en marcha un expediente este mismo lunes: la insinuación de que los policías que forman parte de la escolta de Begoña Gómez podría colaborar con su fuga. El CGPJ lo ha remitido al Promotor de la Acción Disciplinaria para que valore si incurrió en una infracción con una Comisión Permanente dividida: cuatro votos en contra del sector conservador y cuatro a favor, entre ellos el voto de calidad de la presidenta, Isabel Perelló, que decantó la balanza a favor de tramitar la queja.

El magistrado Juan Carlos Peinado ha decidido enviar a juicio a Begoña Gómez bajo la acusación de aprovechar su matrimonio con el presidente del Gobierno para medrar en su vida profesional. En el auto de más de 80 folios el juez instructor se apoya en casos de corrupción de mucha más gravedad para apuntalar sus imputaciones contra ella: las condenas contra el exministro Jaume Matas, el caso Invercaria o una pieza separada del caso de los ERE de Andalucía. Peinado se apoya incluso en el caso de unos supuestos traficantes de cocaína a los que encarceló hace dos años para justificar la retirada de pasaporte a la esposa del presidente del Gobierno.

La decisión de Peinado fue conocida el pasado sábado. Un auto de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, su asistente Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés que envía a los tres al banquillo ante un jurado popular bajo una acusación principal: urdir y ejecutar un plan para mejorar la vida profesional de la esposa del Gobierno. Con dos másteres y una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense, trabajando para el África Center del IE y, a cambio, favoreciendo contrataciones públicas para Barrabés usando a Álvarez para labores logísticas como enviar correos o cerrar reuniones.

Las acusaciones de Peinado omiten u orillan datos como que, por ejemplo, Gómez ganó unos 4.000 euros al año durante todo el tiempo que colaboró en la Complutense. También que la Audiencia Provincial de Madrid rechazó que hubiera delito en su fichaje por el IE o las razones por las que ese tribunal levantó la imputación del rector de la Complutense. No refleja tampoco que las “cartas de apoyo” que Begoña Gómez firmó para una empresa de Juan Carlos Barrabés fueron suscritas, en idéntico formato, por distintas empresas e instituciones, alguna incluso dependiente del Ayuntamiento de Madrid.

El juez recurre a jurisprudencia y ejemplos tanto del Tribunal Supremo como de la Audiencia Provincial de Madrid para cimentar su auto de apertura de juicio oral y pone encima de la mesa el ejemplo de uno de los políticos con más condenas por corrupción a sus espaldas: Jaume Matas. El expresident de Balears y ministro de Medio Ambiente con José María Aznar que acumula en su historial una decena de condenas de prisión e inhabilitación por las prácticas corruptas que desplegó mientas gobernó en las islas. Desde el caso Nóos hasta sobornos de empresarios pasando por un encargo ilegal al arquitecto Santiago Calatrava o el caso Palma Arena, entre muchos otros.

Peinado eligió el caso de Jaume Matas, político con uno de los historiales más amplios de corrupción de la historia política de España y cuyas consecuencias aún padecen las arcas públicas, para justificar la acusación de tráfico de influencias contra Begoña Gómez. La cita jurisprudencial elegida es una de las últimas condenas firmes de Matas: la del caso Son Espases. Diez meses de prisión y diez años más de inhabilitación por el intento de amaño de la construcción del hospital de Son Espases en Balears para adjudicárselo a OHL. Uno de los grandes casos de corrupción de la historia de las islas en cuya definición de tráfico de influencias se apoya Peinado para enviar a Begoña Gómez al banquillo.

En esa causa se declaró probado que Matas prometió la construcción del hospital en la campaña electoral de Balears de 2003 y que después, una vez investido president, se puso manos a la obra para controlar la adjudicación de un proyecto cuantificado en casi 780 millones de euros. El tráfico de influencias por el que fue condenado abarcó el control total sobre la valoración de las ofertas presentadas para el proyecto y beneficiar a OHL en una concesión pensada para durar 30 años.

Juan Carlos Peinado hace una salvedad justo después de citar el caso Son Espases: no hay ningún antecedente comparable al caso de Gómez. “Por mucho que se busque en la jurisprudencia, que analice o interprete este tipo penal, no podrá hallarse un supuesto de similares características, pues las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado”.

De Invercaria al tráfico de cocaína

También se apoya en varios casos de corrupción de la política andaluza para justificar sus acusaciones de malversación de caudales públicos. Entiende que Begoña Gómez, que no es cargo público ni tiene dinero público a su disposición, puede ser acusada como inductora o cooperadora de malversación. Y cita la sentencia del Tribunal Supremo de 2022 que impuso tres años y medio de cárcel al expresidente de Invercaria por un préstamo irregular de 100.000 euros a una empresa de aceitunas sin comprobar su situación económica, su viabilidad o si invirtió el dinero en algún proyecto de interés público.

El magistrado, en este apartado relativo a la malversación, saca a colación otra sentencia más reciente del Tribunal Supremo sobre una ramificación del caso de los ERE de Andalucía. La que confirmó un año y medio de cárcel para un exalcalde socialista de Cazalla de la Sierra por ayudas irregulares por valor de casi 8,5 millones de euros a empresas del sector del corcho de la Sierra Norte de Sevilla.

Uno de los aspectos más polémicos del auto de apertura de juicio oral de Peinado ha sido la imposición de medidas cautelares y los argumentos utilizados. En el caso de Begoña Gómez —a quien retira el pasaporte, prohíbe salir de España e impone fichajes quincenales en el juzgado— el juez llega a argumentar que su escolta policial, lejos de ser una garantía de que no se va a fugar, puede llegar a ser una ayuda para desaparecer. Una afirmación que el Ministerio del Interior ha llevado hasta el Consejo General del Poder Judicial, cuya Comisión Permanente ha remitido el auto a su Promotor de la Acción Disciplinaria por si Peinado hubiera incurrido en una infracción.

El juez recuerda en este punto que la Audiencia Provincial de Madrid le dio la razón cuando, a finales de 2024, él mismo envió a prisión sin fianza a varios acusados de narcotráfico. Una organización criminal de personas acusadas de introducir en España “grandes cantidades de cocaína” camufladas como café tostado. El tribunal madrileño avaló su medida, recuerda ahora el magistrado para imponer cautelares a Begoña Gómez, para evitar que siguieran traficando, pero también por la apariencia de buen derecho. En el caso de la esposa del presidente del Gobierno, Peinado ya vaticina que puede ser condenada a más de dos años de cárcel y que esa perspectiva aumenta el riesgo de que se fugue antes de ser juzgada.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha reiterado este lunes que el auto del juez Juan Carlos Peinado en el que toma la decisión de enviar a juicio a Begoña Gómez, retirarle el pasaporte y obligarla a acudir regularmente al juzgado, “es un despropósito absoluto”, por lo que reconoce que le “alegra” que el Consejo General del Poder Judicial haya tomado la decisión de abrirle un expediente.

A su juicio, el argumento del juez de que Gómez podría contar con la colaboración de agentes policiales para eludir la acción de la Justicia “es una aseveración que pasa cualquier límite lógico, como ya han denunciado los propios sindicatos de la Policía.

Y “claramente tiene que corregirlo el Consejo General del Poder Judicial”, según el ministro.

Asimismo, Torres ha criticado que “la oposición dicte sentencia cuando estamos ante investigaciones embrionarias”.

“Si realmente decimos que hay que separar los poderes, seamos mucho más respetuosos con los procesos en marcha, con las investigaciones que están comenzando, con el derecho de las personas a defenderse con la obligación de que las pruebas sean fehacientes, sean contundentes, sean claras, y que quienes dicten sentencia sean los jueces, no los partidos políticos”, ha considerado el ministro.

“Esta persecución es intolerable”

Ya han sido varios los socialistas canarios que están mostrando su apoyo a Begoña Gómez tras el auto del juez Peinado. Uno de los primeros en pronunciarse fue Ángel Víctor Torres, que ha señalado que “esta persecución es intolerable”.

“El propio auto, por el contenido que estamos leyendo, es la confirmación de un enorme despropósito”, ha dicho el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática en sus redes sociales, donde ha añadido que en este caso, donde el daño a Begoña Gómez es irreparable, también espero que se imponga la JUSTICIA, con mayúsculas.

Entre el trasiego habitual de personas que un lunes cualquiera entran y salen de los Juzgados de Plaza Castilla en Madrid, esta mañana ha ocurrido algo excepcional. El militante antifranquista Carlos Serrano se ha sumado a la escasa lista —se cuentan con los dedos de una mano— de denunciantes de crímenes del franquismo que declaran ante un juez en España. Ha sido frente al magistrado Juan Carlos Peinado, de actualidad este lunes por la decisión que ha tomado el Consejo General del Poder Judicial de poner en marcha un expediente por su auto sobre Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez. Mientras la Comisión Permanente del organismo daba este paso con el voto en contra de los conservadores, Carlos respondía a las preguntas de Peinado sobre las torturas que sufrió cuando la dictadura daba sus últimos pasos.

“He respondido a todo, he contado que estuve en la cárcel dos veces y los malos tratos a los que fui sometido”, ha dicho Serrano a la salida. En enero de 2025, Peinado decidió admitir a trámite la querella presentada por el hombre junto a la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua). El juez, titular del Juzgado de Instrucción nº 41, incoó entonces diligencias previas con el objetivo de intentar determinar si durante las dos detenciones que sufrió en 1975 a manos de la Brigada Política Social, la policía política de Franco, fue objeto de torturas “en un contexto de crímenes contra la humanidad”, como menciona el escrito.

El magistrado había ordenado este lunes tomar declaración a Serrano y a Agustín Costo Martínez, uno de los policías imputados a raíz de la querella, que se ha acogido a su derecho a no declarar. La denuncia se dirigía contra otros exmiembros, uno de ellos fallecido y otros tres pendientes de ser identificados, según explican fuentes cercanas al caso. “El interrogatorio se ha desarrollado con total normalidad. Hemos visto que el juez ha estado interesado y ha querido indagar en los hechos objeto de denuncia”, ha explicado el abogado Jacinto Lara, que apunta a que Peinado “se ha mostrado muy interesado en posibles testigos” de los hechos.

Militante de la Liga Comunista y activista estudiantil, Serrano fue detenido en dos ocasiones, en mayo y octubre de 1975, por su actividad en oposición al régimen franquista y fue trasladado a la Casa de Correos de la Puerta del Sol, entonces sede de la Dirección General de Seguridad (DGS) y ahora sede del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que se opone a recordar su pasado franquista a través de la instalación de una placa. Serrano ha contado que fue torturado y amenazado en un régimen de total incomunicación, a pesar de que tenía 17 años. En las dos ocasiones fue después trasladado a la cárcel de Carabanchel.

“La dureza de la DGS era tal que estás deseando que te envíen a la cárcel. Es surrealista y paradójico, pero es así, porque sabes que no te van a volver a detener y torturar de esa manera. El alivio de entrar en la cárcel es algo que se siente debido a los malos tratos que se sufrían” en la Puerta del Sol, ha ilustrado sobre aquellos momentos frente al grupo de activistas antifranquistas que le estaban arropando a las puertas del juzgado.

Carlos Serrano ha protagonizado este lunes una imagen todavía inédita en nuestro país. Es la segunda vez que un denunciante de torturas sufridas en el franquismo o la Transición declara ante un juez, después de que en septiembre de 2023 lo hiciera Julio Pacheco. El hombre denunciaba hechos similares, pero el caso fue finalmente archivado. Antes de esa fecha, los españoles que han interpuesto querellas por crímenes de la dictadura solo habían sido escuchados por la Justicia a miles de kilómetros de nuestro país, en Argentina.

Carlos ha explicado que sentarse frente a un juez para explicar lo que vivió le ha hecho sentirse “contento” y lo entiende como “una continuidad de la lucha, no solo mía sino de todos los compañeros y compañeras que entregaron su vida o parte de ella al antifascismo”. “Hemos vivido el fascismo en nuestra juventud, sabemos lo que es y no queremos que se vuelva a repetir”, ha añadido a preguntas de los medios.

Para el querellante, el objetivo de la acción que ha emprendido es “decir que estamos aquí y abrir una brecha en el muro de impunidad del franquismo”, se ha referido al modus operandi habitual de los tribunales que inadmiten o acaban archivando la inmensa mayoría de querellas. “Todas las dictaduras del siglo XX se juzgaron, pero el Estado español es el único territorio donde nunca se han investigado ni juzgado los crímenes del franquismo. España es un refugio de criminales franquistas”, ha apuntado antes de asegurar que tiene “esperanza” en que la querella siga adelante: “Si esto logra que se abran más juicios y más expedientes, habrá merecido la pena el recorrido”.

Los cuatro vocales conservadores de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial —José Eduardo Martínez Mediavilla, Isabel Revuelta, Carlos Orga y Alejandro Abascal— que han rechazado este lunes poner en marcha un expediente al juez Peinado por insinuar que la Policía que ejerce las labores de escolta de Begoña Gómez podría facilitar su fuga han emitido un voto particular para explicar su decisión.

Los cuatro consideran que a través de esas expresiones, el magistrado “está explicando los motivos por los que él entiende que procede su decisión de adoptar medidas cautelares”. Esa decisión es “estrictamente jurisdiccional y revisable únicamente por la vía ordinaria de los recursos”, es decir, opinan que debe ser la Audiencia Provincial de Madrid la que decida si hay una “eventual ausencia, insuficiencia o desacierto” en la motivación de las medidas cautelares.

“Ese juicio revisor no es competencia del Consejo General del Poder Judicial por vía disciplinaria”, continúan, por lo que cualquier actuación “supondría inmiscuirse ilegítimamente en las competencias que únicamente corresponden a la Audiencia Provincial de Madrid en vía de recurso”. “Afecta a los principios constitucionales de exclusividad de la jurisdicción y de independencia judicial”, añaden.

La decisión ahora está en manos del Promotor de la Acción Disciplinaria tras salir adelante con el voto de Carlos Hugo Preciado, Bernardo Fernández, Argelia Queralt y la presidenta, Isabel Perelló, que ejerce la presidencia y tiene voto de calidad.

El Consejo General del Poder Judicial ha puesto en marcha la apertura de un expediente contra el juez Juan Carlos Peinado por sus afirmaciones del auto de juicio oral contra Begoña Gómez. La decisión de remitir el asunto al Promotor de la Acción Disciplinaria para que valore si incurrió en una infracción ha sido tomada por una Permanente dividida con cuatro votos a favor, cuatro en contra del sector conservador y el voto de la presidenta, Isabel Perelló, decantando la balanza a favor de tramitar la queja.

Fuentes del organismo explican que la Permanente ha pedido al Promotor, encargado de investigar si los jueces incurren en faltas disciplinarias, que analice si el auto de Peinado pudo incurrir en una falta de trato desconsiderado. Queda en manos del Promotor, que tiene un plazo de un mes, abrir diligencias informativas y proponer una sanción para el juez o archivar el caso por el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La Comisión Permanente, que ya empezó sus debates el domingo, se ha reunido este lunes de forma extraordinaria para analizar las quejas llegadas desde el Ministerio del Interior y de la defensa de la propia esposa del presidente del Gobierno. Bajo el foco está una de las afirmaciones más polémicas de su auto de apertura de juicio oral, conocido este sábado, en el que además impuso medidas cautelares a Gómez: que los policías que trabajan como escolta podrían facilitar su huida.

“Lo que no cabe duda es que, esos agentes en un momento determinado, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia”, afirma el auto dictado y difundido en pleno fin de semana.

La afirmación de Peinado para justificar la imposición de medidas cautelares a Gómez –la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y las comparecencias quincenales– ha provocado la reacción de distintos sectores policiales. Por un lado el Ministerio del Interior se dirigió por escrito al CGPJ y por otro lado los sindicatos policiales protestaron contra lo que consideran una “barbaridad” del magistrado. La defensa de Begoña Gómez, además, recurrirá este auto ante la Audiencia Provincial de Madrid, que además tiene pendiente resolver otras impugnaciones clave antes de que se siente ante un tribunal del jurado.

La decisión de la Permanente de tramitar estas quejas contra Peinado por su último auto y sus alusiones a la Policía ha contado con el voto en contra de los vocales de tendencia conservadora de este organismo. Entienden que la decisión del magistrado es “estrictamente jurisdiccional” y por tanto “revisable únicamente por la vía ordinaria de los recursos”. “Ese juicio revisor no es competencia del CGPJ por vía disciplinaria”, alegan.

El CGPJ ya ha estudiado varias quejas contra la actuación de Peinado durante los dos años y medio de instrucción del caso contra la esposa del presidente del Gobierno a raíz de una denuncia de Manos Limpias. La autoridad disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces, por ejemplo, ha propuesto archivar las quejas del ministro Félix Bolaños, que fue citado como testigo, contra el juez.

El juez instructor Juan Carlos Peinado ha citado a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y su asistente de Moncloa, Cristina Álvarez, el miércoles 24 de junio para que hagan entrega de sus pasaportes. Les cita a las 18.00 horas en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid en el mismo día en el que comparece Pedro Sánchez ante el Congreso de los Diputados para responder y posicionarse en el Hemiciclo sobre los últimos casos de corrupción que han trascendido y que afectan al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y a la exmilitante socialista Leire Díez.

En una providencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el juez avisa a las defensas de ambas para que ese día se personen para notificarles y requerirles el pasaporte expedido a su nombre. También advierte que deben comunicar si cuentan con algún pasaporte adicional al español, como pudiera ser un pasaporte diplomático o de otra nacionalidad.

Fue este sábado cuando Peinado  decidió enviar a juicio a Begoña Gómez, retirarle el pasaporte y obligarle a comparecer quincenalmente ante el juzgado. Esta decisión llegaba cinco días después de su comparecencia  en los juzgados de la Plaza de Castilla. El magistrado tomó la decisión después de que durante esa vista una de las acusaciones populares del caso, el grupo ultracatólico HazteOir, solicitara precisamente que le fuera retirado el pasaporte y que fuera obligada a comparecer cada 15 días en el juzgado. También impuso idénticas medidas a la exasesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, pero no al empresario Juan Carlos Barrabés.

Peinado considera que “el criterio de ponderación lógico es presumir que a mayor gravedad de la pena, más intensa puede ser la tentación de la huida y mayor el perjuicio que, en caso de materializarse la fuga, sufriría la finalidad de preservar la acción de la justicia”, en el caso de Begoña Gómez como en el de su exasesora. Así, Peinado entiende que “las graves responsabilidades penales, todavía en sede indiciaria, así como los posibles contactos con otros posibles miembros de la organización aún no conocidos, pero que pudieran facilitar su sustracción, acrecientan el riesgo de fuga, que en ningún caso queda enervado por el hipotético arraigo alegado por todos ellos”.

Es más, para el juez el hecho de que Gómez tenga escolta policial y, por tanto, esté siempre acompañada por autoridades, no impide el riesgo de que la esposa del presidente huya de España. Cree, incluso, que los policías podrían ayudarle a fugarse. “Lo que no cabe duda es que, esos agentes en un momento determinado, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente, quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la justicia”.

Este aldabonazo contra la escolta de Gómez provocó que la Dirección General de la Policía Nacional calificara de “injustificada” la argumentación . En un comunicado recogido por Europa Press, la Policía reiteró “la más absoluta, firme y escrupulosa defensa del honor, la integridad y el prestigio” de sus funcionarios tras las consideraciones recogidas en el auto del juez Juan Carlos Peinado en el que acuerda abrir juicio oral a Begoña Gómez.

La cita de este 24 de junio coincide así con la comparecencia de Sánchez en el Congreso. La presión de los socios del Gobierno forzó al presidente del Gobierno a pedir una comparecencia a petición propia en el Congreso para responder sobre las investigaciones judiciales que afectan al entorno del PSOE, además de informar del último Consejo Europeo. Se conoce desde hace semanas que la fecha elegida para esa liturgia parlamentaria es el 24 de junio.

Hay que reconocerle al juez Juan Carlos Peinado su inagotable capacidad para convertir la causa judicial contra Begoña Gómez en un ejercicio que puede terminar beneficiando a la investigada y a su entorno. La última guinda la ha puesto en el establecimiento de las medidas cautelares que restringen libertad de movimiento de Gómez en base a un escenario de fuga digno de Prison Break. 

Dice el auto que la esposa de Pedro Sánchez podría escapar con ayuda de los policías que la escoltan, o que podría escapar cuando esos mismos policías ya no la escolten. Es decir, que la custodia es una amenaza y su ausencia también. Peinado ha descubierto que el riesgo de fuga existe en todos los estados posibles de la materia, una aportación gloriosa para la física cuántica. 

Se echa de menos, con todo, un poco más de ambición narrativa. El auto podría haber contemplado que Begoña Gómez fuera elevada a los cielos por el Espíritu Santo aprovechando algún momento de guardia reducida y transportada fuera de nuestras fronteras. Esta hipótesis tiene el mismo sustento probatorio que las que sí figuran en el auto y habría dado al texto la posibilidad adicional de optar al Premio Planeta. 

Lo que más llama la atención es la ligereza con la que formula la hipótesis de fuga con escoltas cooperantes (o no cooperantes) porque no deja de ser una resolución judicial apoyada en posibilidades meramente imaginables, del mismo rango epistemológico de que algún día lluevan ranas. Pero, de camino, Peinado ha ido un paso más allá deslizando que los policías nacionales que forman la escolta de Gómez podrían cometer un delito. ¿Puede un juez instructor insinuar en un documento oficial que agentes en activo de las fuerzas de seguridad del Estado podrían saltarse la ley y que eso no tenga ninguna consecuencia? Todo es posible en este país. 

Si el escenario de fuga con escolta cómplice merece su propio capítulo en la historia de la creatividad judicial española, el auto reserva otro momento de altura cuando Peinado se aventura en el terreno de la historiografía para señalar que no ha encontrado un caso similar de tráfico de influencias en España desde el reinado de Fernando VII. El juez instructor de una causa penal argumenta que debe aplicar una interpretación “teleológica y hermenéutica” del Código Penal porque las conductas que investiga son tan insólitas que recuerdan a los regímenes absolutistas.

Toda la instrucción contra Begoña Gómez ha transmitido y transmite la sensación de exhibición de autoridad judicial dirigida a recordar quién tiene la capacidad de marcar el ritmo y el relato de esta causa y en qué momento preciso. Todas las piezas separadas y diligencias corregidas dejan esa misma percepción. Así que el propio Peinado, crecido en su batalla particular contra el absolutismo borbónico y sus supuestos epígonos modernos, está convirtiéndose en el argumento más eficaz para quienes sostienen desde el PSOE que nunca hubo una investigación ordinaria, sino una simple operación de desgaste político.

 Si Pedro Sánchez encuentra finalmente un clavo al que agarrarse en medio de la crisis interna en la que anda metido el partido, es muy posible que ese clavo lleve la firma del ilustrísimo juez Juan Carlos Peinado.