El juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso contra Begoña Gómez, acata la petición de la Fiscalía Europea y acepta enviarle la investigación que abrió el pasado junio dentro de ese caso pero dirigida únicamente contra el empresario Juan Carlos Barrabés. La decisión tiene su origen en la reciente resolución de la Audiencia Provincial de Madrid, que excluyó al empresario del juicio con jurado que afrontará la esposa de Pedro Sánchez.

Esta nueva línea de investigación se centraba en un contrato de Red.es adjudicado a la UTE formada por la empresa de Barrabés (Innova Next) y la consultora KPMG. Se trata de una licitación que tuvo un presupuesto base de 4.053.500 euros y que contó con financiación de fondos de la Unión Europea. Ese hecho determina la competencia de la Fiscalía Europea, encargada de proteger los intereses financieros de la Unión.

El pasado junio, Peinado optó por abrir esta nueva línea de investigación tras recibir un decreto de la Fiscalía Europea en el que se detallaba que la adjudicación objeto de investigación “podría ser constitutiva de un delito de prevaricación y de fraude a los intereses de la Unión”.

Basándose en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los fiscales europeos afirmaban que la adjudicación “se habría obviado la inexistencia de un libro blanco” que era requisito necesario para concursar, según recogían los pliegos. Ese expediente no contó con ninguna carta de recomendación firmada por la mujer de Pedro Sánchez.

El abogado Jaime Campaner se hará cargo a partir de ahora de la defensa de Begoña Gómez después de que esta y el letrado que la ha defendido hasta ahora, Antonio Camacho, hayan adoptado de común acuerdo la decisión, que ya le han comunicado al juzgado, informan a elDiario.es fuentes del entorno de la investigada.

Las mismas fuentes trasladan la “gratitud” de Gómez con Camacho por “su trabajo realizado durante estos años, su rigor profesional y su entrega en la defensa de sus intereses en un proceso complejo y difícil en el que su buen trabajo ha sido fundamental”.

Antonio Camacho asumió la defensa de Gómez desde el principio de la causa y ha batallado contra la instrucción del juez Peinado hasta conseguir que sea juzgada solo por dos de los cuatro delitos que le atribuía el juez y que ha corregido la Audiencia Provincial. Camacho siempre ha orientado su defensa a que no existe un solo indicio que permita llevar al banquillo a Gómez por uno solo de los delitos de los que se le acusa, malversación y tráfico de influencias.

El nuevo abogado de Begoña Gómez, que deberá defender su inocencia ante un tribunal de nueve ciudadanos, es especialista en Derecho Penal Económico y en Derecho Procesal y cuenta con una dilatada experiencia. Además tiene un amplia trayectoria en juicio con jurado popular y ha formado a abogdos, fiscales y jueces para este tipo de procedimientos.

Carlos Hugo Preciado, uno de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que forma parte, además, de la Comisión Permanente de este órgano, fue elegido para el cargo a propuesta de la formación política Sumar. A pesar de que se presupone que encaja entre los vocales progresistas, este martes ha demostrado una vez más que es un verso suelto: se ha opuesto a apoyar la posible sanción al juez Juan Carlos Peinado por las irregularidades que denunció el ministro Félix Bolaños.

Bolaños acusaba a Peinado en sus quejas de haber actuado de forma anómala cuando le interrogó como testigo en La Moncloa y cuando, después, pidió sin éxito al Tribunal Supremo que abriera una causa contra él. En esa queja se ponía el foco en que el magistrado que investiga a la esposa del presidente del Gobierno solicitó un vehículo oficial para acceder al Palacio de la Moncloa y una tarima para ubicarse, físicamente, en una posición más alta que la del compareciente.

Preciado se ha subido al carro conservador que ha acabado convirtiendo la queja de Bolaños en agua de borrajas. Y eso que desde el sector progresista se ha emitido un voto discrepante al sentir de la Comisión Permanente en el que se indica que la valoración del trato dispensado durante esa declaración no podía limitarse a constatar que no hubo insultos o expresiones abiertamente ofensivas porque esa falta de consideración puede resultar también de una conducta apreciada en su conjunto. A su juicio, la reiteración de advertencias, los reproches sobre la forma de responder y las censuras de los gestos del testigo excedían de un episodio aislado de tensión dialéctica y justificaban, al menos, la apreciación de una falta leve.

Por contra, Preciado y los conservadores han sostenido que las quejas se refieren a cuestiones accesorias de la declaración judicial basadas en interpretaciones de las normas procesales que pueden ser discutibles, pero que no alcanzan relevancia disciplinaria y no supusieron la vulneración de ningún derecho del testigo. Añaden que, aunque la diligencia se desarrolló en un clima de tensión, no hubo desconsideraciones explícitas al declarante.

Más allá de ese episodio, Carlos Hugo Preciado ha emitido hasta dos votos particulares, a los que ha tenido acceso elDiario.es, para pronunciarse sobre otros dos asuntos que se veían también en el conjunto de quejas contra Peinado y que han acabado en archivo. El primero era relacionado con la queja de la asesora de Begoña Gómez por la filtración a una web –OkDiario– del contenido de una providencia que no había sido dictada. El Promotor de la Acción Disciplinaria en su informe concluyó que no había resultado indiciariamente acreditado que fuera el propio magistrado quien anticipase al medio de comunicación su intención de dictar una resolución, así como su contenido.

El minuto a minuto de la providencia

Carlos Hugo Preciado indica que, si bien está de acuerdo con la mayoría de la Comisión Permanente en que procede el archivo de la diligencia informativa, difiere en que el motivo de ese archivo sea por falta de indicios suficientes. Resalta que él considera que las actuaciones revelan hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de revelación de datos reservados, y por tanto, no es competente el CGPJ.

En su voto hace un minuto a minuto de cómo se desarrollaron los hechos investigados. Recuerda que la defensa de la asistente sostiene que ese medio publicó el 13 de enero de 2026 información relativa al contenido de una providencia dictada en el procedimiento de Tribunal del Jurado antes de su notificación a las partes. El vocal indica que las actuaciones practicadas acreditan la existencia de publicaciones periodísticas previas a la notificación de la resolución, pero no permiten identificar de manera cierta la fuente de la información.

Explica que la noticia de esa web que llevaba el titular 'Begoña y su asesora desafían a Peinado: se niegan a entregar sus pasaportes y el juez pide ayuda a la Policía' hacía mención a que el juez había solicitado a la Policía Judicial que obtuviera los pasaportes de las investigadas y atribuía tal actuación a una providencia dictada el día anterior.

Esa misma madrugada del 13 de enero, a las 5.50 horas, ese mismo medio publicó un editorial en el que también afirmaba que el magistrado había decidido dictar una providencia relacionada con la obtención de los pasaportes. Pero no fue hasta la 11.30 horas que Peinado firmó electrónicamente la providencia redactada el día anterior. Según el histórico remitido por el Letrado de la Administración de Justicia, la resolución todavía no había sido notificada cuando se publicaron las noticias.

A las 13.15 horas, OkDiario modificó la noticia inicial para eliminar referencias explícitas a la providencia del 12 de enero y reformulando parte del texto, aunque mantuvo referencias al hecho de que el juez había pedido ayuda a la Policía, recuerda Preciado.

A las 20.02 horas, esa providencia de Peinado fue remitida y notificada a través del portal digital a las partes personadas en el caso Begoña Gómez. Y ya el 14 de enero los procuradores recibieron y descargaron la notificación de la providencia. La denunciante sostiene, indica el vocal del CGPJ, que ya conocía su contenido por haberlo leído previamente en la prensa digital.

Un día después, el 15 de enero, el medio publicaba una nueva noticia: 'OkDiario tenía razón: Peinado pide ayuda a la Policía ante la resistencia de Begoña a entregar su pasaporte' ,reivindicando haber adelantado la existencia de la providencia antes de su notificación oficial.

Preciado advierte de que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) considera como falta muy grave “la revelación por juez o magistrado de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función cuando se cause perjuicio a la tramitación de un proceso o a cualquier persona”. Y añade que sería tipificado como revelación cuando el juez, fuera de los cauces de información judicial establecidos, difunde “hechos o datos de los que conozca en el ejercicio de su función”. Al hilo, cita jurisprudencia de la Sala Tercera del Supremo para indicar que revelar “supone descubrir o manifestar lo ignorado o secreto, siendo necesario acreditar una conducta positiva de divulgación”.

Añade que la propia denuncia se construye sobre la hipótesis de una filtración de información reservada procedente de un procedimiento judicial en curso. E indica que si los hechos denunciados fueran ciertos, “podrían presentar apariencia de delito de revelación de datos reservados” y, por tanto, “la averiguación de la existencia de la filtración, la identificación de su autor y la determinación de su relevancia penal exceden de las competencias disciplinarias del CGPJ”.

La prórroga fuera de plazo

Preciado ha emitido voto particular también sobre el archivo de la diligencia abierta por las quejas de Más Madrid y del diputado socialista en la Asamblea de Madrid Guillermo Hita, que acusaban a Peinado de haber acordado fuera de plazo la prórroga de una instrucción de una causa en la que se investigaba un delito de malversación.

El Promotor de la Acción Disciplinaria señalaba en su escrito que consta en el cronograma de la causa que no se dio cuenta al magistrado del estado de las actuaciones y, por tanto, del vencimiento del plazo para acordar la prórroga. La Comisión Permanente tuvo en cuenta la poca antelación con la que las acusaciones solicitaron la prórroga de la instrucción -apenas dos semanas antes de que finalizara el plazo-. Y añadía que los precedentes jurisprudenciales señalan que acordar la prórroga de una instrucción fuera de plazo es un defecto procesal que no supone automáticamente una infracción sancionable.

Pero en su voto particular, Carlos Hugo Preciado explica que los hechos descritos en la queja no constituyen una infracción de la que deba conocer el CGPJ sino que presentan indicios de un ilícito penal que encajaría en el tipo de la prevaricación por imprudencia o ignorancia inexcusable o retraso malicioso en la Administración de Justicia. Añade que esto también debe ser conocido por la jurisdicción penal.

Preciado recuerda que la prórroga de la instrucción vencía el 27 de enero de 2025, que tanto las acusaciones populares solicitaron nuevas prórrogas que fueron informadas favorablemente por la Fiscalía y que, sin embargo, Peinado no resolvió la solicitud hasta el 2 de abril de 2025. La Audiencia Provincial declaró extemporánea la decisión del juez y la dejó sin efecto.

El vocal explica que no corresponde al CGPJ determinar si concurren todos los elementos típicos del delito. Sin embargo, sí corresponde apreciar “si existen indicios suficientes para considerar que la resolución pudo haber sido dictada con una ignorancia inexcusable de un régimen legal de plazos imperativos ampliamente conocido en la práctica procesal penal o, al menos, mediante una imprudencia grave incompatible con los deberes de diligencia exigibles al titular de un órgano jurisdiccional”.

Entiende que la cuestión excede claramente del ámbito disciplinario porque afecta directamente a la legalidad de una resolución jurisdiccional concreta y a la posible concurrencia de un delito de prevaricación judicial imprudente.

Añade que subsidiariamente podría encajar en un delito de retardo malicioso en la Administración de Justicia. Y al hilo, explica que la excusa ofrecida por el magistrado descansa en que no se le dio cuenta de los escritos presentados por las partes. Pero advierte de que esa circunstancia debe impulsar una investigación para determinar el origen de la demora, el grado de conocimiento efectivo del incidente procesal y la razón por la que una cuestión tan sensible permaneció sin resolver durante más de dos meses.

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha solicitado que Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su asesora, Cristina Álvarez, abonen 113.509,32 euros en concepto de responsabilidad civil por el uso del software investigado en la causa contra ellas y de personal de la institución educativa.

Así se desprende del escrito de conclusiones provisionales que la UCM ha remitido al juez que investiga la causa, Juan Carlos Peinado, y al que ha tenido acceso Europa Press, en la que la universidad está personada como perjudicada.

La UCM presenta este escrito tras la petición a las partes del magistrado instructor de ajustar sus peticiones para el juicio después de que la Audiencia Provincial de Madrid acordase archivar los presuntos delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida que había imputado a Gómez y Álvarez y confirmó mantener el juicio con jurado popular.

Ahora, la Complutense hace suyos los hechos recogidos en el auto de la Audiencia de Madrid que “confirman la existencia de indicios racionales suficientes para continuar el procedimiento respecto del presunto delito de malversación de caudales públicos” en el uso del software “desarrollado con medios, recursos y bajo el paraguas institucional” de la universidad.

De este modo, recuerda que Begoña Gómez codirigió una cátedra extraordinaria en la institución educativa y remarca que “la circunstancia de que parte de los recursos destinados” a ella procedieran de aportaciones privadas “no altera su naturaleza, en tanto dichos recursos quedaban afectados al cumplimiento de fines de interés público de carácter universitario y educativo”.

Así, identifica dos focos en la supuesta malversación. Por un lado, “el programa informático y conjunto de actuaciones encaminadas a desarrollar el software, elaborado en el marco de la Cátedra Extraordinaria, respecto del cual el tribunal, y previamente esta Administración, considera que constituye un activo perteneciente a la Universidad Complutense de Madrid, financiado mediante aportaciones de entidades colaboradoras y recursos económicos de la propia universidad”.

Por otro lado, indica que la resolución “integra dentro del concepto de caudal o patrimonio público la actividad desarrollada por personal al servicio de las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus funciones públicas”.

Cristina Álvarez, presunta “cooperadora necesaria”

La Complutense aprecia indicios de que “el software desarrollado en el seno de la cátedra habría sido desviado al ámbito de disponibilidad exclusiva de la investigada mediante el registro del dominio y de la marca a favor de la mercantil Transforma TSC sin conocimiento ni autorización” de la universidad.

Por todo ello, cuantifica “provisionalmente el perjuicio económico en 113.509,32 euros, derivado, de una parte, de la pérdida de disponibilidad del software desarrollado con recursos públicos y, de otra, del coste correspondiente a las retribuciones satisfechas con fondos públicos al personal cuya actividad, indiciariamente, habría sido destinada a fines particulares”.

Respecto a Cristina Álvarez, también hace suyos los argumentos de la Audiencia Provincial, que “fundamenta su eventual responsabilidad en calidad de cooperadora necesaria” del delito de malversación, “por su participación activa e indispensable en las gestiones dirigidas al desvío del referido activo patrimonial de la UCM hacia fines privados”.

“La Sala considera, con carácter indiciario, que su intervención constituyó un elemento personal indispensable para el desarrollo de la actividad desplegada en torno a la cátedra, excediendo las funciones inherentes al puesto que desempeñaba en la Presidencia del Gobierno y prestando una colaboración esencial para la realización de las actuaciones atribuidas a la codirectora de la cátedra”, concluye.

Peinado da tres días a las defensas sobre la audiencia preliminar

El juez Juan Carlos Peinado ha dado tres días a las defensas de Begoña Gómez y Cristina Álvarez para que informen si renuncian a la audiencia preliminar de las partes sobre la procedencia de la apertura del juicio oral, y les ha instado a que presenten su escrito de defensa en el plazo de cinco días, según una providencia de este 28 de julio a la que ha tenido acceso esta agencia de noticias.

El pasado 15 de junio, el magistrado ya celebró una audiencia preliminar a la que acudieron Gómez, Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, así como las partes y la Fiscalía, Días después de aquel trámite, el juez le retiró el pasaporte a la esposa de Sánchez, una decisión que fue revertida por la Audiencia Provincial de Madrid, que también archivó para ella y su asesora los delitos de apropiación indebida y corrupción en los negocios.

Por su parte, la Fiscalía ha avanzado que presentará un escrito de conclusiones absolutorias próximamente, tal y como hizo antes de que la Audiencia Provincial de Madrid acordase archivar para Gómez y su asesora los presuntos delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida que previamente le atribuía Peinado.

En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal traslada al juez que “no se formulará escrito de conclusiones provisionales en sentido acusatorio”, por lo que interesa “traslado posterior a fin de formular escrito de conclusiones absolutorias a la vista de las pretensiones que pueda ejercer la acusación popular unificada”.

El jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ha reaccionado a la noticia en un mensaje que ha compartido en la red social X y ha asegurado que “esto no hay vacaciones ni incendios que lo paren”. Además de compartir la petición de la Complutense, ha terminado diciendo que “van todos pá'lante”.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este martes que dejar en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dos de los asuntos que valoró el Promotor de la Acción Disciplinaria relativos a quejas contra el juez Juan Carlos Peinado. Una de ellas es relativa a su instrucción del caso abierto contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. En concreto, deja en manos de ese órgano jurisdiccional que valore si pudo incurrir en una falta leve de desconsideración. Algo que, como mucho, puede quedar en una advertencia y una multa al magistrado.

En concreto, uno de esos dos asuntos es el que se abrió después de que la Comisión Permanente acordara remitir al Promotor de la Acción Disciplinaria el auto de medidas cautelares dictado por Peinado contra Begoña Gómez y su asistente Cristina Álvarez. El órgano de gobierno de los jueces considera que se debe valorar si las expresiones del juez en las que se sugería que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrían colaborar en una eventual fuga de la esposa de Sánchez pudieran ser constitutivas de una falta de desconsideración. Peinado acordó retirarle el pasaporte y prohibirle salir de España, algo que revocó la Audiencia Provincial de Madrid.

La decisión de remitir ese extremo al TSJM se ha adoptado con el voto de los vocales progresistas y con el voto de calidad de la presidenta, Isabel Perelló -los conservadores han anunciado voto particular discrepante-. Y todo a pesar de que el Promotor de la Acción Disciplinaria proponía el archivo por considerar que solo podría entrar a analizar esas manifestaciones si le fueran remitidas por el tribunal superior que conociera de la resolución en vía de recurso.

Frente a esto, la Comisión Permanente ha señalado que ya hay precedentes jurisprudenciales en el Supremo que permiten sancionar el uso de esas expresiones sin ese requisito de procebilidad. En concreto, en el seno de la Comisión se ha expuesto que ya se confirmó una sanción de suspensión de funciones impuesta a un magistrado por una falta de desconsideración respecto de instituciones, al haber empleado en distintas resoluciones judiciales expresiones plagadas de descalificativos hacia la Generalitat de Cataluña.

Por contra, en el voto particular formulado por los vocales conservadores sostiene que esas expresiones utilizadas por el juez sirven para explicar los motivos por los que él considera que procede su decisión de adoptar medidas cautelares. Recalcan que es una decisión estrictamente jurisdiccional y revisable por la vía ordinaria de los recursos y, por tanto, no es competencia del CGPJ.

El segundo asunto sobre el que deberá decidir el TSJM es la posible falta leve por un retraso injustificado que nace de una denuncia presentada por un particular, el periodista Nacho Abad. Se quejaba de que Peinado había alargado sin motivo la instrucción de un caso por calumnias desde junio de 2024 hasta enero de 2026. Una vez más, el Promotor de la Acción Disciplinaria propuso el archivo al considerar que los hechos no revisten carácter disciplinario, pero la Comisión Permanente estima que puede darse una falta leve de retraso y acuerda su remisión al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Otra vez se ha impuesto la postura progresista con el voto de calidad de Perelló.

En el voto discrepante de los conservadores, al que ha tenido acceso este medio, se indica que la jurisprudencia señala que no puede exigírsele al juez que padece una importante carga de trabajo que consulte los cientos de expedientes telemáticos para comprobar su estado cuando no se está ante una privación de libertad. Añade que la paralización ocasional de un procedimiento, no es representativa para derivar una conducta negligente. Y que debería haberse demostrado de manera inequívoca que la argumentación obedecía a una motivación espuria y que los planteamientos del magistrado no tenían la más mínima cobertura legal desde un punto de vista penal.

Las quejas de Bolaños

Las otras cuatro diligencias informativas abiertas contra Peinado han quedado archivadas siguiendo el criterio de Acción Disciplinaria. La más relevante era la que se abrió después de las quejas presentadas por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, contra el juez Peinado al que acusaba de actuar de forma “irregular” cuando le interrogó como testigo en La Moncloa y cuando, después, pidió sin éxito al Tribunal Supremo que abriera una causa contra él. En esa queja se incluía como “anómala” la petición del magistrado de un vehículo oficial para acceder al Palacio de la Moncloa o de una tarima para ubicarse, físicamente, en una posición más alta que la del compareciente.

Fuentes del Consejo consultadas por elDiario.es señalan que ese asunto concreto ha decaído gracias al voto en contra del vocal Carlos Hugo Preciado -nombrado a propuesta de Sumar- al que se ha sumado el de los conservadores. La presidenta del CGPJ no ha manifestado el voto porque ya habían ganado la votación los conservadores con Preciado.

La Comisión Permanente considera que las quejas se refieren a cuestiones accesorias de la declaración judicial basadas en interpretaciones de las normas procesales que pueden ser discutibles, pero que no alcanzan relevancia disciplinaria y no supusieron la vulneración de ningún derecho del testigo, y añade que aunque la diligencia se desarrolló en un clima de tensión, no hubo desconsideraciones explícitas al declarante.

El voto discrepante de dos vocales progresistas indican que la valoración del trato dispensado durante esa declaración no podía limitarse a constatar que no hubo insultos o expresiones abiertamente ofensivas porque esa falta de consideración puede resultar también de una conducta apreciada en su conjunto. A su juicio, la reiteración de advertencias, los reproches sobre la forma de responder y las censuras de los gestos del testigo excedían de un episodio aislado de tensión dialéctica y justificaban, al menos, la apreciación de una falta leve.

En cuanto a la queja de la asesora de Begoña Gómez por la filtración a un medio del contenido de una providencia que no había sido dictada, queda también en archivo. El Promotor concluyó que no ha resultado indiciariamente acreditado que fuera el propio magistrado quien anticipase al medio de comunicación su intención de dictar una resolución, así como su contenido.

En este asunto, el voto particular concurrente de Carlos Hugo Preciado indica que si bien está de acuerdo con la mayoría de la Comisión Permanente en que procede el archivo de la Diligencia informativa, difiere en que el motivo de ese archivo sea por falta de indicios suficientes. Resalta que él considera que las actuaciones revelan hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de revelación de datos reservados, y por tanto no es competente el CGPJ.

Por su parte, las vocales Argelia Queralt y Bernardo Fernández subrayan en su voto particular que si bien no estaba acreditado que el magistrado fuera la fuente de la filtración, eso no basta para cerrar el expediente sin haber agotado previamente las comprobaciones objetivas disponibles. Era necesario, para ellos, determinar con precisión quiénes conocían la decisión, desde qué momento y por qué vías pudo comunicarse. Añaden que no identificar al responsable tras una investigación limitada no equivale a haber demostrado que nada disciplinariamente relevante ocurrió.

Las quejas de Más Madrid

También se archiva la diligencia abierta por las quejas de Más Madrid y del diputado socialista en la Asamblea de Madrid Guillermo Hita, que acusaban a Peinado de haber acordado fuera de plazo la prórroga de una instrucción de una causa en la que se investiga un delito de malversación. El Promotor señala en su escrito que consta en el cronograma de la causa que no se dio cuenta al magistrado del estado de las actuaciones y, por tanto, del vencimiento del plazo para acordar la prórroga.

La Comisión Permanente ha tenido en cuenta la poca antelación con la que las acusaciones solicitaron la prórroga de la instrucción -apenas dos semanas antes de que finalizara el plazo-, así como los precedentes jurisprudenciales que señalan que acordar la prórroga de una instrucción fuera de plazo es un defecto procesal que produce la nulidad de las diligencias de investigación acordadas tras el vencimiento, pero que no supone automáticamente una infracción sancionable.

En el voto particular de Carlos Hugo Preciado contra esta decisión se explica que los hechos descritos en la queja no constituyen una infracción de la que deba conocer el CGPJ sino que presentan indicios de un ilícito penal que encajaría en el tipo de la prevaricación por imprudencia o ignorancia inexcusable o retraso malicioso en la administración de justicia. Añade que esto debe ser conocido por la jurisdicción penal.

En cambio, Fernández y Queralt rechazaron igualmente el archivo de esas diligencias concretas porque ni el elevado rendimiento del juzgado ni una referencia genérica a la falta de dación de cuenta permitían descartar toda responsabilidad sin reconstruir rigurosamente la secuencia de fechas y determinar a quién resultaba imputable la demora.

Por último, la Comisión Permanente ha tomado conocimiento de la propuesta de archivo de una diligencia informativa con origen en la denuncia de una particular que prestó declaración en condición de investigada y que sostenía que el magistrado no le permitió declarar por videoconferencia, trató con desconsideración a los letrados intervinientes y acordó medidas cautelares desproporcionadas.

Sobre este asunto, el Promotor de la Acción Disciplinaria señala que determinar si la toma de declaración debe hacerse de forma presencial o por videoconferencia es una decisión que los jueces adoptan en el ejercicio de su función jurisdiccional, por lo que, con independencia de que sea o no acertada, queda fuera del ámbito disciplinario. La misma situación se produce con la disconformidad frente a la adopción de medidas cautelares, una decisión jurisdiccional que las partes pueden recurrir ante el órgano superior.

La defensa de Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez, ha presentado un escrito en el que denuncia que el juez Juan Carlos Peinado retrasa la entrega del pasaporte a la investigada, negándose a cumplir la orden de la Audiencia Provincial de Madrid, que anuló las medidas cautelares impuesta por el instructor contra los tres imputados. “Supone, de facto, mantener una restricción sobre un derecho fundamental (libertad de circulación) sin título cautelar vigente que lo ampare, lo cual, realizado a sabiendas, reviste extrema gravedad”, recoge el escrito, adelantado por la cadena Ser y al que ha tenido acceso elDiario.es.

El abogado José María de Pablo expone que el juez Peinado ha dictado una providencia –resolución sin razonamiento– por la que retrasa la entrega del pasaporte y que lo hace “extralimitándose en el ejercicio de sus funciones, invadiendo competencias que el legislador ha atribuido de forma exclusiva al Letrado de Administración de Justicia”, el anterior secretario judicial encargado de las cuestiones de procedimiento en el juzgado.

La defensa de Álvarez explica que una vez la instancia superior a Peinado ha anulado las medidas cautelares impuestas, como la retirada del pasaporte, la devolución del mismo debe ser inmediata, sin necesidad de que el juez haga uso de su potestad jurisdiccional. Sin embargo, Peinado dictó una providencia solo para adelantar que tomaría una decisión al respecto. “El alzamiento de la medida cautelar ya ha sido acordado por resolución judicial, por lo que la decisión jurisdiccional está adoptada y agotada”, añade.

La actuación dilatoria del juez en este sentido contrasta con las medidas que adopta para que Begoña Gómez y Cristina Álvarez se sienten cuanto antes ante un Tribunal del Jurado. El pasado 20 de julio, el magistrado concedió cinco días a las partes para presentar sus escritos de acusación y defensa una vez la Audiencia Provincial avaló que ambas sean juzgadas por nueve ciudadanos por malversación y tráfico de influencias.

El abogado de Cristina Álvarez solicita a Peinado que anule su providencia y ordene al Letrado de la Administración de Justicia para que, “en el ejercicio de sus competencias, proceda a la entrega inmediata del pasaporte”.

Si hablamos de Impunidad y de corporativismo, hablamos de jueces y de un sistema diseñado para que rara vez se pague por los excesos. Todo a cuenta del bochornoso espectáculo ofrecido por un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dividido ante la propuesta de archivar las denuncias contra Juan Carlos Peinado, el polémico instructor del caso Begoña Gómez. Sepan que el promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, ha propuesto dar “carpetazo” y archivar todas las quejas mientras que el órgano de gobierno de los jueces prefiere aplazar la decisión definitiva ante la falta de consenso interno.

Las cinco diligencias analizadas por el CGPJ, órgano de gobierno de los jueces, tienen diferentes orígenes, pero la que mayor escándalo ha generado fue motivada por un auto del propio Peinado en el que retiró el pasaporte a Begoña Gómez y sugirió que los escoltas de la esposa del presidente podrían, por iniciativa propia o siguiendo órdenes, “colaborar” en una hipotética fuga del país. Esta afirmación provocó protestas formales tanto del Ministerio del Interior como del Sindicato Unificado de Policía (SUP). El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, interpuso también reclamación contra el juez por la forma en que el magistrado condujo su declaración como testigo en el complejo de La Moncloa. Más Madrid, diputados del PSOE, un particular y la asesora de Gómez cierran la lista de denuncias contra la discutible labor del togado.

El debate abierto en la Comisión Permanente del Consejo proyecta, además de la habitual fractura de un órgano que hace poco y del que se espera aún menos, un sistema diseñado para que sean contados los casos en los que los jueces asuman las consecuencias de sus desmanes. Y aun así el órgano de gobierno acaba de reformar, según hemos sabido por el periodista Pedro Jiménez de la Cadena SER, el reglamento que permite interponer denuncias contra las actuaciones judiciales para que solo sean las partes vinculadas a un procedimiento las que puedan activar una queja. Particulares o asociaciones ya no podrán elevar denuncias con este nuevo modelo y tampoco se permitirán denuncias anónimas o escritos que persigan revisar decisiones judiciales.

El caso es que el sector conservador del Consejo se ha alineado con la propuesta de archivo del promotor de la acción disciplinaria, tras argumentar que cualquier expresión desafortunada o controvertida incluida en un auto debe corregirse únicamente mediante la vía penal o de recursos ordinarios ante la Audiencia Provincial de Madrid (órgano que, por cierto, ya anuló la retirada del pasaporte por considerarla injustificada). Por su parte, el sector progresista rechaza el archivo directo y quiere que se investigue si el juez Peinado incurrió en una falta grave de consideración o en un exceso o abuso de autoridad (recogido en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

La falta de resolución inmediata añade una presión añadida, ya que el juez Juan Carlos Peinado tiene fijada su jubilación obligatoria el próximo septiembre, por lo que los plazos de tramitación del CGPJ siempre lentos e ineficaces resultan determinantes. Y es que si el proceso se dilata en exceso sin abrirse un expediente formal con propuesta de sanción, cualquier medida quedaría sin efecto una vez que el magistrado deje de estar en activo. Peinado se irá a su casa y pasará a los anales de la judicatura sin tacha del Consejo, pese a haber protagonizado no pocas actuaciones discutibles y haber sido objeto de casi una veintena de correcciones a su instrucción por instancias superiores.

Juan Carlos Peinado, sin embargo, no es una excepción. En 2017 —el último año del que existen cifras oficiales—, de 9.679 quejas ciudadanas contra jueces, solo 567 merecieron la atención del Promotor de la Acción Disciplinaria, y de esas 567, apenas 21 se convirtieron en expediente. Es decir, que cuando un ciudadano eleva una queja contra un juez tiene algo así como un 0,2% de probabilidades de que su denuncia termine en algo parecido a una investigación formal.

El propio ministro de Justicia, Félix Bolaños, cifró en febrero de este año en un 0,19% el porcentaje de sanciones impuestas a jueces por decisiones ajenas a su poder jurisdiccional, y habló incluso de “corporativismo malentendido” dentro del órgano de gobierno de los jueces. Eso sí distinguió entre la parte jurisdiccional, la “que tiene que ver directamente con el Estado de derecho” y que, en su opinión, “funciona” y lo que es ajeno a ese rol, que son los casos que resuelve el Consejo General del Poder Judicial. “El promotor de la acción disciplinaria del Consejo General de Poder Judicial, en ocasiones, actúa con un corporativismo malentendido”, afirmó el también ministro de la Presidencia en la Forbes House de Madrid.

Entre preservar el buen nombre de la justicia y la protección al juez que haya podido cometer una irregularidad, el Consejo siempre elige lo segundo. Y es en ese marco en el que hay que leer el embarazoso espectáculo que estos días vive la Comisión Permanente del CGPJ con el caso Peinado: cinco quejas, un año de idas y venidas, un promotor de la acción disciplinaria que propone archivarlo todo, una Comisión Permanente dividida en bloques, y un magistrado que instruye la causa más mediática del país como si nada de ello le concerniera.

¿Justicia o política? Juzguen ustedes, pero basta con detenerse en el funcionamiento del sistema, para sospechar que el diseño institucional favorece el archivo antes que la sanción. Cuando un ciudadano se queja de un juez, su reclamación pasa primero por la Unidad de Atención Ciudadana, que en la inmensa mayoría de los casos se limita a tramitar la queja como una incidencia administrativa —un retraso, una demora, una disfunción— sin relevancia disciplinaria alguna. Solo una minoría de las que se registran llega al promotor de la acción disciplinaria, el único que tiene capacidad para convertir una queja en un expediente con consecuencias. Y resulta que ese promotor —el mismo cargo, ocupado por la misma persona desde 2017— es quien decide, caso por caso, si abre diligencias, si las archiva o si las convierte en la apertura de un expediente. Pero su criterio, se apoya casi siempre en el mismo argumento: que el contenido de una resolución judicial pertenece al “núcleo jurisdiccional” y que revisarlo equivaldría a una injerencia en la independencia judicial, lo que permite archivar casi todo lo que un juez diga o escriba mientras lo haga dentro de un auto o una sentencia.

Bajo la apariencia de control ciudadano se esconde, pues, de facto una evidente autoprotección corporativa o una casta que se juzga a sí misma, como demuestran los datos, ya que según las memorias del CGPJ, entre julio de 2014 y diciembre de 2020, España impuso una media de apenas 19 sanciones disciplinarias al año a un cuerpo con más de 5.000 jueces y magistrados en activo. La mitad de esas sanciones fueron multas económicas y medidas más simbólicas que disuasorias, como ocurrió con el caso del juez Manuel Ruiz de Lara, expedientado en 2024 por llamar en redes sociales “psicópata sin límites éticos” al presidente del Gobierno y “siervo mentiroso patológico” al ministro de Justicia. ¿Las consecuencias? El expediente acabó archivado, pese a la evidencia de que ese corporativismo malentendido del que hablaba Bolaños tolera comportamientos que, en cualquier otra profesión habrían costado el puesto.

Y todo porque el artículo 117 de la Constitución proclama que los jueces están “sometidos únicamente al imperio de la ley” y la carrera entiende que el precepto es la garantía de que ningún ciudadano, ningún ministro o ningún Gobierno pueda torcer una resolución judicial. Un argumento que, en ocasiones, se convierte en coartada cuando lo que hay detrás no es una discrepancia jurídica, sino un comportamiento abusivo.

Así que lo que se dirime estos días no solo es la suerte de un juez polémico como Peinado, sino que reabre el debate sobre dónde termina la independencia judicial y dónde empieza la exigencia de responsabilidad disciplinaria a un magistrado en el ejercicio de su función jurisdiccional. Y también sobre si el Consejo debe actuar de oficio ante declaraciones polémicas incluidas en una resolución o, por el contrario, debe esperar a que un tribunal superior las revise por la vía de los recursos.

Lo que parece a todas luces es que la línea entre lo que es jurisdicción y lo que es mala conducta disfrazada de auto judicial es muy delgada y que quien la traza es un promotor que tiene todos los incentivos corporativos para delinear siempre del mismo lado. Un último dato: en 2024, a 31 de diciembre, se habían abierto más de 10.000 diligencias, pero el CGPJ solo ejecutó 18 sanciones. Y, luego, se preguntarán sobre el porqué de su descrédito.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se encuentra dividido sobre si debe archivar o no las quejas presentadas contra el juez Juan Carlos Peinado por sus polémicas insinuaciones sobre la Policía cuando decidió retirarle el pasaporte a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la que investiga por presunto tráfico de influencias. La Comisión Permanente del máximo órgano de gobierno de los jueces se ha reunido este martes para estudiar la propuesta del Promotor de la Acción Disciplinaria que pide archivar cinco diligencias informativas incoadas a raíz de quejas recibidas contra el titular de la plaza número 41 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid.

Además de la referida a la posible connivencia de los escoltas de la mujer de Sánchez en una hipotética huida de España, insinuada por Peinado en uno de sus autos, también están encima de la mesa del CGPJ otras quejas como la del ministro de Justicia y de la Presidencia, Félix Bolaños, a quien Peinado quiso imputar en la causa, por el trato que le dio durante el interrogatorio que le realizó en el Palacio de la Moncloa.

Pero según han comunicado desde el CGPJ, las “deliberaciones continuarán en los próximos días” porque la reunión ha concluido “sin alcanzar ningún acuerdo”. Los vocales conservadores apoyan la tesis del promotor de archivar las quejas, mientras los progresistas abogan porque se continúe investigando para promulgar alguna sanción. Por tanto, la última palabra podría estar en la presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló.

Cuando Peinado envió a juicio a Begoña Gómez por cuatro delitos, fijó como medidas cautelares la retirada de su pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y una comparecencia quincenal en el juzgado. El magistrado puso por escrito en su auto que los agentes que se ocupan de las tareas de escolta de la pareja del presidente del Gobierno podrían “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos” colaborar “en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga”. Lo hizo en medio de su argumentación para imponer la retirada del pasaporte a la esposa del presidente como una medida cautelar para evitar que intente eludir la actuación de la Justicia en el mismo auto en el que propone la apertura de juicio oral contra ella.

Las quejas de los policías

A raíz de este auto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, elevó una queja ante la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, por el “grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” por parte del juez Peinado con estas palabras, algo que el titular de Interior considera “un hecho de máxima gravedad”. Para el Ministerio del Interior, las “sospechas injustificadas” de Peinado alcanzan no solo a los agentes concretos que tienen asignado el servicio de acompañamiento de la esposa del presidente del Gobierno, “sino también a sus superiores jerárquicos, afirmando la posibilidad de que pudieran dictar órdenes ilegales”.

A esta queja de Interior se sumó otra del Sindicato Unificado de Policía (SUP). Otros sindicatos policiales, como Jupol o la Confederación Española de Policía (CEP), también criticaron a través de redes sociales las afirmaciones de Peinado calificándolas de “auténtica barbaridad”, “especialmente preocupante” o “una ofensa intolerable, escandalosa y miserable”.

A raíz de estas quejas, Perelló decidió incoar expediente disciplinario al magistrado por una posible infracción tipificada en el artículo 418.5 de la LOPJ, es decir, por un “exceso o abuso de autoridad o falta grave de consideración” respecto de, entre otros, instituciones, el resto del personal al servicio de la Administración de Justicia o funcionarios de la Policía Judicial.

Ya está bien. Veamos. Los periodistas ponemos a caer de un burro a quien se nos tercia. Digamos un político de acá, un presidente de acullá, un escritor, un futbolista, un cocinero de tres estrellas, un pintor famosísimo. Y nos atrevemos, con toda la lógica del mundo, con aquel ginecólogo que abusa de sus pacientes, con el timador de criptomonedas y hasta con los multimillonarios fascistas de Silicon Valley, esa plaga alimentada por la bestia naranja. Ponemos a parir la intervención arquitectónica de Norman Foster en el British o la pirámide de Ieoh Ming Pei en el Louvre. Y algunos se ensañan con el último director de cine que está de moda y al que tildan, cuando menos, de cantamañanas pretencioso. Tenemos barra libre, que para eso contamos a nuestro favor con el artículo 20 de la Constitución de 1978, que reza así: “1. Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. c) A la libertad de cátedra. d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades”. Es más, artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. ¿Queda suficientemente claro o citamos otras mil fuentes que reafirman el mismo contenido?

Los jueces. ¿Qué nos hace pensar que el hecho de llevar toga y puñetas, así como aprobar unos exámenes sin duda difíciles, les libra de la crítica? ¿Pablo Llarena, Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Beatriz Biedma, Juan Carlos Peinado y un largo etcétera de ínclitos magistrados, son acaso por alguna razón esotérica o teológica menos criticables que Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo, Donald Trump, Paul Auster, Lionel Messi, Ferrán Adriá o Miquel Barceló? En absoluto, viva el raciocinio y olvidemos la idolatría a los dioses del Olimpo. Somos ateos y no creemos en esas paparruchas. Los señores jueces se quedan en calzoncillos y calcetines, en bragas las señoras juezas y son exactamente, como usted y como el Ojo. Más jóvenes, es verdad, pero lucen igual de patéticos, que si una tripita o un tripón, que si una verruga más fea que un dolor. Y si los hay buenísimos, que los veamos y se opongan a los desalmados.

Llevamos meses, demasiados meses, sufriendo la furia vengadora de jueces de toda laya empeñados en mandar más que nadie, en someternos a su juicio inapelable. La Sala Segunda del Supremo, Marchena al frente, manda más que el Parlamento o La Moncloa. Por eso, evidentemente, el PP quería situar a ese magistrado, precisamente a ese, y no a otro, a dominar esa Sala “por la puerta de atrás”. Se creen por encima de los millones de ciudadanos que se han dado un Gobierno legítimo. Ustedes son unos burros ignorantes, se han equivocado en no elegir a la derecha, vienen a decir, y ahora vamos a tener que ser nosotros, los jueces, los guardianes de la patria, quienes acaben con este sindiós de que gobiernen estos desharrapados de las izquierdas, tipos comunistas y bolivarianos que hasta han dejado de ir a misa.

La sentencia del fiscal general, o “una persona de su entorno”, qué desfachatez, qué desvergüenza, es una auténtica infamia. Como esa condena a David Sánchez, en la que los jueces confiesan, paladinamente, que “No sabemos, en suma, quién o quiénes ejercieron presión o ascendencia sobre los responsables de realizar la tarea de torcimiento del Derecho, ni en qué concretos actos se materializó el influjo”. O sea, condena sin pruebas. ¿Hay algo peor en la actuación de la justicia? Del iluminado juez Peinado ya se ha escrito todo lo que había que escribir, pero la Audiencia Provincial de Madrid ha insistido en esa furia irracional de la que antes hablábamos: Begoña Gómez a juicio con jurado porque es la esposa del presidente. Y escriben esta aberración: “La sola relación de parentesco por vínculo matrimonial con la más alta autoridad del gobierno de la Nación (…) puede comportar una presión moral eficiente a efectos de conformar el delito de tráfico de influencias”. ¿Tiene pruebas el quinteto de jueces capitalinos de que alguien, quizá el mismísimo presidente del Gobierno, haya ejercido alguna presión? Ninguna. Ni por activa ni por pasiva ni perifrástica. Por ningún lado aparece quién o cómo se realizó esa presión punible. Relean: “La sola relación de parentesco por vínculo matrimonial con la más alta autoridad del gobierno de la Nación…”. O sea, el delito es estar casada con Pedro Sánchez. Como el de David Sánchez ser hermano del mismo Chucky, aquel muñeco diabólico.

Debemos destacar en letras góticas el varapalo europeo a nuestros más insignes jueces del más supremo de los tribunales, ese paraíso donde ejercen los más listos, preparados y sabios de nuestros togados patrios. Por no hablar de aquellos togados que se manifestaron delante de sus tribunales, ante la pasividad culpable del Consejo del Poder Judicial. El Tribunal de Luxemburgo los ha barrido, primero, y fregado después, con argumentos jurídicos de calado, pero la bayeta se va a resistir. Ya verán cómo van a hacer todo lo posible, Marchena, Llarena y su rondalla, para poner más palos en las ruedas que impidan, aunque sea por algunos meses, el regreso de Puigdemont. A no ser, claro está, que al PP, ese partido que se levantó en armas contra la amnistía, que sacó a la calle a cientos de miles de ciudadanos, que llamó traidor y delincuente a Sánchez en las Cortes hasta volverse roncos y que ahora no sabe qué decir ni qué hacer, le venga bien que el Supremo afloje para ablandar a Junts, a los que ahora, hay que ver qué miseria, queremos como hermanos. Pasar página, dicen los desahogados, después de haber incinerado durante años la relación de Cataluña con el resto de España.

Por cierto, hay que ver cómo se incendiaba la prensa de la caverna, esa fiel infantería tan brutal como bulera, por aquellos indultos y aquella amnistía, una aberración jurídica sin nombre, España se rompe y animaban al Supremo a reponer el garrote vil, que menos de eso sería una muestra de debilidad bochornosa. Quiere el destino –el Ojo no se lo cree- que cuando el Tribunal de Luxemburgo ha dicho lo que ha dicho, de manera precisa y cargada de sólidos argumentos, esa misma mañana, qué casualidad, la Audiencia de Madrid contraataca con Begoña Gómez y permite a todos los periódicos de la ultraderecha –ya no hay otra derecha- que titulen a todo trapo con la esposa del presidente y escondan, qué ignominia, qué absoluta falta de profesionalidad, la decisión europea. Ahí los tienen, una vez más, juntitos, como una escuadra fascista: los políticos de la derecha, los jueces y la prensa carroñera. Y ahora, la Iglesia. Inseparables, como Jeremy Irons y David Cronemberg.

Hay corazones y togas desbocadas, qué prisa –fiscal, Ábalos, Leire, Zapatero- y otros con freno y marcha atrás, como Montoro, Gürtel –aún se están viendo causas- o Kitchen. Por no hablar de ese señor que defraudó a Hacienda y que hoy, sí, hoy, años después, se pasea tan ufano por los madriles del bracete de la polímata Isabel Díaz Ayuso, la reina del vermú, acérquenme más contratos millonarios con Quirón, que los firmo todos. Ahí las puñetas se vuelven lentas, tranquilas, pausadas, hay que escribir con buena letra, vísteme despacio que tengo prisa. Y si la cosa se demora años, como ya hemos visto en algunos de esos casos, ninguna preocupación, que nosotros, los jueces, tenemos nuestro propio calendario y no va a venir nadie de fuera a decirnos cómo tenemos que actuar. ¿Han oído bien? Somos los jueces, apártense a mi paso. Y si pica, te rascas.

Alguna consideración en torno a Junts y su líder ya casi belga, Carles Puigdemont. Él y los dirigentes del partido menguante ya sabrán valorar si les interesa entablar relaciones con el PP de José María Aznar, el que manda en Génova, Núñez se limita a agachar la cerviz, aliado con Vox, cuya máxima autoridad, Santiago Abascal y cierra España, ya ha dicho que lo primero que intentará si gobierna será hacer todo lo posible para revertir el proceso de amnistía. Las bromas tienen gracia cuando no afectan a las cosas de comer. Jugar al pillastre con aquellos energúmenos es de una candidez asombrosa. Usted, señor Puigdemont, no es más listo que nadie. Quiá. Usted es un tipo desesperado que ya no sabe por dónde le vienen los vientos. Tal que si viviera en Cádiz, los aires difíciles, que decía Almudena. Ahora que está de moda la Odisea, recuerden el Canto XII de la Odisea, donde Odiseo (Ulises) se enfrenta a los cantos subyugantes de las sirenas. Hizo caso a Circe: ni se os ocurra acercaros a ellas. Así logró no naufragar. El Ojo no es Circe, qué risa, pero háganle caso y señor Puigdemont, átese al mástil.

En cuanto a PP y Vox será un luminoso espectáculo comprobar cómo se sostiene el castell con la colla formada por Puigdemont, Feijóo, Tellado y Abascal, con Ignacio Garriga como sólida base, mientras Isabel Díaz Ayuso hará de enxaneta, dado su menor peso. La gralla correrá a cargo del juez Marchena, en premio a su destacada aportación a España, España.

¡Oh, qué belleza, esa hermandad entre los pueblos! Y la fiel infantería en pleno, enfervorizada, cantará Els segadors, seguida de Soy el novio de la muerte.

Adenda. No sé si se han enterado de que España ganó el domingo la Copa del Mundo de fútbol. Allí estaba Pedro Sánchez. Y Trump, que entre bombardeo y bombardeo de Irán tuvo un hueco para acercarse a Nueva Yooool, que dice Bud Bunny. ¡Qué daño inmenso hace a la humanidad este presidente yanqui salvaje, recordémoslo siempre, elegido por sus compatriotas! Tal personaje era obvio que se iba a rodear de otros singulares artistas del circo, contorsionistas, payasos, tragasables, que ha montado en la Casa Blanca. Entre todos ellos destaca, y ya es mérito, el secretario de Estado (ministro) de la Guerra –antes de Trump se llamaba de Defensa- el marine y ex presentador de la Fox, el inefable Pete Hegseth, un animal que goza con las víctimas que producen sus armas mortíferas en la guerra que él considera santa. Tipo ridículo y atrabiliario, que fue capaz de recitar en un servicio religioso en el Pentágono un texto que él creía que procedía del Antiguo Testamento, pero que en realidad era un famoso monólogo de Samuel L. Jackson en Pulp Fiction.

Ahora se ha empeñado en medir la testosterona de los soldados de Estados Unidos. Qué bárbaro, a un paso de la eugenesia y similares aberraciones de los nazis. ¿Recuperará también a Lombroso? Dicen dos inteligencias artificiales consultadas por el Ojo que existen estudios –no muy creíbles, advierten- de que los hombres de raza negra tienen un ligerísimo nivel mayor de testosterona que los blancos. Para morirse de la risa si Hegseth tiene que llenar el ejército yanqui de negros, a los que ha ido apartando de los cargos superiores. El telegénico ignorante no quiere negros. Ni mujeres.

Podía hablar con M. Rajoy. El equipo francés sin franceses y el ejército americano sin yanquis de verdad. Hay que ver. Nos van a comer los negros.

Ya lo decía Dodó Escolá: “¿Qué pasa en el Congo? Que al blanco que pillan lo hacen mondongo”.

Menos Lamine Yamal y Nico Williams. Unos héroes. Y muy, pero que muy españoles. Vamos, más que Lola Flores.

El portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel González Andrade, ha exigido a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que garantice el funcionamiento del transporte escolar desde el primer día del próximo curso y aporte “certidumbre” a las 16.000 familias extremeñas que dependen de este servicio.

González Andrade ha recordado que la Junta ha licitado el contrato del transporte escolar, dotado con 17,15 millones de euros, pero ha advertido de que el procedimiento vuelve a plantearse “sin haber corregido los errores que provocaron el caos del pasado curso”.

El portavoz socialista ha recordado que el pasado año quedaron desiertas 335 rutas escolares porque las empresas advirtieron de que los precios fijados por la Junta no cubrían los costes del servicio, una situación que provocó que 7.000 alumnos y alumnas permanecieran durante las dos primeras semanas del curso sin transporte escolar.

Ha lamentado que las empresas han vuelto a alertar de que las condiciones económicas continúan siendo insuficientes para prestar el servicio por el encarecimiento de los combustibles, las dificultades para encontrar conductores y el envejecimiento de las flotas.

Para el PSOE, la Junta “onoce perfectamente cuál fue el origen del problema” pero ha decidido volver a licitar el servicio “con prácticamente la misma receta”, lo que genera una enorme incertidumbre.

Por ello, ha reclamado a Guardiola que dialogue con el sector, adopte las medidas necesarias para evitar que vuelvan a quedar rutas desiertas y garantice que el próximo 10 de septiembre ningún estudiante extremeño se quede sin poder acudir a clase por falta de transporte escolar.

Archivo de la causa contra Olga García

Por otra parte, González Andrade ha valorado el archivo de la investigación judicial que afectaba a la exconsejera socialista Olga García, por emitir informes favorables a la construcción de una planta solar en un espacio natural protegido de Alcántara (Cáceres).

El portavoz socialista ha reclamado al PP que rectifique y pida disculpas por las acusaciones vertidas cuando se conoció la apertura de la investigación, ya que “quienes entonces calificaron el asunto de extraordinaria gravedad deberían explicar ahora dónde está esa gravedad y pedir perdón por haber intentado utilizar políticamente un procedimiento judicial”.

Andrade ha acusado al PP de actuar con una doble vara de medir ante las resoluciones judiciales.

El juez Juan Carlos Peinado acelera el paso en el caso Begoña Gómez y ha acordado en una providencia firmada este domingo dar cinco días a las acusaciones para que rehagan y vuelvan a presentar sus escritos de acusación pero teniendo en cuenta la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid. Los cinco magistrados de la Sección 23 decidieron anular parcialmente el auto por el que el magistrado entendía que el procedimiento debía seguir por el Tribunal del Jurado y, de hecho, acordó eliminar los delitos de apropiación indebida y corrupción en los negocios.

En esa resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el juez lamenta haberse enterado por la prensa de la decisión de la Sala y recuerda que “conforme lo acordado en la resolución indicada, al haberse revocado parcialmente el auto de continuación del procedimiento del Tribunal del Jurado y habiéndose fijado los delitos y la participación en los mismos de las investigadas Begoña Gómez y Cristina Álvarez dese nuevo traslado (...) a la acusación popular unificada, al Ministerio Fiscal y a la Universidad Complutense de Madrid para que presenten escrito de conclusiones provisionales en el plazo de 5 días”.

Por otro lado, sobre la situación procesal del empresario Juan Carlos Barrabés, señala que debe deducirse testimonio de las actuaciones y se debe remitir todo al Servicio Común General de Registro y Reparto para que sea enviado de nuevo a su juzgado para que continúe el procedimiento por el cauce correspondiente. Cumple así con lo que mandataba la Audiencia Provincial.

Fue el pasado 16 de julio cuando los magistrados de la Sección 23 acordó avalar la decisión del juez de que el caso abierto en 2024 contra Begoña Gómez siga por el procedimiento del Tribunal del Jurado. Esta decisión supone que será un jurado popular conformado por nueve residentes en la Comunidad de Madrid quien emitirá un veredicto sobre la culpabilidad o no culpabilidad de Begoña Gómez por dos delitos: tráfico de influencias y malversación.

El tribunal rechazó que Gómez sea juzgada por apropiación indebida y corrupción en los negocios, como también pretendía Peinado, pero eso no la libra del tribunal ciudadano porque los dos delitos que respalda la segunda instancia son los que marcan el tipo de juicio al que será sometida la mujer del presidente del Gobierno. Más del 90% de los juicios en un tribunal del jurado acaban en condena.

El juez Juan Carlos Peinado perderá protagonismo en las próximas horas o días en el caso contra Begoña Gómez. Cinco jueces de la Audiencia Provincial de Madrid ya han adoptado la decisión clave sobre la mujer del presidente del Gobierno: avalan la parte sustancial de la atrabiliaria instrucción del magistrado y Gómez acabará sentada ante un tribunal del jurado por los delitos de tráfico de influencias y malversación. En esa decisión ha tenido un papel clave María del Rosario Esteban Meilán, presidenta de la Sección 23 de la Audiencia Provincial, quien acordó que fueran los cinco magistrados que la componen quienes participen en la decisión sobre lo que ella y dos más han venido haciendo hasta ahora.

Esteban Meilán es una de las aspirantes a alcanzar la cumbre profesional de cualquier magistrado especializado en Derecho Penal: acceder a la Sala Segunda del Tribunal Supremo a través de una de las plazas que se deben renovar en los próximos meses por jubilación. Fuentes del Poder Judicial sitúan en septiembre el comienzo de las entrevistas, después de los primeros encontronazos entre los sectores conservador y progresista sobre los candidatos y los tiempos para los nombramientos. La Sala Segunda es la máxima instancia penal y recientemente ha condenado al exministro socialista José Luis Ábalos a 24 años de cárcel y a dos años de inhabilitación al ex fiscal general Álvaro García Ortiz.

María del Rosario Esteban Melián ha participado en las decisiones que han permitido a Peinado hacer crecer una denuncia de Manos Limpias basada en recortes de prensa hasta construir una procelosa y enrevesada instrucción contra la mujer de Pedro Sánchez. La Sección 23, como segunda instancia que revisa las decisiones de Peinado, ha corregido algunos de sus despropósitos, como su insistencia por implicar a Begoña Gómez en el rescate de Air Europa –en contra incluso de los informes de la UCO–, atribuirla el delito de intrusismo profesional o imputar a varias personas que no tenían relación con los hechos. Sin embargo, la sección de Esteban Melián ha avalado, cuando no impulsado, las tesis de Peinado que pueden servir para sentar a la mujer del presidente del Gobierno en el banquillo, esto es, las acusaciones por tráfico de influencias y malversación, que la ley obliga, además, a juzgar ante un tribunal popular.

El máximo exponente de este fundamental apoyo de la sección al magistrado, opacado por las extravagancias de Peinado, se produjo en diciembre pasado, cuando la sección de Esteban Meilán se llevó la contraria a sí misma y avaló que se investigara por malversación y llamar a declarar María Cristina Álvarez, la asistente de Begoña Gómez, cuando antes había resuelto lo contrario.

El 12 de junio de 2025, Esteban Meilán y sus compañeros habían resuelto que “el funcionario ilícitamente destinado a cubrir necesidades o utilidades privadas de su superior o encargado no puede cometer delito de malversación, que solo cometería quien lo destina o aprovecha”. En el auto de diciembre, Melián y sus compañeros incluían otro razonamiento que ya podría justificar la imputación por malversación de la asistente, una “modalidad comisiva” del delito consistente en no haber evitado “el resultado lesivo contra el patrimonio público” que supuso enviar correos electrónicos de parte de Begoña Gómez.

Fue ese auto de diciembre el que comenzó a dibujar un panorama sombrío para Begoña Gómez. La Sección 23 llegaba a decir que Cristina Álvarez era la primera asistente de una mujer de presidente del Gobierno que no era experta en protocolo, una afirmación manifiestamente contraria a la realidad si se repasa la trayectoria de la mayoría de sus predecedores, entre ellos el miembro de la actual Ejecutiva del PP Jaime de los Santos, fotografiado llevando las bolsas de la compra a Elvira Fernández, esposa del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

La trascendencia de la decisión que se conoció el jueves 16 de julio está detrás del acuerdo de Esteban Melián para que los dos magistrados que no habían venido participando en las respuestas a los recursos contra las decisiones de Peinado se incorporen esta vez. Un aval por unanimidad a que se juzgue a la mujer del presidente del Gobierno pese a la ausencia completa de indicios, que denuncian las defensas y la Fiscalía, reforzaría el sentido de la resolución de la sección que preside la aspirante a magistrada del Supremo, explican fuentes jurídicas.

Aunque ella es la presidenta de la sección, los autos que han ido guiando la instrucción de Peinado han sido redactados por Enrique Bergés de Ramón. El ponente de las resoluciones y otros dos compañeros que también van a participar en la decisión clave sobre Begoña Gómez combatieron judicialmente la medida del Gobierno progresista que más ha encendido los ánimos de toda la derecha judicial, la Ley de Amnistía. Bergés de Ramón, José Sierra Fernández y Jesús Gómez Angulo aprovecharon que tenían que decidir sobre un manifestante acusado de desórdenes y atentado a la autoridad, que había participado en una manifestación en Madrid contra las condenas del procés, para presentar un recurso ante el Constitucional por la Ley de Amnistía.

Los tres jueces argumentaban que los hechos sobre los que tenían que decidir estaban dentro del “ámbito objetivo, temporal e intencional de la aplicación de la Ley de Amnistía” y que, por tanto, el nuevo texto legal debía beneficiar al condenado. En consecuencia, suspendieron el procedimiento y plantearon el recurso ante el intérprete de la Norma Fundamental. En su recurso citaban un informe de la entonces mayoría conservadora del Poder Judicial, con el mandato caducado y sin competencias para emitirlo. Es el único recurso contra la Ley de Amnistía que un tribunal presentó fuera de Catalunya.

Las vacantes

En concreto, Esteban Meilán aspira a ocupar una de las tres plazas que quedarán vacantes en la Sala de lo Penal por jubilación: las de Andrés Palomo, la de Ángel Hurtado -el instructor del caso del ex fiscal general- y la de Juan Ramón Berdugo. A esas se suma la de Miguel Colmenero, que debe ser renovada por el turno de juristas. Y en diciembre se abrirá el plazo para las tres nuevas plazas creadas por Justicia para esa Sala concreta, de las que una será asignada a Susana Polo. Quien decide esos nombramientos es el Consejo General del Poder Judicial y, dado que se trata de magistrados del Alto Tribunal, se requiere la mayoría de tres quintos de los vocales del Consejo. La presidenta tiene voto de calidad en caso de empate.

Todo apunta a que a partir de septiembre los bloques conservador y progresista iniciarán conversaciones, de nuevo, para una renovación en bloque de esas cuatro plazas más la de la Sección Tercera del Supremo. Ya en mayo hubo un contacto formal que acabó descarrilando. Con todo, se emplazaron a seguir negociando aunque fuentes jurídicas consultadas temen que ese acuerdo no sea rápido y más entrando ya en un periodo preelectoral.

Esteban Meilán, que aprobó las oposiciones a juez en febrero de 1986, ya optó sin éxito en mayo de 2018 a ser magistrada de la Sala de lo Penal de Supremo a pesar de que coincidía que ese mismo mes concursaba para presidir la Sección 23. Entonces, argumentó que había sido profesora de Derecho Penitenciario en el Instituto de Estudios Profesionales del CEU, que había escrito una decena de publicaciones jurídicas o, incluso, que desempeñaba todo su trabajo “a través de ordenadores” o que entregaba sus resoluciones “en pendrive”.

Entre la casi treintena de aspirantes constan también nombres como el del magistrado Enrique López, quien fuera consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y ex magistrado del Constitucional que ahora está en la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional; el del magistrado José Ricardo Prada, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que fue el responsable de los párrafos clave de la sentencia del caso Gürtel en 2018 que provocó la moción de censura que acabó con el Gobierno de Mariano Rajoy; o el del magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que en 2024 fue objeto de críticas por su comentario sobre la exministra de Igualdad Irene Montero de la que dijo a raíz del término 'consentimiento' que “nunca aprenderá desde su cajero de Mercadona”.

Julio es un mes en que la política funciona a medio gas a la espera de que cierre por completo la ventanilla en agosto. Donde sí están trabajando a conciencia es en la justicia y ya sabemos que ese es uno de los escenarios fundamentales de la política española. Es así porque hay procedimientos judiciales muy importantes que afectan a los políticos y porque las asociaciones judiciales y unos cuantos magistrados decidieron hace tiempo que tenían derecho a intervenir en política. Para ellos, la separación de poderes solo funciona en un sentido. Ellos sí creen tener derecho a implicarse en la confrontación política, como hicieron al manifestarse contra la ley de amnistía antes de que estuviera redactado el proyecto de ley.

Pocos de ellos son más conocidos que el juez Juan Carlos Peinado, que ha protagonizado una instrucción en el caso de Begoña Gómez que ha sido demencial y ha estado repleta de errores jurídicos, autos mal escritos y nada motivados y hasta un loco intento de implicar a un ministro (Bolaños) que el Tribunal Supremo cortó de raíz. La Audiencia de Madrid anuló muchos de sus autos en un porcentaje insólito y además sobre asuntos clave, pero al final esta semana ha aceptado su decisión de llevar a juicio a la esposa de Pedro Sánchez, aunque solo por dos delitos, tráfico de influencias y malversación.

Frente a los que piensan que las decisiones de los jueces en casos que implican al Gobierno son sagradas, el análisis de autos y sentencias es un derecho en una sociedad democrática, incluso una necesidad. Curiosamente, los mismos que dicen que el Gobierno o la izquierda ponen en peligro la independencia judicial con sus críticas son los que ahora rechazan el veredicto de la justicia europea, el TJUE, sobre la ley de amnistía. Los hay que, como plañideras interesadas, alegan que España está abandonada, que no tendrá ninguna ayuda exterior para salvarse y que nadie puede confiar en Europa. Han perdido tantas veces en las instancias judiciales europeas que no se dan cuenta de lo endebles que son sus argumentos. 

La Audiencia de Madrid ha completado el trabajo de Peinado y confirmado que el juicio de Gómez será con jurado. Según su relato, Begoña Gómez podría ser condenada por tráfico de influencias porque obligó a varias personas a colaborar para que prosperaran sus intereses económicos (y por malversación por el trabajo de su asesora personal en Moncloa). 

Los jueces hablan de su “privilegiada posición”. Aquí conviene reflexionar sobre ese concepto y su influencia en el caso. ¿Es un privilegio vivir en Moncloa? Desde luego, aunque no sea exactamente un palacio, sino una gran mansión. ¿Hay gente que puede estar interesada en conocerte porque eres la cónyuge del presidente? Eso es muy probable. ¿Tienes una vida muy diferente a la de un ciudadano normal? Claro. Vives en una residencia pagada con fondos públicos, cuentas con protección policial y asistes a muchos actos aburridos, pero también a otros excitantes. 

En el plano especulativo en el que se mueven últimamente muchas decisiones judiciales, incluso en sentencias, los cinco jueces de Madrid alegan que el parentesco con el presidente “puede comportar una presión moral eficiente a efectos de conformar el delito de tráfico de influencias”. Pero una investigación de los indicios del caso debería haber encontrado ejemplos de esa presión irresistible que obligara a alguien a favorecer a Gómez en contra de sus primeras intenciones. No se ha hallado nada que pueda evocar una situación de ese tipo.

El auto plantea como precedente el caso Nóos y la condena a Iñaki Urdangarin y la consideración en esa sentencia de la influencia que tenía este por el hecho de estar casado con la hija del rey. Desde luego, cualquier parecido entre las cantidades que obtuvo Urdangarin y las conocidas en el caso de Begoña Gómez es inexistente.

Conceder a Gómez la dirección de una cátedra extraordinaria podría haber sido un buen ejemplo de esa recompensa, pero nadie ha probado que el rector de la Complutense fuera obligado a hacer algo que no quería. Un vicerrector comentó en su declaración que el proceso para la formación de esa cátedra fue más rápido de lo normal, pero también dijo que en ningún momento se violó la ley. 

En la Complutense de Madrid, hay registradas 44 cátedras extraordinarias hasta marzo de este año. Muchas de ellas están patrocinadas por empresas privadas que aportan dinero. La existencia de estas cátedras es una forma que tiene la universidad de financiarse. Como curiosidad, hay una en la Facultad de Farmacia (“cátedra extraordinaria de bebidas fermentadas”), apoyada económicamente por la Asociación de Cerveceros de España.

La dirección de la cátedra no le daba a Gómez la condición de catedrática, pero la Audiencia de Madrid afirma que sí le concedió “prestigio personal o reputacional de su carrera académica con acceso a múltiples recursos y eventos”. Seguro que fue bueno para su ego, además de para seguir teniendo una actividad profesional –cierto que de no gran nivel– durante el tiempo en que su marido era el presidente. Para valorar ese prestigio, deberíamos meternos en un terreno bastante subjetivo. 

En el tema de los ingresos económicos recibidos, la Audiencia ofrece la mayor perla de su auto. Sostiene que Gómez “disparó sus ingresos de forma exponencial”, aunque de inmediato reconoce que con “cifras muy moderadas”. Vamos a ver, ¿es mucho dinero o poco? ¿Esos magistrados conocen el significado de la palabra 'exponencial'? Porque no lo parece.

Recapitulando, Gómez cobró cero euros por dirigir esa cátedra. Cobró cero euros por el software financiado por la aportación de empresas privadas para su uso gratuito por otras compañías. Cobró una cantidad pequeña de dinero por dirigir los másters integrados en esa cátedra. Sus ingresos más altos fueron en 2022 con 14.900 euros anuales. 14.000 euros fue la cifra del salario mínimo de ese año. 

¿Begoña Gómez utilizó su “privilegiada posición” y la “presión moral” sobre otros que le daba el hecho de ser la mujer de Sánchez para “disparar” sus ingresos hasta recibir la escuálida cantidad de 14.000 euros anuales en uno de esos años? 

Los jueces de Madrid dejan claro un criterio para el futuro. Ningún cónyuge de un presidente debería plantearse trabajar por su cuenta. Aunque no haga nada ilegal, su parentesco seguirá causando una “presión moral” sobre las personas con las que se relacione si están en algún organismo público, como una universidad. Y si no gana dinero (como por el uso del software para empresas) o gana muy poco dinero (por las cantidades percibidas por dirigir un máster), da completamente igual. Unos jueces dirán que el beneficio es inmaterial o que se puede medir en términos de prestigio social. Será mejor que tenga un hobby que llene su tiempo.

Da igual lo que digan los testigos

El tribunal que condenó a David Sánchez a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación dejó una frase muy reveladora sobre sus intenciones. Despreció no ya las declaraciones de los otros acusados, sino también de los testigos –directores de conservatorio– que declararon en el juicio que Sánchez estaba capacitado para el puesto y realizó las funciones por las que fue contratado. Se atuvo a lo manifestado en la vista por el teniente coronel de la UCO Antonio Balas. La Diputación de Badajoz es una institución jerárquica, como lo son todas y también las empresas privadas, por lo que no se puede creer a nadie que trabajara allí, fueran altos cargos o funcionarios.

“Como ya hemos apuntado, dichas personas forman parte de una estructura fuertemente jerarquizada, con tintes políticos, presidencialista, y dichas circunstancias conducen a que tengamos que poner en tela de juicio la credibilidad de los testimonios prestados por personas profesional y directamente relacionadas con los acusados cuando no dependientes de estos o militantes en el mismo partido”, dice la sentencia.

Para justificar que no se condene a los acusados por tráfico de influencias, el tribunal se ve obligado a reconocer que “no sabemos, en suma, quién o quiénes ejercieron presión o ascendencia sobre los responsables de realizar la tarea de torcimiento del Derecho, ni en qué concretos actos se materializó el influjo”. Ni en la instrucción ni en el juicio aparecieron pruebas de que alguien diera las órdenes en esa estructura tan jerarquizada para que se violara la ley.

Tanto tiempo escuchando que lo que cuenta de cara a la sentencia es lo que se diga y se pruebe en la vista y que la instrucción solo sirve para decidir si se debe celebrar un juicio y ahora llegamos a la conclusión de que las declaraciones de los testigos son irrelevantes si trabajan en una institución. Lo que importa es la opinión de los investigadores policiales y sus deducciones sobre el funcionamiento de una Diputación en este caso, a pesar de que no se puede decir que sean expertos en Derecho Administrativo. Bajo estas condiciones, es difícil desechar la idea de que los jueces tenían claro el veredicto antes de que empezara el juicio.

Nunca un instructor recibió tantos varapalos de la instancia superior encargada de revisar sus decisiones. Y pese al rosario de correcciones acumuladas en la instrucción de una única causa, ese juez podrá seguir adelante con un proceso penal donde los indicios se desvanecen como humo en el aire cuando se pone la lupa sobre ellos.

Juan Carlos Peinado ha logrado su objetivo: llevar a juicio a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por malversación y tráfico de influencias, dos delitos menos de los que él mismo le atribuía. La sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha censurado a Peinado como a ningún otro juez antes, desmontando parte de su instrucción por vulnerar derechos fundamentales de los imputados y por falta de motivación. Pero ha dado su bendición a la cacería judicial contra la mujer del presidente manteniendo viva la causa con sus delitos principales.

La lupa que han usado esos magistrados para examinar el caso tiene un aumento muy limitado. Nunca acabaron de apreciar las numerosas impurezas que invalidan todo el proceso. Esos magistrados llevan dos años anulando diligencias ordenadas por el juez Peinado y, a la vez, manteniendo casi intacta la parte principal de la causa pese a la ausencia de indicios sólidos sobre los delitos investigados.

El catálogo de irregularidades detectadas en la instrucción es abundante. La sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha anulado desde que comenzó el procedimiento varios registros ordenados por el juez Peinado al empresario Juan Carlos Barrabés mientras estaba en la habitación de un hospital, incomunicado y muy grave; ha obligado a retirar la imputación sobre el rector de la Complutense –Joaquín Goyache–, sobre un directivo del Instituto de Empresa –Juan José Güemes–, sobre la secretaria general de Presidencia –Judith González–, sobre el delegado del Gobierno en Madrid –Francisco Martín–; y ha prohibido al juez investigar supuestos delitos, como el rescate de Air Europa, basados en meras conjeturas o en mentiras groseras publicadas por medios de comunicación. El Tribunal Supremo también desestimó una exposición razonada del juez Peinado para imputar al ministro de Justicia, Félix Bolaños.

En el último acuerdo comunicado ayer por los cinco magistrados de la Sección 23, la Audiencia Provincial ha vuelto a anular decisiones muy relevantes de Peinado, aunque no todas, ni siquiera las principales. Ha retirado dos de los cuatro delitos por los que el juez quería llevar a juicio a Begoña Gómez y a su asistente, Cristina Álvarez, y ha anulado las medidas cautelares –retirada de pasaportes y comparecencia quincenal en el juzgado– que el instructor impuso por un discutible riesgo de fuga y ante la posibilidad, todavía más discutible, de que los escoltas de la Policía que acompañan a la mujer del presidente colaboraran con ella en su huida.

La sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid lleva dos años salvando al juez Juan Carlos Peinado, que es una forma de mantener acorralado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los supuestos delitos de su mujer –antes cuatro, ahora solo dos (tráfico de influencias y malversación de fondos públicos)–. Para justificar que se juzgue a Begoña Gómez, los magistrados escriben lo siguiente: “Parece perfectamente verosímil sostener en el caso que nos ocupa y con el canon de la simple probabilidad ahora exigible, que la investigada logró el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del Presidente del Gobierno”. El “canon de la simple probabilidad ahora exigible” permite a estos magistrados sentar en el banquillo a Begoña Gómez, pese a la torticera instrucción de un juez al que le han corregido ellos mismos por vulnerar derechos fundamentales de los imputados o no motivar sus resoluciones.

Los mismos magistrados explican por qué los actos de cualquier esposa de un presidente de Gobierno que logre dinero privado para una actividad docente en la universidad pública tienen una alta probabilidad de ser delictivos, aunque no exista una sola prueba sólida para justificar la sospecha: “La sola relación de parentesco por vínculo matrimonial con la más alta autoridad del gobierno de la Nación, en determinados contextos y circunstancias, como los aquí analizados, puede comportar una presión moral eficiente a efectos de conformar el delito de tráfico de influencias”. Indra, Telefónica o Google aportaron dinero para un trabajo de investigación comprometido en la cátedra. Estas empresas, dos de ellas participadas por el Estado, aseguraron que subvencionan múltiples proyectos de universidades públicas y que su aportación a la cátedra dirigida por la esposa del presidente no tuvo que ver con el parentesco de esta con Pedro Sánchez. Pero a la Audiencia Provincial le da igual. Si eres la mujer del presidente, mejor no trabajes, porque cualquier cosa que hagas o que consigas para la universidad pública puede acabar siendo un delito de tráfico de influencias.

A los magistrados de la Audiencia Provincial, que llegaron a escribir de manera inveraz en uno de sus autos que los asistentes de las mujeres de los presidentes son “funcionarios expertos en protocolo”, parece no importarles demasiado que los supuestos delitos de Begoña Gómez por los que será juzgada le reportaron un beneficio bruto de cero euros en los ocho años investigados, desde que su marido accedió a la presidencia del Gobierno. Aunque admiten que no cobró nada como codirectora de la cátedra de Responsabilidad Social Corporativa creada a iniciativa suya en la Complutense, porque lo prohibía la propia Universidad, encuentran un beneficio ridículo en la actividad de Begoña Gómez como profesora para justificar su resolución: “Está fuera de toda duda el beneficio que la creación de la Cátedra y su nombramiento como directora (luego codirectora) le comportó: prestigio personal o reputacional de su carrera académica con acceso a múltiples recursos y eventos, relanzamiento de los propios master insertos en la Cátedra, lo que disparó sus ingresos de forma exponencial, por más que, en todo caso, hablemos de cifras muy moderadas (desde los modestos 1050 euros del año 2014-2015 o los 750 € del año 2015/2016 a los 14.595 del año 2020/2021 o los 14.900 del año 2021/2022) y, esto es el dato clave, le confirió un «paraguas institucional», en expresión de su propia defensa, que le permitió obtener financiación, y disponer de ingresos para contratar servicios técnicos especializados por importe de cientos de miles de euros, eso sí, carente de un control efectivo y sin pleno sometimiento a los procedimientos ordinarios de contratación”. La financiación privada que obtuvo no fue para Begoña Gómez sino para la Universidad Complutense. La disposición de ingresos para contratar servicios técnicos especializados sólo sirvió para financiar tareas de investigación de la universidad pública. “Disparó sus ingresos de forma exponencial”, escriben sin rubor los magistrados para, a continuación, reconocer que se trata de “cifras muy moderadas”, o por decirlo de manera comprensiva, logró una remuneracióno anual que estaba por debajo del salario mínimo interprofesional. El argumento torticero de los cinco magistrados concluye comparando sus ingresos de 2022 (14.900 euros) con los de 2014 (1.400 euros), cuando también daba clases en la Universidad -aunque su marido no era todavía líder del PSOE y tenía otros ingresos privados muy superiores-. Que los firmantes del auto sostengan que está “fuera de toda duda el beneficio” que le reportó a Begoña Gómez la creación de la cátedra -y no a la Universidad Complutense para la que consiguió más de medio millón de euros en patrocinios- es tan descabellado como las imputaciones de delitos que el juez Peinado decidió colgar sobre cinco personas inocentes y que luego anuló la propia Audiencia Provincial.

El juez Peinado husmeó en todas las cuentas bancarias de la mujer del presidente sin hallar un solo euro sospechoso de haberse beneficiado de ese tráfico de influencias que le imputa. No hay en la causa un solo indicio sólido del delito que Peinado vio muy claro desde el principio a cuenta de dos cartas de apoyo firmadas por Begoña Gómez como codirectora de una cátedra en la Universidad Complutense. Eran cartas incluidas en una propuesta del empresario Juan Carlos Barrabés presentada a dos concursos públicos de Red.es. La investigación de la UCO no detectó ni una huella mínima de que la adjudicación de esos contratos tuviera relación con la influencia de Begoña Gómez o el peso de sus escritos de apoyo. Había otras 32 cartas similares firmadas por distintas instituciones, entre ellas el Ayuntamiento de Madrid gobernado por el PP. Pero es que, además, la Fiscalía Europea investiga estos hechos sin encontrar, tras dos años de interrogatorios a más de 50 personas, ni rastro de ese tráfico de influencias de Begoña Gómez origen de esta causa que va a llegar a juicio.

El segundo delito, malversación de fondos públicos, investigado un año después de que se abriera la causa, se basa en la ayuda que prestó Cristina Álvarez, la asistente de Begoña Gómez, en las gestiones privadas de la mujer del presidente para los cursos que organizó en la Universidad Complutense. El abogado de Álvarez lo justifica así: “Los hechos atribuidos a Cristina Álvarez en esos ocho años que lleva en su puesto de asistente son una llamada telefónica, asistencia a doce eventos (un evento y medio al año), redacción de siete correos electrónicos (menos de un correo al año) y asistencia a cuatro reuniones (media reunión al año)”.

Un premio al instructor

“La acusación”, continúa, “califica como malversación el hecho de que una empleada con una dedicación anual de 1.751 horas, que en los años investigados trabajó 455 horas más de las previstas contractualmente, dedicara una parte mínima e insignificante de su jornada a los actos antes enumerados. Todas las actividades que la acusación considera constitutivas de malversación forman parte de las funciones que tenía asignadas Cristina Álvarez, según consta en el certificado emitido por Presidencia del Gobierno, que describe sus cometidos como: ”(i) La gestión de la agenda y (ii) la preparación de la presencia en reuniones, visitas y/o eventos, (iii) la gestión y administración de las comunicaciones, la asistencia telefónica y documental, (iv) el acompañamiento en desplazamientos y (v) la interlocución y coordinación con los equipos de protocolo, seguridad, asuntos exteriores y resto de departamentos implicados en la organización de actos y viajes del Presidente del Gobierno o derivados de su propia agenda“.

La cátedra que se creó en la Complutense fue idea de Begoña Gómez, quien colaboraba desde 2012 en esa Universidad como profesora de distintos cursos. La mujer del presidente logró el patrocinio de numerosas empresas privadas para la cátedra que codirigió, de manera que la universidad no dedicó un solo euro público a esa actividad. Cuando la Complutense canceló la cátedra, en la caja quedaban 25.000 euros de remanente propiedad de la universidad.

Con estos antecedentes, la Audiencia Provincial de Madrid ha decidido que la mujer del presidente tiene que someterse a juicio por tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. Es un premio al juez Peinado por la instancia superior que corrigió y censuró una buena parte de su instrucción. Los firmantes de este desenlace judicial controvertido son los magistrados Enrique Jesús Vergés, María del Rosario Esteban, José Sierra Fernández, Jesús Gómez-Angulo, y Carlos Prat.

El pleno de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha acordado avalar la decisión del juez Juan Carlos Peinado de que el caso abierto en 2024 contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, siga por el procedimiento del Tribunal del Jurado. Esta decisión supone que será un jurado popular conformado por nueve residentes en la Comunidad de Madrid quien emitirá un veredicto sobre la culpabilidad o no culpabilidad de Begoña Gómez por dos delitos: tráfico de influencias y malversación.

El tribunal rechaza que Gómez sea juzgada por apropiación indebida y corrupción en los negocios, como también pretendía Peinado, pero eso no la libra del tribunal ciudadano porque los dos delitos que respalda la segunda instancia son los que marcan el tipo de juicio al que será sometida la mujer del presidente del Gobierno. Más del 90% de los juicios en un tribunal del jurado acaban en condena.

Junto a Begoña Gómez será juzgada su asistente, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación de caudales públicos, aunque solo en relación con el supuesto desvío del software de la Complutense, por lo que la colaboradora de Gómez no será juzgada por tráfico de influencias. Además, se sobresee para todos la acusación por delito de corrupción en los negocios.

En cuanto al delito de apropiación indebida que imputaba a Begoña Gómez, los magistrados explican que el posible perjuicio a la Complutense por que la esposa de Sánchez se hiciera con el software desarrollado en el marco de la cátedra que codirigía no puede enmarcarse en los delitos de administración desleal o apropiación indebida porque estos sólo se cometen sobre patrimonios privados y por personas que no tiene la condición de funcionarios públicos. Advierte, en cambio que el Código Penal contempla otras formas de protección jurídica en los casos de patrimonios públicos, “en este caso mediante el delito de malversación”.

Del procedimiento por Ley del Jurado se separa a Juan Carlos Barrabés Cónsul, contra el que se seguirá la investigación en procedimiento abreviado en lo relativo a la legalidad o ilegalidad de las adjudicaciones de los contratos públicos.

Además, la Sala acuerda el levantamiento de las medidas cautelares personales acordadas respecto de las investigadas, consistentes en la prohibición de salir del país, la entrega del pasaporte y la obligación de firmar cada quince días ante la autoridad judicial, sin perjucio de que ambas estén localizadas en todo momento.

El tribunal sostiene que la decisión de Peinado de llevar el procedimiento por el tribunal del jurado “no puede reputarse arbitraria ni contraria a Derecho, en la medida en que identifica los delitos que, de manera indiciaria, pudieran resultar aplicables y justifica la continuación del procedimiento por dicho cauce”.

Y sobre esos indicios, los jueces de la Sección 23 afirman: “Parece perfectamente verosímil sostener en el caso que nos ocupa y con el canon de la simple probabilidad ahora exigible, que la investigada logró el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del Presidente del Gobierno”.

La defensa de Begoña Gómez ha sostenido que la mujer del presidente no obtuvo un solo euro por la Cátedra extraordinaria que dirigió en la Complutense y que le propuso crear el rector. Pero eso no es óbice para que los jueces de la Sección 23 concluyan indiciariamente que Gómez obtuvo un beneficio de ello.

“No tiene mucho sentido que se establezca como argumento defensivo esencial el carácter gratuito de la dirección de la Cátedra, lo que es formalmente cierto según ha acreditado la UCM, cuando está fuera de toda duda el beneficio que la creación de la Cátedra y su nombramiento como directora (luego codirectora) le comportó: prestigio personal o reputacional de su carrera académica con acceso a múltiples recursos y eventos, relanzamiento de los propios máster insertos en la Cátedra, lo que disparó sus ingresos ese concepto de forma exponencial, por más que, en todo caso, hablemos de cifras muy moderadas”. Begoña Gómez cobró menos de 40.000 euros de la Complutense en total a lo largo de una década.

La “presión moral” que ejerce al ser la mujer del presidente

Las consideraciones de los jueces de la Sección 23 sobre lo que implica ser mujer del presidente del Gobierno abocan a que nunca más una esposa del jefe del Ejecutivo vuelva a tener una carrera profesional activa mientras viva en Moncloa. “La sola relación de parentesco por vínculo matrimonial con la más alta autoridad del Gobierno de la Nación, en determinados contextos y circunstancias, como los aquí analizados, puede comportar una presión moral eficiente a efectos de conformar el tráfico de influencias”, recoge su resolución.

Los magistrados restan importancia a que la Cátedra Extraordinaria fuera creada con respeto a la normativa. En este sentido, llegan a decir que por ser la mujer del presidente del Gobierno “se ejerció una presión moral suficiente como para mover la voluntad de la autoridad académica de la UCM, obteniendo la decisión no solo de crear la cátedra sino de nombrarla directora, permitiéndola así sufragar con financiación pública el proyecto de desarrollo de una herramienta digital de medición que pretendía de uso y titularidad personal o privada”.

Sobre el software que se creó al calor de esa cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC), los cinco magistrados explican que como es un bien intangible, “su valor contable no depende de un soporte físico, sino de su capacidad estratégica y operativa en el mercado”. E indican que lo que está claro es que “tiene una valoración económica y por ello un beneficio para el que puede disponer de él”.

Afea a las defensas que en sus recursos dijeran que esa aplicación “tenía un carácter gratuito” porque con esto se pretende separar la motivación económica que implicó su creación. “Todos sabemos un software puede ser totalmente gratuito para el usuario, pero detrás de su gratuidad siempre existen diferentes modelos de negocio o filosofías de distribución que financian su existencia de los cuales se puede extraer un beneficio económico”. añaden. Por eso, inciden en que Begoña Gómez “ayudada por su asistente” buscó indiciariamente con ese software “la obtención de un beneficio patrimonial”y por tanto el delito se enmarca en la malversación. Y aclaran que a pesar de que la esposa de Sánchez no es funcionaria sí puede cometer ese delito “porque cuando asume la codirección de la Cátedra asume funciones de protección del patrimonio público”.

En cuanto al posible delito de malversación que cometería Gómez por el uso de su asistente para tareas privadas, la Sala reproduce jurisprudencia para resolver que sí se puede encuadrar esa utilización en el tipo delictivo. “”Entre los elementos del patrimonio de la titularidad del ente público que el recurrente dirigía se encuentra los recursos humanos. Es decir, los empleados cuya actividad el acusado hizo desenvolverse en su privado beneficio“, pone a modo de ejemplo de una sentencia previa.

En este sentido, abunda en que la conducta de Cristina Álvarez está íntimamente relacionada con las atribuciones personales dadas por Begoña Gómez. “Existen indicios que el trabajo que desempeñó para ésta excede de su apoyo institucional dado a la mujer del presidente del Gobierno”. Pero desliga a la asistente del tráfico de influencias porque “no existen indicios que permitan afirmar que intervino en el nombramiento como codirectora de la Cátedra -a Begoña Gómez-, por lo que no podría cometer ese delito”.

En cuanto al empresario Juan Carlos Barrabés, la Sala entiende que no puede imputarle el juez ser colaborador del delito de tráfico de influencias porque debería haber acreditado “la existencia de una relación de causalidad” entre las cartas de recomendación firmadas por la esposa de Sánchez y que fueron incorporadas a los expedientes administrativos y la adjudicación de los contratos públicos. “En este sentido, la eventual adjudicación irregular de dichos contratos podría constituir un delito de prevaricación administrativa que, además, no ha sido suficientemente investigado en las presentes actuaciones”, apostilla. Por eso, entiende que procede continuar la investigación de los hechos en lo relativo a la legalidad o ilegalidad de las adjudicaciones de los contratos públicos, debiendo sustanciarse dicha investigación en un procedimiento judicial distinto.

La corrupción en los negocios

Sobre el delito de corrupción en los negocios, que descarta, explica que Peinado entiende que la captación de fondos para la Cátedra se habría llevado a cabo de forma irregular, al margen de los cauces propios del patrocinio universitario.Pero recuerda la Sala que ese tipo de delito debe ocurrir en un contexto específico de tráfico mercantil entre empresas privadas “en el que se produzca una quiebra de los deberes de lealtad y objetividad” que produzcan un perjuicio de la empresa o del correcto funcionamiento del mercado. Recalca que se supuesto no se da en este caso concreto porque se trata de “un sistema de captación de fondos vinculado a un proyecto académico”.

“Los indicios expuestos no permiten concluir que las empresas implicadas hubieran realizado pagos personales, concedido ventajas específicas o abonado retribuciones injustificadas a favor de Begoña Gómez o Cristina Álvarez, ni que tales beneficios hubieran condicionado de forma efectiva un favorecimiento indebido en el ámbito del tráfico económico”, añade. Por todo lo expuesto, explica el auto, no existen indicios suficientes para concluir que se está ante un supuesto de captación directa de fondos por parte de los investigados destinado a generar una posición de privilegio empresarial mediante la concesión o recepción de ventajas indebidas, ni que concurra el elemento de beneficio recíproco.

La Audiencia Provincial de Madrid ha dejado sin efecto la imputación de la exconsejera de la Junta de Extremadura y actual presidenta de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), Olga García, que había sido acordada por el juez Juan Carlos Peinado. La causa investigaba la emisión de informes favorables para la construcción de la planta solar Tagus V en un espacio natural protegido de Alcántara (Cáceres).

La Sección Primera del tribunal madrileño ha tomado esta decisión al estimar el recurso de apelación presentado por la Abogacía del Estado, una impugnación a la que también se adhirió la Fiscalía. La resolución judicial concluye que el juez del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid prorrogó la investigación de la planta solar fuera de plazo, lo que invalida radicalmente las actuaciones y citaciones posteriores, incluida la de la exconsejera Olga García, que estaba fijada para el próximo 7 de octubre.

La confirmación de este archivo técnico ha sido difundida por el Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (Fondenex), organización que presentó la denuncia original en mayo de 2024 ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia de Alcántara. A juicio de este colectivo, este fallo administrativo por un “error de fechas” procesales “no puede encubrir la emisión de informes para justificar una DIA (Declaración de Impacto Ambiental) favorable en un espacio protegido”.

Informes bajo sospecha en zona protegida

La asociación ecologista sostiene que la Consejería de Transición Ecológica y Sostenibilidad, durante el Gobierno de Guillermo Fernández Vara, remitió informes al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) que posibilitaron la aprobación del proyecto fotovoltaico en terrenos declarados de alto interés ambiental: una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), el Parque Internacional del Tajo y la Reserva de la Biosfera.

El colectivo insiste en que la construcción de este tipo de infraestructuras industriales en terrenos de la Red Natura 2000 es incompatible con la normativa autonómica, nacional y de la Unión Europea.

Según denunció recientemente el presidente de Fondenex, Francisco Blanco, los informes del departamento autonómico “no concuerdan con la realidad ambiental de la zona, minusvalorando, cuando no ignorando, los valores ecológicos del área, alterando su realidad y todo dirigido a obtener una DIA positiva”. Añaden que el proyecto conllevaba la destrucción del hábitat de diversas especies de aves protegidas, como el águila imperial ibérica, el águila real, la cigüeña negra y el buitre negro, así como del lince ibérico.

Los denunciantes anuncian que insistirán en la demanda

Pese al revés procesal derivado de los plazos de instrucción, Fondenex ha anunciado que “reiniciará la demanda contra la exconsejera y su director general por favorecer la alteración irreversible de un espacio protegido”, al tiempo que les ha animado a querellarse contra la asociación si se sienten ofendidos por sus acusaciones.

“Será la mejor forma de continuar la querella. Un posible error de fechas no puede dejar impune una agresión contra el patrimonio natural de Extremadura”, han señalado desde la organización conservacionista. Asimismo, han criticado la trayectoria de la exdirigente socialista al manifestar que “si la señora García tuviera la más mínima dignidad, dimitiría, pero es más fácil ser presidenta de Enresa a través de las puertas giratorias”.

La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha recurrido la decisión del juez Juan Carlos Peinado de requerirle que pruebe que efectivamente viajó a Reino Unido a la graduación de su hija. A pesar de que recuerda que Reino Unido ya no pone sellos en los pasaportes, aporta los billetes de ida a Londres y de vuelta desde Bristol para demostrar que efectivamente sí hizo ese viaje, que era el permitido por el juzgado después de que le levantara de forma extraordinaria la prohibición de salir de España y la devolución temporal de su pasaporte.

En ese recurso, al que ha tenido acceso elDiario.es, el letrado Antonio Camacho traslada a Peinado que su petición de que demuestre que efectivamente viajó a dónde le habían permitido es contrario a derecho, “una prueba diabólica”. Entiende que vierte en su defendida la responsabilidad de demostrar que no ha cometido delito -el de saltarse las medidas cautelares impuestas- y de demostrar su inocencia, cuando la ley establece que el juez quien debe probar la culpabilidad.

“Probar algo que no ocurrió, cuando ese algo no está concretado en un acto o lugar específico y determinado, constituye lo que la doctrina procesalista y la jurisprudencia denominan probatio diabólica: la exigencia de una prueba imposible o de dificultad desproporcionada que, por su propia naturaleza, ningún justiciable puede razonablemente satisfacer”, escribe Camacho.

Así, el abogado explica que, en caso de persistir en su empeño, lo que debe hacer es pedir a la UK Border Force de Reino Unido o a la Embajada del Reino Unido en España, a través de los cauces de cooperación judicial internacional, para que certifiquen los registros digitales de entrada y salida correspondientes al pasaporte de Begoña Gómez.

Añade que “la inexistencia de un sello físico de entrada en el pasaporte no constituye, en la actualidad, un indicio de que el desplazamiento al Reino Unido no hubiera tenido lugar, ni puede erigirse en elemento de prueba de la ausencia de entrada en dicho Estado”. En este sentido, el letrado dedica parte de su auto a actualizar los conocimientos de Peinado sobre los requisitos de entrada al Reino Unido.

El juez Juan Carlos Peinado ha regresado de vacaciones. Y a su vuelta, una de sus primeras decisiones ha sido solicitar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, que acredite en el plazo máximo de cinco días que finalmente viajó a Reino Unido para asistir a la graduación de su hija. Hace esta petición al comprobar que en el pasaporte, que le fue devuelto a Gómez de manera extraordinaria para ese viaje, no consta sello alguno que acredite que voló a ese país.

Así consta en una providencia del magistrado, a la que ha tenido acceso elDiario.es, y en la que recuerda que se levantaron las medidas cautelares para Begoña Gómez de prohibición de salir de España y retirada de pasaporte de manera “excepcional”. Quiere saber si ha hecho uso de ese pasaporte “para el concreto fin para el que se dejó sin efecto la medida cautelar” y si “ha sido llevado a cabo acto alguno que pudiera ser constitutivo de un delito de quebrantamiento de medida cautelar”.

Solicita esa acreditación después de que el Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) le haya informado de que en el pasaporte de Begoña Gómez, que ha devuelto al juzgado tras el viaje exprés a la graduación, no incorpora ningún sello de entrada o salida a ese país. De esa graduación y de la asistencia de Begoña Gómez a la misma existe un reportaje fotográfico del medio OkDiario.

Desde la implantación de los pasaportes electrónicos, el Reino Unido dejó de poner sellos de entrada y de salida en los pasaportes de quienes visitan el país. Sí que desde que se hizo oficial la salida del país de la Unión Europea, los ciudadanos comunitarios deben completar de forma electrónica un documento llamado ETA (Autorización Electrónica de Viaje) que es un permiso de entrada digital que exigen varios países. El Reino Unido devuelve con la autorización correspondiente para viajar ese ETA y Gómez debería poder mostrar el mismo a Peinado dado que le habrá llegado a su correo electrónico.

Fue el pasado 6 de junio cuando el juez Antonio Viejo, en sustitución del magistrado Juan Carlos Peinado -que estaba de vacaciones-, acordó permitir que la esposa del presidente del Gobierno viajara a Londres entre los días 8 y 10 de julio para que pudiese asistir a la graduación de su hija. En cambio, le prohibía trasladarse a la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía). Gómez entregó su pasaporte hace dos semanas para cumplir con las medidas cautelares decretadas por el magistrado, mientras espera a que se resuelvan los recursos pendientes ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Goméz había pedido viajar al extranjero entre los días 7 y 10 de julio para acompañar a Pedro Sánchez como parte de la delegación española en Ankara, a la que había sido invitada oficialmente. Pretendía que el regreso desde la ciudad turca se hiciera con una parada en Londres para asistir a la graduación de su hija. El abogado de Gómez argumentó que durante todo el viaje estaría acompañada por el dispositivo de seguridad de la Presidencia del Gobierno y una vez finalizado el trayecto el pasaporte sería devuelto al juzgado el siguiente día hábil.

El juez sustituto, tras analizar cada uno de los posicionamientos de las partes personadas, explicaba en su auto por el que daba luz verde a que Begoña Gómez viajara a Londrés que había una “buena relación de cooperación judicial entre España y el Reino Unido, incluso después del Brexit”. Y sumaba a esto que también pesaba en su decision “la naturaleza del evento al que se pretende asistir”: la graduación de su hija.

Por contra, sobre la petición de Gómez de asistir a la cumbre de la OTAN a la que había sido invitada como cónyuge del presidente del Gobierno, el juez se fijaba en que ella no tenía “intervención activa en dicha cumbre” sino que asistía por razones de “cortesía”. Añadía que “Turquía no pertenece al espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea” en el que la cooperación policial y judicial en asuntos penales se ve facilitada por la estructura institucional. Y por este motivo, consideraba que que es procedente “mantener la decisión cautelar” de manera que no vuele a Ankara. De esta forma, el juez estima parcialmente la petición de esposa de Sánchez.

El empresario Juan Carlos Barrabés, imputado por el juez Juan Carlos Peinado en el caso que investiga la cátedra de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y para quien las acusaciones piden seis años de cárcel –y la acusación, su absolución–, se ha defendido este jueves en una entrevista en El País en la que remarca su inocencia. “Esto consiste en tener cuatro o cinco mentiras muy gordas y repetirlas todo el rato”, ha asegurado sobre la causa que está a la espera de juicio.

“Mi participación en la cátedra fue inexistente. Cero patatero. De hecho, ahora me he enterado de que existía la cátedra. No he estado nunca y nadie me ha visto nunca en la cátedra”, remarca el empresario durante la entrevista, en la que también señala que no es “el socio de Begoña Gómez”. “No he tenido un aumento de ingresos por los concursos públicos, tenía un 10-12% en un mundo que crecía al 800%. Llevo toda la vida ganando concursos públicos. ¿Dónde está la pasta? A mí me han buscado en mi casa a ver si había pasta. Pero no tengo dinero negro. Nunca he tenido. Han venido a buscarme cuentas, y no las tengo”, insiste.

Barrabés recalca que “no hay relación” con Sánchez. Solo le vio “una vez en una reunión con ciento y pico empresarios” y luego, otra vez porque le llamó y le preguntó “cómo veía el tema de la innovación, las pymes y todo esto”. “No tengo una relación de asesor o algo así. No es verdad”, señala.

Sobre Gómez, apunta a que la conoció en 2010 en un evento sobre el futuro de la sostenibilidad. “Ella vino la primera vez a escuchar. Y la conocí allí y, ya está, no tiene más historia”. A partir de entonces, Barrabés explica cómo “en un momento dado” la mujer de Sánchez le llamó y le dijo “que estaba montando un máster de sostenibilidad”. “No surgió la idea de mí, ni nada por el estilo. Me pareció bien porque muchísima gente me preguntaba dónde podía estudiar sostenibilidad”, explica

“Tuvimos algunas reuniones para profesores, para la estructura. Yo tenía mucha experiencia en másteres. Pero, si se refiere a si soy su amigo, si me he ido a cenar con ella: no, nunca, jamás. No tengo amistad con ella. No conoce a mis hijos, no conoce a mi mujer. Hemos tenido una relación profesional. Y cuando yo he ido a La Moncloa es porque pensaba que era su oficina. Yo ayudé a hacer un máster de sostenibilidad social, y di dos o tres clases”, insiste, en respuesta al periodista.

“Son como los abogados de Torrente”

“¿Y tiene alguna relación actual con Begoña Gómez?”, le pregunta. “¡Qué va! Nada. Hace muchísimos años que no tengo relación. Creo que me puso un mensaje para Navidad. Que yo he estado a punto de morirme y no me ha llamado”, añade. Se refiere a su ingreso en el hospital durante la instrucción. “Este rollo de la deshumanización de la gente no está bien. Porque esto consiste en quemar y destrozar la vida. La gente que se deja instrumentalizar con estas cosas, tanto periodistas como entornos judiciales, no sabe lo que hace. No te puedes convertir en una herramienta para permitir que la gente haga el mal. Tienes que protegerte para que no te utilicen, para que no te instrumentalicen, para deshumanizar y fastidiar. Nos estamos jugando la democracia”, remarca.

De hecho, el empresario denuncia los pasos que dio el juez Peinado cuando él estaba “a punto” de morirse. “Es muy duro. Y ya cuando me enteré de que habían entrado en mi casa, con mis hijos... El otro día, en el juzgado, estaba viendo a los abogados de la acusación y pensé: 'Si son como los abogados de Torrente, frikis diciendo chorradas'”, ironiza. Barrabés tenía el síndrome de Poems, que es una enfermedad tumoral. Por eso, sentencia así sobre el proceso: “Esto no puede ser. Yo no quiero que declaren este juicio nulo, quiero ganarlo. No me da la gana que lo declaren nulo. No quiero porque eso es una salida muy fácil. Así no queda claro que yo no lo he hecho. Yo quiero ganarlo”.