La Fiscalía ha presentado su escrito de conclusiones absolutorias provisionales en el caso Begoña Gómez. En él, tras realizar una detallada descripción de los hechos investigados, concluye: “Los hechos no son constitutivos de infracción penal”. El Ministerio Público añade que procede, por tanto, la “libre absolución de los acusados” porque “sin delito no hay autor”.

Este escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, es un trámite necesario para abordar el juicio con jurado popular al que se enfrentarán tanto la esposa del presidente del Gobierno como su asistente en La Moncloa, Cristina Álvarez. Begoña Gómez será juzgada por los delitos de tráfico de influencias y malversación.

El juez Peinado, en su auto por el que envió a juicio con jurado popular a Gómez, señalaba que su posición como esposa del presidente del Gobierno le sirvió para crecer profesionalmente, y que se valió de esa palanca para medrar en su profesión obteniendo por ejemplo la dirección de una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense. Y la primera en la frente, el fiscal arranca su informe recordando que antes de que Begoña Gómez pisara alfombra en el Palacio de La Moncloa, allá por 2018, ya trabajaba de lo suyo, el marketing y la consultoría en el sector privado. Y que, de hecho, también estaba vinculada a la Universidad Complutense de Madrid porque era docente en el Diploma de formación en Fundraising y en un máster que iba sobre esa misma materia que, en resumidas cuentas, es aprender a lograr fondos públicos y privados para organizaciones sin ánimo de lucro.

El representante del Ministerio Público recuerda también que cuando cogió las riendas de ese máster extraordinario en la Complutense que llevaba por nombre Transformación Social Competitiva fue una “actividad no retribuida y por consiguiente percibió 0 euros”.

Por otro lado, explica que esa cátedra se originó tras una reunión en Moncloa entre Begoña Gómez y el rector de la UCM, Joaquín Goyache, que tuvo lugar en julio de 2020 -en plena pandemia- y que la creación de la misma siguió los cauces estipulados por el centro docente. Además, recuerda que el nombramiento de Gómez como directora de esa cátedra fue aprobado por unanimidad por el órgano competente y que conforme a la normativa no era preciso que fuera licenciada , diplomada, funcionaria o catedrática.

Otro de los puntos clave de la investigación de Peinado giró en torno al software creado en esa cátedra y en saber es si la esposa de Sánchez pudo apropiarse o sacar beneficios de él cuando era propiedad de la universidad. El fiscal del caso recuerda que Gómez logró la implicación de varias empresas como Indra, Google o Telefónica en la elaboración de esa aplicación que buscaba ayudar a las pymes a ser socialmente responsables, y también recuerda que ese asunto no llegó a implementarse. Al hilo, sí recuerda que la esposa del presidente del Gobierno “no cobró cantidad alguna por su actividad” y añade que ni ella ni su asistente “se ha beneficiado económicamente de las actividades de creación del software” y que la Complutense no ha sufrido un perjuicio patrimonial por esa actividad.

Además, el fiscal explica para zanjar el asunto de la presunta apropiación del software que este siempre estuvo a disposición de la Complutense y de empleados de la universidad. Y añade que ni las acusadas ni terceras personas han registrado a su nombre el referido software. “No consta que ninguno de los acusados haya realizado una explotación mercantil del programa informático y no consta que hayan pretendido ostentar titularidad o propiedad frente a terceros”, señala.

La malversación por el uso de la asistente

Sobre la figura de su asistente y el uso para sus negocios privados que pudo hacer Begoña Gómez de ella (para Peinado y para la Audiencia Provincial podría constituir un delito de malversación de fondos públicos), el fiscal recuerda que su nombramiento siguió “los cauces legalmente previstos” que era personal “de confianza” y que ese cargo “no cuenta con una regulación normativa expresa”. “Las funciones del asistente, con una disponibilidad permanente y jornada en régimen de especial dedicación, se basan en el desempeño de tareas de colaboración inmediata de carácter logístico y organizativo en el marco de atención de la esposa del presidente del Gobierno, en las que predominan las notas de afinidad inherentes a la confianza”, señala.

Y dice más, Álvarez debía gestionar la agenda de Gómez, preparar sus reuniones, visitas y eventos, acompañarla en desplazamientos, y otras tareas. Explica que, de lo instruido, se ha podido conocer que la asistente acompañó a la esposa de Sánchez en actos públicos y privados, algunos relacionados con la Complutense, y que en ese marco también realizó labores puntuales de gestión y contacto con personas de la universidad y con patrocinadores de la cátedra que dirigía Gómez. Pero subraya que esas labores ocasionales de ayuda no han ido “en menoscabo o detrimento para el patrimonio o los recursos públicos”. Añade que tampoco se ha producido ningún tipo de retribución o beneficio adicional derivado“ de esa actividad.

En el escrito de conclusiones, el fiscal indica que la declaración en el juicio de las dos acusadas deberá celebrarse en último lugar y solicita la declaración testifical de una treintena de personas.

La Fiscalía Provincial de Madrid tuvo claro desde un principio que no veía hechos delictivos en el caso por el que se ha enviado a juicio con jurado a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, y a su asistente en La Moncloa, Cristina Álvarez. Ahora, con la instrucción finalizada y respondiendo a la defensa de la asistente que se quejó de que ella no había podido estar presencialmente en el último trámite llevado a cabo por el juez Juan Carlos Peinado y que consistía en la celebración de una audiencia preliminar, aprovecha para dejar un recado al magistrado, que este mismo domingo se jubilaba: “No es deseable ni aceptable pasar por encima de los profesionales”.

El informe, adelantado por La Ser y al que ha tenido acceso elDiario.es, está fechado el pasado 20 de septiembre y en él se muestra contrario a aceptar el recurso presentado por la defensa de la asistente contra el señalamiento 'exprés' de la audiencia preliminar que se celebró el pasado 8 de septiembre. A pesar de esto, añade un reproche al juez: “Tampoco es usual, habitual ni normal en los usos conocidos esta precipitación y celeridad en el señalamiento de ciertos trámites dejando a las partes y profesionales en situaciones ciertamente extrañas”. Peinado había programado de un día para otro esa audiencia.

Con todo, explica que el argumento usado por la defensa de Álvarez de que sufrió indefensión por no poder asistir ella físicamente a ese trámite no cabe en este caso porque la presencia del investigado no era imperativa. Pero vuelve a incidir en que Peinado se “extralimitó” y mostró “escasa sensibilidad” con el resto de los intervinientes en el proceso.

Sobre Álvarez, explica el fiscal del caso que el hecho de encontrarse fuera de territorio nacional hasta el 28 de septiembre “no resulta fácil de conciliar” con el principio rector que reza que una vez entregado el escrito acusación, la audiencia preliminar debe celebrarse “el día más próximo posible”.

No obstante, el Ministerio Público incide en que “no es usual la celeridad” de Peinado y “no es deseable ni aceptable pasar por encima de profesionales. Fue el pasado 21 de septiembre cuando el juez acordó la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez para que sea juzgada por un tribunal del jurado por los delitos de tráfico de influencias y malversación. Junto a ella se sentará en el banquillo su asistente.

“El juez de instrucción es el hombre más poderoso de Francia”. La frase se atribuye a Napoleón Bonaparte, quien la acuñó para evidenciar cómo el criterio de un único magistrado podía marcar los tiempos de un país y el destino de sus gobernantes. La investigación que Juan Carlos Peinado ha seguido durante los últimos dos años y medio contra Begoña Gómez sugiere que el magistrado ha asumido sin reservas el rol atribuido por el emperador francés, una controvertida figura histórica de la que es admirador. 

Peinado cuelga su toga definitivamente este domingo. Tras una trayectoria de tres décadas —accedió a la judicatura en la cuarentena y sin oposición, por el llamado cuarto turno—, se jubila al cumplir 72 años, la edad máxima que permite la ley. Y lo hace tras dejar atado y bien atado el gran caso de su carrera: la investigación a la esposa de Pedro Sánchez, a la que ha conseguido sentar en el banquillo tras una instrucción errática y en la que ha contado con la extrema derecha como muleta. 

De esa exhibición de poder a la que aludía Napoleón dan fe algunos de los principales hitos de la causa. Es el caso de su inédita incursión en el Palacio de la Moncloa para tomar declaración como testigo a Pedro Sánchez, el intento (fallido) de abrir una causa en el Tribunal Supremo contra el ministro Félix Bolaños o la exigencia de documentación al Ejecutivo bajo la amenaza de delito de desobediencia. También llegó a insinuar que los agentes que ejercen como escoltas de Begoña Gómez podrían colaborar con su huida, lo que soliviantó a unos sindicatos policiales nada habituados a la crítica de la judicatura. 

Quienes le conocen dicen que se marcha tranquilo, satisfecho con el devenir de una causa a la que se ha dedicado en tiempo y alma mientras ofrecía una atención limitada a otros casos de su juzgado. Sin embargo, lejos del aura de otros magistrados idolatrados por la derecha política y judicial, de Peinado es difícil encontrar quien resalte de él su independencia o su brillantez jurídica. Pese a ello, llevará siempre en su haber el impulso de una de las causas que más desgaste han supuesto para el Gobierno de coalición y, singularmente, para su presidente. 

Con todo, solo los sectores más radicalizados han enarbolado su figura como estandarte en la batalla judicial contra el Gobierno. La instrucción ha resultado tan controvertida que la premisa de que 'el fin justifica los medios' ha dejado al descubierto cierta incomodidad de la derecha tradicional, que no se atreve a reivindicar abiertamente unos métodos tan alejados del decoro institucional. 

Esta situación tiene un reflejo material en las decisiones de la Audiencia Provincial, que le dio el aval para investigar “todas las actividades de Begoña Gómez desde que su marido fue investido presidente del Gobierno” y construyó la base argumental en la que se apoyó el instructor para seguir adelante con la causa. Pero que también ha anulado una veintena de sus resoluciones por vulnerar derechos fundamentales de los imputados o por falta de motivación. Entre ellas, las relativas al registro del domicilio y las empresas de uno de los investigados mientras estaba muy grave en el hospital y varias imputaciones y líneas de investigación. 

En este contexto, no extrañan los vítores que ha recibido en algunas tardes de toros en Las Ventas. O las alabanzas de los exaltados que solían reunirse en las inmediaciones de los juzgados con cada hito del caso contra Begoña Gómez. Sin embargo, Peinado ha lamentado algunas veces ante su círculo más próximo su soledad ante los “ataques” recibidos. El pasado abril, sus compañeros en los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid, donde deja algunos amigos, suscribieron una declaración institucional para mostrarle su “apoyo” frente a las “descalificaciones” que estaba recibiendo tras la decisión de dejar al borde del banquillo a Begoña Gómez. 

Peinado sustentó esa decisión en un auto en el que llegó a comparar a Pedro Sánchez con el régimen absolutista de Fernando VII, lo que provocó la reacción en tromba del Gobierno y de otros representantes políticos. Es otro más de los exabruptos contenidos en sus resoluciones, caracterizadas por una redacción alambicada en ocasiones imposible de seguir. Por eso llamó la atención cuando, hace un año, copió párrafos enteros de un artículo de una revista jurídica para fundamentar uno de sus escritos.

Quienes han tratado con él dentro del juzgado apuntan que adopta posiciones y gestos difíciles de encajar en la neutralidad que debería regir su función. Ejemplo de esas excentricidades fueron la petición de que le organizaran un estrado en la Moncloa para estar en una situación de superioridad respecto al testigo, en ese caso el ministro de Justicia, Félix Bolaños. O la exigencia al anterior abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, de que le mirara al hablar durante una comparecencia en la que el letrado se estaba dirigiendo a las acusaciones que reclaman elevadas penas de cárcel para quien era su clienta. 

Peinado ha gozado de la protección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde los vocales conservadores han impuesto sus votos para impedir cualquier actuación disciplinaria contra él. El órgano de gobierno de los jueces ha archivado más de una decena de quejas presentadas por sus excesos o errores. Entre ellas, las del ministro Bolaños, quien no descarta explorar otras vías en los tribunales contra el magistrado ahora que se ha jubilado y que queda descartado el reproche disciplinario. 

De perfil tradicionalista, quienes le conocen dicen que es un gran lector, admirador del pensador Ortega y Gasset y amante de los toros y los caballos. A ello y a su familia se dedicará a partir de ahora. Aunque hay quien advierte que, ya sin el peso de la toga, está determinado también a restaurar su honor frente a quienes considera que lo han violentado en sus declaraciones públicas. En los últimos meses ha interpuesto casi una decena de demandas contra políticos y periodistas a los que reclama miles de euros. 

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado la jubilación forzosa por edad del juez Juan Carlos Peinado, un día antes de cumplir 72 años, y con una carrera marcada en su etapa final por investigar y enviar a juicio ante un jurado popular a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno.

La publicación por parte del BOE de la orden del Consejo General del Poder Judicial que declara la jubilación forzosa por edad de Peinado llega un día después de que el juez pasara su último día en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid. Previamente, durante esta semana ha gozado de tres días de permiso una vez dictó el lunes su última decisión: el auto de apertura de juicio por presunto tráfico de influencias y malversación contra Begoña Gómez y su asesora.

Como tenía previsto, y tras sus vacaciones de verano, ponía así punto y final a una instrucción no exenta de polémica, en la que ha llegado a comparar el caso de Begoña Gómez con conductas “más propias de regímenes absolutistas” y el reinado de Fernando VII.

En estos dos años y medio, en los que pidió permiso para extender su jubilación hasta el máximo legal, Peinado ha pasado por La Moncloa para interrogar al presidente del Gobierno y al ministro de Justicia -al que incluso pidió imputar sin éxito-, ha llegado a imputar a siete personas, incluido el delegado del Gobierno en Madrid, y ha investigado cinco delitos.

Con decisiones controvertidas como las citaciones en sábado, domingo o Miércoles Santo, Peinado recibió reveses, pero también avales de la Audiencia de Madrid, que finalmente ha ratificado que el juicio a Begoña Gómez sea ante un jurado.

Aunque conocido en el entorno judicial de Madrid, Juan Carlos Peinado era un desconocido para el gran público hasta que la denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez llegó a sus manos en abril de 2024. Ese caso ha marcado la recta final de su carrera en la judicatura, a la que llegó tarde, con 40 años, tras haber ejercido como abogado y como secretario del Ayuntamiento de varios municipios madrileños.

Se jubila como juez de instrucción del juzgado 41 de Madrid, de Plaza de Castilla, donde lleva la última década. Antes pasó por juzgados de localidades de Ávila, Toledo, Albacete y Madrid, según fuentes jurídicas consultadas por EFE.

Desde el 41 ha llevado otros casos también conocidos en su momento como el del triple crimen en un despacho de abogados del barrio madrileño de Usera en 2016 -que acabó juzgado en Venezuela-, o una demanda, ya archivada, contra los concejales Pablo Soto y Guillermo Zapata por mensajes ofensivos en redes sociales en 2015.

Abrió incluso diligencias contra el exfutbolista Raúl González Blanco por presunta ocultación de patrimonio y fue sonada la imputación, en 2019, de periodistas por presunta revelación de secretos vinculada al sumario de los Comités de Defensa de la República (CDR), ya archivada.

Una causa contra un cargo de la empresa municipal de transportes de Madrid (EMT) acabó archivada tras agotarse el plazo de instrucción, y también ha investigado el supuesto hackeo de los correos de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, o una denuncia de Hazte Oír contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por la paralización de un autobús reivindicativo.

Al final de su carrera, Peinado ha recibido varias querellas por prevaricación y también quejas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como la del ministro Félix Bolaños, en el contexto de su investigación a Begoña Gómez, pero ninguna ha prosperado.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha presentado un nuevo recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esta vez, contra la decisión del órgano de denegarle el acceso al expediente completo de su queja contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso contra Begoña Gómez. El ministro sostiene que la decisión de no entregarle esa documentación le causa una “indefensión real y efectiva” porque le impide contar con todos los datos con los que acudir a otras instancias, como el Tribunal Supremo. 

En el recurso, adelantado por El País, el ministro considera “llamativo” el contraste entre los tiempos de tramitación manejados por el CGPJ en las quejas formuladas contra el juez Peinado —cuya tramitación se demoró 14 meses— y la “celeridad” desplegada para pronunciarse su primer recurso de alzada, que la Comisión Permanente analizó y acordó rechazar en apenas 18 días. 

“La conclusión que desgraciadamente se desprende es que durante meses se toleró una situación de parálisis que favorecía objetivamente que la jubilación del denunciado terminase convirtiéndose en un factor de impunidad para él”, recoge el escrito, en el que acusa directamente a “los vocales que integran el grupo conservador de la Comisión Permanente” de estar “abandonados a la molicie”. Este viernes es el último día en activo de Peinado en la carrera judicial, ya que se jubila este domingo al cumplir los 72 años. 

“La radical disparidad entre los tiempos de tramitación solo admite, en apariencia, dos posibles explicaciones: o la tramitación de la denuncia del Sr. Peinado fue demorada innecesariamente durante más de catorce meses, o mi recurso ha sido objeto de una aceleración extraordinaria para ser resuelto en unos días”, dice el escrito. A su juicio, esta situación “alimenta una percepción de un corporativismo nocivo que perjudica la imagen de la Justicia y que es difícilmente compatible con la confianza que los ciudadanos deben poder depositar en los mecanismos de control disciplinario del Poder Judicial”. 

Respecto al fondo del recurso, el ministro califica de “espigueo normativo” y de “régimen híbrido” la argumentación del CGPJ para bloquear la entrega del expediente de sus quejas contra Peinado. El Promotor de la Acción Disciplinaria alegó que las diligencias informativas son trámites “reservados”.

El ministro rebate que esa reserva legal está diseñada para proteger al juez frente a la opinión pública, pero no frente al denunciante. Al ocultarle estos documentos, la resolución impide verificar datos clave, como la fecha exacta en la que el juez tuvo conocimiento de la denuncia en su contra y que fue días antes de elevar una exposición razonada al Supremo para intentar imputar al propio Bolaños.

Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, se someterá a un juicio con jurado por tráfico de influencias y malversación. Dos años y medio después de que el juez Juan Carlos Peinado iniciara una causa penal contra ella, el auto de apertura de juicio oral resume en 67 páginas los resultados de su investigación. Todas las pruebas existentes en el sumario que podrían servir de atenuante para la mujer del presidente no aparecen en el escrito que Peinado firmó seis días antes de su jubilación definitiva a los 72 años.

El auto de apertura de juicio oral olvida hechos y datos relevantes, y comete inexactitudes que juegan siempre en contra de Begoña Gómez. El auto de apertura de juicio oral no es recurrible, por lo que Peinado puede jubilarse el próximo domingo con la tranquilidad de que ya no habrá más correcciones a su trabajo por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

La cacería judicial contra la mujer del presidente comenzó en marzo de 2024 por unos hechos que han quedado fuera de la causa: la adjudicación de dos contratos por Red.es, una entidad pública dependiente del Gobierno central, al empresario Juan Carlos Barrabés. Éste incluyó en su oferta al concurso hasta 32 cartas de apoyo de empresas e instituciones, entre ellas una de la Universidad Complutense firmada por Begoña Gómez, como codirectora de un máster. La Guardia Civil elaboró un informe a petición del juez Peinado sobre aquellos hechos sin apreciar indicios del delito. Al instructor no le importó y siguió adelante, para lo que contó con el aval de la Audiencia Provincial de Madrid para investigar “todas las actividades de Begoña Gómez desde que su marido fue investido presidente del Gobierno”.

Como los contratos de Barrabés tenían financiación europea, la Fiscalía Europea asumió la investigación de esa parte de la causa. Pero tras dos años de pesquisas tampoco halló delitos imputables de Begoña Gómez.

Peinado obvia en su relato esta circunstancia y otras muchas que impedirían sostener el juicio al que ha logrado llevar a la mujer del presidente del Gobierno. En su camino instructor, el juez ha dejado varias víctimas inocentes, imputadas por corrupción durante meses hasta que la Audiencia Provincial decidió corregir a Peinado. Hasta 20 resoluciones han sido anuladas por la instancia superior en apenas dos años y medio de instrucción. El juez también olvida casi todos los correctivos que ha sufrido en su auto de apertura del juicio oral.

Una trayectoria profesional privada… con 12 años de docencia en la universidad pública

Peinado comienza su auto de apertura de juicio oral recordando la trayectoria profesional de la acusada y atribuyéndole un aprovechamiento de su condición de mujer del presidente. “Contrajo matrimonio civil con don Pedro Sánchez Pérez-Castejón el 27 de julio de 2006. Es público y notorio que Pedro Sánchez desempeñó el cargo de secretario general del PSOE desde el 26 de julio de 2014 hasta el 1 de octubre de 2016, y nuevamente desde el 17 de junio de 2017 hasta la actualidad, asumiendo la Presidencia del Gobierno de España el 2 de junio de 2018. En ese mismo contexto se produjo un cambio inmediato y significativo en la trayectoria profesional de Begoña Gómez, hasta entonces vinculada al ámbito laboral privado del marketing y la consultoría en el Grupo Inmark, empresa de la que solicitó una excedencia en 2018, coincidiendo con la llegada de su esposo a la Presidencia del Gobierno”.

El juez olvida que Begoña Gómez compatibilizó desde 2012 su trabajo en el Grupo Inmark, donde fue directora de consultoría en externalización comercial, directora de negocio para España y Portugal, y consejera y secretaria del consejo de administración, con la docencia en la Universidad Complutense. Cuando Peinado habla de “un cambio significativo en la trayectoria profesional de Begoña Gómez”, en realidad no es tan significativo, ni siquiera es cambio. Antes de que Pedro Sánchez fuera elegido secretario general del PSOE, su mujer ya codirigía el Diploma de formación continua de Técnico de Fundraising durante los cursos en la Complutense 2012/13 y 2013/14.

Después fue directora del Máster propio en Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro desde su primera edición en el curso 2014/2015 hasta su novena edición en el curso 2023/2024. En 2020, propuso la creación de una cátedra en la Complutense, buscó los patrocinios necesarios y la codirigió, sin cobrar un euro por ello, hasta que el juez Peinado abrió una causa contra ella y la Universidad decidió cancelar todos los cursos en los que intervenía Gómez.

Bolaños no tuvo nada que ver con el nombramiento de la asistente

El juez Peinado sostiene que el nombramiento de Cristina Álvarez como asistente de Begoña Gómez “se realizó bajo la dirección de Félix Bolaños García, como secretario general de Presidencia”. La investigación dejó claro que ese nombramiento no fue responsabilidad de Bolaños. Pero Peinado intentó imputarle, para lo que envió una exposición razonada al Supremo. Este Tribunal rechazó la propuesta del juez instructor por la “absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotados de mínima verosimilitud”. El juez cita en su auto el nombre de los dos sucesores de Bolaños al frente de la secretaría general de Presidencia, a los que también llegó a imputar durante un breve espacio de tiempo. 

Patrocinios privados de la cátedra a cambio de supuestos favores... sin prueba que lo sostenga

La Audiencia Provincial de Madrid anuló numerosas resoluciones del juez Peinado recurridas por las partes. Pero también fue construyendo la base argumental en la que se apoyó el instructor para seguir adelante con la causa. Peinado copió esos planteamientos en su auto de apertura de juicio oral: “La implicación de Begoña Gómez podía deducirse del aprovechamiento de su proximidad al Presidente del Gobierno, como su esposa, para ofrecer favores o influencias a cambio de contraprestaciones encaminadas a proyectar su carrera profesional (…) Esto explica el rápido desarrollo de la citada Cátedra, con la diligente consecución de financiación por empresas sometidas a supervisión gubernamental o beneficiarias de importantes subvenciones o adjudicaciones de contratos públicos”.

El juez sugiere, apoyándose en los argumentos de la Audiencia Provincial, que Begoña Gómez consiguió fondos de empresas como Indra, Movistar o Google para su cátedra en la Complutense a cambio de favores del Gobierno de su marido a estas compañías, dos de ellas participadas por el Estado. No hay en toda la investigación ni una sola prueba de esos supuestos favores.

Participación clave de Juan Carlos Barrábes en la cátedra: dos clases, 300 euros

El juez Peinado sostiene que el empresario Juan Carlos Barrabés “participó en la creación, financiación, desarrollo y consolidación de la cátedra” que codirigía Begoña Gómez. En realidad, Barrabés sólo dio dos clases en tres años a razón de 150 euros por cada una.

Dos cartas de apoyo firmadas por Begoña Gómez para un concurso... junto a otras 32 cartas de otras instituciones

“En julio de 2020, Begoña Gómez firmó, en su condición de codirectora del máster, dos cartas de apoyo a ofertas de Juan Carlos Barrabés con la UTE integrada por Innova Next, S.L.U. y The Valley Digital Business School en procedimientos de contratación de la entidad pública Red.es”, escribe Peinado. El auto judicial olvida contar que además del escrito de apoyo de Begoña Gómez había otras 32 cartas iguales, firmadas por responsables de empresas tecnológicas e instituciones, entre ellas el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP, quién había adjudicado previamente contratos millonarios a las firmas de Barrabés.

El juez Peinado aclara que aunque esos hechos quedaron fuera de la causa, incluye una referencia a los mismos “como contexto temporal de la actividad desplegada por la acusada y de su posición de influencia”. La UCO de la Guardia Civil le contó al juez que no había encontrado ni un solo indicio de posición de influencia de Begoña Gómez al analizar la adjudicación de dos contratos a Barrabés por parte de Red.es.

Malversación de un software de uso gratuito cuyo “propietario” era un funcionario de la Complutense

Peinado sostiene que Begoña Gómez creó una sociedad con el mismo nombre que la cátedra que codirigía en la Complutense —aunque evita decir que la sociedad no tuvo ingresos— y que puso a su nombre el dominio de internet en el que alojó el software de uso gratuito para pequeñas y medianas empresas. El juez oculta que la mujer del presidente puso a su nombre el dominio de Internet porque así se lo indicó expresamente la Universidad, según correos electrónicos aportados a la causa.

Peinado acusa a Begoña Gómez de no terminar los trámites para registrar la plataforma tecnológica a nombre de la Universidad Complutense, “sin ofrecer explicación a tal omisión”. Pese a que no se inscribió el software a nombre de nadie, el juez Peinado intentó desde siempre atribuir a Begoña Gómez el delito de apropiación indebida, por el que finalmente no será juzgada

El “control privado” del software… asignado a una cuenta de la universidad pública.

Peinado insiste en que “Begoña Gómez, con la colaboración de Cristina Álvarez, fue asegurando el control privado sobre los elementos identificativos y de explotación del proyecto”. El abogado de Cristina Álvarez le desmiente con más documentos: “El rol de propietario ('owner') del software fue asignado a la cuenta institucional 'dmartinez@ucm.es', correspondiente a David Martínez Borque, empleado del Servicio de Sistemas de la Universidad Complutense de Madrid”.

El rol de propietario era el permiso de mayor amplitud dentro del proyecto y permitía administrar sus recursos, gestionar los roles y permisos y configurar su facturación. Por tanto, el control técnico-administrativo del software quedó atribuido a una cuenta corporativa de la Universidad Complutense junto a personal especializado de Devoteam. Ni Cristina Álvarez ni Begoña Gómez figuraron nunca entre los propietarios (owners) del software alojado en Google Cloud Platform.

La causa por la que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, se sentará en el banquillo de los acusados avanza sin solución de continuidad. Con un juez, Juan Carlos Peinado, que ya es historia, la causa afronta ahora unos meses clave que acabarán con el señalamiento de un juicio en el que nueve ciudadanos residentes en la Comunidad de Madrid decidirán su futuro judicial. Para ese momento en el que arranque la vista oral quedan, según fuentes jurídicas consultadas, aproximadamente diez meses.

Este primer cálculo no es inocuo. Rondaría el mes de julio de 2027 y ese mes coincide con la fecha límite para la celebración de unas elecciones generales en las que el marido de la principal acusada se juega seguir otros cuatro años en el Palacio de la Moncloa. Este escenario temporal debe conjugarse además con la regla no escrita de que los procedimientos judiciales no deben interferir en los procesos electorales.

Pero antes de llegar a ese trance hay un camino procesal que recorrer: un juez al que elegir para dirigir el procedimiento del Tribunal del Jurado, una fase intermedia que transitar y un grupo de 36 madrileños preseleccionados que 'depurar' hasta lograr que nueve de ellos se encarguen de emitir un veredicto de culpable o no culpable sobre la figura de Gómez y sobre su asistente, Cristina Álvarez. A la primera se le envía a juicio por los delitos de tráfico de influencias y malversación, a la trabajadora de Moncloa por malversación.

Todo arrancará cuando, en una semana, la Audiencia Provincial de Madrid envíe el asunto a la Oficina de Registro y Reparto para que se asigne a qué sección concreta de lo Penal le cae la causa. Esto, según explican fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, es un procedimiento automático de asignación en el que no interviene mano humana. Hay 15 secciones penales en la Audiencia, pero quedan excluidas la número 26 y la número 27 —porque están especializadas en violencia contra la mujer—, y la 23 porque ya ha conocido del asunto durante la instrucción.

La 'patata caliente' puede caer en una de las 12 secciones restantes. Es decir, hoy por hoy hay 60 magistrados (cada sección tiene cinco) muy pendientes de la 'máquina' para ver si les cae o no. ¿Y cómo se decide quien de los cinco magistrados será el responsable de ser el magistrado-presidente del juicio? Pues las fuentes explican que el sistema que opera a partir de ahí es el de correturnos: el primer asunto le cae al juez que más tiempo lleve en la sección, y de ahí va bajando hasta el que menos tiempo lleve. Es decir, en este momento hay una docena de magistrados que saben que tienen más papeletas que el resto.

Ese magistrado-presidente será una figura crucial en todo el procedimiento. Según indica la ley del jurado, no solo dictará una sentencia en la que recogerá el veredicto del jurado e impondrá, en su caso, la pena y medida de seguridad que corresponda, sino que también resolverá sobre las recusaciones de jurados propuestas por las partes y sobre las excusas de los jurados para no participar en la vista.

Además, es el encargado de dirigir el desarrollo del juicio auxiliando a los jurados en la comprensión de las alegaciones de las partes. También será el encargado de redactar para los jurados el escrito sobre el que deberán deliberar para emitir un veredicto.

Los 36 candidatos a jurado: que no estén “fanatizados”

De hecho en la fase intermedia, que se abrirá tras decidir quién será el magistrado, también se encargará de elegir qué pruebas irán finalmente al juicio y qué testigos serán llamados. Y ahí hay tela aún por cortar: está por ver si declarará el presidente del Gobierno, un caramelo que la dirección de las acusaciones populares (HazteOir) no dejará escapar. En esa fase previa al señalamiento del juicio se podría incluso elevar al TSJM una eventual recusación del propio magistrado-presidente, algo que por el momento las partes consultadas descartan dado que quien tiene la responsabilidad sobre una eventual condena es el jurado y no el 'árbitro'.

Una vez señalada la fecha del juicio, se celebrará la vista para ventilar las cuestiones previas, y ahí las defensas tienen puestas muchas esperanzas porque, incluso, podrían acabar con la anulación de la vista oral. Con todo, y en caso de que el juicio se celebre finalmente, el primer día, cada una de las partes personadas podrá recusar a cuatro de los 36 ciudadanos preseleccionados. Al final deben quedar nueve jurados titulares y dos suplentes.

Estos candidatos vienen de una bolsa de candidatos que se renueva cada dos años y que contiene unos 3.000 nombres sacados directamente del censo electoral. Puede ocurrir que cuando el secretario judicial notifique a cada uno de los 36 candidatos que ha sido seleccionado, estos rellenen el cuestionario dando razones de peso para ser descartados. En caso de que la cifra final de candidatos baje de 20, el magistrado puede tirar de nuevo de la bolsa para asegurarse un mínimo.

El criterio a seguir por cada una de las partes para recusar a miembros del jurado es un misterio, aunque algunas de las partes personadas señalan en conversación con elDiario.es que, con que los candidatos no sea gente “muy fanatizada”, se conforma. En el proceso de selección del jurado, los nueve seleccionados deberán responder a las preguntas que les formulen las partes y estas podrán solicitar la exclusión sin explicar el motivo.

“Un deber inexcusable”

Mientras, y a lo largo de la vista, cada uno de ellos percibirá una retribución diaria de 67 euros, a lo que han de sumar los gastos que les conlleve moverse hasta el juicio si no viven en la ciudad donde se celebra la vista (Madrid): el billete de transporte público, 0,19 euros por kilómetro si se llega en automóvil, o 0,07 euros si se llega en motocicleta. El desempeño de esta función “es un deber inexcusable” y, por tanto, los jurados tienen derecho a ausentarse de su trabajo.

Una vez se ventile el juicio oral, los nueve jurados deliberarán y emitirán un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad. Para esa deliberación estarán incomunicados y, si la discusión se alarga, la ley contempla que se les debe dar las condiciones necesarias para pernoctar y que se mantenga esa incomunicación. Durante ese periodo tendrán prohibido acceder a medios de comunicación o teléfonos móviles, tampoco podrán charlar con nadie ajeno al resto de miembros del jurado. Sobre cómo se organiza el trabajo en esa deliberación, la norma indica que entre los nueve se elegirá un portavoz que será quien dirija el debate, quien redacte el veredicto y quien lo lea en audiencia pública.

Cuando se afronte la votación, los nueve deberán pronunciarse ante el resto sobre cada uno de los hechos en voz alta y por orden alfabético: ninguno puede abstenerse. La ley contempla que son necesarios al menos siete votos para declarar probados los hechos que sean desfavorables para los acusados, y cinco votos cuando sean favorables para los acusados. Tras esto, y sobre la votación para la declaración de culpabilidad, serán necesarios también siete votos, mientras que para el 'no culpable' será suficiente con cinco votos.

El Consejo General del Poder Judicial ha decidido archivar de manera definitiva las quejas que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, presentó contra el juez Juan Carlos Peinado. Los cuatro vocales conservadores de la Comisión Permanente y el vocal elegido a iniciativa de Sumar Carlos Hugo Preciado han sumado sus votos para desestimar el recurso de alzada del ministro. La presidenta del órgano, Isabel Perelló, no ha votado al constatarse durante la deliberación la existencia de una mayoría de cinco vocales favorable a esa desestimación. Dos vocales progresistas han votado en contra del archivo.

Bolaños denunció la “hostilidad” y la “actitud intimidatoria” del juez cuando le interrogó como testigo en la Moncloa en el caso contra la esposa del presidente del Gobierno y cuando, después, pidió sin éxito al Tribunal Supremo que abriera una causa contra él. El magistrado exigió una tarima para poder colocarse en un plano superior al del ministro, le acusó de contestar con “evasivas” y le llegó a reprochar que sonriera. 

En el recurso contra la decisión de archivar sus quejas, Bolaños afirmaba que la actuación del órgano de gobierno de los jueces no representa los estándares de agilidad y rigor exigibles y criticaba que “bien por conservadurismo, bien por corporativismo” hubiera sido incapaz de corregir las “irregularidades” denunciadas. 

Este martes, la Comisión Permanente del organismo ha decidido avalar el archivo de las quejas firmado por el Promotor de la Acción Disciplinaria. A su juicio, ese archivo tenía “una amplia justificación” sobre por qué la actitud de Peinado durante su testifical tenía una “falta de trascendencia” como para llegar a convertirse en una sanción. Hubo una “tirantez dialéctica” pero, añade la Comisión Permanente, no una conducta sancionable.

Tampoco encuentran motivo de castigo en que el Tribunal Supremo tumbara de plano la propuesta de Peinado de imputar a Bolaños en la causa por la que Begoña Gómez va a ser juzgada. Ahora el ministro de Justicia tendrá que decidir si lleva esta negativa del CGPJ ante la sala tercera del Tribunal Supremo a través de un recurso e insistir en que Peinado pueda llegar a ser sancionado.

Dos progresistas defienden admitir el recurso de Bolaños

La decisión cuenta con el voto particular discrepante de los vocales progresistas Argelia Queralt y Bernardo Fernández, quienes sostienen que el acuerdo confunde el contenido de la función jurisdiccional, que no puede ser revisado disciplinariamente, con la forma en que el juez ejerce su autoridad sobre quienes comparecen ante él. “La independencia judicial protege la libertad del juez para decidir; no convierte en jurídicamente irrelevante la forma en que ejerce la autoridad que el Estado le confiere”, recoge su escrito.

Ambos vocales consideran que la conducta desarrollada durante la declaración no podía analizarse como una suma de incidentes aislados. A su juicio, la sucesión de reproches dirigidos al testigo por su forma de expresarse y responder, la censura de su expresión facial, la advertencia de que su condición procesal podía cambiar y el requerimiento de que aprovechara un receso para obtener de terceros una información que había manifestado desconocer debían valorarse “conjuntamente y en su contexto”.

Así, defienden que los hechos estaban objetivamente documentados mediante la grabación íntegra de la declaración y que existía una base suficiente para examinarlos en un procedimiento contradictorio. Y subrayan que “la ausencia de certeza sobre la existencia de una infracción no equivale a la ausencia de indicios suficientes para investigarla”.

Por otro lado, la Permanente respaldó el archivo de tres diligencias informativas incoadas a raíz de quejas planteadas contra Peinado. Una de ellas había sido presentada por la trabajadora de la Moncloa Cristina Álvarez, asistente de la mujer del presidente, quien también se sentará en el banquillo. 

Su letrado, José María de Pablo, puso en conocimiento del CGPJ un escrito en el que acredita, con varios pantallazos, que el digital que dirige Eduardo Inda publicó el contenido de una providencia dictada por el juez 15 horas antes de que ese documento fuera trasladado a las partes a través de LexNET, la plataforma del Ministerio de Justicia que sirve para comunicarse electrónicamente con los juzgados y tribunales. La filtración, por tanto, solo podía provenir del juzgado, según el escrito.

El vocal elegido a iniciativa de Sumar Carlos Hugo Preciado ha defendido que el asunto saliera del Consejo y se remitiera a la Fiscalía, al entender que los hechos “pueden ser constitutivos de delito”. La mayoría, sin embargo, ha optado por archivo.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) analiza este martes el recurso de alzada presentado por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, contra la decisión de archivar las quejas que presentó ante este mismo órgano contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso contra Begoña Gómez. El encargado de dar respuesta a ese recurso es el vocal conservador Carlos Orga, quien propone desestimarlo y confirmar así el cerrojazo definitivo de las denuncias presentadas, de acuerdo a las fuentes consultadas por elDiario.es. 

El pasado julio, los cuatro vocales conservadores de la Comisión Permanente y el consejero elegido a iniciativa de Sumar Carlos Hugo Preciado respaldaron la propuesta del Promotor de la Acción Disciplinaria de archivar las diligencias abiertas a raíz de las quejas de Bolaños. Esa misma Comisión Permanente decidirá este martes sobre el recurso, por lo que de mantenerse sus posiciones, las quejas quedarían archivadas definitivamente. 

De hecho, el propio Bolaños admitía en su recurso que no confiaba en que ese órgano revocara su propia decisión y anunciaba que su objetivo era agotar la vía administrativa antes de acudir a la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Su objetivo, decía, es que esa instancia hiciera “el trabajo que correspondía al CGPJ: defender y proteger el buen nombre de la judicatura”.

“Actitud intimidatoria”

Bolaños denunció la “hostilidad” y la “actitud intimidatoria” del juez cuando le interrogó como testigo en la Moncloa en el caso contra la esposa del presidente del Gobierno y cuando, después, pidió sin éxito al Tribunal Supremo que abriera una causa contra él. El magistrado exigió una tarima para poder colocarse en un plano superior al del ministro, le acusó de contestar con “evasivas” y le llegó a reprochar que sonriera. 

En el recurso contra la decisión de archivar sus quejas, Bolaños afirmaba que la actuación del órgano de gobierno de los jueces no representa los estándares de agilidad y rigor exigibles y criticaba que “bien por conservadurismo, bien por corporativismo” hubiera sido incapaz de corregir las “irregularidades” denunciadas. 

Según ha podido saber este periódico, el principal argumento de la propuesta que rechaza ese recurso es que la mayoría de los hechos denunciados forman parte del ejercicio de la función jurisdiccional y no pueden ser revisados disciplinariamente por el CGPJ. 

En la grabación del interrogatorio consta que en los primeros minutos, el juez advirtió a Bolaños de que en cualquier momento podría modificar su condición de testigo a investigado. También que le reprendió por usar expresiones como “creo que” o “en términos generales” o que le reprochó que discrepara de la calificación de determinadas respuestas como “evasivas”. Tras analizar el interrogatorio, el ponente de la resolución que analizarán los vocales no considera que el magistrado actuara con desconsideración ni cometiera un abuso de autoridad con relevancia disciplinaria.

Esa propuesta sostiene, además, que la ley del Poder Judicial establece que cuando en una resolución judicial se empleen “expresiones innecesarias o improcedentes, extravagantes, manifiestamente ofensivas o irrespetuosas”, el Consejo solo puede actuar si lo solicita el tribunal superior del juzgado en cuestión, algo que no ha sucedido en este caso.

Falta de “motivación”

A juicio de Bolaños, la resolución del Promotor que archivó sus quejas carecía de “motivación”, dado que no realizó “un análisis verdaderamente individualizado de las actuaciones denunciadas” y tampoco explicaba “por qué todas quedarían comprendidas en el núcleo irreductible de la potestad jurisdiccional”. Por ejemplo, limitó a calificar como una “situación puntual de cierta tirantez dialéctica” lo que el ministro considera que fue “una actitud objetivamente intimidatoria e injustificadamente hostil” durante el interrogatorio.

Bolaños también denunció que el Promotor no hizo una investigación “completa y eficaz” en relación con las filtraciones denunciadas por el ministro, que puso de manifiesto que algunas resoluciones de la causa fueron publicadas por los medios de comunicación antes de que fueran notificadas a las partes. A este respecto, el escrito que analizarán los vocales admite que alguna resolución llegó a los medios antes de ser notificada a las partes, pero considera que había varias personas que podían acceder a ella y que no existen indicios suficientes para atribuir la filtración al magistrado. 

En su escrito, el ministro denunció asimismo que pasaron 427 días entre que presentó la primera de las denuncias en junio de 2025 y se le notificó el archivo el pasado 5 de agosto. Todo ello a pesar de que, a su juicio, se trataba de unas pesquisas sobre “actuaciones muy concretas, perfectamente identificadas y de muy sencilla comprobación”. La respuesta a su recurso de alzada rechaza que haya habido una tramitación indebidamente lenta, de acuerdo a las fuentes consultadas. 

Otra queja de la asesora

Está previsto que este martes, la Comisión Permanente analice también otra queja por otra filtración de la causa contra Begoña Gómez. En este caso, la queja partió de la trabajadora de la Moncloa Cristina Álvarez, asistente de la mujer del presidente, quien también se sentará en el banquillo. 

Su letrado, José María de Pablo, puso en conocimiento del CGPJ un escrito en el que acredita, con varios pantallazos, que el digital que dirige Eduardo Inda publicó el contenido de una providencia dictada por el juez 15 horas antes de que ese documento fuera trasladado a las partes a través de LexNET, la plataforma del Ministerio de Justicia que sirve para comunicarse electrónicamente con los juzgados y tribunales. La filtración, por tanto, solo podía provenir del juzgado, según el escrito. Las fuentes consultadas por elDiario.es apuntan a que el Promotor también propone el archivo de estas diligencias. 

Imaginen que a su pareja la eligen presidente o presidenta del Gobierno. Es improbable, me dirán, pero hagan el ejercicio. Terminado el cava, empiezan los trastornos: prepare una mudanza a la Moncloa. Si usted da clases en un instituto o es capataz en una fábrica, podrá ahorrarse el abono transporte porque, por motivos de seguridad, irá a trabajar con coche y escolta, que lo acompañará en todo momento; ya no podrá ir a donde quiera. Quizás no lo haya calibrado, pero se verá cargado con obligaciones tan estrafalarias como inevitables, porque el protocolo y la diplomacia se rigen por códigos acartonados que enredan la agenda de los consortes de los gobernantes. Se verá en el compromiso de acompañar a su cónyuge en recepciones y desfiles, de pasear con los mandatarios que vengan a España y viajará al extranjero para confraternizar, en apasionantes programas paralelos, con las parejas de otros dirigentes. En vano reclamará que le enseñen la ley que le obliga a estos menesteres; no existe, es pura costumbre. ¿Y cuánto voy a cobrar por todo esto?, se preguntará. La respuesta es cero euros. Será usted, así, una persona que presta servicios al Estado, para su imagen pública y su proyección internacional, y que lo hace no solo gratis sino también et amore.

Pero imaginemos que usted se empeña en mantener su trabajo: debe asistir a tutorías y claustros, gestionar planes de prevención, preparar cuadrantes de vacaciones, qué sé yo... Decide entonces que algunas reuniones, en días de abrumada agenda, las mantendrá en su casa, y el Estado le pone un asistente para que le ayude en todo lo que usted necesite. Así, mientras esté en Tailandia o asistiendo a recepciones o comidas de boato, su ayudante mandará correos por usted, enviará al instituto las notas de los exámenes, tramitará la documentación que usted haya preparado, gestionará su agenda, tomará nota de las llamadas que reciba... hasta que un juez le diga que usted es un delincuente, porque está usando un empleado público para sus cosas privadas y su casa pública para reuniones particulares. Y tal vez reciba la noticia en Brasil, por decir algo, donde usted se encuentra usando su tiempo privado para una causa pública. Pedirá de nuevo la ley y ahí le llegará otra sorpresa: ninguna norma dice que su ayudante no deba auxiliarle en sus cometidos privados; de hecho, desde que hay memoria los asistentes han servido precisamente para eso. Pero es igual: alguien ha salido de caza y, por no acertar a la pieza mayor, disparan contra usted.

Si me dieran el privilegio de legislar, pondría por ley que un juez a quien, en un solo asunto, la superioridad le revocara más de cinco decisiones, debería ser apartado del caso; si le revocara más de diez, debería ser apartado de la carrera; y si le revocara más de quince, debería ir directamente a prisión. Y lo haría así no por atacar a los jueces, sino por defender la justicia de calidad y rigor que nos merecemos. El juez Peinado ha llevado adelante una instrucción sesgada y ridícula contra Begoña Gómez que, más que retratarle a él, retrata al Poder Judicial que lo ha consentido. Sus excesos han sido gloriosos: comparó al gobierno socialista con el absolutismo de Fernando VII, llenó sus resoluciones de prejuicios de culpabilidad, rechazó pedir la agenda de Begoña porque “previsiblemente ha sido manipulada” (desde ese día debía estar fuera del asunto), insinuó que la policía ayudaría a Begoña a fugarse, imputó sin motivo a Félix Bolaños y a otros muchos, se negó a que el presidente del Gobierno declarara por escrito, tuvo un comportamiento cruel y nulo de pleno derecho con Juan Carlos Barrabés cuando estaba hospitalizado, fue acelerando la tramitación del procedimiento al tiempo que retrasaba los recursos contra decisiones previas, provocando estos síncopes procesales que le llevan a dictar la misma resolución varias veces, tras anularse la anterior... Ahora ha dictado auto de apertura de juicio oral, ¡pero ya lo había dictado en junio! Las sucesivas nulidades le han ido obligando a reformular resoluciones amontonadas sobre lo anulado, con lo que una misma decisión se repite en el tiempo como campanadas nuevas sobre noticias viejas.

Finalmente, habrá juicio. Los hechos que se ventilarán, en realidad, son lo de menos. Empezaron siendo unos y terminaron siendo otros, algo típico de estas causas prospectivas (de ‘cristalización progresiva’ las llaman los modernos). A Begoña la juzgarán por usar a una asesora como ayudante, cosa que parece que es malversación, por pedir dinero para una cátedra extraordinaria en la Complutense por la que recibió cero euros, vinculada a unos másteres que impartía desde 2014, cosa que se tilda de tráfico de influencias, y por el desarrollo de un software gratuito, ofrecido para uso abierto y libre, que se sufragó con aportaciones de empresas y que le reportó a Begoña cero euros, que por alguna razón se considera también malversación. Nada de esto estaba en la denuncia inicial de Manos Limpias, pero con algún botín debía presentarse Peinado a puerto.

El procedimiento ha estado tan cargado de irregularidades que no sorprenderá la última, advertida por la defensa. Y es que la tramitación de un juicio por jurado impone una serie de particularidades técnicas por las que a veces pasamos por alto. Una de ellas especifica que los jurados deben analizar los hechos valorando exclusivamente las pruebas que se practican ante ellos, con total abstracción de lo realizado hasta entonces. Por eso los escritos de acusación y defensa deben limitarse a exponer los hechos sometidos a juicio y nada más; estos escritos, que se leen ante el jurado, no pueden incluir datos de lo que haya pasado fuera de la sala y que puedan influir en el veredicto; no pueden incluir, por ejemplo, lo que hayan declarado los testigos durante la investigación, o lo que haya dicho la UCO ni, mucho menos, lo que hayan decidido los magistrados de la Audiencia Provincial, que los jurados tendrán por sabios. La incorporación de esta información vulnera la ley porque contamina el debate y confunde a los jurados con unos prejuicios que, sin duda, condicionarán su decisión. La queja de la defensa estaba justificada: el escrito de acusación que incluye este contenido está mal hecho y debería ser apartado de la causa; sin embargo, en un procedimiento que se ha instruido con la delicadeza de una patada, parece claro que la queja tenía pocas esperanzas de prosperar.

Y se celebrará el juicio. Tal vez entonces se advierta una peculiaridad en el asunto que quizás explique el empeño de Peinado en llevarlo ante un jurado. En un caso ordinario, al jurado se le pregunta por el hecho, el resultado y la consecuencia, y estas tres cosas suelen estar anudadas indisolublemente: el acusado disparó, en consecuencia mató, en consecuencia asesinó. Pero en el caso de Begoña es tan dudosa y forzada la calificación de los hechos como delictivos, que podría darse la circunstancia de que el jurado declare sustancialmente ciertos los hechos de la acusación y sin embargo absuelva; declare como cierto que Begoña utilizó a su asesora para que le ayudara en sus asuntos privados, pero entienda que eso no es malversación; que pidió dinero a patrocinadores, pero que eso no es el tráfico de influencias por presión moral que se pretende; que participó en el registro de la herramienta informática gratuita, pero que eso no es delito alguno.

Esta singularidad, a la que se ha llegado por la incompetencia de una instrucción retorcida, resulta disfuncional. Habrá quien defienda que al jurado únicamente se someten cuestiones de puro hecho; pero como los hechos no son ilícitos, entonces para absolver el jurado deberá articular una opinión sobre ellos. No le bastará con decir ‘pasó esto o aquello’ sino ‘sé lo que pasó y, a mi juicio, no es delito’. Esto no es sencillo; decidir si un hecho es delictivo o no requiere de unos conocimientos que no pueden exigirse a una persona lega en derecho. Sin embargo, introducir estos elementos valorativos en el veredicto será imprescindible, a mi parecer, porque si al jurado solo se le fuera a preguntar si se utilizó a una asistente para labores privadas (que es probablemente el escenario que imaginó Peinado al dirigirnos a un jurado), entonces Begoña entrará a juicio ya condenada.

En fin, este juicio tan extraño no es más que el resultado de una instrucción atrabiliaria que nadie supo parar, en manos de un instructor que contó siempre con la permisibilidad de sus compañeros, que nunca le pidieron cuenta de sus excesos. La inercia corporativa de este Poder Judicial es tan apabullante que no encontrará motivo para reclamar responsabilidad a un juez cuya ineptitud jurídica es tan flagrante que la superioridad no le ha revocado en este asunto ni cinco ni diez ni quince, sino más de veinte decisiones en dos años. ‘Nada que decir’, habrá dicho el Consejo, ‘es uno de los nuestros’.

El juez Juan Carlos Peinado ha cumplido con los tiempos que se marcó para el final de su carrera profesional. Antes de su jubilación, efectiva desde el próximo 27 de septiembre, ha acordado la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, para que sea juzgada por un tribunal del jurado. Le imputa delitos de tráfico de influencias y malversación, y se sentará en el banquillo junto a su asistente en la Moncloa, Cristina Álvarez.

Peinado no ha impuesto medidas cautelares antes del juicio a las dos acusadas si bien establece “la obligación de permanecer en todo momento a disposición” del juzgado y del tribunal que les vaya a corresponder, así como de “comunicar cualquier cambio de domicilio o paradero” y de comparecer si son requeridas.

Además, como preveían fuentes de las defensas, el magistrado ha desestimado la tesis del nuevo abogado de Begoña Gómez que sostuvo en la audiencia preliminar que el escrito de acusación de HazteOir era ineficaz por cuanto recogía en su contenido datos y referencias a informes policiales de los que no debía conocer el jurado popular.

Sobre la alegación de Álvarez de que no había sido citada personalmente para la audiencia preliminar y por tanto se le había provocado indefensión, el juez responde que esa situación “ha sido creada y provocada voluntariamente por la propia acusada” porque eludió la orden de estar en todo momento a disposición del juez. Y añade que su ausencia en la vistilla “no le ha causado menoscabo alguno en su de derecho de defensa, ni perjuicio real y efectivo a sus intereses” porque tuvo representación letrada.

Sí acuerda, en cambio que se averigüe la capacidad económica de la esposa de Sánchez a través del Punto Neutro Judicial y que se libre para ello un oficio a la Agencia Tributaria para que remita las cinco últimas declaraciones de la renta. Esto lo acuerda por petición de HazteOir “a fin de concretar la multa proporcional interesada por el delito de tráfico de influencias”. El juez recuerda además que el gasto directo asumido por la Universidad Complutense de Madrid por el desarrollo del software investigado es de 113.509 euros, cantidad que reclama como actor civil.

La causa abierta por Peinado tras admitir una denuncia del pseudosindicato de funcionarios Manos Limpias ha sido avalada por la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid. Fue en julio cuando cinco magistrados de esa sección respaldaron la investigación llevada a cabo por el juez instructor contra Gómez, al menos en lo que respecta a los delitos de tráfico de influencias y malversación.

Descartaron, sin embargo, seguir el procedimiento contra ella por los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida, y sacaron de este procedimiento al empresario Juan Carlos Barrabés. Contra el empresario, los magistrados acordaron seguir la investigación en procedimiento abreviado para ventilar lo relativo a la legalidad o ilegalidad de las adjudicaciones de los contratos públicos investigados.

Junto a Begoña Gómez será juzgada su asistente, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación de caudales públicos, aunque solo en relación con el supuesto desvío del software de la Complutense -Transforma TSC-, por lo que la colaboradora de Gómez no será juzgada por tráfico de influencias.

El tribunal de la Audiencia Provincial sostuvo, por otro lado, que la decisión de Peinado de llevar el procedimiento por el tribunal del jurado “no puede reputarse arbitraria ni contraria a Derecho, en la medida en que identifica los delitos que, de manera indiciaria, pudieran resultar aplicables y justifica la continuación del procedimiento por dicho cauce”.

Y sobre esos indicios, los jueces de la Sección 23 afirmaron para justificar que sea juzgada por el delito de tráfico de influencias: “Parece perfectamente verosímil sostener en el caso que nos ocupa y con el canon de la simple probabilidad ahora exigible, que la investigada logró el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del Presidente del Gobierno”.

Ahora, la Audiencia Provincial debe asignar a uno de sus jueces como magistrado-presidente. Éste será el responsable de acotar el hecho justiciable, y de dictar la sentencia en la que recogerá el veredicto del jurado popular. También impondrá, en su caso, la pena y medida de seguridad que corresponda. La ley recoge que también resolverá, en su caso, sobre la responsabilidad civil del penado o de terceros respecto de los cuales se hubiera efectuado reclamación.

Peinado regresa a Fernando VII

En el auto que ha trascendido este lunes, Peinado vuelve sobre lo ya escrito en resoluciones anteriores. Así, sostiene que, con la llegada de Sánchez a La Moncloa en 2018, Begoña Gómez vivió “un cambio inmediato y significativo en su trayectoria profesional”. Para el juez, la investigada logró “el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del presidente del Gobierno” para lograr ser la directora de la cátedra extraordinaria que impartió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), y para que esto ocurriera “de forma casi inmediata y sin verificar un mínimo control sobre la consistencia del proyecto propuesto”.

Considera, además, que su posición le facilitó acceder “a interlocuciones institucionalmente excepcionales” y que desde la llegada de su esposo a la Presidencia del Gobierno “se tomaron determinadas decisiones públicas favorables a la cátedra y al proyecto TSC, que pudo obtenerse mediante un aprovechamiento singular de su posición relacional”.

Para el juez, por mucho que se busque en la jurisprudencia una resolución que analice o interprete el tráfico de influencias, no se puede hallar un supuesto parecido al que ha investigado él. “Las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado”, indica, para volver a hacer alusión por similitud al reinado de Fernando VII.

A Gómez también le imputa el delito de malversación de caudales por el uso que hizo de su asistente “en favor de intereses estrictamente privados o particulares” porque entiende que Álvarez “habría intervenido de manera continuada en actividades ajenas a las funciones propias de su puesto”.

En cuanto a la malversación que se les imputa a ambas, el juez dice en su nuevo auto que de los hechos investigados se desprende que el software o plataforma digital surgido en el entorno de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva “fue concebido, impulsado y desarrollado bajo el paraguas institucional de la UCM con intervención de personal universitario, financiación y colaboración de diversas empresas tecnológicas y participación activa de tanto de Gómez como de Álvarez. Y añade que si bien ”se intentó inicialmente su encauzamiento por la vía institucional“ a través de un departamento de la UCM, dicho procedimiento no llegó a culminarse.

En paralelo, explica que la esposa de Sánchez “fue asegurando el control privado de los elementos identificativos y de explotación del proyecto mediante el registro de marcas vinculadas a TSC y a TransformaTSC, el alta y posterior control del dominio transformatsc.org y la constitución de la sociedad Transforma TSC, S.L.”. Y el juez explica que existe “un cconjuntoindiciario relevante acerca del destino final del software y de su desplazamiento desde el ámbito universitario al ámbito privado”.

El Gobierno: “Es incuestionable la intención política”

El Gobierno ha “condenado” la apertura de juicio oral y la ha calificado de “arbitraria”. “Condenamos la decisión del Juez Peinado de decretar la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez. Denunciamos que se trata de una instrucción arbitraria e injusta que solo responde a la persecución judicial contra Begoña Gómez por el hecho de ser la mujer del presidente del Gobierno”.

Fuentes de Moncloa aseguran que “es intolerable que, una vez más, se notifique un auto de esta causa coincidiendo con un viaje internacional del presidente del Gobierno. Así como que se haga público antes de ser notificado a las partes. Son incuestionables la intención política, el acoso y la deshumanización que han marcado toda esta instrucción”.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha presentado un recurso de alzada contra la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de archivar las quejas que presentó ante este mismo órgano contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso contra Begoña Gómez.

En el recurso, al que ha tenido acceso elDiario.es, el ministro sostiene que la actuación del órgano de gobierno de los jueces no representa los estándares de agilidad y rigor exigibles y critica que “bien por conservadurismo, bien por corporativismo” haya sido incapaz de corregir las “irregularidades” denunciadas “y reponer así el prestigio y la reputación del Poder Judicial”. 

Bolaños denunció la “hostilidad” y la “actitud intimidatoria” del juez cuando le interrogó como testigo en la Moncloa en el caso contra la esposa del presidente del Gobierno y cuando, después, pidió sin éxito al Tribunal Supremo que abriera una causa contra él. El magistrado exigió una tarima para poder colocarse en un plano superior al del ministro, le acusó de contestar con “evasivas” y le llegó a reprochar que sonriera. 

El pasado julio, los cuatro vocales conservadores de la Comisión Permanente y el consejero elegido a iniciativa de Sumar Carlos Hugo Preciado respaldaron la propuesta del Promotor de la Acción Disciplinaria de archivar las diligencias abiertas a raíz de las quejas de Bolaños. Esa misma Comisión Permanente es competente para decidir sobre los recursos de alzada impuestos frente a decisiones de la autoridad disciplinaria, lo que augura que este recurso tiene pocas opciones de prosperar.

De hecho, el propio Bolaños admite que no confía en que ese órgano revoque su propia decisión y anuncia que su objetivo es agotar la vía administrativa antes de acudir a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de la que dice que está seguro de que “hará el trabajo que correspondía al CGPJ: defender y proteger el buen nombre de la judicatura”.

A juicio de Bolaños, la resolución del Promotor carece de “motivación”, dado que no realiza “un análisis verdaderamente individualizado de las actuaciones denunciadas” y tampoco explica “por qué todas quedarían comprendidas en el núcleo irreductible de la potestad jurisdiccional”.

Por ejemplo, limitó a calificar como una “situación puntual de cierta tirantez dialéctica” lo que el ministro considera que fue “una actitud objetivamente intimidatoria e injustificadamente hostil, incompatible con la posición que le correspondía” durante el interrogatorio.

Así, en la grabación consta que apenas iniciado el interrogatorio, el juez advirtió a Bolaños que en cualquier momento de la declaración podría modificar su condición procesal de testigo a investigado. También que le reprendió por usar expresiones como “creo que” o “en términos generales” o le reprochó que discrepara de la calificación de determinadas respuestas como “evasivas”.

En su escrito, el ministro denuncia que pasaron 427 días entre que presentó la primera de las denuncias en junio de 2025 y se le notificó el archivo el pasado 5 de agosto. Todo ello a pesar de que, a su juicio, se trataba de unas pesquisas sobre “actuaciones muy concretas, perfectamente identificadas y de muy sencilla comprobación”. Además, sostiene que durante ese tiempo la investigación fue “limitada” y se llevaron a cabo “un número muy reducido de diligencias de investigación”. 

La audiencia preliminar que se ha celebrado este martes en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha supuesto el punto y final de la instrucción que el juez Juan Carlos Peinado arrancó en 2024 y que, con toda probabilidad, derivará en la redacción por parte del magistrado de un auto en el que acordará la apertura de juicio oral. Juicio que se celebrará por el procedimiento del Tribunal del Jurado. Ante los nueve ciudadanos que conformen ese jurado se sentarán, presumiblemente, Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, y su asistente en La Moncloa, Cristina Álvarez, por los delitos de tráfico de influencias y malversación.

El juez Peinado ha llegado sobre la bocina a esta última cita a la que finalmente no asistieron ninguna de las dos imputadas. Tras esta audiencia, el juez disfrutará de unas vacaciones que le apartarán de sus quehaceres laborales hasta el 18 de septiembre. Y desde entonces tendrá hasta el 27 de este mes para redactar ese auto final antes de disfrutar de su jubilación -los magistrados deben jubilarse forzosamente al cumplir los 72 años de edad-.

Fuentes jurídicas presentes en esta audiencia han reseñado a elDiario.es que la defensa de Begoña Gómez ha planteado durante su intervención la ineficacia del escrito de acusación presentado por la acusación popular dirigida por HazteOir -la única acusación que pide la apertura de juicio oral- porque presenta graves defectos insubsanables.

Indican que el letrado, Jaime Campaner -experto en procedimientos del Tribunal del Jurado-, ha señalado que la norma es muy clara al exigir a las acusaciones que en la conclusión primera de sus escritos se limiten a relatar “los hechos punibles”. Así, ha criticado que de forma insólita la acusación de HazteOir ha trufado de referencias a atestados policiales y, sobre todo, a declaraciones prestadas en fase de instrucción lo que debió limitarse a una narración de hechos.

Campaner ha sostenido ante Peinado que esta situación es especialmente grave al tratarse de un procedimiento por jurado, pues la ley opta por no permitir que lo ocurrido en fase de investigación llegue al juicio para no contaminar al jurado. Además, ha recordado que la ley del jurado, a diferencia de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, da una última oportunidad a la acusación para que modifique su escrito al comienzo de la audiencia preliminar, por lo que su escrito debe ser considerado irremediablemente ineficaz.

Por su parte, el fiscal se ha ratificado en su escrito en el que indicó que no veía delito, y el abogado de Cristina Álvarez, José María de Pablo, ha pedido el archivo de la causa y ha señalado que valora recurrir la audiencia preliminar porque su representada no ha podido asistir dada la premura de la citación. HazteOir, finalmente, no ha solicitado medida cautelar alguna para las imputadas y ha mantenido que se debe ir a juicio con jurado popular.

Cabe recordar que esta audiencia, a la que no renunciaron las diferentes partes previamente, es un trámite necesario recogido en la ley del Tribunal de Jurado, y sirve para marcar posiciones de cara al juicio y para exponer ante el magistrado los escritos de conclusiones provisionales. Además, las diferentes partes han podido marcar posiciones de cara al juicio. Tanto la defensa de Begoña Gómez como la de Cristina Álvarez se oponen en sus escritos a la celebración del juicio solicitando su libre absolución, mientras que la acusación popular dirigida por HazteOir mantiene en su escrito la petición de 13 años de cárcel para la esposa de Pedro Sánchez.

Esta vista se ha celebrado después de que la Audiencia Provincial de Madrid avalara en julio la investigación llevada a cabo por el juez instructor contra Gómez, al menos en lo que respecta a los delitos de tráfico de influencias y malversación. Descartó, sin embargo, seguir el procedimiento contra ella por los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida, y sacó de este procedimiento al empresario Juan Carlos Barrabés. Contra el empresario, los magistrados acordaron seguir la investigación en procedimiento abreviado para ventilar lo relativo a la legalidad o ilegalidad de las adjudicaciones de los contratos públicos investigados.

Junto a Begoña Gómez será juzgada su asistente, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación de caudales públicos, aunque solo en relación con el supuesto desvío del software de la Complutense, por lo que la colaboradora de Gómez no será juzgada por tráfico de influencias.

El tribunal de la Audiencia Provincial sostuvo, por otro lado, que la decisión de Peinado de llevar el procedimiento por el tribunal del jurado “no puede reputarse arbitraria ni contraria a Derecho, en la medida en que identifica los delitos que, de manera indiciaria, pudieran resultar aplicables y justifica la continuación del procedimiento por dicho cauce”.

Y sobre esos indicios, los jueces de la Sección 23 afirman: “Parece perfectamente verosímil sostener en el caso que nos ocupa y con el canon de la simple probabilidad ahora exigible, que la investigada logró el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del Presidente del Gobierno”.

Tras ese auto llegaron los escritos de conclusiones provisionales. El nuevo abogado de Begoña Gómez, Jaime Campaner, señaló que se debía declarar la libre absolución de su mandante dado que los hechos por los que la acusación popular de HazteOir solicita 13 años de cárcel “no son ciertos” y “no existe delito alguno”. Insistía en que “no influyó ni ejerció presión moral” para conseguir la cátedra de la Complutense y en que no hay “delito alguno” en los hechos.

La defensa de Cristina Álvarez, por su parte, señaló igualmente que los hechos descritos por el juez “no son constitutivos de delito” y que la causa “está condenada a la disolución del jurado”. Además, interesó que HazteOir tuviera que hacerse cargo de las costas de la defensa de su patrocinada.

El abogado de Begoña Gómez asistirá finalmente a la audiencia preliminar fijada para la tarde de este martes por el juez Juan Carlos Peinado, aunque solicita retrasarla al menos 45 minutos para poder llegar. Así consta en un escrito en el que el letrado comunica que finalmente puede acudir tras suspenderse otras declaraciones que debía atender.

Afirma que ha logrado reservar plaza en el primer vuelo disponible hacia Madrid, cuyo aterrizaje está programado para las 17:50 horas. El juez fijó la audiencia previa al juicio para este martes a las 18 horas. El juez se jubila el próximo 27 de septiembre y su intención es pasar a retiro habiendo dictado el auto de apertura de juicio oral contra la esposa de Pedro Sánchez.

El escrito del abogado Jaime Campaner llega después de que Peinado instara al letrado a buscar un compañero que le sustituya en esa vista que él pretendía celebrar este martes dado que se va de vacaciones el miércoles y estará fuera del juzgado los próximos 10 días. El juez argumentó en esa última resolución que si la audiencia no se celebraba en la fecha y hora indicadas quedaría pendiente de señalar por un periodo de tiempo “indefinido”.

Peinado apelaba a la “buena fe procesal” para solicitar al letrado que buscara a alguien que le sustituya y argumentaba que en esta audiencia preliminar no hay diligencias pendientes de practicar, dado que rechazó la declaración como testigo del codirector de la cátedra de la Universidad Complutense que había solicitado la defensa de Begoña Gómez.

El juez Juan Carlos Peinado ha dictado un auto por el que acuerda citar a Begoña Gómez y a su asistente en la Moncloa, Cristina Álvarez, este martes para la celebración de la última audiencia preliminar antes de llevarlas a juicio ante un jurado popular por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación o apropiación indebida. En la resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado ordena citar “personalmente” a ambas investigadas a las 18 horas. Gómez ha pedido un aplazamiento de la cita porque su abogado, Jaime Campaner, volará este martes a Barcelona para atender a otro proceso judicial; y Álvarez ha notificado que “se encuentra actualmente de vacaciones fuera de España”.

La resolución se adopta después de que las defensas presentaran sus escritos de conclusiones provisionales y anunciaran que no renuncian a la celebración de esta comparecencia. Se trata de un trámite previsto en la ley que debe celebrarse antes de la apertura del juicio oral.

Por otro lado, Peinado ha negado la petición de la defensa de Begoña Gómez de que se tomara declaración como testigo al profesor José Manuel Ruano, codirector de la cátedra que la mujer del jefe del Ejecutivo colideró en la Universidad Complutense de Madrid. El magistrado argumenta que su comparecencia no es imprescindible para resolver sobre la apertura del juicio oral.

El nuevo abogado de la esposa del presidente del Gobierno, Jaime Campaner, presentó el pasado viernes de nuevo su escrito de conclusiones después de que el pasado julio la Audiencia Provincial de Madrid avalara el grueso de la investigación del juez Peinado. La defensa de la esposa del presidente pidió su absolución con el argumento de que los hechos por los que la acusación popular de HazteOir solicita 13 años de cárcel “no son ciertos” y “no existe delito alguno”.

La defensa de la asistente Cristina Álvarez también solicitó su absolución. Su abogado, José María de Pablo, sostiene en ese escrito que los hechos descritos por el juez “no son constitutivos de delito” y que la causa “está condenada a la disolución del jurado”.

Argelia Queralt (Múnich, Alemania, 1976) es vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde hace dos años. Doctora en Derecho y profesora titular de la Universitat de Barcelona, llegó al órgano de gobierno de los jueces a propuesta del PSOE tras una etapa como letrada del Tribunal Constitucional. Queralt atiende por teléfono a elDiario.es días antes del acto oficial de inicio de curso de los tribunales que se celebra el próximo jueves.

La jurista defiende que “los jueces son un poder del Estado y tienen más responsabilidad democrática que otros colectivos” y lamenta que el arraigado “corporativismo” dentro del órgano frene la autocrítica y la apertura frente a “señales de alarma”, como las encuestas que apuntan a una cierta desconfianza de los ciudadanos en la Justicia.

Tras meses de investigación, el CGPJ archivó nueve de las once quejas tramitadas contra el juez Juan Carlos Peinado. Y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de archivar otra de las dos que ustedes le remitieron. ¿Hay resistencias a sancionar a otros jueces?

Hay cuestiones como todo lo relativo a la libertad de expresión que la parte judicial tiene más reticencias a sancionar. Su argumento es que los jueces, cuando no están ejerciendo, tienen libertad de expresión absoluta. Eso me llama la atención. No se trata de limitar ilegítimamente su libertad de expresión, pero la propia Comisión de Ética —aunque sus resoluciones no son vinculantes ni pueden ser utilizadas como elemento disciplinario— sí habla de prudencia y de no olvidar que sus manifestaciones pueden afectar a la idea de neutralidad e imparcialidad. Falta concienciar a la carrera de que aunque son ciudadanos y ciudadanas de a pie cuando no están ejerciendo no dejan de tener unas responsabilidades. Debería haber un debate en el seno del Consejo y de la judicatura y después una actualización legislativa sobre el tema disciplinario.

Durante este curso, el Consejo también rechazó sancionar al juez que llamó “Barbigoña” a la mujer de Sánchez y al magistrado que dijo que Irene Montero no podía darles lecciones a los juristas “desde su cajero de Mercadona”. Lo hizo con el voto en contra de los vocales de su grupo. ¿Esos mensajes socavan la apariencia de imparcialidad?

Precisamente por esto hay que darle una vuelta al tema de la libertad de expresión. La apariencia de imparcialidad es un concepto un poco difuso, pero es la que hace que la ciudadanía confíe en el buen hacer de los miembros de la carrera judicial. Determinadas manifestaciones o expresiones relativas al género o a cuestiones políticas dan una mala imagen que se extiende a toda la carrera y acaban propiciando una visión de una judicatura no imparcial. La judicatura debe comportarse de una manera ejemplar y respetar todos aquellos elementos que permitan que la ciudadanía confíe en su actuación, que es independiente, sí, pero muy importante, también debe ser imparcial y parecerlo.

Cada año se tramitan unas 500 diligencias informativas contra jueces. ¿Pretende el Consejo limitar las quejas que se presentan contra jueces con el nuevo reglamento que está en tramitación?

Es una iniciativa que se está tramitando para poder mejorar el procedimiento de quejas, que es muy informal. Ahora el buzón de queja ciudadana del Consejo se utiliza para ejercer un derecho de protesta. Y eso hace que otras quejas que están bien formuladas tarden más en ser tramitadas. Además, solo se plantea que en determinados procedimientos solo las partes puedan interponer la queja, que no haya una especie de acción popular. Pero es solo una iniciativa que se ha empezado a tramitar.

Sondeos publicados recientemente por diversos medios revelaron que seis de cada diez españoles creen que los jueces se dejan influir por su ideología política. ¿Preocupan estos datos en el Consejo?

Es una percepción que también han recogido otros estudios de la UE o la OCDE y que evidencia que hay un problema de confianza respecto de la actuación de la Justicia. Es una llamada de atención que hay que tener en cuenta nos guste más o menos o nos parezca que tiene más o menos razón. Hay que tomar estos datos como señales de alerta, ver qué está pasando y actuar en consecuencia. Pero ahí sale el corporativismo. La mayoría del Consejo no está por llevar a cabo este proceso de reflexión, sino que lo percibe como un ataque al Poder Judicial. Yo creo que esto es un error no porque esté validando esos resultados, sino porque creo que en un Estado democrático tenemos que ser sensibles a esas opiniones. Los jueces y juezas son un poder del Estado y tienen que tener un elemento de responsabilidad democrática más elevado que otros colectivos.

En todo caso, ¿ve algún cauce para abordar este asunto en el Consejo?

Antes del verano nuestro grupo compartió con la presidenta y el resto de vocales una hoja de ruta de actuaciones, políticas públicas y decisiones que creemos que deberían guiar nuestro mandato, pero no hemos recibido respuesta. Para nosotros es indispensable dar respuesta a esa alerta, pero creo que a día de hoy en el Consejo no estamos en la voluntad de iniciar ese proceso de reflexión.

¿Cómo ve el liderazgo de la presidenta Isabel Perelló?

En general, la presidenta lleva a cabo una política excesivamente corporativista. A veces se deja llevar por esa protección de la carrera, como si el Poder Judicial necesitara de una protección extra porque se siente atacado. Aunque sea una actuación de buena fe y en la carrera se pueda ver de forma positiva, desde el punto de vista de la ciudadanía puede verse como defensiva, no de cooperación o colaboración institucional. También hay un cierto recelo hacia una apertura mayor del Consejo. Por ejemplo, comunicativamente deberíamos ser más activos. La transparencia es fundamental para legitimar la actividad judicial.

El pasado octubre parte de su grupo fue muy crítico con ella cuando pactó con los vocales de la derecha y Carlos Hugo Preciado un nuevo reparto de poder que propició que ocho de las once comisiones del órgano tengan mayoría conservadora. ¿Cómo ha evolucionado la situación desde entonces?

En aquel momento, hubo una ruptura de los equilibrios y del consenso que se había pactado. Nos pesó durante muchos meses porque debilitaron nuestra posición y aquellas líneas de actuación que podíamos creer prioritarias se vieron relegadas. Nos costó unos meses reubicarnos e ir ganando otra vez confianza con el otro grupo. A nivel personal las relaciones son buenas, pero en las votaciones se funciona como grupo. Además, tenemos un compañero, Carlos Hugo Preciado [elegido a iniciativa de Sumar], que tiene una línea de actuación propia que suele coincidir con la de la presidenta y el bloque conservador.

Las decisiones se adoptan por mayorías. Si no tienes los votos no se adopta el acuerdo que tú querrías. Por ejemplo, uno de los últimos temas que se trataron fue el de las cargas de trabajo de los jueces. Habíamos llegado a un acuerdo de mínimos y eso se rompió en el último Pleno. Hay una serie de personas que tienen un peso específico y que acaban decantando la balanza hacia el lado que no conviene a las políticas progresistas que creemos que deberían adoptarse.

Los vocales de derecha han bloqueado durante meses la elección de una vacante pendiente en la Sala Segunda que ustedes creen que se debe adjudicar a una mujer de sensibilidad progresista. ¿No ha habido manera de forzarles a negociar?

El bloque conservador tiene la mayoría y la presidenta les apoya. En el Consejo se adoptan los acuerdos por mayoría. Si hay una mayoría que dice que no va a empezar a debatir hasta que queden vacantes otros puestos de esa misma Sala para hacer una renovación en bloque te puedes poner como quieras, pero no hay nada que hacer. El problema es que estamos en una situación en la que no tenemos los votos, así que eres generoso e intentas llegar a otros acuerdos o rompes con todo. Ir a todo en contra supone no conseguir nada de lo que nosotros creemos que se debería hacer, más allá de los nombramientos.

Para nosotros era importantísimo el tema de las cargas de trabajo, salud judicial, la presencialidad… Hay un par de reglamentos importantísimos que se están trabajando. A veces se hacen concesiones para intentar ir avanzando en otros aspectos donde se pueda llegar a acuerdos. Siempre estamos en la disyuntiva de si vamos a todo que no o vamos a ver lo que se puede conseguir con los votos que tenemos.

¿Qué balance hace de sus dos años como vocal? ¿Su grupo ha cumplido los retos que se propuso cuando empezó el mandato?

Deberíamos haber pactado una hoja de ruta y eso no se ha hecho. Se han conseguido cosas por la actuación de las comisiones, porque el Pleno ha ido haciendo, pero no porque hubiera una hoja de ruta clara. No tenemos capacidad para adoptar todas las medidas que queremos. En octubre del año pasado se quebró el equilibrio en el Consejo y supuso un antes y un después en algunas de las cosas que creíamos que podíamos haber hecho de forma consensuada y trabajando como órgano de gobierno plural pero bien engrasado.

A pesar de ello, se ha ido cumpliendo con la gestión de los nombramientos pendientes, un asunto que resulta de vital importancia para el funcionamiento interno de la carrera. Aunque tienen poca visibilidad, se han hecho cosas en materia de género o digitalización e inteligencia artificial. Son medidas pequeñas que pueden servir mucho a la carrera. O se ha trabajado de forma coordinada para habilitar una sede provisional en Barcelona para la Escuela Judicial mientras el edificio principal está en obras o para poder convocar las 500 nuevas plazas judiciales.

En los últimos días, ha habido un cruce de comunicaciones entre el Consejo y el Ministerio de Justicia a propósito de los refuerzos de los juzgados de Ceuta para hacer frente a la crisis migratoria.

Eso estaba solucionado, pero se ha querido dar una perspectiva político-mediática. La Comisión Permanente ya dio luz verde el 18 de agosto para que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía pudiera adoptar las medidas que considerara oportunas respecto a refuerzos o guardias. Todo lleva un procedimiento, aunque sea de urgencia. Hay que hacer la convocatoria, dar publicidad, que se presenten aspirantes, resolver… Todo eso lleva unos plazos que están previstos en la ley para garantizar la transparencia y la igualdad de oportunidades.

La defensa de Begoña Gómez ha presentado de nuevo su escrito de conclusiones después de que el pasado julio la Audiencia Provincial de Madrid avalara el grueso de la investigación del juez Juan Carlos Peinado. El nuevo abogado de la esposa del presidente del Gobierno, Jaime Campaner, defiende que los hechos por los que la acusación popular de HazteOir solicita 13 años de cárcel “no son ciertos” y “no existe delito alguno”.

El escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, trata de desmontar la tesis de las acusaciones de extrema derecha que sustentan la causa y que defienden que Begoña Gómez se valió de su condición de esposa del presidente del Gobierno para impulsar su carrera y que, además, lo hizo con la ayuda de su asistente en la Moncloa, Cristina Álvarez.

Su abogado defiende que desde la llegada de la democracia es una “costumbre” que las cónyuges del presidente cuenten con personal de apoyo para tareas de “carácter institucional”, pero también de “naturaleza privada o profesional”. Para apuntalar este argumento, de cara al juicio aporta como prueba documental pasajes del libro de memorias de Ana Botella, donde la esposa de José María Aznar detalla que su asistente personal la acompañaba en actos oficiales y en tareas estrictamente privadas, como asistir a desfiles de moda, al Camino de Santiago o con los preparativos de la boda de su hija.

También pedirá que se exhiban durante el juicio las fotografías en las que Jaime de los Santos, actual miembro de la Ejecutiva del Partido Popular, aparece portando las bolsas de la tienda Escada de Elvira Fernández, esposa de Mariano Rajoy. De los Santos cobró del erario público por desempeñar el puesto de asistente de la mujer del entonces presidente.

Según el escrito, el propio certificado de funciones de la asistente alude a que sus tareas de “gestión de la agenda”, “preparación de la presencia en reuniones, visitas y/o eventos” o “acompañamiento en desplazamientos” incluyen cuestiones tanto públicas como privadas. La defensa de Begoña Gómez insiste, además, en que Cristina Álvarez no ha desatendido sus funciones como asistente por auxiliarla en cuestiones relacionadas con la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense, dado que realizaba horas extra por las que no cobraba más remuneración.

La cátedra de la Complutense

Parte de la investigación impulsada por el juez Peinado gira en torno a la actividad profesional de Gómez en la Complutense. Según el juez, desde la llegada de Pedro Sánchez, primero a la Secretaría General del PSOE y, sobre todo, al Gobierno, “se tomaron determinadas decisiones públicas favorables” a esa cátedra gracias a su “posición relacional”.

El escrito recuerda que Begoña Gómez ya venía colaborando con la Complutense desde 2012, “mucho antes de que su marido accediera a la presidencia del Gobierno”. Además, detalla que solicitó la excedencia en su empresa de consultoría (Inmark) en junio de 2018 precisamente para evitar cualquier conflicto de interés. E insiste en que “no influyó ni ejerció presión moral” para conseguir esa cátedra.

El juez otorgó total relevancia al hecho de que Begoña Gómez utilizara el Palacio de la Moncloa para mantener reuniones sobre proyectos empresariales y académicos, como el encuentro en el que según la defensa del presidente “surgió la idea” de crear esa cátedra. Peinado dijo que eran conductas que “parecen más propias de regímenes absolutistas” y que habría que “remontarse al reinado de Fernando VII” para analizar estos hechos.

En su escrito, el abogado alega que Begoña Gómez se puso en contacto con el rector “para charlar por teléfono, mantener una reunión online o en un lugar interdisciplinar como la Escuela de Gobierno de la Complutense”, pero que finalmente la reunión se celebró en la Moncloa —su domicilio oficial— porque esas dependencias estaban cerradas por la pandemia.

Asimismo, la defensa recuerda que, según el propio reglamento de la Complutense, las cátedras extraordinarias tienen como fin primordial la recaudación de fondos y no exigen una titulación universitaria superior para su dirección, que es el cargo que Begoña Gómez desempeñó de “forma gratuita” durante cuatro años. Además, al no ser funcionaria, solo podía cobrar un máximo de 15.000 euros al año por los dos másteres que impartía en ese centro.

Sobre la supuesta apropiación indebida de un software para pequeñas empresas ligado a la cátedra, el letrado afirma que la propiedad de esa herramienta digital siempre fue de la Complutense. Y que el registro “funcional y provisional” de la marca y de la web transformatsc.org a nombre de su clienta se debió a indicaciones de la propia Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Complutense, que no tenía un cauce propio para registrar dominios. Además, defiende que se hizo para evitar que terceros se lo apropiaran.

Por último, el escrito recalca que las facturas emitidas por la sociedad mercantil de Gómez por unos talleres de sostenibilidad fueron fiscalmente “neutras”, ya que los ingresos recibidos se destinaron íntegramente a pagar a los técnicos colaboradores, sin reportarle ningún beneficio.

El escrito califica de “temeraria” la actuación tanto de la acusación popular que lideran los ultracatólicos de HazteOir, como de la Complutense, que está personada para reclamar la responsabilidad civil por los supuestos daños o “perjuicios patrimoniales” derivados de las actuaciones investigadas.

A este respecto, la defensa de Begoña Gómez insiste en que la Complutense no sufrió ningún perjuicio patrimonial, ya que el software se financió íntegramente con patrocinadores privados, e incluso se quedó con un remanente de 29.685 euros tras el cese de la cátedra. En consecuencia, solicita que se condene en costas tanto a la acusación popular como a la Complutense.

La defensa de Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez en La Moncloa, ha presentado de nuevo su escrito de conclusiones ante el juez Juan Carlos Peinado después de que en julio la Audiencia Provincial de Madrid acotara de nuevo la instrucción del magistrado. El letrado de la asistente señala ahora que los hechos descritos por el juez “no son constitutivos de delito” y que la causa “está condenada a la disolución del jurado”.

La Audiencia Provincial decidió en julio que la asistente de Begoña Gómez debía ser juzgada pero solo por un presunto delito de malversación de caudales públicos en relación con el supuesto desvío del software de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), por lo que la colaboradora de Gómez no será juzgada en ningún caso por tráfico de influencias.

Ahora, en el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, el letrado José María de Pablo detalla que la asistente “no intervino personalmente en la contratación” del dominio de 'TransformaTSC' -donde se alojaba el software presuntamente desviado- ni en su posterior transferencia a la esposa de Pedro Sánchez. Añade que tampoco intervino en el registro de la marca denominada Plataforma de medición de Impacto Social y Medioambiental www.TransformaTSC.org' que “fue solicitada y registrada directamente y a título personal por la propia Begoña Gómez”, y que tampoco intervino “en la constitución de la sociedad Transforma TSC SL”.

Con todo, sí que explica que “debido a la estrecha relación laboral como asistente, y personal como amiga” con Begoña Gómez sí la ayudó “voluntariamente en algunas tareas administrativas relacionadas con la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la UCM” que la esposa del presidente del Gobierno codirigía.

Cabe recordar que parte del contenido de esa cátedra consistía en la creación y desarrollo de un software o programa informático, denominado 'Plataforma TSC' que consistía en una aplicación que permitiera de forma gratuita a las pymes medir el impacto social y medioambiental en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

Tras explicar las diferencias entre un software, un servidor y un dominio, el letrado interesa la libre absolución de su defendida y propone imponer a la acusación popular liderada por la asociación HazteOir el pago de las costas procesales ocasionadas a la asistente dado que se ha acusado a su mandante “por unos hechos que, aunque fuesen ciertos, nunca podrían ser constitutivos de delito: No cabe mayor temeridad”.

“Es un disparate —solo explicable por la intencionalidad exclusivamente política y mediática que mueve a la acusación popular— acusar a mi mandante de cooperación necesaria en la contratación de un dominio mientras se reconoce que esa contratación la llevó a cabo en solitario y sin ayuda Blanca de Juan”, añade haciendo referencia a quien era coordinadora de la Cátedra Extraordinaria de la UCM.

En este sentido, abunda en que Álvarez acompañó a Begoña Gómez el 6 de septiembre de 2022 a la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) para tratar aspectos del procedimiento para el registro de la propiedad intelectual de algunos elementos de la cátedra, como el software o su marca, así como para la contratación del dominio. Y añade que en dos correos posteriores, ese departamento les remitió información en la que indicaban que desde la UCM “nunca se habían registrado dominios, por lo que se enviaba un enlace con información sobre cómo hacerlo”.

Recuerda, además, que en septiembre de 2024, una vez fue imputada Gómez, su abogado remitió un correo a la UCM explicando que era necesario renovar ese dominio porque caducaba y que ella no iba a proceder a la renovación. “La Universidad Complutense no llevó a cabo ninguna gestión, de modo que el dominio caducó y, en consecuencia, los internautas dejaron de tener acceso al software”, recuerda. Añade a esto que el software desde su desarrollo siempre estuvo “alojado en un servidor de Google Cloud Platform a nombre, como propietarios, de un empleado de la Universidad Complutense y de cuatro técnicos de Devoteam” -subcontratada de Google-.

El pleno de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid acordó en julio avalar la decisión del juez Juan Carlos Peinado de que el caso abierto en 2024 contra Begoña Gómez siga por el procedimiento del Tribunal del Jurado. Esta decisión supone que será un jurado popular conformado por nueve residentes en la Comunidad de Madrid quien emitirá un veredicto sobre la culpabilidad o no culpabilidad de Begoña Gómez por dos delitos: tráfico de influencias y malversación.

José Luis Rodríguez Zapatero afronta el regreso de la actividad en los tribunales con varios hitos pendientes. Por un lado, las declaraciones de los dimitidos presidente y CEO de Plus Ultra, que lo implicaron en el cobro de una comisión de 530.000 euros por ese rescate, previstas para los días 7 y 8 de septiembre. Por otro, está pendiente de fecha la citación a sus hijas, también investigadas por su empresa, Whathefav, a la que el juez sitúa como receptora de fondos del entramado de Julio Martínez. Y, además, tiene pendiente desde hace casi tres meses responder por el origen de las joyas que se localizaron en una caja fuerte en su despacho.

Zapatero es el primer presidente del Gobierno en comparecer como imputado ante un juez, aunque no es el primer líder del ejecutivo central que pasa por los juzgados. Su comparecencia implica que todos los presidentes de la democracia española, desde Adolfo Suárez hasta Pedro Sánchez, han comparecido por orden de los juzgados, aunque hasta ahora todos lo habían hecho como testigos y Zapatero es el primero acusado de un ramillete de delitos relacionados con su actividad profesional posterior a su vida en el Palacio de La Moncloa.

Zapatero, el rescate de Plus Ultra y las joyas

José Luis Rodríguez Zapatero, presidente durante dos legislaturas entre su victoria de 2004 y las elecciones anticipadas que perdió en 2011, está siendo investigado por dos motivos distintos: su relación con el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea Plus Ultra y también por las joyas, valoradas en más de un millón de euros, que los agentes de la UDEF encontraron en su despacho de la calle Ferraz. En la causa se investigan hasta siete delitos de organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental, blanqueo de capitales, contrabando y delitos fiscales.

El expresidente del Gobierno quedó en libertad sin cautelares tras declarar durante dos horas ante Calama para negar todas las acusaciones, unas explicaciones que no terminaron de convencer ni al juez ni a Anticorrupción. Rechazó haber usado su influencia como antiguo líder del Ejecutivo para favorecer el rescate millonario de la aerolínea y negó también, por tanto, haber cobrado una comisión por ello. Ni a través de pagos de empresas ni a través de la agencia de sus hijas ni tampoco a través de una hipotética sociedad en Dubái.

La defensa del expresidente está pendiente de la respuesta que pueda dar el juez instructor a sus peticiones de anular la causa. Tras rechazar de plano los recursos inicialmente, Calama rectificó y accedió a revisar ocho resoluciones, la mayoría dictadas por el juzgado de Madrid que investigó el rescate de Plus Ultra antes de que la Audiencia Nacional asumiera el caso.

Por otro lado, Zapatero pidió más tiempo para recopilar información sobre la segunda de las acusaciones que pesan sobre él: las joyas que los agentes encontraron en una caja fuerte de un despacho anexo al suyo. Joyas que, según una tasación encargada por el juzgado, tienen un valor aproximado de 1,3 millones de euros. Ahora el juez quiere saber cuándo las obtuvo Zapatero, si las declaró correctamente o si incurrió en delitos fiscales y de contrabando.

Han pasado ya casi tres meses desde que el expresidente del Gobierno pidió más tiempo para recopilar documentación y justificar la presencia de estos objetos, algunos individualmente tasados en más de 200.000 euros. En la entrevista que concedió en julio a TVE, evitó responder sobre su procedencia e insistió en que prefería reservar esa información para entregársela al juez. Las calificó de “regalo de cortesía, personal, de hace muchos años”. Ante la insistencia del presentador, Javier Ruiz, ni siquiera precisó de qué país procedía el regalo.

Adolfo Suárez y el caso Banesto

Adolfo Suárez González fue el primer presidente de la democracia española, entre 1976 y 1981, pero su declaración como testigo en un juzgado no llegó hasta más de una década después. Fue en octubre de 1998 cuando compareció en la Audiencia Nacional en el marco del caso Banesto para responder sobre las palabras del banquero Mario Conde, quien afirmaba haber entregado 300 millones de pesetas al Centro Democrático y Social (CDS) de Suárez a cambio de hacer gestiones ante el Banco de España a favor de la entidad. Unos años antes también había comparecido de forma voluntaria en fase de instrucción. “No recibí en absoluto ni yo, ni el CDS, dinero de Banesto, ni de ningún trabajador de la entidad”, dijo Suárez ante los jueces de la Audiencia Nacional.

El caso Banesto terminó con en 2002 con el Tribunal Supremo elevando la condena de Mario Conde hasta los 20 años de cárcel. La Fiscalía, casi una década antes, se había querellado contra Conde y los exdirectivos del banco como responsables del agujero de más de 500 millones de pesetas que llevó a la intervención del Banco de España. Los tribunales concluyeron que Conde se quedó con 300 millones del banco y que justificó verbalmente su salida para hacer “un pago” a Adolfo Suárez “por un servicio que había prestado ante el Banco de España”. El dinero salió en bolsas de deporte y su destino final nunca fue conocido, por lo que la afirmación de Conde se quedó en un argumento de defensa sin pruebas.

Felipe González y el terrorismo de Estado

El socialista Felipe González tomó el relevo de Adolfo Suárez en 1982 hasta que perdió ante José María Aznar en 1996. Para entonces su Gobierno y el PSOE se habían enfrentado a diversos escándalos, pero pocos al nivel del terrorismo de Estado de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) destapados por El Mundo en 1994. La guerra sucia contra ETA que fue juzgada en el Tribunal Supremo dos años después de la salida de González de La Moncloa y el expresidente tuvo que testificar señalado como la “X” del caso y con parte de su cúpula de Interior en el banquillo. El alto tribunal, que declaró probado el secuestro de Segundo Marey, siempre rechazó responsabilizar penalmente a Felipe González.

La Sala de lo Penal del Supremo dictó sentencia ese mismo año con condenas para los 12 encausados y el voto en contra de cuatro integrantes del tribunal. Los hechos probados relataban cómo los mandos de Interior autorizaron el secuestro ilegal de un dirigente etarra, primero con efectivos policiales y después con “mercenarios franceses”. En su lugar los mercenarios entregaron a los policías involucrados al ciudadano francés Segundo Marey, a quien habían confundido con el etarra.

Esa no fue la última testifical de Felipe González por ilegalidades cometidas durante su mandato. Tres años más tarde compareció ante la Audiencia Provincial de Madrid en el juicio contra el exministro José Barrionuevo, Rafael Vera y media docena de altos cargos policiales y de Interior. En esta investigación, que terminó con condenas de cárcel por malversación por el desvío de fondos reservados para pagar el “enriquecimiento personal”, González testificó para negar estas irregularidades y afirmar que sus antiguos colaboradores eran víctimas de una “cacería” contra él.

Mariano Rajoy, la Gürtel y la Kitchen

Mariano Rajoy Brey, presidente del Gobierno del PP desde la derrota del PSOE en 2011 hasta la moción de censura de 2018, ostenta el récord de veces que un presidente del Gobierno ha testificado por hechos ocurridos durante su mandato. También es el único en haber comparecido ante un tribunal mientras todavía vivía en el Palacio de La Moncloa. Lo hizo dos veces en dos juicios diferentes de la trama corrupta Gürtel que anidó en las administraciones públicas gobernadas por su partido, y una última vez hace pocas semanas en el caso Kitchen de corrupción policial que también, esta todavía supuestamente, se desarrolló bajo su mandato.

Su primera testifical fue en el juicio de la trama principal del caso Gürtel en 2017. El entonces todavía presidente del Gobierno compareció ante la Audiencia Nacional con un fuerte dispositivo de seguridad y negó, en una declaración atropellada y con cortes del juez Ángel Hurtado, haber tenido constancia de la existencia de la trama Gürtel que durante años dominó la contratación pública allí donde gobernaba el PP. El partido fue condenado como responsable a título lucrativo por beneficiarse del entramado.

Su segunda testifical en el caso, esta vez en el juicio de 2021 por la caja B del PP, fue telemática y se saldó con más negaciones de Rajoy sobre la existencia de la contabilidad paralela y con una nueva condena para el PP, esta vez como responsable civil subsidiario del fraude fiscal derivado de la reforma de su sede con dinero negro.

“Yo me llamo Mariano Rajoy y luego cada uno me llama como quiere”. El expresidente del Gobierno volvió a vestirse de testigo el pasado mes de abril y remató así su declaración en el juicio de la operación Kitchen, el operativo policial ilegal supuestamente puesto en marcha bajo su mandato por el Ministerio del Interior para espiar a Luis Bárcenas y robar pruebas comprometedoras para el PP y el propio Rajoy. El caso, que todavía está siendo juzgado en la Audiencia Nacional, tiene en el banquillo a su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, así como diversos mandos policiales y al comisario jubilado José Manuel Villarejo. Y Rajoy negó que Bárcenas le pudiera haber grabado destruyendo documentación sobre una caja B del PP que, en paralelo, los tribunales han declarado probada en firme.

José María Aznar y el caso Gürtel

José María Aznar estuvo al frente de los gobiernos del PP desde su victoria ante Felipe González en 1996 hasta su derrota ante Zapatero en 2004. Y testificó junto con Mariano Rajoy en el juicio de la caja B del Partido Popular en 2021, también de forma telemática y en su caso con mascarilla. “No he recibido ningún sobresueldo. Lo que hicieran mis sucesores ni me interesa”, dijo el expresidente del Gobierno.

Pedro Sánchez y la visita del juez Peinado

El 31 de julio de 2024 el juez Juan Carlos Peinado llegó en coche al Palacio de la Moncloa y pasó menos de dos minutos ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El magistrado decidió llamar a declarar a Sánchez en la causa en la que investiga a su esposa, Begoña Gómez, y el presidente del Gobierno, que intentó sin éxito declarar por escrito como facilita la ley, optó por acogerse a su derecho a no declarar en una causa penal abierta a un familiar directo.

El magistrado justificó su decisión de tomar declaración a Sánchez en una línea: “Se considera conveniente, útil y pertinente recibir declaración al esposo de la investigada”. Esa no fue la última visita de Peinado a Moncloa. Ya en abril de 2025 tomó declaración a Félix Bolaños después de que el juez solicitara una tarima para que su mesa fuera la más alta de la estancia.

El juez Juan Carlos Peinado encara sus últimas semanas en activo con un asunto que puede marcar el final de su trayectoria en la carrera judicial: su posible sanción disciplinaria. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) empezará a analizar en septiembre si las quejas que le trasladó el pasado julio el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pueden acarrear una sanción leve para el juez que ha logrado sentar en el banquillo a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, según informan a elDiario.es fuentes jurídicas.

La jubilación forzosa de Peinado está prevista para el 27 de septiembre, cuando cumplirá la edad máxima que pueden tener los magistrados en activo, fijada en los 72 años. A partir de entonces, se extinguirá cualquier posibilidad de sanción disciplinaria. Tras el parón del mes de agosto, el tribunal madrileño empezará a analizar la documentación a partir de septiembre. En primer lugar, tendrá que decidir si le abre expediente disciplinario o rechaza de plano emprender cualquier actuación con las diligencias que le remitió el Consejo General del Poder Judicial.

En todo caso, teniendo en cuenta el protocolo a seguir y los plazos temporales tan ajustados, las fuentes consultadas auguran que Peinado solo podría ser reprendido con la sanción menos severa de entre todas las que tienen carácter leve si es que finalmente el tribunal decide imponerle algún correctivo. Se trata de la sanción de advertencia, una especie de reproche disciplinario formal sin ni siquiera multa económica.

El artículo 422.1 de la ley del Poder Judicial determina que la advertencia se impondrá “sin más trámite que la audiencia del interesado, previa una información sumaria”. Las fuentes consultadas explican que se trata de un procedimiento rápido, en el que se analiza la documentación remitida por el CGPJ y se da audiencia al juez afectado, con lo que daría tiempo a culminar el proceso durante septiembre.

Además, la decisión depende únicamente de la presidencia del tribunal, un cargo que actualmente ocupa en funciones la magistrada Aurora de la Cueva después de que el pasado 20 de julio su anterior presidente, Celso Rodríguez Padrón, tomara posesión de su nuevo puesto en el Tribunal Supremo. De la Cueva ocupa el cargo de forma interina dado que es la presidenta de Sala más antigua de ese órgano judicial.

El procedimiento más largo dificulta la sanción

Las faltas leves como las que el CGPJ sospecha que pudo cometer Peinado también pueden ser castigadas con multa de hasta 500 euros o con multa y advertencia de forma conjunta. Sin embargo, en ese caso la ley prevé un trámite más complejo. El procedimiento exige la designación de un instructor que debe recabar pruebas y, si ve materia, hacer después un pliego de cargos que el expedientado puede contestar en el plazo de ocho días, así como proponer más pruebas.

Transcurrido ese plazo y previa audiencia de la Fiscalía, el instructor formulará propuesta de resolución, en la que fijará con precisión los hechos, hará la valoración jurídica de los mismos e indicará la sanción que estime procedente. Dicha propuesta de resolución se notificará al interesado, que tendrá otros ocho días para hacer alegaciones.

Una vez concluido este trámite, el expediente se remitiría a la Sala de Gobierno del TSJM, que es la competente para imponer por mayoría este tipo de sanciones. Ese órgano tiene ocho miembros, de los que al menos cinco pertenecen a la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

En caso de sanción, el magistrado y la Fiscalía pueden recurrir en la vía administrativa, sin perjuicio de los que procedan en la vía jurisdiccional. La ley establece que la resolución sancionadora será ejecutiva cuando agote la vía administrativa, aún cuando se hubiere interpuesto recurso contencioso-administrativo, salvo que el tribunal acuerde su suspensión.

Aunque la ley da un plazo máximo de un año para resolver los expedientes por este tipo de sanciones, las fuentes consultadas ven muy complicado que se puedan cumplimentar todas estas garantías procesales y plazos de alegación en menos de un mes desde que el TSJM retome la actividad en septiembre hasta el día 27 del mismo mes.

Ataques a la Policía

La primera de las diligencias remitidas al tribunal madrileño se abrió después de que la Comisión Permanente del CGPJ acordara remitir al Promotor de la Acción Disciplinaria el auto en el que Peinado justificó su decisión de retirar el pasaporte de Begoña Gómez por la posibilidad de que los policías que trabajan como escolta de la mujer del presidente o sus jefes pudieran ayudar en una posible fuga.

Los vocales del bloque progresista y la presidenta del órgano, Isabel Perelló, consideraron que la autoridad disciplinaria debía valorar si esas expresiones podían suponer una falta de desconsideración. Pero el Promotor propuso archivar ambas investigaciones y dejar sin sanción a Peinado por estos hechos. Argumentó que el Consejo únicamente puede intervenir si lo solicita el tribunal superior del juzgado correspondiente, algo que no ha sucedido en este caso.

Sin embargo, de nuevo los vocales progresistas y la presidenta entendieron que existe jurisprudencia del Tribunal Supremo que permite sancionar este tipo de expresiones sin cumplir ese requisito. En concreto, una sentencia de la de lo Contencioso-Administrativo de 2014 que confirmó una sanción a un magistrado por una falta de desconsideración respecto de instituciones, al haber empleado en distintas resoluciones judiciales expresiones plagadas de descalificativos hacia la Generalitat de Catalunya. Al tratarse de una falta leve, la competencia en este caso es del TSJM, de quien decidirá si hay o no sanción.

La segunda de las diligencias remitida al tribunal madrileño fue abierta tras la denuncia presentada por un particular que denunció que Peinado había tardado un año y siete meses en tramitar un procedimiento. De nuevo, el Promotor propuso el archivo al considerar que los hechos no revisten carácter disciplinario, pero la misma mayoría de la Permanente estimó, sin embargo, que pueden ser constitutivos de una falta leve de retraso y acordó su remisión.

Otros jueces sin sanción

El órgano de gobierno de los jueces tiene competencias para exigir responsabilidad disciplinaria a jueces y magistrados si su conducta se desvía de una serie de principios tasados entre los que están la independencia, la imparcialidad o el respeto a las partes. Las sanciones por faltas cometidas en el ejercicio de sus cargos pueden ir de multas económicas a traslados forzosos, suspensiones y expulsiones.

Sin embargo, las cifras evidencian que la mayoría de las investigaciones que se abren acaban sin sanción. En 2024, último año del que existen datos disponibles, el Promotor dictó 362 acuerdos de archivo de diligencias informativas y solo abrió 24 expedientes disciplinarios, de los que únicamente 11 acabaron en sanción.

Este año, el bloque conservador impuso su mayoría en la Comisión Disciplinaria y archivó sin sanción los expedientes abiertos al juez Manuel Ruiz de Lara, quien llamó “Barbigoña” a la mujer del presidente del Gobierno y al magistrado Eloy Velasco, que criticó a la exministra y eurodiputada de Podemos Irene Montero.

Además, la Permanente también archivó el pasado julio otras cuatro quejas contra Peinado. Entre ellas, las que presentó el ministro de Justicia, Félix Bolaños, por la actuación del juez cuando le interrogó como testigo en ese caso y cuando, después, pidió al Tribunal Supremo que abriera una causa contra él. Durante el interrogatorio, el juez acusó al ministro de contestar con “evasivas” y se permitió cuestionar alguno de sus gestos. Después, el juez tergiversó el testimonio del ministro para apuntalar su petición al Supremo de que abriera una causa contra él. El alto tribunal rechazó investigarle.

El archivo de esa queja se llevó a cabo con el voto favorable de los vocales conservadores y del consejero elegido a iniciativa de Sumar Carlos Hugo Preciado que, no obstante, sí se mostró partidario de denunciar a Peinado por los delitos de revelación de datos reservados y prevaricación en relación con otras de las quejas presentadas contra él que también resultaron archivadas.