La defensa de Begoña Gómez ha presentado este lunes el escrito de defensa en el que solicita su libre absolución ante su posible juicio por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. En su escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, el letrado Antonio Camacho argumenta que los hechos investigados no son constitutivos de ningún delito: “No procede la imposición de pena ni sanción de ninguna clase”. Además, la defensa solicita que se impongan las costas procesales a las acusaciones de extrema derecha que han impulsado la causa por actuar con “temeridad y mala fe”.

Parte de la investigación impulsada por el juez Juan Carlos Peinado gira en torno a la actividad profesional de Gómez en la Universidad Complutense. Según el juez, desde la llegada de Pedro Sánchez, primero a la Secretaría General del PSOE y, sobre todo, al Gobierno, “se tomaron determinadas decisiones públicas favorables” a la cátedra que Begoña Gómez codirigió en esa Universidad gracias a su “posición relacional”.

Su defensa recuerda, sin embargo, que su vinculación con ese campus comenzó en 2012, cuando Pedro Sánchez “no ostentaba responsabilidad pública alguna”. Tras codirigir varios másteres, en 2020 asumió la dirección de la Cátedra Extraordinaria en “Transformación Social Competitiva”, un término “que ella inventó, que antes no existía y que de ninguna manera estaba registrado por la Universidad en registro alguno”, recoge el escrito.

El letrado recuerda asimismo que este cargo no conllevaba “retribución económica alguna” y afirma que su nombramiento cumplió con todos los requisitos legales exigidos por el centro universitario. Sostiene que fue el rector, Joaquin Goyache, quien le planteó en una reunión de julio de 2020 la posibilidad de que dirigiera una cátedra extraordinaria dada su experiencia con la codirección de dos máster.

El juez Peinado otorgó total relevancia al hecho de que Begoña Gómez utilizara el Palacio de la Moncloa para mantener reuniones sobre proyectos empresariales y académicos, como la citada con el rector. Apunta que se trata de conductas que “parecen más propias de regímenes absolutistas” y defiende que “quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII” para analizar estos hechos. En su escrito, la defensa de Begoña Gómez alega que cuando se produjo esa reunión, la Complutense estaba cerrada por la pandemia y que, desde 2018, el Palacio de la Moncloa es su residencia familiar.

Sobre la supuesta apropiación indebida del software vinculado a la cátedra, el letrado afirma que el convenio de la cátedra preveía crear una plataforma tecnológica gratuita propiedad de la Complutense “para la medición del impacto social y su cuantificación”.

Las aportaciones económicas de las empresas colaboradoras ingresaron directamente en el patrimonio de la universidad, y fue la propia Complutense quien licitó los contratos necesarios. La defensa recalca que el software nunca llegó a finalizarse ni a usarse debido a que la Complutense canceló la cátedra, por lo que ni Begoña Gómez se lucró ni la Universidad sufrió ningún perjuicio patrimonial.

Así, subraya que la esposa de Sánchez registró el dominio de internet y los símbolos de la marca “Transformación Social Competitiva” siguiendo las instrucciones expresas de la Oficina de Transferencia de Conocimiento (OTRI) del centro universitario. Esto se hizo para evitar que terceros se apropiaran de ellos, dado que la normativa universitaria impedía registrar el producto a nombre de la Complutense hasta que estuviera totalmente finalizado.

Por otro lado, el escrito se refiere a las tareas de la asistente Cristina Álvarez, quien tenía un puesto “habitual en la historia de nuestra Democracia desde sus inicios” de gestión de la agenda y la seguridad de la esposa del presidente. La defensa indica que su ayuda “ocasional” mediante el envío de “un número muy limitado de correos para ayudar en momentos puntuales” a Begoña Gómez no afectó sus funciones ni supuso un “menoscabo de recursos públicos”.

La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha recurrido ante la Audiencia Provincial la decisión del juez Juan Carlos Peinado de rechazar su oposición a que la causa sigua por el procedimiento del Tribunal del Jurado contra ella. Lamenta que la respuesta que le dio el juez incurre en una palmaria falta de motivación porque se limitó a “reproducir mecánicamente” los razonamientos jurídicos de otra resolución previa. Incide en que el magistrado le imputa el delito de tráfico de influencias solo “por ser cónyuge del presidente del Gobierno”.

En el recurso, al que ha tenido acceso elDiario.es, el letrado Antonio Camacho afea a Peinado de copiar y pegar en su respuesta el auto de 11 de abril por el que se decidió (de nuevo) que el asunto acabe ventilándose por un jurado popular. “No da respuesta a las concretas cuestiones planteadas en el recurso de reforma, lo que genera una situación material de indefensión constitucionalmente vedada”, subraya, para luego precisar que debía haber resuelto de manera concreta y diferenciada cuestiones “esenciales” como la inexistencia de indicios racionales, la improcedencia de determinadas calificaciones jurídicas o la ausencia de conexión lógica entre los hechos, los tipos penales que se le imputan, o la improcedencia de la tramitación por el cauce de la ley del Jurado.

Para Camacho, esa ausencia de respuestas a las cuestiones planteadas por la defensa en el recurso de reforma (el que se presenta ante el instructor) “no solo constituye una deficiencia de motivación, sino que integra la figura jurídica de la incongruencia omisiva total” que vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que ampara a la esposa de Pedro Sánchez.

Por eso, solicita a la Audiencia Provincial anular la resolución del juez por la que respondía negativamente a la pretensión de que el asunto no siguiera por el procedimiento del Tribunal del Jurado e insiste en que, en todo caso, “no existen indicios” que permitan que pueda seguir la causa por esa vía.

Al hilo, indica que tras “mucho esfuerzo” han delimitado que a Begoña Gómez se le imputan cuatro delitos: Corrupción entre particulares, apropiación indebida de marcas, malversación de caudales públicos y tráfico de Influencias. Y que solo dos son propios de ese tipo de tribunal popular. Al hilo, vuelve a revisar los indicios para subrayar que en el caso del tráfico de influencias Peinado “falta plenamente a la realidad” al manifestar que a partir del nombramiento de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno en junio de 2018 “se produjo un cambio inmediato y significativo en la trayectoria profesional” de su cónyuge.

“Esto es absolutamente falaz y no responde a la realidad, puesto que mi representada ya dirigía un máster en la Universidad Complutense desde el año 2012”, explica, para apuntar que “es falso como señala el auto (de Peinado), que su actividad hasta 2018 solo estuviera vinculada al ámbito laboral privado del marketing y la consultoría en el Grupo Inmark”. Así, vuelve a insistir, como en escritos anteriores en que la única conclusión que puede extraerse es que se está investigando a Begoña Gómez “por ser cónyuge del presidente del Gobierno”.

Precisamente este miércoles trascendió otro escrito de la defensa de Gómez ante el juez en el que reclamaba que paralizara la causa hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos presentados contra la decisión de volver a dirigir el procedimiento hacia un jurado popular. Cabe recordar que en esta causa también constan como investigados su asesora en el Palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

Barrabés y Álvarez, falta de motivación

En la misma línea que la defensa de Begoña Gómez, el letrado de Barrabés explica en otro recurso de apelación, al que también ha tenido acceso elDiario.es, que el juez Peinado en su auto por el que respondía a su recurso contra la continuación del procedimiento por el Tribunal del Jurado “ni valora ni resuelve los concretos motivos de impugnación expuestos”. Denuncia que la respuesta del juez tenía “una motivación aparente” pero que en realidad “sus 25 folios son una reproducción literal y exacta de otro auto”.

Aparte, el abogado incide como en escritos anteriores en que no existen indicios que justifiquen que se siga la causa contra el empresario, que no ha tenido relación con la cátedra extraordinaria que codirigía Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid ni ha realizado aportaciones económicas a la misma. Además, resalta que los contratos de Red.es y las cartas de apoyo redactadas por Gómez que se incluyen en el auto del juez en realidad los investiga la Fiscalía Europea, por lo que están fuera del procedimiento. Por todo ello, solicita el archivo de la causa para él.

Mientras, la asistente de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, ha pedido también la libre absolución denunciando, como los otros dos investigados, que Peinado “incurre en un patente defecto de motivación” porque en la respuesta a su recurso “no analiza ni resuelve las concretas alegaciones formuladas” sino que se limita “a reproducir, de manera literal, y recurriendo al copia y pega, la fundamentación contenida en otro auto”.

Además, combate que se deba seguir el procedimiento por el cauce del jurado popular y sobre el delito de tráfico de influencias que le imputa Peinado recalca que los hechos que se le atribuyen “nunca” podrían encajar en ese tipo penal. Recuerda, al hilo, que el juez le achaca reuniones y conversaciones con particulares que no son autoridades ni funcionarios, y que “presionar moralmente a un ingeniero de Google, aunque hubiese ocurrido —que no— nunca sería tráfico de influencias”.

Sobre el delito de corrupción entre particulares, explica que los hechos descritos por el auto recurrido “carecen de prácticamente todos los elementos del delito de corrupción entre particulares” porque sólo puede ocurrir entre sociedades mercantiles mientras que las relaciones descritas por el juez lo son entre sociedades mercantiles y una entidad pública, como es la Universidad Complutense. Además, detalla que el delito consiste en la solicitud, recepción, ofrecimiento o pago de un soborno a un directivo para que contrate a un proveedor en lugar de a otro, y la resolución de Peinado no describe ningún soborno. “La lectura de este fundamento de derecho demuestra un preocupante desconocimiento del contenido y elementos del tipo” del Código Penal, añade.

En cuanto al delito de apropiación indebida, destaca que los activos inmateriales (como un dominio, un software o una marca) no pueden ser objeto del delito de apropiación indebida. Y añade, además, que en todo caso en ningún caso se puede atribuir a su asistente porque no intervino en el registro del dominio a favor de Begoña Gómez.

Por último, sobre el delito de malversación, el letrado de la asistente explica que los hechos descritos por el auto de peinado “no constituyen delito de malversación”. “Ni existe un estatuto de la asistente del cónyuge del presidente del Gobierno que delimite cuáles son y cuáles no son sus funciones, ni el tiempo dedicado por mi patrocinada a actividades de doña Begoña que puedan considerarse privadas es relevante teniendo en cuenta sus horas de trabajo, ni consta que por esas actividades haya desatendido nunca ninguna de las funciones encomendadas”, recuerda.

Y suma esto que, incluso si hubiera delito, en ningún caso se puede atribuir a la asistente porque “como funcionaria explotada por su superior solo podría ser objeto del delito”. “Nunca una sentencia ha condenado al funcionario explotado”.

Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado al juez que la investiga, Juan Carlos Peinado, que paralice la causa hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos presentados contra la decisión de volver a dirigir el procedimiento hacia un jurado popular si finalmente llega a juicio.

A través de un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Gómez pide al juez “acordar la suspensión del procedimiento ante el tribunal del jurado, con paralización de todos los plazos procesales actualmente en curso hasta tanto la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos interpuestos”.

Cabe recordar que la Audiencia Provincial de Madrid frenó en febrero la decisión de Peinado de abocar la investigación a un juicio con jurado popular, como así pretendía el magistrado instructor, al estimar un recurso de la defensa de Gómez contra esa decisión. En aquel momento, los magistrados argumentaron que no había “indicios racionales de criminalidad” que justificaran esa decisión.

Peinado dictó un mes después un auto en el que justificó que “se ha podido comprobar la concurrencia de indicios de los elementos de los delitos que son competencia del tribunal del jurado”.

Ya en abril, el juez planteó juzgar a Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida, junto a su asesora en el Palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha mostrado este viernes su “absoluto respaldo y apoyo” a los integrantes de la carrera judicial que “se ven afectados por actuaciones y presiones”. Durante su intervención en el acto de clausura de las XXXIV Jornadas de presidentes de Tribunales de Instancia —los antiguos jueces decanos—, Perelló ha dicho que ese tipo de manifestaciones “no respetan” el marco de lealtad institucional, que es “un deber implícito en la Constitución”. 

Las palabras de la también presidenta del Tribunal Supremo se producen semanas después de que diferentes miembros del Gobierno salieran en tromba contra el juez Juan Carlos Peinado tras su decisión de proponer sentar en el banquillo de los acusados a Begoña Gómez por cuatro delitos carentes, por ahora, de base probatoria y en contra del criterio de la Fiscalía, que ha solicitado de forma reiterada el archivo de esa causa.

En la mañana de este mismo viernes, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido en una entrevista en Espejo Público (Antena 3) su derecho a criticar a Peinado y ha negado que sus manifestaciones supongan ninguna forma de “presión” contra el magistrado.

Así, el ministro ha reiterado que su opinión que tiene sobre la instrucción del juez Peinado “es muy negativa”, pues considera que “no es normal que haya 15 revocaciones” de la Audiencia Provincial en una fase de instrucción y que el Tribunal Supremo también haya “tumbado instrucciones”. El alto tribunal frenó el intento del juez de implicarle a él mismo en la causa. 

“Injerencia externa”

Horas después, en su discurso ante los antiguos jueces decanos, la presidenta del CGPJ ha llamado a defender la “independencia” de los jueces “frente a cualquier forma de injerencia externa, venga de donde venga”. “Los jueces necesitan ejercer su función con plena autonomía de criterio, guiados únicamente por el Derecho”, ha aseverado. 

“Ni la mejor organización, ni las mejores leyes, ni los medios mejor dotados servirían para dar respuesta a la sociedad si no contáramos con el factor humano que representan todos los integrantes de la Carrera Judicial”, ha afirmado Perelló. 

Además, la presidenta ha hecho alusión a las palabras que pronunció la semana pasada el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), Mattias Guyomar, durante su visita al alto tribunal español. Guyomar afirmó que “cada vez que se ataca a un juez por lo que ha hecho en el ejercicio de sus funciones, es el Estado de Derecho lo que se pone en tela de juicio”, según ha recordado Perelló, que también se ha referido a las advertencias de la Comisión Europea de que los poderes ejecutivo y legislativo deben evitar caer en críticas que minen la independencia del Poder Judicial o la confianza pública en este.

Críticas a la reforma de Bolaños

En las jornadas que ha clausurado Perelló, los presidentes de Tribunales de Instancia han suscrito un escrito de conclusiones crítico con la reforma que sustituye los antiguos 3.900 juzgados unipersonales por 431 Tribunales de Instancia organizados por jurisdicciones y secciones especializadas. Así, cuestionan los mensajes “optimistas” sobre ese cambio legal y denuncia que se ha llevado a cabo con “desorganización”, “sin medios”, “sin tiempo suficiente” y “sin escuchar” a los operadores jurídicos. 

En este sentido, sostienen que los tribunales siguen careciendo de los recursos materiales y personales necesarios, lo que obliga a los profesionales a trabajar con un “notable sobreesfuerzo personal” debido a las “tímidas inversiones” por parte de la Administración. Y exigen al Ministro de Justicia que su promesa de crear nuevas plazas judiciales vaya acompañada de “la debida dotación de recursos personales y materiales”. “No es asumible que la creación de una Plaza Judicial no se acompañe del incremento proporcional de personal al servicio del Tribunal de Instancia”, recoge el escrito. 

La implementación progresiva del nuevo modelo se inició en julio de 2025 y culminó el 1 de enero de 2026, hace apenas tres meses. El asunto fue abordado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que concluyó en un informe que la reforma “no ha provocado suspensiones o demoras, más allá de casos puntuales”. El documento, no obstante, sí apreciaba problemas de “insuficiencia de personal”, de falta de adaptación de los medios informáticos y de “dispersión” de las sedes, que no se han reformado para ajustarse al nuevo modelo organizativo. 

El Ministerio de Justicia ha defendido, de acuerdo a sus datos oficiales, que en el primer año de la entrada en vigor de la reforma se han empezado a notar los efectos con un descenso de la litigiosidad y, por primera vez desde 2016, una reducción de los asuntos pendientes. 

En total, la bajada de la litigiosidad en los cuatro órdenes (incluyendo penal, social y contencioso-administrativo) es del 9,9% de abril de 2025 a abril de 2026. Solo en los órdenes civil y mercantil, donde la mediación es obligatoria desde hace un año, el porcentaje de caída llega al 20,4%. En 2024, la litigiosidad creció un 11,4% según datos del CGPJ. Son datos de las comunidades que no tienen la competencia de Justicia transferida: Castilla y León; Castilla-La Mancha; Extremadura; Murcia; Baleares; Ceuta y Melilla, a los que se suman los de Asturias y La Rioja. 

El juez Juan Carlos Peinado ha rechazado los recursos que pedían archivar la investigación contra Begoña Gómez y ha insistido en enviar a un juicio por jurado popular a la mujer del presidente del Gobierno, tras procesarla y cerrar su instrucción el pasado mes de abril.

En concreto, en un auto dictado este pasado martes, Peinado rechaza los recursos de reforma interpuestos por Begoña Gómez y los otros dos imputados, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, contra la decisión de enviar el procedimiento a un tribunal de jurado, en la que pedían además archivar la causa, una solicitud a la que se adhirió la Fiscalía.

El juez ha citado como testigo el próximo 14 de mayo al empresario José María Torres, quien se habría reunido con Gómez y su asesora Cristina Álvarez, también imputada.

El pasado abril, el magistrado procesó a Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida, dejando fuera el supuesto de intrusismo profesional, por el que también la había investigado durante la instrucción del caso.

Por otro lado, en una providencia a la que ha tenido acceso esta agencia de noticias, el magistrado concede cinco días a las defensas de los investigados para que presenten el escrito de conclusiones del proceso de instrucción y acuerda que reciban el escrito de calificaciones elaborado por las acusaciones populares que lidera hazte Oír y la Fiscalía.

HazteOir pedía 24 de años de cárcel para Gómez y la retirada del pasaporte por riesgo de fuga, mientras que el Ministerio Público abogaba por el sobreseimiento.

Asimismo, en otra providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado acata la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid y deja sin efecto una resolución emitida a finales de 2025 en la que acordaba reclamar un informe a la Asociación de Abogados del Estado para esclarecer si la esposa de Sánchez incurrió en un delito de intrusismo profesional al firmar pliegos de contratación de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), puesto que el instructor dejó fuera ese delito cuando la procesó.

En el marco de esta causa, el instructor indaga en varias líneas de investigación: el presunto tráfico de influencias de Gómez a favor de Barrabés; la gestión de Gómez en la cátedra y los dos másteres que codirigía en la Complutense; la presunta apropiación indebida por parte de la esposa de Sánchez del 'software' de dicha cátedra; y el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Gómez.

Las imágenes han sido más que comentadas y criticadas en los últimos días. Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, ya ha anunciado que denunciará al agitador ultra Vito Quiles por agresión después de que le impidiera salir de un bar. Una tensa situación que fuentes cercanas a Gómez califican de “acoso”. El ministro de Transformación Digital y líder del PSOE madrileño, Óscar López (Madrid, 1973), tiene clara su descripción para Quiles: “Basura fascista financiada por el PP”, asegura en conversación con elDiario.es.

López llega al Dos de Mayo como líder de los socialistas madrileños con críticas a Ayuso y su “sectarismo” después de que, una vez más, la presidenta no haya invitado a ningún miembro del Gobierno a las fiestas autonómicas. “Es la principal apóstol en España de esa ola trumpista que siembra el caos y acusa a los demás de sembrar el caos”, dice. Sobre el Gobierno de la Comunidad de Madrid, López cree que su objetivo es “deteriorar el servicio público para que la gente se pase a la privada” y, todo ello, mientras se expulsa a la gente de la capital.

Este sábado es Dos de Mayo, día de la Comunidad de Madrid. La presidenta, de nuevo, no ha invitado a ningún miembro del Gobierno. ¿A qué cree que se debe esto?

Es sectarismo puro. De hecho, por eso es tan importante cambiar Madrid, porque Ayuso gobierna para unos pocos y es muy sectaria con todos los demás. 

¿Tienen pensado ir igualmente, como por ejemplo fue el ministro Bolaños en 2023?

El PSOE es un partido serio, así que mantendrá la representación institucional que le corresponde a través de la Asamblea de Madrid. Pero vamos a hacer una fiesta alternativa. Desde que soy secretario general nos dedicamos a celebrar el Dos de Mayo en un ambiente de ilusión. 

Falta un año para las elecciones autonómicas y parece que ya empieza a haber movimiento en los partidos. De ser usted candidato del PSOE madrileño, es posible que fuesen dos ministros los que se disputaran los votos de la izquierda. ¿Cree que eso podría beneficiarles electoralmente?

A mí me parece que el Gobierno de España hace una gran gestión. Ahí están los datos económicos, los avances en derechos, la voz en el mundo en defensa de la paz, del multilateralismo. Si el Gobierno de España lo hubiera hecho mal, podría ser un freno, pero hoy es un aval y demuestra que quienes hemos tenido el honor de poder gobernar, lo hemos hecho bien.

Hablando de las autonómicas, ahora mismo Más Madrid está atravesando una crisis interna de cara a las primarias del partido. ¿Piensan que esto es una mala noticia para el bloque de izquierdas o que puede reforzar de alguna manera al PSOE?

Nunca lo vi en esos términos, porque nuestro objetivo es gobernar Madrid y para gobernar Madrid yo quiero que toda la izquierda sea fuerte. Por lo tanto, todo el respeto a los procesos internos de otra formación política y mis mejores deseos. Hay una relación extraordinaria a día de hoy del PSOE de Madrid con Más Madrid. A la mínima oportunidad que haya un cambio, lo va a haber. Va a haber un cambio en Madrid. 

Es muy grave el nivel de podredumbre del Partido Popular cuando ha llegado al Gobierno. Pone los pelos de punta porque no es propio de una democracia occidental

Parece que el PP de Ayuso ya ha empezado también a prepararse de cara a las autonómicas. Este jueves el partido firmaba una carta en la que de nuevo alimentaban la idea de fraude electoral de cara a 2027. Decían que en el PSOE “son capaces de todo”. ¿Qué opinión le merecen estas declaraciones?

Ayuso es la principal apóstol en España, yo diría que en Europa, de esa ola trumpista que hace esa política, que siembra el caos y acusa a los demás de sembrar el caos, pero lo siembran ellos con ese tipo de discursos que son verdaderamente intolerables y mucho más de alguien que gobierna. Si hay un genocidio en Gaza, vamos a ver a la embajadora de Israel. Si hay familiares de víctimas de residencias, acusamos a las familias de las víctimas. Si un periodista se atreve a denunciar, perseguimos al periodista o al fiscal general si hace falta. Va contra todo el mundo, contra el sentido común. Si hay una ley de memoria, la denunciamos y no la aplicamos. Si hay una ley de vivienda no la aplicamos, nos declaramos en rebeldía. Si hay una ley del aborto, hacemos que en Madrid no se pueda aplicar. 

Por eso no tengo ninguna duda de que esta vez va a haber un cambio en Madrid, porque no se puede gobernar para unos pocos. En las próximas autonómicas, la realidad va a ser muy sencilla: o es Madrid para quien vive Madrid o es Madrid para quien especula con Madrid. A los millones de personas que viven Madrid y que se ven perjudicados por ese modelo especulativo, extractivo, corrupto y que alimenta el caos y la frustración, les pido que defiendan sus intereses. 

Sin embargo, según las últimas encuestas, parece que Ayuso podría revalidar su mayoría absoluta de cara a 2027. ¿Cómo lo explica? ¿Cree que la oposición debería cambiar su estrategia?

Muchas encuestas están pagadas. Llevo muchos años en política, he visto muchas encuestas fracasar. La derecha tiene un método habitual que es bombardear la zona antes de que lleguen las elecciones y lanzar el mensaje de que no hay esperanza. Hay un millón y medio de madrileños que no votaron en las últimas elecciones. Me quiero dirigir a todos ellos para que piensen que si la vivienda es imposible en Madrid, si les cierran un centro médico para que se tenga que hacer un seguro privado, si su hijo no puede ir a una universidad pública, que piensen que eso se puede cambiar, pero eso se cambia participando en las elecciones. Los madrileños estamos muy orgullosos de Madrid. Nos encanta Madrid, también la ciudad. Pero el PP ha puesto en marcha un modelo que expulsa a la gente de aquí. 

Hay una larga historia y tradición de la justicia en amparar las prácticas o las malas prácticas en la Comunidad de Madrid. También casos de corrupción. Durante tres décadas podríamos ver una historia de sentencias que han protegido, amparado al PP de Madrid

Hablaba de las residencias. La Audiencia de Madrid ha rechazado ahora crear una macrocausa para este caso, como se venía reclamando. Han pasado seis años y la presidenta de la comunidad llama “plataforma de frustrados” a las familias que han denunciado. ¿Cómo se podría reparar a estas familias?

Hay una larga historia y tradición de la justicia en amparar las prácticas o las malas prácticas en la Comunidad de Madrid. También casos de corrupción. Durante tres décadas podríamos ver una historia de sentencias que han protegido, amparado al PP de Madrid. ¿Tiene sentido agrupar todas las causas en una sola? Hay un argumento que no se puede rebatir: todo tiene origen en una sola instrucción, en un documento real que existe, que son los protocolos de la vergüenza. Si no se hubieran redactado, firmado y enviado a las residencias, no se hubieran aplicado. Estamos hablando de un punto central del que se emite una orden y todos hemos podido ver en la comisión de investigación cómo responsables de las residencias que habían recibido ese correo lo aplicaron. Hiela la sangre cuando se le pregunta qué pasaba con una persona que estuviera en la residencia que tuviera seguro privado.

Los responsables de la patronal decían: “Llamamos al hospital privado y venían a recogerle en ambulancia”. Hubo una orden firmada por los responsables de la Comunidad para que las personas que no tenían un seguro privado, que necesitaban un hospital público, se quedaran en las residencias. Eso pasó en Madrid.

Hace unos días, la Comunidad de Madrid anunció un nuevo plan de residencias. ¿Qué opina de este plan?

El modelo del Partido Popular es hacer negocio. Con las plazas de la universidad, con la vivienda. Es todo especulativo. Nosotros estamos trabajando para elaborar una propuesta que no vaya solo de residencias, porque creo que muchos mayores lo que necesitan es una buena atención a domicilio. 

Ayuso es la principal apóstol en España, yo diría que en Europa, de esa ola trumpista que hace esa política, que siembra el caos y acusa a los demás de sembrar el caos, pero lo siembran ellos con ese tipo de discursos que son verdaderamente intolerables y mucho más de alguien que gobierna

Hoy en día había dos comunidades que tienen mucho retraso por los recortes del PP en las listas de la Ley de la Dependencia, pero le voy a dar dos ejemplos de cómo se hace bien y cómo se hace mal. En Catalunya, la semana pasada, el presidente Salvador Illa hizo un plan especial para revertir esa situación. ¿Qué hace Madrid? Nada, por eso las listas no paran de crecer, también las listas de espera en sanidad. En Madrid, se han recortado los servicios públicos, pero no porque no haya habido recursos: en los últimos siete años, ha recibido más de 40.000 millones de euros extra. Teniendo más recursos, no se hace porque el truco consiste en deteriorar el servicio público para que la gente se pase a la privada, sea en educación, sanidad o dependencia. No se puede explicar mejor que como lo hizo el gerente del Hospital de Torrejón, cuando decía que había que alargar las listas para que aumenten los resultados. 

Expliquemos a la gente lo que es la libertad de la señora Ayuso, lo que ellos llaman libertad de elección, que consiste en: ¿qué prefiere, esperar tres meses a que le atiendan en un hospital público o que le atienda uno de Quirón la semana que viene? Y en el de Quirón, financiado con dinero público, por lo tanto, pagamos dos veces. No puede ser que mucha gente no vea que está yendo directamente contra sus intereses para favorecer el privilegio de unos pocos. 

Además de la sanidad, una de las principales preocupaciones de los madrileños es la vivienda. Ustedes han criticado que Madrid expulsa ahora mismo a la gente. Mientras, Ayuso ha cargado contra el Plan Estatal de Vivienda. ¿Qué proponen ustedes para intentar solucionar este problema aquí en Madrid? 

Lo más importante es lo que dijo el presidente del Gobierno: el mercado de la vivienda es imperfecto y hay que intervenirlo. Compiten jóvenes o personas que necesitan alquilar un piso con grandes fondos de inversión o grandes fortunas que compran manzanas enteras. No pueden competir en plano de igualdad. Desde el Gobierno, eliminamos las Golden Visa, hemos puesto en marcha la Ley de Vivienda que se niega a aplicar la señora Ayuso. Con su aplicación, hoy, en Madrid, habría un millón de personas pagando menos de alquiler y medio millón de pequeños propietarios que tendrían un beneficio fiscal.

Hay un Plan Estatal de Vivienda que duplica los recursos para construir vivienda pública en Madrid. La Comunidad salió primero muy chula diciendo que no a ese plan y, ahora, ya está un poquito menos chula. Ese plan tiene una clave, que es la que no le gusta a Ayuso: establece que todo lo que se construya como vivienda pública se va a quedar como pública. El problema es que la vivienda pública que había construida en España ha pasado a manos de especuladores. Todo tiene que ver con medidas que regulen otra de las cosas que dan alergia al PP: los pisos turísticos.

Cuando se disparó el precio de la electricidad, Sánchez dijo que había que intervenir el mercado eléctrico y se nos dijo que era imposible y comunista. Lo hicimos con la solución ibérica, además de apostar por las renovables. Hoy, España tiene una de las energías más baratas. Por tanto, de vez en cuando hay que actuar, hay que intervenir y eso no significa ser un gobierno bolivariano comunista, sino defender el interés general, la justicia y las mayorías. Es lo que yo voy a hacer en la Comunidad de Madrid.  No es verdad que la ley ampare la ocupación. Y no es verdad que haya un problema masivo de ocupación. Lo que hay es un problema masivo de gente que no puede pagar un alquiler o que no puede comprarse una vivienda porque cualquier familia, cualquier joven, no puede competir con un fondo de inversión. Esa es la verdad.

El alcalde de Móstoles avanzó la semana pasada que se iba a querellar contra el delegado del Gobierno después de que este se refiriera al presunto caso de acoso sexual durante una reunión de la Junta Local de Seguridad. El PP sigue mostrando su apoyo a Manuel Bautista. ¿Cómo cree que debería haber actuado el Gobierno de la comunidad?

Espero que tomen nota las mujeres de la Comunidad de Madrid y, no solo las mujeres, todos aquellos que rechazamos cualquier práctica de acoso sexual y laboral, como dice la denuncia. La presidenta tuvo conocimiento al menos durante dos años del asunto y lo que hizo no fue citar a la denunciante, sino al denunciado para darle su amparo y mandar a dos sicarios, en este caso la señora Millán y el señor Serrano, a reunirse con la denunciante para que desistiera con expresiones tan graves como: “No le des un disgusto a tu padre”. Hay una mayoría en Madrid que rechaza esas cosas que está haciendo la Comunidad. Por muchos medios que compre la señora Ayuso, por muchos agitadores pagados que compre, por mucho colaborador también, que lo hay, dentro de la justicia, la verdad es evidente. 

Hace unas semanas, el periodista David Fernández contaba en un libro que acaba de publicar sobre la señora Ayuso que una diputada de Vox denunció ante ella que un exconcejal intentó besarla. Ella le había dicho que ‘no hay tema’. El portavoz del Gobierno de la Comunidad asegura que no les consta este hecho. ¿Qué opina sobre esto? 

Todos hemos visto al señor Serrano en una rueda de prensa preguntar a los periodistas: “Y tú, ¿cómo ligas?”. Pues esa es la pregunta, eso es lo que pone los pelos de punta, cómo consideran estos señores que hay que ligar. 

El empresario Víctor Aldama ha dicho esta semana en el Supremo que llevaba maletines de billetes para financiar ilegalmente al PSOE, aunque no aporta pruebas. ¿Cómo asiste a una acusación tan grave?

El Partido Socialista ha demostrado con auditorías internas y externas que no ha habido financiación irregular. Respeto el derecho de todo el mundo a defenderse, pero quien sí ha aportado pruebas de que no ha habido financiación irregular es el Partido Socialista.

Este lunes declara su excompañero de partido y exsecretario de organización, José Luis Ábalos. El retrato de estos personajes y de su modus operandi que está dejando el juicio es algo que a los socialistas debe provocar una sensación muy parecida a la vergüenza. 

No es agradable, pero cualquier formación política del tamaño del Partido Socialista puede tener casos de esta índole. Lo más importante es que la gente entienda quién actúa y quién no, quién ampara y quién no. Puedo decir con orgullo que mi partido y el Gobierno del que formo parte actuaron con contundencia, con rapidez, sin que hubiera ninguna condena. Y todos hemos visto casos donde se ha alargado la defensa de los acusados, se han destruido pruebas o se han montado policías patrióticas. No es el caso del Partido Socialista. 

Ha mencionado la trama policial del PP en el ‘caso Kitchen’. El inspector Morocho ha detallado una auténtica persecución del gobierno de Mariano Rajoy para dificultarle la investigación. ¿Qué conclusión saca de lo que arroja ese otro gran juicio de corrupción? 

Nadie ha acosado tanto a los jueces, a los periodistas y a los policías como el PP. Nadie, nunca. El PP montó una trama corrupta desde el aparato del Estado, una corrupción sistemática en el caso Gürtel para repartir sobres, sobresueldos y comisiones que llegaron a lo más alto de la cúpula del Partido Popular. Y también un ‘caso Kitchen’ para fabricar pruebas falsas contra rivales políticos y para destruir las pruebas que inculpaban a su partido. Es muy grave el nivel de podredumbre del Partido Popular cuando ha llegado al Gobierno. Pone los pelos de punta porque no es propio de una democracia occidental. 

Desde el Gobierno y el PSOE dan a entender todo el rato que el juez Peinado prevarica en el caso de Begoña Gómez, pero no recuerdo que lo hayan verbalizado expresamente. Como a usted ya le ha puesto una querella y le pide 70.000 euros no sé si querría aclarar aquí por el mismo precio si considera que prevarica o no. 

Yo describo hechos. Se ha hecho una investigación general y prospectiva, se han desatendido en todo momento los derechos de la persona que ha sido denunciada, se han ido contraviniendo decisiones de otras instancias jurídicas y ha llegado a montar dos interrogatorios en La Moncloa, contraviniendo el sentido común y la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal. No creo que sea una instrucción ejemplar para explicar a los estudiantes de Derecho. 

Le decía que a usted le pide 70.000 euros en una querella, pero también lo hace con periodistas. Reporteros sin Fronteras acaba de censurar ese ataque a la libertad de expresión. ¿Qué le parece?

No puedo dejar de pensar todo el rato en el señor Aznar y en aquel silbido para perros de: “El que pueda hacer que haga”. No puedo evitar pensar en eso. Lamento que haya personas en la justicia, en el periodismo o en la política que crean de verdad que todo vale con tal de derrocar a este Gobierno. Todo, incluso saltarse el Estado de derecho.

Begoña Gómez se ha convertido esta semana en una más de las personas que componen la larga lista de víctimas de acoso por parte del hostigador ultraderechista Vito Quiles. ¿Qué falla en un país como el nuestro para que este tipo campe a sus anchas por las instituciones como si fuese periodista y con tal sentimiento de impunidad como para acosar a la pareja del presidente del Gobierno?

Eso es basura fascista financiada por el PP. ¿Qué falla en el país? Un PP que no es normal. Un PP que ampara, financia y protege comportamientos ultras antidemocráticos que no eran conocidos en las últimas décadas y que hoy forman parte del paisaje. Lo qué está fallando es un PP que no es capaz de plantarse de una vez por todas y decir: “Nosotros no somos esto. Nosotros no somos esta basura”. Si esa derecha, que debería ser democrática y europea, no amparara esos comportamientos, las cosas serían diferentes. Pero todos hemos visto cómo las comunidades del PP los financian y les invitan a cerrar campañas en mítines.

A este señor se le otorgó una acreditación para trabajar en el Congreso como periodista bajo una presidencia socialista. 

Muy mal hecho, lo he dicho en varias ocasiones. 

Por eso le planteaba la autocrítica de no haber actuado a tiempo o de que el PSOE no ha sido consciente hasta que no ha afectado al Partido Socialista. 

No estoy de acuerdo. Esto no es un problema español, está pasando en el resto de Europa, está pasando en América. Nosotros tenemos una ley en el Parlamento que aplica dos reglamentos europeos: la libertad de medios de comunicación y la de servicios digitales. Y son fundamentales para lo que estamos hablando porque ayuda a saber cómo se financia un supuesto medio de comunicación. Porque hoy hay medios donde hay periodistas que hacen periodismo y compiten con algunos camuflados como medios y periodistas que no lo son. Son agitadores, son máquinas de sembrar odio, son máquinas de sembrar bulos. Y están financiados por alguien. Sepamos quién los financia. Sigamos la pista del dinero y entonces, a lo mejor, lo entenderemos. 

[Vito Quiles] es basura fascista financiada por el PP. ¿Qué falla en el país? Un PP que no es normal, un PP que ampara, financia y protege comportamientos ultras antidemocráticos que no eran conocidos en las últimas décadas y que hoy forman parte del paisaje. Lo qué está fallando es un PP que no es capaz de plantarse de una vez por todas y decir: nosotros no somos esto, nosotros no somos esta basura

Acaba de arrancar la campaña en Andalucía y tienen previsto volcarse en arropar a María Jesús Montero para una cita muy complicada. ¿Por qué la izquierda no tiene expectativa alguna de tocar poder en un territorio que ha gobernado 37 años?

Los análisis, para después de los resultados. Ahora vamos a intentar ganar las elecciones en Andalucía. Hoy España es uno de los mejores países del mundo, de los más avanzados, de los que tiene un mejor sistema social, de los que más crece de los países grandes. Y todo eso es en gran parte gracias a millones de hombres y mujeres que han votado al PSOE en Andalucía durante años. Si no hubiera sido por esos millones de votantes en Andalucía, este país no sería lo que hoy es. Y apelo a todos ellos para que lo vuelvan a hacer. El segundo mensaje es más personal. He trabajado durante cuatro años con María Jesús Montero. Si de verdad estamos hablando de quién va a gobernar mejor, de quién va a administrar mejor los recursos públicos, ya se lo digo yo porque lo he vivido desde dentro: esa es María Jesús Montero. 

No puedo dejar de pensar todo el rato en el señor Aznar y en aquel silbido para perros de ‘el que pueda hacer que haga’. Lamento que haya personas en la justicia, en el periodismo o en la política que crean de verdad que todo vale con tal de derrocar a este Gobierno. Todo, incluso saltarse el Estado de derecho

Le pregunto por otro compañero, no sé si tan querido. Dice el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page que en el Comité Federal de 2016 se intentó un pucherazo. 

No entiendo lo que está haciendo García-Page. De verdad que no lo entiendo. Yo le conozco desde hace muchos años, he tenido la oportunidad de trabajar muchas veces con él y no entiendo lo que está haciendo. Me resulta increíble cuando acabamos de ver en Barcelona cómo todos los gobiernos y todos los partidos progresistas del mundo reconocen al de Pedro Sánchez como estandarte de la socialdemocracia del siglo XXI. Cada vez que salgo fuera de España nos ponen como ejemplo en materia de energía, en materia de paz, de defensa de un sistema multilateral justo, en defensa de un sistema social justo, en defensa del crecimiento económico. Que todo eso se ponga en cuestión no lo entiendo, de verdad que no lo entiendo.

“La polarización política impacta en los medios, que difuminan peligrosamente la línea entre información y opinión. La libertad de prensa también se ve amenazada por un aumento de las acciones judiciales abusivas y del señalamiento político contra los periodistas”. Esa es una de las conclusiones de la organización Reporteros sin Fronteras (RSF), que este jueves presentó su informe de 2026 sobre la libertad de prensa en el mundo. En su clasificación, RSF señala que la puntuación media de los 180 países analizados nunca había sido tan baja en este último cuarto de siglo y el caso de España no solo sigue esa tendencia general, sino que en términos comparativos desciende seis puestos, del 23 al 29, respecto a 2025.

Preguntada al respecto, la relatora para los ataques contra la libertad de prensa para RSF España, Edith Rodríguez Cachera, sostiene que “en los últimos años” se han multiplicado las “demandas judiciales intimidatorias” contra la prensa española. En conversación con elDiario.es, Rodríguez detalla explícitamente que esas demandas han llegado del “entorno de Isabel Díaz Ayuso”, presidenta de la Comunidad de Madrid, pero también “por parte del juez Juan Carlos Peinado”. Así, la relatora asegura que el hecho de que las actuaciones contra los periodistas provengan del entorno judicial “intimida aún más” a la prensa.

Las presiones y amenazas del entorno de Ayuso han sido constantes en los últimos años. En marzo de 2024, cuando elDiario.es publicó la investigación acerca del fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, el jefe de gabinete de esta última, Miguel Ángel Rodríguez, mandó varios mensajes a una de las periodistas de este medio. “Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Idiotas. Que os den”, le dijo el alto cargo de Ayuso. “¿Es una amenaza?”, preguntó la compañera. “Es un anuncio”, respondió Rodríguez. Ese mismo día, elDiario.es había publicado en exclusiva que la pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla y también que González Amador cobró dos millones de euros en comisiones por contratos de mascarillas. 

El pasado noviembre, durante el juicio que acabó condenando al ex fiscal general del Estado por la supuesta filtración de la confesión de la pareja de Ayuso, Rodríguez volvió a descalificar a elDiario.es. Preguntado por el hecho de que no contestara a las preguntas de este medio sobre el fraude de González Amador, él respondió con las siguientes palabras: “Tengo muchas cosas que hacer como para aguantar a periodistas de línea izquierdista”. Sobre el mensaje que recibió por parte de elDiario.es, añadió: “No le presté más atención porque son unos escandalosos”.

Además, cuando empezaron a publicarse las primeras informaciones sobre González Amador, el jefe de gabinete de Ayuso difundió los datos de dos periodistas de El País en un chat de WhatsApp, donde vertió falsedades sobre los profesionales, además de lanzar el bulo de que redactores de elDiario.es habían intentado entrar en casa de Ayuso encapuchados. Tanto el diario de Prisa como el PSOE denunciaron a Miguel Ángel Rodríguez por haber aireado datos privados de los periodistas y el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid le ha convocado para que declare ante el juez el próximo día 6 de mayo.

Amenazas y coacciones de Peinado

El juez Peinado, instructor del caso de Begoña Gómez que ha propuesto juzgarla por cuatro delitos, amenazó en octubre a elDiario.es con una querella y le exigió 50.000 euros por haber publicado una entrevista con el ministro de Transportes, Óscar Puente, en la que cargó con dureza contra la investigación del magistrado contra la esposa del presidente del Gobierno.

Entonces, Peinado presentó una solicitud de conciliación, un escrito previo a la interposición de una querella, contra el político y el director de este medio por injurias y calumnias en la que planteó varias exigencias: que se eliminara la entrevista, que Puente pidiera disculpas públicamente, que no se criticara más su gestión de la causa y, finalmente, ser indemnizado con 50.000 euros. El escrito fue presentado en los juzgados por Guadalupe Sánchez, la misma letrada que ha registrado demandas similares en nombre del rey emérito y de la pareja de Isabel Díaz Ayuso contra los políticos y periodistas que se han referido a él como “defraudador confeso”. El acto de conciliación se celebró sin acuerdo y este medio, por el momento, no ha recibido ninguna querella de Peinado. El pasado septiembre Peinado también denunció a varios periodistas por criticar en televisión su actuación contra Begoña Gómez.

Desde Reporteros Sin Fronteras consideran que estas actuaciones contra la prensa, tanto la de Rodríguez como la de Peinado, “buscan silenciar e intimidar” a los periodistas, así como generar una “pesadilla ideológica y económica” a los medios de comunicación. La relatora Edith Rodríguez destaca, asimismo, que este tipo de actuaciones intimidatorias se suelen realizar habitualmente contra “medios digitales de tamaño mediano” y no contra grandes conglomerados, con el claro objetivo de que las amenazas influyan en sus respectivas líneas editoriales e intimiden a sus profesionales.

“Las tensiones políticas se trasladan al poder judicial: no solo hay políticos que denuncian a periodistas por revelación de secretos o atentados al honor; también hay jueces”, recoge el informe de RSF que llega a hablar de un clima de lawfare contra la prensa.

El informe de RSF destaca precisamente que “el mercado español se caracteriza por una concentración mediática audiovisual alta” en la que “los grupos privados Atresmedia y Mediaset, junto con el ente público RTVE acaparan el mercado”. “A nivel regional, el sector cuenta con una sólida presencia de los medios públicos, reunidos en torno a la FORTA (Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos), sobre los que el riesgo de injerencias políticas es alto”, añade, si bien considera que la prensa (digital y/o en papel) “goza de una mayor diversidad y, por tanto, de mayor pluralidad”.

Este organismo internacional alerta, también, de que “España es víctima de un clima de gran polarización política” de la que “no se libran unos medios en los que la opinión contamina cada vez más a la información”. “El Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha comprometido de forma reiterada con la aplicación del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA) y la lucha contra la desinformación proponiendo medidas relativas a la transparencia (de la propiedad de los medios y sus ingresos publicitarios), el secreto profesional, la creación de un registro de medios, el acceso público a la información, o la reforma del organismo regulador del sector y del modelo de medición de audiencias”, destaca, aunque luego matiza que “muchas de estas medidas pueden no materializarse porque el Gobierno depende de alianzas parlamentarias inestables”. 

“Agitadores” de Vox para “sabotear” ruedas de prensa

Entre los deberes, RSF recuerda que “siguen sin derogarse los artículos más polémicos de la 'ley mordaza' y los llamados 'delitos de opinión' del Código Penal, una promesa que el Gobierno parece definitivamente incapaz de cumplir”. También denuncia que “los órganos directivos de la radiotelevisión pública siguen siendo designados sin arreglo a la independencia que promueve la EMFA, con el consiguiente impacto en el sesgo editorial de RTVE”.

“Peligrosamente concentrado y debilitado, el sector ha instalado a la profesión periodística española en una grave precariedad ya cronificada. A muchos profesionales de la información les es difícil vivir dignamente de su trabajo. Mientras, la erosión de unos medios en grave crisis los vuelve cada vez más vulnerables a las presiones políticas y económicas”, añade el texto, que destaca que “la polarización y la radicalización de la opinión pública se traducen en un clima de hostilidad creciente hacia los periodistas, una de las profesiones peor valoradas por los españoles”.

Reporteros sin Fronteras también sostiene que “el crecimiento de la extrema derecha y de su visibilización en redes sociales ha disparado el ciberacoso” y “los ataques a periodistas en coberturas exteriores son frecuentes”. “La formación ultraderechista Vox utiliza a agitadores para sabotear ruedas de prensa en el Parlamento y acosar a periodistas críticos incluso en su esfera privada. El hostigamiento de estos agitadores dentro y fuera de las redes, con la connivencia de políticos y medios digitales afines, se ceba especialmente con las mujeres periodistas, víctimas de una violencia digital que cada vez salta más al espacio físico”, zanja.

La organización se refiere al caso de agitadores ultras como Vito Quiles o Bertrand Ndongo que vulneran cualquier tipo de ética periodística, cargan contra los periodistas y los intimidan a la hora de hacer su trabajo. Ambos están inmersos en un proceso en el Congreso a raíz de que varios profesionales de la información y distintos partidos solicitaran la retirada de su acreditación.

La utilización por parte de las distintas esposas de los presidentes del Gobierno de la democracia de asistentes y personal a su servicio a cargo de la Moncloa es una “práctica habitual” y una “costumbre” con base legal. Son dos de las conclusiones que recoge un informe elaborado por el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, Julio Víctor González García, por encargo de los abogados de Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, y remitido al juzgado de Juan Carlos Peinado, que la mantiene imputada por corrupción en los negocios, apropiación indebida, tráfico de influencias y malversación, por entre otras razones haber recibido los servicios de una trabajadora del Palacio de la Moncloa.

El informe, que recoge numerosos ejemplos de los usos de asesores y ayudantes por parte de las mujeres de los siete presidentes del Gobierno desde el final de la dictadura de Franco, señala que “la práctica reiterada ha permitido configurar unos rasgos comunes en el régimen de este personal”. Siempre se ha tratado de “personal eventual” cuya “vinculación con la cónyuge del presidente del Gobierno acostumbra a ser previa (con rasgos de amistad en algunos casos)”. Y además, añade, “cumple una función general de apoyo en todas las actividades que han sido tradicionalmente realizadas por la cónyuge del presidente del Gobierno, tanto de carácter institucional, como de naturaleza privada o profesional en los términos que se ha visto con anterioridad a lo largo de este dictamen”.

Uno de los casos mencionados es el de Ana Botella, que dejó de trabajar en el puesto que venía ocupando como funcionaria del Estado tras el nombramiento como presidente de su marido. No está claro cuál fue el número de asesoras que tuvo, pero fueron al menos dos, como explicaba la propia Ana Botella en su libro Mis 8 años en la Moncloa: Cristina Alonso y María Ángeles Manzano. En ese libro decía que participaron incluso en los preparativos de la boda de su hija y “hasta la ayudaron a arreglarse el día que se casó”.

Según recoge este informe de parte con pasajes de esa biografía, las asistentes de Ana Botella también estuvieron presentes en un desfile de moda al que le había invitado un diseñador y la acompañaban siempre en sus viajes.

La esposa de José Luis Rodríguez Zapatero, Sonsoles Espinosa, también contó con dos trabajadoras como personal de apoyo, María Emma Celia Muñoz y Ana María Pérez Santamaría. “Y, al igual que con Ana Botella, consta también la presencia de su equipo personal de asistentes cuando realizaba esta actividad profesional privada”.

El informe menciona —citando a los medios de comunicación— que Elvira Fernández, mujer de Mariano Rajoy, contó con tres asistentes: Valle Ordóñez Carvajal, Jaime de los Santos y Mara García Castro. Y recuerda como característica específica de este mandato el nombramiento de dos asistentes, tal y como contó elDiario.es, para el cuidado personal del padre del presidente Rajoy. “El apoyo y la asistencia completa a los miembros de la familia del presidente del Gobierno, incluyendo sus actividades privadas, ha sido una constante”, insiste.

De la documentación analizada, así como de la jurisprudencia y doctrina considerada para realizar el dictamen el catedrático encargado del informe asegura que “no hay duda de que en el marco de las actividades de la cónyuge del presidente del Gobierno se cumplen todos los requisitos que validan la costumbre como fuente de Derecho en el sentido del Artículo 1.1 del Código Civil”.

Así, concluye que “la cónyuge del presidente del Gobierno realiza ciertas actividades que requieren de apoyo”, un hecho que “se ha ido repitiendo desde hace más de 50 años”. El informe también apunta que “resulta necesario para el cónyuge del presidente del Gobierno contar con el apoyo de asistentes de extrema confianza en el marco de las actividades que realiza de apoyo al presidente” y que “los asistentes de las cónyuges de los presidentes del Gobierno, con base en esa relación de confianza, que responde incluso a una relación de amistad, pueden realizar ciertas actividades necesarias, que no siempre se entienden como 'trabajo' o un 'deber de cumplimiento de las funciones que se les asignan', sino como pequeños favores entre amigos, como los tendría cualquiera con sus amistades”.

“Piénsese que en una posición como la de las cónyuges de los presidentes del Gobierno, lo público y lo privado conviven sin una frontera nítida que permita diferenciarse. Actividades que conviven, ya sea por su repercusión, ya sea por meros motivos de horarios y calendario. Por lo anterior, las características que reúne el personal de apoyo a la pareja del presidente del Gobierno de continuidad en el tiempo, aceptación de su existencia, vinculación con los usos y costumbres internacionales y la necesidad de cubrir un vacío legal determinan que se pueda afirmar que estamos ante una costumbre en el sentido del artículo 1.1 y 1.3 del Código civil”, zanja.

Además, el informe señala que “los principios de buena fe, confianza legítima y lealtad institucional” recogidos la ley de régimen jurídico del sector público “permiten afirmar que una práctica continuada, como la que se ha seguido desde el año 1977, se ha de mantener hasta ahora, salvo que se regulara en sentido diferente por un acto del poder público”.

La Fiscalía reclama el archivo definitivo de la causa contra Begoña Gómez tras la decisión del juez Juan Carlos Peinado de proponer que vaya a juicio por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. En su escrito de calificación, el fiscal José Manuel San Baldomero expone las razones por la que considera que la mujer del presidente del Gobierno y los otros dos investigados deben ser absueltos. 

“Elementos corroboradores después de dos años e innumerables diligencias, ninguno”, defiende el representante del Ministerio Público en un escrito en el que recupera los mismos argumentos que ya expuso hace unos días en el recurso contra la decisión del magistrado de sentar a Begoña Gómez ante un tribunal formado por ciudadanos. El fiscal acusa al magistrado de basarse en “hipótesis meras o alambicadas teorías sobre tramas de corrupción” para proponer sentar en el banquillo a Begoña Gómez. También considera que mezcla delitos para intentar sostener la acusación, lo que a su juicio “contribuye a la irracionalidad” del auto con el que puso fin a dos años de investigación. 

Respecto al delito de tráfico de influencias, recuerda que para que exista este delito debe haber una “presión moral” eficiente sobre un funcionario y un beneficio económico que no se da en este caso, dado que la cátedra que Begoña Gómez codirigió en la Universidad Complutense y que centra la imputación por este delito no era remunerada. Además, descarta que la reunión en la Moncloa con el rector Joaquín Goyache fuera un acto intimidatorio. Sobre las cartas de recomendación al empresario Juan Carlos Barrabés, argumenta que carecen de relevancia penal porque fueron meras “cartas de interés” idénticas a las que firmaron otras 35 entidades, entre las que se encontraban empresas como Microsoft o IBM, y administraciones como el Ayuntamiento de Madrid. 

En relación con el delito de corrupción en los negocios, el recurso rebate la tesis del juez de que el dinero captado para la cátedra fuera una “fachada” para que las empresas financiadoras obtuvieran ventajas en adjudicaciones públicas. Afirma que se trata de “una mera conjetura, una hipótesis carente de base, surgida de la nada (...) para tratar de justificar algo que no se sostiene racionalmente, y tratar de buscar de alguna forma un nexo con el sector privado de los negocios”. Y que el fiscal considera jurídicamente insostenible aplicar este delito a la financiación de una cátedra en una universidad pública, ya que este artículo del Código Penal está diseñado para proteger la competencia en el sector privado. 

Sobre la supuesta apropiación indebida del software vinculado a la cátedra, el representante del Ministerio Público sí apunta un argumento novedoso al hacer alusión a la llamada ‘doctrina Botín’. Advierte que, dado que la propia Complutense que es la presunta perjudicada no está ejerciendo la acción penal y la Fiscalía pide el archivo, las acusaciones populares no tienen legitimidad jurídica para sentar a alguien en el banquillo por este delito. 

La 'doctrina Botín' tiene su origen en una sentencia del Tribunal Supremo en 2007, cuando el expresidente del Banco Santander, Emilio Botín, y tres directivos más de la entidad fueron acusados de perpetrar cesiones de crédito supuestamente irregulares. Los jueces archivaron el caso explicando que estos banqueros no podían ser juzgados sólo a petición de la acusación popular, que ejercía la Asociación para la Defensa del Inversor y los Clientes (ADIC), mientras que la Fiscalía pedía el archivo sin existir una acusación particular. Un año después el mismo Supremo suavizó su doctrina con la condena por desobediencia al político Juan María Atutxa y estableció que la fuerza de la acusación popular en solitario podía provocar la apertura de un juicio oral si el delito investigado afecta a intereses colectivos.

El juez también dedicaba parte del auto a tratar de evidenciar cómo la asesora Cristina Álvarez actuó como asistente privada de Begoña Gómez, lo que, a su juicio, constituye un delito de malversación. A este respecto, el fiscal argumenta que la acusación popular tiene una “intensidad desorbitada” al poner en entredicho todo el sueldo de la asesora. Y reitera que “no consta cuál es el perjuicio para el erario público por las actividades desempeñadas al margen y por exceso de las suyas propias. Aunque el propio hecho de acompañamiento a la esposa del presidente del gobierno en su día a día hace que resulte más difícil deslindar cuáles son esos excesos o actividad adicional, y cuáles son inherentes o paralelos a los propios de su función”. 

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defiende que se limitó a poner de relieve un “hecho objetivo” en sus últimas declaraciones públicas sobre el juez Juan Carlos Peinado a raíz de la decisión de sentar en el banquillo a Begoña Gómez. Así consta en una carta remitida por el ministro a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que le acusó a través de otra misiva de ejercer un “señalamiento personal” con el magistrado y calificó de “inadmisible” sus palabras.

Tras trascender el auto por el que Peinado pretende llevar a juicio a la esposa de Pedro Sánchez por cuatro delitos carentes, por ahora, de base probatoria, Bolaños aseguró que esa causa “avergüenza” a muchos ciudadanos y a jueces y fiscales. “Ha hecho un daño irreparable”, apuntó. Y añadió: “Mi confianza es que un tribunal superior e independiente revocará estas decisiones y tomará medidas ajustadas a derecho”. 

“Claro que se puede opinar sobre resoluciones judiciales. Eso es la democracia. El ministro de Justicia no tiene limitado su derecho fundamental a la libertad de expresión. Al revés, si cabe, tendrá una preocupación mayor y una opinión, si cabe, más cualificada, porque conoce la materia. Y les aseguro que es muy compartida por una amplísima parte de la sociedad española y por una muy buena parte también de la carrera judicial, que está preocupada por cómo algunas decisiones judiciales pueden afectar al buen nombre de la justicia”, añadió un día después, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. 

E insistió en que lo que esperaba el Ejecutivo era que instancias superiores corrijan la deriva de Peinado: “Quiero manifestar mi confianza absoluta en la justicia, en los tribunales superiores, que de hecho en la práctica ya han dado multitud de resoluciones judiciales en este procedimiento y han revocado parcialmente muchas otras que no eran ajustadas a derecho, que eran contrarias a nuestro ordenamiento”.

En su carta, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el ministro defiende que con esas palabras se limitó a poner de relieve “un hecho objetivo y extraordinario”. Y afirma que alrededor de una quincena de resoluciones dictadas por este magistrado en el procedimiento contra Begoña Gómez han sido anuladas parcial o totalmente por la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo, que frenó el intento del juez de implicarle a él mismo en la causa. No obstante, la Audiencia Provincial también ha avalado otras de sus decisiones, como la investigación por malversación por las funciones de la asistente que lleva la agenda de Begoña Gómez. 

Además, en la carta el ministro recuerda que el Consejo General del Poder Judicial tiene pendiente resolver denuncias y quejas que afectan a Peinado. “Esta circunstancia no puede calificarse de habitual, muy al contrario, es muy anormal. Estoy plenamente convencido de que ninguno de los más de 900 jueces/zas y magistrados/as miembros de la asociación judicial Francisco de Vitoria ha dirigido una instrucción en la que se haya producido algo parecido. Subrayar esto no implica descalificación personal alguna, sino realizar una valoración de una realidad incuestionablemente excepcional”, defiende en su carta.

Finalmente, Bolaños afirma que la independencia judicial en España está “absolutamente garantizada”. Y recuerda que los propios jueces españoles puntúan su independencia personal con un 9,2 sobre 10, según una encuesta realizada por la Red Europea de Consejos del Poder Judicial. “Obviamente, esta independencia judicial y la separación de poderes en nuestro país no se ven ni mínimamente afectadas por cualquier declaración pública”, añade el ministro, que concluye reiterando su respeto por la función jurisdiccional y su disposición a mantener un diálogo institucional “leal y constructivo”. 

En su misiva, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que se define como independiente, argumentaba que si bien es legítimo que el Gobierno discrepe de las resoluciones judiciales, el ministro de Justicia tiene un deber especial de “prudencia, contención y respeto” hacia otro poder del Estado. Y consideraba que Bolaños vulneró este deber al ampararse en la libertad de expresión para lanzar lo que consideran “ataques personales”. También le instaban a poner fin a lo que definen como una “dinámica de confrontación”. 

La defensa de Begoña Gómez ha presentado un informe pericial ante el juzgado de Juan Carlos Peinado que trata de respaldar el modelo de cátedra como el que la mujer del presidente del Gobierno codirigió en la Universidad Complutense. Así, el informe concluye que el 75% de los programas codirigidos en ese centro cuentan con la participación de una persona externa y que eso “resulta plenamente coherente con la naturaleza de estas enseñanzas y con la normativa que las regula”. 

El informe, que ha sido elaborado por el catedrático Antonio Manuel López Hernández, afirma que en las aulas y cátedras extraordinarias “es habitual que participen profesionales no vinculados a la Universidad pero que tienen experiencia en el sector que constituye el objeto de su actividad, ocupando la contraparte privada en la alianza”. De hecho, afirma que en 12 de las cincuenta cátedras extraordinarias actualmente existentes en la Complutense una de las personas que figura como codirectora no mantiene vinculación contractual con la Universidad, lo que permite entender que se trata de profesionales procedentes de otras instituciones públicas o privadas. 

El juez Peinado sostiene la tesis de que Begoña Gómez utilizó la cátedra extraordinaria para lucrarse, hacer contactos y proyectar su carrera profesional. El informe confronta esa idea al concluir que la dirección de estas cátedras “nunca se constituyen como un cauce para la mejora de la carrera profesional”. El perito define esta labor como una actividad “sustancialmente altruista”, cuyo objetivo es aportar experiencia a la sociedad, y recalca que la dirección de estos estudios “no está normalmente retribuida”. 

“No tendría ningún sentido pensar que una cátedra de esta naturaleza como, por ejemplo, la cátedra Inditex de la Universidad de A Coruña, se ha constituido para favorecer la carrera profesional del presidente de esa sociedad o que una de las cátedras extraordinarias de la Complutense financiada por la ONCE se crease para fortalecer el currículum profesional del presidente de esa organización”, subraya el informe. 

En el caso de Begoña Gómez, al no ser funcionaria, solo podía cobrar un máximo de 15.000 euros al año por los dos másteres que impartía en ese centro. Además, nunca cobró por la codirección de la cátedra. No podía hacerlo por no ser funcionaria de la Universidad, tal y como han acreditado diferentes testigos. Pese a ello, el juez dice en el auto en el que propone sentarla en el banquillo que esa cátedra “sirvió como un medio de desarrollo profesional privado para la investigada” y que “recibió una remuneración por dicha actividad”. 

El informe también rebate la acusación de que Begoña Gómez se apropió para su “patrimonio personal” de los fondos privados que captaba para la cátedra. La financiación inicial de la cátedra contó con el patrocinio de Reale Seguros, que hizo una aportación única de 60.000 euros; y la Fundación la Caixa, que se comprometió a una aportación anual de 15.000 euros. Además, Indra (128.442 euros), Google (110.000 euros) y Telefónica (50.000 euros) sufragaron un software ligado a la cátedra. 

A este respecto, el informe pericial subraya que la administración y gestión de los fondos económicos que aportan las empresas no recae en los directores privados, sino “exclusivamente a las unidades administrativas de la propia Universidad”. En concreto, a las Gerencias y Unidades de Asuntos Económicos de las Facultades, Centros o Institutos a los que se adscriben las cátedras. “La gestión económica se realiza de acuerdo con la normativa financiera de la Universidad y bajo la supervisión de sus órganos competentes”, añade el documento. 

En su último auto, el juez sostiene que esa captación de fondos privados no respondía a una dinámica ordinaria de patrocinio universitario, sino que podría ser la “fachada” de una “retribución encubierta” por futuras ventajas privadas o comerciales indebidas que estarían “relacionadas” con las adjudicaciones públicas a las que se presentan estas compañías.

Sobre esta cuestión, el informe contextualiza que las cátedras son, por definición, un modelo de “colaboración público-privada” pensado para atraer financiación externa. Y subraya que es habitual que la persona vinculada al ámbito privado sea quien articula la relación con los patrocinadores, capta los recursos y contribuye al diseño de los contenidos y líneas de actuación de la cátedra, mientras que la Universidad, a través de la figura del codirector o de los órganos académicos correspondientes, “asume la función pública, garantizando el control institucional, la adecuación académica de las actividades y la correcta gestión de los recursos conforme a la normativa universitaria”. 

La Fiscalía pide el archivo de la causa contra Begoña Gómez tras la decisión del juez Juan Carlos Peinado de proponer que vaya a juicio por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. En un recurso contra esa decisión del magistrado, el fiscal José Manuel San Baldomero reclama el sobreseimiento para la mujer del presidente del Gobierno y los otros dos investigados dado que considera que “no hay delito”.

En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, el fiscal carga contra el juez Peinado y critica que haya tachado de “irregular, corrupta y delictiva” cualquier actividad realizada por la esposa de Pedro Sánchez “forzando la conexión de actividades profesionales o cotidianas e institucionales como si de una trama u organización criminal se tratara”.

También cuestiona la forma de instruir del magistrado: “Echando la vista atrás, en los dos años de instrucción, a la vista de las resoluciones judiciales dictadas, no hemos comprendido bien en muchos momentos qué se investigaba y cuál era el objeto de numerosas diligencias”. No obstante, también apunta que, aunque no sean delito, hay “determinadas cuestiones que pueden no resultar éticas ni deseables en un Estado democrático y una Administración transparente” y que “resulta necesario huir de situaciones de riesgo o dudas sobre la rectitud de los funcionarios públicos y la desviación de poder”.

El fiscal trata de rebatir las atribuciones que hace el juez para intentar llevar a juicio a Begoña Gómez. Respecto al delito de tráfico de influencias, recuerda que para que exista este delito debe haber una “presión moral” eficiente sobre un funcionario y un beneficio económico que no se da en este caso, dado que la cátedra que Begoña Gómez codirigió en la Universidad Complutense y que centra la imputación por este delito no era remunerada.

“Aparte de ser un caso de corrupción poco rentable, induce a evidente confusión: no hay beneficio por retribuciones derivadas de la Cátedra TSC creada el 30 de octubre de 2020. La retribución es cero”, subraya.

En relación con el delito de corrupción en los negocios, el recurso rebate la tesis del juez de que el dinero captado para la cátedra fuera una “fachada” para que las empresas financiadoras obtuvieran ventajas en adjudicaciones públicas. “Entendemos que estamos ante una mera conjetura, una hipótesis carente de base, surgida de la nada en esta fase para tratar de justificar algo que no se sostiene racionalmente”, sostiene.

Además, el fiscal considera jurídicamente insostenible aplicar este delito a la financiación de una cátedra en una universidad pública, ya que este artículo del Código Penal está diseñado para proteger la competencia en el sector estrictamente privado. “Creemos que el tipo penal resulta tan forzado como los intentos de deformar los hechos para que encajen en él”, puede leerse en su escrito.

Sobre la supuesta apropiación indebida del software vinculado a la cátedra, el representante del Ministerio Público afirma que el producto en sí, el software, “no fue registrado a su nombre, ni parece que existiera intención de hacerlo”. Y añade que el uso que hubiera podido hacerse de ese software en páginas y dominios registrados a nombre Begoña Gómez cuando todavía estaba en período de pruebas no constituye un delito de apropiación indebida.

El juez también dedicaba parte del auto a tratar de evidenciar cómo la asesora Cristina Álvarez actuó como asistente privada de Begoña Gómez, lo que, a su juicio, constituye un delito de malversación. A este respecto, el fiscal rechaza que el uso de la asistente para realizar gestiones de la cátedra sea malversación. Afirma que no existe un “perjuicio” para las arcas públicas, que no hay una regulación concreta y normativa respecto de la asistente del cónyuge de presidente del Gobierno y que la asesora cumplió estrictamente con las funciones de su cargo.

En otro escrito, el fiscal reclama de nuevo el sobreseimiento libre de las actuaciones y afirma que en caso de que la Audiencia Provincial de Madrid entienda procedente la apertura de juicio oral, se dé traslado al Fiscal nuevamente a fin de formular escrito de conclusiones provisionales, donde reclamará la absolución de Begoña Gómez, la asistente Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.

Petición de 24 años de prisión

La defensa de Begoña Gómez reclamó el pasado lunes a la instancia superior que anule el auto de Peinado. En su escrito, la defensa de la mujer del presidente del Gobierno calificaba de “absolutamente inaceptable” la comparación que hizo el magistrado de Pedro Sánchez con el régimen absolutista de Fernando VII.

En el escrito, su abogado, Antonio Camacho, afirmaba que “los delitos que son objeto del presente procedimiento, o bien no se hallan en absoluto acreditados, o bien no encajan en las conductas desarrolladas”. Y cuestionaba la “rapidez inusitada” con la que el juez dio carpetazo a la investigación.

Por su parte, la acusación popular dirigida por la asociación ultracatólica Hazte Oír ha solicitado una pena de 24 años de cárcel para Begoña Gómez, 22 años de prisión para la asistente y seis años para el empresario.

En el escrito sostiene que desde el momento en el que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa “aumentó la proyección institucional” de Begoña Gómez así como su capacidad de influencia tanto ante la administración como en sectores privados. Apunta que, de esa forma, pudo acceder a directivos de grandes empresas gracias a esos “vínculos personales” y que también “accedió a la posibilidad de utilizar medios y recursos públicos para fines privados, laborales, mercantiles y/o universitarios”.

La acusación popular dirigida por la asociación ultracatólica Hazte Oír ha solicitado para Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, una pena de 24 años de cárcel por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. Así consta en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que interesa además 22 años de prisión para la asistente de Moncloa Cristina Álvarez y seis años para el empresario Juan Carlos Barrabés.

En el escrito sostiene que desde el momento en el que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa “aumentó la proyección institucional” de Begoña Gómez así como su capacidad de influencia tanto ante la administración como en sectores privados. Apunta que, de esa forma, pudo acceder a directivos de grandes empresas gracias a esos “vínculos personales” y que también “accedió a la posibilidad de utilizar medios y recursos públicos para fines privados, laborales, mercantiles y/o universitarios”.

“Tras la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, la investigada, con plena consciencia de ello y de forma voluntaria, dio un giro radica (a su carrera) y, así, en junio de 2018 solicitó la excedencia en Inmark” -empresa para la que trabajaba-, explica, para añadir que “con el fin de poder acceder a círculos de poder e influencia, decidió progresar en ese giro radical a nivel profesional”.

En este sentido, apunta que en agosto de 2018 fue nombrada directora del IE Africa Center; que entabló relaciones con la Organización Mundial del Turismo (OMT) y con Wakalua (filial de Globalia) y que impulsó en 2020 la creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva en el seno de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

En paralelo, y siempre según Hazte Oír, Gómez, “de manera voluntaria, libre y consciente influyó en los funcionarios y autoridades” para que se contratara a Cristina Álvarez, su amiga, como su asistente en La Moncloa, y todo ello “prevaliéndose conscientemente” de su condición de esposa de Sánchez. Resalta que ejerció una “presión moral eficiente” sobre la voluntad de los intervinientes para que su amiga fuera nombrada funcionaria “alterando el proceso motivador de tal nombramiento” porque no se tuvo en cuenta ni la falta de experiencia ni su falta de titulación.

En cuanto a la relación con el empresario Barrabés, la acusación popular explica que ambos se conocieron en agosto de 2018 y que tras colaborar en varios asuntos ambos vieron “las oportunidades que podían extraer de su relación profesional y apoyo mutuo”. Además, detalla que mantuvieron encuentros en Moncloa siendo ella consciente “del entorno en el que citaba al empresario, con el fin de crear un halo de institucionalidad y poder” y relata las cartas de recomendación que firmó ella como responsable de la cátedra para determinadas adjudicaciones públicas el empresario.

Sobre la creación de la cátedra que codirigió Begoña Gómez en la UCM, indica que ella y su asistente citaron al rector de ese centro educativo, Joaquín Goyache, en el Palacio de La Moncloa “de manera voluntaria, libre y conscientes de la influencia que se ejercía” sobre él. Todo ello afectó, a su juicio, “a la voluntad de los funcionarios y autoridades académicas intervinientes en la decisión de la creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva y en el nombramiento de Begoña Gómez como directora de la misma”.

La malversación y la apropiación

Por otro lado, Hazte Oír indica que Gómez también se valió de su posición personal para atraer patrocinios, servicios y soporte técnico para la herramienta o software que desarrollaba en el seno de la cátedra. Y apunta que la propia asistenta “ofreció (directa o indirectamente) a diversos directivos y administradores de grandes y medianas empresas su interlocución con el presidente del Gobierno (...) para obtener, a cambio, contraprestaciones tanto económicas como de aportación de servicios y trabajos para el favorecimiento personal” de Begoña Gómez y de su sociedad Transforma TSC, SL. Entre esas empresas destaca Reale Seguros, Fundación La Caixa, Google, Telefónica, Indra o Deloitte, entre otras.

Apunta que en el trabajo de esa captación intervino también la asistenta de Moncloa, lo que apuntala, para la acusación el delito de malversación. De hecho, calcula que el daño al erario público por el uso irregular de su asistenta para fines privados se puede cifrar en al menos 401.542 euros. Y resalta, tras enumerar una serie de actos en los que participó Álvarez que éstos no son “aislados o de mera cortesía institucional” sino que reflejan “una dedicación sistemática y continuada de la jornada laboral y los medios públicos de Cristina Álvarez al servicio de los intereses privados de Begoña Gómez”.

En cuanto al delito de apropiación indebida que se le imputa a la esposa del presidente del Gobierno por, presuntamente, poner a su nombre la web que albergaba un software desarrollado en el seno de la cátedra de la Complutense, Hazte Oír explica que “se apropió y puso bajo su poder de control y disposición” el programa en perjuicio de la UCM porque no lo entregó a pesar de que estaba obligada a ello.

La defensa de Begoña Gómez reclama a la Audiencia Provincial que anule el auto en el que el juez Juan Carlos Peinado propone sentarla en el banquillo por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. El magistrado sustentó esa decisión en un auto en el que llegó a comparar a Pedro Sánchez con el régimen absolutista de Fernando VII, una afirmación que la defensa de su esposa considera “absolutamente inaceptable” e “impropia” de la imagen de imparcialidad que un magistrado debe transmitir. 

En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, su abogado, Antonio Camacho, afirma que “los delitos que son objeto del presente procedimiento, o bien no se hallan en absoluto acreditados, o bien no encajan en las conductas desarrolladas”. Y cuestiona la “rapidez inusitada” con la que el juez dio carpetazo a la investigación. Lo hizo, a su juicio, saltándose los trámites de la Ley del Jurado, ya que ordenó practicar nuevas diligencias, pero al mismo tiempo dio un plazo de cinco días a las partes para presentar sus conclusiones. A esto se suma, según la defensa, la “grave” vulneración que, a su juicio, supone avanzar hacia el juicio sin haber resuelto previamente los recursos presentados en marzo. 

El escrito trata de rebatir las atribuciones que hace el juez para intentar llevar a juicio a Begoña Gómez. Respecto al delito de tráfico de influencias, el juez Peinado otorga total relevancia al hecho de que Begoña Gómez utilizara el Palacio de la Moncloa para mantener reuniones sobre proyectos empresariales y académicos. Entre ellas, una cita con el rector de Universidad Complutense, Joaquín Goyache, donde ambos abordaron la posibilidad de poner en marcha la cátedra que Begoña Gómez acabó codirigiendo en ese campus y que centra la imputación por este delito. 

La defensa señala que la reunión se produjo allí porque era su domicilio y la Complutense estaba “cerrada” por la pandemia. Defiende que fue el rector “por iniciativa propia” quien expuso la posibilidad de crear una cátedra. Y que de esa conversación no puede desprenderse que hubiera por parte la esposa de Sánchez “una exigencia o una solicitud de esa creación ni siquiera una aceptación definitiva”. “La reunión, por tanto, no puede interpretarse como un acto de presión, sino como una conversación preliminar y exploratoria dentro de un contexto académico”, afirma el recurso.

En relación con el delito de corrupción en los negocios, el recurso rebate la tesis del juez de que el dinero captado para la cátedra fuera una “fachada” para que las empresas financiadoras obtuvieran ventajas en adjudicaciones públicas. El letrado recuerda que todos los fondos se ingresaron en las cuentas de la Complutense y subraya que es jurídicamente “insostenible” aplicar este delito a la financiación de una Universidad Pública dado que se configura como un ilícito propio del ámbito “estrictamente privado”, orientado a la protección de la libre competencia y la lealtad en las relaciones comerciales entre particulares. 

Sobre la supuesta apropiación indebida del software vinculado a la cátedra, la defensa de Begoña Gómez afirma que la herramienta no se llegó a finalizar, por lo que es imposible apoderarse de un activo que no funcionaba correctamente y se encontraba en “fase beta” o de pruebas.

Frente a la acusación de haber registrado el dominio web a espaldas de la universidad, la defensa recuerda que hay correos aportados a la causa que demuestran que fue la propia Complutense quien dio instrucciones a Begoña Gómez, proporcionándole la página web donde debía registrar el dominio. Además, subraya que está acreditado que otros directores de cátedras también tienen registrados los dominios de sus proyectos a su nombre. “No había producto terminado, no había control unilateral, no hubo lucro, y no hubo perjuicio”, sostiene el escrito.

El juez también dedicaba parte del auto a tratar de evidenciar cómo la asesora Cristina Álvarez actuó como asistente privada de Begoña Gómez, lo que, a su juicio, constituye un delito de malversación. A este respecto, la defensa recuerda que existe una “costumbre institucional” consolidada desde el inicio de la democracia. Y afirma que, “salvo los correos muy limitados en número que remitió desde su cuenta particular”, no es cierto que Begoña Gómez haya utilizado para sus actividades profesionales la ayuda de su asistente.

El recurso de la asistente

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez ha recurrido también el auto de Peinado por el que dejaba a un paso del banquillo a Begoña Gómez señalando que debe ser anulado y que debe archivarse la causa para su defendida. Advierte, en este sentido, que el procedimiento no puede seguir por el cauce del Tribunal del Jurado porque la ley que lo regula, en su artículo 24, no permite que sea así dado que la conexidad de delitos “no siempre es suficiente”.

En caso de que no acuerde el archivo, interesa que el juez de luz verde a la prueba que solicitó en las alegaciones previas, en las que insistió en que se solicitara a La Moncloa un informe sobre si, desde su nombramiento, la asistente ha llevado a cabo “un correcto desempeño de sus funciones o si, por el contrario, ha desatendido en algún momento sus funciones”.

Por otro lado, ataca el hecho de que Peinado sostenga que Cristina Álvarez malversó, y le recuerda que “nunca en España se ha condenado al funcionario ilícitamente utilizado para las tareas privadas de su superior”. “Nunca. Ni siquiera lo encontraremos aunque nos remontemos, como el Ilmo. Magistrado Instructor, a la época de Fernando VII”, añade con ironía haciendo alusión a una frase de la resolución de Peinado. Al hilo, como en escritos anteriores, recuerda que en resoluciones previas de la Audiencia Provincial de Madrid ya determinó que «el funcionario ilícitamente destinado a cubrir necesidades o utilidades privadas de su superior o encargado no puede cometer el delito de malversación“.

La defensa de Begoña Gómez acusa al juez Juan Carlos Peinado de vulnerar sus derechos fundamentales por avanzar en la causa por la que pretende llevarla a juicio sin contestar a sus recursos. En un escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, el letrado Antonio Camacho protesta por la tramitación “anormalmente acelerada” y exige al magistrado que resuelva el recurso que presentó hace casi un mes contra el auto que iniciaba el procedimiento del Tribunal del Jurado. El escrito denuncia que el juez dictó un nuevo auto el 13 de abril en el que propone llevar a juicio a su clienta sin haber resuelto ese recurso. 

El abogado argumenta que avanzar en el procedimiento penal sin contestar a los recursos de las partes supone una grave vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a no sufrir indefensión, así como del derecho a un proceso equitativo. Y señala que el derecho al recurso no se satisface solo con presentarlo, sino que exige “una respuesta expresa, motivada y en un plazo razonable por parte del órgano judicial”. 

El escrito denuncia que esta forma de proceder del juez Peinado provoca una doble indefensión. Por un lado, al no responder, la defensa no puede corregir decisiones que afectan a aspectos esenciales del proceso. Y, por otro, se consolidan situaciones y se avanza a fases posteriores sin el debido “control jurisdiccional”.

Los jueces de instrucción de Madrid salen en defensa del juez Juan Carlos Peinado frente a los “ataques” y “descalificaciones” que, a su juicio, está sufriendo tras la decisión de dejar al borde del banquillo a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por cuatro delitos. El magistrado sustentó esa decisión en un auto en el que llegó a comparar a Pedro Sánchez con el régimen absolutista de Fernando VII, lo que provocó la reacción en tromba del Gobierno y de otros representantes políticos. 

Ante estas críticas respecto a la forma de actuar de Peinado con la pareja del presidente, sus compañeros en los juzgados de instrucción le muestran su “apoyo” por lo que consideran “ataques profesionales y personales” y un “cuestionamiento permanente de su labor jurisdiccional y de su independencia judicial, como consecuencia de una investigación concreta”.

La decisión se ha tomado en una junta celebrada este jueves, a la que han asistido una mayoría de miembros como para que hubiera quórum respecto a la conveniencia de hacer esta declaración institucional, informan a elDiario.es fuentes jurídicas. 

Los jueces de instrucción aluden de forma expresa a las “descalificaciones” de miembros del Gobierno y el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños. Y sostienen que esas críticas, “lejos de respetar la independencia judicial y la separación de poderes, de manera constante, tratan de socavar la confianza de los ciudadanos en los jueces”.

Bolaños insistió en que parte de las resoluciones de Peinado no se ajustan a derecho y Óscar Puente planteó su instrucción como una forma de “violentar” a los representantes democráticos.

El juez Juan Carlos Peinado ha cerrado esta semana la investigación del caso de corrupción contra Begoña Gómez tras dos años de una instrucción salpicada de decisiones polémicas, en ocasiones corregidas por instancias superiores. Peinado envía a juicio a la mujer del presidente del Gobierno acusándola de cuatro delitos muy graves de corrupción: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación. Después de esto, el juez Peinado se jubila.

Con Ignacio Escolar, director de elDiario.es, repasamos cómo se fundamentan las acusaciones contra Begoña Gómez recogidas en un sumario que llevó a Pedro Sánchez a anunciar cinco días de reflexión sobre su posible dimisión.  

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El último paso de Juan Carlos Peinado ha terminado de borrar cualquier atisbo de contención en el Gobierno respecto a su forma de actuar con la pareja del presidente. La decisión del juez de sentar en el banquillo de los acusados a Begoña Gómez por cuatro delitos carentes, por ahora, de base probatoria, es sustentada en un auto en el que el magistrado llega a comparar a Pedro Sánchez con el régimen absolutista de Fernando VII. Un hito que ha abierto de par en par la puerta a que los miembros del Ejecutivo se lancen en tromba a reprender su instrucción.

El fuego, este martes, lo abrió el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Afortunadamente hoy España es un Estado de Derecho, no como en tiempos de Fernando VII, y, por tanto, tenemos un sistema de garantías que puede corregir aquellas resoluciones que son injustas o que no están fundadas en derecho”.

Bolaños se reafirmó así en su primera reacción pública del lunes tras conocer el auto. Una opinión, aseguró, compartida por la opinión pública y por la carrera judicial. “Claro que se puede opinar sobre resoluciones judiciales. Eso es la democracia. El ministro de Justicia no tiene limitada su derecho fundamental a la libertad de expresión. Al revés, si cabe, tendrá una preocupación mayor y una opinión, si cabe, más cualificada, porque conoce la materia. Y les aseguro que es muy compartida por una amplísima parte de la sociedad española y por una muy buena parte también de la carrera judicial, que está preocupada por cómo algunas decisiones judiciales pueden afectar al buen nombre de la justicia”.

Por eso, prosiguió el ministro, lo que espera ahora el Ejecutivo es que instancias superiores corrijan la deriva de Peinado. “Quiero manifestar una vez más mi confianza absoluta en la justicia, en los tribunales superiores, que de hecho en la práctica ya han dado multitud de resoluciones judiciales en este procedimiento y han revocado parcialmente muchas otras que no eran ajustadas a derecho, que eran contrarias a nuestro ordenamiento”.

Aunque ningún periodista le había preguntado por ello, ni la ministra portavoz le había dado la palabra, pidió intervenir sobre el tema el otro miembro del Gobierno presente en la sala: el ministro de Transportes, Óscar Puente. “Me vais a perdonar, pero quedarme sin opinar de esto me va a costar un poquito”, dijo ante la sorpresa de Saiz y Bolaños.

Puente llevó entonces la reacción del Gobierno a la instrucción de Peinado un paso más allá, hasta situarla justo como un posible riesgo a la democracia. “En una democracia sana no deben existir espacios de impunidad. Los cargos públicos y sus familiares deben estar sometidos al imperio de la ley. Pero, tan importante como eso, es que los cargos públicos y sus familiares no sean perturbados por el mero hecho de serlo”, comenzó a exponer para, inmediatamente después, elevar un peldaño la crítica al magistrado.

“¿Estamos ante causas judiciales que tratan de eliminar espacios de impunidad o ante causas que pretenden violentar a los representantes elegidos democráticamente? De la respuesta depende el presente y futuro de la democracia. Es bueno que esta pregunta nos la respondamos todos”, dijo el ministro de Transportes. Óscar Puente añadió que prefería no dar su propia respuesta. No hacía falta.

En medio de esa tesitura, con un ministro a cada lado, se encontró la portavoz del Gobierno, que no tuvo más remedio que sumarse al rejonazo colectivo al juez Peinado de los representantes del Consejo de Ministros en la sala de prensa de Moncloa y defender, de paso, a la pareja del presidente del Gobierno. “Creo en la inocencia de Begoña Gómez, es una mujer de una trayectoria profesional y personal intachable. El auto tiene párrafos que van más allá de lo jurídico. Confío en la justicia, pero no es incompatible con criticar algunos procedimientos que la desprestigian profundamente”, aseveró Elma Saiz.

Toda la pólvora contra el procesamiento de Begoña Gómez la pusieron, en realidad, los ministros de Pedro Sánchez, puesto que el propio presidente prefirió jugar un papel más mesurado en su respuesta pública desde China, donde conoció la noticia. “Estoy convencido de que el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio. No tengo que decir nada más”, zanjó.

“Que alguien ponga orden”

Preguntados en el Ejecutivo por la postura del Consejo General del Poder Judicial, que este martes exigía respeto a las decisiones judiciales, en la Moncloa afirman que les gustaría “que alguien ponga orden” respecto a instrucciones como las del juez Peinado, sin que sea necesario elevar una queja por ello y que sea, por tanto, el Ejecutivo el que tenga que dar el paso.

Mientras, los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abordaron las primeras declaraciones que Bolaños realizó este lunes contra Peinado en la reunión ordinaria de la Comisión Permanente celebrada a primera hora este martes. Aunque la voluntad del bloque conservador era que se hiciera una declaración institucional específica en clave de repulsa, finalmente los miembros de esa Comisión acordaron no hacer un pronunciamiento público, pero sí recordar la necesidad de que se respeten las resoluciones judiciales sin citar expresamente al ministro.

Las fuentes consultadas afirman que, tras mantener un debate, la decisión fue remitirse a los acuerdos previos en los que el órgano ha advertido de la importancia de “salvaguardar” la independencia judicial. El pasado mayo, la Permanente aprobó por unanimidad una declaración en la que reclamó “responsabilidad institucional” a los políticos después de que Bolaños cuestionara la decisión de una jueza de Badajoz de proponer llevar a juicio al hermano de Pedro Sánchez por delitos de prevaricación y tráfico de influencias en relación con su contratación en la Diputación de Badajoz.

Las palabras de Bolaños también han sido criticadas por las asociaciones de jueces que cubren el espacio de la derecha y el centroderecha. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria en la carrera judicial, calificó de “inadmisibles” las críticas del ministro de Justicia. “Los jueces y magistrados españoles no necesitan que el poder ejecutivo les atribuya estados de ánimo colectivos. Lo que necesitan es respeto institucional, prudencia en las manifestaciones públicas y una defensa clara de la independencia judicial, también cuando las resoluciones no coinciden con los intereses del Gobierno”, recoge esta asociación en un comunicado.

También la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que se autodefine como independiente, mostró su “profunda preocupación” por el “descrédito” que, a su juicio, “tales manifestaciones suponen para el Poder Judicial y para quienes lo integran”.

En un comunicado, la asociación afirmó que “este tipo de declaraciones supone un ataque directo” a la independencia judicial y a la separación de poderes y exigió “responsabilidad institucional” a los poderes públicos, “en especial de quienes integran el Gobierno”, para que contribuyan “al clima de respeto institucional que la ciudadanía exige y que la Constitución garantiza”.

Por su parte, el PP ha bajado el tono contra Begoña Gómez en las últimas semanas. Pero no porque consideren que la esposa de Sánchez no merezca escuchar gravísimas acusaciones contra ella y su familia (como que su padre regentaba una red de prostíbulos), sino por la coincidencia temporal con un juicio muy importante, el de la trama Kitchen, la organización parapolicial ideada por el Gobierno de Mariano Rajoy para eliminar las pruebas de la corrupción del PP.

A ese juicio están llamados a declarar como testigos, entre otros, el propio Rajoy y el senador Javier Arenas, hoy uno de los principales asesores de Feijóo. En el banquillo de los acusados se sientan el que fuera ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez.

Este lunes compareció ante la prensa la dirigente Alma Ezcurra, una de las más duras del PP. Con el procesamiento de Gómez recién conocido, Ezcurra obvió el tema en su presentación inicial. Solo a preguntas de los periodistas, la también eurodiputada se limitó a declarar: “Solo cabe decir una cosa. La tetraprocesada está en Pekín. Es una situación absolutamente increíble. Y como no puede ser de otra forma, respetamos el trabajo de la justicia”.

Este martes fue Feijóo quien se refirió al asunto en un discurso ante sus diputados y senadores en el que tildó a Sánchez de “Orbán del sur”. “Ni en Hungría ni en ningún otro lugar de Europa es aceptable tener a un presidente con su mujer procesada”, dijo, para arremeter contra la reacción del Ejecutivo ante el auto de Peinado: “Le ha durado su euforia por la separación de poderes en Hungría, lo que la justicia ha tardado de procesar a su esposa en España”. Y ya.

Una posible explicación a la rebaja en el tono del PP la pudo dar este martes el representante de Manos Limpias en la investigación contra Gómez, y asesor a sueldo del propio PP en el Senado. En un hilo en Twitter, Víctor Soriano siembra dudas sobre la instrucción de Peinado, cree prematuro el procesamiento de la esposa de Sánchez, sostiene que hay diligencias importantes sin hacer y anticipa “el riesgo de una sentencia parcial o totalmente absolutoria”.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho suyo el triunfo de Péter Magyar en las elecciones legislativas de este domingo en Hungría y que han puesto final a 16 años de gobiernos de Viktor Orban. “Es la derrota de una forma de hacer política y de ejercer el poder”, ha dicho ante diputados y senadores de su partido, a quienes ha prometido seguir el camino del primer ministro húngaro electo. “Vamos a liberar Europa y liberar España del 'Orban del sur”, ha espetado sobre el presidente español, Pedro Sánchez.

Feijóo ha reunido este martes a los grupos del Congreso y del Senado. En una intervención en abierto, el líder del PP se ha felicitado por los resultados en Hungría. “Me gustaría empezar celebrando la gran victoria de nuestro partido en Hungría el pasado domingo. Es sin duda una gran satisfacción”, ha sostenido.

Magyar, sin embargo, lleva apenas dos años como opositor de Orban. De hecho, hasta 2024 fue un destacado miembro del partido del ultra húngaro, Fidesz. Pese a ello, y pese a prometer una relación “pragmática” con Rusia, el PP lo considera sin duda uno de los suyos, como lo fue Orban en el pasado.

El líder de la oposición ha aprovechado también las felicitaciones transversales que se ha producido desde el domingo en toda Europa ante la derrota de uno de los principales dirigentes de la ultraderecha continental, que ha estado detrás, por ejemplo, de la financiación de Vox con varios millones de euros.

“Es satisfactorio ver al PSOE y la izquierda radical que se alegren de una mayoría absoluta del PP”, ha ironizado. “Si han conseguido cero diputados, no se puede pedir más para empezar la semana”, ha bromeado. En Hungría, muchos partidos de izquierdas optaron por no presentarse para aprovechar el sistema electoral mayoritario y permitir la victoria de Magyar.

Feijóo también ha considerado “una satisfacción que haya primeros ministros sensatos, serios” que apuesten por el “europeísmo, el Estado de derecho, la separación de poderes y la democracia liberal”. El líder del PP ha dicho que “la gente no (sic) está cansada simplemente de izquierda o derecha”, y ha espetado: “Lo que verdaderamente está la gente cansada es de la tensión permanente, del deterioro de las instituciones y de la decadencia que se extiende por Europa”.

Los aliados del PP gobiernan en la mayoría de los países europeos y controlan también la Comisión Europea, tal y como ha aseverado él mismo: “Nuestro deber como primer partido europeo y como primer partido en España es trabajar en la recta final de esta legislatura, conscientes de que eso es también lo que pide la mayoría de los españoles”.

El líder del PP no ha querido atender a los medios antes ni después de su intervención, y suma ya varias semanas evitando responder preguntas de los periodistas. Feijóo ha entrado y salido de la sala donde se ha celebrado la reunión por una puerta lateral.

A su llegada ha logrado esquivar a los periodistas. A su marcha, los periodistas le esperaban en la puerta lateral y, aunque le han lanzado varias preguntas. Feijóo apenas ha esbozado un par de respuestas. Cuestionado sobre la intención del PP de recurrir la regularización de personas migrantes, se ha limitado a decir que tendrán que “estudiar” el texto legal aprobado. También se le ha pedido una opinión sobre las palabras del jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, quien ayer afirmó, por partida doble, que “un tercio de España está podrido”.

Defensa de Peinado

En su discurso, Feijóo también ha abordado el juicio a Begoña Gómez. El PP ha rebajado en las últimas semanas la intensidad de su defensa del juez Juan Carlos Peinado, quien ayer envió a juicio a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno. La coincidencia del juicio por la trama 'kitchen', una operación parapolicial para destruir las pruebas de la corrupción del PP, han empujado a Feijóo a la cautela, sabedor de que tendrá que testificar relevantes figuras del partido como Mariano Rajoy o su hoy asesor Javier Arenas.

Pero Feijóo sí ha arremetido contra los ataques del Gobierno a Peinado, que se han recrudecido este martes.

Pese a denunciar la “tensión permanente”, Feijóo ha dicho que España vive “en una acumulación de anomalías inmorales, una detrás de otra, sin pausa, sin corrección, sin límite”. “Ni en Hungría ni en ningún otro lugar de Europa es aceptable tener a un presidente con su mujer procesada”, ha dicho. “En ningún país de la Unión Europea, la mujer del primer ministro, cuatro veces imputada y procesada por delitos graves de corrupción sin que el primer ministro dimita, no es admisible”, ha añadido.

Feijóo ha continuado con la habitual retahíla. “Ni en Hungría ni en ningún otro lugar de Europa es aceptable que también su hermano y los dos 'números dos' estén pendientes de juicio”, ha dicho. “Ni en Hungría ni en ningún otro país de Europa es aceptable que las campañas internas de un partido las financie una red de prostíbulos y las gestione un portero de un club nocturno”, ha añadido. “Ni en Hungría ni en ningún otro país de Europa es aceptable que pueda haber expresidentes del Gobierno, comisionistas con familiares o amigos ejerciendo de supuestos testaferros”, ha sostenido. “Ni en Hungría ni en ningún otro país de Europa es aceptable que los trenes se estrellen por falta de control o que la luz se marche porque el gobierno juega a experimentar”, ha zanjado.

“¿Por qué lo que no es aceptable en Hungría ni en ningún otro país de Europa estamos condenados a padecerlo en España?”, se ha preguntado. “¿Por qué tenemos que tragar con señalamientos a la justicia hechos por todo el Gobierno en el día de ayer, capitaneados por el ministro de Justicia en democracia?”, ha añadido sobre las críticas de Félix Bolaños a Peinado.

“El culpable está claro. Se llama Pedro Sánchez Pérez-Castejón y es el máximo responsable del deterioro en el que vive la sociedad española”, ha concluido.

“Absolutamente en contra” de la regularización

Feijóo ha reiterado el rechazo del PP a la regularización de personas migrantes aprobada este martes por el Gobierno “porque es inhumana, porque es injusta, porque es insegura y porque es insostenible”. Y eso que, tal y como reconoció ayer la dirigente Alma Ezcurra, no conocen los detalles del texto aprobado por el Consejo de Ministros.

El líder del PP ha dicho, a la vez, que la regularización afectará a “un millón de personas” y que “no se sabe ni a cuantas personas. El dato oficial es de 500.000 beneficiarios. Después, ha reiterado el argumentario contra esta medida, apoyada por la Iglesia Católica y a favor de la cual votó el PP en el Congreso antes de que Vox empezara a robarle votos.

Feijóo ha dicho que “es un chollo para las mafias porque pueden hacer su trabajo con éxito, dado que aquí podrá entrar cualquiera”. También que “perjudica a quien cumple, a quien trabaja, a quien cotiza, a quien aporta, al que ha entrado de forma legal”. Que “es insegura”, en una nueva relación entre personas migrantes y delincuencia. Por último, ha asegurado que “es insostenible, porque todo esto se está haciendo sin memoria económica, sin ningún tipo de previsión, de coste”.