El Gobierno desoye los reproches de la derecha judicial y sale en tromba contra Peinado

El último paso de Juan Carlos Peinado ha terminado de borrar cualquier atisbo de contención en el Gobierno respecto a su forma de actuar con la pareja del presidente. La decisión del juez de sentar en el banquillo de los acusados a Begoña Gómez por cuatro delitos carentes, por ahora, de base probatoria, es sustentada en un auto en el que el magistrado llega a comparar a Pedro Sánchez con el régimen absolutista de Fernando VII. Un hito que ha abierto de par en par la puerta a que los miembros del Ejecutivo se lancen en tromba a reprender su instrucción.

El fuego, este martes, lo abrió el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Afortunadamente hoy España es un Estado de Derecho, no como en tiempos de Fernando VII, y, por tanto, tenemos un sistema de garantías que puede corregir aquellas resoluciones que son injustas o que no están fundadas en derecho”.

Bolaños se reafirmó así en su primera reacción pública del lunes tras conocer el auto. Una opinión, aseguró, compartida por la opinión pública y por la carrera judicial. “Claro que se puede opinar sobre resoluciones judiciales. Eso es la democracia. El ministro de Justicia no tiene limitada su derecho fundamental a la libertad de expresión. Al revés, si cabe, tendrá una preocupación mayor y una opinión, si cabe, más cualificada, porque conoce la materia. Y les aseguro que es muy compartida por una amplísima parte de la sociedad española y por una muy buena parte también de la carrera judicial, que está preocupada por cómo algunas decisiones judiciales pueden afectar al buen nombre de la justicia”.

Por eso, prosiguió el ministro, lo que espera ahora el Ejecutivo es que instancias superiores corrijan la deriva de Peinado. “Quiero manifestar una vez más mi confianza absoluta en la justicia, en los tribunales superiores, que de hecho en la práctica ya han dado multitud de resoluciones judiciales en este procedimiento y han revocado parcialmente muchas otras que no eran ajustadas a derecho, que eran contrarias a nuestro ordenamiento”.

Aunque ningún periodista le había preguntado por ello, ni la ministra portavoz le había dado la palabra, pidió intervenir sobre el tema el otro miembro del Gobierno presente en la sala: el ministro de Transportes, Óscar Puente. “Me vais a perdonar, pero quedarme sin opinar de esto me va a costar un poquito”, dijo ante la sorpresa de Saiz y Bolaños.

Puente llevó entonces la reacción del Gobierno a la instrucción de Peinado un paso más allá, hasta situarla justo como un posible riesgo a la democracia. “En una democracia sana no deben existir espacios de impunidad. Los cargos públicos y sus familiares deben estar sometidos al imperio de la ley. Pero, tan importante como eso, es que los cargos públicos y sus familiares no sean perturbados por el mero hecho de serlo”, comenzó a exponer para, inmediatamente después, elevar un peldaño la crítica al magistrado.

“¿Estamos ante causas judiciales que tratan de eliminar espacios de impunidad o ante causas que pretenden violentar a los representantes elegidos democráticamente? De la respuesta depende el presente y futuro de la democracia. Es bueno que esta pregunta nos la respondamos todos”, dijo el ministro de Transportes. Óscar Puente añadió que prefería no dar su propia respuesta. No hacía falta.

En medio de esa tesitura, con un ministro a cada lado, se encontró la portavoz del Gobierno, que no tuvo más remedio que sumarse al rejonazo colectivo al juez Peinado de los representantes del Consejo de Ministros en la sala de prensa de Moncloa y defender, de paso, a la pareja del presidente del Gobierno. “Creo en la inocencia de Begoña Gómez, es una mujer de una trayectoria profesional y personal intachable. El auto tiene párrafos que van más allá de lo jurídico. Confío en la justicia, pero no es incompatible con criticar algunos procedimientos que la desprestigian profundamente”, aseveró Elma Saiz.

Toda la pólvora contra el procesamiento de Begoña Gómez la pusieron, en realidad, los ministros de Pedro Sánchez, puesto que el propio presidente prefirió jugar un papel más mesurado en su respuesta pública desde China, donde conoció la noticia. “Estoy convencido de que el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio. No tengo que decir nada más”, zanjó.

“Que alguien ponga orden”

Preguntados en el Ejecutivo por la postura del Consejo General del Poder Judicial, que este martes exigía respeto a las decisiones judiciales, en la Moncloa afirman que les gustaría “que alguien ponga orden” respecto a instrucciones como las del juez Peinado, sin que sea necesario elevar una queja por ello y que sea, por tanto, el Ejecutivo el que tenga que dar el paso.

Mientras, los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abordaron las primeras declaraciones que Bolaños realizó este lunes contra Peinado en la reunión ordinaria de la Comisión Permanente celebrada a primera hora este martes. Aunque la voluntad del bloque conservador era que se hiciera una declaración institucional específica en clave de repulsa, finalmente los miembros de esa Comisión acordaron no hacer un pronunciamiento público, pero sí recordar la necesidad de que se respeten las resoluciones judiciales sin citar expresamente al ministro.

Las fuentes consultadas afirman que, tras mantener un debate, la decisión fue remitirse a los acuerdos previos en los que el órgano ha advertido de la importancia de “salvaguardar” la independencia judicial. El pasado mayo, la Permanente aprobó por unanimidad una declaración en la que reclamó “responsabilidad institucional” a los políticos después de que Bolaños cuestionara la decisión de una jueza de Badajoz de proponer llevar a juicio al hermano de Pedro Sánchez por delitos de prevaricación y tráfico de influencias en relación con su contratación en la Diputación de Badajoz.

Las palabras de Bolaños también han sido criticadas por las asociaciones de jueces que cubren el espacio de la derecha y el centroderecha. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria en la carrera judicial, calificó de “inadmisibles” las críticas del ministro de Justicia. “Los jueces y magistrados españoles no necesitan que el poder ejecutivo les atribuya estados de ánimo colectivos. Lo que necesitan es respeto institucional, prudencia en las manifestaciones públicas y una defensa clara de la independencia judicial, también cuando las resoluciones no coinciden con los intereses del Gobierno”, recoge esta asociación en un comunicado.

También la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que se autodefine como independiente, mostró su “profunda preocupación” por el “descrédito” que, a su juicio, “tales manifestaciones suponen para el Poder Judicial y para quienes lo integran”.

En un comunicado, la asociación afirmó que “este tipo de declaraciones supone un ataque directo” a la independencia judicial y a la separación de poderes y exigió “responsabilidad institucional” a los poderes públicos, “en especial de quienes integran el Gobierno”, para que contribuyan “al clima de respeto institucional que la ciudadanía exige y que la Constitución garantiza”.

Por su parte, el PP ha bajado el tono contra Begoña Gómez en las últimas semanas. Pero no porque consideren que la esposa de Sánchez no merezca escuchar gravísimas acusaciones contra ella y su familia (como que su padre regentaba una red de prostíbulos), sino por la coincidencia temporal con un juicio muy importante, el de la trama Kitchen, la organización parapolicial ideada por el Gobierno de Mariano Rajoy para eliminar las pruebas de la corrupción del PP.

A ese juicio están llamados a declarar como testigos, entre otros, el propio Rajoy y el senador Javier Arenas, hoy uno de los principales asesores de Feijóo. En el banquillo de los acusados se sientan el que fuera ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez.

Este lunes compareció ante la prensa la dirigente Alma Ezcurra, una de las más duras del PP. Con el procesamiento de Gómez recién conocido, Ezcurra obvió el tema en su presentación inicial. Solo a preguntas de los periodistas, la también eurodiputada se limitó a declarar: “Solo cabe decir una cosa. La tetraprocesada está en Pekín. Es una situación absolutamente increíble. Y como no puede ser de otra forma, respetamos el trabajo de la justicia”.

Este martes fue Feijóo quien se refirió al asunto en un discurso ante sus diputados y senadores en el que tildó a Sánchez de “Orbán del sur”. “Ni en Hungría ni en ningún otro lugar de Europa es aceptable tener a un presidente con su mujer procesada”, dijo, para arremeter contra la reacción del Ejecutivo ante el auto de Peinado: “Le ha durado su euforia por la separación de poderes en Hungría, lo que la justicia ha tardado de procesar a su esposa en España”. Y ya.

Una posible explicación a la rebaja en el tono del PP la pudo dar este martes el representante de Manos Limpias en la investigación contra Gómez, y asesor a sueldo del propio PP en el Senado. En un hilo en Twitter, Víctor Soriano siembra dudas sobre la instrucción de Peinado, cree prematuro el procesamiento de la esposa de Sánchez, sostiene que hay diligencias importantes sin hacer y anticipa “el riesgo de una sentencia parcial o totalmente absolutoria”.