Los Gobiernos central y vasco estrenarán este jueves el nuevo órgano bilateral paritario de coordinación de la gestión de los aeropuertos de Aena en la comunidad autónoma, Loiu, Foronda y Hondarribia. Este foro, pactado en marzo en medio de la controversia por las dudas esbozadas por los accionistas privados del gestor aeroportuario estatal, se constituyó formalmente el 20 de abril y celebrará ahora una primera reunión de trabajo.

Según la documentación facilitada al Parlamento Vasco por la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, del PNV, los representantes vascos serán de tres departamentos diferentes. Aunque las competencias de Movilidad recaigan en la parte del PSE-EE del bipartito vasco y tanto el viceconsejero Miguel Ángel Páez como la directora Sara Barreal estarán en la mesa, habrá también un representante de la Presidencia vasca -Mikel Iriondo, el más estrecho colaborador del lehendakari, Imanol Pradales, y responsable de la coordinación de todo el Gobierno- y otro del equipo de Ubarretxena, el viceconsejero Xabier Ochandiano. Ambos son del PNV. Por parte del Estado, los participantes son Benito Núñez, secretario general de Transporte Aéreo y Marítimo, Álvaro Fernández-Ireguas, jefe del gabinete técnico, David Benito, director general de Aviación Civil, y Andrés López, subdirector de Aena.

En la primera reunión de constitución simplemente se trataron formalismos y será ahora cuando se empiece a trabajar. La parte vasca pretender hacer aportaciones al denominado DORA, el plan de inversiones de Aena que detalla, para los próximos años, las cantidades destinadas a todos los aeropuertos de la red estatal. El Gobierno vasco se quejó de la propuesta inicial, de 469,5 millones, porque, entre otras cosas, no había tenido en cuenta que Euskadi es una de las pocas comunidades sin alta velocidad ferroviaria para cierto tipo de desplazamientos. A instancias de EH Bildu, Ubarretxena no ha aclarado a la Cámara las propuestas concretas que se elevarán este jueves.

El órgano bilateral, que en ningún caso implica la transferencia de la gestión de las tres terminales de Aena en la comunidad autónoma, es la fórmula “negocial” encontrada para canalizar el deseo del PNV de participar en la “gestión” de unas aeropuertos que siguen siendo de Aena, como marca la Constitución. Es un foro que da más voz a las instituciones locales y que supervisa las actuaciones de Loiu, Foronda y Hondarribia en conjunto, aunque antes existía un comité creado en la etapa de Mariano Rajoy y que nunca ha tenido funcionalidad real.

Durante las negociaciones, Aena intentó marcar líneas rojas al Gobierno para tranquilizar al 49% de su capital, que es privado. En paralelo, otras comunidades autónomas como Canarias se miran claramente en este espejo para tener también participación en sus aeródromos. El presidente canario, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, conoció en una reciente visita a Vitoria el modelo recién instituido y señaló que sería un primer paso para evitar que Aena tome decisiones unilaterales que hagan que se esfumen decenas de miles de plazas en un territorio con marcadas necesidades de conexiones aéreas por su insularidad. Catalunya también busca modificar su regulación aeroportuaria actual, aunque allí ya se produjo una transferencia y las instalaciones más pequeñas, las que no son de “interés general”, están en manos de un ente autonómico.

El Gobierno vasco ha aprobado este martes destinar 700.000 euros en ayudas para difundir el conocimiento científico, como forma atajar la desinformación y movimientos negacionistas, como por ejemplo los antivacunas o los que niegan el cambio climático. El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha destacado que en una sociedad en la que se está desarrollando de forma intensa la ciencia, la tecnología y la innovación “de forma paralela están ganando terreno tendencias de desconfianza y de rechazo en cuestiones que son verdaderamente muy importantes y que pueden tener consecuencias muy negativas”. Y ha citado como ejemplos los antivacunas o los negacionistas del cambio climático.

Iglesias ha considerado que “cuestiones que antaño eran insólitas en este momento ya han sido asumidas por sectores sociales crecientes”. “No son mayoritarios en absoluto, pero sí tienen cada vez más importancia”, ha dicho, y ha insistido en que estas actitudes “lógicamente pueden tener consecuencias muy negativas en términos de salud pública”. Por ejemplo, ha señalado que en los países donde se extiende la negativa a vacunar a hijos e hijas “están resurgiendo enfermedades que estaban prácticamente acabadas”. También se ha referido a los negacionistas del cambio climático. “Es importante que la gente tome conciencia de ello, porque de otra manera no se adoptarán las medidas políticas que se deben adoptar para poder combatir el cambio climático, porque al final la actitud de los partidos y de que se implanten o no medidas, también depende de cuál es la percepción ciudadana de los problemas”, ha manifestado

Además de desmontar negacionismos, el programa de ayudas, denominado 'Ezagutza Zabaltzen', el primer de estas características que se aprueba en Euskadi, tratará de acercar el conocimiento científico y la innovación a toda la ciudadanía vasca, reducir las brechas sociales existentes en el acceso y disfrute de la ciencia, sobre todo en un contexto en el que muchas decisiones que se toman cada día “tienen una relación directa con materias de naturaleza científico-tecnológico”. Además, promoverá el uso del euskera en la divulgación científica y estimulará la participación ciudadana en los procesos de generación y transferencia del conocimiento.

Las ayudas aprobadas por el Consejo de Gobierno priorizarán proyectos novedosos o de nuevo diseño que no hayan sido desarrollados anteriormente en Euskadi. También podrán acceder a financiación iniciativas ya existentes que acrediten una ampliación de su alcance o la incorporación de formatos y metodologías innovadoras para reforzar su impacto social. El programa dispondrá de una dotación económica total de 700.000 euros: hasta 200.000 euros se destinarán a proyectos individuales y hasta 500.000 euros a proyectos en agrupación. Los proyectos individuales deberán contar con un presupuesto mínimo de 8.000 euros y máximo de 20.000 euros, mientras que los proyectos realizados en colaboración deberán situarse entre los 50.000 y los 80.000 euros.

La convocatoria está dirigida a entidades adheridas a Jakindari, la alianza por la cultura científica de la Euskadi,que incluyen agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, universidades del Sistema Universitario Vasco y centros adscritos, además de fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro. Las iniciativas subvencionables podrán adoptar distintos formatos, entre ellos ferias o festivales de ciencia e innovación, espectáculos de divulgación científica, visitas guiadas a centros de investigación, exposiciones, ciclos de conferencias, talleres experimentales, proyectos audiovisuales, radiofónicos o de podcast, proyectos de ciencia ciudadana o iniciativas dirigidas a despertar vocaciones científicas entre la juventud.

Una niña de cuatro años de edad ha tenido que ser atendida este martes por sanitarios de una ambulancia debido a un golpe de calor en una escuela de Bilbao. La menor, tras recibir asistencia, se ha recuperado y se encontraba bien y ha sido trasladada a su domicilio, según han informado fuentes cercanas al centro escolar.

Los hechos han ocurrido en el colegio Pagasarribide cuando se ha requerido la presencia de una ambulancia, ya que una niña, de cuatro años, se encontraba mal, según recoge Europa Press. Al parecer, ha sufrido un golpe de calor debido a las elevadas temperaturas que se están registrando en Euskadi estos días. Una ambulancia ha acudido al centro escolar y ha atendido a la menor. Las mismas fuentes han señalado que, una vez recibida la asistencia, la niña se ha recuperado y ya se encuentra en su domicilio en buen estado.

“Repensar” las medidas

Las instituciones vascas “repensarán” conjuntamente sus medidas para actuar ante “olas excepcionales de calor” como la que registra Euskadi estos días. Para paliar los efectos de las altas temperaturas, el Departamento de Educación ha remitido una carta a todos los colegios “especificando medidas” y “activando recomendaciones”. En rueda de prensa en Vitoria, tras el consejo de Gobierno, Ubarretxena ha admitido que “el conjunto de la fotografía” para actuar a la ola de calor extremo no afecta solo a las playas, sino también a las piscinas municipales, a los parques de agua, a los pantanos o a los ríos.

“Es verdad que el cambio climático está aquí, estamos viendo los efectos y esto nos obliga a todas las administraciones públicas a repensar medidas en situaciones de olas excepcionales de calor como la que estamos viviendo en nuestros momentos”, ha manifestado. Según la portavoz, el Departamento de Educación ha remitido este martes una carta a todos los colegios “especificando medidas” y “activando recomendaciones para minimizar el impacto del calor”. No obstante, ha insistido en que, “más allá del hecho puntual de los colegios, que, por supuesto está ahí”, es preciso “mirar la foto en su conjunto, porque el calor afecta a todos, a servicios, a instalaciones”.

Por ello, cree que debe haber “una reflexión” en la que todas las instituciones tomen parte, porque ante las “olas excepcionales de calor” será preciso activar diferentes medidas. “Los que no tenemos playas, tenemos también piscinas municipales, chorros de agua o ríos por lo que habrá que repensar también cómo hacer frente entre todas las instituciones a estas olas de calor”, ha dicho.

Ubarretxena cree que las instituciones “ya están pensando” las posibles medidas, pero “tiene que ser un proceso conjunto” porque en los municipios “hay servicios que afectan al gobierno, servicios que afectan a diputaciones y servicios municipales”. “Por tanto, tendrán que ir de la mano”, ha concluido.

Con la excepción de 2020, el año en que la COVID-19 detuvo muchas actividades, 2025 fue el ejercicio en que la Comisión de Ética del Gobierno vasco, puesta en marcha en 2013 para analizar posibles vulneraciones del código ético y de conducta que han de suscribir los altos cargos, tuvo menos actividad. Únicamente emitió dos resoluciones, la última de ellas sobre Osalan. En lo que va de 2026 tampoco consta que haya habido movimientos.

El pasado miércoles, la consejera María Ubarretxena, que es la presidenta de este foro con cinco integrantes, tres de ellos cargos políticos y dos expertos externos, presentó en el Parlamento Vasco la memoria de actividades de la comisión en 2025. Es un documento de cinco folios que se puede leer aquí. Nada tiene que ver con la primera, que vio la luz en 2014 y que era un documento maquetado de 68 páginas que se presentaba incluso en rueda de prensa.

Desde la oposición, EH Bildu y PP coincidieron en resaltar lo llamativo de la escasa actividad de este organismo. En 2023, por ejemplo, abordó catorce asuntos. Para Lamia Arcas, de la coalición abertzale, hay cierta “decadencia”. Para Ainhoa Domaica, del PP, “llama la atención” la escasa actividad dado el “gran volumen” de organismos y altos cargos sujetos a estas normas de conducta.

Ubarretxena, acompañada del viceconsejero Xabier Ochandiano, a su vez secretario de la Comisión de Ética, ironizó que se critica al Gobierno porque hay pocos casos lo mismo que se le criticaría si hay muchos. Ochandiano agregó que responde a lo que tiene que responder y que lo hace siempre “en tiempo y forma”.

A juicio de Ubarretxena, que las denuncias vayan en descenso puede significar que los altos cargos van asumiendo las pautas éticas de funcionamiento y que no es necesario reprenderles, argumentó. “Los cargos tenemos muy interiorizada la ética”, sentenció. “Cuantitativamente breve, institucionalmente relevante”, señaló también sobre la memoria. E insistió en la idea de que todos los acuerdos son adoptados por unanimidad, de modo que los expertos externos coinciden con el sentir de la parte política cuando se trata de emitir un dictamen.

EH Bildu no salió muy satisfecha de las explicaciones de Ubarretxena. Comparó la actividad de la Comisión de Ética vasca con la catalana o andaluza, o incluso con la de Irlanda, y consideró que la local sale perdiendo. Entiende que ha de pasar de ser un órgano “reactivo” para ser más “proactivo”. En el pasado, la formación abertzale rebautizó al organismo como “Comisión de Estética” porque muy pocas veces ha emitido un dictamen crítico con las actuaciones de los altos cargos.

El debate parlamentario estuvo entrelazado con la reciente aprobación de la ley vasca de transparencia. Euskadi es la última comunidad autónoma con un texto de esas características pero tanto Ubarretxena como el representante del PNV, Jon Andoni Atutxa, insistieron en que el Gobierno vasco es “pionero” en estos temas. El socio, el PSE-EE, apuntó que Euskadi tiene un “sólido corpus normativo” en lo tocante a buen gobierno y transparencia.

María Ubarretxena (Urretxu, 1980) recibe a este periódico a los pocos minutos de que el Parlamento Vasco haya promulgado, por fin, la ley de Transparencia. Euskadi era la única comunidad autónoma sin una normativa de esas características y el liderado por la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno en el equipo de Imanol Pradales ha sido el cuarto intento en otras tantas legislaturas. Satisfecha, Ubarretxena sostiene que la ley será “un paso más” y sostiene que Euskadi era ya “pionera” en esta materia a pesar del retraso. La norma crea Gardena, un nuevo organismo con la principal misión de canalizar las denuncias sobre posibles casos de corrupción o irregularidades y la de proteger a los informantes de represalias, algo muy habitual en el pasado. Finalmente, la presidencia de esa agencia será elegida al modo del Ararteko (la Defensoría del Pueblo), con una mayoría parlamentaria de tres quintos y no por designación política. En la Cámara, solamente los partidos del Ejecutivo, PNV y PSE-EE han votado a favor de la ley y la oposición ha lanzado críticas, aunque la consejera insiste en que han ajustado la redacción aceptando propuestas de otros grupos. La también portavoz del Ejecutivo analiza también el estado de las negociaciones del Estatuto, que tienen como gran hito pendiente la transferencia de la gestión de la Seguridad Social. No aporta sobre esto grandes novedades. “Discreción”, repite.

Por fin está aprobada la ley de Transparencia.

Sí. Euskadi ha sido pionera en transparencia. Aunque no haya tenido ley propia, ha sido pionera. Ha estado siempre en las mejores posiciones en los rankings internacionales, por delante incluso de otras comunidades autónomas que sí tenían una ley. Pero con esta ley damos un paso más. Nos va a ayudar a profundizar en la calidad democrática. Lo vemos como muy positivo.

Siendo líderes, siendo “pioneros”, como apunta, ¿cómo es posible que haya habido tres intentos fallidos, que hayan transcurrido más de diez años sin aprobar la ley y siendo la última de las 17 comunidades autónomas?

No voy a entrar en lo que ha ocurrido hasta ahora. No he sido parte de ese proceso. Sí puedo hablar del proceso que hemos hecho desde este Gobierno. Han sido dos años de trabajo. Uno dentro del propio Gobierno y otro en el Parlamento, donde hemos realizado un seguimiento muy detallado con nuestros grupos parlamentarios y también con la letrada. Tenemos un texto que se ha mejorado en sede parlamentaria con 47 enmiendas que se han aprobado. Son de los distintos grupos parlamentarios. Y hay cuatro enmiendas transaccionadas. Por lo tanto, el texto resultante está enriquecido en comparación con el inicial. Más allá de ser un Gobierno con mayoría suficiente para poder haber aprobado el texto tal cual, se ha visto la disposición y la voluntad de acordar. El texto resultante, independientemente del voto que hayan tenido otros partidos políticos, es un texto compartido. Muchas veces en el voto entran en juego otros factores.

Más allá del voto, los discursos de la oposición han sido duros, de mucha crítica.

Si este mismo texto se hubiera presentado en el Congreso de los Diputados, estoy segura de que más de un grupo parlamentario que hoy ha votado en contra habría votado a favor.

¿Cuáles?

Bueno, más de un grupo parlamentario.

No le veo a Vox, por ejemplo, apoyando leyes del Gobierno de Pedro Sánchez.

Hemos aprobado 47 enmiendas. En el propio proceso de las ponencias se ha visto la buena disposición y el buen ambiente, disposición a llegar a acuerdos. Después, bueno, entra también la teatralización que se hace en el hemiciclo. Muchas veces responde a otras cuestiones. A nadie se le escapa que queda un año para las municipales y forales.

¿Está queriendo decir que EH Bildu es más flexible en el Congreso de lo que lo es aquí en el Parlamento Vasco?

He dicho otros grupos, no sólo un grupo.

¿Y Sumar? Con ellos, se acordó la modificación de la forma de elección de Gardena para que no fuera una designación política. ¿Fue un error plantearlo en esos términos?

El texto era correcto, pero teníamos, por supuesto, las puertas abiertas a poder mejorarlo en el trámite parlamentario. No ha sido solamente la presidencia de Gardena con Sumar, que se hará por mayoría reforzada de tres quintos en el Parlamento Vasco, lo mismo que se hace ahora con el Ararteko. Incluso el propio grupo del PNV, también en sede parlamentaria, introdujo unas mejoras en cuanto a la gobernanza colaborativa y deliberativa, que era un apartado que el texto en origen no tenía. Por tanto, siempre hemos estado abiertos a que el texto se pudiera enriquecer.

¿Y tienen ya pensado el perfil de la persona que podría ocupar la primera presidencia de Gardena?

No. Lo que hay que hacer ahora es desarrollar por decreto los estatutos de Gardena. Tenemos seis meses para realizar ese trabajo. Nos tenemos que poner inmediatamente al desarrollo de los decretos en el marco de esta ley, que son varios. Además de Gardena, está el registro de la participación ciudadana o el registro de los ‘lobbies’.

La ley se va a aplicar a instituciones autonómicas y municipales, a organismos como la EHU o el Ararteko, a los partidos políticos e incluso a empresas privadas como los colegios concertados, por ejemplo. ¿Qué pasa con las diputaciones?

Las Juntas Generales sí que están también. Las diputaciones forales tienen su propia competencia foral, pero las Juntas Generales sí entrarían.

¿Por qué se quedan fuera las diputaciones?.

Lo que tendrán que hacer son sus desarrollos propios, tener una normativa propia. Como digo, esta ley recoge obligaciones de oficio para las instituciones, los partidos políticos, los sindicatos e incluso para empresas que prestan servicios, las que reciben subvenciones. Van a estar sujetas a esa publicidad activa que tienen que hacer. Va a haber una serie de información que se va a tener que dar. Hasta ahora el ámbito de aplicación de este tipo de leyes de Transparencia solamente miraba a la Administración pública. Esta ley va un poco más allá.

¿Y no es un poco raro que el Parlamento pueda legislar sobre lo que tiene o no tiene que hacer una empresa privada y no pueda entrar a regular a las diputaciones?

Son empresas que reciben fondos públicos… Si son recursos públicos, la ciudadanía también tiene derecho a saber cómo se usan.

La ley prevé sanciones de hasta 400.000 euros. ¿En qué casos se aplicarían?

Las sanciones son leves, graves y muy graves. Y se detallan en la ley. Las infracciones graves y muy graves podrán conllevar como sanción accesoria el reintegro total o parcial de la subvención concedida en el caso de que haya sido una empresa.

En el debate, la oposición ha denunciado que no es Gardena quien sanciona, sino la parte política del Gobierno.

Gardena realiza resoluciones y tiene potestad sancionadora en una parte. Pero la última sanción la tendrá que poner la persona responsable del departamento competente. No soy yo. Por ejemplo, si es el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca el que concede una subvención y hay una irregularidad en ese departamento y una resolución de Gardena, esa potestad sancionadora le tocaría a la ‘sailburu’ [Amaia] Barredo.

La ley crea un canal externo de denuncias. ¿Se va a garantizar que alguien pueda denunciar corrupción e irregularidades sin represalias?

Por supuesto. Éste es un canal que ya está en funcionamiento en otras comunidades autónomas, incluso en el Estado. Euskadi ahora va a tener el suyo propio. En nuestro caso, va a ser Gardena el que va a hacer la protección a las personas informantes. Pero también va a garantizar el acceso a la información. Gardena va a tener una mirada mucho más completa en comparación con lo que hay en otras comunidades autónomas. Ahí también podemos decir que Gardena va a ser un órgano pionero en el Estado. Incorpora esa parte de esa ley estatal básica sobre los informantes, pero además va a hacer muchísimas más funciones.

¿Y cómo se garantiza que no haya represalias?

Es un procedimiento reglado que viene en la ley estatal de 2023.

Ya ha habido casos de denuncias, algunos muy sonados. Por ejemplo, Ainhoa Alberdi, una empresaria que denunció el ‘caso de Miguel’, que acabó con cuatro dirigentes de su partido en la cárcel por corrupción. Dado que ahora se ha aprobado un canal para hacer denuncias seguras y evitar represalias, ¿ha llegado ya la hora de que alguien del PNV le reconozca a esta persona el servicio público que hizo?

Yo no me voy a meter en asuntos que no me competen y, además, en los que yo no estaba. Se ha aprobado una ley, se aprobará el decreto con los estatutos de Gardena, se pondrá en funcionamiento el órgano y estoy segura de que funcionará de manera correcta.

Seguro que hay muchos denunciantes de corrupción que hasta ahora no han tenido esta oportunidad que agradecerían un gesto por parte de dirigentes políticos.

Cuando Gardena esté en marcha, tendrá sus funciones y todas las personas que deseen denunciar tendrán la oportunidad de hacerlo y su anonimato y su protección estarán garantizados.

Ha mencionado antes a una consejera, a Amaia Barredo. En una entrevista en ‘El Correo’, esa consejera decía que aunque ha recibido varias sentencias no se ha hecho justicia. En ese caso también había unos denunciantes. ¿Cómo interpreta estas palabras? ¿Cómo interpreta que unos denunciantes que tenían razón tengan que leer a la consejera diciendo que no se ha hecho justicia?

No me voy a meter. Estamos hablando sobre la ley de Transparencia. He puesto el ejemplo de la ‘sailburu’ Barredo como podía haber puesto el ejemplo del ‘sailburu’ [Mikel] Jáuregui.

En la ley se va a crear el registro de los grupos de interés. ¿Qué es un ‘lobby’? ¿Se puede concretar?

La ley concreta cuáles son los grupos de interés y cuáles no.

¿Una petrolera? ¿Una consultora?

Depende. Está bastante tasado en la ley. No es que alguien pueda interpretar qué es un 'lobby' o qué no es. Se dice claramente. Leo: “Se consideran grupos de interés a los efectos de esta ley las personas y organizaciones que, con independencia de su forma o estatuto jurídico, realizan en interés de otras personas u organizaciones, actividades susceptibles de influir directa o indirectamente en los procesos de elaboración de las políticas públicas o disposiciones normativas, en la aplicación de éstas o en las tomas de decisiones de las administraciones y entidades del sector público”. Lo que hay que hacer ahora es, como digo, un desarrollo vía decreto del registro de los grupos de interés y también de la participación ciudadana. Y habrá que atender al articulado de la ley para establecer los requisitos.

¿El Gobierno espera que con esta ley haya más participación ciudadana, que haya personas que propongan iniciativas reglamentarias?

Lo que se espera es regular la participación ciudadana existente. Y también establecer que de alguna manera se automaticen unos procesos que hagan mucho más fácil algo que es inherente a nuestra cultura democrática.

¿Qué tal va la relación con el PSE-EE, el socio de Gobierno?

Bien. Se ha demostrado con la aprobación de esta ley. Agradezco la participación y el comportamiento de todos los parlamentarios y parlamentarias socialistas que han participado en la tramitación de la ley. Es un reflejo de la buena relación que hay.

En el tema del euskera, con la reforma de la ley de empleo público, siguen estando en desacuerdo…

No es un proceso en el que yo esté participando. Son los grupos del Parlamento Vasco los que tienen que acordar. Me imagino que estarán hablando. Esas conversaciones serán discretas y no sé cómo están.

El lehendakari, Imanol Pradales, apeló a que todos los consejeros cumplan un decálogo de ejemplaridad que se presentó en 2024. Pero nunca ha sido aprobado en el Parlamento. Se envió y nunca se ha votado.

El lehendakari nos emplazó a que utilicemos ese decálogo, esa ejemplaridad en el ejercicio de la actividad pública. Creemos que es fundamental y más en los tiempos que corren. Está muy de actualidad en estos tiempos de desinformación y de formas que desde luego no son las que el lehendakari defiende para el ejercicio de la política.

Ustedes tienen mayoría absoluta. ¿Por qué no se ha aprobado en el Parlamento?

Eso debería preguntárselo usted a los grupos que conforman este Parlamento.

¿Cómo van las negociaciones de la Seguridad Social?

Como vengo diciendo, van con discreción y haciendo trabajo de cocina. Cuando tengamos algo que contar, ya lo contaremos. De momento, hemos preferido realizar las negociaciones de forma discreta y dentro de la confianza necesaria para que lleguen a buen puerto.

¿Hay  agua en la piscina para que, en julio, cuando está prevista la siguiente reunión bilateral entre el presidente Pedro Sánchez y el lehendakari, puedan anunciar el acuerdo?

Discreción. Veremos.

"Hemos preferido realizar las negociaciones sobre la Seguridad Social de forma discreta y dentro de la confianza necesaria para que lleguen a buen puerto"

¿Sigue viendo más “remolona” a la parte de Sumar que a la del PSOE en este proceso?

Están remolones, sí. Creo que tiene que ver también mucho con que ya van a llegar pronto las elecciones y con que la señora vicepresidenta [Yolanda Díaz] ha dicho que no va a ser cabeza de la coalición. Me imagino que esos factores influyen también de alguna manera en las decisiones que quiera tomar desde su posición en el Gobierno.

¿Qué le pasa a ustedes con Sumar? Hay problemas con la ministra de Sanidad, con el tema del ‘Guernica’ con el ministro de Cultura y ahora también con el tema laboral.

Nosotros hacemos peticiones que son razonables. Estamos intentando solucionar problemas que tiene la ciudadanía vasca. Para eso pedimos colaboración. Habrá que preguntarle a la otra parte por qué no acepta esa colaboración o por qué no quiere llegar a esos acuerdos.

El acuerdo de aeropuertos ya se firmó. ¿Podría explicarle a un usuario normal de un aeropuerto en qué consiste esa nueva capacidad de gestión que tiene el Gobierno vasco?

El órgano aeroportuario ya ha echado a andar. Eso es la buena noticia. Yo no soy parte de ese órgano aeroportuario. Hay otras personas que ya están hablando, que están negociando. Ese órgano está funcionando. La primera tarea que tiene ese órgano termina a finales de este mes con la presentación de las inversiones o las posibles modificaciones para los aeropuertos vascos. Vamos a esperar a ese documento. En ese documento se plasmará cuál es la visión que tiene el Ejecutivo vasco también para nuestros tres aeropuertos. Los usuarios podrán ver claramente cuál es el la dirección que se le quiere dar a esto.

¿Una dirección a mejor?

Por supuesto.

El Estado ya les ha dicho que no a la transferencia del puerto de Pasaia. ¿En qué punto está esta cuestión?

También estamos hablando con el Gobierno del Estado, que es con quien tenemos que negociar. Discreción. Veremos si podemos llegar a un acuerdo.

Las quinielas preelectorales están ya abiertas. ¿Teme perder al viceconsejero Xabier Ochandiano por alguna candidatura importante?

Yo estoy muy centrada en las actividades de Gobierno y todo mi equipo está muy centrado en las actividades de Gobierno.

El Gobierno de Imanol Pradales, valiéndose de la mayoría absoluta de PNV y PSE-EE, ha sacado adelante este jueves en el Parlamento Vasco una de las leyes más relevantes de la legislatura, la de Transparencia. Lo es porque, con ella, Euskadi deja de ser la única comunidad autónoma sin una normativa propia de este tipo, aunque hasta ahora algunos derechos se ejercían al amparo de la legislación estatal. Y también porque el texto sale adelante tras tres legislaturas de intentos fallidos. “La transparencia no es una concesión a la ciudadanía, es un derecho”, ha solemnizado la consejera responsable, María Ubarretxena, que ha recibido el respaldo expreso del lehendakari durante la sesión parlamentaria y ha estado acompañada en la Cámara por todo su equipo, que ha fotografiado varios momentos del debate plenario desde los palcos.

Anticipándose a las críticas que luego llegarían de la oposición, Ubarretxena, del PNV, que ha dispuesto de quince minutos para valorar la ley antes de que intervinieran los partidos, ha señalado que Euskadi “no parte de cero”. “Si bien no tenía ley propia, ha sido pionera en los últimos años”, ha recalcado en una intervención realizada leyendo sus notas desde una tableta que sujetaba con las manos. El portavoz del PNV, Xabier Barandiaran, ha redoblado la apuesta dialéctica y ha llegado a decir que en España no hay mejor comunidad autónoma en esta materia que Euskadi. “Así lo dicen organismos internacionales”, ha señalado. Y ha agregado que “Euskal Herria” debe mirar más a los países nórdicos que a “Jaén o Murcia”.

Finalmente, PNV y PSE-EE no han sumado ningún apoyo entre la oposición a la hora de aprobar el grueso de la ley, más allá de algunas abstenciones o incluso 'síes' a apartados concretos. Es más, como anécdota, PNV y PSE-EE han dispuesto de 37 votos de 75, es decir, sin mayoróa, pero han podido sumar los dos delegados por Maitane Ipiñazar y Mikel Arruabarrena, ambos de baja por paternidad. Incluso en la compleja votación ha habido momentos de zozobra, con el portavoz nacionalista dando orden de votar 'sí' a partes a las que tocaba votar 'no', como le ha corregido rápidamente su colega Lorea Bilbao.

La consejera, en cambio, ha defendido que la propuesta inicial del Ejecutivo ha sido “enriquecida por propuestas de todos, salvo de Vox”. En efecto, la tramitación parlamentaria de casi dos años ha introducido enmiendas. Por ejemplo, la nueva agencia Gardena, la máxima autoridad en materia de transparencia, será elegida al modo del Ararteko o de otros organismos de control, mediante mayoría parlamentaria reforzada. Inicialmente, el Gobierno quería reservarse ese nombramiento. También se fuerza a la Administración a publicar trimestralmente un listado de los contratos menores formalizados, aquellas adjudicaciones que se hacen sin concurso por ser de pequeño tamaño pero que, sumadas, suponen un presupuesto multimillonario. Históricamente, ha sido una vía de fraudes e incluso de corrupción.

El Gobierno cuantifica en 47 las propuestas de la oposición admitidas y en otras cuatro las enmiendas transaccionadas. Son 18 de EH Bildu -la consejera del PNV ha ironizado que seguramente son más los puntos de acuerdo de la principal fuerza de la oposición de los que admitirán en público-, 15 del PP y el resto de Sumar. Ubarretxena, de hecho, ha felicitado uno por uno a los parlamentarios de esos partidos, como también a los de PNV y PSE-EE y a su viceconsejero, Xabier Otxandiano. Solamente ha excepcionado de las buenas palabras a Vox.

Ubarretxena ha destacado también que la ley habilita a la ciudadanía a proponer iniciativas reglamentarias, al igual que es posible plantear leyes mediante la recogida de firmas. La norma prevé sanciones de hasta 400.000 euros en caso de incumplimiento de las disposiciones legales, aunque la oposición ha avisado de que el régimen sancionador estará en manos de la consejera de turno y no de la agencia de control Gardena. La ley habilita también un canal externo para denuncias y, según los partidos del Gobierno, permitirá lanzar alertas “sin temor a represalias”.

El dictamen aprobado señala que estarán sometidos a obligaciones el Gobierno vasco y otros organismos autonómicos, los ayuntamientos, los partidos y sindicatos e incluso empresas privadas sostenidas con recursos públicos, como los colegios privados concertados. Sin embargo, las diputaciones forales escapan a este marco normativo.

El análisis crítico de la oposición

El debate ha durado unos cien minutos, de 9.30 a 11.13. Por parte de EH Bildu, Lamia Arcas, ha sido muy dura con el resultado final de la ley. La ve claramente insuficiente. Ha citado el caso de Gardena. Considera que son insuficientes los cambios introducidos en el sistema de elección de su dirección. La formación abertzale defendía un nombramiento para un único mandato de seis años y no uno de cinco prorrogable que, en la práctica, habilita a diez años continuados. Asimismo, Arcas sostiene que no se garantiza que no sea elegida una persona con “afiliación política”. Ha planteado, igualmente, que las garantías para los denunciantes de irregularidades no son las mejores.

Desde la bancada del PP, Ainhoa Domaica, ha manifestado que su partido consideraba que, “siendo los últimos”, era deseable “la mejor ley, la más ambiciosa” para Euskadi. Pero los 'populares' entienden que el producto final no es el mejor. El PP, de hecho, ha denunciado que el Gobierno no es precisamente “transparente” con la oposición a la hora de facilitar información, si bien eso es materia regulada en otra ley, el reglamento parlamentario. “Hasta ahora, un suspenso”, ha resumido Domaica, que ha llegado a exhibir un informe que se le ha entregado y que estaba totalmente tachado. Vox, de su lado, ha considerado también un “paripé” la nueva norma porque no garantiza que el Gobierno de Pradales deje de ser “opaco”, según Amaia Martínez Grisaleña.

En el caso de Sumar, que fue quien propuso al Ejecutivo cambiar la forma de designación de Gardena, ha señalado que ese cambio era impepinable pero, en palabras de Jon Hernández, es un ajuste insuficiente para que ellos se sumen a un acuerdo sobre el conjunto de la ley. Y ha afeado al PNV que quiera plantear una especie de superioridad “biológica” vasca cuando aquí, como en otros lugares, ha habido corrupción y clientelismo. “No nos podemos creer mejores que los demás. No estamos vacunados”, ha manifestado Hernández.

El socio del PNV, el PSE-EE, ha destacado que los nuevos artículos “fortalecen” el sistema democrático. Según Pau Blasi, una ley de Transparencia “no es un mero ejercicio de 'striptease'” sino una palanca para, entre otros objetivos, “recuperar la confianza en la instituciones” o “mejorar la toma de decisiones”. Blasi también ha insistido en que el hecho de que Euskadi no haya tenido ley no ha supuesto falta de iniciativas. A su juicio, fue el Gobierno de Patxi López el “pionero” en ello. Blasi fue asesor de aquella Presidencia entre 2009 y 2012. “Si no lo digo yo, no lo va a hacer nadie”, ha ironizado. En su momento, los socialistas denunciaron que era una renuncia aprobar una ley así sin que incluyera a las diputaciones.

Los tres intentos fallidos

Si la ley estatal es de 2013, el primer intento en Euskadi también es de esa época, de la legislatura 2012-2016. En el primer calendario legislativo del entonces lehendakari, Iñigo Urkullu, no constaba ninguna propuesta en este sentido a su llegada al cargo, pero sí se prometió un capítulo sobre ello dentro de una norma general sobre Administración Pública. Sin embargo, en 2015 el Ejecutivo -entonces del PNV en solitario y en minoría- la retiró del Parlamento en vista de la falta de apoyos y el rechazo en bloque de la oposición. Acto seguido, uno de los planteamientos fue separar el texto en dos, creando uno 'ad hoc' para Transparencia. Pero no dio tiempo en lo que quedaba de legislatura, ya que todas las propuestas legislativas -salvo contadas excepciones- decaen cuando se convocan elecciones, que fueron en el verano de 2016.

En la legislatura de 2016 a 2020 se hizo una promesa para el “primer cuatrimestre de 2018” que nunca se sustanció. Sin embargo, un año antes, PNV y PSE-EE presentaron como partidos una proposición no de ley en la Cámara con la promesa de “agilizar” la tramitación de la norma. Era, en esencia, la propuesta pendiente del mandato anterior. Se presentaron enmiendas y se reunió varias veces la ponencia legislativa, pero dejó de hacerlo en marzo de 2019. El acuerdo estaba casi listo pero había discrepancias al unir en un mismo texto puntos de información pública y otros de participación. Nada se hizo en el tramo final de aquella legislatura a pesar de una oferta de la coalición entonces llamada Elkarrekin Podemos al Gobierno para cerrarla y en 2020 volvió a decaer, nuevamente por la celebración de elecciones.

El tercer intento es el de la legislatura de 2020 a 2024. La promesa en la tercera y última legislatura de Urkullu era que el Ejecutivo enviase un proyecto de ley a la Cámara en el “segundo semestre de 2022”. No fue así. La consejera Olatz Garamendi presentó en el Parlamento el articulado muy tarde, a finales de 2023. No dio tiempo a tramitarla y volvió a decaer.

La de Transparencia es una de las iniciativas legislativas más importantes sacadas adelante por el Gobierno esta legislatura. De hecho, es el primer gran proyecto de ley que ve la luz, ya que hasta ahora la actividad de la Cámara ha consistido en presupuestos y en pequeñas reformas legislativas 'exprés' para facilitar la participación de menores en la caza, fomentar la tauromaquía entre los jóvenes o, más recientemente, para reforzar el control de las colonias de verano, retocar la normativa electoral y hasta para autorizar el juego del bingo en los centros de mayores. La oposición se está quejando de que la mayoría parlamentaria fuerza tramitaciones que no dan margen para la presentación de informes, el debate de enmiendas o las comparecencias de expertos.

La excepción, pero no tramitada como proyecto de ley del Gobierno sino como propuesta de PNV y PSE-EE, fue la normativa “urgente” para hacer frente a la crisis de vivienda, promulgada a finales de 2025. Otros compromisos como la reforma del Estatuto siguen acumulando retrasos y, aprobada la ley de Transparencia, tampoco queda ningún otro proyecto en tramitación ahora mismo, aunque sí intenciones como la nueva ley de justicia restaurativa.

El Gobierno vasco trabajará “pico y pala”, aunque de forma discreta, en la negociación con el Ejecutivo de Pedro Sánchez para completar la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Seguridad, consciente de “la complejidad” de la materia. Según han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo de Imanol Pradales, la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, ha activado “todas las negociaciones” para acordar el traspaso de nuevas competencias previstas en el Estatuto de Autonomía.

La intención es cerrar estos traspasos para cuando se celebre la nueva reunión de la comisión bilateral de cooperación, que presiden el lehendakari y el presidente del Gobierno y que está prevista para el próximo mes de julio. Se habían prometido para 2025 y luego para Semana Santa.

Ubarretxena ha estado en Madrid en las últimas horas para mantener sendos encuentros con el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, y con la nueva secretaria de Estado de Política Territorial, Miryam Álvarez, sustituta del ahora ministro Arcadi España. El Gobierno vasco no ha querido revelar el contenido de estas reuniones, y ha asegurado que son conscientes de que el tema de la Seguridad Social es “muy complejo y delicado”, por lo que irán “quemando etapas y trabajando de manera interna”, sin proyección exterior. “Vamos a trabajar con perfil discreto, para ir avanzando de manera discreta. Vamos a seguir pico y pala hasta la siguiente comisión bilateral”, ha asegurado.

Este mismo mes está prevista otra cita con el Ministerio de Trabajo, de Yolanda Díaz, para hablar del traspaso a Euskadi del Fogasa (Fondo de Garantía Salarial), después de que se retrasara la reunión y la consejera vasca acusara a los de Sumar de hacerse los “remolones”.

El traspaso de la Seguridad Social ya está en marcha con los acuerdos de comienzos de año en materia de prestaciones familiares no contributivas, de protección por desempleo y seguro escolar, pero quedan pendientes las prestaciones contributivas (pensiones) y el Fogasa, organismo encargado del pago de salarios e indemnizaciones a los trabajadores de empresas en concurso o insolventes. Euskadi solamente ejercerá la gestión de estas materias, ya que la regulación y fijación de cuantías seguirá en manos del Estado.

El Gobierno vasco ha aprobado una modificación del reglamento de desarrollo de la ley de espectáculos públicos y actividades recreativas, una reforma que tiene como objetivo “corregir aspectos mejorables” de la normativa actual y ofrecer una mayor seguridad en procesos de revocación de las habilitaciones del personal de servicio de admisión.

Esta reforma ha sido aprobada un año después de la muerte de Kerman Villate, el joven fallecido el 23 de febrero de 2025 tras ser golpeado por un portero de la sala Mítika de Vitoria. Con la modificación de este reglamento se persigue que se detecte de forma efectiva y coordinada quiénes pueden haber incurrido en alguna causa de revocación, y actuar en consecuencia para evitar que puedan seguir desarrollando dichas tareas, según recoge Europa Press.

El nuevo decreto regula el procedimiento de revocación de la habilitación y consiguiente baja en el registro, incluyendo la posibilidad de suspensión inmediata. El proyecto de decreto de segunda modificación del decreto por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas también refuerza los canales de comunicación entre administraciones competentes para el control, inspección y sanción en la materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, a fin de que las conductas impropias constitutivas de causa de revocación de la habilitación sean conocidas y compartidas para impedir que se repitan.

Así, se establece la obligación de comunicar la iniciación y resolución del proceso al ayuntamiento del municipio donde el hecho motivo de revocación haya tenido lugar, así como la suspensión. Del mismo modo, el ayuntamiento que detecte comportamientos o hechos susceptibles de dar lugar a la revocación deberá comunicárselo a la Dirección de Juego y Espectáculos del Gobierno Vasco.

Las modificaciones

La reforma especifica mejor las funciones del personal de servicio de admisión y define en qué establecimientos se debe disponer de personal de servicio de admisión habilitado y registrado. A su vez, se diferencia la habilitación e inscripción, por una parte, y el registro del personal de servicio de admisión, por otra. La habilitación es la prueba o examen que se realiza y la inscripción en el registro se hace de oficio. Una vez comprobado que la persona solicitante cumple con todos los requisitos, queda registrada y se le entrega un carné de personal de servicio de admisión.

La modificación incluye un artículo relativo al periodo de vigencia o validez de la habilitación que hasta ahora era indefinido. A partir de ahora tendrá una vigencia de diez años. Ese plazo se contabilizará desde el día de entrada en vigor del presente decreto para todas aquellas habilitaciones otorgadas con anterioridad. Además, se incluye un artículo relativo a la renovación de la habilitación y un apartado referente a la expiración de la vigencia de la habilitación y su no renovación como causa de revocación de la habilitación.

El nuevo texto establece el periodo de cinco años para presentarse a las pruebas para poder obtener la habilitación quienes hayan estado desarrollando funciones de personal de servicio de admisión sin cumplir los requisitos establecidos en el decreto o cuando se haya revocado la habilitación. Además, no será posible obtener una nueva habilitación y consiguiente inscripción en el registro de personal de servicio de admisión hasta pasados cinco años desde que la revocación se formalice.

La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, tiene ya listo el borrador de un decreto para realizar un ajuste en la estructura de su equipo y “reforzar” los servicios jurídicos autonómicos. En concreto, se busca crear un nuevo “gabinete técnico” y, además, adscribir al equipo del viceconsejero de Régimen Jurídico la dirección de Autogobierno.

En la exposición de motivos se remarca que la Viceconsejería de Régimen Jurídico ha de ser el “centro superior consultivo” del Gobierno vasco. De él dependen los servicios jurídicos centrales, que tienen doble función, la de asesoramiento y la de defensa en los pleitos a los que se enfrenta la Administración. Ahora, el “notable incremento del número de litigios, la complejidad normativa, la necesidad de garantizar una actuación homogénea y eficiente ante la Administración de Justicia y la creciente digitalización hacen imprescindible reforzar la estructura interna de la Viceconsejería de Régimen Jurídico”. Los cambios llegan tras el reciente fichaje de Kepa Bilbao como viceconsejero y la salida, por jubilación, del veterano Sabino Torre.

El refuerzo pasará por la creación de ese “gabinete técnico”, destinado a elaborar “informes y estudios jurídicos complejos”, a garantizar la “unificación de criterios”, a la búsqueda de “riesgos” en la elaboración y desarrollo de normativa, a la “formación interna” en materia jurídica y a la “optimización de recursos”. Después, se ha optado también por que el equipo de Autogobierno, que hasta ahora dependía directamente de la consejera, pase igualmente a estar en el organigrama de Bilbao, de modo que también “pueda recibir la asistencia” del nuevo gabinete.

La redacción que será aprobada indica que ese equipo nuevo “estará integrado por los letrados y letradas y el resto del personal técnico y administrativo que e determine” en una futura relación de puestos de trabajo. Asimismo, se detalla que las funciones del equipo de Autogobierno, muy protagonista en los últimos meses en las negociaciones de nuevas transferencias con el Gobierno central, seguirán siendo las de “coordinación” de todo el tema competencial, tanto con el Estado como con las instituciones forales, a pesar del cambio en su adscripción. Esta dirección es la responsable de los informes y personaciones en procesos judiciales ante el Tribunal Constitucional y órganos similares. Su titular es Begoña Pérez de Eulate, que ocupó ese mismo puesto con los lehendakaris Juan José Ibarretxe e Iñigo Urkullu antes de hacerlo con Imanol Pradales.

Euskadi ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez modificaciones en la tasa de reposición del funcionariado y agilizar los procedimientos de las OPE para bajar la interinidad actual de los empleados públicos vascos. La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno vasco, María Ubarretxena, ha mantenido este miércoles un encuentro con el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, al que ha trasladado, además, la conveniencia de mantener una relación bilateral entre ambas administraciones para abordar cuestiones concretas relativas a los trabajadores públicos, entre ellas, las negociaciones relativas a la jornada laboral o las novedades normativas sobre la jubilación parcial y contratos de relevo del personal laboral.

Ubarretxena ha trasladado que la tasa de interinidad en la Administración general de Euskadi tras los procesos de estabilización “ha pasado de niveles cercanos al 50% a situarse en torno al 14%”, y que se mantiene el compromiso de seguir reduciéndola hasta aproximarse al 8% al final de la legislatura. Pero ha señalado que “para avanzar en ese objetivo” es necesario “adecuar o sustituir el modelo actual en lo relativo a la tasa de reposición del funcionariado, con el fin de facilitar una planificación de efectivos más ajustada a las necesidades reales de la administración, ya que el volumen actual de plantilla de funcionarios se queda corta para las necesidades de plantilla en la administración vasca”.

“De esta forma, el compromiso de reducir la tasa de interinos al 8% parece quedar en manos ahora de los acuerdos que se cierren con el Gobierno de Madrid. Ya en enero de 2025 con la tasa de interinidad en el 14% la propia Ubarretxena reconocía que el objetivo del 8% estaba todavía muy lejos. Para facilitar también la reducción del número de interinos ha planteado la conveniencia de agilizar los procesos selectivos de OPE mediante la reducción de plazos y la simplificación de procedimientos. Ha habido sintonía y se han comprometido a darle una vuelta y mirar cómo se puede hacer, a estudiar estos dos temas”, ha señalado la consejera tras la reunión.

En cuanto al tema de la jubilación parcial, Ubarretxena ha señalado que los cambios introducidos por el ministerio se había “dificultado mucho” acogerse al retiro parcial, aunque parece que “se abre un hilo de esperanza” y habrá modificaciones. La consejera ha señalado que se trata de una cuestión que preocupa a los sindicatos vascos. “El martes tenemos reunión de la Mesa General de la Función Pública y queríamos tratarlo con el ministro”, ha señalado la consejera.

También ha abordado con el ministro el futuro sistema europeo de identidad digital, y ha trasladado la petición de que se canalice en Euskadi a través de Izepe, que ya ha posibilitado que más del 60% de la población vasca disponga ya de sistemas de identificación digital, con más de un millón de usuarios reconocidos. Es decir, que sea una entidad reconocida de cara a “emitir la identidad digital y que Euskadi pueda tener su propio wallet digital”. Este planteamiento permitiría que cada ciudadano disponga, de forma segura, de su identidad y de otros acreditativos oficiales en la cartera digital de su dispositivo móvil, favoreciendo una gestión más ágil, accesible y centrada en la persona.

El Gobierno vasco admite que la denominada “comisión interinstitucional para la racionalización y dimensionamiento del sector público vasco”, prevista en una ley de 2022 y creada por decreto en 2023, “no se ha reunido en sesión formal” ni una sola vez en este tiempo. Se da la circunstancia de que en 2024, en medio de críticas de PP, Sumar y Vox por el incremento de altos cargos y tras una propuesta de EH Bildu para abordar esta cuestión, el lehendakari, Imanol Pradales, reunió en la Presidencia vasca a los tres diputados generales y a Eudel para tocar estos temas y que se anunció que aquella era la primera sesión de “muchas”.

La comisión, en verdad, procede de la etapa de Iñigo Urkullu. El reglamento que desarrolla la ley de 2022 del sector público vasco lo firmó el anterior lehendakari en marzo de 2023. Su misión principal es “el estudio y la formulación de propuestas en relación con el tratamiento de las posibles ineficiencias, solapamientos y duplicidades entre sectores públicos y, en particular, en relación tanto con el conjunto del sector público vasco como con el sector público estatal”. Pero también tiene la obligación de redactar “anualmente” una “memoria de gestión que incluya información sobre los estudios realizados y las propuestas debatidas en el seno de la comisión”.

La parlamentaria de EH Bildu Lamia Arcas ha preguntado por este organismo en la Cámara a la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena. Y la respuesta viene sin actas de los acuerdos y sin detalle de la composición del foro, en el que en principio han de estar representantes forales y de Eudel, la asociación de municipios. El Ejecutivo se escuda en que, “si bien la comisión no se ha reunido en sesión formal, el conjunto de las administraciones públicas vascas trabaja de manera continuada en la mejora de la colaboración y coordinación interadministrativa para una mayor interoperabilidad, eficiencia, eficacia y racionalidad”.

Significativamente, a los pocos meses de llegar a Ajuria Enea Pradales asumió el reto en primera persona de “mejorar la eficiencia” de la Administración. Para ello, reunió en Lehendakaritza a Ramiro González, Elixabete Etxanobe, y Eider Mendoza, representantes forales, y a Esther Apraiz, de Eudel. “El sistema institucional que hemos ido construyendo gradualmente en estas cuatro décadas y media es bueno y eficaz [...], un sistema de gobernanza multinivel que tiene carácter confederal”, describió. Pero apeló a que en el siglo XXI toca ganar en “eficacia” y en “eficiencia”. “De esta forma, podrá ofrecer un mejor servicio. Es lo que nos demanda la ciudadanía. Que le facilitemos su relación con las instituciones”, defendió.

La coalición Sumar, con un escaño en el Parlamento Vasco, ha reclamado al Gobierno de Imanol Pradales y, en concreto, a la consejera Amaia Barredo, “medidas” contra la empresa La Gilda del Norte, condenada este viernes por explotación de trabajadores extranjeros e invitada esta semana a la feria Salón Gourmets de Ifema, en Madrid, dentro del 'stand' de la sociedad pública Hazi. Se da la circunstancia de que, además, un organismo autonómico, la Inspección de Trabajo, tiene también sanciones firmes por los mismos hechos contra esta compañía.

“Preguntamos al Gobierno vasco si cree que es posible promocionar y colaborar con una empresa que se ha demostrado que estaba cometiendo estos delitos graves contra los trabajadores”, lanza el parlamentario Jon Hernández, procedente de IU. Y agrega: “No es compatible que una empresa que se aprovecha de la situación de vulnerabilidad de trabajadores extranjeros, que tiene a la gente contratada sin Seguridad Social y que obligaba a esconderse a los trabajadores ante inspecciones, pueda ser promocionada por el propio Gobierno Vasco. Es absolutamente aberrante”.

De su lado, la portavoz del Gobierno, María Ubarretxena, no ha ofrecido explicaciones sobre la cuestión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. El equipo de Barredo indicó a este periódico que la sentencia no es “firme” y que los espacios del 'stand' se gestionan con mucha antelación.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha salido de su reunión en La Moncloa con Pedro Sánchez con un ramillete de acuerdos, tanto relativos al desarrollo estatutario como en temas como la seguridad o la economía. Ya era conocido que se iba a crear un órgano bilateral para canalizar el deseo del Gobierno vasco de coparticipar en la gestión de los aeropuertos de Loiu, Foronda y Hondarribia, como adelantó este periódico en febrero, y a ello se le asuman otras transferencias de competencias de pequeño calado. Asimismo, el Ejecutivo autonómico da mucha relevancia a los compromisos en materia de seguridad para atajar las armas blancas y la multirreincidencia y para que la Ertzaintza gane atribuciones en materia de inmigración. Y también al apartado económico, dado el contexto general. Pradales ha aludido al Vascofin, un “marco de cooperación financiera” para mejorar el acceso a circulante de las 'pymes' y que implicará la coordinación entre el ICO estatal y el IVF vasco.

No hay todavía acuerdo para el traspaso de la gestión de las pensiones de la Seguridad Social, contemplado en el Estatuto de 1979 y comprometido para finales de 2025. El PNV apoyó en 2023 la investidura de Pedro Sánchez a cambio de cerrar todas las transferencias en dos años. Las conversaciones siguen abiertas para una operación de gran calado presupuestario, 12.000 millones de euros. Se da la circunstancia de que el hasta ahora principal interlocutor del Gobierno vasco en estas reuniones era quien ahora se ha convertido en ministro de Hacienda, Arcadi España. El lehendakari ha indicado que en julio debería producirse otra reunión para seguir avanzando.

“Antes de nada, permítanme unas palabras de agradecimiento para Arcadi España, nuevo ministro de Hacienda y hasta ahora secretario de Estado de Política Territorial. Ha sido una persona clave en la colaboración entre nuestros Gobiernos durante todos estos meses. Un político dialogante, honesto y de una enorme capacidad negociadora. Le deseo buena suerte y espero que podamos seguir colaborando con el mismo espíritu, ahora desde sus nuevas responsabilidades”, es lo primero que ha dicho Pradales en su rueda de prensa en Madrid.

La cita de este viernes ha sido doble. Primero, un cara a cara entre Sánchez y Pradales. Y, ya después, una comisión bilateral con ambos acompañados por sus equipos. Ambos mandatarios acumulan ya más de media docena de encuentros en Vitoria, Madrid y otros eventos desde que Pradales se convirtió en lehendakari en el verano de 2024. La relación es mucho más intensa que la que tenía Iñigo Urkullu con Sánchez. Con Sánchez han estado el ministro Ángel Víctor Torres, cinco secretarios de Estado -pero ya no España- y, entre otros, la delegada en Euskadi, Marisol Garmendia. A Pradales le han acompañado tres consejeros, María Ubarretxena, Nerea Melgosa y Susana García Chueca, de la parte del PSE-EE de la coalición, además de otros tres altos cargos. El titular de Salud, Alberto Martínez, estaba también en Madrid pero en otro foro, la interterritorial en la que ha protestado por la incapacidad del Ejecutivo central para cortar la huelga de médicos, una queja que también se ha tratado en la bilateral.

Los acuerdos sobre seguridad

En un contexto en el que el PNV ha endurecido sus discursos sobre seguridad y migraciones, Pradales regresa de Madrid con una batería de compromisos. Por ejemplo, se ha comprometido una modificación del Reglamento de Armas para “reforzar la prohibición del porte o uso de armas blancas, incluso de pequeño tamaño”. Igualmente, se busca que la normativa procesal tenga en cuenta como antecedentes investigaciones en curso y no solamente sentencias firmes “a la hora de imponer medidas de prisión preventiva” en el caso de delincuentes multirreincidentes. Es una “creciente preocupación ciudadana”, entienden fuentes del Ejecutivo vasco.

Por otro lado, el Estado acepta una “participación complementaria en materia de extranjería” de la Policía autonómica, “reforzando la efectividad del papel de la Ertzaintza en los informes policiales, sobre seguridad y orden público, que deben emitirse en materia de expulsión de personas extranjeras sin arraigo y con causas abiertas con la justicia”. Este ámbito es una función de la Policía Nacional. Asimismo, se dará acceso a la Ertzaintza a más foros internacionales de coordinación “sin pasar por la Policía Nacional” como SPOC o European Search Portal. También ganará competencias en el control de drones.

Dice Pradales que son acuerdos “muy importantes”. Ha añadido que sigue insistiendo en que Euskadi sea considerada como “frontera norte” de España. Ha pedido que se cree una subcomisión para poder analizarlo.

Los acuerdos estatutarios

A falta de concreciones sobre las pensiones, el gran punto pendiente del Estatuto de 1979, los Gobiernos central y vasco siguen avanzando en otras materias. Se trata de pequeñas competencias como la gestión de los seguros agrarios, la inspección pesquera o algunas nuevas funciones sobre centros de reconocimiento de conductores y reeducación vial, así como sobre seguridad privada (formación y capacitación).

Sin novedades, se da curso igualmente al “órgano bilateral” de nuevo cuño para que las instituciones vascas coparticipen en la toma de decisiones sobre aeropuertos. No es un traspaso de competencias, porque las terminales vascas seguirán siendo gestionadas por Aena. Euskadi tendrá “participación” en la “planificación económica” sobre Loiu, Foronda y Hondarribia, más capacidad de “promoción de nuevas rutas y coordinación con agentes económicos y logísticos” y, en particular, se hará de Foronda, en Vitoria, un “sandbox” o banco de pruebas de un nuevo modelo de impulso a la conectividad aérea en una comunidad sin AVE.

“Seguimos avanzando, pero queda mucho por hacer y acordar. Y conviene recordar una y otra vez que son competencias que pertenecen al pueblo vasco por ley y referéndum. Y que el Estado sigue sin cumplir”, ha manifestado el lehendakari. Ha señalado que las materias pendientes son “complejas” pero ha dicho que no piensa “cejar” en el “empeño” para conseguirlas. “Seguiremos insistiendo, trabajando y dialogando todo lo que haga falta para cumplir la palabra dada y defender los intereses de Euskadi”, ha manifestado. Julio ha sido fijado como nuevo horizonte. El ministro Torres ha confirmado la fecha en una comparecencia posterior.

Propuestas de Pradales

Asimismo, Pradales ha aprovechado el viaje para lanzar una batería de propuestas adicionales a Sánchez, muy enfocadas en la situación global de incertidumbre económica con epicentro en Irán. Ya hace dos semanas le había hecho llegar un decálogo y ahora le ha concretado en persona otras peticiones.

Son, por ejemplo, la “eliminación del impuesto a la generación eléctrica del 7%”, “exención de los peajes de Transporte & Distribución (T&D) del 80% para los consumidores electrointensivos”, la “exención del pago del Fondo Nacional de Eficiencia Energía (FNEE)”, compensaciones por emisiones de dióxido de carbono, “reducir el impuesto especial de electricidad” o “no añadir gravámenes adicionales a la factura eléctrica industrial en los próximos 5 años”.

Euskadi, con competencias de recaudación plenas pero no de regulación del IVA, desea igualmente una “reducción temporal” de ese impuesto indirecto “a algunos alimentos básicos y de producción estatal relevante”. “En España el IVA de la carne y el pescado está en el 10% (tipo reducido), se plantea reducirlo al tipo superreducido a un 4%”, exponen desde el Ejecutivo vasco.

Sobre la pesca, con embarcaciones en Ondarroa ya paradas por el incremento de los costes, Pradales quiere que el Estado active “compensaciones por paralización temporal de la flota”. “Estas ayudas cubrirían un porcentaje del ingreso medio del barco durante los días que quede en puerto, evitando pérdidas netas y preservando empleos hasta que retome la actividad”, indican.

El caballo de batalla de la Sanidad

Por otro lado, los representantes vascos han atacado por dos flancos en Madrid a la ministra Mónica García. El consejero de Salud ha acudido a la interterritorial y, con el apoyo de otras comunidades, ha insistido en que toca poner fin a la huelga de facultativos, que está disparando las listas de espera.

“Entre diciembre y marzo, más de 300.000 personas han visto alterada su atención sanitaria en Euskadi. Son los verdaderos perjudicados de una situación insostenible. Tras un gran esfuerzo habíamos recuperado las cifras de listas de espera previas a la pandemia, y ahora los tiempos de espera están volviendo a aumentar”, ha dicho Martínez a los periodistas en la capital.

Y, en el encuentro de Pradales y Sánchez, el Gobierno vasco también ha insistido en medidas para desbloquear esta cuestión e, igualmente, para poder disponer de más médicos en un contexto de escasez de personal. Entre ellas, “agilizar el proceso de homologación de títulos de médicos especialistas formados en el extranjero”, “elevar la edad máxima de ejercicio de la profesión médica voluntaria a 72 años en Atención Primaria” o “autorizar un periodo transitorio de 3 años que habilite a médicos sin especialidad para ejercer en períodos estivales”. También “autorizar que los residentes de medicina de familia puedan empezar a ejercer una vez finalizado el tercer año de residencia, de manera que el R4 lo puedan realizar más adelante cuando los sistemas estén menos estresados por la falta de médicos”.

El Gobierno vasco, por decreto, ha establecido el día 20 de noviembre como “día de la memoria trans” en Euskadi. El Ejecutivo de Imanol Pradales, una coalición de PNV y PSE-EE, entiende que es un gesto de “reconocimiento institucional, reparación simbólica y visibilización” de este colectivo. Asegura que actúa “en coherencia” con la ley autonómica de 2024, visada por el Parlamento Vasco por amplia mayoría, y en colaboración con entidades como Naizen, Errespetuz o Loratuz Lotu.

El 20 de noviembre es ya el día internacional de la memoria trans, en conmemoración de un asesinato que se produjo en Boston en 1998, aunque ahora tendrá una significación especial en Euskadi. “Desde el Gobierno también queremos contribuir a preservar la memoria de quienes han sufrido discriminación o invisibilización”, ha señalado la consejera-portavoz, María Ubarretxena, en la rueda de prensa semanal tras el Consejo de Gobierno.

El Gobierno entiende que el decreto, que será firmado por la consejera Nerea Melgosa, “refuerza su compromiso con una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa con la diversidad, incorporando de manera expresa la realidad de las personas LGTBIQ+ a la agenda de las políticas públicas de igualdad”. Euskadi quiere destacar cada 20 de noviembre la “aportación” de este colectivo “a la construcción de una Euskadi más plural y democrática” y ahondar en la “reparación de desigualdades históricas”.

Los Gobiernos central y vasco han cerrado un acuerdo este lunes para incrementar la coparticipación autonómica en la gestión de los aeropuertos de Loiu, Foronda y Hondarribia. Como adelantó el 2 de febrero este periódico, se constituirá un “órgano bilateral” compuesto por un número igual de representantes de cada parte y que dotará de más capacidad decisoria en inversiones o rutas al Ejecutivo vasco, aunque no se hará ninguna transferencia y la titularidad de las terminales seguirá siendo de la sociedad estatal Aena, que tiene un 49% de capital privado.

Aunque este domingo el Gobierno de Imanol Pradales había alertado de un alejamiento de las posturas en esta subcomisión que lleva meses analizando la cuestión de los aeropuertos, la consejera que lleva la voz cantante en las negociaciones, María Ubarretxena, del PNV, se ha mostrado ya abiertamente “esperanzada” por el resultado de la últma reunión celebrada en Madrid, aunque también cautelosa hasta no ver los términos pactados en el acuerdo final. “Se ha acordado un órgano bilateral aeroportuario Euskadi-Estado como instrumento de colaboración, coordinación y gestión”, indican fuentes del Ejecutivo autonómico, que recuerda que esto permite ser copartícipes en el diseño del denominado DORA, la guía de inversiones de Aena en todas sus terminales.

Por otro lado, el Gobierno vasco se ha felicitado por haber logrado que Foronda, el aeropuerto de Vitoria, sea un 'sandbox' o banco de pruebas de un nuevo modelo de gestión. “Es un marco regulatorio especial y temporal que permite actuar en dicho aeropuerto como un entorno controlado de pruebas” para medir los resultados de los cambios que se implementen, ha explicado Ubarretxena, sin entrar a más detalles de qué ideas concretas se pondrán en práctica en Foronda.

Las conversaciones sobre aeropuertos se enmarcan en un proceso más amplio abierto entre los Gobiernos central y vasco para completar las materias pendientes del Estatuto de 1979, por un lado, y otros asuntos para reforzar el autogobierno vasco, como los aeropuertos o la reciente aceptación por parte de España de que Euskadi tenga presencia en organismos internacionales como la Unesco u ONU Turismo. En la última reunión entre Pedro Sánchez e Imanol Pradales se fijó Semana Santa como referencia para tener cerradas todas las materias encima de la mesa. No hay noticias de si se llegará a tiempo para la más relevante, la gestión de las pensiones de la Seguridad Social. El Estado ha cerrado también la puerta a ampliar la transferencia de Puertos, ya realizada en 1982, y ceder al Gobierno vasco la gestión de Pasaia, hasta ahora de “interés general”.

El Gobierno vasco está elaborando un decreto para “reforzar jurídicamente las competencias” vascas respecto a los procesos de selección de secretaría, intervención y tesorería de los ayuntamientos, con el objetivo de lograr “un sistema estable, claro y adaptado a la realidad institucional” que “clarificará y reforzará las responsabilidades del Gobierno vasco, las diputaciones forales y los ayuntamientos en su gestión”. Así lo ha anunciado este lunes la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, en una rueda de prensa conjunta con las diputaciones forales de los tres territorios vascos y Eudel, en la que han denunciado “la judicialización constante que bloquea y paraliza los procesos de estabilización, la convocatoria de plazas y las bolsas temporales” en los ayuntamientos vascos. Se trata de la selección de los funcionarios de administración local con habilitación nacional (FALHN), denominación bajo la que se integran los secretarios, encargados de velar por la legalidad de las decisiones municipales, los interventores, responsables del control económico y del uso adecuado de los recursos públicos, y los tesoreros, que garantizan la liquidez municipal y el correcto desarrollo de los pagos.

Este decreto pretende dotar de “más capacidad jurídica y clarificar la competencia” que tiene Euskadi para “poder evitar las interpretaciones” judiciales que “causan este problema desde 2008”, ha señalado la consejera. “La competencia es nuestra, pero el problema es la interpretación que se hace de ello. Por tanto, esperamos tener en marcha cuanto antes este decreto para que se clarifique y tengamos una mayor seguridad jurídica que no pueda dar pie a esa interpretación más extensa”, ha explicado la consejera, según informa Europa Press.

Ubarretxena ha censurado la “judicialización constante que retrasa, bloquea y, en algunos casos, anula procesos que son esenciales para que los municipios puedan funcionar con normalidad, perjudicando directamente a la ciudadanía”, concretamente en los puestos de secretaría, intervención y tesorería de los ayuntamientos vascos. Una judicialización, ha dicho, devenida de la presentación de “recursos sistemáticos” de las organizaciones profesionales corporativas, especialmente del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros a nivel estatal, a la que ha sumado la del Partido Popular, que llevó al Tribunal Constitucional un recurso contra la Ley Orgánica 1/2025.

El Gobierno vasco quiere hacer “una defensa de sus competencias, porque es inaudito que esto esté ocurriendo, a pesar de que Euskadi dispone de un sólido marco jurídico, como la disposición adicional primera de la Constitución Española, el Estatuto de Gernika, la Ley de Bases de Régimen Local y el Real Decreto 128/2018 que reconocen que las instituciones vascas tienen capacidad para gestionar estos puestos”. Por ello, Ubarretxena ha manifestado que “el problema no está en las leyes, sino en una interpretación restrictiva y en una dinámica de impugnación sistemática que nos sitúa en una posición de vulnerabilidad institucional”.

Además del futuro decreto, el Gobierno vasco está ultimando nuevas bases para la constitución de bolsas temporales de trabajo con “mayores garantías jurídicas” con el objetivo de “publicar la orden en los próximos días, celebrar el examen antes de verano y poder disponer de la bolsa a la mayor prioridad posible, de forma que, a partir de septiembre, se pueda ofrecer a los ayuntamientos un instrumento ágil de cobertura interina”.

Por otro lado, y dentro de los pasos ya dados, la consejera ha explicado que el pasado 27 de enero de este año se publicó la orden por la que se nombró personal funcionario de carrera de escala de funcionarios de la Administración Local y se asignó el primer destino ya a 50 personas. Al respecto, ha informado que el plazo para la toma de posesión finalizó el 28 de febrero y ahora se cierran los datos definitivos de incorporación efectiva, para culminar un proceso que se inició en 2022 y que “no ha estado exento de dificultades desde su inicio”.

La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno ha lamentado que, actualmente, Euskadi tenga alrededor de 400 puestos reservados para las figuras de secretaría, intervención y tesorería, pero “sólo 119 están cubiertos por funcionarios y funcionarias de carrera, es decir, menos del 30%”. Unos puestos de “vital importancia”, ya que “las secretarias garantizan que las decisiones municipales se ajusten a la legalidad, las interventoras controlan el uso del dinero público y aseguran una gestión económica responsable, y a los tesoreros garantizan la seguridad de los ayuntamientos, que los pagos se hagan con normalidad y que el ayuntamiento tenga liquidez”.

En este mismo aspecto ha incidido la presidenta de Eudel, Esther Apraiz, quien ha indicado que más de dos tercios de las plazas reservadas en los ayuntamientos vascos para el personal funcionario de Secretaria, Intervención y Tesorería Municipal “carecen de estabilidad estructural”.

“Esto tiene consecuencias directas, porque cuando estos puestos no están cubiertos de manera estable, se retrasan los expedientes, las contrataciones, los pagos y las subvenciones. En definitiva, se resiente el funcionamiento ordinario del ayuntamiento y esto lo acaban padeciendo los ciudadanos”, ha argumentado. Apraiz ha evidenciado que esta realidad es “especialmente delicada en los municipios pequeños”, que representan el 80% de la administración local, donde “una sola persona, el secretario interventor, asume funciones esenciales como el de garantizar la legalidad” o los puestos han sido ocupados por “administrativos que son funcionarios de carrera, lo que genera una situación bastante ilógica y bastante preocupante para los alcaldes y alcaldesas”.

El Gobierno vasco, las tres diputaciones forales y Eudel han demandado “respeto al marco competencial”, ya que “la gestión del personal funcionario que garantiza la legalidad y el buen funcionamiento de los ayuntamientos es una competencia clave del autogobierno vasco”. En este sentido, la diputada de Gobernanza de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Irune Berasaluze, ha garantizado “la coordinación y compromiso” de los tres niveles institucionales de Euskadi para dar “una respuesta estructural a este problema, porque con los parcheos diarios a los que nos vemos obligados tampoco estamos dando una respuesta adecuada” para que los ayuntamientos puedan funcionar en el día a día“.

Por su parte, el diputado de Administración Pública y Relaciones Institucionales de la Diputación Foral de Bizkaia, Ager Izagirre, ha mostrado su “preocupación”, ya que “estrategias meramente partidistas y corporativistas” tienen el objetivo de “entorpecer e impedir que el Gobierno y las instituciones vascas ejerzan sus competencias”, dentro de “una concepción que pone por encima los intereses propios al interés común”.

Por último y tras explicar el trabajo que lleva a cabo la Diputación Foral de Álava para facilitar la cobertura de estos puestos esenciales, la diputada alavesa de Equilibrio Territorial y Ordenación del Territorio, Laura Pérez, ha lamentado que la falta de cobertura de estas plazas “tiene un impacto inmediato, dificulta la tramitación administrativa, retrasa decisiones municipales y puede llegar a comprometer la prestación ordinaria de servicios públicos”.

“Hablamos de una cuestión urgente para los ayuntamientos vascos. Asegurar la estabilidad de estos funcionarios municipales es asegurar la estabilidad también de nuestras instituciones locales. Estos funcionarios municipales son la base que sostiene el servicio público más cercano a la ciudadanía, a las empresas y profesionales, a los colectivos más desfavorecidos. Es el motor que hace posible que podamos prestar un servicio público de máxima calidad, con todas las garantías jurídicas, rigor y transparencia”, ha finalizado la presidenta de Eudel.

Los Gobiernos central y vasco continúan con sus conversaciones, en el marco de una subcomisión creada 'ad hoc', para que la comunidad autónoma gane en capacidad de influencia sobre los aeropuertos de Loiu, Foronda y Hondarribia. Este lunes se ha producido un encuentro en Madrid y la consejera vasca encargada de las negociaciones, María Ubarretxena, del PNV, ha recordado que un territorio sin conexión de AVE -las obras de la 'Y vasca' arrancaron en 2006 y siguen pendientes muchos flecos- merece mayores inversiones aeroportuarias.

La gestión de los aeropuertos no forma parte estrictamente de las competencias pendientes del Estatuto de 1979, a diferencia de las pensiones de la Seguridad Social, por ejemplo. El marco constitucional establece que las infraestructuras de “interés general” son competencia exclusiva del Estado y solamente sería posible un traspaso si se baja de categoría a Loiu -un referente de la red de Aena en el norte peninsular-, a Foronda -cuarta terminal carguera- y Hondarribia. Y es algo que, a diferencia de lo que ocurre con el puerto de Pasaia, no está encima de la mesa.

Por eso, se trabaja para crear un nuevo órgano bilateral y paritario donde, preservando la titularidad de Aena y su competencia, las instituciones locales tengan más capacidad de decisión. Así lo adelantó este periódico y ésa sigue siendo la fórmula en la que se trabaja, aunque de momento no se han cerrado los flecos.

“Euskadi ha puesto encima de la mesa aspectos de gran calado que resultan imprescindibles para mejorar la competitividad y la conectividad de los aeropuertos vascos y para garantizar el nivel de gestión que corresponde a Euskadi sobre estas infraestructuras que recoge el Estatuto de Gernika”, ha dicho Ubarretxena en Madrid a los medios de comunicación. Esta vez ha hecho especial hincapié en las inversiones ya que, según el Gobierno vasco, Aena prioriza zonas como Málaga y Valencia cuando Euskadi, dada “la ausencia de tren de alta velocidad”, se ve forzada “a recurrir al avión con mayor frecuencia”.

Aena ha aprobado un nuevo DORA (como se llama a su guía plurianual de actuaciones, de 13.000 millones) y Ubarretxena confía en reorientarlo para reforzar la posición de Loiu, Foronda y Hondarribia. Ha apelado a que su interlocutor en estas negociaciones, el secretario de Estado, José Antonio Santano, es vasco y “conoce perfectamente la realidad” y esa “necesidad de mejorar la conectividad y la competitividad” de las tres terminales.

En este sentido, el Gobierno vasco indica también que ha habido “contactos” con “distintas aerolíneas” y con la Asociación de Líneas Aéreas, llamada ALA. “En estos encuentros, las compañías han mostrado interés en operar en Euskadi, siempre que exista una apuesta decidida por parte de Aena, tanto en términos de inversiones como de política de tasas aeroportuarias”, ha manifestado.

No hay aún acuerdos cerrados, pero sí avances. Según la propia Ubarretxena, la parte vasca ha llegado a Madrid “exigente” y ha salido de la capital “expectante”. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales, fijaron en su reunión de enero el horizonte de Semana Santa para ir cerrando acuerdos en variadas materias, entre las que se citó expresamente la fórmula “negocial” para que la comunidad autónoma gane en atribuciones en materia aeroportuaria sin tocar la titularidad de Aena.

Los altos cargos y asimilados del Gobierno vasco tienen a su disposición 241 coches oficiales. De ellos, apenas 22 son ya diésel o gasolina. Aunque en 47 casos no hay datos, se están imponiendo los modelos híbridos. Estos vehículos han supuesto un coste de 1.567.855,02 euros (aquí se suma el posible 'renting', los peajes, aparcamientos, repostajes, cargas eléctricas y todos los gastos) y han recorrido exactamente 10.874.134 kilómetros. Son 271 vueltas al mundo por el ecuador (y un tercio de la siguiente). O, en lo que puede ser una referencia más habitual, 169.908 desplazamientos desde Bilbao hasta Lakua, la sede central de la Administración autonómica en Vitoria.

elDiario.es/Euskadi ofrece el detalle de los datos en tres gráficos interactivos. El primero es el desglose de la flota y los coches de combustión que quedan. El segundo informa del gasto por áreas en parque móvil. Y el tercero es el relativo al desplazamiento medido en kilómetros. La documentación procede de una solicitud realizada por Álvaro Gotxi del PP en el Parlamento Vasco a la que han respondido diez de los dieciséis departamentos del Ejecutivo. Los datos de esas carteras han sido facilitados por la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, que tiene bajo su cargo una flota general que luego se asigna a los diferentes departamentos. Otro matiz: los consejeros tienen un coche que computa en el Departamento de Seguridad y no en sus respectivas carteras, porque son vehículos de escolta policial.

Algunas situaciones particulares se dan en Presidencia. Aquí aparecen datos de los vehículos de las delegaciones en Argentina y en México, un Volkswagen y un Ford, en pesos argentinos y pesos mexicanos. Aquí se ha procedido a un cambio de divisas. ¿Y en qué vehículos viajan los miembros del Gobierno? Imanol Pradales, como Iñigo Urkullu, tiene Lexus. Y también algunos consejeros lo llevan. Hay nueve berlinas de lujo de esa marca, de los modelos XZ1 y LS 500 H. Además, hay cinco Audi A6 Limousine, cinco BMW 530E XDrive iPerformance y un Hyundai Tucson, el del viceconsejero de Seguridad, el único alto cargo que no forma parte del Consejo de Gobierno que mantiene la escolta. De todo el Gobierno, el organismo BRTA (Basque Research and Technology Alliance, dependiente de la cartera de Mikel Jauregi) ha sido el más transparente. Ha enviado incluso los extractos de las tarjetas de Kutxabank con los gastos. Se da la circunstancia de que la cartera de Susana García Chueca, la de Movilidad Sostenible, es la que tiene menos vehículos, menos gasto y menos kilometraje.

Los Gobiernos central y vasco ultiman la creación de un “órgano bilateral” compuesto por un número igual de representantes de ambas partes para canalizar la voluntad del Ejecutivo vasco de coparticipar en la gestión de los tres aeropuertos de Aena en la comunidad autónoma, Loiu, Foronda y Hondarribia. Fuentes del Estado explican que avanzan “muy bien” las conversaciones para llegar a un acuerdo antes de Semana Santa, como comprometieron la pasada semana en una reunión el presidente, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales.

Esa nueva entidad, que no sería en ningún caso una filial de Aena, superaría las atribuciones del actual “comité de coordinación” creado en tiempos de Mariano Rajoy. Ese órgano nació en 2014 con un representante del Gobierno central, tres de Aena, dos del Gobierno vasco, tres de Eudel, uno de las Cámaras de Comercio y otro “de las organizaciones económicas y sociales representativas”.

En lo que se piensa es en una mesa que asesoraría en materia de inversiones, rutas o intermodalidad, según las fuentes consultadas. Las tres terminales seguirían siendo gestionadas por Aena y no se saldrían de la red de aeropuertos estatales. La Constitución marca que la gestión de las infraestructuras de “interés general” es competencia exclusiva del Estado. A la vez, el Estatuto abre la puerta a que el Gobierno autonómico pueda tener funciones también en materia aeroportuaria si el Ejecutivo central no se reserva su gestión directa.

Existe un precedente, en Catalunya, donde se creó un operador autonómico, Aeroports de Catalunya, que gestiona los aeródromos que no son de interés general. Aena retiene allí la titularidad de las instalaciones más importantes, incluido el Josep Tarradellas El Prat de Barcelona. El modelo en el que se trabaja no sería un espejo del catalán. En el caso vasco, Loiu -una referencia en pasajeros en el norte peninsular-, Foronda -cuarto aeropuerto en carga de España- y Hondarribia seguirían siendo de “interés general” y parte de la red de Aena.

El Gobierno vasco, eso sí, podría “coparticipar” en la toma de decisiones en un nuevo organismo “bilateral” en el que tendrá igual número de representantes que el Estado. Las instituciones vascas, y no solamente las autonómicas, ya ponen recursos públicos para la captación de rutas a través de las sociedades de promoción, Via en Álava, Bilbao Air en Bizkaia y Ortzibia en Gipuzkoa.

Sánchez y Pradales acordaron en el verano de 2025 crear un grupo de trabajo 'ad hoc' que encontrara una fórmula “negocial” para canalizar los deseos exhibidos particularmente por el PNV de ganar en atribuciones en este asunto. Aunque es paralelo a otras transferencias pendientes del Estatuto de 1979, esto no es puridad un asunto estatutario. Los nacionalistas plantearon de inicio la posibilidad de que Aena creara una filial para los aeropuertos vascos y que ahí entraran las instituciones locales. Esa opción pronto se descartó, incluso con avisos de los accionistas privados del operador estatal, que tienen un 49% del capital.

Ese foro para hallar una fórmula “negocial” se constituyó en otoño y se dio cuatro meses para resolver el asunto. El plazo se ha superado ya pero, a todas luces, las conversaciones van por buen camino. En La Moncloa, el lehendakari Pradales fijó la Semana Santa como referencia para cerrar acuerdos en variadas materias, entre las que incluyó los aeropuertos. Comandan las negociaciones José Antonio Santano por parte del Estado y María Ubarretxena por parte del Gobierno vasco.

Por otro lado, la regulación constitucional y estatutaria de la gestión de los puertos marítimos es idéntica: sólo los de “interés general” son del Estado. Por ello, en 1982 Euskadi recibió la transferencia y gestiona todos los demás. Desde 2000 existe, además, la sociedad pública EKP. Adicionalmente, el Estado ha accedido a que el Gobierno vasco nombre a los presidentes de las respectivas autoridades portuarias, que suelen ser cargos del PNV. En estas negociaciones políticas, los nacionalistas han demandado también más atribuciones portuarias y planteado retirar la etiqueta de “interés general” a Pasaia para poderlo asumir desde el Gobierno vasco.

El asunto ha levantado polvareda por el rechazo frontal del PSE-EE, que estima que sería un movimiento “mortal” para el puerto de referencia de Gipuzkoa. El PNV sostiene que puede llevarlo al “top ten” con gestión más cercana, mientras los socialistas aseguran que bajarlo “a regional” no lo hará mejor y que hay tráficos y puestos de trabajo en juego. El Estado quiere retener ese puerto. Las fuentes consultadas remarcan que es la salida natural al mar de otras comunidades y que tiene tráfico internacional que justifican el “interés general”.

Sea como fuere, el asunto sigue generando titulares políticos. La presidenta del PNV de Gipuzkoa, María Eugenia Arrizabalaga, ha considerado “españolista” la postura del PSE-EE. El consejero vasco Denis Itxaso, exdelegado del Gobierno central, ha respondido a Arrizabalaga en X. “Que la reacción del PNV a la posición de los socialistas vascos de preservar a Pasaia como parte de la red prioritaria de puertos del Estado, sea tachar a Eneko Andueza de españolista, nos da la medida de la pulsión ideológica que hay detrás de la desclasificación del puerto. No es gestión; no es autogobierno. Es nacionalismo en crudo”, ha apuntado.

La Ertzaintza, dependiente del Gobierno vasco, aprecia indicios de delito en el derribo del palacete Irurak Bat de Getxo, ejecutado en 2024, y que ha acabado con agentes comisionados por la autoridad judicial accediendo a por documentación a dependencias municipales. El Gobierno vasco, de quien depende el cuerpo, ha exhibido este martes su “respeto” a la investigación, pero también a la “presunción de inocencia” de los implicados, entre ellos tres ediles del PNV en Getxo, Irantzu Uriarte e Ignacio Uriarte, que eran pareja y socios de la cooperativa detrás del proyecto urbanístico en el palacete, e Iñigo Urquiza.

La consejera-portavoz del Ejecutivo autonómico, María Ubarretxena, del PNV, ha indicado a los medios de comunicación que “el edificio no cuenta con una protección de patrimonio cultural a nivel de Euskadi”. No se ha extendido más en ello, pero la Policía interpreta que el espacio sí tenía protección y que su derribo por razones urbanísticas puede comportar un delito contra el patrimonio.

En todo caso, Ubarretxena ha sido muy prudente y ha añadido que “en la medida en que existe un procedimiento judicial aberto” el Gobierno va a realizar “ninguna valoración”. La causa, instruida por un juzgado de Getxo, está bajo secreto de sumario. El PNV, de su lado, ha insistido en que no ha apreciado irregularidades en el proceder de sus ediles. El presidente del partido, Aitor Esteban, ha ironizado que tampoco se puede pretender que el palacete sea “la torre Eiffel”.

Ubarretxena ha comparecido en el Consejo de Gobierno semanal junto a una ikurriña con crespón negro con motivo del accidente ferroviario de Córdoba, que ha abierto un período de luto nacional en memoria de fallecidos y heridos. También iba deliberadamente vestida de azul y de blanco por ser el día de San Sebastián.