Euskadi ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez modificaciones en la tasa de reposición del funcionariado y agilizar los procedimientos de las OPE para bajar la interinidad actual de los empleados públicos vascos. La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno vasco, María Ubarretxena, ha mantenido este miércoles un encuentro con el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, al que ha trasladado, además, la conveniencia de mantener una relación bilateral entre ambas administraciones para abordar cuestiones concretas relativas a los trabajadores públicos, entre ellas, las negociaciones relativas a la jornada laboral o las novedades normativas sobre la jubilación parcial y contratos de relevo del personal laboral.

Ubarretxena ha trasladado que la tasa de interinidad en la Administración general de Euskadi tras los procesos de estabilización “ha pasado de niveles cercanos al 50% a situarse en torno al 14%”, y que se mantiene el compromiso de seguir reduciéndola hasta aproximarse al 8% al final de la legislatura. Pero ha señalado que “para avanzar en ese objetivo” es necesario “adecuar o sustituir el modelo actual en lo relativo a la tasa de reposición del funcionariado, con el fin de facilitar una planificación de efectivos más ajustada a las necesidades reales de la administración, ya que el volumen actual de plantilla de funcionarios se queda corta para las necesidades de plantilla en la administración vasca”.

“De esta forma, el compromiso de reducir la tasa de interinos al 8% parece quedar en manos ahora de los acuerdos que se cierren con el Gobierno de Madrid. Ya en enero de 2025 con la tasa de interinidad en el 14% la propia Ubarretxena reconocía que el objetivo del 8% estaba todavía muy lejos. Para facilitar también la reducción del número de interinos ha planteado la conveniencia de agilizar los procesos selectivos de OPE mediante la reducción de plazos y la simplificación de procedimientos. Ha habido sintonía y se han comprometido a darle una vuelta y mirar cómo se puede hacer, a estudiar estos dos temas”, ha señalado la consejera tras la reunión.

En cuanto al tema de la jubilación parcial, Ubarretxena ha señalado que los cambios introducidos por el ministerio se había “dificultado mucho” acogerse al retiro parcial, aunque parece que “se abre un hilo de esperanza” y habrá modificaciones. La consejera ha señalado que se trata de una cuestión que preocupa a los sindicatos vascos. “El martes tenemos reunión de la Mesa General de la Función Pública y queríamos tratarlo con el ministro”, ha señalado la consejera.

También ha abordado con el ministro el futuro sistema europeo de identidad digital, y ha trasladado la petición de que se canalice en Euskadi a través de Izepe, que ya ha posibilitado que más del 60% de la población vasca disponga ya de sistemas de identificación digital, con más de un millón de usuarios reconocidos. Es decir, que sea una entidad reconocida de cara a “emitir la identidad digital y que Euskadi pueda tener su propio wallet digital”. Este planteamiento permitiría que cada ciudadano disponga, de forma segura, de su identidad y de otros acreditativos oficiales en la cartera digital de su dispositivo móvil, favoreciendo una gestión más ágil, accesible y centrada en la persona.

El Gobierno vasco admite que la denominada “comisión interinstitucional para la racionalización y dimensionamiento del sector público vasco”, prevista en una ley de 2022 y creada por decreto en 2023, “no se ha reunido en sesión formal” ni una sola vez en este tiempo. Se da la circunstancia de que en 2024, en medio de críticas de PP, Sumar y Vox por el incremento de altos cargos y tras una propuesta de EH Bildu para abordar esta cuestión, el lehendakari, Imanol Pradales, reunió en la Presidencia vasca a los tres diputados generales y a Eudel para tocar estos temas y que se anunció que aquella era la primera sesión de “muchas”.

La comisión, en verdad, procede de la etapa de Iñigo Urkullu. El reglamento que desarrolla la ley de 2022 del sector público vasco lo firmó el anterior lehendakari en marzo de 2023. Su misión principal es “el estudio y la formulación de propuestas en relación con el tratamiento de las posibles ineficiencias, solapamientos y duplicidades entre sectores públicos y, en particular, en relación tanto con el conjunto del sector público vasco como con el sector público estatal”. Pero también tiene la obligación de redactar “anualmente” una “memoria de gestión que incluya información sobre los estudios realizados y las propuestas debatidas en el seno de la comisión”.

La parlamentaria de EH Bildu Lamia Arcas ha preguntado por este organismo en la Cámara a la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena. Y la respuesta viene sin actas de los acuerdos y sin detalle de la composición del foro, en el que en principio han de estar representantes forales y de Eudel, la asociación de municipios. El Ejecutivo se escuda en que, “si bien la comisión no se ha reunido en sesión formal, el conjunto de las administraciones públicas vascas trabaja de manera continuada en la mejora de la colaboración y coordinación interadministrativa para una mayor interoperabilidad, eficiencia, eficacia y racionalidad”.

Significativamente, a los pocos meses de llegar a Ajuria Enea Pradales asumió el reto en primera persona de “mejorar la eficiencia” de la Administración. Para ello, reunió en Lehendakaritza a Ramiro González, Elixabete Etxanobe, y Eider Mendoza, representantes forales, y a Esther Apraiz, de Eudel. “El sistema institucional que hemos ido construyendo gradualmente en estas cuatro décadas y media es bueno y eficaz [...], un sistema de gobernanza multinivel que tiene carácter confederal”, describió. Pero apeló a que en el siglo XXI toca ganar en “eficacia” y en “eficiencia”. “De esta forma, podrá ofrecer un mejor servicio. Es lo que nos demanda la ciudadanía. Que le facilitemos su relación con las instituciones”, defendió.

La coalición Sumar, con un escaño en el Parlamento Vasco, ha reclamado al Gobierno de Imanol Pradales y, en concreto, a la consejera Amaia Barredo, “medidas” contra la empresa La Gilda del Norte, condenada este viernes por explotación de trabajadores extranjeros e invitada esta semana a la feria Salón Gourmets de Ifema, en Madrid, dentro del 'stand' de la sociedad pública Hazi. Se da la circunstancia de que, además, un organismo autonómico, la Inspección de Trabajo, tiene también sanciones firmes por los mismos hechos contra esta compañía.

“Preguntamos al Gobierno vasco si cree que es posible promocionar y colaborar con una empresa que se ha demostrado que estaba cometiendo estos delitos graves contra los trabajadores”, lanza el parlamentario Jon Hernández, procedente de IU. Y agrega: “No es compatible que una empresa que se aprovecha de la situación de vulnerabilidad de trabajadores extranjeros, que tiene a la gente contratada sin Seguridad Social y que obligaba a esconderse a los trabajadores ante inspecciones, pueda ser promocionada por el propio Gobierno Vasco. Es absolutamente aberrante”.

De su lado, la portavoz del Gobierno, María Ubarretxena, no ha ofrecido explicaciones sobre la cuestión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. El equipo de Barredo indicó a este periódico que la sentencia no es “firme” y que los espacios del 'stand' se gestionan con mucha antelación.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha salido de su reunión en La Moncloa con Pedro Sánchez con un ramillete de acuerdos, tanto relativos al desarrollo estatutario como en temas como la seguridad o la economía. Ya era conocido que se iba a crear un órgano bilateral para canalizar el deseo del Gobierno vasco de coparticipar en la gestión de los aeropuertos de Loiu, Foronda y Hondarribia, como adelantó este periódico en febrero, y a ello se le asuman otras transferencias de competencias de pequeño calado. Asimismo, el Ejecutivo autonómico da mucha relevancia a los compromisos en materia de seguridad para atajar las armas blancas y la multirreincidencia y para que la Ertzaintza gane atribuciones en materia de inmigración. Y también al apartado económico, dado el contexto general. Pradales ha aludido al Vascofin, un “marco de cooperación financiera” para mejorar el acceso a circulante de las 'pymes' y que implicará la coordinación entre el ICO estatal y el IVF vasco.

No hay todavía acuerdo para el traspaso de la gestión de las pensiones de la Seguridad Social, contemplado en el Estatuto de 1979 y comprometido para finales de 2025. El PNV apoyó en 2023 la investidura de Pedro Sánchez a cambio de cerrar todas las transferencias en dos años. Las conversaciones siguen abiertas para una operación de gran calado presupuestario, 12.000 millones de euros. Se da la circunstancia de que el hasta ahora principal interlocutor del Gobierno vasco en estas reuniones era quien ahora se ha convertido en ministro de Hacienda, Arcadi España. El lehendakari ha indicado que en julio debería producirse otra reunión para seguir avanzando.

“Antes de nada, permítanme unas palabras de agradecimiento para Arcadi España, nuevo ministro de Hacienda y hasta ahora secretario de Estado de Política Territorial. Ha sido una persona clave en la colaboración entre nuestros Gobiernos durante todos estos meses. Un político dialogante, honesto y de una enorme capacidad negociadora. Le deseo buena suerte y espero que podamos seguir colaborando con el mismo espíritu, ahora desde sus nuevas responsabilidades”, es lo primero que ha dicho Pradales en su rueda de prensa en Madrid.

La cita de este viernes ha sido doble. Primero, un cara a cara entre Sánchez y Pradales. Y, ya después, una comisión bilateral con ambos acompañados por sus equipos. Ambos mandatarios acumulan ya más de media docena de encuentros en Vitoria, Madrid y otros eventos desde que Pradales se convirtió en lehendakari en el verano de 2024. La relación es mucho más intensa que la que tenía Iñigo Urkullu con Sánchez. Con Sánchez han estado el ministro Ángel Víctor Torres, cinco secretarios de Estado -pero ya no España- y, entre otros, la delegada en Euskadi, Marisol Garmendia. A Pradales le han acompañado tres consejeros, María Ubarretxena, Nerea Melgosa y Susana García Chueca, de la parte del PSE-EE de la coalición, además de otros tres altos cargos. El titular de Salud, Alberto Martínez, estaba también en Madrid pero en otro foro, la interterritorial en la que ha protestado por la incapacidad del Ejecutivo central para cortar la huelga de médicos, una queja que también se ha tratado en la bilateral.

Los acuerdos sobre seguridad

En un contexto en el que el PNV ha endurecido sus discursos sobre seguridad y migraciones, Pradales regresa de Madrid con una batería de compromisos. Por ejemplo, se ha comprometido una modificación del Reglamento de Armas para “reforzar la prohibición del porte o uso de armas blancas, incluso de pequeño tamaño”. Igualmente, se busca que la normativa procesal tenga en cuenta como antecedentes investigaciones en curso y no solamente sentencias firmes “a la hora de imponer medidas de prisión preventiva” en el caso de delincuentes multirreincidentes. Es una “creciente preocupación ciudadana”, entienden fuentes del Ejecutivo vasco.

Por otro lado, el Estado acepta una “participación complementaria en materia de extranjería” de la Policía autonómica, “reforzando la efectividad del papel de la Ertzaintza en los informes policiales, sobre seguridad y orden público, que deben emitirse en materia de expulsión de personas extranjeras sin arraigo y con causas abiertas con la justicia”. Este ámbito es una función de la Policía Nacional. Asimismo, se dará acceso a la Ertzaintza a más foros internacionales de coordinación “sin pasar por la Policía Nacional” como SPOC o European Search Portal. También ganará competencias en el control de drones.

Dice Pradales que son acuerdos “muy importantes”. Ha añadido que sigue insistiendo en que Euskadi sea considerada como “frontera norte” de España. Ha pedido que se cree una subcomisión para poder analizarlo.

Los acuerdos estatutarios

A falta de concreciones sobre las pensiones, el gran punto pendiente del Estatuto de 1979, los Gobiernos central y vasco siguen avanzando en otras materias. Se trata de pequeñas competencias como la gestión de los seguros agrarios, la inspección pesquera o algunas nuevas funciones sobre centros de reconocimiento de conductores y reeducación vial, así como sobre seguridad privada (formación y capacitación).

Sin novedades, se da curso igualmente al “órgano bilateral” de nuevo cuño para que las instituciones vascas coparticipen en la toma de decisiones sobre aeropuertos. No es un traspaso de competencias, porque las terminales vascas seguirán siendo gestionadas por Aena. Euskadi tendrá “participación” en la “planificación económica” sobre Loiu, Foronda y Hondarribia, más capacidad de “promoción de nuevas rutas y coordinación con agentes económicos y logísticos” y, en particular, se hará de Foronda, en Vitoria, un “sandbox” o banco de pruebas de un nuevo modelo de impulso a la conectividad aérea en una comunidad sin AVE.

“Seguimos avanzando, pero queda mucho por hacer y acordar. Y conviene recordar una y otra vez que son competencias que pertenecen al pueblo vasco por ley y referéndum. Y que el Estado sigue sin cumplir”, ha manifestado el lehendakari. Ha señalado que las materias pendientes son “complejas” pero ha dicho que no piensa “cejar” en el “empeño” para conseguirlas. “Seguiremos insistiendo, trabajando y dialogando todo lo que haga falta para cumplir la palabra dada y defender los intereses de Euskadi”, ha manifestado. Julio ha sido fijado como nuevo horizonte. El ministro Torres ha confirmado la fecha en una comparecencia posterior.

Propuestas de Pradales

Asimismo, Pradales ha aprovechado el viaje para lanzar una batería de propuestas adicionales a Sánchez, muy enfocadas en la situación global de incertidumbre económica con epicentro en Irán. Ya hace dos semanas le había hecho llegar un decálogo y ahora le ha concretado en persona otras peticiones.

Son, por ejemplo, la “eliminación del impuesto a la generación eléctrica del 7%”, “exención de los peajes de Transporte & Distribución (T&D) del 80% para los consumidores electrointensivos”, la “exención del pago del Fondo Nacional de Eficiencia Energía (FNEE)”, compensaciones por emisiones de dióxido de carbono, “reducir el impuesto especial de electricidad” o “no añadir gravámenes adicionales a la factura eléctrica industrial en los próximos 5 años”.

Euskadi, con competencias de recaudación plenas pero no de regulación del IVA, desea igualmente una “reducción temporal” de ese impuesto indirecto “a algunos alimentos básicos y de producción estatal relevante”. “En España el IVA de la carne y el pescado está en el 10% (tipo reducido), se plantea reducirlo al tipo superreducido a un 4%”, exponen desde el Ejecutivo vasco.

Sobre la pesca, con embarcaciones en Ondarroa ya paradas por el incremento de los costes, Pradales quiere que el Estado active “compensaciones por paralización temporal de la flota”. “Estas ayudas cubrirían un porcentaje del ingreso medio del barco durante los días que quede en puerto, evitando pérdidas netas y preservando empleos hasta que retome la actividad”, indican.

El caballo de batalla de la Sanidad

Por otro lado, los representantes vascos han atacado por dos flancos en Madrid a la ministra Mónica García. El consejero de Salud ha acudido a la interterritorial y, con el apoyo de otras comunidades, ha insistido en que toca poner fin a la huelga de facultativos, que está disparando las listas de espera.

“Entre diciembre y marzo, más de 300.000 personas han visto alterada su atención sanitaria en Euskadi. Son los verdaderos perjudicados de una situación insostenible. Tras un gran esfuerzo habíamos recuperado las cifras de listas de espera previas a la pandemia, y ahora los tiempos de espera están volviendo a aumentar”, ha dicho Martínez a los periodistas en la capital.

Y, en el encuentro de Pradales y Sánchez, el Gobierno vasco también ha insistido en medidas para desbloquear esta cuestión e, igualmente, para poder disponer de más médicos en un contexto de escasez de personal. Entre ellas, “agilizar el proceso de homologación de títulos de médicos especialistas formados en el extranjero”, “elevar la edad máxima de ejercicio de la profesión médica voluntaria a 72 años en Atención Primaria” o “autorizar un periodo transitorio de 3 años que habilite a médicos sin especialidad para ejercer en períodos estivales”. También “autorizar que los residentes de medicina de familia puedan empezar a ejercer una vez finalizado el tercer año de residencia, de manera que el R4 lo puedan realizar más adelante cuando los sistemas estén menos estresados por la falta de médicos”.

El Gobierno vasco, por decreto, ha establecido el día 20 de noviembre como “día de la memoria trans” en Euskadi. El Ejecutivo de Imanol Pradales, una coalición de PNV y PSE-EE, entiende que es un gesto de “reconocimiento institucional, reparación simbólica y visibilización” de este colectivo. Asegura que actúa “en coherencia” con la ley autonómica de 2024, visada por el Parlamento Vasco por amplia mayoría, y en colaboración con entidades como Naizen, Errespetuz o Loratuz Lotu.

El 20 de noviembre es ya el día internacional de la memoria trans, en conmemoración de un asesinato que se produjo en Boston en 1998, aunque ahora tendrá una significación especial en Euskadi. “Desde el Gobierno también queremos contribuir a preservar la memoria de quienes han sufrido discriminación o invisibilización”, ha señalado la consejera-portavoz, María Ubarretxena, en la rueda de prensa semanal tras el Consejo de Gobierno.

El Gobierno entiende que el decreto, que será firmado por la consejera Nerea Melgosa, “refuerza su compromiso con una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa con la diversidad, incorporando de manera expresa la realidad de las personas LGTBIQ+ a la agenda de las políticas públicas de igualdad”. Euskadi quiere destacar cada 20 de noviembre la “aportación” de este colectivo “a la construcción de una Euskadi más plural y democrática” y ahondar en la “reparación de desigualdades históricas”.

Los Gobiernos central y vasco han cerrado un acuerdo este lunes para incrementar la coparticipación autonómica en la gestión de los aeropuertos de Loiu, Foronda y Hondarribia. Como adelantó el 2 de febrero este periódico, se constituirá un “órgano bilateral” compuesto por un número igual de representantes de cada parte y que dotará de más capacidad decisoria en inversiones o rutas al Ejecutivo vasco, aunque no se hará ninguna transferencia y la titularidad de las terminales seguirá siendo de la sociedad estatal Aena, que tiene un 49% de capital privado.

Aunque este domingo el Gobierno de Imanol Pradales había alertado de un alejamiento de las posturas en esta subcomisión que lleva meses analizando la cuestión de los aeropuertos, la consejera que lleva la voz cantante en las negociaciones, María Ubarretxena, del PNV, se ha mostrado ya abiertamente “esperanzada” por el resultado de la últma reunión celebrada en Madrid, aunque también cautelosa hasta no ver los términos pactados en el acuerdo final. “Se ha acordado un órgano bilateral aeroportuario Euskadi-Estado como instrumento de colaboración, coordinación y gestión”, indican fuentes del Ejecutivo autonómico, que recuerda que esto permite ser copartícipes en el diseño del denominado DORA, la guía de inversiones de Aena en todas sus terminales.

Por otro lado, el Gobierno vasco se ha felicitado por haber logrado que Foronda, el aeropuerto de Vitoria, sea un 'sandbox' o banco de pruebas de un nuevo modelo de gestión. “Es un marco regulatorio especial y temporal que permite actuar en dicho aeropuerto como un entorno controlado de pruebas” para medir los resultados de los cambios que se implementen, ha explicado Ubarretxena, sin entrar a más detalles de qué ideas concretas se pondrán en práctica en Foronda.

Las conversaciones sobre aeropuertos se enmarcan en un proceso más amplio abierto entre los Gobiernos central y vasco para completar las materias pendientes del Estatuto de 1979, por un lado, y otros asuntos para reforzar el autogobierno vasco, como los aeropuertos o la reciente aceptación por parte de España de que Euskadi tenga presencia en organismos internacionales como la Unesco u ONU Turismo. En la última reunión entre Pedro Sánchez e Imanol Pradales se fijó Semana Santa como referencia para tener cerradas todas las materias encima de la mesa. No hay noticias de si se llegará a tiempo para la más relevante, la gestión de las pensiones de la Seguridad Social. El Estado ha cerrado también la puerta a ampliar la transferencia de Puertos, ya realizada en 1982, y ceder al Gobierno vasco la gestión de Pasaia, hasta ahora de “interés general”.

El Gobierno vasco está elaborando un decreto para “reforzar jurídicamente las competencias” vascas respecto a los procesos de selección de secretaría, intervención y tesorería de los ayuntamientos, con el objetivo de lograr “un sistema estable, claro y adaptado a la realidad institucional” que “clarificará y reforzará las responsabilidades del Gobierno vasco, las diputaciones forales y los ayuntamientos en su gestión”. Así lo ha anunciado este lunes la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, en una rueda de prensa conjunta con las diputaciones forales de los tres territorios vascos y Eudel, en la que han denunciado “la judicialización constante que bloquea y paraliza los procesos de estabilización, la convocatoria de plazas y las bolsas temporales” en los ayuntamientos vascos. Se trata de la selección de los funcionarios de administración local con habilitación nacional (FALHN), denominación bajo la que se integran los secretarios, encargados de velar por la legalidad de las decisiones municipales, los interventores, responsables del control económico y del uso adecuado de los recursos públicos, y los tesoreros, que garantizan la liquidez municipal y el correcto desarrollo de los pagos.

Este decreto pretende dotar de “más capacidad jurídica y clarificar la competencia” que tiene Euskadi para “poder evitar las interpretaciones” judiciales que “causan este problema desde 2008”, ha señalado la consejera. “La competencia es nuestra, pero el problema es la interpretación que se hace de ello. Por tanto, esperamos tener en marcha cuanto antes este decreto para que se clarifique y tengamos una mayor seguridad jurídica que no pueda dar pie a esa interpretación más extensa”, ha explicado la consejera, según informa Europa Press.

Ubarretxena ha censurado la “judicialización constante que retrasa, bloquea y, en algunos casos, anula procesos que son esenciales para que los municipios puedan funcionar con normalidad, perjudicando directamente a la ciudadanía”, concretamente en los puestos de secretaría, intervención y tesorería de los ayuntamientos vascos. Una judicialización, ha dicho, devenida de la presentación de “recursos sistemáticos” de las organizaciones profesionales corporativas, especialmente del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros a nivel estatal, a la que ha sumado la del Partido Popular, que llevó al Tribunal Constitucional un recurso contra la Ley Orgánica 1/2025.

El Gobierno vasco quiere hacer “una defensa de sus competencias, porque es inaudito que esto esté ocurriendo, a pesar de que Euskadi dispone de un sólido marco jurídico, como la disposición adicional primera de la Constitución Española, el Estatuto de Gernika, la Ley de Bases de Régimen Local y el Real Decreto 128/2018 que reconocen que las instituciones vascas tienen capacidad para gestionar estos puestos”. Por ello, Ubarretxena ha manifestado que “el problema no está en las leyes, sino en una interpretación restrictiva y en una dinámica de impugnación sistemática que nos sitúa en una posición de vulnerabilidad institucional”.

Además del futuro decreto, el Gobierno vasco está ultimando nuevas bases para la constitución de bolsas temporales de trabajo con “mayores garantías jurídicas” con el objetivo de “publicar la orden en los próximos días, celebrar el examen antes de verano y poder disponer de la bolsa a la mayor prioridad posible, de forma que, a partir de septiembre, se pueda ofrecer a los ayuntamientos un instrumento ágil de cobertura interina”.

Por otro lado, y dentro de los pasos ya dados, la consejera ha explicado que el pasado 27 de enero de este año se publicó la orden por la que se nombró personal funcionario de carrera de escala de funcionarios de la Administración Local y se asignó el primer destino ya a 50 personas. Al respecto, ha informado que el plazo para la toma de posesión finalizó el 28 de febrero y ahora se cierran los datos definitivos de incorporación efectiva, para culminar un proceso que se inició en 2022 y que “no ha estado exento de dificultades desde su inicio”.

La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno ha lamentado que, actualmente, Euskadi tenga alrededor de 400 puestos reservados para las figuras de secretaría, intervención y tesorería, pero “sólo 119 están cubiertos por funcionarios y funcionarias de carrera, es decir, menos del 30%”. Unos puestos de “vital importancia”, ya que “las secretarias garantizan que las decisiones municipales se ajusten a la legalidad, las interventoras controlan el uso del dinero público y aseguran una gestión económica responsable, y a los tesoreros garantizan la seguridad de los ayuntamientos, que los pagos se hagan con normalidad y que el ayuntamiento tenga liquidez”.

En este mismo aspecto ha incidido la presidenta de Eudel, Esther Apraiz, quien ha indicado que más de dos tercios de las plazas reservadas en los ayuntamientos vascos para el personal funcionario de Secretaria, Intervención y Tesorería Municipal “carecen de estabilidad estructural”.

“Esto tiene consecuencias directas, porque cuando estos puestos no están cubiertos de manera estable, se retrasan los expedientes, las contrataciones, los pagos y las subvenciones. En definitiva, se resiente el funcionamiento ordinario del ayuntamiento y esto lo acaban padeciendo los ciudadanos”, ha argumentado. Apraiz ha evidenciado que esta realidad es “especialmente delicada en los municipios pequeños”, que representan el 80% de la administración local, donde “una sola persona, el secretario interventor, asume funciones esenciales como el de garantizar la legalidad” o los puestos han sido ocupados por “administrativos que son funcionarios de carrera, lo que genera una situación bastante ilógica y bastante preocupante para los alcaldes y alcaldesas”.

El Gobierno vasco, las tres diputaciones forales y Eudel han demandado “respeto al marco competencial”, ya que “la gestión del personal funcionario que garantiza la legalidad y el buen funcionamiento de los ayuntamientos es una competencia clave del autogobierno vasco”. En este sentido, la diputada de Gobernanza de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Irune Berasaluze, ha garantizado “la coordinación y compromiso” de los tres niveles institucionales de Euskadi para dar “una respuesta estructural a este problema, porque con los parcheos diarios a los que nos vemos obligados tampoco estamos dando una respuesta adecuada” para que los ayuntamientos puedan funcionar en el día a día“.

Por su parte, el diputado de Administración Pública y Relaciones Institucionales de la Diputación Foral de Bizkaia, Ager Izagirre, ha mostrado su “preocupación”, ya que “estrategias meramente partidistas y corporativistas” tienen el objetivo de “entorpecer e impedir que el Gobierno y las instituciones vascas ejerzan sus competencias”, dentro de “una concepción que pone por encima los intereses propios al interés común”.

Por último y tras explicar el trabajo que lleva a cabo la Diputación Foral de Álava para facilitar la cobertura de estos puestos esenciales, la diputada alavesa de Equilibrio Territorial y Ordenación del Territorio, Laura Pérez, ha lamentado que la falta de cobertura de estas plazas “tiene un impacto inmediato, dificulta la tramitación administrativa, retrasa decisiones municipales y puede llegar a comprometer la prestación ordinaria de servicios públicos”.

“Hablamos de una cuestión urgente para los ayuntamientos vascos. Asegurar la estabilidad de estos funcionarios municipales es asegurar la estabilidad también de nuestras instituciones locales. Estos funcionarios municipales son la base que sostiene el servicio público más cercano a la ciudadanía, a las empresas y profesionales, a los colectivos más desfavorecidos. Es el motor que hace posible que podamos prestar un servicio público de máxima calidad, con todas las garantías jurídicas, rigor y transparencia”, ha finalizado la presidenta de Eudel.

Los Gobiernos central y vasco continúan con sus conversaciones, en el marco de una subcomisión creada 'ad hoc', para que la comunidad autónoma gane en capacidad de influencia sobre los aeropuertos de Loiu, Foronda y Hondarribia. Este lunes se ha producido un encuentro en Madrid y la consejera vasca encargada de las negociaciones, María Ubarretxena, del PNV, ha recordado que un territorio sin conexión de AVE -las obras de la 'Y vasca' arrancaron en 2006 y siguen pendientes muchos flecos- merece mayores inversiones aeroportuarias.

La gestión de los aeropuertos no forma parte estrictamente de las competencias pendientes del Estatuto de 1979, a diferencia de las pensiones de la Seguridad Social, por ejemplo. El marco constitucional establece que las infraestructuras de “interés general” son competencia exclusiva del Estado y solamente sería posible un traspaso si se baja de categoría a Loiu -un referente de la red de Aena en el norte peninsular-, a Foronda -cuarta terminal carguera- y Hondarribia. Y es algo que, a diferencia de lo que ocurre con el puerto de Pasaia, no está encima de la mesa.

Por eso, se trabaja para crear un nuevo órgano bilateral y paritario donde, preservando la titularidad de Aena y su competencia, las instituciones locales tengan más capacidad de decisión. Así lo adelantó este periódico y ésa sigue siendo la fórmula en la que se trabaja, aunque de momento no se han cerrado los flecos.

“Euskadi ha puesto encima de la mesa aspectos de gran calado que resultan imprescindibles para mejorar la competitividad y la conectividad de los aeropuertos vascos y para garantizar el nivel de gestión que corresponde a Euskadi sobre estas infraestructuras que recoge el Estatuto de Gernika”, ha dicho Ubarretxena en Madrid a los medios de comunicación. Esta vez ha hecho especial hincapié en las inversiones ya que, según el Gobierno vasco, Aena prioriza zonas como Málaga y Valencia cuando Euskadi, dada “la ausencia de tren de alta velocidad”, se ve forzada “a recurrir al avión con mayor frecuencia”.

Aena ha aprobado un nuevo DORA (como se llama a su guía plurianual de actuaciones, de 13.000 millones) y Ubarretxena confía en reorientarlo para reforzar la posición de Loiu, Foronda y Hondarribia. Ha apelado a que su interlocutor en estas negociaciones, el secretario de Estado, José Antonio Santano, es vasco y “conoce perfectamente la realidad” y esa “necesidad de mejorar la conectividad y la competitividad” de las tres terminales.

En este sentido, el Gobierno vasco indica también que ha habido “contactos” con “distintas aerolíneas” y con la Asociación de Líneas Aéreas, llamada ALA. “En estos encuentros, las compañías han mostrado interés en operar en Euskadi, siempre que exista una apuesta decidida por parte de Aena, tanto en términos de inversiones como de política de tasas aeroportuarias”, ha manifestado.

No hay aún acuerdos cerrados, pero sí avances. Según la propia Ubarretxena, la parte vasca ha llegado a Madrid “exigente” y ha salido de la capital “expectante”. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales, fijaron en su reunión de enero el horizonte de Semana Santa para ir cerrando acuerdos en variadas materias, entre las que se citó expresamente la fórmula “negocial” para que la comunidad autónoma gane en atribuciones en materia aeroportuaria sin tocar la titularidad de Aena.

Los altos cargos y asimilados del Gobierno vasco tienen a su disposición 241 coches oficiales. De ellos, apenas 22 son ya diésel o gasolina. Aunque en 47 casos no hay datos, se están imponiendo los modelos híbridos. Estos vehículos han supuesto un coste de 1.567.855,02 euros (aquí se suma el posible 'renting', los peajes, aparcamientos, repostajes, cargas eléctricas y todos los gastos) y han recorrido exactamente 10.874.134 kilómetros. Son 271 vueltas al mundo por el ecuador (y un tercio de la siguiente). O, en lo que puede ser una referencia más habitual, 169.908 desplazamientos desde Bilbao hasta Lakua, la sede central de la Administración autonómica en Vitoria.

elDiario.es/Euskadi ofrece el detalle de los datos en tres gráficos interactivos. El primero es el desglose de la flota y los coches de combustión que quedan. El segundo informa del gasto por áreas en parque móvil. Y el tercero es el relativo al desplazamiento medido en kilómetros. La documentación procede de una solicitud realizada por Álvaro Gotxi del PP en el Parlamento Vasco a la que han respondido diez de los dieciséis departamentos del Ejecutivo. Los datos de esas carteras han sido facilitados por la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, que tiene bajo su cargo una flota general que luego se asigna a los diferentes departamentos. Otro matiz: los consejeros tienen un coche que computa en el Departamento de Seguridad y no en sus respectivas carteras, porque son vehículos de escolta policial.

Algunas situaciones particulares se dan en Presidencia. Aquí aparecen datos de los vehículos de las delegaciones en Argentina y en México, un Volkswagen y un Ford, en pesos argentinos y pesos mexicanos. Aquí se ha procedido a un cambio de divisas. ¿Y en qué vehículos viajan los miembros del Gobierno? Imanol Pradales, como Iñigo Urkullu, tiene Lexus. Y también algunos consejeros lo llevan. Hay nueve berlinas de lujo de esa marca, de los modelos XZ1 y LS 500 H. Además, hay cinco Audi A6 Limousine, cinco BMW 530E XDrive iPerformance y un Hyundai Tucson, el del viceconsejero de Seguridad, el único alto cargo que no forma parte del Consejo de Gobierno que mantiene la escolta. De todo el Gobierno, el organismo BRTA (Basque Research and Technology Alliance, dependiente de la cartera de Mikel Jauregi) ha sido el más transparente. Ha enviado incluso los extractos de las tarjetas de Kutxabank con los gastos. Se da la circunstancia de que la cartera de Susana García Chueca, la de Movilidad Sostenible, es la que tiene menos vehículos, menos gasto y menos kilometraje.

Los Gobiernos central y vasco ultiman la creación de un “órgano bilateral” compuesto por un número igual de representantes de ambas partes para canalizar la voluntad del Ejecutivo vasco de coparticipar en la gestión de los tres aeropuertos de Aena en la comunidad autónoma, Loiu, Foronda y Hondarribia. Fuentes del Estado explican que avanzan “muy bien” las conversaciones para llegar a un acuerdo antes de Semana Santa, como comprometieron la pasada semana en una reunión el presidente, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales.

Esa nueva entidad, que no sería en ningún caso una filial de Aena, superaría las atribuciones del actual “comité de coordinación” creado en tiempos de Mariano Rajoy. Ese órgano nació en 2014 con un representante del Gobierno central, tres de Aena, dos del Gobierno vasco, tres de Eudel, uno de las Cámaras de Comercio y otro “de las organizaciones económicas y sociales representativas”.

En lo que se piensa es en una mesa que asesoraría en materia de inversiones, rutas o intermodalidad, según las fuentes consultadas. Las tres terminales seguirían siendo gestionadas por Aena y no se saldrían de la red de aeropuertos estatales. La Constitución marca que la gestión de las infraestructuras de “interés general” es competencia exclusiva del Estado. A la vez, el Estatuto abre la puerta a que el Gobierno autonómico pueda tener funciones también en materia aeroportuaria si el Ejecutivo central no se reserva su gestión directa.

Existe un precedente, en Catalunya, donde se creó un operador autonómico, Aeroports de Catalunya, que gestiona los aeródromos que no son de interés general. Aena retiene allí la titularidad de las instalaciones más importantes, incluido el Josep Tarradellas El Prat de Barcelona. El modelo en el que se trabaja no sería un espejo del catalán. En el caso vasco, Loiu -una referencia en pasajeros en el norte peninsular-, Foronda -cuarto aeropuerto en carga de España- y Hondarribia seguirían siendo de “interés general” y parte de la red de Aena.

El Gobierno vasco, eso sí, podría “coparticipar” en la toma de decisiones en un nuevo organismo “bilateral” en el que tendrá igual número de representantes que el Estado. Las instituciones vascas, y no solamente las autonómicas, ya ponen recursos públicos para la captación de rutas a través de las sociedades de promoción, Via en Álava, Bilbao Air en Bizkaia y Ortzibia en Gipuzkoa.

Sánchez y Pradales acordaron en el verano de 2025 crear un grupo de trabajo 'ad hoc' que encontrara una fórmula “negocial” para canalizar los deseos exhibidos particularmente por el PNV de ganar en atribuciones en este asunto. Aunque es paralelo a otras transferencias pendientes del Estatuto de 1979, esto no es puridad un asunto estatutario. Los nacionalistas plantearon de inicio la posibilidad de que Aena creara una filial para los aeropuertos vascos y que ahí entraran las instituciones locales. Esa opción pronto se descartó, incluso con avisos de los accionistas privados del operador estatal, que tienen un 49% del capital.

Ese foro para hallar una fórmula “negocial” se constituyó en otoño y se dio cuatro meses para resolver el asunto. El plazo se ha superado ya pero, a todas luces, las conversaciones van por buen camino. En La Moncloa, el lehendakari Pradales fijó la Semana Santa como referencia para cerrar acuerdos en variadas materias, entre las que incluyó los aeropuertos. Comandan las negociaciones José Antonio Santano por parte del Estado y María Ubarretxena por parte del Gobierno vasco.

Por otro lado, la regulación constitucional y estatutaria de la gestión de los puertos marítimos es idéntica: sólo los de “interés general” son del Estado. Por ello, en 1982 Euskadi recibió la transferencia y gestiona todos los demás. Desde 2000 existe, además, la sociedad pública EKP. Adicionalmente, el Estado ha accedido a que el Gobierno vasco nombre a los presidentes de las respectivas autoridades portuarias, que suelen ser cargos del PNV. En estas negociaciones políticas, los nacionalistas han demandado también más atribuciones portuarias y planteado retirar la etiqueta de “interés general” a Pasaia para poderlo asumir desde el Gobierno vasco.

El asunto ha levantado polvareda por el rechazo frontal del PSE-EE, que estima que sería un movimiento “mortal” para el puerto de referencia de Gipuzkoa. El PNV sostiene que puede llevarlo al “top ten” con gestión más cercana, mientras los socialistas aseguran que bajarlo “a regional” no lo hará mejor y que hay tráficos y puestos de trabajo en juego. El Estado quiere retener ese puerto. Las fuentes consultadas remarcan que es la salida natural al mar de otras comunidades y que tiene tráfico internacional que justifican el “interés general”.

Sea como fuere, el asunto sigue generando titulares políticos. La presidenta del PNV de Gipuzkoa, María Eugenia Arrizabalaga, ha considerado “españolista” la postura del PSE-EE. El consejero vasco Denis Itxaso, exdelegado del Gobierno central, ha respondido a Arrizabalaga en X. “Que la reacción del PNV a la posición de los socialistas vascos de preservar a Pasaia como parte de la red prioritaria de puertos del Estado, sea tachar a Eneko Andueza de españolista, nos da la medida de la pulsión ideológica que hay detrás de la desclasificación del puerto. No es gestión; no es autogobierno. Es nacionalismo en crudo”, ha apuntado.

La Ertzaintza, dependiente del Gobierno vasco, aprecia indicios de delito en el derribo del palacete Irurak Bat de Getxo, ejecutado en 2024, y que ha acabado con agentes comisionados por la autoridad judicial accediendo a por documentación a dependencias municipales. El Gobierno vasco, de quien depende el cuerpo, ha exhibido este martes su “respeto” a la investigación, pero también a la “presunción de inocencia” de los implicados, entre ellos tres ediles del PNV en Getxo, Irantzu Uriarte e Ignacio Uriarte, que eran pareja y socios de la cooperativa detrás del proyecto urbanístico en el palacete, e Iñigo Urquiza.

La consejera-portavoz del Ejecutivo autonómico, María Ubarretxena, del PNV, ha indicado a los medios de comunicación que “el edificio no cuenta con una protección de patrimonio cultural a nivel de Euskadi”. No se ha extendido más en ello, pero la Policía interpreta que el espacio sí tenía protección y que su derribo por razones urbanísticas puede comportar un delito contra el patrimonio.

En todo caso, Ubarretxena ha sido muy prudente y ha añadido que “en la medida en que existe un procedimiento judicial aberto” el Gobierno va a realizar “ninguna valoración”. La causa, instruida por un juzgado de Getxo, está bajo secreto de sumario. El PNV, de su lado, ha insistido en que no ha apreciado irregularidades en el proceder de sus ediles. El presidente del partido, Aitor Esteban, ha ironizado que tampoco se puede pretender que el palacete sea “la torre Eiffel”.

Ubarretxena ha comparecido en el Consejo de Gobierno semanal junto a una ikurriña con crespón negro con motivo del accidente ferroviario de Córdoba, que ha abierto un período de luto nacional en memoria de fallecidos y heridos. También iba deliberadamente vestida de azul y de blanco por ser el día de San Sebastián.

Fumata blanca. Euskadi asistirá finalmente a la reunión de la comisión mixta que se celebrará este viernes en Madrid en la que está prevista la firma de cinco nuevas transferencias. María Ubarretxena, consejera de Gobernanza, Administración y Autogobierno y portavoz del Gobierno vasco, ha comunicado la decisión tras mantener este jueves una reunión con el lehendakari Imanol Pradales en la que han constatado que se dan las condiciones para celebrar el encuentro previsto. Es decir, que se ha desbloqueado el acuerdo entre ambas administraciones después de meses de negociación que se han intensificado esta última semana, cuando el pacto parecía que iba a saltar por los aires. De hecho, ha habido conversaciones hasta este mismo jueves por la mañana. Esto supone que los traspasos de estas cinco materias - las prestaciones no contributivas, las prestaciones por desempleo, Salvamento Marítimo y un centro de verificación de maquinaria de Barakaldo- se firmarán este viernes y que“ se va a respetar el acuerdo” al que se había llegado en la comisión bilateral el mes de julio.

El pasado martes, tras la reunión de Consejo del Gobierno, Ubarretxena señalaba que el encuentro para ratificar la firma estaba “en el aire”, porque las materias para cerrar los traspasos seguían “abiertas”. Hay que recordar que el encuentro ya se suspendió el pasado 29 de diciembre por la falta de acuerdo. “No tenemos hora para la reunión porque ni siquiera sabemos si se celebrará”, señalaba el martes. Pedía la consejera que “se respeten los acuerdos institucionales” que se firmaron en la comisión bilateral de julio que “no pueden ser reinterpretados continuamente”, advertía, recordando que parece haber secretarios de Estado que “mandan más que los ministros”.

Esta semana se han intensificado los contactos entre ambas administraciones en medio de claros avisos por parte del PNV sobre lo que supondría para la gobernabilidad del Estado el hecho de que no se suscribieran las transferencias tal y como se habían acordado. “Si el Ejecutivo no cumple, actuaremos en consecuencia y el PNV no mantendrá la misma actitud de diálogo y proactiva de buscar acuerdos”, advertía el presidente del PNV, Aitor Esteban. “Posiblemente, habrá muchos temas en los que hablemos mucho menos, ya veremos”, insistía, sin querer ponerse “la venda antes que la herida”. Finalmente, el acuerdo sobre estas materias destensa la relación de Sánchez con uno de sus socios necesarios en el Congreso de los Diputados.

La reunión de la comisión mixta de transferencias tendrá lugar este viernes a las 10 de la mañana en Madrid, después de que, según ha señalado la consejera, haya habido conversaciones “hasta hace diez minutos”, aludiendo que el acuerdo entre las dos haciendas se haya cerrado casi a punto de fijar la hora para celebrarse la reunión después de conversaciones “con varios ministros y con el propio presidente”. En este sentido, ha pedido “seriedad” para continuar con las negociaciones que restan a partir de ahora entre ambas administraciones para completar el Estatuto de Gernika. “Trabajar a contrarreloj no es la mejor manera de trabajar”, ha señalado.

Aunque no ha querido entrar a detallar cómo quedarán las transferencias firmadas y en qué momento entrarán en vigor -“vamos a esperar a que se firmen”, ha dicho- sí ha reconocido que ha habido varios puntos de fricción, uno de los más importantes, establecer el modelo cupo del Concierto Económico para abordar la financiación de las cinco transferencias. “Ese tiene que ser el modelo”, ha subrayado. Respecto a la posibilidad de lograr el traspaso de las diez materias pendientes para completar el desarrollo del Estatuto vasco, ha afirmado que el Gobierno vasco “siempre tiene esperanza”, aunque ha insistido en reclamar “otra seriedad” al Ejecutivo central. “No deberíamos estar negociando para traer lo que es nuestro”, ha dicho.

En encuentro participará, por parte del Ejecutivo vasco, María Ubarretxena como consejera de Autogobierno; el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou; el consejero de Ecomomía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres; y el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria.

Euskadi participará por primera vez en su historia en el Foro Económico Mundial de Davos. Imanol Pradales será el primer lehendakari en participar en este encuentro en que reúne a la élite política y económica mundial, para lo que viajará a Suiza entre los días 21 y 23 de enero encabezado una delegación vasca todavía por determinar. “Es una oportunidad inigualable para nuestro país”, ha señalado la portavoz del Gobierno vasco María Ubarretxena.

El Foro Económico de Davos, que celebra su edición número 56 bajo el lema 'Espíritu de Diálogo', contará con la presencia de entre 2.500 y 3.000 participantes procedentes de cerca de 130 países, por lo que Ubarretxena ha señalado que se trata de una “gran oportunidad para que Euskadi esté presente en un lugar en el que se toman decisiones relevantes y ”que nos afectan“.

La agenda y la composición de la delegación que acompañará al lehendakari en su viaje se concretará en los próximos días, aunque Ubarretxena ha adelantado que están previstas reuniones con altos funcionarios de Naciones Unidas y la celebración de un evento propio en el que la ONU presentará a Euskadi como “un territorio de referencia en la implementación de la Agenda 2030”.

La portavoz del Gobierno ha señalado que este viaje “marca un paso más en la estrategia de proyección internacional de Euskadi y en su presencia en los principales espacios de decisión global”, y el objetivo es “proyectar Euskadi como un territorio fiable, competitivo y alineado con los grandes consensos internacionales”. En este sentido ha señalado que el lehendakari defenderá, entre otras cosas, que Euskadi ofrece “una prima de estabilidad en el escenario global, un régimen fiscal propio que garantiza seguridad jurídica y previsibilidad a largo plazo para inversores y para empresas”. “Estos elementos, entre otros, posicionan a Euskadi como un territorio claramente diferenciable en el escenario internacional, una diferenciación que constituye en sí misma un activo de competitividad para atraer inversión, talento y proyectos estratégicos”.

Ha señalado Ubarretxena que “Davos no es solamente un foro, es una ocasión de intercambio diplomático mundial para el posicionamiento estratégico y el establecimiento de agendas entre numerosos actores”. “En este contexto, aunque Davos se ha relacionado siempre con estados reconocidos, cada vez tienen mayor presencia naciones sin estado como Euskadi, debido a sus competencias directas en ámbitos como el desarrollo político, económico o industrial, la transición energética, las políticas de innovación o atracción del talento, la cohesión social o la resiliencia territorial”, ha indicado.

En este foro de Davos reunirá entre otros mandatarios de distintos países del mundo, entre ellos el español, Pedro Sánchez, o el de Ucrania, Volodimir Zelenski, pero el gran protagonista será el presidente de Estados Unidos, Donad Trump, que ya ha anunciado que viajará con la mayor delegación estadounidense nunca antes vista en el foro, con al menos cinco secretarios de la Administración norteamericana.

Pradales ha iniciado este 2026 con una agenda de marcado carácter internacional. El 8 de enero se reunió en Vitoria con la primera ministra de Gales, Eluned Morganeste, para renovar el Memorando de Entendimiento (MoU) con Gales. Este pasado lunes dia 12 recibió en el Palacio de Ajuria Enea al gobernador de Fukushima, Masao Uchibori, también para proceder a la renovación del Memorando de Entendimiento entre ambas partes. La agenda internacional continuarára la próxima semana con el viaje a Suiza.

A sólo tres días de que se celebre la reunión de la comisión mixta de transferencias, el Gobierno vasco mantiene que el encuentro “está en aire”, porque las materias para cerrar cinco traspasos “siguen abiertas”. “No tenemos hora para la reunión porque ni siquiera sabemos si se celebrará”, ha señalado la portavoz del Gobierno vasco María Ubarrexena, que ha pedido que “se respeten los acuerdos institucionales”. “Los acuerdos firmados en una comisión bilateral no pueden ser reinterpretados continuamente”, ha señalado.

La reunión prevista para el próximo viernes es la que debería haberse celebrado el pasado el 29 de diciembre, que tuvo que suspenderse por falta de acuerdo, y parece que de nuevo habrá que esperar hasta el último momento para saber si finalmente se firman las transferencias acordadas: las prestaciones no contributivas, el seguro escolar y el Sepe (las políticas pasivas de empleo, todo lo relacionado con el paro) Salvamento Marítimo y un centro de verificación de maquinaria de Barakaldo.

Ubarretxena ha pedido al Gobierno central “que sea serio” y que se respeten los acuerdos firmados entre ambos ejecutivos en el mes de julio. La portavoz del Gobierno vasco ha recordado que los acuerdos de la comisión bilateral están “certificados” por el presidente del Gobierno de España y por el lehendakari. “Son acuerdos oficiales y legales. Pedimos que se respeten, ni más ni menos, porque no puede haber reinterpretaciones personales en base acuerdos rubricados por el presidente del Gobierno español y por el lehendakari”. Ubarrexena ya puso el foco en comparecencias anteriores en “secretarios de Estado que mandan más que los ministros”, y ha insistido este martes que “no se trata de un tema técnico”. “Estamos hablado de respetar los acuerdos institucionales firmados entre los gobiernos en la bilateral de julio”, ha insistido.

Posición “unánime” en el Gobierno vasco

En las últimas horas el presidente el PNV, Aitor Esteban, también se ha referido a los problemas para cerrar los acuerdos sobre las transferencias, lanzando una advertencia directa al PSOE: “No nos quedaremos cruzados de brazos”, ha asegurado Esteban. Sin embargo, María Ubarretxena, ha descartado que este clima de desacuerdo pueda afectar a los socios del Gobierno vas y ha señalado que dentro del Ejecutivo vasco la posición es “unánime”. “Esto no va de partidos, va de acuerdos institucionales entre dos Gobiernos”, ha señalado. En este sentido, ha indicado que tanto su departamento, Gobernanza, Administración y Autogobierno, como el Hacienda y Finanzas -dos de las áreas dirigidas por el PNV- , así como el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo -gestionado por el PSE-EE- están dispuestos a trabajar “hasta el último momento y las horas que sean necesarias” para conseguir que el acuerdo se suscriba con éxito.

No ha querido aclarar qué pasará si se llega al viernes sin un acuerdo. “Cuando lleguemos a ese puente, lo cruzaremos”, ha explicado en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. No obstante, ha insistido en que quedan días y “tiempo suficiente” para “cumplir” con el pacto, y ha señalado que para ello hubo este lunes una reunión técnica, y se mantienen de forma continua contactos “con las personas clave” para tratar de lograr un entendimiento.

Con los ecos del último plazo incumplido aún resonando, esta semana llega ya la siguiente fecha fijada por los Gobiernos central y vasco para firmar la transferencia de cinco materias pendientes del Estatuto de 1979, incluidas las tres primeras relacionadas con la gestión de la Seguridad Social. Ambas partes continúan negociando para tratar de cerrar todos los flecos de cara a este viernes, 16 de enero, cuando se debería cerrar un paquete de cinco traspasos pendientes desde hace meses que incluiría las prestaciones no contributivas, el seguro escolar y el Sepe (las políticas pasivas de empleo, todo lo relacionado con el paro), pero también Salvamento Marítimo y un centro de verificación de maquinaria de Barakaldo.

A última hora, se conoció que la comisión mixta –que sienta a representantes de los dos Ejecutivos– fijada para el 29 de diciembre iba a quedar suspendida. El PNV, que apoyó la investidura de Pedro Sánchez en 2023 sobre todo por haberle comprometido a completar el Estatuto antes de 2025, levantó la voz. Incidían en que quizás había llegado la hora de no apoyar todas y cada una de las medidas del Ejecutivo central en el Congreso. Veían también gestos hacia otros socios –que han cristalizado en el acuerdo con ERC para mejorar la financiación catalana, por ejemplo– e incumplimientos hacia ellos. También el Gobierno de Imanol Pradales exhibió su malestar, y se insistió en que la parte del PSE–EE del bipartito vasco estaba igualmente enfadada por los retrasos de última hora. En este sentido, agradecen especialmente el tono del vicelehendakari socialista, Mikel Torres, que además sería el responsable político de poner en marcha la nueva Seguridad Social vasca desde su cartera de Economía, Trabajo y Empleo.

¿Qué ha ocurrido desde el 29 de diciembre? Ha habido contactos y no se niegan algunos “avances”, pero a cinco días del nuevo 'deadline' los acuerdos no se pueden dar por hechos, según las fuentes consultadas. En el partido son muy prudentes. Sostienen que la imprevisibilidad es una característica “del sanchismo”. En el Ejecutivo, con la consejera María Ubarretxena como principal referencia negociadora, confían en que “algo se mueve”, aunque en los últimos días ella misma expuso en EiTB que sigue habiendo dificultades evidentes. “Se han dado algunos avances en las transferencias acordadas, pero no son suficientes”, indicó. Y emplazó a la otra parte, textualmente, a que no tome “por tontos” a sus interlocutores.

Las mayores diferencias a fin de año afloraron en torno a las tres materias relacionadas con la Seguridad Social. Es la primera vez que una comunidad aspira a ejercer funciones en materia de gestión económica de este sistema, aunque el Estatuto vasco lo planteaba desde hace casi medio siglo. De momento no están sobre la mesa las pensiones –12.000 millones de euros y que se han dejado para otro momento, si bien también deberían haber estado en 2025–, pero sí otras prestaciones, un primer y simbólico paso para sustituir a la Tesorería General con los seguros escolares y, particularmente, el cambio en todo el andamiaje del antiguo Inem con la cesión ya a su equivalente autonómico, Lanbide, de todo su personal, servicios y oficinas. Ubarretxena señaló, sin ponerle nombres y apellidos, al secretario de Estado socialista Borja Suárez como el freno para los acuerdos, aunque se dieron por hechos meses atrás en el plan político, particularmente tras una reunión al más alto nivel en La Moncloa entre Sánchez y Pradales. Ambos tienen prevista otra 'cumbre' a finales de enero, calificada por el lehendakari como “reválida bilateral” para analizar el cumplimiento de los compromisos.

Sin embargo, además de en Seguridad Social, sigue habiendo discrepancias en otros temas. Las fuentes consultadas insisten en que tampoco hay plena sintonía con Salvamento Marítimo, por ejemplo. Inicialmente, se planteó que Euskadi recibiría una compensación económica por sus nuevas atribuciones, pero no medios materiales o humanos. Ahora se está discutiendo si el Estado tiene que traspasar o no embarcaciones. Y son vehículos de un alto coste.

Estos cinco acuerdos, además, en ningún caso cerrarían el capítulo estatutario. El resto de materias asociadas a la Seguridad Social están en el aire, principalmente las pensiones, así como otros asuntos como los paradores de turismo, la matriculación de vehículos y temas de menor calado político y financiero. Igualmente, el PNV ha querido buscar más poder en dos asuntos adicionales, puertos y aeropuertos. En el primero, una materia ya acordada en 1982, se desea la desclasificación como de “interés general” del puerto de Pasaia para que pase a manos autonómicas. Y, en el segundo caso, se desea que las instituciones vascas tengan más influencia en Foronda, Loiu y Hondarribia, de titularidad de Aena pero de imposible transferencia al ser también de “interés general”. Los plazos también se han superado en estos temas y no hay nuevo calendario.

El ala del PNV del Gobierno vasco sostiene que sus socios de coalición, el PSE-EE, comparten exactamente el mismo sentimiento de “malestar” o “desazón” (la palabra textual ha sido 'ezinegona', en euskera) con Pedro Sánchez por el incumplimiento del compromiso para cerrar todas las transferencias pendientes del Estatuto de 1979 en 2025, algo que ya no se va a producir. La portavoz del Ejecutivo de Imanol Pradales y consejera que lidera las conversaciones estatutarias, María Ubarretxena, ha remarcado que los traspasos más relevantes encima de la mesa recaen precisamente en áreas dirigidas por los socialistas, particularmente todo lo relativo a la gestión económica de la Seguridad Social, y que el vicelehendakari y consejero del ramo, Mikel Torres, ha estado muy implicado en el intercambio de papeles.

Fuentes del equipo de Torres indican que “la única inquietud” es por los motivos “técnicos” y no por cuestiones “políticas”, porque ven claro el “compromiso” de ambas partes en que los traspasos se hagan “de la mejor forma posible”. Insisten en que el objetivo es que la Seguridad Social o el Sepe, una vez cedidos, ofrezcan “un servicio igual o mejor al que viene prestándose en la actualidad”.

Este lunes 29 de diciembre iba a celebrarse una comisión mixta para la firma de cinco transferencias, tres de ellas relacionadas ya con la Seguridad Social, aunque no todavía las pensiones. Es la primera vez que esta materia iba a ser gestionada por una comunidad autónoma y, según Ubarretxena, esto ha generado “miedo” de última hora en el Estado. Ha recordado que Sánchez y Pradales, en primera persona, cerraron los primeros acuerdos políticos en julio y que luego, en septiembre, se ampliaron a Sumar, que dirige el área de Trabajo. Esto propició la cesión del Sepe, esto es, de las políticas pasivas o prestaciones y subsidios de paro, aunque ahora se ha visto retrasada.

La consejera Ubarretxena, que en estos meses ha realizado viajes casi semanales a Madrid, ha personalizado en el secretario de Estado Borja Suárez, 'número dos' de la ministra Elma Saiz, el bloqueo repentino de la comisión mixta y las trabas en torno a financiación y personal. Ubarretxena, a preguntas de los periodistas, no ha querido nombrarlo directamente pero ha insistido en que Sánchez tiene que poner “orden” en su casa. “No puede ser que haya secretarios de Estado que manden más que los ministros”, ha repetido sobre este alto cargo socialista.

Y ha añadido también que los vascos cumplen siempre con la palabra dada y en que sería deseable que los españoles también lo hicieran. Y, además, “en letra y en espíritu”. “No ocultamos nuestra sorpresa por cómo se han desencadenado los hechos”, ha apuntado Ubarretxena, que antes de la rueda de prensa había ofrecido también una entrevista en Euskadi Irratia en términos muy similares.

Se da la circunstancia de que las cinco materias que se iban a firmar no cerrarían tampoco todos los asuntos pendientes. En lo tocante a la Seguridad Social, por ejemplo, falta por acordar la parte principal, el traspaso de la gestión de las pensiones. Euskadi, en todo caso, será mero cajero, ya que normativa y cuantías seguirían siendo fijadas por el Estado. Siempre se ha recalcado que la transferencia respetará la denominada 'caja única' para toda España, algo que recoge expresamente el Estatuto.

Y hay otros temas colgando, desde los paradores de turismo hasta la matriculación de vehículos. Ubarretxena, que ahora se tomará unos días de vacaciones tras haber estado intentando cerrar estos temas “hasta el día de Navidad”, asegura que las negociaciones seguirán en marcha. El nuevo horizonte es el 16 de enero, una fecha de consenso para las cinco transferencias iniciales pero para el que el PNV no es especialmente optimista. Para el resto de materias no hay calendario, aunque Pradales y Sánchez tenían comprometido verse a finales de enero a modo de “reválida”, es decir, como un examen para ver qué estaba cerrada y qué no de entre todo lo comprometido.

A Pedro Sánchez se le ha abierto una nueva vía de agua con el PNV. Uno de sus socios más estables desde 2018, el que propició su moción de censura en última instancia, amenaza ya con no apoyar determinadas medidas del Gobierno de España en el Congreso por la “tomadura de pelo” que supone se llegue al final de 2025 sin que se vaya a cumplir el compromiso político de completar todas las transferencias pendientes del Estatuto, que es de 1979.

“No vamos a hacer un Junts, pero vamos a tener que tumbarles algo. Esto no es serio. Esto no puede seguir así”, exponen fuentes muy próximas a Aitor Esteban, actual líder de la formación nacionalista y durante años negociador en Madrid. “Queremos que se haga evidente que esto no está bien”, añaden desde el Gobierno vasco, en el que la parte del PNV de la coalición con los socialistas es la que ha llevado la voz cantante de las negociaciones estatutarias. “Tras el incumplimiento de Sánchez con los traspasos, el PNV tiene las manos libres para votar que no”, ha llegado a decir públicamente, en 'El Diario Vasco', el portavoz parlamentario y 'número tres' del Euzkadi Buru Batzar, Joseba Díez Antxustegi.

El punto de inflexión ha sido la cancelación de la comisión mixta fijada para este lunes, a 48 horas del cambio de calendario, en la que los Gobiernos central y vasco iban a cerrar cinco de los traspasos pendientes, entre ellos los primeros relacionados con la gestión de la Seguridad Social, algo nunca antes gestionado por ninguna comunidad autónoma. Eran cuatro materias acordadas políticamente en una cumbre entre Sánchez y el lehendakari, Imanol Pradales, que se celebró en julio en La Moncloa. Y la quinta, la gestión del Sepe, es decir, los subsidios y prestaciones de paro, se cerró unos meses después, en septiembre, por las mayores dificultades que puso Sumar, que gestiona el área de Trabajo, según denunció en su día el PNV.

Estas cinco transferencias no iban a cerrar el capítulo estatutario porque sigue pendiente definir cómo será la cesión al Gobierno autonómico de la gestión de las pensiones, unos 12.000 millones de euros anuales, así como otros puntos de menor calado político como paradores, la matriculación de vehículos o la realización de exámenes de conducción. Las diputaciones forales desean asumir también los procesos electorales municipales, actualmente organizados por el Estado. Pero sí eran el gesto que el PNV demandada para que el plazo de completar el Estatuto en 2025 no pareciera papel mojado.

En paralelo, el PNV había demandado ampliar la capacidad autonómica en dos materias que no forman parte estrictamente de las transferencias pendientes, puertos y aeropuertos. En el primer caso, el traspaso de las instalaciones que no son de interés general se hizo en 1982, pero los nacionalistas reclaman ahora desclasificar el de Pasaia y que lo controle el Gobierno vasco. En el segundo caso, se explora una fórmula “negocial” para que las instituciones locales ganen capacidad de influencia en las terminales de interés general de Aena, Loiu, Foronda y Hondarribia. Estas conversaciones tampoco están cerradas.

¿De dónde sale el plazo del 31 de diciembre de 2025? En noviembre de 2023, el entonces líder del PNV, Andoni Ortuzar, flanqueado por quien sería su sucesor en el cargo, Esteban, cerró con Sánchez un detallado acuerdo a cambio de apoyar la investidura. En ese papel, en su punto tercero, se aludía a un plazo “improrrogable” de “dos años” para todas las competencias aún pendientes. Desde el principio se asumió que el final de 2025 era el verdadero 'deadline' y desde el comienzo, todavía con Iñigo Urkullu como lehendakari, se iniciaron los trabajos para ir cerrando acuerdos. Y ha habido algunos. Este año, casi cada trimestre ha habido novedades. El 1 de enero de 2025, por ejemplo, Euskadi pasó a gestionar el servicio de Cercanías de Renfe. El 1 de abril ocurrió lo mismo con Costas. Y el 1 de julio con los permisos de trabajo para extranjeros. Por el camino, el Tribunal Supremo paró la cesión de la homologación de títulos académicos obtenidos fuera de la Unión Europea, algo pensado para agilizar la espera, particularmente ante la escasez de médicos.

La cumbre entre Sánchez y Pradales de julio constituyó un hito porque, por vez primera en España, se acordó iniciar la cesión de competencias en materia de Seguridad Social. El Estatuto ya acota que el traspaso no implica la ruptura de la 'caja única' ni potestad alguna para tocar leyes o cuantías, pero sí da a Euskadi plena capacidad para tramitar y pagar prestaciones, incluidas las pensiones. Se trata de un cambio de gran calado para el autogobierno vasco. El presupuesto autonómico actual es de 17.000 millones de euros y solamente las pensiones comportan 12.000 millones.

El proceso se inició gradualmente con acuerdos sobre las prestaciones no contributivas y el seguro escolar, una materia aparentemente menor pero que implica la primera vez que una entidad autonómica relevaría a la Tesorería General de la Seguridad Social en una de sus funciones. Después se acordaron las políticas pasivas de empleo, esto es, las prestaciones del Sepe, el antiguo Inem, que desaparecería 'de facto' de suelo vasco. Todo esto iba a ser firmado el 29 de diciembre, junto con un centro de maquinaria de Barakaldo y las funciones de Salvamento Marítimo. Pero discrepancias en materia de financiación y personal, en definitiva, del modelo de Seguridad Social que se quiere transferir, han echado por tierra a última hora las previsiones.

El Gobierno vasco, cuya consejera María Ubarretxena ha estado viajando regularmente a Madrid en los últimos meses, ha deslizado que hay poderes fácticos del Estado que han echado el freno. Ha insistido en que Euskadi no iba a aceptar “mercancía averiada” o “gato por liebre”, que no iba a firmar nada que no fuera lo comprometido. El lehendakari Pradales ha repetido en varias ocasiones que Sánchez debería poner “orden” en su casa y ser fiel a los compromisos. En los últimos días, ha trasladado a Sánchez en privado la necesidad de zanjar al menos las materias ya acordadas políticamente. El presidente del PNV, Esteban, y la nueva portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, también han participado en los contactos y conversaciones.

“Esto es un incumplimiento flagrante. Nos han tomado el pelo. Esto es muy, muy serio”, insisten desde el PNV. Añaden que, además, Sánchez ha tenido gestos recientes con otros socios, como EH Bildu y su acuerdo para prorrogar el denominado 'escudo social' o con los partidos catalanes. Desde el partido ponen en cuestión, incluso, que la nueva fecha ofrecida para cerrar las cinco transferencias, el 16 de enero, vaya a ser factible dadas las circunstancias. Fuentes del Gobierno vasco indican que, por el momento, no hay nuevas reuniones de negociación previstas, aunque sí indican que “los papeles se están cruzando de continuo”. Después, para finales de enero, estaba prevista una nueva cumbre entre Sánchez y Pradales. El compromiso, de nuevo originado en la investidura de 2023, era de reuniones bilaterales semestrales y, tras la de julio, toca una nueva “reválida”, en definición del lehendakari, para medir el grado de los acuerdos. Hay voces en el PNV que plantean que incluso sería deseable no celebrar la reunión. “Para ir a una bilateral a nada no vamos”, sentencian.

La gran diferencia del PNV con otros socios es que los nacionalistas dependen del PSE-EE en casi todas las instituciones vascas, incluidos el Gobierno y las tres diputaciones. Es más, se da la circunstancia de que la mayoría de traspasos pendientes recaerían en un consejero socialista, Mikel Torres, que dirige la cartera de Economía, Trabajo y Empleo y tiene asignada igualmente la Seguridad Social. “El PNV y la parte del PNV del Gobierno vasco saben que hay voluntad política”, indican fuentes de los socialistas vascos sobre este conflicto de fin de año. El líder del PSE-EE, Eneko Andueza, ha llegado a pedir en las últimas semanas que no se haga un tótem de los plazos cerrados y se apueste por llegar a buenos acuerdos. “Ha habido momentos de más tensión con otras transferencias. Imponerte plazos también tiene sus inconvenientes”, agregan las fuentes consultadas, que insisten en que “habrá acuerdo” más pronto que tarde. “La reunión entre las dos administraciones se ha convocado el 16 de enero. Vamos a ver cuál es el resultado y, en función de eso, si el EBB toma alguna decisión. De momento, vamos a ver cómo va la reválida de enero”, apuntan desde el PSOE, según informa Alberto Ortiz. “Sí, pero lo hacen siempre todo tarde y sin tiempo”, replican desde la parte nacionalista del Gobierno vasco, aunque delegan en “el partido” las posibles consecuencias políticas de mayor nivel.

Y no solamente se trata de transferencias. En las últimas semanas, el PNV ya había marcado también distancias con Sánchez por las investigaciones de corrupción que rodean al PSOE, aunque se da la circunstancia de que buena parte de las adjudicaciones en Navarra a Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso y en la que presuntamente tenía una participación Santos Cerdán, partieron no de los socialistas sino de Geroa Bai, la marca navarra de los nacionalistas. Esteban lleva tiempo vaticinando que habrá elecciones anticipadas en España en 2026 y también ha exhibido su preocupación por los datos que se van conociendo en las diferentes causas abiertas, aunque ha fijado como “línea roja” que se acredite financiación irregular del partido.

El calendario no se va a cumplir una vez más. El compromiso adquirido con el PNV por Pedro Sánchez en 2023 a cambio del apoyo en la última de las investiduras para completar en 2025 todos los puntos pendientes del Estatuto de 1979 no será una realidad. El Gobierno de Imanol Pradales ha anunciado a última hora de este viernes que queda pospuesta, al menos hasta el 16 de enero, la comisión mixta programada para el 29 de diciembre y que iba a servir para rubricar cinco transferencias, incluidas las tres primeras relacionadas con la gestión de la Seguridad Social, las políticas pasivas de empleo (el Sepe y las prestaciones y subsidios de paro), la gestión del seguro escolar y las prestaciones no contributivas del sistema. Además, siguen pendientes de negociación el resto de materias de la Seguridad Social y otros puntos de menor calado político como paradores. “Seguimos negociando”, puntualizan, en todo caso, desde la parte vasca, confiando que el retraso no sea excesivo.

“El Gobierno vasco ha constatado que, a día de hoy, no se dan las condiciones necesarias para celebrar la comisión mixta de transferencias prevista para el próximo lunes, 29 de diciembre, con las debidas garantías. En consecuencia, ambos Gobiernos han acordado posponer la reunión hasta el 16 de enero, con el objetivo de disponer del tiempo necesario para asegurar la materialización íntegra y fiel de los acuerdos políticos alcanzados en la reunión bilateral celebrada el pasado mes de julio. El Gobierno vasco no aceptará traspasos que no se ajusten plenamente a la letra y al espíritu de dichos acuerdos”, han informado fuentes del Ejecutivo de Pradales, que ya venían alertando en los últimos días de las complicaciones.

Desde la parte socialista, Eneko Andueza había pedido no totemizar la fecha del 31 de diciembre. En un comunicado, el Ministerio de Política Territorial ha confirmado el retraso y ha indicado que la nueva fecha “permite disponer del tiempo necesario para avanzar en los acuerdos políticos y cerrarlos con plenas garantías jurídicas y técnicas”. “El Gobierno de España, siendo consciente de la importancia y complejidad de las materias que se están negociando, confía en que el trabajo conjunto tenga un resultado satisfactorio que se pueda certificar en esa cita acordada”, se ha señalado desde el Gobierno central.

Los propios Sánchez y Pradales dieron curso en una reunión en julio a los primeros pasos para la materialización del traspaso de la Seguridad Social, algo nunca antes cedido a una comunidad autónoma. Superadas las reticencias iniciales de Sumar, que lidera las políticas laborales, en septiembre se cerró también lo tocante al Sepe. Todo esto y Salvamento Marítimo y un centro en Barakaldo se iba a rubricar antes de final de año, pero diferencias de última hora en cuanto a financiación y personal han truncado este calendario. Y eso que ambos Gobiernos mantienen reuniones casi continuadas, incluso en este período vacacional.

“Si bien tras la reunión mantenida el pasado lunes entre la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno español, Elma Saiz, se han producido avances, persisten obstáculos técnicos, administrativos y económicos relevantes que impiden cerrar los traspasos en los términos acordados. En concreto, siguen sin resolverse cuestiones fundamentales relativas al sistema de financiación y no existe aún conformidad sobre las valoraciones económicas y de personal en algunos de los traspasos pendientes vinculados a la Seguridad Social”, indican desde el Gobierno vasco. No se oculta que esto es una “contrariedad”, pero desde Vitoria exponen que “tanto el Gobierno vasco como el Gobierno español coinciden en que lo más coherente, serio y responsable es continuar trabajando para cerrar todos los acuerdos con plenas garantías jurídicas, técnicas y políticas, de forma que puedan ser certificados en la próxima comisión mixta de transferencias”.

No hay información sobre el estado de las negociaciones sobre el resto de materias. La más relevante es la Seguridad Social y, en concreto, lo tocante a las pensiones, un gasto de unos 12.000 millones de euros anuales. En paralelo, el PNV ha incorporado nuevas exigencias sobre dos materias que en puridad no constituyen asuntos pendientes del Estatuto de 1979, puertos y aeropuertos, ya que el Estado tiene competencias sobre las infraestructuras de “interés general”. En el primer caso, los nacionalistas abogan por rebajar la categoría de Pasaia para que pase a manos autonómicas como otros puertos de menor entidad; en el segundo caso, se ha creado una subcomisión para buscar una fórmula “negocial” que posibilite que las instituciones vascas tengan participación en la gestión de Loiu, Foronda y Hondarribia, pero sin cambiar la posición del operador estatal Aena.

Las relaciones entre el Gobierno vasco y el central se tensan a medida que se acerca la fecha límite de fin de año para que se completen las cinco transferencias que están pendientes y sobre las que había un compromiso expreso de aprobación. “Estamos muy preocupados porque vemos que en lugar de avanzar, parece que en los últimos días damos pasos para atrás”. “No vamos a aceptar mercancía averiada, ni gato por liebre”, ha señalado la consejera portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, que ha lamentado que haya “secretarios de Estado que mandan más que los ministros”.

Ubarretxena ha señalado que todavía hay margen para llegar a un acuerdo y que esta misma tarde se reunirán con la ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, Elma Sainz, que desde este lunes es nueva portavoz del Gobierno. “Esperemos que esa reunión sirva para poder desbloquear la situación”, ha señalado. Aunque no ha querido adelantar cuáles son los puntos de roces entre ambas administraciones, ha insistido en que “hay secretarios de Estado que mandan más que los ministros, o que no toman en consideración los acuerdos políticos que ya hay sobre la mesa rubricados y los acuerdos políticos que hay entre los dos gobiernos y que hay que cumplir”. “Aún tenemos tiempo”, ha señalado, aunque ha reiterado que hay mucha preocuación.

Ubarretxena a señalado incluso ha señalado la posibilidad de que la reunión del día 29 para firmar las cinco transferencias no llegue a celebrarse. “Ante un mal traspaso, preferimos que no haya traspaso”, ha remarcado.“no vamos a aceptar ni mercancía averiada ni que nos dé gato por liebre”.

En la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias del día 29 está previsto que se firmen los traspasos de salvamento marítimo, el centro de verificación de maquinaria de Barakaldo, seguro escolar, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y las prestaciones de desempleo.

Por segunda vez en pocos meses, la consejera María Ubarretxena, del PNV y responsable de las políticas de transparencia en el Gobierno de Imanol Pradales, ha insistido en poner en foco en las aparentes 'puertas giratorias' de EH Bildu para contrarrestar las denuncias de “amiguismo” de la formación abertzale por las recientes noticias de Andoni Ortuzar, expresidente nacionalista fichado por Movistar Plus, o de Unai Rementeria, exdiputado general de Bizkaia que ha asumido ya la presidencia de la BBK. “No tiene un pase que nos den lecciones desde su pretendida superioridad moral”, la ha contestado Ubarretxena a la parlamentaria soberanista Eraitz Sáez de Egilaz, que ha llevado a la sesión de control del Parlamento esos movimientos.

Sáez de Egilaz ha limitado a Movistar Plus, BBK y los casos de las exconsejeras Arantxa Tapia en KPMG y CSP Iberian y Gotzone Sagardui en Vithas su lista de reproches porque, si continuara leyendo 'puertas giratorias', ha ironizado, provocaría “mareos”. Ha asegurado que estas incorporaciones no se deben a su capacitación profesional sino a su potencial “influencia”. Ha recordado también un documento interno del PNV de la etapa de Ortuzar en la que apelaba a “contrarrestar” cierta imagen de “amiguismo” y ha destacado que es ahora él mismo el que se ha sumado a lo contrario. Ha llegado a hablar de “red clientelar” y ha indicado que el PNV, con tal de colocar a sus “amigos”, llega incluso a pactar con el PP.

Ubarretxena se ha dicho sorprendida por la pregunta, porque en los plenos de control se cuestiona sobre la actividad del Ejecutivo. De hecho, ha llegado a decir que sacar a relucir esos temas es como si se le cuestionara por el color de los escaños. Sin embargo, ha ido perfectamente pertrechada para intentar dar la vuelta a la crítica y, leyendo sus notas en una tableta, ha acusado de “demagogia” a EH Bildu por criticar al PNV cuando el exparlamentario Julen Arzuaga dejó su escaño para incorporarse a otro puesto o la plaza de asesora en el Parlamento Vasco de la dirigente navarra Arantxa Izurdiaga. También ha subrayado que EH Bildu y PP comparten muchas veces el sentido del voto en las Juntas Generales de Gipuzkoa.