El Gobierno vasco asume que el traspaso completo de la Seguridad Social tampoco llegará este verano

El Gobierno vasco aspira a alcanzar un acuerdo para seguir ganando en capacidades de gestión de la Seguridad Social ya este mismo mes de julio, cuando está previsto que se reúnan el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente, Pedro Sánchez. Sin embargo, todo apunta a que se volverá a posponer el punto más relevante de los pendientes, el traspaso de la capacidad de pago de las pensiones, que en 2025 supusieron un gasto superior a los 13.000 millones de euros, casi tanto como todo el presupuesto autonómico actual.

La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, la comisionada por Pradales para negociar con el Estado las materias pendientes del Estatuto de 1979, se ha desplazado este miércoles a Madrid para mantener varios encuentros de alto nivel. Oficialmente, no ha querido hacer comentarios sobre los avances de las negociaciones. La intención es que “antes de agosto” Pradales y Sánchez celebren una nueva comisión bilateral para sellar los nuevos acuerdos, pero el lehendakari ya ha avisado de que si no hay agua en la piscina ambas partes pueden ahorrarse las molestias.

El traspaso de la Seguridad Social está contemplado en el Estatuto desde 1979. Se trata de una capacidad de gestión acotada, ya que el Estado retendría la potestad legislativa y no se rompería el principio de 'caja única' y solidaridad interterritorial. Así, Euskadi no podría abonar pensiones más elevadas, por ejemplo, más allá de que ofrezca complementos con cargo a sus propios presupuestos. Es un sistema idéntico al de la tramitación del IMV, una prestación estatal cuyo cajero es el Gobierno vasco.

Ya en 2025 se iniciaron los primeros acuerdos, tales como el traspaso de las políticas pasivas de empleo (las prestaciones y subsidios del SEPE, que cederá sus funciones a Lanbide en enero de 2027) o el pequeño pero simbólico acuerdo sobre los seguros escolares, la primera ocasión en que una comunidad autónoma asume funciones de la Tesorería General de la Seguridad Social, un adelanto de lo que luego puede ocurrir con las pensiones. Ahora, están más avanzadas las conversaciones sobre el denominado Fogasa (Fondo de Garantía Salarial) y otros asuntos relativos a las “mutuas colaboradoras, prestaciones por incapacidad temporal o prestaciones familiares contributivas ligadas al nacimiento, los riesgos relaciones y los cuidados familiares”, según ha venido indicando estos días el Ejecutivo.

El PNV apoyó en 2023 la investidura de Sánchez a cambio del compromiso de cerrar todos los temas del Estatuto en 2025. No se cumplió. Sin embargo, el Gobierno de Pradales ha ido aceptando gestos intermedios en enero, en Semana Santa y seguramente ahora también en julio. Las fuentes consultadas dan por hecho de que la pelota se volverá a echar a rodar y que tocará seguir negociando la parte de las pensiones más allá del verano, dada su “complejidad”. La filosofía del Ejecutivo vasco, expresada en términos balompédicos, es que mientras haya un Gobierno en Madrid, sea cual sea su situación y estabilidad, es posible seguir jugando el partido.

De hecho, el PNV siempre ha cuidado de matizar que sus peticiones de elecciones anticipadas por las investigaciones de corrupción que rodean al PSOE y por la inestabilidad política general en España se refieren a 2027 o, al menos, a cuando se constate que no se podrán aprobar los presupuestos de ese año. Eso da más margen a Pradales a seguir arañando los temas pendientes.

El lehendakari, de hecho, quiere también que se concreten compromisos sobre seguridad (sobre el control de armas blancas, por ejemplo) o determinados acuerdos económicos “para que las diputaciones forales cuenten con recursos adicionales para ayudar a personas dependientes, personas mayores, menores o con discapacidad”. Asimismo, el PNV insiste con la competencia portuaria, que ya fue cedida al Gobierno vasco en 1982. Los nacionalistas desean el traspaso del puerto de Pasaia, una infraestructura de “interés general” y, por lo tanto, del Estado. También quieren ganar en capacidad de gestión en Bilbao. No obstante, desde hace años las instituciones vascas ya participan en la designación de los responsables de los puertos del Estado.

La bilateral de Sánchez y Pradales, de poderse hacer, será muy a finales de mes, según el Gobierno vasco. El equipo de Ubarretxena piensa aprovechar esas semanas para seguir yendo a Madrid a verse con secretarios de Estado, directores generales y, si fuere preciso, también con ministros.