Tubos Reunidos ventila en 37 minutos su junta anual de accionistas y sin ninguna referencia a la causa por corrupción

Al filo del plazo legal que obliga a las empresas a celebrar su junta anual de accionistas en el primer semestre del año, la empresa de Amurrio Tubos Reunidos ha completado el trámite este martes, en segunda convocatoria. La reunión, exclusivamente telemática y cerrada a los medios de comunicación por vez primera, ha durado exactamente 37 minutos, no ha habido ni una sola pregunta y ni se ha mencionado el gran elefante, la investigación por corrupción abierta por el juez Santiago Pedraz en torno al rescate de la compañía por parte de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) de 2021, valorado en 112,8 millones de euros.

El CEO de la compañía, Carlos López de las Heras, es de hecho uno de los imputados junto con su predecesor, Francisco Irazusta, y con el directivo recientemente dimitido Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia. Una denuncia de la Fiscalía inició esta causa a finales de 2025 al conocer, por el móvil del empresario guipuzcoano Antton Alonso, que el grupo autodenominado Hirurok, conformado por Alonso con los socialistas Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI, y Leire Díez, pudo haber intermediado con la entidad estatal para facilitar la inyección económica a cambio de un “agradecimiento”, según la expresión del propio Fernández Guerrero. Se sospecha que Fernández Guerrero mantuvo una capacidad de influencia en su antigua entidad que permitió superar obstáculos y no solamente en 2021 sino también cuando tocó renegociar el pago de unos intereses en 2024.

La Guardia Civil, que ha registrado la sede de Amurrio en dos momentos y también en una ocasión las oficinas de Bilbao, estima que la comisión ascendió a unos 250.000 euros y que se pagó de dos modos. El primero, a través de la mercantil instrumental de Alonso en Zaragoza Mediaciones Martínez. El segundo, directamente con pagos a Fernández Guerrero. La compañía no niega la existencia de ese flujo de dinero y, de hecho, la secretaria del consejo de administración y responsable jurídica, Inés Núñez de la Parte, ya ha dado explicaciones como testigo sobre esas facturas a lo largo de la investigación de la trama de Hirurok.

Tubos Reunidos, que está en concurso de acreedores carcomida por las deudas y que ha ejecutado centenares de despidos este 2026, ha enviado ya a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el acta de la junta anual. El documento, datado en Amurrio, indica que las pérdidas en 2025 fueron de 160 millones de euros y que los accionistas han aprobado “la gestión social desarrollada y las actuaciones llevadas a cabo por el consejo de administración de la sociedad durante el ejercicio 2025”