Cuando prohibir una cena significa dejar sin comida a quien no tiene nada

La pasada semana, el alcalde de Donostia abocó al hambre a un colectivo de aproximadamente 300 personas, amparándose en unos informes avalados por tres departamentos. La decisión fue prohibir las llamadas “cenas solidarias” que ha estado organizando el colectivo K.A.S. durante los últimos cinco años y que proporcionaban una única comida caliente al día a personas que, literalmente, no tienen nada.

Y cuando decimos que no tienen nada, significa exactamente eso: no tienen para cenar, no tienen dónde dormir, no tienen padrón y tampoco reciben paguitas ni ayudas económicas. Nada.

Estas cenas han sido posibles gracias al trabajo desinteresado de muchas personas de diferentes grupos sociales. Voluntarias que compran los alimentos con su propio dinero, los cocinan en sus casas con cariño y después llevan las comidas al punto que se les indica. Es voluntariado puro y duro. Una red de solidaridad que lleva cinco años funcionando y que supone coste cero para las arcas públicas.

Quienes impiden este reparto de comida argumentan que estas cenas no están reguladas. Pero cabe preguntarse: ¿cómo se regula el bocadillo, el café o el dinero que una persona entrega a alguien que pide en la puerta de una iglesia, un supermercado o un ambulatorio? ¿Cómo se puede prohibir un gesto tan básico de humanidad cuando no existe una alternativa que garantice que esas personas puedan comer?

La cuestión no debería ser cómo impedir que la sociedad civil ayude, sino cómo garantizar que nadie tenga que depender de la solidaridad para poder llevarse una comida caliente a la boca.

Porque si la Administración decide eliminar la única comida diaria de estas personas sin ofrecer una alternativa¿qué se espera que hagan quienes tienen hambre? Criminalizar al que menos tiene y colocarlo en una situación de necesidad extrema puede terminar empujándolo a robar comida o dinero para comprarla y está no es la solución. Quiero pensar que ese no es el objetivo. También quiero pensar que no se pretende provocar más conflictos o disturbios para después, justificar su criminalización y acoso.

Las cenas del colectivo K.A.S. llevan funcionando diariamente desde hace cinco años. Durante todo este tiempo, la actividad se ha desarrollado con muy pocos incidentes.

¿Qué han habido algunos? Probablemente sí. Como ocurre en cualquier espacio en el que conviven personas y, más especialmente personas que se encuentran en situaciones de enorme vulnerabilidad, de salud mental o desesperación. Pero han sido incidentes mínimos, y no deberían servir para construir un relato que responsabilice de todo al que menos tiene.

Lo que se ve en los ojos de muchas de estas personas es otra realidad: vergüenza, miedo al rechazo, hambre, necesidad y angustia. La mayoría no quiere mendigar, quiere trabajar. Nunca se ve en sus ojos ni odio ni agresividad. Se ve necesidad. Y también se percibe cómo se autorregulan entre ellas para intentar conservar algo tan básico como esa comida caliente diaria.

La organización es prácticamente perfecta. El voluntariado realiza su labor con satisfacción y compromiso. No cuesta dinero a las arcas públicas y los supuestos altercados han sido mínimos.¿Dónde está la alternativa?

Si como Administración no hemos facilitado ni padrón, ni un lugar donde dormir, ni posibilidades reales de acceder a un trabajo, ¿podemos ahora añadir una nueva dificultad y privarles también de una comida al día?, y lo más grave, hacerlo en Donostia, en una ciudad reconocida internacionalmente por su gastronomía que desperdicia toneladas de comida diariamente, resulta paradójico y más difícil de entender.

Si estas personas no tienen acceso a los recursos básicos y, además, se elimina la red ciudadana que durante cinco años ha cubierto una de sus necesidades más elementales, la responsabilidad no puede recaer sobre quienes reciben la ayuda ni sobre quienes voluntariamente la ofrecen. La responsabilidad es de la Administración.

Por supuesto que hay que regular y garantizar la convivencia adecuadas. Pero regular no puede convertirse en prohibir, ni en controlar para expulsar.

Si existe un problema, hay que buscar una solución. Si las cenas necesitan determinadas condiciones, habrá que establecerlas. Y si no pueden realizarse de esa manera, la Administración debe poner en marcha inmediatamente una alternativa adecuada que garantice que esas 300 personas no se queden sin comer. Lo que no debemos hacer es prohibir la solidaridad y no ofrecer alternativa. Es un error.

Tampoco podemos caer en el seguidismo de discursos aporofóbicos y culpabilizadores hacia las personas migrantes. Eso no representa lo que hemos sido siempre: una sociedad solidaria, generosa y humana.

Muchas de estas personas han huido de guerras, de la violencia, de los machetazos, del hambre y de la miseria. Han llegado hasta aquí buscando una oportunidad para vivir y trabajar.

Espero sinceramente que quienes han decidido prohibir este gesto de humanidad nunca tengan que sufrir ni la mitad de las desgracias que muchas de estas personas han tenido que soportar.

Porque, hablamos de algo mucho muy básico, como son las personas que tienen hambre.Y esas personas necesitan una alternativa urgente.