La economía moral del desahucio de Maricarmen

A lo largo de los últimos días, miles de personas se han manifestado en toda España para protestar por el desahucio, ya ejecutado, de Maricarmen. El procedimiento por el que se ha expulsado de su casa a esta mujer de 87 años era completamente legal, pero la percepción de injusticia se ha extendido hasta convertir su caso en todo un símbolo. Como respuesta ante la reacción popular, y ahora también bajo la presión de una acampada en la Puerta del Sol de Madrid, el Gobierno se ha apresurado a negociar una nueva norma para intentar abordar algunos aspectos del problema de la vivienda —aquellos que le permite la aritmética parlamentaria y la urgencia del momento—.

Sin embargo, no todo el mundo está en contra de la ejecución de este desahucio. En los medios conservadores también hemos leído a analistas que se alegraban de que se cumpliera la ley, argumentándose que es más importante proteger el derecho del propietario. Incluso ha habido quien ha responsabilizado a Maricarmen de su situación por haber desperdiciado la “oportunidad” de comprar el piso cuando todavía los precios estaban bajos. Ambas visiones, la de quienes defienden un desahucio legal y quienes se oponen a él, son posiciones antagónicas. Pero el caso de Maricarmen es bastante más que un conflicto entre un casero y un inquilino, ya que forma parte de una tensión histórica que acompaña al capitalismo desde sus orígenes, la que enfrenta las necesidades sociales con la lógica del mercado. Como estamos viendo estos días, esa tensión cristaliza con gran fuerza en la crisis de la vivienda, y nos interpela acerca de tareas pendientes mucho más ambiciosas que un simple Real-Decreto.

La ‘renta antigua’, un instrumento de protección de los inquilinos

Cuando la familia de Maricarmen llegó en 1956 a su vivienda en el barrio madrileño de El Retiro, lo hizo con un contrato que hoy llamamos ‘renta antigua’. Se trata de una modalidad de alquiler que prorroga automáticamente el contrato y que tiene su precio congelado. Lo firmó su padre y, cuando murió, el contrato se subrogó a su madre tal y como permitía la ley, pero al fallecer ella en el año 2005 la ley ya había cambiado y no se permitía una nueva subrogación. Y la propiedad del piso, que pasó de una familia a una sociedad de inversión inmobiliaria, sabía que se trataba de un activo que estaba rindiendo una rentabilidad inferior a la del mercado. En 2020 le ofrecieron comprar su vivienda por 247.000 euros, un dinero que la inquilina no tenía, y ante la negativa vendieron el piso a otra sociedad. La nueva propiedad, la ahora funestamente famosa Urbagestión, exigió actualizar el precio del alquiler desde los 500 € mensuales de la renta antigua hasta los 2.650 €. Como la pensión de Maricarmen era de 1.350 €, la operación resultó ser inviable y los propietarios activaron los procesos legales para echarla de la vivienda. A pesar de la oposición vecinal, al cuarto intento se logró ejecutar el desahucio. Y se levantó la polvareda social.

Lo primero que debemos observar es que el instrumento que había protegido durante casi toda su vida a Maricarmen es la llamada ‘renta antigua’. Aunque desde las posiciones conservadoras se ha insistido en que es un producto del franquismo, esto solo es media verdad. Porque, aunque la ley que ordenó el instrumento es de 1946, el origen de ese tipo de medidas en España se remonta a los debates parlamentarios de 1919-1920. Aquel debate estuvo notablemente influenciado por el clima internacional, ya que desde el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 se habían generalizado en todo el mundo los controles sobre los precios de los alquileres. Y a esas alturas en España el problema del acceso a la vivienda se había convertido ya en un problema de orden público, especialmente en las grandes ciudades como Madrid.

Es interesante leer las sesiones del Congreso durante aquellos debates, porque resuenan muy actuales. El diputado socialista Julián Besteiro habló de que «la demanda de casas, de habitaciones, están reguladas por la especulación, están reguladas por la codicia, están reguladas por el ansia de beneficio de los propietarios» y criticó al ayuntamiento de Madrid por ser «una especie de oficina de encarecimiento de la vida». Por su parte, el republicano Barriobero recordaba que la «vivienda es artículo de primera necesidad» y que «hay que declarar comercio ilícito el de la vivienda».

Hubo una suerte de consenso parlamentario entre liberales, republicanos y socialistas en proteger a comerciantes, industriales y vecinos de la codicia de unos rentistas a los que, como resume el historiador Miguel Artola al estudiar el debate, se les concedía obtener rentas superiores a las de la deuda pública. En la actualidad, por cierto, ese diferencial es cinco veces superior, como vimos en este análisis. El debate condujo a que el gobierno aprobara la prórroga obligatoria en las grandes ciudades y limitara las subidas de precios tomando como referencia los precios preexistentes en 1914. Ahí está el precedente de la ‘renta antigua’, y tanto la II República como el franquismo mantuvieron en lo fundamental tales protecciones a los inquilinos.

La mercantilización y la economía moral

Como sociedad hemos naturalizado la existencia de un mercado inmobiliario, dando por hecho que ha existido siempre en la forma actual, pero, en realidad, se trata de una institución muy reciente. A lo largo de la historia de la humanidad, las clases populares y sufrientes han accedido a una vivienda como parte de otras relaciones sociales o económicas. En el campo, los campesinos pobres se construían sus propias viviendas, los más afortunados accedían a una casa adscrita a la tierra que trabajaban para el señor y otros muchos vivían directamente en las viviendas de estos últimos. En las ciudades, los trabajadores malvivían de alquiler en viviendas patrocinadas por caciques locales, en los talleres de los gremios en los que se formaban y desarrollaban o en nuevas construcciones públicas con rentas normalmente congeladas. La idea de que las personas tienen que acudir al mercado para encontrar un techo, y que el precio es el principal mecanismo para decidir quién puede acceder a él, es una construcción histórica del capitalismo. Como dijo el antropólogo Karl Polanyi, la construcción de la sociedad utópica del mercado autorregulado exigía la separación del ser humano y la tierra, y su nuevo tratamiento como simples mercancías.

Para Polanyi, sin embargo, tanto el trabajo como la tierra eran en realidad mercancías ficticias. Quería decir con eso que eran elementos de la vida que no habían sido producidos para ser vendidos y que, sin embargo, bajo la lógica capitalista se trataban como una mercancía cualquiera. Polanyi argumentaba que la sociedad capitalista era una excepción en la historia de la humanidad, porque había logrado que todos los aspectos de la sociedad quedaran subordinados a la lógica del mercado, es decir, a la dinámica de los precios. La tesis de Polanyi es que había algo antinatural en ese proceso, de modo que cuando se producía una ola “mercantilizadora” sobre la sociedad también se producía un “contramovimiento” que buscaba protección frente a ese avance. Al fin y al cabo, que dimensiones centrales como el trabajo o la vivienda dependieran del mercado significaba elevar el nivel de angustia e incertidumbre en las expectativas de las clases trabajadoras; las cuales, hasta entonces, y al margen de otras privaciones y dificultades, sí contaban con ciertas certezas y seguridades bajo los órdenes sociopolíticos anteriores.

Algo está roto en el sistema, y la gente lo siente. Y hay que recordar que una sociedad entra siempre en crisis cuando la legalidad protege aquello que una parte creciente de la población considera ilegítimo

Como ha mostrado también Sven Beckert, la expansión del capitalismo no consistió simplemente en la aparición de los mercados, sino en la progresiva subordinación de instituciones y relaciones sociales a una lógica de acumulación. Además, cada momento mercantilizador tuvo sus propias resistencias, que se producen porque los valores y principios de los diferentes grupos sociales colisionan con esa lógica. Y cuando la ley se diseña y aprueba para garantizar un orden social mercantilizado, entonces puede surgir una fisura entre la legalidad (determinada por el gobernante) y la legitimidad (ordenada por los valores y moralidad de la población). Ese es el punto en el que nos encontramos al analizar el desahucio de Maricarmen: la resistencia que genera la aplicación de una ley que prioriza el derecho del propietario frente al derecho del inquilino a tener cobijo. O, como diría un viejo amigo, una ley que antepone el valor de cambio sobre el valor de uso.

Esa cesura entre lo legal y lo legítimo fue objeto de estudio del historiador marxista Edward P. Thompson, quien estudió con detalle cómo reaccionaron las clases campesinas a los proyectos de mercantilización de la tierra y del trabajo que los capitalistas ingleses llevaron a cabo en el siglo XVIII. Para Thompson estaba claro que lo que inspiraba los motines y rebeliones de aquellos tiempos no era solo el hambre, sino el deseo de aferrarse a usos y costumbres que estaban siendo destruidos con el avance de la mercantilización y el capitalismo. Como en el caso de los desahucios actuales, los campesinos sabían que la desposesión que estaban sufriendo era legal, pero cuestionaban duramente su legitimidad. Buscaban protección y en ocasiones la encontraban en rasgos paternalistas de los sistemas anteriores, aunque fueran jerárquicos y patriarcales —como acreditó Nancy Fraser—.

Thompson denominó esa visión como «economía moral», es decir, como una forma de entender las relaciones económicas en las que importaba algo más que los precios y la lógica mercantil; se oponía así a la abstracta «economía política», que era lo que defendían quienes apoyaban el avance de la mercantilización. Aunque hay que añadir que ni siquiera los economistas políticos, como Adam Smith, hubieran imaginado hasta dónde hemos llegado con la mercantilización de la vida. En la actualidad, de hecho, la frontera de la mercancía capitalista alcanza incluso al vientre de las mujeres y, en algunas regiones del mundo, incluso a otros órganos básicos. La expansión de la lógica mercantil tiende a extender las relaciones de mercado hacia ámbitos que anteriormente estaban regulados por normas sociales, políticas o comunitarias, lo que genera las fricciones y resistencias que describían Polanyi y Thompson.

Un ingrediente central de esta historia es que todo avance de la mercantilización ha estado inserto en una narrativa sobre la modernización. En la medida que los anclajes de seguridad —a una vivienda o a un trabajo seguro— para las clases trabajadoras se debían a los órdenes feudales o preindustriales, todo el proyecto ilustrado de modernización social consistió en erosionar esos sistemas mediante la mercantilización. Solo cuando se comprobó que los resultados fueron tan brutales que amenazaban el orden público, como ocurrió en Inglaterra con la llegada a las ciudades de oleadas de parias, se reintrodujo la llamada “cuestión social”. Esa cuestión social, por ejemplo, es la que se discutía en 1920 en el debate sobre la codicia de los arrendadores, y la que permitió reintroducir límites a la mercantilización de los diferentes ámbitos de la vida. Pero la existencia de esos límites no impidió que siguiera dominando la idea de que el mercado es el mejor asignador de recursos y que, por tanto, la mercantilización es un signo de modernidad.

Cuando el Partido Socialista desmontó en 1984 las protecciones que la ‘renta antigua’ ofrecía a algunos inquilinos, también hablaba de modernización. Según su interpretación, tal instrumento era un residuo del pasado que lastraba el potencial del desarrollo económico. Y el argumentario añadía que se trataba de leyes franquistas que había que superar, ignorando que, en realidad, eran vestigios de una lucha más antigua relacionada con la cuestión social y el bienestar y tranquilidad de las familias trabajadoras. Las reformas subsiguientes en materia de vivienda privilegiaron este enfoque en el que la capacidad de cualquier persona para acceder a una vivienda está marcada exclusivamente por su poder adquisitivo. La consecuencia inmediata fue una mayor segregación social por barrios, pero también el no tomarse en serio la creación de amplios stocks de vivienda pública y social como sí existen en otros países. Cuando la inflación de activos financieros, el crecimiento económico y el incremento de población se han cruzado al término de la pandemia, el ajuste del mercado ha recaído principalmente entre las clases trabajadoras con menos recursos y más vulnerables. Así, la expulsión de una mujer de 87 años es solo la punta del iceberg de la masiva cantidad de expulsados (y no solo desahuciados) de la vivienda por el mero hecho de no tener suficiente dinero. El valor de cambio por encima del valor de uso.

Conclusiones

Las multitudes que salieron a protestar por el injusto desahucio de Maricarmen son, desde este punto de vista, expresión evidente de la “economía moral” de Thompson. No es necesario, y de hecho es improbable, que los miles de personas que protestaban estuvieran al día de las condiciones jurídicas que para jueces y policías justificaban el desahucio. Tampoco es necesario, y de nuevo improbable, que entre esa masa de personas exista una visión única de cómo debe organizarse la cuestión de la vivienda en España. Lo que sí había, y es lo que realmente se ha expresado en estos días como punta del iceberg de un problema más profundo, es la constatación de que algo está roto en la relación entre la legalidad y la legitimidad y, en concreto, en la función predominante que debe asignarse a la vivienda, si como valor de uso (para vivir) o valor de cambio (para invertir).

Eso significa que lo que tenemos por delante es un debate, sobre todo, moral y político. No es un problema sobre la optimización de recursos o la adecuada aplicación de las leyes existentes, sino de algo inmediatamente anterior: cómo organizamos los recursos a fin de dar protección y seguridad a las familias trabajadoras, especialmente las más vulnerables. Así, el resultado del Real Decreto del próximo martes será una escaramuza en una batalla de largo aliento —tanto que, en España, su precedente documentado es de hace más de cien años—. Algo está roto en el sistema, y la gente lo siente. Y hay que recordar que una sociedad entra siempre en crisis cuando la legalidad protege aquello que una parte creciente de la población considera ilegítimo.