Empadronarse, una carrera de obstáculos para las personas migrantes en Huesca: “Llevo 21 años aquí y no es justo”

El empadronamiento es la primera puerta de acceso a derechos tan básicos como la atención sanitaria, la escolarización o la posibilidad de iniciar un proceso de regularización administrativa. Sin embargo, para muchas personas migrantes continúa siendo uno de los principales obstáculos con los que se encuentran al comenzar una nueva vida. En Huesca, algunas voces se han levantado contra lo que consideran un endurecimiento injustificado de los requisitos para dar este decisivo paso, gestionado por los ayuntamientos locales en línea con los criterios del Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Ley de Bases del Régimen Local.

Una situación con la que se ha encontrado Begoña, nacida en Guinea Ecuatorial y residente en Huesca desde hace 21 años. Cuando trató de realizar este trámite para empadronar a su sobrina, natural del país africano, y al hijo de esta de tres años, desde el Ayuntamiento se le trasladó que era necesaria la autorización del propietario de la vivienda. Ante la negativa, tuvo que recurrir a la ayuda de su vecina y amiga, Concha Muñoz. Previamente, la gestión a través de otro de sus hijos residente en la ciudad también resultó infructuosa.

“Llevo aquí muchos años, estoy al día de todos los pagos y no es justo encontrarme con tantos problemas”, lamenta Begoña, integrante de una comunidad de alrededor de 50 guineanos en la capital oscense de la que fue pionera. Concha Muñoz asegura haber detectado cambios recientes en la tramitación del padrón municipal de Huesca. “Desde hace en torno a un mes, en el Ayuntamiento preguntan y tratan de averiguar, cuando alguien se empadrona, más cosas que antes”, afirma. Según explica, al interesarse por el motivo, una funcionaria le respondió que era “por indicación de la Policía, para tratar de detectar empadronamientos falsos”.

Muñoz sostiene que, si una persona que vive de alquiler quiere empadronar a alguien en su domicilio, “ahora le piden autorización de la persona propietaria para poder empadronarla”. En cambio, relata que ella, como propietaria de una vivienda, pudo empadronar a “una señora procedente de África y a su hijo menor de edad” sin que le solicitaran la escritura. “Me dijeron que tan solo habían consultado el catastro”, señala.

A su juicio, estas comprobaciones pueden tener efectos indeseados. “Creo que esto, con la excusa de las falsificaciones, va a dificultar el empadronamiento”, advierte, y alerta de que ello puede afectar al acceso a derechos como “la escolarización o la asistencia sanitaria”. También cuestiona el papel que, según le trasladaron, desempeña la Policía en este procedimiento. “¿Qué es eso de que la Policía le dice a la funcionaria qué tiene que preguntar? Ya todos son policías”, critica. Además, considera que el endurecimiento de los controles podría resultar contraproducente: “Desde mi punto de vista, esto todavía favorece más las falsificaciones”.

Así lo señalan también integrantes de la plataforma Bienvenidos Refugiados, que reclaman al Ayuntamiento que facilite este trámite y vuelva a convocar la Mesa del Refugiado, inactiva desde hace casi tres años. La portavoz de la plataforma, Montse Olivo, subraya que “ninguna persona es ilegal” y defiende que el padrón constituye “el primer paso” para que cualquier persona pueda ejercer sus derechos. “Si tú no estás empadronado, no consta que estás viviendo aquí, en la ciudad o en el pueblo donde sea”, explicó durante una entrevista concedida a Radio Huesca.

Olivo denuncia que uno de los problemas más frecuentes afecta a quienes viven de alquiler en habitaciones. “Esas personas están pagando un alquiler y tienen derecho a empadronarse. Vamos a ser honestos y hacer las cosas bien”, reclama. Estas trabas burocráticas y las exigencias que a menudo se dan en las oficinas municipales chocan frontalmente con el marco regulatorio español, unificado por la Resolución de 29 de abril de 2020 de la Subsecretaría de la Presidencia.

La normativa del INE

Esta normativa estatal, que dicta las instrucciones técnicas de obligado cumplimiento para todos los ayuntamientos, establece que el padrón es un registro meramente fáctico y no un tribunal de legalidad. De este modo, la administración local no tiene competencias para juzgar las condiciones civiles de un contrato o la idoneidad de un inmueble; su única obligación es constatar el hecho objetivo de que el ciudadano reside en ese lugar.

Bajo este amparo legal, la normativa del Instituto Nacional de Estadística (INE) deja claro que para acreditar el derecho de uso de una vivienda en régimen de alquiler es más que suficiente con presentar el contrato de arrendamiento vigente acompañado del último recibo de pago. La ley general no contempla en ningún apartado que el propietario deba aportar una segunda autorización o firma complementaria una vez que ya ha cedido formalmente el uso de la vivienda.

El espíritu garantista de la norma estatal es tal que obliga a los municipios a tramitar el alta incluso en condiciones habitacionales precarias como chabolas, caravanas o cuevas o en situaciones de sinhogarismo, recurriendo a domicilios ficticios coordinados por los servicios sociales. Así, cualquier irregularidad contractual o residencial queda invalidada por ley como pretexto institucional para denegar la inscripción.

El Ayuntamiento de Huesca indica que el servicio de padrón atiende una media de 80 personas presenciales al día y se encuentra inmerso en un proceso de modernización exigido por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el marco del proyecto Padrón Online DPH. A esta circunstancia se suma la reciente entrada en vigor del Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, que modifica el Reglamento de la Ley Orgánica de Extranjería e introduce “nuevos requisitos de acreditación de permanencia ligados al domicilio habitual”, lo que, según el Consistorio, “ha incrementado la afluencia de personas que solicitan trámites relacionados con el padrón”.

El Consistorio enmarca también el refuerzo de las comprobaciones en una investigación comunicada por la Dirección General de la Policía Nacional sobre posibles empadronamientos fraudulentos en la ciudad, un asunto que actualmente se encuentra judicializado mediante diligencias previas. A raíz de esa comunicación, la Secretaría General del Ayuntamiento adoptó medidas para reforzar la verificación de la documentación presentada en las nuevas altas padronales. Paralelamente, trabaja en una instrucción interna destinada a unificar y clarificar los criterios para la tramitación de altas y bajas, con el objetivo de corregir las incidencias y problemas más habituales detectados en la gestión diaria del servicio.

Según explica el Ayuntamiento, una de las situaciones que requiere un seguimiento más exhaustivo es la detección de un número elevado de personas empadronadas en un mismo domicilio o la presencia de residentes sin aparente vinculación entre sí. En muchos casos, sostiene, esta circunstancia obedece a que antiguos inquilinos no han tramitado su baja padronal antes de la llegada de nuevos residentes. En aquellos supuestos en los que existen dudas sobre la situación real de la vivienda, el Consistorio señala que puede considerar oportuno contactar con la propiedad del inmueble para comprobar las condiciones efectivas del arrendamiento.

Con esto, la ley busca dar una alternativa legal a situaciones como la de la sobrina de Begoña: si un ayuntamiento bloquea la inscripción, la persona puede demostrar su arraigo con otros lazos cotidianos. Además, la norma prohíbe exigir documentos duplicados que ya estén en manos de la administración. Paradójicamente, mientras el Real Decreto nació para “atenuar el rigor de la práctica administrativa” y simplificar el camino a los migrantes, la avalancha de solicitudes puede provocar el efecto contrario: el blindaje de las ventanillas con más exigencias.

Desde Bienvenidos Refugiados consideran que el Ayuntamiento debe implicarse para garantizar un derecho que, recuerdan, está reconocido para cualquier persona que resida habitualmente en un municipio, independientemente de su situación administrativa. “Habría que hacer una llamada a las instituciones, en este caso al Ayuntamiento, para que dé el primer paso y facilite el empadronamiento”, insiste Montse Olivo.

La plataforma reclama la reactivación de la Mesa del Refugiado, un órgano de coordinación entre administraciones y entidades sociales que, según denuncia, lleva cerca de tres años sin reunirse. Una coordinación necesaria cuando las personas refugiadas finalizan los programas estatales de acogida desarrollados por entidades como Cruz Roja o Apip-Acam.