El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) recoge este miércoles la salida de Karmele Tubilla como vocal del consejo de administración del puerto de Bilbao en representación del Gobierno vasco. Tubilla dimitió hace ya cuatro meses como alcaldesa de Santurtzi, uno de los municipios de la zona portuaria, por el caso de las oposiciones de la Policía Local. El PNV eligió como nueva regidora a Itziar Carrocera, que es precisamente quien pasa a ocupar ese asiento en el órgano rector de la infraestructura.

El decreto fue firmado por el lehendakari, Imanol Pradales, y por el consejero Mikel Jauregi, el pasado 2 de junio; y el texto indica que “surtirá efectos” desde la “notificación” al presidente de la autoridad portuaria, Iván Jiménez. En la página web del organismo, ahora mismo, sigue figurando Tubilla como uno de los representantes del Gobierno vasco.

Fue en febrero cuando se conoció la marcha de Tubilla. Alegó “razones personales, familiares y políticas”. Añadió, en un comunicado, que estaba siendo “utilizada por el resto de partidos políticos para perjudicar la imagen” del PNV. Sin nombrar directamente el caso de la presunta filtración de las preguntas de la OPE policial dentro de su Gobierno, era evidente que era el asunto que estaba en el trasfondo.

Aunque los puertos de “interés general”, en Euskadi los de Bilbao y Pasaia, son competencia del Estado, las instituciones vascas participan desde hace años en su consejo. En el caso del primero, el presidente Iván Jiménez fue nombrado directamente por el Gobierno vasco, el vicepresidente es el director de Puertos, Koldo Goitia, y entre los vocales está también el viceconsejero Miguel Ángel Páez. Incluso aparece el vicelehendakari, Mikel Torres, aunque en su caso ocupando uno de los asientos del Estado. Igualmente, hay una vocalía elegida directamente por la Diputación de Bizkaia, la que antes ocupaba el propio Pradales antes de ser lehendakari.

El Gobierno vasco cree que la capacidad actual de los vertederos es suficiente y acorde con las previsiones de reducción de vertidos que se establece en el Plan de Prevención y Gestión de Residuos (PPGR) para 2030. Según señala el Ejecutivo, actualmente existe una capacidad de vertido de residuos no peligrosos que asciende a algo más de 4,4 millones de toneladas, cantidad que sale sumando la capacidad de los seis vertederos totalmente operativos, a la que tiene el de Jata, en Lemoiz, y el de Aizmendi en la Mancomunidad de San Marcos. “A día de hoy, con las previsiones de vertido a 2030 y la capacidad remanente actualizada, la capacidad de vertido es suficiente”, indica el departamento de Industria, Transición Económica y Sostenibilidad. Esta capacidad es muy superior a la que se estima en el plan para el año 2025 y 2026, con una reducción del vertido en vertederos hasta las 550.000 tonaladas, con el objetivo de que en 2030 acaben en el vertedero sólo 200.000 toneladas de residuo.

Según la información trasladada por el consejero Mikel Jauregi al Parlamento Vasco a petición de Álvaro Gotxi, del PP, el vertedero de Gardelegi, en Vitoria tiene una capacidad de 1.206.000 toneladas, el vertedero de Zalla, 1.187.681 toneladas y el de Igorre, 1.022.324 toneladas, todos ellos en Bizkaia y los tres con mayor capacidad. El de Artigas tiene 450.000 toneladas de capacidad, Bistibieta, en Lemoa, 211.346 toneladas, Betearte, en Mallabia, 78.430 toneladas. Además, incluye en el listado el vertedero de Jata, en Lemoiz, con 201.600 toneladas de capacidad, y el vertedero de residuos inertes y no peligrosos de Aizmendi, de la Mancomunidad de San Marcos, en Gipuzkoa, con 88.915 toneladas de capacidad. En total, 4.446.296 toneladas de capacidad en lo que se refiere a los residuos no peligrosos. Actualmente, según los datos que maneja el Gobierno vasco, los vertidos se han reducido un 53% respecto al año 2018, y el objetivo es llegar a un 85% en 2030. Este año, coincidiendo con el ecuador del Plan de Prevención y Gestión de Residuos 2030, se está llevando a cabo el seguimiento con datos de cierre de 2025. “A partir de este análisis se elaborará un documento de revisión que revisará la prognosis de vertido y definirá el programa de actuaciones para el periodo 2027-2030”, señala el Ejecutivo.

Por otra parte, el departamento de Industria también considera que llegará al objetivo de revalorizar en 40.000 y 50.000 toneladas al año de las fracciones resto de los procesos de tratamiento de plásticos de residuos de aparatos electro-electrónicos, tal y como se determinaba en el Plan, aunque para ello no se construirá una nueva planta. “La actuación de la Administración se ha orientado hacia las instalaciones ya existentes, evitando la necesidad de construir nuevas plantas específicas, señala el Ejecutivo. En este sentido, afirma que se están tramitando a instancias de los titulares de las instalaciones ya existentes en las que se llevan a cabo operaciones de valorización energética, modificaciones de sus autorizaciones para aumentar la capacidad de valorización energética. ”En caso de que dichas modificaciones sean aprobadas la capacidad total disponible para la valorización energética de residuos plásticos alcanzará las 45.000 toneladas anuales, un rango coherente con las necesidades estimadas en el Plan de Prevención y Gestión de Residuos 2030 para las fracciones resto de estos procesos“.

En relación con la gestión de estos residuos de aparatos eléctrico-electrónicos, señala el Ejecutivo que además de las plantas ya autorizadas con una capacidad total de 62.500 toneladas anuales, se han autorizado varias plantas de valorización con una capacidad de más de 24.000 toneladas anuales que permite separar los plásticos por familias y composición, con el objetivo de destinarlos a reciclaje, conforme a la jerarquía de gestión de residuos. Estas nuevas plantas autorizadas son Imduplast, Recyclig, ubicada en Zalla; Zerkibide, en Llodio, Logiraees en Trápaga; Reciclajes Ugarte, también en Trápaga; Emaus-Koopera UTE, en Vitoria y Ruben Gómez Pérez, en Lemoa.

El Gobierno vasco espera tener antes de que finalice el mes de junio las conclusiones de un estudio para determinar si es rentable o no abordar la construcción de un hidroducto que conecte la red de hidrógeno prevista en Euskadi con Francia a través del gaseoducto de Irún. El Ejecutivo ha encargado a través del Ente Vasco de la Energía (EVE) el estudio a las consultoras Team y Tecnalia, que analizarán si se dan las condiciones técnicas para la construcción del hidroducto analizando el potencial mercado transpirenaico de hidrógeno.

“Una vez se determinen las fechas concretas de desarrollo de la conexión de hidrógeno se abordará la capilarización de la red troncal para dar servicio a aquellos usuarios y consumidores que tengan interés”, señala el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, en una respuesta remitida al Parlamento Vasco.

El estudio pretende analizar si existen argumentos técnicos y económicos sólidos que justifiquen impulsar una conexión transpirenaica de hidrógeno a través de Irún. El hidrógeno verde es una apuesta clara de la estrategia energética del Gobierno vasco, pero de momento es una fuente de energía incipiente y totalmente en fase de desarrollo. Por eso, con este estudio se pretende caracterizar el potencial de producción y consumo de hidrógeno en ambos lados de la frontera, y así evaluar el interés real y la viabilidad de dicha infraestructura. Es decir, se identificará a los actores clave del sector industrial y energético ubicados en la zona de interés y se mostrará la potencial demanda y oferta de hidrógeno, así como se aportará información relevante para la toma de decisiones en cuanto a las conexiones transpirenaicas de hidrógeno con foco en la conexión por Irún.

El Gobierno vasco ha trasladado al Parlamento Vasco que espera tener las conclusiones del estudio ante de que acabe el primer semestre del año en respuesta a una pregunta parlamentaria de PP. Esta infraestructura se enmarca en el proyecto liderado por Enagás que contempla una inversión de 400 millones de euros en suelo vasco y la construcción de 163 kilómetros de tubería. La parlamentaria Muriel Larrea considera que, aunque “la dimensión internacional y la capacidad de exportación son fundamentales para el posicionamiento de Euskadi como hub energético, es imperativo garantizar que esta infraestructura no sea solo una vía de tránsito, sino un motor de competitividad para el tejido industrial local, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes) y las zonas rurales por las que transcurre el trazado”.

Por eso, cuestiona al consejero Jáuregi sobre los “mecanismos de apoyo o cláusulas de fomento se están negociando con Enagás para asegurar que la inversión de 400 millones de euros en Euskadi priorice la contratación de ingenierías, constructoras y proveedores de servicios radicados en el territorio vasco”. También pregunta por las gestiones en Europa para que se considere una conexión prioritaria y se adelanten los plazos, ya que no está previsto esta conexión antes la década de 2040, o las medidas a tomar para que la obra y toda la apuesta por el hidrógeno genere empleo en Euskadi.

Jauregi no da muchos detalles en su respuesta más allá de señalar que se mantienen “conversaciones recurrentemente con los promotores de las diferentes Infraestructuras energéticas donde, entre otras cuestiones, el gobierno refuerza el posicionamiento de la industria vasca en el desarrollo de las mismas” y que el Ejecutivo defiende el valor e interés estratégico de la conexión de la interconexión de hidrógeno por Irún en todos aquellos foros en los que participa en Euskadi, a nivel de Estado y también internacional“. Señala como ejemplo en este sentido, el proyecto europeo Phyrene de colaboración transfronteriza en materia de hidrógeno, en el que participan, entre otras, las regiones francesas de Nouvelle-Aquitaine y Occitanie.

En lo que se refiere al empleo relacionado con el hidrógeno, indica que se están lanzando “diferentes iniciativas de formación y capacitación que se irán reforzando con la penetración del hidrógeno en diferentes ámbitos de actividad. En este sentido, el hidrógeno se ha integrado en la formación reglada de FP mediante nuevas asignaturas y materiales didácticos. Y también se debe remarcar la colaboración entre la viceconsejería de Formación Profesional y el Corredor Vasco del Hidrógeno, asociación público-privada donde participan más de 70 instituciones, empresas y centros tecnológicos de Euskadi”.

La red troncal de distribución de hidrógeno verde, que se presentó el pasado mes de noviembre movilizará en Euskadi entre 350 millones y 400 millones de inversión en su primera fase, y afectará a 50 municipios vascos, uno de cada cinco. En total, serán 163 kilómetros repartidos en dos tramos conectados con el resto del eje de la cornisa cantábrica: el Reocín-Arrigoriaga, con alrededor de 38 km en territorio vasco; y el Arrigoriaga-Haro, con aproximadamente 125 km, que convertirá a Euskadi en un centro neurálgico del mercado del hidrógeno, con un potencial nodo de agregación en la proximidad de Bilbao y Vitoria, donde se agrupan futuros proyectos de producción y consumo, relacionados con el ámbito industrial. En esta primera fase está previsto que arranquen las obras en 2028 y que esté ultimada en 2030, para arrancar después las redes de hidroductos que conectarán con el valle de Ayala y sus industrias, y la conexión de Bergara-Irún y después con Francia, sobre la que se está haciendo ahora este estudio de mercado. En principio, el 80% de la red de hidroaductos en Euskadi discurrirá por el subsuelo de forma paralela a la de los conductos del gas, de Enagás, lo que minimiza el impacto ambiental.

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha considerado que con el concurso de acreedores y el hecho de que se haya empezado a trabajar en la planta de Amurrio tras suspenderse la huelga indefinida se abre “una nueva etapa” para la atracción de inversores en Tubos Reunidos. Y ha adelantado que “hay inversores interesados en poder ayudar”, pero “no propuestas” concretas aún.

El consejero ha comparecido tras el Consejo de Gobierno, casi en el momento en el que representantes de los comités de empresa de Tubos Reunidos de Amurrio y Trápaga, por separado, comparecían en el Parlamento Vasco. El comité de empresa de la planta vizcaína ha señalado que su fábrica es viable en estos momentos y tiene carga de trabajo, por lo que han pedido que se posibilite que haya un inversor específico para Trápaga dentro del proceso concursal, atendiendo a que tienen una situación de partida diferente por el tipo de producto que fabrican.

Jauregi ha reiterado que “la solución” en Tubos Reunidos pasa por “la llegada de un nuevo inversor con un proyecto industrial a futuro” y, para ello, se requieren “dos condiciones” que lleva repitiendo a lo largo de toda la crisis de la empresa. Por un lado, que se logre la quita de la deuda, porque “nadie va a pagar por un piso que tiene la hipoteca cinco veces mayor que el valor real del piso”, y también “la paz social”, ya que “nadie quiere comprar un piso en un vecindario con líos”. En su opinión, el concurso de acreedores “abre la puerta de una manera legal y ordenada a hacer esa reestructuración de la deuda, que antes no se podía hacer porque la Sepi, que es la mayor acreedora de Tubos Reunidos, decía que no podía reducir o hacer una quita en su deuda porque no tenía manera legal de hacerlo”. “Y ahora eso ya está en manos del administrador, ya va a hablar con todos los acreedores y empezar ya a activar la reestructuración de la deuda”, ha recordado.

Además, ha destacado que con la suspensión de la huelga indefinida en Amurrio se ha llegado a una “situación de mayor paz social”. “Celebramos que la gente esté trabajando, porque es importante conseguir que la actividad continúe por dos razones prioritarias en este momento. Una, que se genere suficiente caja para pagar las nóminas de los empleados, que sigamos haciendo suficiente caja, sacando la carga de trabajo adelante y la cartera de trabajo adelante. Y la segunda es para mantener la clientela, porque si los clientes se van a marchar si seguimos en una situación de nueva actividad”, ha apuntado.

Mientras tanto, los representantes del comité de empresa de Trápaga, la planta vizcaina, antigua Productos Tubulares, han pedido ayuda a los partidos políticos para garantizar la continuidad de a planta de Trápaga. Han indicado que la realidad de Tubos Reunidos “marcha a dos velocidades, Amurrio tiene una situación muy compleja, que va a requerir un concurso largo y difícil, mientras que Trápaga es una empresa viable hoy mismo, con capacidad tecnológica y comercial con futuro inmediato”, han indicado. Han asegurado que no quieren “mal para Amurrio, todo lo contrario”, han dicho. Y en este sentido, han considerado que estabilizar el nudo estratégico de Trápaga “servirá de palanca de tracción y dará el oxígeno necesario para consolidar también a Amurrio”. Por eso, han insistido en que “dejar avanzar cuanto antes a la planta de Trápaga es salvar empleo industrial real desde hoy mismo. Tiene carga de trabajo y clientes hoy, y así proteger la cadena de proveedores vascos y darnos margen financiero para buscar una solución para Amurrio. Les pedimos apoyo político y agilidad administrativa para facilitar la llegada de un socio inversor específico para Trápaga”, han señalado.

No obstante, han advertido de que cuentan con carga de trabajo para cuatro meses, pero que son unos pedidos que se pueden perder porque no tienen materia prima, porque no se puede comprar por falta de caja o porque no llega desde Amurrio por la huelga indefinida que se ha extendido desde marzo hasta este lunes. En este sentido, han insistido que se necesita una ayuda “inmediata”.

De forma previa, han comparecido en la comisión de Industria del Parlamento representantes del comité de empresa de Amurrio, que han criticado el “insuficiente papel de las instituciones públicas” hasta ahora para exigir transparencia a la dirección, y fiscalizar el dinero público inyectado a la empresa. Además, han esperado que el concurso permita un cambio de enfoque del ERE que se presentaba como “imprescindible, no ha solucionado nada”. Por eso, aunque han reconocido que el concurso “no es una buena noticia y refleja la gravedad de la situación” han señalado que al mismo tiempo, “abre una nueva fase en la que, por primera vez, debería ser posible una interlocución real, con transparencia, con información completa y con la participación de todas las partes implicadas”. En este punto han enmarcado la suspensión de la huelga indefinida para “hacer ver que la plantilla apuesta de forma clara por facilitar al administrador concursal una solución que no sean ni despidos, ni el cierre de la acería, ni la externalización de la logística”. Respecto a los posibles inversores, han indicado que deberían buscarse entre los accionistas, que han cobrado beneficios mientras se engordaba la deuda. En este punto, se han preguntado si desde la Sepi se sabía que “se ha pagado mucha deuda, pero privada, porque se dice que la pública es impagable, pero la privada, a accionistas como BBVA, sí se ha ido pagando”. Por ello han considerado que estos accionistas son los que deberían ahora reinvertir para salvar la empresa.

El Ente Vasco de la Energía (EVE), sociedad pública del Gobierno vasco, e Iberdrola han encontrado en 24 horas el interés de 51 pequeños inversores para cubrir, mediante la fórmula de “crowdlending”, el 60% de los 3 millones previstos para inyectar financiación al parque eólico de Labraza, en la localidad riojanoalavesa de Oyón. Es la primera instalación de renovables que se inagurará en Euskadi en dos décadas y, además de ofrecer reducciones en la factura eléctrica, los promotores están probando otras formas “innovadoras” de “crear beneficio” para las personas que viven en las localidades afectadas.

“Como experimento o novedad, parece que va bien”, se ha felicitado el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, del PNV, al dar los primeros datos desde la puesta en marcha de la iniciativa este lunes. Ha dado por hecho que el cupo de 3 millones de euros se llenará al haber sido ya reservados 1,8 en poco tiempo y ha explicado que, después, se dará prioridad a los vecinos del entorno directo del parque, los de Labraza, Barriobusto y todo el término de Oyón. Eso sí, está abierto a cualquier persona de la Rioja Alavesa y de toda la provincia de Álava.

Según los promotores, se pueden meter entre 1.000 y 100.000 euros y se prometen rentabilidades del 7%. “La plataforma Fundeen realiza el proceso inversor con rentabilidad garantizada”, se puede leer en la web del organismo público EVE. Este martes hay una reunión informativa en Labastida y las habrá, igualmente, en Oyón y Laguardia.

No sin oposición social y con controversia política en un municipio gobernado por EH Bildu, las obras de Labraza ya han arrancado. Se habla de una inversión total de 59 millones de euros, por lo que la parte de “crowlending” apenas supera el 5%. Por el momento, según el EVE, “se han adjudicado las obras a la firma navarra ECAY, los aerogeneradores a Siemens-Gamesa y la ampliación de la subestación de evacuación a la ingeniería EDS”. Se trata de una planta de 40 MW y supondrá un salto del 26% en la capacidad de generación eólica actual de la comunidad autónoma.

El consejero Jauregi ha explicado que los proyectos en marcha permitirán pasar de una producción renovable actual que apenas supone el 7,9% del 'mix' total a un 15% en cinco años. Eso implica ganar 450 MW con parques eólicos o solares, mas también otros 300 MW en “autoconsumo”. El EVE tiene un presupuesto total de 80 millones de euros. La ley autonómica de 2024 obliga a que Euskadi alcance un 32% de renovables en 2030 y el último dato es del 21,4%. Son dos indicadores diferentes, ya que en el segundo entra también la energía verde importada, no solamente la producida.

El meandro del río Zadorra en Astegieta, un pueblo del municipio de Vitoria, sigue esperando la confección de un proyecto que permita recuperarlo. Hace cuatro décadas y media, en 1981, se modificó su curso para abrir un establecimiento de Eroski, el que fue el primer gran centro comercial de la capital alavesa. Ahora se quiere recuperar el trazado original. Si bien la Agencia Vasca del Agua (URA) ya aprobó en verano del año pasado un plan, no se cuenta por el momento con ningún proyecto constructivo. Dado que hay acuerdos pendientes, no se prevé ninguna actuación ya para este 2026. Y, en cualquier caso, a partir del momento en que se concreten, se requerirá un mínimo de dos años y medio, lo que acercaría la conclusión de la obra a 2030. Se estima que los trabajos supondrán alrededor de cuatro millones de euros.

Los datos proceden de una respuesta de Mikel Jauregi, consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, a una pregunta de la parlamentaria de EH Bildu Amancay Villalba. Se advierte de que “cualquier cronograma estimativo [...] es dependiente por completo de los acuerdos que alcancen el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la entidad comercial que se ubica sobre el antiguo meandro”. “Hay cuestiones administrativas que deben ser resueltas previamente”, se subraya.

¿Cuál es el calendario? Aunque los tiempos son siempre, según se recalca, “estimados”, los plazos mínimos una vez cerrado el papeleo serían los siguientes: medio año para “el conjunto de tareas preliminares previas a la licitación de la redacción del proyecto”, “al menos un año” para “la redacción del proyecto, incluida su licitación y la obtención de las diversas autorizaciones sectoriales” y una “ejecución de las obras” que “no debería superar el año de duración”.

El objetivo del proyecto, en cualquier caso, es “la recuperación del trazado original del meandro del río Zadorra, junto con sus dinámicas naturales y ecosistemas asociados”. “Con la demolición de la edificación existente —recoge la respuesta del consejero— se eliminará una obstrucción al flujo en avenidas”. Se da la circunstancia de que el viejo centro comercial está construido en una de las zonas más críticas cuando hay crecidas por lluvias intensas o aperturas de la presa del embalse de Ullibarri-Gamboa para desaguar los remanentes. En diciembre de 2021, por ejemplo, el entorno del Eroski apareció completamente anegado por la crecida del río tras unas fuertes lluvias. Una vez derruido el centro comercial, se seguirá con “una revegetación del río y de sus márgenes”.

En línea con estrategias europeas, se persigue reducir el riesgo de inundación e impulsar “los servicios ecosistémicos de los tramos de río”, explica Jauregi. “Esta actuación no sólo permitirá recuperar la dinámica fluvial natural del tramo e incrementar el espacio para la expansión natural del río Zadorra, también aumenta su potencial como hábitat para la fauna y la flora y fortalece su conectividad ecológica, lo que repercutirá directamente en una mejoría del estado global (químico y ecológico) de la masa de agua (tramo del río Zadorra desde Alegría hasta Zayas [sic, por 'Bayas']), de manera que posibilitará que este entorno reduzca su vulnerabilidad al cambio climático y mejore su resiliencia a largo plazo”, añade.

La histórica Sprilur, sociedad pública vasca que se constituyó en 1995 para gestionar el suelo industrial, es ahora Azpilur. El cambio va más allá de nombre, ya que la nueva entidad deja de centrarse solo en el suelo o en las infraestructuras industriales para convertirse en un medio propio de la Administración general para desarrollar actividades relacionadas con la promoción, ejecución y gestión de infraestructuras, equipamiento públicos, en el ámbito industrial y económico, pero también en el urbanístico, social y estratégico. Es decir, Sprilur, ahora Azpilur, amplía el radio de acción a todas las infraestructura del Gobierno vasco y de los organismos que dependen de él. Por ejemplo, ha participado del proyecto de cría de lenguados en la antigua central nuclear de Lemoiz.

El proceso de cambio arrancó en 2025, cuando el Consejo de Gobierno aprobó incorporar al patrimonio empresarial de la Administración general la participación que la Spri (Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial) tenía en el capital social de Sprilur, por lo que pasó a ser titular única de las acciones de la sociedad. A partir de ahí, se decidió ampliar sus competencias, un proceso que ha culminado el pasado mes de marzo. Con el cambio se pretende aprovechar la experiencia de Sprilur en la gestión de suelo industrial para aplicarlo a otros ámbitos, y permitir así “homogeneizar los procedimientos de licitación, adjudicación y seguimiento de las obras de construcción, y mejorar la eficiencia de los mismos” para, sobre todo minimizar, los plazos de los proyectos. En dichos proyectos la licitación y seguimiento de las obras será llevada a cabo por Azpilur mediante los encargos de los distintos departamentos, pero la explotación, mantenimiento y gestión de estas infraestructuras seguirán desempeñándose por las direcciones de servicios de los distintos departamentos que lleven a cabo los encargos.

Tras la inscripción de la modificación estatutaria a finales de marzo, que entre otros afecta principalmente a la denominación social, la condición de medio propio y la ampliación comentada del objeto social, el Gobierno vasco espera que Azpilur comience la actividad como medio propio, es decir, que arranque el inicio de la ejecución de encargos de otros departamentos o sociedades, en el segundo semestre de este año, según señala el departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad en respuesta a una pregunta parlamentaria de Amancay Villalba, de EH Bildu.

En estos momentos, el departamento trabaja en la adecuación de los recursos personales tras obtener el informe favorable de la Dirección de Función Pública para el traspaso de cinco plazas vacantes en sociedades participadas, en concreto de Industrialdeak. No obstante, señalan desde el Gobierno que “en base a la carga de trabajo que supongan los encargos recibidos, se trabajará en la nueva contratación de personal, prevista para los próximos años”.

El departamento justifica esta ampliación de competencias en el “bagaje y especialización notables” obtenida por Sprilur en la promoción y gestión del suelo industrial de cara a optimizar el desarrollo de la actividad industrial y económica. “Se ha considerado adecuado el aprovechamiento y aplicación de dicha experiencia a otros ámbitos materiales de actuación en los que la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi tenga competencias y haya de realizar, en ejecución de las mismas, las actuaciones de promoción necesarias para la prestación del correspondiente servicio de interés general que el ordenamiento jurídico le asigna”, señala el departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad. Por ello, “se ha procedido a la ampliación de la actuación promotora del objeto social de la Sociedad extendiéndola a la promoción de otros servicios de interés general propios del ámbito competencial de la Comunidad Autónoma”.

El departamento que dirige Mikel Jauregi, del que seguirá dependiendo Azpilur, considera que el reconocimiento como medio propio personificado de la Administración general y de las entidades de ella dependientes permitirá “ventajas sustantivas de inmediación, agilidad y eficiencia”. “El poder recurrir a una entidad reconocida como medio propio, aporta significativas ventajas a la Administración, puesto que dota de gran agilidad y de control directo a la ejecución de las prestaciones propias de los contratos administrativos. Adicionalmente, el uso de medios propios permite recurrir a entidades especializadas en sus respectivos ámbitos de actuación, lo que, revierte en la calidad y la eficiencia de las prestaciones encargadas”.

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha informado al Parlamento Vasco de que dieciséis instalaciones sujetas a autorización ambiental tienen niveles de cumplimiento “bajos” o “medios-bajos”. La documentación facilitada indica que son Cespa Gestión de Residuos de Zalla, Garbiker, Smurfit Westrock Nervión, Sertego, el vertedero del Ayuntamiento de Getxo, Agotzaina, Química Europea de Resinas, Arenacasting (Metal Smelting), Avícola Arbaraitz, Guivisa, Sidenor Aceros Especiales, Sutra Coating, Castmetal Vitoria, Recubrimientos Ireki, Pretensados del Norte y Olazabal y Huarte. Ha sido EH Bildu, a través del parlamentario Ander Goikoetxea, el que ha solicitado esta información.

Cespa Gestión de Residuos Zalla

El último requerimiento de la Administración a la empresa gestora del vertedero de Zalla (Cespa, ahora llamada Prezero) recoge, entre otros puntos, la “existencia de más de 10.000 metros cuadrados de superficie que no dispone de una cubrición temporal o definitiva” o la no realización de “caracterización básica de todos los residuos admitidos”.

Garbiker

Garbiker, que depende de la Diputación de Bizkaia y es 100% pública, recibió un requerimiento en enero de 2026. Entre las irregularidades señaladas por Medio Ambiente, se aludía a problemas con los olores, a no comunicación de “superaciones” de niveles o a “deficiente mantenimiento” de la canalización de aguas pluviales.

Smurfit Westrock Nervión

Esta instalación en Iurreta, también llamada Smurfit Kappa Nervión, tuvo un requerimiento de la Administración en octubre de 2025. ¿Qué le decía? Se mencionaba un “riesgo de emisión pulverulenta”, ausencia de monitorización en “continuo” de algunas sustancias o que tenían “un residuo peligroso” no autorizado almacenado.

Sertego

Este proyecto, dependiente de Urbaser y ubicado en Araia (Álava), recibió en 2025 un informe que apuntaba a que no existía una “separación clara de los distintos tipos de residuos”, a que se acumulaban “residuos peligrosos” en el exterior y otros no peligrosos pero todos ellos “mezclados” y a otros problemas.

Vertedero del Ayuntamiento de Getxo

Medio Ambiente denunció que “los lixiviados producidos en la planta de compostaje no se recogen en la arqueta ciega debido a que la misma se encuentra cegada de compost” o que había un “deficiente mantenimiento de la balsa de lixiviados y no se han justificado las condiciones de estanqueidad”. El total de incumplimientos llegaba a dieciséis, pero el Ayuntamiento presentó un informe explicando las actuaciones correctoras ya emprendidas.

Agotzaina

Agotzaina, una industria avícola, está en Idiazabal. Dio una respuesta “insuficiente” a algunos requerimientos, según el informe de Medio Ambiente. Por ejemplo, “no se ha presentado el estudio para la implantación de un sistema de recuperación in situ de estiércol para la recuperación de su energía residual”, le afea.

Química Europea de Resinas

Euroresin tiene sede en Oyón. En la documentación enviada al Parlamento no aparecen las anomalías detectadas, pero sí una respuesta de cuatro puntos de la compañía explicando que había tomado medidas correctoras. De ella se deduce, por ejemplo, que se estaban superando valores de diferentes sustancias como benceno, tolueno, estireno, xileno y formaldehído en 2024.

Arenacasting (Metal Smelting)

Arenacasting, de Metal Group, tiene sede en Legutio. Medio Ambiente, en 2024, vio problemas de “existencia de superaciones puntuales de PH, hidrocarburos, amonio y nitrógeno”. La empresa responde que ha realizado un “aumento significativo” de las limpiezas y formado a su personal para evitar estas situaciones de riesgo.

Avícola Arbaraitz

Esta empresa tiene su sede en Egino, en el municipio alavés de Asparrena. En 2024 se produjo una inspección y se hallaron “desviaciones”. Y el Gobierno interpretó que la respuesta a los requerimientos no fue satisfactoria. “Se han producido superaciones en varios de los controles mensuales realizados para los siguientes parámetros: nitrógeno total, DQO5, DBO, fósforo total y aceites y grasas”, detalla Medio Ambiente. Los residuos peligrosos también están “mezclados” y, en algunos casos, “a la intemperie”.

Guivisa

En el caso de Guivisa, fundición de acero con base de operaciones en Basauri, se hizo una visita en 2024 y la respuesta a las exigencias no fue suficiente. Por ello, en un nuevo informe, el Gobierno insistía en que “se observan residuos peligrosos a la intemperie” o en que “no se observa material para la posible recogida de derrames juntos al depósito de gasóleo”.

Sidenor Aceros Especiales

En diciembre de 2025, Sideror recibió un informe de las conclusiones de dos inspecciones previas, de octubre y de noviembre. En ellas aparecieron “desviaciones”. Fueron en total una docena. ¿Qué decían? Se aludía a “emisiones difusas al exterior”, a una “superación significativa” de los caudales vertidos, excesos en las mediciones de zinc, almacenamiento de escorias a la intemperie o a ruidos molestos para el entorno. ¿Y qué respondió la empresa? “Una vez analizadas todas las desviaciones identificadas en su informe, consideramos que la calificación de 'bajo' asignada al cumplimiento de la Autorización Ambiental Integrada en el 2025 no refleja el real cumplimiento normativo de Sidenor ni el desempeño y el esfuerzo ambiental de la fábrica de Basauri. En los dos últimos años, se han realizado inversiones por más de 24 millones de euros”, exponía.

Sutra Coatings

Sutra Coatings está en Eibar y está dedicada a recubrimientos electroloiticos. Su informe negativo recogía asuntos como “funcionamiento deficiente de algunas instalaciones de aspiración de gases y suciedad” o problemas con los residuos peligrosos. Se apunta, además a vertidos de níquel. “No se considera que la superación de algún valor límite de vertido haya podido ocasionar ningún efecto negativo sobre el medio ambiente”, apunta la compañía.

Castmetal Vitoria

Del Grupo Safe Metal, Castmetal de Vitoria tuvo una inspección en septiembre de 2025 que detectó irregularidades como la falta de un registro adecuado de los residuos -algunos “no se etiquetan adecuadamente”- o que se vulneraron las limitaciones de ruido, entre otros. Sobre el tema de los decibelios, la empresa señaló a Medio Ambiente: “Afortunadamente, no contamos con actividad productiva en el vecindario colindante ni con ninguna denuncia al respecto”.

Recubrimientos Ireki

Ireki, de Cunext Group, está en el Valle de Trápaga, en Bizkaia. Su inspección tuvo lugar en junio de 2025. Entre las conclusiones, se mencionaba que “la empresa no tiene instalado ningún sistema de depuración de los gases”, que “algunos residuos no están correctamente etiquetados” o que no se han comunicado las incidencias a Medio Ambiente, como es preceptivo. La compañía ha elaborado un protocolo interno para evitar estas últimas situaciones.

Pretensados del Norte

Pretensados del Norte está en Vitoria. Recibió la inspección en marzo de 2025 y, como no subsanó en tiempo y forma los problemas detectados, recibió en mayo un requerimiento por parte de la Administración. Tampoco lo atendió y tuvo que enviarse una nueva notificación en febrero de 2026. En concreto, el principal punto de fricción era la necesidad de un “plan de acción para la mejora de los niveles de ruido en la instalación”.

Olazabal y Huarte

Esta empresa, una fundición de hierro de Vitoria, fue inspeccionada igualmente en marzo de 2025. La respuesta a las desviaciones planteadas no satisfizo al Gobierno, por lo que le realizó un nuevo requerimiento. ¿Qué ocurría? “Se observan a lo largo de todo el perímetro de la parcela varios puntos en los que existen residuos metálicos a la intemperie y sobre suelo natural” y hay también “material pulverulento a la intemperie sin ninguna protección contra el viento”.

El Gobierno vasco espera cerrar un acuerdo “de forma inminente” con “dos inversores industriales” para generar 400 puestos de trabajo en las antiguas plantas de Guardian y Glavista, ambas en Llodio. Según ha señalado el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, del PNV, el acuerdo supondrá una inversión de entre 80 y 85 millones de euros, pero está pendiente de la firma de “ocho preacuerdos condicionados y vinculantes entre sí”. “O todo se acuerda o no hay acuerdo”, ha indicado. Ha adelantado que los preacuerdos correspondientes al Gobierno vasco y la Diputación Foral de Álava ya están cerrados“ pero ha apelado a la ”responsabilidad de todas las partes para que puedan cerrar sus preacuerdos correspondientes por el bien de Aiaraldea y su futuro industrial“.

La confirmación por parte del Gobierno vasco llega después de que 'El Correo' adelantara que estas empresas posibles socios industriales son el grupo francés Vitro Service France (VSF) y la empresa alicantina Gaviota. El consejero no ha querido confirmar el nombre de las empresas y “ante las filtraciones aparecidas en medios de comunicación sobre esta negociación” ha pedido “prudencia y discreción hasta que se hayan firmado todos los acuerdos que confirmen el cierre de la operación”.

Sin embargo, la alcaldesa de Llodio, Ainize Gastaka, de EH Bildu, sí ha confirmado que “prácticamente desde el cierre de Guardian”, se presentó una propuesta liderada por estas empresas y por el empresario Javier García, antiguo directivo de Guardian y que en 2023 ya hizo una propuesta para Glavista. García, a través de una sociedad denominada Amine y con sede en Bizkaia, sería el socio local que el Gobierno vasco requiere para participar en inversiones industriales.

“De momento es una propuesta industrial que sería para hacer ventanas y hacer la misma labor que se venía haciendo ya en Glavista”, ha señalado la alcaldesa en una entrevista en Radio Euskadi, para precisar a continuación que “los detalles ya se irán conociendo más adelante, porque todavía el acuerdo no está del todo cerrado”.

El Gobierno vasco ha reiterado que lleva “meses avanzando en las negociaciones muy complejas que requieren acuerdos multilaterales con diferentes partes”, por lo que ha insistido en mantener la prudencia hasta que se cierre. El Ejecutivo ha mantenido desde que se cerró Guardian que está negociando la llegada de nuevos inversores. Llegó a asegurar incluso de que había cuatro interesados y que uno de ellos era extranjero, como al parecer será finalmente.

En el caso de los posibles inversores, VSF es uno de los principales fabricantes de vidrio para el sector de la automoción y principal distribuidor en Francia, y la empresa alicantina Gaviota tiene una división especializada en el negocio del vidrio para viviendas, por lo que se mantendrían las actividades de Guardian y Glavista. En el caso del empleo, serían trabajadores nuevos, ya que los empleados de Guardian, que se cerró en abril de 2025, salieron de la empresa mediante un ERE. En el caso de Glavista, que se cerró en 2023, el ERE se judicializó, y se ha confirmado como improcedente por el TSJPV.

El cierre de Glavista, primero, y después de Guardian, supuso un importante impacto en la comarca alavesa de Ayala, que ha seguido sufriendo el impacto de las crisis laborales, con Maderas de Llodio y con Tubos Reunidos, por lo que materializarse el acuerdo sobre las instalaciones de las antiguas fabricantes de vidrio, tiene un importante valor simbólico en un momento en el que el futuro del empleo en la comarca es bastante incierto.

Iñigo Ucín es desde este martes el presidente de la nueva Ayesa vasca, que integra la antigua Ibermática, y que vuelve a tener la sede social en Donostia, casi cuatro años después de su adquisición por la empresa andaluza. El ex de Mondragon, que dejó el cargo en 2024, que aglutina el perfil industrial, bregado en las relaciones empresariales internacionales y arraigado en Gipuzkoa, asume las riendas después de que la venta al consorcio vasco se haya confirmado este mismo martes ante notario, en las condiciones que se acordaron justo a finales de año, casi al filo de Año Nuevo. En paralelo, Jon Ander de las Fuentes deja la presidencia de otra tecnológica vasca, Euskaltel, y salta a Kutxabank.

En el caso de Ayesa, el consorcio vasco -o la cuadrilla vasca, como le gusta denominarlo al consejero Mikel Jauregi- formado por el Gobierno vasco a través de Finkatuz, Indar Kartera -vehículo inversor de Kutxabank-, las fundaciones bancarias BBK y Vital y Teknei, pasan a tener el control de Ayesa Digital por un total de 480 millones de euros. Es casi el triple de los 160 millones que se pagó hace cuatro años por la empresa vasca, pero ahora lo que pasa a tener su sede en Donostia es toda la división tecnológica de Ayesa.

Desde el consorcio comprador han destacado que la operación “representa el inicio de una nueva fase de crecimiento para consolidar a Ayesa Digital como uno de los principales proveedores de servicios digitales en Europa y la apuesta decidida por un sector estratégico de alto crecimiento -el de las soluciones digitales avanzadas-, clave en la transformación, el desarrollo y la competitividad del tejido empresarial”. También han destacado “la estabilidad accionarial” que proporciona el consorcio comprador, lo que consideran que contribuirá al desarrollo del plan estratégico de la compañía, centrado en el crecimiento de la cartera y los servicios para empresas e instituciones, garantizar un servicio de calidad a los clientes, ofrecer estabilidad a la red de proveedores y desarrollar de capacidades en las principales líneas estratégicas, desde la inteligencia artificial, a la ciberseguridad, la automatización de procesos, la gestión de datos y la computación cuántica.

Tras confirmarse la compra, se ha anunciado la incorporación de Iñigo Ucín como presidente no ejecutivo de Ayesa Digital, mientras que Manuel Baraza -hasta ahora director de Operaciones de la empresa, que viene de Ibermática- asume el cargo de CEO de la compañía. Ucín ha subrayado que el de Ayesa Digital “es un proyecto ilusionante y el momento es el adecuado”. “Vienen cambios y nuevas tecnologías y hay que posicionarse rápido. En este contexto, el papel de Ayesa Digital puede ser fundamental. También es importante el soporte con el que se inicia este nuevo proyecto, con todos los socios a una”, entiende.

Por su parte, Baraza ha apuntado que “crecer es la única forma de competir en un mercado tan exigente y estratégico”. “La operación representa el inicio de una nueva etapa que consolidará a Ayesa Digital como un gran líder. La estabilidad accionarial del consorcio contribuirá al desarrollo de nuestro plan estratégico y a incrementar el valor para nuestros clientes. Estoy encantado de la elección de Iñigo como presidente, no solo por su experiencia y conocimiento, sino por la sensibilidad y cultura que tiene en organizaciones donde las personas son lo más importante”, indica.

El consejero de Industria, Mikel Jauregi, ha subrayado que el cierre de la compra de Ayesa Digital es “una buena noticia para Euskadi”, ya que supone el regreso a Euskadi de una empresa “referente a nivel europeo”. Jauregi ha considerado que permitirá “no solamente a crear los trabajos que queremos para nuestras hijas e hijos, sino también a esa transformación digital que nuestra industria necesita”. En este sentido, ha indicado que Ayesa Digital permitirá a las empresas de Euskadi contar con “un socio tecnológico que les pueda ayudar en ese sentido”.

La vuelta de Ucin a la actividad empresarial, poco menos de dos años después de su salida de Mondragon, el gigante de las cooperativas, coincide con otro cambio en la dirección de otra empresa, en este caso Euskaltel. Jon Ander de las Fuentes dejará en breve la presidencia de una firma ya con un capital muy diferente al original para integrarse en el organigrama de Kutxabank. Según ha adelantado 'El Correo' y confirman fuentes cercanas al proceso, De las Fuentes asumirá el cargo de director general de estrategia del banco vasco.

Jon Ander de las Fuentes llegó a Euskaltel hace más de diez años y desde 2024 asumió el cargo de presidente en sustitución de Xabier Iturbe y en colaboración directa con Meinrad Spenger, el CEO de la compañía y máximo responsable de Orange, empresa en la que está integrada. Todavía no está decidido quién asumirá la vacante que dejará De las Fuentes en Euskaltel.

El Gobierno vasco no ha iniciado por el momento un expediente sancionador contra Verter Recycling y sus gestores por el “número elevado de incumplimientos” hallados en el vertedero de Zaldibar durante una inspección de septiembre de 2025. El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, del PNV, explica también que a pesar de la acumulación de problemas “no se pudo constatar que se hubiera producido una situación de riesgo inminente de daño grave al medio ambiente” y que la Agencia Vasca del Agua (URA) tampoco ha detectado “afección alguna” en las regatas y cauces próximos.

A finales de febrero, trascendió un informe sobre las inspecciones realizadas en 2025 en unas instalaciones que se desplomaron en febrero de 2020 causando la muerte de dos operarios, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze, y que después tuvieron que ser estabilizadas y selladas con actuaciones urgentes subsidiarias por parte de la Administración, sin que Verter Recycling haya devuelto el dinero adelantado. Esa documentación oficial constaba que “la falta de mantenimiento de las instalaciones está provocando un deterioro”, y señalaba de nuevo a la antigua empresa gestora, ya quebrada. Se aludía a incidencias con los drenajes, a gases emitidos a la atmósfera y hasta a un camión que llevaba desde 2020 abandonado allí.

Ese informe fue solicitado por EH Bildu en el Parlamento Vasco y ahora, nuevamente, la formación abertzale ha preguntado al consejero Jauregi por las medidas adoptadas. “A fecha de respuesta no se ha abierto ningún expediente sancionador, aunque debe recordarse que, conforme a lo dispuesto en el texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, el plazo de prescripción de las infracciones es de sanciones es de tres años en el caso de las infracciones muy graves, dos años para las graves y seis meses para las leves”, informa el consejero al palrmanetario Ander Goikoetxea. Los informes mencionaban un total de 29 desviaciones.

Jauregi, eso sí, insiste en que no hay problema jurídico en que Verter Recycling ya no exista como tal, ya que sus antiguos administradores siguen siendo responsables por ley. Ahora bien, se asume que la primera notificación fue “intentada sin efecto” y que después se hizo de manera pública por la vía de anuncios en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV). Ahora bien, ni consta que las personas señaladas, entre ellas José Antonio Barinaga y Arrate Bilbao, ya condenados en la vía penal por el homicidio imprudente de Beltrán y Sololuze e imputados en otras dos causas por delitos ambientales y urbanísticos, hayan presentado alegaciones o hecho nada para reparar los problemas en Zaldibar.

Se da la circunstancia de que EH Bildu denunció hace unos días, en la propia zona de Eitzaga, el mal estado de la antigua planta de Verter Recycling e instaron al Ejecutivo a que actúe cuanto antes. “La situación es grave”, dijo desde Zaldibar Goikoetxea, aludiendo precisamente a las 29 desviaciones del informe de 2025.

El Gobierno vasco explorará la repotenciación de instalaciones eólicas ya existentes para aumentar la generación eléctrica hasta 2030. Es una fórmula que se incluye en el mapa de zonas prioritarias para que el Ente Vasco de Energía (EVE) invierta en proyectos eólicos y fotovoltaicos -junto a socios privados- y que se ha aprobado este martes en Consejo de Gobierno. En concreto, se plantea la repotenciación del parque eólico del puerto de Bilbao (Bizkaia) y el de Elgea-Urkilla (entre Álava y Gipuzkoa), como una forma de ganar potencia en un contexto como el vasco en el que la producción propia de energía es muy baja, el 7,9%, y hoy por hoy las nuevas instalaciones no tienen fácil avanzar por las dificultades del terreno y medioambientales.

El Gobierno vasco espera que en el plazo de cinco años se duplique la generación eléctrica renovable hasta los 450 Mw para lo que se destinará una inversión de 80 millones de euros. Es una partida incluida en el paquete de medidas que se anunciaron en el marco del escudo industrial con motivo de la guerra de Irán. Esta inversión se llevará a cabo a través del Ente Vasco de Energía (EVE) junto a socios inversores privados. “Esto junto al incremento de 300 Mw de autoconsumo previsto hasta 2030, supondrá duplicar esta generación eléctrica propia mejorando la ratio del 7,9% al 15%”, ha señalado el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco, Mikel Jauregi.

El Consejo de Gobierno vasco ha aprobado este martes el mapa de zonas de actuación prioritaria del EVE hasta el 2030, identificadas para el despliegue de grandes instalaciones de generación eólica y fotovoltaica en Euskadi, de las que once están ya en tramitaciones o ya existen y se repotenciarán. En concreto figura la repotenciación del parque eólico del eólica del puerto de Bilbao (8Mw), un nuevo proyecto en el puerto de Bilbao (10Mw), la repotenciación de Elgea-Urkila (59Mw), Aramaio/Leintz-Gatzaga (35 Mw). Azaceta (40 Mw) y Labraza (40Mw), en eólicos. En el caso de los solares está Ekienea (108 Mw), Lantaron (50Mw), Vitoria Solar 1, y 2 (35Mw cada uno) y Ekian 3 (24 Mw). El territorio más afectado por las instalaciones posibles es de nuevo Álava. “Las oportunidades surgen donde suren. Eso la gente lo entenderá”, ha señalado Jauregi sobre la posible contestación a estos proyectos.

“En Euskadi tenemos que avanzar en la autonomía energética a través del desarrollo de capacidad de generación de electricidad renovable propia. La autonomía energética es una necesidad estratégica para Europa y Euskadi ante la nueva realidad geopolítica. Queremos fortalecer la autonomía y seguridad energética de Euskadi para que nuestros hogares e industrias sean menos vulnerables a los shocks energéticos externos”, ha señalado el consejero.

La aprobación de este mapa que marca las prioridades del EVE para invertir en estas energías llega cuando sigue sin aprobarse el PTS de Renovables, que sólo tiene una aprobación provisional. Jauregi ha señalado que este plan “avanza”, y ha insistido en que se espera que se apruebe definitivamente a finales de este año, aunque la cartografía utilizada para determinar las zonas prioritarias para la inversión pública es ya la renovada tras las alegaciones presentadas al PTS.

La idea de ese mapa de zonas de actuación es acelerar el trabajo del EVE con potenciales socios industriales para el desarrollo de los proyectos identificados en las zonas de actuación prioritarias hasta el 2030, con los que se va a contactar a partir de ahora. La parte pública que se aportará los próximos cinco años, los 80 millones de euros, se repartirá en los proyectos en los que el máximo de inversión alrededor del 75%, será privado y el 20% público. “Necesitamos avanzar en el desarrollo de capacidad de generación de electricidad eólica y fotovoltaica a todos los niveles. Todo gesto cuenta y es necesario. Empezando por el autoconsumo, también necesitamos hacer una apuesta clara por grandes desarrollos eólicos y fotovoltaicos. Será un despliegue realista y racional. Con impacto local positivo. Más autonomía energética con más renovables en mejores ubicaciones”, ha señalado el consejero. Según ha recordado, en los últimos cinco años, la potencia instalada de autoconsumo en Euskadi se ha incrementado en 186 MW, pasando de los 7 MW del año 2020 a los 193 en el año 2025.“ Esta tendencia ayudará a llegar a alcanzar niveles europeos en autoconsumo antes del año 2030”, ha indicado.

Las condiciones planteadas para establecer estas zonas considera que establecen un despliegue “realista y racional” de las renovables en Euskadi. En primer lugar, la existencia de recurso: sol o viento; la viabilidad ambiental y urbanística; la proximidad a una subestación eléctrica (a menos de 15 kilómetros); y la viabilidad comercial del proyecto. Estos criterios se traducen en tres mapas públicos que guían la actuación del EVE. “De esta manera, el despliegue se concentra donde hay mayor recurso, menor afección, proximidad a la red y existe potencial económico”.

El despliegue de zonas posibles se acota a través de tres mapas: el primero identifica las 'Zonas viables ambiental y urbanísticamente' (con recurso eólico/solar) y en él se muestran las áreas que conforme al PTS de Energías Renovables -que está sin aprobar- y a la planificación territorial y urbanística, presentan baja afección y recurso suficiente de viento o sol. El segundo mapa identifica las 'Zonas viables cercanas a subestaciones', a menos de 15 km. En él se filtran las zonas del Mapa 1 por proximidad a las conexiones a la red eléctrica, garantizando la evacuación de electricidad con menor necesidad de nuevas infraestructuras, ya que la “cercanía a la red mejora la viabilidad y reduce los plazos y las afecciones”. Con estos dos mapas surge el tercero, y ya definitivo en el que se señalan las 'Zonas de actuación prioritaria del EVE hasta 2030'. En él se muestra la “selección final que integra viabilidad ambiental y urbanística, proximidad a la red y viabilidad comercial” y que será el que “orientará la coinversión del EVE y la preparación de proyectos maduros para 2026‑2030, con una programación escalonada y diálogo con las administraciones locales”.

Este modelo de coinversión se está ya desarrollando en proyectos que “actuarán como tractores del nuevo despliegue”. Entre ellos, el Parque Eólico de Labraza (40 MW) y la planta fotovoltaica de Ekienea (108 MW), que será la mayor de Euskadi. “Estos hitos corrigen dos décadas sin nuevos parques eólicos de gran tamaño, el último fue Badaia (50 MW), y dan continuidad a referencias como Ekian (24 MW, 2020) en solar fotovoltaica”, ha recordado Jaúregi. De hecho estos proyectos se destacan en el mapa final de zonas prioritarias para el EVE, entre los que figuran once principales que existen o están en curso. Jauregi ha recordado que “Euskadi parte de una situación en la que la producción eléctrica renovable autóctona representaba el 7,9% del consumo eléctrico en 2024, frente al 46,9% de la media europea. El nuevo enfoque acelera la generación propia para acercar al territorio a estándares continentales. Y lo hace combinando el impulso de las instalaciones de autoconsumo –de tamaño medio y pequeño–, con grandes desarrollos eólicos y fotovoltaicos en los mejores emplazamientos”.

El Ente Vasco de la Energía (EVE), una sociedad pública dependiente del área de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno de Imanol Pradales y que, entre otras labores, gestiona la puesta en marcha de proyectos de renovables, ha abonado 10.800 euros en concepto de “donación” a la fundación de Adecco como compensación por no cumplir con los mínimos marcados por la ley y no tener en su plantilla, de 65 personas, ninguna con discapacidad. El Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) ha dado por bueno este mecanismo.

Los datos sobre esta operación han sido facilitados al Parlamento Vasco por el consejero Mikel Jauregi, de quien cuelga el EVE, en respuesta a una solicitud del representante del PP Álvaro Gotxi, que ahora presentará una iniciativa para conocer si hay más casos como éste. Jauregi confirma que el pago se realizó el 18 de marzo de 2025, es decir, hace un año. Y adjunta una resolución de la directora de Activación Laboral de Lanbide, Maite Martínez Granado, con los detalles de cómo se ha gestionado todo el proceso.

Según la documentación facilitada, el EVE solicitó de Lanbide una “declaración de excepcionalidad” por el no cumplimiento “de la cuota de reserva de empleo” para personas con discapacidad, que ha de ser del 2% en ese tipo de organismos. Los datos, de finales de 2024, hablaban de una plantilla media de 64,58 personas y “cero” cumplían con esos requisitos. Y Lanbide la autorizó a cambio de una aportación dineraria.

Antes, el EVE intentó contratar a través de Lanbide a un responsable de “procesos y control de gestión” con discapacidad, pero se produjo una “imposibilidad de cobertura” por “inexistencia de demandantes de empleo” para el perfil solicitado. Como medida de compensación, se planteó hacer una “donación” a una “fundación” para que desarrolle “actividades de inserción laboral y de creación de empleo de personas con discapacidad”. La norma prevé este tipo de compensaciones siempre que sean de al menos 1,5 veces el indicador IPREM, fijado en 7.200 euros, lo que eleva la cuantía a 10.800. Lanbide ha pedido al EVE que “anualmente” remita una “memoria anual” sobre el “cumplimiento de las medidas alternativas”.

La plantilla de Tubos Reunidos en Amurrio se ha concentrado este miércoles ante las Juntas Generales de Álava, donde los partidos discutían varias mociones sobre la crítica situación de la empresa. El debate partía de una iniciativa presentada por Elkarrekin, pero finalmente se han votado, además de la moción de esta formación, otra de los partidos del Gobierno foral -PNV y PSE-EE- otra de EH Bildu y otra del PP, sin que ninguna haya conseguido votos suficientes para salir adelante. El desencuentro ha llegado entre acusaciones de unos y otros de usar la situación de la empresa y de sus trabajadores para buscar el rédito político, y constituye en cierto modo un espejo del callejón de difícil salida en el que se encuentra la empresa, a la espera de que un milagro en forma de quita de la deuda, permita su viabilidad, al menos en el corto plazo.

El ERE de 301 trabajadores -salvo 27 de Trápaga, la mayoría de la planta de Amurrio- se ha cerrado finalmente con bajas voluntarias, según comunicó la empresa el pasado lunes, pese a que el periodo de consultas se cerró sin acuerdo. Un “cierre en falso”, según los sindicatos que desde el principio han estado a favor de no aceptar las condiciones del ERE -ELA, LAB y ESK-, porque la empresa ofrece a estos trabajadores que se han sumado a las bajas voluntarias unas cantidades de dinero que hoy por hoy no tiene. Estos trabajadores se van prejubilados a los 57 años con un plan de rentas al 70% del salario bruto o en salidas voluntarias con indemnizaciones de 45 días por año trabajado con máximo de dos años, más 1.500 euros adicionales por año de trabajo hasta un máximo de diez años. Es decir, que todo está pendiente de una renegociación de la deuda, por un lado, y de que entre 'dinero fresco' en la empresa, es decir de un inversor.

Allanar el camino del acuerdo social, era el primer paso. Un ERE aplicado en desacuerdo y probablemente judicializado haría imposible pasar a la renegociación de la deuda. Pero no por eso esa renegociación será más fácil, sobre todo porque asciende a 241 millones de euros, y la Sepi es el principal acreedor. Esto supone que para que la banca y el resto de acreedores admitan una negociación, la primera condición es cerrar un acuerdo con Sepi. Y Tubos Reunidos no quiere renegociar la deuda con Sepi. Renegociar supondría alargar el periodo de devolución del préstamo, cuyos intereses seguirían creciendo haciendo más grande la bola de la deuda. En la situación en la que se encuentra la empresa sólo le valdría una quita, y ahí pueden entrar muchos factores al margen de la voluntad política que el Gobierno central dice tener para intentar salvar la situación de la empresa. No parece una tarea fácil.

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, anunció este martes que propondría una fórmula “extraordinaria” que permitiría “abrir una vía legal” para que la Sepi “pueda reestructurar su deuda” en Tubos Reunidos. Una “fórmula extraordinaria” para responder a “situaciones extraordinarias”, señaló, sin que haya transcendido en qué podría consistir esa vía sin que el trato de la sociedad estatal a Tubos Reunidos entrara en colisión con el que han recibido otras empresas que también se beneficiaron de esos préstamos, y que están devolviéndolos o lo han hecho ya. Sepi siempre ha descartado la posibilidad de entrar en quitas, porque podrían entenderse como ayudas de Estado, aunque sí podría renegociar plazos de pagos.

Hay que recordar que Tubos Reunidos recibió 112,8 millones de euros en 2021 concedidos por el Estado a través Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas (FASEE), constituido para apoyar a las empresas más afectadas por la pandemia de COVID-19. Un préstamo que, además, está siendo investigado por la Audiencia Nacional para determinar si el expresidente de Sepi, Fernández Guerrero, que fue asesor de Tubos Reunidos, medió a cambio de dinero para que la empresa recibiera este préstamo.

Según datos de la Sepi del mes de agosto del año pasado, con Tubos Reunidos son veinte empresas las que cuentan con este crédito: Tubos Reunidos, Vicinay -con la que ha pactado una renegociación de la deuda-, Air Europa, Plus Ultra Líneas Aéreas, Duro Felguera, Grupo Airtificial, Grupo Serhs, Reinosa Forgings & Castings, Grupo Losán, Grupo Abades, Técnicas Reunidas, Grupo Abba, Grupo Julià, Grupo Mediterránea, Air Nostrum, Volotea, Vicinay, Isastur, Vivanta, Imasa y Meeting Point. Son ocho las que ya han cancelado su préstamo: Grupo Hotusa, Grupo Soho, Ávoris, Eurodivisas, Wamos, Rugui Steel, Ferroatlántica y Hesperia.

Respecto a la posible ayuda del Gobierno vasco, al margen de renegociar la propia deuda que la empresa mantiene con el Ejecutivo, Jauregi descartó la posibilidad de otorgar un “crédito rápido” a la empresa. “El Gobierno vasco no es el INI [Instituto Nacional de Industria], no tenemos la vocación de hacer este tipo de cosas; nunca la hemos tenido y ahora tampoco vamos a empezar a hacer estas cosas”, indicó. A partir de ahora toca esperar la decisión de Sepi para que la empresa inicie los siguientes pasos de su plan de reestructuración. Mientras, los trabajadores de Amurrio mantienen la huelga indefinida. Quieren que se retire el ERE y que se dé marcha atrás en el cierre de la acería.

El Gobierno de Imanol Pradales ha presentado ya este martes su paquete de medidas extraordinarias “para hacer frente al impacto del conflicto de Oriente Medio”. El titular facilitado por el propio Ejecutivo es que el “escudo industrial” alcanza los 1.047 millones de euros. Sin embargo, no toda la inversión prevista es nueva. El consejero coordinador del plan, el consejero de Industria, Mikel Jauregi, ha realizado una cirugía más fina a instancias de los periodistas y ha enumerado como programas rotundamente nuevos unas iniciativas que suman 257 millones de euros, por ejemplo, y que miran a renovables, movilidad eficiente o ayudas a 'pymes'.

A los 17 días del inicio del ataque de Estados Unidos e Israel en Irán, el Gobierno de PNV y PSE-EE ya tiene una guía. Se inspira en planes similares activados durante la pandemia de la COVID-19 en 2020, la “economía de guerra” que trajo la invasión de Ucrania de 2022 o con la crisis arancelaria de 2025. En la presentación han participado hasta tres consejeros. Además de la portavoz, María Ubarretxena, con Jauregi estaban el vicelehendakari y consejero de Economía, Mikel Torres, de la parte socialista del gabinete, y el responsable de Hacienda, Noël d'Anjou. No era una imagen menor, ya que es una jorndada de huelga general. “Estamos hoy aquí trabajando”, han constatado.

En la presentación, ha habido matices. Si Jauregi ha insistido en los “efectos desde la primera semana” del nuevo escenario global y en la “afección directa” en los “bolsillos” de empresas y familias -quizás con las gasolineras como referencia más clara-, Torres ha rechazado que Euskadi esté en crisis. Todo lo contrario, está creciendo más de lo previsto también en 2026 y con afiliación “de récord” en la Seguridad Social, según ha dicho. “Estamos preocupados, pero no hay que estar alarmados”, ha rebajado Torres, que incluso ha citado un informe del BBVA que apunta en esa misma línea optimista en lo macro.

En lo que sí han coincidido en que “Euskadi se anticipa”, en que se pertrecha con medidas para atender a las demandas que puedan ir surgiendo. Y en que es un plan necesariamente complementario al que apruebe el Gobierno de España. El PNV y Pradales han solicitado ya a Pedro Sánchez medidas como bajar el IVA de la factura eléctrica del 21% al 5% o reducir 'peajes' e impuestos energéticos. El socialista Torres ha asegurado a los periodistas que son posiciones perfectamente compartidas.

Las tablas presentadas llegan a 1.047 millones con programas en cuatro ámbitos, 105 para programas de empleo, 450 de avales para 'pymes', 277 en ayudas a empresas para transformación y diversificación y 215 en “autonomía energética”. Con transparencia, Jauregi ha explicado que no todo es nuevo. Ha indicado que “para las 'pymes'” hay “87 millones” que no se contemplaban ya en los presupuestos de 2026 y que es un 51% más que lo dispuesto en 2025. Igualmente, hay 15 millones en “movilidad eficiente” novedosos -no así los 45 anunciados para “autoconsumo”- y 155 más para “coinversiones” en “grandes proyectos” eólicos o fotovoltaicos o de “hidrógeno verde”.

Según Jauregi, Euskadi presenta “gran dependencia de fuentes energéticas externas” y “el conflicto ha incrementado los precios” de electricidad, gas y petróleo. Toca poner dinero para que la industria “sea menos vulnerable ante los shocks” internacionales, ha explicado.

En cuanto a los avales, los 450 millones anunciados son muy semejantes a los activados justamente en 2025 como “escudo” también, pero en aquel caso por los aranceles impuestos por Donald Trump. El consejero de Hacienda, Noël d'Anjou, ha reconocido que el aprobado ahora es un programa esencialmente “coincidente” con el anterior, aunque ha puesto en valor la celeridad de tenerlo listo en un momento del año tan prematuro. Se trata de dar “buenas condiciones” a las 'pymes, la “columna vertebral” del tejido productivo vasco, para que accedan a financiación en tiempos complejos, ha explicado D'Anjou. 'El Correo' informó en diciembre que el plan anterior movilizó apenas 12 de los 450 millones dispuestos.

¿En qué consisten estos avales? Están gestionados por Elkargi y con el respaldo del Instituto Vasco de Finanzas, ofrecen “hasta un máximo de cinco años con un máximo de dos años de carencia” y ofrecen entre 100.000 y 1.500.000 euros para empresas y 30.000 y 120.000 para autónomos. Las 'pymes' han de tener domicilio social en Euskadi y han de acreditar una “exposición significativa” tanto a Estados Unidos como al “conflicto bélico en Oriente Medio”.

En cuanto a la pata laboral, el vicelehendakari Torres ha selañado la importancia de que el “escudo” llegue también a las “personas trabajadoras”. Ha apuntado a introducir una “discriminación positiva” a posibles afectados por el nuevo contexto en los programas como los 100 millones de fomento a la contratación o los complementos a los ERTE, de hasta 150 euros mensuales para personas con salarios por debajo de los 20.000 euros.

La Agencia Vasca del Agua (URA) ha incoado cuatro expedientes sancionadores a la UTE constructora de uno de los tramos de la 'Y vasca' de alta velocidad que une, precisamente, las tres patas del trazado en 'Y', el denominado 'nudo de Bergara'. Se han acreditado afecciones al medio natural. Las sanciones a la UTE que conforman OHL, Geotúnel, Construcciones Adolfo Sobrino y G&O solamente por los vertidos suman 9.200 euros, según los expedientes entregados al Parlamento Vasco por el consejero Mikel Jauregi, de quien depende URA. Los había solciitado la representante de EH Bildu Amancay Villalba.

Hay tres tipos de problemas. “Los efectos de las obras en el entorno de Angiozar han consistido en afecciones puntuales a la calidad y al estado ecológico de las aguas de la regata, ya revertidas, afecciones a aprovechamientos del entorno (en la Agencia Vasca del Agua consta una única denuncia que ha sido objeto ya de una medida compensatoria) y un cierto aumento de caudal en la regata Angiozar procedente del drenaje del acuífero de Udalaitz, que no supone afecciones. No obstante, URA considera imprescindible que Adif tome medidas para la restitución de este caudal”, resume el consejero Jauregi.

La 'Y vasca', la conexión en alta velocidad de las tres capitales de la comunidad autónoma, inició sus obras en 2006 y, dos décadas después, siguen en ejecución, con mucha indefinición sobre sus conexiones y los plazos de puesta en marcha. Uno de los tramos pendientes es precisamente el 'nudo de Bergara', que conecta los ramales alavés, vizcaíno y guipuzcoano. Son unas obras gestionadas por Adif, el administrador estatal de infraestructuras ferroviarias. Se expone que el trazado no sufrió modificaciones por razón de “protección de las aguas” pero URA, con “competencia plena” en el ámbito de las cuencas internas de la comunidad autónoma, indica que sí las somete a “autorización” para la posible “adopción de medidas preventivas y correctoras” en caso de que los trabajos afecten a “recursos hídricos”.

En el caso específico del túnel de Angiozar del sector Arrasate-Mondragón/Bergara, el proyecto data de 2018 y en 2021 se emitió el dictamen de URA. La Agencia Vasca del Agua “cuenta con una estación de control del estado de las masas de agua en la regata de Angiozar”, aguas abajo de los túneles que se horadan en la zona. Sus datos muestran que entre 2016 y 2025 ha habido dos años en los que “se apreció un cierto descenso en los valores de los indicadores biológicos (macroinvertebrados), que se puede relacionar previsiblemente” con los vertidos de las obras. Fueron 2022 y 2023, pero “en 2024 y 2025 estos indicadores se han recuperado plenamente”, se asegura.

Los cuatro vertidos

Son cuatro vertidos los que han motivado las cuatro sanciones. El primer problema en Angiozar fue el 9 de mayo de 2022, cuando se apreció “turbidez” en la regata “en un tramo de al menos un kilómetro y medio”. Unas semanas después, la constructora admitió que causó vertidos “inadecuados” de aguas residuales al medio natural, “debido a la falta de efectividad química del reactivo (floculante)”, pero insistió en que lo paró en cuanto tuvo conocimiento de ello. Se le impuso una multa de 2.400 euros.

El segundo episodio se dio los días 12 y 14 de mayo de 2023. URA constató afecciones en un tramo de río de dos kilómetros. La empresa alegó que, en el primero de los días, “un episodio de lluvia intensa” generó escorrentías y un súbito aumento del caudal de entrada a su depuradora y, durante tres horas, hicieron un “bypass” por el que hubo “vertido directo” a las aguas. En cuanto al segundo incidente, hubo una “importante avenida” en el interior del túnel de Udalaitz y la depuradora se desbordó y dejó “parte” del caudal “sin tratar”. La multa quedó en 1.800 euros.

Los siguientes vertidos se dieron el 29 de febrero de 2024. En la regata de Lamiategi “se observaron sedimentos acumulados”. Al parecer, diez días antes, entre las 19.20 y las 22.50 horas la depuradora “perdió efectividad” y dejó salir agua turbia, aunque nunca “sin tratar”, según la empresa. La sanción fue, nuevamente, de 1.800 euros.

El último expediente tiene que ver con unos hechos acaecidos el 4 de abril de 2025. Es el episodio más grave, porque fue un vertido de hidrocarburos a las aguas. “Se observó un bidón con restos de 'gasoil' volcado y sin tapa en las inmediaciones de la balsa de decantación del sistema de depuración de aguas de la obra”, se avisa en el expediente. La empresa lo achacó a un “vuelco accidental”, pero admitía que era una zona “no adecuada para el almacenamiento” de hidrocarburos. Se estimó en 7 los litros derramados y los “absorbentes” para evitar su contacto con el medio natural “no se encontraba en buen estado o no estaban bien colocados” y no se pudo parar el daño. La multa subió a 3.200 euros.

Aprovechamientos y caudal

A los vertidos se le suman otros dos tipos de incidencias. Por un lado, están las afecciones generales a aprovechamientos del entorno. Un particular ha denunciado un problema de ese tipo y URA estima que Adif ha realizado un “sondeo” para una nueva toma que le compense. Con todo, la Agencia Vasca del Agua ha pedido explicaciones a Adif y “se está a la espera de la respuesta”. Los inspectores de URA pasaron por la zona a cuenta de este asunto en una ocasión en 2021, seis veces en 2022 y cinco veces en 2023 para analizar este asunto, según los registros oficiales.

No se aclara si este caso es el mismo al relatado por este periódico en 2022. Se trataba del caso de un baserri llamado Goronsarri, que necesitaba desde octubre de 2021 que un camión cisterna le llevara agua al depósito porque los trabajos del AVE habían secado un manantial del que bebía. En ese momento, un informe indicaba que eran una treintena las fuentes de agua desaparecidas por las obras de la 'Y vasca' solamente en Gipuzkoa.

Y, por otro lado, hay un cambio en los caudales. URA entiende que “como consecuencia de la ejecución de las obras” se ha “constatado” que “desde 2022” ha habido un “cierto” incremento del agua que transporta la regata de Angiozar. Se estima en unos 8 litros por segundo de media, alrededor de un 4% más de lo natural hasta entonces. Se deja claro que ese caudal añadido procede de los túneles del ferrocarril en obras y que “está relacionado con un efecto de drenaje del acuífero de Udalaitz”. Adif asegura estar valorando “distintas alternativas” para proceder a reducir ese caudal “externo” y “avanzar en la restitución”.

La empresa china Hithium se lleva a la comunidad foral de Navarra la inversión que el Gobierno vasco anunció para la vasca hace un año. Serán del orden de 400 millones de euros que permitirán crear más de 700 empleos y que colocará a Navarra en el foco mundial de la fabricación de baterías de almacenamiento eléctrico. Este acelerón, semiadelantado en un encuentro de la presidenta navarra con Pedro Sánchez, le ha quitado una inversión que el propio consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, del PNV, anunció hace un año tras firmar un acuerdo de colaboración con la empresa china.  Hithium, “ha elegido Euskadi como cabecera para su implantación en el sur de Europa”, dijo el consejero en el Parlamento Vasco. Se da la circunstancia de que el consejero navarro de Industria es también del PNV, Mikel Irujo.

Los detalles de la inversión los dará este martes, en Pamplona, la presidenta socialista, María Chivite, junto al CEO Jeff Wu, y al propio Irujo. Se da la circunstancia de que a mediodía, en Vitoria, está previsto un encuentro de Chivite con el lehendakari, Imanol Pradales, en el marco de su trabajo compartido en la eurorregión con Nueva Aquitania.

Fuentes del Gobierno vasco han señalado que el “motivo decisivo que ha llevado a Hithium a apostar por Navarra es el margen de ayudas económicas que permite la Unión Europea”. En este sentido, han señalado que la zona que “analiza” la empresa para levantar la fábrica, las antiguas instalaciones de BSH en el municipio de Galar, cerca de Esquíroz y al sur de Pamplona, está considerada como “zona asistida”, por lo que puede beneficiarse de ayudas públicas de hasta un 20% sobre la cantidad de la inversión. “Es más que el 15% que podía ofrecer Euskadi”, han indicado desde el equipo de Jauregi.

Lo cierto es que lo que anunció el consejero en una comparecencia en el Parlamento Vasco en mayo de 2025 era un preacuerdo, un memorando de entendimiento o MoU, como se denomina, con el que se pretenden buscar sinergias para que se puedan llegar a fabricar esas baterías en Euskadi. No hubo plazos, ni inversiones ni proyectos concretos, pero el consejero lo anunció como hecho. “Queremos que los sistemas de almacenamiento para Europa se fabriquen en nuestro país [en referencia a la comunidad autónoma vasca] de la mano de nuestros centros tecnológicos y de nuestra industria”, señaló en su día.

“Se tiraron a la piscina. Anunciaron el paso previo”, han señalado fuentes socialistas. “Era una de las cosas que se han trabajado en China. La presidenta ha ido una vez y el consejero Irujo tres por lo menos. La derecha siempre acusa al PNV de empobrecer Navarra, pero Mikel se ha portado de diez”, agregan estas fuentes sobre las gestiones del compañero de partido de Jauregi. Irujo ya señaló en el mes de noviembre que China, donde se encontraba, podía ser un socio de primer nivel para Navarra en este campo. “Desde 2015, China ha pasado de liderar tres a 57 de las 64 tecnologías críticas como biotecnología, aeroespacial, electrónica, robótica o IA; y como líder dual en transición ecológica y digital, estamos convencidos de que puede ser un socio de primer nivel para Navarra”, indicó. María Chivite y el CEO de la empresa se reunieron este lunes con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, en La Moncloa, para trasladarle la decisión de la empresa china de instalarse en Navarra.

El consejero de Industria de Navarra, Mikel Irujo, ha señalado en la comparecencia posterior que la empresa china ha puesto en valor “el ecosistema de renovables que tiene Navarra”. Y ha señalado respecto al hecho de que se anuncie la inversión el mismo día en que Chivite y Pradales estarán juntos en Vitoria, que es una “casualidad”. “Tenemos una reunión [con Pradales]. En conversaciones más informales hablaremos de esta cuestión. Cada región tienen que hacer su trabajo y Navarra ha hecho muy bien el suyo”. Ha señalado además que el Gobierno navarro “lleva trabajando tiempo con paciencia y profesionalidad” y que el Ejecutivo de la comunidad foral “no hace anuncios si las cosas no están totalmente cerradas”.

Euskadi tendrá que pagar un canon de 476.000 euros anuales por la concesión del uso del dique que se encuentra en los terrenos de la central nuclear de Lemoiz si no llega a un acuerdo con la Demarcación de Costas. El Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad está a la espera de la resolución del recurso que ha planteado a la reclamación del pago de este canon anual por uso de una zona de dominio público marítimo-terrestre. Es una reclamación que llegó poco después de la concesión del uso, que se resolvió hace casi año, el 13 de marzo de 2025. “Con el título concesional del dique -zona de dominio público marítimo-terrestre- se notificó el pago de este canon anual. No estamos de acuerdo, lo hemos recurrido y estamos a la espera de la resolución”, han confirmado desde el Departamento que dirige Mikel Jauregi.

Jauregi se ha referido a este canon en el pleno de control del Parlamento Vasco después de que la parlamentaria de EH Bildu, Amancay Villalba, le preguntara dos veces si el Gobierno vasco lo estaba pagando, ya que no se paga si la concesión se realiza entre administraciones públicas, pero en este caso la concesión del dique se ha hecho a Sprilur, una empresa del perímetro del Gobierno. “No se preocupe por el canon, a nosotros tampoco nos gusta pagar de más y lo estamos trabajando con Madrid”, se ha limitado a señalar el consejero. Villalba ha interpelado al consejero sobre los planes del Ejecutivo para estos terrenos y si finalmente se va a llevar a cabo, y cuándo, el anunciado proyecto para crear un polo de acuicultura que lleva casi nueve años sin progresos, más allá de la propuesta que realizó la entonces consejera del Gobierno de Urkullu, Arantxa Tapia. La intervención del consejero en el Parlamento no ha arrojado ninguna luz sobre el momento en el que podrá materializarse, de qué forma, quiénes serán posibles los inversores o si habrá más proyectos en la zona. Es decir, más o menos, la información sobre el tema se queda en el mismo punto en el que se estaba hace un año, cuando Jauregi respondió por escrito a preguntas parlamentarias sobre el tema. Nada nuevo, salvo la posibilidad de que haya que añadir un coste anual de más de 470.000 euros si no fructifica el recurso sobre el canon.

En lo que sí ha insistido Jauregi es que está “clara la prioridad de consolidar un polo acuícola innovador sostenible y con capacidad real de generar empleo estable en la comarca. No hablamos de una idea vaga, sino de una línea de trabajo contrastada que conecta con la economía azul, con la innovación aplicada y con una visión de futuro para nuestra costa”, ha señalado. Y ha indicado que “esa es la única inversión industrial real en la que este gobierno está trabajando a día de hoy”. No obstante, ha señalado que su liderazgo corresponde al departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca. “Será este departamento el que cuando el proyecto esté técnicamente maduro y pueda presentarse con garantías, lo hará público. No antes, no a medias, no sin las garantías necesarias”, ha señalado.

Ante las recriminaciones de la parlamentaria de EH Bildu sobre la falta de avances en todos estos años, Jauregi ha señalado que el futuro de Lemoiz “no empieza desde cero, hemos recorrido un camino importante, aunque muchas de las tareas realizadas no se vean”. En este sentido, ha señalado que se han tramitado y obtenido la concesión estatal del dique, se han solicitado las licencias municipales necesarias, se han hecho una búsqueda de posibles inversores, se ha avanzado en la regularización registral y se ha iniciado las modificaciones urbanísticas necesarias. “Es un trabajo discreto, pero son pasos decisivos para poder avanzar”.

El consejero ha puntualizado que los terrenos, que están en estos momentos en manos del departamento de Hacienda, y pasarán en breve a Sprilur, se transfirieron ya al Gobierno vasco con la condición de llevar a cabo este proyecto acuícola. Y ha señalado respecto a la posibilidad de hacer más cosas en el terreno que ocupa la fallida central nuclear -que nunca llegó a estar operativa- , que se trata de un espacio “antropizado, lleno de cemento”. “Esta es la principal herencia de ese proyecto: el cemento, que ya existe y no se puede mover. Nuestras estimaciones es que hay ocho millones de metros cúbicos de cemento, y esto es un montón. Espero que usted no nos esté sugiriendo que vamos a extraer todo ese cemento y ponerlo en otro sitio, porque eso sería un disparate medioambiental”, ha señalado.

Amancay Villalba ha recriminado al consejero que no se abra un proceso de escucha a la población para determinar los proyectos a ubicar en estos terrenos como se le reclama desde los ayuntamientos de la zona. Sin embargo, el consejero ha señalado que “se trata de un emplazamiento que está destinado a desarrollar un área de actividad industrial, tal y como queda definido en el Plan Territorial Parcial de Bilbao Metropolitano y las propias normas subsidiarias de Lemoiz. Es decir, que no acabe cualquier uso o destino al amparo de la normativa urbanística actual. Y eso, lógicamente, limita o condiciona cualquier hipotético debate o proceso participativo sobre el destino final de los suelos”. “En el caso de Lemoiz hay que hablar con claridad, escuchar sí, delegar la decisión, no. Porque las instituciones están obligadas a tomar decisiones en el marco de su competencia con criterios técnicos y de interés general”, ha zanjado.

El PNV arrancó al Gobierno central que presidía Mariano Rajoy la cesión al Gobierno vasco de los terrenos en los que se asienta la fallida central de Lemoiz en la negociación presupuestaria de 2017. Ya en ese momento se empezó a hablar del proyecto de la piscifactoría. Sin embargo, la moción de censura contra Rajoy y el cambio del Gobierno demoró hasta 2019 que el Gobierno de Sánchez asumiera como propio ese compromiso y se formalizara la cesión. Un año antes Iberdrola había renunciado a la concesión de los terrenos sobre los que se levanta la central nuclear de su propiedad y el Ministerio de Medio Ambiente había levantado ese mismo año la protección costera sobre esa zona, un paso necesario para poder utilizar estos terrenos y llevar a cabo el proyecto ideado por el centro tecnológico Azti, dependiente del Gobierno vasco. Fue en 2021 –después de la negociación presupuestaria del PNV y el PSOE– cuando los Presupuestos Generales del Estado recogieron la transferencia a Euskadi de los terrenos ocupados por la central nuclear. En 2022 se adscribieron esos terrenos a Sprilur, a falta de la formalización registral. Huy en día sigue sin tenerse un proyecto definido.

La pasada semana fue la diputada de Promoción Económica de Bizkaia, Ainara Basurko, a preguntas del portavoz de EH Bildu en las Juntas Generales, Iker Casanova, la que aseguró que “se está trabajando y avanzando bien en torno fundamentalmente a proyectos empresariales del ámbito de la acuicultura” previstos en los terrenos de la antigua central de Lemoiz. Además, afirmó que continúa en fase de estudio la posibilidad de adoptar otro proyecto industrial, “que en este momento es totalmente confidencial” a petición del propio promotor.

El Gobierno vasco ha tumbado un proyecto para instalar seis parques eólicos en Álava por sus afecciones en el medio ambiente, en especial en las aves y quirópteros. Se trata del proyecto denominado Clúster Eólico Vitoria 30 kV, de una potencia de 29,94 MW, compuesto por seis parques eólicos de un solo aerogenerador de 4,99 MW de potencia unitaria y una torre meteorológica ubicados en los términos municipales alaveses de Elburgo, Alegría-Dulantzi, Iruraiz-Gauna, San Millán y Barrundia. El Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad considera que estas instalaciones, promovidas por la empresa Savanna Power Solar 14, S.L.U, son incompatibles con la existencia en la zona de varias especies de aves y quirópteros “amenazadas y vulnerables a la actividad de los parques eólicos”.

Además de los molinos eólicos, la infraestructura contemplaba una línea de evacuación de la energía eléctrica generada desde el centro de seccionamiento en el término municipal de Barrundia hasta la subestación eléctrica de Vitoria, discurriendo con tramos aéreos y subterráneos por los términos municipales de Barrundia, Elburgo, Arrazua-Ubarrundia y Vitoria.

Según la resolución de impacto medioambiental desfavorable que publica este jueves el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), el emplazamiento donde se proyecta el Clúster Eólico Vitoria ocupa una posición central respecto a numerosos espacios Red Natura 2000, donde deben conservarse aves necrófagas, varias especies de aves sedentarias y migratorias asociadas a las masas forestales circundantes y a los humedales interiores, entre las que se encuentra el milano real y numerosas especies de quirópteros, amenazadas y vulnerables a la actividad de los parques eólicos por el riesgo de accidentes con los aerogeneradores y la línea eléctrica aérea, que suponen una barrera a sus desplazamientos en busca de alimento.

Señala que en el radio de influencia del proyecto existe una elevada frecuencia de uso del espacio por parte del milano real, buitre leonado, aguiluchos cenizo y pálido, tórtola europea e, incluso, del quebrantahuesos y que, además, el área del proyecto “constituye un hábitat potencial para la reproducción, caza y campeo del aguilucho cenizo y del aguilucho pálido,” siendo la zona de mayor interés del Territorio Histórico para ambas especies, las cuales presentan un fuerte declive poblacional en la actualidad y cuyas poblaciones “podrían verse afectadas de forma crítica”. En el caso del alimoche, además de contar con una abundante presencia en el ámbito, a menos de 10 km del área de implantación se localiza un nido, y numerosos puntos de nidificación y un dormidero a menos de 15 k., lo que se une a que por la zona pasan “rutas migratorias de varias especies, entre las que se encuentran ”especies amenazadas como el milano real“, que se encuentra en peligro de extinción.

El Gobierno considera que las medidas propuestas por la empresa para minimizar el impacto sobre aves y quirópteros son “genéricas y poco ajustadas”, limitándose al pintado de aspas de los aerogeneradores, a la instalación de salvapájaros en el tramo aéreo de la línea eléctrica, con el fin de disminuir así el riesgo de colisión con los aerogeneradores y la línea respectivamente, y la realización de un seguimiento de las poblaciones durante la fase de funcionamiento. Por lo que entiende que estas razones “motivan que el proyecto se considere ambientalmente inviable”.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha alertado este lunes sobre los efectos que puede tener el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán sobre la economía vasca, y ha señalado que el Gobierno vasco está monitorizando “las potenciales afecciones” sobre las empresas vascas radicadas en esa zona. Durante su intervención en la inauguración de la Bienal de la Máquina-Herramienta en el BEC de Barakaldo, Pradales ha señalado que “Oriente Medio se adentra en un escenario bélico muy peligroso y de consecuencias impredecibles”.

Pradales ha considerado que “existe riesgo real de que se abra una guerra regional que desemboque en un conflicto híbrido y prolongado en el tiempo” y ha pedido “respeto al derecho internacional, la desescalada y moderación en el uso de la fuerza, y la apertura del diálogo multilateral, en línea con lo planteado por la Unión Europea”. Ha recordado que este conflicto supondrá víctimas, además de “un impacto negativo en la economía global, afectando a los precios de la energía, las relaciones comerciales y las cadenas de suministro global”. “Desde el Gobierno vasco ya estamos monitorizando las potenciales afecciones a nuestra economía y a las empresas vascas radicadas en Oriente Medio para establecer las medidas que sean necesarias”, ha indicado.

Las exportaciones vascas a Oriente Medio ascendieron el pasado año a 1.130 millones de euros y representan el 3,8% del total de las ventas de Euskadi al exterior, mientras que el pasado año se importó por valor de 746 millones de euros de esa región. Además, un total de 42 empresas vascas cuentan con 63 implantaciones en diversos países de esta zona de mundo. En este análisis elaborado por Basque Trade&Investment en base a los datos de Eustat, del que informa Europa Press, se incluyen las relaciones comerciales con Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Irán, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Catar y Yemen.

El lehendakari ha recordado que este escenario bélico se une a otros elementos que generan un momento de “gran complejidad”, como la interrupción de las cadenas de suministro, la competencia china, los costes energéticos, la ralentización en mercados europeos clave o mal momento de la automoción. Pese a “toda esta incertidumbre”, Pradales ha puesto en valor el esfuerzo de las empresas vascas de la máquina-herramienta, cuyos principales exponentes se darán cita esta semana en la Bienal. “Estados Unidos y Alemania fueron los dos principales clientes el año pasado, lo que demuestra que el producto ‘Made in Euskadi’ mantiene su prestigio. Hay un escenario de oportunidad si aprovechamos los vientos de cola de la reindustrialización europea”, ha señalado.

En este sentido, ha destacado la importancia del acuerdo comercial firmado con India, “uno de los países visitantes en esta Bienal, puede suponer también un espaldarazo importante”. No obstante ha señalado Pradales que Europa “debe correr más para recuperar el peso que ha perdido en el sector de máquina herramienta a nivel mundial, reducido en cinco años del 37 al 31%. Urgen medidas de calado para proteger el mercado, favorecer la desburocratización, la I+D+i, y la renovación de equipos productivos”. Ha destacado en este punto las ayudas desde el Gobierno vasco al sector, como el programa ‘Renove Smart Industry’, o que el segundo proyecto transformador del plan de industria se realice a través de la empresa de máquina-herramienta Danobat con 50 millones de inversión y 500 puestos de trabajo para nuevas técnicas de robótica aplicada a la fabricación avanzada.

Pradales ha participado en la inauguración de la Bienal junto al consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi; la diputada foral de Promoción Económica, Ainara Basurko; la alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo; el presidente del clúster AFM, José Pérez Berdud; y el presidente de AIMHE, José Ignacio Ortiz de Urbina; además de los de Pradales y del secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga.

El secretario de Estado de Industria ha subrayado que es “un orgullo para España y Europa lo que se celebra aquí” y ha recordado que el Congreso Nacional de Industria, desarrollado hace “apenas un mes” en Bilbao, tuvo un “récord de participación” y fue “una catarsis industrial donde tenía que ser, en Bilbao, en Euskadi, donde no tenemos que convencer a nadie de que la industria es la manera de progresar”. Mikel Jáuregi, en un discurso en inglés, ha dicho que hay que “hacer nuestro el lema” de la BIEMH de este año, 'Carpe BIEMH': “Significa que tenemos que aprovecharlo al máximo, aprovechar al máximo la industria”. Según ha explicado, Euskadi cuenta con una “fuerte herencia industrial”, con un 40% del PIB relacionado con la misma, y que apuesta por la innovación: “Lo tenemos en nuestro ADN, y veréis ejemplos de ello en los próximos días”. La BIEMH que ocupará los seis pabellones del BEC hasta el próximo viernes, reunirá a 1.503 firmas expositoras de 34 países que presentarán alrededor de 3.350 productos innovadores, más de 350 novedades, 1.542 máquinas y más de 100 robots.