El Gobierno vasco espera cerrar un acuerdo “de forma inminente” con “dos inversores industriales” para generar 400 puestos de trabajo en las antiguas plantas de Guardian y Glavista, ambas en Llodio. Según ha señalado el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, del PNV, el acuerdo supondrá una inversión de entre 80 y 85 millones de euros, pero está pendiente de la firma de “ocho preacuerdos condicionados y vinculantes entre sí”. “O todo se acuerda o no hay acuerdo”, ha indicado. Ha adelantado que los preacuerdos correspondientes al Gobierno vasco y la Diputación Foral de Álava ya están cerrados“ pero ha apelado a la ”responsabilidad de todas las partes para que puedan cerrar sus preacuerdos correspondientes por el bien de Aiaraldea y su futuro industrial“.

La confirmación por parte del Gobierno vasco llega después de que 'El Correo' adelantara que estas empresas posibles socios industriales son el grupo francés Vitro Service France (VSF) y la empresa alicantina Gaviota. El consejero no ha querido confirmar el nombre de las empresas y “ante las filtraciones aparecidas en medios de comunicación sobre esta negociación” ha pedido “prudencia y discreción hasta que se hayan firmado todos los acuerdos que confirmen el cierre de la operación”.

Sin embargo, la alcaldesa de Llodio, Ainize Gastaka, de EH Bildu, sí ha confirmado que “prácticamente desde el cierre de Guardian”, se presentó una propuesta liderada por estas empresas y por el empresario Javier García, antiguo directivo de Guardian y que en 2023 ya hizo una propuesta para Glavista. García, a través de una sociedad denominada Amine y con sede en Bizkaia, sería el socio local que el Gobierno vasco requiere para participar en inversiones industriales.

“De momento es una propuesta industrial que sería para hacer ventanas y hacer la misma labor que se venía haciendo ya en Glavista”, ha señalado la alcaldesa en una entrevista en Radio Euskadi, para precisar a continuación que “los detalles ya se irán conociendo más adelante, porque todavía el acuerdo no está del todo cerrado”.

El Gobierno vasco ha reiterado que lleva “meses avanzando en las negociaciones muy complejas que requieren acuerdos multilaterales con diferentes partes”, por lo que ha insistido en mantener la prudencia hasta que se cierre. El Ejecutivo ha mantenido desde que se cerró Guardian que está negociando la llegada de nuevos inversores. Llegó a asegurar incluso de que había cuatro interesados y que uno de ellos era extranjero, como al parecer será finalmente.

En el caso de los posibles inversores, VSF es uno de los principales fabricantes de vidrio para el sector de la automoción y principal distribuidor en Francia, y la empresa alicantina Gaviota tiene una división especializada en el negocio del vidrio para viviendas, por lo que se mantendrían las actividades de Guardian y Glavista. En el caso del empleo, serían trabajadores nuevos, ya que los empleados de Guardian, que se cerró en abril de 2025, salieron de la empresa mediante un ERE. En el caso de Glavista, que se cerró en 2023, el ERE se judicializó, y se ha confirmado como improcedente por el TSJPV.

El cierre de Glavista, primero, y después de Guardian, supuso un importante impacto en la comarca alavesa de Ayala, que ha seguido sufriendo el impacto de las crisis laborales, con Maderas de Llodio y con Tubos Reunidos, por lo que materializarse el acuerdo sobre las instalaciones de las antiguas fabricantes de vidrio, tiene un importante valor simbólico en un momento en el que el futuro del empleo en la comarca es bastante incierto.

Iñigo Ucín es desde este martes el presidente de la nueva Ayesa vasca, que integra la antigua Ibermática, y que vuelve a tener la sede social en Donostia, casi cuatro años después de su adquisición por la empresa andaluza. El ex de Mondragon, que dejó el cargo en 2024, que aglutina el perfil industrial, bregado en las relaciones empresariales internacionales y arraigado en Gipuzkoa, asume las riendas después de que la venta al consorcio vasco se haya confirmado este mismo martes ante notario, en las condiciones que se acordaron justo a finales de año, casi al filo de Año Nuevo. En paralelo, Jon Ander de las Fuentes deja la presidencia de otra tecnológica vasca, Euskaltel, y salta a Kutxabank.

En el caso de Ayesa, el consorcio vasco -o la cuadrilla vasca, como le gusta denominarlo al consejero Mikel Jauregi- formado por el Gobierno vasco a través de Finkatuz, Indar Kartera -vehículo inversor de Kutxabank-, las fundaciones bancarias BBK y Vital y Teknei, pasan a tener el control de Ayesa Digital por un total de 480 millones de euros. Es casi el triple de los 160 millones que se pagó hace cuatro años por la empresa vasca, pero ahora lo que pasa a tener su sede en Donostia es toda la división tecnológica de Ayesa.

Desde el consorcio comprador han destacado que la operación “representa el inicio de una nueva fase de crecimiento para consolidar a Ayesa Digital como uno de los principales proveedores de servicios digitales en Europa y la apuesta decidida por un sector estratégico de alto crecimiento -el de las soluciones digitales avanzadas-, clave en la transformación, el desarrollo y la competitividad del tejido empresarial”. También han destacado “la estabilidad accionarial” que proporciona el consorcio comprador, lo que consideran que contribuirá al desarrollo del plan estratégico de la compañía, centrado en el crecimiento de la cartera y los servicios para empresas e instituciones, garantizar un servicio de calidad a los clientes, ofrecer estabilidad a la red de proveedores y desarrollar de capacidades en las principales líneas estratégicas, desde la inteligencia artificial, a la ciberseguridad, la automatización de procesos, la gestión de datos y la computación cuántica.

Tras confirmarse la compra, se ha anunciado la incorporación de Iñigo Ucín como presidente no ejecutivo de Ayesa Digital, mientras que Manuel Baraza -hasta ahora director de Operaciones de la empresa, que viene de Ibermática- asume el cargo de CEO de la compañía. Ucín ha subrayado que el de Ayesa Digital “es un proyecto ilusionante y el momento es el adecuado”. “Vienen cambios y nuevas tecnologías y hay que posicionarse rápido. En este contexto, el papel de Ayesa Digital puede ser fundamental. También es importante el soporte con el que se inicia este nuevo proyecto, con todos los socios a una”, entiende.

Por su parte, Baraza ha apuntado que “crecer es la única forma de competir en un mercado tan exigente y estratégico”. “La operación representa el inicio de una nueva etapa que consolidará a Ayesa Digital como un gran líder. La estabilidad accionarial del consorcio contribuirá al desarrollo de nuestro plan estratégico y a incrementar el valor para nuestros clientes. Estoy encantado de la elección de Iñigo como presidente, no solo por su experiencia y conocimiento, sino por la sensibilidad y cultura que tiene en organizaciones donde las personas son lo más importante”, indica.

El consejero de Industria, Mikel Jauregi, ha subrayado que el cierre de la compra de Ayesa Digital es “una buena noticia para Euskadi”, ya que supone el regreso a Euskadi de una empresa “referente a nivel europeo”. Jauregi ha considerado que permitirá “no solamente a crear los trabajos que queremos para nuestras hijas e hijos, sino también a esa transformación digital que nuestra industria necesita”. En este sentido, ha indicado que Ayesa Digital permitirá a las empresas de Euskadi contar con “un socio tecnológico que les pueda ayudar en ese sentido”.

La vuelta de Ucin a la actividad empresarial, poco menos de dos años después de su salida de Mondragon, el gigante de las cooperativas, coincide con otro cambio en la dirección de otra empresa, en este caso Euskaltel. Jon Ander de las Fuentes dejará en breve la presidencia de una firma ya con un capital muy diferente al original para integrarse en el organigrama de Kutxabank. Según ha adelantado 'El Correo' y confirman fuentes cercanas al proceso, De las Fuentes asumirá el cargo de director general de estrategia del banco vasco.

Jon Ander de las Fuentes llegó a Euskaltel hace más de diez años y desde 2024 asumió el cargo de presidente en sustitución de Xabier Iturbe y en colaboración directa con Meinrad Spenger, el CEO de la compañía y máximo responsable de Orange, empresa en la que está integrada. Todavía no está decidido quién asumirá la vacante que dejará De las Fuentes en Euskaltel.

El Gobierno vasco no ha iniciado por el momento un expediente sancionador contra Verter Recycling y sus gestores por el “número elevado de incumplimientos” hallados en el vertedero de Zaldibar durante una inspección de septiembre de 2025. El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, del PNV, explica también que a pesar de la acumulación de problemas “no se pudo constatar que se hubiera producido una situación de riesgo inminente de daño grave al medio ambiente” y que la Agencia Vasca del Agua (URA) tampoco ha detectado “afección alguna” en las regatas y cauces próximos.

A finales de febrero, trascendió un informe sobre las inspecciones realizadas en 2025 en unas instalaciones que se desplomaron en febrero de 2020 causando la muerte de dos operarios, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze, y que después tuvieron que ser estabilizadas y selladas con actuaciones urgentes subsidiarias por parte de la Administración, sin que Verter Recycling haya devuelto el dinero adelantado. Esa documentación oficial constaba que “la falta de mantenimiento de las instalaciones está provocando un deterioro”, y señalaba de nuevo a la antigua empresa gestora, ya quebrada. Se aludía a incidencias con los drenajes, a gases emitidos a la atmósfera y hasta a un camión que llevaba desde 2020 abandonado allí.

Ese informe fue solicitado por EH Bildu en el Parlamento Vasco y ahora, nuevamente, la formación abertzale ha preguntado al consejero Jauregi por las medidas adoptadas. “A fecha de respuesta no se ha abierto ningún expediente sancionador, aunque debe recordarse que, conforme a lo dispuesto en el texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, el plazo de prescripción de las infracciones es de sanciones es de tres años en el caso de las infracciones muy graves, dos años para las graves y seis meses para las leves”, informa el consejero al palrmanetario Ander Goikoetxea. Los informes mencionaban un total de 29 desviaciones.

Jauregi, eso sí, insiste en que no hay problema jurídico en que Verter Recycling ya no exista como tal, ya que sus antiguos administradores siguen siendo responsables por ley. Ahora bien, se asume que la primera notificación fue “intentada sin efecto” y que después se hizo de manera pública por la vía de anuncios en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV). Ahora bien, ni consta que las personas señaladas, entre ellas José Antonio Barinaga y Arrate Bilbao, ya condenados en la vía penal por el homicidio imprudente de Beltrán y Sololuze e imputados en otras dos causas por delitos ambientales y urbanísticos, hayan presentado alegaciones o hecho nada para reparar los problemas en Zaldibar.

Se da la circunstancia de que EH Bildu denunció hace unos días, en la propia zona de Eitzaga, el mal estado de la antigua planta de Verter Recycling e instaron al Ejecutivo a que actúe cuanto antes. “La situación es grave”, dijo desde Zaldibar Goikoetxea, aludiendo precisamente a las 29 desviaciones del informe de 2025.

El Gobierno vasco explorará la repotenciación de instalaciones eólicas ya existentes para aumentar la generación eléctrica hasta 2030. Es una fórmula que se incluye en el mapa de zonas prioritarias para que el Ente Vasco de Energía (EVE) invierta en proyectos eólicos y fotovoltaicos -junto a socios privados- y que se ha aprobado este martes en Consejo de Gobierno. En concreto, se plantea la repotenciación del parque eólico del puerto de Bilbao (Bizkaia) y el de Elgea-Urkilla (entre Álava y Gipuzkoa), como una forma de ganar potencia en un contexto como el vasco en el que la producción propia de energía es muy baja, el 7,9%, y hoy por hoy las nuevas instalaciones no tienen fácil avanzar por las dificultades del terreno y medioambientales.

El Gobierno vasco espera que en el plazo de cinco años se duplique la generación eléctrica renovable hasta los 450 Mw para lo que se destinará una inversión de 80 millones de euros. Es una partida incluida en el paquete de medidas que se anunciaron en el marco del escudo industrial con motivo de la guerra de Irán. Esta inversión se llevará a cabo a través del Ente Vasco de Energía (EVE) junto a socios inversores privados. “Esto junto al incremento de 300 Mw de autoconsumo previsto hasta 2030, supondrá duplicar esta generación eléctrica propia mejorando la ratio del 7,9% al 15%”, ha señalado el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco, Mikel Jauregi.

El Consejo de Gobierno vasco ha aprobado este martes el mapa de zonas de actuación prioritaria del EVE hasta el 2030, identificadas para el despliegue de grandes instalaciones de generación eólica y fotovoltaica en Euskadi, de las que once están ya en tramitaciones o ya existen y se repotenciarán. En concreto figura la repotenciación del parque eólico del eólica del puerto de Bilbao (8Mw), un nuevo proyecto en el puerto de Bilbao (10Mw), la repotenciación de Elgea-Urkila (59Mw), Aramaio/Leintz-Gatzaga (35 Mw). Azaceta (40 Mw) y Labraza (40Mw), en eólicos. En el caso de los solares está Ekienea (108 Mw), Lantaron (50Mw), Vitoria Solar 1, y 2 (35Mw cada uno) y Ekian 3 (24 Mw). El territorio más afectado por las instalaciones posibles es de nuevo Álava. “Las oportunidades surgen donde suren. Eso la gente lo entenderá”, ha señalado Jauregi sobre la posible contestación a estos proyectos.

“En Euskadi tenemos que avanzar en la autonomía energética a través del desarrollo de capacidad de generación de electricidad renovable propia. La autonomía energética es una necesidad estratégica para Europa y Euskadi ante la nueva realidad geopolítica. Queremos fortalecer la autonomía y seguridad energética de Euskadi para que nuestros hogares e industrias sean menos vulnerables a los shocks energéticos externos”, ha señalado el consejero.

La aprobación de este mapa que marca las prioridades del EVE para invertir en estas energías llega cuando sigue sin aprobarse el PTS de Renovables, que sólo tiene una aprobación provisional. Jauregi ha señalado que este plan “avanza”, y ha insistido en que se espera que se apruebe definitivamente a finales de este año, aunque la cartografía utilizada para determinar las zonas prioritarias para la inversión pública es ya la renovada tras las alegaciones presentadas al PTS.

La idea de ese mapa de zonas de actuación es acelerar el trabajo del EVE con potenciales socios industriales para el desarrollo de los proyectos identificados en las zonas de actuación prioritarias hasta el 2030, con los que se va a contactar a partir de ahora. La parte pública que se aportará los próximos cinco años, los 80 millones de euros, se repartirá en los proyectos en los que el máximo de inversión alrededor del 75%, será privado y el 20% público. “Necesitamos avanzar en el desarrollo de capacidad de generación de electricidad eólica y fotovoltaica a todos los niveles. Todo gesto cuenta y es necesario. Empezando por el autoconsumo, también necesitamos hacer una apuesta clara por grandes desarrollos eólicos y fotovoltaicos. Será un despliegue realista y racional. Con impacto local positivo. Más autonomía energética con más renovables en mejores ubicaciones”, ha señalado el consejero. Según ha recordado, en los últimos cinco años, la potencia instalada de autoconsumo en Euskadi se ha incrementado en 186 MW, pasando de los 7 MW del año 2020 a los 193 en el año 2025.“ Esta tendencia ayudará a llegar a alcanzar niveles europeos en autoconsumo antes del año 2030”, ha indicado.

Las condiciones planteadas para establecer estas zonas considera que establecen un despliegue “realista y racional” de las renovables en Euskadi. En primer lugar, la existencia de recurso: sol o viento; la viabilidad ambiental y urbanística; la proximidad a una subestación eléctrica (a menos de 15 kilómetros); y la viabilidad comercial del proyecto. Estos criterios se traducen en tres mapas públicos que guían la actuación del EVE. “De esta manera, el despliegue se concentra donde hay mayor recurso, menor afección, proximidad a la red y existe potencial económico”.

El despliegue de zonas posibles se acota a través de tres mapas: el primero identifica las 'Zonas viables ambiental y urbanísticamente' (con recurso eólico/solar) y en él se muestran las áreas que conforme al PTS de Energías Renovables -que está sin aprobar- y a la planificación territorial y urbanística, presentan baja afección y recurso suficiente de viento o sol. El segundo mapa identifica las 'Zonas viables cercanas a subestaciones', a menos de 15 km. En él se filtran las zonas del Mapa 1 por proximidad a las conexiones a la red eléctrica, garantizando la evacuación de electricidad con menor necesidad de nuevas infraestructuras, ya que la “cercanía a la red mejora la viabilidad y reduce los plazos y las afecciones”. Con estos dos mapas surge el tercero, y ya definitivo en el que se señalan las 'Zonas de actuación prioritaria del EVE hasta 2030'. En él se muestra la “selección final que integra viabilidad ambiental y urbanística, proximidad a la red y viabilidad comercial” y que será el que “orientará la coinversión del EVE y la preparación de proyectos maduros para 2026‑2030, con una programación escalonada y diálogo con las administraciones locales”.

Este modelo de coinversión se está ya desarrollando en proyectos que “actuarán como tractores del nuevo despliegue”. Entre ellos, el Parque Eólico de Labraza (40 MW) y la planta fotovoltaica de Ekienea (108 MW), que será la mayor de Euskadi. “Estos hitos corrigen dos décadas sin nuevos parques eólicos de gran tamaño, el último fue Badaia (50 MW), y dan continuidad a referencias como Ekian (24 MW, 2020) en solar fotovoltaica”, ha recordado Jaúregi. De hecho estos proyectos se destacan en el mapa final de zonas prioritarias para el EVE, entre los que figuran once principales que existen o están en curso. Jauregi ha recordado que “Euskadi parte de una situación en la que la producción eléctrica renovable autóctona representaba el 7,9% del consumo eléctrico en 2024, frente al 46,9% de la media europea. El nuevo enfoque acelera la generación propia para acercar al territorio a estándares continentales. Y lo hace combinando el impulso de las instalaciones de autoconsumo –de tamaño medio y pequeño–, con grandes desarrollos eólicos y fotovoltaicos en los mejores emplazamientos”.

El Ente Vasco de la Energía (EVE), una sociedad pública dependiente del área de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno de Imanol Pradales y que, entre otras labores, gestiona la puesta en marcha de proyectos de renovables, ha abonado 10.800 euros en concepto de “donación” a la fundación de Adecco como compensación por no cumplir con los mínimos marcados por la ley y no tener en su plantilla, de 65 personas, ninguna con discapacidad. El Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) ha dado por bueno este mecanismo.

Los datos sobre esta operación han sido facilitados al Parlamento Vasco por el consejero Mikel Jauregi, de quien cuelga el EVE, en respuesta a una solicitud del representante del PP Álvaro Gotxi, que ahora presentará una iniciativa para conocer si hay más casos como éste. Jauregi confirma que el pago se realizó el 18 de marzo de 2025, es decir, hace un año. Y adjunta una resolución de la directora de Activación Laboral de Lanbide, Maite Martínez Granado, con los detalles de cómo se ha gestionado todo el proceso.

Según la documentación facilitada, el EVE solicitó de Lanbide una “declaración de excepcionalidad” por el no cumplimiento “de la cuota de reserva de empleo” para personas con discapacidad, que ha de ser del 2% en ese tipo de organismos. Los datos, de finales de 2024, hablaban de una plantilla media de 64,58 personas y “cero” cumplían con esos requisitos. Y Lanbide la autorizó a cambio de una aportación dineraria.

Antes, el EVE intentó contratar a través de Lanbide a un responsable de “procesos y control de gestión” con discapacidad, pero se produjo una “imposibilidad de cobertura” por “inexistencia de demandantes de empleo” para el perfil solicitado. Como medida de compensación, se planteó hacer una “donación” a una “fundación” para que desarrolle “actividades de inserción laboral y de creación de empleo de personas con discapacidad”. La norma prevé este tipo de compensaciones siempre que sean de al menos 1,5 veces el indicador IPREM, fijado en 7.200 euros, lo que eleva la cuantía a 10.800. Lanbide ha pedido al EVE que “anualmente” remita una “memoria anual” sobre el “cumplimiento de las medidas alternativas”.

La plantilla de Tubos Reunidos en Amurrio se ha concentrado este miércoles ante las Juntas Generales de Álava, donde los partidos discutían varias mociones sobre la crítica situación de la empresa. El debate partía de una iniciativa presentada por Elkarrekin, pero finalmente se han votado, además de la moción de esta formación, otra de los partidos del Gobierno foral -PNV y PSE-EE- otra de EH Bildu y otra del PP, sin que ninguna haya conseguido votos suficientes para salir adelante. El desencuentro ha llegado entre acusaciones de unos y otros de usar la situación de la empresa y de sus trabajadores para buscar el rédito político, y constituye en cierto modo un espejo del callejón de difícil salida en el que se encuentra la empresa, a la espera de que un milagro en forma de quita de la deuda, permita su viabilidad, al menos en el corto plazo.

El ERE de 301 trabajadores -salvo 27 de Trápaga, la mayoría de la planta de Amurrio- se ha cerrado finalmente con bajas voluntarias, según comunicó la empresa el pasado lunes, pese a que el periodo de consultas se cerró sin acuerdo. Un “cierre en falso”, según los sindicatos que desde el principio han estado a favor de no aceptar las condiciones del ERE -ELA, LAB y ESK-, porque la empresa ofrece a estos trabajadores que se han sumado a las bajas voluntarias unas cantidades de dinero que hoy por hoy no tiene. Estos trabajadores se van prejubilados a los 57 años con un plan de rentas al 70% del salario bruto o en salidas voluntarias con indemnizaciones de 45 días por año trabajado con máximo de dos años, más 1.500 euros adicionales por año de trabajo hasta un máximo de diez años. Es decir, que todo está pendiente de una renegociación de la deuda, por un lado, y de que entre 'dinero fresco' en la empresa, es decir de un inversor.

Allanar el camino del acuerdo social, era el primer paso. Un ERE aplicado en desacuerdo y probablemente judicializado haría imposible pasar a la renegociación de la deuda. Pero no por eso esa renegociación será más fácil, sobre todo porque asciende a 241 millones de euros, y la Sepi es el principal acreedor. Esto supone que para que la banca y el resto de acreedores admitan una negociación, la primera condición es cerrar un acuerdo con Sepi. Y Tubos Reunidos no quiere renegociar la deuda con Sepi. Renegociar supondría alargar el periodo de devolución del préstamo, cuyos intereses seguirían creciendo haciendo más grande la bola de la deuda. En la situación en la que se encuentra la empresa sólo le valdría una quita, y ahí pueden entrar muchos factores al margen de la voluntad política que el Gobierno central dice tener para intentar salvar la situación de la empresa. No parece una tarea fácil.

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, anunció este martes que propondría una fórmula “extraordinaria” que permitiría “abrir una vía legal” para que la Sepi “pueda reestructurar su deuda” en Tubos Reunidos. Una “fórmula extraordinaria” para responder a “situaciones extraordinarias”, señaló, sin que haya transcendido en qué podría consistir esa vía sin que el trato de la sociedad estatal a Tubos Reunidos entrara en colisión con el que han recibido otras empresas que también se beneficiaron de esos préstamos, y que están devolviéndolos o lo han hecho ya. Sepi siempre ha descartado la posibilidad de entrar en quitas, porque podrían entenderse como ayudas de Estado, aunque sí podría renegociar plazos de pagos.

Hay que recordar que Tubos Reunidos recibió 112,8 millones de euros en 2021 concedidos por el Estado a través Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas (FASEE), constituido para apoyar a las empresas más afectadas por la pandemia de COVID-19. Un préstamo que, además, está siendo investigado por la Audiencia Nacional para determinar si el expresidente de Sepi, Fernández Guerrero, que fue asesor de Tubos Reunidos, medió a cambio de dinero para que la empresa recibiera este préstamo.

Según datos de la Sepi del mes de agosto del año pasado, con Tubos Reunidos son veinte empresas las que cuentan con este crédito: Tubos Reunidos, Vicinay -con la que ha pactado una renegociación de la deuda-, Air Europa, Plus Ultra Líneas Aéreas, Duro Felguera, Grupo Airtificial, Grupo Serhs, Reinosa Forgings & Castings, Grupo Losán, Grupo Abades, Técnicas Reunidas, Grupo Abba, Grupo Julià, Grupo Mediterránea, Air Nostrum, Volotea, Vicinay, Isastur, Vivanta, Imasa y Meeting Point. Son ocho las que ya han cancelado su préstamo: Grupo Hotusa, Grupo Soho, Ávoris, Eurodivisas, Wamos, Rugui Steel, Ferroatlántica y Hesperia.

Respecto a la posible ayuda del Gobierno vasco, al margen de renegociar la propia deuda que la empresa mantiene con el Ejecutivo, Jauregi descartó la posibilidad de otorgar un “crédito rápido” a la empresa. “El Gobierno vasco no es el INI [Instituto Nacional de Industria], no tenemos la vocación de hacer este tipo de cosas; nunca la hemos tenido y ahora tampoco vamos a empezar a hacer estas cosas”, indicó. A partir de ahora toca esperar la decisión de Sepi para que la empresa inicie los siguientes pasos de su plan de reestructuración. Mientras, los trabajadores de Amurrio mantienen la huelga indefinida. Quieren que se retire el ERE y que se dé marcha atrás en el cierre de la acería.

El Gobierno de Imanol Pradales ha presentado ya este martes su paquete de medidas extraordinarias “para hacer frente al impacto del conflicto de Oriente Medio”. El titular facilitado por el propio Ejecutivo es que el “escudo industrial” alcanza los 1.047 millones de euros. Sin embargo, no toda la inversión prevista es nueva. El consejero coordinador del plan, el consejero de Industria, Mikel Jauregi, ha realizado una cirugía más fina a instancias de los periodistas y ha enumerado como programas rotundamente nuevos unas iniciativas que suman 257 millones de euros, por ejemplo, y que miran a renovables, movilidad eficiente o ayudas a 'pymes'.

A los 17 días del inicio del ataque de Estados Unidos e Israel en Irán, el Gobierno de PNV y PSE-EE ya tiene una guía. Se inspira en planes similares activados durante la pandemia de la COVID-19 en 2020, la “economía de guerra” que trajo la invasión de Ucrania de 2022 o con la crisis arancelaria de 2025. En la presentación han participado hasta tres consejeros. Además de la portavoz, María Ubarretxena, con Jauregi estaban el vicelehendakari y consejero de Economía, Mikel Torres, de la parte socialista del gabinete, y el responsable de Hacienda, Noël d'Anjou. No era una imagen menor, ya que es una jorndada de huelga general. “Estamos hoy aquí trabajando”, han constatado.

En la presentación, ha habido matices. Si Jauregi ha insistido en los “efectos desde la primera semana” del nuevo escenario global y en la “afección directa” en los “bolsillos” de empresas y familias -quizás con las gasolineras como referencia más clara-, Torres ha rechazado que Euskadi esté en crisis. Todo lo contrario, está creciendo más de lo previsto también en 2026 y con afiliación “de récord” en la Seguridad Social, según ha dicho. “Estamos preocupados, pero no hay que estar alarmados”, ha rebajado Torres, que incluso ha citado un informe del BBVA que apunta en esa misma línea optimista en lo macro.

En lo que sí han coincidido en que “Euskadi se anticipa”, en que se pertrecha con medidas para atender a las demandas que puedan ir surgiendo. Y en que es un plan necesariamente complementario al que apruebe el Gobierno de España. El PNV y Pradales han solicitado ya a Pedro Sánchez medidas como bajar el IVA de la factura eléctrica del 21% al 5% o reducir 'peajes' e impuestos energéticos. El socialista Torres ha asegurado a los periodistas que son posiciones perfectamente compartidas.

Las tablas presentadas llegan a 1.047 millones con programas en cuatro ámbitos, 105 para programas de empleo, 450 de avales para 'pymes', 277 en ayudas a empresas para transformación y diversificación y 215 en “autonomía energética”. Con transparencia, Jauregi ha explicado que no todo es nuevo. Ha indicado que “para las 'pymes'” hay “87 millones” que no se contemplaban ya en los presupuestos de 2026 y que es un 51% más que lo dispuesto en 2025. Igualmente, hay 15 millones en “movilidad eficiente” novedosos -no así los 45 anunciados para “autoconsumo”- y 155 más para “coinversiones” en “grandes proyectos” eólicos o fotovoltaicos o de “hidrógeno verde”.

Según Jauregi, Euskadi presenta “gran dependencia de fuentes energéticas externas” y “el conflicto ha incrementado los precios” de electricidad, gas y petróleo. Toca poner dinero para que la industria “sea menos vulnerable ante los shocks” internacionales, ha explicado.

En cuanto a los avales, los 450 millones anunciados son muy semejantes a los activados justamente en 2025 como “escudo” también, pero en aquel caso por los aranceles impuestos por Donald Trump. El consejero de Hacienda, Noël d'Anjou, ha reconocido que el aprobado ahora es un programa esencialmente “coincidente” con el anterior, aunque ha puesto en valor la celeridad de tenerlo listo en un momento del año tan prematuro. Se trata de dar “buenas condiciones” a las 'pymes, la “columna vertebral” del tejido productivo vasco, para que accedan a financiación en tiempos complejos, ha explicado D'Anjou. 'El Correo' informó en diciembre que el plan anterior movilizó apenas 12 de los 450 millones dispuestos.

¿En qué consisten estos avales? Están gestionados por Elkargi y con el respaldo del Instituto Vasco de Finanzas, ofrecen “hasta un máximo de cinco años con un máximo de dos años de carencia” y ofrecen entre 100.000 y 1.500.000 euros para empresas y 30.000 y 120.000 para autónomos. Las 'pymes' han de tener domicilio social en Euskadi y han de acreditar una “exposición significativa” tanto a Estados Unidos como al “conflicto bélico en Oriente Medio”.

En cuanto a la pata laboral, el vicelehendakari Torres ha selañado la importancia de que el “escudo” llegue también a las “personas trabajadoras”. Ha apuntado a introducir una “discriminación positiva” a posibles afectados por el nuevo contexto en los programas como los 100 millones de fomento a la contratación o los complementos a los ERTE, de hasta 150 euros mensuales para personas con salarios por debajo de los 20.000 euros.

La Agencia Vasca del Agua (URA) ha incoado cuatro expedientes sancionadores a la UTE constructora de uno de los tramos de la 'Y vasca' de alta velocidad que une, precisamente, las tres patas del trazado en 'Y', el denominado 'nudo de Bergara'. Se han acreditado afecciones al medio natural. Las sanciones a la UTE que conforman OHL, Geotúnel, Construcciones Adolfo Sobrino y G&O solamente por los vertidos suman 9.200 euros, según los expedientes entregados al Parlamento Vasco por el consejero Mikel Jauregi, de quien depende URA. Los había solciitado la representante de EH Bildu Amancay Villalba.

Hay tres tipos de problemas. “Los efectos de las obras en el entorno de Angiozar han consistido en afecciones puntuales a la calidad y al estado ecológico de las aguas de la regata, ya revertidas, afecciones a aprovechamientos del entorno (en la Agencia Vasca del Agua consta una única denuncia que ha sido objeto ya de una medida compensatoria) y un cierto aumento de caudal en la regata Angiozar procedente del drenaje del acuífero de Udalaitz, que no supone afecciones. No obstante, URA considera imprescindible que Adif tome medidas para la restitución de este caudal”, resume el consejero Jauregi.

La 'Y vasca', la conexión en alta velocidad de las tres capitales de la comunidad autónoma, inició sus obras en 2006 y, dos décadas después, siguen en ejecución, con mucha indefinición sobre sus conexiones y los plazos de puesta en marcha. Uno de los tramos pendientes es precisamente el 'nudo de Bergara', que conecta los ramales alavés, vizcaíno y guipuzcoano. Son unas obras gestionadas por Adif, el administrador estatal de infraestructuras ferroviarias. Se expone que el trazado no sufrió modificaciones por razón de “protección de las aguas” pero URA, con “competencia plena” en el ámbito de las cuencas internas de la comunidad autónoma, indica que sí las somete a “autorización” para la posible “adopción de medidas preventivas y correctoras” en caso de que los trabajos afecten a “recursos hídricos”.

En el caso específico del túnel de Angiozar del sector Arrasate-Mondragón/Bergara, el proyecto data de 2018 y en 2021 se emitió el dictamen de URA. La Agencia Vasca del Agua “cuenta con una estación de control del estado de las masas de agua en la regata de Angiozar”, aguas abajo de los túneles que se horadan en la zona. Sus datos muestran que entre 2016 y 2025 ha habido dos años en los que “se apreció un cierto descenso en los valores de los indicadores biológicos (macroinvertebrados), que se puede relacionar previsiblemente” con los vertidos de las obras. Fueron 2022 y 2023, pero “en 2024 y 2025 estos indicadores se han recuperado plenamente”, se asegura.

Los cuatro vertidos

Son cuatro vertidos los que han motivado las cuatro sanciones. El primer problema en Angiozar fue el 9 de mayo de 2022, cuando se apreció “turbidez” en la regata “en un tramo de al menos un kilómetro y medio”. Unas semanas después, la constructora admitió que causó vertidos “inadecuados” de aguas residuales al medio natural, “debido a la falta de efectividad química del reactivo (floculante)”, pero insistió en que lo paró en cuanto tuvo conocimiento de ello. Se le impuso una multa de 2.400 euros.

El segundo episodio se dio los días 12 y 14 de mayo de 2023. URA constató afecciones en un tramo de río de dos kilómetros. La empresa alegó que, en el primero de los días, “un episodio de lluvia intensa” generó escorrentías y un súbito aumento del caudal de entrada a su depuradora y, durante tres horas, hicieron un “bypass” por el que hubo “vertido directo” a las aguas. En cuanto al segundo incidente, hubo una “importante avenida” en el interior del túnel de Udalaitz y la depuradora se desbordó y dejó “parte” del caudal “sin tratar”. La multa quedó en 1.800 euros.

Los siguientes vertidos se dieron el 29 de febrero de 2024. En la regata de Lamiategi “se observaron sedimentos acumulados”. Al parecer, diez días antes, entre las 19.20 y las 22.50 horas la depuradora “perdió efectividad” y dejó salir agua turbia, aunque nunca “sin tratar”, según la empresa. La sanción fue, nuevamente, de 1.800 euros.

El último expediente tiene que ver con unos hechos acaecidos el 4 de abril de 2025. Es el episodio más grave, porque fue un vertido de hidrocarburos a las aguas. “Se observó un bidón con restos de 'gasoil' volcado y sin tapa en las inmediaciones de la balsa de decantación del sistema de depuración de aguas de la obra”, se avisa en el expediente. La empresa lo achacó a un “vuelco accidental”, pero admitía que era una zona “no adecuada para el almacenamiento” de hidrocarburos. Se estimó en 7 los litros derramados y los “absorbentes” para evitar su contacto con el medio natural “no se encontraba en buen estado o no estaban bien colocados” y no se pudo parar el daño. La multa subió a 3.200 euros.

Aprovechamientos y caudal

A los vertidos se le suman otros dos tipos de incidencias. Por un lado, están las afecciones generales a aprovechamientos del entorno. Un particular ha denunciado un problema de ese tipo y URA estima que Adif ha realizado un “sondeo” para una nueva toma que le compense. Con todo, la Agencia Vasca del Agua ha pedido explicaciones a Adif y “se está a la espera de la respuesta”. Los inspectores de URA pasaron por la zona a cuenta de este asunto en una ocasión en 2021, seis veces en 2022 y cinco veces en 2023 para analizar este asunto, según los registros oficiales.

No se aclara si este caso es el mismo al relatado por este periódico en 2022. Se trataba del caso de un baserri llamado Goronsarri, que necesitaba desde octubre de 2021 que un camión cisterna le llevara agua al depósito porque los trabajos del AVE habían secado un manantial del que bebía. En ese momento, un informe indicaba que eran una treintena las fuentes de agua desaparecidas por las obras de la 'Y vasca' solamente en Gipuzkoa.

Y, por otro lado, hay un cambio en los caudales. URA entiende que “como consecuencia de la ejecución de las obras” se ha “constatado” que “desde 2022” ha habido un “cierto” incremento del agua que transporta la regata de Angiozar. Se estima en unos 8 litros por segundo de media, alrededor de un 4% más de lo natural hasta entonces. Se deja claro que ese caudal añadido procede de los túneles del ferrocarril en obras y que “está relacionado con un efecto de drenaje del acuífero de Udalaitz”. Adif asegura estar valorando “distintas alternativas” para proceder a reducir ese caudal “externo” y “avanzar en la restitución”.

La empresa china Hithium se lleva a la comunidad foral de Navarra la inversión que el Gobierno vasco anunció para la vasca hace un año. Serán del orden de 400 millones de euros que permitirán crear más de 700 empleos y que colocará a Navarra en el foco mundial de la fabricación de baterías de almacenamiento eléctrico. Este acelerón, semiadelantado en un encuentro de la presidenta navarra con Pedro Sánchez, le ha quitado una inversión que el propio consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, del PNV, anunció hace un año tras firmar un acuerdo de colaboración con la empresa china.  Hithium, “ha elegido Euskadi como cabecera para su implantación en el sur de Europa”, dijo el consejero en el Parlamento Vasco. Se da la circunstancia de que el consejero navarro de Industria es también del PNV, Mikel Irujo.

Los detalles de la inversión los dará este martes, en Pamplona, la presidenta socialista, María Chivite, junto al CEO Jeff Wu, y al propio Irujo. Se da la circunstancia de que a mediodía, en Vitoria, está previsto un encuentro de Chivite con el lehendakari, Imanol Pradales, en el marco de su trabajo compartido en la eurorregión con Nueva Aquitania.

Fuentes del Gobierno vasco han señalado que el “motivo decisivo que ha llevado a Hithium a apostar por Navarra es el margen de ayudas económicas que permite la Unión Europea”. En este sentido, han señalado que la zona que “analiza” la empresa para levantar la fábrica, las antiguas instalaciones de BSH en el municipio de Galar, cerca de Esquíroz y al sur de Pamplona, está considerada como “zona asistida”, por lo que puede beneficiarse de ayudas públicas de hasta un 20% sobre la cantidad de la inversión. “Es más que el 15% que podía ofrecer Euskadi”, han indicado desde el equipo de Jauregi.

Lo cierto es que lo que anunció el consejero en una comparecencia en el Parlamento Vasco en mayo de 2025 era un preacuerdo, un memorando de entendimiento o MoU, como se denomina, con el que se pretenden buscar sinergias para que se puedan llegar a fabricar esas baterías en Euskadi. No hubo plazos, ni inversiones ni proyectos concretos, pero el consejero lo anunció como hecho. “Queremos que los sistemas de almacenamiento para Europa se fabriquen en nuestro país [en referencia a la comunidad autónoma vasca] de la mano de nuestros centros tecnológicos y de nuestra industria”, señaló en su día.

“Se tiraron a la piscina. Anunciaron el paso previo”, han señalado fuentes socialistas. “Era una de las cosas que se han trabajado en China. La presidenta ha ido una vez y el consejero Irujo tres por lo menos. La derecha siempre acusa al PNV de empobrecer Navarra, pero Mikel se ha portado de diez”, agregan estas fuentes sobre las gestiones del compañero de partido de Jauregi. Irujo ya señaló en el mes de noviembre que China, donde se encontraba, podía ser un socio de primer nivel para Navarra en este campo. “Desde 2015, China ha pasado de liderar tres a 57 de las 64 tecnologías críticas como biotecnología, aeroespacial, electrónica, robótica o IA; y como líder dual en transición ecológica y digital, estamos convencidos de que puede ser un socio de primer nivel para Navarra”, indicó. María Chivite y el CEO de la empresa se reunieron este lunes con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, en La Moncloa, para trasladarle la decisión de la empresa china de instalarse en Navarra.

El consejero de Industria de Navarra, Mikel Irujo, ha señalado en la comparecencia posterior que la empresa china ha puesto en valor “el ecosistema de renovables que tiene Navarra”. Y ha señalado respecto al hecho de que se anuncie la inversión el mismo día en que Chivite y Pradales estarán juntos en Vitoria, que es una “casualidad”. “Tenemos una reunión [con Pradales]. En conversaciones más informales hablaremos de esta cuestión. Cada región tienen que hacer su trabajo y Navarra ha hecho muy bien el suyo”. Ha señalado además que el Gobierno navarro “lleva trabajando tiempo con paciencia y profesionalidad” y que el Ejecutivo de la comunidad foral “no hace anuncios si las cosas no están totalmente cerradas”.

Euskadi tendrá que pagar un canon de 476.000 euros anuales por la concesión del uso del dique que se encuentra en los terrenos de la central nuclear de Lemoiz si no llega a un acuerdo con la Demarcación de Costas. El Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad está a la espera de la resolución del recurso que ha planteado a la reclamación del pago de este canon anual por uso de una zona de dominio público marítimo-terrestre. Es una reclamación que llegó poco después de la concesión del uso, que se resolvió hace casi año, el 13 de marzo de 2025. “Con el título concesional del dique -zona de dominio público marítimo-terrestre- se notificó el pago de este canon anual. No estamos de acuerdo, lo hemos recurrido y estamos a la espera de la resolución”, han confirmado desde el Departamento que dirige Mikel Jauregi.

Jauregi se ha referido a este canon en el pleno de control del Parlamento Vasco después de que la parlamentaria de EH Bildu, Amancay Villalba, le preguntara dos veces si el Gobierno vasco lo estaba pagando, ya que no se paga si la concesión se realiza entre administraciones públicas, pero en este caso la concesión del dique se ha hecho a Sprilur, una empresa del perímetro del Gobierno. “No se preocupe por el canon, a nosotros tampoco nos gusta pagar de más y lo estamos trabajando con Madrid”, se ha limitado a señalar el consejero. Villalba ha interpelado al consejero sobre los planes del Ejecutivo para estos terrenos y si finalmente se va a llevar a cabo, y cuándo, el anunciado proyecto para crear un polo de acuicultura que lleva casi nueve años sin progresos, más allá de la propuesta que realizó la entonces consejera del Gobierno de Urkullu, Arantxa Tapia. La intervención del consejero en el Parlamento no ha arrojado ninguna luz sobre el momento en el que podrá materializarse, de qué forma, quiénes serán posibles los inversores o si habrá más proyectos en la zona. Es decir, más o menos, la información sobre el tema se queda en el mismo punto en el que se estaba hace un año, cuando Jauregi respondió por escrito a preguntas parlamentarias sobre el tema. Nada nuevo, salvo la posibilidad de que haya que añadir un coste anual de más de 470.000 euros si no fructifica el recurso sobre el canon.

En lo que sí ha insistido Jauregi es que está “clara la prioridad de consolidar un polo acuícola innovador sostenible y con capacidad real de generar empleo estable en la comarca. No hablamos de una idea vaga, sino de una línea de trabajo contrastada que conecta con la economía azul, con la innovación aplicada y con una visión de futuro para nuestra costa”, ha señalado. Y ha indicado que “esa es la única inversión industrial real en la que este gobierno está trabajando a día de hoy”. No obstante, ha señalado que su liderazgo corresponde al departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca. “Será este departamento el que cuando el proyecto esté técnicamente maduro y pueda presentarse con garantías, lo hará público. No antes, no a medias, no sin las garantías necesarias”, ha señalado.

Ante las recriminaciones de la parlamentaria de EH Bildu sobre la falta de avances en todos estos años, Jauregi ha señalado que el futuro de Lemoiz “no empieza desde cero, hemos recorrido un camino importante, aunque muchas de las tareas realizadas no se vean”. En este sentido, ha señalado que se han tramitado y obtenido la concesión estatal del dique, se han solicitado las licencias municipales necesarias, se han hecho una búsqueda de posibles inversores, se ha avanzado en la regularización registral y se ha iniciado las modificaciones urbanísticas necesarias. “Es un trabajo discreto, pero son pasos decisivos para poder avanzar”.

El consejero ha puntualizado que los terrenos, que están en estos momentos en manos del departamento de Hacienda, y pasarán en breve a Sprilur, se transfirieron ya al Gobierno vasco con la condición de llevar a cabo este proyecto acuícola. Y ha señalado respecto a la posibilidad de hacer más cosas en el terreno que ocupa la fallida central nuclear -que nunca llegó a estar operativa- , que se trata de un espacio “antropizado, lleno de cemento”. “Esta es la principal herencia de ese proyecto: el cemento, que ya existe y no se puede mover. Nuestras estimaciones es que hay ocho millones de metros cúbicos de cemento, y esto es un montón. Espero que usted no nos esté sugiriendo que vamos a extraer todo ese cemento y ponerlo en otro sitio, porque eso sería un disparate medioambiental”, ha señalado.

Amancay Villalba ha recriminado al consejero que no se abra un proceso de escucha a la población para determinar los proyectos a ubicar en estos terrenos como se le reclama desde los ayuntamientos de la zona. Sin embargo, el consejero ha señalado que “se trata de un emplazamiento que está destinado a desarrollar un área de actividad industrial, tal y como queda definido en el Plan Territorial Parcial de Bilbao Metropolitano y las propias normas subsidiarias de Lemoiz. Es decir, que no acabe cualquier uso o destino al amparo de la normativa urbanística actual. Y eso, lógicamente, limita o condiciona cualquier hipotético debate o proceso participativo sobre el destino final de los suelos”. “En el caso de Lemoiz hay que hablar con claridad, escuchar sí, delegar la decisión, no. Porque las instituciones están obligadas a tomar decisiones en el marco de su competencia con criterios técnicos y de interés general”, ha zanjado.

El PNV arrancó al Gobierno central que presidía Mariano Rajoy la cesión al Gobierno vasco de los terrenos en los que se asienta la fallida central de Lemoiz en la negociación presupuestaria de 2017. Ya en ese momento se empezó a hablar del proyecto de la piscifactoría. Sin embargo, la moción de censura contra Rajoy y el cambio del Gobierno demoró hasta 2019 que el Gobierno de Sánchez asumiera como propio ese compromiso y se formalizara la cesión. Un año antes Iberdrola había renunciado a la concesión de los terrenos sobre los que se levanta la central nuclear de su propiedad y el Ministerio de Medio Ambiente había levantado ese mismo año la protección costera sobre esa zona, un paso necesario para poder utilizar estos terrenos y llevar a cabo el proyecto ideado por el centro tecnológico Azti, dependiente del Gobierno vasco. Fue en 2021 –después de la negociación presupuestaria del PNV y el PSOE– cuando los Presupuestos Generales del Estado recogieron la transferencia a Euskadi de los terrenos ocupados por la central nuclear. En 2022 se adscribieron esos terrenos a Sprilur, a falta de la formalización registral. Huy en día sigue sin tenerse un proyecto definido.

La pasada semana fue la diputada de Promoción Económica de Bizkaia, Ainara Basurko, a preguntas del portavoz de EH Bildu en las Juntas Generales, Iker Casanova, la que aseguró que “se está trabajando y avanzando bien en torno fundamentalmente a proyectos empresariales del ámbito de la acuicultura” previstos en los terrenos de la antigua central de Lemoiz. Además, afirmó que continúa en fase de estudio la posibilidad de adoptar otro proyecto industrial, “que en este momento es totalmente confidencial” a petición del propio promotor.

El Gobierno vasco ha tumbado un proyecto para instalar seis parques eólicos en Álava por sus afecciones en el medio ambiente, en especial en las aves y quirópteros. Se trata del proyecto denominado Clúster Eólico Vitoria 30 kV, de una potencia de 29,94 MW, compuesto por seis parques eólicos de un solo aerogenerador de 4,99 MW de potencia unitaria y una torre meteorológica ubicados en los términos municipales alaveses de Elburgo, Alegría-Dulantzi, Iruraiz-Gauna, San Millán y Barrundia. El Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad considera que estas instalaciones, promovidas por la empresa Savanna Power Solar 14, S.L.U, son incompatibles con la existencia en la zona de varias especies de aves y quirópteros “amenazadas y vulnerables a la actividad de los parques eólicos”.

Además de los molinos eólicos, la infraestructura contemplaba una línea de evacuación de la energía eléctrica generada desde el centro de seccionamiento en el término municipal de Barrundia hasta la subestación eléctrica de Vitoria, discurriendo con tramos aéreos y subterráneos por los términos municipales de Barrundia, Elburgo, Arrazua-Ubarrundia y Vitoria.

Según la resolución de impacto medioambiental desfavorable que publica este jueves el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), el emplazamiento donde se proyecta el Clúster Eólico Vitoria ocupa una posición central respecto a numerosos espacios Red Natura 2000, donde deben conservarse aves necrófagas, varias especies de aves sedentarias y migratorias asociadas a las masas forestales circundantes y a los humedales interiores, entre las que se encuentra el milano real y numerosas especies de quirópteros, amenazadas y vulnerables a la actividad de los parques eólicos por el riesgo de accidentes con los aerogeneradores y la línea eléctrica aérea, que suponen una barrera a sus desplazamientos en busca de alimento.

Señala que en el radio de influencia del proyecto existe una elevada frecuencia de uso del espacio por parte del milano real, buitre leonado, aguiluchos cenizo y pálido, tórtola europea e, incluso, del quebrantahuesos y que, además, el área del proyecto “constituye un hábitat potencial para la reproducción, caza y campeo del aguilucho cenizo y del aguilucho pálido,” siendo la zona de mayor interés del Territorio Histórico para ambas especies, las cuales presentan un fuerte declive poblacional en la actualidad y cuyas poblaciones “podrían verse afectadas de forma crítica”. En el caso del alimoche, además de contar con una abundante presencia en el ámbito, a menos de 10 km del área de implantación se localiza un nido, y numerosos puntos de nidificación y un dormidero a menos de 15 k., lo que se une a que por la zona pasan “rutas migratorias de varias especies, entre las que se encuentran ”especies amenazadas como el milano real“, que se encuentra en peligro de extinción.

El Gobierno considera que las medidas propuestas por la empresa para minimizar el impacto sobre aves y quirópteros son “genéricas y poco ajustadas”, limitándose al pintado de aspas de los aerogeneradores, a la instalación de salvapájaros en el tramo aéreo de la línea eléctrica, con el fin de disminuir así el riesgo de colisión con los aerogeneradores y la línea respectivamente, y la realización de un seguimiento de las poblaciones durante la fase de funcionamiento. Por lo que entiende que estas razones “motivan que el proyecto se considere ambientalmente inviable”.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha alertado este lunes sobre los efectos que puede tener el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán sobre la economía vasca, y ha señalado que el Gobierno vasco está monitorizando “las potenciales afecciones” sobre las empresas vascas radicadas en esa zona. Durante su intervención en la inauguración de la Bienal de la Máquina-Herramienta en el BEC de Barakaldo, Pradales ha señalado que “Oriente Medio se adentra en un escenario bélico muy peligroso y de consecuencias impredecibles”.

Pradales ha considerado que “existe riesgo real de que se abra una guerra regional que desemboque en un conflicto híbrido y prolongado en el tiempo” y ha pedido “respeto al derecho internacional, la desescalada y moderación en el uso de la fuerza, y la apertura del diálogo multilateral, en línea con lo planteado por la Unión Europea”. Ha recordado que este conflicto supondrá víctimas, además de “un impacto negativo en la economía global, afectando a los precios de la energía, las relaciones comerciales y las cadenas de suministro global”. “Desde el Gobierno vasco ya estamos monitorizando las potenciales afecciones a nuestra economía y a las empresas vascas radicadas en Oriente Medio para establecer las medidas que sean necesarias”, ha indicado.

Las exportaciones vascas a Oriente Medio ascendieron el pasado año a 1.130 millones de euros y representan el 3,8% del total de las ventas de Euskadi al exterior, mientras que el pasado año se importó por valor de 746 millones de euros de esa región. Además, un total de 42 empresas vascas cuentan con 63 implantaciones en diversos países de esta zona de mundo. En este análisis elaborado por Basque Trade&Investment en base a los datos de Eustat, del que informa Europa Press, se incluyen las relaciones comerciales con Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Irán, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Catar y Yemen.

El lehendakari ha recordado que este escenario bélico se une a otros elementos que generan un momento de “gran complejidad”, como la interrupción de las cadenas de suministro, la competencia china, los costes energéticos, la ralentización en mercados europeos clave o mal momento de la automoción. Pese a “toda esta incertidumbre”, Pradales ha puesto en valor el esfuerzo de las empresas vascas de la máquina-herramienta, cuyos principales exponentes se darán cita esta semana en la Bienal. “Estados Unidos y Alemania fueron los dos principales clientes el año pasado, lo que demuestra que el producto ‘Made in Euskadi’ mantiene su prestigio. Hay un escenario de oportunidad si aprovechamos los vientos de cola de la reindustrialización europea”, ha señalado.

En este sentido, ha destacado la importancia del acuerdo comercial firmado con India, “uno de los países visitantes en esta Bienal, puede suponer también un espaldarazo importante”. No obstante ha señalado Pradales que Europa “debe correr más para recuperar el peso que ha perdido en el sector de máquina herramienta a nivel mundial, reducido en cinco años del 37 al 31%. Urgen medidas de calado para proteger el mercado, favorecer la desburocratización, la I+D+i, y la renovación de equipos productivos”. Ha destacado en este punto las ayudas desde el Gobierno vasco al sector, como el programa ‘Renove Smart Industry’, o que el segundo proyecto transformador del plan de industria se realice a través de la empresa de máquina-herramienta Danobat con 50 millones de inversión y 500 puestos de trabajo para nuevas técnicas de robótica aplicada a la fabricación avanzada.

Pradales ha participado en la inauguración de la Bienal junto al consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi; la diputada foral de Promoción Económica, Ainara Basurko; la alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo; el presidente del clúster AFM, José Pérez Berdud; y el presidente de AIMHE, José Ignacio Ortiz de Urbina; además de los de Pradales y del secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga.

El secretario de Estado de Industria ha subrayado que es “un orgullo para España y Europa lo que se celebra aquí” y ha recordado que el Congreso Nacional de Industria, desarrollado hace “apenas un mes” en Bilbao, tuvo un “récord de participación” y fue “una catarsis industrial donde tenía que ser, en Bilbao, en Euskadi, donde no tenemos que convencer a nadie de que la industria es la manera de progresar”. Mikel Jáuregi, en un discurso en inglés, ha dicho que hay que “hacer nuestro el lema” de la BIEMH de este año, 'Carpe BIEMH': “Significa que tenemos que aprovecharlo al máximo, aprovechar al máximo la industria”. Según ha explicado, Euskadi cuenta con una “fuerte herencia industrial”, con un 40% del PIB relacionado con la misma, y que apuesta por la innovación: “Lo tenemos en nuestro ADN, y veréis ejemplos de ello en los próximos días”. La BIEMH que ocupará los seis pabellones del BEC hasta el próximo viernes, reunirá a 1.503 firmas expositoras de 34 países que presentarán alrededor de 3.350 productos innovadores, más de 350 novedades, 1.542 máquinas y más de 100 robots.

Los informes de las más recientes inspecciones realizadas por el área de Medio Ambiente del Gobierno vasco en el vertedero de Zaldibar, que se desplomó en febrero de 2020 causando la muerte de dos operarios, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze, y que tuvo que ser estabilizado y sellado con actuaciones urgentes, constatan que “la falta de mantenimiento de las instalaciones está provocando un deterioro”, por ejemplo en lo tocante a los drenajes. “Si no se toman medidas –se puede leer en la documentación entregada este viernes al Parlamento Vasco por el consejero Mikel Jauregi a instancias del representante de EH Bildu Ander Goikoetxea–, es posible que estos precipitados terminen creando un tapón de consecuencias imprevisibles tales como el vertido incontrolado de lixiviados o disminución de la estabilidad”.

El servicio de Inspección de Medio Ambiente se personó en las antiguas instalaciones de Verter Recycling en septiembre de 2025. Se recalca que la de la ladera de Eitzaga es ya una instalación “sin actividad”, pero la empresa titular –o en este caso las personas físicas que la componían, ya que la mercantil quedó liquidada– mantiene por ley obligaciones que ha de cumplir. Ese informe describe, incluso con fotografías, una cadena de irregularidades. Son un total de 29 las desviaciones apreciadas. Se alude incluso a robos de generadores eléctricos y a que hay que poner neumáticos viejos para que no se vuelen algunas cubriciones. El informe de los inspectores le pone al vertedero de Zaldibar la más baja posible de las notas.

De entre la batería de irregularidades, la más grave es que nadie realiza “operaciones de mantenimiento” con el fin de “prevenir un deterioro generalizado de instalaciones críticas” como los drenajes. Se cita que Gipuzkoako Urak –Zaldibar está en Bizkaia pero justo en la muga con ese territorio– emitió un informe también en septiembre en el que constataba hasta 35 incidencias por vertidos de lixiviados. Van desde problemas de coloración en los colectores hasta siete episodios de “toxicidad” en las aguas.

Pero se expone también, como otro caso problemático, que “los gases del vertedero son emitidos a la atmósfera”. “Se constata la existencia de varias fumarolas de gas”, se puede leer en la documentación oficial. Queda hasta un camión–cisterna accidentado en 2020 completamente abandonado.

El vertedero se cayó en 2020, en febrero. Es la catástrofe ambiental contemporánea más importante en Euskadi. Ese mismo año se llevaron ya actuaciones urgentes, en paralelo a la búsqueda de los restos humanos de las víctimas. Todas esas obras se abonaron con dinero público con la esperanza de que Verter Recycling asumiera luego la factura, que ya era millonaria hace años. Con el paso del tiempo ha habido que hacer más intervenciones “subsidiarias”. En junio de 2023 volvió a estar en riesgo la estabilidad, según los informes técnicos. En 2024 y 2025 ha habido más obras.

El director de Patrimonio Natural y Adaptación al Cambio Climático del Gobierno vasco, Adolfo Uriarte, firmó en octubre cartas a Eduardo Barinaga, el dueño de Verter Recycling, a su sobrina Arrate Bilbao y a Elena Susaeta recordándoles que la normativa les hace aún responsables de las instalaciones aun cuando la mercantil titular del recinto fuera liquidada tras los hechos de 2020. Las misivas se enviaron en octubre pero en diciembre apareció en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) una notificación pública porque dos de las notificaciones no se habían podido realizar.

Barinaga y Bilbao ya fueron condenados por un delito contra los trabajadores, por el “homicidio imprudente” de Beltrán y Sololuze. Aceptaron su responsabilidad y abonaron indemnizaciones económicas a las familias de las víctimas. Evitaron la entrada en prisión. En paralelo, un juzgado de Durango investiga los posibles delitos ambientales detrás de Zaldibar. De esa causa se ha derivado una más que analiza el papel del Ayuntamiento en el control urbanístico de unas instalaciones.

El parlamentario Goikoetxea de EH Bildu ha registrado una nueva solicitud de documentación para que el consejero Jauregi explique a la Cámara las medidas adoptadas para que los propietarios asuman la responsabilidad por lo que sigue sucediendo en Zaldibar. También pide detalles del expediente sancionador.

La empresa guipuzcoana Danobat invertirá 50 millones de euros en los próximos tres años, y creará alrededor de 500 puestos de trabajo, 200 de ellos directos, en un proyecto para desarrollar nuevas tecnologías para robots industriales de altas prestaciones. Se trata del segundo “proyecto transformador” incluido en el Plan Industrial de Euskadi, y se espera que traccione a un total de 18 pymes, además de contar con la colaboración de los clústeres, bajo el liderazgo de Fabricación Avanzada, AFM, y la colaboración de Aeronáutica y Espacio, HEGAN y de diez centros tecnológicos.

El proyecto, denominado Roboost, se ha presentado en un acto en la sede de la cooperativa del grupo Mondragon en Elgoibar, al que han asistido el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco, Mikel Jauregi, el CEO de Danobat, Xabier Alzaga, la Diputada General de Gipuzkoa, Eider Mendoza, el presidente de Mondragon, Pello Rodríguez, y la directora general de las divisiones de Danobatgroup y MIA, Nerea Aranguren.

Jauregi ha destacado que Roboost “supondrá un salto disruptivo y constituirá un hito tecnológico a nivel global en la fabricación avanzada, consolidando la posición de liderazgo de Euskadi en el sector”. “La robótica de precisión introduce un nuevo paradigma que supera las limitaciones tradicionales de la máquina-herramienta convencional al combinar la precisión, estabilidad y rigidez de la máquina-herramienta con la flexibilidad de un robot, abriendo nuevas oportunidades en la fabricación avanzada, incluso en operaciones críticas que requieren máxima fiabilidad”, ha destacado.

Euskadi es una de las comunidades punteras en el sector de la máquina-herramienta, pero, para seguir siéndolo, “tenemos que correr más rápido que nadie”, lo cual se hace “aunando ambición, innovación y trabajo en común” en este proyecto “transformador”, que ha definido como “el siguiente nivel de los robots industriales”. Ante los nubarrones que se ciernen sobre la industria europea, el consejero ha afirmado que “la industria vasca no puede esperar a que pase la tormenta. Es ahora cuando nuestro tejido industrial tiene que dar el salto para subir de nivel y apostar por proyectos transformadores de país”.

La mayor parte de los 50 millones de inversión, 35 millones, estarán destinados a actividades de I+D y desarrollo tecnológico, lo que permitirá situar Euskadi como “referente internacional en robótica de precisión y fabricación avanzada basada en robótica, y le permitirá posicionarse como actor referente en un nicho emergente: la robótica robusta y de precisión”.

La fabricación avanzada, es un sector clave en la transformación digital, que está experimentando cambios profundos impulsados por la integración masiva de inteligencia artificial, robótica y nuevos materiales y composites, con un ritmo de adopción muy superior al de otros sectores industriales. De ahí que desde el departamento de Industria se destaque la importancia que este sector sea el segundo de los 20 que contiene el plan de industria, por su carácter tractor sobre las pymes. El primero fue en ITP Aero.

“El Plan está concebido para impulsar la competitividad, la innovación y la colaboración dentro de la cadena de valor industrial de Euskadi. Los Proyectos Transformadores implicarán un salto cualitativo en la colaboración entre líderes industriales de Euskadi, su cadena de proveedores vascos y los centros tecnológicos, ganando así, como país, en tecnología, diferenciación y, por lo tanto, en competitividad. Para ello, el Gobierno vasco pondrá a disposición de los Proyectos Transformadores una batería de medidas de apoyo, entre programas y herramientas existentes y nuevas”, han señalado desde el departamento de Industria.

El Ayuntamiento de Vitoria ha pagado un total de 116.000 euros por sanciones del Gobierno vasco entre los años 2023 y 2024, ante “incumplimientos severos” de la normativa por parte del vertedero Gardelegi, de titularidad municipal. Esta cantidad se corresponde con dos sanciones: una de 2023 de 96.000 euros y otra de 2024 por valor de 20.000 euros, que ya han sido abonadas por el municipio, aunque esta última sanción fue recurrida por el consistorio sin que los tribunales le dieran la razón. No es la primera vez que el Ayuntamiento vitoriano paga miles de euros en concepto de multas por los incumplimientos medioambientales en el vertedero. En abril de 2024 ya trascendió que desde cinco años antes se habían abonado multas por 216.000 euros en el último lustro. Ahora suma y sigue.

Las irregularidades detectadas en Gardelegi son uno de los dos “incumplimientos severos” detectados en vertederos a través de la inspección que figuran en la Memoria de Inspección Ambiental correspondiente al ejercicio 2024 publicada en marzo de 2025 por la que pregunta al consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, el parlamentario del PP, Álvaro Gotxi. El otro incumplimiento severo se produjo en las instalaciones de Vascontainer, S.A, sociedad ya extinguida, que gestionaba el vertedero de Araso (Irún y Oiartzun). En este caso la infracción que en principio, se corrigió de severa a moderada, seguía el año pasado sin estar subsanada. El Gobierno sancionó a la empresa con 113.605, 68 euros y llevó el caso a la Fiscalía que trasladó el caso al fuzgado para incoar diligencias previas por un delito de gestión ilícita de residuos y de insolvencia punible. Finalmente, la sección de lo mercantil del Tribunal de Instancia de Donostia acordó la conclusión del procedimiento concursal referente al deudor Vascontainer por insuficiencia de la masa activa para la satisfacción de los créditos contra la masa así como la extinción de la mercantil.

En concreto, de acuerdo con la Memoria de Inspección Ambiental correspondiente al ejercicio 2024 publicada en marzo de 2025, en 2024 se llevaron a cabo 132 inspecciones ambientales programadas en las que en el 95,45% de las mismas se detectaron incumplimientos, es decir, se detectaron 126 inspecciones con incumplimientos frente a sólo seis inspecciones en los que no se detectó ninguna irregularidad.

Atendiendo a la gravedad de los mismos se produjeron dos incumplimientos severos detectados durante las inspecciones ambientales, que se corresponden con los citados Gardalegi y Vascontainer. Una situación que, según recuerda el parlamentario del PP, Álavaro Gotxi, “no se produce desde al menos 2017”. En concreto, de un total de 666 incumplimientos detectados, 578, fueron poco relevantes, 81 moderados, cinco significativos y dos incumplimientos severos.

En lo que se refiere al vertedero de Gardalegi, el Gobierno vasco señala que infracción calificada como severa por la inspección de 2024 se corresponde con la desviación relativa al incumplimiento de la secuencia de impermeabilización basal de la denominada celda de balas – Residuos Urbanos (RU), unido a la no ejecución de la medida complementaria establecida en el seno de un expediente sancionador anterior. Durante 2025 se realizaron dos inspecciones a esta instalación: una no programada con el fin de verificar el estado de los incumplimientos identificados en la inspección de seguimiento de 2024 y otra la propia inspección de seguimiento reglamentaria. “Tras la inspección de seguimiento realizada el pasado 01/12/2025, se pudo comprobar que había habido importantes avances en la ejecución del sellado temporal”, señala el Gobierno vasco.

Euskadi tiene en estos momentos 2.221 puntos de recarga de vehículos eléctricos, pero 538 están fuera de servicio, es decir, uno de cada cuatro. Los datos se recogen en el barómetro de movilidad de ANFAC, la Asociación de Fabricantes de Automóviles y Camiones, correspondientes al cuarto trimestre de 2025, que indican además un alarmante incremento respecto al mismo periodo del año anterior. Si el año pasado estaban inoperativos 538, en 2024 eran 279, lo que significa un incremento del 86,38% en un año, muy por encima de la media del Estado, que se sitúa en un incremento del 44,61%.

En una pregunta parlamentaria dirigida al consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, el parlamentario del PP Álvaro Gotxi señala que Euskadi ha pasado en un año de tener el 14,22% de las infraestructuras fuera de servicio a tener el 18,97% en esa situación, cuestiona al Gobierno sobre los motivos de esta situación. En su respuesta, el consejero Mikel Jauregi, señala que los puntos de recarga de acceso público indicados en el barómetro de electromovilidad de ANFAC como puntos de recarga fuera de servicio “pueden encontrarse en mal estado, averiados o que aún no se han podido conectar a la red de distribución eléctrica”. Además, recuerda que la información utilizada para analizar la situación de los puntos de recarga fuera de servicio procede de las propias personas usuarias de estos puntos.

Como contrapunto a estos puntos de recarga no operativos, señala Jauregi que “en base a la información disponible en el programa de ayudas MOVES III 2025, hay 92 solicitudes de ayuda para la instalación de uno o varios puntos de recarga de uso público, cuya instalación y puesta en marcha se encuentra en fase de ejecución o conexión a red, dentro del proceso ordinario”. Además, “las 281 solicitudes de ayuda para la instalación de puntos de recarga de uso público del programa de ayudas MOVES III, vigente desde 2021 hasta 2024, se encuentran también en fase de justificación”.

El consejero señala, además que los programas de ayudas MOVES I, II, III y III 2025, que son estatales, pero gestionados por el Ente Vasco de la Energía, “impulsan o han impulsado la instalación de puntos de recarga, tanto de uso público como privado”. No obstante, en relación con el mantenimiento y buen servicio de los puntos de recarga, se contempla en las bases que la persona beneficiaria “deberá ostentar la titularidad del bien subvencionado destinándolo al fin concreto para el que se concedió la subvención durante al menos dos años para el caso de puntos de recarga. En el caso de recarga de acceso público, se deberá garantizar que el punto esté operativo al menos durante cinco años”.

El primer proyecto “transformador” de los veinte que contiene el Plan de Industria Euskadi 2030 lo lidera la empresa ITP Aero, especialista en la fabricación de componentes para motores de aviación. Supondrá una inversión de 110 millones de euros en tres años, traccionará a un total de doce empresas vascas y se espera que cree alrededor de 800 puestos de trabajo de alta calidad. Es fruto de la “colaboración público-privada”, ya que se beneficiará diversas ayudas para favorecer esta inversión, aunque desde el Gobierno vasco no han concretado qué porcentaje de financiación será pública, porque será “a partir de ahora” cuando se empiecen a solicitar estas ayudas.

En cualquier caso, forma parte de la filosofía de la “cuadrilla vasca”, como denomina el consejero Mikel Jauregi a estas sinergias entre empresas y Administración para dar lugar a inversiones. Estarán destinadas en esta ocasión a crear un “dream team” de la aeronáutica, como lo ha definido el lehendakari Imanol Pradales. “Un ‘dream team’ que vuela alto con el objetivo de llevar la aviación 'made in Euskadi' al futuro y contribuir así a la autonomía estratégica europea”, ha proclamado.

Este primer plan se denomina ‘Nuevas arquitecturas de motor aeronáutico para la aviación sostenible y competitiva en Euskadi’. Nace con la ambición de que Euskadi “juegue un papel relevante en la nueva generación de motores aeronáuticos del futuro a nivel mundial, en base a la transición energética y digital”, y lo lidera la empresa ITP Arero, de la que el Gobierno vasco tiene un 6% del capital. Además, se involucrará en el proyecto a otras doce empresas, la mitad de ellas pymes, y contará con la colaboración del clúster de aeronáutica y espacio, Hegan, y seis centros tecnológicos y agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación (RVCTI).

El proyecto conlleva una inversión de más de 110 millones de euros en los próximos tres años, de los cuales más de 60 millones de euros son de I+D y desarrollo de tecnología para el desarrollo de la siguiente generación de motores de aviación comercial. El impacto del proyecto incluirá la creación de 800 puestos de trabajo, 200 de ellos directos, y un potencial aumento significativo de las exportaciones tecnológicas.

“Es cierto que no podemos ser los mejores en todo, pero sí podemos concentrar nuestros recursos y talento en aquellos ámbitos en los que disponemos de capacidades diferenciales y que nos aportan ventajas competitivas. Por esa razón, el sector aeronáutico y aeroespacial vasco es una pieza fundamental del Plan de Industria Euskadi 2030”, ha señalado el lehendakari, que ha visitado este lunes la sede de la empresa en el Parque Tecnológico de Bizkaia.

Pradales ha destacado que el sector aeronáutico tiene “un gran potencial tractor a futuro” y será “un elemento clave en la transformación y el crecimiento del tejido industrial vasco”. “Aprovechando los vientos de cola que pueden soplar en la UE si, definitivamente, tomamos ya las decisiones adecuadas para lograr nuestra autonomía estratégica como actor económico global”, ha indicado. En este sentido, ha destacado que “este primer proyecto transformador del Plan de Industria aborda un gran desafío tecnológico: el desarrollo e industrialización de nuevas arquitecturas de motor que se traduzcan en la aviación del futuro”. Y ha recordado que el sector afronta retos complicados como “la transición hacia una industria más sostenible, digitalizada y resiliente, reducir la huella de carbono, integrar combustibles sostenibles, y fortalecer cadenas de suministro adaptadas a los nuevos paradigmas industriales”.

El proyecto se enmarca en la estrategia de transformación industrial del Gobierno vasco a través del Plan de Industria-Euskadi 2030, que se presentó en el mes de junio, con el que se prevé una inversión pública de 3.900 millones -una parte ya anunciados y presentados de antemano- y espera “traccionar” otros 12.000 millones de privada para movilizar un total de 15.900 millones durante la legislatura. Dentro de este plan se incluyen veinte proyectos transformadores, que ahora se empiezan a desvelar, con este primero de ITP Aero, a los que el Gobierno vasco pondrá a su disposición “una batería de medidas de apoyo, entre programas y herramientas existentes y nuevas”.

Además del sector aeronáutico-aeroespacial se pretende dar un impulso decidido a sectores de componentes de automoción, energía, fabricación avanzada, metalurgia y movilidad sostenible biosanitario, soluciones digitales avanzadas, redes inteligentes y almacenamiento, y combustibles renovables. Junto al lehendakari han participado en la presentación la CEO del Grupo ITP Aero Eva Azoulay, el consejero delegado de ITP Aero, Carlos Alzola, el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco, Mikel Jauregi, y los máximos responsables de las principales empresas, centros tecnológicos y agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación (RVCTI) y clúster de aeronáutica y espacio, HEGAN, que forman parte del proyecto.

El traslado de Mercabilbao a Ortuella, que se anunció en 2022 por la entonces consejera, Arantxa Tapia, y el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, estaba previsto para 2027, pero está retrasado, y sin fecha. El Gobierno vasco reconoce que ni siquiera tiene adquiridas todas las parcelas en las que está previsto la instalación del nuevo mercado de abastos, que se integraría en parque tecnológico especializado en industria alimentaria. Así que, de momento, sin contar aún con el suelo, imposible concretar fecha, o al menos calendario: “En este momento no es posible actualizar la hoja de ruta, ya que no se ha definido todavía un nuevo calendario operativo que permita reprogramar con rigor las acciones”, señala la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo.

El traslado de Mercabilbao a Ortuella es esencial para el impulso de ese parque tecnológico especializado en alimentación, como reconoce un informe de Azti, que urge a “decidir su futuro inmediato”, ya que “las concesiones administrativas de Mercabilbao vencían en 2021. Se han realizado contratos de transición para el periodo 2021-2026 con prórroga posible de otros cinco años hasta el 2031”. De ahí la urgencia del traslado que recomienda que se haga en una primera fase del polo , para que todas las infraestructuras y servicios se adapten al mercado.

El parlamentario del PP, Álvaro Gotxi, pregunta a la consejera por cuál es la situación actual de los terrenos en los que está previsto ubicar el mercado, que tiene previsto llamarse Mercabilbao Next. Una pregunta parlamentaria que dirige también al consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, por tratarse de suelo industrial. Ambos responden lo mismo: Actualmente, “están en proceso de adquisición de las parcelas para poder gestionar el sector, y, por tanto, aún pendiente el diseño de la urbanización y la reparcelación definitiva del mismo. No es posible definir aún cuál sería la ubicación para Mercabilbao Next”.

De hecho, según la documentación que aportan, las parcelas totales para el parque tecnológico de Ortuella ocuparían 473.685 metros cuadrados´, es decir, casi 50 hectáreas. De ellos, el 47%, es decir, 224.219,47 metros cuadrados, están todavía pendientes de culminar el proceso de compra o negociación, o de gestionar en el proceso de reparcelación. Del resto, 202.220 metros cuadrados son propiedad del Parque Tecnológico y 47.245,38 son propiedad del Ayuntamiento de Ortuella, a gestionar en el proceso de reparcelación. Por ello no pueden definir el lugar en el que se instalará el mercado.

El proyecto se presentó el 12 de mayo de 2022, enmarcado en un pionero campus en el Parque Tecnológico de Ezkerraldea-Meatzaldea ubicado en Ortuella,, concebido como “un espacio único en el que desarrollar y atraer a empresas innovadoras y startups alimentarias”, en una iniciativa conjunta de del Gobierno vasco, la Diputación Foral de Bizkaia y los Ayuntamientos de Ortuella y Bilbao, este último en calidad de socio mayoritario de Mercabilbao junto a Mercasa, y la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi.

Según el proyecto inicial, el nuevo campus del Parque Tecnológico ocuparía 50 hectáreas. La idea es que este campus alimentario de Euskadi albergue Mercabilbao “como elemento tractor del proyecto, mediante la participación de un conjunto de empresas operadoras con amplia experiencia en el abastecimiento y distribución de productos perecederos, esenciales para la alimentación de la población”. De esta forma Mercabilbao podría crecer en tamaño, algo que ya le es imposible en las 13 hectáreas que ocupa en su actual ubicación de Basauri, donde lleva instalado más de 50 años.

Cuatro años después de ese anuncio, el Gobierno vasco sigue analizando la posibilidad de encaje de este polo alimentario y, de hecho, el informe elaborado por Azti en el que se detallan las oportunidades de implantar este parque está fechado en octubre de 2025. Un informe que se ha elaborado en base a las opiniones de empresas del sector y en el que se destaca la necesidad de integrar Mercabilbao en el proyecto de manera prioritaria.

El propio informe urge a “decidir su futuro inmediato”, ya que “las concesiones administrativas de Mercabilbao vencían en 2021. Se han realizado contratos de transición para el periodo 2021-2026 con prórroga posible de otros 5 años hasta el 2031”, de ahí la urgencia de que se ponga en marcha el proyecto.

El informe de Azti señala la integración de Mercabilbao como “uno de los pilares para garantizar la viabilidad del futuro polo alimentario” . “Es actualmente el mayor centro de distribución de alimentos perecederos del norte de España y sur de Francia, con un área de influencia de más de tres millones de habitantes y una comercialización anual superior a 250.000 toneladas de alimentos”, señala, además de destacar que operan en su espacio alrededor de 100 empresas mayoristas, principalmente de frutas, hortalizas y pescado. “Es crítico disponer de un único plan que contemple la ejecución prioritaria del traslado e integración de Mercabilbao en la primera fase del polo, esto podría traducirse en acciones asegurando que el diseño del polo (infraestructuras, gobernanza y servicios) se adapte a las necesidades de Mercabilbao, facilitando su transición y maximizando sinergias verticales/horizontales con el resto de los agentes. En definitiva, la unión de Mercabilbao y el polo alimentario de Ortuella emerge como un factor crítico de éxito: refuerza la lógica del proyecto, acelera su viabilidad, y magnifica su impacto estratégico en la cadena alimentaria de Euskadi”.

En un principio Tapia estimaba la creación de 2.000 empleos en Ortuella con el traslado de Mercabilbao y la creación del polo alimentario, aunque poco después recocía que 1.200 serían los ya que trabajan actualmente en las instalaciones de Basauri.

Los altos cargos y asimilados del Gobierno vasco tienen a su disposición 241 coches oficiales. De ellos, apenas 22 son ya diésel o gasolina. Aunque en 47 casos no hay datos, se están imponiendo los modelos híbridos. Estos vehículos han supuesto un coste de 1.567.855,02 euros (aquí se suma el posible 'renting', los peajes, aparcamientos, repostajes, cargas eléctricas y todos los gastos) y han recorrido exactamente 10.874.134 kilómetros. Son 271 vueltas al mundo por el ecuador (y un tercio de la siguiente). O, en lo que puede ser una referencia más habitual, 169.908 desplazamientos desde Bilbao hasta Lakua, la sede central de la Administración autonómica en Vitoria.

elDiario.es/Euskadi ofrece el detalle de los datos en tres gráficos interactivos. El primero es el desglose de la flota y los coches de combustión que quedan. El segundo informa del gasto por áreas en parque móvil. Y el tercero es el relativo al desplazamiento medido en kilómetros. La documentación procede de una solicitud realizada por Álvaro Gotxi del PP en el Parlamento Vasco a la que han respondido diez de los dieciséis departamentos del Ejecutivo. Los datos de esas carteras han sido facilitados por la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, que tiene bajo su cargo una flota general que luego se asigna a los diferentes departamentos. Otro matiz: los consejeros tienen un coche que computa en el Departamento de Seguridad y no en sus respectivas carteras, porque son vehículos de escolta policial.

Algunas situaciones particulares se dan en Presidencia. Aquí aparecen datos de los vehículos de las delegaciones en Argentina y en México, un Volkswagen y un Ford, en pesos argentinos y pesos mexicanos. Aquí se ha procedido a un cambio de divisas. ¿Y en qué vehículos viajan los miembros del Gobierno? Imanol Pradales, como Iñigo Urkullu, tiene Lexus. Y también algunos consejeros lo llevan. Hay nueve berlinas de lujo de esa marca, de los modelos XZ1 y LS 500 H. Además, hay cinco Audi A6 Limousine, cinco BMW 530E XDrive iPerformance y un Hyundai Tucson, el del viceconsejero de Seguridad, el único alto cargo que no forma parte del Consejo de Gobierno que mantiene la escolta. De todo el Gobierno, el organismo BRTA (Basque Research and Technology Alliance, dependiente de la cartera de Mikel Jauregi) ha sido el más transparente. Ha enviado incluso los extractos de las tarjetas de Kutxabank con los gastos. Se da la circunstancia de que la cartera de Susana García Chueca, la de Movilidad Sostenible, es la que tiene menos vehículos, menos gasto y menos kilometraje.

Los trabajadores de Tubos Reunidos llevan una semana sabiendo que el empleo de muchos de ellos tiene fecha de caducidad. Esperan con ansiedad que este lunes se concreten las cifras y se conozca el resultado de la siniestra lotería que es un ERE. Las cifras de despidos se prevén grandes. La empresa argumenta la necesidad de los despidos en la “compleja situación económica” que atraviesa, sobre todo como consecuencia de los aranceles de Trump, y los alrededor de 1.400 personas que trabajan en las plantas de Amurrio y Trápaga dan por sentado que el planteamiento que les haga la empresa planteará dejar en la calle a muchos trabajadores.

“Nuestra posición es firme. Queremos decirlo alto y claro: que no se engañe a la sociedad vasca. Ni Tubos Reunidos, ni las instituciones, ni el Gobierno vasco. Porque estamos hablando de una empresa que ha recibido más de 100 millones de dinero público, tanto en ayudas directas como indirectas, con un objetivo muy concreto: garantizar la viabilidad de la empresa, el mantenimiento de la actividad industrial y el empleo”, decían este pasado viernes los sindicatos a las puertas de la empresa en Amurrio en una concentración en la que anunciaban que lucharán contra el ERE. Una lucha que arrancará con una primera jornada de huelga el lunes u otra el día 13, coincidiendo con el encuentro con el Gobierno vasco.

La planta de Amurrio es la más grande de Tubos Reunidos, con alrededor de 900 trabajadores, la más afectada por la crisis y la que sufrirá en mayor medida el recorte de empleo. Por eso, la crisis de esta empresa supone todo un mazazo para la comarca de Ayala, que lleva ya muchos años viendo como se cierran sus industrias, sin que llegue el prometido reemplazo de inversión y reindustrialización: Glavista, Guardian Llodio. Maderas de Llodio... ahora Tubos Reunidos. Una sangría industrial que amenaza la comarca y que extiende la crisis más allá de la industria, a todos los sectores que dependen de una forma y otra de que la actividad industrial esté en alza.

La contundencia con que el consejero de Industria Mikel Jauregi ha señalado que no habrá ayudas del Gobierno vasco si tiene que aportar dinero en solitario para salvar la empresa y que no es partidario de “rescates vacíos”, ni “patadas para adelante”, coloca a la compañía ante un difícil panorama: en el primer semestre del año pasado perdió 28,4 millones de euros y acumula una deuda de 244 millones de euros. Parece una situación demasiado complicada como para encontrar nuevos inversores que permitan reflotar la empresa.

“Nuestra disposición es de total colaboración”, decía el consejero este pasado viernes interpelado por el tema en el Parlamento. “Pero la situación es muy compleja”, reconocía a renglón seguido. “Exige acuerdos amplios para definir un plan industrial que garantice la viabilidad futura de Tubos Reunidos”. “Por supuesto que vamos a apoyar a todo el que quiera apoyar un proyecto de futuro, un proyecto industrial a futuro y viable para Tubos Reunidos” decía el consejero, que a la vez recordaba que el arancel del 50% de Trump a las importaciones de acero “afecta de lleno a tubos reunidos. Hoy por hoy no existe un mercado alternativo capaz de absorber la pérdida de producción que generan esos aranceles”, señalaba. Y abogaba por “alinear a los agentes financieros y avanzar hacia un escenario que permita la continuidad del proyecto industrial y coordinar a todas las instituciones locales, rurales, Gobierno vasco y Gobierno español para dar una respuesta conjunta y responsable”.

Hace apenas cinco años Tubos Reunidos recibió 112,8 millones de euros de la SEPI, que ahora se demuestra que no ha servido para proteger el empleo. De hecho, la plantilla ha pasado por varios ERTE y los trabajadores de Amurrio está en regulación desde septiembre. Por eso, los sindicatos exigen “la total responsabilidad” de la empresa y de las instituciones que han sido “parte activa de todo este proceso”, desde el momento en que “decidieron inyectar dinero público en Tubos Reunidos y desde el momento en el que reconocen que es una empresa estratégica para Euskal Herria”. Y llaman a la “activación de la lucha, tanto de la plantilla de Tubos Reunidos como del conjunto de la comarca”. “Una vez más nos toca responder. Nos toca responder ante otro ataque”, señalan.

Lo cierto es que la comarca de Ayala empieza a acostumbrarse a las movilizaciones, a las huelgas y, lamentablemente, a que los despidos y los cierres sean una sangría constante en los últimos años.

Antes de Tubos Reunidos han sido los trabajadores de Maderas de Llodio los que han tenido que llevar su lucha a las calles. Están en huelga desde el mes de septiembre, cuando la empresa planteó un ERE para 39 de los 150 trabajadores de la empresa. La dirección ha dado por terminadas las negociaciones y la incertidumbre es total en la plantilla.

Hace meos de un año, la comarca se vio sacudida por el cierre de Guardia Llodio. En el mes abril esta empresa cerraba sus puertas y dejaba en la calle a 171 trabajadores. La dirección de Guardian Glass Llodio había comunicado apenas cuatro meses antes, en enero, su de “decisión definitiva” de cerrar la planta de “manera urgente” y de no invertir en su continuidad, tras la avería de su horno, sin atender a las protestas sindicales ni a las peticiones de repensar la situación desde el Gobierno vasco. La misma multinacional, Guardian, ya vendió en su día otra empresa en Ayala Autoglass-Glavista a un fondo, y la empresa acabó cerrando en 2023. En Gavista perdieron su empleo 240 trabajadores.

Desde el momento en el que se anunció el cierre de Guardian se ha alimentado desde el Gobierno vasco, y también desde la Diputación de Álava, la existencia de posibles inversores interesados en retomar la actividad de la empresa, pero nueve meses después del cierre de la empresa sigue sin saberse nada de ellos. Se llegó a hablar de cuatro, después de dos, locales e internacionales, pero no ha llegado a materializarse. Este pasado viernes el parlamentario del PP, Álvaro Gotxi se lo recordaba al consejero Mikel Jauregi, sin que este respondiera nada sobre el tema.