La planta de almacenaje de residuos de la empresa Onaindia de Vitoria, que sufrió un incendio de grandes dimensiones en la noche del último día de marzo al primero de abril del año pasado, estuvo funcionando sin contar con la preceptiva autorización. Las llamas, que dieron lugar a una elevada columna de humo y hundieron la calidad del aire de la ciudad hasta niveles de insalubridad, destaparon incumplimientos en la gestión de residuos. Ahora, una información aportada al Parlamento Vasco por el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, confirma que la empresa no formuló la solicitud de autorización ambiental hasta el mes de julio, pasados tres meses del incendio.

A petición de Jon Hernández, parlamentario de Sumar, el consejero afirma que la solicitud se cursó el 11 de julio del pasado año. Era para una autorización integrada, no única. “El régimen de intervención ambiental al que se encuentra sometida la instalación objeto de la solicitud corresponde a una autorización ambiental única, y no a una autorización ambental integrada”, señala Jauregi. La solicitud, por ese motivo entre otros, “no cumplía la totalidad de los requisitos exigidos para su admisión a trámite”, por lo que se hicieron requerimientos y no fue hasta el 29 de mayo de 2026, más de diez meses después, que la empresa presentó la documentación necesaria. A la fecha de la respuesta del consejero, todavía se estaba analizando la documentación.

A raíz del incendio, y como ya contó este periódico, una inspección reveló que en la planta había al menos seis zonas con residuos “fuera del ámbito de la autorización” con la que se contaba en ese momento. Se incoó un expediente sancionador contra la empresa. El mismo informe elaborado a raíz de esa visita apuntaba a que en el año 2024 se había superado la recepción de residuos autorizados. Fuentes de Onaindia consultadas en aquel momento subrayaron que los requerimientos nada tenían con ver con el incendio.

Las llamas dejaron una de las naves de Onaindia arrasada. La empresa empezó unas obras para reconstruir la nave calcinada, pero el Ayuntamiento ordenó en mayo de 2026 paralizar los trabajos porque Onaindia no contaba aún con permiso municipal. Desde la oposición, los grupos de EH Bildu y Elkarrekin se mostraron muy críticos: EH Bildu pidió que la actuación municipal no se quedase en una “mera advertencia” y Elkarrekin aseveró que la empresa no podía irse “de rositas”. En la respuesta del consejero Jauregi de este mes de julio, se señala que el Gobierno vasco todavía “no tiene constancia del inicio de las obras”.

En la comisión de Modelo de Ciudad, Urbanismo y Vivienda de este lunes, el concejal de Elkarrekin Óscar Fernández se ha apoyado en la respuesta brindada por el consejero al Parlamento Vasco para incidir en que la empresa aún no cuenta con la autorización ambiental única y que estuvo “al menos cuatro años” operando sin ella y sin licencia municipal. “Estuvo operando en una situación irregular y el Ayuntamiento no hizo seguimiento”, ha subrayado. El concejal del ramo, el socialista Borja Rodríguez, se ha ceñido a las competencias urbanísticas y ha afirmado que, siendo requisito imprescindible para la empresa contar con la autorización ambiental única para poder proseguir con las obras de reconstrucción, se esperará a que se siga adelante con la tramitación. “Los mecanismos de control urbanístico del Ayuntamiento funcionan. Cuando los servicios municipales detectaron una actuación que requería licencia, actuaron en consecuencia”, se ha defendido Rodríguez, que ha incidido, además, en que ha habido “máxima transparencia”.

Fuentes de la empresa indican que las obras están efectivamente paradas, a la espera de que se solventen los trámites en curso. En cualquier caso, reiteran que la empresa está siguiendo el protocolo en todo momento.

El Gobierno vasco, junto a Ekarpen, participará en la operación de incorporación de Vicinay al proyecto industrial liderado por Velora, grupo empresarial encabezado por Dámaso Quintana, con el objetivo de asegurar el futuro de esta compañía. El Ejecutivo invertirá 7,5 millones para adquirir el 7,8% de ECN All Wind, que será quien posea el 100% de Vicinay.

La inversión pública se materializará a través de ECN All Wind, una división creada por Velora y especializada en eólica marina y redes de transmisión y distribución eléctrica. La adquisición de Vicinay, empresa que entró en preconcurso de acreedores, constituye la primera operación de una estrategia de crecimiento que prevé nuevas inversiones, según ha informado en un comunicado el Departamento de Industria, que ha subrayado que Vicinay es una de las “compañías más emblemáticas” de la industria vasca y la operación servirá para reforzar “el posicionamiento de Euskadi en el sector de la eólica offshore”, informa Europa Press.

El área de Mikel Jauregi ha precisado que ECN All Wind está concebida para impulsar nuevas capacidades productivas y tecnológicas ligadas a un sector llamado a desempeñar “un papel estratégico en la transición energética europea”. Para concretar esta operación, el Gobierno utilizará el instrumento financiero Ezten II Fondo de Capital Riesgo recientemente creado, con una inversión de 7,5 millones de euros para adquirir el 7,8% de ECN All Wind, que será quien posea el 100% de Vicinay, empresa fabricante de cadenas.

Según ha precisado, la entrada institucional permitirá acompañar al inversor industrial en un proyecto orientado “a garantizar la actividad productiva de la compañía, preservar su centro de decisión y mantener en Euskadi su principal centro de fabricación”. Según ha recordado, con más de dos siglos de trayectoria, Vicinay es un referente mundial en la fabricación de cadenas y conectores de gran tamaño, con aplicaciones en sectores como el 'oil & gas' y, cada vez más, en instalaciones de energía eólica marina. Su planta de Sestao, según ha destacado, constituye un activo industrial de primer nivel y da empleo a cerca de 200 personas en Euskadi.

Industria ha subrayado que la operación llega en un contexto de mejora de las perspectivas de mercado para la compañía. El crecimiento previsto de la actividad en los sectores energético y 'offshore' permite anticipar un incremento de la producción de alrededor del 25% en los próximos años.

El Gobierno vasco ha destacado que esta operación se enmarca en la estrategia definida por el Plan de Industria Euskadi 2030. En este sentido, el Ejecutivo vasco siempre aplica el mismo criterio a la hora de evaluar su apoyo a cualquier inversor industrial y que, según ha recordado, es que sea “un proyecto industrial sólido y a futuro”, con un industrial de reconocida trayectoria, que promueva el empleo de calidad y que fomente la actividad de la cadena de proveedores locales.

Desde el Gobiernose subraya, además, que no se trata de una entrada directa en la gestión de Vicinay ni de “una actuación aislada”, sino del acompañamiento a una iniciativa industrial con vocación de crecimiento “en un ámbito estratégico para la industria vasca”. Según ha indicado, la participación pública se realizará siempre desde una posición minoritaria y complementaria a la del inversor industrial.

En este sentido, ECN All Wind nace con el objetivo de construir una plataforma industrial “capaz de integrar empresas y capacidades vinculadas a la cadena de valor de la eólica marina”. “La incorporación de Vicinay permitirá añadir un eslabón clave a esa cadena, aprovechando su conocimiento tecnológico, su capacidad productiva y su liderazgo internacional en sistemas de fondeo y amarre, componentes esenciales para el desarrollo de parques eólicos flotantes”, ha agregado.

Asimismo, ha indicado que la operación también busca reforzar el tejido industrial vasco mediante la generación de nuevas sinergias entre empresas proveedoras, centros tecnológicos y fabricantes especializados. Ha añadido que, tanto Velora como las instituciones consideran que la combinación de experiencia industrial, capacidad financiera y visión de largo plazo “ofrece una oportunidad para consolidar en Euskadi actividades de alto valor añadido asociadas a la transición energética”.

El Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad ha subrayado que el papel del Gobierno en este tipo de iniciativas consiste en acompañar proyectos “con capacidad tractora para el conjunto de la economía, favoreciendo la permanencia de centros de decisión, la promoción de empleo de calidad y el desarrollo de nuevas oportunidades industriales”. “Bajo esa premisa, la colaboración público-privada se plantea como una herramienta para fortalecer sectores con potencial de crecimiento y proyección internacional”, ha remarcado.

El Gobierno vasco ha indicado que, con esta operación, Vicinay inicia una nueva etapa dentro de un proyecto industrial más amplio orientado a aprovechar las oportunidades de la eólica 'offshore'. El respaldo de Velora y del Gobierno “aspira a dotar a la compañía de estabilidad financiera, capacidad de inversión y acceso a nuevos mercados, asegurando al mismo tiempo el arraigo de una empresa histórica que forma parte del patrimonio industrial de Euskadi”. Por último, ha manifestado que la incorporación a ECN All Wind refuerza, además, la apuesta por convertir a Euskadi “en referente en tecnologías vinculadas a la energía marina, combinando industria, innovación y sostenibilidad como motores de crecimiento para la próxima década”.

El Gobierno vasco no ve ningún elemento extraño en que la exalcaldesa de Santurtzi Karmele Tubilla, del PNV, se mantuviese hasta junio como vocal del consejo de administración del puerto de Bilbao aunque dejase el cargo en febrero. El Ejecutivo vasco señala que esos puestos no decaen con el cese de un cargo y agrega que fue el 21 de mayo cuando conoció oficialmente la propuesta del Ayuntamiento para que la nueva regidora, Itziar Carrocera, ocupase ese asiento en la autoridad portuaria. En pocos días, a comienzos de junio todo quedó resuelto, defiende el Gobierno.

Los puertos de “interés general” en Euskadi, los de Bilbao y Pasaia, son competencia del Estado, pero las instituciones locales tienen amplísimas facultadas para designar a los miembros del consejo de administración. Hay un decreto de 1998 que regula esos nombramientos. En el Parlamento Vasco, por ello, el representante del PP Álvaro Gotxi preguntó por el caso de Tubilla, cuya dimisión trascendió el 12 de febrero tras la controversia por la investigación de presuntas irregularidades en las oposiciones de la Policía local.

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, del PNV, de quien dependen estos nombramientos aunque la competencia portuaria sea de su colega Amaia Barredo, titular de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, recalca que la salida real de Tubilla del cargo se formalizó el 26 de febrero en un pleno municipal, aunque fuese conocida de antes. Eso explica que asistiera con normalidad a una reunión en el puerto del 24 de febero. “Era aún alcaldesa”, se subraya.

No asistió, eso sí, a otra cita que tuvo lugar el 23 de abril, en la que la vocalía que corresponde al Ayuntamiento de Santurtzía estuvo vacante. Añade Jauregi que no le corresponde hacer “valoración alguna” sobre lo sucedido, ya que el Gobierno se limita a “aplicar el procedimiento legalmente establecido”. Tampoco aclara qué ocurrió con eventuales dietas.

El actual presidente del puerto de Bilbao es Iván Jiménez y el vicepresidente es el viceconsejero de Barredo, Koldo Goitia. El director, Antonio Aiz, también fue cargo del PNV. Después, hay tres representantes del Estado -uno de ellos el vicelehendakari del PSE-EE, Mikel Torres-, está el Ayuntamiento de Bilbao, el de Zierbena y otros organismos y colectivos. En su día, el propio lehendakari, Imanol Pradales, fue vocal como representante de la Diputación de Bizkaia.

A finales de junio, precisamente, el Ayuntamiento de Santurtzi y el puerto renovaron su convenio de “colaboración”. Se trata de una inversión prevista de 4 millones de euros. Jiménez destacó el “constante compromiso” de la autoridad portuaria con el municipio. “La colaboración entre ambas instituciones ha demostrado ser una herramienta eficaz para impulsar proyectos que generan valor social, mejoran la accesibilidad y favorecen la integración del entorno portuario en la vida cotidiana del municipio”, manifestó.

Las obras del vertedero de Artxanda, en Bilbao, que el Gobierno vasco paralizó de forma cautelar el pasado mes de abril, siguen atascadas. Y la empresa encargada de la ejecución de los trabajos, Berriz Recycling Company, no responde a los requerimientos que le ha realizado el Ejecutivo, según reconoce el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, en una información trasladada al Parlamento Vasco.

El Gobierno vasco ordenó la suspensión cautelar de las obras en abril de este año tras constatar en una inspección no programada a las instalaciones que se habían realizado excavaciones no autorizadas y que la empresa carecía de entidad acreditada en materia de calidad del suelo y de dirección de obra nombrada. La que estaba haciendo estas funciones abandonó estas labores en el mes de diciembre.

La medida cautelar de suspensión se adoptó en el marco de un expediente sancionador en curso y posteriormente, el 8 de mayo, se envió a la empresa un requerimiento para que presentara ante el órgano medioambiental un informe validado por dirección de obra y redactado por una entidad acreditada en materia de suelos que recogiera las labores realizadas para el descabezado y retaluzado del vertedero desde el inicio de la obra y hasta la fecha, para conocer la situación real actual del vertedero. Es un requerimiento al que no se ha respondido por parte de la empresa, por lo que la obra sigue paralizada de forma cautelar.

El último cronograma presentado por la empresa al Ejecutivo estimaba que en el mes de diciembre de 2025 se presentara el informe final de descabezado del vertedero para garantizar su estabilización. Sin embargo, tal y como reconoce el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad interpelado por el parlamentario del PP, Álvaro Gotxi, “esta previsión se ha visto alterada por la comunicación realizada por la entidad acreditada Lurgiro SL, el 22 de diciembre de 2025”, que suspendió la relación contractual con los promotores.

“A día de hoy la empresa Berriz Recycling Company no ha informado a este órgano sobre la entidad acreditada responsable de supervisar las labores de excavación por lo que estas actuaciones se encuentran paralizadas”, señala el consejero Jauregi. De igual forma, esto supone que Berriz Recycling tampoco ha presentado ante el órgano ambiental la información sobre las actuaciones realizadas hasta la fecha y se está a la espera de que responda al requerimiento enviado en este sentido.

El Gobierno señala, entre otras cuestiones, como respuesta a una batería de requerimientos planteados por el parlamentario 'popular' sobre el vertedero, que “no han comenzado los trabajos de instalación de geosintéticos en la base del vertedero y no se ha emitido por el órgano ambiental pronunciamiento por el que se permite el inicio de dichas obras de impermeabilización”.

Las obras para estabilizar el antiguo vertedero de Artxanda y poner en marcha uno nuevo en la zona han sido polémicas desde el principio. El objetivo era retirar el lindano del terreno, pero para ello, como reconoció el propio consejero el pasado año en sede parlamentaria, primero era necesario “asegurar el terreno”. “La inestabilidad del terreno, hace inviable cualquier actuación de remediación definitiva, si antes no se garantiza la seguridad estructural del propio vertedero”, reconocían. Pero esos trabajos se han encontrado con muchas más dificultades de las esperadas.

La propia empresa reconocía en sus informes el riesgo de desplome. El talud ya se vino abajo en 1983 después de las inundaciones que asolaron Bilbao ese año. Berriz Recycling como propietaria de los terrenos asumió las tareas de descontaminación en 2024 para dar una nueva vida a esta zona, que fue el vertedero de Bilbao desde 1967 hasta el 1976. En un principio, la idea del Gobierno vasco era limpiar y sellar el vertedero, pero finalmente optó por la reapertura y utilizar esta capacidad. Sin embargo, las obras siguen paralizadas hoy en día, y sin fecha.

El Gobierno vasco no ha analizado los niveles de arsénico en la calidad del aire de Durango después del incidente en una empresa de la zona en la que varios trabajadores se vieron afectados con niveles en sangre que duplican o triplican los valores que se pueden considerar fuera de los márgenes de peligro. En respuesta a una solicitud de información, el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, confirma que “no se han realizado mediciones específicas de arsénico en la calidad del aire de Durango en los últimos años por parte del Departamento”, lo que supone que tampoco como consecuencia del incidente en la empresa Montorretas el pasado mes de mayo.

Señala Jauregi en su respuesta que el incidente objeto de la solicitud parlamentaria se corresponde con “problemas de salud en la plantilla de la empresa Montorretas derivados de su exposición al arsénico, que es competencia de salud laboral”. “Con carácter general, las actuaciones de evaluación de calidad del aire desarrolladas por el Departamento se orientan al seguimiento de la exposición de la población en aire ambiente y no a la investigación de situaciones vinculadas al ámbito de la salud laboral”, puntualiza.

Además, recuerda el consejero que las comunidades autónomas clasifican cada zona o aglomeración de su territorio y realizan la evaluación de la calidad del aire para el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno y los óxidos de nitrógeno, las partículas, el plomo, el benceno y el monóxido de carbono, el arsénico, el cadmio, el níquel y el benzopireno en todas las zonas y aglomeraciones de su territorio. La norma determina las condiciones que deben cumplirse para la medición de las concentraciones de los distintos contaminantes, la ubicación de los puntos de muestreo, los criterios de determinación del número mínimo de puntos de muestreo, los objetivos de calidad de los datos, la presentación de resultados y los métodos de referencia. En el caso de la CAPV existen tres zonificaciones del territorio, una para SO₂, NO₂, CO, PM10, PM2,5; otra para el ozono; y una tercera para el benceno, metales pesados y benzo(a)pireno. La evaluación de los metales pesados se hace de forma global para el conjunto del territorio de Euskadi. “A este respecto, debe tenerse en cuenta que el arsénico se mide en cuatro estaciones: María Díaz de Haro (Bilbao), Arriaga (Erandio), Tres de marzo (Vitoria) y Avenida Tolosa (Donostia). Y que todos los promedios anuales obtenidos se encuentran por debajo del umbral inferior de evaluación recogido en la normativa de aplicación, lo que en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.6 del Real Decreto 102/2011 permitiría realizar la evaluación del arsénico no mediante mediciones sino mediante modelizaciones”.

La Inspección de Trabajo y Osalan abrieron una investigación a la empresa Montorretas por los altos niveles de arsénico detectados en los análisis de varios trabajadores que tuvieron que estar de baja médica. Al menos se detectaron nueve empleados con niveles que duplican o triplican los valores que se consideran que se pueden considerar fuera de los márgenes de peligro. La empresa Montorretas, ubicada en Durango, que cuenta con alrededor de 32 personas en plantilla, se dedica a la fabricación de perdigón de plomo para caza y competición. Además, parte de la actividad está centrada en la producción de granulado de plomo, principalmente utilizado en la tecnología de encapsulados en las acerías.

La parlamentaria pregunta al consejero cuántas inspecciones ha realizado el departamento a esta empresa en los últimos años, y cuántas han sido programadas y cuántas no. Jauregi recuerda la frecuencia de las inspecciones periódicas depende del riesgo de la instalación y del impacto potencial de su actividad sobre el medio ambiente o la salud de las personas, teniendo en cuenta el grado de cumplimiento de normativa por el operador y la gestión ambiental que realiza. Es anual en las de mayor riesgo y cada tres años en las de riesgo menor, como es el caso de la empresa Montorretas. En concreto señala que en las últimas tres inspecciones programadas tuvieron lugar en 2019, 2021 y 2024 obteniendo en las dos primeras un grado de cumplimiento de las condiciones establecidas en la Autorización Ambiental Integrada (AAI) ALTO y en la llevada a cabo en 2024 un grado de cumplimiento medio-alto.

Reconoce que en las inspecciones realizadas en 2019 y 2024, se constataron incumplimientos respecto de las condiciones establecidas en la Autorización Ambiental Integrada (AAI), lo que motivó la emisión de los correspondientes requerimientos por parte del órgano ambiental. Pero la empresa presentó documentación de respuesta a los requerimientos en tiempo y forma. En la inspección practicada en 2021, no se identificaron desviaciones respecto de dichas condiciones, por lo que, junto con el informe de inspección, se emitió la correspondiente notificación.

El Gobierno de Imanol Pradales cumple ya dos años, la mitad de la legislatura. Es una coalición de PNV y PSE-EE que tienen sus tiras y aflojas, sus idas y venidas. Ahora, oficialmente, los socios están en tregua. Pero en los próximos días volverán a separar sus caminos en lo tocante a la reforma de la normativa del euskera en el empleo público, como antes han chocado en Vivienda, en política migratoria o en otras materias. elDiario.es/Euskadi repasa, uno por uno, los hitos principales del lehendakari y de sus quince consejeros.

Imanol Pradales

Lehendakari (PNV)

El lehendakari, dos años después, es el político vasco más valorado. El Sociómetro le da una nota de 5,8 sobre 10, que además ha ido creciendo en los últimos meses conforme avanzaba el mandato. Pradales, poco a poco, va esculpiendo su propio perfil. Está cuidando mucho la política internacional, con el hito de la visita del presidente de Alemania a finales de 2025, Frank-Walter Steinmeier, quien pidió disculpas por el bombardeo nazi de Gernika en 1937. También ha querido rescatar el alma más católica del PNV, con dos encuentros con el papa León XIV esta primavera, uno en el Vaticano y otro en Canarias, una carta a los obispos para prometerles remar juntos y la asistencia a eucaristías. Ha repetido que el nuevo pontífice es uno de sus faros. En materia migratoria, Pradales insiste, eso sí, en que los migrantes tienen “derechos”, pero también “obligaciones”. Lo planteó el discurso de Navidad y lo volvió a repetir en las entrevistas en ETB por el segundo aniversario: “Este país tiene una identidad, una lengua y unos valores que queremos seguir preservando”. El lehendakari entiende que la situación en España tiene una “pinta horrorosa” por las investigaciones de corrupción que se suceden, pero, tirando de pragmatismo, asegura que mientras Pedro Sánchez siga en el Gobierno tiene que ser aprovechada la ventana de oportunidad. En julio espera celebrar una reunión para cerrar acuerdos pendientes, como el del traspaso completo de la Seguridad Social, algo nunca antes cedido a una comunidad autónoma. ¿Y la reforma del Estatuto? Supuestamente, PNV y PSE-EE lo negocian con EH Bildu. Se anunció para junio algún movimiento por parte de Pradales que aún no ha llegado.

Ibone Bengoetxea

Vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística (PNV)

Tras unos primeros meses con un perfil más bajo, Bengoetxea ha reforzado su peso político en el segundo año. En estos meses, ha encabezado la fallida petición de que el 'Guernica' de Pablo Picasso pueda exhibirse en el Guggenheim de Bilbao temporalmente por el nonagésimo aniversario del bombardeo nazi. Igualmente, ha quedado enterrado el intento de levantar un nuevo Guggenheim en Urdaibai, el mismo que iba a hacerse “sí o sí”, según el PNV. Asimismo, sigue abierto el debate sobre la reforma legislativa para blindar las exigencias de euskera en las oposiciones a raíz de la cascada de fallos judiciales. El asunto ha generado una brecha con el socio de Gobierno, el PSE-EE, y la propuesta del PNV solamente prosperará si EH Bildu lo permite. Bengoetxea ha amagado con regularlo por decreto si esa vía falla. En materia de deportes, la selección vasca de pelota compitió oficialmente -y se enfrentó a la de España- y se ha abierto el melón de la oportunidad de organizar la Copa del Mundo de fútbol masculina de 2030 en Bilbao y Donostia.

Mikel Torres

Vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo (PSE-EE)

Torres también ha ganado en peso político como cabeza de la parte socialista del Gobierno de coalición y ha empezado a cuestionar algunas decisiones del socio, como recientemente lo tocante a la nueva reforma fiscal de Bizkaia, un papel antes reservado en exclusiva a Eneko Andueza. Su cartera, Economía, Trabajo y Empleo, tiene funciones relevantes, pero, si se completan las transferencias pendientes, las tendrá aún más. Ha ganado ya lo relativo a las autorizaciones laborales de trabajadores extranjeros, en 2027 Lanbide integrará las políticas activas y la RGI/IMV con las prestaciones y subsidios de paro con la desaparición del SEPE estatal y se negocia que Euskadi asuma también el pago de pensiones, unos 12.000 millones anuales. En materia laboral, Torres defiende que Euskadi tiene “bases sólidas” con la cifra más alta de cotizantes a la Seguridad Social de la historia, por encima del millón. “Pero tenemos que hablar menos de las cifras de empleo y más de la calidad”, asume. La mayoría sindical sigue fuera de los foros de diálogo social.

Noël d'Anjou

Hacienda (PNV)

En contraste, D'Anjou sale bien parado. En junio ya ha empezado a preparar los presupuestos de 2027. El Parlamento Vasco los aprobará en tiempo y forma, antes de que acabe el año. Serán los terceros en tres años de legislatura. Es algo impensable en España, que tuvo en 2022 su último debate presupuestario y que sigue con los de 2023 prorrogados. Más allá de eso, D'Anjou ejerce una suerte de bicefalia con Torres en lo tocante al liderazgo de la política económica. Técnicamente, las previsiones son cosa del PSE-EE, que además controla el Eustat, el Instituto Vasco de Estadística. Está por ver la ejecución real de la gran inyección de 1.000 millones para proyectos del pasado año, que además iba a venir completada con 3.000 de capital privado.

María Ubarretxena

Portavoz y consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno (PNV)

Ubarretxena puede colgarse la medalla de haber visto cómo el Parlamento ha aprobado, tras tres intentos fallidos en otras tantas legislaturas, la primera ley vasca de Transparencia. Euskadi deja de ser la única comunidad autónoma sin ese mecanismo. Y no sólo es poder obtener información, sino poder denunciar prácticas irregulares. “Todas las personas que deseen denunciar tendrán la oportunidad de hacerlo y su anonimato y su protección estarán garantizados”, explicó en una entrevista con este periódico. Ubarretxena es, además, la principal negociadora con el Estado de las transferencias pendientes del Estatuto de 1979. Está en el aire aún la más relevante, la gestión de las pensiones de la Seguridad Social, pero ya ha habido otros acuerdos relacionados, como el de las prestaciones del paro o el del seguro escolar. Dio mucho que hablar, igualmente, la negociación para la creación de un órgano bilateral con el que las instituciones vascas puedan tener voz en la gestión de los aeropuertos, aunque Loiu, Hondarribia y Foronda siguen siendo de titularidad estatal.

Más información: Entrevista con María Ubarretxena

Mikel Jauregi

Industria, Transición Energética y Sostenibilidad (PNV)

Jauregi tiene pendiente, y es una herencia de otras legislaturas, el denominado PTS de renovables, el documento que ordenará de manera definitiva el despliegue de parques solares y eólicos. Ahora, se multiplican las propuestas y se van analizando una a una, no sin contestación social. Euskadi está ultimando el primer proyecto con molinos de viento en veinte años. Es una comunidad muy dependiente en lo energético y con un 'mix' con mucho menos peso verde que el entorno. El consejero ha acuñado el concepto 'cuadrilla' para definir a la suma de esfuerzos públicos y privados para participar en proyectos empresariales. El gran hito fue la recuperación de la sede social de Talgo de la mano de José Antonio Jainaga, de Sidenor. Fue elegido empresario del año sin importar su investigación en la Audiencia Nacional por las ventas a Israel. En Nochevieja, al filo de las campanadas, la 'cuadrilla' recuperó la antigua Ibermática. Más dolores de cabeza está ofreciendo Tubos Reunidos, ahora en concurso de acreedores. El PNV insiste en que la SEPI estatal, su principal acreedor, propicie una quita de la deuda, 112,8 millones de principal y 40 en intereses, pero ese rescate otorgado en 2021 está siendo investigado por sospechas de corrupción. Hasta la empresa ha admitido que pagó unas cantidades al expresidente de la SEPI, el socialista andaluz Vicente Fernández Guerrero.

Bingen Zupiria

Seguridad (PNV)

El final de su segundo año ha estado marcado por las cargas de la Ertzaintza en el aeropuerto de Loiu tras la llegada de activistas de la Global Summud Flotilla. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y Zupiria hasta empleó el inglés para insistir en que es algo que no tenía que haber ocurrido. Eso sí, a la vez insiste en que hay un humus en la sociedad vasca que no acata la autoridad de la Policía. Este debate sobre el “modelo policial” se repite periódicamente. Sigue pendiente, eso sí, que la Ertzaintza alcance la plantilla prometida de 8.000 efectivos, comprometida desde 2004. En los últimos meses, la situación sindical en la Policía vasca ha dado un vuelco con la victoria de Euspel en las elecciones internas y el desplome de Erne. Y la academia de Arkaute ha vivido su particular crisis con la salida de Miren Dobaran y la necesidad de rescatar a Jon Goikolea.

Begoña Pedrosa

Educación (PNV)

Las propuestas de fusiones de centros públicos y cierres han acarreado los momentos más controvertidos en los últimos meses para Pedrosa. Familias y sindicatos han lanzado críticas. Los motivos esgrimidos son la caída de la natalidad y la necesidad de optimizar recursos, pero también seguir reduciendo la brecha de segregación entre colegios. La consejera logró la paz social con los sindicatos de la red pública en 2025, logrando un acuerdo valorado en 100 millones que ponía fin a lustros sin convenio. Pero ahora están empezando a avisar de retrasos en el cumplimiento de los compromisos adquiridos. En Euskadi, casi el 50% del alumnado está matriculado en centros de titularidad privada. Finalmente, este año se ha conocido la resolución de la Autoridad Vasca de la Competencia sobre los problemas en el servicio de transporte escolar en la pasada legislatura. Han multado con 900.000 euros a 31 empresas por “boicotear” al Gobierno vasco para ganar más con los autobuses.

Más información: Entrevista con Begoña Pedrosa

Denis Itxaso

Vivienda (PSE-EE)

El reciente Sociómetro es contundente: la vivienda es el primer problema de la sociedad vasca y, además, apenas un 8% confía en las políticas del Gobierno vasco. Itxaso es un consejero omnipresente. Insiste en que está en actitud de “combate” y que la emergencia habitacional “tiene solución” si se toman medidas. En diciembre llegó la reforma legislativa con cambios en varias normas para agilizar la construcción de vivienda y ahora ya hay una nueva reforma anunciada. En medio, aprobó un decreto “urgente” con medidas que han tenido tirón -como las mejoras de las prestaciones para jóvenes Gaztelagun- pero que tardó más de un año en ser una realidad. “Lo lamento muchísimo. Hemos puesto alma. Hemos trabajado a destajo. Muchos informes. Al final tenemos una burocracia que nos hace polvo”, alegó. La cartera de Vivienda es del PSE-EE, aunque el PNV busca lanzar sus propios planes, como la línea de avales a la compra de casas de hasta 400.000 euros o las ayudas Emantzipa, paralelas a Gaztelagun. A la vez, son recurrentes las tensiones con EH Bildu, principal fuerza de la oposición y que lidera decenas de municipios.

Alberto Martínez

Salud (PNV)

Si el estado de salud de Osakidetza era el gran problema heredado de la pasada legislatura, ya no lo es. Pero el segundo año de Alberto Martínez ha sido mucho más tortuoso que el primero. Hace un año, por ejemplo, logró la fotografía del denominado Pacto Vasco de Salud, pero sin la mayoría sindical y, sobre todo, con un gran cambio de caras en su equipo a las pocas semanas. Se fue el viceconsejero, Enrique Peiró, y la directora general de Osakidetza, Susana López Altuna. Apenas duraron un año en el cargo. En enero, además, tuvo que hacer frente a la crisis de las vacunas caducadas, que parece tener una pequeña réplica cuyo alcance se desconoce ahora en junio. Sin embargo, lo que más tiempo ocupa a Martínez es la huelga intermitente de médicos que está obligando a posponer consultas y que ha echado por tierra la mejora de la lista de espera quirúrgica tras los años de la pandemia de COVID-19. El consejero ha liderado a sus colegas de otras comunidades en una cruzada contra la ministra de Sanidad, Mónica García, de Sumar, a la que acusa de no sentarse a negociar un estatuto marco propio para los facultativos.

Nerea Melgosa

Bienestar, Juventud y Reto Demográfico (PNV)

El año de Melgosa ha estado marcado por la reforma legislativa exprés y por la anunciada aprobación de un decreto -que técnicamente aún no ha llegado- para endurecer el control de los campamentos de verano a raíz de la veintena de denuncias de violencia sexual conocidas el pasado año en torno a la colonia de Euskal Udalekuak en Bernedo. Asimismo, se han aprobado las mejoras en las ayudas por crianza, 200 euros mensuales que ahora se cobrarán durante cuatro años y no durante tres. Se mantiene la posibilidad de que las perciban quienes han inscrito a un bebé nacido por gestación subrogada, una práctica no legal en España. Melgosa es también la consejera competente en materia de migración y ha mantenido firme su 'no' al centro de refugiados de Vitoria que proyecta al Estado. Al PNV le da igual que las plazas vayan a ser 120 y no las 350 inicialmente planteadas.

Susana García Chueca

Movilidad Sostenible (PSE-EE)

Sin noticias sobre si la 'Y vasca' se conectará con Pamplona por Vitoria o por Ezkio/Itsaso y sin fecha para el estreno de los trenes de alta velocidad cuando se cumplen veinte años del inicio de las obras, García Chueca podrá inaugurar en breve el nuevo Topo de Donostia -aunque empiezan a florecer los titulares sobre los millonarios sobrecostes-, la 'metrización' del servicio. También se ha desbloqueado la línea 4 del metro de Bilbao, la de Rekalde, iniciado una nueva ampliación del tranvía de Vitoria, la de Zabalgana, y anunciado que las líneas de Cercanías de Renfe, ya gestionadas por el Gobierno autonómico, pasarán a llamarse en algún momento Lottu. En cartera hay más proyectos en estudio, como la llegada del Topo no ya a Hendaya sino a Baiona o una ampliación más del tranvía de Vitoria hasta el Fernando Buesa Arena. Se ha posicionado en contra de que el puerto de Pasaia pierda la etiqueta de infraestructura de “interés general”, como plantea el PNV, para que sea transferido y gestionado por las instituciones vascas.

Entrevista con Susana García Chueca

Juan Ignacio Pérez Iglesias

Ciencia, Universidades e Innovación (PNV)

Hay un nuevo rector en la EHU, la Universidad pública vasca, Joxerramon Bengoetxea, y un exrector al frente de la cartera de Universidades del Gobierno vasco. Y los últimos meses han sido de enfrentamiento. El más fuerte, en otoño de 2025, tuvo como eje de la discusión en torno a la financiación. “¿Se trata quizás de enmascarar la ausencia de un proyecto académico? ¿O de ocultar la incapacidad para ejercer la responsabilidad y tomar decisiones presupuestarias difíciles? [...] Confío en que no se trate de hacer uso de la universidad pública como ariete político”, llegó a escribir el consejero sobre Bengoetxea. Pero ha habido más. El cierre en febrero del campus de Vitoria por un acto de Vox y recientemente las correcciones de la Selectividad han motivado encontronazos que no se habían visto cuando en el rectorado de Leioa había personas más afines al Gobierno. Los avances de Donostia como capital de la computación cuántica han sido noticia este año. Pérez Iglesias es el único consejero independiente, aunque participa en los actos del PNV, el partido que le propuso para el cargo.

Javier Hurtado

Turismo, Comercio y Consumo (PSE-EE)

El consejero que más años lleva de continuo en el mismo cargo ha ganado peso político ya que, desde 2025, es también el líder de su partido en Álava. Aunque la medida es foral, sí puede sumar a su haber que esté ya aprobada la denominada 'tasa turística', en realidad un impuesto más que grava las estancias y que es variable en función del tipo de alojamiento. No está en vigor, porque tienen que desarrollarla los municipios, pero lo estará en 2027. Tramita una reforma legislativa sobre el sector, aunque su principal medida, la de prohibir más apartamentos turísticos en zonas tensionadas, ya está en vigor por otra vía, la normativa de Vivienda. Hurtado ha manifestado con insistencia su deseo de “desestacionalizar” y “descentralizar” el flujo de visitantes, esto es, que no se concentren ni en el mismo punto ni en la misma época del año. Donostia, con nuevo alcalde, es siempre el centro de las miradas en este debate.

Amaia Barredo

Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca (PNV)

La consejera Barredo ha puesto mucho empeño en llevar cajeros a zonas con poca población y ha inaugurado el nuevo edificio del Basque Culinary Center de Donostia, el conocido como GOe, y puesto las primeras piedras de las dos sedes de EDA, en Vitoria y en la Rioja Alavesa. Pero también se ha visto obligada a retocar la normativa de pesca de la angula o la de asignación de amarres en los puertos deportivos, donde hay que buscar 774 'aparcamientos' para cubrir la lista de espera y, a la vez, sentencias desfavorables por la gestión de la sociedad portuaria EKP. En 2026, se han convertido en firmes también las sentencias sobre el proyecto Valogreene Paper de Bergara anulando la autorización firmada por Barredo cuando era viceconsejera. Han sido cuatro las resoluciones del Tribunal Supremo, aunque la vía penal quedó cerrada. Y hay más sentencias: en Semana Santa se conoció la condena al dueño de la empresa La Gilda del Norte por delitos contra trabajadores extranjeros, a los que tenía sin dar de alta y obligaba a esconderse en caso de inspecciones. A los pocos días, fue una de las marcas invitadas al pabellón de Euskadi de la feria Salón Gourmets de Madrid.

María Jesús San José

Justicia y Derechos Humanos (PSE-EE)

Si de presentación de proyectos se trata, San José ya puede dar por cumplida la apertura de la nueva cárcel de Donostia, la de Zubieta. Eso sí, ha acumulado años de retraso imputables al Gobierno central, el responsable de las obras. Pero no es ése el principal foco de titulares en lo tocante a la gestión penitenciaria. Las flexibilizaciones de grado y semilibertades concedidas a presos de ETA le han granjeado las críticas de la oposición de derechas y de asociaciones de víctimas, sobre todo en los casos de exdirigentes como Soledad Iparragirre 'Anboto' o Garikoitz Azpiazu 'Txeroki'. Siempre ha defendido que se está cumpliendo con la legalidad y que se siguen criterios técnicos. En algunos casos, la Justicia ha enmendado las decisiones adoptadas. Menos eco ha tenido que se haya concedido la semilibertad a los cuatro excargos del PNV encarcelados por corrupción en el marco del 'caso De Miguel' sin que hayan llegado siquiera a la mitad de la condena efectiva. Eso sí, fue contra el criterio de Prisiones y por orden judicial. En materia de Derechos Humanos, fue muy simbólica la petición de “perdón” por los GAL viniendo de un equipo socialista y se han hecho actos para exponer el sufrimiento causado por ETA entre jóvenes o para conmemorar aniversarios, como el quincuagésimo de la masacre del 3 de marzo de 1976 en Vitoria.

El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) recoge este miércoles la salida de Karmele Tubilla como vocal del consejo de administración del puerto de Bilbao en representación del Gobierno vasco. Tubilla dimitió hace ya cuatro meses como alcaldesa de Santurtzi, uno de los municipios de la zona portuaria, por el caso de las oposiciones de la Policía Local. El PNV eligió como nueva regidora a Itziar Carrocera, que es precisamente quien pasa a ocupar ese asiento en el órgano rector de la infraestructura.

El decreto fue firmado por el lehendakari, Imanol Pradales, y por el consejero Mikel Jauregi, el pasado 2 de junio; y el texto indica que “surtirá efectos” desde la “notificación” al presidente de la autoridad portuaria, Iván Jiménez. En la página web del organismo, ahora mismo, sigue figurando Tubilla como uno de los representantes del Gobierno vasco.

Fue en febrero cuando se conoció la marcha de Tubilla. Alegó “razones personales, familiares y políticas”. Añadió, en un comunicado, que estaba siendo “utilizada por el resto de partidos políticos para perjudicar la imagen” del PNV. Sin nombrar directamente el caso de la presunta filtración de las preguntas de la OPE policial dentro de su Gobierno, era evidente que era el asunto que estaba en el trasfondo.

Aunque los puertos de “interés general”, en Euskadi los de Bilbao y Pasaia, son competencia del Estado, las instituciones vascas participan desde hace años en su consejo. En el caso del primero, el presidente Iván Jiménez fue nombrado directamente por el Gobierno vasco, el vicepresidente es el director de Puertos, Koldo Goitia, y entre los vocales está también el viceconsejero Miguel Ángel Páez. Incluso aparece el vicelehendakari, Mikel Torres, aunque en su caso ocupando uno de los asientos del Estado. Igualmente, hay una vocalía elegida directamente por la Diputación de Bizkaia, la que antes ocupaba el propio Pradales antes de ser lehendakari.

El Gobierno vasco cree que la capacidad actual de los vertederos es suficiente y acorde con las previsiones de reducción de vertidos que se establece en el Plan de Prevención y Gestión de Residuos (PPGR) para 2030. Según señala el Ejecutivo, actualmente existe una capacidad de vertido de residuos no peligrosos que asciende a algo más de 4,4 millones de toneladas, cantidad que sale sumando la capacidad de los seis vertederos totalmente operativos, a la que tiene el de Jata, en Lemoiz, y el de Aizmendi en la Mancomunidad de San Marcos. “A día de hoy, con las previsiones de vertido a 2030 y la capacidad remanente actualizada, la capacidad de vertido es suficiente”, indica el departamento de Industria, Transición Económica y Sostenibilidad. Esta capacidad es muy superior a la que se estima en el plan para el año 2025 y 2026, con una reducción del vertido en vertederos hasta las 550.000 tonaladas, con el objetivo de que en 2030 acaben en el vertedero sólo 200.000 toneladas de residuo.

Según la información trasladada por el consejero Mikel Jauregi al Parlamento Vasco a petición de Álvaro Gotxi, del PP, el vertedero de Gardelegi, en Vitoria tiene una capacidad de 1.206.000 toneladas, el vertedero de Zalla, 1.187.681 toneladas y el de Igorre, 1.022.324 toneladas, todos ellos en Bizkaia y los tres con mayor capacidad. El de Artigas tiene 450.000 toneladas de capacidad, Bistibieta, en Lemoa, 211.346 toneladas, Betearte, en Mallabia, 78.430 toneladas. Además, incluye en el listado el vertedero de Jata, en Lemoiz, con 201.600 toneladas de capacidad, y el vertedero de residuos inertes y no peligrosos de Aizmendi, de la Mancomunidad de San Marcos, en Gipuzkoa, con 88.915 toneladas de capacidad. En total, 4.446.296 toneladas de capacidad en lo que se refiere a los residuos no peligrosos. Actualmente, según los datos que maneja el Gobierno vasco, los vertidos se han reducido un 53% respecto al año 2018, y el objetivo es llegar a un 85% en 2030. Este año, coincidiendo con el ecuador del Plan de Prevención y Gestión de Residuos 2030, se está llevando a cabo el seguimiento con datos de cierre de 2025. “A partir de este análisis se elaborará un documento de revisión que revisará la prognosis de vertido y definirá el programa de actuaciones para el periodo 2027-2030”, señala el Ejecutivo.

Por otra parte, el departamento de Industria también considera que llegará al objetivo de revalorizar en 40.000 y 50.000 toneladas al año de las fracciones resto de los procesos de tratamiento de plásticos de residuos de aparatos electro-electrónicos, tal y como se determinaba en el Plan, aunque para ello no se construirá una nueva planta. “La actuación de la Administración se ha orientado hacia las instalaciones ya existentes, evitando la necesidad de construir nuevas plantas específicas, señala el Ejecutivo. En este sentido, afirma que se están tramitando a instancias de los titulares de las instalaciones ya existentes en las que se llevan a cabo operaciones de valorización energética, modificaciones de sus autorizaciones para aumentar la capacidad de valorización energética. ”En caso de que dichas modificaciones sean aprobadas la capacidad total disponible para la valorización energética de residuos plásticos alcanzará las 45.000 toneladas anuales, un rango coherente con las necesidades estimadas en el Plan de Prevención y Gestión de Residuos 2030 para las fracciones resto de estos procesos“.

En relación con la gestión de estos residuos de aparatos eléctrico-electrónicos, señala el Ejecutivo que además de las plantas ya autorizadas con una capacidad total de 62.500 toneladas anuales, se han autorizado varias plantas de valorización con una capacidad de más de 24.000 toneladas anuales que permite separar los plásticos por familias y composición, con el objetivo de destinarlos a reciclaje, conforme a la jerarquía de gestión de residuos. Estas nuevas plantas autorizadas son Imduplast, Recyclig, ubicada en Zalla; Zerkibide, en Llodio, Logiraees en Trápaga; Reciclajes Ugarte, también en Trápaga; Emaus-Koopera UTE, en Vitoria y Ruben Gómez Pérez, en Lemoa.

El Gobierno vasco espera tener antes de que finalice el mes de junio las conclusiones de un estudio para determinar si es rentable o no abordar la construcción de un hidroducto que conecte la red de hidrógeno prevista en Euskadi con Francia a través del gaseoducto de Irún. El Ejecutivo ha encargado a través del Ente Vasco de la Energía (EVE) el estudio a las consultoras Team y Tecnalia, que analizarán si se dan las condiciones técnicas para la construcción del hidroducto analizando el potencial mercado transpirenaico de hidrógeno.

“Una vez se determinen las fechas concretas de desarrollo de la conexión de hidrógeno se abordará la capilarización de la red troncal para dar servicio a aquellos usuarios y consumidores que tengan interés”, señala el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, en una respuesta remitida al Parlamento Vasco.

El estudio pretende analizar si existen argumentos técnicos y económicos sólidos que justifiquen impulsar una conexión transpirenaica de hidrógeno a través de Irún. El hidrógeno verde es una apuesta clara de la estrategia energética del Gobierno vasco, pero de momento es una fuente de energía incipiente y totalmente en fase de desarrollo. Por eso, con este estudio se pretende caracterizar el potencial de producción y consumo de hidrógeno en ambos lados de la frontera, y así evaluar el interés real y la viabilidad de dicha infraestructura. Es decir, se identificará a los actores clave del sector industrial y energético ubicados en la zona de interés y se mostrará la potencial demanda y oferta de hidrógeno, así como se aportará información relevante para la toma de decisiones en cuanto a las conexiones transpirenaicas de hidrógeno con foco en la conexión por Irún.

El Gobierno vasco ha trasladado al Parlamento Vasco que espera tener las conclusiones del estudio ante de que acabe el primer semestre del año en respuesta a una pregunta parlamentaria de PP. Esta infraestructura se enmarca en el proyecto liderado por Enagás que contempla una inversión de 400 millones de euros en suelo vasco y la construcción de 163 kilómetros de tubería. La parlamentaria Muriel Larrea considera que, aunque “la dimensión internacional y la capacidad de exportación son fundamentales para el posicionamiento de Euskadi como hub energético, es imperativo garantizar que esta infraestructura no sea solo una vía de tránsito, sino un motor de competitividad para el tejido industrial local, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes) y las zonas rurales por las que transcurre el trazado”.

Por eso, cuestiona al consejero Jáuregi sobre los “mecanismos de apoyo o cláusulas de fomento se están negociando con Enagás para asegurar que la inversión de 400 millones de euros en Euskadi priorice la contratación de ingenierías, constructoras y proveedores de servicios radicados en el territorio vasco”. También pregunta por las gestiones en Europa para que se considere una conexión prioritaria y se adelanten los plazos, ya que no está previsto esta conexión antes la década de 2040, o las medidas a tomar para que la obra y toda la apuesta por el hidrógeno genere empleo en Euskadi.

Jauregi no da muchos detalles en su respuesta más allá de señalar que se mantienen “conversaciones recurrentemente con los promotores de las diferentes Infraestructuras energéticas donde, entre otras cuestiones, el gobierno refuerza el posicionamiento de la industria vasca en el desarrollo de las mismas” y que el Ejecutivo defiende el valor e interés estratégico de la conexión de la interconexión de hidrógeno por Irún en todos aquellos foros en los que participa en Euskadi, a nivel de Estado y también internacional“. Señala como ejemplo en este sentido, el proyecto europeo Phyrene de colaboración transfronteriza en materia de hidrógeno, en el que participan, entre otras, las regiones francesas de Nouvelle-Aquitaine y Occitanie.

En lo que se refiere al empleo relacionado con el hidrógeno, indica que se están lanzando “diferentes iniciativas de formación y capacitación que se irán reforzando con la penetración del hidrógeno en diferentes ámbitos de actividad. En este sentido, el hidrógeno se ha integrado en la formación reglada de FP mediante nuevas asignaturas y materiales didácticos. Y también se debe remarcar la colaboración entre la viceconsejería de Formación Profesional y el Corredor Vasco del Hidrógeno, asociación público-privada donde participan más de 70 instituciones, empresas y centros tecnológicos de Euskadi”.

La red troncal de distribución de hidrógeno verde, que se presentó el pasado mes de noviembre movilizará en Euskadi entre 350 millones y 400 millones de inversión en su primera fase, y afectará a 50 municipios vascos, uno de cada cinco. En total, serán 163 kilómetros repartidos en dos tramos conectados con el resto del eje de la cornisa cantábrica: el Reocín-Arrigoriaga, con alrededor de 38 km en territorio vasco; y el Arrigoriaga-Haro, con aproximadamente 125 km, que convertirá a Euskadi en un centro neurálgico del mercado del hidrógeno, con un potencial nodo de agregación en la proximidad de Bilbao y Vitoria, donde se agrupan futuros proyectos de producción y consumo, relacionados con el ámbito industrial. En esta primera fase está previsto que arranquen las obras en 2028 y que esté ultimada en 2030, para arrancar después las redes de hidroductos que conectarán con el valle de Ayala y sus industrias, y la conexión de Bergara-Irún y después con Francia, sobre la que se está haciendo ahora este estudio de mercado. En principio, el 80% de la red de hidroaductos en Euskadi discurrirá por el subsuelo de forma paralela a la de los conductos del gas, de Enagás, lo que minimiza el impacto ambiental.

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha considerado que con el concurso de acreedores y el hecho de que se haya empezado a trabajar en la planta de Amurrio tras suspenderse la huelga indefinida se abre “una nueva etapa” para la atracción de inversores en Tubos Reunidos. Y ha adelantado que “hay inversores interesados en poder ayudar”, pero “no propuestas” concretas aún.

El consejero ha comparecido tras el Consejo de Gobierno, casi en el momento en el que representantes de los comités de empresa de Tubos Reunidos de Amurrio y Trápaga, por separado, comparecían en el Parlamento Vasco. El comité de empresa de la planta vizcaína ha señalado que su fábrica es viable en estos momentos y tiene carga de trabajo, por lo que han pedido que se posibilite que haya un inversor específico para Trápaga dentro del proceso concursal, atendiendo a que tienen una situación de partida diferente por el tipo de producto que fabrican.

Jauregi ha reiterado que “la solución” en Tubos Reunidos pasa por “la llegada de un nuevo inversor con un proyecto industrial a futuro” y, para ello, se requieren “dos condiciones” que lleva repitiendo a lo largo de toda la crisis de la empresa. Por un lado, que se logre la quita de la deuda, porque “nadie va a pagar por un piso que tiene la hipoteca cinco veces mayor que el valor real del piso”, y también “la paz social”, ya que “nadie quiere comprar un piso en un vecindario con líos”. En su opinión, el concurso de acreedores “abre la puerta de una manera legal y ordenada a hacer esa reestructuración de la deuda, que antes no se podía hacer porque la Sepi, que es la mayor acreedora de Tubos Reunidos, decía que no podía reducir o hacer una quita en su deuda porque no tenía manera legal de hacerlo”. “Y ahora eso ya está en manos del administrador, ya va a hablar con todos los acreedores y empezar ya a activar la reestructuración de la deuda”, ha recordado.

Además, ha destacado que con la suspensión de la huelga indefinida en Amurrio se ha llegado a una “situación de mayor paz social”. “Celebramos que la gente esté trabajando, porque es importante conseguir que la actividad continúe por dos razones prioritarias en este momento. Una, que se genere suficiente caja para pagar las nóminas de los empleados, que sigamos haciendo suficiente caja, sacando la carga de trabajo adelante y la cartera de trabajo adelante. Y la segunda es para mantener la clientela, porque si los clientes se van a marchar si seguimos en una situación de nueva actividad”, ha apuntado.

Mientras tanto, los representantes del comité de empresa de Trápaga, la planta vizcaina, antigua Productos Tubulares, han pedido ayuda a los partidos políticos para garantizar la continuidad de a planta de Trápaga. Han indicado que la realidad de Tubos Reunidos “marcha a dos velocidades, Amurrio tiene una situación muy compleja, que va a requerir un concurso largo y difícil, mientras que Trápaga es una empresa viable hoy mismo, con capacidad tecnológica y comercial con futuro inmediato”, han indicado. Han asegurado que no quieren “mal para Amurrio, todo lo contrario”, han dicho. Y en este sentido, han considerado que estabilizar el nudo estratégico de Trápaga “servirá de palanca de tracción y dará el oxígeno necesario para consolidar también a Amurrio”. Por eso, han insistido en que “dejar avanzar cuanto antes a la planta de Trápaga es salvar empleo industrial real desde hoy mismo. Tiene carga de trabajo y clientes hoy, y así proteger la cadena de proveedores vascos y darnos margen financiero para buscar una solución para Amurrio. Les pedimos apoyo político y agilidad administrativa para facilitar la llegada de un socio inversor específico para Trápaga”, han señalado.

No obstante, han advertido de que cuentan con carga de trabajo para cuatro meses, pero que son unos pedidos que se pueden perder porque no tienen materia prima, porque no se puede comprar por falta de caja o porque no llega desde Amurrio por la huelga indefinida que se ha extendido desde marzo hasta este lunes. En este sentido, han insistido que se necesita una ayuda “inmediata”.

De forma previa, han comparecido en la comisión de Industria del Parlamento representantes del comité de empresa de Amurrio, que han criticado el “insuficiente papel de las instituciones públicas” hasta ahora para exigir transparencia a la dirección, y fiscalizar el dinero público inyectado a la empresa. Además, han esperado que el concurso permita un cambio de enfoque del ERE que se presentaba como “imprescindible, no ha solucionado nada”. Por eso, aunque han reconocido que el concurso “no es una buena noticia y refleja la gravedad de la situación” han señalado que al mismo tiempo, “abre una nueva fase en la que, por primera vez, debería ser posible una interlocución real, con transparencia, con información completa y con la participación de todas las partes implicadas”. En este punto han enmarcado la suspensión de la huelga indefinida para “hacer ver que la plantilla apuesta de forma clara por facilitar al administrador concursal una solución que no sean ni despidos, ni el cierre de la acería, ni la externalización de la logística”. Respecto a los posibles inversores, han indicado que deberían buscarse entre los accionistas, que han cobrado beneficios mientras se engordaba la deuda. En este punto, se han preguntado si desde la Sepi se sabía que “se ha pagado mucha deuda, pero privada, porque se dice que la pública es impagable, pero la privada, a accionistas como BBVA, sí se ha ido pagando”. Por ello han considerado que estos accionistas son los que deberían ahora reinvertir para salvar la empresa.

El Ente Vasco de la Energía (EVE), sociedad pública del Gobierno vasco, e Iberdrola han encontrado en 24 horas el interés de 51 pequeños inversores para cubrir, mediante la fórmula de “crowdlending”, el 60% de los 3 millones previstos para inyectar financiación al parque eólico de Labraza, en la localidad riojanoalavesa de Oyón. Es la primera instalación de renovables que se inagurará en Euskadi en dos décadas y, además de ofrecer reducciones en la factura eléctrica, los promotores están probando otras formas “innovadoras” de “crear beneficio” para las personas que viven en las localidades afectadas.

“Como experimento o novedad, parece que va bien”, se ha felicitado el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, del PNV, al dar los primeros datos desde la puesta en marcha de la iniciativa este lunes. Ha dado por hecho que el cupo de 3 millones de euros se llenará al haber sido ya reservados 1,8 en poco tiempo y ha explicado que, después, se dará prioridad a los vecinos del entorno directo del parque, los de Labraza, Barriobusto y todo el término de Oyón. Eso sí, está abierto a cualquier persona de la Rioja Alavesa y de toda la provincia de Álava.

Según los promotores, se pueden meter entre 1.000 y 100.000 euros y se prometen rentabilidades del 7%. “La plataforma Fundeen realiza el proceso inversor con rentabilidad garantizada”, se puede leer en la web del organismo público EVE. Este martes hay una reunión informativa en Labastida y las habrá, igualmente, en Oyón y Laguardia.

No sin oposición social y con controversia política en un municipio gobernado por EH Bildu, las obras de Labraza ya han arrancado. Se habla de una inversión total de 59 millones de euros, por lo que la parte de “crowlending” apenas supera el 5%. Por el momento, según el EVE, “se han adjudicado las obras a la firma navarra ECAY, los aerogeneradores a Siemens-Gamesa y la ampliación de la subestación de evacuación a la ingeniería EDS”. Se trata de una planta de 40 MW y supondrá un salto del 26% en la capacidad de generación eólica actual de la comunidad autónoma.

El consejero Jauregi ha explicado que los proyectos en marcha permitirán pasar de una producción renovable actual que apenas supone el 7,9% del 'mix' total a un 15% en cinco años. Eso implica ganar 450 MW con parques eólicos o solares, mas también otros 300 MW en “autoconsumo”. El EVE tiene un presupuesto total de 80 millones de euros. La ley autonómica de 2024 obliga a que Euskadi alcance un 32% de renovables en 2030 y el último dato es del 21,4%. Son dos indicadores diferentes, ya que en el segundo entra también la energía verde importada, no solamente la producida.

El meandro del río Zadorra en Astegieta, un pueblo del municipio de Vitoria, sigue esperando la confección de un proyecto que permita recuperarlo. Hace cuatro décadas y media, en 1981, se modificó su curso para abrir un establecimiento de Eroski, el que fue el primer gran centro comercial de la capital alavesa. Ahora se quiere recuperar el trazado original. Si bien la Agencia Vasca del Agua (URA) ya aprobó en verano del año pasado un plan, no se cuenta por el momento con ningún proyecto constructivo. Dado que hay acuerdos pendientes, no se prevé ninguna actuación ya para este 2026. Y, en cualquier caso, a partir del momento en que se concreten, se requerirá un mínimo de dos años y medio, lo que acercaría la conclusión de la obra a 2030. Se estima que los trabajos supondrán alrededor de cuatro millones de euros.

Los datos proceden de una respuesta de Mikel Jauregi, consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, a una pregunta de la parlamentaria de EH Bildu Amancay Villalba. Se advierte de que “cualquier cronograma estimativo [...] es dependiente por completo de los acuerdos que alcancen el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la entidad comercial que se ubica sobre el antiguo meandro”. “Hay cuestiones administrativas que deben ser resueltas previamente”, se subraya.

¿Cuál es el calendario? Aunque los tiempos son siempre, según se recalca, “estimados”, los plazos mínimos una vez cerrado el papeleo serían los siguientes: medio año para “el conjunto de tareas preliminares previas a la licitación de la redacción del proyecto”, “al menos un año” para “la redacción del proyecto, incluida su licitación y la obtención de las diversas autorizaciones sectoriales” y una “ejecución de las obras” que “no debería superar el año de duración”.

El objetivo del proyecto, en cualquier caso, es “la recuperación del trazado original del meandro del río Zadorra, junto con sus dinámicas naturales y ecosistemas asociados”. “Con la demolición de la edificación existente —recoge la respuesta del consejero— se eliminará una obstrucción al flujo en avenidas”. Se da la circunstancia de que el viejo centro comercial está construido en una de las zonas más críticas cuando hay crecidas por lluvias intensas o aperturas de la presa del embalse de Ullibarri-Gamboa para desaguar los remanentes. En diciembre de 2021, por ejemplo, el entorno del Eroski apareció completamente anegado por la crecida del río tras unas fuertes lluvias. Una vez derruido el centro comercial, se seguirá con “una revegetación del río y de sus márgenes”.

En línea con estrategias europeas, se persigue reducir el riesgo de inundación e impulsar “los servicios ecosistémicos de los tramos de río”, explica Jauregi. “Esta actuación no sólo permitirá recuperar la dinámica fluvial natural del tramo e incrementar el espacio para la expansión natural del río Zadorra, también aumenta su potencial como hábitat para la fauna y la flora y fortalece su conectividad ecológica, lo que repercutirá directamente en una mejoría del estado global (químico y ecológico) de la masa de agua (tramo del río Zadorra desde Alegría hasta Zayas [sic, por 'Bayas']), de manera que posibilitará que este entorno reduzca su vulnerabilidad al cambio climático y mejore su resiliencia a largo plazo”, añade.

La histórica Sprilur, sociedad pública vasca que se constituyó en 1995 para gestionar el suelo industrial, es ahora Azpilur. El cambio va más allá de nombre, ya que la nueva entidad deja de centrarse solo en el suelo o en las infraestructuras industriales para convertirse en un medio propio de la Administración general para desarrollar actividades relacionadas con la promoción, ejecución y gestión de infraestructuras, equipamiento públicos, en el ámbito industrial y económico, pero también en el urbanístico, social y estratégico. Es decir, Sprilur, ahora Azpilur, amplía el radio de acción a todas las infraestructura del Gobierno vasco y de los organismos que dependen de él. Por ejemplo, ha participado del proyecto de cría de lenguados en la antigua central nuclear de Lemoiz.

El proceso de cambio arrancó en 2025, cuando el Consejo de Gobierno aprobó incorporar al patrimonio empresarial de la Administración general la participación que la Spri (Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial) tenía en el capital social de Sprilur, por lo que pasó a ser titular única de las acciones de la sociedad. A partir de ahí, se decidió ampliar sus competencias, un proceso que ha culminado el pasado mes de marzo. Con el cambio se pretende aprovechar la experiencia de Sprilur en la gestión de suelo industrial para aplicarlo a otros ámbitos, y permitir así “homogeneizar los procedimientos de licitación, adjudicación y seguimiento de las obras de construcción, y mejorar la eficiencia de los mismos” para, sobre todo minimizar, los plazos de los proyectos. En dichos proyectos la licitación y seguimiento de las obras será llevada a cabo por Azpilur mediante los encargos de los distintos departamentos, pero la explotación, mantenimiento y gestión de estas infraestructuras seguirán desempeñándose por las direcciones de servicios de los distintos departamentos que lleven a cabo los encargos.

Tras la inscripción de la modificación estatutaria a finales de marzo, que entre otros afecta principalmente a la denominación social, la condición de medio propio y la ampliación comentada del objeto social, el Gobierno vasco espera que Azpilur comience la actividad como medio propio, es decir, que arranque el inicio de la ejecución de encargos de otros departamentos o sociedades, en el segundo semestre de este año, según señala el departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad en respuesta a una pregunta parlamentaria de Amancay Villalba, de EH Bildu.

En estos momentos, el departamento trabaja en la adecuación de los recursos personales tras obtener el informe favorable de la Dirección de Función Pública para el traspaso de cinco plazas vacantes en sociedades participadas, en concreto de Industrialdeak. No obstante, señalan desde el Gobierno que “en base a la carga de trabajo que supongan los encargos recibidos, se trabajará en la nueva contratación de personal, prevista para los próximos años”.

El departamento justifica esta ampliación de competencias en el “bagaje y especialización notables” obtenida por Sprilur en la promoción y gestión del suelo industrial de cara a optimizar el desarrollo de la actividad industrial y económica. “Se ha considerado adecuado el aprovechamiento y aplicación de dicha experiencia a otros ámbitos materiales de actuación en los que la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi tenga competencias y haya de realizar, en ejecución de las mismas, las actuaciones de promoción necesarias para la prestación del correspondiente servicio de interés general que el ordenamiento jurídico le asigna”, señala el departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad. Por ello, “se ha procedido a la ampliación de la actuación promotora del objeto social de la Sociedad extendiéndola a la promoción de otros servicios de interés general propios del ámbito competencial de la Comunidad Autónoma”.

El departamento que dirige Mikel Jauregi, del que seguirá dependiendo Azpilur, considera que el reconocimiento como medio propio personificado de la Administración general y de las entidades de ella dependientes permitirá “ventajas sustantivas de inmediación, agilidad y eficiencia”. “El poder recurrir a una entidad reconocida como medio propio, aporta significativas ventajas a la Administración, puesto que dota de gran agilidad y de control directo a la ejecución de las prestaciones propias de los contratos administrativos. Adicionalmente, el uso de medios propios permite recurrir a entidades especializadas en sus respectivos ámbitos de actuación, lo que, revierte en la calidad y la eficiencia de las prestaciones encargadas”.

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha informado al Parlamento Vasco de que dieciséis instalaciones sujetas a autorización ambiental tienen niveles de cumplimiento “bajos” o “medios-bajos”. La documentación facilitada indica que son Cespa Gestión de Residuos de Zalla, Garbiker, Smurfit Westrock Nervión, Sertego, el vertedero del Ayuntamiento de Getxo, Agotzaina, Química Europea de Resinas, Arenacasting (Metal Smelting), Avícola Arbaraitz, Guivisa, Sidenor Aceros Especiales, Sutra Coating, Castmetal Vitoria, Recubrimientos Ireki, Pretensados del Norte y Olazabal y Huarte. Ha sido EH Bildu, a través del parlamentario Ander Goikoetxea, el que ha solicitado esta información.

Cespa Gestión de Residuos Zalla

El último requerimiento de la Administración a la empresa gestora del vertedero de Zalla (Cespa, ahora llamada Prezero) recoge, entre otros puntos, la “existencia de más de 10.000 metros cuadrados de superficie que no dispone de una cubrición temporal o definitiva” o la no realización de “caracterización básica de todos los residuos admitidos”.

Garbiker

Garbiker, que depende de la Diputación de Bizkaia y es 100% pública, recibió un requerimiento en enero de 2026. Entre las irregularidades señaladas por Medio Ambiente, se aludía a problemas con los olores, a no comunicación de “superaciones” de niveles o a “deficiente mantenimiento” de la canalización de aguas pluviales.

Smurfit Westrock Nervión

Esta instalación en Iurreta, también llamada Smurfit Kappa Nervión, tuvo un requerimiento de la Administración en octubre de 2025. ¿Qué le decía? Se mencionaba un “riesgo de emisión pulverulenta”, ausencia de monitorización en “continuo” de algunas sustancias o que tenían “un residuo peligroso” no autorizado almacenado.

Sertego

Este proyecto, dependiente de Urbaser y ubicado en Araia (Álava), recibió en 2025 un informe que apuntaba a que no existía una “separación clara de los distintos tipos de residuos”, a que se acumulaban “residuos peligrosos” en el exterior y otros no peligrosos pero todos ellos “mezclados” y a otros problemas.

Vertedero del Ayuntamiento de Getxo

Medio Ambiente denunció que “los lixiviados producidos en la planta de compostaje no se recogen en la arqueta ciega debido a que la misma se encuentra cegada de compost” o que había un “deficiente mantenimiento de la balsa de lixiviados y no se han justificado las condiciones de estanqueidad”. El total de incumplimientos llegaba a dieciséis, pero el Ayuntamiento presentó un informe explicando las actuaciones correctoras ya emprendidas.

Agotzaina

Agotzaina, una industria avícola, está en Idiazabal. Dio una respuesta “insuficiente” a algunos requerimientos, según el informe de Medio Ambiente. Por ejemplo, “no se ha presentado el estudio para la implantación de un sistema de recuperación in situ de estiércol para la recuperación de su energía residual”, le afea.

Química Europea de Resinas

Euroresin tiene sede en Oyón. En la documentación enviada al Parlamento no aparecen las anomalías detectadas, pero sí una respuesta de cuatro puntos de la compañía explicando que había tomado medidas correctoras. De ella se deduce, por ejemplo, que se estaban superando valores de diferentes sustancias como benceno, tolueno, estireno, xileno y formaldehído en 2024.

Arenacasting (Metal Smelting)

Arenacasting, de Metal Group, tiene sede en Legutio. Medio Ambiente, en 2024, vio problemas de “existencia de superaciones puntuales de PH, hidrocarburos, amonio y nitrógeno”. La empresa responde que ha realizado un “aumento significativo” de las limpiezas y formado a su personal para evitar estas situaciones de riesgo.

Avícola Arbaraitz

Esta empresa tiene su sede en Egino, en el municipio alavés de Asparrena. En 2024 se produjo una inspección y se hallaron “desviaciones”. Y el Gobierno interpretó que la respuesta a los requerimientos no fue satisfactoria. “Se han producido superaciones en varios de los controles mensuales realizados para los siguientes parámetros: nitrógeno total, DQO5, DBO, fósforo total y aceites y grasas”, detalla Medio Ambiente. Los residuos peligrosos también están “mezclados” y, en algunos casos, “a la intemperie”.

Guivisa

En el caso de Guivisa, fundición de acero con base de operaciones en Basauri, se hizo una visita en 2024 y la respuesta a las exigencias no fue suficiente. Por ello, en un nuevo informe, el Gobierno insistía en que “se observan residuos peligrosos a la intemperie” o en que “no se observa material para la posible recogida de derrames juntos al depósito de gasóleo”.

Sidenor Aceros Especiales

En diciembre de 2025, Sideror recibió un informe de las conclusiones de dos inspecciones previas, de octubre y de noviembre. En ellas aparecieron “desviaciones”. Fueron en total una docena. ¿Qué decían? Se aludía a “emisiones difusas al exterior”, a una “superación significativa” de los caudales vertidos, excesos en las mediciones de zinc, almacenamiento de escorias a la intemperie o a ruidos molestos para el entorno. ¿Y qué respondió la empresa? “Una vez analizadas todas las desviaciones identificadas en su informe, consideramos que la calificación de 'bajo' asignada al cumplimiento de la Autorización Ambiental Integrada en el 2025 no refleja el real cumplimiento normativo de Sidenor ni el desempeño y el esfuerzo ambiental de la fábrica de Basauri. En los dos últimos años, se han realizado inversiones por más de 24 millones de euros”, exponía.

Sutra Coatings

Sutra Coatings está en Eibar y está dedicada a recubrimientos electroloiticos. Su informe negativo recogía asuntos como “funcionamiento deficiente de algunas instalaciones de aspiración de gases y suciedad” o problemas con los residuos peligrosos. Se apunta, además a vertidos de níquel. “No se considera que la superación de algún valor límite de vertido haya podido ocasionar ningún efecto negativo sobre el medio ambiente”, apunta la compañía.

Castmetal Vitoria

Del Grupo Safe Metal, Castmetal de Vitoria tuvo una inspección en septiembre de 2025 que detectó irregularidades como la falta de un registro adecuado de los residuos -algunos “no se etiquetan adecuadamente”- o que se vulneraron las limitaciones de ruido, entre otros. Sobre el tema de los decibelios, la empresa señaló a Medio Ambiente: “Afortunadamente, no contamos con actividad productiva en el vecindario colindante ni con ninguna denuncia al respecto”.

Recubrimientos Ireki

Ireki, de Cunext Group, está en el Valle de Trápaga, en Bizkaia. Su inspección tuvo lugar en junio de 2025. Entre las conclusiones, se mencionaba que “la empresa no tiene instalado ningún sistema de depuración de los gases”, que “algunos residuos no están correctamente etiquetados” o que no se han comunicado las incidencias a Medio Ambiente, como es preceptivo. La compañía ha elaborado un protocolo interno para evitar estas últimas situaciones.

Pretensados del Norte

Pretensados del Norte está en Vitoria. Recibió la inspección en marzo de 2025 y, como no subsanó en tiempo y forma los problemas detectados, recibió en mayo un requerimiento por parte de la Administración. Tampoco lo atendió y tuvo que enviarse una nueva notificación en febrero de 2026. En concreto, el principal punto de fricción era la necesidad de un “plan de acción para la mejora de los niveles de ruido en la instalación”.

Olazabal y Huarte

Esta empresa, una fundición de hierro de Vitoria, fue inspeccionada igualmente en marzo de 2025. La respuesta a las desviaciones planteadas no satisfizo al Gobierno, por lo que le realizó un nuevo requerimiento. ¿Qué ocurría? “Se observan a lo largo de todo el perímetro de la parcela varios puntos en los que existen residuos metálicos a la intemperie y sobre suelo natural” y hay también “material pulverulento a la intemperie sin ninguna protección contra el viento”.

El Gobierno vasco espera cerrar un acuerdo “de forma inminente” con “dos inversores industriales” para generar 400 puestos de trabajo en las antiguas plantas de Guardian y Glavista, ambas en Llodio. Según ha señalado el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, del PNV, el acuerdo supondrá una inversión de entre 80 y 85 millones de euros, pero está pendiente de la firma de “ocho preacuerdos condicionados y vinculantes entre sí”. “O todo se acuerda o no hay acuerdo”, ha indicado. Ha adelantado que los preacuerdos correspondientes al Gobierno vasco y la Diputación Foral de Álava ya están cerrados“ pero ha apelado a la ”responsabilidad de todas las partes para que puedan cerrar sus preacuerdos correspondientes por el bien de Aiaraldea y su futuro industrial“.

La confirmación por parte del Gobierno vasco llega después de que 'El Correo' adelantara que estas empresas posibles socios industriales son el grupo francés Vitro Service France (VSF) y la empresa alicantina Gaviota. El consejero no ha querido confirmar el nombre de las empresas y “ante las filtraciones aparecidas en medios de comunicación sobre esta negociación” ha pedido “prudencia y discreción hasta que se hayan firmado todos los acuerdos que confirmen el cierre de la operación”.

Sin embargo, la alcaldesa de Llodio, Ainize Gastaka, de EH Bildu, sí ha confirmado que “prácticamente desde el cierre de Guardian”, se presentó una propuesta liderada por estas empresas y por el empresario Javier García, antiguo directivo de Guardian y que en 2023 ya hizo una propuesta para Glavista. García, a través de una sociedad denominada Amine y con sede en Bizkaia, sería el socio local que el Gobierno vasco requiere para participar en inversiones industriales.

“De momento es una propuesta industrial que sería para hacer ventanas y hacer la misma labor que se venía haciendo ya en Glavista”, ha señalado la alcaldesa en una entrevista en Radio Euskadi, para precisar a continuación que “los detalles ya se irán conociendo más adelante, porque todavía el acuerdo no está del todo cerrado”.

El Gobierno vasco ha reiterado que lleva “meses avanzando en las negociaciones muy complejas que requieren acuerdos multilaterales con diferentes partes”, por lo que ha insistido en mantener la prudencia hasta que se cierre. El Ejecutivo ha mantenido desde que se cerró Guardian que está negociando la llegada de nuevos inversores. Llegó a asegurar incluso de que había cuatro interesados y que uno de ellos era extranjero, como al parecer será finalmente.

En el caso de los posibles inversores, VSF es uno de los principales fabricantes de vidrio para el sector de la automoción y principal distribuidor en Francia, y la empresa alicantina Gaviota tiene una división especializada en el negocio del vidrio para viviendas, por lo que se mantendrían las actividades de Guardian y Glavista. En el caso del empleo, serían trabajadores nuevos, ya que los empleados de Guardian, que se cerró en abril de 2025, salieron de la empresa mediante un ERE. En el caso de Glavista, que se cerró en 2023, el ERE se judicializó, y se ha confirmado como improcedente por el TSJPV.

El cierre de Glavista, primero, y después de Guardian, supuso un importante impacto en la comarca alavesa de Ayala, que ha seguido sufriendo el impacto de las crisis laborales, con Maderas de Llodio y con Tubos Reunidos, por lo que materializarse el acuerdo sobre las instalaciones de las antiguas fabricantes de vidrio, tiene un importante valor simbólico en un momento en el que el futuro del empleo en la comarca es bastante incierto.

Iñigo Ucín es desde este martes el presidente de la nueva Ayesa vasca, que integra la antigua Ibermática, y que vuelve a tener la sede social en Donostia, casi cuatro años después de su adquisición por la empresa andaluza. El ex de Mondragon, que dejó el cargo en 2024, que aglutina el perfil industrial, bregado en las relaciones empresariales internacionales y arraigado en Gipuzkoa, asume las riendas después de que la venta al consorcio vasco se haya confirmado este mismo martes ante notario, en las condiciones que se acordaron justo a finales de año, casi al filo de Año Nuevo. En paralelo, Jon Ander de las Fuentes deja la presidencia de otra tecnológica vasca, Euskaltel, y salta a Kutxabank.

En el caso de Ayesa, el consorcio vasco -o la cuadrilla vasca, como le gusta denominarlo al consejero Mikel Jauregi- formado por el Gobierno vasco a través de Finkatuz, Indar Kartera -vehículo inversor de Kutxabank-, las fundaciones bancarias BBK y Vital y Teknei, pasan a tener el control de Ayesa Digital por un total de 480 millones de euros. Es casi el triple de los 160 millones que se pagó hace cuatro años por la empresa vasca, pero ahora lo que pasa a tener su sede en Donostia es toda la división tecnológica de Ayesa.

Desde el consorcio comprador han destacado que la operación “representa el inicio de una nueva fase de crecimiento para consolidar a Ayesa Digital como uno de los principales proveedores de servicios digitales en Europa y la apuesta decidida por un sector estratégico de alto crecimiento -el de las soluciones digitales avanzadas-, clave en la transformación, el desarrollo y la competitividad del tejido empresarial”. También han destacado “la estabilidad accionarial” que proporciona el consorcio comprador, lo que consideran que contribuirá al desarrollo del plan estratégico de la compañía, centrado en el crecimiento de la cartera y los servicios para empresas e instituciones, garantizar un servicio de calidad a los clientes, ofrecer estabilidad a la red de proveedores y desarrollar de capacidades en las principales líneas estratégicas, desde la inteligencia artificial, a la ciberseguridad, la automatización de procesos, la gestión de datos y la computación cuántica.

Tras confirmarse la compra, se ha anunciado la incorporación de Iñigo Ucín como presidente no ejecutivo de Ayesa Digital, mientras que Manuel Baraza -hasta ahora director de Operaciones de la empresa, que viene de Ibermática- asume el cargo de CEO de la compañía. Ucín ha subrayado que el de Ayesa Digital “es un proyecto ilusionante y el momento es el adecuado”. “Vienen cambios y nuevas tecnologías y hay que posicionarse rápido. En este contexto, el papel de Ayesa Digital puede ser fundamental. También es importante el soporte con el que se inicia este nuevo proyecto, con todos los socios a una”, entiende.

Por su parte, Baraza ha apuntado que “crecer es la única forma de competir en un mercado tan exigente y estratégico”. “La operación representa el inicio de una nueva etapa que consolidará a Ayesa Digital como un gran líder. La estabilidad accionarial del consorcio contribuirá al desarrollo de nuestro plan estratégico y a incrementar el valor para nuestros clientes. Estoy encantado de la elección de Iñigo como presidente, no solo por su experiencia y conocimiento, sino por la sensibilidad y cultura que tiene en organizaciones donde las personas son lo más importante”, indica.

El consejero de Industria, Mikel Jauregi, ha subrayado que el cierre de la compra de Ayesa Digital es “una buena noticia para Euskadi”, ya que supone el regreso a Euskadi de una empresa “referente a nivel europeo”. Jauregi ha considerado que permitirá “no solamente a crear los trabajos que queremos para nuestras hijas e hijos, sino también a esa transformación digital que nuestra industria necesita”. En este sentido, ha indicado que Ayesa Digital permitirá a las empresas de Euskadi contar con “un socio tecnológico que les pueda ayudar en ese sentido”.

La vuelta de Ucin a la actividad empresarial, poco menos de dos años después de su salida de Mondragon, el gigante de las cooperativas, coincide con otro cambio en la dirección de otra empresa, en este caso Euskaltel. Jon Ander de las Fuentes dejará en breve la presidencia de una firma ya con un capital muy diferente al original para integrarse en el organigrama de Kutxabank. Según ha adelantado 'El Correo' y confirman fuentes cercanas al proceso, De las Fuentes asumirá el cargo de director general de estrategia del banco vasco.

Jon Ander de las Fuentes llegó a Euskaltel hace más de diez años y desde 2024 asumió el cargo de presidente en sustitución de Xabier Iturbe y en colaboración directa con Meinrad Spenger, el CEO de la compañía y máximo responsable de Orange, empresa en la que está integrada. Todavía no está decidido quién asumirá la vacante que dejará De las Fuentes en Euskaltel.

El Gobierno vasco no ha iniciado por el momento un expediente sancionador contra Verter Recycling y sus gestores por el “número elevado de incumplimientos” hallados en el vertedero de Zaldibar durante una inspección de septiembre de 2025. El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, del PNV, explica también que a pesar de la acumulación de problemas “no se pudo constatar que se hubiera producido una situación de riesgo inminente de daño grave al medio ambiente” y que la Agencia Vasca del Agua (URA) tampoco ha detectado “afección alguna” en las regatas y cauces próximos.

A finales de febrero, trascendió un informe sobre las inspecciones realizadas en 2025 en unas instalaciones que se desplomaron en febrero de 2020 causando la muerte de dos operarios, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze, y que después tuvieron que ser estabilizadas y selladas con actuaciones urgentes subsidiarias por parte de la Administración, sin que Verter Recycling haya devuelto el dinero adelantado. Esa documentación oficial constaba que “la falta de mantenimiento de las instalaciones está provocando un deterioro”, y señalaba de nuevo a la antigua empresa gestora, ya quebrada. Se aludía a incidencias con los drenajes, a gases emitidos a la atmósfera y hasta a un camión que llevaba desde 2020 abandonado allí.

Ese informe fue solicitado por EH Bildu en el Parlamento Vasco y ahora, nuevamente, la formación abertzale ha preguntado al consejero Jauregi por las medidas adoptadas. “A fecha de respuesta no se ha abierto ningún expediente sancionador, aunque debe recordarse que, conforme a lo dispuesto en el texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, el plazo de prescripción de las infracciones es de sanciones es de tres años en el caso de las infracciones muy graves, dos años para las graves y seis meses para las leves”, informa el consejero al palrmanetario Ander Goikoetxea. Los informes mencionaban un total de 29 desviaciones.

Jauregi, eso sí, insiste en que no hay problema jurídico en que Verter Recycling ya no exista como tal, ya que sus antiguos administradores siguen siendo responsables por ley. Ahora bien, se asume que la primera notificación fue “intentada sin efecto” y que después se hizo de manera pública por la vía de anuncios en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV). Ahora bien, ni consta que las personas señaladas, entre ellas José Antonio Barinaga y Arrate Bilbao, ya condenados en la vía penal por el homicidio imprudente de Beltrán y Sololuze e imputados en otras dos causas por delitos ambientales y urbanísticos, hayan presentado alegaciones o hecho nada para reparar los problemas en Zaldibar.

Se da la circunstancia de que EH Bildu denunció hace unos días, en la propia zona de Eitzaga, el mal estado de la antigua planta de Verter Recycling e instaron al Ejecutivo a que actúe cuanto antes. “La situación es grave”, dijo desde Zaldibar Goikoetxea, aludiendo precisamente a las 29 desviaciones del informe de 2025.

El Gobierno vasco explorará la repotenciación de instalaciones eólicas ya existentes para aumentar la generación eléctrica hasta 2030. Es una fórmula que se incluye en el mapa de zonas prioritarias para que el Ente Vasco de Energía (EVE) invierta en proyectos eólicos y fotovoltaicos -junto a socios privados- y que se ha aprobado este martes en Consejo de Gobierno. En concreto, se plantea la repotenciación del parque eólico del puerto de Bilbao (Bizkaia) y el de Elgea-Urkilla (entre Álava y Gipuzkoa), como una forma de ganar potencia en un contexto como el vasco en el que la producción propia de energía es muy baja, el 7,9%, y hoy por hoy las nuevas instalaciones no tienen fácil avanzar por las dificultades del terreno y medioambientales.

El Gobierno vasco espera que en el plazo de cinco años se duplique la generación eléctrica renovable hasta los 450 Mw para lo que se destinará una inversión de 80 millones de euros. Es una partida incluida en el paquete de medidas que se anunciaron en el marco del escudo industrial con motivo de la guerra de Irán. Esta inversión se llevará a cabo a través del Ente Vasco de Energía (EVE) junto a socios inversores privados. “Esto junto al incremento de 300 Mw de autoconsumo previsto hasta 2030, supondrá duplicar esta generación eléctrica propia mejorando la ratio del 7,9% al 15%”, ha señalado el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco, Mikel Jauregi.

El Consejo de Gobierno vasco ha aprobado este martes el mapa de zonas de actuación prioritaria del EVE hasta el 2030, identificadas para el despliegue de grandes instalaciones de generación eólica y fotovoltaica en Euskadi, de las que once están ya en tramitaciones o ya existen y se repotenciarán. En concreto figura la repotenciación del parque eólico del eólica del puerto de Bilbao (8Mw), un nuevo proyecto en el puerto de Bilbao (10Mw), la repotenciación de Elgea-Urkila (59Mw), Aramaio/Leintz-Gatzaga (35 Mw). Azaceta (40 Mw) y Labraza (40Mw), en eólicos. En el caso de los solares está Ekienea (108 Mw), Lantaron (50Mw), Vitoria Solar 1, y 2 (35Mw cada uno) y Ekian 3 (24 Mw). El territorio más afectado por las instalaciones posibles es de nuevo Álava. “Las oportunidades surgen donde suren. Eso la gente lo entenderá”, ha señalado Jauregi sobre la posible contestación a estos proyectos.

“En Euskadi tenemos que avanzar en la autonomía energética a través del desarrollo de capacidad de generación de electricidad renovable propia. La autonomía energética es una necesidad estratégica para Europa y Euskadi ante la nueva realidad geopolítica. Queremos fortalecer la autonomía y seguridad energética de Euskadi para que nuestros hogares e industrias sean menos vulnerables a los shocks energéticos externos”, ha señalado el consejero.

La aprobación de este mapa que marca las prioridades del EVE para invertir en estas energías llega cuando sigue sin aprobarse el PTS de Renovables, que sólo tiene una aprobación provisional. Jauregi ha señalado que este plan “avanza”, y ha insistido en que se espera que se apruebe definitivamente a finales de este año, aunque la cartografía utilizada para determinar las zonas prioritarias para la inversión pública es ya la renovada tras las alegaciones presentadas al PTS.

La idea de ese mapa de zonas de actuación es acelerar el trabajo del EVE con potenciales socios industriales para el desarrollo de los proyectos identificados en las zonas de actuación prioritarias hasta el 2030, con los que se va a contactar a partir de ahora. La parte pública que se aportará los próximos cinco años, los 80 millones de euros, se repartirá en los proyectos en los que el máximo de inversión alrededor del 75%, será privado y el 20% público. “Necesitamos avanzar en el desarrollo de capacidad de generación de electricidad eólica y fotovoltaica a todos los niveles. Todo gesto cuenta y es necesario. Empezando por el autoconsumo, también necesitamos hacer una apuesta clara por grandes desarrollos eólicos y fotovoltaicos. Será un despliegue realista y racional. Con impacto local positivo. Más autonomía energética con más renovables en mejores ubicaciones”, ha señalado el consejero. Según ha recordado, en los últimos cinco años, la potencia instalada de autoconsumo en Euskadi se ha incrementado en 186 MW, pasando de los 7 MW del año 2020 a los 193 en el año 2025.“ Esta tendencia ayudará a llegar a alcanzar niveles europeos en autoconsumo antes del año 2030”, ha indicado.

Las condiciones planteadas para establecer estas zonas considera que establecen un despliegue “realista y racional” de las renovables en Euskadi. En primer lugar, la existencia de recurso: sol o viento; la viabilidad ambiental y urbanística; la proximidad a una subestación eléctrica (a menos de 15 kilómetros); y la viabilidad comercial del proyecto. Estos criterios se traducen en tres mapas públicos que guían la actuación del EVE. “De esta manera, el despliegue se concentra donde hay mayor recurso, menor afección, proximidad a la red y existe potencial económico”.

El despliegue de zonas posibles se acota a través de tres mapas: el primero identifica las 'Zonas viables ambiental y urbanísticamente' (con recurso eólico/solar) y en él se muestran las áreas que conforme al PTS de Energías Renovables -que está sin aprobar- y a la planificación territorial y urbanística, presentan baja afección y recurso suficiente de viento o sol. El segundo mapa identifica las 'Zonas viables cercanas a subestaciones', a menos de 15 km. En él se filtran las zonas del Mapa 1 por proximidad a las conexiones a la red eléctrica, garantizando la evacuación de electricidad con menor necesidad de nuevas infraestructuras, ya que la “cercanía a la red mejora la viabilidad y reduce los plazos y las afecciones”. Con estos dos mapas surge el tercero, y ya definitivo en el que se señalan las 'Zonas de actuación prioritaria del EVE hasta 2030'. En él se muestra la “selección final que integra viabilidad ambiental y urbanística, proximidad a la red y viabilidad comercial” y que será el que “orientará la coinversión del EVE y la preparación de proyectos maduros para 2026‑2030, con una programación escalonada y diálogo con las administraciones locales”.

Este modelo de coinversión se está ya desarrollando en proyectos que “actuarán como tractores del nuevo despliegue”. Entre ellos, el Parque Eólico de Labraza (40 MW) y la planta fotovoltaica de Ekienea (108 MW), que será la mayor de Euskadi. “Estos hitos corrigen dos décadas sin nuevos parques eólicos de gran tamaño, el último fue Badaia (50 MW), y dan continuidad a referencias como Ekian (24 MW, 2020) en solar fotovoltaica”, ha recordado Jaúregi. De hecho estos proyectos se destacan en el mapa final de zonas prioritarias para el EVE, entre los que figuran once principales que existen o están en curso. Jauregi ha recordado que “Euskadi parte de una situación en la que la producción eléctrica renovable autóctona representaba el 7,9% del consumo eléctrico en 2024, frente al 46,9% de la media europea. El nuevo enfoque acelera la generación propia para acercar al territorio a estándares continentales. Y lo hace combinando el impulso de las instalaciones de autoconsumo –de tamaño medio y pequeño–, con grandes desarrollos eólicos y fotovoltaicos en los mejores emplazamientos”.

El Ente Vasco de la Energía (EVE), una sociedad pública dependiente del área de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno de Imanol Pradales y que, entre otras labores, gestiona la puesta en marcha de proyectos de renovables, ha abonado 10.800 euros en concepto de “donación” a la fundación de Adecco como compensación por no cumplir con los mínimos marcados por la ley y no tener en su plantilla, de 65 personas, ninguna con discapacidad. El Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) ha dado por bueno este mecanismo.

Los datos sobre esta operación han sido facilitados al Parlamento Vasco por el consejero Mikel Jauregi, de quien cuelga el EVE, en respuesta a una solicitud del representante del PP Álvaro Gotxi, que ahora presentará una iniciativa para conocer si hay más casos como éste. Jauregi confirma que el pago se realizó el 18 de marzo de 2025, es decir, hace un año. Y adjunta una resolución de la directora de Activación Laboral de Lanbide, Maite Martínez Granado, con los detalles de cómo se ha gestionado todo el proceso.

Según la documentación facilitada, el EVE solicitó de Lanbide una “declaración de excepcionalidad” por el no cumplimiento “de la cuota de reserva de empleo” para personas con discapacidad, que ha de ser del 2% en ese tipo de organismos. Los datos, de finales de 2024, hablaban de una plantilla media de 64,58 personas y “cero” cumplían con esos requisitos. Y Lanbide la autorizó a cambio de una aportación dineraria.

Antes, el EVE intentó contratar a través de Lanbide a un responsable de “procesos y control de gestión” con discapacidad, pero se produjo una “imposibilidad de cobertura” por “inexistencia de demandantes de empleo” para el perfil solicitado. Como medida de compensación, se planteó hacer una “donación” a una “fundación” para que desarrolle “actividades de inserción laboral y de creación de empleo de personas con discapacidad”. La norma prevé este tipo de compensaciones siempre que sean de al menos 1,5 veces el indicador IPREM, fijado en 7.200 euros, lo que eleva la cuantía a 10.800. Lanbide ha pedido al EVE que “anualmente” remita una “memoria anual” sobre el “cumplimiento de las medidas alternativas”.

La plantilla de Tubos Reunidos en Amurrio se ha concentrado este miércoles ante las Juntas Generales de Álava, donde los partidos discutían varias mociones sobre la crítica situación de la empresa. El debate partía de una iniciativa presentada por Elkarrekin, pero finalmente se han votado, además de la moción de esta formación, otra de los partidos del Gobierno foral -PNV y PSE-EE- otra de EH Bildu y otra del PP, sin que ninguna haya conseguido votos suficientes para salir adelante. El desencuentro ha llegado entre acusaciones de unos y otros de usar la situación de la empresa y de sus trabajadores para buscar el rédito político, y constituye en cierto modo un espejo del callejón de difícil salida en el que se encuentra la empresa, a la espera de que un milagro en forma de quita de la deuda, permita su viabilidad, al menos en el corto plazo.

El ERE de 301 trabajadores -salvo 27 de Trápaga, la mayoría de la planta de Amurrio- se ha cerrado finalmente con bajas voluntarias, según comunicó la empresa el pasado lunes, pese a que el periodo de consultas se cerró sin acuerdo. Un “cierre en falso”, según los sindicatos que desde el principio han estado a favor de no aceptar las condiciones del ERE -ELA, LAB y ESK-, porque la empresa ofrece a estos trabajadores que se han sumado a las bajas voluntarias unas cantidades de dinero que hoy por hoy no tiene. Estos trabajadores se van prejubilados a los 57 años con un plan de rentas al 70% del salario bruto o en salidas voluntarias con indemnizaciones de 45 días por año trabajado con máximo de dos años, más 1.500 euros adicionales por año de trabajo hasta un máximo de diez años. Es decir, que todo está pendiente de una renegociación de la deuda, por un lado, y de que entre 'dinero fresco' en la empresa, es decir de un inversor.

Allanar el camino del acuerdo social, era el primer paso. Un ERE aplicado en desacuerdo y probablemente judicializado haría imposible pasar a la renegociación de la deuda. Pero no por eso esa renegociación será más fácil, sobre todo porque asciende a 241 millones de euros, y la Sepi es el principal acreedor. Esto supone que para que la banca y el resto de acreedores admitan una negociación, la primera condición es cerrar un acuerdo con Sepi. Y Tubos Reunidos no quiere renegociar la deuda con Sepi. Renegociar supondría alargar el periodo de devolución del préstamo, cuyos intereses seguirían creciendo haciendo más grande la bola de la deuda. En la situación en la que se encuentra la empresa sólo le valdría una quita, y ahí pueden entrar muchos factores al margen de la voluntad política que el Gobierno central dice tener para intentar salvar la situación de la empresa. No parece una tarea fácil.

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, anunció este martes que propondría una fórmula “extraordinaria” que permitiría “abrir una vía legal” para que la Sepi “pueda reestructurar su deuda” en Tubos Reunidos. Una “fórmula extraordinaria” para responder a “situaciones extraordinarias”, señaló, sin que haya transcendido en qué podría consistir esa vía sin que el trato de la sociedad estatal a Tubos Reunidos entrara en colisión con el que han recibido otras empresas que también se beneficiaron de esos préstamos, y que están devolviéndolos o lo han hecho ya. Sepi siempre ha descartado la posibilidad de entrar en quitas, porque podrían entenderse como ayudas de Estado, aunque sí podría renegociar plazos de pagos.

Hay que recordar que Tubos Reunidos recibió 112,8 millones de euros en 2021 concedidos por el Estado a través Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas (FASEE), constituido para apoyar a las empresas más afectadas por la pandemia de COVID-19. Un préstamo que, además, está siendo investigado por la Audiencia Nacional para determinar si el expresidente de Sepi, Fernández Guerrero, que fue asesor de Tubos Reunidos, medió a cambio de dinero para que la empresa recibiera este préstamo.

Según datos de la Sepi del mes de agosto del año pasado, con Tubos Reunidos son veinte empresas las que cuentan con este crédito: Tubos Reunidos, Vicinay -con la que ha pactado una renegociación de la deuda-, Air Europa, Plus Ultra Líneas Aéreas, Duro Felguera, Grupo Airtificial, Grupo Serhs, Reinosa Forgings & Castings, Grupo Losán, Grupo Abades, Técnicas Reunidas, Grupo Abba, Grupo Julià, Grupo Mediterránea, Air Nostrum, Volotea, Vicinay, Isastur, Vivanta, Imasa y Meeting Point. Son ocho las que ya han cancelado su préstamo: Grupo Hotusa, Grupo Soho, Ávoris, Eurodivisas, Wamos, Rugui Steel, Ferroatlántica y Hesperia.

Respecto a la posible ayuda del Gobierno vasco, al margen de renegociar la propia deuda que la empresa mantiene con el Ejecutivo, Jauregi descartó la posibilidad de otorgar un “crédito rápido” a la empresa. “El Gobierno vasco no es el INI [Instituto Nacional de Industria], no tenemos la vocación de hacer este tipo de cosas; nunca la hemos tenido y ahora tampoco vamos a empezar a hacer estas cosas”, indicó. A partir de ahora toca esperar la decisión de Sepi para que la empresa inicie los siguientes pasos de su plan de reestructuración. Mientras, los trabajadores de Amurrio mantienen la huelga indefinida. Quieren que se retire el ERE y que se dé marcha atrás en el cierre de la acería.