El Gobierno vasco ve próxima la liquidación de Tubos Reunidos y deriva toda la presión sobre la SEPI, con la que la empresa en concurso de acreedores mantiene una deuda de 150 millones de euros, y a la que el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha señalado este martes una vez más como la única que puede tener la llave de la salvación de la empresa vasca. Jauregi ha anunciado que este miércoles habrá una reunión entre el Gobierno vasco, el organismo estatal y los cinco posibles compradores, cuyo objetivo fundamental parece ser que los responsables de la SEPI expliquen de forma directa a los ofertantes lo que llevan defendiendo desde hace meses: que no es posible una quita de la deuda y que sólo cabe un aplazamiento, por un lado, y por otro, que los posibles compradores expliquen que sin quita de la deuda no habrá compra.

Este pasado lunes la SEPI remitió una carta a la administración concursal en la que insistía en su disposición a ofrecer “flexibilidad”, es decir, ampliar los plazos de pago e incluso reducir los intereses, ya que una quita de la deuda es imposible porque sería considerada por Bruselas como una ayuda de Estado. “Eso es como ofrecer una aspirina a un enfermo en la UCI, cuando Tubos Reunidos necesita un tratamiento de choque, no una aspirina”, ha comparado Jauregi. El consejero ha señalado que esperan que la SEPI “haga más”. “La ecuación es muy simple, sin quita de la deuda de SEPI, nos quedamos sin inversores y sin inversores se cierra Tubos Reunidos”, ha advertido.

La SEPI ha remitido como aval de que no puede hacer una quita la respuesta a una consulta a la Comisión Europea que tanto desde el Gobierno vasco como desde la administración concursal consideran que no es definitiva. Al parecer, la administración concursal ha manejado otros informes que dan por buena la posibilidad de que la deuda que la empresa mantiene con la SEPI sea subordinada, y que, por lo tanto, se coloque a la cola del cobro, y no tenga que ser asumida por los posibles compradores. Esta es la posibilidad, que se barajó ya en el momento de la declaración del concurso de acreedores y con la que los cinco ofertantes realizaron sus propuestas de compra, dando por sentado que la deuda con la SEPI, 150 millones de dinero público, desaparecían de la ecuación. De hecho, lo poco que ha trascendido de esas ofertas se refería a los centros de producción que asumían y que todos contemplan reducción de plantilla, aún por determinar, pero ninguna referencia a la deuda.

Por eso, los ofertantes han acogido con sorpresa que la SEPI se ratifique en lo que siempre había defendido, que no es posible una quita, pese a que el procedimiento concursal parecía abrir otras vías. Y de hecho, los cinco ofertantes, entre los que está el grupo indio Welspun, Sidenor y Tubacex, han cancelado las reuniones que iban a mantener con los representantes de los sindicatos hasta que no se clarifique el tema de la deuda.

“Ya estamos en los minutos de descuento y la jueza concursal va a pitar el final del partido en cualquier momento y, con el resultado actual, Tubos Reunidos se va irremediablemente a la liquidación. Aquí no vamos a perder la esperanza, vamos a seguir hasta el último segundo, pero tiene que haber un cambio radical de la posición de SEPI”, ha manifestado el consejero de Industria, en el enésimo mensaje del PNV en la misma dirección.

En este sentido, ha confiado en que se produzca ese cambio “cuando vea que los inversores se van a marchar si no hay, como antes se pedía, un tratamiento de choque”. Lo cierto que es que las ofertas por Tubos Reunidos van desde un euro a 27 millones de máximo, así que parece muy complicado que ninguna quiera asumir 150 millones de deuda, y que seguirá creciendo. “Sería terrible que lo que en origen fue un salvavidas para rescatar a Tubo Reunidos ahora se convierta en un ancla que le está llevando la compañía al fondo del mar”, ha señalado Jauregi en referencia a los orígenes de la deuda, que parte de un crédito de 112, 8 millones de euros con el que se rescató a la empresa en 2021, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas (FASEE), constituido para apoyar con dinero público a las empresas más afectadas por la pandemia de COVID-19.

Ahora supera ya los 150 millones por los intereses. Este tipo de crédito se otorgó a otras empresas, que bien lo han pagado o lo están haciendo, por lo que el organismo público siempre ha defendido que no puede dar un trato diferente a Tubos Reunidos. Hasta el momento, SEPI no ha accedido más que aplazamientos de los pagos en el caso de empresas en dificultades, nunca a una quita.

A lo que no ha hecho referencia en ningún momento Jauregi es que la concesión de este crédito e incluso una primera flexibilización está siendo investigada ahora por la Audiencia Nacional, ante la sospecha de que el expresidente de SEPI, el socialista Vicente Fernández Guerrero, que luego fue asesor de Tubos Reunidos un tiempo, mediara a cambio de dinero para que la empresa recibiera este préstamo. La investigación que sigue su curso pero está en este momento en pausa, ya que comparte causa con todo lo relacionado con las denominadas 'cloacas' del PSOE y es eso lo que está avanzando en estos momentos, pero están imputados varios exdirigentes de Tubos Reunidos, así como los socios de Fernández Guerrero, el empresario Antxon Alonso y la también socialista Leire Díez.

El consejero se aferra a que en la respuesta de Bruselas a la consulta de la SEPI sobre si es posible la quita de la deuda se deja abierta la posibilidad de concretar la consulta. En concreto se señala que la negativa a la quita “no es la posición definitiva de la propia Comisión Europea, sino una mera opinión preliminar formulada por los servicios de la Dirección General de la competencia sobre la base de la información disponible en la actualidad”. En este sentido, señalan que quedan “a disposición de las autoridades administrativas o judiciales competentes en función del seguimiento que entiendan dar a su consulta, especialmente si procede la notificación previa de la supresión de obligación de reembolso en nominal e intereses de ayudas concedidas por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de empresas Estratégicas al Grupo Tubos Reunidos”.

No obstante, ya se abre el camino a una necesaria consulta a Bruselas para cualquier cuestión de modificación de esta deuda, que podría llevar muchos meses de tramitación. Un tiempo que no parece que le sobre a Tubos Reunidos, con liquidez sólo garantizada para pagar las nóminas de sus más de 1.000 trabajadores para este mes. El propio consejero ha considerado que “esta carta a Europa pidiendo 'ayúdanos' parece que es ponerse la venda antes de la herida y tiene unas consecuencias desastrosas porque ha ahuyentado a los inversores”. Jauregi ha señalado que se debe tener en cuenta el “bien común” que es “salvar” a Tubos Reunidos y ese “tiene que ser el objetivo” de todos.

El concurso de acreedores que arrancó en el mes de junio, ha entrado en su fase más delicada a las puertas de la campaña electoral y los mensajes que se lanzan hacen cada vez más evidente que nadie quiere aparecer como el que haya dejado caer la empresa. Desde el PNV señalan a la SEPI, y desde el PSE-EE insisten en que la SEPI está limitada por Bruselas y que no se puede hacer una quita. Frente a las presiones del PNV y del consejero de Industria, el portavoz del PSOE en el Congreso y cabeza de lista por Bizkaia, Patxi López, ha afirmado este martes que sería “ilegal” una quita de la deuda de Tubos Reunidos con SEPI y ha negado “inflexibilidad” en este organismo que está “dispuesto a sentarse con quien haga falta para ver cuáles son las mejores fórmulas”. “Si uno se quiere mantener dentro de la ley, de la legalidad, la Unión Europea impide hacer quitas. Se puede flexibilizar las condiciones de la devolución del dinero, pero no puedes hacer quitas”, ha insistido.

El PNV presiona a la SEPI para que busque una salida para Tubos Reunidos y sea “flexible” con la deuda de 150 millones de euros que la empresa mantiene con el organismo público. En los últimos días, diferentes cargos nacionalistas como el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, o la diputada de Desarrollo Económico de Álava, Saray Zárate, han emplazado a los dirigentes de SEPI a estudiar posibilidades que permitan que los posibles compradores de la empresa vasca, en pleno proceso de concurso de acreedores, no tengan que asumir esta deuda de la empresa.

La SEPI ha advertido esta semana de que no es posible una condonación de la deuda porque se consideraría una ayuda de Estado. Lo ha hecho con un informe en la mano de la Comisión Europea remitido al administrador concursal, que parece haber sorprendido a instituciones y a posibles compradores, pese a que desde el organismo público se ha advertido desde que empezaron a hacerse evidentes las dificultades de la empresa que la llevaron al concurso de acreedores, de que la condonación de la deuda, 150 millones de dinero público no era una opción factible y de que solo podía negociar aplazamientos en los pagos.

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco, Mikel Jauregi, ha pedido a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales que sea “flexible” con esa deuda porque de no ser así “abocará a la empresa a una salida que no tiene retorno”. Ha considerado que la opinión de Bruselas que apunta a que no sería factible una quita “no es definitiva” y ha recordado que “esta parte de la Comisión la lleva Teresa Rivera” socialista y exministra, insinuando un cierto componente político en el informe. “No es una posición definitiva”, ha dicho, y ha adelantado que hablará con la sociedad estatal “para poder sacar a Tubos Reunidos adelante”.

De igual forma la diputada de Desarrollo Económico de Álava, Saray Zárate, insistía en que “lo fundamental para la actividad siga adelante es la reestructuración de la deuda con la SEPI”. “Si no es así está abocada a un cierre. Hablamos de 1.000 empleos”, puntualizaba, señalando la importancia del impacto que supondría el cierre de la empresa, aunque parece que todas las ofertas por Tubos Reunidos contemplan reducción de plantilla en una cantidad aún por determinar.

Al parecer, los cinco posibles inversores que pujan por la empresa hicieron sus ofertas dando por sentado que esta deuda no existiría. “Ha sido una sorpresa para ellos y están muy preocupados porque dicen que las ofertas que hicieron ellos estaban condicionados a que esta deuda no existiese”, confirmaba Jauregi. De hecho, a partir de la próxima semana los ofertantes iban a comenzar a reunirse con los comités de empresa. El primer encuentro estaba fijado para este lunes entre el comité de Trápaga y el grupo indio Welspun, que lo ha aplazado para analizar la situación en torno a la deuda con la SEPI. 

La propia dirección de la empresa y la administración concursal señalaban en un comunicado interno que “ninguno de los oferentes ha solicitado una condonación de la deuda de SEPI”, pero que la “la petición de todos ellos es que esta deuda no sea asumida por las unidades productivas que se adquieran y, por tanto, por los oferentes”. Sin embargo, la SEPI considera que “la deuda debe ser asumida por las unidades productivas transmitidas y, por este motivo, ha presentado una opinión preliminar de los servicios de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea”, aunque la dirección de la empresa insiste en que dicho informe “no tiene carácter vinculante y no representa la posición definitiva de la propia Comisión”.

Frente a este informe presentado por la SEPI, los informes elaborados por la administración concursal califican la deuda de la SEPI como “subordinada, por tratarse de un préstamo participativo”. Esto implicaría que “la deuda no debe ser transferida con las unidades productivas”. No obstante, reconoce que “en último término, habrá que estar a lo que decida el Juzgado competente del concurso”.

El hecho de que se considere la deuda de la SEPI como subordinada, supondría que quedaría a la cola en el cobro de los créditos, una vía que ya se barajó en el momento en el que se declaró en concurso de acreedores, cuando ya el organismo público dejó claro que no era factible una quita porque supondría un trato de favor respecto a otras empresas que también ha recibido estos créditos y los han pagado o los están pagando. Algunas de estas empresas, también en dificultades, han pactado aplazamientos en los pagos.

En cualquier caso, ahora está en manos de la jueza María Teresa Trinidad Santos, titular del juzgado de lo Mercantil de Vitoria, la decisión de si se establece con los acreedores una quita de la deuda entra en ella el crédito de la SEPI, o al menos una parte de él, aquel que tenga consideración de crédito ordinario y que, por lo tanto, no tenga privilegio de cobro.

Este crédito supuso el rescate de la empresa en 2021, con 112,8 millones de euros concedidos por el Estado a través Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas (FASEE), constituido para apoyar a las empresas más afectadas por la pandemia de COVID-19, que ahora superan ya los 150 millones por los intereses. La concesión de este crédito está siendo investigada ahora por la Audiencia Nacional, ante la sospecha de que el expresidente de Sepi, Vicente Fernández Guerrero, que fue asesor de Tubos Reunidos un tiempo, mediara a cambio de dinero para que la empresa recibiera este préstamo. La investigación sigue si curso pero está en este momento en pausa, ya que comparte causa con todo lo relacionado con las denominadas 'cloacas' del PSOE y es eso lo que está avanzando en estos momentos.

El Gobierno vasco no se considera competente para tratar el incremento de los ruidos en el entorno del aeropuerto de Loiu debido al mayor tráfico de aviones, que se ha constatado este verano. La parlamentaria de EH Bildu, Amancay Villalba, ha preguntado al consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, del que depende Medio Ambiente, si el Ejecutivo ha realizado “alguna medida o actuación dirigida a proteger de perjuicios a la ciudadanía y a evaluar o minimizar el impacto acústico” dado que el Gobierno forma parte de la Comisión de Seguimiento Ambiental del Aeropuerto de Bilbao. Sin embargo, el consejero señala en su respuesta que, según lo “contemplado en la normativa de ruidos, recae en los titulares de las infraestructuras elaborar los mapas de ruido y, en su caso, adoptar las medidas que se consideren oportunas”. Es decir, en este caso Aena, que es el organismo del Gobierno central del que depende el aeropuerto.

A lo largo de este verano se han incrementado los vuelos sobre zonas densamente pobladas del Gran Bilbao al autorizarse a algunos aviones a modificar sus rutas habituales. El consejero señala en la respuesta que ha remitido al Parlamento Vasco que el Gobierno vasco no estaba al corriente de este aumento de vuelos por zonas pobladas, y señala que la comisión de seguimiento ambiental del aeropuerto de Loiu se contempla en el apartado 5.1 de la Resolución de 29 de abril de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Ampliación del Aeropuerto de Bilbao, en el marco de las actuaciones a realizar para la ejecución del Plan de Aislamiento Acústico.

En esta resolución, se contempla precisamente que ante la existencia de edificaciones afectadas acústicamente por la actividad del aeropuerto, el promotor elaborará un plan de aislamiento acústico de su entorno. Y señala que las isófonas -las áreas afectadas por la presión sonora- serán revisadas cada cinco años, “o cuando se produzcan modificaciones relevantes, sostenidas y acreditadas en alguno de los factores determinantes de dichas isófonas”.

La parlamentaria de EH Bildu pregunta a Jauregi si el Gobierno vasco “ha trasladado a Aena, Enaire o al Ministerio de Transportes y Sostenibilidad alguna solicitud, observación o queja acerca del incremento de operaciones realizadas sobre Getxo, Barakaldo, Sestao o Bilbao”, pero el consejero asegura que su departamento “no ha recibido, a lo largo del año 2026, comunicación, observación o queja alguna en relación con las molestias por ruido que se pudieran derivar de las operaciones realizadas en el aeropuerto de Loiu, por lo que no ha podido trasladar nada al respecto a ninguna entidad”.

En esa Comisión de Seguimiento Ambiental del aeropuerto de Bilbao y sus efectos sobre el medioambiente está presente, además de un representante del Gobierno vasco, otro de la diputación foral y de los municipios afectados, además de dos representantes del área de Medio Ambiente del Gobierno central y dos representantes de Aena.

El pasado mes de julio el Plan de Aislamiento Acústico del Aeropuerto de Loiu aprobó nuevas actuaciones de insonorización en 24 viviendas adicionales de la zona. En total se han insonorizado, o están en fase de ejecución, 2.468 viviendas y el censo actual de viviendas con derecho a solicitar insonorización es de 2.781, si bien todavía 193 no había solicitado el aislamiento acústico en ese mes, según informó Aena a la Comisión de Seguimiento Ambiental del Aeropuerto.

La Mercedes-Benz de Vitoria y el Gobierno vasco invertirán 181 millones de euros en aumentar la flexibilidad la producción de la planta, y responder así con mayor rapidez a las transformaciones tecnológicas y a las necesidades del mercado, y fabricar vehículos eléctricos o de combustión. La inversión se realizará en los tres próximos años y del montante total alrededor de 61 millones de euros se destinarán a I+D. El proyecto, presentado este miércoles por el lehendakari, Imanol Pradales, el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, y el director de Mercedes-Benz, Bernd Krottmayer, forma parte de los denominados “proyectos transformadores” incluidos en su plan de industria y como el resto de los presentados hasta ahora se basa en la colaboración público-privada, y se entiende que implicará a otras once empresas vascas, nueve de ellas pymes, además de contar con la participación de agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación con Tecnalia al frente y el clúster Acicae, así como con la colaboración de la unidad de I+D BAM.

Según han señalado este proyecto, bajo la denominación 'Fabricación Flexible de la nueva Automoción', pretende situar a Euskadi como pionera en la fabricación flexible de la automoción a nivel europeo. El objetivo es facilitar la transformación tecnológica y sostenible de la planta de Mercedes-Benz para fabricar los futuros modelos que marcarán la nueva era de su línea 'Vans'.

Los nuevos vehículos VLE, eléctricos, sustituyen al modelo EQV incorporando mejoras estructurales, “nuevas funciones electrónicas, tecnologías avanzadas y sistemas punteros de seguridad, con un porfolio de alta gama, el 100% de las piezas de nuevo diseño y un salto tecnológico inédito hasta ahora en Euskadi para el segmento VANS mid-size”. El desarrollo de procesos de fabricación más flexibles y adaptables permitirá reforzar la capacidad de la planta para responder a la evolución de la gama de producto y del mercado, “contribuyendo al mismo tiempo a consolidar las perspectivas de carga de trabajo en Mercedes Vitoria”, han señalado. Además del arranque del modelo 'Mercedes-Benz VLE' este año, la planta alavesa tiene por delante varios lanzamientos, para los que habrá de seguir adaptándose y acometiendo inversiones con el fin de responder a los cambios del mercado y a la competencia.

El lehendakari Pradales ha destacado que “en Euskadi hay una forma propia de hacer las cosas, basada en la cercanía, la colaboración público-privada y la innovación, que ha permitido adaptar el tejido industrial y tecnológico y superar crisis muy diversas”. “Ahora debemos actualizar ese espíritu de país para defender nuestra base industrial, construir nuevas ventajas competitivas, completar cadenas de valor, desarrollar producto propio y convertir las transiciones digital y energética en oportunidades industriales. La carrera por hacer realidad la fábrica del futuro ya está en marcha y Euskadi tiene que luchar por estar entre los mejores. Para ello, necesitamos más centros de decisión, empresas de mayor tamaño, mayor intensidad tecnológica y una industria descarbonizada que no pierda competitividad. Y Europa debe tomar las decisiones adecuadas para proteger su mercado y su industria. La competencia no espera”, ha señalado.

Bernd Krottmayer, director de Mercedes-Benz en Vitoria, ha remarcado que la inversión responde a querer asegurar “que la planta siga siendo una de las más competitivas del grupo Mercedes-Benz”. “Para conseguirlo, la flexibilidad de nuestras instalaciones y procesos es clave, ya que nos permite adaptarnos con mayor rapidez a los cambios del mercado”, cree.

Por su parte, el diputado general de Álava, Ramiro González, que este mismo miércoles el PNV ha ratificado como candidato a la reelección, ha puesto en valor el papel de Mercedes-Benz en sus siete décadas de vida en el territorio. “Es uno de los grandes activos industriales y su impacto trasciende los límites de la propia fábrica, llegando a los 40.000 empleos directos e indirectos. Por ello sus inversiones nos permiten mirar hacia el futuro desde la posición privilegiada de liderar la transformación del sector de la automoción en Europa; una transición que pasa por la electrificación”, ha dicho.  En este punto, González se ha referido al acierto a la hora de realizar dicho cambio. “Precisamente es lo que está haciendo hoy Mercedes-Benz con este proyecto transformador. Inversiones como las que está realizando permiten avanzar hacia un modelo de fabricación cada vez más flexible y preparado para responder a la evolución tecnológica del sector y de la demanda”, ha manifestado. En este punto, González se ha referido al carácter transformador del proyecto y a la necesidad de preparar la fábrica para responder con flexibilidad y neutralidad tecnológica a la evolución del mercado.

El Gobierno vasco ha resaltado que de los 25 proyectos transformadores incluidos en el Plan de Industria, se han lanzado 18: 11 de ellos liderados por el sector público y siete liderados por el sector privado. Los proyectos liderados por el sector público son: ESG Euskadi; Euskadi: Climate Change adaptation living lab; Euskadi SpaceLab (ESA BIC); Desarrollo Energías Renovables; Mejora de los procesos administrativos (Autopista Regulatoria); Reserva estratégica de suelo industrial e infraestructuras; Fondo Scale Up; Euskorpus; Basque Zirkular Metals; Planificación de las redes eléctricas vascas; y Emakumea Industriara.

Los seis proyectos liderados por el sector privado presentados antes que el de Mercedes-Benz de Vitoria son: “Nuevas Arquitecturas de Motor Aeronáutico para la Aviación Sostenible y Competitiva en Euskadi”; “ROBOOST”; “Hidrogeles Inteligentes para la Nanomedicina Personalizada”; “Hub de Combustibles Renovables”; “Grid4Industry”; y “Zero Emissions Marine Boat”, que suponen una inversión inicial de 860 millones de euros.

Euskadi ha ingresado en los dos últimos años 1,3 millones de euros a través del canon que se impone a las grandes infraestructuras de renovables. En concreto, esta tasa ha supuesto una recaudación anual de 655.000 euros anuales correspondiente a los ejercicios 2025 y 2026. El Gobierno vasco ha puesto en marcha este lunes el proceso público de consulta previa para definir cómo se reparten esos recursos, ya que se trata de que se reviertan en las zonas que albergan grandes desarrollos eólicos y fotovoltaicos.

El canon a los proyectos de renovables está previsto en la ley vasca de Transición Energética y Cambio Climático aprobada en el Parlamento Vasco en febrero de 2024, con un acuerdo del Gobierno con EH Bildu. Afecta tanto a las instalaciones de energías renovables implantadas en la comunidad autónoma con anterioridad a la entrada en vigor de la ley como las que se implanten de forma posterior, pero se trata de grandes instalaciones que estén en zonas 'naturales', no industriales. De hecho, están exentos del pago las instalaciones de autoconsumo eléctrico, definidas de acuerdo con la normativa en vigor que regula el autoconsumo de energía eléctrica, y las de generación de potencia inferior a 5 MW, salvo que dichas instalaciones unidas a otras de la misma persona física o jurídica o entidad, o unidas a otras de personas o entidades vinculadas, entreguen a la red, a través de la misma línea de evacuación, una potencia igual o superior a 5 MW.

De hecho, los únicos que, de momento pagan dicho canon son los cinco parques eólicos ya existentes antes de 2006, es decir de forma previa al parón de la construcción de instalaciones de renovables en Euskadi, ya que todavía no ha empezado a funcionar ninguno nuevo desde entonces. Tampoco paga ese canon el parque solar de Ekian, inaugurado en 2020, por estar en suelo industrial, aunque el año pasado el Gobierno vasco daba por seguro en una respuesta parlametaria que la instalación promovida por el Ente Vasco de la Energía (EVE) junto a Krean, empresa integrada en Corporación Mondragon tenía que pagar 38.500 euros por dicho canon.

Con el proceso abierto ahora se busca establecer una metodología para el reparto de estos recursos, que en principio deben contribuir al desarrollo de iniciativas alineadas con los objetivos de sostenibilidad, transición energética y adaptación climática impulsados por Euskadi. Según han informado desde el Gobierno vasco, la normativa prevé que las cantidades recaudadas “se destinen de forma prioritaria a actuaciones relacionadas con la conservación, reposición y restauración del medio ambiente, así como a la promoción del uso racional de la energía y de las energías renovables y la adaptación del territorio a los efectos del cambio climático”. “Gracias a estos recursos, las zonas receptoras podrán impulsar proyectos que mejoren la calidad ambiental de su entorno, favorezcan una gestión más eficiente de la energía y refuercen la resiliencia frente a los impactos derivados del cambio climático. De esta manera, el canon se configura como una herramienta que contribuye a que la transición energética genere beneficios compartidos para los territorios que acogen las infraestructuras renovables necesarias para avanzar hacia un sistema energético más sostenible”, han señalado.

En concreto, de momento pagan el canon los parques de Elgea, Urkilla, Badaia, Oiz y Puerto de Bilbao. El próximo en sumarse al pago del canon será el parque eólico de Labraza, ubicado en el término municipal de Oyón, que tendrá una potencia global de 40 MW. Cuatro de los cinco parques que abonan el canon tienen a Iberdrola como promotor -aunque se pusieron en marcha en principio por parte de la sociedad Eólicas Euskadi, en la que participaba el EVE, que después vendió su parte a Iberdrola- y el instalado en el Puerto de Bilbao es de Acciona.

En concreto, el parque de Elgea, el más antiguo de Euskadi, está ubicado en Álava, cuenta con 40 erogeneradores de 0,65 MW cada uno, que tienen un canon de 4.200 euros por cada molino, 168.000 euros anuales en total que paga su promotor, Iberdrola. El parque de Urkilla, en Gipuzkoa, que está conectado con el del Elgea, tiene 38 aerogeneradores de 0,85 MW que pagan 4.200 euros por unidad, lo que supone que Iberdrola, promotora del parque abona 159.600 euros cada año. El de Badaia, en Álava, tiene 30 aerogeneradores de 1,6 MW, que pagan un canon de4.800 euros, lo que implica 144.00 euros a pagar por Iberdrola por anualidad. El situado en Oiz, tiene 40 aerogeneradores de 0,85 MW que se traduce en 4.200 euros de canon por cada molino y 168.000 euros en total a abonar por Iberdrola. Por último, el miniparque del Puerto de Bilbao, que cuenta con cinco aerogeneradores de 2 MW de potencia, paga 3.200 euros por cada uno, lo que suma 16.000 euros que deberá abonar la empresa Acciona por año de funcionamiento.

Ekologistak Martxan ha denunciado “el incumplimiento” de la normativa que “obliga a informar” a la población sobre alta contaminación por ozono troposférico en Euskadi, donde este verano “se ha sobrepasado en once ocasiones el umbral” a partir del cual debe hacerse. Con motivo de la celebración este lunes del Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2019 para sensibilizar sobre la necesidad de mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación atmosférica, la organización ecologista ha alertado de que durante el periodo estival, hasta el mes de agosto, se han producido once momentos en los que las estaciones habilitadas han registrado valores por encima de los 180 microgramos por metro cúbico.

Sin embargo, ha denunciado que, desde el área de Medio Ambiente del Gobierno vasco, que “dice cumplir” con los parámetros de la Agencia Europea del Medio Ambiente, “parecen olvidar sus obligaciones y, tan acostumbrados a la desinformación, eluden la normativa sobre ozono y, a pesar de estar obligados a informar con esos datos, deciden no hacerlo”. Según ha denunciado, “las superaciones se han producido en las estaciones de Las Carreras (2), Monte Arraiz (3), Andoain (2), Urkiola (1), Zalla (2) y Facultad de Farmacia (1), afectando, por tanto, a cuatro de las cinco zonas en que está dividido el territorio a efectos de seguimiento de este contaminante”, recoge Europa Press.

Desde Ekologistak Martxan han explicado que “al menos el 94,5% de los municipios de la Comunidad Autónoma Vasca han estado afectados y que el 99,5% de la población no ha recibido ningún aviso o no se lo han transmitido”. Por tanto, ha advertido, “la población especialmente vulnerable a este contaminante ha sufrido sus efectos sin adoptar medidas preventivas”. La organización vasca ha destacado que la superación del nivel de 180 de presencia de este contaminante, conocido como 'ozono malo', en la troposfera supone “la superación del denominado 'umbral de información'” y, según el Real Decreto 34/2023, “obliga a las Administraciones a informar a la población a efectos preventivos, independientemente de la 'etiqueta' que se le asigne al dato”.

“Esa obligación, en los episodios de este verano, no se ha cumplido”, ha denunciado, precisando que “informar no es alarmar”. Por su parte, ha lamentado que “se echan en falta medidas” para reducir el impacto en Planes de Acción ante este tipo de episodios que “se resisten a desarrollar” tanto el Gobierno vasco como los ayuntamientos obligados por la normativa vigente y que, salvo en el caso de Vitoria-Gasteiz, “brillan por su ausencia”.

Asimismo ha advertido del crecimiento de episodios de contaminación aguda, ya que “en todo el año 2025 sólo se produjo uno”, y ha recordado que aún hay municipios obligados a implantar zonas de bajas emisiones que “se lo están pensando” y otros que “las han configurado de forma que no se aplican en todo el municipio”. Finalmente, ha alertado de que “en una situación de emergencia climática, hay negacionistas instalados en las administraciones forales que siguen promoviendo infraestructuras grises o reducción de peajes para facilitar el tráfico automóvil”.

El Ayuntamiento de Ribera Baja se ha unido a las críticas de diferentes plataformas contra el proyecto Solaria Zierbana Solar 2, el único al que Gobierno vasco no ha denegado la autorización dentro del macroproyecto de placas solares que esta empresa planeaba en Álava, y ha pedido al Ejecutivo vasco que lo paralice “por los mismos motivos que rechazó el resto de centrales”. Desde el consistorio, gobernado por el partido independiente Ribera Baja Bizirik, han pedido una reunión el departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad para trasladarles la necesidad de que declare nulo el proyecto y lo archive. “Ribera Baja está saturada de macro infraestructuras”, denuncian, por lo que piden que se realicen estudios de impactos acumulados y que se tenga en cuenta la opinión del Ayuntamiento.

El Gobierno vasco denegó en el mes de julio la autorización a 19 de los parques fotovoltaicos incluidos en el macroproyecto Zierbena Solar, con 29 patas, que Solaria quería desarrollar a través de su filial Solaria Eguzki Sorkuntza. En concreto los denominados Zierbena Solar 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 y 29. Resoluciones anteriores ya habían tumbado los proyectos 3 y 4, mientras que los números 15, 16 y 19 deberían ser revisados por el Estado y los 26, 27 y 28 están en terrenos de Miranda de Ebro, en Burgos. El 'Solaria Zierbena Solar 2' es el único que, de momento, sigue adelante. Ya la plataforma Araba Bizirik criticó el “especial interés” del Gobierno vasco en esta central fotovoltaica, que relacionó con que esta central en concreto se encuentra muy cerca de los centros de datos de Merlin Properties, ubicada en el polígono de Arasur. “De ahí que sea el único proyecto al que el Gobierno vasco no ha denegado la autorización” dentro de la macroinfraestructura proyectada por Solaria, señalaban desde Araba Bizirik.

Desde el consistorio de este municipio alavés, consideran que este proyecto debe archivarse “por los mismos motivos que rechazó el resto de centrales del macro proyecto”. Por un lado, la “caducidad automática de los permisos de acceso y conexión a la red de Red Eléctrica Española, requisito indispensable para cualquier instalación de generación”. Recuerdan en este sentido que la compañía “no logró mantener vigentes esos permisos, lo que deja sin base el proyecto”.

Además, señalan que falta de Declaración de Impacto Ambiental (DIA): “La ley estipula un plazo estricto de 31 meses para obtener una DIA favorable. Al vencer este término sin conseguirla, los derechos de conexión a la red de transporte decaen por completo. Solaria Zierbana Solar 2 sobrepasó la fecha de enganche el 30 de noviembre de 2025, bajo estos mismos parámetros debería estar denegada, igual que el resto de centrales del macroproyecto”.

Representantes del Ayuntamiento trasladarán también a las Juntas Generales de Álava la “problemática” que supone para esta población el que siga adelante esta infraestructura, ya que, además, no es la única que está prevista en esta zona. “Solaria Zierbana Solar 2 es una central fotovoltaica de 49,9 MW, que Solaria quiere instalar entre Quintanilla de la Ribera y Ribabellosa, lo que supone la ocupación de 134 hectáreas de terreno cultivable, a este proyecto se le suma que la empresa Getxo-Mirador Norte FV ha obtenido la DIA, para la instalación de una central fotovoltaica de 7.020 placas con una potencia de 4MW, ocupando ocho hectáreas en Ribabellosa. En el municipio de Ribera Baja ya está instalada en Arasur la central fotovoltaica más grande de Euskadi, Ekian, de 24MW y con una ocupación de terreno de 55 hectáreas. Contiguo a ésta, en el término municipal de Armiñon, municipio colindante con el de Ribera Baja, está prevista la implantación de otra central de 150 MW, Ekienea, con una ocupación de terreno agrícola de 200 hectáreas, un proyecto en el que participa Iberdrola, Krean, la Diputación de Álava y el Ente Vasco de la Energía (EVE)”.

Con ello, recuerdan que “la estimación de terreno ocupado por las centrales fotovoltaicas ya instaladas, las proyectadas y las que están en tramitación, es de 397 Hectáreas, provocando en el municipio el efecto isla de calor que se produce en las instalaciones de gran superficie. A esto hay que sumarle la extensión de la futura línea de alta tensión, llamadas líneas de evacuación, que transportara 132.000 voltios desde Ekienea hasta Puentelarra y que en el municipio de Ribera Baja abarcara 5,588 km con 27 torres diseminadas por una zona que ya soporta la presencia de otros macro proyectos como son el trayecto de la línea del tren de alta velocidad Burgos-Vitoria, su conexión con Miranda de Ebro y la ya mencionada planta de Solaria Zierbana 2”.

Por ello, consideran que Ribera Baja “está saturada de macro infraestructuras” y exigen la “elaboración de estudios de impactos acumulados, ya que no se está teniendo en cuenta la suma de todo lo que se está instalando y proyectando en el municipio”.

La plataforma Araba Bizirik sospecha que el proyecto de planta solar en Ribavellosa (Álava) denominado 'Solaria Zierbena Solar 2' servirá para abastecer los centros de datos de la empresa Merlin Properties, ubicada en el polígono de Arasur, y de ahí que sea el “único proyecto al que el Gobierno vasco no ha denegado la autorización” dentro de la macroinfraestructura proyectada por Solaria.

El mes de julio el Gobierno vasco denegó la autorización a 19 de los parques fotovoltaicos incluidos en el macroproyecto Zierbena Solar, con 29 patas, que Solaria quería desarrollar a través de su filial Solaria Eguzki Sorkuntza. En concreto los denominados Zierbena Solar 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 y 29. Resoluciones anteriores ya habían tumbado los proyectos 3 y 4, mientras que los números 15, 16 y 19 deberían ser revisados por el Estado y los 26, 27 y 28 están en terrenos de Miranda de Ebro, en Burgos. El 'Solaria Zierbena Solar 2' es el único que, de momento, sigue adelante, por lo que Araba Bizirik considera que el “especial interés” del Gobierno vasco en esta central fotovoltaica está en que se encuentra muy cerca de los centros de datos de Merlin Properties.

“Al no actuar el Gobierno vasco de la misma forma que con las otras 21 centrales del macroproyecto, nos tememos que la intención de Solaria sea usar la línea de evacuación de Ekienea, que pasa por encima de la central. Una línea de 17 Km, de 132 Kv, para evacuar en el nudo ST Puentelarra. Esta infraestructura se utilizaría para vender la energía generada a los centros de datos ubicados en Arasur”, denuncian.

Recuerdan en este sentido que Ekienea promovida por el EVE, la Diputación Foral de Álava, Iberdrola y Krean, va a ser la central fotovoltaica más grande de Euskadi, y que ha firmado un acuerdo por valor de 375 millones de euros para suministrar energía a Merlin Properties. “El Gobierno vasco nos vendía que la energía generada en Ekienea abastecería a 47.500 hogares, pero la realidad es que van a ocupar 200 Ha, que tienen el coeficiente de calidad agrológica más alto de Euskadi, para alimentar una nueva industria, como son los centros de datos de hiperescala”, ha denunciado el colectivo. Una denuncia que ya se planteó el año pasado por EH Bildu.

Desde Araba Bizirik han interpelado de forma directa al consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi: “¿Cuántas más mentiras va a contar para tratar de justificar el destrozo del territorio? ¿cómo pueden declararse de interés general una central y sus infraestructuras asociadas, si el objetivo es proporcionar energía a una empresa privada como son los centros de datos de Merlin Properties?”. Denuncian que estos centros de datos de hiperescala son “grandes consumidores de energía”. “Si Merlin Properties desarrollara la segunda fase con otros tres edificios más, consumiría la misma energía eléctrica que todo Álava, un consumo anual de 2628 GWh, lo que supone un gran negocio para las empresas energéticas”, denuncian.

El cargo de director-conservador del patronato de la reserva de la biosfera de Urdaibai lleva más de año y medio en interinidad sin que el Gobierno vasco saque a concurso la plaza. El anterior director conservador, Nicolás García-Borreguero, dejó el puesto a principios del año pasado para formar parte del equipo del Departamento de Industria, Transición Ecológica y Sostenibilidad que dirige Mikel Jauregi. En concreto, ocupa desde entonces el cargo de director de Administración Ambiental.

El Departamento colocó en el cargo de forma provisional en febrero del año pasado a Joseba Santorum, que hasta entonces ocupaba el puesto de técnico de Programas de Empresa e Innovación Tecnológica en el Ejecutivo autonómico. Pese a la interinidad del puesto, Santorum sigue en el cargo más de medio año después, en un contexto convulso que ha atravesado la con la polémica sobre el ya descartado Guggenheim de Urdaibai incluida, y los retos que tiene por delante.

Fuentes de los miembros del patronato consideran que el hecho de mantener esta plaza en situación de interinidad es una forma de que el organismo esté “a medio gas” y tener “paradas” decisiones sobre la reserva, ya que se trata de un cargo que, al ejercer de mediador entre las distintas asociaciones presentes en el patronato y las instituciones, debe ser “tractor” en la toma de decisiones para la zona. “Eso ahora no pasa”, lamentan, y aseguran que los temas más conflictivos se han obviado en las reuniones. Antes fue la polémica por el nuevo Guggenheim de Urdaibai o más recientemente los problemas con la duna de Laga y el parking previsto.

“Las denuncias parten de las distintas asociaciones que forman parte del Consejo de Cooperación de la reserva de la biosfera. El director-conservador ni está ni se le espera”, denuncian. Las mismas fuentes consideran que el Gobierno vasco puede estar no sacando la plaza a concurso ante el temor de que tendrá dificultades para cubrir el puesto en un momento polémico para la zona.

Tras descartarse de forma definitiva la construcción del Guggenheim en Urdaibai por parte de la Diputación Foral de Bizkaia, el Gobierno vasco y el propio museo, la Urdaibai sigue en medio de la polémica. De momento, está abierta una batalla legal para conseguir la salida de la zona de Astilleros Murueta. Pero, además, la reserva tiene abierto otro flanco en el ámbito parlamentario.

La ley de medidas urgentes para la simplificación y agilización de la actividad económica sostenible, presentada en el Parlamento Vasco por PNV y PSE-EE como una “autopista” para acelerar proyectos, recoge en su artículo 8 la modificación de determinados preceptos de la ley de 1989 para la protección y ordenación de la reserva de la biosfera de Urdaibai. Se busca facilitar determinados usos en zonas que distintas agrupaciones ecologistas y defensoras de la zona consideran “sensibles” para la protección del entorno. Por ejemplo, “el uso de embarcaciones con motor en determinadas zonas, la ejecución de instalaciones marítimas para el amarre, fondeo y atraque de embarcaciones náutico-recreativas y el embarque y desembarque de pasajeros que reglamentariamente se determinen”. O la adecuación, en continuidad con el suelo urbano y accesible desde éste, “de espacios para el baño, ejecutados mediante sencillos elementos de contención de agua en marea baja”, entre otras cuestiones.

Precisamente, dentro de las comparecencias en el Parlamento Vasco para la tramitación de esta ley está prevista la participación en el mes de septiembre de miembros de Guggenheim Urdaibai Stop para explicar su oposición a esta normativa. Por otra parte, está en proceso de recogida de firmas una iniciativa legislativa popular (ILP) con la que se pretende dotar a Urdaibai de personalidad jurídica propia e incrementar así su protección, y que se presentará en el Parlamento Vasco.

La planta de almacenaje de residuos de la empresa Onaindia de Vitoria, que sufrió un incendio de grandes dimensiones en la noche del último día de marzo al primero de abril del año pasado, estuvo funcionando sin contar con la preceptiva autorización. Las llamas, que dieron lugar a una elevada columna de humo y hundieron la calidad del aire de la ciudad hasta niveles de insalubridad, destaparon incumplimientos en la gestión de residuos. Ahora, una información aportada al Parlamento Vasco por el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, confirma que la empresa no formuló la solicitud de autorización ambiental hasta el mes de julio, pasados tres meses del incendio.

A petición de Jon Hernández, parlamentario de Sumar, el consejero afirma que la solicitud se cursó el 11 de julio del pasado año. Era para una autorización integrada, no única. “El régimen de intervención ambiental al que se encuentra sometida la instalación objeto de la solicitud corresponde a una autorización ambiental única, y no a una autorización ambental integrada”, señala Jauregi. La solicitud, por ese motivo entre otros, “no cumplía la totalidad de los requisitos exigidos para su admisión a trámite”, por lo que se hicieron requerimientos y no fue hasta el 29 de mayo de 2026, más de diez meses después, que la empresa presentó la documentación necesaria. A la fecha de la respuesta del consejero, todavía se estaba analizando la documentación.

A raíz del incendio, y como ya contó este periódico, una inspección reveló que en la planta había al menos seis zonas con residuos “fuera del ámbito de la autorización” con la que se contaba en ese momento. Se incoó un expediente sancionador contra la empresa. El mismo informe elaborado a raíz de esa visita apuntaba a que en el año 2024 se había superado la recepción de residuos autorizados. Fuentes de Onaindia consultadas en aquel momento subrayaron que los requerimientos nada tenían con ver con el incendio.

Las llamas dejaron una de las naves de Onaindia arrasada. La empresa empezó unas obras para reconstruir la nave calcinada, pero el Ayuntamiento ordenó en mayo de 2026 paralizar los trabajos porque Onaindia no contaba aún con permiso municipal. Desde la oposición, los grupos de EH Bildu y Elkarrekin se mostraron muy críticos: EH Bildu pidió que la actuación municipal no se quedase en una “mera advertencia” y Elkarrekin aseveró que la empresa no podía irse “de rositas”. En la respuesta del consejero Jauregi de este mes de julio, se señala que el Gobierno vasco todavía “no tiene constancia del inicio de las obras”.

En la comisión de Modelo de Ciudad, Urbanismo y Vivienda de este lunes, el concejal de Elkarrekin Óscar Fernández se ha apoyado en la respuesta brindada por el consejero al Parlamento Vasco para incidir en que la empresa aún no cuenta con la autorización ambiental única y que estuvo “al menos cuatro años” operando sin ella y sin licencia municipal. “Estuvo operando en una situación irregular y el Ayuntamiento no hizo seguimiento”, ha subrayado. El concejal del ramo, el socialista Borja Rodríguez, se ha ceñido a las competencias urbanísticas y ha afirmado que, siendo requisito imprescindible para la empresa contar con la autorización ambiental única para poder proseguir con las obras de reconstrucción, se esperará a que se siga adelante con la tramitación. “Los mecanismos de control urbanístico del Ayuntamiento funcionan. Cuando los servicios municipales detectaron una actuación que requería licencia, actuaron en consecuencia”, se ha defendido Rodríguez, que ha incidido, además, en que ha habido “máxima transparencia”.

Fuentes de la empresa indican que las obras están efectivamente paradas, a la espera de que se solventen los trámites en curso. En cualquier caso, reiteran que la empresa está siguiendo el protocolo en todo momento.

El Gobierno vasco, junto a Ekarpen, participará en la operación de incorporación de Vicinay al proyecto industrial liderado por Velora, grupo empresarial encabezado por Dámaso Quintana, con el objetivo de asegurar el futuro de esta compañía. El Ejecutivo invertirá 7,5 millones para adquirir el 7,8% de ECN All Wind, que será quien posea el 100% de Vicinay.

La inversión pública se materializará a través de ECN All Wind, una división creada por Velora y especializada en eólica marina y redes de transmisión y distribución eléctrica. La adquisición de Vicinay, empresa que entró en preconcurso de acreedores, constituye la primera operación de una estrategia de crecimiento que prevé nuevas inversiones, según ha informado en un comunicado el Departamento de Industria, que ha subrayado que Vicinay es una de las “compañías más emblemáticas” de la industria vasca y la operación servirá para reforzar “el posicionamiento de Euskadi en el sector de la eólica offshore”, informa Europa Press.

El área de Mikel Jauregi ha precisado que ECN All Wind está concebida para impulsar nuevas capacidades productivas y tecnológicas ligadas a un sector llamado a desempeñar “un papel estratégico en la transición energética europea”. Para concretar esta operación, el Gobierno utilizará el instrumento financiero Ezten II Fondo de Capital Riesgo recientemente creado, con una inversión de 7,5 millones de euros para adquirir el 7,8% de ECN All Wind, que será quien posea el 100% de Vicinay, empresa fabricante de cadenas.

Según ha precisado, la entrada institucional permitirá acompañar al inversor industrial en un proyecto orientado “a garantizar la actividad productiva de la compañía, preservar su centro de decisión y mantener en Euskadi su principal centro de fabricación”. Según ha recordado, con más de dos siglos de trayectoria, Vicinay es un referente mundial en la fabricación de cadenas y conectores de gran tamaño, con aplicaciones en sectores como el 'oil & gas' y, cada vez más, en instalaciones de energía eólica marina. Su planta de Sestao, según ha destacado, constituye un activo industrial de primer nivel y da empleo a cerca de 200 personas en Euskadi.

Industria ha subrayado que la operación llega en un contexto de mejora de las perspectivas de mercado para la compañía. El crecimiento previsto de la actividad en los sectores energético y 'offshore' permite anticipar un incremento de la producción de alrededor del 25% en los próximos años.

El Gobierno vasco ha destacado que esta operación se enmarca en la estrategia definida por el Plan de Industria Euskadi 2030. En este sentido, el Ejecutivo vasco siempre aplica el mismo criterio a la hora de evaluar su apoyo a cualquier inversor industrial y que, según ha recordado, es que sea “un proyecto industrial sólido y a futuro”, con un industrial de reconocida trayectoria, que promueva el empleo de calidad y que fomente la actividad de la cadena de proveedores locales.

Desde el Gobiernose subraya, además, que no se trata de una entrada directa en la gestión de Vicinay ni de “una actuación aislada”, sino del acompañamiento a una iniciativa industrial con vocación de crecimiento “en un ámbito estratégico para la industria vasca”. Según ha indicado, la participación pública se realizará siempre desde una posición minoritaria y complementaria a la del inversor industrial.

En este sentido, ECN All Wind nace con el objetivo de construir una plataforma industrial “capaz de integrar empresas y capacidades vinculadas a la cadena de valor de la eólica marina”. “La incorporación de Vicinay permitirá añadir un eslabón clave a esa cadena, aprovechando su conocimiento tecnológico, su capacidad productiva y su liderazgo internacional en sistemas de fondeo y amarre, componentes esenciales para el desarrollo de parques eólicos flotantes”, ha agregado.

Asimismo, ha indicado que la operación también busca reforzar el tejido industrial vasco mediante la generación de nuevas sinergias entre empresas proveedoras, centros tecnológicos y fabricantes especializados. Ha añadido que, tanto Velora como las instituciones consideran que la combinación de experiencia industrial, capacidad financiera y visión de largo plazo “ofrece una oportunidad para consolidar en Euskadi actividades de alto valor añadido asociadas a la transición energética”.

El Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad ha subrayado que el papel del Gobierno en este tipo de iniciativas consiste en acompañar proyectos “con capacidad tractora para el conjunto de la economía, favoreciendo la permanencia de centros de decisión, la promoción de empleo de calidad y el desarrollo de nuevas oportunidades industriales”. “Bajo esa premisa, la colaboración público-privada se plantea como una herramienta para fortalecer sectores con potencial de crecimiento y proyección internacional”, ha remarcado.

El Gobierno vasco ha indicado que, con esta operación, Vicinay inicia una nueva etapa dentro de un proyecto industrial más amplio orientado a aprovechar las oportunidades de la eólica 'offshore'. El respaldo de Velora y del Gobierno “aspira a dotar a la compañía de estabilidad financiera, capacidad de inversión y acceso a nuevos mercados, asegurando al mismo tiempo el arraigo de una empresa histórica que forma parte del patrimonio industrial de Euskadi”. Por último, ha manifestado que la incorporación a ECN All Wind refuerza, además, la apuesta por convertir a Euskadi “en referente en tecnologías vinculadas a la energía marina, combinando industria, innovación y sostenibilidad como motores de crecimiento para la próxima década”.

El Gobierno vasco no ve ningún elemento extraño en que la exalcaldesa de Santurtzi Karmele Tubilla, del PNV, se mantuviese hasta junio como vocal del consejo de administración del puerto de Bilbao aunque dejase el cargo en febrero. El Ejecutivo vasco señala que esos puestos no decaen con el cese de un cargo y agrega que fue el 21 de mayo cuando conoció oficialmente la propuesta del Ayuntamiento para que la nueva regidora, Itziar Carrocera, ocupase ese asiento en la autoridad portuaria. En pocos días, a comienzos de junio todo quedó resuelto, defiende el Gobierno.

Los puertos de “interés general” en Euskadi, los de Bilbao y Pasaia, son competencia del Estado, pero las instituciones locales tienen amplísimas facultadas para designar a los miembros del consejo de administración. Hay un decreto de 1998 que regula esos nombramientos. En el Parlamento Vasco, por ello, el representante del PP Álvaro Gotxi preguntó por el caso de Tubilla, cuya dimisión trascendió el 12 de febrero tras la controversia por la investigación de presuntas irregularidades en las oposiciones de la Policía local.

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, del PNV, de quien dependen estos nombramientos aunque la competencia portuaria sea de su colega Amaia Barredo, titular de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, recalca que la salida real de Tubilla del cargo se formalizó el 26 de febrero en un pleno municipal, aunque fuese conocida de antes. Eso explica que asistiera con normalidad a una reunión en el puerto del 24 de febero. “Era aún alcaldesa”, se subraya.

No asistió, eso sí, a otra cita que tuvo lugar el 23 de abril, en la que la vocalía que corresponde al Ayuntamiento de Santurtzía estuvo vacante. Añade Jauregi que no le corresponde hacer “valoración alguna” sobre lo sucedido, ya que el Gobierno se limita a “aplicar el procedimiento legalmente establecido”. Tampoco aclara qué ocurrió con eventuales dietas.

El actual presidente del puerto de Bilbao es Iván Jiménez y el vicepresidente es el viceconsejero de Barredo, Koldo Goitia. El director, Antonio Aiz, también fue cargo del PNV. Después, hay tres representantes del Estado -uno de ellos el vicelehendakari del PSE-EE, Mikel Torres-, está el Ayuntamiento de Bilbao, el de Zierbena y otros organismos y colectivos. En su día, el propio lehendakari, Imanol Pradales, fue vocal como representante de la Diputación de Bizkaia.

A finales de junio, precisamente, el Ayuntamiento de Santurtzi y el puerto renovaron su convenio de “colaboración”. Se trata de una inversión prevista de 4 millones de euros. Jiménez destacó el “constante compromiso” de la autoridad portuaria con el municipio. “La colaboración entre ambas instituciones ha demostrado ser una herramienta eficaz para impulsar proyectos que generan valor social, mejoran la accesibilidad y favorecen la integración del entorno portuario en la vida cotidiana del municipio”, manifestó.

Las obras del vertedero de Artxanda, en Bilbao, que el Gobierno vasco paralizó de forma cautelar el pasado mes de abril, siguen atascadas. Y la empresa encargada de la ejecución de los trabajos, Berriz Recycling Company, no responde a los requerimientos que le ha realizado el Ejecutivo, según reconoce el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, en una información trasladada al Parlamento Vasco.

El Gobierno vasco ordenó la suspensión cautelar de las obras en abril de este año tras constatar en una inspección no programada a las instalaciones que se habían realizado excavaciones no autorizadas y que la empresa carecía de entidad acreditada en materia de calidad del suelo y de dirección de obra nombrada. La que estaba haciendo estas funciones abandonó estas labores en el mes de diciembre.

La medida cautelar de suspensión se adoptó en el marco de un expediente sancionador en curso y posteriormente, el 8 de mayo, se envió a la empresa un requerimiento para que presentara ante el órgano medioambiental un informe validado por dirección de obra y redactado por una entidad acreditada en materia de suelos que recogiera las labores realizadas para el descabezado y retaluzado del vertedero desde el inicio de la obra y hasta la fecha, para conocer la situación real actual del vertedero. Es un requerimiento al que no se ha respondido por parte de la empresa, por lo que la obra sigue paralizada de forma cautelar.

El último cronograma presentado por la empresa al Ejecutivo estimaba que en el mes de diciembre de 2025 se presentara el informe final de descabezado del vertedero para garantizar su estabilización. Sin embargo, tal y como reconoce el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad interpelado por el parlamentario del PP, Álvaro Gotxi, “esta previsión se ha visto alterada por la comunicación realizada por la entidad acreditada Lurgiro SL, el 22 de diciembre de 2025”, que suspendió la relación contractual con los promotores.

“A día de hoy la empresa Berriz Recycling Company no ha informado a este órgano sobre la entidad acreditada responsable de supervisar las labores de excavación por lo que estas actuaciones se encuentran paralizadas”, señala el consejero Jauregi. De igual forma, esto supone que Berriz Recycling tampoco ha presentado ante el órgano ambiental la información sobre las actuaciones realizadas hasta la fecha y se está a la espera de que responda al requerimiento enviado en este sentido.

El Gobierno señala, entre otras cuestiones, como respuesta a una batería de requerimientos planteados por el parlamentario 'popular' sobre el vertedero, que “no han comenzado los trabajos de instalación de geosintéticos en la base del vertedero y no se ha emitido por el órgano ambiental pronunciamiento por el que se permite el inicio de dichas obras de impermeabilización”.

Las obras para estabilizar el antiguo vertedero de Artxanda y poner en marcha uno nuevo en la zona han sido polémicas desde el principio. El objetivo era retirar el lindano del terreno, pero para ello, como reconoció el propio consejero el pasado año en sede parlamentaria, primero era necesario “asegurar el terreno”. “La inestabilidad del terreno, hace inviable cualquier actuación de remediación definitiva, si antes no se garantiza la seguridad estructural del propio vertedero”, reconocían. Pero esos trabajos se han encontrado con muchas más dificultades de las esperadas.

La propia empresa reconocía en sus informes el riesgo de desplome. El talud ya se vino abajo en 1983 después de las inundaciones que asolaron Bilbao ese año. Berriz Recycling como propietaria de los terrenos asumió las tareas de descontaminación en 2024 para dar una nueva vida a esta zona, que fue el vertedero de Bilbao desde 1967 hasta el 1976. En un principio, la idea del Gobierno vasco era limpiar y sellar el vertedero, pero finalmente optó por la reapertura y utilizar esta capacidad. Sin embargo, las obras siguen paralizadas hoy en día, y sin fecha.

El Gobierno vasco no ha analizado los niveles de arsénico en la calidad del aire de Durango después del incidente en una empresa de la zona en la que varios trabajadores se vieron afectados con niveles en sangre que duplican o triplican los valores que se pueden considerar fuera de los márgenes de peligro. En respuesta a una solicitud de información, el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, confirma que “no se han realizado mediciones específicas de arsénico en la calidad del aire de Durango en los últimos años por parte del Departamento”, lo que supone que tampoco como consecuencia del incidente en la empresa Montorretas el pasado mes de mayo.

Señala Jauregi en su respuesta que el incidente objeto de la solicitud parlamentaria se corresponde con “problemas de salud en la plantilla de la empresa Montorretas derivados de su exposición al arsénico, que es competencia de salud laboral”. “Con carácter general, las actuaciones de evaluación de calidad del aire desarrolladas por el Departamento se orientan al seguimiento de la exposición de la población en aire ambiente y no a la investigación de situaciones vinculadas al ámbito de la salud laboral”, puntualiza.

Además, recuerda el consejero que las comunidades autónomas clasifican cada zona o aglomeración de su territorio y realizan la evaluación de la calidad del aire para el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno y los óxidos de nitrógeno, las partículas, el plomo, el benceno y el monóxido de carbono, el arsénico, el cadmio, el níquel y el benzopireno en todas las zonas y aglomeraciones de su territorio. La norma determina las condiciones que deben cumplirse para la medición de las concentraciones de los distintos contaminantes, la ubicación de los puntos de muestreo, los criterios de determinación del número mínimo de puntos de muestreo, los objetivos de calidad de los datos, la presentación de resultados y los métodos de referencia. En el caso de la CAPV existen tres zonificaciones del territorio, una para SO₂, NO₂, CO, PM10, PM2,5; otra para el ozono; y una tercera para el benceno, metales pesados y benzo(a)pireno. La evaluación de los metales pesados se hace de forma global para el conjunto del territorio de Euskadi. “A este respecto, debe tenerse en cuenta que el arsénico se mide en cuatro estaciones: María Díaz de Haro (Bilbao), Arriaga (Erandio), Tres de marzo (Vitoria) y Avenida Tolosa (Donostia). Y que todos los promedios anuales obtenidos se encuentran por debajo del umbral inferior de evaluación recogido en la normativa de aplicación, lo que en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.6 del Real Decreto 102/2011 permitiría realizar la evaluación del arsénico no mediante mediciones sino mediante modelizaciones”.

La Inspección de Trabajo y Osalan abrieron una investigación a la empresa Montorretas por los altos niveles de arsénico detectados en los análisis de varios trabajadores que tuvieron que estar de baja médica. Al menos se detectaron nueve empleados con niveles que duplican o triplican los valores que se consideran que se pueden considerar fuera de los márgenes de peligro. La empresa Montorretas, ubicada en Durango, que cuenta con alrededor de 32 personas en plantilla, se dedica a la fabricación de perdigón de plomo para caza y competición. Además, parte de la actividad está centrada en la producción de granulado de plomo, principalmente utilizado en la tecnología de encapsulados en las acerías.

La parlamentaria pregunta al consejero cuántas inspecciones ha realizado el departamento a esta empresa en los últimos años, y cuántas han sido programadas y cuántas no. Jauregi recuerda la frecuencia de las inspecciones periódicas depende del riesgo de la instalación y del impacto potencial de su actividad sobre el medio ambiente o la salud de las personas, teniendo en cuenta el grado de cumplimiento de normativa por el operador y la gestión ambiental que realiza. Es anual en las de mayor riesgo y cada tres años en las de riesgo menor, como es el caso de la empresa Montorretas. En concreto señala que en las últimas tres inspecciones programadas tuvieron lugar en 2019, 2021 y 2024 obteniendo en las dos primeras un grado de cumplimiento de las condiciones establecidas en la Autorización Ambiental Integrada (AAI) ALTO y en la llevada a cabo en 2024 un grado de cumplimiento medio-alto.

Reconoce que en las inspecciones realizadas en 2019 y 2024, se constataron incumplimientos respecto de las condiciones establecidas en la Autorización Ambiental Integrada (AAI), lo que motivó la emisión de los correspondientes requerimientos por parte del órgano ambiental. Pero la empresa presentó documentación de respuesta a los requerimientos en tiempo y forma. En la inspección practicada en 2021, no se identificaron desviaciones respecto de dichas condiciones, por lo que, junto con el informe de inspección, se emitió la correspondiente notificación.

El Gobierno de Imanol Pradales cumple ya dos años, la mitad de la legislatura. Es una coalición de PNV y PSE-EE que tienen sus tiras y aflojas, sus idas y venidas. Ahora, oficialmente, los socios están en tregua. Pero en los próximos días volverán a separar sus caminos en lo tocante a la reforma de la normativa del euskera en el empleo público, como antes han chocado en Vivienda, en política migratoria o en otras materias. elDiario.es/Euskadi repasa, uno por uno, los hitos principales del lehendakari y de sus quince consejeros.

Imanol Pradales

Lehendakari (PNV)

El lehendakari, dos años después, es el político vasco más valorado. El Sociómetro le da una nota de 5,8 sobre 10, que además ha ido creciendo en los últimos meses conforme avanzaba el mandato. Pradales, poco a poco, va esculpiendo su propio perfil. Está cuidando mucho la política internacional, con el hito de la visita del presidente de Alemania a finales de 2025, Frank-Walter Steinmeier, quien pidió disculpas por el bombardeo nazi de Gernika en 1937. También ha querido rescatar el alma más católica del PNV, con dos encuentros con el papa León XIV esta primavera, uno en el Vaticano y otro en Canarias, una carta a los obispos para prometerles remar juntos y la asistencia a eucaristías. Ha repetido que el nuevo pontífice es uno de sus faros. En materia migratoria, Pradales insiste, eso sí, en que los migrantes tienen “derechos”, pero también “obligaciones”. Lo planteó el discurso de Navidad y lo volvió a repetir en las entrevistas en ETB por el segundo aniversario: “Este país tiene una identidad, una lengua y unos valores que queremos seguir preservando”. El lehendakari entiende que la situación en España tiene una “pinta horrorosa” por las investigaciones de corrupción que se suceden, pero, tirando de pragmatismo, asegura que mientras Pedro Sánchez siga en el Gobierno tiene que ser aprovechada la ventana de oportunidad. En julio espera celebrar una reunión para cerrar acuerdos pendientes, como el del traspaso completo de la Seguridad Social, algo nunca antes cedido a una comunidad autónoma. ¿Y la reforma del Estatuto? Supuestamente, PNV y PSE-EE lo negocian con EH Bildu. Se anunció para junio algún movimiento por parte de Pradales que aún no ha llegado.

Ibone Bengoetxea

Vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística (PNV)

Tras unos primeros meses con un perfil más bajo, Bengoetxea ha reforzado su peso político en el segundo año. En estos meses, ha encabezado la fallida petición de que el 'Guernica' de Pablo Picasso pueda exhibirse en el Guggenheim de Bilbao temporalmente por el nonagésimo aniversario del bombardeo nazi. Igualmente, ha quedado enterrado el intento de levantar un nuevo Guggenheim en Urdaibai, el mismo que iba a hacerse “sí o sí”, según el PNV. Asimismo, sigue abierto el debate sobre la reforma legislativa para blindar las exigencias de euskera en las oposiciones a raíz de la cascada de fallos judiciales. El asunto ha generado una brecha con el socio de Gobierno, el PSE-EE, y la propuesta del PNV solamente prosperará si EH Bildu lo permite. Bengoetxea ha amagado con regularlo por decreto si esa vía falla. En materia de deportes, la selección vasca de pelota compitió oficialmente -y se enfrentó a la de España- y se ha abierto el melón de la oportunidad de organizar la Copa del Mundo de fútbol masculina de 2030 en Bilbao y Donostia.

Mikel Torres

Vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo (PSE-EE)

Torres también ha ganado en peso político como cabeza de la parte socialista del Gobierno de coalición y ha empezado a cuestionar algunas decisiones del socio, como recientemente lo tocante a la nueva reforma fiscal de Bizkaia, un papel antes reservado en exclusiva a Eneko Andueza. Su cartera, Economía, Trabajo y Empleo, tiene funciones relevantes, pero, si se completan las transferencias pendientes, las tendrá aún más. Ha ganado ya lo relativo a las autorizaciones laborales de trabajadores extranjeros, en 2027 Lanbide integrará las políticas activas y la RGI/IMV con las prestaciones y subsidios de paro con la desaparición del SEPE estatal y se negocia que Euskadi asuma también el pago de pensiones, unos 12.000 millones anuales. En materia laboral, Torres defiende que Euskadi tiene “bases sólidas” con la cifra más alta de cotizantes a la Seguridad Social de la historia, por encima del millón. “Pero tenemos que hablar menos de las cifras de empleo y más de la calidad”, asume. La mayoría sindical sigue fuera de los foros de diálogo social.

Noël d'Anjou

Hacienda (PNV)

En contraste, D'Anjou sale bien parado. En junio ya ha empezado a preparar los presupuestos de 2027. El Parlamento Vasco los aprobará en tiempo y forma, antes de que acabe el año. Serán los terceros en tres años de legislatura. Es algo impensable en España, que tuvo en 2022 su último debate presupuestario y que sigue con los de 2023 prorrogados. Más allá de eso, D'Anjou ejerce una suerte de bicefalia con Torres en lo tocante al liderazgo de la política económica. Técnicamente, las previsiones son cosa del PSE-EE, que además controla el Eustat, el Instituto Vasco de Estadística. Está por ver la ejecución real de la gran inyección de 1.000 millones para proyectos del pasado año, que además iba a venir completada con 3.000 de capital privado.

María Ubarretxena

Portavoz y consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno (PNV)

Ubarretxena puede colgarse la medalla de haber visto cómo el Parlamento ha aprobado, tras tres intentos fallidos en otras tantas legislaturas, la primera ley vasca de Transparencia. Euskadi deja de ser la única comunidad autónoma sin ese mecanismo. Y no sólo es poder obtener información, sino poder denunciar prácticas irregulares. “Todas las personas que deseen denunciar tendrán la oportunidad de hacerlo y su anonimato y su protección estarán garantizados”, explicó en una entrevista con este periódico. Ubarretxena es, además, la principal negociadora con el Estado de las transferencias pendientes del Estatuto de 1979. Está en el aire aún la más relevante, la gestión de las pensiones de la Seguridad Social, pero ya ha habido otros acuerdos relacionados, como el de las prestaciones del paro o el del seguro escolar. Dio mucho que hablar, igualmente, la negociación para la creación de un órgano bilateral con el que las instituciones vascas puedan tener voz en la gestión de los aeropuertos, aunque Loiu, Hondarribia y Foronda siguen siendo de titularidad estatal.

Más información: Entrevista con María Ubarretxena

Mikel Jauregi

Industria, Transición Energética y Sostenibilidad (PNV)

Jauregi tiene pendiente, y es una herencia de otras legislaturas, el denominado PTS de renovables, el documento que ordenará de manera definitiva el despliegue de parques solares y eólicos. Ahora, se multiplican las propuestas y se van analizando una a una, no sin contestación social. Euskadi está ultimando el primer proyecto con molinos de viento en veinte años. Es una comunidad muy dependiente en lo energético y con un 'mix' con mucho menos peso verde que el entorno. El consejero ha acuñado el concepto 'cuadrilla' para definir a la suma de esfuerzos públicos y privados para participar en proyectos empresariales. El gran hito fue la recuperación de la sede social de Talgo de la mano de José Antonio Jainaga, de Sidenor. Fue elegido empresario del año sin importar su investigación en la Audiencia Nacional por las ventas a Israel. En Nochevieja, al filo de las campanadas, la 'cuadrilla' recuperó la antigua Ibermática. Más dolores de cabeza está ofreciendo Tubos Reunidos, ahora en concurso de acreedores. El PNV insiste en que la SEPI estatal, su principal acreedor, propicie una quita de la deuda, 112,8 millones de principal y 40 en intereses, pero ese rescate otorgado en 2021 está siendo investigado por sospechas de corrupción. Hasta la empresa ha admitido que pagó unas cantidades al expresidente de la SEPI, el socialista andaluz Vicente Fernández Guerrero.

Bingen Zupiria

Seguridad (PNV)

El final de su segundo año ha estado marcado por las cargas de la Ertzaintza en el aeropuerto de Loiu tras la llegada de activistas de la Global Summud Flotilla. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y Zupiria hasta empleó el inglés para insistir en que es algo que no tenía que haber ocurrido. Eso sí, a la vez insiste en que hay un humus en la sociedad vasca que no acata la autoridad de la Policía. Este debate sobre el “modelo policial” se repite periódicamente. Sigue pendiente, eso sí, que la Ertzaintza alcance la plantilla prometida de 8.000 efectivos, comprometida desde 2004. En los últimos meses, la situación sindical en la Policía vasca ha dado un vuelco con la victoria de Euspel en las elecciones internas y el desplome de Erne. Y la academia de Arkaute ha vivido su particular crisis con la salida de Miren Dobaran y la necesidad de rescatar a Jon Goikolea.

Begoña Pedrosa

Educación (PNV)

Las propuestas de fusiones de centros públicos y cierres han acarreado los momentos más controvertidos en los últimos meses para Pedrosa. Familias y sindicatos han lanzado críticas. Los motivos esgrimidos son la caída de la natalidad y la necesidad de optimizar recursos, pero también seguir reduciendo la brecha de segregación entre colegios. La consejera logró la paz social con los sindicatos de la red pública en 2025, logrando un acuerdo valorado en 100 millones que ponía fin a lustros sin convenio. Pero ahora están empezando a avisar de retrasos en el cumplimiento de los compromisos adquiridos. En Euskadi, casi el 50% del alumnado está matriculado en centros de titularidad privada. Finalmente, este año se ha conocido la resolución de la Autoridad Vasca de la Competencia sobre los problemas en el servicio de transporte escolar en la pasada legislatura. Han multado con 900.000 euros a 31 empresas por “boicotear” al Gobierno vasco para ganar más con los autobuses.

Más información: Entrevista con Begoña Pedrosa

Denis Itxaso

Vivienda (PSE-EE)

El reciente Sociómetro es contundente: la vivienda es el primer problema de la sociedad vasca y, además, apenas un 8% confía en las políticas del Gobierno vasco. Itxaso es un consejero omnipresente. Insiste en que está en actitud de “combate” y que la emergencia habitacional “tiene solución” si se toman medidas. En diciembre llegó la reforma legislativa con cambios en varias normas para agilizar la construcción de vivienda y ahora ya hay una nueva reforma anunciada. En medio, aprobó un decreto “urgente” con medidas que han tenido tirón -como las mejoras de las prestaciones para jóvenes Gaztelagun- pero que tardó más de un año en ser una realidad. “Lo lamento muchísimo. Hemos puesto alma. Hemos trabajado a destajo. Muchos informes. Al final tenemos una burocracia que nos hace polvo”, alegó. La cartera de Vivienda es del PSE-EE, aunque el PNV busca lanzar sus propios planes, como la línea de avales a la compra de casas de hasta 400.000 euros o las ayudas Emantzipa, paralelas a Gaztelagun. A la vez, son recurrentes las tensiones con EH Bildu, principal fuerza de la oposición y que lidera decenas de municipios.

Alberto Martínez

Salud (PNV)

Si el estado de salud de Osakidetza era el gran problema heredado de la pasada legislatura, ya no lo es. Pero el segundo año de Alberto Martínez ha sido mucho más tortuoso que el primero. Hace un año, por ejemplo, logró la fotografía del denominado Pacto Vasco de Salud, pero sin la mayoría sindical y, sobre todo, con un gran cambio de caras en su equipo a las pocas semanas. Se fue el viceconsejero, Enrique Peiró, y la directora general de Osakidetza, Susana López Altuna. Apenas duraron un año en el cargo. En enero, además, tuvo que hacer frente a la crisis de las vacunas caducadas, que parece tener una pequeña réplica cuyo alcance se desconoce ahora en junio. Sin embargo, lo que más tiempo ocupa a Martínez es la huelga intermitente de médicos que está obligando a posponer consultas y que ha echado por tierra la mejora de la lista de espera quirúrgica tras los años de la pandemia de COVID-19. El consejero ha liderado a sus colegas de otras comunidades en una cruzada contra la ministra de Sanidad, Mónica García, de Sumar, a la que acusa de no sentarse a negociar un estatuto marco propio para los facultativos.

Nerea Melgosa

Bienestar, Juventud y Reto Demográfico (PNV)

El año de Melgosa ha estado marcado por la reforma legislativa exprés y por la anunciada aprobación de un decreto -que técnicamente aún no ha llegado- para endurecer el control de los campamentos de verano a raíz de la veintena de denuncias de violencia sexual conocidas el pasado año en torno a la colonia de Euskal Udalekuak en Bernedo. Asimismo, se han aprobado las mejoras en las ayudas por crianza, 200 euros mensuales que ahora se cobrarán durante cuatro años y no durante tres. Se mantiene la posibilidad de que las perciban quienes han inscrito a un bebé nacido por gestación subrogada, una práctica no legal en España. Melgosa es también la consejera competente en materia de migración y ha mantenido firme su 'no' al centro de refugiados de Vitoria que proyecta al Estado. Al PNV le da igual que las plazas vayan a ser 120 y no las 350 inicialmente planteadas.

Susana García Chueca

Movilidad Sostenible (PSE-EE)

Sin noticias sobre si la 'Y vasca' se conectará con Pamplona por Vitoria o por Ezkio/Itsaso y sin fecha para el estreno de los trenes de alta velocidad cuando se cumplen veinte años del inicio de las obras, García Chueca podrá inaugurar en breve el nuevo Topo de Donostia -aunque empiezan a florecer los titulares sobre los millonarios sobrecostes-, la 'metrización' del servicio. También se ha desbloqueado la línea 4 del metro de Bilbao, la de Rekalde, iniciado una nueva ampliación del tranvía de Vitoria, la de Zabalgana, y anunciado que las líneas de Cercanías de Renfe, ya gestionadas por el Gobierno autonómico, pasarán a llamarse en algún momento Lottu. En cartera hay más proyectos en estudio, como la llegada del Topo no ya a Hendaya sino a Baiona o una ampliación más del tranvía de Vitoria hasta el Fernando Buesa Arena. Se ha posicionado en contra de que el puerto de Pasaia pierda la etiqueta de infraestructura de “interés general”, como plantea el PNV, para que sea transferido y gestionado por las instituciones vascas.

Entrevista con Susana García Chueca

Juan Ignacio Pérez Iglesias

Ciencia, Universidades e Innovación (PNV)

Hay un nuevo rector en la EHU, la Universidad pública vasca, Joxerramon Bengoetxea, y un exrector al frente de la cartera de Universidades del Gobierno vasco. Y los últimos meses han sido de enfrentamiento. El más fuerte, en otoño de 2025, tuvo como eje de la discusión en torno a la financiación. “¿Se trata quizás de enmascarar la ausencia de un proyecto académico? ¿O de ocultar la incapacidad para ejercer la responsabilidad y tomar decisiones presupuestarias difíciles? [...] Confío en que no se trate de hacer uso de la universidad pública como ariete político”, llegó a escribir el consejero sobre Bengoetxea. Pero ha habido más. El cierre en febrero del campus de Vitoria por un acto de Vox y recientemente las correcciones de la Selectividad han motivado encontronazos que no se habían visto cuando en el rectorado de Leioa había personas más afines al Gobierno. Los avances de Donostia como capital de la computación cuántica han sido noticia este año. Pérez Iglesias es el único consejero independiente, aunque participa en los actos del PNV, el partido que le propuso para el cargo.

Javier Hurtado

Turismo, Comercio y Consumo (PSE-EE)

El consejero que más años lleva de continuo en el mismo cargo ha ganado peso político ya que, desde 2025, es también el líder de su partido en Álava. Aunque la medida es foral, sí puede sumar a su haber que esté ya aprobada la denominada 'tasa turística', en realidad un impuesto más que grava las estancias y que es variable en función del tipo de alojamiento. No está en vigor, porque tienen que desarrollarla los municipios, pero lo estará en 2027. Tramita una reforma legislativa sobre el sector, aunque su principal medida, la de prohibir más apartamentos turísticos en zonas tensionadas, ya está en vigor por otra vía, la normativa de Vivienda. Hurtado ha manifestado con insistencia su deseo de “desestacionalizar” y “descentralizar” el flujo de visitantes, esto es, que no se concentren ni en el mismo punto ni en la misma época del año. Donostia, con nuevo alcalde, es siempre el centro de las miradas en este debate.

Amaia Barredo

Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca (PNV)

La consejera Barredo ha puesto mucho empeño en llevar cajeros a zonas con poca población y ha inaugurado el nuevo edificio del Basque Culinary Center de Donostia, el conocido como GOe, y puesto las primeras piedras de las dos sedes de EDA, en Vitoria y en la Rioja Alavesa. Pero también se ha visto obligada a retocar la normativa de pesca de la angula o la de asignación de amarres en los puertos deportivos, donde hay que buscar 774 'aparcamientos' para cubrir la lista de espera y, a la vez, sentencias desfavorables por la gestión de la sociedad portuaria EKP. En 2026, se han convertido en firmes también las sentencias sobre el proyecto Valogreene Paper de Bergara anulando la autorización firmada por Barredo cuando era viceconsejera. Han sido cuatro las resoluciones del Tribunal Supremo, aunque la vía penal quedó cerrada. Y hay más sentencias: en Semana Santa se conoció la condena al dueño de la empresa La Gilda del Norte por delitos contra trabajadores extranjeros, a los que tenía sin dar de alta y obligaba a esconderse en caso de inspecciones. A los pocos días, fue una de las marcas invitadas al pabellón de Euskadi de la feria Salón Gourmets de Madrid.

María Jesús San José

Justicia y Derechos Humanos (PSE-EE)

Si de presentación de proyectos se trata, San José ya puede dar por cumplida la apertura de la nueva cárcel de Donostia, la de Zubieta. Eso sí, ha acumulado años de retraso imputables al Gobierno central, el responsable de las obras. Pero no es ése el principal foco de titulares en lo tocante a la gestión penitenciaria. Las flexibilizaciones de grado y semilibertades concedidas a presos de ETA le han granjeado las críticas de la oposición de derechas y de asociaciones de víctimas, sobre todo en los casos de exdirigentes como Soledad Iparragirre 'Anboto' o Garikoitz Azpiazu 'Txeroki'. Siempre ha defendido que se está cumpliendo con la legalidad y que se siguen criterios técnicos. En algunos casos, la Justicia ha enmendado las decisiones adoptadas. Menos eco ha tenido que se haya concedido la semilibertad a los cuatro excargos del PNV encarcelados por corrupción en el marco del 'caso De Miguel' sin que hayan llegado siquiera a la mitad de la condena efectiva. Eso sí, fue contra el criterio de Prisiones y por orden judicial. En materia de Derechos Humanos, fue muy simbólica la petición de “perdón” por los GAL viniendo de un equipo socialista y se han hecho actos para exponer el sufrimiento causado por ETA entre jóvenes o para conmemorar aniversarios, como el quincuagésimo de la masacre del 3 de marzo de 1976 en Vitoria.

El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) recoge este miércoles la salida de Karmele Tubilla como vocal del consejo de administración del puerto de Bilbao en representación del Gobierno vasco. Tubilla dimitió hace ya cuatro meses como alcaldesa de Santurtzi, uno de los municipios de la zona portuaria, por el caso de las oposiciones de la Policía Local. El PNV eligió como nueva regidora a Itziar Carrocera, que es precisamente quien pasa a ocupar ese asiento en el órgano rector de la infraestructura.

El decreto fue firmado por el lehendakari, Imanol Pradales, y por el consejero Mikel Jauregi, el pasado 2 de junio; y el texto indica que “surtirá efectos” desde la “notificación” al presidente de la autoridad portuaria, Iván Jiménez. En la página web del organismo, ahora mismo, sigue figurando Tubilla como uno de los representantes del Gobierno vasco.

Fue en febrero cuando se conoció la marcha de Tubilla. Alegó “razones personales, familiares y políticas”. Añadió, en un comunicado, que estaba siendo “utilizada por el resto de partidos políticos para perjudicar la imagen” del PNV. Sin nombrar directamente el caso de la presunta filtración de las preguntas de la OPE policial dentro de su Gobierno, era evidente que era el asunto que estaba en el trasfondo.

Aunque los puertos de “interés general”, en Euskadi los de Bilbao y Pasaia, son competencia del Estado, las instituciones vascas participan desde hace años en su consejo. En el caso del primero, el presidente Iván Jiménez fue nombrado directamente por el Gobierno vasco, el vicepresidente es el director de Puertos, Koldo Goitia, y entre los vocales está también el viceconsejero Miguel Ángel Páez. Incluso aparece el vicelehendakari, Mikel Torres, aunque en su caso ocupando uno de los asientos del Estado. Igualmente, hay una vocalía elegida directamente por la Diputación de Bizkaia, la que antes ocupaba el propio Pradales antes de ser lehendakari.

El Gobierno vasco cree que la capacidad actual de los vertederos es suficiente y acorde con las previsiones de reducción de vertidos que se establece en el Plan de Prevención y Gestión de Residuos (PPGR) para 2030. Según señala el Ejecutivo, actualmente existe una capacidad de vertido de residuos no peligrosos que asciende a algo más de 4,4 millones de toneladas, cantidad que sale sumando la capacidad de los seis vertederos totalmente operativos, a la que tiene el de Jata, en Lemoiz, y el de Aizmendi en la Mancomunidad de San Marcos. “A día de hoy, con las previsiones de vertido a 2030 y la capacidad remanente actualizada, la capacidad de vertido es suficiente”, indica el departamento de Industria, Transición Económica y Sostenibilidad. Esta capacidad es muy superior a la que se estima en el plan para el año 2025 y 2026, con una reducción del vertido en vertederos hasta las 550.000 tonaladas, con el objetivo de que en 2030 acaben en el vertedero sólo 200.000 toneladas de residuo.

Según la información trasladada por el consejero Mikel Jauregi al Parlamento Vasco a petición de Álvaro Gotxi, del PP, el vertedero de Gardelegi, en Vitoria tiene una capacidad de 1.206.000 toneladas, el vertedero de Zalla, 1.187.681 toneladas y el de Igorre, 1.022.324 toneladas, todos ellos en Bizkaia y los tres con mayor capacidad. El de Artigas tiene 450.000 toneladas de capacidad, Bistibieta, en Lemoa, 211.346 toneladas, Betearte, en Mallabia, 78.430 toneladas. Además, incluye en el listado el vertedero de Jata, en Lemoiz, con 201.600 toneladas de capacidad, y el vertedero de residuos inertes y no peligrosos de Aizmendi, de la Mancomunidad de San Marcos, en Gipuzkoa, con 88.915 toneladas de capacidad. En total, 4.446.296 toneladas de capacidad en lo que se refiere a los residuos no peligrosos. Actualmente, según los datos que maneja el Gobierno vasco, los vertidos se han reducido un 53% respecto al año 2018, y el objetivo es llegar a un 85% en 2030. Este año, coincidiendo con el ecuador del Plan de Prevención y Gestión de Residuos 2030, se está llevando a cabo el seguimiento con datos de cierre de 2025. “A partir de este análisis se elaborará un documento de revisión que revisará la prognosis de vertido y definirá el programa de actuaciones para el periodo 2027-2030”, señala el Ejecutivo.

Por otra parte, el departamento de Industria también considera que llegará al objetivo de revalorizar en 40.000 y 50.000 toneladas al año de las fracciones resto de los procesos de tratamiento de plásticos de residuos de aparatos electro-electrónicos, tal y como se determinaba en el Plan, aunque para ello no se construirá una nueva planta. “La actuación de la Administración se ha orientado hacia las instalaciones ya existentes, evitando la necesidad de construir nuevas plantas específicas, señala el Ejecutivo. En este sentido, afirma que se están tramitando a instancias de los titulares de las instalaciones ya existentes en las que se llevan a cabo operaciones de valorización energética, modificaciones de sus autorizaciones para aumentar la capacidad de valorización energética. ”En caso de que dichas modificaciones sean aprobadas la capacidad total disponible para la valorización energética de residuos plásticos alcanzará las 45.000 toneladas anuales, un rango coherente con las necesidades estimadas en el Plan de Prevención y Gestión de Residuos 2030 para las fracciones resto de estos procesos“.

En relación con la gestión de estos residuos de aparatos eléctrico-electrónicos, señala el Ejecutivo que además de las plantas ya autorizadas con una capacidad total de 62.500 toneladas anuales, se han autorizado varias plantas de valorización con una capacidad de más de 24.000 toneladas anuales que permite separar los plásticos por familias y composición, con el objetivo de destinarlos a reciclaje, conforme a la jerarquía de gestión de residuos. Estas nuevas plantas autorizadas son Imduplast, Recyclig, ubicada en Zalla; Zerkibide, en Llodio, Logiraees en Trápaga; Reciclajes Ugarte, también en Trápaga; Emaus-Koopera UTE, en Vitoria y Ruben Gómez Pérez, en Lemoa.

El Gobierno vasco espera tener antes de que finalice el mes de junio las conclusiones de un estudio para determinar si es rentable o no abordar la construcción de un hidroducto que conecte la red de hidrógeno prevista en Euskadi con Francia a través del gaseoducto de Irún. El Ejecutivo ha encargado a través del Ente Vasco de la Energía (EVE) el estudio a las consultoras Team y Tecnalia, que analizarán si se dan las condiciones técnicas para la construcción del hidroducto analizando el potencial mercado transpirenaico de hidrógeno.

“Una vez se determinen las fechas concretas de desarrollo de la conexión de hidrógeno se abordará la capilarización de la red troncal para dar servicio a aquellos usuarios y consumidores que tengan interés”, señala el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, en una respuesta remitida al Parlamento Vasco.

El estudio pretende analizar si existen argumentos técnicos y económicos sólidos que justifiquen impulsar una conexión transpirenaica de hidrógeno a través de Irún. El hidrógeno verde es una apuesta clara de la estrategia energética del Gobierno vasco, pero de momento es una fuente de energía incipiente y totalmente en fase de desarrollo. Por eso, con este estudio se pretende caracterizar el potencial de producción y consumo de hidrógeno en ambos lados de la frontera, y así evaluar el interés real y la viabilidad de dicha infraestructura. Es decir, se identificará a los actores clave del sector industrial y energético ubicados en la zona de interés y se mostrará la potencial demanda y oferta de hidrógeno, así como se aportará información relevante para la toma de decisiones en cuanto a las conexiones transpirenaicas de hidrógeno con foco en la conexión por Irún.

El Gobierno vasco ha trasladado al Parlamento Vasco que espera tener las conclusiones del estudio ante de que acabe el primer semestre del año en respuesta a una pregunta parlamentaria de PP. Esta infraestructura se enmarca en el proyecto liderado por Enagás que contempla una inversión de 400 millones de euros en suelo vasco y la construcción de 163 kilómetros de tubería. La parlamentaria Muriel Larrea considera que, aunque “la dimensión internacional y la capacidad de exportación son fundamentales para el posicionamiento de Euskadi como hub energético, es imperativo garantizar que esta infraestructura no sea solo una vía de tránsito, sino un motor de competitividad para el tejido industrial local, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes) y las zonas rurales por las que transcurre el trazado”.

Por eso, cuestiona al consejero Jáuregi sobre los “mecanismos de apoyo o cláusulas de fomento se están negociando con Enagás para asegurar que la inversión de 400 millones de euros en Euskadi priorice la contratación de ingenierías, constructoras y proveedores de servicios radicados en el territorio vasco”. También pregunta por las gestiones en Europa para que se considere una conexión prioritaria y se adelanten los plazos, ya que no está previsto esta conexión antes la década de 2040, o las medidas a tomar para que la obra y toda la apuesta por el hidrógeno genere empleo en Euskadi.

Jauregi no da muchos detalles en su respuesta más allá de señalar que se mantienen “conversaciones recurrentemente con los promotores de las diferentes Infraestructuras energéticas donde, entre otras cuestiones, el gobierno refuerza el posicionamiento de la industria vasca en el desarrollo de las mismas” y que el Ejecutivo defiende el valor e interés estratégico de la conexión de la interconexión de hidrógeno por Irún en todos aquellos foros en los que participa en Euskadi, a nivel de Estado y también internacional“. Señala como ejemplo en este sentido, el proyecto europeo Phyrene de colaboración transfronteriza en materia de hidrógeno, en el que participan, entre otras, las regiones francesas de Nouvelle-Aquitaine y Occitanie.

En lo que se refiere al empleo relacionado con el hidrógeno, indica que se están lanzando “diferentes iniciativas de formación y capacitación que se irán reforzando con la penetración del hidrógeno en diferentes ámbitos de actividad. En este sentido, el hidrógeno se ha integrado en la formación reglada de FP mediante nuevas asignaturas y materiales didácticos. Y también se debe remarcar la colaboración entre la viceconsejería de Formación Profesional y el Corredor Vasco del Hidrógeno, asociación público-privada donde participan más de 70 instituciones, empresas y centros tecnológicos de Euskadi”.

La red troncal de distribución de hidrógeno verde, que se presentó el pasado mes de noviembre movilizará en Euskadi entre 350 millones y 400 millones de inversión en su primera fase, y afectará a 50 municipios vascos, uno de cada cinco. En total, serán 163 kilómetros repartidos en dos tramos conectados con el resto del eje de la cornisa cantábrica: el Reocín-Arrigoriaga, con alrededor de 38 km en territorio vasco; y el Arrigoriaga-Haro, con aproximadamente 125 km, que convertirá a Euskadi en un centro neurálgico del mercado del hidrógeno, con un potencial nodo de agregación en la proximidad de Bilbao y Vitoria, donde se agrupan futuros proyectos de producción y consumo, relacionados con el ámbito industrial. En esta primera fase está previsto que arranquen las obras en 2028 y que esté ultimada en 2030, para arrancar después las redes de hidroductos que conectarán con el valle de Ayala y sus industrias, y la conexión de Bergara-Irún y después con Francia, sobre la que se está haciendo ahora este estudio de mercado. En principio, el 80% de la red de hidroaductos en Euskadi discurrirá por el subsuelo de forma paralela a la de los conductos del gas, de Enagás, lo que minimiza el impacto ambiental.

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha considerado que con el concurso de acreedores y el hecho de que se haya empezado a trabajar en la planta de Amurrio tras suspenderse la huelga indefinida se abre “una nueva etapa” para la atracción de inversores en Tubos Reunidos. Y ha adelantado que “hay inversores interesados en poder ayudar”, pero “no propuestas” concretas aún.

El consejero ha comparecido tras el Consejo de Gobierno, casi en el momento en el que representantes de los comités de empresa de Tubos Reunidos de Amurrio y Trápaga, por separado, comparecían en el Parlamento Vasco. El comité de empresa de la planta vizcaína ha señalado que su fábrica es viable en estos momentos y tiene carga de trabajo, por lo que han pedido que se posibilite que haya un inversor específico para Trápaga dentro del proceso concursal, atendiendo a que tienen una situación de partida diferente por el tipo de producto que fabrican.

Jauregi ha reiterado que “la solución” en Tubos Reunidos pasa por “la llegada de un nuevo inversor con un proyecto industrial a futuro” y, para ello, se requieren “dos condiciones” que lleva repitiendo a lo largo de toda la crisis de la empresa. Por un lado, que se logre la quita de la deuda, porque “nadie va a pagar por un piso que tiene la hipoteca cinco veces mayor que el valor real del piso”, y también “la paz social”, ya que “nadie quiere comprar un piso en un vecindario con líos”. En su opinión, el concurso de acreedores “abre la puerta de una manera legal y ordenada a hacer esa reestructuración de la deuda, que antes no se podía hacer porque la Sepi, que es la mayor acreedora de Tubos Reunidos, decía que no podía reducir o hacer una quita en su deuda porque no tenía manera legal de hacerlo”. “Y ahora eso ya está en manos del administrador, ya va a hablar con todos los acreedores y empezar ya a activar la reestructuración de la deuda”, ha recordado.

Además, ha destacado que con la suspensión de la huelga indefinida en Amurrio se ha llegado a una “situación de mayor paz social”. “Celebramos que la gente esté trabajando, porque es importante conseguir que la actividad continúe por dos razones prioritarias en este momento. Una, que se genere suficiente caja para pagar las nóminas de los empleados, que sigamos haciendo suficiente caja, sacando la carga de trabajo adelante y la cartera de trabajo adelante. Y la segunda es para mantener la clientela, porque si los clientes se van a marchar si seguimos en una situación de nueva actividad”, ha apuntado.

Mientras tanto, los representantes del comité de empresa de Trápaga, la planta vizcaina, antigua Productos Tubulares, han pedido ayuda a los partidos políticos para garantizar la continuidad de a planta de Trápaga. Han indicado que la realidad de Tubos Reunidos “marcha a dos velocidades, Amurrio tiene una situación muy compleja, que va a requerir un concurso largo y difícil, mientras que Trápaga es una empresa viable hoy mismo, con capacidad tecnológica y comercial con futuro inmediato”, han indicado. Han asegurado que no quieren “mal para Amurrio, todo lo contrario”, han dicho. Y en este sentido, han considerado que estabilizar el nudo estratégico de Trápaga “servirá de palanca de tracción y dará el oxígeno necesario para consolidar también a Amurrio”. Por eso, han insistido en que “dejar avanzar cuanto antes a la planta de Trápaga es salvar empleo industrial real desde hoy mismo. Tiene carga de trabajo y clientes hoy, y así proteger la cadena de proveedores vascos y darnos margen financiero para buscar una solución para Amurrio. Les pedimos apoyo político y agilidad administrativa para facilitar la llegada de un socio inversor específico para Trápaga”, han señalado.

No obstante, han advertido de que cuentan con carga de trabajo para cuatro meses, pero que son unos pedidos que se pueden perder porque no tienen materia prima, porque no se puede comprar por falta de caja o porque no llega desde Amurrio por la huelga indefinida que se ha extendido desde marzo hasta este lunes. En este sentido, han insistido que se necesita una ayuda “inmediata”.

De forma previa, han comparecido en la comisión de Industria del Parlamento representantes del comité de empresa de Amurrio, que han criticado el “insuficiente papel de las instituciones públicas” hasta ahora para exigir transparencia a la dirección, y fiscalizar el dinero público inyectado a la empresa. Además, han esperado que el concurso permita un cambio de enfoque del ERE que se presentaba como “imprescindible, no ha solucionado nada”. Por eso, aunque han reconocido que el concurso “no es una buena noticia y refleja la gravedad de la situación” han señalado que al mismo tiempo, “abre una nueva fase en la que, por primera vez, debería ser posible una interlocución real, con transparencia, con información completa y con la participación de todas las partes implicadas”. En este punto han enmarcado la suspensión de la huelga indefinida para “hacer ver que la plantilla apuesta de forma clara por facilitar al administrador concursal una solución que no sean ni despidos, ni el cierre de la acería, ni la externalización de la logística”. Respecto a los posibles inversores, han indicado que deberían buscarse entre los accionistas, que han cobrado beneficios mientras se engordaba la deuda. En este punto, se han preguntado si desde la Sepi se sabía que “se ha pagado mucha deuda, pero privada, porque se dice que la pública es impagable, pero la privada, a accionistas como BBVA, sí se ha ido pagando”. Por ello han considerado que estos accionistas son los que deberían ahora reinvertir para salvar la empresa.

El Ente Vasco de la Energía (EVE), sociedad pública del Gobierno vasco, e Iberdrola han encontrado en 24 horas el interés de 51 pequeños inversores para cubrir, mediante la fórmula de “crowdlending”, el 60% de los 3 millones previstos para inyectar financiación al parque eólico de Labraza, en la localidad riojanoalavesa de Oyón. Es la primera instalación de renovables que se inagurará en Euskadi en dos décadas y, además de ofrecer reducciones en la factura eléctrica, los promotores están probando otras formas “innovadoras” de “crear beneficio” para las personas que viven en las localidades afectadas.

“Como experimento o novedad, parece que va bien”, se ha felicitado el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, del PNV, al dar los primeros datos desde la puesta en marcha de la iniciativa este lunes. Ha dado por hecho que el cupo de 3 millones de euros se llenará al haber sido ya reservados 1,8 en poco tiempo y ha explicado que, después, se dará prioridad a los vecinos del entorno directo del parque, los de Labraza, Barriobusto y todo el término de Oyón. Eso sí, está abierto a cualquier persona de la Rioja Alavesa y de toda la provincia de Álava.

Según los promotores, se pueden meter entre 1.000 y 100.000 euros y se prometen rentabilidades del 7%. “La plataforma Fundeen realiza el proceso inversor con rentabilidad garantizada”, se puede leer en la web del organismo público EVE. Este martes hay una reunión informativa en Labastida y las habrá, igualmente, en Oyón y Laguardia.

No sin oposición social y con controversia política en un municipio gobernado por EH Bildu, las obras de Labraza ya han arrancado. Se habla de una inversión total de 59 millones de euros, por lo que la parte de “crowlending” apenas supera el 5%. Por el momento, según el EVE, “se han adjudicado las obras a la firma navarra ECAY, los aerogeneradores a Siemens-Gamesa y la ampliación de la subestación de evacuación a la ingeniería EDS”. Se trata de una planta de 40 MW y supondrá un salto del 26% en la capacidad de generación eólica actual de la comunidad autónoma.

El consejero Jauregi ha explicado que los proyectos en marcha permitirán pasar de una producción renovable actual que apenas supone el 7,9% del 'mix' total a un 15% en cinco años. Eso implica ganar 450 MW con parques eólicos o solares, mas también otros 300 MW en “autoconsumo”. El EVE tiene un presupuesto total de 80 millones de euros. La ley autonómica de 2024 obliga a que Euskadi alcance un 32% de renovables en 2030 y el último dato es del 21,4%. Son dos indicadores diferentes, ya que en el segundo entra también la energía verde importada, no solamente la producida.