La Guàrdia Urbana de Barcelona ha desplegado un dispositivo policial, en colaboración con los Mossos d'Esquadra, para desalojar dos núcleos de asentamientos que se encontraban en el Pont del Treball Digne, en las obras del tren de la Sagrera. Los campamentos, en los que vivían unas 200 personas, están en unos terrenos que son propiedad de Adif.

Según el Ayuntamiento de Barcelona, el operativo se ha llevado a cabo a raíz de un informe de los Bomberos de la capital catalana, que han realizado un informe de la zona en el que se constata que “existe un riesgo grave e inminente” para las personas que vivían allí, lo que hacía necesaria una actuación “con carácter de urgencia”.

Hasta el pasado octubre, en esta zona había hasta cuatro asentamientos de chabolas, pero el incendio que hubo en uno de ellos provocó el primer desalojo. Así, todavía queda otra zona de chabolas, justo delante de la antigua estación de mercancías de la Sagrera, que estos días está siendo demolida. Los residentes de este cuarto asentamiento recibieron el lunes una notificación en la que se les ordenaba abandonar voluntariamente la zona en un plazo de 48 horas, que se acaba este mismo miércoles.

Ahora, a estos residentes que todavía quedan, les toca esperar la orden del juez, que es el que ordenará el desalojo. En el operativo de este lunes también han participado profesionales del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB) y los servicios de limpieza municipales.

Miércoles de desalojos

El desalojo del asentamiento de chabolas del Pont del Treball Digne ha coincidido con otro desahucio, este en el bloque Sant Agustí del barrio de Gràcia. Allí estaba programada la primera expulsión de un bloque propiedad del fondo Amsterdam Developers, que compró la finca en 2023 para destinarla a 'colivings'.

La intención de la propiedad es trocear los pisos para arrendarlos por habitaciones, una modalidad más lucrativa que el alquiler tradicional y cada vez más habitual en Barcelona.

El desahucio, que finalmente ha sido suspendido gracias a la movilización vecinal, ha cosechado el rechazo tanto del president de la Generalitat, Salvador Illa, como del Ayuntamiento de Barcelona, que instó a la propiedad a parar los desahucios y garantizar el derecho a la vivienda para los vecinos de la ciudad.

El Ayuntamiento de Burgos (PP) ha facilitado ya el realojo de dos padres con sus hijos menores de edad, los dos últimos niños que quedaban en 'El Encuentro', el último gran poblado chabolista que quedaba en Castilla y León, ha informado la concejala de Servicios Sociales del consistorio, Mila del Campo.

El poblado se creó a principios de los años noventa con veinticinco viviendas prefabricadas para alojar temporalmente a las familias de etnia gitana que habitaban en otra zona degradada de construcciones precarias: Las Tejeras.

La provisionalidad se fue alargando y en la zona fueron instalándose otras viviendas más o menos elaboradas hasta que a principios del pasado mandato municipal (PSOE) se firmó el acuerdo entre las autoridades locales y autonómicas para realojar a las personas de ‘El Encuentro’ y eliminar el asentamiento.

A principios del actual mandato quedaban solo cuarenta y cuatro personas en el poblado, realojadas progresivamente hasta llegar al momento actual.

Aunque parte del antiguo poblado se ha derribado y las condiciones son cada vez más precarias, quedan en el poblado tres personas de avanzada edad: los abuelos de los dos niños y una mujer que vive sola.

La concejala ha explicado que no han aceptado la vivienda que les ofrecían porque tenía cuatro escalones de acceso y carecía de ascensor.

Mientras el Ayuntamiento de Burgos sigue buscando alguna alternativa, Mila del Campo señala que estas personas ya habían rechazado alguna otra opción de realojo, por lo que aprecia “cierta resistencia” por su parte a abandonar el poblado.

Es un año distinto pero, en realidad, no han pasado ni dos meses desde la última visita a las chabolas de Ventas. A finales de noviembre, este periódico recorrió los márgenes de la M-30 a su paso por Ciudad Lineal, donde los asentamientos de gente sin hogar eran un elemento más del paisaje a pocos metros de la plaza de toros. A unos 20 minutos a pie, en el mismo distrito, se alzan dos grandes hoteles de cuatro estrellas, el Ilunion y Novotel, pensados para albergar turistas o ejecutivos y cuyas habitaciones esta semana rondan los 300 euros al día. Paradores de alto standing junto a unos refugios de chapa que se trasladaron a los terraplenes de sus alrededores. Dos formas de pasar una noche de invierno.

Recién arrancado el 2026 y con el runrún de posibles desalojos por parte del Ayuntamiento, José Luis Martínez-Almeida confirmó desde el futuro Parque Ventas que Ciudad Lineal sería el punto de partida de una deschabolización inminente en todo Madrid. “Somos conscientes de que estos asentamientos ilegales están ocasionando molestias y alterando la convivencia de los vecinos y el barrio”, aseguró el alcalde, anticipando que pronto se iniciaría un “levantamiento inmediato” de las chabolas en el entorno de la obra. Alegó que estas generaban conflictos en el barrio, y por eso era urgente acabar con ellas. Pero en el vecindario discrepan.

“Para nosotros no representa un problema de seguridad, muchas veces ni siquiera interactuamos. En realidad, lo que no es digno es vivir en esas condiciones sin recibir atención”, sentencia Nuria Serrano, presidenta de la Asociación de Vecinos San Pascual de Ciudad Lineal. Precisamente en sus declaraciones desde Ventas, Almeida especificó que el levantamiento de chabolas se haría desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento y se darían “alternativas” a quienes viven en ellas. Eso sí, teniendo siempre claro que “no puede haber asentamientos ilegales que perjudiquen la convivencia en los barrios”, concluyó, distanciándose, sin embargo, de la percepción entre representantes vecinales.

En su discurso desde el distrito, el alcalde de Madrid anticipó que este sería “el año de la vivienda, de los barrios y de su transformación urbana”. Advirtió a los madrileños de cambio “a mejor”. También habló de las complicaciones que implica abrir un censo oficial de estas personas que viven y duermen en la M-30, principalmente al ser gente “que va y viene” y con la que ven difícil contactar. Más desde que muchas huyeron a otros puntos de la ciudad.

Este verano se iniciaron los trabajos para cubrir la vía de circunvalación a la altura de Ventas y construir encima una plataforma ajardinada de más de 16.000 metros de superficie. Además de Ventas o Ciudad Lineal, existen otras zonas de Madrid donde es habitual encontrarse con construcciones de chapa o cartón. Fuentes del Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad confirmaron a mediados de enero que “próximamente” hay programa una actuación conjunta para ponerles fin, y en la que participará la Policía Municipal, Samur-Social y Selur, el Servicio de Limpieza Urgente.

La noticia recuerda a un pasado reciente. Hace algo más de tres años, en 2022, la entonces vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, difundió en redes sociales una imagen muy criticada por oposición y ONG junto a varios asentamientos que estaban desmantelando unos operarios municipales. Lanzaba un mensaje: se acabaron las chabolas. Villacís equiparó este problema con la “okupación” y anunció que el Ayuntamiento había desmantelado casi 600 tiendas improvisadas en toda la ciudad. Las razones aducidas fueron las mismas que ahora, relacionando su presencia con más conflictos vecinales.

Esta vez, el Ayuntamiento no dará una fecha exacta ni informará de la hoja de ruta por barrios para “no exponer” a un colectivo vulnerable, con el que se comprometen a ofrecer recursos municipales o atención social siempre y cuando estas personas lo acepten. Pedro —nombre ficticio— es trabajador de una ONG que colabora con las personas en situación de calle, cree estar volviendo a un escenario casi olvidado, pero muy presente en el Madrid de los ochenta y noventa: “La ciudad se está llenando de asentamientos, es ahí donde tendríamos que poner el foco”.

Considera que red de recursos está diseñada para un perfil muy tradicional de gente que duerme al raso, generalmente hombres de entre 40 y 50 años que viven solos, pero “no atiende de la misma forma a grupos cohesionados”. De momento, el Ayuntamiento de Madrid mantiene tres equipos de atención en calle focalizados en asentamientos chabolistas o grupos que atienden en los 21 distritos de la capital.

Siete de cada diez personas sin hogar lo son a largo plazo

Pedro asegura que este fenómeno vuelve a extenderse a toda la región, desde Fuenlabrada al Corredor del Henares. “Antes, las personas sin hogar solían serlo a raíz de un problema concreto. Una deuda, o tal vez una adicción. Ahora, cada vez te encuentras a más trabajadores cobrando el salario mínimo que ya no pueden pagar una habitación”, añade, introduciendo una clave contemporánea al problema del sinhogarismo: “Si no hay viviendas accesibles, habrá más asentamientos”.

La relación entre las dificultades para encontrar piso en una capital abrumada por los alojamientos turísticos que suben el precio al metro cuadrado —el año pasado se detectaron hasta 15.000 en régimen ilegal— o los fondos extranjeros que adquieren edificios para reformarlos a precio de dólar, las posibilidades de perder una casa y no volver a encontrarla, han dejado de ser asunto exclusivo de los más vulnerables.

Con los datos en la mano es difícil comprobar cómo evoluciona este fenómeno. Muchas personas sin hogar llevan años viviendo al margen del sistema, así que existen pocas estadísticas oficiales que reflejen su realidad. En el Instituto Nacional de Estadística (INE), por ejemplo, la más reciente es de 2022, cuando el acceso a una vivienda era ya algo complejo pero aún no alcanzaba la magnitud de los últimos años. Las primeras cifras post-pandemia reafirmaron que se trata de un problema estructural, y casi nunca puntual: el 70% de la gente llevaba más de cinco años en situación de calle (20.207 sobre un total de 28.552 casos en España) y solo un 10% había pasado un año o menos a la intemperie.

En la inmensa mayoría de casos predominan tres razones: ser migrante y empezar de cero en España (8.061 personas), haber perdido un trabajo (7.522) o no tener acceso a una vivienda, ya sea a raíz de un desahucio (4.519) o por la imposibilidad de seguir pagando (4.115). Dentro del primer grupo —también el más numeroso— están María y Sandu, una pareja de origen rumano con la que este periódico habló hace dos meses en el entorno de Ventas. Aun con el éxodo de chabolas por las obras, sus pertenencias continúan en el mismo sitio.

Somos Madrid ha intentado ponerse en contacto con los equipos de calle, unos grupos interdisciplinares que dependen del Ayuntamiento y atienden a personas vulnerables en situación de calle —ocho en turno de mañana y dos durante la tarde— para conocer su percepción acerca del panorama actual en la ciudad, pero no ha obtenido respuesta. Normalmente, en cada equipo debe haber dos trabajadores sociales y dos auxiliares del servicio, que además de una intervención directa disponen de 60 plazas para las personas sin hogar que lo soliciten.

“Queremos que las vecinas y vecinos de Madrid vengan a Cañada Real, la conozcan, la transiten y ayuden a reclamar que sus habitantes merecen derechos y no miedo”. Esta frase de Houda Akrikez, de la Asociación Tabadol (que agrupa a mujeres de Cañada en defensa de sus derechos), resume el propósito de una nueva marcha por la vivienda en Madrid, prevista para el próximo sábado 31 de enero. Una con un elemento diferenciador, que redefine y expande su potencial. Frente a esos relatos en los que el asentamiento del sur de Madrid aparece como una especie de entorno aislado del resto de la ciudad, sin relación física o social con la urbe, esta manifestación nace con el propósito de escenificar cómo lo que pasa en Cañada es el preludio de lo que puede suceder en otros puntos de la capital y de todo el país. Por tanto, defender a quienes ahí viven es también preservar los derechos de todas las personas.

“¿Por qué las familias que llevan décadas en el territorio no pueden ser dueñas de los propios terrenos y a la vez se ceden terrenos a las promotoras, además gratuitamente, o a algunas entidades con intereses que no están claros? Es un conflicto que pasa en todo Madrid, en toda zona donde el derecho a la vivienda se topa con la posibilidad de negocio, de desarrollo y de especulación”, expone Houda durante la rueda de prensa de convocatoria de la protesta. Le acompaña en el estrado Sonia García, de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca de Vallecas, en una muestra de ese eje transversal de la protesta. El elemento común es la defensa del territorio y de un hogar digno, también para las personas más vulnerables.

El recorrido del día 31 partirá a las 11.00 de la estación de Metro de Valdecarros (línea 1) y concluirá, entre música y un picoteo popular, en la sede de Tabadol (junto al campo de fútbol). Esta se encuentra en el sector 6 de Cañada, uno de los más desatendidos por las autoridades madrileñas. El pasado octubre se cumplieron cinco años de un corte de suministro eléctrico que todavía permanece, con noches y fríos que se soportan a base de generadores. No es casualidad que la presentación de la manifestación se llevara a cabo frente a la sede del Comisionado del Gobierno de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real Galiana, situado en el Ensanche de Vallecas.

Houda explica que quieren mover el marco. Que la reivindicación de la luz para Cañada no desaparece, pero lanzan una nueva proclama: “Cañada se queda”. Es el lema de la marcha, el que emparenta su lucha con la del movimiento por la vivienda en plena crisis inmobiliaria y el leitmotiv de las batallas judiciales que están ganando en los tribunales. En julio de 2025, tres años después de autorizar en Cañada un derribo declarado “ilegal” en sentencia provisional, una resolución de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid condenó al jefe de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid a nueve años sin poder ejercer cargos o empleos públicos vinculados al sector por “prevaricación administrativa”. El alto cargo del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, Julio César Santos, sigue firmando órdenes de demolición seis meses después. El pretexto de Cibeles es que la sentencia no es firme, aunque Sonia y Houda avanzan que han parado cautelarmente la destrucción de más viviendas debido a este y otros motivos.

“Cañada es el mejor ejemplo de acoso inmobiliario, pero no es el único”, dice Houda. Así, comparan el hostigamiento de los Ejecutivos de Almeida o Isabel Díaz Ayuso hacia Cañada con el que sufren vecinos de otros puntos de Madrid por parte de fondos buitre, grandes tenedores, particulares o incluso esas mismas administraciones. De ahí la importancia de estrechar lazos en las luchas, “por mucha que obviamente Cañada tenga unas características concretas”. Si la pelea es compartida, las conquistas también lo serán.

Pero la unión no surge solo de un sufrimiento compartido en el que entran en juego el racismo institucional o el agravio comparativo hacia las personas más pobres. Es también una cuestión de un origen común: “La autoconstrucción está en los genes de los vallecanos”, recuerda Houda en respuesta a las preguntas de Somos Madrid. El fenómeno proliferó durante las primeras décadas del siglo XX, promovido en gran medida por la migración extremeña o andaluza que llegaba a lo que todavía era un municipio independiente. “Reclamamos para Cañada el mismo derecho al territorio, después de décadas de vida en comunidad en ese propio territorio”. Como recuerda, la propia Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid ampara la imposibilidad de derruir viviendas construidas hace más de cinco años.

Para Houda, además, este episodio del pasado puede generalizarse de nuevo en la difícil coyuntura de acceso a la vivienda que asola Madrid y todo el país: “Si la gente no puede acceder a la vivienda, la autoconstrucción va a volver”. Pero lo lleva más allá y presenta este modelo como una alternativa al individualismo extremo de los nuevos desarrollos urbanos: “Frente a la vida en urbanizaciones cerradas, donde no hay barrio individual, la gente va a empezar a buscar otro tipo de soluciones. Sobre todo en un contexto de crisis ecosistémica y del capitalismo. En este sentido, Cañada es un ejemplo de resistencia, de colaboración y del poder que tiene levantar las casas ladrillo a ladrillo”. Las palabras de esta vecina coinciden con el análisis de la historiadora Charlotte Vorms, autora de La forja del extrarradio. La construcción del Madrid popular (1860-1936): “Lo normal no es el PAU, es la vivienda autoconstruida”.

Todo un marco alternativo del que no quieren desprenderse, de ahí que muchos de sus habitantes se resisten a la reubicación: “Lo que está ofreciendo el Pacto Regional de la Comunidad de Madrid a la gente de Cañada, y solo a un 20% de las familias, es separarlas para mandarlas a kilómetros y kilómetros. Pero tenemos derecho al terreno, la propia Ley autonómica nos lo dice. ¿Dónde está la ilegalidad? ¿Dónde está? No vamos a permitir que vengan arrasar la historia de miles de familias”, proclama Houda.

En la misma línea apunta Sonia: “En 2017 se firmó el Pacto Regional para la Cañada Real, un pacto que hablaba de soluciones, de diálogo y de derechos. Pero lo que hemos vivido desde entonces y desde mucho antes no ha sido ese cumplimiento, sino derribos, amenazas, abandono y violencia institucional. Queremos decirlo con claridad, los derribos no empezaron ayer, sino en 2007. Desde hace casi 20 años se destruyen viviendas, se rompen vidas y se utiliza el miedo como forma de gestión del territorio. Durante años hemos denunciado derribos ilegales, sin orden judicial, derribos selectivos y a dedo. Las investigaciones y el trabajo de las vecinas hablan de más de 150 viviendas. La condena a Julio César Santos no es fruto de un error puntual, es una práctica sistemática”.

Un hostigamiento generalizado al que confrontan los lazos colectivos, de ahí que la marcha aúne la protesta con ese componente festivo y gastronómico. Para sumar al mayor número posible de gente, comienzan acciones de comunicación y difusión desde este mismo domingo 18 de enero. No solo acudiendo a los medios, sino con una movilización sobre ese mismo terreno que quieren defender como propio y común. Estas intervenciones tomarán la forma de “mítines comunitarios”, con una caravana itinerante que partirá a las 12.30 de Sierra de Guadalupe y recorrerá todos los sectores de Cañada Real con varias paradas en las que diferentes líderes comunitarios y vecinales invitarán a la jornada del día 31. Parroquias, mezquitas o centros sociocomunitarios serán los puntos de información y llamada a la movilización.

Además de Tabadol, la marcha cuenta con el apoyo y organización de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca de Vallekas, el espacio de investigación feminista La Laboratoria, el colectivo Ármate Vallekana o Tienda Gratis - Asamblea Popular 15M Villa de Vallecas. A estas agrupaciones se unirán vecinos y vecinas de Vallecas y del propio asentamiento. “La Cañada se queda, se queda con el apoyo mutuo de los sectores 1 al 6, se queda con el apoyo de la ciudadanía organizada. La Cañada Real es Madrid, la Cañada Real es Vallecas y la Cañada Real se queda”, sentencian.

El 22 de abril de 2023 ardieron entre 15 y 20 chabolas del asentamiento en la carretera de Las Peñas de San Pedro, en Albacete capital. No hubo daños personales.

Hoy el episodio se ha repetido. Esta vez, el fuego ha afectado a 25 chabolas, de nuevo sin víctimas, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha. Ocurría poco antes de las 13.30 horas. Los bomberos de Albacete lo daban por controlado apenas 40 minutos después y ya ha sido extinguido, aunque los bomberos refrescan la zona para evitar que se reproduzca.

En este poblado de infraviviendas, y en determinados momentos del año, suelen habitar los temporeros que faenan en la provincia, normalmente inmigrantes, que llegan para trabajar en el campo. Pero no son los únicos.

En realidad desde el año 2007 allí viven diferentes tipos de personas. Lo contaba hace dos años Cheikhou Cisse, presidente del Colectivo de Apoyo al Inmigrante en Albacete, en declaraciones a este medio, poco antes de las elecciones municipales y autonómicas.

El Ayuntamiento asegura que ha evitado algo más grave

Las distintas administraciones se pasan la 'patata caliente' de la responsabilidad y las promesas electorales siguen sin tener efectos claros dos décadas después. De hecho, el Ayuntamiento ha asegurado en un comunicado que impulsa, “excede ampliamente las competencias municipales”, si bien impulsa una mesa interinstitucional “con otras administraciones, vecinos y agricultores, para trabajar conjunta y coordinadamente en el problema de los asentamientos”.

El consistorio también ha asegurado que ha llevado durante el último año trabajos de limpieza y mejora de la salubridad en los asentamientos, algo que, en su opinión, “ha evitado una mayor propagación de las llamas”.

Las actuaciones realizadas se han centrado en la recogida de “más de 200.000 kilos de basura y coches abandonados”, y el derribo de más de “130 construcciones precarias y chabolas no habitadas”.

Por último, el consistorio también ha informado que, una vez controlado el incendio, se ha procedido a limpiar la zona por personal de Valoriza para evitar nuevos riesgos y se han reservado 21 plazas en el albergue municipal para las personas afectadas.

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha desplegado este miércoles un dispositivo para desalojar el asentamiento del barrio de Sant Martí en el que este martes hubo un incendio. En total, se ha expulsado a 30 adultos y cuatro menores. La acción también ha contado con la presencia de Mossos, Bomberos, del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales (CUESB) y personal de los servicios de limpieza municipales.

El asentamiento estaba formado por tres núcleos de barracas, uno de los cuales fue el que sufrió el incendio. Ese fue desalojado el mismo martes y el resto son los que ha intervenido este miércoles por el Ayuntamiento. El dispositivo se ha llevado a cabo a raíz de un informe de los Bomberos que destaca un riesgo “muy grave” para las personas que habitaban las barracas y que era necesario actuar “con carácter de urgencia”, según han apuntado fuentes municipales.

Miebros del Sindicato de Vivienda se han personado para mediar entre los habitantes y el Ayuntamiento, pero no han podido evitar el desalojo. Por su parte, el teniente de seguridad del consistorio, Albert Batlle, ha explicado que antes del incendio ya estaba en marcha el procedimiento para despejar la zona, pero que el incidente “precipitó” la actuación municipal.

El Ayuntamiento temía que hubiera más incendios, debido a las “conexiones irregulares” a la red eléctrica y por la proximidad a las vías del tren, según ha dicho el teniente. Asimismo, ha apuntado que las barracas eran construcciones “precarias”, hechas de materiales combustibles como madera, plástico o textil. Además, se acumulaba chatarra y aparatos eléctricos, así como bombonas de gas y aparatos de cocina.

De los 34 desalojados, 28 han solicitado apoyo al CUESB. La mayoría ya eran usuarios de Servicios Sociales, tal como ha explicado la comisionada de Acción Social, Sònia Fuertes. Una vez expulsados del asentamiento, el Ayuntamiento estudiará la situación de cada uno y les ofrecerá, de entrada, una noche en el CUESB. En el caso de los núcleos familiares, se estudiará la derivación a un Alojamiento Temporal de Urgencia (ATU) u otras soluciones residenciales.

Montse Hernández, de 24 años, es una de las personas que vivía en el asentamiento. Estaba allí desde hacía cinco meses junto a su pareja y, según ha explicado a la ACN, no ha recibido ningún aviso previo del desalojo. Cuenta que a primera hora de la mañana, la Guàrdia Urbana les ha avisado de que tenían diez minutos para recoger sus cosas e irse.

Considera que la oferta del Ayuntamiento de pasar una noche en el CUESB es “insuficiente” y ha remarcado que no les han dejado llevarse todas sus cosas. “¿Qué se supone que debo hacer con mi perro?”, se pregunta.

Montse vive en la calle desde los 18 años y asegura que estar en un asentamiento de barracas es mejor que pasar la noche al raso. “Aquí, al menos, teníamos un techo bajo el que resguardarnos”. La joven añade que sufre una enfermedad que le impide trabajar y que está tramitando la discapacidad porque, por ahora, sólo recibe una prestación de 90 euros al mes. Su pareja, que no tiene permiso de residencia, trabaja recogiendo chatarra.

Demostración de apoyo de los colectivos sociales de Badalona a los 400 migrantes que malviven en el instituto de secundaria abandonado B-9 ante su eventual desalojo (que todavía no tiene fecha). Entidades vecinales y de derechos humanos han reclamado al alcalde, Xavier García Albiol, que deje de “deshumanizar” a los migrantes que viven en el B-9 y han reclamado la mediación de la Generalitat.

El asentamiento está instalado en el antiguo instituto municipal B-9 de Badalona, entre los barrios del Remei y Sant Roc, y fue ocupado en junio del 2023 por migrantes provenientes de anteriores desalojos de naves de la ciudad. La mayoría está en situación irregular en España y sus ingresos dependen de la recogida y venta de chatarra u otros empleos informales.

En una rueda de prensa ante el centro abandonado que ahora sirve de infravivienda a los migrantes, Ibrahima, uno de los ocupantes del B-9, B9, ha acusado al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, de “criminalizarnos y sembrar el odio” hacia los habitantes del instituto.

Los 400 migrantes han anunciado la presentación de una denuncia ante la Oficina Antidiscriminación de la Generalitat, en la que reclaman la mediación del organismo del Govern una vez constatado que el Ayuntamiento de Albiol no les ofrecerá una vivienda alternativa en caso de desalojo.

De la mano de la abogada Mireia Salazar, del centro Irídia, los migrantes reclaman al ente del Govern su asesoramiento y apoyo; elaborar un plan de igualdad y no discriminación para erradicar los asentamientos informales en Catalunya; y adoptar las medidas provisionales adecuadas para garantizar que el desalojo no se produce antes del pronunciamiento de la Oficina.

Para Salazar, el desalojo del B-9 no tendría “precedentes” al tratarse del primero en el que un Ayuntamiento, en este caso el de Albiol, ya ha manifestado “de forma muy explícita dice que no quiere a estas personas ni en Badalona ni en ninguna parte”. “Tenemos que decir basta estas prácticas discriminatorias, racistas, que son estructurales y que se perpetúan por parte de las instituciones”, ha destacado.

“Las autoridades municipales solo criminalizan a las personas, acusándolas de delincuentes y de dar mala vida, y sabemos que es mentira y es la forma que tienen de tapar su no acción social con las personas del B-9”, ha destacado el portavoz de Badalona Acull, Carles Sagués.

Gisela Bermúdez, portavoz del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya, que apoya a las personas del B-9, ha advertido de que situaciones como la de Badalona se repetirán porque “el barraquismo no es una casualidad, es consecuencia directa de la crisis de la vivienda”.

“Somos personas y no vamos a desaparecer aunque nos echen de aquí”, ha advertido Ibrahima. Varios de los migrantes que malviven en el B-9 ya proceden de otras naves quemadas o desalojadas, y así seguirán, aseguran, en caso de desahucio.

El consistorio de Albiol ha rechazado ofrecer un techo alternativo a los migrantes una vez se ejecute el desalojo (que todavía no tiene fecha) pese a sus obligaciones legales en materia de vivienda. Este mismo lunes, en declaraciones a TV3, el alcalde ha proseguido su estrategia de vincular al B-9 con la delincuencia y la inseguridad. “El Ayuntamiento de Badalona en ningún caso dará cobertura social a los delincuentes”, ha agregado.

“La luz va y viene. Hay semanas que solo tenemos electricidad dos o tres días. De repente se va y no vuelve hasta el día siguiente o más. Cuando no hay luz, tampoco hay agua caliente. A veces parece que vivimos apagados también nosotros. Uno se acostumbra o lo intenta. El agua no se puede beber, solo la usamos para lavar. A veces la piel se pone mal, pero yo qué sé. Como digo siempre: nosotros los morenos solo estamos para trabajar. Lo demás ya es como un lujo”.

La vida de Dauda transcurre entre plásticos desde que llegó al campo de Níjar, hace ahora un año, desde su Malí natal. Trabaja en un invernadero y vive en un cuarto pegado al almacén que hay en la finca, que rara vez abandona. “No tengo otro sitio. Hay cinco habitaciones pequeñas. Cada uno [duerme] en un cuarto. A veces, si viene algún paisano, se mete una semana en la habitación con otro sin que se entere el jefe, pero no puede estar mucho tiempo. Cada uno pagamos 65 euros al mes al jefe. Él es quien nos da trabajo también. Normalmente paga cinco euros la hora. No es mucho, pero al menos hay algo”.

El testimonio de Dauda se recoge en el informe La infravivienda invisibilizada, un trabajo elaborado por María Martín, Javier Barrio y Daniel Izuzquiza que acaba de ser publicado por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM). El documento estima que, sólo en la zona del campo de Níjar que han estudiado, hay unas 470 infraviviendas que dan cobijo a unas 1.400 personas, incluyendo 275 niños y niñas menores de 14 años. Si el rango se amplía a los 18 años, los menores rondarían los 480.

Los tres son técnicos que trabajan sobre el terreno con esta entidad y conocen de primera mano la precariedad de quienes nutren de mano de obra barata la llamada huerta de Europa: los salarios de miseria, los abusos laborales, la invisibilidad administrativa, la ausencia de suministros básicos y la infravivienda son el día a día de miles de personas en el extremo suroriental del país. Es una realidad que rara vez trasciende: de vez en cuando se publica algún reportaje, a menudo de medios internacionales. En los últimos años, ha ocurrido con el desalojo de grandes poblados chabolistas, como El Walili, en enero 2023.

En cambio, bajo el radar queda casi siempre la situación de quienes malviven en cortijos, casetas, almacenes y demás construcciones rurales dispersas, cuyos habitantes sufren además las condiciones de aislamiento. A veces, el cortijo y sus anexos llegan a crecer tanto que acaban alojando a decenas de personas, como El Uno, desalojado este mismo año. Pero en muchas ocasiones ni siquiera consta como tal a las administraciones. De ahí, que el informe se refiera a “infravivienda invisibilizada”. “Una infravivienda silenciosa, desarticulada, diseminada... y sin embargo extensa, grave y estructural”.

“Cuando llovía, el agua se colaba dentro de la casa y afuera se inundaba todo”

El informe de SJM contiene media docena de testimonios directos de quienes se hacinan en estos lugares, muchas veces familias enteras. “El problema son los niños. Aquí no hay nada. No hay donde jugar. Todo es polvo. Al lado hay un camino lleno de tierra, y al otro lado, carretera con camiones”, cuentan Souleyman y Fatima, quienes, además de trabajar la finca, la cuidan a cambio de poder quedarse en ella. “No hay vecinos, no hay otros niños. No pueden invitar a nadie. Ni amigos, ni nada, todo el día solos. Estás en el campo, pero casi encerrados. Y eso nos duele, porque no es vida para los niños”.

Su sueño es huir del lugar, pero la falta de vivienda asequible es un problema estructural en Níjar. Ellos tienen papeles, pero no basta: “Lo poco que hay, no alquilan a inmigrantes. Aunque tengas papeles, aunque trabajes. No importa”.

Aminata, de Costa de Marfil, está embarazada de cinco meses. “Tengo miedo por el bebé. No sé si esta agua es buena. No sé si este aire es bueno. Hay mucha humedad, mucho frío, mucho calor. En verano, por la noche, no se puede dormir. Se cierra todo, no hay aire. Es como ahogo. Muy agobio. Pero hay un pequeño patio, allí salgo a veces, por el fresco. Es lo único bueno”.

En estos sitios los suministros básicos escasean, en el mejor de los casos. “El dueño no quería que enchufáramos estufas para evitar que subiese la factura de luz, por lo que la cortaba por las noches. Decía que gastábamos mucho, aunque pagábamos 120 euros cada mes por vivir allí, no teníamos derecho a casi nada”, relata Cheikh. “Cuando llovía, el agua se colaba dentro de la casa y afuera se inundaba todo. El dueño también tenía animales: cinco perros que ladraban sin parar, día y noche. No se podía dormir, no se podía hablar por teléfono. También gallinas, que entraban en la casa y dejaban todo sucio. Cuando me quejé, me dijo que si no me gustaba, me fuera. Que esas eran las condiciones”.

Chabolas, garajes y cortijos abandonados

Según el INE, a fecha de 1 de enero de 2023 Níjar tenía 32.858 residentes, de los que 6.568 vivían en diseminados, casi el 20% del total. Es una cifra altísima que da una idea de la configuración sociodemográfica de la zona, pero que ni siquiera se acerca a la realidad porque se basa en los datos del padrón, al que apenas acceden un tercio de quienes residen allí, según los datos que maneja el SJM.

En 2024, Níjar aprobó su Plan Local Integral para la Erradicación de Asentamientos Chabolistas, con el objetivo de acomodarse al Plan Estratégico EASEN aprobado un año antes por la Junta de Andalucía. El foco de las administraciones suele ponerse exclusivamente sobre los asentamientos chabolistas, unos 40 sólo en Níjar, algunos tan extensos y simbólicos como Atochares, habitados por unas 1.600 personas en total, según estimaciones recientes. Y aun así, la eficacia de las intervenciones públicas para erradicar el fenómeno es, hasta ahora, escasa.

Sin embargo, el chabolismo no agota el catálogo de infravivienda en la zona. En San Isidro y Campohermoso, núcleos del extenso término municipal de Níjar, abundan también patios, chamizos y garajes en los que se hacinan decenas de personas.

Por último, está la infravivienda rural diseminada, de la que se ocupa este informe. Cortijos abandonados o alquilados, casetas de aperos, almacenes de invernaderos, remolques reconvertidos en vivienda, casetas prefabricadas y otras edificaciones insalubres. Generalmente no disponen de suministro de agua potable, por lo que sus habitantes recurren al agua de balsas de riego. Suelen acumular problemas de humedades, falta de ventilación adecuada y de instalación eléctrica, lo que impide el uso de electrodomésticos básicos para refrigerar alimentos o climatizar la vivienda.

Acceder a ellos es difícil, pues suelen estar al final de caminos no asfaltados o en mal estado, dentro de fincas de propiedad privada, lo que obliga a atravesar cancelas cerradas con llave. Una vez dentro, las estancias tienden a confundirse: el área destinada al descanso puede coincidir con la zona de cocina o incluso con el aseo, en caso de que exista. “Esta falta de separación impacta directamente en la salud y la dignidad de las personas que residen allí”, observan los autores del informe.

Un 58% de las edificaciones son infraviviendas habitadas

El informe se basa en el trabajo de campo realizado durante la primavera de este año. En Andalucía no existe la cédula de habitabilidad desde 1987, por lo que los investigadores del SJM tuvieron que recurrir a la observación exterior. Un enfoque limitado, según admiten, pero suficiente para visibilizar la situación.

Además de recoger testimonios directos, los autores recabaron “indicios vitales” (ropa tendida, luces, vehículos) en torno a las edificaciones de 219 parcelas catastrales de las zonas con mayor actividad agrícola en Níjar, situada en el eje San Isidro-Campohermoso, que recorrieron “palmo a palmo” haciendo un trabajo casi etnográfico: ropa tendida, conversaciones, juguetes por el suelo, animales domésticos, antenas sobre el tejado, vehículos, calzado en la entrada o parterres con flores suelen indicar que alguien vive allí.

Después, pasaron a evaluar si cada una de esas viviendas podía considerarse infravivienda. Chabolas, barracones o prefabricados, cortijos deteriorados, ubicadas en entornos muy degradados o sin suministros básicos. Algunas se levantaron antes de 1960 ligadas a la economía agraria previa a los invernaderos; otras se asocian al impulso de los “pueblos de colonización”; las que se levantaron a partir de los 80 para acompañar al boom de los cultivos muestran la falta de planificación urbanística.

El resultado es que el 58,9% de las edificaciones de la zona eran infraviviendas habitadas, y que tres cada cuatro inmuebles se destinaban habitualmente a ese fin. “Esta alta presencia de infraviviendas no puede entenderse como algo excepcional ni puntual. Al contrario, se trata de una forma normalizada dentro del sistema agrícola almeriense, profundamente ligada a la inmigración y a la inexistente oferta de vivienda en la zona”, subrayan los autores.

Extrapolando estos resultados, el informe concluye que entre 825 y 2.000 personas residen actualmente en infraviviendas dispersas en el campo de Níjar. El escenario más probable coincide con sus observaciones directas: unas 1.400 personas, 275 de ellas niños y niñas de menos de 14 años. “Se trata de una situación estructural, no puntual ni marginal, que afecta a cientos de personas y vulnera derechos humanos básicos”, apunta el informe, en el que se pide más implicación y “corresponsabilidad” a administraciones y empresarios agrícolas para abordar el fenómeno.

Los autores sugieren la adaptación de programas autonómicos y municipales al ámbito rural mediante “realojos dignos”, la rehabilitación de viviendas, la inspección de edificios, los incentivos a empresarios o la mejora de los transportes. “Aunque escasas, hay buenas prácticas que muestran que otra realidad es posible: viviendas rehabilitadas, pequeñas residencias rurales, alojamientos dignos adaptados al trabajo agrícola”. En definitiva, vivienda digna para los trabajadores de la “huerta de Europa”.

Un vecino, Manuel Rosa, aprovechó la presencia de las autoridades para plantarse con un doble cartel. Por un lado, denunciaba que en el último año se han registrado 4.000 incidencias con la luz, mientras que por el otro reclamaba la recuperación del recorrido completo de las líneas municipales de autobús, suspendido por el lanzamiento de piedras. Esto es el Polígono Sur de Sevilla, concretamente una de sus zonas más 'duras' como es la barriada de Martínez Montañés, epicentro de la zona conocida popularmente como las Tres Mil Viviendas, por donde va a empezar la ofensiva urbanística para dignificar estas calles y recuperarlas para la ciudad.

El plan prevé la demolición de cuatro bloques de pisos semiabandonados y en muy mal estado, a lo que se unirá la recuperación de otros cuatro inmuebles que ahora son un esqueleto, es decir, sólo cuentan con su estructura principal. Esta rehabilitación se traducirá en la construcción de 92 viviendas nuevas, mientras que el solar de los edificios que se derriben se aprovechará para ganar espacios verdes y deportivos. Todo esto se remata con la reconstrucción de la carretera exterior que bordea esta zona para convertirla en un bulevar más amable.

Todo este conjunto residencial aglutina a seis de los diez barrios más pobres de España, un rincón de marginalidad y chabolismo vertical que en octubre pasado dejaba a todo el país con los ojos abiertos por el uso de armas de guerra en un tiroteo. Miles de familias con tantos elementos en contra luchan por normalizar su día a día, por denunciar que son parte de Sevilla y reclamar los mismos derechos y servicios para dejar de ser un gueto.

Mejoras en otros 512 pisos

Tras el bochorno para la ciudad que supuso lo ocurrido hace unos meses parece que por fin las administraciones se lo toman en serio y van a acometer esta operación, que en su conjunto suma 21 millones de euros y requerirá como mínimo entre cuatro y cinco años para completarse. Los vecinos que han acudido a la presentación, representantes de entidades del barrio, están a verlas venir, expectantes pero con la mala experiencia de muchos años de inacción y promesas incumplidas.

Un barrio que mira al futuro. Martínez Montañés, en marcha es el nombre-eslogan con el que han bautizado esta acción Junta de Andalucía (principal casero de las Tres Mil, que pone 13 millones de euros) y el Ayuntamiento de Sevilla, que se encargará sobre todo del nuevo bulevar. El punto de partida será un edificio a medio construir ante el que se han hecho las fotos las autoridades, en el que se harán 30 viviendas, mientras que las restantes 62 previstas se levantarán en los otros tres esqueletos del barrio.

La operación se completa con la mejora de otros 512 pisos, 80 de los cuales se someterán a un lavado de cara integral: reforma de cocinas y baños, pavimentos y alicatados, nuevas instalaciones de abastecimiento, saneamiento y electricidad... Las otras 432 viviendas se distribuyen en 21 bloques que están en mejor estado, así que en 17 de ellos lo que se acometerán serán reparaciones de paramentos y pintura de fachadas. En los cuatro edificios restantes se profundizará más, con reformas exteriores, de elementos metálicos e instalaciones de evacuación de aguas.

Edificabilidad que se traslada a otras zonas

El alcalde hispalense, José Luis Sanz, reconoce que esto es sólo el primer paso para “empezar a solucionar los muchos problemas de estos barrios” para que dejen de ser un gueto, para lo que insiste en su idea de que –más adelante– contará con expertos urbanísticos que urbanizaron el Bronx de Nueva York. “Esto es mucho más que una inversión, es una puerta abierta al futuro”, ha subrayado por su parte la consejera de Fomento, Rocío Díaz, para así dignificar un Polígono Sur que “durante décadas ha sido sinónimo de desigualdad y abandono de las administraciones”.

El derribo de los cuatro bloques previstos y su transformación en suelo dotacional supone que la Junta (a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, AVRA) pierde una considerable cantidad de metros cuadrados edificables que son públicos. La solución llegará vía convenio entre ambas partes, que permitirá trasladar esta edificabilidad a otras parcelas de la Junta, muy probablemente en la barriada de Palmete, incrementando así las viviendas que ahora mismo están permitidas.

La intervención ha sido presentada como un “proyecto social” y dejará cuatro nuevos bloques de pisos que, según la consejera, serán “el símbolo del cambio del barrio”. El alcalde, por su parte, no ha tenido empacho en admitir que el Polígono Sur es “uno de los barrios más desatendidos”, con Martínez Montañés a la cabeza, por lo que la propuesta (que incluye el bulevar y un corredor verde para conectar con el parque Guadaíra) supone mejorar la calidad de vida en esta zona, “reducir las desigualdades y fortalecer el arraigo vecinal”.

El desalojo de las dos fincas municipales que el Ayuntamiento quiere recuperar en el barrio de Vallcarca de Barcelona ha quedado aplazado. Centenares de personas han acudido a primera hora de la mañana, antes de las 7 horas, frente a la finca situada en la Avinguda Vallcarca 83. Bombos, pistolas de agua y carteles en mano, se han concentrado para frenar la expulsión de 40 personas, 13 de ellas menores de edad.

La jornada ha empezado pronto y amenizada con música en directo, parlamentos y recitales de poesía que han sonado desde los balcones de estos edificios. Todos sienten la sombra de la expulsión desde hace meses y, viendo que la fecha se acercaba, han intentado buscar alguna alternativa. Algunos han conseguido techo con amigos o familiares, otros han ocupado otra vivienda. Pero los hay que no han tenido esta suerte. “No tenemos a dónde ir”, resumen, lacónicos.

El Ayuntamiento inció en marzo la vía administrativa para recuperar los inmuebles, que son de titularidad municipal y que están afectados por una reforma urbanística. El objetivo es derruirlos y substituirlos por lo que será una Rambla Verde.

El consistorio ya calificó las fincas como infravivienda y emitió una orden de desalojo para requerir a los ocupantes que se fueran. En vista de que eso no ha sucedido, la mañana de este miércoles ha enviado una comitiva de la Guàrdia Urbana que, tal como marca el protocolo, debía informar de la situación a los ocupantes y pedirles que desalojaran voluntariamente los inmuebles. Pero hoy tampoco se han ido.

Y, ahora ¿Qué?. “Para llevar a cabo el desalojo forzado el Ayuntamiento deberá pedir una autorización judicial”, explican fuentes del consistorio.

A pesar de que, sobre las 9.15 de la mañana ya ha quedado claro que el Ayuntamiento no iba a hacer más movimientos durante esta jornada, los vecinos han seguido con el programa cultural que tenían planeado. La música, la poesía y los parlamentos han seguido, de la mano de nombres propios que, desde las 7:30 de la mañana han ido subiendo al escenario. Ha habido pequeños conciertos de la Elèctrica Dharma o Rodrigo Laviña y reflexiones con el sociólogo Ivan Miró o la periodista Ana Pacheco. Y hasta una fiesta de la espuma.

Los primeros en tomar el micrófono han sido representantes del colectivo de Docentes 080, un grupo de maestros que luchan contra los desahucios entre el alumnado y que se ha posicionado al lado de los vecinos de Vallcarca, denunciando “las graves consecuencias” que el desalojo podría tener en los 13 niños que hoy podrían perder el techo.

Como guiño a la “esperanza”, también ha hablado Josep, el vecino de la Casa Orsola que evitó el desalojo in extremis gracias a la presión popular, que desde horas antes y amenizados con un programa cultural como el de este miércoles, consiguieron impedir la entrada de la comitiva judicial y presionaron hasta que el consistorio compró la finca.

Esto último no pasará en esta ocasión porque los edificios que se van a desalojar ya son de titularidad municipal. El Ayuntamiento justifica el desalojo porque las fincas están afectadas por el proyecto urbanístico y porque, aseguran, las fincas no son seguras. A mediados de mayo, fueron calificadas como infraviviendas. “Hay un riesgo grave para las personas [que están ocupando] y legalmente las fincas no admiten ningún uso”, sostienen desde el Ayubtamiento.

Las entidades niegan la mayor y aseguran que, si bien el edificio tiene deficiencias, las viviendas, en las que los ocupantes y activistas han realizado obras de mantenimiento, están “en perfecto estado”. “Este desalojo no responde a la seguridad, es una operación que responde a otros intereses”, sostienen desde Som Barri. “Los desahucios matan”, remachan.

Estos edificios, que acogen una decena de viviendas y un centro social ocupado, llevan casi seis añis ocupados y vacíos desde 2015, año en que el Ayuntamiento los expropió con la intención de derruirlos para dejar espacio a la Rambla Verde. El proyecto, aprobado desde 2002, lleva años en el cajón y todavía no ha empezado.

También se proyectan pacificaciones, espacios deportivos al aire libre y una promoción de viviendas, de las cuales 500 serán sociales.

En vista de que los edificios permanecían vacíos, las entidades por el derecho a la vivienda del barrio decidieron abrir los pisos y ponerlos a disposición de familias vulnerables, sobre todo de aquellas que tuvieran niños pequeños o estuvieran formadas por personas mayores. La mayoría de los que este miércoles serán desalojados venían de procesos de desahucio y algunos, incluso, habían llegado a vivir en asentamientos de chabolas.

Una de estas familias es la de Floriana y Mario, que tienen cuatro hijos y que llegaron hace un lustro a esta finca. Les expulsaron de un piso realquilado y nadie les dio una alternativa mejor. “Servicios Sociales sólo nos ofreció techo por un mes ¿Qué íbamos a hacer?”, se excusa este matrimonio.

Llevan años intentando conseguir un alquiler, pero no logran un piso. Tampoco trabajo. “Hago más de 30 llamadas al día, pero como somos rumanos, nadie nos quiere”, se lamenta Mario. Como su familia, la mayoría de personas que viven en estos edificios son de etnia gitana rumana. Igual que lo eran los habitantes de las chabolas que fueron desalojadas a mediados de abril en una operación que dejó sin casa y sin lugar de trabajo a principios de mayo.

Desde el consistorio aseguran que cada caso está siendo estudiado por Servicios Sociales y que ofrecerán a cada unidad familiar “una alternativa en función de sus necesidades”. Pero Floriana y Mario afirman que nadie les ha ofrecido nada. “Como mucho alguna noche en un albergue, pero ¿de qué me sirve eso con cuatro niños?”, apunta.

El plan urbanístico de la discordia

Jaume Collboni ha sido el alcalde que le ha quitado el polvo a la reforma urbanística de Vallcarca y la ha sacado del cajón. Es un movimiento que no ha estado exento de polémicas porque ha generando bastante división en el barrio. Finalmente, Collboni decidió reiniciar los trámites en marzo y lo primero que había que hacer era expropiar las fincas afectadas por la rambla verde; eso incluía el asentamiento de chabolas y los tres edificios que se desalojarán este miércoles.

Para recuperar estos terrenos -que son propiedad del Ayuntamiento y de Núñez y Navarro- el consistorio ha recurrido al procedimiento administrativo. Se trata de un proceso largo, pero se aceleró con un incendio que hubo una noche en las barracas y a raíz del cual, los Bomberos decretaron el espacio como infravivienda con “riesgo inminente”. Eso les dio la oportunidad de entrar y desalojar sin previo aviso.

En el caso de los dos edificios, el procedimiento ha seguido su curso habitual y, después de una inspección, han sido calificados también de infravivienda. Con esto, los expedientes quedaron cerrados y se pidió a los vecinos abandonar sus casas de manera voluntaria. Algunos lo han hecho, para evitar problemas. Pero muchos otros se han negado a irse.

Las entidades ven esta reforma urbanística como un “sin sentido”. No critican que el barrio necesite de más espacios verdes ni promociones de vivienda asequible, pero lo que no comparten es que esto se tenga que hacer a costa de dejar a vecinos sin hogar. “Además, siendo que las obras no empezarán hasta dentro de muchos años”, lamentan desde la entidad Som Barri, que recuerdan que todavía hay permisos y contratos que no están siquiera licitados.

Los vecinos han celebrado el aplazamiento del desalojo, pero son conscientes de que, en breve, habrá otta convocatoria. La próxima tendrá presencia de los Mossos, que tendrán la orden de desalojar por la fuerza. Por ello afean al consistorio la “falta de diálogo y de escucha” y sostienen que no ha dado “ninguna alternativa”.

Los bomberos del Ayuntamiento de Toledo y del Plan Infocam de la Junta de Castilla-La Mancha trabajan a esta hora en la extinción de un incendio de pastos que se ha originado por la basura acumulada en un solar del paraje del Cerro de los Palos, situado en el kilómetro 4 de la CM-4013, donde hay un asentamiento chabolista que ha tenido que ser desalojado.

El fuego se ha detectado a las 11.35 horas y se ha dado por extinguido a las 16.21 horas, según recoge el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Junta, que indica que han intervenido siete medios terrestres y uno aéreo del Infocam, con un total de 32 personas.

No se han registrado heridos y aunque la carretera no se ha cortado completamente al tráfico, sí que ha habido un puesto de vigilancia de la Guardia Civil que ha restringido el acceso a la misma, según han trasladado fuentes municipales.

Apuntan que se trata de “un incendio importante” en el que está participando todo el Parque Municipal de Bomberos. De su lado, el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Junta indica que intervienen medios terrestres y uno aéreo, con un total de 32 personas, según la última información consultada a las 14.30 horas.

El fuego se ha iniciado en una cuneta y se ha extendido rápidamente en la zona. Está localizado pero su extinción durará “horas” por toda la acumulación de basura que hay en esta parcela, de titularidad de la Junta de Comunidades, según precisan fuentes municipales.

El Ayuntamiento de Barcelona ha incoado cuatro expedientes administrativos para recuperar un solar y tres edificios municipales donde hace seis años que se levantaron asentamientos. Todos ellos se encuentran dentro de las fronteras de una zona afectada por un plan de transformación urbanística que se aprobó en 2019. El consistorio tiene previsto iniciar las obras este verano y, por eso, ha iniciado ahora los trámites para desalojar a quienes allí viven.

La teniente de alcaldía y responsable del área de Urbanismo, Laia Bonet, ha asegurado que la administración ha detectado situaciones de “infravivienda” y ha contabilizado una treintena de personas residiendo en estas zonas. Ahora bien, entidades que acompañan a los habitantes de los asentamientos aseguran que hay más de 70, inlcuidos diversos menores de edad.

“Es un compromiso para abordar una situación enquistada”, ha apuntado Bonet, que ha reiterado la necesidad de emprender una reforma urbanística “imprescindible, delicada y compleja”. Las obras afectarán a estos tres edificios, que son de titularidad pública, y un solar que es en gran parte propiedad de la constructora Núñez y Navarro y, en menor medida, del Ayuntamiento. El obetivo es reformar la avenida, crear un espacio verde y construir 500 viviendas, el 40% de ellas públicas -tal y como establece la ley para zonas en expansión.

La teniente de alcalde ha asegurado que los expedientes administrativos todavía tardarán “meses” en resolverse. Por el momento, están incoados, pero todavía hace falta someterlo a debate y a aprobación. Con todo, la duda ahora es qué pasará con el cerca de centenar de personas que viven en chabolas en el solar y ocupando el interior de los edificios. Desde el consistorio aseguran que “acompañarán” las necesidades de los vecinos, pero no han explicitado exactamente cuál será su destino una vez se ordene el desalojo.

“Acompañaremos a las peronas e iremos viendo qué necesitan. El Ayuntamiento siempre ha ofrecido cobertura habitacional, sobre todo a los núcleos familiares”, ha apuntado la comisionada de Acción Social del Ayuntamiento, Sonia Fuertes.

Igualmente, ha insistido en que los Servicios Sociales “seguirán acompañando” a las personas que residen en estas zonas, tal como se viene haciendo desde que se instauraron, en 2019. Ahora bien, las entidade del barrio y los mismos residentes en el solar denuncian que hace tiempo que no reciben una asistencia constante y continuada por parte de técnicos municipales.

El desalojo forzoso y sin alternativas de unas sesenta personas (entre ellas nueve menores de edad) de las naves en desuso y chabolas de palés y plástico que venían ocupando en el Cortijo El Uno ha vuelto a poner sobre la mesa la insuficiente respuesta pública al fenómeno del chabolismo en Níjar, donde se desperdigan una treintena de asentamientos sin agua, luz ni condiciones mínimas de salubridad, pero que al menos proporcionan un techo a unas 3.500 personas, la mayoría trabajadores de los invernaderos.

Los 60 de El Uno, muchos empadronados en el municipio, fueron desalojados el martes de las infraviviendas que habían sido su hogar, mientras el ayuntamiento insistía en que no podía hacer nada porque se trataba de una cuestión privada con el propietario del terreno. No se les dio alternativa de realojo, más allá de lo que pudieron ofrecer las ONG que ayudan a los migrantes. Mientras, apenas a un kilómetro de El Uno, en el extremo occidental de la barriada Los Grillos de San Isidro, 62 casas de titularidad municipal con capacidad para alojar a 300 personas esperan desde hace meses a que alguien les dé uso. El Servicio Jesuita a Migrantes se ofreció a gestionarlas provisional y gratuitamente, pero el Ayuntamiento no accedió.

Las edificaciones están prácticamente terminadas desde enero de 2023, como este medio pudo comprobar entonces. En aquel momento, los módulos tenían hasta los enchufes, y solo faltaba pavimentar las vías interiores. De hecho, el paso del tiempo desde que fueron terminadas ya empieza a ser visible en las barandas, que muestran los primeros síntomas de oxidación. Las viviendas, distribuidas en varias hileras de módulos de hormigón ubicados en un polígono industrial, se sufragaron gracias a una subvención de 1,5 millones de euros correspondientes a la tercera convocatoria del Programa de Fomento del Alquiler de la Junta de Andalucía correspondiente al año 2021.

Desde hace años, se dice que su destino es servir de alojamiento temporal a trabajadores de los invernaderos, pero ese destino no termina de llegar. “Se estima que estén construidos a lo largo del verano [de 2022]”, dijo la entonces consejera de Fomento Marifrán Carazo, en febrero de 2022. En enero de 2023, y tras el desalojo de El Walili, la entonces alcaldesa Esperanza Pérez (PSOE) calculó que podrían empezar a ocuparse a finales de febrero o principios de marzo de 2023. En octubre de 2023, ya con Francisco Garrido (PP) como regidor, este aseguró que faltaban las cocinas y estarían en apenas unas semanas. En marzo de 2024 apuntó al mes de abril. El último de esta ristra de anuncios ocurrió el pasado el 13 de diciembre, cuando el regidor y cuatro concejales visitaron el lugar y prometieron que lo que quedaba (el acerado de las calles interiores y el vallado) estaría terminado antes de fin de año.

Fuentes municipales explican ahora que todo está listo, pero que ahora hay que aprobar una especie de “reglamento de uso” que afine cómo se gestiona la limpieza o la seguridad, en unas viviendas que van a quedar valladas hacia el exterior en contra del criterio de las entidades. No explican por qué no se ha hecho mientras se acometía y se pulía la obra, a pesar de que el alcalde anunció hace un año y cuatro meses que el sistema de gestión de los alojamientos también estaría listo en cuestión de “semanas”, según una nota de Europa Press publicada el 10 de octubre de 2023.

Una nueva fundación para gestionar los alojamientos

El Ayuntamiento lleva todo este tiempo dando vueltas a dos cuestiones, según fuentes conocedoras de la situación. De un lado, cómo perfilar quién puede solicitar las viviendas, que se adjudicarían en régimen de alquiler mediante un sistema de derivación desde servicios sociales. La idea es limitar el acceso a trabajadores “temporales” (un concepto que no encaja demasiado bien en la agricultura de los invernaderos) y evitar la mezcla con familias.

Además, el consistorio, que no va a asumir la gestión de los alojamientos, debe decidir quién lo hace. Y aquí varias fuentes apuntan a una nueva fundación, creada supuestamente por miembros de la comunidad migrante de Níjar, vinculada a quienes se ocuparon de la seguridad del alojamiento temporal habilitado tras el desalojo de El Walili. Los Presupuestos de 2025 recogen una polémica subvención de 91.000 euros a esta fundación, de la que hasta ahora no se conoce actividad. El equipo de gobierno explicó en Pleno que la subvención está destinada a la “apertura de soluciones habitacionales” en Níjar.

De momento, los alojamientos de Los Grillos no han servido para reubicar a quienes habitaban El Uno, igual que tampoco llegaron a tiempo para los de El Walili. Ahora, igual que entonces, estas personas han tenido que buscarse un nuevo techo, que en muchos casos vuelve a ser precario. Pocos pueden permitirse una vivienda propia en alquiler cobrando cinco euros por hora trabajada, el salario habitual de estos trabajadores, según múltiples testimonios recabados por este medio.

La mayoría encuentra acomodo en algún otro asentamiento. Otros se marchan rumbo a otros lugares que demandan mano de obra agrícola barata, como Huelva o Murcia. Y los más afortunados logran un realojo en alguna de las casas que gestionan Almería Acoge o el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), que ofrecen también un acompañamiento a los migrantes para facilitar su aprendizaje del idioma, los trámites médicos o el empadronamiento.

La alternativa de las ONG: viviendas realquiladas a bajo coste

Desde el pasado verano, el SJM cuenta con 80 plazas residenciales en el término municipal de Níjar, distribuidas en una “casa de hospitalidad” en Puebloblanco y doce viviendas en San Isidro. El SJM no es el dueño de estas viviendas, sino arrendatarios. Las casas son de TuTechô, una SOCIMI que adquiere inmuebles para, a través de entidades sociales, alquilarlos a personas sin hogar a un precio rebajado, tal y como ha contado elDiario.es esta misma semana. Su cartera inmobiliaria está compuesta hoy por 360 inmuebles en diez provincias españolas (Alicante, Almería, Barcelona, Cáceres, Córdoba, Madrid, Málaga, Murcia, Palencia, Sevilla) que acogen a casi 1.800 personas.

Gracias a este nuevo recurso, el SJM pudo ofrecer un techo a los desalojados de El Cañaveral el pasado verano. Para Daniel Izuzquiza, responsable del SJM en Almería, este desalojo es el ejemplo de que se pueden hacer bien las cosas: “Poniendo en el centro a las personas, con un plan, dialogando y gestionando los tiempos”. En aquel caso, la entidad tuvo meses para celebrar asambleas con los vecinos de El Cañaveral, ofrecerles techo alternativo y acompañarles en el proceso. “Sólo cuando se fueron, el Ayuntamiento metió la piqueta”.

La secuencia es la contraria a la que se vivió en El Uno. El Ayuntamiento esgrime que el caso de esta semana es un conflicto de naturaleza privada en el que no puede entrar. En efecto, el desalojo trae causa de una sentencia dictada por un juzgado de primera instancia que ha estado hibernando durante un año sin que se sepa por qué, hasta que el propietario reactivó el proceso hace unas semanas. Sin embargo, afecta a personas empadronadas en Níjar, entre ellas nueve menores, que se han quedado en la calle sin amparo de las administraciones. De ahí, que tanto las entidades como el propio Defensor del Pueblo pidieran hasta el último momento una intervención municipal.

“En Los Grillos está el albergue que se usó para El Walili y ahora está vacío. Y los módulos prefabricados, de los que no sabemos cuántas plazas están ocupadas o libres. Para una situación transitoria podrían usarse”, recuerda Izuzquiza. Almería Acoge, su entidad y otras presentes en el terreno pidieron una reunión urgente el 14 de febrero, y aún no han recibido respuesta.

Níjar cuenta con su Plan Local de Erradicación de Asentamientos Chabolistas, aprobado el pasado verano, pero fuentes municipales admiten que no pueden avanzar mientras no dispongan de alojamientos habilitados. El consistorio asegura que su plan para erradicar el chabolismo está en marcha para pequeños asentamientos, a cuyos moradores se ofrece un alojamiento temporal. “Hay mucho trabajo detrás que no se ve”, insisten.

De momento, ni siquiera el censo no está actualizado, y las cifras que se manejan (una treintena de asentamientos con unos 3.500 moradores, según el último informe de Almería Acoge) salen de las estimaciones de las ONG. El Ayuntamiento prevé actualizar el censo a finales del primer trimestre, coincidiendo con el inicio del programa de asentamientos de la Junta de Andalucía. Será entonces cuando se reincorporen al consistorio la trabajadora social y la educadora social que trabajaban con los asentamientos hasta el pasado diciembre.