El problema de las infraviviendas se agrava en València: 384 menores viven en asentamientos chabolistas

Los fenómenos de exclusión residencial se agravan el València a un ritmo preocupante. Más de 1.100 personas viven ya en poblados chabolistas en la capital, con al menos 384 menores en condiciones de gran vulnerabilidad, según información del propio consistorio trasladada por la oposición. La cifra implica un crecimiento de un 8% de las personas en solo un año, un dato que puede fluctuar, y que se distribuye de forma irregular por la urbe.

En apenas tres años, según ha denunciado Compromís, asentamientos como el del antiguo circuito urbano de Fórmula 1 o el bloque de Portuarios han multiplicado su tamaño. Ambos asentamientos se encuentran en el distrito marítimo, cerca del Puerto de València, y superan el centenar de personas contabilizadas. El caso del circuito urbano es especialmente relevante: ha pasado de 21 persones en el año 2022 a 114 en el año 2025, según datos del propio consistorio, que coinciden con la expulsión de las personas sinhogar que pernoctaban en el antiguo auce del Túria, iniciada la pasada primavera.

Asimismo, durante el pasado año se detectó otro asentamiento en el Camí de Moncada, una parte de huerta limítrofe de la ciudad, que cuenta con cerca de 17 personas. En la ciudad hay ya 1.342 personas en más de una decena de asentamientos, que se concentran en las zonas periféricas de la ciudad. Cada vez son más mujeres y familias con menores a cargo, apunta la oposición, un análisis que concuerda con el que realizan las entidades sociales.

La coalición Compromís señala que se está produciendo un incremento “acelerado” de personas que viven en asentamientos e infravivienda en la ciudad, una realidad “invisibilizada” Su portavoz, Papi Robles y la concejala Lucía Beamud recalcan que “Los asentamientos que más crecen son los más alejados de los servicios. Esto no es casualidad, es consecuencia directa de un modelo que expulsa a las personas fuera de la ciudad visible”. En concreto, apuntan que el fenómeno de exclusión se está concentrando especialmente en barrios como el Cabanyal (con 363 personas), Quatre Carreres (280) o Sant Marcel·lí (183), así como en asentamientos periféricos en crecimiento.

Las concejalas de la oposición critican la falta de recursos sociales para la población más vulnerable, como el cierre de recursos (el albergue del Carme o la Oficina por el Derecho a la Vivienda), así como el “fracaso” del proyecto piloto de intervención en asentamientos. Además, ha destacado que en 2025 el gobierno de Catalá solo ejecutó el 50% del presupuesto destinado a asentamientos, mientras algunas partidas específicas tienen una ejecución del 0% y existen más de 3.000 solicitudes de empadronamiento sin resolver. En su lugar, el consistorio de PP y Vox ha impulsado una oficina antiokupación, que apenas registra denuncias -12 en medio año- y pone el foco en fraudes en el padrón municipal.

El Ayuntamiento de València, que no niega los datos, acusa a la coalición valencianista de generar “alarmismo” e insta al partido a reclamar recursos al Gobierno central, como socios parlamentarios. “Los escasos medios de personal y económicos que destina el Gobierno Central en inmigración” hacen que “muchas personas tengan que ser atendidos por los Servicios Sociales por la falta de respuesta del Gobierno Central y la Delegación de Gobierno, por lo que es Valencia quien asume las necesidades básicas de estas personas, al final los ayuntamientos tienen que asumir el vacío de una competencia estatal”, denuncia la edil de Servicios Sociales, Marta Torrado.