El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde este martes a la iniciativa para que el servicio jurídico de la Junta de Comunidades interponga una demanda contencioso-administrativa con el objetivo de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) cambie las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

La consejera de Desarrollo Sostenible ha justificado la iniciativa ante los tribunales calificando la situación del trasvase Tajo-Segura de “insostenible ambiental y jurídicamente”. Mercedes Gómez ha recordado que el ministerio “ha incumplido su propio plazo de un año”, el que se propuso tras publicarse en febrero de 2023 la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas, entre ellos el del río Tajo. “No se ha cumplido”, ha insistido, recordando que el documento para cambiar la explotación del trasvase debería haberse elevado al Consejo Nacional del Agua en febrero de 2024 .

“Se dan todas las circunstancias para presentar la demanda. Una vez admitida nos reservamos la opción de pedir las medidas cautelares que sean necesarias”, ha añadido. Unas medidas que no ha concretado, ya que dependerá de la posición que adopta el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. “Es el único río que no ha tenido caudal ecológico”.

Pasados tres años, ni ha habido modificación de las reglas del trasvase, ni avances en la aplicación de los caudales ecológicos. De hecho, ha citado lo que tacha de “irregularidades en los volúmenes de agua establecidos para 2025”, refiriéndose a los episodios vividos en Toledo en agosto de 2025 cuando el río se quedó sin caudal a su paso por la capital de Castilla-La Mancha. “Si eso es un caudal ecológico… habría que verlo”, ironizaba.

“Eso ha provocado el hartazgo del gobierno. Castilla-La Mancha siempre ha sido solidaria. El presidente Page siempre ha dicho que mientras que haga falta agua para beber no habrá problema para trasvasar, pero todo tiene un límite”, advertía.

Después de 47 años de trasvase, incidía la consejera, “no puede ser que se esté dilapidando este recurso hídrico y que no se sacie la demanda de murcianos y alicantinos”.

El impacto hídrico y los daños “irreparables” en la Red Natura 2000

Mercedes Gómez ha explicado que el hecho de mantener el actual sistema de trasvases no solo está teniendo un “impacto claro” con un “balance hídrico negativo”, sino que la infraestructura no se ha acomodado a la situación de cambio climático. “Aunque parezca que hay agua, es un espejismo. Las reglas del trasvase deben adaptarse para que el río Tajo sea un río vivo, con caudal suficiente para mantener la vida y vegetación de ribera”.

No puede ser que se esté dilapidando este recurso hídrico y que no se sacie la demanda de murcianos y alicantinos

A esa circunstancia se añade lo que ha calificado de “daño ecológico irreparable en cinco espacios protegidos de la Red Natura 2000”, para referirse a las ZEPA de la Sierra de Altomira, Yesares-Valle del Tajo, Carrizales y Sotos del Jarama, Islas de Malpica y Azután o Barrancas de Talavera. “Se encuentran en estado de conservación desfavorable o muy limitado por estar vinculados al régimen hídrico que debería ser el adecuado en la cuenca del Tajo”. Y eso es algo que, recordaba hoy, ya lo especificaba la sentencia emitida por el Supremo en 2025, avalando por sexta vez la necesidad de que el Tajo cuente con caudales ecológicos. “Dijo que los hábitats de interés comunitario como consecuencia del trasvase estaban teniendo daños irreparables”.

Sobre las expectativas en torno a lo que pueda suponer esta demanda judicial, Gómez confía en que sea “un impulso” para el Gobierno de España, pero ha advertido que además el cambio de las normas del explotación del trasvase debe “convencer” al Ejecutivo castellanomanchego. “Hace un año presentamos propuesta técnicas que no se ha contestado por parte del ministerio. Creemos que esa propuesta puede dotar de sostenibilidad para hacer mejor las cosas con el trasvase”.

Sin relación con la ministra Aagesen

Mercedes Gómez ha lamentado la falta de comunicación con el MITECO. “Desde que Sara Aagesen está al frente la relación directa para analizar el trasvase u otras cuestiones no existe”, pero los trasvases se siguen produciendo. Con el sistema actual, y en situación de normalidad (nivel 1), acaba de aprobarse una derivación de agua hacia Alicantes, Murcia o Almería de 180 hm3.

“Si se siguen manteniedo estas circunstancias, o incluso en nivel 2, se batirían records de trasvases desde que hace 47 años se pusiera en macha la infraestru ra. El máximo es 600 y ya vamos por 555 hm3, el 73% del agua trasvasada en los últimos años”, alertaba.

Y ha seguido dando más cifras. En 47 años, hasta 29 marzo 2026, se han trasvasado 15.148 hm3. “Suponen 15.148 piscinas olímpicas o el abastecimiento de 63 millones de viviendas. Son cifras que hay que poner sobre la mesa porque desde el punto de vista de gestión del agua se han restringido los crecimientos urbanísticos o agrarios en Toledo y Guadalajara. Eso es insostenible”.

Ha vuelto a insistir en que el Estado debe “tomar cartas en el asunto” y modificar las reglas de explotación del trasvase porque “ya vamos tarde”. También ha respondido, sin citar su nombre, a la ministra de Educación, la toledana Milagros Tolón, que la semana pasada pidió seguir negociando: A quienes dicen que no se ha negociado suficiente, el presidente Page lleva seis meses esperando cita con la nueva ministra y esta consejera lleve un año pidiendo una reunión. Si eso es forma de negociar y de entender los problemas de una comunidad autónoma, desde luego no compartimos esta forma de trabajar ni de entender las políticas“, ha comentado.

A Castilla-La Mancha tampoco le vale el argumento del MITECO sobre la necesidad de esperar a dos nuevas sentencias del Tribunal Supremo en respuesta a los recursos interpuestos por el Sindicato indicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) y la Diputación de Alicante. La consejera ha dicho que se conocerá el pronunciamiento del Alto Tribunal en breve y ha dado fechas: el 21 de abril y el 5 de mayo, respectivamente.

Precisamente hoy el presidente del Scrats Lucas Jiménez ha reivindicado la vigencia del trasvase en el 47 aniversario de la llegada de sus aguas, tras calificar la infraestructura como una “magna obra de la solidaridad y de la ingeniería española” y asegura que allí “pelearán” por otros tantos años más para la infraestructura.

A los argumentos de los regantes, la consejera contestaba hoy con el mismo que se mantiene en Castilla-La Mancha desde hace ya una década: se incumple tanto la normativa europea del agua como las sentencias judiciales - hasta seis ya- del Tribunal Supremo que avalan la aplicación de los caudales ecológicos en el tramo medio del río Tajo.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha defendido este jueves que el mayor riesgo que arrastra el mercado energético español es “la dependencia de los combustibles fósiles” porque “nos hace vulnerables”. “En España, tenemos energías renovables, tenemos sol y viento, y tenemos que impulsarlos porque es la forma más competitiva de producir energía y es la que ha demostrado que es un salto sustancial”, ha afirmado en una entrevista durante la segunda jornada del IV Foro Económico de elDiario.es tras ser preguntada sobre el debate del cierre de las centrales nucleares.

Aagesen ha asegurado que la seguridad del suministro está garantizada y que el Gobierno va a continuar adelante con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que incluye el cierre de las nucleares. En una entrevista por videollamada desde Málaga con el redactor jefe de Economía, Serafí del Arco, la vicepresidenta tercera también ha defendido que este cierre cumple con una de las máximas del Ejecutivo: “El consumidor no va a ver incrementada su factura”.

En esta misma línea, Aagesen ha afirmado que la factura de los consumidores “está subiendo, está bajando, sobre todo si comparamos con nuestros socios europeos”. “Si miramos la factura de un consumidor, desde enero hasta ahora paga menos si lo comparamos con el año 2025. Se está pagando menos por la entrada de las energías renovables”, ha argumentado al tiempo que ha insistido en seguir apostando por reforzar la soberanía con “el sol y el viento”. 

Sobre todo en una coyuntura como la actual, marcada ahora mismo por la guerra de Irán que ha disparado los precios del gas y el petróleo. “Somos menos vulnerables cuando miramos la factura de la electricidad. Lo que hemos conseguido es que cuando las horas en las que el gas fije el precio, sea mucho menor. Esto marca una gran diferencia”, ha explicado Aagesen.

En este punto, la vicepresidenta ha puesto de relevancia la convalidación este jueves en el Congreso del plan anticrisis del Gobierno. “Es una combinación de lo urgente y lo importante. Es un plan integral de respuesta. Actúa donde sabemos que tenemos debilidad, que en la dependencia de los combustibles fósiles”, ha sostenido Aagesen que también ha adelantado que el Ejecutivo tiene que “seguir avanzando en electrificación y en renovables”, ya que es necesario que “el consumidor vea que es más barato recargar un vehículo eléctrico y no repostar”. 

No obstante, ha insistido en que el decreto para paliar las consecuencias de la guerra de Irán lo que hace es actuar en “la fiscalidad del gas y de la electricidad” para intentar “proteger a los más expuestos con un paquete asociado a la reducción fiscal de carburantes, gas y electricidad”. “Es fundamental dar esa señal a los consumidores”, ha defendido Aagensen que también ha apuntado que es muy importante actuar siempre para los “más vulnerables” con medidas como la prohibición de cortes o la ampliación del bono eléctrico y térmico. 

Sobre el apagón: “Fue algo inédito y con un origen multifactorial”

Durante la entrevista con elDiario.es, Aagesen también ha respondido sobre el apagón, a poco más de un mes de que se cumpla el primer aniversario. Tras la publicación la semana pasada de dos informes sobre lo sucedido el pasado 28 de abril, uno de los expertos europeos y otro de la CNMV, la vicepresidenta ha destacado que ambos están “alineados con las conclusiones del Gobierno”.

“Lo que ocurrió el 28 de abril fue algo inédito y con un origen multifactorial”, ha afirmado Aagesen que ha recordado que “la principal causa fue la sobretensión” y que en ese momento ya se contaba con “todos los mecanismos para que se hubiera evitado”. “No fue un problema de renovables ni de falta de nucleares. Fue una situación extraordinariamente complicada”, ha reconocido.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha asegurado este miércoles que el Departameto ya está analizando la documentación solicitada sobre Forestalia para ser enviada a la Justicia.

Aagesen ha realizado este anuncio al ser interpelada en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados por el diputado del PP Jaime de Olano sobre el caso de corrupción medioambiental que afecta a su Ministerio y a la empresa de renovables Forestalia.

En su respuesta, la ministra ha defendido que el Gobierno de España aplica la máxima de “tolerancia cero contra la corrupción, colaboración total con la Justicia y máxima transparencia”. “Además, también quiero que usted sepa que los expedientes sujetos a esta investigación se encuentran recurridos y actualmente suspendidos por vía administrativa”, ha añadido al respecto.

Aagesen ha roto asimismo una lanza en favor del trabajo de su Ministerio y ha asegurado que “se hacen y han hecho bien las cosas”, ya que desde el primer momento se ha trabajado para “desbloquear una transición energética que venía totalmente parada”.

“Durante el año 2012 hasta el año 2018 en Europa crecieron las energías renovables un 86%, en España prácticamente nada. Ha llegado este gobierno y ha crecido un 150%, creando competitividad, creando un sistema energético más resiliente y oportunidades”, ha recriminado al diputado popular.

Asimismo, ha subrayado que, en un contexto “tan complicado” como el actual“, la política del gobierno, alejándose de los combustibles fósiles, ha demostrado ser la acertada, ya que permite al país ser ”más resiliente“ y, además, le sitúa en ”una posición muy favorable respecto sus colegas europeos“.

“Desde luego le puedo asegurar que este gobierno y este ministerio actúa con rigor, con responsabilidad y también espero que ustedes hagan lo mismo, y espero que lo hagan cuando presentemos ese plan de respuesta integral contra la guerra”, aseveró.

El PP acusa al Miteco de “operar como una organización criminal”

Por su parte, el diputado del PP Jaime de Olano acusó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de “operar una organización criminal, sin que hiciera nada ante las advertencias de los funcionarios”.

“Señora Aagesen, dice que han hecho bien las cosas. Cualquiera diría que no ha habido un apagón en España y que nos han dejado a cero como Cuba, por su incompetencia”, afirmó.

De Olano consideró que “cuando hay confesiones de los delincuentes, expedientes manipulados y mordidas multimillonarias, el silencio no es prudencia”. “Esto que hacen ustedes no es transición. Es pura corrupción con etiqueta verde”, dijo.

Señor 'E'

Desde la Plataforma Paisajes de Teruel, por su parte, cargan contra “la corrupción en el modelo español de energías renovables que ha comenzado a supurar por la grieta de Forestalia y del 'Señor E', Eugenio Domínguez (exsubdirector de evaluación ambiental del Miteco)”.

Interpretan que el caso del llamado 'Señor E' no debe entenderse como un episodio aislado, sino como un indicio de un problema más amplio vinculado al desarrollo del modelo de energías renovables en España. Según exponen, centrar la atención en una sola figura podría conducir a un cierre en falso que deje sin esclarecer posibles responsabilidades estructurales.

La plataforma plantea que, en un contexto de fuerte impulso político a las renovables, se habrían producido decisiones administrativas —especialmente en materia de evaluación ambiental— que hoy resultan cuestionadas. Estas prácticas, sostienen, no se limitarían a un único proyecto o empresa, sino que afectarían a distintos territorios y actores.

Asimismo, se señala que las reacciones institucionales, tanto a nivel estatal como autonómico, generan dudas sobre su alcance real, al percibirse más orientadas a contener el impacto del escándalo que a una revisión profunda de lo ocurrido. En paralelo, se subraya el impacto que estos proyectos han tenido en zonas rurales, donde se habrían concentrado buena parte de las actuaciones.

En conjunto, desde la plataforma se sugiere que lo que está saliendo a la luz podría formar parte de una dinámica más extendida, y se advierte del riesgo de que, sin una investigación exhaustiva, se repitan patrones ya vistos en otros episodios de corrupción en España.

El Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) han acordado reforzar la supervisión de los precios energéticos y reforzar la transparencia ante la fuerte volatilidad de los últimos días por la guerra de Irán.

En un comunicado conjunto de los Ministerios de Economía y para la Transición Ecológica, ambos departamentos inciden en que los mercados energéticos españoles “evidencian la liquidez y robustez necesarias para responder con eficacia” y asegurar el suministro energético a los consumidores“.

En una reunión celebrada este martes, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, han acordado intensificar la labor de vigilancia del regulador para garantizar el correcto funcionamiento de los mercados, reforzar la transparencia y velar por las buenas prácticas en la formación de precios.

Una de las principales medidas será el incremento de la frecuencia de publicación de información sobre carburantes, que pasará a ser semanal a partir de la próxima semana con el objetivo de facilitar a los consumidores un mejor acceso a los precios y márgenes en un momento de especial sensibilidad.

Según la CNMC, pese a la actual volatilidad, los mercados energéticos españoles presentan la liquidez y robustez necesarias para asegurar el suministro a los consumidores, al tiempo que el organismo continúa ejerciendo sus funciones de supervisión conforme a la Ley 3/2013, la Ley de Hidrocarburos y el Reglamento europeo Remit.

Asimismo, el texto incide en que la CNMC ha reforzado ya los flujos de información con ambos ministerios, pasando diariamente datos actualizados de los precios, mientras mantiene una coordinación estrecha con los operadores de los mercados eléctrico (OMIE) y gasista (MIBGAS).

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha aclarado este miércoles que los proyectos de la empresa Forestalia que están bajo investigación judicial han quedado suspendidos al estar recurridos por vía administrativa, a la vez que ha pedido una auditoría interna en su ministerio para conocer “qué está ocurriendo”.

Así se ha pronunciado la vicepresidenta durante una intervención de 'Los desayunos informativos de Europa Press' al ser cuestionada por si su departamento tiene previsto paralizar la ejecución del macroparque eólico Clúster del Maestrazgo, en la provincia de Teruel, tras la petición de la Fiscalía y la Guardia Civil.

“Lo que sí puedo decir es que gran parte de los proyectos están bajo recurso, con lo cual, de momento, hay una suspensión de los proyectos”, ha revelado la ministra para la Transición Ecológica.

Precisamente este martes el juez instructor de las diligencias abiertas al grupo empresarial Forestalia ha remitido una providencia a las partes personadas en la causa aplazando la vista de medidas cautelares fijada para el viernes.

El magistrado expresa en su providencia que “este instructor no está en disposición de determinar adecuadamente las partes que pudieren verse afectadas por la eventual adopción de medida cautelar que resulta del informe pericial --informe medioambiental de la UCOMA respecto al Clúster del Maestrazgo--.

La causa tiene su origen en la posible manipulación de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), necesarias para la tramitación de proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos, y apunta a irregularidades y el posible cobro de comisiones.

Aagesen ha asegurado que “desde el primer momento” el Ministerio que dirige ha mostrado la “máxima predisposición de colaboración con la Justicia” y que “toda la documentación que se ha requerido y que se requiera” estará “plenamente disponible”.

Además, la vicepresidenta tercera ha desvelado que “internamente” ha pedido un análisis “para conocer qué está ocurriendo” y si todos los procedimientos en los que se adjudicaron estos proyectos “están conforme a derecho”, para tener “una visibilidad de qué ocurrió, por qué ocurrió y evitarlo, por supuesto”.

Sobre el exalto cargo del Ministerio de Transición Ecológica que fue detenido en el marco de la operación desarrollada por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) por presunta corrupción medioambiental relacionada con certificados de parques eólicos y fotovoltaicos, Aagesen ha reconocido que se enteró de la trama por los “periódicos”.

Dicho esto, la vicepresidenta tercera ha aclarado que se trata de “un exfuncionario que se ha identificado” en este procedimiento judicial y “que ya no trabaja en el Ministerio desde hace más de dos años”. Fuentes del caso consultadas por Europa Press confirmaron entonces que el detenido era Eugenio Domínguez, antiguo subdirector general de Evaluación Ambiental en el Ministerio de Transición Ecológica.

En este sentido, Aagesen ha insistido en que “es importante poner el contexto” ya que se trataba de un “subdirector” y “un funcionario que estaba en el Ministerio desde el año 2017”.

El Gobierno ha aprobado este martes un real decreto para poner coto al 'spam' telefónico de las compañías energéticas y estas empresas solo podrán llamar a los potenciales consumidores que expresen su voluntad de recibir sus ofertas comerciales, tal y como avanzó la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en una entrevista publicada este fin de semana en elDiario.es.

“Vamos a poner coto a las prácticas abusivas que hemos ido conociendo mediante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y las asociaciones de usuarios para que los usuarios puedan tener máxima seguridad cuando miran a sus contratos eléctricos en un país que está virando y está apostando por una electricidad que sea más asequible, más competitiva y, por supuesto, segura. Se trata de protección a los consumidores y, especialmente, a los más vulnerables”, aseguró la responsable de Energía en conversación con este periódico.

La norma, que desarrolla el reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica, también prohíbe la conocida como “contratación en caliente”, de tal manera que las compañías tendrán que remitir el contrato y un documento con información simple y cercana antes de cerrar en firme cualquier oferta que se les traslade.

“Hemos conocido que estas personas que reciben el bono eléctrico han tenido abusos desde el punto de vista de llamadas con ofertas que luego realmente no eran tales y que les situaba en una situación de mayor vulnerabilidad. Con el real decreto, estas personas tendrán que recibir información sobre el hecho de que cambiar el tipo de contrato les saca de la percepción del bono. Información sobre cuál era la situación actual con esa protección y cuál sería la nueva situación en cuanto a la facturación o al precio. Y de forma muy clara para que realmente sepan qué supone dar el salto desde la salvaguarda del bono a una nueva contratación”, apuntó la ministra.

La vulneración de cualquier medida de protección al consumidor puede ser constitutiva de infracción grave, y se impondrá al infractor multa por importe no inferior a 600.001 euros ni superior a seis millones de euros, como recoge Europa Press.

La entidad competente para incoar y resolver este tipo infractor será la CNMC. Asimismo, dicho reglamento establece un prefijo específico para las llamadas comerciales, y, en caso de incumplimiento, bien por no utilizar el prefijo o por llamar a alguien que había solicitado que no se le llamase, los proveedores de telecomunicaciones deberán bloquear ese número.

Como ha detallado la vicepresidenta durante su comparecencia tras el Consejo de Ministros, el nuevo reglamento pone fin a las barreras para el cambio de contrato o para las cláusulas de permanencia “abusivas”, en tanto que limita las penalizaciones que puedan imponer las comercializadoras a una serie de supuesto muy concretos. Por ejemplo, será de solo el 5% de la energía pendiente de suministro en el caso de que el cliente rescinda un contrato antes de que se cumpla el año de vigencia y siempre que la compañía justifique un perjuicio.

La refacturación también tendrá límites para proteger a los consumidores. En el caso de que sean a su favor, las cantidades que se han cobrado de más habrán de devolverse con intereses en la siguiente factura. Si es a favor de la compañía, podrán prorratearse en los siguientes pagos con un tope máximo de un año.

La norma también contempla que las compañías establezcan una nueva figura interna, el Defensor del Cliente, “que podrán o no desarrollar”, para solventar el problema estructural de las reclamaciones. Los clientes podrán reclamar por todos los canales y tendrán el derecho a recibir el escrito con la queja que se haya planteado por vía telefónica.

Las compañías no podrán cortar el suministro a hogares con consumidores electrodependientes

El nuevo reglamento prohíbe el corte de suministros a los consumidores en días festivos o en aquellos en los que no haya atención al cliente por parte de las comercializadoras y también crea una nueva figura de “suministro esencial” que no podrá interrumpirse en ninguna circunstancia, los hogares con consumidores electrodependientes.

También se prohíben las penalizaciones o permanencias que dificulten el acceso al bono social para los consumidores vulnerables que tengan derecho al mismo y se protege a sus beneficiarios “para evitar engaños o contratos ventajosos en el mercado libre que impliquen una renuncia al bono social” sin que lo sepan.

Por otra parte, cuando se produzca un cambio de precios derivado de una modificación de las condiciones del contrato, o de una nueva contratación, la empresa deberá presentar al consumidor, con carácter previo, un documento independiente del contrato que le resuma claramente los efectos del cambio sobre su factura final e incluya una tabla comparativa de los precios antes del cambio y los precios que tendrá después.

Así, tanto los hogares como las pequeñas y medianas empresas (pymes) -con potencia contratada menor de 15 kilovatios (kW)- podrán rescindir sus contratos en cualquier momento, sin penalización, a menos que sea antes de la primera prórroga anual de un contrato a precio fijo en el mercado libre; y en este caso la penalización sólo podrá ser del 5% de la energía pendiente de facturar en ese ejercicio como máximo.

Si el cambio lo hace un consumidor vulnerable para acogerse al Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), no podrá aplicarse ningún tipo de penalización, tampoco en los servicios adicionales contratados junto al suministro eléctrico.

Además, se agilizan los plazos para los cambios de suministrador, que durarán diez días como máximo, y en los arrendamientos de viviendas se permitirá que el PVPC se subrogue sólo con la petición de cambio de nombre del contrato por parte del usuario efectivo de la energía que así lo acredite, libre de las cargas que pudiera haber contraído el titular anterior.

Esta subrogación también se aplicará a las mujeres víctimas de violencia de género y de violencia sexual que residan en la vivienda sin ser las titulares del contrato.

En el caso de que un consumidor con bono social quiera cambiar al mercado libre, el nuevo comercializador, además de presentarle la estimación anual de la diferencia entre el precio que paga y el que pagará tras el cambio deberá recabar su consentimiento expreso e informar mensualmente a la CNMC de estas renuncias por parte de los consumidores vulnerables, para que puedan comprobarse.

El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) ha rechazado el justiprecio propuesto por Azata del Sol S.L., la promotora del Algarrobico, que reclama 44,5 millones de euros de indemnización por la expropiación forzosa del suelo donde se erige el macrohotel ilegal, construido hace 20 años en el litoral almeriense.

El Miteco ofrece una suma infinitamente inferior: 16.496,67 euros y da diez días a los dueños del inmueble para aceptarla o rechazarla, confirman a este periódico fuentes conocedoras del procedimiento administrativo.

El pasado 21 de enero, el Jefe de Demarcación de Costas de Almería -dependiente del Miteco- notificó por escrito a los propietarios del Algarrobico el “rechazo” a su hoja de aprecio, esto es, a la estimación económica de los terrenos expropiables que había hecho la promotora, según sus propios cálculos: 44.514.077,78 euros.

En ese mismo escrito, el Gobierno ofreció una contraoferta de 16.496,67 euros [el valor catastral del suelo era de 323.872,89 euros en 2024] y, con arreglo a la ley, dio diez días de plazo para que “se acepte lisa y llanamente o bien se rechace”.

Azata del Sol no recogió la notificación hasta el 30 de enero, de modo que aún está en plazo parar valorar la oferta del Miteco. Sin embargo, la cantidad es “muy inferior” a la que previamente había reclamado la promotora, por lo que previsiblemente será rechazada, y la empresa tendrá derecho a hacer alegaciones “para justificar su propia tasación” aplicando sus “criterios estimativos” y aportando “las pruebas que considere oportunas”.

Si persisten las discrepancias respecto al justiprecio, el expediente de los terrenos del Algarrobico pasará entonces a manos de un Jurado provincial de Expropiación, que podrá fijar una nueva cifra a la indemnización cuando considere que las propuestas de las partes resulten “notoriamente inferiores o superiores al valor real de los bienes”. La resolución de este Jurado pone fin a la vía gubernativa y, a partir de aquí, cabe recurso en los tribunales.

Los actores que participan en el procedimiento de expropiación también ven poco probable que Azata del Sol acepte la cantidad propuesta por el órgano de arbitraje y auguran que acudirá a la vía judicial, para que resuelva un tribunal de lo Contencioso Administrativo en un plazo máximo de seis meses.

Seis meses de litigio

El Algarrobico, símbolo del urbanismo descontrolado de principios de siglo en España, empezó a construirse con autorización de las administraciones públicas. Las expectativas de indemnización de los promotores, que vieron paralizada el hotel con las obras ejecutadas al 94%, están muy por encima de la cantidad fijada hoy por el Miteco.

En 2014 presentaron una reclamación patrimonial ante la Audiencia Nacional por más de 70 millones de euros, que debían abonar el Gobierno central, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Carboneras por su “anormal funcionamiento”, pero la demanda no prosperó. Los jueces no consideraron a las administraciones responsables de los perjuicios económicos derivados de la paralización del hotel ilegal.

El pasado 30 de septiembre de 2025, el Miteco remitió a Azata del Sol un requerimiento para que presentase propuesta sobre el coste de la indemnización por la expropiación de sus terrenos. Dentro del plazo concedido, la promotora presentó su hoja de aprecio en la que solicitaba un justiprecio de 44.514.077,78 euros.

La falta de un acuerdo amistoso entre el Gobierno y los dueños del Algarrobico ha echado por tierra el cronograma optimista de la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y candidata del PSOE en las próximas elecciones andaluzas, María Jesús Montero. Hace justo un año, Montero viajó hasta Almería y anunció, a pie de playa y frente al macrohotel, que sería derribado parcialmente antes de que terminara el año 2025.

Desde entonces, el Miteco ha acelerado el procedimiento administrativo de expropiación, sin llegar a apurar los plazos que marca la ley para lograr alcanzar su objetivo. Pero en los últimos seis meses se ha topado con la resistencia de los dueños del hotel, la falta de acuerdo sobre el justiprecio de los terrenos y un recurso en los tribunales que paralizó cautelarmente el proceso.

El pasado 2 de agosto, los abogados de Azata del Sol S.L. interpusieron un recurso de alzada contra el acuerdo de necesidad de ocupación de los terrenos donde se levanta desde hace 20 años el Algarrobico, en primera línea de la costa almeriense, dejando en suspenso el procedimiento de expropiación y los planes del Gobierno para demoler el inmueble en 2025. El recurso se registró el último día de plazo para hacerlo.

La promotora rechazó en su escrito la resolución del 24 de junio de 2025 de la Delegación del Gobierno en Andalucía, que declaró la “necesidad de ocupación para su expropiación” de 16.432 metros cuadrados de superficie en el litoral del municipio de Carboneras (Almería), zona de dominio público marítimo terrestre, afectada por la declaración de “utilidad pública” que había aprobado el Consejo de Ministros el 11 de febrero del año pasado. Era la primera señal de resistencia de los promotores.

El Miteco tenía tres meses para estudiar el recurso de alzada, pero no tardó ni dos semanas en desestimarlo (el 14 de agosto) y reactivar de inmediato el procedimiento de expropiación. Desde entonces, el Gobierno y los dueños del Algarrobico han forcejeado sin lograr un acuerdo amistoso sobre el coste de los terrenos expropiados.

El 29 de octubre, la promotora interpuso un recurso ante la sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el acuerdo de ocupación de los terrenos del hotel, aprobado por el Consejo de Ministros, solicitando la suspensión cautelar del procedimiento de expropiación. El Ministerio de Sara Aagesen acordó paralizar el proceso hasta que los jueces se pronunciasen.

El pasado 19 de diciembre, en un auto al que ha tenido acceso este periódico, el TSJA dio la razón a la Abogacía del Estado, reafirmó la “necesidad de que prevalezca el interés público en la tutela del dominio marítimo terrestre, no existiendo riesgo de inmediata ocupación”, y denegó la suspensión cautelar del procedimiento de expropiación. “Es evidente que los daños o perjuicios que provocaría la continuación del expediente de expropiación no son irreversibles”, reza el auto.

El 30 de diciembre, el Miteco reactivó el procedimiento y el pasado 21 de enero remitió a la promotora del Algarrobico su última propuesta con el justiprecio de los terrenos, esos 16.500 euros que la empresa deberá aceptar o rechazar en los próximos días. La última palabra de la vía administrativa la tiene el Jurado Provincial de Expropiación, dependiente de la subdelegación del Gobierno en Almería.

El capital social de Azata del Sol ronda los 33,4 millones de euros, según los últimos datos disponibles, del año 2019. Este periódico se ha puesto en contacto con la empresa, que ha declinado valorar su posición en el procedimiento.

Derribo de la mitad del inmueble

El proceso de expropiación en ciernes afectaría sólo al 50% del edificio. El departamento de Sara Aagasen tiene competencias en el dominio público marítimo terrestre que ocupa el macrohotel de 20 plantas y 411 habitaciones, construido en 2003, pero que nunca llegó a abrir al público porque la Justicia frenó las obras cuando estaban a punto de terminar, en 2006, y más tarde lo declaró ilegal.

El otro 50% del suelo donde se levanta esta mole de ladrillo -símbolo de la voracidad inmobiliaria y turística- está en el Parque Natural de Cabo de Gata y es competencia de la Junta de Andalucía, que ha rechazado la fórmula del Gobierno de expropiar para luego derribar el edificio.

La vía de la expropiación fue anunciada hace un año, desde Carboneras, por la vicepresidenta primera y candidata del PSOE en las elecciones andaluzas, María Jesús Montero. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, tildó la fórmula de “electoralista” y aventuró que estaba abocada al fracaso.

El Ejecutivo andaluz se alineó entonces por la fórmula alternativa, en manos del Ayuntamiento de Carboneras, que el pasado verano ejecutó finalmente la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel, después de diez años ignorando los avisos del TSJA para que ejecutara una sentencia de 2021 (y para modificar el PGOU recalificando el suelo del Algarrobico como “no urbanizable”). Pero, tras una lluvia de críticas, finalmente la Junta se ha personado en el procedimiento de expropiación para conocer todos los avances al respecto.

El Algarrobico es el símbolo del urbanismo descontrolado en la costa de España y su demolición es un objetivo tanto del Gobierno central como de la Junta de Andalucía, que en 2011 firmaron un “protocolo para la recuperación de la playa” donde se ubica, ocupando parte de la franja de 100 metros de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, según el deslinde confirmado judicialmente. El inmueble se levanta sobre suelo calificado como no urbanizable dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y la licencia municipal de obras concedida en 2003 está pendiente de revisión de oficio por posible nulidad.

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Fe de errores: En la primera publicación de esta noticia se confundía la cifra de la indemnización propuesta por la promotora Azata del Sol S.L (44,5 millones de euros) con el justiprecio que ha ofrecido el Ministerio de Transición Ecológica, por un error de la fuente informante. Los 44,5 millones es la cantidad que piden los dueños del hotel ilegal por la expropiación de su suelo, y los 16.496,67 euros es la contraoferta que ofrece el Miteco.

La vicepresidenta tercera, Sara Aagesen (Madrid, 1976), tiene encima de la mesa una variedad extensísima de carpetas: de la planificación hidrológica al sistema eléctrico, pasando por los espacios naturales protegidos. En los últimos meses, ha ido saltando de crisis en crisis, cada una más relevante. Si en abril de 2025 tuvo que gestionar un apagón total en España, en agosto fue la ola de incendios forestales devastadores que arrasaron cientos de miles de hectáreas. Una vez pasado 2025, la secuencia de borrascas y las inundaciones hacen resonar la cuestión de fondo: la crisis climática no se olvida de nosotros aunque haya muchos que traten de ignorarla.

En medio de toda esta coyuntura, la también ministra de Transición Ecológica conversa con elDiario.es para dar un repaso a muchas de las materias que caen bajo su responsabilidad para las que Aagesen enarbola la “bandera verde” ahora estigmatizada por la reacción conservadora: “Es la bandera de la preparación pero también de las oportunidades”.

Vicepresidenta, el tren de borrascas que azota España nos pone de nuevo ante la realidad: los fenómenos meteorológicos extremos sí que son la nueva normalidad que nos ha traído el cambio climático, pero ¿cree que, ahora, volverse antiecológico reporta beneficios y da votos?

Ante la realidad, es decir, los trenes de borrascas, inundaciones, sequías, olas de calor... lo que hacemos como gobierno responsable es intentar estar más preparados. Apostamos por la agenda verde, que más que pensar en los votos, es la responsabilidad de ser consciente de lo que tenemos ahora y para las futuras generaciones. Por lo tanto, hay que informar muchísimo a la población y yo creo que la realidad es palpable cada día.

Sin embargo, la ola reaccionaria ha hecho bandera, y parece que exitosa, de demonizar las políticas verdes.

No aceptar o no asumir que tenemos que ir hacia una agenda verde que nos protege es una gran irresponsabilidad. La bandera verde es, por un lado, la anticipación y la preparación ante situaciones extraordinarias que cada vez son más frecuentes, pero, por otro, también es la bandera de las oportunidades. Si somos el país que más crece económicamente, lo es en buena parte por la apuesta por la agenda verde; por la descarbonización del sector eléctrico y por las renovables.

Ante la realidad, es decir, los trenes de borrascas, inundaciones, sequías, olas de calor... lo que hacemos como gobierno es intentar estar más preparados. No asumir que tenemos que ir hacia una agenda verde que nos protege es una gran irresponsabilidad

Sara Aagesen — Vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica

Toda esa información tiene que llegar a la ciudadanía y todos tenemos que ser conscientes de que el 88% de la población española asume que el cambio climático es un problema muy grave y que quiere ver soluciones desde las administraciones.

En un momento en el que la electrificación es una de las principales herramientas para descarbonizarnos y cortar la dependencia de los combustibles fósiles, parece que se ha extendido una sospecha sobre el sistema eléctrico o que los ciudadanos desconfían de las mismas empresas eléctricas...

Estamos en la década de la electrificación así que la confianza de los consumidores de todos los hogares es fundamental como lo es la confianza de nuestro ecosistema industrial. Por eso este próximo martes vamos a llevar al Consejo de Ministros un real decreto que regula la relación entre el consumidor y las comercializadoras para reequilibrar esa relación y conseguir que, realmente, los consumidores tengan esa zona de confort.

¿Qué van a regular?

Vamos a poner coto a las prácticas abusivas que hemos ido conociendo mediante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia [CNMC] y las asociaciones de usuarios para que los usuarios puedan tener máxima seguridad cuando miran a sus contratos eléctricos en un país que está virando y está apostando por una electricidad que sea más asequible, más competitiva y, por supuesto, segura. Se trata de protección a los consumidores y, especialmente, a los más vulnerables.

¿A qué prácticas se está refiriendo?

Acabaremos con esas llamadas spam que recibían los consumidores. Es decir: solo si el consumidor tiene la voluntad de recibir esas llamadas y lo expresa, recibirá llamadas con ofertas de las comercializadoras. Además, no vamos a permitir la contratación en caliente: cuando las compañías hagan una oferta, antes de que sea cerrada esa oferta o ese nuevo contrato, los usuarios tendrán que recibir el contrato y, a la vez, un documento con información simple y cercana para que entienda exactamente cuáles son las condiciones de esa nueva contratación.

Esto afecta al público en general, pero usted ha mencionado a las personas vulnerables...

Hemos conocido que estas personas que reciben el bono eléctrico han tenido abusos desde el punto de vista de llamadas con ofertas que luego realmente no eran tales y que les situaba en una situación de mayor vulnerabilidad. Con el real decreto, estas personas tendrán que recibir información sobre el hecho de que cambiar el tipo de contrato les saca de la percepción del bono. Información sobre cuál era la situación actual con esa protección y cuál sería la nueva situación en cuanto a la facturación o al precio. Y de forma muy clara para que realmente sepan qué supone dar el salto desde la salvaguarda del bono a una nueva contratación.

A eso se le añade que estos clientes tendrá que firmar que renuncian expresamente a ese bono eléctrico para que se remita a la CNMC y este organismo regulador independiente lleve un control a través de las comercializadoras.

El decreto tiene, además, vocación de mejora continua porque la CNMC va a emitir un análisis a los cuatro meses sobre la evolución de prácticas irregulares de comercialización para seguir proponiendo nuevas medidas.

Este año tendrá que decidirse si se permite la prórroga de la central nuclear del Almaraz. Más allá del caso técnico, ¿temen que un alargue de esa central mande el mensaje de que es necesario prolongar el resto de centrales y, al tiempo, menoscabe las renovables?

Estamos esperando el informe del Consejo de Seguridad Nuclear y no queremos hacer ninguna valoración que pueda ser vista como una injerencia en este proceso que es estrictamente técnico. Dicho esto, el Gobierno defiende y defenderá las renovables. Nuestra hoja de ruta es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que nos permite tener un sistema más competitivo, más seguro y menos vulnerable.

Ahora bien, las empresas que han solicitado la prórroga, en este caso de Almaraz, son plenamente conscientes de las tres condiciones que ha puesto encima de la mesa el Gobierno: no puede haber un perjuicio sobre la factura de los consumidores; máxima seguridad desde el punto de vista nuclear y garantía de seguridad eléctrica.

A la espera de fallo judicial sobre la estación de esquí de Navacerrada, esperamos culminar una ampliación de casi el 10% del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama

Sara Aagesen — Vicepresidenta tercera y ministra de Transción Ecológica

Hablando de prórrogas, esta es la quinta temporada extra de esquí en la estación de Navacerrada tras el vencimiento de la concesión y la sentencia del Tribunal Superior de Castilla y León. ¿Para cuándo el inicio de la restauración ambiental de esta zona pegada a un parque nacional?

Estamos esperando el fallo del Tribunal Supremo ante los recursos de Castilla y León y la empresa. Mientras, sí podemos decir que estamos muy avanzados en el proceso para ampliar el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Es una ampliación que ha tenido muchísima participación. Resta que pase por los consejos de gobierno de las dos comunidades autónomas, tanto Madrid como Castilla y León. Y, por supuesto, por el Consejo de Ministros. Así que, a la espera de fallo judicial sobre la estación de esquí, esperamos culminar esa ampliación de casi el 4,7% del parque nacional.

Sobre parques nacionales, ¿tienen ya un calendario para remitir el proyecto del Mar de las Calmas en la isla de El Hierro a Las Cortes?

El calendario es inminente. Tenemos prácticamente ya la propuesta y muy próximamente se verá el anteproyecto de ley para la declaración. Soy optimista y estoy segura de que vamos a conseguir culminarlo. Llegará, como digo, de manera inminente al Consejo de Ministros y espero que cuando entre en las Cortes, veamos que avanza de forma ágil.

¿Cuentan con los apoyos parlamentarios para sacar la ley?

Tenemos diálogo permanente en las Cortes con todos los expedientes. En este caso, lo más importante es el diálogo con el Gobierno canario. Tener su apoyo nos parece fundamental y hemos tenido un trabajo extraordinario con ellos y por eso somos positivos respecto a la buena tramitación en las Cortes.

A lo mejor un parque nacional se convierte en la ley con más apoyo en el Parlamento de la legislatura...

Sería maravilloso. Sería una gran noticia y para celebrarla.

También está pendiente, desde hace bastante tiempo, trazar un plan concreto para el rescate de Las Tablas de Daimiel. ¿Hay algún problema para que no esté ya?

Esperamos que muy pronto podamos lanzar el marco de actuaciones consensuado con la Comunidad Autónoma. Hemos avanzado mucho en los trabajos técnicos, pero también en el plan socioeconómico que es muy importante que vaya de la mano de lo ambiental. Todos esos espacios que están degradados son extraordinariamente complicados de abordar como lo vivimos con Doñana y o con el Mar Menor.

Si hablamos del transporte por carretera, hay que seguir ampliando y democratizando el vehículo eléctrico que es una solución para los usuarios. También debemos seguir ofertando transporte público de calidad en las ciudades

Saera Aagesen — Vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica

¿Considera que estamos perdiendo pulso en la descarbonización del transporte que es el primer emisor de gases invernadero en España? Pienso en el repunte de la aviación, el contraataque del coche de combustión o la crisis ferroviaria...

Si hablamos del transporte por carretera, hay que seguir ampliando y democratizando el vehículo eléctrico que es una solución para los usuarios –para los que queremos transportarnos para ir al trabajo o para llevar nuestras familias–. Hay una progresión también en cuanto a fábricas, ecosistemas industriales y baterías. La apuesta por el vehículo eléctrico está incrementándose. Así como vemos que en el resto de Europa no es el caso, aquí sí.

¿Y para los que no tienen ni quieren un coche?

Debemos seguir ofertando transporte público de calidad también en las ciudades. Por eso las zonas de bajas emisiones son fundamentales. Pero tenemos que dar, vamos a decir, una vuelta de tuerca. Los avances en la descarbonización de este sector son menores porque dependen de decisiones personales muy atomizadas por cada uno de nosotros. Las administraciones públicas tenemos que ser capaces de trabajar para que haya posibilidades de transporte público accesible. Insisto: la movilidad eléctrica es el vehículo eléctrico y el transporte público, también para conseguir unos entornos y ciudades más saludables desde el punto de vista de contaminación atmosférica.

El PP ha anunciado este lunes que creará una comisión de investigación en el Senado para indagar en “la caja negra de la SEPI”, Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que según ha asegurado su portavoz en la Cámara alta, Alicia García, “pudo servir, entre otras cosas, para pagar favores a la dictadura de Maduro con rescates a empresas” como la aerolínea Plus Ultra, con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como mediador. “Mientras Sánchez protege a una dictadura, en España la justicia investiga si el Gobierno utilizó dinero público para beneficiar al Gobierno de Maduro”, ha afirmado.

Los populares han convocado un pleno extraordinario el próximo 15 de enero en el que han citado a la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y responsable política de la SEPI, María Jesús Montero, y a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, al estar los departamentos “bajo sospecha” por “la trama de hidrocarburos que pudo haber beneficiado a Maduro”. Además, han exigido al embajador de Venezuela en España que también de “explicaciones” en el Senado y que “permanezca” en el país.

García ha acusado a María Jesús Montero de estar “al mando” de la “caja negra” que ha calificado de “cajero automático para pagar favores políticos, incluso internacionales”. Ha afirmado que la vicepresidenta ha convertido a la empresa de participaciones en un “pozo sin fondo para el despilfarro y la corrupción” en la que “colocó a su gran amigo, colaborador y trabajador, Vicente Fernández, hoy imputado y que incluso estuvo detenido”. Fernández fue uno de los tres detenidos el pasado mes de diciembre junto con la exmilitante y exconcejal socialista Leire Díez y el empresario Antxon Alonso, vinculado al exdirigente del PSOE, Santos Cerdán. Los líderes de la oposición sitúan ahora a la SEPI en el “centro” de “la trama corrupta del 'sanchismo', que afecta a contratos, subvenciones, ayudas públicas, y que gira en torno a altos cargos y dirigentes del PSOE”.

Alicia García ha destacado que “un tercio” de los más de 2.600 millones de euros que fueron concedidos por la SEPI a 28 empresas durante la pandemia se encuentran ahora bajo investigación judicial. Estos rescates beneficiaron a empresas como Plus Ultra, Air Europa, Avóris oTubos Reunidos.

La creación del nuevo organismo y la convocatoria del pleno extraordinario llegan después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuviera, el pasado mes de diciembre de 2025, a la exmilitante del PSOE Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso el pasado mes de diciembre, en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional (AN) sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

El PP ya hizo comparecer en el Senado al vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. El senador Balseiro Orol le preguntó acerca del rescate a Plus Ultra, ante lo que el vicepresidente aseguró que la aerolínea “cumplía los requisitos y era estratégica”: “Todas las aerolíneas, grandes y pequeñas, para el hub de Madrid, eran estratégicas por el sector en el que estaban operando”, aclaró.

La comisión parlamentaria constituida en la Junta General del Principado para tratar de esclarecer el accidente laboral registrado, el 31 de marzo, que costó la vida a cinco trabajadores en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, ya dispone de un calendario oficial de comparecencias. Los trabajos de la comisión creada para tratar de determinar las posibles responsabilidades en el siniestro se reanudan a partir de enero de 2026, tras el parón de las fiestas navideñas.

En la lista de comparecientes destaca la citación a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, quien tendrá que comparecer el próximo 21 de enero ante la comisión de investigación integrada por dos representantes de cada partido político con representación parlamentaria.

Sara Aagesen no acudirá como representante del Gobierno central, sino en su calidad de presidenta del Instituto de Transición Justa durante la etapa en la que se concedieron las ayudas a la descarbonización.

El parón de las fiestas navideñas

Los trabajos de la comisión se suspenderán durante las fiestas navideñas y se reanudarán el 12 de enero con las comparecencias de varios miembros de la Brigada de Salvamento Minero, que se sucederán a lo largo de tres jornadas.

El alcalde de Degaña, Óscar Ancares, y la alcaldesa de Ibias, Gemma Álvarez, han sido citados para el 15 de enero y, al día siguiente, prestará declaración ante la comisión el alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella.

La directora del Instituto para la Transición Justa, Judit Carreras, ha sido citada para el 20 de enero, un día antes de que lo haga la ministra Sara Aagesen.

Los ex titulares de Industria

Para el 22 de enero está citados los ex consejeros de Industria del Gobierno asturiano Enrique Fernández, actual presidente de Hunosa, e Isaac Pola.

Al día siguiente tendrán que comparecer las dos ex consejeras de Industria que asumieron este cargo en la etapa del actual presidente del Ejecutivo regional, el socialista Adrián Barbón. Se trata de Nieves Roqueñí, actual presidenta del puerto de El Musel, en Gijón/Xixón, y Belarmina Díaz, que dimitió del cargo a raíz del accidente mortal.

El director general de Energía y Minería del Principado, Javier Cueli, figura en la lista de comparecientes para acudir a la Junta General del Principado el 26 de enero, y le sigue el actual consejero de Ciencia, Industria y Energía, Borja Sánchez, que está citado para el día siguiente.

Empresarios y apoderados

El martes, 27 de enero, comparecerá ante la comisión parlamentaria Jesús Manuel Rodríguez Morán, apoderado de la sociedad Combayl, mientras que el viernes 30 será el turno del empresario minero Victorino Alonso.

Todas las personas que han sido citadas están obligadas a comparecer ante la comisión parlamentaria, que está presidida por la diputada Covadonga Tomé.

La comisión parlamentaria se constituyó el pasado 15 de mayo a propuesta del PP y Foro, y fue apoyada por Vox y la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé.

Además de esta comisión, sigue abierta la vía judicial, que instruye el Juzgado de Cangas del Narcea y se ha iniciado una auditoría por parte de la Inspección General de Servicios del Principado sobre el trabajo realizado desde el área de Minas de la administración autonómica, mientras que la Comisión Regional de Seguridad Minera ha constituido su propia comisión de investigación desde un punto de vista técnico.

Extracción ilegal de carbón

Como principal hipótesis de trabajo se baraja que el accidente que costó la vida a los cinco mineros y heridas a otros cuatro compañeros se debió a una acumulación de grisú en un punto en el que, al parecer, se estaba extrayendo carbón de forma ilegal ya que la empresa titular, Blue Solving, solo disponía de un permiso para retirar maquinaria y material para chatarra, así como los acopios de carbón que pudiera haber en el interior de la explotación, cerrada desde 2018. 

Las cinco víctimas mortales fueron Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez. Residían en las comarcas leonesas de Laciana y El Bierzo y tenían entre 32 y 54 años.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha afirmado este lunes que España es un ejemplo de que se puede “crecer y hacerlo de forma sostenible, generar empleo, calidad de vida, de vida y bienestar”, y ha incidido en la importancia de “transformar nuestro sistema energético” y “reducir nuestra dependencia de los recursos que son finitos”.

Aagesen ha inaugurado la IV Jornada de Economía circular y Energías renovables, un foro de debate ya consolidado para analizar los retos y oportunidades de la transición ecológica en España, organizada por elDiario.es. La vicepresidenta tercera ha insistido en la concienciación sobre el uso responsable de los recursos y la apuesta por las energías renovables.

Ha destacado que el pasado 24 de julio “la humanidad ya había consumido los recursos del planeta que se podían regenerar en un año”. “Ese sobreconsumo equivale a utilizar 1,8 veces el planeta Tierra”, ha añadido, por lo que ja lanzado una apuesta por “unas energías renovables que no solo son limpias, no solo son más competitivas y más económicas, sino que nos permiten un estado de bienestar y, por supuesto, de autonomía energética y estratégica”.

Además, Aagesen ha puesto el acento en que invertir en renovables es invertir en seguridad: “Hay una carta que han remitido expertos de la OTAN, militares y expertos en defensa, pidiendo que el gasto y las inversiones en energías renovables cuenten como inversiones en seguridad”.

“Europa se calienta más rápido”

La vicepresidenta tercera ha continuado insistiendo en la necesidad de aportar por las energías renovables como principal freno al cambio climático. “2025 fue el año más cálido desde que tenemos registros, cuando se superó en cinco grados ese umbral que nos fijamos hace 10 años en el acuerdo de París. El último informe, de hace pocas semanas, del estado del clima también nos recuerda que Europa se calienta más rápido que el resto de los continentes”, ha explicado.

Aagesen ha incidido en que en el caso de España, el calentamiento del mediterráneo también se acelera y tiene como resultado “fenómenos meteorológicos extremos”. Así, se ha referido a la DANA que dejó 229 víctimas mortales en Valencia hace ahora un año: “Hoy también transmito palabras de cariño, de solidaridad con todos los familiares de las víctimas y con todos los afectados”.

En su intervención, Aagesen ha destacado algunos de los proyectos de su Ministerio, como el Perte de la Economía Circular, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la ley de Residuos o los planes de almacenamiento de hidrógeno renovable, donde se ha pasado de 28 proyectos a más de 500.

“Las energías renovables nos hacen competitivos, generan una sociedad del bienestar en un contexto muy complicado. Hemos visto que esas dos apuestas nos permiten decir que tenemos resultados transformadores en nuestro país. El Fondo Monetario Internacional acaba de actualizar nuestra previsión de crecimiento al 2,9, el triple prácticamente de la zona euro y muy por encima de grandes economías de la Unión Europea”, ha resumido.

“Una España que es vulnerable ante el cambio climático requiere de políticas que trasciendan a las legislaturas. Por eso estamos trabajando en un pacto de Estado frente a la emergencia climática, donde queremos escuchar a todos y cada uno de los agentes, a la sociedad civil, a las empresas, a los sindicatos, a las comunidades autónomas, a los grupos políticos, a todos. La realidad es la que es somos un país vulnerable y tenemos que estar preparados juntos y unidos, seguro que lo vamos a conseguir”, ha concluido.

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha comunciado por escrito a las 14 comunidades autónomas gobernadas por el PP su “pesar” por que se hayan desentendido a última hora de la Convención del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática de los próximos 13 y 14 de octubre en Ponferrada (León) en la que iban participar en diferentes eventos. De momento, solo Baleares aparece en el programa.

Los gobiernos autonómicos populares le enviaron un texto conjunto este jueves en el calificaron el futuro pacto de “propaganda”. Aagensen les ha remitido una carta en la que indica que “entendíamos que este era el momento de impulsar una conversación conjunta, abierta a todas las administraciones y a la sociedad civil, en torno a cuestiones fundamentales como la adaptación al cambio climático, la resiliencia hídrica, el refuerzo de los servicios de emergencia, el apoyo al sector primario o la innovación en políticas de gestión forestal”.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya había desdeñado el pacto al ser avanzado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la oleada de incendios forestales. Ahora, el PP rechaza participar en esta convención de la que deben salir propuestas para incluir en ese proyecto de pacto.

“Esta Convención ha buscado precisamente dar voz a la sociedad: jóvenes, científicos, empresas, organizaciones del sector primario, patronales, sindicatos, movimientos sociales y voluntarios de protección civil, entre otros actores clave”, ha escrito la vicepresidenta tercera tras recibir la negativa del PP.

Su carta prosigue: “Todos estamos interpelados frente al cambio climático y somos parte indispensable de la solución, como el sector primario que tendrá un lugar específico dentro del proceso de diálogo y en la propia Convención, como uno de los sectores más directamente impactados por el cambio climático”, ha escrito ya que los consejeros del PP han usado entre sus argumentos una supuesta “estigmatización del campo”.

De hecho, los populares quieren que se detenga el proceso de elaboración del pacto ante lo que Sara Aagesen contesta que está “convencida de que podremos trabajar conjuntamente”, pero que “detener el proceso en este momento, como proponen, cuando estamos en plena fase de consulta pública con una ciudadanía activa e implicada, no sería justo ni coherente con el compromiso adquirido.”

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico prepara una ampliación del plazo de ejecución de 14 programas de ayudas del Plan de Recuperación por importe de más de 1.300 millones de euros que ya están comprometidos y debían ejecutarse entre diciembre de este año y junio de 2026.

El departamento que dirige la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, ha publicado este miércoles un proyecto de Orden Ministerial por el que se modifican las bases reguladoras de varios programas de ayudas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que Bruselas anunció en 2020, tras la sacudida de la pandemia. Para esa ampliación del plazo, Transición Ecológica se ampara en una Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y el Consejo del pasado 4 de junio que abría la puerta a un aplazamiento en la ejecución de esas ayudas.

La propuesta de Transición Ecológica estará abierta a comentarios hasta el próximo 14 de octubre y supone ampliar el plazo para la ejecución de proyectos energéticos relacionados con repotenciación de eólica, energía eólica marina, almacenamiento, hibridación, geotermia, redes de calor y frío, biogás, bombeo reversible, dinamización de comunidades energéticas o nuevos modelos de negocio. Los proyectos adjudicados que se van a beneficiar de ese aplazamiento suman 1.322 millones, entre los que destacan 162 millones a repotenciación circular, casi 155 millones para almacenamiento, 150 millones para hibridación, o 133 millones a renovables marinas.

Como norma general, se amplía el plazo para la ejecución de los proyectos hasta el 31 de diciembre de 2028, un año y medio más sobre la fecha límite para los proyectos que tenían fecha de ejecución hasta 30 de junio de 2026, y dos años más para aquellos que tenían fecha de ejecución hasta diciembre de 2025. Sin embargo, en el caso de renovables marinas y geotermia, se da de plazo hasta 2030, por la mayor complejidad de estos proyectos. Para las líneas en las que se van a sacar nuevas convocatorias, éstas también tendrán 2030 como fecha límite. En almacenamiento con bombeos hidroeléctricos, el plazo se amplía hasta 2032. 

Mensaje al mercado

Con esta Orden Ministerial, el Gobierno lanza un mensaje al mercado y en especial a aquellos agentes que se habían planteado renunciar a las ayudas por ver imposible el cumplimiento de los plazos.

La Propuesta también incluye algunas modificaciones técnicas en las bases reguladoras para mejorar su adaptación a la demanda: con el objetivo de “aclarar determinados aspectos de los actuales textos relativos a las garantías de participación o requisitos técnicos, a la documentación acreditativa de la finalización de las actuaciones, aclaraciones procedimentales, así como incluir definiciones o la revisión de los criterios de valoración para facilitar el proceso de evaluación”, explica el ministerio.

Como explica Transición Ecológica, “para asegurar la absorción de los recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”, Bruselas propuso establecer “un instrumento gestionado de forma independiente para incentivar la inversión privada” en forma de “regímenes de subvenciones” o “esquema de ayudas”. 

Y la ejecución de las ayudas se consideraría alcanzada en agosto de 2026 “si para esa fecha se han establecido dichos instrumentos de convocatorias de ayudas y se han resuelto y concedido las ayudas, dejando la ejecución material de los proyectos para fechas posteriores”. En este caso ese instrumento intermedio es el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), adscrito al ministerio.

“El objetivo principal de esta orden ministerial es adaptar las bases reguladoras de programas de ayudas ya publicados a los nuevos requerimientos” que exige su inclusión en un “esquema de ayudas”, explica Transición Ecológica.

La Propuesta de orden ministerial responde a la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo de 4 de junio de 2025 “NextGenerationEU – Camino a 2026” abrió la puerta a la ampliación de los plazos del Plan de Recuperación, cuyos principales beneficiarios fueron Italia y España, unos meses después de que el Tribunal de Cuentas Europeo advirtiera de que la UE corría el riesgo de no llegar a tiempo para invertir los 723.800 millones que Bruselas puso a disposición de los Estados Miembros en plena pandemia.

La Comunicación de la Comisión en la que se ampara el ministerio instaba a los Estados miembros a “revisar exhaustivamente” sus planes “lo antes posible para garantizar que todos los hitos y objetivos puedan ejecutarse antes del plazo del 31 de agosto de 2026”. Entonces quedaban por desembolsar a escala europea “unos 335.000 millones”, de los que aproximadamente 154.000 millones eran subvenciones y 180.000 millones, préstamos.

La industria del dato lo venía avisando desde 2018: España tenía “una oportunidad única” para meter el pie en el negocio de la infraestructura digital. Muchas tendencias apuntaban a ello, desde la necesidad de diversificar las congestionadas rutas de información del norte de Europa, pasando por su posición estratégica para conectar mercados emergentes en América Latina y África, hasta el consenso político para facilitar este tipo de inversiones. Por el camino se sumó la inteligencia artificial, una invitada que aumentó aún más el atractivo de España por su capacidad de saciar con renovables la enorme voracidad energética de esta tecnología.

Lo que hace siete años era una oportunidad, hoy es una realidad. España ha conseguido gigantescas inversiones para convertirse en un polo regional para los centros de datos y los cables submarinos y ser una importante intersección en la autopista de información mundial. Han llegado gigantes tecnológicos, compañías del segundo escalón e incluso actores externos como Blackstone, que han visto la oportunidad de explotar la privilegiada situación española. Solo en Aragón, se ha comprometido una inversión de unos 47.000 millones de euros desde 2024, según un estudio de la Fundación Basilio Paraíso presentado este martes.

Una disyuntiva que ha obligado al Gobierno a elevar la precaución para no morir de éxito, reconociendo que se ha generado una “burbuja” con los centros de datos. Así lo ha calificado en varias ocasiones Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica. Su departamento es el encargado de aprobar las solicitudes energéticas de cada nuevo centro de datos y observa cómo el montón de carpetas crece sin parar. Las peticiones de conexión a la red para nuevas demandas en la actual planificación (2025-2030) “se han multiplicado por 80” respecto a la anterior planificación (2021-2026), exponen a elDiario.es fuentes del equipo de Aagesen.

Muchas de esas peticiones llegan además de empresas que las tramitan en varias localizaciones distintas, con el objetivo de quedarse luego con la opción más ventajosa. Desde el sector explican a este medio que es una manera de contrarrestar los plazos de varios años que maneja Red Eléctrica para conceder acceso a la energía a estas instalaciones, cubriéndose las espaldas ante una posible negativa a conectar la parcela elegida.

“Es ingente la cantidad de proyectos que han llegado. De cero a un gran universo. Vamos a ir midiéndolos para analizar cuáles son los mejores, también para el territorio”, ha manifestado la ministra, que ha preparado un paquete de medidas específicas para controlar la situación.

Transparencia en el consumo e impacto en el territorio

Transición Ecológica abrió a consulta pública a principios de agosto un proyecto de real decreto para regular el sector de los centros de datos. El texto obliga a estas infraestructuras a ser más transparentes con su consumo energético y de agua, dos de los factores más sensibles para su implantación. En el caso de la electricidad, deberán detallar no solo cuánta energía necesitan, sino también qué parte de ella procede de fuentes renovables y qué medidas aplican para mejorar su eficiencia, un punto clave ante las tensiones que ya se vislumbran en la planificación de la red.

Respecto al agua, los operadores tendrán que informar del volumen destinado a refrigeración y justificar su uso en función de la disponibilidad local, dado que muchos proyectos se ubican en zonas con estrés hídrico. El sector repite por activa y por pasiva que sus cifras de consumo de agua se han exagerado, aunque las empresas evitan comunicar abiertamente cuál es su gasto real. En el informe de la Fundación Basilio Paraíso se avisa que el consumo de las nuevas infraestructuras puede superar el 10% de lo que bebe toda Aragón.

El borrador incluye además la obligación de elaborar informes periódicos sobre el impacto de cada centro de datos en el territorio y de presentar planes de integración que garanticen su sostenibilidad a medio plazo.

Es un paquete de normas que afectará a toda España pero que tendrá especial relevancia en Madrid y Aragón. Son las comunidades que concentran la mayoría de nuevas solicitudes, en base a una ley no escrita de la industria digital que dicta que los datos se atraen entre ellos. La capital, por sus servicios a ciudadanos y empresas; y Aragón, gracias a las enormes granjas de servidores que construyen Amazon y Microsoft, son los polos alrededor de los que están floreciendo estas nuevas infraestructuras, con mención especial a Talavera de la Reina y el megacentro de datos de Meta, que está agrupando a su alrededor a otras empresas del sector.

Beligerancia en Madrid y tranquilidad en Aragón

Los presidentes de las dos regiones gobernadas por el PP han respondido de manera diferente ante el proyecto de real decreto. La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha quedado sola en su denuncia al paquete regulatorio propuesto por el equipo de Aagesen, asegurando que las nuevas normas son un ataque al desarrollo de la comunidad. “¿Que Madrid ha apostado por los centros de datos? Espera, que vamos…”, publicó en X Isabel Díaz Ayuso junto a la captura de una noticia que informaba sobre la salida a consulta pública del real decreto.

Es una crítica que viene repitiendo desde hace meses ante la política del Gobierno de aumentar la cautela en las licencias de los centros de datos. “Nos están cortando la energía y el agua”, dijo en su discurso de cierre de año de 2024. “¿Qué más hace fuerte a Madrid? Los centros de datos. Pues nos corta la energía, nos empieza a restringir el agua, para que no tengamos posibilidad de hacer desarrollos”, afirmó en una entrevista con Ana Rosa Quintana, refiriéndose a Pedro Sánchez.

Jorge Azcón, en cambio, ha transmitido tranquilidad en lo referente a las nuevas normas. “Que pidan más transparencia es positivo. La práctica totalidad de lo que hoy pide el real decreto lo cumplen los centros de datos que se promueven en Aragón”, ha dicho este miércoles el presidente de la Junta, que presentará sugerencias para mejorar el texto. “Las alegaciones que presentará el Gobierno de Aragón van a mejorar y a aportar. Estoy convencido de que los proyectos en Aragón no solo cumplen, sino que mejoran los estándares de calidad”, ha enfatizado.

La patronal también rebaja la tensión

SpainDC, la patronal de los centros de datos en España, también ha evitado hacer una enmienda a la totalidad de las nuevas normas. “Hay una parte que tiene que ver con la transparencia de los datos. Y a nosotros nos va a beneficiar mucho porque nos ayuda a destruir muchísimos mantras que hay sobre el consumo de los centros de datos”, asegura en declaraciones a elDiario.es Begoña Villacís, directora ejecutiva de la asociación. “Los centros de datos españoles van a salir muy bien parados con respecto a los europeos, especialmente en el tema del agua, porque prácticamente todos son de circuito cerrado”, recalca.

Con todo, no todas las medidas han gustado en el sector. Uno de los factores que generan más dudas es el requisito incluido en el real decreto de aprovechar el calor residual que producen los centros de datos. La norma obliga a las instalaciones que consuman más de 1 MW (una escala pequeña, para los desarrollos que se están dando en España) a encontrar forzosamente una aplicación para ese calor, ya sea para servicios de climatización u otros usos de los barrios, municipios o industrias cercanas.

Desde SpainDC recalcan que todas las empresas están abiertas a aprovechar ese calor y ya hay proyectos piloto en marcha para hacerlo, pero creen que convertirlo en obligación es contraproducente. Muchos de los pequeños municipios en los que se instalan, alegan, no tendrían capacidad para gestionar un proyecto de ese tipo, lo que complicaría mucho el trámite burocrático por un factor como el calor que es secundario en la operatividad de los centros de datos.

Por último, en línea con la principal reclamación política del sector, piden agilizar los trámites para el acceso a la energía. Es una batalla en la que han ganado a Azcón como aliado. “Antes de las vacaciones de agosto hablé con la vicepresidenta Aagesen y le hice llegar la inquietud de Aragón en cuanto a las inversiones de Red Eléctrica y también sobre el retraso considerable que llevan los concursos de energía, necesarios para que las inversiones se pongan en marcha. Volvimos a oír palabras de paciencia, de que dentro de muy poco veríamos cómo se avanzaba en esa cuestión. En agosto no hemos visto ninguno, espero que el Ministerio cumpla con el trabajo que tiene que hacer”, ha manifestado en su intervención de este miércoles.

Los teléfonos suenan, se superponen las conversaciones sobre focos, efectivos, equipos que cambian destino, localidades y zonas a las que hay que prestar especial atención. En el Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales (CCINIF), donde se gestionan los recursos que dependen del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la vicepresidenta Sara Aagesen hace preguntas, habla con los técnicos que se organizan en turnos de 12 horas con refuerzos para atender la situación de emergencia. Los mapas en las pantallas gigantes muestran que España arde en muchos –demasiados– puntos, y recuerdan que detrás de cada pequeña marca roja se esconde una tragedia humana y medioambiental.

Más tarde, en una sala de ese edificio situado en la madrileña Puerta de Toledo, Aagesen hace balance de una crisis que ha arrasado ya más de 400.000 hectáreas –el cálculo oficial recoge 300.000 hasta el día 17– por todo el territorio, repasa los bulos y desinformaciones que han girado en torno de ella y repite como un mantra la importancia de la colaboración y la coordinación entre administraciones, mientras fuera se elevan los decibelios del debate político. Esta ingeniera química especializada en Medio Ambiente, que lleva al frente del MITECO desde noviembre, habla de la situación de los bomberos forestales y de la posible falta de prevención y pide responsabilidad a las Comunidades Autónomas: “En cuanto los incendios estén controlados, habrá que hacer un análisis en profundidad de qué ha ocurrido, como pasó también con la dana, y asumir cada uno lo que le toca”.

¿Puede ser el peor año de incendios de nuestra historia?

La situación es extraordinariamente complicada, con 15 incendios que nos preocupan especialmente. Las condiciones meteorológicas de este verano han sido muy complejas: hemos vivido la tercera ola de calor más larga, de 16 días consecutivos, y la más intensa desde que tenemos registros. Previsiblemente, será el segundo verano más caluroso de los que tenemos registro en la AEMET.

¿Qué estamos haciendo mal (o poco) para encontrarnos en esta situación?

Más allá de las variables climáticas y la vulnerabilidad que tiene nuestro país, hacemos mal en intentar convertir a los incendios en algo aislado, que ocurre puntualmente. Tenemos ante nosotros un desastre desde el punto de vista de los ecosistemas, pero también de las personas, y es importantísimo entender que esto tiene un vínculo claro con el cambio climático, y que requiere que nos coordinemos y actuemos de forma conjunta para anticiparnos.

Desde el Gobierno llevamos trabajando años, desde la Declaración de Emergencia Climática en el año 2020, con planificación, objetivos y con medidas. Pero hace falta que esas medidas no obedezcan a legislaturas ni a colores políticos, sino que las políticas climáticas sean de todos.

¿Cree que España es consciente de su vulnerabilidad frente al cambio climático?

La ciencia nos lo lleva contando desde hace muchísimo tiempo. Pero además está la realidad. No hay más que abrir los ojos y ver lo que está ocurriendo por todas partes del territorio: las sequías, las inundaciones, las olas de calor, los incendios, la amenaza a nuestro litoral, a nuestras especies… Son datos reales que ya están aquí. La técnica del avestruz no sirve. Tenemos que hacer un gran pacto.

El presidente del Gobierno ha propuesto un pacto de Estado contra el cambio climático, pero el PP ya lo ha rechazado y Vox, la tercera fuerza política, directamente niega que el cambio climático exista. ¿Cómo piensan sacarlo adelante?

No solo creo que es posible, es necesario. Necesitamos anticiparnos, estar mejor preparados ante estas emergencias. Por eso buscamos un pacto de Estado que también sea un pacto social, con la intervención y la participación de la comunidad científica, de la sociedad civil, los sindicatos, las empresas, las organizaciones ecologistas, el sector primario, además de las administraciones, claro. La Administración General del Estado, por supuesto, pero también las administraciones autonómicas, las provinciales y las locales.

Desde el anuncio del Presidente, numerosas asociaciones, colectivos, sindicatos y asociaciones empresariales se han mostrado dispuestas.

Le preguntaba por la pata política, con la que pueden tener más problemas que con las organizaciones sociales.

Creo que con las fuerzas políticas también hay que apelar a la responsabilidad. Esto es una respuesta para todos los ciudadanos y para muchos años, que trasciende legislaturas. Esperamos altura de miras de todos los grupos políticos.

El Partido Popular ha hablado de “cortina de humo”, no ha dado una negativa a algo que todavía tiene que ser trabajado. Un 'no' no me parece una respuesta posible en este contexto. Es un pacto que es presente y futuro de este país. Y quien diga que no se va a arrepentir.

¿Cuándo tienen pensado poner esta propuesta sobre la mesa?

Vamos a ser lo más ágiles posible. El presidente ya ha anunciado la convocatoria de la comisión interministerial para comenzar a trabajar. Y esperamos que todas las fuerzas sociales, pero también las políticas y las comunidades autónomas y entidades locales se sumen a esta agenda de propuestas.

¿Ya hay previsto un presupuesto para este pacto?

Como con todos los pactos, va a ser necesario un esquema económico que haga que funcione.

Un país en emergencia, con incendios que afloran por distintas partes del territorio, requiere que todos seamos responsables a la hora de pedir recursos

¿Y eso es posible con unos presupuestos prorrogados?

Hablamos de un pacto que trasciende legislaturas.

¿Cómo calificaría la coordinación del Gobierno central y las comunidades autónomas afectadas por los incendios?

Me gustaría destacar el extraordinario trabajo de los técnicos. Lo que recibo de los equipos del Ministerio es que hay una buena coordinación, un buen trabajo entre los equipos técnicos a la hora de gestionar los refuerzos que llegan desde el Gobierno de España para ayudar a quienes tienen las competencias y coordinan las labores de extinción, que son las comunidades autónomas.

Precisamente, ha habido quejas de responsables autonómicos sobre el envío de medios. ¿Se mandó todo lo que pedían?

Las solicitudes deben hacerse desde el rigor técnico y desde la responsabilidad. Un país en emergencia, con incendios que afloran por distintas partes del territorio, requiere que todos seamos responsables a la hora de solicitar recursos, y sobre todo a la hora de coordinarlos y gestionarlos. Lo que ha hecho el Gobierno de España es poner todos los recursos disponibles, de la mano de las comunidades autónomas, y además ayudar a ese mecanismo europeo de Protección Civil que está funcionando de manera excelente.

¿Se pidieron imposibles, como sugirió la directora de Protección Civil, Virginia Barcones, a la que el diputado del PP Elías Bendodo llamó “pirómana”?

La directora de Protección Civil está todos los días, a todas horas, a la cabeza de esa coordinación por parte del Gobierno de España. Cuando ella hace esa afirmación, tiene toda la información disponible para decir que no se pueden pedir imposibles, sino que hay que pedir cosas que sean eficientes y que realmente vayan a lo que se necesita.

Por Virginia Barcones siento un enorme respeto y agradecimiento. Su dedicación absoluta y total resulta admirable. Sobre ese calificativo... hago un llamamiento a que hagamos todos un esfuerzo por estar a la altura de lo que ciudadanía espera de nosotros.

¿Hay medios suficientes para atender esta situación?

Desde el Ministerio hemos dado respuesta a todas las peticiones que se nos han hecho de los recursos de los que disponemos. Hablamos de las brigadas de refuerzo en incendios forestales. Las competencias en prevención y en extinción son de las comunidades, y nuestras brigadas refuerzan esa acción. Además de las BRIF han estado a disposición 56 medios aéreos y seguimos trabajando en esa coordinación de todos y cada uno de los medios técnicos y humanos que aportamos.

¿La coordinación funciona a nivel técnico pero se muestra como fallida en las declaraciones políticas?

Lo que estoy escuchando estos días genera ruido y distorsión, y lo que necesitamos ahora es lo contrario: unidad y conseguir apagar los incendios lo antes posible. Los técnicos son los protagonistas, a los que tenemos que dedicar el máximo reconocimiento por ese trabajo en primera línea de fuego, de forma coordinada y unida. Eso es lo que puedo compartir hoy.

¿Ve similitudes en esta situación de reproches políticos con lo que sucedió durante la dana de Valencia?

Ante esta emergencia climática, la ciudadanía necesita altura de miras de los políticos, unidad, colaboración y trabajo. Y estoy convencida de que es lo que vamos a hacer ahora. En cuanto los incendios estén controlados y estabilizados, habrá que hacer un análisis en profundidad de qué ha ocurrido, como pasó también con la dana, y asumir cada uno lo que le toca para que no vuelva a ocurrir.

Nuestra función principal es proteger a las personas, los ecosistemas, conservar nuestro patrimonio. Tendremos que hacer una reflexión profunda, pero ahora mismo debemos dirigir todos nuestros esfuerzos a la extinción.

España sigue gastando mucho en extinguir fuegos y menos en intentar que no ocurran. De hecho, la Fiscalía de Medio Ambiente indaga en si hay relación entre los incendios y la falta de planes de prevención.

En 2022 aprobamos un Real Decreto en el que ya no hablábamos solo de prevención en materia de emergencia y protección civil, sino también de vigilancia y extinción por parte de las comunidades autónomas. Se definían unas planificaciones anuales, que deben ser publicadas cada mes de octubre y tienen que ser actualizadas de manera transparente para toda la ciudadanía. Y está ocurriendo, pero no de la misma manera en todas las comunidades autónomas. Cuando acabe esta emergencia también tendremos que analizar cómo se están comportando cada una de las autonomías.

En España tenemos más de 28 millones de hectáreas forestales, de las cuales casi 19 millones son de superficie arbolada. Somos el tercer país a nivel europeo en este sentido. Es un extraordinario patrimonio que hay que conservar y cada comunidad autónoma tiene que ser capaz de dimensionar lo que necesita, tanto en prevención como en extinción.

Aunque la prevención es competencia de las autonomías, ¿hace falta un marco jurídico más fuerte que garantice el cumplimiento de unos mínimos?

Tenemos marcos de planificación, tenemos objetivos, hemos desarrollado muchísimas normas. Lo que hay que hacer, insisto, es que todo el mundo las cumpla.

¿Qué es lo que se ha hecho desde su Ministerio?

A pesar de no tener competencias, hemos destinado más de 200 millones de euros a las comunidades autónomas para gestión forestal. Y hemos apostado por la bioeconomía, porque no podemos olvidar que el 72% de la superficie forestal de España es propiedad privada, por lo cual tenemos que lograr que esa utilización de recursos funcione en el territorio, que atraiga a población en esas zonas rurales.

Los bomberos forestales nos protegen y los tenemos que proteger: dignificar la profesión, darles las condiciones necesarias. Y eso es lo que hemos hecho. Creo que es un buen momento para que las comunidades autónomas hagan lo mismo

Cuando llegamos al Gobierno en 2018 se invertían 90 millones de euros para prevención y extinción. Este año es prácticamente un 50% más: 134 millones, y va creciendo cada año porque entendemos que el cambio climático se acelera y eso requiere acelerar también las políticas y las inversiones. Entre 2024 y 2025, la inversión en extinción se incrementó un 29% y en prevención, un 25%.

Además, hemos mejorado las condiciones de nuestros bomberos forestales, y hemos invertido en recursos para que puedan realizar mejor su labor, que es tan importante.

¿Es sostenible un sistema en el que haya tantas diferencias entre las condiciones de los bomberos forestales autonómicos y los que dependen del ministerio de Transición Ecológica?

No solo no es sostenible, sino que no debería ocurrir. Hay que reconocer su labor fundamental, dotarles de las mejores condiciones de trabajo y de protección. Es lo que hemos hecho en el Ministerio. En 2019 dejaron de ser peones para ser bomberos forestales. Eran estacionales y ahora trabajan los 365 días del año. Eso hace que sean cuerpos más profesionalizados, que se puedan dedicar tanto a la prevención como a la extinción, colaborando y actuando de apoyo a las comunidades autónomas. Pero además, hemos conseguido ese convenio que acaba de ser publicado, que mejora sus condiciones, tanto las salariales como de conciliación y el reconocimiento de sus misiones.

Las Brigadas de Refuerzo (BRIF) que dependen del Ministerio son una pequeña parte de los bomberos forestales. En las comunidades muchos no tienen esa categoría, ganan la mitad del salario, tienen una altísima temporalidad o están directamente contratados por empresas privadas. Si en lugar de bomberos estuviéramos hablando de médicos, estas diferencias nos escandalizarían.

Tenemos que tener muy claro que los bomberos forestales son fundamentales, nos protegen y los tenemos que proteger: dignificar la profesión, darles las condiciones necesarias. Y eso es lo que hemos hecho. Creo que es un buen momento para que las comunidades autónomas hagan lo mismo.

Hablaba antes de nuestro patrimonio en masa forestal. Hay quienes defienden que hay un exceso, y que debería haber más quemas controladas. ¿Está de acuerdo?

Ese combustible, que es la vegetación, tiene que estar cuidado, tiene que permitir caminos para que puedan acceder los equipos en caso de incendios, no solo cortafuegos, requiere desbroces... ¿Y eso cómo se consigue? Con una buena gestión forestal, promocionada por los gobiernos, en este caso autonómicos, a través de incentivos y medidas.

Uno de los argumentos que escuchamos repetidamente estos días es que las leyes o la burocracia impiden a la gente del campo hacer tareas de limpieza. ¿Hay algo de cierto?

Que la Agenda 2030 es un freno y hace que no se puedan limpiar los bosques es uno de los mayores bulos que he escuchado y que sigue aflorando en distintos medios. La Agenda 2030 de Naciones Unidas tiene grandes objetivos: erradicar la pobreza, el hambre, que haya igualdad en la educación de niños y niñas, proteger nuestros ecosistemas, luchar contra el cambio climático. ¿Quién puede estar en contra de esto? En cualquier caso, la agenda 2030 no hace las normas ni hace las planificaciones, que son autonómicas. Y que además dicen justo lo contrario: que hay que limpiar los montes y gestionarlos.

¿Qué opina de las declaraciones de dirigentes del Partido Popular y Vox en las que hablan de "terrorismo incendiario"?

Hay incendios por causas naturales, hay negligencias, y también hay incendiarios, es decir, personas que provocan estos fuegos. Pero lo importante es que esos incendios tienen mayor virulencia, son mucho más grandes por las condiciones de temperaturas, de sequías, de falta de gestión y de falta de ese cuidado desde el medio rural.

Quería aprovechar para preguntarle por el apagón que se produjo el 28 de abril. Se espera que el informe europeo se publique en octubre. ¿Espera que sus conclusiones sobre las causas vayan en línea con las del Gobierno?

La información que ha publicado esta misma semana ese panel de expertos va totalmente alineado con el informe que se aprobó en el Consejo de Seguridad Nacional y por lo tanto, lo que espero ver en octubre será unas conclusiones muy parecidas, y recomendaciones que siempre son bienvenidas. Desde el primer momento llamamos a una Investigación más allá de nuestras fronteras.

¿Cuánto va a costar a los consumidores la operación reforzada en la que está el sistema desde el apagón?

La operación reforzada en la que está el sistema es una decisión tomada por el operador del sistema para dar seguridad. Lo que estamos viendo es que para un país como España, que tiene grandes recursos renovables, no está significando un incremento sustancial en las facturas. Lo que sí es cierto es que la decisión sobre si tiene que ser o no reforzado está en manos del operador del sistema. Estaremos muy pendientes.

Las ayudas a las que puedan acogerse los agricultores del entorno de Doñana para dejar de cultivar y reducir así el consumo de agua del acuífero que nutre al emblemático parque natural están ya perfiladas. El Boletín Oficial del Estado publica este viernes la Orden por la que se aprueban las bases para solicitar esas subvenciones, que podrán llegar a los 100.000 euros en Doñana (contando la aportación autonómica y provincial) y abonará (hasta 70.000 euros) la Fundación Biodiversidad, adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica, en régimen de concurrencia competitiva.

El objetivo es “fomentar actuaciones dirigidas a la renaturalización y restauración ecológica en el ámbito agrario y forestal”, según el título de la propia Orden, firmada por Sara Aagesen, Ministra para la Transición Ecológica. En realidad, se trata de una subvención abierta a todo el Estado, pero articulada con un ojo (o los dos) puestos en Doñana. La finalidad es rebajar la presión que el riego ejerce sobre el acuífero subterráneo bajo el humedal.

La ministra anunció que ya había firmado la Orden este miércoles, durante una visita a San Fernando (Cádiz), pero faltaba aún plasmarla en el Boletín Oficial. La Orden sienta las bases de las ayudas para la reconversión de cultivos en todo el Estado, pero habrá que esperar a las sucesivas convocatorias para hacer efectivas las subvenciones. La expectativa es que la primera convocatoria específica para Doñana se publique durante el mes de octubre.

En total, serán 28,5 millones de euros en ayudas, que permitirán obtener hasta un total de 200.000 euros por hectárea durante un periodo mínimo de un año y máximo de doce años a quienes abandonen el cultivo y reviertan el uso del suelo a forestal durante al menos cinco años tras el fin de la subvención. En el caso de Doñana, esa cuantía está limitada a 100.000 euros por hectárea en el marco de actuaciones perfilado en 2023 por el Gobierno. La cantidad se desglosa en 70.000 que aportará el Gobierno central (7.000 por año durante una década), 20.000 de la Junta de Andalucía y 10.000 de la Diputación de Huelva, si bien la aportación autonómica y provincial está limitada a los cultivos de la Corona Norte. Estas cuantías requieren el mantenimiento del uso forestal durante al menos 30 años.

Si se opta por cambiar invernaderos por cultivos de secano (vid, olivo, almendro...), la subvención será de 2.500 euros por hectárea. Y otra posibilidad adicional es pasarse a la agricultura ecológica durante al menos cinco años a cambio de 1.000 euros por hectárea.

Las ayudas son el principal sostén económico del Pacto de Doñana que sirvió para desactivar la polémica proposición ley autonómica impulsada por el grupo popular y Vox en el Parlamento andaluz a comienzos de 2022. La proposición de ley fue suspendida, pero no retirada, tras el pacto entre la entonces ministra Teresa Ribera y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno. Sin embargo, la demora en ponerlas en marcha amenazaba ya la estabilidad de ese pacto, con Vox espoleando a los agricultores, entre los que ve un importante caladero de votos. Con esta Orden que regula las ayudas, anunciada por la ministra el miércoles y publicada hoy, el Gobierno confía en cortocircuitar esa vía.

La Orden, a la que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, articula las ayudas por dejar de regar con el objetivo, se dice, de contribuir a regular el régimen hidrológico y la calidad, cantidad y estado ecológico de unas masas de agua tan esquilmadas que la propia supervivencia de Doñana está amenazada.

Potencialmente, podrán beneficiarse personas físicas y jurídicas titulares de derechos reales sobre las parcelas, entidades sin ánimo de lucro dedicadas a actividades relacionadas con el I+D+I, organismos públicos de investigación, universidades públicas o agrupaciones. Se excluyen aquellas sobre las que haya recaído sentencia firme por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente o sanción administrativa firme, salvo que hayan cumplido con la sanción o sus responsabilidades derivadas de la sentencia antes de la “resolución definitiva de la convocatoria”.

Este punto es capital, porque el Ejecutivo central sostiene que no premiará a los agricultores que han regado sin permiso con unas ayudas con las que pagar sus multas. Un regante con un expediente abierto podrá solicitar estos incentivos, pero deberá tenerlo cerrado antes de recibir el dinero.

“Ecosistemas sostenibles” por cultivos

Las actuaciones subvencionables abarcan la forestación, creación de superficies forestales y su mantenimiento, excluyendo especies no autóctonas o de cultivo rápido. Las ayudas pueden cubrir hasta el 100% de los costes subvencionables, como materiales de plantación, maquinaria, estudios de viabilidad y planes de gestión forestal.

El Ministerio exigirá que “fomenten ecosistemas sostenibles, resilientes y ricos en biodiversidad”. “En particular, las actuaciones deben contribuir a prevenir o reducir riesgos asociados al cambio climático y deben promover la mejora de la resiliencia de los ecosistemas y su capacidad de adaptación a las proyecciones del cambio climático”, señala la Orden, que pide que la selección de especies, variedades, ecotipos y procedencias de los árboles tenga en cuenta la “necesaria capacidad de adaptación al cambio climático y a los desastres naturales”, las condiciones edafológicas e hidrológicas de la zona de que se trate y el posible carácter invasivo de las especies en condiciones locales.

Los beneficiarios se comprometen a ejecutar estas actuaciones subvencionadas, y a “mantener la forestación y uso forestal”, así como a “garantizar y mantener el uso forestal de la superficie” una vez terminado el periodo de ejecución de la subvención “durante un periodo no inferior a cinco (5) años, ni superior a cincuenta (50) años”. En caso de enajenación de la finca, los beneficiarios deberán solicitar una autorización previa, y el adquirente de la propiedad o demás derechos reales podrá asumir la obligación de destino de los bienes por el período restante, asumiendo el reintegro de la subvención en caso de incumplimiento.

Como serán subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, las solicitudes de ayuda que cumplan los requisitos podrán ser baremadas para establecer un orden de prelación: los criterios técnicos (diagnóstico inicial, propuesta de renaturalización, descripción de resultados) pesarán la mitad, y los estratégicos (alineación con los objetivos ambientales, alcance previsto, sinergias y cumplimiento de normativas y planes), la otra mitad.

La presentación de solicitudes se realizará de forma telemática a través de la página web de la Fundación Biodiversidad (www.fundacionbiodiversidad.es) por parte de persona representante de la agrupación, entidad o persona solicitante, en el plazo y forma que se determine en la convocatoria. Al formulario de solicitud se acompañará la documentación de carácter técnico del proyecto y relativa a las solicitantes que se especifique en cada convocatoria.

Azata del Sol, la promotora del Algarrobico, presentó este viernes in extremis un recurso de alzada contra el acuerdo de necesidad de ocupación de los terrenos donde se erige el macrohotel ilegal, en primera línea de la costa almeriense, lo cual deja en suspenso durante tres meses el procedimiento de expropiación y, en consecuencia, hace tropezar el plan del Gobierno para demoler el inmueble este año.

Esos tres meses, de acuerdo con la Ley de Expropiación Forzosa, es el plazo para estudiar el recurso interpuesto por la promotora ante el Ministerio de Transición Ecológica contra la declaración de interés social de los terrenos donde se ubica el Algarrobico, un trámite que era obligatorio para justificar su expropiación.

Si el recurso es desestimado, el proceso se reactivará -como muy tarde en noviembre- en la siguiente fase de justiprecio, donde las partes -Gobierno y empresa- tratarán de pactar un acuerdo amistoso sobre el coste de los terrenos expropiados. El plazo para negociar el precio es de 15 días.

Pero si, como parece previsible, no hay acuerdo entre las partes, los propietarios tienen 20 días para presentar su oferta, la administración tendrá otros 20 días para aceptarla o rechazarla, y en caso de rechazarla, el expediente pasará a manos de un Jurado Provincial de Expropiación, que puede dilatar su resolución otros tres meses.

La resolución del Jurado pone fin a la vía administrativa, pero también puede ser recurrida ante la jurisdicción contencioso-administrativa, lo cual enfangaría aún más un proceso que arrastra dos décadas de impotencia para restaurar la legalidad en los tribunales, con dos sentencias firmes desde 2018 (sin ejecutar) sobre la reclasificación del suelo y la nulidad de la licencia del símbolo del urbanismo desbocado.

19 años después de que un juez paralizara las obras de El Algarrobico, la inmensa mole de 21 plantas y 400 habitaciones, enclavada en mitad de una playa de Carboneras (Almería), en pleno Parque Nacional de Cabo de Gata, el ambicioso plan del Gobierno para expropiar los terrenos y acelerar el derribo -primero dijeron en “cinco meses”, luego “antes de que finalizara el año”- se ha estrellado con la misma tela de araña que rodea esta historia desde el principio.

Fuentes del Gobierno confirman a este periódico que Azata del Sol presentó el recurso de alzada a pocas horas de que expirase el plazo para frenar el proceso de expropiación, este sábado 2 de agosto. “Están en su derecho, pero prevalecerá el interés general frente a la aberración urbanística que es el Algarrobico. Ahora el MITECO resolverá el recurso y seguirá con los trámites previstos”, advierten.

El pulso Montero vs Moreno con Algarrobico al fondo

La expropiación parcial del Algarrobico y las expectativas de empezar a demoler el macrohotel almeriense este mismo verano entraban dentro de los planes del Gobierno hasta el viernes. El parón supone, sobre todo, un duro golpe para la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero que, en calidad de candidata in pectore a las próximas elecciones andaluzas, fue quien viajó hasta la playa de Carboneras para anunciar el plan de expropiación.

Montero personalizó e hizo suyo el compromiso de agilizar el derribo del Algarrobico y, en su entorno, pensaban que las picas y las excavadoras entrarían en el recinto del hotel a las puertas de la campaña electoral de las andaluzas, previstas para junio de 2026 si el presidente Juan Manuel Moreno no las adelanta.

El Gobierno central sólo tiene competencias para expropiar una parte de los terrenos y, por tanto, para derribar la mitad del macrohotel. La Junta de Andalucía puede hacer lo propio con la otra mitad, que es de su competencia. La hipótesis de ver una parte del Algarrobico demolido y otra en pie, a las puertas de una campaña electoral, era una imagen potentísima que unos y otros han tenido en la cabeza desde el principio.

El Gobierno de Moreno también entendió el plan de expropiación como un salvoconducto electoral para la candidata socialista y, desde el principio, se opuso frontalmente, hasta el jueves pasado, cuando anunció por sorpresa su personación en el procedimiento, alegando que en cinco meses no había sido informado de los avances.

Formar parte del proceso, en cualquier caso, permite a la Junta tener voz en la toma de decisiones y controlar los tiempos de su rival para que no capitalice (al menos en solitario) la ambiciosa foto de las máquinas derribando la mole de ladrillo. El anuncio de Montero con el Algarrobico al fondo había orillado la iniciativa política de Moreno, que también prometió en su día el derribo del inmueble. Ambos políticos forcejearon en la distancia por ese activo político.

24 horas antes de personarse en el proceso de expropiación, la consejera andaluza de Medio Ambiente, Catalina García, había ofrecido a la ministra Sara Aagesen un pacto bilateral de alto nivel, como el que desencalló el conflicto en Doñana por la polémica ley andaluza para amnistiar regadíos ilegales junto al Parque Natural, pero el Ministerio dio la espalda y respondió que la hoja de ruta ya estaba marcada y era la vía de la expropiación.

El ambiente de polarización y crispación política, agudizado por la cercanía de las elecciones andaluzas, ha imposibilitado un acercamiento entre Gobierno y Junta de Andalucía para finiquitar la historia del Algarrobico, llena de matices e incoherencias tanto de administraciones socialistas como populares.

Esta misma semana, nueve después de la sentencia que le obliga a consignar en su plan urbanístico que El Algarrobico está en suelo no urbanizable, el Ayuntamiento de Carboneras dio el paso definitivo (aparentemente), para cumplirla. Casi una década ha tardado el Consistorio en declarar en Pleno que los terrenos donde se asienta el edificio destinado a hotel, levantado entre 2003 y 2006 en la playa del mismo nombre, son no urbanizables de especial protección.

La vicepresidenta Tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha mandado una carta al consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, y al consejero de Endesa, José Bogas, en las que solo se abriría a revisar el calendario de cierre de las centrales nucleares siempre y cuando los costes sean asumidos por las compañías eléctricas, además de otras exigencias, según ha adelantado El País y ha confirmado elDiario.es.

La postura del Gobierno no es nueva. El pasado 7 de mayo durante la sesión de control al Gobierno, el presidente Pedro Sánchez llegó a llamar “lobistas amateur” de las grandes empresas energéticas a los diputados de PP y Vox y lanzó un mensaje explícito a esas compañías, a las que pidió una propuesta formal sobre el futuro de las centrales nucleares siempre y cuando asuman tres requisitos previos.

“Si las empresas acuerdan entre ellas otro calendario que prorrogue las centrales, las escucharemos como escuchamos a todos los sectores. Pero lo haremos siempre y cuando se cumplan tres requisitos de absoluto sentido común. El primero, que esa prórroga garantice la seguridad de los ciudadanos. Segundo, que sea económicamente viable y no sea a costa del bolsillo del contribuyente, sino de los ultrarricos que presiden esas grandes energéticas que son propietarias de esas centrales. Y tercero, que la medida sea conveniente para garantizar la seguridad del sistema eléctrico”, dijo entonces el presidente del Gobierno.

Son las mismas exigencias que ahora la ministra Aagesen ha trasladado a los CEO de las dos compañías eléctricas en su carta. La misiva de la ministra de Transición Ecológica responde a otra carta que enviaron en junio los directivos en las que se recogía una propuesta de Iberdrola y Endesa para extender la vida útil de las centrales nucleares. Entonces el Ministerio afirmó que que se trataba de una mera “declaración de intenciones” y no una “petición formal”, que no incluía al resto del sector y que iba “en perjuicio de consumidores y ciudadanos”.

Entonces fuentes del Ministerio explicaron que habían recibido “una carta relativa a la prolongación de la vida útil de varias centrales nucleares de Endesa e Iberdrola que no firman ni Naturgy ni EDP, las otras dos compañías firmantes del Protocolo de cierre de 2019” con el que se pactó un apagón progresivo de los reactores que empezaría con el cierre del primer grupo de la central de Almaraz (Cáceres) en 2027 y se prolongaría hasta 2035.

Transición Ecológica subrayó que dicha carta de las eléctricas “no cumple con las tres líneas rojas establecidas por el Gobierno para tramitar una petición formal (la carta no lo es)”: esas tres premisas, recuerda Transición Ecológica, son “que haya seguridad para las personas”, que se garantice la seguridad de suministro y “que no suponga un mayor coste para los ciudadanos”.

En su intervención en el Congreso el presidente del Gobierno quiso dejar claro que fueron las empresas las que tomaron la iniciativa en su día para concretar el calendario de cierre. Y que hasta ahora ninguna de ellas ha movido un dedo para prolongar la actividad de las centrales programadas para el cierre porque, aseguran fuentes del Ejecutivo, ni siquiera esas empresas tienen claro si resulta rentable. Y de ahí que Sánchez insistiera en que los planes de su Gobierno no pasan por asumir el coste de las inversiones necesarias ni tampoco que esos costes repercutan en la factura de la luz.

La intervención del presidente fue pocos días después del apagón del 28 de abril. el líder del Ejecutivo hizo una defensa encendida de las energías renovables, a las que mantuvo al margen de la crisis de la semana pasada. “El 28 de abril nuestro sistema operaba con niveles de renovables inferiores a los de otros días anteriores. El asunto es un poco más complejo, por no decir mucho más complejo. Vincular el debate a las nucleares es irresponsable y una gigantesca manipulación”, aseguró.

Las eléctricas piden que les rebajen los impuestos

Las empresas llevan meses planteando que se retrase el cierre, pero exigen una bajada tanto de la tasa Enresa como de los impuestos que pagan las centrales a los Gobiernos autonómicos de Extremadura y Catalunya (Valencia acaba de anunciar su eliminación) Y a la Administración central.

Transición Ecológica sigue, por tanto, a la espera de que las eléctricas a que planteen una propuesta formal si quieren que se revise el calendario de cierre que acordaron en 2019, antes de la guerra en Ucrania y de la mayor crisis energética en décadas. Lo más inmediato es el futuro de la central de Almaraz (Cáceres), cuyo primer grupo está previsto que cierre en noviembre de 2027, mientras que la unidad 2 cerraría en octubre de 2028. Su futuro depende en primer lugar de que se pongan de acuerdo sus propietarias, Iberdrola, Endesa y Naturgy (cuyo negocio nuclear es residual).

De entrada, y ante los bajos precios del mercado mayorista de electricidad que han traído consigo las renovables que hacen muy difícil que los reactores operen en el mercado, las eléctricas exigen algo que el Gobierno rechaza, porque entiende que sería una socialización del problema: que se reduzcan los impuestos a los reactores. Tanto las tasas estatales, como las autonómicas, que suponen unos 18 euros por megavatio hora (MWh) producido, como la denominada tasa Enresa, que nutre el Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos.

Con esa tasa con la que esta empresa pública recaudó el año pasado 600 millones, los reactores financian (mientras funcionan) el fondo que debe sufragar el coste del desmantelamiento y de la gestión de los residuos nucleares, estimado en 26.000 millones. El fondo, que las eléctricas alimentan desde 2005 (hasta entonces lo pagan los consumidores en su tarifa) acumulaba a cierre de 2023 (último dato disponible) 8.000 millones.

Las compañías han recurrido en los tribunales la subida del 30% de esa tasa que el Gobierno aprobó el año pasado para sufragar un nuevo plan de residuos radiactivos que estaba caducado desde 2010 y que se adaptó a la nueva realidad: ante la falta de consenso para construir el almacén temporal centralizado (ATC) en ninguna comunidad autónoma, los residuos nucleares se van a dispersar en siete almacenes individuales (ATIs), con el consiguiente sobrecoste (de unos 2.000 millones). Todo ello, a la espera de un almacén geológico profundo (AGP) para el último tercio de este siglo donde se enterrará esa basura radiactiva que mantiene su peligrosidad durante decenas de miles de años.

Conflicto en el seno del Ejecutivo

La postura de Transición Ecológica, sin embargo, abre un nuevo conflicto entre los socios de Gobierno. La vicepresidencia Segunda, Yolanda Díaz, ha recalcado que rechaza la extensión de la vida de la centrales nucleares. Díaz explica que “alargar la vida útil de las nucleares significa no dejar espacio suficiente para el imprescindible despliegue de las energías renovables en nuestro país. Es imprescindible recordar que España está siendo uno de los lideres mundiales en la transición energetica con excelentes resultados económicos y de creación de empleo”.

También insiste que la nuclear “no es una energía flexible y por lo tanto no es ninguna solución a los problemas derivados del apagón de hacer unos meses”. Por otro lado añade que “alargar el calendario de cierre significa incumplir los compromisos adquiridos con inversores en renovables que han tomado decisiones en base a un calendario acordado” e incumplir “el acuerdo de gobierno de coalición”.

La Generalitat de Catalunya también ha pedido a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que “valore” la posibilidad de intervenir Eléctrica del Montsec, pequeña distribuidora en Lleida que acumula una retahíla de graves incumplimientos y sanciones, y a la que la vicepresidenta tercera del Gobierno ha puesto ya la máxima multa posible, abriendo la vía a esa posible inhabilitación.

El Gobierno de Salvador Illa se suma así a la petición que realizó al Gobierno en 2023 el regulador del sector, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El requerimiento a la Administración central para que adopte “medidas extraordinarias” está recogido en un escrito remitido el 3 de julio por el Síndic de Greugues catalán (equivalente al Defensor del Pueblo) a Joan Manel Marín, representante de un grupo de afectados por las prácticas de esta empresa.

La misiva indica que la Generalitat ha dado “traslado de la situación” de los reiterados incumplimientos de esta empresa al ministerio, en sendos escritos de marzo de 2024 y febrero de este año, para que “como la autoridad competente en materia de planificación y control del sistema eléctrico a escala estatal, valore la posible aplicación del artículo 7.6 de la Ley 24/2013, que prevé la intervención directa de una empresa eléctrica en aquellos casos en los que se considere que existe un riesgo cierto para el mantenimiento del suministro”.

En concreto, ese artículo de la Ley Eléctrica indica que cuando el incumplimiento de las obligaciones de los sujetos del sector “pueda afectar a la continuidad y seguridad del suministro”, el Gobierno central “podrá acordar la intervención de la correspondiente empresa de acuerdo con lo previsto en el artículo 128.2 de la Constitución, adoptando las medidas oportunas para ello”. La Carta Magna faculta al sector público a “acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”.

El citado artículo de la Ley del Sector Eléctrico señala que “serán causas de intervención de una empresa”, entre otras, “la gestión irregular de la actividad cuando le sea imputable y pueda dar lugar a su paralización con interrupción del suministro a los usuarios”, algo que, por ejemplo, sucedió la pasada Semana Santa, en plena afluencia de turistas a la zona. Otro supuesto es “la grave y reiterada falta de mantenimiento adecuado de las instalaciones que ponga en peligro la seguridad de las mismas”.

No obstante, algunas fuentes interpretan que ese artículo da prioridad a la intervención por parte de la Comunidad Autónoma. Se señala que “en estos supuestos, si las empresas que desarrollan las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica lo hacen mediante instalaciones cuya autorización sea competencia exclusiva de una Comunidad Autónoma”, como el caso de Eléctrica del Montsec, “la intervención será acordada por ésta, salvo que esté en riesgo la seguridad de suministro, en cuyo caso, también podrá ser acordada por el Gobierno”.

La Generalitat se basa en una disposición de la Ley Eléctrica diferente a la que expuso la CNMC hace ya dos años para plantear la intervención de esta distribuidora. El denominado 'súperregulador' apeló a las “sanciones accesorias” a las multas económicas que contempla el artículo 68 de esa norma. En octubre, Transición Ecológica impuso la máxima multa que permite la legislación, de escaso importe por la baja facturación de la empresa, como paso previo a esa posible inhabilitación.

El escrito del Síndic de Greugues indica que la Dirección General de Energía de la Generalitat “ha desplegado todas las actuaciones que el marco normativo le permite, en ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en materia de inspección y supervisión de la red eléctrica”, con la imposición de una sanción de 95.000 euros el 24 de mayo de 2024 por dos infracciones graves de la Ley del Sector Eléctrico.

“Pese a los reiterados requerimientos relacionados, la compañía no ha aportado respuesta ni ha acreditado la corrección de los incumplimientos detectados, evidenciando una falta de colaboración con las autoridades administrativas que dificulta cualquier acción correctora adicional desde el ámbito autonómico”.

El Síndic da por “concluidas” sus actuaciones y ha archivado el expediente. El escrito lo firma el independentista Jordi Sánchez, ex secretario general de Junts, el partido al que pertenece la alcaldesa de Àger, Mireia Burgués. Ex diputado en el Congreso y exlíder de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Sánchez, condenado en 2019 en el juicio al Procés e indultado posteriormente, es desde mayo de 2023 director de Derechos Sociales del Síndic de Greuges, del que fue director general adjunto ya entre 2010 y 2015.

Más de 1.300 clientes

Entre el cruce de cartas y sanciones, los más de 1.300 clientes de Eléctrica del Montsec en los municipios ilerdenses de Àger, les Avellanes i Santa Linya, Camarasa y Os de Balaguer, en la comarca de La Noguera, siguen al albur de años de abandono y falta de inversión por parte de esta empresa, con recibos inflados y por duplicado, facturas elaboradas a mano, nulo mantenimiento, riesgo de incendios y sin servicio de atención al cliente. Ante la posibilidad de que el proceso burocrático empantane en los tribunales, el sector no descarta una venta de la empresa a un operador que cumpla sus obligaciones.

El pasado lunes se celebró una reunión de alcaldes de la zona con representantes de la Generalitat, que no comenta este asunto. El representante de varios afectados explica que les han comunicado que se va a volver a enviar a inspectores para redactar un acta de las deficiencias técnicas del servicio que presta. “Eso ya lo han hecho tres o cuatro administraciones”, se lamenta Marín.

Los afectados se están organizando para presentar una demanda colectiva y plantear una reclamación de daños. Entre las alternativas que se barajan es exigir la responsabilidad patrimonial de la Administración. Algunas fuentes del proceso aseguran que la resolución de este embrollo es inminente.

Por lo pronto, el próximo sábado los vecinos prevén celebrar una reunión informativa para analizar la situación y posibles medidas de presión. Desde este fin de semana, se celebra el campeonato mundial de ala delta en Àger, un santuario para la práctica de este deporte, que está previsto que reúna a 149 pilotos procedentes de 32 países. Harto de esta situación, Marín no descarta “armar algún follón para que se vea cómo nos defienden los representantes públicos”.

El propietario de esta empresa es el octogenario Antonio Soler Lletjós. Vinculado a una familia con un negocio de ferretería en la zona, fue acusado por la Fiscalía de una supuesta estafa agravada “deliberada” de 1,5 millones a la red eléctrica por las múltiples irregularidades que detectó la CNMC. En el juicio celebrado en febrero de 2024, el Ministerio Público pidió para él una condena de siete años de prisión, una multa de 4,5 millones para la empresa y una indemnización de 1,5 millones. Quedó en nada: la Audiencia Provincial de Lleida determinó que era una infracción administrativa ya sancionada, y no un delito.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico mueve ficha ante el calvario que sufren los clientes de Eléctrica del Montsec, pequeña distribuidora catalana que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pidió al Gobierno inhabilitar en 2023 por graves incumplimientos de la normativa sectorial.

La alternativa de la inhabilitación, según fuentes del sector, está ya sobre la mesa del departamento que dirige la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, que según fuentes del ministerio “ha sancionado en numerosas ocasiones a Eléctrica del Montsec por su reiterado incumplimiento de la legislación”. “La última vez fue en octubre de 2024”, cuando la actual ministra era todavía la secretaria de Estado de energía. Entonces, elDiario.es informó de que esta empresa, radicada en el municipio ilerdense de Àger, estaba cobrando por duplicado a sus clientes.

Transición Ecológica impuso entonces a la empresa “la sanción máxima que autoriza la normativa, del 10% del negocio anual de la compañía”, y “está estudiando medidas adicionales para asegurar la seguridad de suministro de los consumidores finales”, indica el ministerio.

La inhabilitación figura entre las “sanciones accesorias” a las multas económicas que contempla el artículo 68 de la Ley del Sector Eléctrico y que la CNMC pidió aplicar hace ya casi dos años. Para las infracciones “muy graves”, la norma prevé la inhabilitación por hasta tres años, entre otras penalizaciones adicionales a la multa por infracciones muy graves. Esta puede ser de entre 6 y 60 millones de euros, si bien “en cualquier caso la cuantía de la sanción no podrá superar el 10 por ciento del importe neto anual de la cifra de negocios del sujeto infractor”. El último año en el que Eléctrica del Montsec presentó cuentas en el Registro Mercantil, 2020, no facturó ni medio millón de euros.

Fuentes del sector indican que, ante la posibilidad de que el proceso acabe empantanado en los tribunales, otra alternativa es la compra de Eléctrica del Montsec por parte de otro operador que sí cumpla sus obligaciones de calidad del servicio, comprometiéndose a regularizar y actualizar los activos de la empresa, con líneas, contadores y sistemas informáticos adecuados.

A estas alturas, tras años de incumplimientos y gravísimas irregularidades, no es exagerado referirse a esta pequeña distribuidora como la eléctrica de los horrores. Un resumen de la situación actual es la carta que remitió hace unas semanas el Síndic de Greuges de Catalunya [equivalente allí al Defensor del Pueblo] a la consellera de Territorio, Vivienda, Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, recopilando las “diferentes quejas sobre el funcionamiento, la gestión y el servicio prestado” por esta empresa.

La primera, que “aunque factura como comercializadora, no está inscrita en el registro como tal, sólo como distribuidora, lo que es contrario a la ley. En muchos casos, no ha procedido a la sustitución de los contadores antiguos” por los digitales, que permiten la discriminación horaria y en España son obligatorios desde el 31 de diciembre de 2018. Los consumos que factura “no son reales”.

Además, continúa la misiva, “parece ser que no dispone de ningún sistema informatizado de facturación”. “Lo hace manualmente, lo que comporta no pocos errores e incrementos de facturación incoherentes”. “Los precios por cada período no varían en función de la evolución del mercado”, que en España se factura por horas (y dentro de poco, cada cuarto de hora), “sino que se mantienen estables” y lo hacen “asignando consumos exagerados, justamente en la tarifa más alta y muy fuera de mercado”.

Además, se sospecha que, por impagos a un proveedor informático, Eléctrica del Montsec “ha perdido la base de datos de los abonados y, por tanto, no puede facturar”. Esto explicaría que “algunos abonados” lleven “desde el mes de diciembre” sin recibir facturas, dice la carta.

La cosa no acaba ahí: “Desde el punto de vista de la red, hay una desatención de ésta, lo que comporta riesgo de incendio y cortocircuitos, peligrosos tanto para personas, inmuebles y naturaleza” en un entorno de gran valor natural. “A menudo” se producen “subidas de voltaje y cortes de suministro” que han provocado averías de electrodomésticos de las que “nadie se hace cargo”.

“Otro problema añadido” es la inexistente atención al cliente. “Los teléfonos, el correo electrónico y la dirección de la compañía que figura no están operativos”, lo que supone “una irregularidad muy grave”. Por último, a los clientes que han invertido en instalaciones de autoconsumo “no sólo no les abonan la energía que vierten a la red, sino que les siguen facturando como antes”.

Fuentes del sector apuntan otra grave irregularidad: tampoco pagan la electricidad recibida por los productores. La empresa atiende más de 1.300 puntos de suministro en los municipios ilerdenses de Àger, les Avellanes i Santa Linya, Camarasa y Os de Balaguer.

“Cables pelados que emiten chispas”

“Muchos de los afectados aún tenemos que enviar fotos de la lectura de los contadores, para que manualmente se haga la discriminación horaria a ojo, con numerosos errores, como el de una usuaria, vecina ocasional, que recibió una factura superior a los 11.000 euros, por citar solo un ejemplo de los muchos errores, duplicidades de facturas, etc…”, relata Joan Manel Marín de Bes, que ejerce como portavoz de decenas de afectados.

“Más grave es la falta de mantenimiento de las líneas e instalaciones, con cables pelados que emiten chispas y solo la Providencia sabe por qué no ha habido un incendio aún”, añade.

La historia de incumplimientos de Eléctrica del Montsec es larga, aunque con sanciones poco relevantes dada su escasa cifra de ventas.

Ya en 2016 Competencia la multó por no presentar las ofertas de compra necesarias para desarrollar actividades de comercialización. En junio de 2018, tras exigir vecinos de la zona medidas por riesgo de incendios y denunciar la falta de inversión, la CNMC inicia una inspección en la que comprueba que declaran ser dueños de activos ajenos de alta tensión, cobrando por ello a todos los consumidores de luz. También detecta que venden electricidad directamente a usuarios finales, algo prohibido a las distribuidoras; que no compran la energía que suministran; y que no comunican los consumos a Red Eléctrica, lo que impide calcular los desvíos generados por la energía consumida no adquirida.

Otra inspección iniciada en octubre de 2019 detecta que carecen de un concentrador de medidas, el dispositivo al que deben enviarse los consumos de todos los contadores de la zona de una distribuidora. Esta irregularidad, según una fuente del sector, impide que ninguna empresa pueda leer los consumos de los clientes en esa zona. Por eso Eléctrica del Montsec tiene todavía esa cartera de más de 1.000 abonados “cautivos” pese a su historial de abandono y quejas.

En noviembre de 2022 otra inspección revela que no declaran por peajes y cargos a la CNMC “una parte considerable de la energía” que suministran. Todas estas irregularidades llevan al organismo a incoar en mayo de 2023 otro expediente sancionador por no instalar el concentrador secundario, ni remitir datos al operador del sistema [Red Eléctrica], e incumplir la obligación de gestionar las verificaciones de los contadores. Ese es el expediente que remite al ministerio y que deriva en la sanción impuesta en octubre pasado.

El propietario de esta empresa es el octogenario Antonio Soler Lletjós. Vinculado a una familia con un negocio de ferretería en la zona, fue acusado por la Fiscalía de una supuesta estafa agravada “deliberada” de 1,5 millones a la red eléctrica por estos hechos. En el juicio celebrado en febrero de 2024, el Ministerio Público pidió para él una condena de siete años de prisión, una multa de 4,5 millones para la empresa y una indemnización de 1,5 millones. Quedó en nada: la Audiencia Provincial de Lleida determinó que era una infracción administrativa ya sancionada, y no un delito.

En 2020, Competencia ya les multó con otros 63.000 euros por otra infracción grave, no separar sus actividades de distribución y comercialización. La resolución explicaba que Eléctrica del Montsec “se dedica a tres actividades diferentes mediante una única persona jurídica”: inmobiliario, distribución y comercialización de luz, según sus estatutos, que datan de 1991, cuando no era obligatorio aún tener actividades separadas.

El análisis de la contabilidad de inspección comprobó “que los bienes inmuebles que constan en el activo de la empresa, suponen un porcentaje significativo en el inmovilizado total” y que no se utilizan para distribuir electricidad, puesto que “no cuenta con oficinas de atención a los usuarios y la sede social de la empresa (lugar donde se realizó la inspección) es una vivienda”.

Antonio Soler figura vinculado a negocios inmobiliarios o de turismo y hostelería. El último rumor en Àger es que está vendiendo la vivienda en el centro del pueblo que albergó durante años la sede de su empresa y está comprando terrenos en el Caribe. El empresario aparece vinculado a una compañía en República Dominicana, Eleccaribbean Company. Se dedica a importar aparatos electrónicos y baterías.