Hace dos años, una llamada de Microsoft abrió una negociación que la familia Garza nunca imaginó que acabaría en una expropiación. Los propietarios de una de las parcelas sobre las que se levantará el futuro campus de centros de datos de la multinacional estadounidense en Zaragoza rechazaron vender sus terrenos junto a Puerto Venecia por entre 25 y 30 euros el metro cuadrado y hoy denuncian que el procedimiento impulsado por el Gobierno de Aragón fija una valoración de alrededor de dos euros por metro.

“Nos llamaron por primera vez hace dos años y pidieron confidencialidad”, relata Ana Garza, una de las afectadas. Según explica, la familia rechazó entonces la oferta porque consideraba que el precio no se correspondía con el valor de unos terrenos situados junto a Puerto Venecia, el mayor centro comercial de Zaragoza, y colindantes con Parque Venecia, uno de los barrios con mayor crecimiento urbanístico de la ciudad.. “Nos hablan de un proyecto prioritario para Aragón, pero al final la prioridad ha sido una empresa extranjera”, sostiene, en referencia al proyecto impulsado por Microsoft.

La negociación volvió a reabrirse en la primavera de 2025. “Nos hicieron una oferta similar y nos dijeron que, si no aceptábamos vender, acabarían expropiándonos”, asegura Garza. La familia volvió a negarse. Pocos meses después, en septiembre de 2025, el Gobierno de Aragón declaró de interés general el proyecto del campus de centros de datos de Microsoft e inició la tramitación del procedimiento expropiatorio. En enero de este año, los propietarios recibieron la convocatoria para el levantamiento de las actas previas a la ocupación de las fincas afectadas.

El Gobierno de Aragón considera el campus de centros de datos de Microsoft uno de los proyectos estratégicos de la legislatura. La multinacional prevé invertir 2.900 millones de euros en Aragón para desarrollar tres campus, uno de ellos junto a Puerto Venecia.

En total, el procedimiento expropiatorio afecta a unas 16,5 hectáreas de suelo destinadas al futuro campus tecnológico. Según la documentación del expediente, el justiprecio —la indemnización económica fijada por la Administración al expropiar un bien— varía en función del tipo de terreno y de las construcciones existentes, situándose entre los dos y los cinco euros por metro cuadrado en las parcelas afectadas. Una cifra que los afectados comparan con los 57 euros por metro cuadrado que Microsoft abonó en La Muela, donde el Ayuntamiento alcanzó un acuerdo para vender a la multinacional los terrenos necesarios para completar la ampliación del polígono Centrovía.

“Todo fue muy rápido hasta llegar al precio”

La familia explica que, en el marco del procedimiento expropiatorio, se incorporó al expediente una valoración pericial encargada por Microsoft que sitúa el precio de los terrenos en torno a dos euros por metro cuadrado. Los propietarios presentaron posteriormente su hoja de aprecio, paso previo a la fijación del justiprecio en caso de desacuerdo entre las partes. Sin embargo, aseguran que desde abril no han recibido ninguna comunicación por parte del Gobierno de Aragón sobre el estado del expediente. “Todo era prioritario, todo iba muy rápido, pero cuando llegó el momento de fijar el precio llevamos meses sin saber nada”, lamenta Garza.

El Gobierno de Aragón explica que el expediente se encuentra todavía en la fase de intercambio de hojas de aprecio. Según detalla, los propietarios presentaron sus valoraciones entre abril y junio y estas han sido trasladadas a Microsoft, como beneficiaria de la expropiación, para que formule su propia hoja de aprecio. Si ambas partes no alcanzan un acuerdo, el expediente se remitirá al Jurado Provincial de Expropiación para fijar el justiprecio.

Más allá del precio, los afectados cuestionan también el alcance del procedimiento. Según sostienen, la documentación del Plan de Interés General de Aragón (PIGA) prevé que los edificios del campus ocupen alrededor de 68.000 metros cuadrados, mientras que la expropiación afecta a unas 16,5 hectáreas. “Nos preguntamos qué ocurre con el resto del suelo y por qué se expropia toda esa superficie cuando el proyecto ocupa bastante menos”, afirma.

La familia critica además que no pudo participar en la tramitación del proyecto y considera que este se impulsó sin un grado de definición suficiente. En este sentido, recuerda que el propio Plan de Etapas incorporado al PIGA señala que las obras comenzarán “una vez se reciba la aprobación definitiva del PIGA” y fija un plazo estimado de cuatro años para completar y poner en marcha la primera fase del campus, además de prever que los tres campus proyectados se desarrollen de forma paralela. Los propietarios han presentado diversos escritos ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) y ante la Fiscalía Provincial de Zaragoza en los que denuncian presuntas irregularidades en la tramitación administrativa y en las actuaciones que, según sostienen, ya se están desarrollando sobre los terrenos.

Los afectados cuestionan igualmente el impacto económico que tendrá el proyecto una vez concluya la construcción. A su juicio, la documentación presentada para justificar la declaración de interés general no concreta el empleo estable que generará el campus ni las repercusiones económicas para Aragón. “Se habla de un proyecto estratégico para Aragón, pero aquí quien sale ganando es Microsoft, que consigue suelo urbano por dos euros el metro cuadrado”, concluye Garza.

Microsoft sostiene que la valoración de los terrenos fue realizada por un técnico independiente conforme a los criterios establecidos en la Ley del Suelo y el Reglamento de Valoraciones, teniendo en cuenta la clasificación y el uso actual de las parcelas. La compañía evita pronunciarse sobre las negociaciones mantenidas con los propietarios o sobre las ofertas económicas planteadas antes del inicio de la expropiación y asegura que los únicos trabajos autorizados actualmente son labores de limpieza de la parcela, al no haberse aprobado todavía el PIGA.

Respecto a la valoración de los terrenos, el Ejecutivo autonómico señala que corresponde a la empresa beneficiaria de la expropiación y sostiene que los importes incluidos en la documentación remitida por Microsoft se consideraron “adecuados” a la normativa sobre valoración del suelo y “similares a otros procesos expropiatorios en municipios colindantes a Zaragoza”. El Gobierno añade que las negociaciones privadas mantenidas con anterioridad entre la multinacional y los propietarios “quedan al margen del procedimiento administrativo expropiatorio”.

Los vecinos cuestionan la tramitación ambiental

La Plataforma Salvemos los Pinares de Venecia ha criticado la tramitación ambiental del proyecto del campus de centros de datos de Microsoft tras la publicación en el Boletín Oficial de Aragón del documento ambiental estratégico del Plan de Interés General de Aragón (PIGA). El colectivo considera que el periodo de información pública, abierto en pleno mes de agosto, dificulta la participación ciudadana y ha animado a vecinos y entidades a presentar alegaciones.

La plataforma sostiene además que el proyecto tendrá un impacto sobre el entorno de los Pinares de Venecia y cuestiona la justificación ambiental y urbanística del desarrollo previsto. Entre otras cuestiones, reclama una mayor transparencia en la tramitación y pide que se revisen los efectos que el campus podría tener sobre el espacio natural y su biodiversidad.

La Unión Europea ha lanzado este jueves una convocatoria de licitación para crear hasta siete gigafactorías de inteligencia artificial (IA) en Europa. Este plan trata de impulsar la soberanía tecnológica europea y “su ambición de convertirse en el continente de la IA”, según ha informado la Comisión Europea. España está en la carrera para conseguir que una de estas gigafactorías se instale en nuestro país.

La iniciativa está respaldada por hasta 10.000 millones de euros de financiación europea y nacional con la que se pretende movilizar al menos 20.000 millones de euros de inversión privada en toda la Unión.

Con este paso, se pretende que Europa pueda “desarrollar sistemas avanzados de IA utilizando su propia infraestructura, en consonancia con las normas y valores de la UE”. Las tecnologías de IA desarrolladas en estas gigafactorías cumplirán los estándares europeos en materia de protección de datos, seguridad, ciberseguridad y ética.

A esta licitación se pueden presentar propuestas de consorcios u otras entidades que reúnan a empresas, organismos públicos e inversores privados. Las gigafactorías se podrán establecerse en un único Estado miembro, ya sea en un solo emplazamiento o en varios centros. También podrán incluir desarrollos transfronterizos en varios Estados miembros mediante instalaciones distribuidas de computación de IA. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 12 de noviembre de 2026 y se espera que las decisiones de adjudicación se anuncien a principios de 2027.

Acuerdo con las estadounidenses AMD, NVIDIA y Qualcomm

Aunque la idea es potenciar la soberanía tecnológica europea, como seguimiento del acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos, la Comisión Europea ha firmado tres cartas de intenciones con grandes proveedores estadounidenses de hardware: AMD, NVIDIA y Qualcomm, para garantizar que los consorcios tengan acceso al hardware necesario.

La institución europea argumenta que este acuerdo responde a que “la IA avanzada depende de un hardware informático altamente especializado. Los consorcios de las gigafactorías de IA podrán adquirir hardware durante cualquiera de las dos fases de desarrollo a proveedores de Europa o de países considerados socios fiables. Parte de estas adquisiciones podrá destinarse a start-ups y scale-ups europeas, ofreciendo oportunidades concretas para reforzar la cadena de suministro digital europea”.

Un portavoz de la Comisión Europea ha admitido que “no estamos produciendo en Europa chips avanzados de fabricación propia que son esenciales para desarrollar gigafactorías de IA con la capacidad necesaria”.

“La idea es que, allí donde sea necesario, trabajaremos con socios afines y obtendremos los componentes necesarios para estas instalaciones. Posteriormente, estamos completamente abiertos a integrar progresivamente alternativas europeas de hardware y software para complementar las soluciones de socios afines con soluciones y alternativas europeas que llegarán al mercado próximamente”, ha comentado el portavoz de la institución comunitaria.

Financiación y crecimiento del proyecto

La Empresa Común Europea de Computación de Alto Rendimiento (EuroHPC JU) y los Estados miembros adquirirán conjuntamente capacidad de computación de las gigafactorías. Hasta el momento 18 países miembros de la UE, incluida España, ya han firmado un acuerdo de contratación conjunta con EuroHPC JU: Croacia, Chequia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, Eslovaquia, España y Suecia.

Según la Comisión Europea, “la financiación pública actuará como un potente catalizador de la iniciativa, impulsando la inversión privada necesaria para construir y operar estas instalaciones”. El proceso de contratación apoyará hasta siete gigafactorías de IA a través de dos fases consecutivas de desarrollo y dos lotes de financiación, con los Estados participantes igualando la financiación europea.

En la primera fase se respaldarán hasta cuatro proyectos, de los que cada uno podrá recibir hasta 100 millones de euros de financiación europea en la primera fase y hasta 400 millones de euros adicionales por proyecto en la segunda fase. Cada gigafactoría seleccionada en este lote deberá instalar al menos tantos procesadores avanzados de IA como los que están actualmente desplegados en la fábrica de IA más potente de Europa. En la segunda fase, su capacidad deberá aumentar hasta al menos el triple de ese nivel.

En un segundo lote de financiación se apoyará hasta tres proyectos que podrán recibir hasta 200 millones de euros de financiación europea en la primera fase y hasta 800 millones de euros adicionales por proyecto en la segunda fase. Para este grupo, cada gigafactoría seleccionada deberá instalar hasta el doble de los procesadores avanzados de IA actualmente disponibles en la fábrica de IA más potente de Europa. En la segunda fase, la capacidad deberá aumentar hasta al menos cuatro veces ese nivel.

Tras meses sin noticias, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado hoy que la compañía norteamericana de Mark Zuckerberg “ha planteado la reparcelación definitiva, el último trámite que abre el camino para su instalación en Talavera de la Reina”.

Ha asegurado que el Ejecutivo autonómico va a tramitar esta reparcelación “con urgencia” y, de esta manera, “en los próximos días va a quedar autorizada”.

La empresa matriz de Facebook, que posee otras plataformas masivas como Instagram, WhatsApp, Messenger y Threads, quiere instalar un centro de datos en esta ciudad toledana. “Este proyecto va a consolidar a la ciudad como el eje con mayor potencial de crecimiento tecnológico y logístico del país”, asegura Page.

Fue a finales de octubre del año pasado cuando el Gobierno de Castilla-La Mancha dio luz verde al Proyecto de Singular Interés (PSI) para la construcción del Centro de Datos. Las obras debían haber empezado ya, pero la tramitación se ha ralentizado por razones “administrativas”, según ha venido repitiendo el Gobierno regional.

El último ha tenido que ver, precisamente, con el proceso de reorganización de una parcela discontinua de algo más de cien hectáreas que ocupará la instalación, para adaptarla al plan urbanístico de Talavera de la Reina.

El pasado mes de noviembre, fuentes de Meta en España concretaron a elDiario.es Castilla-La Mancha que el proceso seguía “su curso”, sin precisar más información sobre los plazos para iniciar la construcción y puesta en funcionamiento.

“Una gran y grata noticia” para el alcalde de Talavera

El alcalde, José Julián Gregorio, ha calificado de “gran y grata noticia” la aprobación de la reparcelación vinculada al proyecto de Meta, un trámite que considera “fundamental” para avanzar en la implantación del centro de datos y en el desarrollo de la zona logística de nuevas tecnologías prevista en el entorno.

A preguntas de los medios de comunicación, el alcalde ha recordado que hacía meses que se había anunciado que este paso “era inminente”, por lo que ha mostrado su satisfacción por que finalmente se haya materializado.

El alcalde ha explicado que la reparcelación es “muy importante” para el Ayuntamiento, ya que, además del proyecto de Meta, permitirá desarrollar toda la zona destinada a la logística de nuevas tecnologías.

En ese sentido, ha señalado que el Ayuntamiento continuará trabajando, especialmente desde las áreas de Urbanismo y la Oficina Técnica, para agilizar todos los trámites municipales que sean necesarios. “Cuando nos presenten las licencias y los proyectos básicos trabajaremos para tramitarlos lo antes posible”, ha asegurado.

Gregorio ha insistido en que se trata de “una gran noticia no sólo para Talavera, sino también para la comarca, Castilla-La Mancha y el conjunto de España”, al tratarse de una inversión que superará los 750 millones de euros.

Asimismo, ha destacado que la llegada de Meta ya está despertando el interés de otras empresas, que se están poniendo en contacto con el Ayuntamiento atraídas por este proyecto.

“Talavera se convierte en un centro neurálgico de las nuevas tecnologías”, ha afirmado el alcalde, convencido de que la implantación de Meta supondrá un importante efecto tractor para nuevas inversiones y oportunidades de desarrollo económico y empleo.

“Para nosotros es como agua de mayo. Ahora solo falta que nos digan cuándo va a comenzar la obra”, ha concluido.

“Una inversión de 1.000 millones de euros”

La presidenta del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina y exalcaldesa, Tita García Élez, ha valorado el anuncio del presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y lo califica de noticia “muy importante” para Talavera y su comarca, ya que supone un paso más en la tramitación de un proyecto de “gran envergadura” que cuenta con una inversión cercana a los 1.000 millones de euros.

García Élez ha señalado que “es de agradecer que una multinacional como Meta siga confiando en nuestra ciudad y en nuestro entorno para una inversión tan importante”.

La aventura de Forestalia con los centros de datos ha quedado en el aire en los últimos tiempos tras los problemas judiciales ante los que se ha visto arrastrada. Una de estas instalaciones iba a estar ubicada en Botorrita y tiene nuevo impulsor: Merlin Properties. El Gobierno de Aragón ha aprobado este miércoles la declaración de interés general (DIGA) del proyecto, en el que la socimi española prevé invertir 1.225 millones de euros y que, según ha manifestado su consejero delegado, Ismael Clemente, no va a consumir agua.

El jefe del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, y el propio Clemente han comparecido para hacer público el acuerdo y dar a conocer la iniciativa, que han denominado 'Zaragoza-WIND' (viento en inglés). Los promotores garantizan que el sistema de refrigeración modular de circuito cerrado minimizará las necesidades de agua. El objetivo, si la tramitación por parte del Gobierno de Aragón continúa teniendo viento favorable y el PIGA está aprobado el próximo verano, es iniciar entonces la obra, concluirla en 2029 y que a finales de ese año esté “terminada y equipada”. Ese será el momento, según ha trasladado Clemente, de “saber quién es el cliente final de computación”, que “lo normal” es que se trate de “un único cliente”.

Otra de las peculiaridades del proyecto, heredado de Forestalia, radica en el hecho de que el porcentaje de suministro eléctrico garantizado con parques de renovables –eólicos y fotovoltaicos– es uno de los más elevados, de un 87% “nativo” y “por encima del 95%” a través de un sistema de almacenamiento en baterías. Al menos, según Merlin, que anuncia la expectativa de que en al menos de la mitad del tiempo de explotación superará ese 95%, y el resto se prevé por debajo y deberá echar mano de la red convencional.

El centro de datos generará, sobre el papel, 5.040 empleos en la fase de construcción y 520 en la explotación, y los promotores aspiran a primar “la contratación local y comarcal de trabajadores cualificados para que el retorno económico se quede en el territorio”, según Clemente.

Una ausencia llamativa ha sido la del alcalde de Botorrita, en cuyo término municipal se va a instalar la infraestructura. En concreto, en una superficie de 28,8 hectáreas en el Polígono Industrial San Antonio y en parcelas colindantes. El CEO de Merlin Properties ha reconocido que aún no conocía al primer edil, pero que su “equipo sí”. “Lo haré en breve”, ha añadido. El presidente Azcón ha manifestado que para el Ayuntamiento de Botorrita el centro de datos supondrá unos ingresos de unos 900.000 euros por IAE e IBI, lo que equivale al presupuesto actual del municipio.

Potencia garantizada

El proyecto dispone ya de una potencia garantizada de 227,4 megavatios, gracias a los permisos de acceso asociados a las subestaciones María y Los Vientos, lo que permitirá alcanzar una capacidad de computación de 144 megavatios IT –la que realmente se destina a fines tecnológicos–. Además, Merlin Properties contempla una futura ampliación, condicionada a la disponibilidad energética, sobre otras 32,8 hectáreas, con la que la capacidad del campus podría alcanzar los 240 MW IT.

En su intervención, Azcón ha subrayado que no hay ninguna otra comunidad autónoma que esté creando tanto empleo ligado a la tecnología como en Aragón. “No es casualidad, son estos proyectos de inversión tecnológica en nuestra comunidad autónoma los que hoy nos permiten sacar pecho, estar orgullosos de que un empleo tan importante, con mejores condiciones salariales, con muchas más perspectivas de futuro, esté recalando en Aragón. Ese es el camino que iniciamos hace tres años y es el camino por el que queremos seguir”, ha enfatizado.

Parafraseando al cómico José Mota, Ismael Clemente ha aseverado que este proyecto ese “para siempre”, porque Merlin Properties es una compañía española, “no una multinacional, ni un fondo de inversión”. “Nuestra vocación es construir infraestructuras para operarlas siempre”, ha añadido.

Clemente ha recordado que Forestalia presentó en su momento el denominado Búfalo, con tres subestaciones, dos de las cuales han quedado afectas a este proyecto. La DIGA que tenía para la generación de renovable “sigue en vigor y ellos se ocuparán de la generación eléctrica renovable”, ha aclarado. La parte más intensiva en capital, que es la construcción del data center, “creo que no es ningún secreto que hubiera sido difícil que lo hubieran podido hacer. Ya antes, pero incluso más en las nuevas circunstancias” en referencia a la situación judicial.

Ha relatado que llegaron a este proyecto de Forestalia de la mano de Levitec, al ser si proveedor de instalaciones eléctricas en todos los data centers que han construido por España. “Llegamos muchos meses antes de que saltasen los escándalos y se negoció con ellos de buena fe y se pactaron precios cuando todavía no existía este tipo de presión a la que están sometidos hoy en día”.

La conexión física para alimentar este data center será con la energía renovable que “ellos” –por Forestalia– generen en su momento cuando construyan esos parques que tienen autorizados.

La carrera de la inteligencia artificial tiene muchos frentes. Los modelos de frontera, tales como ChatGPT o los últimos sistemas de Anthropic que están en el centro de las discusiones geopolíticas, son solo uno de ellos. Bajo la superficie se libran otras competiciones. Una de las menos visibles, pero igual de decisiva es la de quienes diseñan los chips que se usarán para entrenar y ejecutar la IA, así como la tecnología que sirve de base para ello. Es un campo en el que las empresas están intentando meter el pie y que podría facilitar la competición en todos los demás.

Dos de los nombres propios de esa apuesta son Multiverse Computing y Openchip. La primera fundada en San Sebastián en 2019, la segunda en Barcelona en 2021. Dos startups que han recibido un fuerte apoyo del Gobierno por su potencial para poner las bases de centros de datos más sostenibles made in Spain, empezando por el concurso de la gigafactoría europea.

Esta iniciativa, con la que la UE quiere impulsar hasta cinco grandes infraestructuras para el desarrollo de modelos de frontera repartidas por el continente, ha colocado a las dos jóvenes empresas en el punto de mira. La startup de origen vasco está directamente involucrada en el proceso, con un 4% del capital de la sociedad que gestionará la candidatura de la gigafactoría española. Su contrapartida catalana podría estarlo muy pronto, puesto que ACS (uno de los socios mayoritarios del proyecto, junto a Telefónica y Banco Santander) está en conversaciones para convertirse en su accionista mayoritario.

El foco de ambas es reducir el consumo energético de la inteligencia artificial innovando en su infraestructura, pero su enfoque es diferente. Mientras que Multiverse intenta aplicar física cuántica a los modelos actuales para reducir hasta un 80% su factura eléctrica y una pérdida marginal de precisión, Openchip va directamente al corazón del problema: los chips.

Los mismos modelos, pero mucho más eficientes

Multiverse Computing nació de la idea de aplicar ciencia de frontera a los modelos de inteligencia artificial para hacerlos más ligeros y más baratos de ejecutar. Esas técnicas proceden de la física cuántica, el campo que promete revolucionar la computación en los próximos años. Pero en este caso no se trata de usar ordenadores cuánticos, aún muy inestables, sino de aplicar algunas de sus matemáticas a sistemas convencionales. Así “pueden alcanzar regímenes que antes se consideraban fuera del alcance de las capacidades computacionales clásicas”, detalla la startup.

De esta forma, Multiverse puede comprimir los modelos que ya están en el mercado, haciéndolos entre 4 y 12 veces más rápidos y generando un ahorro de costes y energía del 50 al 80%. A cambio, solo una pérdida “marginal” de precisión: “Se nota en tareas de razonamiento matemático complejo o generación de código muy específico, donde hay poco margen de error. En cambio, en clasificación, resúmenes o asistentes conversacionales, la mayoría de usos empresariales, es prácticamente indetectable”, explica a elDiario.es Enrique Lizaso, su director ejecutivo.

Esta tecnología le ha granjeado a Multiverse Computing más de 120 clientes en sectores como energía, banca, telecomunicaciones y defensa. También un nutrido grupo de inversores, como Telefónica, HP, Toshiba y múltiples fondos nacionales e internacionales. Entre ellos se encuentra el Gobierno, a través de la Sociedad Estatal de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), que ha entrado en su capital con 166 millones de euros. Actualmente, cuenta con algo menos de 500 empleados.

La SETT, también conocida como la SEPI digital, opera bajo un modelo de coinversión: entra en las rondas de financiación de las startups españolas, alcanzando como máximo el 49% del capital. Un apoyo que permite a las empresas llegar a doblar la financiación que obtienen de inversores privados mientras impide que pierdan su anclaje con el territorio. “Nuestro objetivo es generar soberanía tecnológica”, explicó su director, Javier Ponce, en un reportaje de elDiario.es: “Que esa tecnología se quede en el territorio y no venga un fondo extranjero, como ha ocurrido en el pasado, compre la empresa y se lleve la tecnología fuera”.

Multiverse ha recibido ya dos inyecciones de dinero público de esta forma, una en 2025 de 59,2 millones de euros, y otra a finales de junio, de 107 millones. Esta última ha coincidido con el anuncio de la participación de la startup en la gigafactoría española, con un 4% del capital. “Nosotros aportamos la capa del software del centro de datos: modelos de IA optimizados, orquestación de GPUs, servicios de IA y soberanía. De este modo, hacemos que la infraestructura sea potente, pero también eficiente y soberana”, avanza Lizaso.

Chips abiertos y menos voraces

Uno de los proyectos de mayor calado geoestratégico en los que trabaja el Barcelona Supercomputing Center (BSC) gira en torno a RISC-V. Se trata de una arquitectura abierta para diseñar chips que podría reducir la dependencia europea de Intel o Nvidia. Openchip nació en 2021 como una iniciativa impulsada por el BSC junto a la ingeniería GTD para trasladar ese conocimiento al mercado.

Hoy es una de las apuestas más ambiciosas para desarrollar una industria europea de semiconductores avanzados orientados a la inteligencia artificial y la supercomputación. Ha recibido unos 261 millones de euros de apoyo público: unos 111 millones del PERTE chip (financiado con fondos europeos); 35 millones de la Generalitat de Catalunya, que posee un 5% de su capital; y otros 115 millones de la SETT, que cuenta con aproximadamente un 16%.

“Con una plantilla de 300 empleados, las unidades de procesamiento de chips que desarrolla, basadas en código abierto (RISC-V), tienen una eficiencia energética superior a otras soluciones. Por tanto, permite reducir el consumo de energía de los centros de datos que las usen”, explicó el Ministerio para la Transformación Digital en junio, cuando se confirmó esta última inversión.

“La necesidad de computación es muy alta y la necesidad de procesar datos de distintos sitios también lo es. Ahora bien ¿a qué coste?”, se preguntaba Cesc Guim, director ejecutivo de Openchip, durante el último Mobile World Congress, donde fue una de las startups invitadas para representar a España. Allí presentó una tecnología que permite a los chips revisar los modelos de IA antes de ejecutarlos para comprobar si han sido hackeados. “Nuestro objetivo es ayudar a Europa a tener aceleradores de inteligencia artificial y facilitar su adopción con soluciones que sean sostenibles, pero sobre todo centradas en la seguridad”, añadía Guim.

Openchip, en cualquier caso, está lejos aún de la fase operativa en la que sí está Multiverse. Actualmente, se encuentra desarrollando su primer prototipo. Sus primeros chips comerciales podrían llegar en 2028. Con todo, su tecnología ya ha llamado la atención de ACS, que está estudiando convertirse en su accionista mayoritario.

Se trata de una alianza que podría terminar resultando clave para la candidatura de la gigafactoría española, de la que la constructora presidida por Florentino Pérez es uno de los socios principales. Pero no solo: ACS se ha convertido en uno de los mayores contratistas de centros de datos del mundo. Si la tecnología en la que trabaja Openchip consigue chips comercialmente viables, la multinacional española tendría en su mano la capacidad de independizarse de los gigantes tecnológicos estadounidenses para llenar estas infraestructuras de los servidores necesarios para operar.

A falta de una confirmación oficial, la startup guarda silencio. “No hacemos comentarios sobre especulaciones y rumores del mercado”, comunicó una portavoz a este medio sobre la operación con ACS. “Openchip mantiene conversaciones con diversos socios y potenciales inversores como parte de su estrategia de crecimiento. Ofreceremos información actualizada si se produce algún avance significativo”.

El centro de datos que Azora proyecta en Villamayor de Gállego consumirá 2.628 gigavatios hora (GWh) de electricidad al año cuando funcione a pleno rendimiento. La cifra, incluida en la documentación ambiental del Plan de Interés General de Aragón (PIGA) publicada este martes, equivale a cerca de una cuarta parte de toda la electricidad que consumió Aragón en 2025. Sumada a la demanda prevista para el proyecto de Blackstone en Calatorao, ambos complejos requerirán una cantidad de energía equivalente a casi el 70% del consumo eléctrico actual de la comunidad.

El proyecto de Azora, denominado Tillion Aragón, prevé una inversión de 2.360 millones de euros para levantar cuatro edificios de centros de datos en Villamayor de Gállego. La documentación ambiental estima un consumo de 2.628 GWh anuales una vez completadas las dos fases previstas, aunque la segunda queda condicionada a disponer de la capacidad eléctrica necesaria.

El único proyecto que supera esas cifras es Rhodes, el campus que Blackstone impulsa en Calatorao. Su estudio de impacto ambiental estima un consumo medio anual de 4.745 GWh, de modo que entre ambos complejos sumarían 7.373 GWh al año. La comparación se realiza con el consumo eléctrico registrado en Aragón durante 2025, por lo que el porcentaje variará a medida que entren en funcionamiento estos y otros centros de datos previstos en la comunidad.

El fuerte consumo energético contrasta con el reducido uso de agua previsto para ambos complejos. Tanto Blackstone como Azora recurrirán a sistemas de refrigeración por aire, una tecnología que reduce notablemente las necesidades hídricas frente a otros modelos. El proyecto de Calatorao estima un consumo anual de 4.782 metros cúbicos de agua y el de Villamayor, 6.066 metros cúbicos. En conjunto apenas superan los 10.800 metros cúbicos al año, una cifra muy alejada de la prevista para los campus de Amazon Web Services, que concentran alrededor del 95% del consumo hídrico estimado entre los grandes centros de datos proyectados en Aragón.

Las diferencias entre ambos proyectos también se reflejan en la inversión prevista. El campus de Blackstone contempla un desembolso de 11.805 millones de euros para desarrollar ocho edificios en Calatorao, mientras que Azora prevé invertir 2.360 millones en cuatro centros de datos en Villamayor de Gállego. Ambos forman parte de la oleada de proyectos tecnológicos que está convirtiendo Aragón en uno de los principales polos para la implantación de este tipo de infraestructuras en España.

La Generalitat desarrollará una nube pública soberana, una infraestructura de almacenamiento de datos con mucha seguridad que estará conectada al resto de infraestructuras de conectividad públicas del país. Operada dentro del marco regulador europeo, debe permitir albergar inicialmente el 40% de los servicios y datos de la administración catalana, con una ampliación progresiva según las necesidades. El ejecutivo ha licitado este martes el contrato para desplegar la infraestructura, valorado en unos 481 millones de euros durante los primeros ocho años. La adjudicación está prevista para el cuarto trimestre de este año, el servicio entrará en funcionamiento durante el segundo semestre de 2027 y debería estar plenamente operativo en el tercer trimestre del próximo año.

Actualmente, los servicios de la administración catalana están almacenados en un 80% en una nube privada y en un 20% en una nube pública, es decir, en una infraestructura ofrecida por proveedores externos a varios usuarios.

La hoja de ruta de la Generalitat apuesta por cambiar esta distribución y avanzar hacia un modelo híbrido que quiere concentrar el 40% de los datos en la nube soberana, el 30% al público y el 30% restante al privado.

En declaraciones a la prensa, el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, ha explicado que la nube soberana almacenará datos de la ciudadanía vinculados a servicios como Mi Salud, las actividades económicas o las licencias ambientales.

Además, este 'cloud' podrá alojar datos críticos, como los de los Mossos d'Esquadra, que hasta ahora estaban en la nube privada para tener mayor protección, y datos que necesitan navegar rápidamente, como los de tráfico, que hasta ahora estaban en la nube pública.

Un alto nivel de seguridad

Según la licitación, la infraestructura estará conectada directamente a la red pública de fibra óptica y el proveedor deberá ser único. Éste estará sometido exclusivamente a la legislación europea y cumplir el nivel SEAL 3 del marco europeo de soberanía de la nube, el máximo acreditable actualmente.

“Creemos en la tecnología europea” y en una protección de datos basada en “los parámetros de la jurisdicción europea”, ha defendido Dalmau.

El 'cloud' estará situado en Catalunya

La infraestructura deberá estar físicamente en territorio catalán, pero será el proveedor el que se encargue de escoger el centro de datos concreto. Así, podrá elegir uno ya existente.

Dalmau ha situado la iniciativa en un contexto de competencia tecnológica entre Estados Unidos y China y ha afirmado que Catalunya quiere “dar un paso adelante” en soberanía digital. Según el conseller, la licitación es “la iniciativa más ambiciosa” impulsada por el Govern para garantizar que los datos estén en una infraestructura situada en Catalunya.

Estratégica tecnológica de la Generalitat

La nube soberana se enmarca en la Estrategia de Autonomía Tecnológica de la Generalitat (ESTRATEC), que el Govern aprobará este martes y que incluye una veintena de medidas para reducir dependencias tecnológicas externas y reforzar el control sobre los datos, las infraestructuras y los servicios digitales públicos.

Entre las medidas se encuentran el desarrollo de planes de continuidad alternativa para los centros críticos, la implantación del proyecto de anillo cuántico y el despliegue de centros de procesamiento de datos, además de proyectos como la gigafactoría de Móra la Nova.

La estrategia aborda el conjunto del ecosistema tecnológico público, desde la conectividad y la computación hasta las plataformas y aplicaciones. Actualmente, la administración catalana se sustenta en la actualidad en más de 8.000 kilómetros de fibra óptica, unas 470 torres de comunicaciones y más de 370.000 ordenadores, entre otros parámetros.

Si Europa quiere desarrollar inteligencias artificiales que funcionen con sus normas y valores, entonces tiene que construir la capacidad tecnológica, industrial y financiera para no depender de otros a la hora de entrenarla y gobernarla. Esa idea vale 20.000 millones de euros y tiene una pieza clave: infraestructuras que Bruselas ha llamado “gigafactorías de IA”. Como mucho, habrá cinco de ellas en toda la Unión Europea y España está apostando fuerte para llevarse una.

El principio básico de estas infraestructuras es juntar en un mismo lugar enormes cantidades de potencia de cálculo (hasta 100.000 chips avanzados cada una) con los datos, energía, red y personal especializado para entrenar y desplegar modelos de IA muy grandes. Esa tecnología de vanguardia que a Europa, incluso teniendo en cuenta a la francesa Mistral, le está costando tanto desarrollar.

El objetivo es que no (solo) sean centros de datos gigantes, sino puntos de innovación que acerquen la IA avanzada a todo el tejido empresarial, desde grandes compañías no tecnológicas a pymes. “Estas gigafactorías son mucho más que centros de datos. Serán grandes polos de investigación, generadores de riqueza en torno a la IA”, aseguró el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, en el último Consejo de Ministros.

El Gobierno ha aprobado ya la inversión de más de 1.000 millones de euros para apoyar la candidatura española. Unos 719 de ellos se usarán para constituir la sociedad público-privada que gestionaría la gigafactoría española. Otros 300 son una “aportación voluntaria” al organismo europeo EuroHPC, que gestiona la inversión europea en IA, sumando compromiso político y financiero al proyecto español.

Corriendo antes del pistoletazo de salida

Una muestra del peso que el Ejecutivo está dando a la iniciativa es que la Comisión Europea ni siquiera ha publicado todavía el concurso oficial para optar a las gigafactorías. Se espera que lo haga en las próximas semanas, pero para cuando salga del horno, España quiere estar preparada: ya hay emplazamientos, socios confirmados y dinero encima de la mesa.

La candidatura española se basará en dos polos. Uno estará en Móra la Nova, en Tarragona. El otro, en San Fernando de Henares, en Madrid. ¿Por qué dos, si el objetivo es concentrar en un mismo lugar los chips avanzados, el tejido industrial y el talento? Fuentes del sector privado implicadas en el proceso aseguran a elDiario.es que detrás de esta decisión no está la motivación política de incluir a las dos comunidades con más peso económico de España.

Es “pragmatismo” y un intento de solidificar la candidatura, aseguran las mismas fuentes. Móra la Nova, la ubicación inicial de la instalación, se eligió por la disponibilidad de suelo, potencia eléctrica y acceso a agua de la comarca histórica de la Ribera d'Ebre, así como la fibra óptica necesaria para una infraestructura de este tamaño. Además, se encuentra relativamente cerca del Barcelona Supercomputing Center—Centro Nacional de Supercomputación (BSC), con el que podrá generar sinergias y un gran ecosistema de computación avanzada.

Por otra parte, San Fernando de Henares aporta el músculo corporativo en torno al sector tecnológico con el que cuenta el corredor del Henares. Un ecosistema digital consolidado donde ya operan numerosos centros de datos y empresas digitales. “Lo que se buscó es aportar más confianza de que se podría llegar a tiempo a todos los compromisos con seguridad, con lo que la propuesta ganaba fuerza”, explican las mismas fuentes.

Un consorcio público-privado

El Gobierno tendrá el 48% del capital de la sociedad público-privada que se constituirá para gestionar la gigafactoría. Según avanzó la semana pasada la Generalitat de Catalunya (que aportará un 1%), Telefónica, ACS y Banco Santander serán los principales socios privados, con un 15,67% cada uno.

El 4% restante corresponderá a Multiverse Computing, una startup con sede en San Sebastián que desarrolla software para hacer más eficientes los modelos de IA, reduciendo costes y consumo energético sin perder rendimiento. El Gobierno ha invertido de forma independiente 150 millones de euros en esta empresa par apoya su desarrollo, y ahora la ha elevado como la apuesta tecnológica nacional del proyecto. Con su incorporación, el bloque privado alcanzará el 51% del capital y tendrá el control efectivo del consorcio.

No obstante, fuentes conocedoras de la situación detallan que el proyecto está abierto a la llegada de más socios y los porcentajes finales podrían variar. Por este motivo, las empresas involucradas prefieren no pronunciarse por el momento sobre los detalles de su participación. Entre dinero público y privado, se espera que cada gigafactoría reúna una inversión de unos 5.000 millones de euros.

“Estamos liderando el consorcio español y, en estos momentos, estamos centrados en todos los trabajos relacionados con la preparación de la oferta final. En cuanto al calendario, la oferta debe presentarse entre junio y julio y esperamos tener un resultado a finales de año. No podemos proporcionar más información al respecto”, afirmó en mayo Borja Ochoa, presidente de Telefónica España, durante la presentación de las cuentas del primer trimestre de la teleco.

La batalla por el control tecnológico (y quién queda fuera)

La construcción de estas infraestructuras estratégicas no solo beneficiaría a las grandes empresas que ejercen de socios principales, sino también a cientos de proveedores europeos más pequeños. Uno de ellos es la empresa española OpenNebula, que desarrolla software de código abierto para gestionar infraestructuras de computación en la nube y está negociando su participación en varias candidaturas de gigafactorías.

Alberto P. Martí, su responsable de Alianzas Estratégicas, alerta en conversación con este medio que las multinacionales estadounidenses están presionando para no quedarse fuera de estos proyectos. Existe un riesgo real, avisa, de que el dinero público se termine usando para “pagar licencias, soporte y demás a empresas americanas, porque son ellos los que controlan el software propietario”.

Es decir, que aunque las gigafactorías se instalarán en Europa, podrían terminar operando los chips estadounidenses de Nvidia (ineludibles, al ser los más potentes del mercado para entrenar inteligencia artificial) con programas diseñados también en Silicon Valley. Frente a esto, Martí defiende que priorizar alternativas europeas y abiertas es “la manera de asegurar el futuro de la infraestructura, de realmente dar a Europa independencia tecnológica”. Recuerda que, más allá de los chips, el software es lo que le “da vida” a esta iniciativa.

Quién decide y quién vigila

El debate en torno a estas infraestructuras va más allá de la soberanía tecnológica. La coalición IA Ciudadana, formada por una veintena de organizaciones de la sociedad civil que trabajan para defender los derechos humanos en el contexto de las tecnologías digitales, pide que las gigafactorías no se gestionen de espaldas a la gente.

“Decisiones de esta envergadura requieren un debate democrático real: ¿Quién decide qué modelos de IA se entrenarán en estas infraestructuras? ¿Con qué criterios? ¿Qué mecanismos de supervisión pública existirán? De momento, las organizaciones expertas no hemos sido escuchadas en ninguna fase de un proceso que terminará afectando a la vida de la gente de un modo u otro”, lamenta una portavoz en un comunicado remitido a elDiario.es.

La coalición celebra “que España ambicione liderar el desarrollo de infraestructuras de IA en Europa”, pero recuerda que “la democracia en la IA no se mide solo en quién puede usar la tecnología, sino en quién participa en decidir cómo se desarrolla y con qué valores”. “Una infraestructura pública de esta escala, financiada con dinero de todos, debería venir acompañada desde el primer día de mecanismos de gobernanza transparente”, concluye: “Exigimos que estos procesos no sean un trámite de legitimación a posteriori, sino parte constitutiva del proyecto”.

Un mapa elaborado por los colectivos No es sequía es saqueo y Ecologistas en Acción identifica un total de 28 centros de datos proyectados en Aragón con una potencia estimada conjunta de 11.237,3 MW. De ellos, únicamente tres se encuentran actualmente en funcionamiento, con una potencia total de 140 MW. Además, 24 de los 28 proyectos se localizan en la provincia de Zaragoza y todos ellos se sitúan en los principales ejes de desarrollo eléctrico.

Dado que un centro de datos opera las 24 horas del día durante los 365 días del año, ambos colectivos estiman que, si todos los proyectos llegaran a materializarse, su consumo eléctrico superaría en más de nueve veces el consumo anual actual de toda la comunidad autónoma, que alcanzó los 10.659 GWh en 2025.

La rápida implantación de centros de datos en Aragón impide disponer de una imagen actualizada de su ubicación, dimensiones y tipología de los promotores. Esta falta de información dificulta conocer la magnitud real de esta industria y evaluar su impacto sobre el consumo de energía eléctrica, agua y suelo, además de limitar los procesos de información pública y fiscalización social.

Con el objetivo de paliar esta carencia, No es sequía es saqueo y Ecologistas en Acción han elaborado y publicado un mapa que localiza todos los proyectos de macrocentros de datos previstos en Aragón. El mapa identifica el municipio donde se ubica cada instalación, su potencia y la empresa promotora.

Para su elaboración se han recopilado datos procedentes de cuatro fuentes, priorizando la información sobre la potencia instalada en el siguiente orden: (1) autorizaciones ambientales integradas e informes de evaluación ambiental; (2) Boletín Oficial de Aragón o, en su defecto, informaciones publicadas en prensa; (3) estimaciones basadas en el Informe Colliers (octubre de 2025-marzo de 2026), aplicando un PUE estimado de 1,5; y (4) estimaciones realizadas a partir de la superficie comunicada por la empresa promotora.

Según denuncian ambas organizaciones, este consumo, que califican de “absolutamente desproporcionado” para un único sector económico, no está siendo analizado por el Gobierno de Aragón. En su opinión, no existe un estudio que evalúe cómo la implantación de 28 macrocentros de datos puede afectar a la saturación de la red eléctrica ni cómo podría limitar la descarbonización del resto del tejido empresarial, así como de la movilidad y la vivienda.

Los colectivos sostienen que a esta falta de análisis se suma la ausencia de transparencia y de un enfoque agregado por parte de la Administración autonómica. Consideran necesario no solo disponer de un registro público de los centros de datos proyectados, sino también realizar un análisis exhaustivo del impacto conjunto de estas instalaciones y de los proyectos de energías renovables que serán necesarios para abastecerlas.

Por ello, defienden que este mapa debe servir tanto para informar a la ciudadanía como para exigir al Gobierno de Aragón que asuma una labor que le corresponde y que, sin embargo, está recayendo en la sociedad civil.

Investigadores de las universidades de Yale y Chicago han comprobado que la instalación de centros de datos propicia subidas del precio de la vivienda y la electricidad en Estados Unidos, líder absoluto en el despliegue de estas infraestructuras con más del 40% del total mundial.

“Los centros de datos crean actividad económica, especialmente en los sectores directamente relacionados”, pero “también elevan los precios de la electricidad y están asociados con precios de la vivienda más altos, lo que podría beneficiar a los propietarios e incrementar los costes para los inquilinos y compradores de viviendas”, concluye un estudio publicado en el National Bureau of Economic Research, think tank con sede en Cambridge (Massachusetts).

“A nivel condado en EEUU, entre 1995 y 2020, la llegada de una instalación adicional de data center se asocia con un aumento acumulado de alrededor de 28 puntos porcentuales en el índice de precios de vivienda (HPI) y del 1,3% en el precio promedio de la electricidad en el condado afectado”, explica por correo electrónico a elDiario.es David Argente, investigador de la Universidad de Yale y coautor de este paper junto a otros dos expertos de ese centro de élite, Jayce Chow y Diana Van Patten, y Fernando E. Álvarez (Universidad de Chicago).

Los autores señalan que esos efectos en los precios son “muy significativos en todos los horizontes temporales, lo que indica que los centros de datos ejercen una presión apreciable sobre los mercados locales de la energía y el sector inmobiliario”. “Generan empleo a nivel local”, sobre todo durante su construcción, tienen efecto “modesto” en el empleo “permanente”, “elevan los precios de la vivienda y dan lugar a un aumento de la renta agregada, al tiempo que provocan un incremento de los precios locales de la electricidad” en un país en el que las tarifas las fijan reguladores regionales y varían de un Estado otro, al contrario que en España.

Así, las zonas que consideren la instalación de estos centros afrontan un “dilema” y deben “sopesar los aumentos en el empleo, la creación de empresas y los ingresos agregados frente a las presiones sobre los mercados eléctricos y la asequibilidad de la vivienda local”. Una encuesta de Gallup realizada el pasado marzo mostraba que un 71% de los estadounidenses se oponen a la construcción de estas infraestructuras en su zona.

Los centros de datos “son buenos depende de para quién”, resume en su blog Pedro Linares, profesor de la Universidad Pontificia Comillas especializado en regulación energética.

Los autores de este paper han analizado datos de la firma financiera Standard and Poors que recopilan información detallada sobre la ubicación, propiedad, potencia e ingresos de más de 12.960 data centers de más de 2.700 proveedores y 131 países. Los han cruzado con otros indicadores como los ingresos del impuesto de la Renta en EEUU y los precios de la vivienda y la electricidad en esos condados, disponibles en las estadísticas de la Agencia Federal de Financiación de Vivienda (FHFA) y la Energy Information Administration estadounidense.

Los resultados “muestran efectos positivos sobre el empleo total” y en los sectores de tratamiento de datos y construcción, y subidas de ingresos fiscales y salarios, aunque “la masa salarial anual reacciona de forma menos notable”. 

Como señala el estudio, “hay mucho en juego a nivel local”: estas instalaciones pueden ser atractivas para las administraciones al suponer grandes proyectos de inversión, empleo e ingresos. Pero también “consumen mucha energía y se concentran en un espacio reducido. Pueden requerir ampliaciones, mejoras en la red de transmisión y contratos de suministro eléctrico a largo plazo. También pueden utilizar recursos escasos como el suelo y el agua, al tiempo que crean menos puestos de trabajo permanentes que una planta de fabricación tradicional con una inversión similar”. 

Tras la computación en la nube, el auge de la inteligencia artificial, el streaming, los pagos, el software empresarial y los servicios digitales “hay instalaciones físicas que ocupan terreno, se conectan a redes de fibra óptica, consumen energía de forma continua y requieren sistemas de refrigeración, seguridad y una red eléctrica fiable”. Para elegir donde se instalan, priorizan “precios de la electricidad favorables, capacidad de redes, suelo, política fiscal, clima, riesgo de desastres y conectividad de fibra”.

“El resultado es una cuestión política práctica: ¿qué ganan realmente los condados y a qué costes se enfrentan?”. Y este asunto es “más urgente” tras la irrupción de la IA, que ha disparado el consumo de electricidad de estas instalaciones. En 2024, supusieron el 1,5% del total mundial, unos 415 teravatios hora (TWh), según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que estima que su demanda ha crecido un 12% anual el último lustro y podría duplicarse hasta alcanzar los 945 TWh en 2030. En EEUU han pasado de 58 TWh en 2014 a 176 TWh en 2023: del 2% de la demanda nacional de 2018 al 4,4% de 2023. En 2028 pueden llegar a suponer el 12%, calcula el Belfer Center for Science and International Affairs de la Harvard Kennedy School. 

Como recuerda el paper, los servicios digitales suelen percibirse como algo “sin ubicación”, pero la infraestructura que los sustenta no lo es. Geográficamente estos centros están “especialmente concentrados” en EEUU, especialmente en Virginia (unos 600, con una potencia de cerca de 4.900 MW, otros 1.000 en desarrollo y más de 5.000 en planificación) y Texas, donde se estima que hay más de 460.

Estados Unidos es, con gran diferencia, el país con más centros de datos del mundo. Según Statista, en abril tenía 4.184, muy por delante de Reino Unido (515), Alemania (514), China (369), Francia (345), India (286) y Canadá (287).

Revisión al alza

España, que vive la peor crisis de vivienda en décadas, aparece duodécima en ese ránking, con 195 data centers, pero se está convirtiendo en polo de atracción para estos proyectos en Europa por sus privilegiadas condiciones para producir energía renovable. Morgan Stanley acaba de revisar al alza sus previsiones a largo plazo y estima que la capacidad total de estos centros en España alcanzará 4,3 GW en 2035, frente a los 2,8 GW que contemplaba hasta ahora y los 439 megavatios (MW) que existían a cierre de 2025 según la patronal DC Spain.

Morgan Stanley sitúa a Aragón como el mercado secundario de centros de datos “más emocionante de Europa”, con un potencial estimado para alcanzar 3 GW de capacidad y consolidarse firmemente como el próximo gran nodo de interconexión del continente gracias a su abundante suelo, buen recurso renovable, un clima algo más fresco que otras zonas de España y la conectividad que aportan cables submarinos como Marea, Grace Hopper y Anjana, que enlazan con EEUU y Reino Unido y permiten corredores de baja latencia.

La consultora inmobiliaria Cushman & Wakefield sitúa a Madrid como el quinto mercado primario de centros de datos de Europa, Oriente Medio y África (EMEA) y uno de los principales 'hubs' europeos para esta industria, a la que comunidades gobernadas por el PP como Madrid o Aragón han puesto alfombra roja. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha hablado de “burbuja” de proyectos. Parte del actual colapso de peticiones de acceso a la red eléctrica está relacionado con estas infraestructuras, que han atraído a firmas del Ibex como ACS, Iberdrola o Merlin Properties. Las eléctricas las ven como una oportunidad para reactivar una demanda a la baja que pone en riesgo la rentabilidad de los proyectos de renovables, en especial, las fotovoltaicas más recientes.

La Estrategia de Inteligencia Artificial actualizada por el Gobierno en 2024 planteaba un despliegue “sostenible” de data centers, con una potencia de computación acumulada de 2,5 GW para 2030, equivalentes a unos 4 GW de potencia eléctrica. Ya hay concedidos derechos de acceso y conexión a las redes por más de 12 GW, aunque muchas peticiones están duplicadas y “no es posible conocer la demanda real”, advierte Transición Ecológica.

La nueva Planificación de Electricidad 2025-2030 en tramitación incluye 3,8 GW para centros de procesamiento de datos (CPD), que se añadirán a los 12 GW en permisos ya concedidos. El ministerio sacó a consulta en agosto de 2025 un proyecto de decreto para obligarles a revelar su consumo de agua y luz, como marca la normativa europea. En marzo, el Real Decreto 7/2026 de respuesta a la guerra en Irán otorgó rango de ley a varios de esos requisitos de sostenibilidad y les exige consumir renovables, dado que “la puesta en marcha de proyectos de elevado consumo eléctrico en el corto plazo, si no se acompasa con un despliegue proporcional de nueva generación renovable, generaría un doble perjuicio agravado por el contexto del conflicto”: más uso del gas, subida de precios y menos incentivos a la electrificación.

En la charla en la que amenazó con recuperar su impuesto al sol hace unas semanas, el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, lamentó que “el Gobierno, en vez de declarar la neutralidad tecnológica tanto en generación como en demanda, le ha declarado la guerra a los centros de datos”, que “van a existir sí o sí. ¿Alguien va a almacenar tus datos? Pues honestamente, yo prefiero que los datos de España estén en España”. Son “demanda eléctrica que ayuda a reducir los costes del sistema y absorber parte de la sobregeneración de renovables que tenemos”. Aunque “lo primero” es “eliminar” el calendario de cierre de las nucleares y mantenerlas “dentro de 20 años”. 

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes destinar otros 300 millones de euros al proyecto para traer una gigafactoría de inteligencia artificial (IA) europea a España, una infraestructura de supercomputación con varios centros de datos y cientos de miles de chips avanzados diseñada para entrenar y operar modelos de vanguardia de IA a escala industrial. Se trata de la segunda inversión consecutiva en esta iniciativa, después de que los 719 millones de euros aprobados la semana pasada para constituir la sociedad público-privada que sostendrá la infraestructura.

Las gigafactorías de IA forman parte de un de la UE para impulsar tanto la uso comercial como la investigación en esta tecnología en el continente. Bruselas ha puesto encima de la mesa 20.000 millones de euros que se adjudicarán repartirán entre tres y cinco gigafactorías distribuidas por los países miembros. El proyecto español presentará una candidatura multisede repartida entre Móra la Nova, en Tarragona, y San Fernando de Henares, en Madrid.

La inversión aprobada hoy por el Gobierno es una “aportación voluntaria” a la Empresa Común de Informática de Alto Rendimiento Europea (EuroHPC), ha explicado el ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López. La misión de esta empresa comunitaria es coordinar los esfuerzos gubernamentales y privados para crear la infraestructura que permita que “Europa llegue a ser líder en supercomputación”.

“La Unión Europea tenía que reducir su dependencia exterior para la supercomputación. Estas gigafactorías son mucho más que centros de datos. Serán grandes polos de investigación, polos generadores de riqueza en torno a la IA”, ha manifestado López en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El objetivo, ha continuado, es que no solo las grandes empresas puedan acceder a la IA avanzada y la computación cuántica, sino “democratizar el acceso” para que estas estén disponibles también para las pymes.

Se espera que la Comisión Europea lance la convocatoria oficial de las gigafactorías en las próximas semanas. El Gobierno lleva meses preparando el terreno y en las últimas semanas ha acelerado la confirmación de fondos públicos al proyecto. “La candidatura española está lista y seremos una de las primeras gigafactorías”, confía López.

Consorcio público-privado

La inversión de 719 millones de euros aprobados la semana pasada constituyen la aportación del Gobierno para la creación del consorcio público-privado que conforma la candidatura española. Representan el 48% del capital de la sociedad y se articularán a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT).

Según avanzó la semana pasada la Generalitat de Catalunya (que pondrá el 1%), las empresas privadas participantes principales serán Telefónica, ACS, el Banco Santander, con una participación individual del 15,67% cada una, llegando al 47% del capital.

El 4% restante corresponderá a Multiverse Computing, una startup con sede en San Sebastián que desarrolla software para hacer más eficientes los modelos de IA, reduciendo los costes y su consumo energético sin perder rendimiento. El núcleo privado llegará así al 51% del capital y tendrá el control efectivo del consorcio.

El Gobierno ha aprobado también en este Consejo de Ministros aumentar su participación en Multiverse Computing con otros 107 millones de euros. Se trata de la segunda inversión pública en esta empresa tras una primera participación de unos 52 millones de euros. También se articulará a través de la SETT, conocida como la SEPI digital, la empresa pública que está agrupando las diferentes inversiones estatales en compañías tecnológicas de última generación con el objetivo de anclarlas al territorio y evitar la fuga de talento.

Por último, López ha anunciado una tercera inversión de la SETT, de 24,5 millones de euros, en la empresa valenciana Attypics Photonics, diseñadora de chips fotónicos. Esta compañía, surgida de la Universidad Politécnica de Valencia, está desarrollando un método para aplicar fotones (luz) en lugar de electrones (electricidad) para transmitir y procesar datos en los chips, aumentando la velocidad y reduciendo el consumo energético.

La explosión de la Inteligencia Artificial (IA) está multiplicando la necesidad de procesamiento y almacenamiento de información, lo que acarrea un crecimiento exponencial de centros de procesos de datos (CPD). Estos centros consumen enormes cantidades de electricidad, tanto que el tamaño de los CPD se mide por los megavatios (MW) que necesita para operar y refrigerar los equipos, que operan 24/7 todos los días del año.

La Agencia Internacional de la Energía prevé que la IA generativa hará que los CPD dupliquen el gasto de energía entre 2024 y 2030, pasando de un consumo eléctrico mundial de 415 a 945 teravatios-hora (1 TWh equivale a 1 millón de MW/h), o del 1,5% al 3% del gasto global de luz. Cuando se expresa en porcentajes, no parece un problema, pero la cuestión es que ese consumo está concentrado en los países más avanzados tecnológicamente (Estados Unidos, China y Europa) y, dentro de estos, en algunas regiones; como Aragón, en el caso de España.

Irlanda es el país europeo paradigmático para analizar el crecimiento de los CPD y su impacto en el consumo de electricidad. Ya acaparan el 21% de la luz consumida en el país y se espera que en 2030 sumen un tercio de la electricidad. Por tanto, es un caso del que España puede extraer muchas lecciones, ya que aquí estamos ante un crecimiento exponencial de estas infraestructuras. No hay ningún sector que pueda presentar semejantes expectativas de crecimiento y cómo se gestione será vital para muchos otros sectores.

Según datos de Spain DC, el lobby español de las empresas de CPD, la potencia instalada de estas infraestructuras sumaba 439 MW a finales del año pasado en España, con un crecimiento del 24%. Parece escaso si se tiene en cuenta que los diferentes planes de inversión van a multiplicar esta red por seis en cinco años, hasta alcanzar 2.537 MW, según los datos elaborados por la consultora Pb7 Research, especializada en este sector. Este crecimiento implicará una inversión total de 66.900 millones de euros, de los que 25.000 millones es construcción y el resto es el equipamiento tecnológico y otros servicios que van asociados a dicho despliegue.

Esta inversión y la creación de empleo es la parte positiva de la expansión de los CPD, pero hay que gestionar su voracidad eléctrica para que no se produzcan problemas en un país que sabe qué es un apagón en el siglo XXI. Las estimaciones son que un CPD de 100 MW consume entre 880 y 1.050 GWh al año, de manera que una red de 2.537 MW en 2030 consumiría entre 22.200 y 26.600 GWh, que es alrededor del 10% del consumo anual de electricidad en España. Por tanto, está claro que es necesario invertir en materia de generación y, sobre todo, de transporte y distribución de esa electricidad.

España no tiene hoy un problema de producción de electricidad, en gran medida gracias a la renovable fotovoltaica y eólica, pero sí tiene deficiencias claras en los nudos de conexión y en el transporte, que es trascendente, dado que no hay correlación entre los lugares de producción y consumo. La Comunidad de Madrid es paradigmática: sólo produce el 3% de la energía que consume. De hecho, Red Eléctrica Española (REE) acaba de plantear al Gobierno la necesidad de revisar su plan de inversiones, con una inyección adicional de más de seiscientos millones, ante los problemas que está detectando en el sistema y que se hicieron presentes en el apagón del 28 de abril de 2025.

Un estudio de la Asociación Española de Empresas Eléctricas (AELEC), asegura que la red eléctrica española tenía un nivel de saturación del 83,4%, en septiembre del año pasado, lo que implica que casi nueve de cada diez subestaciones ya no pueden admitir más conexiones. Endesa, la mayor distribuidora de España junto con Iberdrola, asegura que el 96% de sus 1.840 nudos de red no pueden aceptar nuevas conexiones. Por tanto, el reto de enganchar a la red los nuevos CPD es enorme. Solamente en Aragón se ha planteado la construcción de 31 nuevos CPD, que han solicitado acceso a la red para 6GW, que es el equivalente a casi la mitad de la potencia eléctrica instalada en dicha región.

Irlanda lleva más de una década conviviendo con este problema, hasta el punto de que el operador de la red eléctrica irlandesa, EirGrid, no admitió nuevas conexiones de CPD en el área de Dublín entre 2021 y 2025 por falta de capacidad. El levantamiento de la prohibición lleva condiciones estrictas. Así, los promotores de CPD tienen que aportar generación eléctrica propia o capacidad de almacenamiento equivalente a su demanda, que al menos el 80% de su consumo anual proceda de nueva generación renovable que se haya desarrollado en Irlanda y, dependiendo de los casos, incluso devolver electricidad a la red general cuando haya momentos de máxima demanda.

Irlanda ha transitado un camino que implica pasar de la libertad total a la prohibición en determinadas zonas, para finalmente aportar un modelo que llaman “Bring you own power”, que supone que cada CPD debe casi autoabastecerse. Este cambio se ha producido en gran medida por la presión del mundo rural irlandés, que se vio amenazado y fue capaz de trasladar a los políticos su preocupación de que la demanda de recursos de esta industria restara atención al campo. Los CPD instalados en la región de Dublín por las grandes tecnológicas americanas (Google, Microsoft, Amazon Web Services y Meta Platforms) consumen más electricidad que todos los pueblos irlandeses. No es extraño que temieran que, en caso de problemas, les cortaran a ellos la luz para que el universo urbano siga viendo Netflix.

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes una inversión de 719 millones de euros del Ministerio para la Transformación Digital en el consorcio público-privado que desarrollará una gigafactoría avanzada de Inteligencia Artificial (IA). Se trata de una gran infraestructura de supercomputación con varios centros de datos y cientos de miles de chips avanzados diseñada para entrenar y operar modelos avanzados de IA a escala industrial.

La Unión Europa ha puesto encima de la mesa 20.000 millones de euros que se adjudicarán a entre tres y cinco gigafactorías repartidas por el continente. El proyecto español opta a ser una de ellas con una candidatura multisede que incluye las ubicaciones de Móra la Nova, en Tarragona, y San Fernando de Henares, en Madrid. “Es una apuesta por la soberanía tecnológica e industrial”, ha defendido la portavoz del Gobierno en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Elma Saiz.

El núcleo privado del consorcio lo forman Telefónica, ACS, el Banco Santander y Multiverse Computing, una startup con Sede en San Sebastián que desarrolla software para hacer más eficientes los modelos de IA usando técnicas inspiradas en la computación cuántica, reduciendo costes y consumo energético sin perder rendimiento.

Banco Santander, ACS y Telefónica, controlarán de forma conjunta el 47% del capital de dicha sociedad, con una participación individual del 15,67% cada uno. Con la entrada de Multiverse Computing, que contará con un 4%, el bloque privado alcanzará el 51% del capital y asumirá el control de la sociedad.

El Gobierno ostentará una participación del 47,99% a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT). Esta entidad, conocida como la SEPI digital, agrupa las diferentes inversiones estatales en empresas tecnológicas de última generación con el objetivo de anclarlas al territorio y evitar la fuga de talento. Una de ellas es la propia Multiverse Computing. La Generalitat de Catalunya también contará con un 1% del capital de la gigafactoría en una fase inicial.

Fuentes del Ejecutivo detallan que aún no se conocen los plazos en los que la UE resolverá las candidaturas a las que adjudicará finalmente los fondos. El primero paso será la publicación del concurso oficial por parte de la Comisión Europea, algo que se espera que ocurra en julio. Hasta entonces, España continúa dando pasos para demostrar su compromiso con el proyecto.

La trayectoria de Elon Musk marcará esta semana un nuevo hito solo al alcance de unos pocos personajes históricos. SpaceX, la compañía espacial en la que cuenta con el 42% del capital social (aunque controla cerca del 85% del poder de voto total) protagonizará el viernes la mayor salida a bolsa de todos los tiempos. Recaudará unos 75.000 millones de dólares y podría convertirle en la primera persona en acumular una fortuna superior al billón de dólares.

Es una entrada más en la histriónica biografía de un empresario acostumbrado a las polémicas y a los titulares, divididos entre su faceta de visionario —como impulsor del primer fabricante de coches 100% eléctricos a escala global o de la empresa que ha inaugurado la era de la privatización del espacio— y la de milmillonario de ideas peligrosas, receloso del poder estatal y los gobiernos.

Sin embargo, el cuento que Musk ha ayudado a trazar sobre sí mismo está lejos de la realidad práctica sobre la que ha construido su imperio. “Es importante entender que Musk no es ni ha sido nunca un libertario. La gente suele asociar Silicon Valley con el libertarismo, pero en el caso de Musk, y en realidad en el del sector tecnológico en general, sus ventajas derivan de una estrecha relación con el Estado”, explica Ben Tarnoff en entrevista con elDiario.es.

En el caso de Musk, y en realidad en el del sector tecnológico en general, sus ventajas derivan de una estrecha relación con el Estado

Tarnoff es coautor, junto al historiador Quinn Slobodian, de Muskismo: Elon Musk y la nueva era posliberal (Editorial Taurus), un libro en el que intentan no solo repasar la trayectoria del magnate, sino como su pensamiento y acciones han contribuido a crear un nuevo paradigma económico al que denominan “muskismo”. Proponen que, del mismo modo que el fordismo (basado en las estrategias de Henry Ford) fue el sistema operativo del capitalismo del siglo XX, el modelo de Musk lo es en el XXI: una visión del mundo que promete la salvación y la soberanía a través de la tecnología, pero que en la práctica hace que los Estados dependan de sus monopolios privados.

“Una de las líneas conductoras de la carrera de Musk es su capacidad para instrumentalizar el sector público como fuente de poder y beneficios”, destaca Tarnoff. “SpaceX es quizá la ilustración más clara de esto”, recalca. Su creación, supervivencia y posterior despegue dependen por entero de los contratos con la administración estadounidense, tanto con la NASA como con el Pentágono.

La “simbiosis con el Estado”

Los autores citan en el libro varios momentos en los que la narrativa agresiva con los poderes públicos del magnate contrasta con su papel fundamental para sus empresas. En el caso de SpaceX uno de los más llamativos sucedió en 2006, cuando la compañía se salvó de la bancarrota gracias un contrato con la NASA.

Entonces SpaceX, que el viernes se convertirá en una de las 10 empresas más valiosas del planeta, no había volado ningún cohete con éxito y había generado menos de 50 millones de dólares en ingresos. Con todo, la agencia espacial le otorgó 278 millones de dólares para construir un cohete nuevo y más grande, el Falcon 9, y una nave de carga, la cápsula Dragon.

Esa relación de dependencia fue clave desde su fundación en 2002. “La empresa despega en el primer año de la guerra global contra el terrorismo prometiendo al Pentágono de Donald Rumsfeld la capacidad de poner en órbita satélites más pequeños, más baratos y de despliegue más rápido, a un coste muy inferior al de los grandes contratistas de defensa entonces dominantes”, describe Tarnoff.

“Esto ilustra bien lo que entendemos por simbiosis con el Estado”, continúa. Es una relación en la que Musk busca “injertarse” en el aparato público, utilizar la financiación institucional, así como aprovechar las tecnologías creadas por el Gobierno de EEUU como un andamio para sus propios proyectos.

SpaceX es el ejemplo más evidente, pero ni mucho menos el único. Al contrario, este modus operandi se repite durante toda su trayectoria. Desde su primera empresa, llamada Zip2, fundada en junio de 1995 cuando Musk tenía 24 años. Zip2 era una especie de páginas amarillas digital con comercios locales de la Bahía de San Francisco, que incluía mapas e indicaciones de cómo llegar a los negocios. La tecnología clave de su sistema era la constelación de satélites GPS construida por el Pentágono, que comenzó a operar en abril de 1995.

Fue el germen del muskismo: los autores cuentan cómo Musk convenció a la empresa proveedora de mapas para que le permitiera usar su tecnología a coste cero hasta que Zip2 diera beneficios, construyendo su primera compañía gracias a la cesión gratuita de una infraestructura militar desarrollada con dinero público. En 1999, Compaq compró la empresa por 307 millones de dólares, de los que a Musk se llevó unos 22.

Zip2 nunca llegó a hacer públicas sus cuentas, pero no hay pruebas de que llegara a obtener beneficios antes de ser disuelta en 2003. El ya millonario Musk invirtió ese beneficio en la creación de X.com, que más tarde se transformaría en Paypal. Es quizá la parte más estudiada de su primera etapa empresarial, donde trazó las conexiones que le convirtieron en un miembro de la Paypal mafia, el grupo de empresarios nacidos en la Sudáfrica del apartheid que hoy pueblan los puestos de poder de Silicon Valley y la Casa Blanca.

Para el desarrollo de esta plataforma de pagos digitales fue indispensable, de nuevo, la cesión gratuita de tecnología pública. Como detalla Tarnoff, sin la privatización a coste cero del proyecto DARPA, la base del primer Internet, ni Paypal ni ninguna otra empresa de la primera explosión digital podrían haber despegado. Paypal fue vendida a eBay en 2002, una operación que reportó otros 180 millones a Musk.

Un capital que sirvió para alumbrar SpaceX, con la que el magnate volvió a abrir un círculo que este viernes se cerrará con los 75.000 millones de dólares que los inversores ingresarán en la compañía.

Ni libertario, ni parásito

Con todo, Tarnoff pide ver las dos caras que la relación de simbiosis que Musk establece entre sus empresas y el estado. “Para nuestro argumento es importante que Musk no sea visto como un libertario, pero es igualmente importante que tampoco sea percibido como un capitalista de amiguismo o un simple parásito, alguien que se limita a extraer valor del Estado sin ofrecer nada a cambio”, destaca en su conversación con este medio.

“En ecología, los científicos distinguen entre interacciones simbióticas y parasitarias: la simbiosis describe una relación de beneficio mutuo. Nosotros sostenemos que, a medida que Musk se ha integrado más profundamente en el Estado, este también ha obtenido ventajas de esa relación. En cierto modo, el muskismo consiste en aumentar la capacidad del Estado a través de medios privados”, prosigue.

Es importante que Musk no sea visto como un libertario, pero es igualmente importante que tampoco sea percibido como un capitalista de amiguismo o un simple parásito, alguien que se limita a extraer valor del Estado sin ofrecer nada a cambio

SpaceX vuelve a ser un ejemplo de ello. “Si eres el Pentágono, SpaceX te ayuda a expandir capacidad y soberanía: en 20 años redujo un 90% el coste de poner masa en órbita, lo que significa que ejércitos y servicios de inteligencia disponen ahora de activos espaciales para vigilancia y guía de munición a los que antes no tenían acceso”.

Los autores sostienen que esa relación en la que ambos obtienen beneficios es precisamente la que ha forjado la alianza entre Washington y Silicon Valley y su fusión entre poder político y poder tecnológico. Un tratado que está tomando un nuevo cariz en los albores de la era de la inteligencia artificial.

“Cuando observamos a Musk y, más en general, la integración cada vez más profunda entre Silicon Valley y el Estado estadounidense —visible de forma particular en el conflicto con Irán, con la dependencia de herramientas de Anthropic y Palantir para la selección automatizada de objetivos y ataques— sostenemos que eso nos lleva a un paradigma que ya no puede describirse limpiamente como neoliberal. No se trata de una contracción de la capacidad estatal. Se trata, en realidad, de una expansión de esa capacidad —coercitiva, sí, vinculada a la guerra— pero expansión al fin y al cabo, canalizada a través de la integración con empresas tecnológicas privadas”, defiende.

Tu dinero, mi monopolio

La relación de beneficios en esa simbiosis no es unidireccional. Pero tiene trampa. Sus características hacen que el Estado sea cada vez más dependiente de las tecnológicas, que pueden convertirse en el proveedor dominante de determinados servicios o, directamente, construir monopolios a través de la privatización de infraestructuras críticas.

“El muskismo absorbió la idea de que las empresas, al participar en esas asociaciones con el Estado, pueden asemejarse a él. El propósito no era eliminar el Gobierno, sino hacerlo vasallo suyo, de modo que solo pudiera ejercer su autoridad si compraba los servicios de un proveedor monopolista”, relatan Slobodian y Tarnoff en el libro.

El propósito no era eliminar el Gobierno, sino hacerlo vasallo suyo, de modo que solo pudiera ejercer su autoridad si compraba los servicios de un proveedor monopolista

En 2025, el 95% de los lanzamientos orbitales en Estados Unidos y de más de la mitad de todos los lanzamientos mundiales corrió a cargo de SpaceX. “El Pentágono, la NASA y otras agencias gubernamentales quedaban en una posición muy dependiente de Musk. SpaceX se convirtió en la puerta que daba acceso de facto al Gobierno a la órbita baja terrestre. En esto consistía la soberanía como servicio: la lógica de la moderna plataforma de internet ampliada a la escala del Estado nación”.

Ahora, Musk ha ampliado el espectro de su compañía espacial. Con la integración de su compañía de inteligencia artificial xAI y la red social X, su negocio va mucho más allá de los viajes espaciales. xAI está construyendo, junto a Tesla, dos gigantescos centros de datos en Tennessee llamados Colossus I y II, que albergarán un supercomputador. SpaceX pretende a su vez explorar la posibilidad de construir centros de datos en órbita, con el objetivo de aprovechar la energía solar ilimitada lejos de las nubes o del ciclo de día y noche.

“Ha demostrado que puede construir centros de datos muy rápidamente, a menudo saltándose regulaciones y levantando centrales de gas metano de altas emisiones contaminantes. Tanto Anthropic como Google han llegado a acuerdos con Musk para arrendar capacidad de computación de sus centros de datos, precisamente porque Grok —el modelo de lenguaje de Musk— no ha tenido una gran adopción: tienen más capacidad de la que necesitan y pueden arrendar esa capacidad a empresas que son técnicamente competidoras, pero que en realidad pueden proporcionarles una muy necesaria inyección de liquidez”, resume Tarnoff.

Esta mutación hacia un gigantesco proveedor de infraestructura física es el motivo real detrás de la colosal salida a bolsa del viernes. Musk, tradicionalmente contrario a ceder parte de la capacidad de decisión a los accionistas, necesita enormes inyecciones de capital para financiar esos centros de datos.

Sin embargo, una vez más, SpaceX es el culmen de su estrategia. Musk no cederá el control: los documentos de la operación blindan su posición como director ejecutivo gracias a que sus acciones cuentan con derecho de voto reforzado. “Se vuelve esencialmente inexpulsable”, señala el investigador. Pero sí externalizará el riesgo.

Una de las cosas que ocurrirá poco después de su salida a bolsa es que se incorporará al Nasdaq 100, el índice bursátil que siguen muchísimos fondos indexados en todo el mundo. Esto significa que las personas que tienen sus pensiones, sus planes de jubilación y sus ahorros invertidos en esos fondos pronto tendrán acciones de SpaceX

“Una de las cosas que ocurrirá poco después de su salida a bolsa es que se incorporará al Nasdaq 100, el índice bursátil que siguen muchísimos fondos indexados en todo el mundo. Esto significa que las personas que tienen sus pensiones, sus planes de jubilación y sus ahorros invertidos en esos fondos pronto tendrán acciones de SpaceX en cartera, lo que convierte a Musk en un actor estructuralmente relevante para los mercados financieros globales, recuerda Tarnoff.

“SpaceX no es rentable: está perdiendo bastante dinero, y tiene una valoración enormemente inflada que se sustenta en toda clase de promesas extraídas de la ciencia ficción: desde centros de datos en órbita hasta la colonización de Marte. En el pasado, Musk ha hecho con frecuencia ese tipo de promesas descabelladas, y los inversores no esperan que las cumpla todas: esperan que cumpla algunas, y eso generalmente es suficiente para mantener la máquina del dinero en marcha. Pero ahora que hay un universo de inversores mucho más amplio, y que como empresa cotizada en un índice de primer nivel está integrada en el sistema de jubilación de mucha gente, creo que eso cambia bastante las cosas y crea un riesgo mucho mayor para el ciudadano de a pie”, concluye.

La localidad toledana de Mora ha presentado este miércoles el proyecto DC Malpica AI 300Mw, un centro de datos que pretende implantarse en este municipio, con una inversión de 3.000 millones de euros por parte de un consorcio empresarial integrado por Edgemode y Bloom Energy.

En un acto público celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento moracho se ha explicado que las instalaciones se situarían junto a la carretera TO-2836 que une Mora con Villasequilla y que conecta con Toledo o con Aranjuez. Habría dos edificios, cada uno con una superficie de 150.000 metros cuadrados, en un total de 100 hectáreas (unos cien campos de fútbol) y la intención es que pueda generar entre 500 y 900 empleos -sobre todo empleo indirecto- cuando esté en funcionamiento.

Emilio Bravo, alcalde de Mora, ha señalado durante la presentación que se trata de “un día importante” para el municipio “que puede cambiar la historia de nuestro pueblo y de Castilla-La Mancha”.

El edil ha querido recalcar que en la construcción de este centro de datos tendrá una generación de empleo “importante” cifrando entre 3.000 puestos de trabajo en empleo directo, y hasta 2.500 en empleo indirecto.

“Después, una vez que se ponga en funcionamiento el proyecto, evidentemente el empleo directo será menor, pero habrá mucho empleo indirecto llegando a más de 1.000 personas. Yo creo que para Mora es importante”, ha explicado.

Entre los principales trabajadores podrían encontrarse ingenieros, técnicos de operación, especialistas en infraestructura digital, personal de seguridad, mantenimiento y administración, destacaba.

De igual manera, ha considerado que está “seguro” de que el Gobierno de Castilla-La Mancha “apoyará como apoya todas las inversiones importantes que llegan a nuestro pueblo”, explicando que los promotores ya han solicitado al Gobierno regional la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

¿Por qué en Mora?

Un argumento similar empleaba Charlie Faulkner, CEO de Edgemode Inc y promotor del proyecto, quien ha destacado que el complejo tendrá una potencia de 300Mw y que se trata de “una oportunidad significativa para Mora y para la región, de cara a crear trabajo y contribuir al desarrollo y la prosperidad de la región”.

Faulkner sostiene que “hay muchísima demanda por la inteligencia artificial y España tiene la oportunidad de establecerse como líder de innovación en este campo”.

La elección de este punto geográfico para instalar el centro de datos tiene que ver con “estar localizado cerca de Madrid y la proximidad a las líneas de gas subterráneas”. Faulkner ha comentado que, una vez cuenten con los permisos necesarios, se pondrán a trabajar “inmediatamente” para construir el centro de datos, donde las obras podrían durar “en torno a unos 18 meses o dos años” hasta verse terminado.

Tendrá un sistema de energía propio: “No necesitamos agua”

Mientras, su socio, el director en Europa de Bloom Energy, compañía californiana productora de baterías combustibles que transforma el gas natural en electricidad, Reto Zueger, explicaba que la planta contará con un sistema propio de energía partiendo del gas natural, con una tecnología que, ha asegurado, “tiene un impacto de emisiones muy pequeño”.

“No necesitamos agua, ni químicos como aceites o amoniacos, por lo que es una solución muy sostenible”, ha asegurado. La polémica sobre los grandes consumos de agua asociados a los Data Center está siempre sobre la mesa.

Al hilo de esto, a preguntas de los medios, ha explicado que su tecnología denominada Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) -pila de combustible de óxido sólido y que “funciona a temperaturas muy altas” es “la única capaz de transformar el gas natural en hidrógeno”. Ha matizado en este punto la cuestión del agua. En realidad sí tendrán que usarla. “Utiliza más agua hasta que la maquinaria empieza a funcionar, pero una vez que la reacción química está a una temperatura alta podemos pararlo, el agua del ambiente es suficiente para que el gas funcione”, comentaba.

De esta forma, ha insistido en que “solo necesitamos agua para empezar o cuando llevamos a cabo el mantenimiento”.

Zueger explica que el sistema energético de la planta se realizará instalando 30 módulos de 10 Mw alimentados gracias al gas natural, y de forma autónoma respecto de la red eléctrica convencional, porque “el sistema energético europeo no permite este tipo de conexión”. Subrayaba que serán capaces de producir la potencia necesaria “en un tiempo muy reducido de dos años, lo que permitirá que el centro de datos Malpica pueda operar en un tiempo muy limitado”.

Sin noticias de la solicitud para evaluación ambiental en la consejería

La consejera de Desarrollo Sostenible Mercedes Gómez comentaba, un día después sus impresiones sobre el proyecto y confirmaba no haber recibido, de momento, solicitud para su evaluación ambiental.

“Una vez que lo presenten en la evaluación ambiental, pues lógicamente haremos la tramitación que estimemos oportuna”, ha señalado.

“El conocimiento que tenemos de lo que se presentó ayer es que utiliza una energía innovadora, pero que no tiene una componente 100% renovable porque parece ser que utiliza unas biopilas que ellos denominan, que parece ser que la empresa que lo impulsa lo tiene patentado”, ha señalado la consejera.

“Tendremos que conocer el proyecto una vez que se presente evaluación ambiental y evidentemente en ese momento se determinará la viabilidad o no del mismo desde el punto de vista ambiental”, ha concluido.

Cuando un joven de 20 años de Texas fue detenido a principios de este año por intentar, presuntamente, quemar la sede de OpenAI y la casa de Sam Altman, consejero delegado de esa empresa, las autoridades encontraron un manifiesto contra la IA, una garrafa de queroseno y un mechero. Este fue uno de los episodios de una oleada de ataques que ha encendido las alertas entre investigadores, la industria tecnológica y las fuerzas de seguridad ante el auge del extremismo antitecnológico.

En abril, un influencer de Instagram italiano de la corriente “nature pilled” (movimientos en redes obsesionados con el retorno radical a la naturaleza) fue detenido en Roma y acusado de planear una serie de ataques antitecnológicos inspirados en Ted Kaczynski, conocido como el “Unabomber”.

El mes pasado, dos personas que se autodefinen como “ecofascistas” perpetraron un ataque mortal antimusulmán en una mezquita de San Diego (EEUU). Entre sus motivaciones para la violencia, resumidas en un manifiesto, también citaron el contenido basura generado por IA (“AI slop”) y los vínculos de JD Vance con Palantir.

A principios de este año, un concejal de la ciudad de Indianápolis se despertó sobresaltado por el sonido de disparos efectuados contra su casa, antes de encontrar una nota en la que se leía: “NO MÁS CENTROS DE DATOS”.

La creciente reacción pública ante el rápido despliegue de la inteligencia artificial por parte de la industria tecnológica ha adoptado formas en su inmensa mayoría no violentas, como la organización de comunidades locales en contra de los centros de datos o candidatos políticos que prometen una mayor supervisión. Sin embargo, en los márgenes de ese movimiento, los investigadores avisan de las quejas contra la industria de la IA y sus líderes están reavivando antiguos movimientos extremistas violentos y fomentando otros nuevos.

La IA se está convirtiendo en un motor de la violencia política, y ese es un fenómeno muy nuevo

Jordyn Abrams — Investigadora sobre Extremismo de la Universidad George Washington (EEUU)

“La IA se está convirtiendo en un motor de la violencia política, y ese es un fenómeno muy nuevo”, afirma Jordyn Abrams, investigadora del Programa sobre Extremismo de la Universidad George Washington.

Aunque gran parte del debate público inicial en torno a la IA generativa y el extremismo se centra en cómo actores maliciosos, como grupos terroristas, podrían dar un mal uso a productos como ChatGPT para fines propagandísticos o para planear atentados, más recientemente se está prestando atención a cómo la propia industria de la IA en su conjunto puede radicalizar a las personas. Lo que motiva a alguien a ejercer la violencia extremista puede no ser una conversación con un chatbot, según los investigadores, sino la sensación de un cambio impuesto a toda la sociedad, la narrativa de amenaza existencial y la falta de rendición de cuentas que han acompañado al auge de la IA.

De la misma manera que la IA ha llegado a impregnar muchas facetas de la vida moderna, esta tecnología también se ha filtrado en la forma en que los extremistas conciben el mundo. Ya se trate de grupos violentos antigubernamentales que se oponen a la vigilancia masiva, ecofascistas con reivindicaciones medioambientales, aceleracionistas neonazis empeñados en colapsar infraestructuras tecnológicas críticas o el hombre que presuntamente atacó la casa de Altman preocupado por que una inteligencia artificial superpoderosa destruya a la humanidad, la IA se ha convertido en una fijación en todo el espectro extremista.

Estamos viendo a muchos grupos diferentes y muchas ideologías distintas articularse a través de una óptica en contra de la IA. Trasciende las dicotomías de izquierda y derecha

Yannick Veilleux-Lepage — profesor asociado en el Real Colegio Militar de Canadá

“Realmente trasciende las dicotomías de izquierda y derecha”, señala Yannick Veilleux-Lepage, profesor asociado en el Real Colegio Militar de Canadá. “Estamos viendo a muchos grupos diferentes y muchas ideologías distintas articularse a través de una óptica en contra de la IA”.

Demasiado rápido

El movimiento antitecnológico moderno tiene un largo linaje. Históricamente, los periodos de cambio tecnológico vienen acompañados de una reacción violenta por parte de los más afectados; los investigadores suelen señalar la rebelión ludita de principios del siglo XIX, cuando los trabajadores textiles británicos destruían las máquinas de tejer automatizadas mientras exigían más derechos laborales. Los siguientes 200 años trajeron oleadas de disputas laborales violentas y violencia política asociadas a las perturbaciones del mercado provocadas por la tecnología, la acumulación desigual de la riqueza y la pérdida de derechos de los trabajadores.

En la década de los 90, se produjo un rechazo cultural contra el auge del ordenador personal y el temor a cómo desestabilizaría a la sociedad. Entre las quejas habituales figuraban el miedo a la sustitución de los trabajadores humanos, el daño medioambiental y el desmoronamiento de las estructuras sociales saludables.

“¿No te has enterado? Quiere tu trabajo. Te vende obscenidades. Corrompe a tus hijos. Es frío, estéril, inhumano. De repente, está bien odiar a tu ordenador”, se leía en un reportaje de portada de la revista New York Magazine de 1995 sobre los “nuevos luditas”.

El mismo año en que New York Magazine publicó su portada, el Washington Post y el New York Times difundieron el manifiesto antitecnológico del Unabomber, un panfleto de 35.000 palabras contra la sociedad industrial que se ha propagado por internet desde entonces y se ha convertido en lo más parecido a un texto fundacional para el extremismo antitecnológico.

Lo que separa al extremismo contra la IA de estas oleadas anteriores de rechazo tecnológico es, según los investigadores, en parte la velocidad y la escala con la que la IA está provocando cambios económicos, sociales y políticos. “No solo se trata de cambios que afectan a toda la sociedad y que son realmente disruptivos, sino que además están ocurriendo muy rápido”, explica Veilleux-Lepage. “La gente no tiene tiempo para desarrollar resiliencia o para inmunizarse frente a estas transformaciones”.

No solo se trata de cambios que afectan a toda la sociedad y que son realmente disruptivos, sino que además están ocurriendo muy rápido. La gente no tiene tiempo para desarrollar resiliencia

Yannick Veilleux-Lepage — profesor asociado en el Real Colegio Militar de Canadá

Los trillados argumentos de la propia industria de la IA —que aseguran que esta tecnología revolucionará el mundo, si es que no acaba con él— también alimentan una narrativa de radicalización que postula que la IA representa una amenaza existencial y debe ser detenida a toda costa.

Cuando Veilleux-Lepage da charlas a responsables políticos sobre el extremismo antitecnológico, una de sus diapositivas muestra sencillamente una serie de citas de consejeros delegados. “Para radicalizar a la gente, en realidad no necesitas teóricos ni ideólogos que llamen a la violencia contra la IA, porque los directivos tecnológicos ya están haciendo un trabajo bastante eficaz en ese sentido”, afirma Veilleux-Lepage.

“Espero que ocurran cosas realmente malas”

Altman ha planteado a menudo los cambios que traerá la IA como algo que puede ser difícil, pero que en última instancia será positivo. Sobre todo, describe el cambio como inevitable “Espero que ocurran cosas realmente malas a causa de esta tecnología, algo que también ha sucedido con tecnologías anteriores”, declaró Altman el año pasado en el podcast de la firma de capital riesgo Andreessen Horowitz.

Aunque los directores ejecutivos de las tecnológicas se muestran públicamente optimistas sobre la resiliencia de la sociedad y el cambio que provocará la IA, también está claro que en el ámbito privado les preocupa la amenaza de la violencia política. El gasto en seguridad personal para directivos se ha disparado en los últimos cinco años a raíz de incidentes como el asesinato del consejero delegado de UnitedHealthcare, Brian Thompson, mientras que líderes tecnológicos como Elon Musk destinan ahora millones a su propia protección. SpaceX reveló en su documentación para salir a bolsa a principios de este año que el año pasado pagó 4 millones de dólares a la empresa de seguridad privada de Musk, el doble de lo que había gastado apenas dos años antes.

A lo largo del último año se aprecian indicios de que la industria de la IA está cambiando su retórica mientras lidia con una desconfianza pública generalizada. Altman afirmó el mes pasado que la IA probablemente no provocará el “apocalipsis laboral” del que habló en su momento, a pesar de que empresas como Meta están despidiendo a decenas de miles de trabajadores.

Mientras tanto, OpenAI y Anthropic han anunciado este año la creación de fondos y laboratorios de ideas (think tanks) destinados a ayudar a las instituciones civiles a adaptarse a la IA. En concreto, la organización sin ánimo de lucro de OpenAI ha comprometido 250 millones de dólares en subvenciones para programas que ayuden a los trabajadores a afrontar las perturbaciones de la IA.

Las principales empresas de IA están contratando a expertos en seguridad nacional, inteligencia y armamento para supervisar las amenazas y el mal uso de su tecnología, incluidos algunos con experiencia en investigación sobre extremismo y contraterrorismo. El jefe de inteligencia de OpenAI trabajó anteriormente como uno de los principales expertos académicos en el Estado Islámico y escribió un libro sobre la creencia del grupo de que estaba provocando el apocalipsis. OpenAI y Anthropic no han respondido a las solicitudes de entrevistas con sus expertos en inteligencia o seguridad.

Sin recursos no violentos

El cierre de vías legítimas para canalizar la oposición pública a la IA, así como la sensación de que se está imponiendo esta tecnología a la sociedad, está creando lo que los investigadores describen como una brecha en la rendición de cuentas que puede incentivar aún más el terrorismo y la violencia política. Donald Trump, en sintonía con los líderes tecnológicos, promulgó el año pasado una orden ejecutiva para intentar bloquear cualquier legislación a nivel estatal que frenara el desarrollo de la IA, y ha asegurado que nada ralentizará a Estados Unidos en la carrera global de la IA. Los multimillonarios tecnológicos también están invirtiendo millones de dólares en lobby y gasto político en un intento de evitar la regulación de la IA.

“Cuando las autoridades están demasiado ocupadas, o simplemente no les importa lo suficiente regular y tomar medidas, entonces las personas afectadas van a pasar a la acción”, señala Mauro Lubrano, profesor de la Universidad de Bath y autor de Paren las máquinas: el auge del extremismo antitecnológico.

Cuando las autoridades están demasiado ocupadas, o simplemente no les importa lo suficiente regular y tomar medidas, entonces las personas afectadas van a pasar a la acción

Mauro Lubrano — profesor de la Universidad de Bath y autor de 'Paren las máquinas: el auge del extremismo antitecnológico'

Documentos de las fuerzas de seguridad federales obtenidos por Wired y The Intercept muestran que las autoridades de EEUU vigilan cada vez más los movimientos antitecnológicos, al tiempo que han declarado que perseguirán penalmente de forma contundente los ataques violentos. Tras el intento de incendio provocado en la casa de Altman a principios de este año, las autoridades prometieron que “el FBI no tolerará amenazas contra los líderes de la innovación de nuestra nación”.

No obstante, los investigadores advierten de que las autoridades corren el riesgo de confundir las protestas a escala nacional y las peticiones de una mayor regulación de la IA con posturas extremistas antitecnológicas más marginales, lo cual es tanto erróneo como contraproducente. Los programas orientados a la vigilancia masiva y los intentos de silenciar los movimientos no violentos contra la IA inevitablemente tendrán efectos adversos, según Lubrano, empujando aún más a la gente hacia las respuestas violentas si sienten que sus demandas legítimas no son atendidas.

“Tenemos la oportunidad de ser proactivos en esto evitando al mismo tiempo errores que hemos cometido en el pasado al responder a otras formas de extremismo”, afirma Lubrano. “Algo me dice que no empezamos con buen pie”.

Extremadura lidera hoy la nueva era del Big Data Social de la mano de neoCK, el grupo empresarial nacido en Badajoz hace una década que se ha convertido en referente nacional en innovación basada en datos. La compañía atraviesa uno de los momentos más sólidos y ambiciosos de su trayectoria, consolidándose como el ecosistema de datos sociales más potente y pionero de España gracias al desarrollo de SDDI (Social Data Driven Impact), un programa que impulsa una nueva generación de soluciones orientadas al impacto social y la transformación digital.

SDDI es el primer espacio de datos de referencia del Tercer Sector español y reúne a alrededor de 300 organizaciones de distinta índole y ámbito. Su objetivo es permitir la compartición ética, segura e interoperable de información para mejorar la medición del impacto social, optimizar la toma de decisiones, evaluar proyectos y aumentar la eficiencia de los programas sociales. El proyecto aspira también a reducir la brecha de digitalización del Tercer Sector y a facilitar el acceso de las entidades sociales a tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial y a la economía del dato. Según la Plataforma de ONG de Acción Social, el retraso tecnológico del sector podría cifrarse en cinco años, con un 48 por ciento de entidades que invierte menos de 1.000 euros anuales en tecnología.

En este contexto, neoCK ha desarrollado una sofisticada capa técnica de protección de datos que garantiza la seguridad y la privacidad en todo el ecosistema. La compañía aplica un sistema de anonimización y mitigación del riesgo de reidentificación basado en tres niveles: detección y filtrado automatizado de información sensible mediante soluciones avanzadas como Microsoft Presidio; tratamiento de texto libre con modelos de inteligencia artificial propios capaces de procesar y anonimizar campos cualitativos; y una validación matemática del riesgo a través de la herramienta ARX, que asegura que la probabilidad de reidentificación sea prácticamente nula antes de que la información se comparta en el espacio de datos. Esta metodología es, además, la propuesta por la Agencia Española de Protección de Datos.

“Vivimos en una burbuja en la que parece que todo es IA, pero esta tecnología no sirve de nada sin datos fiables que la respalden”, afirma Jesús Martín, director ejecutivo de neoCK. Destaca además la creación de un equipo altamente cualificado para desarrollar un espacio de datos ético y fiable, capaz de ser aprovechado por la inteligencia artificial para impulsar soluciones con impacto positivo y beneficios reales para la sociedad. Según explica, el ecosistema impulsado por la compañía se ha convertido en el más relevante de España en materia de datos orientados a retos sociales, solo por detrás del ecosistema de datos de agricultura. “Nos sentimos muy orgullosos de que una empresa esté liderando toda la parte de datos enfocada a resolver retos que tienen que ver con el empleo, el emprendimiento y la educación desde Badajoz”, señala.

La iniciativa cuenta con la participación de entidades de ámbito estatal como COCEMFE, Cáritas, Save the Children, Anesvad, Plena Inclusión, Plan International, Fundación Integralia DKV, Providencia y Confederación Salud Mental España, lo que refuerza su vocación nacional pese a estar impulsada desde Extremadura.

Modelo de gobernanza

El compromiso de neoCK con la seguridad y la ética en el uso de los datos se refuerza con un sólido marco de gobernanza, auditoría y cumplimiento normativo. Su estructura está alineada con el Data Governance Act europeo y con las especificaciones del Data Spaces Support Centre (DSSC). En el ámbito nacional, la compañía se ajusta a la nueva norma UNE 0087:2025, que establece el marco común para los espacios de datos en España y define los principios de interoperabilidad y gobernanza formal. Esto se traduce en un control estricto de permisos, trazabilidad absoluta, registros de actividad inalterables para auditorías y comités de supervisión que regulan los acuerdos de uso entre los participantes del ecosistema. En la parte de infraestructura técnica, neoCK opera bajo el marco europeo Simpl, una plataforma abierta y segura para la compartición de datos.

El grupo empresarial neoCK, fundado en Badajoz en 2016, acelera su expansión nacional e internacional tras duplicar facturación y empleo en los dos últimos años. La empresa extremeña de tecnología social desarrolla herramientas y programas relacionados con la empleabilidad, la orientación laboral, la educación y la formación, el desarrollo de habilidades y la transformación digital de organizaciones del Tercer Sector, instituciones públicas y empresas privadas. Esta scale up, que nació bajo el nombre de Escuela de Conkistadores como guiño a la región, prevé alcanzar alrededor de seis millones de euros anuales en 2026 y superar el medio centenar de trabajadores, cifras que su CEO considera “especialmente positivas”.

Uno de los rasgos diferenciales de la compañía es que más del 70 por ciento de su plantilla está formada por mujeres, un dato poco habitual en el sector tecnológico, donde la presencia masculina sigue siendo mayoritaria. Además, neoCK ha recibido diversos premios y reconocimientos por su modelo de trabajo horizontal, remoto y distribuido, que permite a buena parte de su equipo trabajar desde distintos puntos del país, incluidos pequeños municipios rurales. Este sistema no solo facilita su operatividad global, sino que contribuye al sostenimiento del medio rural y a frenar la despoblación y la fuga de talento.

Las y los profesionales de la empresa se encuentran en Cataluña, Madrid, Canarias, Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Cantabria y Castilla-La Mancha, además de en países como Argentina y Colombia. Sus proyectos han impactado ya en más de 25.000 personas en Europa y Latinoamérica. “La innovación tecnológica no tiene por qué nacer siempre en ciudades como Madrid o Barcelona. Desde Badajoz, hemos demostrado que es posible construir una empresa tecnológica con impacto social, crecimiento exponencial y proyección nacional”, afirma Martín.

La compañía articula su actividad a través de cuatro unidades de negocio: neoTOOLS, especializada en tecnología social y desarrollo de herramientas digitales; Talentia, centrada en capacitación, formación y orientación profesional; Agente360, dedicada a eventos y congresos vinculados al talento y la innovación; y CIFE Experience, enfocada en formación experiencial y entrenamiento competencial.

Como telón de fondo, la historia de neoCK refleja también la de una región que ha decidido ocupar un lugar propio en la economía del dato. Extremadura, tradicionalmente asociada a la despoblación y a la falta de oportunidades tecnológicas, se está consolidando como un territorio capaz de generar innovación de alto impacto y de proyectarla al resto del país. La evolución del ecosistema de datos sociales impulsado desde Badajoz demuestra que la transformación digital no es patrimonio exclusivo de las grandes capitales, sino una oportunidad real para las regiones que apuestan por el talento, la colaboración y la tecnología como motores de desarrollo. En este nuevo mapa de la innovación social, Extremadura ya no aparece en los márgenes, sino en el centro de una revolución que está redefiniendo cómo se construyen soluciones para mejorar la vida de las personas.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y el concejal de Administración Pública y Proyectos Estratégicos, Francisco Iglesias, han participado esta mañana en Madrid en la Asamblea Constituyente de la Red Española de Oficinas del Dato (REOD). El alcalde de Logroño ha sido nombrado presidente de esta Red. Posteriormente, el primer edil logroñés ha participado en el Panel EDINT junto a otros representantes municipales y actores claves en el desarrollo de la transformación digital y gestión del dato.

La creación de la Red Española de Oficinas del Dato supone un nuevo hito en el marco del Proyecto EDINT (Espacios de Datos para las Infraestructuras Urbanas Inteligentes), liderado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que recientemente ha culminado su primera fase.

Cabe recordar que, desde el principio, el Ayuntamiento de Logroño ha tomado parte activa en el desarrollo del Proyecto EDINT, ya que fue una de las doce entidades locales seleccionadas para ejecutar esta iniciativa, con una financiación estimada de 12,96 millones de euros procedentes de fondos europeos Next Generation.

En su fase inicial, EDINT ha permitido consolidar un ecosistema robusto a través del despliegue de infraestructura humana y técnica (puesta en marcha de los centros de excelencia y oficinas del dato), de la creación de empleo y formación, así como del establecimiento de una amplia comunidad digital.

El objetivo del Proyecto EDINT es generar valor público continuo mediante soluciones tecnológicas que resuelvan problemas cotidianos de la ciudadanía.

A partir de ahora, EDINT trasciende esta naturaleza inicial para integrarse formalmente como servicio permanente de la FEMP. El nuevo modelo permitirá acompañar a las entidades locales en tres fases: evaluación inicial (auditorías sobre la madurez digital del municipio), asesoramiento 360º y soporte operativo.

La Red Española de Oficinas del Dato contribuirá a la consolidación de EDINT como espacio de datos que promueve la generación, compartición y reutilización de datos urbanos de forma coordinada, segura e interoperable.

El alcalde de Logroño ha destacado que “Logroño vuelve a reafirmar su posición de liderazgo en gobernanza del dato urbano”. “Somos conscientes de que el dato es un activo estratégico que debemos tratar de forma adecuada para mejorar nuestra toma de decisiones, planificación de recursos y, en definitiva, el servicio que prestamos a nuestros ciudadanos y ciudadanas”, ha añadido Escobar.

El primer edil logroñés ha recordado que el Proyecto EDINT es “fruto de la colaboración entre instituciones, empresas, centros educativos y otros agentes implicados en la gestión de datos”. Impulsado en el marco de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), su desarrollo se ha llevado a cabo de la mano de doce entidades locales seleccionadas (los municipios de La Coruña, Alcoy, Fuenlabrada, Jerez de la Frontera, Madrid, Málaga, Mataró, Santander, Valencia y las diputaciones de Badajoz y Jaén, junto con Logroño).

El Gran Centro de Supercomputación del Atlántico, una nueva infraestructura tecnológica que integrará supercomputación, inteligencia artificial y servicios en la nube de gran capacidad, y que es el quinto de España en cuanto a potencia, se ubicará en Tenerife.

Esta infraestructura permitirá procesar y almacenar grandes volúmenes de datos de forma rápida y segura, reduciendo a horas procesos científicos y técnicos que actualmente requieren meses o incluso años, ha informado este lunes en rueda de prensa la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila.

Según ha indicado, el sistema combinará supercomputación, inteligencia artificial y servicios en la nube en un único entorno, lo que facilitará a investigadores, centros científicos y empresas ejecutar simulaciones complejas, entrenar modelos de inteligencia artificial y desarrollar soluciones digitales avanzadas.

El proyecto se desarrollará a través del ITER en colaboración con la empresa tecnológica alemana Bechtle, dentro de un modelo de colaboración público-privada, y su objetivo es potenciar los centros de investigación de Tenerife, como la Universidad de La Laguna, el CSIC y el IAC.

La primera fase, cuyo plazo de ejecución es de seis meses, supondrá una inversión de 5,5 millones de euros, cantidad que se incrementará progresivamente hasta alcanzar los 10 millones conforme se vayan cumpliendo los objetivos previstos.

El director general del ITER, Carlos Suárez, ha detallado que la nueva infraestructura tendrá un modelo híbrido basado en CPUs y GPUs, orientadas especialmente al desarrollo de inteligencia artificial.

Ha precisado además que el sistema incrementará la capacidad de procesamiento en unos 300 teraflops en CPU y alcanzará cerca de un petaflop en GPU, con una potencia total estimada de entre 1,3 y 1,4 petaflops.

Asimismo, ha añadido que la infraestructura situará al centro de supercomputación de Tenerife entre los más potentes del territorio nacional y podría situarse en torno al quinto puesto en capacidad de cómputo en España.

Este centro también permitirá triplicar la capacidad de almacenamiento y duplicar la capacidad actual de supercomputación de la isla.

El consejero insular de Innovación, Juan José Martínez, ha añadido que esta infraestructura forma parte de la estrategia de diversificación económica impulsada por el Cabildo, que persigue consolidar un ecosistema tecnológico competitivo.

Ha indicado que el supercomputador será clave para sectores ya implantados en Tenerife, como el audiovisual, y para otros emergentes como la inteligencia artificial, la genómica, la ciberseguridad y el sector aeroespacial.

También ha recordado que las capacidades de supercomputación ya permitieron durante la pandemia analizar variantes del coronavirus desde Tenerife y destacó que la nueva infraestructura reforzará la capacidad de respuesta científica y tecnológica de la isla.

Según ha resaltado, el centro también reforzará la conectividad y competitividad del parque científico y tecnológico insular, facilitará la implantación de empresas tecnológicas y contribuirá a generar empleo cualificado para jóvenes profesionales.

La Junta de Extremadura ha sometido a información pública la solicitud de autorización ambiental integrada y el estudio de impacto ambiental del proyecto del centro de procesamiento de datos promovido por Data Riocaya SL en el término municipal de Badajoz, cuya demanda energética total alcanzará los 170 MW.

El Consejo de Gobierno aprobó en noviembre del año pasado la calificación de esta iniciativa como proyecto empresarial de interés económico (PREMIA), ya que la inversión será 1.913 millones de euros y la previsión es crear 330 puestos de trabajo.

El proyecto consiste en la implantación de las instalaciones necesarias para puesta en funcionamiento de un centro de procesamiento de Datos, formado por dos edificios, contenedores de la sala de datos y equipos críticos, junto con las instalaciones administrativas necesarias, según el anuncio del proyecto se ha publicado este lunes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

El centro de datos se ubicará en la Plataforma Logística del Suroeste Europeo. La demanda de energía crítica de la instalaciones de 110 MW y la total de 170 MW y tendrá un funcionamiento anual de 8.760 horas.

Según informó la Junta de Extremadura tras conceder el sello PREMIA, el centro está diseñado para alcanzar una capacidad de acceso conectada a la red de hasta 300 megavatios, con los principales estándares de eficiencia energética, sostenibilidad y seguridad operativa