El Consejo de Ministros ha autorizado este martes una inversión de 719 millones de euros del Ministerio para la Transformación Digital en el consorcio público-privado que desarrollará una gigafactoría avanzada de Inteligencia Artificial (IA). Se trata de una gran infraestructura de supercomputación con varios centros de datos y cientos de miles de chips avanzados diseñada para entrenar y operar modelos avanzados de IA a escala industrial.

La Unión Europa ha puesto encima de la mesa 20.000 millones de euros que se adjudicarán a entre tres y cinco gigafactorías repartidas por el continente. El proyecto español opta a ser una de ellas con una candidatura multisede que incluye las ubicaciones de Móra la Nova, en Tarragona, y San Fernando de Henares, en Madrid. “Es una apuesta por la soberanía tecnológica e industrial”, ha defendido la portavoz del Gobierno en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Elma Saiz.

El núcleo privado del consorcio lo forman Telefónica, ACS, el Banco Santander y Multiverse Computing, una startup con Sede en San Sebastián que desarrolla software para hacer más eficientes los modelos de IA usando técnicas inspiradas en la computación cuántica, reduciendo costes y consumo energético sin perder rendimiento.

Banco Santander, ACS y Telefónica, controlarán de forma conjunta el 47% del capital de dicha sociedad, con una participación individual del 15,67% cada uno. Con la entrada de Multiverse Computing, que contará con un 4%, el bloque privado alcanzará el 51% del capital y asumirá el control de la sociedad.

El Gobierno ostentará una participación del 47,99% a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT). Esta entidad, conocida como la SEPI digital, agrupa las diferentes inversiones estatales en empresas tecnológicas de última generación con el objetivo de anclarlas al territorio y evitar la fuga de talento. Una de ellas es la propia Multiverse Computing. La Generalitat de Catalunya también contará con un 1% del capital de la gigafactoría en una fase inicial.

Fuentes del Ejecutivo detallan que aún no se conocen los plazos en los que la UE resolverá las candidaturas a las que adjudicará finalmente los fondos. El primero paso será la publicación del concurso oficial por parte de la Comisión Europea, algo que se espera que ocurra en julio. Hasta entonces, España continúa dando pasos para demostrar su compromiso con el proyecto.

La trayectoria de Elon Musk marcará esta semana un nuevo hito solo al alcance de unos pocos personajes históricos. SpaceX, la compañía espacial en la que cuenta con el 42% del capital social (aunque controla cerca del 85% del poder de voto total) protagonizará el viernes la mayor salida a bolsa de todos los tiempos. Recaudará unos 75.000 millones de dólares y podría convertirle en la primera persona en acumular una fortuna superior al billón de dólares.

Es una entrada más en la histriónica biografía de un empresario acostumbrado a las polémicas y a los titulares, divididos entre su faceta de visionario —como impulsor del primer fabricante de coches 100% eléctricos a escala global o de la empresa que ha inaugurado la era de la privatización del espacio— y la de milmillonario de ideas peligrosas, receloso del poder estatal y los gobiernos.

Sin embargo, el cuento que Musk ha ayudado a trazar sobre sí mismo está lejos de la realidad práctica sobre la que ha construido su imperio. “Es importante entender que Musk no es ni ha sido nunca un libertario. La gente suele asociar Silicon Valley con el libertarismo, pero en el caso de Musk, y en realidad en el del sector tecnológico en general, sus ventajas derivan de una estrecha relación con el Estado”, explica Ben Tarnoff en entrevista con elDiario.es.

En el caso de Musk, y en realidad en el del sector tecnológico en general, sus ventajas derivan de una estrecha relación con el Estado

Tarnoff es coautor, junto al historiador Quinn Slobodian, de Muskismo: Elon Musk y la nueva era posliberal (Editorial Taurus), un libro en el que intentan no solo repasar la trayectoria del magnate, sino como su pensamiento y acciones han contribuido a crear un nuevo paradigma económico al que denominan “muskismo”. Proponen que, del mismo modo que el fordismo (basado en las estrategias de Henry Ford) fue el sistema operativo del capitalismo del siglo XX, el modelo de Musk lo es en el XXI: una visión del mundo que promete la salvación y la soberanía a través de la tecnología, pero que en la práctica hace que los Estados dependan de sus monopolios privados.

“Una de las líneas conductoras de la carrera de Musk es su capacidad para instrumentalizar el sector público como fuente de poder y beneficios”, destaca Tarnoff. “SpaceX es quizá la ilustración más clara de esto”, recalca. Su creación, supervivencia y posterior despegue dependen por entero de los contratos con la administración estadounidense, tanto con la NASA como con el Pentágono.

La “simbiosis con el Estado”

Los autores citan en el libro varios momentos en los que la narrativa agresiva con los poderes públicos del magnate contrasta con su papel fundamental para sus empresas. En el caso de SpaceX uno de los más llamativos sucedió en 2006, cuando la compañía se salvó de la bancarrota gracias un contrato con la NASA.

Entonces SpaceX, que el viernes se convertirá en una de las 10 empresas más valiosas del planeta, no había volado ningún cohete con éxito y había generado menos de 50 millones de dólares en ingresos. Con todo, la agencia espacial le otorgó 278 millones de dólares para construir un cohete nuevo y más grande, el Falcon 9, y una nave de carga, la cápsula Dragon.

Esa relación de dependencia fue clave desde su fundación en 2002. “La empresa despega en el primer año de la guerra global contra el terrorismo prometiendo al Pentágono de Donald Rumsfeld la capacidad de poner en órbita satélites más pequeños, más baratos y de despliegue más rápido, a un coste muy inferior al de los grandes contratistas de defensa entonces dominantes”, describe Tarnoff.

“Esto ilustra bien lo que entendemos por simbiosis con el Estado”, continúa. Es una relación en la que Musk busca “injertarse” en el aparato público, utilizar la financiación institucional, así como aprovechar las tecnologías creadas por el Gobierno de EEUU como un andamio para sus propios proyectos.

SpaceX es el ejemplo más evidente, pero ni mucho menos el único. Al contrario, este modus operandi se repite durante toda su trayectoria. Desde su primera empresa, llamada Zip2, fundada en junio de 1995 cuando Musk tenía 24 años. Zip2 era una especie de páginas amarillas digital con comercios locales de la Bahía de San Francisco, que incluía mapas e indicaciones de cómo llegar a los negocios. La tecnología clave de su sistema era la constelación de satélites GPS construida por el Pentágono, que comenzó a operar en abril de 1995.

Fue el germen del muskismo: los autores cuentan cómo Musk convenció a la empresa proveedora de mapas para que le permitiera usar su tecnología a coste cero hasta que Zip2 diera beneficios, construyendo su primera compañía gracias a la cesión gratuita de una infraestructura militar desarrollada con dinero público. En 1999, Compaq compró la empresa por 307 millones de dólares, de los que a Musk se llevó unos 22.

Zip2 nunca llegó a hacer públicas sus cuentas, pero no hay pruebas de que llegara a obtener beneficios antes de ser disuelta en 2003. El ya millonario Musk invirtió ese beneficio en la creación de X.com, que más tarde se transformaría en Paypal. Es quizá la parte más estudiada de su primera etapa empresarial, donde trazó las conexiones que le convirtieron en un miembro de la Paypal mafia, el grupo de empresarios nacidos en la Sudáfrica del apartheid que hoy pueblan los puestos de poder de Silicon Valley y la Casa Blanca.

Para el desarrollo de esta plataforma de pagos digitales fue indispensable, de nuevo, la cesión gratuita de tecnología pública. Como detalla Tarnoff, sin la privatización a coste cero del proyecto DARPA, la base del primer Internet, ni Paypal ni ninguna otra empresa de la primera explosión digital podrían haber despegado. Paypal fue vendida a eBay en 2002, una operación que reportó otros 180 millones a Musk.

Un capital que sirvió para alumbrar SpaceX, con la que el magnate volvió a abrir un círculo que este viernes se cerrará con los 75.000 millones de dólares que los inversores ingresarán en la compañía.

Ni libertario, ni parásito

Con todo, Tarnoff pide ver las dos caras que la relación de simbiosis que Musk establece entre sus empresas y el estado. “Para nuestro argumento es importante que Musk no sea visto como un libertario, pero es igualmente importante que tampoco sea percibido como un capitalista de amiguismo o un simple parásito, alguien que se limita a extraer valor del Estado sin ofrecer nada a cambio”, destaca en su conversación con este medio.

“En ecología, los científicos distinguen entre interacciones simbióticas y parasitarias: la simbiosis describe una relación de beneficio mutuo. Nosotros sostenemos que, a medida que Musk se ha integrado más profundamente en el Estado, este también ha obtenido ventajas de esa relación. En cierto modo, el muskismo consiste en aumentar la capacidad del Estado a través de medios privados”, prosigue.

Es importante que Musk no sea visto como un libertario, pero es igualmente importante que tampoco sea percibido como un capitalista de amiguismo o un simple parásito, alguien que se limita a extraer valor del Estado sin ofrecer nada a cambio

SpaceX vuelve a ser un ejemplo de ello. “Si eres el Pentágono, SpaceX te ayuda a expandir capacidad y soberanía: en 20 años redujo un 90% el coste de poner masa en órbita, lo que significa que ejércitos y servicios de inteligencia disponen ahora de activos espaciales para vigilancia y guía de munición a los que antes no tenían acceso”.

Los autores sostienen que esa relación en la que ambos obtienen beneficios es precisamente la que ha forjado la alianza entre Washington y Silicon Valley y su fusión entre poder político y poder tecnológico. Un tratado que está tomando un nuevo cariz en los albores de la era de la inteligencia artificial.

“Cuando observamos a Musk y, más en general, la integración cada vez más profunda entre Silicon Valley y el Estado estadounidense —visible de forma particular en el conflicto con Irán, con la dependencia de herramientas de Anthropic y Palantir para la selección automatizada de objetivos y ataques— sostenemos que eso nos lleva a un paradigma que ya no puede describirse limpiamente como neoliberal. No se trata de una contracción de la capacidad estatal. Se trata, en realidad, de una expansión de esa capacidad —coercitiva, sí, vinculada a la guerra— pero expansión al fin y al cabo, canalizada a través de la integración con empresas tecnológicas privadas”, defiende.

Tu dinero, mi monopolio

La relación de beneficios en esa simbiosis no es unidireccional. Pero tiene trampa. Sus características hacen que el Estado sea cada vez más dependiente de las tecnológicas, que pueden convertirse en el proveedor dominante de determinados servicios o, directamente, construir monopolios a través de la privatización de infraestructuras críticas.

“El muskismo absorbió la idea de que las empresas, al participar en esas asociaciones con el Estado, pueden asemejarse a él. El propósito no era eliminar el Gobierno, sino hacerlo vasallo suyo, de modo que solo pudiera ejercer su autoridad si compraba los servicios de un proveedor monopolista”, relatan Slobodian y Tarnoff en el libro.

El propósito no era eliminar el Gobierno, sino hacerlo vasallo suyo, de modo que solo pudiera ejercer su autoridad si compraba los servicios de un proveedor monopolista

En 2025, el 95% de los lanzamientos orbitales en Estados Unidos y de más de la mitad de todos los lanzamientos mundiales corrió a cargo de SpaceX. “El Pentágono, la NASA y otras agencias gubernamentales quedaban en una posición muy dependiente de Musk. SpaceX se convirtió en la puerta que daba acceso de facto al Gobierno a la órbita baja terrestre. En esto consistía la soberanía como servicio: la lógica de la moderna plataforma de internet ampliada a la escala del Estado nación”.

Ahora, Musk ha ampliado el espectro de su compañía espacial. Con la integración de su compañía de inteligencia artificial xAI y la red social X, su negocio va mucho más allá de los viajes espaciales. xAI está construyendo, junto a Tesla, dos gigantescos centros de datos en Tennessee llamados Colossus I y II, que albergarán un supercomputador. SpaceX pretende a su vez explorar la posibilidad de construir centros de datos en órbita, con el objetivo de aprovechar la energía solar ilimitada lejos de las nubes o del ciclo de día y noche.

“Ha demostrado que puede construir centros de datos muy rápidamente, a menudo saltándose regulaciones y levantando centrales de gas metano de altas emisiones contaminantes. Tanto Anthropic como Google han llegado a acuerdos con Musk para arrendar capacidad de computación de sus centros de datos, precisamente porque Grok —el modelo de lenguaje de Musk— no ha tenido una gran adopción: tienen más capacidad de la que necesitan y pueden arrendar esa capacidad a empresas que son técnicamente competidoras, pero que en realidad pueden proporcionarles una muy necesaria inyección de liquidez”, resume Tarnoff.

Esta mutación hacia un gigantesco proveedor de infraestructura física es el motivo real detrás de la colosal salida a bolsa del viernes. Musk, tradicionalmente contrario a ceder parte de la capacidad de decisión a los accionistas, necesita enormes inyecciones de capital para financiar esos centros de datos.

Sin embargo, una vez más, SpaceX es el culmen de su estrategia. Musk no cederá el control: los documentos de la operación blindan su posición como director ejecutivo gracias a que sus acciones cuentan con derecho de voto reforzado. “Se vuelve esencialmente inexpulsable”, señala el investigador. Pero sí externalizará el riesgo.

Una de las cosas que ocurrirá poco después de su salida a bolsa es que se incorporará al Nasdaq 100, el índice bursátil que siguen muchísimos fondos indexados en todo el mundo. Esto significa que las personas que tienen sus pensiones, sus planes de jubilación y sus ahorros invertidos en esos fondos pronto tendrán acciones de SpaceX

“Una de las cosas que ocurrirá poco después de su salida a bolsa es que se incorporará al Nasdaq 100, el índice bursátil que siguen muchísimos fondos indexados en todo el mundo. Esto significa que las personas que tienen sus pensiones, sus planes de jubilación y sus ahorros invertidos en esos fondos pronto tendrán acciones de SpaceX en cartera, lo que convierte a Musk en un actor estructuralmente relevante para los mercados financieros globales, recuerda Tarnoff.

“SpaceX no es rentable: está perdiendo bastante dinero, y tiene una valoración enormemente inflada que se sustenta en toda clase de promesas extraídas de la ciencia ficción: desde centros de datos en órbita hasta la colonización de Marte. En el pasado, Musk ha hecho con frecuencia ese tipo de promesas descabelladas, y los inversores no esperan que las cumpla todas: esperan que cumpla algunas, y eso generalmente es suficiente para mantener la máquina del dinero en marcha. Pero ahora que hay un universo de inversores mucho más amplio, y que como empresa cotizada en un índice de primer nivel está integrada en el sistema de jubilación de mucha gente, creo que eso cambia bastante las cosas y crea un riesgo mucho mayor para el ciudadano de a pie”, concluye.

La localidad toledana de Mora ha presentado este miércoles el proyecto DC Malpica AI 300Mw, un centro de datos que pretende implantarse en este municipio, con una inversión de 3.000 millones de euros por parte de un consorcio empresarial integrado por Edgemode y Bloom Energy.

En un acto público celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento moracho se ha explicado que las instalaciones se situarían junto a la carretera TO-2836 que une Mora con Villasequilla y que conecta con Toledo o con Aranjuez. Habría dos edificios, cada uno con una superficie de 150.000 metros cuadrados, en un total de 100 hectáreas (unos cien campos de fútbol) y la intención es que pueda generar entre 500 y 900 empleos -sobre todo empleo indirecto- cuando esté en funcionamiento.

Emilio Bravo, alcalde de Mora, ha señalado durante la presentación que se trata de “un día importante” para el municipio “que puede cambiar la historia de nuestro pueblo y de Castilla-La Mancha”.

El edil ha querido recalcar que en la construcción de este centro de datos tendrá una generación de empleo “importante” cifrando entre 3.000 puestos de trabajo en empleo directo, y hasta 2.500 en empleo indirecto.

“Después, una vez que se ponga en funcionamiento el proyecto, evidentemente el empleo directo será menor, pero habrá mucho empleo indirecto llegando a más de 1.000 personas. Yo creo que para Mora es importante”, ha explicado.

Entre los principales trabajadores podrían encontrarse ingenieros, técnicos de operación, especialistas en infraestructura digital, personal de seguridad, mantenimiento y administración, destacaba.

De igual manera, ha considerado que está “seguro” de que el Gobierno de Castilla-La Mancha “apoyará como apoya todas las inversiones importantes que llegan a nuestro pueblo”, explicando que los promotores ya han solicitado al Gobierno regional la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

¿Por qué en Mora?

Un argumento similar empleaba Charlie Faulkner, CEO de Edgemode Inc y promotor del proyecto, quien ha destacado que el complejo tendrá una potencia de 300Mw y que se trata de “una oportunidad significativa para Mora y para la región, de cara a crear trabajo y contribuir al desarrollo y la prosperidad de la región”.

Faulkner sostiene que “hay muchísima demanda por la inteligencia artificial y España tiene la oportunidad de establecerse como líder de innovación en este campo”.

La elección de este punto geográfico para instalar el centro de datos tiene que ver con “estar localizado cerca de Madrid y la proximidad a las líneas de gas subterráneas”. Faulkner ha comentado que, una vez cuenten con los permisos necesarios, se pondrán a trabajar “inmediatamente” para construir el centro de datos, donde las obras podrían durar “en torno a unos 18 meses o dos años” hasta verse terminado.

Tendrá un sistema de energía propio: “No necesitamos agua”

Mientras, su socio, el director en Europa de Bloom Energy, compañía californiana productora de baterías combustibles que transforma el gas natural en electricidad, Reto Zueger, explicaba que la planta contará con un sistema propio de energía partiendo del gas natural, con una tecnología que, ha asegurado, “tiene un impacto de emisiones muy pequeño”.

“No necesitamos agua, ni químicos como aceites o amoniacos, por lo que es una solución muy sostenible”, ha asegurado. La polémica sobre los grandes consumos de agua asociados a los Data Center está siempre sobre la mesa.

Al hilo de esto, a preguntas de los medios, ha explicado que su tecnología denominada Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) -pila de combustible de óxido sólido y que “funciona a temperaturas muy altas” es “la única capaz de transformar el gas natural en hidrógeno”. Ha matizado en este punto la cuestión del agua. En realidad sí tendrán que usarla. “Utiliza más agua hasta que la maquinaria empieza a funcionar, pero una vez que la reacción química está a una temperatura alta podemos pararlo, el agua del ambiente es suficiente para que el gas funcione”, comentaba.

De esta forma, ha insistido en que “solo necesitamos agua para empezar o cuando llevamos a cabo el mantenimiento”.

Zueger explica que el sistema energético de la planta se realizará instalando 30 módulos de 10 Mw alimentados gracias al gas natural, y de forma autónoma respecto de la red eléctrica convencional, porque “el sistema energético europeo no permite este tipo de conexión”. Subrayaba que serán capaces de producir la potencia necesaria “en un tiempo muy reducido de dos años, lo que permitirá que el centro de datos Malpica pueda operar en un tiempo muy limitado”.

Sin noticias de la solicitud para evaluación ambiental en la consejería

La consejera de Desarrollo Sostenible Mercedes Gómez comentaba, un día después sus impresiones sobre el proyecto y confirmaba no haber recibido, de momento, solicitud para su evaluación ambiental.

“Una vez que lo presenten en la evaluación ambiental, pues lógicamente haremos la tramitación que estimemos oportuna”, ha señalado.

“El conocimiento que tenemos de lo que se presentó ayer es que utiliza una energía innovadora, pero que no tiene una componente 100% renovable porque parece ser que utiliza unas biopilas que ellos denominan, que parece ser que la empresa que lo impulsa lo tiene patentado”, ha señalado la consejera.

“Tendremos que conocer el proyecto una vez que se presente evaluación ambiental y evidentemente en ese momento se determinará la viabilidad o no del mismo desde el punto de vista ambiental”, ha concluido.

Cuando un joven de 20 años de Texas fue detenido a principios de este año por intentar, presuntamente, quemar la sede de OpenAI y la casa de Sam Altman, consejero delegado de esa empresa, las autoridades encontraron un manifiesto contra la IA, una garrafa de queroseno y un mechero. Este fue uno de los episodios de una oleada de ataques que ha encendido las alertas entre investigadores, la industria tecnológica y las fuerzas de seguridad ante el auge del extremismo antitecnológico.

En abril, un influencer de Instagram italiano de la corriente “nature pilled” (movimientos en redes obsesionados con el retorno radical a la naturaleza) fue detenido en Roma y acusado de planear una serie de ataques antitecnológicos inspirados en Ted Kaczynski, conocido como el “Unabomber”.

El mes pasado, dos personas que se autodefinen como “ecofascistas” perpetraron un ataque mortal antimusulmán en una mezquita de San Diego (EEUU). Entre sus motivaciones para la violencia, resumidas en un manifiesto, también citaron el contenido basura generado por IA (“AI slop”) y los vínculos de JD Vance con Palantir.

A principios de este año, un concejal de la ciudad de Indianápolis se despertó sobresaltado por el sonido de disparos efectuados contra su casa, antes de encontrar una nota en la que se leía: “NO MÁS CENTROS DE DATOS”.

La creciente reacción pública ante el rápido despliegue de la inteligencia artificial por parte de la industria tecnológica ha adoptado formas en su inmensa mayoría no violentas, como la organización de comunidades locales en contra de los centros de datos o candidatos políticos que prometen una mayor supervisión. Sin embargo, en los márgenes de ese movimiento, los investigadores avisan de las quejas contra la industria de la IA y sus líderes están reavivando antiguos movimientos extremistas violentos y fomentando otros nuevos.

La IA se está convirtiendo en un motor de la violencia política, y ese es un fenómeno muy nuevo

Jordyn Abrams — Investigadora sobre Extremismo de la Universidad George Washington (EEUU)

“La IA se está convirtiendo en un motor de la violencia política, y ese es un fenómeno muy nuevo”, afirma Jordyn Abrams, investigadora del Programa sobre Extremismo de la Universidad George Washington.

Aunque gran parte del debate público inicial en torno a la IA generativa y el extremismo se centra en cómo actores maliciosos, como grupos terroristas, podrían dar un mal uso a productos como ChatGPT para fines propagandísticos o para planear atentados, más recientemente se está prestando atención a cómo la propia industria de la IA en su conjunto puede radicalizar a las personas. Lo que motiva a alguien a ejercer la violencia extremista puede no ser una conversación con un chatbot, según los investigadores, sino la sensación de un cambio impuesto a toda la sociedad, la narrativa de amenaza existencial y la falta de rendición de cuentas que han acompañado al auge de la IA.

De la misma manera que la IA ha llegado a impregnar muchas facetas de la vida moderna, esta tecnología también se ha filtrado en la forma en que los extremistas conciben el mundo. Ya se trate de grupos violentos antigubernamentales que se oponen a la vigilancia masiva, ecofascistas con reivindicaciones medioambientales, aceleracionistas neonazis empeñados en colapsar infraestructuras tecnológicas críticas o el hombre que presuntamente atacó la casa de Altman preocupado por que una inteligencia artificial superpoderosa destruya a la humanidad, la IA se ha convertido en una fijación en todo el espectro extremista.

Estamos viendo a muchos grupos diferentes y muchas ideologías distintas articularse a través de una óptica en contra de la IA. Trasciende las dicotomías de izquierda y derecha

Yannick Veilleux-Lepage — profesor asociado en el Real Colegio Militar de Canadá

“Realmente trasciende las dicotomías de izquierda y derecha”, señala Yannick Veilleux-Lepage, profesor asociado en el Real Colegio Militar de Canadá. “Estamos viendo a muchos grupos diferentes y muchas ideologías distintas articularse a través de una óptica en contra de la IA”.

Demasiado rápido

El movimiento antitecnológico moderno tiene un largo linaje. Históricamente, los periodos de cambio tecnológico vienen acompañados de una reacción violenta por parte de los más afectados; los investigadores suelen señalar la rebelión ludita de principios del siglo XIX, cuando los trabajadores textiles británicos destruían las máquinas de tejer automatizadas mientras exigían más derechos laborales. Los siguientes 200 años trajeron oleadas de disputas laborales violentas y violencia política asociadas a las perturbaciones del mercado provocadas por la tecnología, la acumulación desigual de la riqueza y la pérdida de derechos de los trabajadores.

En la década de los 90, se produjo un rechazo cultural contra el auge del ordenador personal y el temor a cómo desestabilizaría a la sociedad. Entre las quejas habituales figuraban el miedo a la sustitución de los trabajadores humanos, el daño medioambiental y el desmoronamiento de las estructuras sociales saludables.

“¿No te has enterado? Quiere tu trabajo. Te vende obscenidades. Corrompe a tus hijos. Es frío, estéril, inhumano. De repente, está bien odiar a tu ordenador”, se leía en un reportaje de portada de la revista New York Magazine de 1995 sobre los “nuevos luditas”.

El mismo año en que New York Magazine publicó su portada, el Washington Post y el New York Times difundieron el manifiesto antitecnológico del Unabomber, un panfleto de 35.000 palabras contra la sociedad industrial que se ha propagado por internet desde entonces y se ha convertido en lo más parecido a un texto fundacional para el extremismo antitecnológico.

Lo que separa al extremismo contra la IA de estas oleadas anteriores de rechazo tecnológico es, según los investigadores, en parte la velocidad y la escala con la que la IA está provocando cambios económicos, sociales y políticos. “No solo se trata de cambios que afectan a toda la sociedad y que son realmente disruptivos, sino que además están ocurriendo muy rápido”, explica Veilleux-Lepage. “La gente no tiene tiempo para desarrollar resiliencia o para inmunizarse frente a estas transformaciones”.

No solo se trata de cambios que afectan a toda la sociedad y que son realmente disruptivos, sino que además están ocurriendo muy rápido. La gente no tiene tiempo para desarrollar resiliencia

Yannick Veilleux-Lepage — profesor asociado en el Real Colegio Militar de Canadá

Los trillados argumentos de la propia industria de la IA —que aseguran que esta tecnología revolucionará el mundo, si es que no acaba con él— también alimentan una narrativa de radicalización que postula que la IA representa una amenaza existencial y debe ser detenida a toda costa.

Cuando Veilleux-Lepage da charlas a responsables políticos sobre el extremismo antitecnológico, una de sus diapositivas muestra sencillamente una serie de citas de consejeros delegados. “Para radicalizar a la gente, en realidad no necesitas teóricos ni ideólogos que llamen a la violencia contra la IA, porque los directivos tecnológicos ya están haciendo un trabajo bastante eficaz en ese sentido”, afirma Veilleux-Lepage.

“Espero que ocurran cosas realmente malas”

Altman ha planteado a menudo los cambios que traerá la IA como algo que puede ser difícil, pero que en última instancia será positivo. Sobre todo, describe el cambio como inevitable “Espero que ocurran cosas realmente malas a causa de esta tecnología, algo que también ha sucedido con tecnologías anteriores”, declaró Altman el año pasado en el podcast de la firma de capital riesgo Andreessen Horowitz.

Aunque los directores ejecutivos de las tecnológicas se muestran públicamente optimistas sobre la resiliencia de la sociedad y el cambio que provocará la IA, también está claro que en el ámbito privado les preocupa la amenaza de la violencia política. El gasto en seguridad personal para directivos se ha disparado en los últimos cinco años a raíz de incidentes como el asesinato del consejero delegado de UnitedHealthcare, Brian Thompson, mientras que líderes tecnológicos como Elon Musk destinan ahora millones a su propia protección. SpaceX reveló en su documentación para salir a bolsa a principios de este año que el año pasado pagó 4 millones de dólares a la empresa de seguridad privada de Musk, el doble de lo que había gastado apenas dos años antes.

A lo largo del último año se aprecian indicios de que la industria de la IA está cambiando su retórica mientras lidia con una desconfianza pública generalizada. Altman afirmó el mes pasado que la IA probablemente no provocará el “apocalipsis laboral” del que habló en su momento, a pesar de que empresas como Meta están despidiendo a decenas de miles de trabajadores.

Mientras tanto, OpenAI y Anthropic han anunciado este año la creación de fondos y laboratorios de ideas (think tanks) destinados a ayudar a las instituciones civiles a adaptarse a la IA. En concreto, la organización sin ánimo de lucro de OpenAI ha comprometido 250 millones de dólares en subvenciones para programas que ayuden a los trabajadores a afrontar las perturbaciones de la IA.

Las principales empresas de IA están contratando a expertos en seguridad nacional, inteligencia y armamento para supervisar las amenazas y el mal uso de su tecnología, incluidos algunos con experiencia en investigación sobre extremismo y contraterrorismo. El jefe de inteligencia de OpenAI trabajó anteriormente como uno de los principales expertos académicos en el Estado Islámico y escribió un libro sobre la creencia del grupo de que estaba provocando el apocalipsis. OpenAI y Anthropic no han respondido a las solicitudes de entrevistas con sus expertos en inteligencia o seguridad.

Sin recursos no violentos

El cierre de vías legítimas para canalizar la oposición pública a la IA, así como la sensación de que se está imponiendo esta tecnología a la sociedad, está creando lo que los investigadores describen como una brecha en la rendición de cuentas que puede incentivar aún más el terrorismo y la violencia política. Donald Trump, en sintonía con los líderes tecnológicos, promulgó el año pasado una orden ejecutiva para intentar bloquear cualquier legislación a nivel estatal que frenara el desarrollo de la IA, y ha asegurado que nada ralentizará a Estados Unidos en la carrera global de la IA. Los multimillonarios tecnológicos también están invirtiendo millones de dólares en lobby y gasto político en un intento de evitar la regulación de la IA.

“Cuando las autoridades están demasiado ocupadas, o simplemente no les importa lo suficiente regular y tomar medidas, entonces las personas afectadas van a pasar a la acción”, señala Mauro Lubrano, profesor de la Universidad de Bath y autor de Paren las máquinas: el auge del extremismo antitecnológico.

Cuando las autoridades están demasiado ocupadas, o simplemente no les importa lo suficiente regular y tomar medidas, entonces las personas afectadas van a pasar a la acción

Mauro Lubrano — profesor de la Universidad de Bath y autor de 'Paren las máquinas: el auge del extremismo antitecnológico'

Documentos de las fuerzas de seguridad federales obtenidos por Wired y The Intercept muestran que las autoridades de EEUU vigilan cada vez más los movimientos antitecnológicos, al tiempo que han declarado que perseguirán penalmente de forma contundente los ataques violentos. Tras el intento de incendio provocado en la casa de Altman a principios de este año, las autoridades prometieron que “el FBI no tolerará amenazas contra los líderes de la innovación de nuestra nación”.

No obstante, los investigadores advierten de que las autoridades corren el riesgo de confundir las protestas a escala nacional y las peticiones de una mayor regulación de la IA con posturas extremistas antitecnológicas más marginales, lo cual es tanto erróneo como contraproducente. Los programas orientados a la vigilancia masiva y los intentos de silenciar los movimientos no violentos contra la IA inevitablemente tendrán efectos adversos, según Lubrano, empujando aún más a la gente hacia las respuestas violentas si sienten que sus demandas legítimas no son atendidas.

“Tenemos la oportunidad de ser proactivos en esto evitando al mismo tiempo errores que hemos cometido en el pasado al responder a otras formas de extremismo”, afirma Lubrano. “Algo me dice que no empezamos con buen pie”.

Extremadura lidera hoy la nueva era del Big Data Social de la mano de neoCK, el grupo empresarial nacido en Badajoz hace una década que se ha convertido en referente nacional en innovación basada en datos. La compañía atraviesa uno de los momentos más sólidos y ambiciosos de su trayectoria, consolidándose como el ecosistema de datos sociales más potente y pionero de España gracias al desarrollo de SDDI (Social Data Driven Impact), un programa que impulsa una nueva generación de soluciones orientadas al impacto social y la transformación digital.

SDDI es el primer espacio de datos de referencia del Tercer Sector español y reúne a alrededor de 300 organizaciones de distinta índole y ámbito. Su objetivo es permitir la compartición ética, segura e interoperable de información para mejorar la medición del impacto social, optimizar la toma de decisiones, evaluar proyectos y aumentar la eficiencia de los programas sociales. El proyecto aspira también a reducir la brecha de digitalización del Tercer Sector y a facilitar el acceso de las entidades sociales a tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial y a la economía del dato. Según la Plataforma de ONG de Acción Social, el retraso tecnológico del sector podría cifrarse en cinco años, con un 48 por ciento de entidades que invierte menos de 1.000 euros anuales en tecnología.

En este contexto, neoCK ha desarrollado una sofisticada capa técnica de protección de datos que garantiza la seguridad y la privacidad en todo el ecosistema. La compañía aplica un sistema de anonimización y mitigación del riesgo de reidentificación basado en tres niveles: detección y filtrado automatizado de información sensible mediante soluciones avanzadas como Microsoft Presidio; tratamiento de texto libre con modelos de inteligencia artificial propios capaces de procesar y anonimizar campos cualitativos; y una validación matemática del riesgo a través de la herramienta ARX, que asegura que la probabilidad de reidentificación sea prácticamente nula antes de que la información se comparta en el espacio de datos. Esta metodología es, además, la propuesta por la Agencia Española de Protección de Datos.

“Vivimos en una burbuja en la que parece que todo es IA, pero esta tecnología no sirve de nada sin datos fiables que la respalden”, afirma Jesús Martín, director ejecutivo de neoCK. Destaca además la creación de un equipo altamente cualificado para desarrollar un espacio de datos ético y fiable, capaz de ser aprovechado por la inteligencia artificial para impulsar soluciones con impacto positivo y beneficios reales para la sociedad. Según explica, el ecosistema impulsado por la compañía se ha convertido en el más relevante de España en materia de datos orientados a retos sociales, solo por detrás del ecosistema de datos de agricultura. “Nos sentimos muy orgullosos de que una empresa esté liderando toda la parte de datos enfocada a resolver retos que tienen que ver con el empleo, el emprendimiento y la educación desde Badajoz”, señala.

La iniciativa cuenta con la participación de entidades de ámbito estatal como COCEMFE, Cáritas, Save the Children, Anesvad, Plena Inclusión, Plan International, Fundación Integralia DKV, Providencia y Confederación Salud Mental España, lo que refuerza su vocación nacional pese a estar impulsada desde Extremadura.

Modelo de gobernanza

El compromiso de neoCK con la seguridad y la ética en el uso de los datos se refuerza con un sólido marco de gobernanza, auditoría y cumplimiento normativo. Su estructura está alineada con el Data Governance Act europeo y con las especificaciones del Data Spaces Support Centre (DSSC). En el ámbito nacional, la compañía se ajusta a la nueva norma UNE 0087:2025, que establece el marco común para los espacios de datos en España y define los principios de interoperabilidad y gobernanza formal. Esto se traduce en un control estricto de permisos, trazabilidad absoluta, registros de actividad inalterables para auditorías y comités de supervisión que regulan los acuerdos de uso entre los participantes del ecosistema. En la parte de infraestructura técnica, neoCK opera bajo el marco europeo Simpl, una plataforma abierta y segura para la compartición de datos.

El grupo empresarial neoCK, fundado en Badajoz en 2016, acelera su expansión nacional e internacional tras duplicar facturación y empleo en los dos últimos años. La empresa extremeña de tecnología social desarrolla herramientas y programas relacionados con la empleabilidad, la orientación laboral, la educación y la formación, el desarrollo de habilidades y la transformación digital de organizaciones del Tercer Sector, instituciones públicas y empresas privadas. Esta scale up, que nació bajo el nombre de Escuela de Conkistadores como guiño a la región, prevé alcanzar alrededor de seis millones de euros anuales en 2026 y superar el medio centenar de trabajadores, cifras que su CEO considera “especialmente positivas”.

Uno de los rasgos diferenciales de la compañía es que más del 70 por ciento de su plantilla está formada por mujeres, un dato poco habitual en el sector tecnológico, donde la presencia masculina sigue siendo mayoritaria. Además, neoCK ha recibido diversos premios y reconocimientos por su modelo de trabajo horizontal, remoto y distribuido, que permite a buena parte de su equipo trabajar desde distintos puntos del país, incluidos pequeños municipios rurales. Este sistema no solo facilita su operatividad global, sino que contribuye al sostenimiento del medio rural y a frenar la despoblación y la fuga de talento.

Las y los profesionales de la empresa se encuentran en Cataluña, Madrid, Canarias, Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Cantabria y Castilla-La Mancha, además de en países como Argentina y Colombia. Sus proyectos han impactado ya en más de 25.000 personas en Europa y Latinoamérica. “La innovación tecnológica no tiene por qué nacer siempre en ciudades como Madrid o Barcelona. Desde Badajoz, hemos demostrado que es posible construir una empresa tecnológica con impacto social, crecimiento exponencial y proyección nacional”, afirma Martín.

La compañía articula su actividad a través de cuatro unidades de negocio: neoTOOLS, especializada en tecnología social y desarrollo de herramientas digitales; Talentia, centrada en capacitación, formación y orientación profesional; Agente360, dedicada a eventos y congresos vinculados al talento y la innovación; y CIFE Experience, enfocada en formación experiencial y entrenamiento competencial.

Como telón de fondo, la historia de neoCK refleja también la de una región que ha decidido ocupar un lugar propio en la economía del dato. Extremadura, tradicionalmente asociada a la despoblación y a la falta de oportunidades tecnológicas, se está consolidando como un territorio capaz de generar innovación de alto impacto y de proyectarla al resto del país. La evolución del ecosistema de datos sociales impulsado desde Badajoz demuestra que la transformación digital no es patrimonio exclusivo de las grandes capitales, sino una oportunidad real para las regiones que apuestan por el talento, la colaboración y la tecnología como motores de desarrollo. En este nuevo mapa de la innovación social, Extremadura ya no aparece en los márgenes, sino en el centro de una revolución que está redefiniendo cómo se construyen soluciones para mejorar la vida de las personas.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y el concejal de Administración Pública y Proyectos Estratégicos, Francisco Iglesias, han participado esta mañana en Madrid en la Asamblea Constituyente de la Red Española de Oficinas del Dato (REOD). El alcalde de Logroño ha sido nombrado presidente de esta Red. Posteriormente, el primer edil logroñés ha participado en el Panel EDINT junto a otros representantes municipales y actores claves en el desarrollo de la transformación digital y gestión del dato.

La creación de la Red Española de Oficinas del Dato supone un nuevo hito en el marco del Proyecto EDINT (Espacios de Datos para las Infraestructuras Urbanas Inteligentes), liderado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que recientemente ha culminado su primera fase.

Cabe recordar que, desde el principio, el Ayuntamiento de Logroño ha tomado parte activa en el desarrollo del Proyecto EDINT, ya que fue una de las doce entidades locales seleccionadas para ejecutar esta iniciativa, con una financiación estimada de 12,96 millones de euros procedentes de fondos europeos Next Generation.

En su fase inicial, EDINT ha permitido consolidar un ecosistema robusto a través del despliegue de infraestructura humana y técnica (puesta en marcha de los centros de excelencia y oficinas del dato), de la creación de empleo y formación, así como del establecimiento de una amplia comunidad digital.

El objetivo del Proyecto EDINT es generar valor público continuo mediante soluciones tecnológicas que resuelvan problemas cotidianos de la ciudadanía.

A partir de ahora, EDINT trasciende esta naturaleza inicial para integrarse formalmente como servicio permanente de la FEMP. El nuevo modelo permitirá acompañar a las entidades locales en tres fases: evaluación inicial (auditorías sobre la madurez digital del municipio), asesoramiento 360º y soporte operativo.

La Red Española de Oficinas del Dato contribuirá a la consolidación de EDINT como espacio de datos que promueve la generación, compartición y reutilización de datos urbanos de forma coordinada, segura e interoperable.

El alcalde de Logroño ha destacado que “Logroño vuelve a reafirmar su posición de liderazgo en gobernanza del dato urbano”. “Somos conscientes de que el dato es un activo estratégico que debemos tratar de forma adecuada para mejorar nuestra toma de decisiones, planificación de recursos y, en definitiva, el servicio que prestamos a nuestros ciudadanos y ciudadanas”, ha añadido Escobar.

El primer edil logroñés ha recordado que el Proyecto EDINT es “fruto de la colaboración entre instituciones, empresas, centros educativos y otros agentes implicados en la gestión de datos”. Impulsado en el marco de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), su desarrollo se ha llevado a cabo de la mano de doce entidades locales seleccionadas (los municipios de La Coruña, Alcoy, Fuenlabrada, Jerez de la Frontera, Madrid, Málaga, Mataró, Santander, Valencia y las diputaciones de Badajoz y Jaén, junto con Logroño).

El Gran Centro de Supercomputación del Atlántico, una nueva infraestructura tecnológica que integrará supercomputación, inteligencia artificial y servicios en la nube de gran capacidad, y que es el quinto de España en cuanto a potencia, se ubicará en Tenerife.

Esta infraestructura permitirá procesar y almacenar grandes volúmenes de datos de forma rápida y segura, reduciendo a horas procesos científicos y técnicos que actualmente requieren meses o incluso años, ha informado este lunes en rueda de prensa la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila.

Según ha indicado, el sistema combinará supercomputación, inteligencia artificial y servicios en la nube en un único entorno, lo que facilitará a investigadores, centros científicos y empresas ejecutar simulaciones complejas, entrenar modelos de inteligencia artificial y desarrollar soluciones digitales avanzadas.

El proyecto se desarrollará a través del ITER en colaboración con la empresa tecnológica alemana Bechtle, dentro de un modelo de colaboración público-privada, y su objetivo es potenciar los centros de investigación de Tenerife, como la Universidad de La Laguna, el CSIC y el IAC.

La primera fase, cuyo plazo de ejecución es de seis meses, supondrá una inversión de 5,5 millones de euros, cantidad que se incrementará progresivamente hasta alcanzar los 10 millones conforme se vayan cumpliendo los objetivos previstos.

El director general del ITER, Carlos Suárez, ha detallado que la nueva infraestructura tendrá un modelo híbrido basado en CPUs y GPUs, orientadas especialmente al desarrollo de inteligencia artificial.

Ha precisado además que el sistema incrementará la capacidad de procesamiento en unos 300 teraflops en CPU y alcanzará cerca de un petaflop en GPU, con una potencia total estimada de entre 1,3 y 1,4 petaflops.

Asimismo, ha añadido que la infraestructura situará al centro de supercomputación de Tenerife entre los más potentes del territorio nacional y podría situarse en torno al quinto puesto en capacidad de cómputo en España.

Este centro también permitirá triplicar la capacidad de almacenamiento y duplicar la capacidad actual de supercomputación de la isla.

El consejero insular de Innovación, Juan José Martínez, ha añadido que esta infraestructura forma parte de la estrategia de diversificación económica impulsada por el Cabildo, que persigue consolidar un ecosistema tecnológico competitivo.

Ha indicado que el supercomputador será clave para sectores ya implantados en Tenerife, como el audiovisual, y para otros emergentes como la inteligencia artificial, la genómica, la ciberseguridad y el sector aeroespacial.

También ha recordado que las capacidades de supercomputación ya permitieron durante la pandemia analizar variantes del coronavirus desde Tenerife y destacó que la nueva infraestructura reforzará la capacidad de respuesta científica y tecnológica de la isla.

Según ha resaltado, el centro también reforzará la conectividad y competitividad del parque científico y tecnológico insular, facilitará la implantación de empresas tecnológicas y contribuirá a generar empleo cualificado para jóvenes profesionales.

La Junta de Extremadura ha sometido a información pública la solicitud de autorización ambiental integrada y el estudio de impacto ambiental del proyecto del centro de procesamiento de datos promovido por Data Riocaya SL en el término municipal de Badajoz, cuya demanda energética total alcanzará los 170 MW.

El Consejo de Gobierno aprobó en noviembre del año pasado la calificación de esta iniciativa como proyecto empresarial de interés económico (PREMIA), ya que la inversión será 1.913 millones de euros y la previsión es crear 330 puestos de trabajo.

El proyecto consiste en la implantación de las instalaciones necesarias para puesta en funcionamiento de un centro de procesamiento de Datos, formado por dos edificios, contenedores de la sala de datos y equipos críticos, junto con las instalaciones administrativas necesarias, según el anuncio del proyecto se ha publicado este lunes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

El centro de datos se ubicará en la Plataforma Logística del Suroeste Europeo. La demanda de energía crítica de la instalaciones de 110 MW y la total de 170 MW y tendrá un funcionamiento anual de 8.760 horas.

Según informó la Junta de Extremadura tras conceder el sello PREMIA, el centro está diseñado para alcanzar una capacidad de acceso conectada a la red de hasta 300 megavatios, con los principales estándares de eficiencia energética, sostenibilidad y seguridad operativa

El presidente de CEOE-Cepyme Cantabria, Enrique Conde, ha alertado de que el proyecto Altamira, para habilitar el centro de datos más grande del norte de España, ubicado entre Piélagos y Villaescusa, “está en juego”, así como también la inversión privada de 3.600 millones de euros que conlleva, las más elevada en la historia de la región, por la “falta de energía” necesaria para su ejecución, ha cuestionado.

En la asamblea anual de la confederación de los empresarios cántabros, Conde ha advertido de que se trata de “un riesgo que no podemos permitirnos, y menos por decisiones políticas”, ha avisado Conde durante su intervención, en la que se han abordado diferentes retos, entre ellos la energía y la competitividad industrial, pero también la simplicación administrativa, el absentismo laboral o la fiscalidad.

En el ámbito de la energía y la competitividad industrial, analizado tanto en clave regional como nacional, el jefe de la patronal se ha referido especialmente al proyecto Altamira, que estima la generación de más de 1.500 empleos indirectos en la fase de construcción y de 1.450 en la etapa operativa, según las previsiones empresariales.

Teniendo en cuenta el impacto económico y sobre el empleo, CEOE Cantabria se ha erigido también como “portavoz” de la demanda energética, ya realizada por el Gobierno regional, y urge así al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Democrático (MITECO) la inclusión “prioritaria” de la comunidad autónoma en la ampliación de la red de transporte energético en el horizonte 2030.

“No se trata solo de alimentar este proyecto tecnológico, es toda una apuesta por la cohesión territorial, la soberanía digital de España y un desarrollo sostenible alineado con el futuro”, ha defendido Conde.

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este viernes el anuncio por el que se somete a información pública la solicitud de autorización ambiental integrada y el estudio de impacto ambiental del proyecto de centro de procesamiento de datos promovido por Merlin Edged en Navalmoral de la Mata (Cáceres).

El proyecto, que se ubicará en la parcela I-64 del Parque Industrial Norte de Extremadura -Expacio Navalmoral- podrá ser consultado durante un plazo de 30 días hábiles en las dependencias de la Dirección General de Gestión Sostenible y Política Forestal de la Junta de Extremadura y en el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata.

Según recoge el anuncio, la iniciativa contempla la implantación de un centro de procesamiento de datos formado por dos edificios destinados a proporcionar soporte físico y alojamiento a equipos informáticos de terceros mediante régimen de alquiler. La instalación ocupará una parcela de 206.753 metros cuadrados y prevé una demanda energética total de 288 megavatios, con funcionamiento anual ininterrumpido.

Entre las principales infraestructuras proyectadas figuran 16 salas técnicas, 104 generadores diésel de emergencia, 48 depósitos de gasóleo y 144 equipos de refrigeración en cubierta.

El proyecto está sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria al estar incluido en la categoría de instalaciones energéticas de gran potencia, según la normativa estatal y autonómica en materia ambiental. La autorización ambiental integrada deberá obtenerse antes de otras autorizaciones sectoriales o licencias necesarias para la ejecución del proyecto.

Las personas físicas o jurídicas interesadas podrán presentar alegaciones y observaciones durante el periodo de exposición pública a través de los registros habilitados por la Administración autonómica.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura aprobó recientemente la declaración de Proyecto Empresarial de Interés Autonómico (PREMIA) para esta iniciativa industrial. Según informó entonces el Ejecutivo regional, el proyecto contempla una inversión superior a 1.600 millones de euros y la creación de 250 empleos.

La calificación como PREMIA permite que la tramitación autonómica del proyecto tenga carácter prioritario y urgente, reduciendo a la mitad los plazos ordinarios administrativos.

¿Por qué las grandes tecnológicas, tales como Amazon, Microsoft y otras, eligen Aragón para instalar centros de datos? La respuesta es sencilla: porque en esta tierra tienen todo tipo de facilidades para hacerlo. Así, antes de que nos demos cuenta, el mapa de Aragón estará acribillado con los alfileres de unos centros que casi no generan empleo, tampoco aportan beneficios para los ciudadanos, contaminan el medio ambiente, gastan recursos ingentes de energía y agua e, incluso, según han puesto de manifiesto científicos pueden convertir a Aragón en una isla de calor, subiendo hasta 2 grados la temperatura en un radio de 10 kilómetros en cada uno de los emplazamientos. Un chollo, vamos.

En diciembre de 2023, pregunté al departamento de prensa de Amazon Web Services (AWS), la filial de Amazon que construye las granjas de ordenadores. Quería conocer datos sobre la creación de empleo y el consumo de agua y energía, entre otras cosas, en su nuevo centro de Huesca. La opacidad de Amazon en cuanto a dar a conocer la información que no les interesa es una constante en su política de comunicación en todo el planeta. Me respondieron remitiéndome a una nota de prensa fechada en Seattle, Estados Unidos, un año antes, donde, por ejemplo, decían que se crearían más de “1.300 puestos de trabajo a tiempo completo” sin especificar si era en Huesca o en otra parte del planeta. También explicaban en la nota que su inversión “planeada” era de 2.500 millones de euros y 1.800 millones de euros de aportación al PIB español a lo largo de 10 años, cuando la pregunta se refería únicamente a Aragón. Volví a preguntar a AWS por los datos de Aragón, pero no recibí respuesta. Hoy todavía no se conocen los consumos de energía y agua que precisa el centro de Huesca ni tampoco el número de trabajadores que han contratado. Tampoco se ha hecho público el importe económico de los beneficios que han obtenido en cuanto a reducción de impuestos y tasas.

Parece razonable pensar que, si para obtener una licencia de obras para una cafetería o una peluquería hace falta presentar proyectos y una buena cantidad de documentación, quien quiera instalar un centro de datos debería ser tan transparente como se le pide que sea quien promueva la cafetería de la esquina. La opacidad es mala consejera y conduce a la sospecha: “quien algo esconde, algo teme”, como reza en el refrán popular

El pasado viernes el Boletín Oficial de Aragón publicaba el extenso documento con la aprobación definitiva del PIGA (Proyecto de Interés General para Aragón) de los nuevos centros de datos de Amazon en Huesca y Villanueva de Gállego. En el fárrago administrativo del texto destaca que el Gobierno de Aragón asume las propuestas de Amazon sobre confidencialidad, declarando que dentro de la información confidencial se “incluye la información técnica detallada, soluciones industriales propietarias o definiciones cuya divulgación podría afectar a la seguridad, resiliencia o a legítimos intereses económicos y empresariales del Promotor (Amazon), sin que dicho contenido comprometa ni contenga información relevante para el interés público, ni resulte necesario para la evaluación territorial, urbanística, ambiental o administrativa del Plan”.

La gran arma del gobierno aragonés para atraer inversiones es la sumisión. El diario Arainfo, a raíz de la rueda de prensa de presentación del PIGA de Amazon, reproducía las declaraciones de Octavio López, el consejero competente en la materia: “Sé que es complejo, pero que tengan ustedes claro que el gobierno se adapta como un guante a las demandas concretas, específicas y en procedimientos y en plazos que nos plantea la empresa”. Así que no se trata de alfombra roja a Amazon sino de un inédito sometimiento de una administración pública a los intereses de una empresa.

Recomiendo encarecidamente la lectura del reciente artículo de Andrés Gil, corresponsal de ElDiario.es en Washington sobre el tema: “Es más fácil abrir un centro de datos de la IA del tamaño de Manhattan que una cafetería”.

Además de los efectos negativos para los ciudadanos de estas instalaciones, en el artículo, Andrés Gil da a conocer el creciente movimiento contra los centros de datos que se ha generado en Estados Unidos. Algunos testimonios ponen el foco en que “el movimiento contra los centros de datos no trata únicamente sobre el futuro de una tecnología novedosa (la IA); trata sobre el futuro de la democracia. Trata sobre quién controla la economía y sobre si la gente común tiene voz y voto en las decisiones que le afectan”.

El Gobierno de Aragón comete un grave error protegiendo la confidencialidad de los proyectos de Amazon con el fin de no dejar escapar esas inversiones que no benefician a los ciudadanos aragoneses.

La democracia tiene un grave problema si los gobiernos miran para otro lado sin evaluar el coste que supone dejar a los tecnoligarcas que hagan lo que quieran para controlar la IA en el planeta. De seguir así, los periodistas tienen una tarea ingente para obtener la información que algunos consideran confidencial porque su divulgación puede perjudicar a los intereses de las grandes tecnológicas que, como se ha visto en Estados Unidos, no tienen reparo en dañar la democracia.

El periodismo tiene que investigar y dar a conocer los secretos que pueden molestar a unos pocos para que los conozcan los ciudadanos. Como decía George Orwell, “Periodismo es publicar algo que molesta a alguien. Todo lo demás es relaciones públicas”. Ayer, elDiario.es en Aragón adelantaba la declaración de impacto ambiental (DIA) de las granjas de datos de Amazon en Huesca. Esta declaración “revela un buen número de problemas: entre ellos el amianto localizado en localizado en buena parte de las muestras de suelo analizadas, unas emisiones excesivas que la multinacional debe recortar, un consumo eléctrico desbocado y un suministro de agua que aún no está garantizado”, explica en la información el periodista Luis Faci.

Además, Faci señala que se generará un número de puestos de trabajo limitado: 150 empleos –30 por edificio de datos, con tres turnos para cubrir las 24 horas diarias los 365 días del año-. Una cifra que “contrasta con el enorme volumen de recursos eléctricos que demandará: 2.270.600 MWh, equivalente al 23% del consumo eléctrico total de Aragón en 2024”.

Gracias a estas informaciones periodísticas se va conociendo la poca rentabilidad social de estos centros y el daño medioambiental que producen. Se trata de defender el interés público, no el de las multinacionales tecnológicas que tienen prisa por obtener las mejores posiciones, cueste lo que cueste, para hacerse con el mercado de la IA.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) espera aprobar este año la planificación energética imprescindible para el proyecto del centro de datos Altamira, según ha reiterado en varias ocasiones el consejero de Empleo e Industria de Cantabria, Eduardo Arasti (PP). El proyecto precisa una potencia de 500 megawatios de los 3.800 contemplados para centros de datos de toda España, que se concederán en el marco del plan para el periodo 2025-2030 y que está en la actualidad en tramitación.

El departamento que dirige Sara Aagesen estudia las 1.200 alegaciones presentadas. Otra cosa es -como precisan las fuentes consultadas por Europa Press - que tras las alegaciones se incluya la línea eléctrica que precisa el proyecto Altamira: “La propuesta a información pública cambia y no es bueno dar nada por seguro”.

Arasti aseguró la semana pasada que este centro de datos, que prevé una inversión privada de 3.600 millones de euros, “solo” necesita la autorización del MITECO para conectarse a la red eléctrica. Si la obtiene, dijo, el proyecto se hará “con rapidez”, pero si no, la actuación se irá a “otro país”, alertó. Sin embargo, todavía falta también por recibir el preceptivo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para remitir después la propuesta a la Comisión de Transición Ecológica del Congreso para su aprobación y, posteriormente, ha de elevarse al Consejo de Ministros para que entre en vigor.

Según fuentes del MITECO, “faltan meses” de tramitación y hay plazos que “no dependen” del MITECO, como los informes citados, aunque desde el MITECO esperan que la planificación energética esté aprobada este año.

Según defendió el consejero en una rueda de prensa, en la que negó “engaño” del Gobierno cántabro con este proyecto ante las críticas de la oposición y más en concreto del PRC, se trata de un proyecto “muy maduro”, ya que incluso los promotores han comprado por 9,5 millones de euros los terrenos en Piélagos y Villaescusa para la primera fase de desarrollo del campus tecnológico incluso sin tener esa autorización administrativa.

El PSOE de La Rioja ha denunciado “la mala gestión del Gobierno de La Rioja” en referencia al Centro de datos para la inteligencia artificial, en el que “no se ha hecho absolutamente nada” después de tres años. Según ha advertido el diputado regional José Ángel Lacalzada eso supone “un riesgo real” de perder 20,8 millones de euros procedentes de los fondos europeos“

El diputado ha recordado que, en mayo de 2023, el Gobierno de Andreu y el ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital “sellaron un convenio que incluía este Centro de datos”. Ese convenio tenía un importe de 44,6 millones de euros, de los que 20,8 procedían de fondos europeos. “Lo primero que hizo Capellán es afirmar que La Rioja no tiene capacidad para ser pionera en estos proyectos”, ha afeado Lacalzada.

Después, “anunció un Centro de las industrias del español en una parcela de 7.000 metros cuadrados junto al edificio Quintiliano”. Y, finalmente. “se avanzó la construcción de un Centro de datos de IA en español por un importe de 14 millones de euros en una parcela de 5.000 metros cuadrados en el recinto ferial situado Albelda”.

José Ángel Lalcalza ha creído que todo esto “da muestras de una evidente improvisación con el único objetivo de apropiarse del proyecto”. Para el PSOE, “el problema es que con tanto cambio y tanto retraso existe un evidente riesgo de perder estos fondos europeos, ya que el plazo para cumplir con los hitos y objetivos establecidos en el convenio con el Gobierno de España finaliza el 30 de junio”. El diputado socialista ha lamentado que esa posible pérdida de fondos supondría “un nuevo daño reputacional” para La Rioja, que “continúa dejando escapar oportunidades por la mala gestión del Gobierno del PP”.

Lacalzada ha apelado a Capellán: “El silencio ante estos hechos no es una opción”. El diputado socialista ha señalado que la gestión del presidente “está marcada por la improvisación y la propaganda, pero con una preocupante ausencia de resultados tangibles para nuestra comunidad”.

El PP ha respondido asegurando que el convenio de 2023 al que ha hecho referencia “no incluye la financiación con cargo a fondos europeos del Centro del Dato”, aunque en la presentación del proyecto sí recogieron que incluía 14,5 millones de euros de fondos europeos. Así mismo, han destacado los datos de ejecución de fondos, aludiendo a un reciente estudio de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorros, que certifica que es la tercera comunidad con menos porcentaje de fondos europeos sin asignar, apenas el 15,6% y que supera en ocho puntos la media nacional.

La tramitación de los sucesivos centros de datos que se están impulsando en Aragón empieza a destapar las cifras que manejan los promotores y las dificultades con las que se topan. Un buen ejemplo es la segunda granja de servidores que proyecta Amazon Web Services (AWS) en Huesca, en el polígono de Walqa. La declaración de impacto ambiental (DIA), publicada este jueves por el Gobierno de Aragón, revela un buen número de problemas: entre ellos, el amianto localizado en buena parte de las muestras de suelo analizadas, unas emisiones excesivas que la multinacional debe recortar, un consumo eléctrico desbocado y un suministro de agua que aún no está garantizado.

Así, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) da el visto bueno a AWS para la iniciativa, pero con condiciones significativas. Se trata del segundo centro de datos de la compañía en Walqa y que forma parte del paquete de cinco instalaciones que promueve Amazon en su fase de expansión en Aragón. Se ubica a unos 400 metros del primero pero al otro lado de la autovía A-23 y prevé ocupar una parcela de 57 hectáreas. Hay contemplados cinco edificios de centros de datos y dos de archivos de datos, entre otros, más dos subestaciones eléctricas y una planta fotovoltaica de autoconsumo de 4,80 MW con 8.138 paneles.

El limitado número de puestos de trabajo que generará, 150 empleos –30 por edificio de datos, con tres turnos para cubrir las 24 horas diarias los 365 días del año–, contrasta con el enorme volumen de recursos eléctricos que demandará: 2.270.600 MWh, equivalente al 23% del consumo eléctrico total de Aragón en 2024. La instalación deberá usar energía 100% renovable en 2030, pero contará en todo caso con 131 generadores diésel con una potencia total de 342 MW.

Recorte en los generadores diésel

Precisamente el Inaga obliga a AWS –a instancias de las organizaciones ecologistas– a recortar de 72 a 35 horas semanales el funcionamiento de estos generadores diésel para garantizar que la instalación no supere anualmente los límites máximos de contaminación por NO_₂. El consumo de combustible en caso de emergencia ascendería a 2.840 toneladas de gasóleo al año (3.380 metros cúbicos).

Uno de los problemas inesperados de los que advierte la DIA, tal y como descubrió la propia firma en el estudio preceptivo que llevó a cabo, es la detección de concentraciones de amianto excesivas en siete de las 30 muestras de suelo analizadas. De esta forma, Amazon deberá sanear el terreno hasta “garantizar la completa retirada” de este material antes de iniciar las obras de construcción, advierte el documento.

Además, la resolución obliga a instalar una red de vigilancia de calidad del aire con al menos dos estaciones de medición de NO_₂ antes de que el centro entre en funcionamiento, y durante los tres primeros años se deberá hacer una modelización de la dispersión espacial. En caso de superar los límites, la Si las mediciones demuestran que no se cumplen los límites, la empresa deberá presentar un plan corrector, y si el incumplimiento causara degradación importante de la calidad del aire, se suspendería el funcionamiento de los generadores.

Suministro de agua

En cuanto al agua, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) recuerda que Amazon Web Services no tiene garantizado todo el suministro que precisa para desarrollar por completo el proyecto. El centro de datos consumirá, según la documentación aportada por la multinacional estadounidense, 152.892 metros cúbicos al año en total, en un 95% para refrigeración (procedente de la red municipal de Huesca) y el resto para uso sanitario y contra incendios. Adicionalmente, el promotor prevé captar 94.157 m³/año de agua de lluvia acumulada en reservorios.

El pasado mes de diciembre, la Confederación respondió al Ayuntamiento de Huesca, que le trasladó una solicitud para captar aguas superficiales desde el Canal del Cinca, y transmitió su visto bueno pero bajo el cumplimiento de seis condiciones particulares y 17 generales –no aparecen detalladas en la resolución del Inaga–.

El pasado viernes, Nintendo anunció una subida de precios de la Switch 2, su última videoconsola. Se trata de algo excepcional: el fabricante japonés nunca había encarecido una de sus consolas ya en el mercado sin añadir nuevas funcionalidades. La tendencia general de estos dispositivos es la contraria: abaratarse a medida que pierden novedad y ampliar así la base de compradores de juegos. En España, la consola pasará de 469 a 499 euros.

Pero no ha sido la única. La PlayStation 5 también va al alza, a pesar de que es un modelo que salió a la venta en 2020 y se acerca al final de su generación. Sony aplicó en abril una subida de 100 euros, que deja la configuración más cara en 899 euros y la más barata en 599 euros. Esa configuración básica acumula un encarecimiento del 50% desde su lanzamiento, cuando se vendía por 399 euros. Una política de escalada a la que se ha sumado Microsoft, cuyas Xbox salidas en 2020 también son más caras ahora que entonces.

Comprar videoconsolas baratas esperando a que pierdan novedad ha dejado de ser una opción. Ninguno de los tres fabricantes da demasiados detalles. Se produce “debido al aumento de los costes, incluidos los precios de los materiales”, ha justificado Nintendo, y “dado que se prevé que el impacto de los diversos cambios en las condiciones del mercado se extienda a medio y largo plazo”.

Estos aparatos son un ejemplo muy visible de una tendencia que afecta a todos los dispositivos de consumo, como ordenadores, portátiles o teléfonos móviles, y que amenaza con llevarse por delante toda la gama baja. “Prevemos que el segmento de PC de gama de entrada de menos de 500 dólares (unos 450 euros) desaparecerá para 2028”, expresan desde la consultora Gartner, especializada en análisis de mercado y tecnología.

La IA acapara la memoria

Esta situación tiene múltiples causantes, pero hay uno que destaca sobre los demás. Es el precio disparado de las memorias RAM (siglas en inglés de memoria de acceso aleatorio), indispensable para todos estos productos, debido a un aumento ingente de la demanda proveniente de los centros de datos de la inteligencia artificial.

La IA generativa exige un tipo de memoria muy específica llamada HBM (memoria de alto ancho de banda, en inglés). Dado que los fabricantes operan fábricas con una capacidad limitada de obleas de silicio al año, han reasignado su producción hacia estos chips para la IA, a expensas de la memoria RAM estándar que utilizan los dispositivos de consumo, menos rentables. Antes del actual auge de la IA, los centros de datos representaban el 30% de la demanda de memoria; hoy están absorbiendo entre el 60% y el 70% de la producción mundial.

La tendencia empezó a percibirse a finales de 2025, con la desaparición progresiva de las memorias RAM vendidas como componentes sueltos para quienes ensamblan su propio ordenador. Sin embargo, la situación se ha agravado en esta primera mitad del año. La consultora TrendForce pronostica que los precios de los contratos de memoria RAM aumentarán entre un 58% y un 63% tan solo en el segundo trimestre, lo que supone el mayor incremento registrado en una década. Gartner pronostica que para final de año la cifra podría haber llegado al 130%.

Eso se está comiendo los márgenes de los fabricantes en la gama baja de cualquier dispositivo que utilice RAM. “Este fuerte aumento limita la capacidad de los proveedores para absorber los costes, lo que hace que los portátiles de gama de entrada con bajos márgenes de beneficio dejen de ser viables”, continúa Gartner.

Los teléfonos más baratos también están subiendo de precio, con varias marcas discontinuando sus anteriores modelos básicos sin lanzar un sustituto. Esto “llevará a los compradores a optar por modelos reacondicionados o de segunda mano, o a conservar sus teléfonos durante más tiempo”, continúa la misma consultora: “los compradores de smartphones básicos abandonarán el mercado cinco veces más rápido que los compradores de modelos premium en 2026”.

La gama media y alta, más caras

Los dispositivos más caros podrán asumir el golpe debido a que trabajan con mayores márgenes, pero los analistas avisan que este aumento de costes terminará repercutiendo en los consumidores. Microsoft, por ejemplo, ha aumentado los precios de los portátiles y tabletas convertibles Surface entre 150 y 400 euros, dependiendo del modelo.

Tradicionalmente, la memoria y el almacenamiento representaban en torno al 15% del coste total de un portátil, pero la firma TrendForce estima que la cifra superará el 30% en este primer semestre de 2026. Sumando que fabricantes como Intel también planean subir el precio de sus procesadores más de un 15%, solo la memoria y la CPU podrían pasar a representar casi el 58% del coste total de fabricar un ordenador.

Como resultado, TrendForce advierte que los portátiles que ahora cuestan entre 800 y 900 euros podrían registrar incrementos de precio cercanos al 40% y situarse en rangos cercanos a los 1.200 euros.

Todos estos incrementos tendrán un impacto directo en el consumo. Gartner calcula que las ventas mundiales de PC caerán un 10,4% y las de teléfonos inteligentes un 8,4% respecto a los niveles de 2025.

A la espera de nuevas fábricas

Los principales fabricantes de RAM, como Samsung, SK Hynix, Micron o Kioxia, han empezado la construcción de nuevas fábricas para satisfacer la alta demanda de memoria. Sin embargo, estas factorías son extremadamente complejas de poner en marcha y su impacto en el mercado podría tardar años en llegar.

Micron ha iniciado ya la construcción de megafactorías en Estados Unidos, con varias plantas proyectadas en Nueva York cuya plena capacidad no se alcanzará antes de 2030. SK Hynix avanza en la ampliación de sus instalaciones en Yongin, en Corea del Sur, y espera que una parte entre en producción en 2027. También en Corea, Samsung ha adelantado el calendario de su una megaplanta orientada tanto a memoria convencional como a HBM para centros de datos de IA.

Sin embargo, estos fabricantes son conservadores en el desarrollo de estas infraestructuras. Tal y como han explicado a sus inversores en sus últimas presentaciones de resultados, no dan de lado un escenario en el que la demanda de la IA se estabilice o incluso se derrumbe abruptamente. Esto las abocaría a un escenario de sobrecapacidad en unas factorías extremadamente caras y complejas que quieren evitar a toda costa. Es por ello que la mayoría de previsiones apuntan a que la tensión en los precios se mantendrá al menos hasta 2028.

La Junta de Extremadura ha aprobado este martes la declaración como Proyecto Empresarial de Interés Autonómico (PREMIA) la construcción del centro de datos de Navalmoral de la Mata (Cáceres), que impulsa Merlin Edge y la ampliación del matadero de 'Estirpe Negra', entre Fregenal de la Sierra y Bodonal de la Sierra, en Badajoz.

Según ha informado la portavoz, Elena Manzano, en el caso del proyecto de Navalmoral de la Mata, se prevé una inversión de 1.600 millones de euros y la creación de 250 puestos de trabajo, y en el caso del matadero se invertirán 13,8 millones de euros para ampliar las instalaciones, con 22 nuevos empleos que se suman a los 96 existentes.

La Junta de Extremadura recuerda que la declaración PREMIA puede estar enfocada tanto a la creación de una nueva empresa como a la ampliación de una ya existente y para una iniciativa empresarial supone el carácter prioritario y urgente para toda la tramitación autonómica: se reducen a mitad los plazos ordinarios establecidos, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos, así como la posibilidad de sustitución de la licencia urbanística o, en su caso, de la de obras y usos provisionales, por el trámite de consulta en los términos previstos en la normativa autonómica. Esta sustitución no se aplicará a los proyectos de concesión de explotaciones de los recursos minerales del litio.

En cuanto al proyecto presentado por la empresa Estirpe Negra S.A. para la ampliación de una planta de industria cárnica situada entre los términos municipales de Fregenal de la Sierra y Bodonal de la Sierra, se proyecta en las parcelas 93 y 1B del polígono 2 de Bodonal de la Sierra y la parcela 70 del polígono 40 de Fregenal de la Sierra, que ocupan una superficie de más de 138.000 metros cuadrados.

La actividad desarrollada en esta planta comprende un proceso industrial cárnico completo, que integra todas las etapas necesarias para la elaboración, curación, adobo, envasado y expedición de jamones, paletas, embutidos y lomos, desde la recepción de la materia prima hasta el acondicionamiento final.

Las nuevas inversiones proyectadas tienen como finalidad incrementar la capacidad productiva, ordenar flujos industriales, optimizar la eficiencia, reforzar la seguridad alimentaria, mejorar las condiciones higiénico-sanitarias y garantizar la competitividad futura de la marca. 

La formación política Cantabristas ha criticado el “ridículo histórico” que está haciendo el Gobierno del PP de la presidenta Buruaga con el “humo en el que se ha convertido el centro de datos Altamira” y consideran que a la luz de la información que el propio ejecutivo autónomico va ofreciendo, el proyectado centro tecnológico “va a terminar en nada”.

Desde el partido, han recordado que Buruaga anunció que las obras comenzarían en el pasado enero de este año y que, incluso, “creó una figura legislativa ad hoc (Proyecto Empresarial Estratégico de Cantabria) para aupar al centro de datos, por no mencionar las portadas en periódicos que rellenó para promocionar su proyecto estrella”.

Anticipándose a la “maquinaria publicitaria del PP, el secretario general Paulu Lobete vaticina que ahora el Gobierno de Buruaga ”se enrocará“ en la excusa de que todo ha salido mal por culpa del gobierno central. ”Por culpa del famoso enchufe, la conexión energética necesaria para llevar adelante el proyecto“, explica. Sin embargo, Lobete ha cuestionado que, si la conexión eléctrica no estaba garantizada desde un inicio ”¿por qué Buruaga estuvo anunciando a bombo y platillo un proyecto de 3.600 millones de euros diciendo que era el proyecto de la legislatura y la mayor inversión empresarial de la historia de Cantabria?“.

El partido cantabrista, que desde un inicio dijo que el centro de datos Altamira parecía un proyecto “especulativo y poco realista”, también había mostrado su rechazo al mismo, argumentando sus “desastrosas consecuencias medioambientales” y el escaso beneficio que -en su opinión- ofrecen este tipo de proyectos a nivel de generación de empleo para la población local.

Para Lobete, el PP de Buruaga sencillamente “ha estado utilizando el centro de datos Altamira a sabiendas de que en realidad no tenían nada para sacar rédito político y fingir que hacen cosas para ocultar su absoluta inoperancia”.

El debate del impacto de los centros de datos en el medio ambiente suele centrarse en el aumento de los consumos de agua y de energía, pero ahora, tras numerosas mediciones a lo largo del tiempo en distintas ubicaciones de estas granjas de servidores, se añade otro efecto: el impacto térmico sobre el entorno que estas instalaciones depositan.

Aragón, convertido en uno de los principales polos europeos de centros de datos, ya muestra un aumento anómalo de temperatura en relación con territorios vecinos. Mientras, un estudio internacional basado en datos satelitales confirma que estas instalaciones elevan el calor del entorno 2 °C de media —y hasta 9 °C en casos extremos— y advierte de un impacto potencial sobre cientos de millones de personas en el mundo. Y un segundo estudio con datos de Uruguay muestra que incluso un centro de datos mediano y eficiente —los proyectados en torno a Zaragoza tienen un tamaño grande— produce una isla de calor visible desde el espacio.

El primero de los documentos, ‘El efecto isla de calor de los datos: cuantificando el impacto de los centros de datos de IA en un mundo cada vez más cálido’, está liderado por investigadores de la Universidad de Cambridge. Analiza miles de centros de datos mediante observación satelital y concluye que la temperatura superficial del suelo aumenta de media 2 °C tras su puesta en marcha, con incrementos que pueden alcanzar hasta 9 °C en situaciones extremas. Este fenómeno, comparable al de las islas de calor urbanas, no se limita al perímetro de las instalaciones, sino que puede extenderse varios kilómetros, con efectos detectables hasta aproximadamente 10 kilómetros de distancia.

A escala global, los investigadores estiman que este efecto podría afectar a más de 340 millones de personas en todo el mundo. El análisis se basa en datos satelitales recopilados durante dos décadas y en la localización de más de 6.000 centros de datos en todo el mundo, lo que permite comparar las condiciones térmicas antes y después de su entrada en funcionamiento.

En Europa, Aragón aparece como uno de los casos más destacados. El estudio detecta en esta comunidad un aumento anómalo de temperatura de alrededor de 2 °C en comparación con regiones cercanas, un dato que los autores enmarcan en el contexto de una creciente concentración de centros de datos. Este incremento no se explicaría únicamente por factores climáticos naturales, sino que estaría relacionado con la acumulación de infraestructuras digitales intensivas en consumo energético, capaces de generar grandes cantidades de calor residual.

Expansión sin precedentes

El fenómeno coincide con una expansión sin precedentes del sector en toda la comunidad. Aragón concentra más de una docena de proyectos en distintas fases de desarrollo y al menos 18 centros de datos planificados, distribuidos en Zaragoza, Huesca y Teruel, con una inversión conjunta que supera los 33.000 millones de euros. Este despliegue ha situado a la región como uno de los principales polos digitales del sur de Europa, atrayendo a grandes tecnológicas y fondos internacionales.

Las empresas implicadas también subrayan el componente tecnológico del despliegue. Desde Amazon Web Services se insiste en que sus centros están diseñados para maximizar la eficiencia energética y que cada nueva instalación incorpora sistemas avanzados de refrigeración y uso de energías renovables con el objetivo de reducir su huella ambiental.

Sin embargo, varios estudios demuestran que el calor residual generado por estas infraestructuras, incluso en condiciones de alta eficiencia, acaba liberándose al entorno y puede alterar las condiciones térmicas locales. “No estamos hablando de emisiones directas como las del CO₂, sino de un impacto físico inmediato sobre el territorio”, explican los autores del estudio de Cambridge, que advierten de que el auge de la inteligencia artificial podría intensificar este efecto en los próximos años.

Expertos en clima consultados en distintos análisis coinciden en que el fenómeno no sustituye al calentamiento global, pero sí puede amplificarlo a escala local. “Este tipo de infraestructuras pueden generar microclimas más cálidos y agravar episodios de calor extremo, especialmente en regiones ya expuestas a altas temperaturas”, señalan investigadores especializados en climatología aplicada.

Los autores del estudio insisten en que se trata de un efecto de carácter local o regional, pero con implicaciones crecientes en un contexto de expansión acelerada de la infraestructura digital. En territorios como Aragón, donde el despliegue de centros de datos se está produciendo de forma intensiva y extendida, el fenómeno puede dejar de ser una hipótesis para convertirse en una realidad medible.

El trabajo ha sido publicado como preprint y todavía no ha sido revisado por pares (todavía no ha sido validado por otros expertos independientes), aunque sus resultados coinciden con una preocupación creciente en la comunidad científica sobre el impacto ambiental de la economía digital.

Mediciones reales en Pano (Uruguay)

En el continente americano llevan años de ventaja con la instalación de centros de datos y ahora la huella térmica ya es detectable desde un satélite que orbita a más de 700 kilómetros de la Tierra.

Tal como recoge el artículo ‘Los centros de datos: El calor detrás de la nube’, de Gabriel Farías y Miguel Dobrich, publicado en Pulitzercenter.org, en Pando, una ciudad uruguaya de unos 30.000 habitantes ubicada a 30 kilómetros de Montevideo, funciona desde mayo de 2016 un centro de datos de la empresa estatal de telecomunicaciones Antel. La plataforma de periodismo tecnológico y científico Amenaza Roboto analizó 25 años de imágenes satelitales del lugar y encontró que la instalación genera su propia isla de calor y así lo demuestran las imágenes.

A diferencia del estudio ‘The data heat island effect’, del que investigadores y analistas han cuestionado su metodología por no diferenciar el calor generado por los servidores del efecto térmico producido por la urbanización del terreno, el trabajo de Amenaza Roboto utilizó imágenes Landsat con una resolución mucho mayor que la empleada en ese estudio y controló variables como vegetación, urbanización, distancia al edificio y fecha de análisis. Según la revisión bibliográfica realizada, sería el primer análisis que logra aislar específicamente la huella térmica atribuible a la operación de un centro de datos.

La industria global de centros de datos consume más electricidad que muchos países, y casi toda esa energía termina convertida en calor liberado continuamente al ambiente. En el caso analizado, el efecto térmico neto estimado fue de 0,32 °C, obtenido mediante un modelo estadístico basado en 32.861 mediciones satelitales recopiladas durante 25 años. El análisis concluyó que la probabilidad de que ese resultado sea producto del azar es inferior a una en mil millones.

La investigación detectó que incluso un centro de datos mediano y eficiente produce una isla de calor visible desde el espacio. El hallazgo cobra relevancia porque Google construye en Ciudad de la Costa el Proyecto Teros, un centro de datos cinco veces más potente que el de Antel y con un consumo eléctrico equivalente al de unos 200.000 hogares.

Preocupación en Aragón

La instalación de decenas de centros de datos en Aragón está despertando una creciente preocupación social. Las protestas contra su implantación masiva y el interés que generan debates como 'Centros de datos en Aragón. Implicaciones y futuro del territorio', celebrado este miércoles en Zaragoza y organizado por el Centro Pulitzer, reflejan el aumento de la inquietud ciudadana ante el impacto territorial, energético y social que puede tener la expansión de estas infraestructuras en la comunidad.

La catedrática de ingeniería química Alicia Valero advirtió sobre el elevado consumo energético de estas infraestructuras y señaló que su crecimiento podría requerir la ocupación de entre un 29% y un 39% de la superficie de Aragón con parques renovables para satisfacer la demanda, además de advertir sobre la gran cantidad y variedad de materiales críticos que requiere la nube (solo en un teléfono móvil pueden utilizarse 40 elementos de la tabla periódica).

El sociólogo Lorién Jiménez centró su intervención en las consecuencias económicas y políticas del modelo tecnológico impulsado por las grandes compañías digitales y en cómo puede afectar al territorio y a las políticas públicas.

El ingeniero agrícola Jesús García Usón explicó las implicaciones de los proyectos tramitados bajo la figura de Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) y alertó sobre la presión que estos centros pueden ejercer sobre la red eléctrica y otras actividades industriales. También reparó en las ventajas fiscales para estos proyectos empresariales que dejan sin ingresar 1.500 millones a las arcas públicas.

Por su parte, Cristina García, ingeniera industrial y miembro del colectivo ciudadano ‘No es sequía es saqueo’, trasladó la preocupación de los colectivos vecinales por las consecuencias que ya están teniendo estos proyectos en la ciudadanía y defendió la necesidad de generar espacios de debate independientes frente al discurso promocional del sector.

En el debate de la mesa redonda, moderado por el periodista Pablo Jiméntez, también se cuestionó el impacto laboral de estas inversiones. Los participantes señalaron que los centros de datos generan pocos empleos en relación con su enorme demanda energética y tampoco son empleos de calidad, ya que la mayoría no computarán en Aragón, sino en Madrid y Barcelona. Al mismo tiempo, advirtieron de posibles efectos como el aumento del precio de la electricidad (que en algunos condados de Virginia ha subido hasta un 265%), la concentración de conexiones eléctricas, la mayoría en el Valle del Ebro, y fenómenos como las islas de calor.

El consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha reconocido que el primer proyecto estratégico del Gobierno de Cantabria, el centro tecnológico Altamira, está en peligro y podría acabar instalándose en el extranjero porque aún no dispone del suministro eléctrico necesario para funcionar.

De momento, el proyecto -cuyas obras tenían que haber empezado en enero- sigue a la espera de si el Ministerio acepta las alegaciones de Cantabria al reparto de energía y finalmente autoriza el “enchufe” con la potencia que se ha solicitado a la central eléctrica de Penagos.

El centro de datos se ha estado promocionando sin tener confirmadas las condiciones para instalarse en los 636.000 metros cuadrados entre los municipios de Piélagos y Villaescusa que adquirió su promotor, el fondo de inversión Stoneshield. En origen se anunció una inversión privada de 3.600 millones de euros y la generación de miles de empleo.

Arasti ha aprovechado una comparencia ante los medios de comunicación para aclarar algunas dudas sobre la adquisición de las parcelas, después de que el Grupo Parlamentario Regionalista le preguntase en el Parlamento por este asunto. El consejero acusa al portavoz del PRC, Pedro Hernando, de sembrar “la insidia” de que los terrenos no habían sido comprados sino que podrían haber sido objeto de una mera opción de compra. Arasti ha dicho que una filial del grupo promotor, Tavira, compró por 9,5 millones de euros las parcelas para desarrollar la primera fase del campus tecnológico, incluso antes de tener esa autorización administrativa.

Así, de obtener dicha autorización, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Democrático, el proyecto se llevará a cabo “con rapidez”, pero en caso contrario se acometerá “en otro país”, ha avisado Arasti.

La operación de venta se realizó, además, con celeridad en Madrid. Al día siguiente, 4 de julio, de que el Consejo de Administración de la empresa pública VIPAR aprobase la venta ya se elevó a escritura pública, ha confirmado el consejero.

Cómo se gestó la compra

La promotora del centro de proceso de datos Altamira inició la compra de la mitad de los terrenos públicos donde se ubicará el futuro campus tecnológico tres meses antes de anunciarse públicamente el proyecto. Cuando en febrero de 2025 el Gobierno del Partido Popular de Cantabria y el fondo de inversión Stoneshield presentaron la millonaria inversión ya se había tramitado la adquisición del suelo industrial e incluso estaba redactado el trámite urbanístico del PSIR para la primera fase de las tres en las que se desarrollará el proyecto. Un Plan urbanístico cuya aprobación tenía que haberse producido en diciembre.

El proyecto se va a ubicar en una parcela de 636.432 metros cuadrados en el polígono de VIPAR, una sociedad mercantil pública creada en 2008 participada en un 85% por la empresa pública SEPIDES (Gobierno de España) y en un 15% por SICAN (Gobierno de Cantabria) para desarrollar y comercializar este suelo industrial, que lleva sin actividad alguna desde hace 18 años, en los términos municipales de Piélagos y Villaescusa. Una ubicación que la empresa considera “estratégica” en torno a un nudo de autovías: la A-8, la S-30 y su conexión con la A-67, además de su proximidad a dos infraestructuras: el puerto y el aeropuerto.

El 25 de noviembre de 2024, cuando aún no se conocía el proyecto, VIPAR sacó a la venta la denominada parcela Altamira 1, de 374.572 metros cuadrados, el 60% del terreno previsto para el centro de datos, con un precio mínimo de 7,8 millones (sin IVA). Ese mismo día se abrió el proceso en la Plataforma de Contratación del Estado y en la web de SEPIDES al que únicamente se presentó el grupo Stoneshield Capital. Lo hizo a través de otra sociedad, Tavira, que el pasado 23 de junio cambió de nombre a XDC North Coast, S.L.

Tres meses después, en mayo de este año, la empresa pública autorizó la venta definitiva de los terrenos del polígono industrial por el importe de salida, aunque al añadir el IVA el desembolso para la promotora asciende a 9.492.450 euros (7.845.000 euros más IVA). Sin embargo, la compra no se ha formalizado hasta el pasado 4 de julio a nombre de la última empresa.

“Es la crónica de un fracaso anunciado”, reprocha el PRC. “Este Parlamento no está para firmar cheques en blanco”, recela el PSOE. “Corremos el riesgo de que esto sea un espejismo”, advierte Vox.

El Campus Tecnológico de Centro de Datos 'Altamira', promovido por Stoneshield Capital, ha empezado a despertar recelos y desconfianza entre todos los grupos de la oposición que se han unido para exigir al Gobierno de Cantabria (PP) que presente, en el plazo de dos meses, toda la documentación sobre el Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR). La modificación urbanística que el ejecutivo se comprometió a aprobar el pasado diciembre sobre el terreno situados a ambos lados de la Autovía S–30, en los municipios de Villaescusa y Piélagos.

Era solo el primero de estos planes. El proyecto era de tal calado que se iba a hacer en tres fases, con tres planes urbanísticos a medida diferentes. De hecho, la iniciativa ha sido declarada Proyecto Empresarial Estratégico de Cantabria (PSIR) por el Consejo de Gobierno, la primera en obtener esta declaración. Las obras tendrían que haber empezado en enero y finalizar en 2032 tras una inversión de 3.600 millones de euros.

Durante el debate en el Parlamento de una moción presentada por el PRC, también se han despertado las dudas sobre la compra de los terrenos por parte del promotor, Stonefields: un fondo de inversión creado en 2018, vinculado al mundo inmobiliario, propiedad de Felipe Morenés –hijo de la presidenta del Banco Santander, Ana Botín– y su socio, Juan Pepa. Por ello va registrar una pregunta y una solicitud de documentación, “no vaya a ser que no se hayan pagado los 10 millones de los terrenos, no vaya a ser que lo que se haya firmado sea una opción de compra y no se hayan pagado íntegramente esos 10 millones”.

Al respecto, el diputado del Partido Popular Alejandro Liz no ha desmentido esta posibilidad. “La opción de compra -en caso de que así fuera, que lo desconozco-¿no es un contrato?”, ha replicado al regionalista. “¿Es que no obliga a vender una opción de compra”?“, ha insistido.

Exigencia de transparencia

Los grupos parlamentarios PRC, PSOE y Vox piden transparencia sobre el proyecto mientras el Gobierno de Cantabria reconoce que hace “todo lo posible por retener la inversión”. La moción que ha aprobado el Parlamento de Cantabria, a iniciativa de los regionalistas, evidencia que el proyecto atraviesa un momento de crisis, al menos en lo referente a la confianza en la inversión.

“Estamos ante una crónica de un fracaso anunciado, de una decepción palpable”, dice el portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Pedro Hernando. En su opinión, hasta la semana pasada el Gobierno de Cantabria “anunciaba a bombo y platillo el gran proyecto de inversión de esta legislatura”, pero a partir de entonces, “ya empezaron a echar balones fuera”, lo que ha aumentado la “preocupación” de los regionalistas.

Hernando añade que en el Informe Anual de Centro de Datos en España, Spain DC 2025, presentado hace un mes por el lobby de los centros de datos españoles, Cantabria no aparece en “ninguna” de sus 95 páginas, cuando sí hay referencias a otros proyectos de menor envergadura en otros puntos de la geografia nacional.

El diputado Alejandro Liz, del Partido Popular, le ha reprochado la “irresponsabilidad de su alarmismo” y ha insistido en que “todo indica que el proyecto del Centro Altamira es sólido, solvente y maduro”. “No soportan que el anuncio de este proyecto haya sido bajo el Gobierno de Buruaga”, espetó.