Las grandes tecnológicas estadounidenses Microsoft, Alphabet y Meta han elevado aún más su previsión anual de gastos de capital, ya de por sí elevada, en medio de los avances en la inteligencia artificial (IA) y del mayor costo de los componentes necesarios para desarrollar esta tecnología. Las tres lo han confirmado durante la publicación de sus resultados trimestrales, que tuvo lugar tras el cierre de Wall Street este martes.

La jefa financiera de Microsoft, Amy Hood, ha afirmado que la empresa espera invertir 190.000 millones de dólares en gastos de capital en el ejercicio, por encima de los cerca de 150.000 millones estimados hace unos meses. En la nueva cifra, Microsoft incluye 25.000 millones que atribuye “al impacto de los precios más altos de los componentes”. En el trimestre recién cerrado, la tecnológica gastó 31.900 millones en esta categoría.

“Seguimos seguros respecto al retorno de estas inversiones dadas las señales de una mayor demanda y un creciente uso del producto, así como las eficiencias”, asegura Hood, quien vaticina aún más gasto de este tipo en 2027. El gigante tecnológico anunció un beneficio neto de 97.983 millones de dólares en los nueve primeros meses de su ejercicio 2026 (no sigue el calendario natural), un 31% más interanual, gracias en parte a su negocio IA. La empresa tuvo una facturación acumulada de 241.832 millones de dólares en los últimos tres trimestres, un 18% más con respecto al mismo periodo del año anterior, según su comunicado.

De manera similar, el jefe financiero de Alphabet, Anat Ashkenazi, ha elevado los gastos de capital a un rango de 180.000 a 190.000 millones, por encima de los 175.000 a 185.000 millones inicialmente previstos, cifra en la que incluye la compra de la firma Intersect, que cerró en marzo.

Ashkenazi, que ha detalla que en el actual trimestre Alphabet gastó unos 35.700 millones en gastos de capital, también adelantó que en 2027 el gasto será más alto. la matriz de Google y YouTube ganó 62.578 millones de dólares en este primer trimestre, un 81% más interanual. Su facturación ascendió un 2 % respecto al mismo periodo del ejercicio anterior y se situó en 109.896 millones de dólares. Esta subida estuvo impulsada por el buen comportamiento de su negocio publicitario y el fuerte crecimiento de su división en la nube, ha explicado.

Meta, en su comunicado de resultados, eleva sus gastos de capital a un rango entre 125.000 y 145.000 millones de dólares por la expectativa “de un precio más alto de los componentes este año y, en menor medida, de los costes adicionales de centros de datos”. La propietaria de Whatsapp, Instagram y Facebook invirtió en el trimestre casi 20.000 millones en gastos de capital.

La compañía dirigida por Mark Zuckerberg reportó unos beneficios netos de 26.773 millones de dólares en este primer trimestre, un 61% más interanual, impulsada por la publicidad de sus aplicaciones de redes sociales. Su facturación fue de 56.311 millones, un 33% superior a la del mismo tramo del ejercicio anterior, gracias a incrementos en las impresiones por anuncio y en los precios de estas, según un comunicado.

Amazon también publicó este martes sus resultados, pero no ofreció actualizaciones tras divulgar el pasado febrero que su previsión anual de gastos de capital rondaba los 200.000 millones de dólares para el ejercicio Su jefe financiero, Brian Olsavsky, ha dicho en la conferencia correspondiente que en el último trimestre Amazon gastó 43.200 millones en ese concepto.

Este jueves publicará sus resultados Apple, que tiene un menor peso en el desarrollo de la IA y calculó previamente que invertirá unos 92.000 millones en gastos de capital en su actual ejercicio, tras cerrar el de 2025 con una cifra relativamente baja, de unos 13.000 millones.

En total, estas grandes empresas tecnológicas, las llamadas 'Big Tech', que son también algunas de las cotizadas más grandes del mundo, planean gastar unos 650.000 millones de dólares en capital este año, calculan los analistas.

El Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén presentó el pasado 27 de enero ocho alegaciones contra el Plan de Interés General de Aragón (PIGA) para la instalación de un centro de datos promovido por ACS y Benbros Energy, centrando sus objeciones en el fuerte incremento de los costes de urbanización y en la consiguiente inviabilidad del desarrollo del resto del polígono. Asimismo, advierte de que el proyecto tensiona el sistema de abastecimiento de agua y traslada al municipio cargas económicas y operativas que considera inasumibles. Como contrapartida, reclama la incorporación de medidas de retorno local, entre ellas una aportación económica cercana a los 27 millones de euros destinada al fomento del desarrollo económico y social.

El denominado ACS DC La Puebla obtuvo la declaración de interés general de Aragón (DIGA) en julio de 2025 y el plan de interés general de Aragón (PIGA) en diciembre de 2025. Está concebido como un complejo destinado al almacenamiento y procesamiento masivo de datos, ocupará más de 25 hectáreas de suelo industrial y contará con una potencia inicial de 150 megavatios, ampliable hasta 300 en fases posteriores, lo que lo sitúa dentro de la categoría de centros de datos de gran escala.

Las alegaciones, a las que ha tenido acceso elDiario.es, aún no han sido contestadas y “buscan defender el interés general del municipio”, según la alcaldesa, Pilar Villanueva, fundamentalmente en lo referente al uso del agua.

La expansión de los promotores genera costes, reduce ingresos y obliga al Ayuntamiento a asumir infraestructuras, además de no existir control efectivo sobre el planeamiento, según denuncia la oposición municipal. La multinacional persigue maximizar beneficios aportando lo mínimo posible: está exenta del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), lo que supondría dejar de ingresar alrededor de 40 millones de euros, y tampoco abonará el IBI durante cinco años. A ello se suma el uso de recursos municipales sin la presentación de medidas específicas de contraprestación social o cultural, ni de fomento de actividades o construcción de equipamientos.

El inviable desarrollo industrial

El análisis realizado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de La Puebla sobre la implantación de un Plan de Interés General de Aragón (PIGA) en el sector SP1 sostiene que su ubicación contradice el criterio legal de situarlo en suelos con mayor autonomía, dado que se inserta en un sector ya ordenado pero no desarrollado, alterando su equilibrio. El principal impacto es el fuerte incremento de los costes de urbanización, que pasan de 23 a más de 82 millones de euros, elevando la repercusión hasta 123,51 €/m² de suelo y 186,26 €/m² edificable, sin que se justifique adecuadamente su viabilidad. Además, el promotor obtiene un beneficio adicional del 10% al incluir la parcela de cesión al Ayuntamiento —exenta de estos costes— dentro del ámbito del PIGA.

Aunque formalmente no se modifican los porcentajes de contribución, en la práctica los gastos de urbanización del resto de parcelas casi se triplican, superando su valor de mercado y generando un escenario de inviabilidad económica, en el que las parcelas resultantes tendrían incluso un valor negativo. Esta situación se agrava porque el nuevo uso industrial tecnológico se concentra exclusivamente en el ámbito del PIGA, sin trasladar beneficios al resto del sector, que mantiene usos tradicionales menos rentables en un municipio con poco término municipal que hasta ahora había mantenido un crecimiento ordenado y que se pone en entredicho al acaparar el centro de datos todo el sector productivo.

Asimismo, las infraestructuras proyectadas responden únicamente a las necesidades del centro de datos, pese a lo cual su mantenimiento recaería posteriormente en el Ayuntamiento, incluso si el resto del sector no llega a desarrollarse ni a beneficiarse de dichas obras.

A ello se suma una importante complejidad jurídica, ya que cualquier desarrollo futuro queda condicionado a la participación de los propietarios del ámbito PIGA, dificultando posibles modificaciones del planeamiento o de las cargas urbanísticas. En conjunto, se concluye que, de no adoptarse medidas como la división del sector o la creación de ámbitos jurídicamente independientes, el PIGA compromete tanto la viabilidad económica como la gestión futura del sector SP1.

Afecciones al abastecimiento de agua

En la cuarta alegación se expone la interrelación y afecciones del PIGA a la ordenación estructural y a las infraestructuras y servicios municipales, poniendo de manifiesto, en primer lugar, las limitaciones del sistema de abastecimiento de agua. La tubería de captación desde Zaragoza presenta de forma recurrente tensiones de disponibilidad, hasta el punto de que la reserva anual asignada al municipio se agota cada ejercicio, generando sanciones en caso de sobreconsumo. Aunque cabe la posibilidad de solicitar ampliaciones a ACUAES, su concesión no está garantizada al depender de la disponibilidad global del sistema y de la concurrencia con otras solicitudes.

En este contexto, la documentación del PIGA no define con claridad la fuente de abastecimiento ni acredita la disponibilidad real de recursos para atender una demanda industrial intensiva adicional. Pese a que se prevé la conexión a la red municipal, lo que implica el uso de la reserva existente —ya insuficiente—, el proyecto no concreta el origen del agua ni justifica su suficiencia. Se limita a una estimación conjunta de consumo con el sector SP-1 de 3.465 m³ diarios, cifra que supera el consumo ordinario del municipio, sin desglose ni justificación técnica suficiente. Esta indeterminación, unida a la magnitud de la demanda, obliga a exigir un sistema de abastecimiento propio, garantizado y autosuficiente, que detalle recursos, reservas, alternativas e infraestructuras necesarias, evitando que el consumo industrial detraiga caudal del abastecimiento municipal o degrade la calidad del agua de consumo humano.

Asimismo, el proyecto no establece garantías operativas que aseguren la prioridad del consumo humano ni medidas que eviten afecciones a la calidad del agua de la red residencial. En paralelo, se plantea el derribo del depósito municipal existente, un bien patrimonial que costó 900.000 euros, y su sustitución por uno nuevo al norte del sector. Aunque no se rechaza esta actuación, se condiciona a que la nueva infraestructura sea financiada íntegramente por el promotor, tenga utilidad para todo el municipio y quede plenamente integrada en la red general, con capacidad operativa real. No resulta admisible sustituir una infraestructura de sistema general por otra de uso limitado al PIGA sin integración efectiva en la malla municipal.

Para garantizar la viabilidad del sistema sin perjudicar el abastecimiento, se considera imprescindible incorporar infraestructuras específicas de regulación y tratamiento, como una nueva balsa de agua bruta y el refuerzo o implantación de sistemas de potabilización, así como una red de distribución separativa que permita diferenciar el uso industrial del residencial, asegurando siempre la prioridad del consumo humano. Todas estas actuaciones, derivadas directamente del incremento de demanda asociado al PIGA, deben ser, según alega el Ayuntamiento de La Puebla, definidas, presupuestadas y financiadas íntegramente por el promotor, incluyendo su mantenimiento, evitando cualquier traslado de cargas al Ayuntamiento.

En cuanto al sistema de drenaje de aguas pluviales, la solución propuesta para el Barranco de Las Casas no acredita suficientemente la capacidad hidráulica del cauce receptor ni garantiza la ausencia de afecciones aguas abajo, especialmente en tramos no encauzados. Además, su viabilidad queda condicionada a la autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Por ello, se exige que el PIGA incluya, como condición previa, la ejecución completa del encauzamiento y adecuación hidráulica del barranco en el tramo afectado, asegurando la continuidad del sistema, la estabilidad del cauce y la correcta laminación de avenidas. Estas actuaciones, necesarias por el incremento de escorrentía generado por el proyecto, deberán ser igualmente asumidas en su totalidad por el promotor.

Finalmente, en relación con el sistema de saneamiento y las aguas fecales, se considera imprescindible que el PIGA incorpore un estudio específico de capacidad y funcionamiento de la red aguas abajo, con modelización hidráulica que analice escenarios de caudal punta y situaciones desfavorables, identificando posibles puntos críticos. En caso de ser necesarias obras de refuerzo o ampliación para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, estas deberán ser igualmente definidas, ejecutadas y financiadas íntegramente por el promotor, sin que se produzca transferencia alguna de cargas al municipio.

Medidas de retorno local valoradas en 27 millones de euros

La quinta alegación municipal critica que el PIGA no contempla medidas específicas dirigidas al fomento de actividades económicas, sociales o culturales en el municipio afectado, lo que resulta especialmente relevante atendiendo a la magnitud de la inversión prevista. En este sentido, se considera necesario que el proyecto incorpore mecanismos concretos de retorno local que contribuyan al desarrollo del municipio, bien mediante actuaciones directas o, alternativamente, a través de la aportación de una cantidad económica destinada a tales fines, sujeta a la correspondiente fiscalización.

A efectos de cuantificación, el ayuntamiento tiene en cuenta que la inversión asociada al proyecto supera los mil millones de euros. Considerando que la normativa permite establecer un canon de hasta el 5% de la inversión, estima razonable fijar una aportación del 2,5%, lo que equivale a 27 millones de euros. Esta cuantía se considera proporcionada, máxime cuando el PIGA no prevé actualmente ningún tipo de canon o compensación económica para el municipio, lo que refuerza la necesidad de incorporar este mecanismo como medida de equilibrio y retorno social.

Opacidad

Los grupos de la oposición municipal han criticado la opacidad con la que se ha llevado el proyecto. El pasado mes de septiembre, con la Declaración de Interés General de Aragón ya obtenida, el PSOE solicitó una sesión pública informativa que permitiese conocer los efectos que va a tener en la localidad y en los servicios e infraestructuras el futuro centro datos, lo que fue aprobado por unanimidad, si bien luego no se llegó a concluir.

El concejal socialista Juan Ramón Enfedaque volvió a solicitarlo de urgencia incluir en el orden del día del pleno de enero, cuando ya estaba aprobado el Piga, sesión en la que la alcaldesa comunicó que se habían presentado alegaciones al Piga.

El pasado 10 de marzo, PSOE y Podemos organizaron una sesión informativa en el Hotel Alfindén con el grupo de acción “No es sequía, es saqueo”, a la que también acudieron la alcaldesa y el teniente de alcalde entre otro casi centenar de personas. Posteriormente, el 26 de marzo se convocó una sesión informativa en el Ayuntamiento de la mano de la Cámara de Comercio y la Fundación Basilio Paraíso.

Los socialistas pedían en su reclamación la presencia de técnicos municipales, del Gobierno de Aragón, así como de la promotora, ACS DC Infra La Puebla para conocer cómo va a ser el proceso de urbanización de la parcela municipal SP-1, ya que hay costes que se van a repercutir a pequeños propietarios no afectados por la expropiación. Y recriminaron a la primera edil la falta de información de las reuniones mantenidas con propietarios afectados.

Asimismo, se pidió conocer el impacto del proyecto en los servicios generales de La Puebla, desde la evacuación de aguas pluviales, vialidad, seguridad, limpieza, alumbrado público, hasta la demanda de aguas del complejo. De la misma manera, se inquirió por las nuevas infraestructuras que se han previsto para que no haya afecciones en las zonas residenciales e industriales del municipio, y sobre los beneficios y contraprestaciones que va a recibir la localidad.

“Nuestra petición no va contra nadie, pero parece lógico que los vecinos y los empresarios de la zona conozcan hasta el último detalle sobre las repercusiones de este centro de proceso de datos”, dijo el portavoz socialista, Juan Ramón Enfedaque, quien también recuerda que el Piga también afecta al PGOU del municipio, aprobado en 2025, dado que se pierde la unidad de acción de un proceso urbanizador del polígono industrial, que ahora se centrará en urbanizar las parcelas del centro de datos. Además, el Piga se impone al Plan General local y la altura del edificio será dos metros superiores a la altura máxima de 14 metros que establece el PGOU.

Para Enfedaque, la empresa actúa como un Balrog (un ser oscuro El señor de los anillos de Tolkien) frente a Goofy y Pluto (personajes de Disney), “a los que se ha comido crudos y ahora caen en la cuenta de que hay que presentar alegaciones”.

Este diario ha intentado sin éxito ponerse en contacto con la empresa para obtener su versión.

Centro de hiperescala

Con una inversión inicial de 1.254 millones de euros —ampliable hasta 2.580 millones—, el centro de datos de La Puebla de Alfindén alcanzaría una potencia de entre 150 y 300 MW, situándose en la categoría de hiperescala.

La inversión prevista supera los 1.200 millones de euros en su primera fase, con posibilidad de alcanzar cifras cercanas a los 2.500 millones si se completa la ampliación futura. Solo la construcción y urbanización del recinto ronda los 1.000 millones, a los que se suman decenas de millones adicionales en infraestructuras eléctricas, incluyendo nuevas subestaciones y conexiones a la red de alta tensión a través del nodo de Peñaflor.

El proyecto ha sido declarado inversión de interés autonómico por el Gobierno de Aragón, una figura que permite acelerar su tramitación administrativa al considerarlo estratégico para el desarrollo económico de la comunidad. Esta calificación refleja la apuesta institucional por convertir Zaragoza en un polo de infraestructuras digitales vinculado a la economía del dato, en línea con otros desarrollos similares en la región.

En términos de empleo, las previsiones apuntan a varios miles de puestos de trabajo durante la fase de construcción y a unos 500 empleos estables una vez el centro entre en funcionamiento, principalmente perfiles técnicos y de mantenimiento. A esto se suma un impacto fiscal significativo a nivel estatal y autonómico, con estimaciones que superan los 140 millones de euros en los primeros años de actividad.

Los centros de datos suelen presentarse como motores de desarrollo en cuanto a inversión, empleo y modernización. Pero los datos invitan a matizar ese relato, ya que se trata de infraestructuras altamente automatizadas, que generan relativamente poco empleo estable. Mientras tanto, los costes —consumo de recursos, presión sobre el territorio, necesidad de nuevas infraestructuras energéticas— se concentran a nivel local.

El agua y la energía, recursos en disputa

La expansión de centros de datos en Aragón supone un salto de escala sin precedentes en el consumo de recursos.

En la memoria del PIGA el centro de datos de La Puebla de Alfindén recoge que la potencia solicitada es un 34% inferior a la prevista según la Orden EIE/768/2016. Asimismo, surbraya que, en comparación con la previsión de desarrollo del sector planteada en 2011, que estimaba una potencia de 9,28 MW, la implantación actual supone una reducción del 65 % en la potencia requerida.

Pero en términos energéticos, algunos proyectos individuales de este tipo de infraestructuras ya alcanzan cifras cercanas o superiores a los 10.500 GWh anuales, lo que equivale prácticamente al consumo eléctrico total actual de la comunidad autónoma. En conjunto, el despliegue previsto podría llegar a duplicar —o incluso superar— la demanda energética regional, obligando a ampliar infraestructuras de generación, transporte y distribución.

En paralelo, el impacto hídrico resulta especialmente sensible. El centro de datos proyectado en La Puebla de Alfindén presenta una memoria de un consumo ordinario de agua de 9,31 m³ diarios, lo que equivale al 1,9 % de las previsiones establecidas en el planeamiento urbanístico vigente. Esta cifra implica una reducción de hasta el 98 % respecto al caudal inicialmente previsto. Durante el primer año, se contempla un consumo extraordinario asociado al llenado de los circuitos de climatización (1.200 m³) y de los tanques de incendios (385 m³), sumando un total de 1.585 m³. Este volumen representa el 0,16 % del consumo anual del municipio, estimado en 1.000.000 m³.

Según datos recogidos en proyectos y licencias de centros de datos en Aragón, el consumo de agua puede alcanzar los 755.000 metros cúbicos anuales. Esta cantidad equivale aproximadamente al riego de más de 200 hectáreas agrícolas.

En términos urbanos, distintos análisis sitúan su impacto potencial entre el 7,6% y el 22,9% del consumo anual de agua de Zaragoza. En escenarios agregados, el consumo de 14 hectómetros cúbicos anuales equivale a cerca de una cuarta parte del consumo urbano de Zaragoza.

Además, un elemento que suele quedar fuera del debate público es el consumo indirecto. La mayor parte del agua asociada a los centros de datos no se utiliza dentro de las instalaciones, sino en la generación de la electricidad que necesitan. Esto multiplica su huella hídrica real, situándola muy por encima de las cifras oficiales.

A escala global, un centro de datos medio puede consumir alrededor de 1,1 millones de litros de agua al día. Con el crecimiento de la inteligencia artificial, se estima que el consumo total podría superar el billón de litros anuales en 2028.

Voces como Aurora Gómez Delgado, del movimiento ‘Tu nube seca mi río’ advierten que este uso del agua se produce en un contexto de disponibilidad irregular y tensiones preexistentes, lo que implicaría no solo competir por el recurso, sino también desarrollar nuevas infraestructuras de regulación y almacenamiento. En este sentido, la clave no reside en el consumo de cada instalación por separado, sino en el efecto acumulativo de un modelo que, por su escala, tiene capacidad para desbordar los sistemas energético e hídrico existentes, obligando a redimensionar infraestructuras y reordenar prioridades en el uso de recursos.

El portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Pedro Hernando, ha reprochado al Gobierno de Cantabria el “fracaso, engaño y decepción” del proyecto del Centro de Datos Altamira anunciado hace once meses con “documentos censurados” y un informe de la Universidad de Cantabria que ha habido que forzar para que haya sido entregado al Parlamento. Las obras iban a comenzar en enero de 2026 y el PSIR tenía que haber estado aprobado en diciembre de 2025. “Todo lo dijo el promotor, Stoneshield Capital”, ha exculpado el consejero de Industria Eduardo Arasti. Los millones de euros, las cifras de empleo y los plazos.

El Gobierno de Cantabria, que hasta ahora se había empleado con energía en presentar y avalar el proyecto, empieza a tomar distancia. De hecho, el Campus Tecnológico de Centro de Datos 'Altamira', promovido por Stoneshield Capital, ha sido declarado Proyecto Empresarial Estratégico de Cantabria (PSIR) por el Consejo de Gobierno, por lo que se ha convertido en la primera iniciativa empresarial en obtener esta declaración.

“La realidad a día de hoy del Centro de Datos de Altamira es un 'prao' sin obreros, sin máquinas, ni PSIR”, ha subrayado Pedro Hernando.

El diputado regionalista ha llamado la atención sobre que ninguna de las empresas promotoras que han ido cambiando de nombre -Stoneshield Capital, XDC Properties, XDC North Coast y Tavira- tienen información sobre el proyecto en sus páginas web a excepción de “una sola foto”. “¡Pero si están los periódicos de España repletos de que el grupo Stoneshiled quiere invertir en Cantabria 3.600 millones!”, ha replicado el consejero. Aunque Hernando ha cuestionado “si es una realidad o va camino de convertirse en la quimera de este gobierno”.

En el debate del hemiciclo cántabro, Hernando ha subrayado que el consejero de Industria ha dado explicaciones en el Parlamento de Cantabria en seis ocasiones. “¿Sabe qué nos ha aportado? nada de nada, lo que es a día de hoy el proyecto Altamira”, ha aseverado. “Lo único que les pedimos es que tengan un proyecto serio y riguroso y allí nadie dijo que hacía falta energía”, ha añadido.

“Como no hay nada detrás de todo este proceso se han inventado la falta de energía” porque cuando se presentó el proyecto “no dijeron nada” sobre este asunto. El diputado regionalista ha reiterado que en su anterior intervención explicó que el País Vasco ha estado negociando más potencia energética mientras el Gobierno de Cantabria “no había hecho nada de nada”. Asimismo, ha comunicado que Red Eléctrica española asegura que el ejecutivo cántabro no se ha puesto en contacto con ellos, algo que ha negado el consejero afirmando que han tenido dos reuniones con la presidenta. “No vale decir que el problema de Altamira es que no tiene energía porque Pedro Sánchez no se la da” -ha considerado- “porque Cantabria está al cien por cien de su capacidad y si no hay subestaciones nuevas” -salvo la adjudicada para el Besaya- “no habrá proyectos tractores”. “Estamos en plena tramitación, la planificación se ha iniciado pero no se ha resuelto”, ha defendido Arasti, porque están a la espera de si el Ministerio estima sus alegaciones.

Hernando ha puesto de relieve que contrariamente a la realidad, el informe elaborado por la Universidad de Cantabria decía que la electricidad no iba a ser un problema “porque hacía muy buena temperatura en Cantabria”.

El 4 de junio de 2025 el Ejecutivo del Partido Popular anunció “a bombo y platillo” el proyecto de inversión privada “más importante de Cantabria” -3.600 millones de euros- y una ley a medida “creada para ellos en la Simplificación Administrativa para hacerles más fácil la tramitación”.

Hernando ha recordado que, al tiempo, “nos dijeron que el proyecto Altamira abre un abanico de posibilidades” y que iba a ser “el proyector tractor” de empresas como Meta o Google. Además, hablaron de plazos y de las tres fases del proyecto. La primera de ellas, el comienzo de las obras en enero de 2026 tras la tramitación de un PSIR que ya estaba redactado y que se iba a aprobar como tarde en diciembre del año pasado.

Los regionalistas quieren saber por qué no han empezado las obras, dónde están los documentos del PSIR de la las tres fases, el plan de inversiones concretas y el cumplimiento de los objetivos que se habían comprometido a desarrollar. El titular de Industria le ha replicado que este proyecto “no es un cuento” como fue, entre otros, el de 'La Ciudad del Cine' con el Gobierno del PRC y ha reivindicado la “madurez” de esta iniciativa. “He apoyado, apoyo y apoyaré el proyecto hasta que se haga, que se hará”, ha remachado.

El Boletín Oficial de Aragón ha publicado este jueves el acuerdo que formaliza la expansión de Amazon anunciada días atrás: la declaración de interés general del Plan para la consolidación de la Región AWS en Aragón, que contempla 30 edificios de centros de datos, 10 subestaciones y 12 edificios auxiliares repartidos en tres nuevos campus. Es el tercer proyecto de expansión de la compañía en la comunidad desde que en 2019 instalara sus primeros centros de datos en Villanueva de Gállego, Huesca y El Burgo de Ebro. La segunda fase, aprobada en 2024, extendió esa presencia a Zaragoza y La Sotonera, también en Huesca, y sus obras de urbanización todavía están en marcha en tres de los cuatro emplazamientos previstos.

El nuevo plan contempla tres campus —en la capital altoaragonesa, en La Puebla de Híjar y en Azaila (Teruel) y San Mateo de Gállego (Zaragoza)— que ocuparán 459 hectáreas. Sumados los tres proyectos, la huella de AWS en Aragón rozará las 800 hectáreas, según la documentación hecha pública. El plan incluye 30 edificios de centros de datos, 10 subestaciones y 12 edificios auxiliares, con toda la infraestructura eléctrica, hídrica y de fibra óptica que eso requiere. La inversión prevista es de 33.700 millones de euros para 2026-2035 en toda España, con una generación estimada de 13.400 empleos anuales en Aragón, según la compañía, entre la construcción y la fase operativa. AWS, eso sí, rehúsa dar a conocer cuántos puestos de trabajo generan las instalaciones que ya tiene en marcha en la comunidad.

La declaración de interés autonómico tiene además consecuencias jurídicas: el acuerdo reconoce la utilidad pública implícita de los terrenos y declara la urgente ocupación de los bienes incluidos en la relación de expropiaciones, publicada como anexo en el propio BOA. Los titulares tienen veinte días hábiles para presentar alegaciones.

En San Mateo de Gállego, el proyecto ocupa terrenos calificados como ecosistema natural en el PGOU de 2004, una protección que se acordó como compensación de la fallida urbanización de Martinsa-Fadesa, que nunca llegó a ejecutarse. En La Puebla de Híjar, el ámbito incluye suelos con protección vinculada a la futura autovía A-68.

En cuanto a la energía requerida, la Dirección General de Energía y Minas respaldó el proyecto, pero con matices: el informe favorable se limita a las fases iniciales de San Mateo de Gállego y La Puebla de Híjar, y queda condicionado a que haya capacidad eléctrica suficiente para las segundas fases. Una incertidumbre nada menor sobre la ejecución completa del plan.

Y respecto del agua necesaria para refrigerar los centros de datos, el documento no ofrece cifras de consumo previsto. Sí obliga a Amazon a alinear la expansión con la Planificación Especial Sequía 2023 y a confirmar la disponibilidad del recurso antes de iniciar cada implantación. Los compromisos específicos por emplazamiento incluyen restaurar el barranco de San Mateo de Gállego, mantener la acequia de riego de Fodaleza en La Puebla de Híjar —dominio público hidráulico— y preservar el embalse de Pebredo en Huesca.

El calendario previsto: adquisición de suelo en 2026, construcción entre 2027 y 2031, y finalización de edificios entre 2031 y 2036.

Cuatro astronautas han viajado esta semana alrededor de la Luna por primera vez en más de medio siglo. La NASA ha organizado el viaje más largo de la historia del ser humano, ha captado las primeras imágenes de la Tierra desde la cara oculta del satélite y reactivado la ilusión por la exploración espacial del siglo XXI. Sin embargo, esta carrera es muy distinta a la que EEUU ganó en los años 70.

“Construiremos bases científicas, conduciremos vehículos exploradores, haremos radioastronomía, fundaremos empresas, impulsaremos nuestra industria, inspiraremos; pero, en última instancia, siempre elegiremos la Tierra”, pronunció la astronauta Christina Koch justo tras aparecer “zona de silencio”, la parte del viaje en la que la cápsula queda incomunicada detrás del satélite.

El discurso cuidadosamente escogido de Koch para este momento histórico evoca la nostalgia de la exploración del cosmos pero señala una parte de ese cambio. La nueva carrera espacial tiene un componente privado clave. La NASA vuelve al satélite para explotar sus recursos y la misión Artemisa II es el primer paso de una nueva arquitectura industrial y comercial que llegará en los próximos años de la mano de nuevos magnates espaciales.

La cápsula Orión que protagoniza este viaje será, con casi con toda probabilidad, una de las últimas fabricadas por la agencia espacial estadounidense siguiendo los métodos tradicionales. A partir de ahora, el diseño de las próximas generaciones de naves correrá a cargo de empresas privadas en un modelo en el que la NASA entrará como cliente, pero no será la dueña del proyecto ni tendrá control directo en sus requisitos técnicos.

Así ocurrirá con los módulos de alunizaje, cuyo desarrollo ya ha sido adjudicado a empresas como SpaceX (Elon Musk) o Blue Origin (Jeff Bezos). El primero se pondrá a prueba en la misión Artemisa III, prevista para 2027. La NASA defiende que este nuevo paradigma, conocido como New Space, permitirá abaratar costes y acelerar los desarrollos. Frente al modelo público tradicional, dominado por la aversión al fallo, la nueva industria bebe de las lógicas de Silicon Valley: asume errores como parte del proceso.

El cambio no es a futuro, sino que está sucediendo ya. La inmensa inversión de SpaceX para desarrollar cohetes reutilizables que disminuyan el coste por lanzamiento (y su mayor tolerancia a perder vehículos), las constelaciones de minisatélites baratos de producir y la extensión de los servicios espaciales mucho más allá de los estados son las primeras pruebas de ello. La seguridad y el paso firme de la exploración espacial clásica se ven sustituidos por la velocidad y la disrupción propias del sector tecnológico.

Sin embargo, la economía lunar y la producción de vehículos espaciales son solo la superficie del naciente sector del New Space. El verdadero negocio que las empresas espaciales están presentando a los fondos de capital riesgo, y por el que han conseguido inversiones de unos 150.000 millones de dólares en la última década según datos de Space Capital, no es convertirse en gestoras de la logística y la minería espacial. Ese es solo el primer paso. La carrera espacial oculta que se está desarrollando ahora trata de construir una nueva infraestructura de poder en el espacio y conectarla con la última gran revolución tecnológica terrestre: la inteligencia artificial.

La infraestructura invisible del poder orbital

El espacio se está convirtiendo en una extensión del sistema nervioso de la Tierra. Las finanzas globales se rigen por los relojes atómicos a bordo de los sistemas globales de navegación por satélite, de los que depende desde el comercio internacional de alta frecuencia hasta sacar dinero, explican los investigadores Clémence Poirier y Sébastien Moranta, del Instituto Europeo de Política Espacial. El transporte marítimo, la aviación y la logística terrestre que abastece los supermercados se basan en la misma red para no colapsar, mientras que prácticamente todas las operaciones militares modernas necesitan respaldo satelital.

“Aunque los sistemas espaciales aún no se hayan definido como infraestructuras críticas, sin duda desempeñan un papel fundamental en la prosperidad y la seguridad de las economías y sociedades modernas, y sirven de apoyo a otras infraestructuras críticas”, explican ambos investigadores en la Elgar Encyclopedia of Space Policy and Governance.

La red espacial es muy eficiente, pero eso la ha convertido en un “punto único de fallo”. Es el cruce de caminos moderno. Quien lo controle, obtiene un gran poder de influencia sobre la economía y la seguridad planetaria. Hasta ahora ese poder estaba en manos de los Estados. Pero eso está cambiando con el desarrollo del New Space.

El mejor ejemplo hasta la fecha de ese trasvase de poder se dio en 2022. Entonces Elon Musk decidió unilateralmente frustrar un contraataque ucraniano contra la flota rusa en Crimea. Ante la petición de Kiev para activar la cobertura de su constelación Starlink en la zona y guiar drones submarinos hacia sus objetivos, el magnate se negó y desconectó el servicio por temor a una escalada nuclear.

El curso de la guerra, las vidas de millones de personas y la seguridad internacional quedaron marcadas por la agenda personal de un solo empresario. “Hubo una solicitud urgente de las autoridades gubernamentales para activar Starlink hasta Sebastopol”, publicó Musk en X, su red social, citando la mayor ciudad portuaria de Crimea. “La intención evidente era hundir la mayor parte de la flota rusa anclada allí. Si hubiera accedido a su petición, SpaceX habría sido explícitamente cómplice de un importante acto de guerra y de una escalada del conflicto”, justificó.

Por qué llevar la inteligencia artificial al espacio

Mientras la industria del New Space multiplica la cantidad de datos que llegan desde la órbita, en la superficie una nueva tecnología ha transformado la capacidad de analizarlos e interpretarlos en tiempo real. La convergencia entre la inteligencia artificial y la privatización del cosmos es, para sus impulsores, la mayor oportunidad económica de la historia.

“Estamos hablando de la mayor oportunidad de mercado de la historia, billones de dólares al año en inversión de capital (CapEx). Mi mejor estimación es que, en un plazo de entre cinco y diez años, al menos la mitad de toda la nueva capacidad de computación se desplegará en el espacio por motivos energéticos”, dice Philip Johnston, fundador y CEO de Starcloud, una startup fundada en 2024 que acaba de recibir 170 millones de dólares para desarrollar centros de datos en el espacio.

Estamos hablando de la mayor oportunidad de mercado de la historia, billones de dólares al año en inversión de capital

Philip Johnston — fundador y CEO de Starcloud

“Tan pronto como Starship [el cohete pesado de SpaceX] vuele con frecuencia, será más barato construir centros de datos en el espacio”, insiste Johnston, de 39 años. Hasta ahora, un satélite funcionaba de forma similar a un espejo: captaba una imagen o una señal y la enviaba a la Tierra para ser procesada. El problema es que la multiplicación de satélites y telescopios en órbita ha saturado la capacidad de las antenas terrestres para recibirlos y transmitirlos.

La propuesta de Starcloud (así como de otras 20 o 30 startups, de las que una decena están en fase avanzada) es saltarse ese último paso. Convertir esos espejos en centros de datos, desplegando infraestructura de computación en órbita alimentada por paneles solares. De esta forma, en lugar de bajar un archivo gigantesco para que sea analizado en la Tierra, sería el propio satélite el que analizaría la imagen en tiempo real y enviaría una alerta de unos pocos bytes si detecta algo relevante. El proceso podría ahorrar horas en transmisiones.

El modelo Qwen3 completó múltiples experimentos, en los que se transmitieron preguntas desde la Tierra al satélite, se procesaron a bordo y los resultados se enviaron de vuelta a las estaciones terrestres, todo ello en tan solo dos minutos

El Diario del Pueblo — periódico oficial del Partido Comunista Chino

SpaceX puso en órbita el primer satélite de Starcloud con chips de Nvidia el pasado noviembre. Microsoft y Amazon ya tienen en marcha proyectos similares. Pero la más avanzada, según sus anuncios oficiales, es China: en enero de este año la empresa Adaspace Technology consiguió subir el modelo Qwen-3 de Alibaba a un satélite en condiciones de misión real.

“En la prueba, el modelo Qwen3 completó múltiples experimentos, en los que se transmitieron preguntas desde la Tierra al satélite, se procesaron a bordo y los resultados se enviaron de vuelta a las estaciones terrestres, todo ello en tan solo dos minutos”, explicó El Diario del Pueblo, el periódico oficial del Partido Comunista de China.

Sin normas para las IA militar espacial

Tanto China como las startups estadounidenses promocionan estos avances como nuevas formas de desarrollar ciudades inteligentes, detectar catástrofes medioambientales antes de que sucedan o telemedicina. La realidad es que una de sus primeras aplicaciones está siendo la militar: satélites con IA que detectan tropas enemigas, tanques o misiles en tiempo real y envían alertas instantáneas para disparar contra ellos, sin esperar a que los datos lleguen a la Tierra.

La carrera de la IA entre Washington y Pekín y el aumento de la tensión internacional hace que todas estas tecnologías nazcan, en realidad, con la etiqueta de “doble uso” (civil y militar). Un factor que desdibuja las fronteras de lo que constituye un arma espacial, complicando su regulación y aumentando el riesgo de que sean atacadas en caso de conflicto, ha alertado el Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme (UNIDIR) en su último informe.

Aunque la inteligencia artificial puede mejorar las operaciones espaciales, también pueden ser reutilizadas y explotadas para aplicaciones disruptivas u hostiles

Naciones Unidas

“Aunque las aplicaciones cuánticas y de inteligencia artificial pueden mejorar las operaciones espaciales, también pueden ser reutilizadas y explotadas para aplicaciones disruptivas u hostiles”, destaca: “Los sistemas avanzados de IA podrían aumentar indirectamente las amenazas relacionadas con el espacio si se utilizan para automatizar ciberataques, secuestrar interfaces o explotar datos de código abierto”.

Esa situación, unida al hecho de que las principales potencias espaciales son también potencias nucleares, hace que Naciones Unidas alerte de que la integración de la IA en los sistemas de mando incremente el riesgo de errores de cálculo o de una escalada militar involuntaria. “La incertidumbre sobre las capacidades tecnológicas emergentes puede alimentar la desconfianza e iniciar una carrera armamentística en el espacio”.

El UNIDIR, una institución autónoma dentro del marco de la ONU cuyo propósito fundamental es realizar investigaciones independientes sobre el control de armas y la proliferación de armamento, advierte que el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre (1967) no tiene en cuenta la toma de decisiones de manera autónoma, lo que complica aún más la situación.

Con todo, el organismo subraya que las startups y los actores comerciales no pueden escudarse en el desconocimiento de las leyes ni en la naturaleza de doble uso de sus productos. En última instancia, advierte el instituto, la viabilidad a largo plazo del mercado espacial depende de que no se convierta en un caos bélico incontrolable. Por ello, les recuerda sus obligaciones de “conocer quiénes son sus clientes” y para qué utilizan sus productos. A los Estados, les pide que no descuiden el control de sus propias empresas.

El ser humano se lanza de nuevo al espacio, pero con unas capacidades inimaginables en su primera carrera hacia la Luna. Si una inteligencia artificial privada toma una decisión errónea sobre una infraestructura crítica desde el espacio, ¿bajo qué ley se juzga ese error? ¿Quién audita los sesgos de un algoritmo que envía alertas a la Tierra a 500 kilómetros de altura? ¿Pensaba Christina Koch en estos dilemas cuando citó a las empresas que protagonizaran la nueva conquista del espacio?

La startup francesa Mistral, especializada en el desarrollo de inteligencia artificial, ha cerrado este lunes su primera ronda de financiación mediante deuda, recaudando 830 millones de dólares (720 millones de euros) para un centro de datos cerca de París, donde usará chips de Nvidia. “Ampliar nuestra infraestructura en Europa es fundamental para potenciar a nuestros clientes y garantizar que la innovación y la autonomía en IA sigan siendo prioritarias en el continente”, ha declarado Arthur Mensch, su consejero delegado.

“Seguiremos invirtiendo en este ámbito, dada la creciente y constante demanda de gobiernos, empresas e instituciones de investigación que buscan crear su propio entorno de IA personalizado, en lugar de depender de proveedores de servicios en la nube externos”, ha añadido.

La operación cuenta con el respaldo del consorcio de bancos formado por Bpifrance, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, La Banque Postale, MUFG y Natixis CIB. Esta financiación representa un hito significativo, ya que subraya la confianza de los principales bancos globales en el modelo de negocio de Mistral AI, la solidez de sus proyectos y contratos, y la relevancia en el mercado de sus soluciones de infraestructura de IA.

En febrero de 2025, Mistral seleccionó Bruyères-le-Châtel como ubicación de su primer centro de datos. Estas instalaciones de vanguardia impulsarán el entrenamiento de los modelos propios de la startup, así como los de sus clientes, a la vez que ofrecerán servicios de inferencia (proceso en el que una IA aplica lo aprendido para generar predicciones o respuestas a partir de nuevos datos) de alto rendimiento. Su puesta en marcha está prevista para el segundo trimestre de 2026.

La financiación obtenida permitirá implementar la infraestructura Nvidia Grace Blackwell con 13.800 GPU Nvidia GB300, lo que elevará la capacidad de procesamiento de la firma gala a 44 MW. Fundada en 2023, Mistral es hoy uno de los principales aspirantes europeos en la carrera de la IA. Ha crecido con velocidad apoyándose en modelos propios y una fuerte adopción empresarial, con previsiones de ingresos cercanos a los 1.000 millones en 2026.

Bajo el título ‘Una oportunidad de país: inversión, innovación y futuro para España’, Suzana Curic, directora general de AWS en España y Portugal, ha tomado la palabra en la tercera y última jornada del VI Foro Económico de elDiario.es para dibujar el mapa de ruta de Amazon Web Services (AWS) en la península.

La infraestructura tras la pantalla

Para romper el hielo, Curic ha invitado al público a reflexionar sobre la cotidianidad de la tecnología. “Cada vez que usáis vuestros móviles, pagáis o desbloqueáis cosas... estáis usando un centro de datos en el mundo”, ha explicado, presentando este fenómeno como una “conexión invisible” y una “oportunidad real para España”.

La directiva ha explicado que lo que percibimos como una nube, en realidad requiere una infraestructura física y crítica que está posicionando a nuestro país como referente europeo en el sector.

La responsable de AWS ha recordado el anuncio realizado el pasado marzo junto al Gobierno en el Mobile World Congress, de una ambiciosa expansión con una inversión, que hace años que comenzó, y que prevé ser de 33.700 millones de euros hasta 2035. Un despliegue que, según Curic, no solo busca fortalecer la red de datos, sino que se estima que generará 29.900 puestos de trabajo a tiempo completo y aportará 31.700 millones de euros al PIB español para mediados de la próxima década.

Tecnología contra la despoblación

Uno de los puntos clave de la intervención ha sido la referencia al impacto territorial, ya que se trata de la crítica más recurrente a los centros de datos. Curic ha anunciado que la inversión va más allá de los datos puros, ya que se adentrará en la cadena de suministro con la instalación de una planta en Aragón dedicada a la fabricación y reparación de servidores de Inteligencia Artificial y machine learning, que generará 1.800 empleos.

Con especial énfasis en el reto demográfico, la ponente también ha querido confirmar que AWS será “la primera empresa que va a construir un centro de datos en Teruel”. Para Curic, este movimiento es una forma de devolver valor a regiones que luchan contra la despoblación. “Estamos orgullosos de poder dar de vuelta a esta región y generar empleo de alto valor añadido”, ha afirmado.

Democratización y el ecosistema local

La visión de la compañía, según su directora general, es que la tecnología actúe como un “trampolín” para la competitividad. Actualmente, el 75% de las empresas del Ibex35 ya utilizan la tecnología de AWS, ha asegurado, pero su objetivo es que las pymes también se beneficien. Curic ha citado el ejemplo de Alan Commissioning en Zaragoza, una de las 80 pymes que forman parte de su cadena de suministro y que ha crecido hasta los 70 empleados gracias a esta colaboración.

“Nuestra visión es que todas las empresas españolas puedan hacer esa transformación para ser más competitivas”, ha señalado, insistiendo en que la nube democratiza el acceso a herramientas que antes solo estaban al alcance de grandes corporaciones.

El factor humano

Para la directiva, el hardware es inerte sin el conocimiento. “Sin formación no hay transformación”, ha sentenciado. En este sentido, ha destacado el acuerdo con el Ministerio de Educación para formar a 500.000 personas antes de 2027, sumándose a las 200.000 que ya han pasado por sus programas desde 2017. El objetivo es realizar “un match” entre las instituciones educativas y las necesidades reales del mercado tecnológico.

Finalmente, Curic ha vinculado el futuro de la empresa con la sostenibilidad medioambiental. “Somos el primer país fuera de Estados Unidos con más proyectos solares o eólicos, con la cifra de cien proyectos actualmente en España”. Además, ha detallado el compromiso Water Positive, mediante el cual AWS pretende devolver más agua de la que consume. En Aragón, la firma ha destinado 17 millones de euros a proyectos para mejorar la gestión de fugas e inundaciones, alcanzando ya el 53% de su objetivo de retorno hídrico en 2024.

Suzana Curic ha cerrado su intervención reforzando la idea de AWS como un “vecino positivo” y anunciando un fondo de 30 millones de euros para proyectos de impacto social y educativo. “Este futuro digital de España lo construimos juntos con las personas y para las personas”, ha concluido, subrayando que la tecnología, al final, debe estar al servicio de quienes “hacemos de este país nuestro hogar”.

España se encuentra en una década decisiva para su sistema energético, y en torno a si la infraestructura está preparada para lo que viene, ha girado el debate de la primera mesa de esta segunda jornada del VI Foro Económico elDiario.es. Los cuatro expertos reunidos, moderados por Serafí del Arco, redactor jefe de economía de elDiario.es, han analizado la presión de una electrificación acelerada, la explosión de las renovables y la llegada masiva de centros de datos. La conclusión es unánime: partimos de una base excelente, pero el sistema necesita una “sincronización perfecta” para no morir de éxito.

La conversación comenzó con un diagnóstico optimista, aunque cauteloso, sobre la robustez de la red actual. María Luisa Castaño, asesora de la dirección general del CIEMAT, defendió el sistema español sin ambages: “Nuestra red es ejemplar, es una red pionera... pero necesitamos que se sincronice y se adapte al siglo XXI”. Castaño subrayó que la “inteligencia de red” es la pieza que falta para que España alcance su autonomía estratégica.

En esta misma línea, Carmen Longas, responsable de acceso a la red de Red Eléctrica, coincidió en que el país cuenta con “buenos mimbres” y profesionales de primer nivel. Sin embargo, introdujo un matiz crucial a la “inteligencia de red” de la que hablaba Castaño: “Yo hablaría de un sistema eléctrico más inteligente, no solo es la red, es la gente que se conecta a la red quien tiene que ser también más inteligente. Pero la verdad es que tenemos muchísimas iniciativas en progreso y en España sabemos por lo menos qué es lo que hay que hacer”.

El debate se intensificó al abordar la competitividad económica. Patxi Calleja, director de regulación de Iberdrola España, recordó que Europa y España carecen de combustibles fósiles, lo que encarece el gas por los costes de transporte y licuefacción. Para Calleja, la electricidad producida ‘en casa’ es la clave: “Cuando hablamos de electricidad hablamos de energía producida en España y el resto es importada. Yo creo que tenemos que empezar a hablar en esos términos, ¿qué energía produzco aquí y qué energía es importada?”.

Calleja destacó también la bajada de precio que supone la generación de electricidad en España y la oportunidad económica e industrial que supone. Pero también quiso lanzar una advertencia severa sobre la falta de inversión frente a otros vecinos europeos: “Francia ha multiplicado sus inversiones en redes por cuatro, Alemania por tres... España puede ser un hub industrial europeo, pero la red eléctrica es el limitante”. Comparó la situación actual con “tener una mina de oro sin carretera”, donde la falta de acceso impide que la ventaja de las renovables llegue realmente a la industria y al empleo.

La intervención de David Blázquez, director de relaciones institucionales en AWS Iberia, fue uno de los momentos más interesantes de la sesión. Blázquez defendió el papel de los centros de datos, no como una carga sino como transformadores de potencia en innovación y utilizó una analogía para explicar los tiempos del sector: “La electrificación es como la educación, ves los frutos en el medio y en el largo plazo”.

El director de relaciones institucionales en AWS Iberia también ofreció la metáfora del día para explicar por qué el acceso a la red no podía seguir siendo gratuito para quienes solo reservan potencia sin ejecutar proyectos. Comparó la capacidad de red con el mercado de rodaballo en Mercamadrid: “Reservar 1 MW era como si reservase 1 kg de rodaballo durante 5 años pagando 0,08 euros... No es que pase de ser gratis a costar dinero, es que ahora te cuesta dinero privar a otros de construir cosas y hacer desarrollo y hacer industria”.

Los centros de datos: ¿aliados o “devoradores” de energía?

Tras ser preguntado sobre cómo puede el sector tecnológico colaborar en la flexibilidad del sistema en lugar de ser visto como una gran carga en la demanda, Blázquez defendió los centros de datos como infraestructuras que transforman la potencia eléctrica en servicios, innovación y capacidad de computación para una sociedad cada vez más digitalizada. “Vosotros no existiríais como periódico sin eso”, ejemplificó. “Los centros de datos no devoran energía, la transforman para una sociedad que demanda muchísima más digitalización”, resumió.

Además, Blázquez argumentó que estas instalaciones son una herramienta de eficiencia, ya que permiten ahorrar hasta un 90% de energía en comparación con los servidores privados tradicionales gracias a las economías de escala. En lugar de verse como una carga, los expertos coincidieron en que deben ser tratados como aliados estratégicos que aportan flexibilidad al sistema y facilitan la descarbonización de otras industrias pesadas, como la cementera o la siderúrgica, al actuar como motores de su digitalización.

El riesgo del apagón y la sombra del 28 de abril

La estabilidad del sistema y los riesgos de apagón también fueron centrales en la discusión, especialmente tras los recientes informes europeos y el incidente del pasado 28 de abril en España. “La estabilidad ya no viene de serie... el mayor riesgo es desacoplar la penetración de red sin un sistema coordinado entre generación, transporte y demanda”, zanjó Castaño, desde el punto de vista científico. Además, alertó de que España solo ha alcanzado el 15% de sus objetivos de almacenamiento en baterías para 2030.

Por su parte, Longas enfatizó que la seguridad de suministro debe ser el pilar inamovible: “Que todo el avance que hagamos en materia de electrificación nunca suponga un perjuicio al consumidor”.

El horizonte de 2030

Para cerrar la mesa, los ponentes lanzaron sus peticiones para el futuro cercano. María Luisa Castaño pidió una “red integral diseñada desde la generación hasta la demanda” que esté plenamente digitalizada. Carmen Longas insistió en no perder de vista la seguridad del consumidor, mientras que David Blázquez pidió que la flexibilidad del sistema no obligue a los usuarios a cambiar sus hábitos digitales de forma perjudicial.

El cierre más contundente lo puso Patxi Calleja, que puso el foco en lo que denominó la paradoja fiscal española: “El tercer producto más gravado de España es la electricidad, después del alcohol y el tabaco... gravamos a la electricidad como si fuese algo dañino cuando es el objetivo que queremos conseguir”. Calleja calificó esta situación como un “arancel inverso” que lastra la competitividad del país frente a las energías importadas.

Ya con el tiempo agotado, la mesa concluyó con una idea clara: España tiene la tecnología, el recurso natural y las empresas, pero necesita una regulación valiente y una inversión ambiciosa para que la red eléctrica deje de ser un freno y se convierta en el motor definitivo de la economía nacional.

El sector de los centros de datos en España cerró el año 2025 con 439 MW de potencia instalada, equivalente a unos 500.000 hogares. Es un crecimiento del 25% respecto al año anterior. No obstante, la carrera solo acaba de empezar: para el año 2030, el sector quiere multiplicar su potencia instalada por seis, hasta los 2.537 MW, tal y como recoge el Informe Anual del sector elaborado por su patronal que ha sido presentado este miércoles.

La asociación SpainDC atribuye este crecimiento al auge de la inteligencia artificial, que se ha convertido en “el motor de demanda más disruptivo y determinante”. “Las cargas de trabajo de IA están incrementando los requisitos de densidad de potencia, acelerando la adopción de la refrigeración líquida y apuntalando la necesidad de instalaciones más grandes y con energía asegurada”, detalla.

Se trata de una tendencia que coloca a España como uno de los lugares del mundo más interesantes para construir nuevos centros de datos, debido a la disponibilidad de energía renovable y barata. Según los cálculos de la patronal, esto podría suponer hasta 66.900 millones de euros de inversión en el país y más de 17.000 empleos. Sin embargo, la tendencia también “incrementa la presión sobre la capacidad de la red eléctrica nacional y los marcos de concesión de autorizaciones”, reconoce el informe.

“La disponibilidad de energía se ha convertido en una de las limitaciones que influyen en el desarrollo de los centros de datos en España, especialmente en Madrid y sus alrededores. Aunque España presenta una abundante capacidad de generación de energía renovable, la disponibilidad y los tiempos de conexión a la red eléctrica –más que la generación en sí– están limitando cada vez más los nuevos desarrollos”, detallan.

Piden mejorar la red y prioridad en los permisos

Para acceder a esa inversión que quiere instalar nuevos centros de datos en España, el informe señala como “clave” mejorar “las limitaciones en subestaciones”, que transforman y distribuyen la electricidad, adaptando el voltaje según los requerimientos de hogares o industrias. También “el desigual margen de maniobra de la red eléctrica regional”, siendo ambos factores que ya “han retrasado o paralizado varios proyectos”, aseguran.

Para desenquistar este cuello de botella, el sector pide eliminar las “solicitudes especulativas de conexión a la red”: el informe advierte de que cada vez hay más promotores piden enganchar sus parcelas a enormes capacidades energéticas como las que necesitan los centros de datos para asegurarse el suministro sin tener un proyecto viable detrás, lo que congestiona las colas y bloquea el acceso a quienes sí tienen capacidad firme de ejecución. La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, llegó a denominar esta avalancha de peticiones como “una burbuja”.

A la mejor eléctrica la patronal suma también la petición de reducir la burocracia. Según sus cálculos, el 91% de los operadores se enfrenta a plazos de varios años de aprobación para obtener permisos, que se suma a las “incoherencias locales y regionales” que restan transparencia y ralentizan las obras. Resulta muy difícil, argumenta la patronal, aplicar normativas tradicionales de construcción a megainstalaciones que “albergan equipos en lugar de personas”.

“España no compite solo por atraer centros de datos; compite por inversión, productividad y relevancia estratégica en la nueva economía digital”, ha manifestado Begoña Villacís, directora ejecutiva de SpainDC: “Consolidarnos como hub digital del sur de Europa refuerza nuestra competitividad y nuestra capacidad para desplegar digitalización e inteligencia artificial desde infraestructura propia”.

Negocio copado por multinacionales

La patronal de los centros de datos documenta en su informe como el sector “está experimentando una expansión rápida y profundamente transformadora en términos estructurales”. Se refiere a cómo España está dejando de ser un mercado periférico enfocado a los pequeños centros de datos corporativos nacionales (gestionados por bancos, administraciones o empresas de telecomunicaciones) para convertirse en un polo europeo dominado por los gigantes tecnológicos.

A finales de 2025, la potencia instalada en los centros de datos de estas grandes multinacionales ya superó en volumen a la infraestructura de las instalaciones empresariales tradicionales. Solo durante el último año, la inversión directa de estos gigantes, a los que se denomina “hiperescalares”, se triplicó. Destacan las apuestas de Amazon, que supera ya los 33.000 millones de euros de inversión en Aragón; Microsoft, con más de 5.000 millones en la misma región; o Meta, con un gran centro de datos en Talavera de la Reina con un coste de unos 1.000 millones de euros.

La presión eléctrica sobre estas regiones es grande. Solo entre Amazon y Microsoft consumirán tanta energía como el resto de la comunidad aragonesa antes del boom de los centros de datos. Además, asociaciones ecologistas y locales han demandado a la primera por la falta de transparencia en la utilización de otros recursos, como el agua, así como los pactos que ha alcanzado con las administraciones.

La trampa de la energía limpia

La asociación sitúa la sostenibilidad como un requisito básico para su operativa en España, afirmando que el 95% de la electricidad consumida por los operadores hiperescalares proviene de fuentes con bajas emisiones de carbono. Sin embargo, para alcanzar estas cifras en sus balances, las compañías recurren a Acuerdos de Compra de Energía (PPA) y Garantías de Origen (GdO), métodos que tanto los especialistas en cambio climático como sus propios empleados consideran como una trampa contable.

El motivo es que estos certificados permiten a las empresas deducirse emisiones en sus informes oficiales sin que ello suponga necesariamente la puesta en marcha de nuevas plantas de energía limpia o un cambio real en el mix energético de la red eléctrica, como documentó elDiario.es en este reportaje.

La clave radica en el consumo real de estas infraestructuras, que requieren energía de forma ininterrumpida las 24 horas del día. Durante los periodos nocturnos, cuando la producción renovable cae, los centros de datos absorben electricidad proveniente de centrales de gas o nucleares. Sin embargo, el Protocolo de Información sobre Gases de Efecto Invernadero permite a las multinacionales destacar únicamente la cifra de emisiones más favorable, basada en certificados de carbono. Este método de cálculo camufla hasta el 85% de la contaminación efectiva producida por la inteligencia artificial.

Aragón produce más del doble de la electricidad que consume, pero esa ventaja energética no garantiza por sí sola la llegada de nuevas inversiones industriales o tecnológicas. El principal problema, según advierte un informe presentado este martes por la Fundación Basilio Paraíso –impulsada por la Cámara de Comercio de Zaragoza–, es que la red eléctrica no siempre tiene capacidad para llevar esa energía hasta los lugares donde quieren instalarse los proyectos.

El estudio, titulado 'El punto de inflexión energético para Aragón' y elaborado por la consultora PwC, analiza la situación energética de la comunidad y los retos que afronta para atraer nuevas inversiones. “Con este estudio pretendemos contestar a tres cuestiones; producimos el doble, pero cómo se puede beneficiar la comunidad autónoma; cómo podemos favorecer a nuestras PYMES, y cómo se crea este ecosistema para que seamos más competitivos”, ha explicado el secretario de la entidad, José Miguel Sánchez.

Mucha producción y poco consumo

Los datos reflejan el peso energético de Aragón. En 2025 la comunidad produjo 22.365 gigavatios hora (GWh) de electricidad, mientras que su consumo interno fue de 10.659 GWh. Es decir, genera más del doble de la energía que utiliza y exporta alrededor de 11.700 GWh al año a otros territorios.

Este superávit se explica por un parque energético amplio y mayoritariamente renovable. Aragón cuenta con 13.793 megavatios de potencia instalada y el 82,5 % corresponde a energías renovables, sobre todo eólica y fotovoltaica. Sin embargo, el reto ya no es producir más energía, “sino poder entregarla allí donde se sitúan las nuevas inversiones industriales y energéticas”, recoge el estudio.

El socio de PwC y autor del informe, Óscar Barrero, ha insistido en esa idea durante la presentación: “La energía es una ventaja competitiva para Aragón, pero la energía sola no vale, necesitamos infraestructura para conectarla con la demanda. Sino somos capaces de hacer las cosas de forma eficaz, la oportunidad no será tan grande o se marchará”.

Una red con capacidad limitada y los centros de datos

El informe identifica limitaciones en la infraestructura de transporte como un condicionante principal. Según los mapas del operador del sistema, existen 54 nudos sin capacidad disponible para nuevas conexiones de demanda. El estudio detecta además una “brecha relevante” entre la potencia autorizada y la que está en servicio : de los 30 nudos con capacidad otorgada, solo 10 tienen demanda en operación. Esto implica que solo el 12,7% de la capacidad concedida está actualmente en funcionamiento. Según el documento, esta falta de materialización de los proyectos puede generar “bloqueos en el acceso y conexión” para nuevas inversiones industriales.

El informe también apunta al aumento de la demanda eléctrica ligado a la electrificación de la industria y al crecimiento de la economía digital, especialmente los centros de datos. Actualmente Aragón cuenta con 108 megavatios de potencia IT instalada en este tipo de instalaciones, lo que equivale aproximadamente a 162 megavatios de potencia eléctrica real. Estas infraestructuras ya representan cerca del 14 % del consumo eléctrico final de la comunidad.

Las previsiones del Plan Energético de Aragón 2024-2030 apuntan a un crecimiento aún mayor, con hasta 3,7 gigavatios asociados a centros de datos y otros 1,7 gigavatios vinculados a grandes consumidores electrointensivos.

Para las empresas que quieren instalarse, uno de los factores decisivos es el llamado “time-to-power”, es decir, el tiempo que pasa desde que se obtiene el permiso de acceso a la red hasta que el suministro eléctrico está disponible. “Cuanto menor sea ese plazo, mayor será la capacidad de un territorio para atraer proyectos industriales y tecnológicos”, señala el informe.

Aunque la planificación de la red hasta 2030 podría habilitar alrededor de 15,2 gigavatios de nuevos puntos de conexión –una cifra superior a la demanda potencial prevista–, el estudio advierte de que el principal reto será ejecutar las infraestructuras necesarias y acelerar la puesta en marcha de los proyectos.

La decisión de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, de suspender los proyectos de Forestalia que están bajo investigación judicial y de ordenar una auditoría interna en su ministerio para conocer “qué está ocurriendo”, ha sido calificada por la portavoz del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero, como “acertada, conveniente y oportuna”. El Ejecutivo de Azcón cree que la propuesta de Aagesen es óptima para despejar dudas tras las sucesivas noticias sobre esta situación “grave, escandalosa y preocupante”. Mientras la portavoz se expresaba así, el presidente en funciones, Jorge Azcón, se mostraba más contundente casi al mismo tiempo durante la celebración de un acto, y exigía dimisiones al PSOE. Igualmente, se mostró abierto a reabrir la comisión de investigación que tuvo lugar en las Cortes de Aragón sobre las renovables en Aragón en 2024, al igual que han solicitado otras formaciones políticas después de que la líder del PSOE de Aragón, PIlar Alegría, solicitase la revisión de todos los expedientes de Forestalia.

Los populares esgrimen que la mayor parte de los casos de presunta corrupción se han producido en el ámbito de los altos cargos de Pedro Sánchez y de los del gobierno de Lambán, sin reconocer que el ex subdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), Eugenio Domínguez Collado, ya estaba en el Ministerio desde el año 2017 cuando gobernaba Mariano Rajoy.

Por otro lado, el Gobierno de Aragón apadrinó el proyecto Búfalo a principios de diciembre de 2025, una iniciativa promovida por el grupo aragonés Forestalia que prevé la construcción de tres grandes centros de datos en los municipios zaragozanos de Magallón, Botorrita y Alfamén. La Orden, publicada en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), declara como “inversión de interés autonómico” y “proyecto prioritario” el citado proyecto. En este caso, Vaquero asegura que el actual gobierno en funciones aporta la seguridad “de que se ha llevado con rigurosidad” pero añade “que no se puede decir lo mismo del anterior”.

Igualmente, el Gobierno de Aragón también avaló en julio del año pasado a la gigafactoría de baterías para coches eléctricos que Stellantis levantará en Figueruelas y Pedrola, junto a su actual fábrica de coches, aprobando inicialmente el PIGA (Proyecto de Interés General de Aragón) del denominado proyecto Toro. La empresa de Fernando Samper se convirtió en el aliado energético de Stellantis y el grupo chino CATL con un proyecto de autoconsumo de 14 plantas renovables, para el que se anunció una inversión de más de 1.000 millones. El acuerdo firmado en mayo de 2024 entre la empresa aragonesa y Contemporary Green Energy (CGE), filial energética de CATL, fue el preludio de esta adjudicación.

Mar Vaquero, sin embargo, se desvincula de esta iniciativa y asegura que este proyecto compete a dos empresas privadas, Forestalia y Stellantis y su socio chino CATL, líder mundial de esta tecnología de almacenamiento de energía y “no se nos ha comunicado ninguna preocupación o interés de revisión”.

La portavoz del Gobierno en funciones, que ha contrastado su “rigurosa” tramitación de expedientes en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) con la gestión del ejecutivo anterior, y ha recalcado su máximo interés en facilitar con transparencia todos los expedientes en tramitación, ha renunciado a hacer una auditoría interna del organismo. “Se reforzó con medios humanos y materiales y se seguirá aumentando el presupuesto del Inaga, e igualmente colaborará con la investigación policial y judicial, pero sin solapar procedimientos. Debemos ser exquisitos y no entrar como un elefante en una cacharrería”, ha manifestado este miércoles tras el Consejo de Gobierno.

Vaquero recuerda que Azcón prometió en la campaña electoral de 2023 impulsar una comisión de investigación sobre los proyectos de renovables y así lo hizo al comienzo de su gobierno “en el que participaron todos los grupos parlamentarios, así como muchas personas y expertos. Pero en este momento hay que ser rigurosos y no vamos a cuestionar el trabajo de jueces y policías. Respetaremos los tiempos y si queda alguna por resolver, veremos lo que haga falta”. Desde el acto en el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, Azcón quiso mostrarse menos tibio y se abrió, si fuese necesario, a reabrir la comisión de investigación.

En relación con la mencionada comisión que tuvo lugar en las Cortes de Aragón en 2024, en la que se personaron alcaldes del Clúster del Maestrazgo agrupados en una asociación la Asociación 'Viento Alto', defendiendo el proyecto de renovables de Forestalia, Vaquero ha reconocido que entre ellos también hay alcaldes del PP, pero se ha remitido a la justicia y a respetar la continuidad de las investigaciones. Además, recuerda que el gobierno autonómico no autorizó el proyectos porque es competencia del Ministerio.

Amazon ha anunciado este una inversión de 18.000 millones de euros para ampliar su red de centros de datos en Aragón, lo que eleva su gasto total hasta los 33.700 millones en este tipo de infraestructuras en la región. El anuncio se ha realizado durante el Mobile World Congress que ha arrancado esta semana en Barcelona.

El objetivo es proporcionar capacidades de inteligencia artificial y computación en la nube a nivel europeo. “Queremos convertir a España en el epicentro de la IA para todas nuestras operaciones en Europa”, ha dicho David Zapolsky, vicepresidente de Políticas Globales de Amazon Web Services (AWS, la división de centros de datos y computación en la nube de la multinacional), durante el anuncio.

La empresa construirá instalaciones en Huesca, San Mateo de Gállego (Zaragoza) y La Puebla de Híjar (Teruel). El proyecto incluye una fábrica para ensamblar y probar servidores, un almacén logístico y un centro de reparación y reciclaje de equipos. Con este paso, Amazon se convierte en la primera empresa tecnológica en anunciar centros de datos en la provincia de Teruel.

La multinacional asegura que el plan tendrá impacto directo en el empleo y la economía nacional. La compañía estima una aportación de 31.700 millones de euros al PIB español hasta 2035, y que la inversión equivaldrá a 29.900 empleos a tiempo completo de media anual en España a través de las actividades digitales derivadas. Por vía directa, las nuevas instalaciones generarán aproximadamente 1.800 empleos directos cuando estén plenamente operativas.

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, presente en el acto en el que Amazon ha anunciado la nueva inversión, ha celebrado la decisión de la multinacional. “Debemos usar esta oportunidad para mostrar al mundo cómo se debe desarrollar la IA. Somos líderes mundiales en transición verde y energía renovable. Esa es una de las recetas del éxito español”, ha presumido.

López también ha asegurado que los nuevos centros de datos de Amazon serán “verdes” y ligados a energía renovable. La multinacional ha anunciado que su expansión irá ligada a la construcción de siete nuevas plantas solares en España, con las que superará el centenar de plantas de este tipo en el país.

Amazon es, sin embargo, la más opaca de entre las grandes multinacionales de los centros de datos en cuanto a las emisiones contaminantes que producen sus instalaciones. Es la única que no proporciona los datos concretos sobre cuántas emisiones generan sus centros de datos en los países en los que se instalan. En España el mix eléctrico tiene una fuerte presencia de renovables, pero cerca de un 40% de la generación sigue proviniendo de combustibles fósiles.

Durante el anuncio, Zapolsky ha asegurado que Amazon generará más energía de la necesaria para operar estos centros de datos y que devolverá a los municipios el triple del agua consumida en sus instalaciones.

Inquietud en las comunidades locales

Pese a las declaraciones de Zapolsky, la inquietud en las comunidades locales sobre las actividades de Amazon en la región aumenta. La opacidad de la compañía para revelar los datos exactos de consumo es la que ha movido al colectivo contra los centros de datos en Aragón a presentar un litigio judicial contra la multinacional. Su objetivo es obligar a Aamazon a revelar su uso de electricidad y agua, así como los acuerdos concretos a los que ha llegado con las administraciones locales para el uso de estos recursos y del suelo.

El colectivo, al que pertenecen Ecologistas en Acción, TuNubeSecaMiRío, No Centros de Datos Aragón, Observatori DESCA, la cátedra UNESCO de Desarrollo Humano Sostenible, junto a otras organizaciones territoriales, logró las donaciones necesarias para los gastos judiciales en los primeros seis días de su campaña.

Guadalajara contará, previsiblemente para finales de 2028, con un centro de datos de última generación de 40 MWe de potencia, uno de los mayores de la zona centro, en el que la inversión se irá a los 1.000 millones de euros en las diferentes fases de desarrollo y que creará al menos unos 60 puestos de trabajo directos y previsiblemente un millar de puestos indirectos cuando esté operativo.

El Ayuntamiento de la capital guadalajareña ha acogido este miércoles la presentación del Centro de Datos bautizado como GUA1, una infraestructura tecnológica promovida por Nostrum Data Centers que va a suponer una inversión de gran envergadura en el polígono del Ruiseñor y que situará la ciudad como destino de nuevas implantaciones vinculadas a la economía digital.

El proyecto contempla la construcción de un centro de procesamiento y almacenamiento de datos de última generación, diseñado para ofrecer servicios a empresas tecnológicas, plataformas digitales, entidades financieras, compañías industriales y administraciones públicas que han requerido alta capacidad de computación, seguridad y conectividad permanente.

Un sistema de refrigeración “sin agua”

La compañía prevé que las obras arranquen en los próximos meses, una vez completados los trámites administrativos y urbanísticos, con un calendario de ejecución que ha estimado su finalización en un plazo aproximado de algo más de dos años, de forma que podría ser una realidad para finales de 2028.

La inversión asociada al GUA1 ha incluido tanto la urbanización y edificación de la parcela --de 20.000 metros cuadrados-- como la dotación de infraestructuras eléctricas, sistemas de refrigeración “de alta eficiencia”, equipamiento informático y “medidas avanzadas de seguridad física y digital”.

Según el Ayuntamiento de Guadalajara, las tecnologías de refrigeración que incorpora lo serán “sin consumo de agua mediante circuitos cerrados” e incluirá “soluciones energéticas preparadas para integrar renovables”, una cuestión esta última que tiene “truco”, según los especialistas, a la hora de camuflar el impacto contaminante.

El proyecto lleva aparejada la creación de “decenas” de puestos de trabajo directos, de perfil técnico y altamente cualificado y de Formación Profesional --ingenieros, especialistas en sistemas, mantenimiento y operación-- que no se han concretado, así como un volumen “significativo” de empleo indirecto vinculado a la fase de construcción y a los servicios auxiliares, del que tampoco hay cifras.

Una inversión que “genera confianza empresarial”

La presentación del proyecto ha contado con la participación de la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos; el segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Alfonso Esteban; el director Comercial de Nostrum Data Centers, José Luis Arnau; y el director de Data Centers de IDOM, Mikel Lotina.

Hemos proyectado una infraestructura crítica preparada para operar las 24 horas del día, los 365 días del año, con sistemas redundantes que han garantizado la continuidad del servicio

Mikel Lotina — Director de Data Centers de IDOM

La alcaldesa ha destacado que el proyecto “ha representado una apuesta clara por Guadalajara como ciudad capaz de albergar infraestructuras estratégicas” y ha subrayado que la inversión “ha generado confianza empresarial y nuevas oportunidades de empleo estable y cualificado”.

Cree que la llegada del GUA1 supone también “un hito en el desarrollo tecnológico, en el empleo y en el tejido productivo de la ciudad”, convencida de que Guadalajara “es una ciudad magnífica para invertir y también la mejor para acoger un proyecto de estas características”, resaltando igualmente la creación de puestos de trabajo y el impacto indirecto asociado.

Por su parte, Alfonso Esteban ha señalado que el Ayuntamiento “ha trabajado de forma coordinada para facilitar la tramitación urbanística y ofrecer seguridad jurídica al inversor” y ha añadido que la instalación “ha cumplido con los requisitos técnicos y medioambientales exigidos”.

Desde la empresa promotora, José Luis Arnau ha explicado que la elección de Guadalajara ha respondido a criterios estratégicos como su ubicación, la disponibilidad de suelo industrial y las infraestructuras energéticas y de conectividad. “El GUA1 ha nacido con vocación de convertirse en un nodo clave dentro de nuestra red de centros de datos en España. Somos un hotel de máquinas”, ha precisado.

Finalmente, Mikel Lotina ha detallado que el diseño técnico ha incorporado los más altos estándares internacionales en eficiencia energética y resiliencia operativa. “Hemos proyectado una infraestructura crítica preparada para operar las 24 horas del día, los 365 días del año, con sistemas redundantes que han garantizado la continuidad del servicio”, ha concluido.

Con este proyecto, Guadalajara da un paso relevante en la captación de inversión tecnológica, reforzando su estrategia de crecimiento económico y ampliando su base empresarial hacia sectores de alto valor añadido.

El consejero de Industria de Cantabria, Eduardo Arasti (PP), ha acusado al grupo parlamentario Vox de sembrar dudas con sus preguntas sobre el proyecto del centro de datos Altamira, que se negó a responder este pasado lunes en el primer turno de su intervención parlamentaria. “Parece que buscan esparcir unas dudas que podían haber despejado leyendo el trabajo de la Universidad de Cantabria al respecto”, espetó desde la tribuna del hemiciclo. “Ahí están las respuestas a todas sus preguntas”, concluyó. Recogió sus papeles y regresó a su escaño.

Vox había preguntado para cuándo tendrá energía eléctrica suficiente para funcionar el futuro campus tecnológico Altamira, que ocupará 636.000 metros cuadrados entre los municipios de Piélagos y Villaescusa, una iniciativa que ha sido declarada como “proyecto estratégico” de Cantabria. También si habría que duplicar la capacidad de transporte de energía de Cantabria solo para dar servicio a ese centro de datos y si puede suponer un problema el que no quede margen para que se instalen nuevas fábricas o que las actuales se electrifiquen.

Pero el informe de la Universidad de Cantabria avalando el futuro centro de datos de 320 megavatios en su primera fase -que posteriomente serán 500 megavatios, como el consumo de toda Cantabria- no despeja directamente estas dudas.

Cantabria se ha sumado al aluvión de los centros de datos en España con un proyecto privado -que aspira a instalar un centro que se sumaría a los 130 que ya existen en proyecto en todo el país- huérfano del elemento principal: la energía eléctrica necesaria. Los accesos a la red eléctrica son limitados y están muy cotizados. Cantabria no dispone de electricidad suficiente para el centro de datos privado y el Ministerio para la Transición Ecológica no ha incluido en la Planificación de la Red de Transporte de Energía 2026-2030 las dos nuevas posiciones en la subestación de Penagos que solicitó el Ejecutivo autonómico. En este momento hay presentadas dos alegaciones, por parte del Gobierno y de la empresa privada que lo impulsa, a la espera de que se resuelvan.

El consejero cántabro Eduardo Arasti concretó algunos datos más en la réplica de la pregunta parlamentaria que no respondió. “No habrá competitividad sin centros de datos”, argumentó. “Si queremos empleos bien remunerados, España tiene que instalar centros de datos y sino cometeremos un error histórico”. “Por eso creo que el Gobierno de España no impedirá una inversión de 3.600 millones de euros que supone un gasto cero al sistema eléctrico español”, advirtió.

Cantabria tiene en estos momentos una potencia de 2.000 megavatios “concedida a consumidores finales” y el pico de consumo está en 900 según Red Eléctrica, dijo el consejero. Por lo tanto, considera que “no falta energía, sino que se infrautiliza”.

“Los electrones no saben por qué comunidad circulan”

Arasti dijo en el Parlamento que tenemos un sistema con 1.000 megavatios “ociosos”. Por tanto, aseguró que el centro de datos Altamira “tiene energía suficiente a través de las dos subestaciones que ya existen en Penagos”. “Los electrones no saben por qué comunidad autónoma circulan” -apostilló- “circulan por España”. Lo que hay que hacer es echar de la red eléctrica a los fantamas y dar paso a proyectos serios, maduros y con ventajas competitivas como el proyecto Altamira“.

Arasti anunció también que si el Ministerio admite algunas de las alegaciones, las obras podrán comenzar de inmediato. También incidió en que el proyecto Altamira “no desplaza” ningún otro proyecto industrial en Cantabria.

El Ayuntamiento de Cariñena respira aliviado tras la retirada del anunciado centro de datos Box2Bit, que dejó libres cuatro parcelas en el polígono industrial para implantar su proyecto en Épila. Tres de ellas serán ocupadas por Yudigar y la cuarta por otra empresa que también ha confirmado su implantación. Es un buen ejemplo de los riesgos que entraña la proliferación de este tipo de desarrollos industriales electrointensivos: el ingente suministro que requería Box2Bit impedía la implantación de nuevos proyectos que ahora sí que van a poder ver la luz.

En concreto, la ampliación de la nave logística de Yudigar en Cariñena supondrá la creación de 150 puestos de trabajo directos, muchos de ellos a través de su centro especial de empleo para personas con dificultades de acceso al mercado laboral, según ha podido saber este periódico. Estos nuevos trabajadores se sumarán a una plantilla que actualmente oscila, según la época del año, entre 250 y 300 empleados. En los últimos años la compañía ha duplicado su personal y prevé seguir creciendo.

Las tres parcelas adquiridas por el grupo HMY para ampliar su nave logística suman 17.000 m², que se añadirán a los 37.000 m² de suelo que ya posee la empresa en el municipio, donde se ubica una nave de 23.000 m².

La multinacional sueca ITAB adquirió en 2025 el grupo HMY, encabezado por la aragonesa Yudigar y especializado en la fabricación de mobiliario para espacios comerciales. La operación, valorada en 320 millones de euros, incluía el principal centro de producción en Cariñena, donde trabajan alrededor de 800 personas. El objetivo de la compra era reforzar la posición de la compañía, ampliar su base de clientes, acelerar su expansión en los mercados minoristas de Europa occidental y meridional y complementar su oferta.

En el polígono industrial de Cariñena hay, además, otra empresa interesada en instalarse. Esta adquirirá 20.000 m² de los terrenos que Box2Bit tenía en opción de compra y prevé crear 15 puestos de trabajo.

Anuncios en el aire

El proyecto de Box2Bit fue declarado en octubre de 2024 inversión de interés autonómico y de interés General (DIGA). El proyecto contemplaba una inversión de 3.400 millones de euros para construir un campus de cinco centros de datos en el polígono Entreviñas. En la fase operativa el anuncio apuntaba a 350 empleos directos.

Sin embargo, su exclusión de la nueva planificación de Red Eléctrica para el periodo 2025-2030 impidió que el proyecto siguiera su hoja de ruta. En noviembre dejó de abonar la opción de compra de tres parcelas de 28.000 m², propiedad de Ibercaja y Caja Rural de Aragón, por lo que la operación no llegó a formalizarse. Hasta ese momento, la empresa había pagado 800.000 euros a las entidades financieras con la intención de adquirir prácticamente la totalidad del polígono.

Posteriormente, Box2Bit anunció su traslado a Épila, donde el suministro energético ya está garantizado y el Gobierno de Aragón impulsa la iniciativa como proyecto estratégico. El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, lo presentó públicamente durante la campaña electoral en un foro de Adea. En enero, el Consejo de Gobierno aprobó la nueva inversión de la compañía, que asciende a 3.900 millones de euros.

El promotor, que atraviesa dificultades financieras, inició además una negociación para intentar recuperar parte del dinero invertido, lo que generó tensiones con Yudigar.

Box2Bit no llegó a presentar ante el Gobierno de Aragón el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA), figura creada para agilizar los trámites de iniciativas consideradas prioritarias. Por ello, el alcalde solicitará al consejero de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística, Octavio López, que se retire la declaración DIGA, al menos en las tres parcelas adquiridas por Yudigar y en la cuarta destinada a otra empresa, ya que, según el propio alcalde, «ya no tiene sentido mantenerla».

Más allá de este caso, la situación evidencia el riesgo que afrontan otros proyectos intensivos en consumo energético que no cuentan con suministro garantizado.

Hay vida después de los centros de datos

El anuncio de la llegada y posterior marcha del proyecto no ha tenido un impacto significativo en Cariñena, donde el alcalde, Sergio Ortiz, siempre se mostró escéptico. De hecho, el Ayuntamiento apenas dio difusión ni a la implantación ni a la retirada. No obstante, ante el respaldo del Gobierno de Aragón, el consistorio acompañó inicialmente la iniciativa.

Una vez confirmada la caída del proyecto, el alcalde contactó con las empresas que habían mostrado interés en instalarse en el municipio, pero que no podían hacerlo al estar los terrenos vinculados a la opción de compra de Box2Bit. La primera en reaccionar fue Yudigar, ya implantada en el polígono y con planes de ampliación, que formalizó la compra de tres parcelas.

El regidor se muestra prudente respecto a la llegada de la cuarta empresa y menciona además otra compañía que ha iniciado estudios de viabilidad y que también valora instalarse en Cariñena, aunque se encuentra en una fase menos avanzada.

Más allá del polígono industrial, Cariñena depende en gran medida del sector vitivinícola. En la comarca que da nombre a la Denominación de Origen Cariñena preocupa el descenso del consumo de vino, mientras algunas bodegas de otras denominaciones comienzan a redimensionarse e incluso a arrancar viñedos.

Cada vez que subimos una fotografía a la nube, enviamos un correo o consultamos una red social, activamos una infraestructura material de proporciones colosales. Los centros de datos, esos edificios herméticos que almacenan la información digital, produjeron 106 millones de toneladas métricas de CO2 en Estados Unidos durante 2023, acercándose peligrosamente a las 131 millones de toneladas que genera la aviación comercial doméstica, según un estudio de Harvard y UCLA publicado por MIT Technology Review, ocupan extensiones territoriales masivas y condicionan el desarrollo urbano de regiones enteras.

Marina Otero Verzier, arquitecta española galardonada con el Wheelwright Prize de Harvard y antigua directora de investigación en Het Nieuwe Instituut de Rotterdam, viene alertando desde hace años sobre la necesidad imperiosa de someter estas edificaciones a una revisión disciplinar. En una conversación reciente con la Casa de la Arquitectura, Otero cuestiona la inercia reactiva de la profesión: “La arquitectura muchas veces llega tarde y siempre vamos como cuando ha habido una transformación, pues luego ya nos intentamos adaptar y ver cómo intervenir ahí. ¿Por qué no lo vemos casi cuando está pasando y vemos desde la arquitectura cómo tenemos que trabajar en este contexto y adelantarnos incluso a ciertas innovaciones?”.

La tipología que la arquitectura dejó de pensar

Cuando Otero comenzó a trabajar con la Asociación Nacional de Centros de Datos de Holanda junto a Hipólito Pestellini, entonces socio en OMA (Office for Metropolitan Architecture), la respuesta de los técnicos fue reveladora: los arquitectos podían “diseñar la fachada, hacer una fachada bonita” o, como mucho, las oficinas. La disciplina había abdicado de pensar estas infraestructuras, dejándolas en manos de lógicas puramente funcionales y corporativas.

Esta ausencia disciplinaria no es exclusiva de los Países Bajos. Como señaló Chheng Lim, arquitecta asociada en Sheehan Nagle Hartray de Chicago, en la Conferencia de Arquitectura del American Institute of Architects (AIA) de 2022, fue la primera vez que la organización abordaba esta tipología emergente. Los arquitectos, advierte Lim, enfrentan un desafío único: están entrenados para pensar en términos de escala humana, pero los centros de datos priorizan radicalmente otros parámetros.

Tradicionalmente, estos edificios han sido grandes cajas rectangulares sin interés arquitectónico, almacenes sin ventanas que priorizan la funcionalidad sobre la forma. La firma de ingeniería Sener reconoce que los centros de datos “han evolucionado de instalaciones marginales, a menudo alojadas en edificios industriales reutilizados, a una tipología arquitectónica distinta”. Sin embargo, esta evolución no ha venido acompañada de un pensamiento arquitectónico riguroso sobre sus implicaciones territoriales y urbanas.

El resultado es una infraestructura crítica diseñada casi exclusivamente por ingenieros y técnicos, donde la arquitectura se limita a resolver la envolvente exterior. Mientras tanto, 64.000 millones de dólares en proyectos de centros de datos han sido bloqueados o retrasados en Estados Unidos por oposición local bipartidista, y las protestas ciudadanas se multiplican precisamente por la ausencia de una integración arquitectónica y urbana pensada desde el inicio.

Paisajes automatizados y extracción de recursos

El trabajo de Otero sobre centros de datos no surgió de la nada. Hace diez años, cuando dirigía la investigación en Het Nieuwe Instituut de Rotterdam, la institución que alberga tanto un museo de arquitectura como el archivo nacional holandés, se cuestionó sobre qué construcciones están transformando radicalmente nuestro territorio pero nadie las está documentando ni estudiando.

La respuesta estaba a la vista pero era invisible para la arquitectura: invernaderos industriales automatizados del tamaño de ciudades pequeñas, el puerto robotizado de Rotterdam donde apenas trabajan personas, granjas con vacas monitorizadas por inteligencia artificial. Otero cuenta que empezaron a mirar todo lo que hacía posible esos regímenes de automatización y así fue como llegaron a los cables de internet, a la minería de litio y a los centros de datos.

Sus investigaciones Automated Landscapes (Paisajes Automatizados), BURN-OUT: Exhaustion on Planetary Scale (Agotamiento a escala planetaria) y Future Storage (Almacenamiento del futuro), trazan un mapa inquietante: el mundo digital que creemos etéreo descansa sobre una cadena de extracción material brutal.

El litio que alimenta las baterías de nuestros móviles, ordenadores y los sistemas de respaldo de los centros de datos sale del desierto de Atacama, en Chile, donde “se evaporan millones de litros de agua diariamente para que nosotros podamos hacer en otros lugares del mundo la transición verde”, denuncia Otero. La paradoja es cruel: la digitalización que prometía desmaterializar el mundo requiere una extracción material sin precedentes.

La ilusión de la nube y sus consecuencias materiales

Los centros de datos nos hacen pensar que la información está “en la nube”, pero esa metáfora resulta engañosa. Cada dato que almacenamos descansa en edificios físicos que consumen cantidades ingentes de agua y electricidad, anclados a territorios concretos que soportan las consecuencias de nuestra actividad digital.

Otero insiste en la opacidad deliberada de estas infraestructuras. Son lugares prácticamente desconocidos para la ciudadanía, invisibles en el paisaje urbano y ausentes del debate público, pero resultan absolutamente indispensables para cada operación cotidiana: desde publicar en redes sociales hasta realizar una transferencia bancaria. Esta invisibilidad no es accidental sino estratégica, y sus consecuencias sólo emergen cuando ya es tarde, cuando por ejemplo un pueblo entero se queda sin suministro eléctrico porque un centro de datos corporativo ha monopolizado toda la energía disponible.

El crítico de arquitectura alemán Niklas Maak Server, sostiene en su libro Manifesto: Data Center Architecture and the Future of Democracy, que estos edificios funcionan como infraestructuras de control que determinan nuestras vidas sin hacerse visibles, con implicaciones geopolíticas que trascienden lo arquitectónico. Son, en su análisis, las nuevas catedrales del poder contemporáneo, que a diferencia de sus predecesoras medievales, permanecen ocultas.

La teórica estadounidense Keller Easterling profundiza en esta idea desde otra perspectiva. En Extrastatecraft: The Power of Infrastructure Space, documenta cómo estas construcciones operan como extensiones del poder blando, reconfigurando territorios enteros sin necesidad de legislación explícita ni consentimiento democrático. Para Easterling, el espacio de infraestructura contemporáneo constituye el arma más efectiva de quienes concentran el poder global, precisamente porque orquesta transformaciones profundas que permanecen no declaradas pero resultan absolutamente determinantes.

La pregunta que ambos pensadores plantean trasciende lo arquitectónico: ¿cómo hemos permitido que infraestructuras tan determinantes para nuestras sociedades se desarrollen completamente al margen del escrutinio público y la planificación democrática?

Imaginarios alternativos: descentralización y ciclos vitales

Frente a la lógica dominante de grandes instalaciones corporativas, Otero propone un modelo radicalmente distinto: descentralizar los centros de datos, distribuirlos por la ciudad en instalaciones más pequeñas y aprovechar el calor que generan. Ese calor que sentimos cuando se nos calienta el móvil o el ordenador, multiplicado por miles de servidores, podría reconvertirse en un recurso: calefacción urbana, agua caliente sanitaria, climatización de invernaderos. No se trata de una utopía tecnológica sino de experiencias ya en marcha en diversos lugares del mundo.

Esta visión conecta con movimientos emergentes como los servidores feministas, la permacomputación o el protocolo solar, que plantean infraestructuras digitales sincronizadas con ciclos ambientales en lugar de operar contra ellos. Realmente no necesitamos que el espacio digital esté disponible las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana, cuando en las ciudades físicas aceptamos que ciertos espacios públicos y comerciales cierren en determinados horarios. Esa disponibilidad permanente tiene consecuencias materiales que pocas veces valoramos.

La propuesta resulta radical precisamente por su sentido común: si un centro de datos funciona con energía solar, puede haber momentos del día en los que no esté completamente operativo, y eso no tiene por qué ser catastrófico. Se trata de repensar estas infraestructuras para que estén más ajustadas a los ciclos del medio ambiente y de nuestras propias formas de vida, en lugar de someterlas a la lógica insaciable de la disponibilidad perpetua.

Significa cuestionar algo que damos por sentado: que la tecnología debe funcionar al margen de los ritmos naturales, consumiendo recursos sin límite para garantizar una accesibilidad que quizá no siempre necesitamos. Los centros de datos podrían ser infraestructuras que respiran con el territorio, en lugar de devorarlo.

Pensar el territorio antes de cederlo

El trabajo de Otero no se limita al diagnóstico, la arquitecta opera simultáneamente en tres escalas: legislación, prototipado arquitectónico y debate público. Colabora con gobiernos para diseñar marcos regulatorios que obliguen a pensar estratégicamente cómo y dónde se implantan estas infraestructuras digitales, en lugar de dejarlas al libre albedrío corporativo.

Su crítica a la situación actual pone de manifiesto que, demasiadas veces, la llegada de una gran tecnológica con una inversión millonaria basta para que las administraciones cedan terreno sin cuestionar las implicaciones a largo plazo. Se actúa sin planificación estratégica, aceptando inversiones sin preguntarse qué modelo de territorio estamos construyendo ni qué recursos comprometemos para las generaciones futuras.

Durante tres años en el Royal College of Art de Londres, Otero desarrolló junto a Hipólito Pestellini talleres donde estudiantes reimaginaron los centros de datos como arquitecturas radicalmente distintas: distribuidas por el territorio en lugar de concentradas, integradas en programas urbanos existentes, reutilizando el calor residual de los servidores para calentar viviendas o equipamientos públicos. No eran ejercicios académicos sino prototipos de futuros posibles.

Los centros de datos ya están aquí, condicionando territorios y economías locales, transformando paisajes enteros. Pero todavía estamos a tiempo de someterlos a escrutinio arquitectónico y ciudadano, de exigir que funcionen con responsabilidad ambiental, urbana y social. La cuestión, como insiste Otero, no es sólo técnica: es profundamente política. Se trata de decidir qué futuro queremos construir, qué modelo de ciudad y territorio, así como qué paisajes estamos dispuestos a sacrificar para mantener operativa la ilusión de una nube infinita y sin consecuencias materiales.

La Agencia de Innovación y Transformación Digital de Castilla-La Mancha se ubicará en polígono industrial Torrehierro de Talavera de la Reina, una especie de 'polígono tecnológico', según el alcalde, José Julián Gregorio que ejerza de foco de atracción de empresas que conviertan a la ciudad en todo un referente “nacional e internacional”.

Se ha dado a conocer tras la reunión que ha mantenido en el Ayuntamiento con el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina. El edil ha confesado sentirse “orgulloso de que Talavera acoja esa sede regional”, que cuenta con el respaldo de la Junta de Castilla-La Mancha “para que Talavera sea ese foco tecnológico de la región”.

En el mismo lugar que el futuro centro de Meta

La elección de esta ubicación tiene relación, según ha dicho con el hecho de que “está próxima a llegar la resolución de la reparcelación de los terrenos de Meta, la multinacional de Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, Instagram, WhatsApp y Threads. En diciembre se hablaba de la necesidad de expropiación forzosa de al menos 30 parcelas por no haber acuerdo con sus propietarios para la instalación del centro de datos de la empresa norteamericana.

Hoy el alcalde dice que eso está más cerca y también “las cesiones de terrenos que tiene que hacer al Ayuntamiento” y que eso permitirá “hacer una ciudad tecnológica donde se ubique la Agencia de Innovación y Transformación Digital”.

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, confirma que lo de Meta - que acaba de fichar como presidenta a una exasesora de Donald Trump- está más cerca y que hay interés en que “entre todos seamos capaces de crear un Parque de Innovación y Digitalización” en la ciudad, pero pensado en que el proyecto de transformación digital es “de carácter regional”.

Según Ruiz Molina, “si hay terrenos suficientes no solo debe implantarse la Agencia, que estará en contacto con Meta y otras empresas, sino que creará un polo de atracción para otras tecnológicas” que quieran venir a Talavera de la Reina.

También ha recordado que “fue un compromiso del presidente García-Page con la ciudad” y que esta agemcia es el principal instrumento con el que cuenta el Gobierno para “modernizar la administración” y para “impulsar la innovación y la digitalización” a nivel regional. De este modo, ha resumido que, “para nosotros, la agencia es uno de los elementos o de las herramientas para acometer ese proceso de transformación digital en el que estamos inmersos”.

El consejero ha subrayado que existen precedentes que avalan esta estrategia de concentración empresarial en una determinada zona de la ciudad, y ha señalado, por ejemplo, el Parque Aeronáutico de Albacete. “Esta concentración de un mismo ámbito genera sinergias y un efecto tractor que favorece la llegada de nuevas compañías”. Y ha concretado más, en el caso de Talavera de la Reina, el Centro Regional de Innovación Digital ha pasado de albergar una multinacional inicial a contar con 18 empresas tecnológicas, “evidenciando ese efecto llamada”.

La constructora española ACS, a través de su filial Turner, levantará un campus de centros de datos para Meta en el estado de Indiana, en Estados Unidos, por unos 8.430 millones de euros. Según ha anunciado la compañía, la operación se llevará a cabo con otros socios y el proyecto contará con una superficie aproximada de 370.000 metros cuadrados, desde donde se ofrecerá una capacidad de 1 gigavatio para dar soporte al negocio principal de la tecnológica, así como a la inteligencia artificial.

El proyecto, que ya ha comenzado, generará más de 4.000 puestos de trabajo en el sector de la construcción, mientras que, una vez en funcionamiento, creará aproximadamente 300 puestos de trabajo operativos.

Este será el tercer proyecto en la que trabajará ACS para crear infraestructura de IA para Meta, pues en enero de 2024 la española ya anunció que construiría un campus de centros de datos para la tecnológica en Jeffersonville, también en Indiana, por unos 800 millones de euros.

Asimismo, en diciembre de ese mismo año, la constructora hizo oficial que, en alianza con DPR Construction y M. A. Mortenson, construiría un campus de centros de datos en Luisiana, que representará una inversión de más de 8.400 millones de euros. Ambos proyectos se realizarán a través de su filial Turner.

Este nuevo campus, que se erigirá en el municipio de Lebanon, en Indiana, “supone un hito importante en la continua expansión de la infraestructura digital avanzada de Meta”, subraya ACS en un comunicado. Según la compañía, a medida que avanza la inteligencia artificial y sigue creciendo la demanda de computación de alto rendimiento, los campus a escala de gigavatios como este “desempeñarán un papel fundamental en el soporte de la infraestructura digital de próxima generación”.

Meta pagará el coste total de la energía utilizada por el centro de datos y el 100% del consumo energético de las instalaciones se cubrirá con energía limpia y renovable, ha subrayado la compañía española.

El director general de Turner, Ben Kaplan, ha explicado que la escala del centro de datos refleja la creciente demanda de infraestructura de alto rendimiento y ha subrayado que están “deseando trabajar junto a Meta” y aplicar sus servicios integrados y su amplia experiencia en misiones críticas “para entregar este data center de forma segura, sostenible y eficiente”.

La empresa Fotowatio Renewable Ventures (FRV) proyecta un centro de procesamiento de datos orientado a Inteligencia Artificial que se ubicará en Mérida (Badajoz), con una inversión inicial de 2.800 millones de euros y la creación de entre 1.700 y 2.000 empleos durante la fase de construcción.

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, se ha reunido este viernes con los responsables de FRV, empresa especializada en el desarrollo de soluciones energéticas sostenibles, y parte de Jameel Energy, con motivo de la puesta en marcha del proyecto 'Lusitanus', que se ubicará en el parque empresarial ExpacioMérida.

En concreto, ocupará una superficie de 240.000 metros cuadrados para el que ya se ha formalizado el contrato de reserva de suelo, según informa el Ejecutivo extremeño en un comunicado de prensa.

Guardiola ha destacado que 'Lusitanus' podría representar un salto estratégico para consolidar a Extremadura como un centro europeo de infraestructura digital sostenible, capaz de atraer inversión, empleo cualificado e innovación de alto impacto.

De acuerdo con las estimaciones de la compañía, el proyecto contará con una inversión de 2.100 millones de euros en infraestructura digital durante su primera fase, a los que se añadirían 700 millones de euros en infraestructura energética asociada de carácter sostenible, ya que más de un 80 % de su consumo eléctrico provendrá de autogeneración renovable, con un diseño que, según la empresa, minimizará el consumo de agua.

Por ello, apuntan, se trata de “uno de los mayores proyectos industriales y más avanzados tecnológicamente que existen actualmente en cartera tanto en Extremadura como en España y Europa”.

Para la presidenta, que ha estado acompañada en la reunión por el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones, Guillermo Santamaría, 'Lusitanus' se integra en la estrategia regional que busca convertir a Extremadura en un referente europeo de computación sostenible y soberanía digital.

Para ello, se aprovechará “la disponibilidad de energía renovable competitiva, el desarrollo de suelo industrial y el ecosistema tecnológico emergente de la región”.

Impacto en empleo y tejido productivo

El despliegue del proyecto generará un impacto socioeconómico estructural, con entre 1.700 y 2.000 empleos durante la fase de construcción y más de 120 puestos de trabajo directos, estables y altamente cualificados en la fase de operación.

El efecto tractor alcanzará a sectores como la ingeniería, las telecomunicaciones, la seguridad, el mantenimiento especializado y los servicios avanzados, creando trabajos nuevos en el sector de la IA.

La presidenta ha ofrecido la ayuda y colaboración del Gobierno autonómico para el acompañamiento del proyecto, tal y como se ha venido haciendo hasta la fecha, señalando que “Extremadura avanza hacia un modelo económico basado en la innovación que fortalece nuestro posicionamiento como polo industrial y tecnológico en el suroeste europeo”. 

Hace cinco años, las grandes tecnológicas presumían de ser las empresas más verdes del planeta. Hoy, cada una de ellas contamina tanto como un país pequeño. Entre una realidad y otra hay solo un evento que lo ha cambiado todo: la carrera de la inteligencia artificial.

Esta tecnología no es solo un conjunto de programas capaces de analizar conjuntos masivos de datos y generar contenido a partir de ellos. Cada respuesta de ChatGPT es, en realidad, el último paso de una industria pesada y electrointensiva que ha multiplicado su capacidad de cómputo, desbordando el consumo que requerían el resto de servicios digitales o la navegación por Internet tradicional.

En el centro de esta reindustrialización digital están los centros de datos de nueva generación, llamados “hiperescalares”. Se trata de enormes naves industriales llenas de pasillos en los que el único ruido que se escucha es el de la potente refrigeración. A los lados hay armarios de metal colocados en serie, de un par de metros de alto y unos 60 centímetros de ancho. Dentro, visibles a través de las puertas de cristal, están los servidores que contienen los chips de última generación que hacen posible la inteligencia artificial.

Los nuevos hiperescala son mucho más grandes, mucho más potentes y tienen una actividad mucho mayor que los centros de datos del Internet tradicional. Mientras que incluso los mayores de la anterior generación solían tener entre 5.000 y 10.000 servidores, las nuevas bases de desarrollo de IA como “Colossus”, que Elon Musk está construyendo en Memphis, alcanzan ya los 70.000 en un solo complejo. Los chips que incorporan, diseñados por Nvidia, consumen, como mínimo, cuatro veces más que los necesarios para otros servicios digitales. En tareas especialmente densas el consumo puede llegar a ser hasta 10 veces mayor.

Además, estos chips nunca descansan. Los centros de datos tradicionales alternaban momentos de alta y baja actividad, respondiendo a la demanda de los usuarios. Los nuevos hiperescalares están permanentemente a pleno rendimiento, en un bucle sin fin de entrenamiento de nuevos modelos de IA. La frenética competición entre corporaciones y entre EEUU y China, unida a la escasez de chips de Nvidia, ha sumido a la industria en una fiebre del cómputo: desperdiciar un solo minuto de vida útil de estos chips se considera un error estratégico fatal.

Quinto consumidor mundial de energía

En occidente, solo un puñado de empresas se pueden permitir construir centros de datos a hiperescala. Son Google, Microsoft, Amazon o Meta, las mismas que a comienzos de la década se comprometieron a ser “neutras en carbono” para 2030. Es un objetivo incompatible con este tipo de prácticas de la carrera de la IA y la electricidad que suponen. En sus últimos informes de sostenibilidad publicados, todas reconocen que su consumo energético ha aumentado alrededor de un 25% en un solo año.

Arrancar una de sus factorías de inteligencia artificial implica poner a máximo rendimiento una industria pesada. Una sola de ellas puede competir en consumo eléctrico anual con una ciudad de 100.000 habitantes o con 400.000 coches eléctricos, según un informe del Parlamento Europeo. Solo los centros de datos de una de estas multinacionales ya consumen tanto como un país pequeño.

Conscientes del problema, las compañías han pasado los últimos años mejorando al máximo la eficiencia de los centros de datos. Quieren reducir, por ejemplo, el porcentaje de energía que se dedica a la refrigeración. En la última década, han logrado que este baje del 60% del total de la infraestructura a cifras cercanas al 20%. Su objetivo es que toda la electricidad se aproveche en la computación, que es lo que llena sus balances trimestrales. El problema es que mientras la refrigeración mejoraba, el consumo de esos chips se ha disparado, anulando cualquier ahorro de eficiencia estructural.

La Agencia Internacional de la Energía avisa que la expansión de la IA y los nuevos centros de datos que entrarán en operación en los próximos años harán que esta tendencia solo aumente en el futuro. Su cálculo es que, para 2030, estas infraestructuras serán el quinto consumidor de energía a nivel global, solo por detrás de China, EEUU, India y Japón.

La ingeniería para disimular emisiones de carbono

Ante esta realidad, estas cuatro compañías han optado por llevar al extremo sus prácticas de camuflaje de carbono. Las cuatro hiperescalers han recurrido a trucos contables que les permiten borrar de sus cifras de impacto medioambiental oficial buena parte de la contaminación que producen realmente sus centros de datos.

Son mecanismos como los certificados de carbono, que les permiten “deducirse” parte de sus emisiones a través de contratos de compra de energía renovable a compañías eléctricas. Sin embargo, estos certificados muy rara vez cambian la realidad del sistema eléctrico: no suponen la puesta en marcha de nuevas plantas de energía limpia, sino que simplemente afirman que un porcentaje de la producción que vuelquen a la red está destinada a un centro de datos en concreto.

Es una práctica que llevan a cabo compañías de todos los sectores, pero que las grandes tecnológicas han multiplicado en los últimos años debido a la presión sobre su consumo que está provocando la IA. “Si bien seguimos comprometidos con nuestros objetivos climáticos, ha quedado claro que lograrlos es ahora más complejo y desafiante en todos los niveles”, reconoce Google en su informe de sostenibilidad.

“Estamos en un punto de inflexión extraordinario, no solo para nuestra empresa específicamente, sino para la industria tecnológica en general, impulsado por el rápido crecimiento de la IA. Este panorama en evolución introduce incertidumbres significativas que pueden afectar nuestra trayectoria futura y la precisión de nuestras previsiones”, abunda, refiriéndose a sus emisiones de carbono.

Es una trampa contable. La realidad técnica es que ellos van a estar operando también durante la noche y van a absorber mucha cantidad de nuclear de gas dentro del sistema eléctrico

Javier Andaluz — Ecologistas en Acción

“Lo que hacen estas grandes empresas es lo que llaman el Power Purchase Agreement, que es básicamente que te vas a una gran eléctrica y le dices: mira, para que yo pueda vender que mi energía es verde, quiero comprarte una serie de créditos que representan una parte de tu producción eléctrica”, explica Javier Andaluz, responsable de cambio climático de Ecologistas en Acción.

“Es una trampa contable”, prosigue el ecologista: “La realidad técnica no es esa. Ellos van a estar operando, por ejemplo, también durante la noche, que es cuando menor energía renovable se produce. En ese momento van a absorber mucha cantidad tanto de nuclear como de gas dentro del sistema eléctrico. Sin embargo, en contabilidad, en apariencia, va a parecer que esto no existe y que ellas consumen energía renovable”.

El Protocolo de Información sobre Gases de Efecto Invernadero permite a las empresas llevar a cabo esta práctica y difuminar la contaminación de los centros de datos. Este fue redactado en 2001 por el World Resources Institute y el World Business Council for Sustainable Development, una organización de CEOs de grandes corporaciones. Aunque el texto establece dos métodos de cálculo de emisiones (uno con certificados, y otro sin ellos) no regula cómo deben declararlos. En la práctica, esto supone que las empresas solo destaquen la cifra más favorable.

Así, Meta afirma en su último informe de sostenibilidad que sus centros de datos emitieron 1.358 toneladas de CO2 a la atmósfera en 2024. Microsoft dice que las suyas fueron de 300.000 toneladas; Google sube hasta los tres millones de toneladas; mientras que Amazon afirma que fueron de 2,8 millones.

Pero sus propios informes documentan que la realidad es muy diferente. Como parte del compromiso de reducir sus emisiones que llevaron a cabo a principios de la década, tanto Meta, como Google y Microsoft siguen incluyendo en una nota aparte la cifra real. Es decir, las emisiones de sus centros de datos en función del sistema eléctrico al que están conectados. Ese cálculo, que obvia mecanismos como los créditos de carbono, revela que hasta el 85% de la contaminación que produce la inteligencia artificial está siendo disimulada de los informes.

Amazon es la compañía que más centros de datos gestiona alrededor del mundo. Muchos de ellos son más antiguos y contaminantes que los de nueva generación, ya que siguen empleando una gran parte de su energía en refrigeración. También es la única de las cuatro hiperescaladoras que se niega a revelar el cálculo de emisiones real. “La dirección de Amazon sabe que si la opinión pública comprendiera plenamente la verdad, la indignación sería enorme”, explica a elDiario.es Eliza Pan, portavoz de Empleados de Amazon por la Justicia Climática.

Los datos de la contaminación efectiva que generan los centros de datos de Amazon que se incluyen en este reportaje están elaborados a partir de un contrainforme elaborado por este grupo de trabajadores de la multinacional. Organizados para protestar por la opacidad medioambiental de la empresa, calcularon que las emisiones reales de Amazon son, al menos, de 12 millones de toneladas de CO2 al año.

Se trata de un cálculo conservador, ya que “la situación ha empeorado en los últimos dos años debido a la construcción masiva de centros de datos de Amazon, que funcionan principalmente con energía contaminante”, continúa Pan. “Amazon dedica mucho tiempo y recursos a engañar al público y a sus propios empleados sobre la magnitud de su huella de combustibles fósiles”.

Sin respuesta

elDiario.es se puso en contacto hace varias semanas con estas cuatro compañías para hacerles llegar una serie de preguntas sobre esa discrepancia entre las emisiones efectivas que suponen sus centros de datos y la cifra maquillada con certificados de carbono. Todas se han negado a contestar a las cuestiones planteadas con la declaración de un portavoz oficial, que incidían en si consideran que los certificados de carbono cambian efectivamente el mix energético de las redes en las que operan o qué impacto tiene la demanda de sus centros de datos en el retraso del cierre de plantas de carbón.

Google y Meta han enviado una serie de puntos con información “de contexto”, textos genéricos extraídos de su información pública. En ellos, recuerdan que sus informes están alineados con el Protocolo de Información de Gases de Efecto Invernadero y que se esfuerzan por mejorar la eficiencia de sus infraestructuras de cómputo. Google dice que aspira a equiparar “cada kilovatio-hora de electricidad” que consuma con energía limpia “producida en la misma red eléctrica y durante la misma hora”. Meta afirma que sin un mecanismo como los certificados de carbono, las inversiones voluntarias de las empresas en energía renovable no se llevarían a cabo.

Microsoft, por su parte, también ha esquivado las preguntas y ha enviado una declaración extraída directamente de su último informe de sostenibilidad. “Ha quedado claro que nuestro camino hacia la negatividad de carbono es una maratón, no un sprint”, afirma, apuntando que las emisiones reales de sus centros de datos “han aumentado porque nuestro consumo de electricidad ha crecido más rápido que la descarbonización de las redes en las que operamos”.

“Seguimos comprometidos con el desarrollo y el apoyo de soluciones innovadoras para reducir las emisiones de los centros de datos clave y los insumos operativos, incluidos los materiales de construcción, los chips y los combustibles, centrándonos en soluciones a largo plazo en lugar de soluciones provisionales a corto plazo”, añaden.

Amazon ha rechazado el ofrecimiento para incluir su posición en esta información, negándose también a responder sobre el contrainforme de emisiones elaborado por sus propios empleados.

Qué supone realmente la demanda de los centros de datos hiperescalares para el sistema eléctrico

Las preguntas que elDiario.es envió a las cuatro multinacionales tenían que ver con el impacto real que la demanda de sus centros de datos hiperescalares está produciendo en los sistemas eléctricos en los que se instalan. Algunas de las cuestiones tenían que ver con Virginia, el estado de EEUU donde se está viviendo la mayor explosión de estas infraestructuras, y que anticipa un efecto que podría ocurrir en el resto de puntos del planeta por donde se están expandiendo.

En España, Microsoft ha anunciado la construcción de un complejo de centros hiperescalares en Aragón, al igual que Amazon. Meta ha optado por establecerse en Talavera de la Reina. La disponibilidad de energía renovable es uno de los principales motivos por los que España se ha convertido en un mercado atractivo para estas inversiones. Pese a la envergadura de estas nuevas infraestructuras, su peso es extremadamente reducido si se compara con la situación que atraviesa Virginia.

Centros de datos en EE. UU.

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Sterling 110

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FL

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Incluye centros operativos y en construcción, a 20/10/2025. fuente: Pew research center

Centros de datos en EE. UU.

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Incluye centros operativos y en construcción, a 20/10/2025.

fuente: Pew research center

Este estado, especialmente su zona norte, se convirtió en un punto clave para los centros de datos por su conexión a la mayor concentración de redes de fibra óptica (incluidos los cables submarinos que cruzan el Atlántico hasta Europa) y proximidad a Washington. El problema es que en la industria digital todo tiende a agruparse, en lo que se conoce como la fuerza de gravedad del dato: mientras las oficinas de las tecnológicas se concentraban en Silicon Valley, sus factorías lo hacían en Virginia.

Hoy hay zonas del estado donde no hay espacio para un solo centro de datos más. La demanda y los precios de la energía se han disparado a causa del auge de la IA. El resultado es que Dominion Energy, la principal distribuidora eléctrica de la zona, haya retrasado el cierre de todas sus plantas de carbón hasta 2045. La compañía alude directamente a que la demanda de los centros de datos se cuadruplicará para 2038. En total, hasta 15 plantas de carbón de EEUU cuyo cierre estaba planeado en 2025 continuarán operando debido a la IA.

El gran ejemplo es la planta de carbón de Clover. Puesta en marcha en 1995, Dominion la declaró “no rentable” en 2020. El impacto de los centros de datos la mantendrá activa dos décadas más.

Más allá del carbón, el mix energético de Virginia se compone en un 60% de gas y un 30% nuclear. El impacto estructural de los centros de datos en esta región supondrá la emisión de miles de millones de toneladas de CO2 a la atmósfera durante las próximas décadas.

Es una situación que se reproduce a nivel global. Según el informe de la Agencia Internacional de la Energía, las emisiones asociadas a los centros de datos pasarán de 180 millones de toneladas de CO2 al año en 2024 a 300 millones en 2035. Esto es debido a que las renovables solo podrán asumir un 50% del aumento de demanda, mientras que será el gas el que soporte gran parte del peso restante.

La Agencia también avanza que la nuclear podría ganar importancia si las investigaciones en reactores pequeños modulares tienen éxito. Se trata de una variante de central nuclear a pequeña escala y producible en serie en el que las tecnológicas están invirtiendo fuertes sumas para intentar acoplarlas a los centros de datos. Expertos críticos con la idea avisan de que es un intento de dar una segunda vida a este tipo de generación de energía con pocos visos de prosperar.

Por el momento, en EEUU se ha aprobado ya la reactivación de una central nuclear que había cesado sus operaciones para abastecer centros de datos. Hay otras dos reaperturas solicitadas, una promovida por Google y otra por Microsoft, que están a la espera de la aprobación de las autoridades. La segunda es Three Mile Island, la misma central que sufrió el accidente nuclear más grave de la historia de EEUU.

España no es una excepción

Javier Andaluz, de Ecologistas en Acción, avisa que en España se pueden producir procesos similares pese al gran peso que las renovables tienen en el mix energético. “El gran problema de los centros de datos es que necesitan energía las 24 horas, los siete días de la semana. Ese enorme consumo implica que el sistema eléctrico vaya a necesitar más energía, lo que inevitablemente va a obligar a ir conectando centrales de gas, en nuestro caso”.

En 2025, las renovables sumaron el 54% de la producción de energía. Sin embargo, el gas siguió representando el 22% y la nuclear el 19%, mientras que otros combustibles fósiles supusieron el 3%. Aunque las fuentes sucias ya representan una minoría del mix, siguen siendo el “colchón de seguridad” del sistema. Especialmente ante infraestructuras como los centros de datos de nueva generación, que suponen una demanda constante.

Las tecnológicas aseguran que la inteligencia artificial ayudará a combatir el cambio climático, facilitando descubrimientos científicos y mejoras en la eficiencia de procesos. Su primer impacto, no obstante, está suponiendo un freno para la descarbonización de los sistemas eléctricos en los que se instalan sus centros de datos.