Se anunciaba hace unos días y esta semana se ha materializado. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha expresado su oposición al futuro Real Decreto del Gobierno de España, relativo a los centros de datos, presentando diez alegaciones al texto normativo.

El pasado 10 de septiembre la cuestión parecía abrir un nuevo conflicto entre el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Ese día se terminaba el periodo de audiencia pública del proyecto de Real Decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos.

El castellanomanchego amagó entonces con la posibilidad de acudir a los tribunales, después de que el futuro decreto vaya a exigir que los centros de datos de mayor tamaño tengan como obligación acreditar que al menos el 80% de su consumo eléctrico proceda de energía renovable, y que eso se acredite hora a hora, entre otras cuestiones.

Esta y otras exigencias podrían afectar a una de las mayores apuestas tecnológicas previstas en la comunidad autónoma por el Gobierno socialista de Emiliano García-Page: el data center que Meta, la multinacional matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger y Threads, propiedad del magnate norteamericano Mark Zuckerberg planea abrir en Talavera de la Reina.

El proyecto tiene ya todos los parabienes del Gobierno regional para que se inicien las obras y Meta ha pagado ya la fianza de un millón de euros exigida por el Ejecutivo autonómico para comenzar. Ahora, reconocen una “profunda preocupación” ante el impacto directo que el actual diseño normativo puede provocar sobre el tejido tecnológico e industrial de la región.

Aducen que Castilla-La Mancha “se ha consolidado como un nodo tecnológico de referencia en el sur de Europa, albergando inversiones estratégicas de impacto global” (como el desarrollo de Meta) o “acumulando una cartera de iniciativas clave para la soberanía digital de España”.

“No es razonable” modificar condiciones de proyectos avanzados

La consejera portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha justificado hoy las 'pegas' que ponen al texto normativo que se prepara, precisamente, porque con la actual propuesta se complicaría el camino a proyectos como el de Meta al cambiarse “las reglas del juego” en plena carrera empresarial -ya en marcha- por el desarrollo de estos centros tecnológicos.

Es algo que expresamente se ha reflejado al exponer los motivos de las diez alegaciones planteadas por el Gobierno de Page a las que ha tenido acceso elDiario.es Castilla-La Mancha.

La norma, se advierte, tendría “capacidad para condicionar inversiones tecnológicas estratégicas ya comprometidas en nuestra región” y en este caso, nada más y nada menos que con uno de los gigantes tecnológicos mundiales.

En opinión del Ejecutivo de esta comunidad, “se introducen rigideces desproporcionadas, plazos de transición manifiestamente insuficientes y criterios de eficiencia e hídricos desvinculados de la realidad climática peninsular”.

Se introducen rigideces desproporcionadas, plazos de transición manifiestamente insuficientes y criterios de eficiencia e hídricos desvinculados de la realidad climática peninsular

Padilla ha puesto el acento en el tratamiento de los proyectos que ya han obtenido permisos de acceso y conexión, pero todavía no están conectados a la red.

El proyecto de Real Decreto establece nuevos requisitos para estas instalaciones y concede seis meses para acreditar su cumplimiento. En caso contrario, podrían caducar los permisos y ejecutarse las garantías depositadas.

La portavoz de Page ha dicho que “no resulta razonable” modificar las condiciones de proyectos que ya han sido diseñados, tramitados y comprometidos de acuerdo con la normativa actualmente vigente.

Por este motivo, el Gobierno regional reclama “un régimen transitorio flexible, adaptado al grado de madurez de cada proyecto y que proteja aquellas inversiones cuya tramitación se encuentre ya en una fase avanzada” y ha incidido precisamente en el caso de Meta.

Pedimos un régimen transitorio flexible, adaptado al grado de madurez de cada proyecto y que proteja aquellas inversiones cuya tramitación se encuentre ya en una fase avanzada

Aunque el Gobierno regional “comparte” objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética de la norma o que “los centros de datos deben avanzar con un uso responsable de la energía y del agua, un recurso especialmente valioso y limitado” en Castilla-La Mancha, la consejera portavoz ha reclamado hoy que la norma sea “exigente, segura y territorialmente justa”.

Por un lado se afea que el proyecto normativo no se limite a desarrollar condiciones técnicas, sino que prevé recargos que pueden llegar al 500%, a la pérdida de permisos de acceso y conexión o a la caducidad de permisos ya concedidos, si las empresas promotoras no cumplen.

“Entendemos que medidas de esa intensidad necesitan una cobertura legal suficiente y no pueden quedar definidas íntegramente por una norma reglamentaria”, señala el Gobierno castellanomanchego que reclama, además, que los recargos sean “graduales y proporcionados”. En su opinión, “no debe recibir el mismo tratamiento un desajuste puntual que un incumplimiento grave y continuado”.

También sugiere que la pérdida de los permisos debe reservarse para los supuestos más graves, tras escuchar al interesado y ofrecer un plazo efectivo de subsanación.

“Respetar” las competencias autonómicas 

Otra de las críticas de Castilla-La Mancha tiene que ver con las competencias políticas sobre la cuestión. “El proyecto de Real Decreto concentra en el Estado las decisiones sobre la viabilidad de los centros, la retirada de permisos y el destino de la capacidad eléctrica que quede liberada”, explica el Ejecutivo de esta región.

A reglón seguido recuerda que la implantación de estas infraestructuras afecta al territorio, el urbanismo, la industria, el medio ambiente, el agua y las redes de distribución “son ámbitos en los que las comunidades autónomas tenemos competencias y responsabilidades”. De ahí que consideren los de Page que una norma con este alcance requiere “consulta pública previa y un diálogo más amplio con las comunidades y los sectores afectados”, incluido su “examen” en la Conferencia Sectorial de Energía.

“Castilla-La Mancha no puede quedar reducida a recibir una comunicación cuando ya se ha tomado la decisión. Pedimos una participación efectiva antes de denegar solicitudes, retirar permisos o reasignar capacidad”.

Además, reclama que los conflictos relativos a permisos de conexión en redes de competencia autonómica “sigan siendo resueltos por la Administración competente, como establece la legislación del sector eléctrico”.

Castilla-La Mancha no puede quedar reducida a recibir una comunicación cuando ya se ha tomado la decisión. Pedimos una participación efectiva antes de denegar solicitudes, retirar permisos o reasignar capacidad

“Tener en cuenta las condiciones climáticas de cada territorio”

El Gobierno castellanomanchego pide una “aplicación realista y territorialmente justa de los criterios de eficiencia” para este tipo de proyectos empresariales.

Desde su punto de vista, los indicadores energéticos y de consumo de agua “deben tener en cuenta las condiciones climáticas de cada territorio, utilizando factores de normalización compatibles con la metodología que establezca la Unión Europea”.

Eso, apostilla, “no significa rebajar los estándares ambientales ni establecer una excepción para Castilla-La Mancha”, sino “medir de forma comparable instalaciones situadas en condiciones climáticas diferentes y prever un periodo razonable de puesta en funcionamiento antes de aplicar recargos o declarar la caducidad de permisos”.

Ahora mismo, sugieren, las características climatológicas de la meseta sur peninsular, caracterizadas por mayores oscilaciones térmicas estacionales y veranos cálidos, “penalizan de forma directa y artificial a los centros de datos emplazados en el interior frente a regiones costeras o septentrionales de Europa”. Y eso, añaden, “supone una discriminación territorial indirecta y desincentiva la inversión en zonas de interior”.

También proponen una implantación progresiva de las exigencias de consumo renovable, que esté acompasada a la capacidad efectiva de las redes y al despliegue de nueva generación.

Finalmente advierten del posible “vacío regulatorio” sobre las instalaciones renovables asociadas a un centro de datos cuando este renuncia o pierde sus permisos, de ahí que esperen que el Gobierno de España “estudie estas alegaciones y las incorpore al texto definitivo”.

De lo contrario, concluyen, “estas exigencias ponen en riesgo la viabilidad de proyectos altamente maduros y comprometen gravemente la competitividad de la región frente a otros territorios nacionales y comunitarios”.

Aragón ha conseguido atraer una inversión anunciada cercana a los 70.000 millones de euros en centros de datos, pero alojar estas grandes infraestructuras no garantiza por sí mismo que la riqueza que generan permanezca en la comunidad. Con esa premisa, la Fundación Basilio Paraíso –perteneciente a la Cámara de Comercio de Zaragoza– propone crear un fondo autonómico que canalice parte del retorno fiscal de los proyectos hacia la transformación digital, el tejido empresarial, los ciudadanos y la cohesión territorial.

Es una de las principales propuestas del informe 'Centros de datos: de la magnitud al valor. Guía para que generen beneficios colectivos en Aragón', elaborado por la Fundación con la colaboración de Microsoft y presentado este miércoles. El estudio da continuidad al publicado hace un año, aunque cambia sustancialmente el foco: ya no se pregunta cuánto dinero llegará a Aragón, sino cuánto conseguirá quedarse y cómo puede aprovecharse para generar actividad económica, empleo, conocimiento y beneficios duraderos para el territorio.

La propuesta del fondo forma parte de las quince actuaciones que la Fundación agrupa en cinco grandes ejes: estrategia, tejido empresarial, talento, transferencia de datos y conocimiento y retorno al territorio. En concreto, plantea un fondo de ámbito autonómico “dotado en función del retorno fiscal que genera la operación”, cuyos recursos se dirigirían a la transformación digital de la comunidad y sus empresas, a los propios aragoneses y a la cohesión territorial. También contempla una línea específica para impulsar empresas tecnológicas mediante la coinversión con organismos de investigación, compañías y capital riesgo.

El documento no establece, sin embargo, qué cuantía tendría ese fondo, qué porcentaje de los ingresos fiscales se destinaría a él ni mediante qué mecanismo se financiaría.

Una de las conclusiones más relevantes del estudio es precisamente que la llegada de las inversiones no significa que todo el negocio generado permanezca en Aragón. La Fundación estima que las empresas y trabajadores de la comunidad podrían capturar el 54,5% del gasto durante la construcción, porcentaje que descendería hasta el 33% cuando los centros de datos estén en funcionamiento.

La diferencia obedece a la composición del gasto de ambas fases. En la etapa de funcionamiento, el informe identifica especialmente el mantenimiento y los servicios técnicos como una oportunidad para aumentar el retorno local, con una demanda regional estimada conjuntamente en 174,3 millones de euros anuales. La Fundación considera que buena parte de la capacidad de Aragón para retener actividad a largo plazo se decidirá antes incluso de que comiencen a adjudicarse esos contratos.

De hecho, el estudio detecta 17.234 establecimientos empresariales potencialmente relacionados con los distintos eslabones de la cadena de suministro, aunque advierte de que tener empresas capaces de prestar determinados servicios no significa que estén preparadas para acceder a los contratos de los grandes operadores. Entre las dificultades aparecen las homologaciones, certificaciones, dimensión de las compañías o las propias condiciones de contratación.

La dimensión económica sigue siendo enorme. Aunque las inversiones anunciadas rondan los 70.000 millones de euros, la Fundación utiliza para sus cálculos un escenario más prudente: 33.417,5 millones respaldados por expedientes y fuentes públicas y, dentro de ellos, una base homogénea de 23.997,5 millones correspondiente a obra comparable. La potencia asociada a esos proyectos asciende a 1.694,8 MW IT.

Sobre ese escenario, calcula que la construcción de los centros de datos entre 2024 y 2033 generará 8.065,9 millones de euros de valor añadido bruto directo e indirecto y 143.536 empleos-año acumulados. Esta última cifra no equivale a otros tantos puestos de trabajo permanentes: cada empleo-año representa el trabajo de una persona a jornada completa durante un año.

El momento de máxima actividad llegará en 2028, cuando el impacto de las obras equivaldrá al 4,3% del PIB aragonés actual y al 5,9% del empleo regional. Una vez construidos los complejos, el impacto será menor en empleo, pero permanente durante décadas. El funcionamiento de los centros generaría anualmente 1.149,6 millones de euros de valor añadido directo e indirecto y 3.217 empleos equivalentes.

Un pico de empleo difícil de cubrir

Precisamente, la concentración de las obras puede convertirse en uno de los principales cuellos de botella. Más del 80% del esfuerzo constructor se concentrará entre 2026 y 2029 y el año de máxima actividad movilizará 26.778 empleos equivalentes directos.

La magnitud contrasta con la capacidad actual del sistema formativo. Aragón incorpora alrededor de 2.940 titulados técnicos al año entre FP, grados y másteres, pero su distribución no coincide necesariamente con las necesidades de los centros de datos. Informática concentra cuatro de cada diez titulados, mientras edificación y obra civil apenas representa el 3%.

El propio informe admite que ninguna política de nuevas plazas formativas podría cubrir por sí sola semejante demanda en tan poco tiempo. La respuesta tendrá que combinar trabajadores que ya están en el mercado, movilidad geográfica y recualificación acelerada, especialmente en electricidad, climatización y refrigeración, mantenimiento, operación y puesta en marcha de instalaciones.

Los empleos especializados presentan, además, remuneraciones superiores a la media. En la muestra de ofertas analizada por la Fundación, el salario medio se sitúa alrededor de 42.000 euros brutos anuales, un 54% por encima de la media de las vacantes publicadas en España en 2025, aunque el informe precisa que la comparación es orientativa y no significa que exista esa prima salarial en todas las ocupaciones.

El informe detecta una paradoja especialmente significativa. Aragón se ha convertido en uno de los grandes polos españoles de infraestructuras digitales justo cuando sus empresas han perdido posiciones en la utilización de inteligencia artificial.

Solo el 13,9% de las empresas aragonesas de diez o más trabajadores utiliza IA, frente al 21,1% del conjunto de España. La situación entre los ciudadanos es distinta: el uso diario de inteligencia artificial generativa ha pasado en un año del 14% al 19,2%.

Aunque ambos indicadores corresponden a poblaciones y usos diferentes y no pueden compararse directamente, la Fundación considera que dibujan un escenario en el que “las personas van por delante de sus empresas”. Para el informe, conseguir que sectores como la automoción, el agroalimentario, la logística, la energía o los servicios aprovechen la proximidad de la capacidad de computación constituye una parte esencial del retorno económico de estas inversiones.

Agua, energía, suelo y vivienda, la otra cara de la implantación

El estudio también introduce en su análisis los costes y tensiones asociados a la concentración de estas infraestructuras. La propia Fundación advierte de que sus estimaciones económicas miden el beneficio potencial y no el balance completo, ya que la implantación obliga a gestionar simultáneamente las necesidades de red eléctrica, agua, suelo, vivienda y convivencia municipal.

El documento reconoce expresamente que acoger los centros de datos conlleva “costes reales” en energía, agua y suelo, cuya huella debe medirse, hacerse pública y gestionarse. También señala que el desarrollo de las infraestructuras eléctricas y de conectividad necesarias para los campus puede beneficiar a otros usos productivos y a la electrificación del territorio o, por el contrario, competir con ellos por la capacidad disponible, en función de las decisiones que se adopten.

Esas tensiones se concentran especialmente en los municipios anfitriones, que reciben ingresos fiscales, empleo y contratación local, pero también deben afrontar los efectos sobre carreteras, agua, suelo, vivienda, servicios públicos y su propia capacidad administrativa. Por ello, la Fundación reclama apoyo urbanístico, jurídico y financiero sistemático para los ayuntamientos afectados.

El fondo territorial no es la única propuesta para conseguir que los beneficios lleguen a las localidades donde se instalan los proyectos. La Fundación plantea trasladar a Aragón una fórmula inspirada en los 'Community Benefit Agreements' utilizados en Estados Unidos mediante un marco de compromiso comunitario, de adhesión voluntaria, con el que los operadores asumirían compromisos públicos, medibles y verificables con los territorios donde se implantan.

Estos acuerdos podrían abarcar empleo y formación local, inversión comunitaria, compromisos ligados al proyecto de futuro de cada municipio y transparencia. La intención es que la relación de las compañías con el territorio no se limite a la construcción de las instalaciones, sino que se mantenga durante toda la vida de los campus, estimada entre 20 y 30 años.

La Fundación resume finalmente sus recomendaciones en quince actuaciones que incluyen una estrategia aragonesa de IA y computación, una unidad de gestión integral y un observatorio de seguimiento; un mapa de capacidades empresariales; un plan de choque para afrontar el pico laboral de 2026-2029; especialización de la FP; atracción de talento; espacios de datos sectoriales; una plataforma de innovación abierta y, en materia territorial, asistencia a los municipios, compromisos comunitarios, el fondo autonómico y una agenda social compartida.

El planteamiento que atraviesa las 156 páginas del estudio supone, en definitiva, un cambio de pregunta porque Aragón ya ha conseguido atraer los centros de datos; ahora tiene que decidir cuánto de la actividad, el empleo, la tecnología y la riqueza que generen consigue que permanezca en el territorio.

Las restricciones de agua que soportan los regantes del Gállego han irrumpido de lleno en el debate sobre el consumo de los centros de datos en Aragón y chocan con el discurso defendido este martes por el presidente autonómico, Jorge Azcón. Mientras el jefe del Ejecutivo ha asegurado en el foro Tech4Water, organizado por Amazon Web Services (AWS), que la industria del dato puede “aportar más agua a nuestra comunidad autónoma que el agua que consume”, el colectivo No es sequía, es saqueo ha advertido de que miles de hectáreas agrícolas afrontan nuevas limitaciones precisamente en una cuenca en la que se concentran varios proyectos tecnológicos.

La organización ha denunciado que la histórica acequia de Camarera, que abastece a los términos situados al sur de Ontinar del Salz, ha visto reducida su concesión de agua al 35%. Se trata, según el colectivo, de la segunda restricción de este verano, después de que el pasado 3 de agosto se limitara al 60%, y afecta a unas 4.500 hectáreas de cultivo.

El contraste se produce mientras continúan avanzando importantes inversiones en centros de datos en el entorno del Gállego. No es sequía, es saqueo pone el foco en el complejo de AWS de Villanueva de Gállego y su ampliación, así como en los proyectos previstos en San Mateo de Gállego, La Puebla de Alfindén y Villamayor de Gállego.

El colectivo cuestiona especialmente la prioridad que tienen estos consumos frente al regadío. Según argumenta, los centros de datos conectados a las redes municipales quedan incluidos dentro del abastecimiento urbano, junto a determinados usos industriales, lo que les otorga prioridad sobre los usos agrícolas conforme al régimen establecido en la legislación de aguas.

El proyecto que Azcón pone como ejemplo

Frente a estas críticas, el Gobierno de Aragón ha presentado este martes como ejemplo de sostenibilidad un proyecto impulsado por AWS junto a la Comunidad General de Usuarios del Canal Imperial de Aragón y Agrow Analytics.

La iniciativa contempla una inversión de 3,73 millones de euros y pretende ahorrar más de 10.000 millones de litros de agua anuales cuando esté completamente desarrollada en 2030. Entre otras actuaciones, prevé sustituir 25 kilómetros de acequias a cielo abierto por tuberías cerradas para reducir pérdidas por evaporación y fugas.

También contempla la instalación de sensores para medir la humedad del suelo, el empleo de imágenes de satélite para ajustar las necesidades de los cultivos y la creación de un gemelo digital del sistema hídrico que permita gestionar el riego en tiempo real.

Azcón ha utilizado este proyecto para defender el modelo de crecimiento de los centros de datos en Aragón. “La industria del dato que impulsa Amazon Web Services permite ahorrar agua y aportar más agua a nuestra comunidad autónoma que el agua que consume”, ha asegurado.

Una afirmación que No es sequía, es saqueo rebate al considerar que las actuaciones destinadas a mejorar la eficiencia del regadío no eliminan el consumo de agua de los centros de datos ni resuelven el problema de su creciente demanda en un escenario de escasez.

El colectivo cita, entre otros ejemplos, el centro de AWS de El Burgo de Ebro, para el que señala un consumo de 36.461 metros cúbicos anuales, según datos proporcionados por la propia compañía. También advierte sobre otros proyectos de mayor tamaño y sostiene que los sistemas de refrigeración que reducen el uso directo de agua pueden incrementar, a cambio, las necesidades energéticas.

El debate llega al futuro real decreto

La polémica se produce además en plena discusión sobre el real decreto estatal que regulará los centros de datos. El Gobierno de Aragón ha presentado cinco alegaciones al proyecto normativo al considerar que algunas de sus exigencias pueden comprometer las inversiones previstas en la comunidad.

Azcón ha vuelto a cuestionar este martes la regulación planteada por el Gobierno central. “El camino no puede estar marcado por las limitaciones que señalen los artículos del Real Decreto del Gobierno de la nación”, ha afirmado. A su juicio, la alternativa pasa por exigir a las empresas que inviertan para “aportar a nuestras sociedades más de lo que reciben”.

No es sequía, es saqueo plantea justamente la posición contraria. El colectivo reclama que la futura regulación estatal incluya límites específicos al acceso al agua de los centros de datos en situaciones de escasez y critica que el proyecto normativo establezca parámetros de eficiencia hídrica pero no restricciones vinculadas al volumen de consumo o a los episodios de sequía.

La organización sostiene además que el problema no se limita a la cantidad de agua utilizada directamente por estas instalaciones. Cita el caso de La Puebla de Alfindén, donde el Ayuntamiento ha presentado alegaciones al proyecto de centro de datos previsto en el municipio por sus posibles repercusiones sobre el abastecimiento, y los informes técnicos municipales elaborados en Zaragoza sobre las instalaciones proyectadas en La Cartuja Baja y Puerto Venecia.

Con este escenario, el colectivo considera especialmente paradójico que el foro sobre eficiencia hídrica de AWS se haya celebrado coincidiendo con nuevas restricciones a los regantes y reclama que el crecimiento de la industria tecnológica no se produzca a costa de otros usos del agua, especialmente el agrícola.

Ecologistas en Acción de Extremadura ha alertado este martes de que si los proyectos de centros de datos anunciados en Badajoz, Navalmoral de la Mata, Valdecaballeros y Cáceres funcionaran de manera continuada, consumirían en un año una cantidad de electricidad próxima a toda la generada actualmente en la comunidad autónoma.

Esta organización ha presentado alegaciones a la nueva regulación estatal de los centros de datos, ya que, aunque considera positivo que se empiece a ordenar un sector en rápida expansión, entiende que el texto es insuficiente para prevenir sus efectos sobre la electricidad, el agua, el territorio y la población.

En ese sentido, con respecto a los cuatro proyectos anunciados en la región, Ecologistas precisa en un comunicado que podrían necesitar conjuntamente entre 3,5 y 4 GW de potencia eléctrica, incluida la refrigeración y los consumos auxiliares.

La organización pone de relieve que los centros de datos requieren grandes cantidades de electricidad y agua, además de líneas eléctricas de alta capacidad, subestaciones, sistemas de refrigeración, baterías y grandes grupos electrógenos de respaldo, por lo que es necesario reforzar su instalación “con límites claros, planificación pública y garantías sociales y ambientales”.

Precisa, además, que la existencia de vertidos renovables en determinadas horas, la electricidad generada que el sistema no puede aprovechar, no resuelve el problema, ya que estas instalaciones también consumen cuando la producción renovable es escasa.

A su juicio, la cuestión central es, por tanto, “si su hiperconsumo debe tener prioridad sobre las necesidades de los hogares, los servicios públicos, la agricultura y otras industrias, y justificar la construcción de nuevas redes e instalaciones de generación”.

La Junta, alineada con la patronal

Frente a esta disyuntiva, Ecologistas en Acción critica que la Junta de Extremadura haya presentado alegaciones para pedir la retirada de la regulación estatal en una posición que coincide con la de la patronal de los centros de datos, que amenaza con abandonar inversiones y reclamar indemnizaciones si se mantienen las nuevas condiciones.

Para este colectivo, las alegaciones de la Junta no defienden a Extremadura frente a los impactos de estos macroproyectos, sino a las empresas frente a los límites destinados a proteger el territorio.

En su opinión, el Gobierno autonómico vuelve a presentar los recursos extremeños como disponibles para cualquier inversión declarada estratégica, sin explicar cómo afectará este despliegue al agua, al suelo, al sistema energético y al bienestar de la población.

Por otra parte, Ecologistas en Acción indica que la regulación estatal debe reforzarse en reducir y limitar el consumo total y acumulado de agua, electricidad y suelo; y en decidir cuántos centros pueden instalarse, dónde y bajo qué condiciones.

En ese ámbito, considera que se debe exigir que su demanda se cubra con nueva generación 100 % renovable, almacenamiento y flexibilidad, sin recurrir a combustibles fósiles o energía nuclear ni desplazar otras necesidades sociales.

Además, plantea que se tengan en cuenta también unas “garantías democráticas” y para ello pide “aplicar el principio de precaución, asegurar la transparencia y la participación pública”, así como evaluar previamente los efectos de los centros de datos “sobre los derechos humanos, el empleo, los servicios públicos y la soberanía digital”. 

El debate en torno a un posible freno al desarrollo de la inteligencia artificial (IA) ha golpeado de lleno a las bolsas mundiales, lastrando a las asiáticas, que ha desarrollado un ecosistema propio en torno a las empresas tecnológicas, pero ha afectado también al Ibex 35 en los primeros compases de la jornada, especialmente a las compañías centradas en el desarrollo de infraestructuras.

Es el caso de ACS, la constructora de Florentino Pérez, centrada en infraestructuras de nueva generación y con énfasis en la construcción de centros de datos, se desplomó un 6,5% este lunes. Al igual que Solaria, que ha impulsado su estrategia en infraestructuras digitales a través de Solaria Data Center, su filial especializada en el suministro de energía y desarrollo de suelo y conexiones para centros de procesamientos de datos. La caída de estos títulos fue del 8,4%, de largo la más acusada del Ibex.

ACS se ha consolidado como el primer constructor de centros de datos en el mundo, con más de 9 GW instalados y presencia destacada en mercados de alto potencial, como EE. UU., Europa y Asia-Pacífico, según la propia compañía, que registra hoy la mayor caída de la Bolsa española, junto a Solaria. Acciona (5,7%) y la inmobiliaria Merlin Properties (5,1%), ambas con negocios también vinculados a las tecnológicas, han registrado notables retrocesos.

El Ibex 35, principal índice de la Bolsa española, ha perdido este lunes un 1,38% lastrado por la subida del precio del petróleo y las caídas de las empresas de semiconductores y chips. Así, el selectivo español ha retrocedido 273 enteros y terminó la sesión bursátil en 19.565,5 puntos. Pese a estas caías, en lo que va de año se revaloriza un 13,04%.

Los títulos españoles se han sumado a las pérdidas después de una jornada en rojo en Asia. El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái cayó un 0,07%, y el de Shenzhen se dejó el 0,64%, según recoge EFE.

En el primero de esos dos parqués, varias de las compañías relacionadas con la IA se tiñeron de rojo durante la jornada. CXMT (-3,95%) o Moore Threads (-3,31%) son algunos de los ejemplos, aunque Enflame (+6,87%) ponía la nota discordante, apoyada aún por el furor de los inversores tras salir a bolsa el pasado viernes.

En Hong Kong, el índice referencial, el Hang Seng, cerró hoy con ganancias del 0,45%. Sin embargo, el índice dedicado a los valores tecnológicos, el Hang Seng Tech Index, bajó un 0,23%, lastrado por Alibaba (-1,49%), Biren (-6,66%) o Z.ai (-9,08%).

Las bajadas, en cambio, no se extendieron a otros grupos tecnológicos que también figuran entre los principales desarrolladores de modelos de IA, como Tencent (+0,51%) y el 'Google chino' Baidu (+0,22%).

El índice de referencia de la bolsa de Taipéi, el Taiex -que cuenta con un fuerte componente tecnológico-, cerró la jornada con un retroceso del 0,7%, aunque con un desempeño dispar entre sus principales valores: mientras los títulos de TSMC (-1,24%), ASE Technology (-0,97%) y MediaTek (-0,55%) acabaron en terreno negativo, los de UMC (+1,42%) Foxconn (+0,2%) cerraron en verde.

La bolsa coreana cae más del 3%

El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, cayó un 3,26% este lunes. El fabricante de chips y valor de referencia local Samsung Electronics descendió un 4,05%, mientras el gigante del sector SK hynix anotó un declive del 6,35%.

La firma de inversión en tecnología SK Square se hundió un 8,17%, y la tecnológica Naver se redujo un 1,21%. Por su parte, el índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, se dejó un 1,69%.

Softbank se precipita el 10,72%

El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, cayó un 0,81% este lunes. El gigante japonés de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank, que ha invertido miles de millones de euros en OpenAI y la industria de la inteligencia artificial, bajó un 10,72%.

Fujikura, que fabrica cables eléctricos para centros de datos, perdió un 2,97 %, y la empresa de memorias Kioxia bajó un 6,37 %.

Entidades vecinales, colectivos ecologistas y asociaciones en defensa del territorio, al igual que distintos investigadores del ámbito académico, advierte desde Aragón en sus alegaciones al proyecto de real decreto sobre centros de datos de que, si no se refuerza el control sobre lo que ocurre dentro de estas infraestructuras, “España podría convertirse en una suerte de colonia digital que ceda sus competencias legales, financieras y económicas, así como sus recursos energéticos, hídricos y de suelos, a proyectos determinados por corporaciones privadas”.

A esa advertencia se suma un frente amplio. Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, junto a otras decenas de plataformas ciudadanas –como 'No es sequía, es saqueo'–, han presentado alegaciones conjuntas al mismo trámite. Consideran el proyecto “insuficiente para prevenir y reducir de forma adecuada sus impactos ambientales y sociales, en particular sobre dos recursos fundamentales: el agua y la energía”. “Mejorar la eficiencia de los centros de datos no basta si el consumo total de agua y energía sigue creciendo sin límites”, advierten, y reclaman tres cambios: límites ambientales máximos evaluados de forma acumulada por territorio, una planificación que exija cobertura 100% renovable, y garantías democráticas de transparencia y rendición de cuentas.

Las alegaciones censuran el propio proceso de consulta. La Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) denuncia que “no es de recibo ni el momento en el que se abrió la consulta, durante el mes de agosto, ni la duración de la misma” –que finalmente fue ampliada–, mientras el documento colectivo recuerda que el artículo 6.3 del Convenio de Aarhus exige plazos razonables para una participación efectiva.

En materia hídrica, las alegaciones coinciden en que el decreto delega la sostenibilidad del agua en una etiqueta europea (WUE) autodeclarada por las propias empresas, sin inspección independiente. Para la FNCA, ese enfoque es “un error mayúsculo”: es, advierte, un indicador de eficiencia relativa que no informa sobre el consumo total ni sobre su compatibilidad con los recursos de cada cuenca.

El documento colectivo propone limitar el uso a 5.000 metros cúbicos anuales por centro en demarcaciones con estrés hídrico alto o severo, un umbral que en Aragón dejaría fuera solo a los proyectos de Amazon Web Services. Como referencia, los ecologistas citan el centro proyectado por Meta en Talavera de la Reina (Toledo), de 248 megavatios, que contempla consumir hasta 504 millones de litros de agua al año.

Una moratoria

En energía, las entidades reclaman suficiencia y una moratoria frente al crecimiento del sector, después de que Red Eléctrica haya concedido ya más de 12 gigavatios de acceso, muy por encima de los 4 gigavatios previstos para 2030. La Agencia Internacional de la Energía, citada por los ecologistas, calcula que un centro de datos de IA de 100 MW consume al año tanta electricidad como 100.000 hogares.

El documento colectivo pide además elevar del 80% al 100% la cobertura renovable exigida y del 80% al 90% la correlación horaria, y obligar a instalar baterías de respaldo –cuatro horas de autonomía– en centros de más de 5 MW. Denuncia también un “agujero legal” en el régimen sancionador: una empresa podría incumplir cuatro años seguidos, corregirlo puntualmente en el quinto y reiniciar el ciclo, por lo que propone reducir a dos años el margen tolerado y elevar el recargo hasta 20 veces el precio de mercado por cada MWh excedido.

Las alegaciones colectivas alertan asimismo de que la legislación aragonesa permite conexiones 'off-grid' –sin pasar por la red eléctrica general– a parques renovables que eludirían los límites del propio decreto.

Las alegaciones también ponen el foco en el suelo: piden limitar al 20% la ocupación no urbanizable por proyecto y fijar una distancia mínima de 1.500 metros entre centros de más de 50 megavatios y los núcleos de población, ante los efectos acumulativos –isla de calor, ruido o pérdida de hábitat– ya detectados en el área metropolitana de Zaragoza.

El documento señala por otro lado que el decreto carece de mecanismos de auditoría externa: no especifica qué administración debe verificar que los datos reportados por las empresas son ciertos, ni prevé sanción alguna si no lo son. Solo contempla, critican las entidades, la retirada del acceso a la red por no presentar documentación, no porque esta sea falsa.

Falta de información

Pedro Arrojo, relator especial de la ONU sobre el derecho al agua, pide en su informe de 2025 que los Estados promuevan “una moratoria de la puesta en marcha de centros de datos” mientras no haya información clara sobre su consumo de agua y energía. Otro informe citado en las alegaciones, el de la investigadora Aurora Gómez sobre Aragón, sostiene que la opacidad es una estrategia deliberada del sector, hasta el punto de que son “las propias resistencias quienes tengan que buscar la información”, en lugar de que las instituciones la publiquen de forma agregada.

Las entidades sociales, ambientales y vecinales aragonesas coinciden en que el proyecto de real decreto delega en las propias empresas promotoras el control sobre sus requisitos, sin techos absolutos de consumo ni evaluación de los efectos acumulativos de instalar varios centros de datos en un mismo territorio.

Por su parte, 'No es sequía, es saqueo' ha difundido además un comunicado propio que rebate directamente las críticas del Gobierno de Aragón al decreto, al que acusa de perjudicar la economía autonómica. “Lo imposible no es cumplir el real decreto. Lo imposible es convivir con 30 centros de datos depredadores de recursos”, señala el texto, que cita un estudio de la Universidad de Zaragoza según el cual 8.000 megavatios de centros de datos multiplicarían entre cinco y quince veces la demanda eléctrica de la comunidad.

El propio documento colectivo maneja otra proyección distinta y más alta: si se instalasen los 11.237 MW proyectados en Aragón, el consumo –73.827 GWh al año– equivaldría al 87% del consumo eléctrico regional actual y al 22% del nacional.

El Gobierno ha defendido este viernes su borrador de regulación para los centros de datos ante las “previsiones irreales” que maneja el sector, cuya patronal, SpainDC asegura que hay en juego 9.000 millones de euros en inversiones, tras el aviso de que tres empresas internacionales que estudiaban proyectos de que los frenarán si sale adelante el real decreto.

El Ejecutivo español ha planteado un borrador de Real Decreto para exigir que los centros de procesamiento de datos (CPD) respalden con nueva generación renovable, cada hora de funcionamiento, al menos un mínimo del 80% de su consumo energético.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica subrayan que “el interés del sector se ha concentrado en pocos territorios, con previsiones irreales: en Aragón ya se han concedido 3,6 GW de acceso a CPD, que triplicarían la demanda eléctrica de la comunidad, y en Madrid se han concedido 4,1 GW, que supondrían duplicar su consumo”.

Las mismas fuentes indican que “en otros países, como Irlanda, Países Bajos o EEUU, el crecimiento desordenado de CPD ha provocado fuertes incrementos del precio de la electricidad –en EEUU se auguran subidas del 70% hasta 2030 en grandes regiones–, tensiones por el abastecimiento de agua y un fuerte rechazo social, que está provocando moratorias a nuevas instalaciones y la pérdida del apoyo público por el coste político”.

El Proyecto de Real Decreto acaba de terminar su fase de audiencia pública, se han recibido más de 600 alegaciones, “y un número muy relevante demuestra preocupaciones ambientales y sociales”, destaca Transición Ecológica.

Spain DC presentó el jueves sus alegaciones al proyecto de Real Decreto para regular los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los 'data centers', desarrollado por Transición Ecológica y los ministerios de Economía, Comercio y Empresa; y Transformación Digital y Función Pública. El texto salió a consulta en agosto y su plazo de alegaciones se amplió la semana pasada.

El presidente de SpainDC, Emilio Díaz, ha instado este viernes al Gobierno a sentarse a dialogar sobre esta cuestión, puesto que el sector desconocía los planes del Ejecutivo y el real decreto incluía “cosas que eran muy graves” para la industria. “Desde el primer día solicitamos una reunión y se nos remitió a las alegaciones”, ha lamentado, al tiempo que ha avanzado que todavía no hay un encuentro agendado.

Díaz ha añadido que los proyectos de los tres inversores que han amenazado con marcharse si se aprueba el decreto representan el 15% de los 66.900 millones de euros en inversiones previstos para España hasta 2030, informa Europa Press.

Por su parte, la directora ejecutiva de la asociación, Begoña Villacís, ex vicealcaldesa de Madrid con Ciudadanos, ha afirmado: “Podemos negociar, pero lo que no es negociable es que España se convierta en el país más restrictivo de Europa”.

Asimismo, Villacís ha lamentado que España sea el mercado “menos atractivo” de Europa desde que se dio a conocer la nueva normativa en la que trabaja el Gobierno, apuntando que los afectos han sido “devastadores”. “La sensación de inseguridad jurídica que estamos provocando es inadmisible”, ha indicado.

La directora general de SpainDC ha explicado que las alegaciones presentadas “se nutren” de todo el sector, formado por más de 300 socios. “Este real decreto ha conseguido la completa unanimidad en contra de su aplicación”, ha criticado Villacís.

El ministerio recuerda que España “es un país muy atractivo” para los CPD por su ubicación geográfica, su clima y su liderazgo en energías renovables y que la Estrategia de Inteligencia Artificial, actualizada en 2024, “prevé un despliegue de CPD acorde con las previsiones del sector, con una potencia de computación acumulada de 2,5 GW para 2030, equivalentes a unos 4 GW de demanda eléctrica”.

“Sin embargo, ya se han concedido derechos de acceso y conexión a las redes eléctricas por más de 12 GW eléctricos, el triple del objetivo sectorial, y hay un número muy relevante de solicitudes”.

El Gobierno considera que los CPD “son infraestructuras indispensables en una economía moderna y cree que España, a la vista del gran interés de la industria, está en disposición de escoger los mejores CPD, los que aporten más beneficios con el menor impacto ambiental, y sin sufrir un incremento de las facturas eléctricas”.

Como recuerda Transición Ecológica, el borrador establece que “los CPD españoles consumirán un 80% de nueva energía renovable en todas sus horas de funcionamiento –mediante autoconsumo o contratos de suministro a largo plazo–, de un modo similar a lo exigido por las normas europeas para los combustibles de origen no biológico o el hidrógeno de origen renovable, o en las normativas para CPD de Irlanda, Alemania o China. Este requisito desaparecerá cuando el mix de generación supere el 90% de renovables”.

Los proyectos CPD deberán acreditar que cumplen estos requisitos para acceder a la red eléctrica, y el MITECO y Transformación Digital lo comprobarán periódicamente. En el caso de incumplir con el 80% de abastecimiento renovable, sufrirán penalizaciones crecientes en sus facturas eléctricas –en los importes que correspondan en cargos y peajes– para compensar el sobrecoste que, de otro modo, repercutirían sobre el resto de los consumidores de electricidad. Y el incumplimiento reiterado podrá acarrear la pérdida del acceso a la red.

Los proyectos de CPD que no se hayan conectado a la red tendrán un período de seis meses para acreditar su conformidad a estos requisitos o renunciar a sus derechos de acceso a la red, sin la ejecución de las correspondientes garantías.

“El Gobierno quiere un desarrollo ordenado y eficiente de los mejores CPD y evitar los problemas que un desarrollo desordenado ha producido en otros países. Y lo hace aplicando medidas pioneras que se están debatiendo en el ámbito europeo, desde una posición de liderazgo avanzado”, subraya Transición Ecológica.

El Gobierno de Aragón ha presentado cinco alegaciones al proyecto de real decreto estatal que regulará los centros de datos al considerar que su actual redacción puede comprometer la transformación digital y la competitividad y poner en riesgo las inversiones previstas en la comunidad. La consejera de Economía, Eva Valle, ha advertido de que existe ya “mucha inquietud e incertidumbre entre los inversores” ante unas exigencias que, a su juicio, pueden llegar a paralizar tanto proyectos en marcha como nuevas iniciativas.

Valle se ha mostrado partidaria de impulsar el desarrollo sostenible y eficiente de los centros de datos, pero ha considerado que los requisitos contemplados en el borrador “distan mucho de alcanzar el equilibrio deseado”. Aragón es una de las comunidades con mayor volumen de inversiones comprometidas en este sector y el Ejecutivo autonómico teme que el nuevo marco normativo pueda frenar su desarrollo.

La primera alegación cuestiona unas exigencias energéticas que Aragón considera de “casi imposible cumplimiento”. Entre ellas figuran los requisitos establecidos mientras el porcentaje de generación renovable no alcance el 90% en el sistema eléctrico español, la obligación de cubrir el 80% del consumo mediante generación renovable adicional y la denominada correlación horaria, que exige garantizar esa producción hora a hora durante las 24 horas del día. Según Valle, estas condiciones no contribuirían a ordenar el sector, como pretende la norma, sino que supondrían en la práctica una barrera de entrada a la actividad. El Gobierno aragonés considera, además, que unas limitaciones de este alcance requerirían una norma con rango de ley.

La segunda alegación sostiene precisamente que el proyecto excede la habilitación legal otorgada al Gobierno de España para desarrollar esta regulación, al introducir mediante un reglamento limitaciones que afectan al régimen de acceso y conexión a la red eléctrica.

El tercer reparo se refiere a los efectos retroactivos del decreto. Aragón advierte de que las disposiciones transitorias afectarían también a instalaciones que se encuentran ya en tramitación e incluso en fases avanzadas de desarrollo. A juicio del Ejecutivo autonómico, esto supone una alteración sustancial del marco regulatorio, genera inseguridad jurídica y eleva el riesgo de litigios y de posibles reclamaciones patrimoniales contra las administraciones.

Discriminación con otros países

La cuarta alegación apunta a la pérdida de competitividad. Aragón considera que, de aprobarse el decreto en los términos actuales, España tendría un régimen más restrictivo que otros países europeos, con el consiguiente riesgo de que las inversiones terminen desplazándose a otros Estados.

Finalmente, la quinta alegación cuestiona la memoria económica que acompaña al proyecto. El Gobierno aragonés considera que no incorpora una evaluación suficientemente rigurosa de sus consecuencias sobre la economía y la competencia ni analiza adecuadamente sus efectos presupuestarios y territoriales, tanto para el Estado como para las comunidades autónomas.

Para Valle, una regulación de este alcance debería incluir un estudio detallado de su impacto sobre el empleo, la actividad económica, la inversión y la competitividad.

Ante estas objeciones, el Ejecutivo aragonés reclama una revisión integral del texto para evitar que la nueva regulación se convierta “de facto” en una prohibición de la actividad del sector y garantizar que respete los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica y neutralidad competitiva, además de adaptarse a la realidad energética y tecnológica.

Una de las principales preocupaciones del Gobierno aragonés son las tres disposiciones transitorias incluidas en el borrador y su posible incidencia sobre inversiones que se encuentran ya en desarrollo.

Las solicitudes desbordan cualquier previsión

El Ministerio de Transición Ecológica, por su parte, justifica la norma partiendo de una paradoja de escala: España se ha convertido en un destino muy atractivo para centros de procesamiento de datos gracias a su ubicación, clima y peso en renovables, pero el volumen de solicitudes desborda cualquier previsión. La Estrategia de IA (2024) calculaba una demanda de unos 4 GW para 2030, y sin embargo ya se han concedido derechos de acceso a la red por más de 12 GW –el triple del objetivo–, con más solicitudes pendientes.

El desajuste se concentra territorialmente: en Aragón hay ya 3,6 GW concedidos, el triple de la demanda eléctrica actual de la comunidad; en Madrid, 4,1 GW, el doble de su consumo. El Ministerio cita como advertencia los casos de Irlanda, Países Bajos y EEUU, donde el crecimiento desordenado de las granjas de servidores ha disparado precios eléctricos (hasta un 70% en EEUU para 2030 en algunas regiones), generado tensiones hídricas y provocado rechazo social y moratorias.

Frente a esto, el Gobierno defiende que, dado el fuerte interés del sector, España puede permitirse ser selectiva y quedarse con “los mejores” centros de datos: mayor beneficio, menor impacto, sin subir la factura eléctrica al resto de consumidores. El decreto exige dos bloques de requisitos a las instalaciones de más de 1 MW: soberanía digital (operador establecido en la UE, datos en territorio comunitario, salvaguardas frente a accesos de terceros países) y sostenibilidad (etiquetado europeo Categoría A en consumo de agua –WUE– y energía –PUE–, más 80% de energía renovable nueva en todas las horas de funcionamiento, ya sea por autoconsumo o PPA a largo plazo, un umbral que caerá cuando el mix nacional supere el 90% renovable).

El cumplimiento se verificará periódicamente por MITECO y Transformación Digital; el incumplimiento del 80% renovable conlleva penalizaciones crecientes en cargos y peajes eléctricos –para no trasladar el sobrecoste a otros consumidores– y, si se repite, la pérdida del acceso a la red. Los proyectos aún no conectados tienen seis meses para acreditar conformidad o renunciar a sus derechos, sin ejecución de garantías.

El Ministerio cierra señalando que la fase de audiencia pública ya concluyó, con más de 600 alegaciones recibidas, muchas de ellas con preocupaciones ambientales y sociales, y presenta la norma como un ejercicio de “liderazgo avanzado” frente a un debate que, dice, aún está abierto a nivel europeo.

El futuro real decreto sobre centros de datos promovido por el Gobierno de España promete abrir un nuevo conflicto entre el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El barón castellanomanchego ha cargado contra este proyecto normativo, que exigirá que los centros de mayor tamaño respalden con nueva capacidad renovable, acreditada hora a hora, al menos el 80% de su consumo eléctrico.

“Vamos a presentar alegaciones esta semana y eventualmente iremos a los tribunales”, ha advertido el presidente socialista en la localidad de Alovera (Guadalajara), donde ha inaugurado la planta de biomasa de Mahou San Miguel.

Al presidente castellanomanchego, le parece “bastante dramático” para vertebrar y cohesionar un país que “se esté diseccionando” y se quiera “pilotar” el proceso y el mapa industrial en España “de alguna manera divorciando las fuentes primarias de donde termina radicada la riqueza” para que encima, ha apuntado, luego sea la renta y la riqueza de esos territorios beneficiados, incluso en la dictadura. “los que terminen condicionando hasta la financiación autonómica”.

“Si nosotros ponemos la cama. Si nosotros ponemos el territorio, el esfuerzo y la burocracia pensando que cada vez que ponemos placa fotovoltaica facilitamos inversión y vamos a atraer industria que se vincula a la energía renovable, ¿por qué el Gobierno quiere controlar, por ejemplo, la instalación de cualquier centro de datos que hay en España?”, se ha preguntado.

A modo irónico, ha afirmado que confía en que los independentistas, que “son los que mandan”, lo terminen tumbando.

Continuando con el argumento, García-Page se ha preguntado por qué las comunidades autónomas tienen que facilitar la producción de la energía, y, sin embargo, tienen que ver que no deciden y no opinan siquiera en las instalaciones empresariales que dejan empleo y riqueza.

“Me podrán decir muchas cosas, pero tonto, tonto, no me considero”, ha abundado García-Page, quien ha sostenido que confía “muy poco” en que algunas decisiones del Gobierno de España, a la hora de decidir dónde se instalan los centros y las empresas, pasen por su tierra. Por tanto, “vamos a presentar alegaciones esta semana y eventualmente iremos a los tribunales”, ha adelantado.

Un fondo de inversión norteamericano, Franklin Templeton, ha comprado una participación mayoritaria en la sociedad que promueve en Cantabria el Campus Tecnológico Altamira. Una iniciativa que, por el momento, solo es un proyecto sobre el papel con el motor de un futuro centro de datos que no tiene acceso al suministro eléctrico que necesita para funcionar, por lo que está paralizado. Las obras tenían que haber empezado en enero de 2026.

La noticia del cambio de manos de la promotora -adelantada por El Diario Montañés, y anunciada por los nuevos propietarios en un comunicado - no informa de cuánto ha pagado por adquirir Stoneshield Capital.

Los nuevos propietarios entran como socios capitalistas pero la gestión seguirá en manos de Felipe Morenés, uno de los hijos de Ana Botín, y su soocio Juan Pepa, que conservan el 25% de la firma.

Por el momento no ha trascendido el importe económico de la operación.

La compra tampoco la realiza directamente el fondo de inversión, sino que lo ha hecho a través de su filial inmobiliaria, Clarion Capital, un objeto social que se distancia de la tecnología para centrarse en el mercado de compra venta y promoción de terrenos y propiedades.

La previsión es que la operación -en la que Stoneshield Capital ha estado asesorado por Goldman Sachs- se cierre en las próximas semanas, antes de que acabe el año.

La gestora de Juan Pepa y Felipe Morenés se fundó en 2018 y está especializada en el negocio de las residencias y alojamientos para estudiantes, infraestructura digital, hostelería e infraestructuras críticas. También posee participaciones en varias de las plataformas de activos reales, entre ellas MiCampus, Solaria, Exolum, Neinor Homes y Meliá Hotels International.

Centro de datos en Cantabria

En febrero de 2025, el Gobierno de Cantabria presentó públicamente a Stoneshield como la sociedad promotora del Proyecto Altamira, un macrocentro de datos de 500 megavatios con una inversión prevista de 3.600 millones que promete crear 1.500 empleos en la comunidad autónoma y que se ubicará en suelos de Villaescusa y Piélagos. Se anunció que estaría en marcha en 2032.

Sin embargo, esta iniciativa empresarial la gestiona otra sociedad que se creó cinco meses antes de anunciarse del proyecto con un capital social mínimo de 3.000 euros.

La promotora inicial ha tenido un efímero protagonismo real y enseguida pasó a un segundo plano. En apenas unos meses se han sucedido varios nombres: Stoneshield, una sociedad del holding; XDC Properties, su nueva filial de centros de datos que se estrena con su primer proyecto en Cantabria, y Tavira, que es la firma que lo desarrolla oficialmente, hasta que se cambió otra vez el nombre. El BORME del pasado 23 de junio certifica que ahora ha pasado a ser XDC North Coast S.L., una asesora y relaciones públicas de empresas constituida, como las dos anteriores, en septiembre del año pasado.

Compra de los terrenos

El único movimiento ha sido la compra de los terrenos. La promotora compró la mitad de las parcelas públicas donde se ubicará el futuro campus tecnológico tres meses antes de anunciarse el proyecto. Cuando el Gobierno del Partido Popular de Cantabria y el fondo de inversión Stoneshield presentaron la millonaria inversión ya se había tramitado la adquisición del suelo industrial e incluso estaba redactado el trámite urbanístico del PSIR para la primera fase de las tres en las que se desarrollará el proyecto.

Finalmente, adquirió 636.432 metros cuadrados de suelo industrial, sin actividad desde hace casi veinte años, en el polígono de VIPAR, una sociedad mercantil pública creada en 2008 participada en un 85% por la empresa pública SEPIDES (Gobierno de España) y en un 15% por SICAN (Gobierno de Cantabria) en los términos municipales de Piélagos y Villaescusa. Desembolsó por el ellos más de nueve millones de euros.

Documento censurado

Como publicó elDiario.es, el proyecto estrella del Ejecutivo cántabro del PP, una inversión millonaria, se avaló con un dosier de 15 páginas que llegó censurado al Parlamento autonómico y que, por tanto, los diputados cántabros no conocen. El promotor privado ha pedido que no trascienda la información más sustancial: las características técnicas, el impacto económico y la viabilidad económico-financiera.

Con este documento el Gobierno de Cantabria ha aprobado su catalogación como primer proyecto empresarial estratégico de la comunidad.

La Plataforma 'Salvemos los Pinares de Venecia', en colaboración con el colectivo 'No es sequía, es saqueo', han convocado una charla informativa sobre el centro de datos que proyecta construir la multinacional Microsoft en los terrenos anexos a Puerto Venecia, en Zaragoza.

La charla se ha programado para este jueves, 10 de septiembre, en la sala Venecia, ubicada en la calle de Lasierra Purroy, 10, en el distrito zaragozano de Torrero.

La mesa informativa estará moderada por el periodista Juanjo Hernández e intervendrán expertos como el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza, Pedro Arrojo, y la representante de la plataforma convocante, Gracia Gómez, entre otros.

En la charla se informará a la ciudadanía sobre los problemas que la implantación de este centro de datos puede ocasionar en el distrito y en la ciudad en cuanto a consumo de agua y de energía, así como el aumento de temperaturas en el entorno y su repercusión en el pinar.

Por otro lado, se comentarán también las actuaciones que desde la Plataforma 'Salvemos los Pinares de Venecia' se han desarrollado estos meses pasados “denunciando las irregularidades de Microsoft en el vallado del espacio, el corte de caminos y el movimiento de tierras en una escombrera con amianto, entre otras actuaciones”.

La plataforma ha presentado más de 400 alegaciones ante el Gobierno de Aragón en contra de la nueva evaluación de impacto ambiental del centro de datos que Microsoft planea instalar junto a Puerto Venecia, en Zaragoza.

El de los centros de datos en Aragón comienza a ser un sueño inalcanzable. Al menos, al ritmo al que aspiran los promotores privados y el Ejecutivo autonómico. Los proyectos ya autorizados reclaman a la red más del doble de electricidad de lo que la comunidad es capaz de consumir en su momento de mayor demanda: ni sumando toda la energía renovable que hoy produce la región habría suficiente para alimentarlos. Cubrir esa diferencia exigiría multiplicar la potencia solar y eólica instalada y alfombrar de placas y aerogeneradores una parte sustancial del territorio. Y eso sin contar con las exigencias extras que introduce el decreto ley del Gobierno central para centros de datos, unos requisitos en fase de proyecto que el sector y el propio Ejecutivo aragonés consideran prácticamente imposibles de cumplir.

Aragón tiene una punta de demanda eléctrica de 1.700 megavatios (MW). Los centros de datos que ya cuentan con acceso concedido a la red acumulan, sin embargo, 3.600 MW: 2.400 en la red de transporte y 1.300 más en distribución. Más del doble de toda la punta de la comunidad. Y esa cifra no incluye ni los permisos pendientes de resolver ni las nuevas solicitudes que siguen llegando. Si se pusieran en marcha únicamente los proyectos que ya tienen luz verde, la demanda eléctrica aragonesa se triplicaría. Ni siquiera toda la generación renovable que produce hoy Aragón –18.721,6 GWh al año, según el Boletín de Coyuntura Energética del Gobierno de Aragón– bastaría para alimentarlos, sin contar el resto de la demanda residencial e industrial que ya sostiene la región. Los centros de datos se han llevado, por sí solos, el 67% de toda la nueva capacidad concedida a consumidores en la red de distribución aragonesa.

La foto no es exclusiva de Aragón. A nivel nacional, ya se han concedido derechos de acceso y conexión a la red eléctrica por más de 12 gigavatios (GW), el triple del objetivo que se marca la propia Estrategia de Inteligencia Artificial del Ejecutivo para 2030 (2,5 GW de computación acumulada, equivalentes a unos 4 GW de demanda eléctrica). Y hay, advierte el propio Ministerio, “un número muy relevante de solicitudes” todavía por resolver.

Un decreto para poner coto, en pleno agosto

Para intentar ordenar ese desbordamiento, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico –junto con los de Economía, Comercio y Empresa, y Transformación Digital y Función Pública– sometió a información pública el pasado 27 de agosto, por vía de urgencia, un proyecto de real decreto que fija requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, de resiliencia y de soberanía digital para los centros de procesamiento de datos.

El plazo inicial de alegaciones de siete días se amplió hasta este jueves “en aras de facilitar la participación de los interesados”, según el Miteco. El Gobierno accedió a la prórroga después de que la patronal SpainDC –que tiene como directora ejecutiva a la ex de Cs Begoña Villacís– trasladara su “preocupación” por un texto que, a su juicio, podría “comprometer inversiones reales” cifradas en hasta 60.000 millones de euros.

El borrador exige a los centros de datos de más de 1 MW un índice de eficiencia energética (PUE) de 1,15 o inferior y un índice de eficiencia hídrica (WUE) de 0,1 litros por kilovatio hora o menos, ambos más estrictos que cualquier normativa comparable en la Unión Europea. Obliga también a cubrir el 80% del consumo con energía renovable adicional –proveniente de plantas puestas en marcha en una ventana de dieciocho meses en torno a la conexión del centro de datos– y exige que esa cobertura se cumpla hora a hora, no en balance anual. El incumplimiento puede acarrear, en los casos más graves, la pérdida del permiso de acceso y conexión ya concedido.

Aragón apura el plazo para las alegaciones

El Gobierno de Aragón presentará sus propias alegaciones este jueves, último día de plazo, según avanzó el lunes la consejera Eva Valle. El Ejecutivo autonómico comparte, dijo la titular de Economía, “la necesidad de asegurar la sostenibilidad energética y medioambiental”, pero reclama hacerlo “de manera equilibrada y proporcional”, de forma compatible con el desarrollo de una infraestructura que considera “estratégica para la economía del futuro” y para la capacidad de competir de la región y de las empresas aragonesas. “Esto no es lo que hace el proyecto de real decreto, que de aprobarse como está constituye un verdadero riesgo para la implantación de centros de datos en todo el país, en particular en Aragón, que tiene un porcentaje más elevado de compromisos ya realizados y de tramitaciones ya en marcha de centros de datos”, recalcó Valle.

La consejera atribuyó ese riesgo a que el proyecto incorpora requisitos “casi de imposible cumplimiento” tanto para los proyectos ya en tramitación como para los nuevos, un diagnóstico en el que –subrayó– coinciden también las asociaciones del sector, que hablan de “la práctica imposibilidad de cumplir no solo individualmente cada uno de los requisitos, sino también todos ellos en su conjunto”. Valle reprochó además al Ministerio haber elaborado la propuesta “sin ningún tipo de diálogo previo”.

Antes que el Gobierno de Aragón, ha sido el propio sector energético el que ha puesto sobre la mesa sus alegaciones. El Clúster de la Energía de Aragón (Clenar), que representa a las empresas del sector ante las administraciones, ha registrado ya un escrito de 49 páginas ante la Dirección General de Política Energética y Minas con 68 propuestas de modificación. El argumento central de Clenar es jurídico: el real decreto no ofrece, sostiene la patronal, cobertura legal suficiente para limitar de forma tan severa la libertad de empresa que garantiza el artículo 38 de la Constitución. La disposición que habilita el desarrollo reglamentario es, en palabras del escrito, “una remisión en blanco” que no predetermina “los aspectos esenciales de la cuestión regulada”, lo que –de aprobarse tal cual está redactado– podría incurrir “en nulidad de pleno derecho”.

Clenar objeta también la aplicación retroactiva de los nuevos requisitos a proyectos con permisos ya solicitados u otorgados, y recuerda que el artículo 33.2 de la Ley del Sector Eléctrico solo permite denegar un acceso por falta de capacidad de red, no por incumplimiento de estos nuevos criterios de sostenibilidad, un argumento que ya esgrimió la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en enero de 2026 para tumbar una propuesta anterior similar.

Lo que el propio sector calcula que haría falta

Es el propio informe de Clenar el que ofrece una radiografía de la magnitud del problema territorial que denuncia la consejera Valle. Tomando como referencia los 2.500 MW de centros de datos comprometidos en Aragón, la patronal calcula que cumplir los requisitos de adicionalidad y correlación horaria del borrador exigiría instalar en la región 15,1 GW fotovoltaicos y 12,4 GW eólicos –combinados con 12,5 GW de baterías de ocho horas de capacidad– o, si se optara solo por fotovoltaica, 25 GW con 10 GW de baterías.

Frente a los 3,3 GW fotovoltaicos y los 5,7 GW eólicos instalados en Aragón a cierre de 2025 –según el Boletín de Coyuntura Energética del Gobierno de Aragón–, eso supondría instalar un 462,4% de la potencia fotovoltaica actual y un 216,8% de la eólica, además de la totalidad de los 12,5 GW de baterías necesarios. A escala del conjunto de España, solo para cubrir la demanda de los centros de datos aragoneses habría que sumar más de un 27% de fotovoltaica, un 36,9% más de eólica y un 4.807% más de baterías de las que existen hoy... en todo el país. A eso hay que sumar que la capacidad de baterías es todavía muy marginal: 46 MW instalados de dos parques y cuatro plantas y 809 MW en tramitación, según datos del propio Ejecutivo autonómico.

Esas cifras encajan con las que ya había adelantado un estudio del Instituto CIRCE y la Universidad de Zaragoza: el escenario sobre granjas de servidores que maneja el propio Gobierno central exigiría cubrir hasta el 39% del territorio aragonés con instalaciones renovables, de los que entre el 24% y el 32% corresponderían solo a los centros de datos. Y ese estudio, además, calcula sus cifras en balance anual, no en correlación horaria –el criterio más exigente que impone el borrador del Miteco–, lo que las convierte en un suelo mínimo: el despliegue real necesario sería aún mayor.

Se acelera el proyecto de implantación del centro de datos de Meta en Talavera de la Reina. Tras varios retrasos, cambios en los expedientes administrativos sobre las necesidades de agua y el impacto ambiental, y algún que otro traspié en cuanto al reconocimiento de los titulares del suelo, los trámites para las operaciones de la empresa de Mark Zuckerberg que agrupa a Facebook, WhatsApp o Instagram, están ahora en manos del Ayuntamiento de la ciudad.

Zarza Networks, la empresa promotora y filial de Meta, ya ha formalizado y constituido una fianza de un millón de euros. Se trata de la garantía urbanística (vinculada a la monetización del 49% del aprovechamiento urbanístico de titularidad municipal) que está asociada a su tramitación como Proyecto de Singular Interés (PSI) en la comunidad autónoma.

De esta forma, se activa la fase final de tramitación administrativa y el inicio de las actuaciones técnicas sobre el terreno. Ahora, el siguiente paso es que la Dirección General de Planificación Territorial y Urbanismo del Gobierno regional emita la correspondiente certificación administrativa del proyecto.

Precisamente, Silvia López, la titular de este departamento, dependiente de la Consejería de Fomento, explica que tras la aprobación de la reparcelación, unida al pago de la fianza por parte de la empresa promotora, permite seguir dando “pasos decisivos” en la ordenación y desarrollo de los terrenos sobre los que se implantará el futuro campus del centro de datos,

Con esa certificación de la garantía, el Ejecutivo procederá a la inscripción en el Registro de la Propiedad de las parcelas resultantes que han sido aprobadas. Así quedaría jurídicamente definida la distribución y titularidad del suelo industrial en el Polígono Torrehierro de Talavera, donde se implantará el 'data center'.

Posteriormente, al haberse completado la ordenación regional, será el turno del Ayuntamiento. Meta debe presentar los proyectos de ejecución y construcción detallados ante la Corporación Local, que se encargará de tramitar de forma prioritaria (al ser un PSI) las correspondientes licencias de obras y actividad para iniciar la edificación.

El propio alcalde de la ciudad, José Julián Gregorio (PP), sacó pecho recientemente de este proceso al afirmar que el Ayuntamiento será “más rápido” que el Gobierno castellanomanchego en este proceso. Pero tampoco habló de ninguna fecha concreta.

Lo que sí está claro es que cuando la promotora tenga las licencias correspondientes, las máquinas podrán comenzar los trabajos de acondicionamiento físico del terreno, canalizaciones y acometidas de suministros necesarios en las más de 190 hectáreas que ocupará el campus tecnológico. Después se iniciará la construcción por fases de los edificios principales que albergarán los servidores e infraestructura digital.

Meta ya detalló que tiene proyectado desarrollar este centro de datos de forma progresiva. Según el cronograma del plan de implantación, se dio un plazo máximo de hasta 10 años para la finalización y consolidación absoluta de la totalidad de las instalaciones.

El horizonte final, en 2030

En realidad, se trata de una flexibilidad temporal que permite a la empresa ir poniendo en marcha algunos módulos de centros de datos de manera escalonada en función de la demanda global de sus servicios. El horizonte final es que sus operaciones globales funcionen a pleno rendimiento en 2030.

Meta prevé una inversión estimada en torno a los 750 millones de euros en este proyecto, que incluso podría superar los 1.000 millones según el desarrollo definitivo de las instalaciones.

En términos de empleo, hasta ahora el Gobierno de Castilla-La Mancha ha sostenido que generará 250 puestos de trabajo directos estables y de alta cualificación profesional en su fase operativa, apoyando un total de 780 empleos anuales en la región al sumar la cadena de suministro y el consumo inducido.

Asimismo, durante los años previstos para el desarrollo por fases de las obras, se requerirá una media de cientos de trabajadores de la construcción en el emplazamiento.

Además, el Plan de Singular Interés (PSI) también prevé recuperar los corredores ecológicos de los arroyos Zarzueleja y Cervines para crear un gran parque fluvial público de entre 50 y 60 hectáreas para el disfrute recreativo de los vecinos de la pedanía de Gamonal y de toda la comarca, además, de la urbanización de los accesos a esta última y la reserva de suelo necesaria para la futura ampliación de su cementerio municipal.

En su estudio de impacto ambiental detalla que habrá “cero contaminación lumínica” y estima un consumo directo de agua de 0,2 hectómetros cúbicos al año gracias al uso de refrigeración por aire seco,.

Esta segunda fase de la implantación del 'data center' de Meta en Talavera se produce mientras el Gobierno prepara una normativa para endurecer los requisitos de funcionamiento de este tipo de infraestructuras.

Los Ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Economía, Comercio y Empresa, y Transformación Digital y Función Pública, van a iniciar el trámite de audiencia pública, por la vía de urgencia, del proyecto de Real Decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a estos centros.

El Gobierno quiere proyectos sostenibles y con 'carné europeo'

El objetivo, explican fuentes gubernamentales, es que sean “sostenibles, eficientes y soberanos”, y avanzar en su desarrollo ordenado de forma que cumplan los estándares europeos de eficiencia hídrica y energética más exigentes. Entre las obligaciones está que respalden con nueva generación renovable, cada hora de funcionamiento, el 80% de su consumo energético.

Entre otros muchos objetivos, estudian exigir ‘carné europeo’. Es decir, que deba operarlos una entidad establecida en la UE para mantener los datos relativos a la operación de la infraestructura en territorio comunitario y adoptar medidas frente a los accesos de autoridades de terceros países no amparados por el Derecho europeo.

La empresa Zarza Networks S.L. que va a operar en Talavera de la Reina está establecida en Madrid, según figura en el Registro Mercantil. Y su filial, Meta, está establecida legalmente en la Unión Europea. Aunque la matriz global es una multinacional estadounidense con sede central en California, todas sus operaciones, servicios y el tratamiento de datos de los usuarios dentro de la UE se gestionan a través de su filial europea oficial: Meta Platforms Ireland Limited, con sede en Dublín.

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica este lunes la autorización administrativa previa para las infraestructuras eléctricas de consumo del Data Center Nostrum Evergreen (DC Badajoz), el centro de computación de datos e inteligencia artificial que Data Riocaya, SLU proyecta en los terrenos de la Plataforma Logística de Badajoz.

La autorización supone un nuevo paso administrativo para un proyecto que la Junta de Extremadura calificó el pasado mes de noviembre como Proyecto Empresarial de Interés Autonómico (PREMIA). Esta declaración implica, entre otras consecuencias, el reconocimiento de utilidad pública o interés social y la declaración de urgencia de la ocupación de los bienes afectados por las instalaciones.

En concreto, la autorización autonómica afecta al campo de 220 kilovoltios, la subestación de enlace y el trazado subterráneo de los cables conductores asociados. La tramitación del resto de la subestación de enlace y de las líneas que conectarán estas instalaciones con la red de transporte corresponde a la Administración General del Estado.

Según recoge el DOE, las instalaciones cuya autorización depende de la Comunidad Autónoma ya cuentan con el reconocimiento de utilidad pública, por lo que el trámite que ahora se resuelve se limita a la concesión de la autorización administrativa previa.

Durante el periodo de información pública no se presentaron alegaciones al proyecto. Además, la empresa ha manifestado su aceptación de los condicionados incluidos en los pronunciamientos e informes emitidos por las distintas administraciones públicas y por las empresas de servicios públicos o de interés general afectadas.

Una inversión de 1.913 millones

El proyecto Data Center Nostrum Evergreen contempla una inversión prevista de 1.913 millones de euros y la creación de unos 330 puestos de trabajo. La previsión de la promotora es que las instalaciones puedan estar en funcionamiento en 2031.

El centro está diseñado para alcanzar una capacidad de acceso conectada a la red eléctrica de hasta 300 megavatios y se presenta como una infraestructura destinada a la computación de datos y a aplicaciones de inteligencia artificial.

La iniciativa pretende incorporar estándares de eficiencia energética, sostenibilidad y seguridad operativa y se desarrollará en los terrenos de la Plataforma Logística de Badajoz.

La calificación como PREMIA otorgada por la Junta busca agilizar la tramitación administrativa de proyectos considerados estratégicos para la economía extremeña. En este caso, el expediente continúa ahora con las actuaciones que corresponden a la Administración General del Estado para completar la conexión del complejo con la red de transporte.

“Yo mandé mi currículum y ellos decidieron ponerme el número dos de la lista”, cuenta Diego Solier. Un resultado electoral inesperado, una tormentosa ruptura con Se Acabó La Fiesta (SALF) y una denuncia por acoso contra Luis 'Alvise' Pérez después, este eurodiputado de 46 años sin experiencia previa en política será una de las personas con mayor capacidad de influencia sobre la próxima gran infraestructura tecnológica del continente.

Solier será el ponente principal de CADA, siglas en inglés de la Ley de Desarrollo de la Nube y la Inteligencia Artificial. Es la norma que debe establecer el marco para la construcción masiva de centros de datos en Europa. Desde su posición, Solier será el arquitecto principal de la posición del Parlamento Europeo y una figura central del proceso legislativo. La negociación sobre qué incentivos tendrán las empresas para construir estas infraestructuras, su gasto energético, su impacto medioambiental o su independencia de los gigantes tecnológicos de EEUU pasará por sus manos.

Una responsabilidad que contrasta con una trayectoria política poco convencional. Solier, ingeniero informático, llegó al Parlamento Europeo tras las elecciones de junio de 2024. Unos comicios en los que SALF consiguió tres diputados tras protagonizar un vertiginoso ascenso en las encuestas. Con una campaña centrada únicamente en la figura del agitador ultra, el partido fue el sexto más votado de España, a menos de medio punto del cuarto puesto.

El resultado le granjeó tres representantes en la Eurocámara y sorprendió incluso a su propio líder, que ha admitido que conoció personalmente a Solier poco antes de la cita con las urnas. Hoy esa campaña está siendo investigada por el Tribunal Supremo, después de que saliera a la luz que Álvaro Romillo, un empresario de las criptomonedas al que Alvise llegó a promocionar en un acto multitudinario en Madrid, le entregó 100.000 euros en metálico, dos semanas antes de las elecciones. Este agosto los magistrados han desestimado el intento de Alvise para impedir el rastreo de otros tres monederos de criptomonedas que Romillo creó para que el agitador pudiera recibir donaciones anónimas.

El “músculo”

La alianza de Alvise con Solier y Nora Junco, la otra eurodiputada de SALF, duraría poco. La relación había sido complicada desde el principio, asegura Solier (“Se dedicaba a hacer vídeos de risa”, lo que alejaba a “la gente seria”, explica), pero todo se precipitó en abril de 2025. Entonces, el agitador insinuó que sus compañeros habían sido comprados por el lobby armamentístico a raíz de su voto a favor de destinar 800.000 millones de euros para el rearme europeo, algo a lo que Alvise se oponía.

“Yo no puedo controlar, no sé si han venido lobbies por detrás y me han comprado un eurodiputado mío, yo sé lo que voto yo. Te viene un lobby armamentístico a cenar contigo y te deja un maletín al lado y se levanta y se va”, declaró el líder ultraderechista. En esa misma intervención, Alvise hizo un llamamiento directo a sus seguidores para localizarlos y “poner el pie en nuestro cuello y aplastarnos”, denuncia Solier en conversación con elDiario.es, negando las acusaciones sobre soborno.

El ataque hizo que los dos eurodiputados de SALF se desligaran de Alvise, le denunciaran por acoso y se unieran a los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), el grupo de Giorgia Meloni y Fratelli d'Italia. Solier asegura que ese salto tuvo muy poco impacto en su proyecto político, puesto que “la gente que estuvo detrás” de la candidatura de Alvise “sigue trabajando” con ellos.

“Nosotros nunca hemos pertenecido a ningún partido político. Fuimos parte de una agrupación de electores que es verdad que estuvo liderada por una persona. Pero para que él se presentara a unas elecciones europeas, hubo gente trabajando para que eso pasara. Esa gente sigue trabajando con Nora Junco y Diego Solier. Los que pusieron el músculo, la idea, la ideología, hasta el nombre de la agrupación y el logo, siguen estando con nosotros”, asegura el eurodiputado.

Solier prefiere no dar nombres ante las preguntas de este medio. “Son gente que estuvo detrás. A mí, por ejemplo, me contactó una persona del mundo tecnológico con la que había trabajado en algunos proyectos, una persona de mi confianza con una mente brillante, que me dijo: 'Mira Diego, estamos, estoy diseñando esto y estamos buscando a gente profesional que ame a su país'. Tras hablarlo con mi familia, decidimos dar el paso”, continúa el eurodiputado.

Pese a ese distanciamiento, Solier sigue expresando posiciones cercanas a SALF en aspectos como las vacunas. Según El Confidencial, durante la pandemia escribió en la red entonces conocida como Twitter comentarios como “díganme si está justificada la vacunación masiva e indiscriminada de niños, jóvenes y aun de menos jóvenes”, o acusando al Gobierno imponer una “dictadura” por las medidas de confinamiento.

Hoy esos comentarios no aparecen en su perfil. Solier niega a este medio ser “antivacunas”, sino “un defensor de la libertad”. “No me gusta obligar a la gente a vacunarse. Que cada uno decida qué es lo mejor para uno mismo, para su familia”, afirma, revelando que él se puso las vacunas contra el covid pero sus hijos, no.

“Alianzas” con los gigantes de EEUU y energía nuclear

Antes de esa llamada, Solier era el responsable global de la infraestructura informática de Attindas, una multinacional especializada en productos para la incontinencia, como pañales para adultos e infantiles. Cuenta con más de 2.000 empleados y fábricas en España, Suecia, Italia y EEUU. El eurodiputado, cuyo currículum en la web oficial del Parlamento Europeo está en blanco, acumula más de 20 años de experiencia en puestos relacionados con IT corporativo.

Defiende que ha sido esta trayectoria el motivo por el que ha sido elegido por los ultraconservadores de ECR para la ponencia de CADA. En el Parlamento Europeo, las ponencias para las diferentes regulaciones se reparten en un sistema de subastas, en las que cada partido tiene tantos puntos como eurodiputados. Cuando logran la ponencia de un determinado dosier, escogen al eurodiputado que se encargará de ella mediante procedimientos internos.

Así es como Solier ha llegado a CADA. El eurodiputado se encuentra en “período de escucha”, pero avanza algunos de los puntos clave que marcarán la primera redacción de esta importante ley, como la defensa de la energía nuclear y las “alianzas” con las multinacionales tecnológicas de EEUU.

El eurodiputado admite la “incertidumbre” que existe en muchos sectores sobre la proliferación de los centros de datos. Sin embargo, expone que para desarrollar su propia inteligencia artificial, “Europa necesita unos recursos de computación de los que ahora mismo carece”. “CADA pretende ayudar a que esa industria que necesitamos se pueda desarrollar”, algo que, a su juicio, se conseguirá “simplificando la normativa” y “consiguiendo que venga capital para invertir”.

La norma debe ayudar a que las empresas europeas crezcan, “ganando en soberanía, pero no aislándonos”, pide. Sostiene que ganar autonomía “no significa aislarnos del mundo” sino retener el “poder de decisión” cuando los estados europeos realmente lo requieran. Para Solier, no deben tratarse igual los sistemas críticos de defensa de un país que la información corporativa estándar de los mercados privados, la cual debería poder seguir alojándose en las plataformas que resulten más competitivas.

Tenemos que tejer alianzas con las empresas punteras a nivel tecnológico que existen en el mundo. Eso no significa que nos tengamos que vender o estar atados a ellos

“CADA propone distintos niveles de soberanía y según el tipo de dato y el tipo de inteligencia artificial, podrá estar alojado en un nivel diferente. Pero eso tenemos que hacerlo en paralelo con las alianzas con las empresas punteras a nivel tecnológico que existen en el mundo. Eso no significa que nos tengamos que vender o estar atados a ellos. Tenemos que tejer esas alianzas a la vez que trabajamos en generar un ecosistema de innovación 100% europeo”, resume.

Una política que deberá complementarse con el otro gran reto de la redacción de CADA: la energía. El eurodiputado defiende la energía nuclear para potenciar la IA, como está haciendo EEUU, y critica el plan de cierre de centrales del Gobierno, que ya ha quedado cuestionado con la prórroga hasta 2030 de la planta de Almaraz, en Cáceres. “Hay que revisar ese calendario de cierre nuclear que no nos beneficia para nada”.

“No es que yo sea pronuclear o no, lo que estoy es en contra de eliminar tecnologías que se han declarado oficialmente a nivel europeo como eficientes y verdes”, afirma, apuntando a otros países europeos: “En Alemania, por ejemplo, se han dado cuenta del tema nuclear y están desarrollando planes para abrir centrales nucleares”.

Aunque el calendario oficial para la tramitación de la ley sigue pendiente de que la comisión parlamentaria correspondiente formalice el nombramiento de todos los “ponentes en la sombra” (como se denomina a los representantes del resto de partidos que estarán en contacto directo con Solier), el eurodiputado avanza a este medio que su objetivo es conseguir la luz verde del Parlamento Europeo para “junio o julio del año que viene”, dejando el texto listo para arrancar las negociaciones de los trílogos con los Gobiernos europeos.

El grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado 25 alegaciones a la modificación del Plan de Interés General de Aragón (PIGA) de Microsoft, que afecta a los términos municipales de Zaragoza, La Muela y Villamayor de Gállego, y que incorpora nueva documentación ambiental sobre el proyecto. Además, solicita la paralización de la licencia de los trabajos previos ligados a uno de los dos centros de datos proyectados en la capital aragonesa, en concreto, el de Puerto Venecia, por posible contaminación de los terrenos.

La formación ha alertado también de la forma en la que el Gobierno de Aragón ha tramitado esta modificación publicada el pasado 30 de julio en el BOA, en pleno periodo estival, con el anuncio de información y participación pública, concediendo únicamente 23 días para presentar alegaciones.

Para la portavoz de ZeC, Elena Tomás, esta forma de actuar supone “un nuevo intento de hurtar a la ciudadanía el conocimiento del verdadero alcance de unos proyectos que van a tener consecuencias directas sobre la ciudad y sobre recursos tan esenciales como el agua y la energía”.

A su juicio, el Gobierno de Aragón vuelve a actuar “con agosticidad, poniendo las condiciones más difíciles posibles para que la ciudadanía pueda informarse y participar”, pero ha comentado que esta vez “no les ha salido bien” porque “pese a las fechas, los vecinos se han organizado y han presentado cerca de medio millar de alegaciones”. Pero Tomás considera que esta respuesta ciudadana demuestra que, cuando la población conoce las afecciones reales de los llamados megacentros de datos, “cuestiona la alfombra roja que el PP, el Gobierno de Azcón y el Ayuntamiento de Zaragoza están poniendo a estos proyectos”.

Más de mil árboles afectados

Las 25 alegaciones presentadas por ZeC se centran especialmente en las afecciones ambientales que tendría el centro de datos previsto en Puerto Venecia, en el entorno del distrito de Torrero.

En concreto, ZeC ha alertado de las afecciones sobre la biodiversidad y el arbolado de lo Pinares Venecia -con más de un millar de árboles potencialmente afectado-, del incremento del riesgo de inundaciones en la zona y de los problemas asociados al consumo energético, el agua necesaria para la refrigeración de las instalaciones y los posibles vertidos.

“Estamos hablando de proyectos que no pueden analizarse como si fueran una nave industrial más. Su consumo de agua y energía es enorme y sus impactos no terminan en la parcela donde se construyen”, ha advertido Elena Tomás.

Además, ha puesto el foco en el impacto climático de estas infraestructuras, “especialmente preocupante” en una ciudad como Zaragoza. “Llevamos años advirtiendo de que la ciudad tiene que prepararse para un escenario de temperaturas cada vez más extremas. Este verano hemos vuelto a sufrir temperaturas extraordinariamente altas, con episodios de 40 grados durante el día y noches que apenas dan tregua. Y mientras tanto, el Gobierno de Chueca pretende instalar un megacentro de datos en mitad de un barrio”, ha criticado.

La portavoz de ZeC ha recordado que el propio Plan de Adaptación al Cambio Climático 2030 del Ayuntamiento de Zaragoza identifica el incremento de las temperaturas y las olas de calor como una de las principales amenazas para la vida y la salud de la ciudadanía y establece la necesidad de alinear el desarrollo industrial con los riesgos climáticos.

“Resulta difícil entender cómo puede encajar la instalación de estos centros de datos con esa estrategia de adaptación al cambio climático. Es como encender un radiador en verano”, ha resumido.

Afección térmica

El grupo municipal de ZeC se ha remitido a estudios recientes, entre ellos investigaciones lideradas por científicos de la Universidad de Cambridge, que apuntan a incrementos de la temperatura superficial del suelo alrededor de 10 kilómetros de los centros de datos y el casco urbano de Zaragoza tiene menos de esa distancia y en su alrededor se proyectan más de una decena de megacentros de datos.

“¿Alguien está estudiando qué ocurre cuando se acumulan todos estos impactos? ¿Qué pasa con la temperatura, con el agua, con la energía y con el territorio cuando dejamos de mirar cada proyecto de manera aislada?”, ha preguntado la portavoz de ZeC.

En la ciudad de Zaragoza se prevé instalar dos grandes centros de datos, uno en mitad del barrio de Torrero, en Puerto Venecia, y otro en el barrio rural de la Cartuja Baja cerca al polígono Empresarium, utilizando terrenos rústicos.

El perímetro del casco urbano de la ciudad es de menos de 10 kilómetros, y además en el entorno cercano a la ciudad lo que podrá ser el área metropolitana --Villanueva de Gállego, La Puebla de Alfindén, La Muela, Villamayor-- el Gobierno de Aragón tiene la intención de autorizar la construcción de más de una decena de mega centros de datos. Según apuntan los expertos este aumento de temperaturas no sólo podría extenderse a toda la ciudad si no superponerse agravando aún más el problema, ha avisado.

ZeC ha considerado “especialmente grave” que el debate sobre los centros de datos se aborde proyecto a proyecto, sin analizar el impacto acumulado de todos ellos. Estas instalaciones requieren grandes cantidades de electricidad y agua para mantener refrigerados sus sistemas y el incremento de la demanda puede terminar afectando a otros usos estratégicos.

“En un contexto de cambio climático, sequía y escasez de agua, no podemos permitir que se comprometan recursos que también necesitan nuestros vecinos, la agricultura o el resto de actividades industriales”, ha señalado Tomás.

La formación también cuestiona el argumento de que estos proyectos son una gran oportunidad de empleo. “Nos hablan de grandes inversiones de miles de millones, pero cuando se miran los puestos de trabajo reales son menos de 200 empleos. Mientras tanto, se pone en riesgo recursos que pueden ser fundamentales para el desarrollo de nuestro tejido industrial”, ha comparado.

Contaminación de los terrenos

Por su parte, el concejal de ZeC, Suso Domínguez, ha centrado sus críticas en la tramitación municipal de la licencia de limpieza y desescombro de los terrenos del centro de datos de Puerto Venecia y ha pedido que se paralice hasta aclarar las dudas sobre la contaminación de los terrenos y el destino de los residuos que se pretenden retirar.

“Los que los propios vecinos han advertido reiteradamente de la posible existencia de residuos contaminantes. Tenemos además información sobre la presencia de amianto y sulfatos y estamos hablando de más de 800 toneladas de materiales que tendrían que ser gestionados correctamente”, ha explicado.

El concejal de ZeC y presidente de la Junta de Torrero ha tildado de “especialmente preocupante” las discrepancias entre la documentación presentada ante el Ayuntamiento y la documentación inicial del PIGA sobre las características y el tratamiento de estos materiales.

“No podemos permitir que se conceda una licencia para limpiar unos terrenos sin saber exactamente qué contienen, qué nivel de contaminación presentan y, sobre todo, dónde van a terminar. La ciudadanía tiene derecho a saberlo antes de que entren y salgan camiones de la zona todos los días”, ha afirmado Domínguez.

Así, ha exigido conocer el destino final de las 800 toneladas de residuos después de que se haya planteado trasladarlos al antiguo vertedero de Las Canteras.

Domínguez ha apremiado a que el Ayuntamiento garantice que todas las actuaciones relacionadas con la retirada de tierras y residuos se someten a los controles ambientales correspondientes. “Si el proyecto es tan bueno, que vengan a explicarlo a Torrero”, ha instado.

Son 180 millones que impulsarán proyectos para desarrollar asistentes digitales, gemelos digitales, robótica avanzada, visión artificial o ciberseguridad. El Gobierno ha resuelto las convocatorias Red IA y Red IA Salud, seleccionando 372 candidaturas de empresas de todas las comunidades autónomas, el 70% de ellas pymes, para incorporar sistemas de inteligencia artificial al tejido productivo español.

“Igual que hoy nadie monta una empresa sin wifi, mañana nadie podrá competir sin IA. Pero la productividad no cambia solo porque aparece una tecnología nueva. Cambia cuando esa tecnología es útil y llega a todos, también a las pymes y no solo a las grandes empresas”, ha manifestado este lunes el ministro Óscar López durante su intervención en el 40 Encuentro de Economía Digital y Telecomunicaciones de AMETIC, la principal patronal de la economía digital, celebrado en Santander.

Hasta 50 millones de la partida se destinarán a financiar 72 proyectos del ámbito sanitario. Las iniciativas cubren distintas fases del proceso médico, como la investigación clínica, biomédica y farmacológica, el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento de pacientes y la respuesta ante emergencias.

Según los datos del Ejecutivo, España es uno de los países europeos donde las empresas están adoptando la tecnología de la IA más rápidamente. “Superamos a países como Francia o Italia”, defienden fuentes gubernamentales. En este sentido, fuentes gubernamentales consideran “fundamental” que el país gane la carrera por una de las gigafactorías europeas de IA. Estas infraestructuras pretenden concentrar grandes centros de datos junto a los mejores investigadores del continente para desarrollar modelos de IA avanzada.

“Estoy totalmente convencido de que la candidatura española va a ser una de las primeras en las factorías de IA de Europa, un proyecto que va a movilizar más de 4.000 millones de euros”, ha expresado López en Santander. Durante el evento, desde su equipo han recalcado la “solidez” de la candidatura, que ha recibido más de 700 millones de euros públicos, en un consorcio público-privado que lideran Telefónica, el Banco Santander y ACS.

“Estos socios aseguran que la candidatura sea robusta, pero es mentira que los beneficios se vayan a quedar en cuatro grandes empresas. Una vez que estén construidas, la Comisión Europea va a comprar capacidad de supercomputación a estas gigafactorías. Y dentro de esos proyectos, una parte muy importante va a ser precisamente para facilitar el acceso de las pymes a esta supercomputación”, continúan las mismas fuentes.

“Las grandes empresas pueden invertir en capacidad de supercomputación, pero las más pequeñas no. Lo que queremos es acercar esa capacidad a todas las empresas”, insisten: “No hay que ver la IA solo como la última tecnología, sino como un elemento clave en toda la cadena de valor. Está en la minería de las tierras raras, gestión de recursos críticos, chips, redes, Internet de las cosas, nube, software, logística... está en todas las capas de desarrollo”.

Control de los centros de datos para evitar “la burbuja”

Desde el Ejecutivo creen que hay tres pilares para que el avance de la IA no genere repulsa y protestas, como está ocurriendo ya en EEUU y algunos países europeos. Uno es facilitar ese acceso a sus capacidades para todas las empresas. El segundo son las leyes para frenar sus efectos adversos o no consentidos, como la generación de imágenes sexualizadas sin permiso. El tercero, el control de los centros de datos, un punto que ha centrado las conversaciones en el encuentro de Santander.

Tal y como avanzó elDiario.es la pasada semana, varios ministerios están trabajando en una nueva regulación para estas infraestructuras que sobre su impacto medioambiental o el mantenimiento de la soberanía española sobre lo que ocurre en su interior y los datos que utilizan.

El anuncio ha provocado críticas desde algunos sectores, que consideran que medidas como la obligación de abastecerse en un 80% de energía sostenible puede frenar la inversión extranjera. “No entenderíamos que hubiera problemas ahora con estos requisitos, ya que todas las empresas que han instalado sus centros de datos aquí lo hacían prometiendo que iban a ser 100% sostenibles y soberanos”, contestan desde el departamento de Transformación Digital que dirige López.

“Todo el mundo sabe que en el sector de los centros de datos se estaba generando una burbuja”, defienden, recordando que las peticiones de instalación de estas instalaciones se multiplicaron por tres en dos años. Muchas de esas solicitudes eran empresas que no planeaban construir esas fábricas de IA, sino especular con el acceso al suelo y la electricidad, argumentan. “Eso había que frenarlo y es lo que hemos hecho”.

El ministerio enmarca la regulación como una respuesta preventiva a un fenómeno que ya se observa en otros países: en Irlanda, los centros de datos absorberán este año en torno al 23% de la energía del país y podrían llegar al 32% en 2030. En Estados Unidos la cifra ronda entre el 25% y el 30% en algunos estados, lo que está provocando un encarecimiento de los precios de la energía y disparando la oposición a estas infraestructuras, que ya alcanza un 25% según algunas encuestas.

Villanueva de Gállego está poniendo a prueba la otra cara de la carrera de Aragón para convertirse en uno de los grandes polos de centros de datos de Europa. Mientras el Gobierno de Jorge Azcón ofrece su 'alfombra roja' a las grandes tecnológicas y Amazon Web Services (AWS) amplía sus instalaciones en la Comunidad, el Ayuntamiento de este municipio zaragozano ha decidido llevar a los tribunales las condiciones en las que se está produciendo esa expansión.

El conflicto no gira en torno a si Villanueva quiere o no centros de datos, ya que la respuesta del municipio es positiva y, de hecho, ya cuenta desde 2022 con una de las instalaciones de AWS en Aragón. Lo que cuestiona ahora el Ayuntamiento es quién asume las consecuencias económicas y urbanísticas de seguir ampliando estas infraestructuras.

El pleno municipal ratificó el pasado 23 de julio la presentación de un segundo recurso contencioso-administrativo contra uno de los últimos proyectos de expansión de AWS aprobados por el Gobierno de Aragón. El primero se había presentado contra el PIGA aprobado en agosto de 2025. Ambos recursos plantean objeciones similares sobre el aprovechamiento urbanístico, el tratamiento del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), la conservación de la urbanización y las infraestructuras asociadas y las obligaciones que el Ayuntamiento sostiene que acabarían recayendo sobre las arcas municipales, así como las infraestructuras vinculadas al suministro eléctrico.

Fuentes municipales consultadas por elDiario.es aseguran que el Ayuntamiento lleva meses intentando abrir una negociación con el Ejecutivo autonómico sin haber obtenido hasta ahora una respuesta concreta. “Ellos han hecho lo que han querido hacer”, resumen estas fuentes, que consideran que la tramitación de los nuevos proyectos se ha realizado sin tener en cuenta las necesidades del municipio y ahora solo hay “silencio”.

El caso de Villanueva de Gállego pone así el foco en una cuestión que empieza a repetirse allí donde se está produciendo la expansión de estas infraestructuras, territorios que quieren saber cuánto cuesta acogerlas y cómo se reparten los beneficios y las cargas de esa actividad.

El coste de acoger los centros de datos

La principal preocupación municipal tiene una doble vertiente porque, por un lado, la localidad deja de ingresar determinados recursos fiscales asociados a la construcción de los centros. Por otro, tal y como denuncian, el planeamiento aprobado le atribuye responsabilidades de conservación y mantenimiento de una superficie de grandes dimensiones. “Se deja de percibir el ICIO y además se carga al Ayuntamiento con el mantenimiento de todas esas zonas”, explican las fuentes municipales.

El Ayuntamiento no ha cerrado todavía una estimación del coste que supondría esa conservación a largo plazo y las fuentes consultadas rechazan aventurar una cifra sin disponer de los cálculos técnicos. En cambio, sí señalan que el ámbito de la ampliación en Villanueva de Gállego supera las 80 hectáreas y consideran “desproporcionado” que el municipio tenga que asumir las obligaciones de conservación asociadas a ese nuevo desarrollo. “¿Cómo vamos a asumir el mantenimiento de otra zona más grande que la localidad que tenemos ahora?”, plantean.

Según la versión municipal, no existe actualmente una contraprestación específica por asumir esas tareas. Por ello, desde el Ayuntamiento reclaman que se negocie algún tipo de compensación antes de tener que incorporar esas obligaciones a sus cuentas.

La discusión lleva así a una cuestión que trasciende del municipio y que está relacionada con quién asume el coste de las infraestructuras públicas necesarias para hacer posibles estas inversiones privadas, desde las conexiones eléctricas y de agua hasta la urbanización, los accesos y la conservación posterior de los nuevos ámbitos.

De hecho, esta discusión ha empezado a aparecer en otros territorios que han apostado por convertirse en grandes polos de centros de datos. Mientras que las empresas llegan atraídas por la disponibilidad de suelo y energía, su implantación exige también ampliar redes eléctricas, garantizar el suministro y adaptar infraestructuras públicas. Por estos motivos, el debate ha dejado de ser tecnológico o empresarial y ha pasado a estar relacionado con cuestiones relacionadas con la política energética, el urbanismo y la situación fiscal.

Más en concreto, en Aragón ya se han producido conflictos similares en torno a otros proyectos como el de Villamayor de Gállego, donde se ha cuestionado la implantación del macrocentro de Azora y varios municipios han formulado alegaciones por las consecuencias fiscales y territoriales asociadas al mismo.

A su vez, la expansión de los centros de datos vinculados al crecimiento de la Inteligencia Artificial está generando también debates similares en Estados Unidos y Europa sobre quién debe financiar las redes necesarias para atender su demanda eléctrica y hasta qué punto esa nueva demanda puede competir con la de hogares y otras actividades económicas.

Un conflicto que contrasta con el precedente de Amazon

El Ayuntamiento de Villanueva de Gállego compara la situación actual con la primera implantación de AWS en la localidad. Como afirman fuentes municipales, durante el mandato de Javier Lambán se alcanzó un convenio de colaboración entre las administraciones que supuso una compensación de alrededor de 3,5 millones de euros.

Ese acuerdo se ha traducido en actuaciones relacionadas con el abastecimiento de agua del municipio, entre ellas un nuevo depósito, una balsa, edificios asociados y canalizaciones. Además, tal y como sostienen, las obras se encuentran actualmente en ejecución a través de Suelo y Vivienda de Aragón.

Para el Ayuntamiento, la diferencia es que aquella implantación estuvo acompañada de una negociación y de actuaciones compensatorias, mientras que en la nueva expansión no existe, hoy en día, un acuerdo equivalente.

Según las fuentes municipales, en una reunión mantenida hace meses con el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, se planteó estudiar la posibilidad de un nuevo convenio, pero, como aseguran desde el Consistorio, no se ha recibido ninguna propuesta concreta.

Por todo ello, aunque la vía de negociación sigue abierta, insisten en que ahora el Gobierno de Aragón deberá fijar su posición en el procedimiento judicial y “dar soluciones” para que la localidad no tenga que asumir “costes tan elevados”.

El ICIO: el ingreso que Villanueva reclama

Uno de los elementos centrales del recurso es el tratamiento fiscal de las nuevas construcciones. El Ayuntamiento sostiene que la aplicación del PIGA tiene consecuencias sobre el ICIO y que, por lo tanto, Villanueva de Gállego deja de percibir unos ingresos que considera “relevantes”, ya que puede ascender a hasta un 4% de la inversión privada en el proyecto constructivo. Como explican, el ICIO constituye un ingreso extraordinario, mientras que otros impuestos municipales, como el IBI, pueden generar ingresos recurrentes una vez que los inmuebles entren en tributación.

El municipio todavía no ha percibido, según las fuentes municipales, el IBI correspondiente al primer edificio de AWS. Por eso, el Ayuntamiento espera que las nuevas instalaciones generen ingresos por este concepto cuando comiencen a tributar.

Por otro lado, existen expectativa respecto al IAE, aunque en este caso el importe dependerá de dónde quede localizada fiscalmente la actividad económica de la empresa.

“Si Amazon tiene la facturación aquí y no la tiene en Irlanda, por decirte algo, sí que se va a percibir bastante dinero de IAE”, detallan las fuentes, que subrayan que todavía desconocen cuál será el resultado final.

El debate económico, por tanto, no consiste únicamente en calcular cuánto dinero deja Amazon en el municipio. La cuestión es comparar los ingresos municipales que genera la actividad con los costes públicos asociados a su implantación y mantenimiento.

“Amazon no tiene la culpa”

Desde Villanueva de Gállego remarcan que Amazon no es el principal responsable del conflicto. Es más, tal y como señalan las fuentes municipales, “no tiene la culpa de absolutamente nada de esto”. A su juicio, la multinacional actúa dentro de las condiciones que le ofrece la Administración y es el Gobierno de Aragón quien tiene capacidad para establecer el marco urbanístico y administrativo en el que se desarrollan los proyectos.

Eso no significa que el Ayuntamiento no haya pedido a la compañía que participe, sino que además se ha trasladado a AWS que ejerza de empresa mediadora ante el Ejecutivo autonómico para tratar de encontrar una solución.

El Consistorio reconoce a su vez iniciativas de la compañía en el territorio, como colaboraciones con la Universidad San Jorge y actividades de divulgación tecnológica entre colectivos locales.

Asimismo, el Ayuntamiento ha observado que las obras han generado una importante presencia de trabajadores de empresas contratistas en Villanueva. Es más, algunas de las personas empleadas en la construcción, explican las fuentes, proceden del propio municipio.

Sin embargo, el escenario durante las obras no necesariamente será el mismo que cuando los centros estén operativos. Por eso, el debate sobre el empleo estable es uno de los principales argumentos de las organizaciones que cuestionan la expansión de los centros de datos en Aragón.

Aragón, laboratorio de la nueva economía digital

Lo que ocurre en Villanueva no es un episodio aislado porque Aragón está intentando aprovechar su disponibilidad de suelo, su producción energética y su posición geográfica para convertirse en un gran nodo europeo de infraestructuras digitales.

AWS fue la primera gran tecnológica en apostar por la Comunidad y ahora su expansión se ha multiplicado. En base a esta decisión, empresas como Microsoft, Blackstone, Azora, Samca, ACS, Merlin y otros grupos forman parte de una cartera de iniciativas que ha situado a Aragón en el centro del desembarco de los centros de datos en España.

El Gobierno autonómico defiende esta estrategia por el volumen de inversión asociado y por la oportunidad de atraer una nueva actividad económica. La propia AWS ha elevado hasta 33.700 millones de euros su inversión prevista en España hasta 2035, con una parte sustancial destinada a Aragón.

No obstante, la dimensión de estas instalaciones también está provocando una creciente discusión sobre sus necesidades materiales porque los centros de datos necesitan enormes cantidades de electricidad de forma continua y requieren infraestructuras específicas para garantizar su suministro. De hecho, Aragón produce actualmente aproximadamente el doble de la electricidad que consume, pero el crecimiento previsto de la demanda puede alterar esa situación.

Además, aunque los promotores se comprometan mayoritariamente a utilizar energías renovables, producir y transportar la energía requiere nuevas instalaciones, redes y ocupación de suelo.

Por eso el debate ha comenzado a desplazarse de la pregunta inicial sobre “¿cuánto dinero va a invertir Amazon o Microsoft?” a “¿qué recursos públicos y territoriales necesita esa inversión para funcionar?”. Y, en el caso de Villanueva de Gállego, la pregunta también está en qué ocurre cuando una inversión privada de escala internacional aterriza en un municipio pequeño y las infraestructuras y servicios necesarios para acompañarla quedan, al menos en parte, en manos de la Administración local.

Dos recursos y una negociación pendiente

Por ahora, Villanueva de Gállego mantiene sus dos recursos judiciales y, aunque no hay prevista ninguna nueva movilización municipal más allá de la vía judicial, el Consistorio espera que el Gobierno de Aragón vuelva a sentarse a negociar durante las próximas semanas.

“A ver si ahora en septiembre hay suerte porque no se entiende que no haga nada al respecto, y más cuando el segundo recurso fue aprobado por unanimidad del pleno, donde hay concejales del PP que forman parte del actual equipo de gobierno municipal”, subrayan. En este sentido, desde Villanueva de Gállego consideran que el respaldo de los distintos grupos demuestra que la reclamación trasciende las diferencias partidistas.

Mientras las obras de AWS continúan y Villanueva de Gállego quiere saber quién debe asumir su mantenimiento, la DGA tiene ahora que decidir si responde a esa presión con una negociación o mantiene su actual posición.

Si el municipio consigue una nueva fórmula de compensación o logra que se modifiquen las condiciones de conservación y aprovechamiento urbanístico, el resultado podría trascender al municipio. En una comunidad que ha apostado por atraer una de las mayores concentraciones de centros de datos de Europa, saber quién asume los costes de esa implantación puede acabar sirviendo de presente para otros ayuntamientos que afronten inversiones de esta escala.

La Plataforma Salvemos los Pinares de Venecia ha presentado este viernes 349 alegaciones contra la instalación del centro de datos que impulsa Microsoft en Zaragoza, junto a Puerto Venecia. Denuncian entre otras cuestiones la “afección ambiental” que genera la “ingente” cantidad de tierra que se va a excavar y a desplazar en camiones.

La asociación ha entregado en el registro del Gobierno de Aragón esas 349 alegaciones a la nueva evaluación de impacto ambiental del centro de datos de la multinacional estadounidense, cuya documentación el Ejecutivo autonómico sacó a información pública el pasado 30 de julio, con un plazo de 23 días para alegar. Desde el colectivo ya criticaron en su momento que el trámite se abriera coincidiendo con el periodo vacacional y durante todo el mes de agosto han estado informando a los vecinos para facilitar la presentación de escritos al proyecto. La plataforma indica que sigue recibiendo más alegaciones, que se trasladarán el lunes, ya que el plazo concluye el 1 de septiembre.

Entre los documentos sometidos a información pública figura la intención de Microsoft de transportar hasta el vertedero clausurado de Las Canteras dos millones de metros cúbicos de tierras, es decir, el 87% del material de excavación del proyecto, una previsión a la que la plataforma se opone frontalmente.

Una tramitación fragmentada

Las alegaciones –dirigidas a la Dirección General de Planificación Logística y Ordenación del Territorio del Gobierno de Aragón– sitúan el origen del conflicto en el anuncio publicado en el BOA el 30 de julio de 2026, por el que se sometió a información pública “nueva documentación del documento ambiental estratégico incluido en el Plan de Interés General de Aragón (PIGA) denominado 'Implantación de la Región Microsoft en Aragón'”.

El primer reproche es de calendario. Las alegaciones sostienen que “el plazo de 23 días concedido en pleno mes de agosto es claramente insuficiente para analizar más de cuatro mil folios” y que “impide toda participación ciudadana efectiva y real”.

A ese problema de plazos se suma, según uno de los escritos enviados, otra cuestión de coherencia interna del expediente: “La documentación sometida a información pública solo modifica parte de los documentos del expediente, pero no otros que están relacionados con los modificados (por ejemplo, los resúmenes no técnicos)”. A juicio de los alegantes, esto “impide conocer con exactitud el alcance del PIGA y su evaluación y, por lo tanto, formular alegaciones”.

El núcleo material de la alegación –y el que conecta directamente con la denuncia pública de la plataforma– es el volumen de tierra que generarán las tres urbanizaciones del proyecto. El escrito señala que “los documentos sometidos a información pública se refieren al movimiento de tierras de todas las urbanizaciones del PIGA (La Muela, Villamayor y Zaragoza) y revelan la ingente cantidad de metros cúbicos de tierras y escombros que van a ser objeto de excavación y desplazamiento mediante camiones a otros emplazamientos”, una circunstancia que, sostienen, “constituye una nueva afección ambiental que debe tener como consecuencia la desestimación del PIGA de Microsoft”.

Beneficios económicos “en entredicho”

Las alegaciones reprochan también a las administraciones no evaluar el efecto conjunto de todos los proyectos de centros de datos que se tramitan en la comunidad autónoma: “El Inaga y el Gobierno de Aragón no están valorando adecuadamente todos los efectos acumulativos y sinérgicos que tienen todos los proyectos y planes aprobados o en tramitación”. En ese sentido, recuerdan que “los distintos medios de comunicación y también diferentes organizaciones ambientales y estudios de expertos, han alertado sobre las graves afecciones territoriales, sociales, económicas, energéticas, hidrológicas y ambientales que tienen estos centros de datos”, advertencias que, según el texto, “deberían de llevar a la desestimación del PIGA de Microsoft y a una moratoria sobre los centros de datos en Aragón”.

Los escritos cuestionan además el argumento económico esgrimido por la Administración autonómica: “Aparentemente, el Gobierno de Aragón solo se está centrando en los supuestos beneficios económicos y sobre el empleo que enuncia Microsoft”. Unos beneficios que, afirma una de las alegaciones, “ya se han puesto en entredicho por, entre otros, los datos de otros proyectos precedentes”. Por todo ello, el escrito solicita formalmente que se desestime el PIGA de Microsoft.

Salvemos los Pinares de Venecia, integrada por colectivos vecinales y ecologistas, ha anunciado que continuará su oposición al proyecto. Con el objetivo de informar sobre los impactos y las repercusiones del centro de datos en el territorio y en la vida y salud de las personas, la plataforma celebrará una charla el próximo 10 de septiembre en el antiguo Cine Venecia. Paralelamente, el colectivo se ha coordinado con otras plataformas afectadas por los demás centros de datos previstos en Aragón, con el objetivo –dicen– de hacer frente a “esta colonización del territorio para beneficio de multinacionales bajo el pretexto de generar riqueza y puestos de trabajo”, algo que, sostienen, no se corresponde con la realidad.

La consejera aragonesa de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle, ha cargado este jueves contra el proyecto de real decreto que impulsa el Ejecutivo central para regular los requisitos para la instalación de centros de datos. Es “especialmente dañino” y está “especialmente diseñado para hundir” el programa de inversiones del sector en la Comunidad, ha acusado Valle. Según el delegado del Gobierno en Aragón, sin embargo, la iniciativa busca que la proliferación de granjas de servidores no cause “un incremento en la factura de la luz de todos los aragoneses y aragonesas”.

La titular de Economía ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de intentar “ocultar su incapacidad para planificar, ejecutar y gestionar la red de transporte”, lo que ha creado “un problema colosal de acceso al sistema eléctrico”.

La propuesta normativa, a la que se podrán presentar alegaciones hasta el próximo 4 de septiembre, exigirá que los centros de datos respalden con nueva generación renovable, cada hora de funcionamiento, al menos un mínimo del 80% de su consumo energético.

Asimismo, recoge medidas en materia de resiliencia y soberanía digital, como la obligación de que la operación del centro y el control de los datos asociados a la operación correspondan a entidades sujetas al derecho de la UE, y también en materia de sostenibilidad ambiental y energética, como la obligación de consumir energía renovable de nueva implantación, además de cumplir criterios de eficiencia energética y de consumo de agua.

Alegaciones

La consejera aragonesa ha expresado su “sorpresa” por el escaso margen de maniobra para presentar alegaciones, después de que el Ejecutivo estatal haya estado cinco meses en los que “ni ha presentado un proyecto ni ha dialogado con los sectores afectados ni con las administraciones públicas en las que se han comprometido las inversiones”.

“Ahora solo tenemos ocho días para presentar alegaciones a un Real Decreto que cambia radicalmente las reglas del juego y que contradice las propuestas normativas anteriores”, ha protestado. En todo caso, el Departamento ya ha mantenido varias reuniones para comenzar a plantear dichas alegaciones antes del 4 de septiembre.

Según el primer análisis realizado, han constatado la “alarmante inseguridad jurídica” que va a provocar este real decreto al afectar a todos los proyectos en tramitación, que “tienen que cumplir unos requisitos legales extremos y muy alejados de los iniciales”.

Un país “sostenible y eficiente”

Para el máximo representante del Gobierno central en Aragón, Fernando Beltrán, el proyecto de real decreto busca que el país en su conjunto, incluido Aragón, “sea sostenible, eficiente y soberano en todo lo relacionado con los centros de datos”. “Para ello es fundamental conocer cuál va a ser el consumo energético y de recursos de cada uno de los centros y exigirle los máximos estándares europeos de eficiencia en el uso de nuestra agua y energía”, ha apuntado Beltrán, para quien la preocupación debería dirigirse a que las granjas de servidores “no se tramiten con los debidos controles y estándares sobre el uso de nuestros recursos”.

“Es una cuestión que preocupa a los aragoneses y a la que quiere dar respuesta el Gobierno de España. Entre otras cuestiones, por ejemplo, esta norma busca que el gran consumo de electricidad de los centros de datos no cause un incremento en la factura de la luz de todos los aragoneses y aragonesas”, ha indicado el delegado del Gobierno, quien ha indicado que una vez que el proyecto ha salido a audiencia pública “todas las partes interesadas pueden remitir sus aportaciones al proyecto”.

En su respuesta a Beltrán, sus palabras suponen “crear una alarma sobre la base de una falsedad” y ha responsabilizado al Gobierno de España de haber creado un problema “colosal” de acceso al sistema eléctrico para cualquier tipo de actividad e incluso a la vivienda.

“Esto no tiene nada que ver con los precios y sí con dañar el futuro de nuestra comunidad y con destruir una credibilidad que no solo afectará a los centros de datos sino a todas las inversiones que puedan querer llegar”, ha concluido.