La expansión de los centros de datos en Aragón ha llegado a la radio pública de Estados Unidos. NPR.org, uno de los principales medios del país en audiencia digital, ha publicado un reportaje que retrata a un Gobierno autonómico volcado en atraer a las tecnológicas mientras vecinos, agricultores y ecologistas denuncian expropiaciones, plazos de alegaciones recortados, opacidad sobre el agua y una mortandad de aves que las protecciones vigentes no frenan.

Según explica NPR, AWS promete invertir “casi 40.000 millones de dólares” –33.700 millones de euros– en varios complejos, y Microsoft y el fondo Blackstone han firmado acuerdos para seguirle. Frente a otros países que ya regulan estas instalaciones, Aragón se presenta como “la Virginia del sur de Europa”. La consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Eva Valle, defiende ante el portal estadounidense que se trata de una economía nueva cuyas derivadas aún son difíciles de prever.

Desde la localidad de Botorrita, próxima a Zaragoza, Silvia Baselga cuenta que su familia supo del proyecto al ver las estacas de replanteo tras la tapia del jardín, y que en el Ayuntamiento les dijeron que no tenían información. El perímetro quedará a unos 90 metros de la casa y el complejo será mayor que el pueblo. El promotor del campus, que NPR no identifica, es Merlin Properties.

Baselga teme un muro de unos seis metros contra el ruido y unas luces encendidas las 24 horas que acabarán con el cielo nocturno. “Va a ser como vivir al lado de una prisión”, resume.

Hasta 27 centros de datos

El reportaje de la radio pública estadounidense, firmado por la corresponsal Ruth Sherlock, cita documentos oficiales para concluir que en Aragón se proyectan 27 centros, la mayoría de empresas estadounidenses, sobre unos 18,1 kilómetros cuadrados. AWS asegura que creará 6.200 empleos permanentes.

NPR explica que los proyectos se tramitan como unas figuras de interés general (DIGA y PIGA) que permiten expropiar, dejan a los alcaldes sin capacidad de veto y limitan a 23 días hábiles las alegaciones. En la última ampliación de AWS, ese plazo coincidió con la Navidad, algo que los opositores ven deliberado y que el Gobierno niega. El reportaje muestra también las obras de AWS en Cuarte, junto a Huesca capital.

En Villanueva de Gállego, el agricultor Julio Enfedaque recuerda que este año apenas llovió en cuatro meses y que la dotación de riego se recortó en dos tercios. “Estoy seguro de que se volverá muy complicado cultivar la tierra tal como lo hacían mis antepasados”, lamenta.

AWS sostiene que solo usará agua para refrigerar por encima de 30 grados, pero David Blázquez, su responsable de políticas públicas en España y Portugal, admite que la empresa no publica el consumo por instalación. Según datos autonómicos que recoge NPR, sus tres centros actuales consumieron 68 millones de litros, un 48% más de lo comunicado a la Administración.

Peligro para la avifauna

Las empresas prometen funcionar sobre todo con renovables –AWS dice tener un centenar de proyectos en España, 17 en Aragón–, aunque con generadores diésel de respaldo. En Rueda de Jalón, el ornitólogo José Antonio Pinzolas explica que los buitres chocan con los molinos al buscar las corrientes térmicas.

El reportaje recuerda que el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, el Inaga, ha alertado del riesgo de colisión para el milano real, y el agente de protección de la naturaleza Juan Ballesteros relata haber recogido águilas, cernícalos y buitres negros. Blázquez asegura que AWS comparte esa preocupación; Pinzolas replica que las protecciones actuales no funcionan.

Varias organizaciones han financiado de forma colectiva un recurso contra las aprobaciones aceleradas de AWS. Luis García, de Ecologistas en Acción, sostiene que los beneficios económicos no compensan “el enorme daño al medioambiente” que causan las granjas de servidores.

El sector de los centros de datos ve “incumplible” el nuevo borrador de decreto del Gobierno para regular estas infraestructuras, en el que las empresas afectadas aprecian “bastantes alegalidades o ilegalidades”, niegan que se haya “suavizado” y aseguran estudiarán recurrirlo en los tribunales si finalmente se aprueba en su redacción actual.

La patronal del sector, Spain DC (que dirige la exvicealcaldesa de Madrid Begoña Villacís) todavía no ha hecho pública su posición tras conocer el nuevo texto remitido el lunes a ese órgano consultivo por el Ejecutivo, que quiere aprobarlo antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Fuentes del sector reclaman “que se acabe con la urgencia” para aprobarlo y creen que si llega a entrar en vigor las empresas valorarán acudir a los tribunales, aunque es “muy pronto” para detallar qué vía utilizarán por no conocer qué texto se aprobará finalmente.

Spain DC cifró hace unas semanas en 9.000 millones la inversión que está en riesgo con el primer borrador. Las citadas fuentes del sector aseguran que esos 9.000 millones “no es que estén en peligro”, es que se están retirando ya de España, y que están “en riesgo” los 67.000 millones anunciados en inversiones del sector en nuestro país. “Sin duda” hay inversiones que se van a trasladar a otros países, afirman.

Las citadas fuentes aseguran que la nueva propuesta “invade competencias” de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y de las comunidades autónomas, carece de proporcionalidad y adecuación y no existen motivos de urgencia para aprobarla.

El nuevo texto, afirman, es “el peor escenario posible”. “Se nos hace elegir el tipo de soga con el que queremos ahorcarnos”. Niegan que el nuevo borrador suavice la propuesta inicial, al ofrecer un periodo transitorio para adaptarse a los requisitos de consumo de renovables a cambio de aceptar cortes de suministro si hay tensiones en el sistema mediante un mecanismo que gestiona Red Eléctrica. El consumo hora a hora con un mínimo de renovables (la llamada correlación horaria) “es una barbaridad”. Piden que se calcule con un periodo más amplio. “Mensual, anual, tendría sentido”.

Lo que se plantea, afirman, supone “estar expuestos a que se nos apague a voluntad del Gobierno”, de forma “indefinida” y “no remunerada”. “Estamos pagando las consecuencias del apagón del Gobierno”, aseguran. “Nos consolidamos como el peor sitio para invertir en centros de datos” en Europa, cuando son “la estructura más estratégica a la que puede aspirar un Estado”.

Esas fuentes rechazan la no invocación de la normativa TRIS (Technical Regulation Information System) europea, al afectar a asuntos relacionados con la sociedad de la información, que tienen que ver con los datos y la libre competencia. Según esas fuentes sectoriales, “este procedimiento debe ser invocado para que la Comisión Europea dé su visto bueno al trámite. Entendemos que se tiene que hacer por el Gobierno esta petición”. Ese dictamen llevaría dos meses, lo que impediría la aprobación del decreto (que solo requiere del visto bueno del Consejo de Ministros) antes de las elecciones.

El sector lamenta que el Ejecutivo no ha tenido en cuenta las recomendaciones de la CNMC y que los cambios son tan relevantes que ese organismo debería de volver a analizar el nuevo texto. Si bien consideran “buena noticia” que el umbral de potencia por el que aplicaría esta nueva normativa pase de 1 a 10 megavatios (MW), “tampoco hay tantos” centros afectados. Afirman que ese periodo transitorio es “insuficiente”, porque “un data center no puede nunca cortar el suministro” y “es un sistema que funciona 24/7”.

“Es inaceptable que podamos ser cortados de la red n veces”. “Puede producir caídas y apagones en el sector digital”, siendo “la única industria a la que se aplica esto si quiere aliviar ese 80% de adicionalidad y correlación horaria. Es como si no se hubiera hecho nada en este punto”.

Doble rasero

Las empresas vinculadas al negocio de data centers ven además un doble rasero en la nueva propuesta. Aseguran que existe una “discriminación” para la gigafactoría de IA que el Gobierno promueve en Tarragona, que queda “exenta” porque “no cumple” esos requisitos. Piden al Gobierno que salga de las urnas en las próximas elecciones, “del color que sea”, que les tenga “en cuenta”. Subrayan que las condiciones de España “probablemente no son las más idóneas para unos parámetros de eficiencia energética tan exigentes”. Y rechazan “soluciones transitorias” para infraestructuras que son “para 15-20 años”.

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) ha publicado este martes el anuncio por el que el Servicio Provincial de Zaragoza somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción de la línea eléctrica que conectará el futuro campus de centros de datos de Microsoft junto a Puerto Venecia. La peticionaria es Microsoft 7724 Spain, la filial con la que la multinacional tramita sus proyectos en Aragón, y el presupuesto de la instalación asciende a algo más de 213.000 euros.

Se trata de una línea subterránea de alta tensión, a 132 kV, que unirá el centro de seccionamiento ‘Puerto Venecia’ con la subestación del campus, de 132/33 kV. Aunque el anuncio habla de unos 105 metros de longitud, el proyecto de ejecución, redactado por la ingeniería Cobra y fechado en abril, detalla en realidad dos tendidos paralelos, de 81 y 102 metros, uno de los cuales funcionará como reserva. Ambos discurren por una única parcela, la 55 del polígono 88, en la Plana de Torrero, dentro del ámbito del propio campus.

La documentación permite dimensionar por primera vez qué parte del centro de datos se abastecerá con esta conexión. Según la memoria, cada línea tendrá capacidad para suministrar energía a un edificio de centro de datos con cinco módulos de servidores de 9,6 MW y edificios auxiliares, unos 50 MW en total. Con un índice de eficiencia energética máximo de 1,5, cada circuito debe poder transportar 75,78 MVA.

Una finca aún sin comprar

La relación de bienes y derechos afectados revela que la parcela por la que pasará la línea, de 16.381 metros cuadrados según el Catastro, no pertenece a Microsoft, sino a la sociedad Promoción Parque Sur. El documento señala que la tecnológica ha firmado un contrato privado de compraventa sujeto a condiciones suspensivas que todavía están pendientes de cumplirse.

La obra requerirá una servidumbre permanente de zanja de 110 metros cuadrados y una ocupación temporal de 661 durante los trabajos. El texto recuerda que, conforme a la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón, la aprobación del plan de interés general implica la declaración de utilidad pública de las expropiaciones necesarias, y concluye que la documentación sirve de base para el “correspondiente expediente expropiatorio”.

Las alegaciones pueden presentarse en el Servicio Provincial de Industria de Zaragoza, en el paseo de María Agustín, durante 30 días. Según la web del Gobierno de Aragón, el plazo está abierto del 28 de octubre al 11 de diciembre.

Tres campus y más de 5.300 millones

El Gobierno de Aragón declaró el campus de Zaragoza inversión de interés autonómico el 28 de febrero de 2025. Es uno de los tres que Microsoft proyecta en la comunidad, junto con los de La Muela y Villamayor de Gállego, y que se tramitan conjuntamente en el Plan de Interés General de Aragón (PIGA) ‘Región MSFT’. El consejero de Fomento, Octavio López, firmó su aprobación inicial el 14 de noviembre de 2025. El plan suma 283,79 hectáreas, 57 de ellas en Zaragoza, y más de 5.300 millones de euros en urbanización y construcción, de los que unos 1.443 corresponden al campus junto a Puerto Venecia.

La documentación del PIGA ya preveía subestaciones de 132 kV en cada campus en una primera fase y su actualización a 220 kV en una segunda, y la compañía ha solicitado 300 MW de potencia por emplazamiento, condicionados a la planificación eléctrica estatal.

El proyecto ha encontrado oposición vecinal. A finales de julio, el Gobierno de Aragón aceptó una modificación del PIGA con un nuevo estudio ambiental que ya no incluía el plan de gestión de las escombreras históricas del terreno, donde se han denunciado residuos con amianto. La plataforma ‘Salvemos los Pinares de Venecia’ anunció alegaciones y ha llevado los movimientos de tierra a la Fiscalía Provincial de Zaragoza como posible delito ambiental, mientras que varios propietarios afectados han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

El Gobierno suaviza algunos aspectos del proyecto de Real Decreto para regular los centros de datos, con un nuevo texto que, tras el fuerte rechazo de varias patronales, introduce varios cambios en la exigencia más contestada, los requisitos de consumo de energía renovable cada hora, que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pidió flexibilizar.

Con el nuevo texto, los centros de proceso de datos (CPD) con más de 10 megavatios (MW) de potencia eléctrica (antes el umbral era de solo 1 MW) seguirán obligados a consumir mayoritariamente energía limpia hasta que el mix del país sea un 90%, mediante autoconsumo o contratos de suministro a largo plazo (PPA). Pero habrá posibilidad de adaptarse.

Los CPD podrán justificar desde el primer momento el 80% de consumo renovable hora a hora que exigía la propuesta que salió a consulta en agosto. Pero también podrán acogerse a un periodo transitorio de cinco años, como máximo, desde la entrada en vigor de la norma, con requisitos algo más laxos, según una nueva disposición transitoria en el decreto.

Así, hasta el 31 de diciembre de 2028 bastará con un porcentaje de renovables del 60% y solo en las horas punta (las de más consumo y más caras) de su nivel de tensión. Pasado ese plazo, y hasta el final de ese periodo transitorio, el porcentaje será del 70%, tanto en horas punta como en llano.

A cambio, los CPD que se acojan a esa dispensa estarán obligados a participar en el Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP), un mecanismo voluntario que gestiona Red Eléctrica de España (REE) para desconectar o reducir de forma automática la potencia de instalaciones de generación renovable, bombeo o almacenamiento cuando se detecta una situación de congestión o fallo en tiempo real en la red eléctrica. En el caso de los CPD acogidos a esa disposición transitoria, el operador del sistema eléctrico podrá desconectarlos de forma automática en caso de necesidad, sin recibir una retribución a cambio, y serán la primera tipología de instalaciones en ser desconectadas.

El objetivo es mitigar el impacto de una posible avalancha de CPD en el margen de cobertura del sistema eléctrico y en los precios de la luz, vista la experiencia de otros países, y dado que estas instalaciones tienen una demanda plana y constante, lo que puede agravar los consumos en las horas punta, cuando se ha ido el sol. El argumento del Ejecutivo es que si añadir nueva demanda tiene un coste, este debe asumirlo el nuevo entrante, y no el resto de consumidores. Con este marco, los centros de datos deberán evaluar si sus sistemas de respaldo o baterías son suficientes o tienen que dimensionar más la instalación. El Gobierno defiende que la posibilidad de que les corten el suministro puede no ser tan crítica en función del tipo de centro y los servicios que presten.

El Ejecutivo ha remitido este lunes el nuevo texto al Consejo de Estado, tras analizar más de 600 alegaciones y el informe preceptivo de la CNMC. El Ejecutivo tiene muy presentes los avisos en Irlanda, que está tomando medidas urgentes ante el riesgo de apagones por culpa de estas instalaciones, que allí tienen un peso desproporcionado en su consumo eléctrico.

El nuevo borrador explica que esta nueva demanda “compite, además, por una capacidad de red ya limitada con la de los proyectos industriales vinculados a la descarbonización y a la creación de nuevas capacidades industriales”. Otra novedad es que permite a los centros de datos contratar su electricidad con instalaciones más antiguas que en el texto original: aquellas operativas desde 36 meses antes de su puesta en marcha del CPD, el doble de tiempo que en la propuesta original.

Además, en el caso de la fotovoltaica, ese límite se elimina. La medida persigue mitigar los denominados vertidos, la energía renovable que se desperdicia actualmente en las horas de más sol porque no hay suficiente demanda.

Otra novedad es que los contratos de suministro renovable deberán tener al menos seis años de duración, frente a los diez años que recogía la propuesta original. Y se aclara el suministro con almacenamiento, que queda incluido en el cómputo si esa electricidad tiene origen limpio.

El Gobierno quiere aprobar el decreto antes de las elecciones del próximo 29 de noviembre. Si el dictamen del Consejo de Estado no estuviera listo a tiempo, no descarta hacerlo después de los comicios y ya en funciones. En este caso, habría que pedir un informe de la Abogacía del Estado que justificara que es una medida necesaria para el interés general.

Más penalizaciones

El nuevo borrador endurece y gradúa mucho más los recargos por incumplir la correlación horaria con renovables. Frente a la escala anterior de tres tramos, introduce cinco y eleva notablemente las penalizaciones en los peajes y los cargos (parte regulada del recibo) para incumplimientos elevados.

El nuevo texto también prevé un régimen específico para los centros de datos que formen parte de iniciativas de la UE cuya finalidad principal sea reforzar la soberanía digital europea, como las factorías y gigafactorías de inteligencia artificial y los supercomputadores, incluidos los proyectos presentados por el Gobierno de España a sus convocatorias.

Estos centros no quedan exentos de los requisitos de eficiencia y de energía renovable. “Se les aplican con especialidades, por fases y durante un plazo limitado, tras el cual quedan sujetos al régimen general”, dice el texto. Para acogerse a este régimen deben acreditar que la infraestructura activa, es decir, los servidores y equipos de cómputo, está bajo control europeo, conforme a los criterios de las bases de la convocatoria correspondiente. La explotación técnica de esos equipos puede encomendarse a un tercero, siempre que la dirección de la explotación siga en manos de la entidad europea. Respecto de la infraestructura pasiva, basta con que su titular no tenga acceso a los datos ni control sobre la operación de los equipos.

Atendiendo a las tensiones hídricas en España, los centros de datos tendrán que cumplir con los niveles del etiquetado europeo relativos al consumo de agua (WUE). En el caso de la eficiencia energética, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico establecerá una metodología que exija la aplicación de la tecnología más eficiente en función de las distintas zonas climáticas del país para garantizar el mínimo consumo de agua en todos los casos.

Aquí se establece un plazo de seis meses de adaptación desde la puesta en marcha de los CPD para cumplir estos requisitos. 

Por otro lado, el indicador PUE (Power Usage Effectiveness), que mide la eficiencia energética de un centro de datos, se ha relajado ligeramente y pasa de 1,15 a 1,25 (cuanto más cerca de 1, menos energía adicional consume la infraestructura para refrigeración y otros servicios respecto a la que utilizan los equipos informáticos).

El Ejecutivo subraya que la nueva propuesta mantiene la ambición general del primer texto pero con mejoras técnicas, tras las decenas de miles de páginas recibidas en las alegaciones. Recuerda que otros países están preparando normativas para garantizar un desarrollo ordenado y sostenible de los CPD, aunque la propuesta española es la más ambiciosa y garantista hasta la fecha, según el Gobierno.

Fuentes del Ejecutivo rechazan que imponer condiciones a los CPD más duras que al resto de instalaciones sea discriminatorio, por tratarse de una demanda distinta a cualquier otra. Defienden que por ejemplo el hidrógeno renovable (que ya tiene criterios de adicionalidad de renovables y correlación) es muy sensible a precio y lo normal es que nunca consuma en horas punta porque compite con el hidrógeno gris, cuya demanda puede desplazar además. 

Además, ningún otro tipo de demanda ha solicitado tanto acceso a la red eléctrica como los CPD, con 12 gigavatios (GW) ya concedidos, de los que el propio sector solo ve viable que se construyan entre 2 y 4 GW. El resto serían peticiones duplicadas o especulativas.

En lo relativo a la soberanía digital, el nuevo borrador introduce algunas modificaciones, con requisitos para el alojamiento de ciertos sistemas de información vinculados a la Administración Pública.

Se vincula ese nivel de protección con la categoría de datos del esquema nacional de seguridad de criterio “alto”, cuya brecha supone un impacto significativo en el sistema, porque una vulneración o indisponibilidad genera un impacto muy grave sobre la seguridad nacional, las infraestructuras críticas, la salud de las personas o los derechos de los ciudadanos. Además, se exceptúan los metadatos y los datos de telemetría de esas obligaciones de soberanía digital. 

Una de las cuestiones que no se ha incluido (solicitada por grupos ecologistas) era la prohibición de ubicar CPD cerca de viviendas. Entre otras cuestiones, por temor a que invada competencias autonómicas.

El Ayuntamiento de Zamora ha anunciado que presentará alegaciones a la declaración de proyecto regional que tramita la Junta de Castilla y León para un centro de datos de Inteligencia Artificial que se pretende construir en el alfoz de la ciudad, en el Polígono Zamora Norte de Monfarracinos, con una inversión prevista de 4.600 millones de euros.

Las alegaciones buscan frenar una declaración como proyecto regional que ofrecerá “un trato excepcional a una iniciativa empresarial privada que no demuestra el interés general de ninguna manera”, según ha asegurado el alcalde de Zamora, Francisco Guarido (IU), que ha estimado en 200 millones de euros los que se ahorrarían los promotores del proyecto a cuenta del impuesto de construcciones gracias a esa declaración.

Guarido ha anunciado este lunes en rueda de prensa la presentación de esas alegaciones por parte del equipo de Gobierno municipal del Ayuntamiento de Zamora, que conforman IU y PSOE, y ha presentado una moción de rechazo al proyecto que llevarán al pleno municipal que se celebrará este jueves.

Guarido destaca los aspectos negativo del proyecto

El alcalde de Zamora ha subrayado que la inversión prevista no justifica por sí sola que se tramite como proyecto regional y ha aludido a aspectos negativos como la ocupación de terrenos agrícolas, el consumo desmedido de agua y energía o las emisiones asociadas a la instalación.

Ha recordado que las instalaciones proyectadas estarán integradas por cinco edificios destinados al procesamiento de datos, un parque fotovoltaico asociado de un millar de hectáreas, 24 instalaciones térmicas con sus correspondientes chimeneas industriales de 30 metros, generadores diésel de emergencia e infraestructuras de almacenamiento energético y de fluidos.

El parque fotovoltaico ocupará más del 10 % del terreno agrícola que actualmente se destina a ese uso en los municipios de Monfarracinos, Aspariegos, Villalube, Molacillos y Benegiles, según ha expuesto el regidor municipal.

No en contra de los centros de datos

Ha aclarado que no están en contra de los centros de datos, pero sí de uno de “enormes dimensiones” como el proyectado en el polígono Zamora Norte de Monfarracinos.

A su juicio, en vez de beneficiar a Zamora, ese centro de datos va a “destruir parte de nuestra economía, que es una economía muy débil, vinculada al sector agrícola”, ha advertido.

También ha mostrado sus dudas sobre el empleo que, según los promotores, generarán las instalaciones y sobre si parte de él no se realizará a distancia con teletrabajadores.

PP y Vox han cerrado la puerta a cualquier crítica a los centros de datos en Extremadura, a pesar de que cuatro megainfraestructuras se proyectan en la región, alguna con trámites muy avanzados. Los socios de gobierno han impedido la comparecencia en la Comisión de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Asamblea del científico del CSIC Manuel García Domínguez, propuesta por Unidas por Extremadura para que aportara “una visión científica acerca de los beneficios y los riesgos asociados a los proyectos de instalación de grandes centros de datos” en la comunidad.

El diputado de la coalición de izquierdas, Francisco Llera Cáceres, explicó que el investigador se encuentra elaborando su tesis doctoral precisamente sobre la gobernanza, los cuellos de botella, la sostenibilidad y el impacto socioeconómico real de los centros de datos en Aragón y Extremadura, pero pese a los argumentos académicos esgrimidos por Llera, el PP y Vox rechazaron de plano la solicitud. La portavoz del PP en la comisión, Isabel Cortés

Pese a los argumentos académicos esgrimidos, la bancada del Partido Popular rechazó de plano la solicitud. La diputada del PP Isabel Cortés, cargó con dureza contra el perfil del ponente, cuestionando que se convoque a “alguien de fuera”, pese a sus vínculos familiares con Extremadura, y que, a su juicio, mantiene “una visión muy negativa y un ecologismo chavista”.

Cortés defendió el interés empresarial suscitado en la región y cifró en unos 700 los empleos directos de operación que generarán estas plantas, reprochando a la izquierda estar instalada en el “no a todo” frente al crecimiento regional y contraponiendo esta postura con los 4.000 puestos vinculados a la central nuclear de Almaraz.

Por su parte, Vox justificó su negativa amparándose en motivos competenciales. La diputada Eva García Alegre sostuvo que los trabajos de la comisión parlamentaria deben ceñirse a un enfoque estrictamente técnico-industrial orientado al desarrollo económico, por lo que las valoraciones de carácter científico como las del investigador propuesto deben canalizarse a través de los trámites administrativos de información pública y alegaciones.

La iniciativa contó únicamente con el respaldo del bloque progresista de la Cámara. Desde las filas del PSOE, el diputado Aitor Vaquerizo calificó la solicitud de “oportuna” y confirmó el voto favorable de su formación con el fin de evaluar tanto los riesgos como los potenciales beneficios de estos megaproyectos.

Ecologistas en Acción carga contra el “negacionismo ambiental”

El veto parlamentario ha provocado una contundente reacción de Ecologistas en Acción, que ha denunciado formalmente que PP y Vox “cierran las puertas de la Asamblea a la ciencia ambiental” al impedir la intervención del científico. Desde la organización ecologista inciden en que la intención del grupo proponente “no era paralizar ningún centro de datos, sino escuchar a un investigador antes de tomar decisiones que pueden condicionar el futuro de Extremadura durante décadas”.

Para el colectivo, resulta “preocupante” que la derecha relegue el conocimiento científico a meros expedientes administrativos de información pública, excluyéndolo del debate y la fiscalización parlamentaria. Ecologistas en Acción advierte de que el rechazo se produce en un contexto de “fuerte presión” por grandes inversiones industriales, energéticas, mineras y agroganaderas, donde las preguntas sobre el elevadísimo consumo de agua y energía, la ocupación de suelo o las emisiones “quedan relegadas frente al discurso triunfalista de los anuncios de inversión”. En este sentido, recuerdan que la propia Junta de Extremadura ha llegado a reclamar la retirada de propuestas estatales destinadas a fijar exigencias de eficiencia energética e hídrica a estas plantas informáticas.

“El negacionismo ambiental no consiste solo en negar el cambio climático; también se manifiesta cuando se ignoran las evidencias científicas, se minimizan los impactos económicos o se impide escuchar a quienes pueden explicarlos”, indica la organización. El colectivo subraya que la comunidad autónoma padece ya manifestaciones graves de degradación (embalses eutrofizados, acuíferos contaminados por nitratos, suelos degradados y dehesas amenazadas por la seca) que exigen rigurosidad técnica y evaluación de efectos acumulativos. “Cerrar las puertas de la Asamblea a la ciencia no hace desaparecer los impactos ambientales. Solo impide conocerlos y prevenirlos antes de que sean irreversibles”, concluyen.

Meta ha obtenido un beneficio acumulado de 52.481 millones de dólares (46.763 millones de euros) en los nueve primeros meses de 2026, lo que supone un aumento del 39% respecto al mismo tramo del año anterior. Unos 20.000 millones de dólares más que en 2025 pese a que Meta se ha apuntado en estas cuentas un pago de 10.000 millones por el acuerdo extrajudicial alcanzado con 52 fiscales generales de EEUU para enterrar la macrodemanda por los daños que el diseño adictivo de sus redes ha provocado a los menores.

La empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp facturó 181.712 millones de dólares (161.914 millones de euros) entre enero y septiembre, un 29% más interanual. Un semestre en el que la empresa de Mark Zuckerberg ha seguido apostando muy fuerte por la inteligencia artificial, aunque la práctica totalidad de sus ingresos provienen de la publicidad en redes sociales.

La clave es que la nueva tecnología entronca directamente con el principal negocio de Meta. “Nuestras inversiones en IA ya están generando importantes ingresos publicitarios adicionales gracias a una mayor interacción de los usuarios, mejores recomendaciones y una monetización más eficiente”, ha explicado la jefa financiera de Meta, Susan Li, en la reunión con los inversores posterior a la comunicación de resultados.

Nuestras inversiones en IA ya están generando importantes ingresos publicitarios adicionales

Susan Li — jefa financiera de Meta

“Están creando la tecnología y la infraestructura necesarias para abrir importantes oportunidades de nuevos ingresos y reforzar las capacidades en todo el negocio”, ha insistido Li. Zuckerberg, por su parte, ha destacado que en este último trimestre la empresa ha logrado “hitos” en IA como el lanzamiento de su asistente Muse, una prueba de que las “inversiones están dando frutos” y su compañía experimenta un “avance acelerado”.

Presentado en septiembre y todavía no disponible en Europa, Muse es el agente de inteligencia artificial con el que Meta busca pasar de los chatbots que contestan preguntas a herramientas que actúan directamente en nombre del usuario. Para alcanzar su máximo potencial, necesitan acceso al correo electrónico, las apps de mensajería, el calendario, los archivos de los dispositivos personales o las cuentas bancarias del usuario.

Meta promete que ni las conversaciones ni los datos almacenados por Muse se añadirán a su base de datos publicitaria, aunque reconoce que la actividad del agente puede “influir indirectamente” en los anuncios que recibe el usuario. Abogados especialistas y la propia Agencia Española de Protección de Datos advierten que los agentes representan un reto mayor para la privacidad: “Una cosa es pedir a la IA una respuesta y otra darle poderes para actuar. Podemos pedirle que organice una cena, haga una compra o gestione nuestros mensajes, sin saber exactamente qué pasos seguirá, a quién contactará o qué información compartirá. Una orden sencilla que puede desencadenar muchas actuaciones”, explicó su presidente, Lorenzo Cotino, a elDiario.es.

Beneficio disparado en el trimestre pese al pago a los estados

En el tercer trimestre del año, el beneficio neto de Meta llegó a los 9.860 millones de dólares (8.786 millones de euros), un 264% más interanual, mientras que la facturación se situó en 64.601 millones de dólares (57.563 millones de euros), un 26% más. Tras publicar unos resultados que superaron las expectativas de los analistas al cierre de Wall Street, las acciones de la multinacional subieron casi un 6% en las operaciones posteriores al cierre y acumulan una revalorización cercana al 50% desde el inicio de 2026.

Todo ello a pesar de que las cuentas incluyen un cargo de 9.900 millones de dólares (8.821 millones de euros) correspondiente al acuerdo judicial alcanzado el pasado agosto para cerrar las demandas de 52 estados de Estados Unidos por haber diseñado sus redes sociales para que resulten adictivas para los menores. Meta señala que sin esa partida sus beneficios habrían sido mucho mayores, aunque advierte que aún tiene procesos judiciales abiertos por esta cuestión “en varios mercados”, cuyos resultados podrían “afectar” a su negocio.

Más centros de datos, menos gente

Zuckerberg espera que los ingresos de su compañía crezcan aún más en el cuarto trimestre, el más dulce para la publicidad por las festividades de acción de gracias y navidad, hasta los 76.000 millones de dólares (67.720 millones de euros). A su vez, también ha ampliado las previsiones de gasto en infraestructuras de IA, que podría alcanzar los 145.000 millones de dólares en el total del ejercicio (129.202 millones de euros).

El aumento del gasto basado en los centros de datos a hiperescala va acompañado de una reducción de personal. Meta tiene en concreto un 15% menos trabajadores que el año pasado, lo que sitúa su plantilla en 66.775 empleados. Asimismo, la compañía anunció que creará una nueva clase de acciones que podrán cotizar en bolsa, pero no tendrán derecho a voto, que entrarán en vigor en enero de 2027, una práctica que emula la que está siguiendo Elon Musk en SpaceX.

El incremento de la partida destinada a infraestructuras mantiene la apuesta de Zuckerberg en pleno debate sobre una burbuja en torno a la inteligencia artificial, cuya existencia tanto él como el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, han admitido que “es bastante posible”. “Aquí el riesgo, al menos para una empresa como Meta, está en no ser lo suficientemente agresivo, en lugar de en ser demasiado agresivo”, defendió Zuckerberg sobre el despliegue de infraestructuras para esta tecnología.

El Gobierno español tiene muy presente el efecto de los centros de datos en Irlanda. Este país acaba de aprobar un cambio legal que afecta directamente a estas instalaciones, con un enorme peso en su consumo eléctrico, tras detectar un “riesgo inmediato y significativo para la estabilidad de la red y la seguridad del suministro”.

En el Ministerio para la Transición Ecológica circulan varios informes de la Commission for Regulation of Utilities (CRU) irlandesa que sustentan su decisión de obligar a estos centros a mantenerse conectados durante perturbaciones de la red eléctrica.

La obligación entrará en vigor de forma gradual el 27 de octubre y afecta a todas las instalaciones de demanda conectadas a la red de transporte, también las existentes, con nuevas obligaciones técnicas y un régimen transitorio que restringe la demanda de los centros que no cumplan estas especificaciones.

La medida partió del operador del sistema, EirGrid, equivalente a Red Eléctrica de España (REE) y 100% estatal, para reducir el riesgo de desconexiones masivas de la red de transporte de grandes consumidores, en especial, centros de datos.

El dictamen de la CRU, del 22 de septiembre, recuerda que Irlanda no es el único país en esta situación: “Se han registrado casos de una pérdida significativa de carga de demanda de centros de datos a nivel mundial”. “Jurisdicciones como Australia y Texas ya han implementado, o están en proceso de implementar, normas técnicas similares”. 

EirGrid calculó que, en algunos escenarios, con la normativa actual podía llegar a perderse hasta el 90% de la demanda de centros de datos. En junio su consumo alcanzó unos 1.000 megavatios (MW), muy cerca del nivel de 900 MW que EirGrid cree compatible con su límite de seguridad: la cantidad máxima de demanda que su sistema (que incluye a Irlanda del Norte) podría perder de golpe sin poner en peligro su estabilidad.

Ya en julio, la CRU advirtió de que “la desconexión simultánea de un gran volumen de demanda del sistema eléctrico puede crear desequilibrios repentinos entre la oferta y la demanda, que EirGrid gestiona en tiempo real”, lo que supone “un riesgo significativo para la seguridad del sistema”.

Con el sistema actual, ante una perturbación breve de la tensión de la red en Irlanda, muchos centros de datos se desconectan casi instantáneamente y un fallo pequeño puede provocar una pérdida súbita de cientos de MW de demanda, con el consiguiente desequilibrio para la red. Ocurrió el pasado 6 de junio tras un problema en una subestación de 220 kV en Dublín (el área metropolitana de la capital irlandesa concentra el 99% de la capacidad de los data centers irlandeses). Se perdieron unos 480 MW, el 52% de la demanda de los centros de datos en ese momento. 

Para paliarlo, el operador irlandés lleva meses reduciendo exportaciones de electricidad, entre otras actuaciones, lo que puede encarecer la electricidad y agravar el desperdicio de energía renovable (los llamados vertidos). El objetivo con estas medidas es que, a medida que se adapten las instalaciones, EirGrid pueda retirar esas restricciones. La isla, una potencia eólica, cubrió con renovables en 2025 cerca del 42% de su consumo bruto de electricidad, según Eurostat.

Este país aprobó a principios de año el plan LEAP (Large Energy User Action Plan), para compatibilizar la expansión de los centros de datos y otras industrias de gran consumo energético con la capacidad de la red y el despliegue de renovables. El plan les obliga a aportar generación gestionable o almacenamiento y cubrir al menos el 80% del consumo anual con nuevas renovables, como acaba de plantear el Gobierno español, aunque les da un plazo de adaptación de seis años.

Sin parangón

Los principales centros de datos en Irlanda pertenecen, sobre todo, a grandes tecnológicas estadounidenses (Amazon, Microsoft, Meta y Google) y a operadores especializados que alquilan espacio, capacidad eléctrica y conectividad a terceros. Su situación no es comparable a España. Aquí tienen todavía un consumo residual, aunque ya empieza a notarse en la demanda de los grandes consumidores, según los indicadores que maneja REE, y no hay una normativa específica, aunque existen requisitos técnicos y permisos de consumo flexible.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya reclamó en enero de 2025, antes del histórico apagón del 28 de abril, que los data centers “dispongan de las características técnicas necesarias con respecto a capacidades de soportar huecos de tensión, de seguimiento de rampas u obligaciones de observabilidad y gestionabilidad, acordes a las necesidades actuales de la operación del sistema”.

Irlanda, que ejerce la presidencia de turno de la UE y en abril firmó con España un protocolo para explorar una futura interconexión eléctrica, está también en el foco del regulador español. En su informe sobre el borrador de decreto del Ejecutivo para regular los centros de datos, Competencia recuerda que en Irlanda estas instalaciones han pasado “del 4% del consumo total en 2015 al 28% en 2026, y se proyecta que alcance el 35% en 2035”.

Esto ha llevado “a introducir medidas para ordenar el desarrollo de este tipo de proyectos”, como modificar los códigos de red “para así gestionar mejor la conexión, fomentar el autoconsumo o la autogeneración y garantizar un acceso no discriminatorio que evite moratorias o retrasos en el desarrollo urbano”, recordó la CNMC.

El peso de los centros de datos en el consumo de Irlanda este año “podría alcanzar el 32%”, advertía hace unas semanas en Bloomberg Pedro Sánchez, en un artículo para defender la pertinencia de ese decreto urgente, planteado en agosto y que puede aprobarse con las Cortes disueltas, al no requerir del visto bueno del Parlamento.

Según El Periódico, la patronal del sector, que agrupa a gigantes tecnológicos pero también a ACS, las grandes energéticas o incluso al gigante sanitario Quirón, confía en que el decreto tenga que pasar el filtro de la Comisión Europea por sus exigencias sobre soberanía digital, con lo que no se aprobaría antes de las elecciones del 29 de noviembre.

Pero la parte mollar del borrador no es esa, sino los exigentes requisitos de consumo de renovables que La CNMC ha pedido flexibiliza, al igual que la patronal de los centros de datos, que asegura que hay en riesgo 9.000 millones de inversión.

El Gobierno propuso que los centros de datos con potencia igual o superior a 1 MW respalden hora a hora al menos el 80% de su consumo eléctrico con nueva generación renovable, hasta que la generación limpia supere el 90% del mix eléctrico. El borrador, que también incorpora nuevas exigencias de eficiencia energética e hídrica, suscita también el rechazo de los gobiernos autonómicos del PP, como el de Aragón, donde se han anunciado inversiones multimillonarias. Su consejera de Economía es Eva Valle, esposa del gurú económico de Alberto Núñez Feijóo, Alberto Nadal.

En paralelo a este decreto y a dos para impulsar el autoconsumo y las comunidades energéticas que el Gobierno ha reactivado ahora, el último Consejo de Ministros acordó la tramitación urgente de otra norma que permitirá ampliar la capacidad de la red eléctrica al establecer requisitos sobre las demandas de centros de datos y otras instalaciones que se conectan con electrónica de potencia.

Por la aplicación del criterio de acceso dinámico de la CNMC, los requisitos actuales drenan capacidad en aquellos nudos con los que comparte zona, que pueden estar a muchos kilómetros de distancia. Es decir, además de aprovechar la capacidad que necesiten para operar, impiden que otras demandas se conecten a su alrededor. Y la norma persigue aflorar capacidad disponible en las redes y reforzar la estabilidad del sistema frente a perturbaciones.

Ante la burbuja de peticiones de acceso a la red de proyectos de centros de datos sin nada detrás, el primer decreto por la guerra de Irán ya introdujo incentivos para permitir a los promotores renunciar formalmente a sus permisos recuperando los avales y sin ejecutar las garantías depositadas y atajar la especulación. También implantó exigencias como la vinculación del permiso a una actividad económica concreta, la prestación económica por reserva de capacidad, la caducidad de los permisos de acceso y conexión ante incumplimientos de determinados hitos y la priorización de determinados proyectos considerados estratégicos.

Según la CNMC, tras ese decreto en el caso de los centros de datos ya habrían renunciado permisos equivalentes a 1.600 MW. El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, dijo hace unos días que las medidas para evitar el acaparamiento de permisos ya han liberado más de 1.000 MW en la red de transporte y 1.700 MW en distribución.

San Mateo de Gállego, cerca de Zaragoza, puede ser destino de hasta dos centros de datos. Al campus que Amazon Web Services tramita en los terrenos de la frustrada urbanización de Martinsa-Fadesa, se une el que promueve Copiapo Renovables, que ya analiza el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga). Prevé alcanzar 570 megavatios en diez años, pero por ahora solo tiene asegurados 90, y ni sumando las peticiones pendientes ante Red Eléctrica llegaría a esa cifra. Tampoco concreta cuánta agua consumirá: el documento de inicio sometido a consultas previas plantea una captación en el río Gállego, pero solo cuantifica la demanda de la primera fase y deja la tecnología de refrigeración en manos de “los futuros clientes”.

El proyecto no es nuevo. Es el campus de centro de datos que Vantage Data Centers y un socio local, Desarrollos Ecoindustriales La Cartuja, planeaban en Villanueva de Gállego, junto a la Universidad San Jorge. El Gobierno de Aragón lo declaró de interés autonómico en septiembre de 2025 y lo presentó como una inversión de 3.200 millones de euros. En julio, los promotores renunciaron a aquellos suelos y empezaron a buscar un nuevo emplazamiento.

Desarrollos Ecoindustriales La Cartuja nació de la alianza de los grupos Atalaya, Posidonia y Aptimus. El Registro Mercantil sitúa a Atalaya Generación Eólica y Posidonia Inversiones en su consejo de administración, junto a los empresarios Pedro Machín y Emilio Garcés. El documento de San Mateo presenta a Copiapo como fruto de la alianza de Atalaya y Posidonia.

La energía también coincide. Villanueva iba a arrancar con 90 MW de la red de Endesa y dependía de otros 300 MW en las subestaciones de alta tensión de Villanueva y Peñaflor. San Mateo parte exactamente de los mismos 90 MW y las mismas peticiones a Red Eléctrica.

Siete edificios hasta 2035

El plan ocupa 122,1 hectáreas al sur del polígono industrial Río Gállego, junto a la carretera que une San Mateo con Zaragoza, a 1,7 kilómetros del casco urbano. Prevé siete edificios de una planta en cuatro fases. La primera, con un edificio de 90 MW, se completaría en 2029; la segunda llevaría el campus a 240 MW, la tercera a 420 y la cuarta a 570 ya en el año 2035. Según el documento, el campus está diseñado para “centros de datos de hiperescala y de IA de alta densidad”.

Lo único asegurado son dos permisos de acceso a la red de distribución de Endesa: 80 MW en la subestación de Peñaflor, en Villamayor de Gállego –que caduca si en 2029 no se ha formalizado el acceso a la red–, y 10 MW en la de Villanueva de Gállego. Mientras, las dos peticiones de 150 MW a Red Eléctrica dependen de que el Ministerio para la Transición Ecológica convoque los concursos de capacidad en los nudos saturados del entorno de Zaragoza. Amazon Web Services, Microsoft o Azora, entre otros promotores, compiten por esa misma capacidad.

Aunque Red Eléctrica atendiera todo lo pedido, el campus sumaría 390 MW, con lo que faltarían 180 para el objetivo, y el documento no dice de dónde saldrían. Solo apunta que, “en función de la disponibilidad de capacidad derivada de la planificación de la red de transporte”, se “podrán solicitar nuevos permisos”. El calendario de las tres últimas fases se apoya así en una potencia que hoy no figura en ninguna tramitación. El propio promotor admite que ese calendario “dependerá de numerosos factores, entre ellos de la futura asignación de potencia y de la demanda de los clientes finales”.

Cada edificio contará además con generadores de emergencia para soportar toda su carga crítica, con entre 60 y 95 MW de generación de reserva por edificio. Por ese volumen de combustión, el documento reconoce que el campus necesitará Autorización Ambiental Integrada y una evaluación de impacto ambiental ordinaria.

Agua: una cifra para la primera fase

El agua de refrigeración se tomará del río Gállego. Se almacenará en una balsa de 2,3 hectáreas en San Mateo y se bombeará hasta el campus por una conducción de unos 900 metros. El documento solo da un consumo: 225 metros cúbicos diarios para los 90 MW de la primera fase, con una ratio de 2,5 metros cúbicos por megavatio y día. No ofrece ninguna cifra para el campus completo ni concreta el volumen anual que se pretende derivar del río.

Con la misma ratio, los 570 MW consumirían unos 1.425 metros cúbicos diarios, cerca de 520.000 al año, según un cálculo de este medio que no figura en el expediente. Es el equivalente al consumo doméstico de unas 11.400 personas, más del triple de la población actual de San Mateo de Gállego.

La cifra final dependerá de una decisión que el promotor aún no ha tomado. Según el documento, la disipación de calor “podrá realizarse mediante tecnologías de refrigeración seca, híbrida o evaporativa, en función de los requisitos operativos de los futuros clientes”, y el consumo “podría ser considerablemente menor” si se opta por la refrigeración seca.

“Area crítica de cernícalo primilla”

De las 122,1 hectáreas, 34,4 son del Ayuntamiento de San Mateo y 84,3 pertenecen a Nivalia Hispania, una sociedad administrada por la gestora zaragozana LMT Asset Management, según el Registro Mercantil. Las líneas eléctricas soterradas hasta Peñaflor y Villanueva, de 11,5 y 13,3 kilómetros, y los trazados de fibra óptica atraviesan también los términos de Villanueva, Zaragoza, Zuera y Villamayor de Gállego. Una de las zanjas cruza la Zona de Especial Conservación del Bajo Gállego, y el documento reconoce que el recinto queda “íntegramente dentro de un área crítica de cernícalo primilla”.

El análisis de alternativas compara el emplazamiento elegido con dos parcelas en Zuera. No menciona el de Villanueva, donde el proyecto llegó a someter su evaluación ambiental a información pública.

La burbuja de la inteligencia artificial toma cuerpo en los centros de datos. Unas instalaciones que brotan por todo el mundo para entrenar y operar algoritmos de IA y que, según las estimaciones más recientes, sumarían al menos unas 12.000 en todo el planeta. Sin embargo, la verdadera explosión se ha dado en los llamados centros de datos a hiperescala, infraestructuras masivas con miles de servidores y una capacidad de cómputo nunca antes vista. Solo los gigantes tecnológicos estadounidenses como Amazon, Google, Meta, Microsoft y Oracle tienen la capacidad para construirlos y operarlos, pero mueven un capital tan enorme que su impacto ya está afectando incluso a la economía europea.

Estas cinco grandes multinacionales, conocidas en el sector como las hiperescaladoras, gastarán este 2026 unos 714.000 millones de euros y más un billón en 2027, según datos de Goldman Sachs. Ese billón de euros equivale a aproximadamente un 6,5% del PIB de la eurozona o al 3% del de EEUU.

Aunque salvo en el caso de Oracle, todas podrían financiar esos desembolsos con su flujo de caja, los gigantes tecnológicos están optando por emitir bonos para compartir parte del riesgo. En los primeros nueve meses del año, las tecnológicas han emitido 230.000 millones de dólares en bonos, el doble del volumen registrado durante todo el ejercicio anterior, según S&P Capital IQ. En el conjunto de la industria de la IA, la cifra total de deuda emitida roza los 500.000 millones de dólares.

“Están recurriendo a todos los rincones de los mercados financieros globales para financiar su expansión”, explica el Banco Central Europeo (BCE): “Y cada vez más, recurren al mercado de bonos corporativos de la zona euro para obtener parte de esa financiación”. El problema es que su requerimiento de capital es tan enorme que los créditos de las hiperescaladoras ya representan el 10% de toda la nueva deuda emitida por empresas no financieras de la eurozona, según los datos que maneja la institución.

Esto tiene consecuencias para las empresas europeas, que están enfrentando mayores costes o se ven obligadas a retrasar sus propias salidas al mercado de deuda para no competir con los gigantes estadounidenses. “Los inversores tienen balances y límites de cartera limitados. Pueden reducir sus posiciones en otros bonos para hacer hueco a las grandes operaciones de las empresas hiperescala. Esto podría generar un efecto de desplazamiento que aumente los costes incluso para los emisores de sectores no relacionados”, destacan los analistas del BCE.

En la práctica, esto implica que una compañía europea que quiera pedir dinero prestado para construir una fábrica o ampliar su negocio puede encontrarse con que los inversores tienen menos dinero disponible para prestarle, porque lo están destinando a los gigantes tecnológicos estadounidenses. Para convencerlos, podría tener que ofrecerles un interés más alto, encareciendo su financiación. O bien aplazar la emisión de sus bonos y, por tanto, su crecimiento, hasta que haya menos competencia.

La burbuja de la IA en la economía mundial

Este martes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) actualizó sus perspectivas sobre la economía mundial. Y lo hizo con un mensaje doble sobre la IA: las inversiones masivas en centros de datos son, ahora mismo, uno de los motores de la economía mundial; pero que lleva aparejado un riesgo de burbuja por la falta de mejoras notables de la productividad y que concentra sus beneficios en un puñado de países.

Una “reevaluación” de la rentabilidad y de la productividad asociadas a la IA “podría reducir drásticamente la inversión, provocar correcciones en los mercados bursátiles y endurecer las condiciones financieras, con repercusiones en las economías integradas en las cadenas de suministro tecnológicas y con tenencias de acciones tecnológicas”, advierte el FMI.

Es el tipo de brecha que aparece entre la economía estadounidense y la europea. En EEUU, la Reserva Federal calcula que las inversiones de sus hiperescaladoras y la revaloración bursátil de su sector tecnológico añaden entre medio punto y un punto porcentual a su PIB. En cambio, en la eurozona, el acaparamiento de crédito por parte de estas grandes tecnológicas para financiar su crecimiento no aporta un retorno equivalente.

Incluso en España, que está siendo una de las grandes receptoras de esa inversión, aún queda por ver hasta qué punto el desembarco se traduce en mejoras duraderas para la economía. Amazon y Microsoft se han comprometido a invertir unos 33.000 millones y 5.000 millones de euros respectivamente en grandes centros de datos. Esto, a su vez, ha espoleado movimientos de otros actores del mercado. La Fundación Basilio Paraíso estima que, cuando entren en operación, aportarán cerca de 1.150 millones anuales a la economía de la región. La cifra equivale a aproximadamente al 0,07% del PIB español.

La Fundación advierte, además, que aunque la construcción de centros de datos genera actividad y empleo, “el reto” será conseguir que su fase de operaciones garantice mejoras de productividad en el resto de empresas, y que estas se puedan ver beneficiadas de forma proporcional de esa inversión.

Amazon, por su parte, asegura que sus centros de datos en España aportarán 31.700 millones de euros al PIB nacional hasta 2035 y sostendrán el equivalente a 29.900 empleos a jornada completa de media anual en empresas locales, incluidos los indirectos. Más de la mitad de ese impacto económico se concentraría en Aragón.

Crecimiento con asterisco

Fuera de EEUU, las economías que más están creciendo al calor de los centros de datos de la IA no son las que los están recibiendo, sino las que producen los componentes necesarios para construirlos. Muy especialmente, Taiwán y Corea del Sur.

Los dos pequeños países asiáticos concentran la industria vital de los chips de la IA. En Taiwán se producen aproximadamente el 90% de los chips avanzados del mundo que se usan para entrenar y operar esta tecnología. Lo hace a través de TSMC, su gran multinacional ultraespecializada en fabricar chips para terceros. Un negocio que nutre de chips a empresas clave como Nvidia y Apple, y que está haciendo que TSMC bata récords de beneficios trimestre tras trimestre.

Corea del Sur produce, por su parte, buena parte de los componentes alternativos de los servidores, como los chips de memoria. Su gigante Samsung ha multiplicado su valor bursátil un 121% en un solo año, mientras que otras multinacionales como SK Hynix también están disparando sus resultados gracias a la demanda de estos dispositivos.

Es una tendencia de cuellos de botella de la que Europa solo logra beneficiarse a través de ASML, la compañía neerlandesa que produce las máquinas que fabrican chips que necesitan TSMC o Samsung. ASML ha publicado sus resultados esta semana, comunicando unas ventas netas de 11.700 millones de euros, un 55% más interanual, y un beneficio neto de 4.960 millones. Sin embargo, la empresa también ha reconocido que no podrá cumplir con la demanda durante 2027 y 2028, y que ya está negociando entregas para 2030.

Son cuatro años de espera para conseguir una de estas máquinas que ejemplifican cómo la economía de la IA se apoya en un puñado de pilares clave que están llegando a su capacidad máxima. Y que dada su altísima complejidad tecnológica, no son sencillos ni baratos de ampliar: ASML está ampliando sus instalaciones, pero las primeras fases no entrarán en funcionamiento hasta, al menos, 2029.

No hay máquinas de chips para surtir a tanto centro de datos. ASML, el gigante europeo que diseña y produce los complejos sistemas de litografía ultravioleta extrema que producen los chips de inteligencia artificial avanzada, ha anunciado que no podrá cubrir la demanda durante 2027 y 2028. El fabricante, con sede en países bajos y único proveedor en el mundo de este tipo de máquinas, ya está negociando entregas para finales de la década.

“Muchas de nuestras conversaciones con nuestros clientes ahora están cambiando, de hecho, más allá de 2027”, ha explicado el director ejecutivo de la compañía, Christophe Fouquet. El directivo ha detallado que la empresa registra “mucha recepción de pedidos para 2028”, pero también “un gran interés en realizar pedidos ya para 2029 y, a veces, incluso para 2030”.

La compañía había anunciado en julio un plan para incrementar un 30% su capacidad en 2027 y otro 30% adicional en 2028. Pero no será suficiente. Las previsiones iniciales se han quedado cortas ante la enorme demanda de sus máquinas, indispensables para fabricar los chips que nutren la nueva generación de centros de datos que se construye por todo el mundo. Fouquet ha confirmado que ASML está “investigando formas de aumentar la capacidad para 2028 más allá del incremento del 30% comunicado previamente”, con el objetivo de evitar que el cuello de botella frene a la industria.

Entre los clientes directos de la firma holandesa figuran TSMC, la multinacional taiwanesa que fabrica el 90% de los chips avanzados de IA del mundo, como los de Nvidia. Pero también las coreanas Samsung y SK Hynix, las estadounidenses Intel o Micron, así como nuevos actores como el proyecto Terafab de Elon Musk. Según ha detallado ASML, estos fabricantes están acelerando sus planes de expansión ante la voracidad inversora en centros de datos, lo que ha llevado al límite su cadena de producción.

Los sistemas de litografía extrema que produce la compañía con sede en Veldhoven, una población de Países Bajos de poco más de 30.000 habitantes, son una de las obras de ingeniería más avanzadas de la historia de la humanidad. Utilizan luz ultravioleta para para proyectar los patrones de los circuitos de los chips con precisión nanométrica, miles de veces más pequeña que un pelo humano. Un equipo de más de 200 ingenieros tarda unos seis meses en montarlas en su fábrica de destino.

Esta demanda desbocada está haciendo explotar los resultados del grupo. ASML cerró el tercer trimestre de 2026 con unas ventas netas de 11.700 millones de euros, un 55% más interanual, y un beneficio neto de 4.960 millones, ha comunicado este miércoles. La cifra incluye un impacto positivo de 500 millones procedente de la revalorización de su participación en la compañía francesa de IA Mistral, de la que ASML posee un 11%.

La empresa neerlandesa ha elevado su pronóstico de facturación para este año a entre 44.000 y 45.000 millones de euros. Para el cuarto trimestre calcula unos ingresos de entre 14.200 y 15.200 millones, superando las estimaciones de los analistas.

Para intentar reducir el tiempo de espera, ASML inició el mes pasado los trabajos para ampliar sus instalaciones en Eindhoven. No obstante, dada la complejidad técnica de sus centros de trabajo, calcula que la primera fase del complejo no estará lista antes de 2029. Para paliar la situación, ha recomendado a los clientes que actualicen las máquinas que ya tienen instaladas en vez de sustituirlas por sistemas nuevos.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recomienda ajustar el diseño del proyecto de real decreto que regulará los centros de datos (data centers), flexibilizando las exigencias relativas al requisito de adicionalidad -que obliga a estas instalaciones a cubrir al menos un 80% de su consumo con nueva generación renovable- y a la correlación horaria.

En su informe emitido sobre el borrador remitido por la Secretaría de Estado de Energía (SEE), al que ha tenido acceso Europa Press, el regulador evalúa las obligaciones planteadas para estas infraestructuras de gran consumo energético. Si bien comparte el objetivo de ordenar el sector ante el elevado volumen de permisos concedidos y solicitudes en tramitación, propone adaptar las condiciones exigidas para no generar señales eficientes distorsionadas.

El proyecto normativo contempla que los centros de datos deban acreditar que el 80% de su consumo anual procede de autoconsumo o de contratos a plazo con instalaciones renovables cuya entrada en funcionamiento no sea anterior en más de 18 meses a la del propio centro.

Ante esto, la CNMC advierte de que existe un gran volumen de energía renovable sobrante en determinadas horas -con cerca de 600 horas de precios negativos registradas solo en el primer semestre de 2026- por lo que no ve eficiente exigir nueva potencia en periodos donde ya se producen vertidos de generación limpia.

Por ello, plantea que la exigencia de adicionalidad del 80% se aplique únicamente en las horas en las que no exista suficiente generación renovable disponible, o bien que se flexibilice reduciendo el porcentaje inicial de cobertura o fijando una senda progresiva de cumplimiento hasta 2030.

Asimismo, sugiere ampliar la ventana temporal de 18 meses fijada para la puesta en marcha de las plantas renovables asociadas, al considerarla insuficiente dados los plazos reales de tramitación y construcción.

Del mismo modo, cree que el plazo de seis meses dado a los proyectos con permisos concedidos para acreditar su cumplimiento es escaso y propone dar un tratamiento gradual a los proyectos más avanzados.

Respecto a la correlación horaria (que exige que el 80% de la energía consumida en cada hora esté respaldada por generación renovable generada esa misma hora), el regulador señala que obligaría a sobredimensionar en exceso las plantas y el almacenamiento, elevando costes.

Por tanto, aboga por excluir del cómputo aquellas horas en las que se registren excedentes, precios de mercado muy bajos (iguales o inferiores a 20 euro/MWh) o bajas emisiones del mix.

En cuanto al régimen sancionador, la propuesta del Gobierno contempla recargos sobre los peajes y cargos del sistema eléctrico -que van del 10% al 500% según la gravedad del incumplimiento de adicionalidad o correlación horaria-.

La CNMC sostiene que estas penalizaciones no deberían aplicarse sobre la facturación de peajes de transporte y distribución -cuya fijación es competencia exclusiva del regulador-, y recomienda canalizarlas a través de mecanismos específicos, como los precios de financiación de los futuros mercados de capacidad.

Por otro lado, sobre los criterios de eficiencia energética (PUE) e hídrica (WUE), el organismo señala que exigir simultáneamente umbrales estrictos en ambos indicadores resulta “excesivamente rígido”.

La CNMC aclara que reducir el consumo de agua mediante la recuperación y reciclaje puede aumentar el uso de electricidad, mientras que reducir al máximo el gasto eléctrico requiere más uso hídrico.

Dada la elevada disponibilidad de renovables en España y la escasez de agua, el organismo aconseja priorizar la exigencia del consumo hídrico y relajar el indicador de consumo eléctrico a valores más habituales.

Aragón pone el suelo, el agua y la electricidad para los centros de datos de Amazon. Sin embargo, los municipios que los acogen tienen que reclamar que el impuesto sobre su actividad llegue a sus arcas. El Burgo de Ebro y Villanueva de Gállego han anunciado un frente común para reclamar el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), que la multinacional abonaba mediante una cuota nacional. Y en Huesca, el Ayuntamiento asegura que ha realizado gestiones ante la compañía y que esta ha anunciado un compromiso de pago de apenas 5.000 euros anuales por la instalación de Plhus, con efecto retroactivo desde 2023.

Esta batalla pone el foco en el retorno fiscal de las grandes infraestructuras tecnologías que se extienden por Aragón. Los municipios cuestionan que el impuesto que grava su actividad no llegue directamente al lugar donde se encuentran los centros. Mientras, las obras de expansión tampoco generan los ingresos por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) que reclaman los consistorios.

El Burgo y Villanueva han expresado su voluntad de actuar conjuntamente pare exigir ese cobro, según adelantó Heraldo de Aragón. Su reivindicación reside en que el IAE se ingrese donde se desarrolle la actividad económica. El alcalde de El Burgo, el socialista Vicente Royo, ha llevado esa presión a la negociación de las ampliaciones, anunciando que no firmará el convenio previsto en el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) hasta que no se alcance un acuerdo económico sobre el IAE y la compensación por el ICIO.

La respuesta de Huesca introduce un elemento distinto en esta batalla. El Ayuntamiento que dirige la popular Lorena Orduna sostiene que AWS se ha dado de alta en el epígrafe 845 del IAE y que “tributará este impuesto en Huesca desde 2027”. Añaden fuentes municipales que la empresa ha confirmado que abonará “con carácter retroactivo desde 2023 el IAE correspondiente al centro de datos de Plhus”. La cuantía, según el Ayuntamiento, será de aproximadamente 5.000 euros por año.

El Ayuntamiento de Huesca no concreta cuándo se ingresarán las cantidades retroactivas ni qué recaudación prevé por el nuevo centro de datos en construcción en Walqa, a unos 400 metros del centro de datos de Plhus, al otro lado de la autovía A-23. Tampoco describe lo ocurrido hasta ahora como un incumplimiento fiscal. Según el consistorio, la compañía había pagado el IAE mediante la cuota nacional, “tal y como indicaba la normativa estatal para la actividad en la que estaba inscrita”.

Esta distinción afecta a la reclamación de la formación política Aragón Existe, que este miércoles pidió a Orduna exigir a AWS unos 91.000 euros y sumarse a los otros dos ayuntamientos. “El Ayuntamiento de Huesca debe ser valiente y reclamar a Amazon 91.000 euros que le deben a todos los oscenses, un dinero que ayudaría a nuestra ciudad y mejoraría los servicios municipales”, sostiene su portavoz, Daniel Ferraz.

Según la memoria económica del PIGA de expansión de AWS, estima que el centro de datos de Walqa generará para Huesca 90.817,74 euros anuales por el IAE y otros 35.599,82 euros por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Esa previsión corresponde a una instalación distinta del centro de Plhus, para el que el Ayuntamiento ha anunciado aproximadamente 5.000 euros anuales de IAE y pagos retroactivos desde 2023. La respuesta municipal no concreta cuánto tributará el complejo de Walqa ni cómo se materializará la recaudación prevista.

El ICIO, otro frente en la batalla

El ICIO abre otro frente en la batalla por los impuestos. Aragón Existe denuncia el trato que recibe AWS frente a empresas que sí pagan el impuesto por construir en Plhus. El Ayuntamiento de Huesca responde que las exenciones de las obras en curso están recogidas en el PIGA, “sistema de legislación y tramitación autonómica por que el se ha desarrollado el proyecto”. Respecto al IBI asegura que Amazon “está al día” con Huesca.

La tramitación autonómica también limita los ingresos municipales derivados de las obras de Walqa. Según la memoria económica del PIGA, la tasa por licencia urbanística “no se devengaría” y el ICIO “no resultaría de aplicación”, porque considera que “no se cumple el hecho imponible porque las obras no requieren un título habilitante urbanístico”. El acuerdo del Gobierno de Aragón, que aprobó los proyectos de edificación en mayo de este año, confirma que son “directamente ejecutables sin necesidad de título habilitante de naturaleza urbanística”.

Aragón Existe también reprocha al consistorio oscense una “información insuficiente” sobre el empleo, el consumo de agua y electricidad y los impuestos de las instalaciones. El Ayuntamiento remite a los correspondientes PIGA y señala que las estimaciones de empleo y recursos son públicas.

Así, la documentación ambiental del proyecto permite concretar algunas previsiones. Según la autorización del Inaga, el complejo de Walqa “empleará un total de 150 trabajadores”, distribuidos entre sus cinco edificios de almacenamiento de datos que ocupan un emplazamiento con una superficie total de 57 hectáreas. Además, fija “el consumo anual de electricidad para el desarrollo de la actividad” en “2.270.600 MWh/año”.

En materia de agua, la autorización ambiental del Inaga recoge una “necesidad de abastecimiento de agua de 152.892 metros cúbicos al año”, con un reparto de “143.402 metros cúbicos al año para refrigeración y 9.490 metros cúbicos al año para uso sanitario y protección contra incendios”. Además, indica que el promotor prevé emplear para refrigeración “94.157 metros cúbicos al año de agua de lluvia acumulada en los reservorios que se construirán en los centros de datos”. Estas cifras son previsiones, no consumos medios, y dependerán de situaciones como olas de calor o periodos de sequía. El abastecimiento de agua se realizará desde dos fuentes: la red de agua potable del Parque Tecnológico Walqa para uso sanitario, limpieza, y sistema contraincendios, y la red municipal del Ayuntamiento de Huesca que suministrará el agua bruta a los reservorios junto a las pluviales recogidas en la parcela.

Oposición vecinal

El debate sobre cuánto influirán los centros de datos de AWS en el territorio se cruza con la oposición vecinal. En Cuarte, barrio rural de Huesca muy próximo a Walqa, el 99,1 % de los participantes en una consulta organizada por la asociación de vecinos rechazó el centro de datos previsto en el parque tecnológico.

Participaron 117 de las 144 personas que podrían votar. El 95 % consideró que la declaración como PIGA no estaba justificada términos de balance entre beneficios y costes ambientales, energéticos y sociales. Carlos Oliván, representante vecinal, describió un clima de “incertidumbre” y “miedo”. La asociación avanzó que trasladaría los resultados al Ayuntamiento y Gobierno de Aragón y que impulsaría nuevas acciones contra un centro de datos que ya está en construcción.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha acusado este miércoles al Gobierno de querer “sacrificar un futuro tecnológico y económico” de su comunidad y de España “por arrancar un puñado de votos” con el real decreto que prepara para regular los centros de datos.

Azcón se ha pronunciado así durante su intervención en la cuarta edición del foro económico y geopolítico 'Global Trends 2026', organizado por la Cámara de Comercio Estadounidense en España (AmChamSpain), donde ha defendido la necesidad de impulsar las infraestructuras tecnológicas vinculadas al desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

Al evitar la vía parlamentaria, la tramitación de este real decreto únicamente requeriría el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y del Consejo de Estado. En este sentido, el informe de la CNMC ya estaría aprobado por el organismo que preside Juan José Ganuza tras haber pasado por el pleno la semana pasada, según ha adelantado 'El País'. Una vez que este dictamen se incorporase al expediente, el Gobierno remitiría el texto al Consejo de Estado para que realizara la valoración jurídica de la norma.

El Ejecutivo pretende llevar la norma al Consejo de Ministros a finales de octubre o principios de noviembre por la vía urgente, con el objetivo de que pueda publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes de la convocatoria electoral.

El proyecto de real decreto establece nuevos requisitos de sostenibilidad energética y medioambiental, así como de resiliencia y soberanía digital, para los centros de datos. Entre otras medidas, plantea que estas instalaciones respalden con nueva generación renovable al menos el 80% de su consumo energético en cada hora de funcionamiento.

Más de 600 alegaciones

El presidente aragonés ha criticado que el Gobierno pretenda aprobar esta iniciativa antes de los comicios y ha cuestionado que la norma vaya a resolver las más de 600 alegaciones presentadas durante su tramitación. En este sentido, ha vinculado la posición del Ejecutivo al “uso del miedo” ante el desarrollo de la IA. “El Gobierno de España sabe que hay mucha gente que no entiende la IA y le provoca miedo, por eso va a ir a un debate lo más polémico posible, pensando en los tecnoligarcas y va a sacrificar un futuro tecnológico y económico de mi comunidad, de nuestro país, por arrancar un puñado de votos”, ha señalado.

En este sentido, el presidente aragonés ha defendido el volumen de inversiones tecnológicas que está recibiendo su comunidad y ha asegurado que en los tres años que lleva al frente del Ejecutivo autonómico se han anunciado proyectos por valor de 90.000 millones de euros, fundamentalmente vinculados a centros de datos.

Azcón ha destacado que Aragón se ha convertido en un destino para grandes inversiones tecnológicas y ha citado los proyectos de Amazon y Microsoft, además de otras iniciativas industriales vinculadas al elevado consumo energético.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo autonómico ha destacado que Aragón dispone de una importante capacidad de generación de energía renovable y ha defendido que estas condiciones convierten a la comunidad en un destino atractivo para industrias con un elevado consumo energético. “En Aragón vamos a seguir apostando por atraer inversiones y vamos a seguir apostando por estar a la cabeza del desarrollo de las infraestructuras tecnológicas”, ha asegurado.

Es difícil abrir hoy una red social sin toparse con un vídeo corto que augure el fin del trabajo, la pérdida de control sobre las máquinas o la llegada de una inteligencia superior. Son mensajes diseñados para el impacto rápido que instalan un clima de inquietud casi constante.

Sin embargo, esta alarma no nace únicamente de los algoritmos de TikTok o Instagram; en las últimas semanas se ha alimentado de hechos muy reales. Grandes tecnológicas han llegado a incluir advertencias sobre 'riesgos existenciales' en los folletos destinados a sus inversores, al tiempo que se sucedían sonadas dimisiones de investigadores de seguridad preocupados por las prisas en comercializar los modelos más avanzados.

Frente a este ruido ambiental que oscila entre la fascinación y el catastrofismo, conviene dar un paso atrás y quitarle a la tecnología esa aura de magia o amenaza incontrolable.

La inteligencia artificial que conocemos hoy no es una entidad consciente ni un fenómeno misterioso: es la consecuencia directa del aumento masivo de la capacidad de cómputo y de almacenamiento de datos que la humanidad ha alcanzado en las últimas décadas.

Es infraestructura, son matemáticas y, sobre todo, son datos. Comprender esto no le resta mérito a la innovación, pero nos devuelve algo fundamental: la tranquilidad y el control.

El mito del agente que actúa solo

En el centro del debate actual se encuentran los llamados 'agentes autónomos', sistemas capaces de encadenar tareas complejas y tomar decisiones en tiempo real. Coincidiendo con alertas recientes en materia de ciberseguridad sobre la vulnerabilidad de estas herramientas, ha vuelto a surgir el temor a que la tecnología “escape” a la supervisión humana.

Un agente es tan autónomo como el equipo humano que lo ha diseñado ha decidido que sea.

Una inteligencia artificial no cobra vida por iniciativa propia para mover fondos en un banco, gestionar el inventario de un hospital ni, mucho menos, lanzar un ciberataque de forma espontánea contra una infraestructura crítica.

La autonomía no es un fenómeno mágico, sino un parámetro explícito de diseño de software. La responsabilidad, por tanto, siempre es y será humana

Si un sistema causa un fallo de seguridad o provoca una intrusión no deseada, no es porque la máquina haya desarrollado voluntad, sino porque un actor humano la ha programado, alimentado y dotado de los permisos y accesos necesarios para operar.

La autonomía no es un fenómeno mágico, sino un parámetro explícito de diseño de software. La responsabilidad, por tanto, siempre es y será humana.

Los dos pilares de la seguridad: datos de calidad y marcos de confianza

Si la autonomía depende del diseño, ¿cómo garantizamos que estos sistemas funcionen a favor de la sociedad y no en su contra? La respuesta se apoya en dos pilares complementarios.

El primero es la gobernanza y gestión de los datos (los principios que impulsamos desde marcos profesionales como DAMA). Una inteligencia artificial es tan precisa, justa y segura como la calidad de los datos con los que ha sido entrenada. Si alimentamos un sistema con datos sesgados, desactualizados o de procedencia dudosa, el resultado será defectuoso.

Una buena estrategia de datos no consiste en acumular información sin control, sino en garantizar su trazabilidad, su precisión, su ciberseguridad y el respeto absoluto a la privacidad de las personas.

Una buena estrategia de datos no consiste en acumular información sin control, sino en garantizar su trazabilidad, su precisión, su ciberseguridad y el respeto absoluto a la privacidad de las personas

El segundo pilar son los marcos de IA confiables. A menudo se habla de la necesidad de 'inventar' una ética para las máquinas, cuando en realidad las directrices ya están redactadas y consensuadas internacionalmente. Principios como la transparencia, la explicabilidad de los algoritmos, la no discriminación y, especialmente, la supervisión humana (Human-in-the-Loop) forman parte de los estándares técnicos globales.

El desafío de hoy no es teórico, sino práctico: articular los mecanismos para asegurar que se apliquen estos marcos de forma verificable

El desafío de hoy no es teórico, sino práctico: articular los mecanismos para asegurar que se apliquen estos marcos de forma verificable

Por qué regular no es frenar

Aparece aquí con frecuencia una narrativa recurrente: la que sostiene que exigir normas y garantías sofoca la innovación y nos condena a la zaga tecnológica. Sin embargo, la historia de la industria demuestra lo contrario.

La aviación comercial y el sector farmacéutico son dos de las industrias más estrictamente reguladas del planeta. Nadie se sube a un avión pensando en la burocracia que ha exigido certificar su turbina, ni duda al comprar un medicamento en la farmacia de su barrio pensando que las inspecciones sanitarias han frenado el progreso de la medicina.

Fueron precisamente los controles de calidad rigurosos, las homologaciones y la supervisión pública los que generaron la confianza indispensable para que la sociedad adoptara masivamente el transporte aéreo y los fármacos en su vida cotidiana.

Fueron precisamente los controles de calidad rigurosos, las homologaciones y la supervisión pública los que generaron la confianza indispensable para que la sociedad adoptara masivamente el transporte aéreo y los fármacos en su vida cotidiana

Con la tecnología ocurre exactamente lo mismo. El despliegue de la normativa europea (EU AI Act) y de iniciativas como el Plan IA360 no debe interpretarse como una traba burocrática, sino como la cinta de seguridad que exige el mercado.

Supervisar los modelos de alto riesgo, crear entornos de prueba y exigir soberanía en los datos y algoritmos de la administración no frena la innovación. Al contrario: son las condiciones indispensables para construir una confianza real.

La ciudadanía en el centro

La tecnología no es un fenómeno meteorológico que debamos padecer como espectadores asustados desde la pantalla del móvil. Es una herramienta de transformación extraordinaria que, bien encauzada, puede mejorar nuestros servicios públicos, optimizar el uso de la energía, agilizar la atención sanitaria y crear empleo de alto valor añadido.

Para lograrlo, la clave está en pasar del consumo pasivo de contenidos alarmistas a exigir una tecnología transparente. La verdadera innovación no es la que avanza a ciegas pidiendo perdón después, sino la que se diseña desde el primer día con rigor en el dato, principios éticos claros y un objetivo inequívoco: servir a las personas.

Los embajadores de los países de la Unión Europea en España han iniciado este lunes una visita de tres días a Aragón, durante la que conocerán algunos de los principales proyectos económicos, industriales y tecnológicos de la Comunidad, con especial atención a sectores como la logística, los centros de datos y la Defensa.

La visita se celebra por iniciativa del embajador de Irlanda en España, Brian Glynn, coincidiendo con la presidencia irlandesa del Consejo de la Unión Europea durante este semestre. Los diplomáticos han sido recibidos este lunes en el edificio Pignatelli por el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y los miembros de su Gobierno, en una jornada de trabajo en la que también han participado representantes de los agentes sociales.

Después de los elogios mutuos, las llamadas a intercambiar experiencias y el propósito compartido de reforzar la colaboración europea, el vicepresidente de Vox del Gobierno de Azcón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, ha aprovechado la ocasión para ampliar considerablemente el orden del día. Y ha entregado a cada uno de los 26 diplomáticos una carta con su particular relación de asuntos pendientes para Europa en la que ha desplegado buena parte del ideario voxista.

El primero, la inmigración. Nolasco ha urgido a los embajadores a blindar Europa ante “la inmigración masiva y descontrolada”, que considera una “amenaza” de primer orden para “la supervivencia económica del Estado del Bienestar” y para las democracias de los países de la Unión. “No habrá Europa si Europa no es capaz de controlar eficazmente sus fronteras”, sostiene en la misiva.

La “invasión”

El vicepresidente aragonés ha situado nuevamente a Ceuta en el centro de su argumentación y la ha presentado como “el ejemplo palmario del riesgo de colapso del modelo democrático europeo”. “Todos y cada uno de los Estados miembros estamos llamados a dar una respuesta a quienes sufren una invasión”, afirma Nolasco, que utiliza de nuevo este término para referirse a la llegada de migrantes a la ciudad autónoma, una expresión que viene empleando reiteradamente durante los últimos meses.

La carta no se queda en la política migratoria. Nolasco también ha pedido a los 26 embajadores que transmitan a sus respectivos gobiernos la necesidad de acometer un proceso inmediato de “desregulación” en la Unión Europea. “Es urgentísimo”, asegura, porque considera que hacen falta “menos normativa, más claridad legislativa y menos limitantes para nuestros ciudadanos, para nuestros trabajadores y para nuestras empresas”.

A la lista se suma la política energética. El vicepresidente sostiene que “Europa no puede asfixiarse por una deriva energética que le resta competitividad” y reclama un sector energético “fuerte y competitivo” capaz de proporcionar a la industria energía “a precios razonables”.

Tampoco han quedado fuera de la carta la agricultura y la ganadería. Nolasco reclama “una redefinición urgentísima” de las políticas europeas para el sector primario y sostiene que agricultores y ganaderos deben ser “defendidos, no convertidos en un actor secundario”, vinculando su protección con la soberanía alimentaria y el fortalecimiento económico.

Y, puestos a trasladar encargos a los representantes europeos, el vicepresidente ha recuperado también una vieja reivindicación aragonesa: la Travesía Central del Pirineo. Nolasco ha instado a los embajadores a “retomar la filosofía de aquel gran proyecto” porque considera que “ni es justo ni es inteligente” mantenerlo aparcado.

Su argumentación, sin embargo, ha ido más allá de las comunicaciones transfronterizas. Nolasco sostiene que el Pirineo central constituye el recorrido más corto entre la península y el resto de Europa y añade una lectura política: “La llave de las comunicaciones entre la península y el resto de Europa no puede seguir estando en las manos de quienes, desde posiciones secesionistas y excluyentes, desean imponer sus intereses a los del resto de un país y de todo un continente”.

De este modo, una jornada concebida inicialmente para presentar a los embajadores europeos las posibilidades económicas, industriales y estratégicas de Aragón ha servido también para que el vicepresidente aragonés les haga llegar, por escrito, su propia agenda para la Unión Europea.

El presidente aragonés, Jorge Azcón, ha defendido este miércoles que el fichaje de Marta Ríos por QTS, la compañía de centros de datos controlada por el fondo de inversión Blackstone, “cumple con toda la normativa”. Lo ha hecho en la presentación del Proyecto Rhodes, el campus que la multinacional levantará en Calatorao y cuya llegada a Aragón facilitó la propia Ríos como directora de Inversiones Estratégicas autonómica. Pero la norma que invoca el presidente, la ley estatal de incompatibilidades de 1984, regula la compatibilidad de quienes trabajan para la Administración mientras están en su puesto y no impone ninguna restricción a su actividad privada una vez que lo dejan.

El presidente ha construido su defensa sobre la secuencia de los hechos. “Cuando dejó el Gobierno de Aragón se fue a la MAZ”, ha recordado en referencia a la Mutua de Accidentes de Zaragoza, donde Ríos ejerció como directiva este verano durante apenas mes y medio. “Y se ha ido de esa empresa a QTS cuando este proyecto está prácticamente finalizado”, ha añadido. Según Azcón, nadie aceptaría un empleo sabiendo que lo iba a dejar mes y medio después, de modo que, a su juicio, la oferta de QTS le llegó cuando ya estaba en el mercado laboral y sin relación con su labor en el Gobierno.

Azcón ha asegurado también que Ríos no trabajará en el Proyecto Rhodes, sino en otras iniciativas de Blackstone en Europa, y ha atribuido el fichaje a su trayectoria. “Su valía profesional es la que explica que esa empresa se haya fijado en ella”, ha afirmado el presidente, que ha recordado que su Gobierno la convenció para incorporarse a la Administración autonómica tras una carrera de más de dos décadas en Adidas.

Una ley sin restricciones tras el cese

“La que se le aplica no depende del Gobierno de Aragón, sino de España. Es una normativa del año 84”, ha sostenido Azcón. Con esa referencia a la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el presidente ha hecho explícita la tesis del Ejecutivo: Ríos era personal eventual, no un alto cargo, y por tanto queda fuera del régimen de limitaciones tras el cese de la ley aragonesa de Integridad y Ética Públicas. Frente a la propuesta del PSOE de reformar esa ley, Azcón ha replicado que, si los socialistas quieren cambiar la normativa, deben “pedírselo a Pedro Sánchez”, en alusión a una ley estatal que aprobó el Gobierno socialista de Felipe González.

La normativa aragonesa, aprobada en 2017 durante el primer Gobierno de Javier Lambán, sí contempla esas limitaciones. Su artículo 53 prohíbe durante los dos años siguientes al cese realizar actividades privadas relacionadas con procedimientos en los que el cargo haya emitido un informe preceptivo y vinculante, haya dictado resolución o haya presentado propuestas al Consejo de Gobierno. Además, obliga a declarar la nueva actividad ante el órgano competente en conflictos de intereses antes de iniciarla. La Administración tiene un mes para pronunciarse y, si no lo hace, el silencio es positivo.

La discusión está en si Ríos entra en ese régimen. El artículo 4 de la ley no incluye a los asesores, pero sí a los “directores y jefes de gabinete integrados en los gabinetes de los miembros del Gobierno”. El decreto de 28 de septiembre de 2023, publicado en el Boletín Oficial de Aragón el 9 de octubre, no la nombró asesora, sino 'Directora de Inversiones Estratégicas del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Aragón'. El organigrama oficial de la Presidencia la distinguía, además, de los asesores del mismo gabinete.

Si la ley aragonesa le fuera aplicable, el argumento del mes y medio en la MAZ tendría poco recorrido: el plazo de dos años se cuenta desde el cese, con independencia de los empleos intermedios. Sí tendría más peso el hecho de que Ríos no trabajará en Calatorao, porque la prohibición afecta a actividades relacionadas con los procedimientos en los que intervino. Aunque el proyecto que Azcón da por “prácticamente finalizado” es el mismo que presentaba en ese acto. Y según la documentación del Gobierno citada por el PSOE, QTS será su promotora delegada y, después, su gestora.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado este miércoles en rueda de prensa la aprobación definitiva parcial –afecta solo a parte del complejo– como Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) del Proyecto Rhodes, promovido por la firma QTS, filial de Blackstone, para el desarrollo de un campus de centros de datos en Calatorao. Una actuación cuya inversión total se aproximará a los 13.500 millones de euros, según el jefe del Ejecutivo, quien ha relativizado la pérdida de ingresos por parte del Ayuntamiento debido a la tramitación autonómica y que ha criticado las quejas del alcalde, el socialista David Felipe, sobre la falta de acompañamiento del Gobierno en sus peticiones a la multinacional.

“Me sorprende”, ha manifestado Azcón. La jornada anterior, en declaraciones a medios de comunicación, el primer edil reclamó al Ejecutivo autonómico que acelere la construcción de “vivienda púbica” en la localidad para poder acoger a los empleados del centro de datos, y que Zaragoza capital no vuelva a ejercer el efecto de agujero negro con la población respecto del entorno. Y, por el otro, Felipe lamentó el “desamparo” y la ausencia de “tutela” del Gobierno de Azcón con los ayuntamientos a la hora de negociar con multinacionales como Blackstone las compensaciones por la merma tributaria que supone el impulso de los PIGA.

De hecho, el alcalde cifra en torno a 50 millones de euros lo que QTS se va a ahorrar con el proyecto al eludir el pago del impuesto de construcciones, el ICIO, algo derivado del mencionado PIGA. A cambio, el Ayuntamiento ha arrancado a Blackstone compromisos para que construya una balsa de agua y una potabilizadora, valorados en unos tres millones de euros.

Este miércoles, Azcón ha mencionado de forma recurrente que el Consistorio ingresará “un millón de euros anuales” en concepto de IBI y de IAE, lo que supone “casi un 40% los ingresos” actuales municipales. Lo que el presidente ha omitido en un principio es que esos ingresos no serán en todo caso una realidad hasta que el proyecto esté completamente desplegado, algo que no sucederá antes de finales de la próxima década. Cuestionado al respecto, ha reconocido que el IBI y el IAE se irán percibiendo “de forma escalonada” desde 2028, cuando está previsto que “las primeras infraestructuras tecnológicas empiecen a funcionar”.

“Me extraña”

Sobre esta merma impositiva, el jefe del Ejecutivo ha recordado que proviene de una normativa impusada por el Gobierno del socialista Javier Lambán: “No la hemos inventado nosotros”. Los alcaldes, eso sí, se quejan de que en esa etapa el Ejecutivo intervenía directamente en las negociaciones y ahora no. Y ha criticado: “Ninguno de los alcaldes suele poner esos problemas encima de la mesa cuando la inversión se debate, sino cuando ya está decidida. Esta es la realidad”, ha apuntado.

También ha confrontado directamente con el alcalde de Calatorao en cuanto a su petición de colaboración. “Me sabe malo porque no quiero rememorar la frase de 'si necesitan ayuda que la pidan'”, ha ironizado, en alusión a Pedro Sánchez con la dana de Valencia. Pero me extraña que cuando el alcalde ha negociado todo lo que consideraba oportuno diga que le hubiera gustado tener ayuda del Gobierno de Aragón. Le hubiéramos ayudado de mil amores“, ha apuntado.

Respecto del proyecto en sí, Azcón ha elevado la inversión hasta los 13.471 millones de euros, mientras que la creación de puestos de trabajo prevista es de 3.400 empleos, cifra que integra las fases de construcción y de explotación. La primera fase se completará en 2035 y entonces comenzará la segunda, de duración indeterminada.

Suelo ya calificado como industrial

El campus se ubicará junto a la A-2, sobre una superficie de 223,4 hectáreas de suelo industrial ya clasificado para este uso. Se trata de un terreno ya calificado como industrial, lo que ha ayudado a acelerar los trámites, y que llevaba más de una década sin desarrollar.

Durante la primera fase se prevé la construcción de ocho edificios de centros de datos, una subestación eléctrica propia, infraestructuras de abastecimiento, drenaje, telecomunicaciones y accesos y una planta fotovoltaica de autoconsumo. Aquí se prevé la creación de 1.200 empleos directos para la construcción y hasta 200 puestos cuando el campus entre en funcionamiento. La segunda fase permitirá ampliar el complejo con cinco centros de datos adicionales y nuevos desarrollos logísticos o tecnológicos.

Este proyecto es “uno de los más importantes en Aragón y España”, ha enfatizado Azcón, y ha destacado que tiene asegurado el acceso a la red energética y que “va a significar un motor de desarrollo fundamental no solo para la zona –el corredor del Jalón–, sino para el área metropolitana de Zaragoza”.

El campus de centros de datos que Blackstone proyecta en Calatorao, a 50 kilómetros de Zaragoza, ya puede empezar a transformar 223 hectáreas junto a la autovía A-2. El Consejo de Gobierno aprobó el lunes, de forma definitiva pero parcial, el Plan de Interés General de Aragón (PIGA) del Proyecto Rhodes, promovido por Calanza Inmuebles SL, sociedad controlada por el fondo de inversión estadounidense. El acuerdo, publicado este miércoles en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), da luz verde a la urbanización del sector, la subestación eléctrica, las líneas de alta y media tensión y las redes de agua y drenaje. Lo que continúa en trámites es la actividad que justifica todo lo anterior: los ocho edificios de centros de datos, cuya evaluación de impacto ambiental y autorización ambiental integrada continúan en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga).

La noticia llega apenas unos días después de que se conociese que la exdirectora de Inversiones Estratégicas del Gobierno de Azcón, una de las personas que facilitó precisamente la llegada de Blackstone a Calatorao, haya fichado por QTS Data Centers, la firma de Blackstone que gestiona el centro de datos de la localidad zaragozana.

Con 650 megavatios de capacidad eléctrica prevista en su primera fase, según la documentación del propio expediente, Rhodes es la mayor granja de servidores proyectada en Aragón y se sitúa entre las principales a nivel nacional. La aprobación ahora publicada incluye toda la documentación urbanística: normas, plan de etapas, estudio económico y el proyecto de reparcelación. También el proyecto de urbanización y los cuatro proyectos de conexiones exteriores. Entre ellos figuran una subestación, la línea de 220 kV desde la subestación de Red Eléctrica en Calatorao y la de 15 kV desde La Almunia de Doña Godina.

El acuerdo reconoce a todos esos proyectos la condición de “directamente ejecutables sin necesidad de título habilitante de naturaleza urbanística”, al tratarse de un PIGA. Las normas del plan permiten además simultanear la urbanización y la edificación. El propio texto admite que la aprobación total del plan no es posible mientras el Inaga no resuelva la autorización ambiental integrada del centro de datos. Sin embargo, considera que “nada impide” aprobar antes los proyectos “autónomos e independientes” que ya cuentan con informe ambiental.

Las obras siguen sujetas a autorizaciones sectoriales. Las líneas eléctricas necesitan autorización administrativa previa y de construcción. La modificación del enlace de la salida 284 de la A-2 requiere el visto bueno del Ministerio de Transportes, que ha condicionado cualquier licencia de actividad a que esa actuación esté ejecutada. La subestación, en cambio, no está sometida a autorización: basta con comunicarla e inscribirla en el registro del Servicio Provincial.

Más potencia que todo el sector en España

La aprobación inicial del plan, publicada en el BOA el 25 de agosto de 2025, fijó la capacidad de la subestación Rhodes en hasta 650 MW, una cifra de potencia eléctrica que incluye la refrigeración. Aun descontando ese consumo con los parámetros de eficiencia más exigentes del borrador de real decreto estatal, la potencia informática del campus se movería entre los 500 y los 565 MW. Esa cifra supera, por sí sola, toda la potencia informática instalada en los centros de datos comerciales de España a finales de 2025, que según la patronal SpainDC ascendía a 439 MW. Entre los proyectos anunciados en España, solo el campus que Merlin Properties proyecta en Navalmoral de la Mata (Cáceres) anuncia una capacidad mayor, de hasta 1,4 GW en su cartera corporativa, aunque la fase que tramita actualmente es muy inferior.

A plena carga y de forma continua, 650 MW equivalen a unos 5,7 teravatios hora al año. Ecologistas en Acción calcula en sus alegaciones que supondría un consumo potencial del 58% de la electricidad que consume todo Aragón.

El plan ordena una parcela de 127,5 hectáreas para centros de datos, con 790.000 metros cuadrados edificables, y otra de 17,4 hectáreas para uso logístico. Los edificios podrán alcanzar 25 metros de altura, más seis de cumbrera, y las instalaciones hasta 40 metros.

El INAGA resolvió en julio no someter el plan a evaluación ambiental estratégica ordinaria. Tampoco sometió a evaluación de impacto ordinaria la urbanización ni las conexiones eléctricas. Solo los edificios de centros de datos pasarán por la vía ordinaria. El argumento es que el sector SUI-4 ya estaba clasificado como industrial desde el Plan Parcial de 2010, pensado para pequeñas y medianas empresas.

Ni cesión del 10% ni canon

Blackstone no tendrá que ceder el 10% del aprovechamiento urbanístico ni pagar el canon que la ley de ordenación del territorio prevé para los planes de interés general. El Gobierno lo justifica en que el plan reduce la edificabilidad del sector de 1,1 millones a 901.400 m², casi un 19% menos, sin generar plusvalías nuevas. Además, el 10% del plan anterior, 110.915,6 m² edificables, ya se cedió al Ayuntamiento de Calatorao en su día.

El convenio con el Ayuntamiento, todavía un borrador con los campos en blanco, establece que de su contenido no se deriva “ningún compromiso financiero” para el Gobierno ni para el municipio. La empresa asume la urbanización, su mantenimiento durante al menos diez años, una nave municipal de unos 2.500 m² y cámaras de seguridad. La mejora de la red de agua de Calatorao, que incluye captación, depósito y ampliación de la potabilizadora, queda remitida a otro convenio que no se publica. Según ha explicado esta semana el alcalde, el socialista David Felipe, a 'Heraldo de Aragón' la promotora se ha comprometido a costear la construcción de una balsa de almacenamiento de agua con capacidad de 100.000 metros cúbicos y también la potabilizadora.

Cuando el Gobierno de Aragón declaró Rhodes inversión de interés autonómico, en octubre de 2024, el ámbito incluía suelo no urbanizable colindante donde se proyectaban placas solares. El proyecto contemplaba “instalaciones de producción de energía fotovoltaica para su consumo”. En junio de 2025 el promotor pidió excluir parcelas rústicas colindantes por haberse “revelado innecesarias”. El plan aprobado ahora no reserva ya ninguna superficie a ese fin.

La declaración de 2024 cifraba la inversión en hasta 7.500 millones de euros. La documentación de la aprobación inicial, en 2025, la elevó a 11.805 millones. El acuerdo de esta semana indica que las cifras económicas se han vuelto a actualizar, aunque no aparecen detalles.

En empleo, la empresa hablaba de “hasta 1.400” puestos directos anuales, de los que unos 1.200 corresponden a la construcción y unos 200, a la explotación. Sobre el agua, el promotor aseguraba que el campus solo necesitaría “una fracción” del consumo previsto en el plan de 2010.

En cuanto al modelo de negocio, la viabilidad del proyecto depende de la aprobación del plan y de “la firma de contratos de arrendamiento con los inquilinos/usuarios finales”. QTS, filial de Blackstone, será la gestora del campus. Las normas aprobadas permiten dividir la parcela en fincas registrales independientes sin licencia municipal.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha eludido 'mojarse' expresamente este viernes sobre si la incorporación a la multinacional Blackstone de su exasesora Marta Ríos, quien tuvo un papel destacado en la llegada del centro de datos en Calatorao –que impulsa la multinacional–, cumple la Ley de Incompatibilidades. Así, ha retado a la oposición a que vaya a los tribunales si cree que no es así. “Lo demás es una opinión”, ha dicho Azcón, que ha atacado a la socialista Pilar Alegría con Rodríguez Zapatero y a Jorge Pueyo (Chunta) con “afiliados” de esta formación que “han dado el salto a las empresas privadas”.

En respuesta en las Cortes a una pregunta de la portavoz parlamentaria del PSOE, el jefe del Ejecutivo autonómico ha señalado que Ríos “es una profesional de prestigio con una trayectoria antes de llegar al Gobierno de Aragón que a muchos les gustaría” tener. Y ha retado a Alegría a denunciar este asunto “si cree que no se cumple” la normativa sobre incompatibilidades –sin dar por hecho que su exasesora lo hace– y ha rechazado sus “clases de ética y responsabilidad”. Azcón ha deslizado que Alegría sigue pensando que el expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero “es honesto e inocente”, y ha aseverado: “Es su opinión y yo tengo otra”.

También ha dicho, en referencia a los PIGA de los centros de datos, que las empresas ahorrarán los millones “que decidió el PSOE”, el partido que impulsó la ley que permite las exenciones fiscales con los PIGA. “Ahora se echan las manos a la cabeza”, ha ironizado. Pese a las palabras de Azcón, lo cierto es que el escenario ha cambiado: los alcaldes lamentan en la actualidad que el Gobierno de Aragón no negocie con ellos, sino que imponga sus condiciones, algo que con el Ejecutivo de Javier Lambán no sucedía.

Responsabilidad

Alegría había criticado que PP y Vox no apoyaran el jueves en el pleno la propuesta de IU de creación de una Comisión de estudio sobre los centros de datos, y ha opinado que Azcón “habla más como CEO de una gran tecnológica o como responsable de Recursos Humanos”. La portavoz socialista ha señalado que Azcón presentó en su día a Marta Ríos como “fichaje estrella”, incorporándola a su gabinete para atraer centros de datos, y “trajo a Blackstone”, pasando ahora a integrar la plantilla de esta multinacional. “Cumplirá todas las compatibilidades, pero huele a chamusquina que echa para atrás”, ha lanzado.

La dirigente socialista ha preguntado a su vez a Azcón si es responsable de todas las decisiones políticas que adoptan todos los miembros de su Gobierno y ha opinado que Azcón está “más cómodo” en la oposición, a donde “ya volverá”.

Rifirrafe también con CHA

Pero no solo el PSOE ha traído a colación en la sesión de este viernes el presunto caso de puertas giratorias con Marta Ríos. También ha intervenido el portavoz de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, quien ha cuestionado a Azcón si la exdirectora de Inversiones Estratégicas había superado el conflicto de intereses y que ha mostrado su preocupación porque, como asesora del Ejecutivo, fue “la encargada de poner la alfombra azul a los centros de datos y también a su propia empresa”.

En su respuesta, Azcón ha vuelto a acudir a casos supuestamente similares en las filas aragonesistas. “¿A cuántos de los afiliados que formaron parte de su Gobierno y han dado el salto a las empresas privadas usted como presidente de Chunta le ha abierto expediente disciplinario?”, ha preguntado, sin dar nombres. “De esos no tiene ningún interés de hablar”, ha insistido.

Y a continuación repetido la argumentación empleada con el PSOE para apuntar que “hay que cumplir la ley” –de nuevo, sin afirmar taxativamente que sea el caso–.

En la réplica, el diputado aragonesista ha dejado claro que los “representantes” de CHA “han superado los conflictos de intereses del Gobierno de Aragón” y ha afeado a Azcón que no le haya “contestado” a sus “preguntas”. Y sí que, señor Azcón, si quiere, hablamos de otra cosa.