La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, no ha revalidado en el cargo de fiscal superior de la Comunidad de Madrid a Almudena Lastra, la fiscal que apuntaló con su declaración en el juicio la condena de Álvaro García Ortiz. Tras oír al Consejo Fiscal este jueves, la máxima representante del Ministerio Público ha optado por que ese puesto lo ocupe a partir ahora la otra aspirante, la fiscal Isabel Martín, quien forma parte de la Secretaría Técnica, la sala de máquinas de la Fiscalía General del Estado, desde 2018. 

Peramato, que llegó a la institución afirmando que contaría con “todos” para tratar de “sanar” la “profunda herida” generada por la condena a su predecesor por la filtración del correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha optado por no mantener en su puesto a una fiscal que tuvo un papel relevante en los acontecimientos que tuvieron lugar los días 13 y 14 de marzo de 2023 después de que elDiario.es revelara que la Fiscalía había denunciado a Alberto González Amador por fraude fiscal. 

En el juicio celebrado en el Tribunal Supremo, Lastra fue considerada la testigo más valiosa de las acusaciones por haber intuido que la filtración procedía de la Fiscalía General. Ante los magistrados, relató cómo en esas horas frenéticas sospechó claramente que la filtración procedía del organismo que dirigía García Ortiz: “Le dije: ¿has filtrado los correos?”. Después, reprochó a sus colaboradores que enviaran los correos al fiscal general: “¡Los van a filtrar!”. Explicó que era su sospecha, pero también reconoció que hablaba por intuición y sin pruebas al admitir que lo dijo “sin saber si lo habían filtrado o no”. 

No obstante, el tribunal utilizó su testimonio como un indicio incriminatorio. Los magistrados argumentaron que sus palabras demostraban que los propios subordinados del entonces fiscal general expresaron “recelos” a su actuación, advirtieron del peligro de revelar los datos y le reprocharon la filtración. Lastra fue afiliada a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), de la que Peramato fue presidenta, aunque se dio de baja hace algunos años por su desacuerdo con algunos nombramientos. También fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y estuvo en la Secretaría Técnica cuando Cándido Conde Pumpido era fiscal general del Estado durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. 

Cambios en Madrid y el Supremo

En su lugar, Peramato ha optado por colocar al frente de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid a la fiscal Isabel Martín, que tiene un puesto mucho menos antiguo que Lastra en el escalafón. Hasta ahora, Martín era responsable de formación de la carrera fiscal. Estuvo afiliada a la conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales, aunque se dio de baja en 2025, explican fuentes fiscales. Antes de llegar a Madrid, Martín fue fiscal jefe de área de Melilla, entre otros destinos.

Peramato ha destacado su “alto nivel de competencia técnica, rigor profesional y su acreditada capacidad para afrontar responsabilidades de especial complejidad y exigencia, además de sus aptitudes de gestión y su conocimiento de las relaciones interinstitucionales”. También ha puesto en valor “su plan de actuación para transformar la Fiscalía Superior de Madrid bajo los principios de excelencia, cohesión y servicio público”.

Por otro lado, la fiscal general ha optado por ascender al Tribunal Supremo a otra antigua colaboradora de su predecesor, Pilar Rodríguez, que era hasta ahora la fiscal provincial de Madrid. Rodríguez llegó a estar imputada en la causa contra García Ortiz, aunque la Sala de Apelación del Supremo archivó la causa contra ella. Sí declaró como testigo en el juicio, cuando se puso de manifiesto la tensa relación que mantiene con Lastra. 

Rodríguez defendió que “no hubo clandestinidad” al rendir cuentas a sus superiores sobre los correos que centraban la acusación contra el fiscal general. Y calificó de “exabrupto” la acusación de Lastra de una supuesta filtración. “Jamás me represento que nadie del Ministerio Fiscal vaya a proceder a hacer una filtración”, añadió. 

Tras la decisión tomada por Peramato, Rodríguez recalará ahora en la Fiscalía de lo Social del Tribunal Supremo, donde también tiene ahora su puesto García Ortiz. Rodríguez, que estaba en el cargo desde 2018, fue fiscal adscrita de Criminalidad Informática y entre 2004 y 2009 fue asesora en la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, durante el Ejecutivo de Zapatero. 

La nueva fiscal de sala jefa de la Inspección Fiscal será María José Osuna, que en la actualidad era fiscal jefa de la Fiscalía de Tarragona. Los nombramientos también mantienen a Pilar Martín Nájera como fiscal de Sala jefa de la Sección Civil de la Fiscalía del Tribunal Supremo y a Pedro Crespo como fiscal de sala jefe de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional.

De Martín Nájera, Peramato ha destacado su “constante voluntad de mejora y evolución y su plan de actuación, en el que propone varias medidas para colocar a la Fiscalía del Tribunal Supremo como referente doctrinal nacional en el ámbito civil”. Y de Crespo, la fiscal señala su “profundo conocimiento de la Fiscalía” del Constitucional y de las materias de las que se ocupa. Además, “ha valorado su plan de actuación, en que propone cambios para la adecuación de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional al siglo XXI, con modificaciones encaminadas a la transparencia y pluralidad del órgano y a potenciar la especialización de sus miembros”.

Entre la batería de nombramientos de este jueves está también el de la fiscal Pilar Fernández como ‘número dos’ de la Fiscalía de Galicia. Fernández, que estaba destinada en la Fiscalía Provincial de Madrid en el área de Menores, es la mujer de García Ortiz. 

Fuentes de su equipo explican que, con esta nueva ronda de nombramientos, Peramato acaba de conformar su equipo de confianza tras los nombramientos de Julio Cano como fiscal jefe de la Secretaría Técnica y de Víctor Pillado como teniente fiscal de este mismo órgano. En la primera batería de designaciones optó por ascender a antiguos colaboradores de su predecesor, aunque también nombró a perfiles no asociados o próximos a la asociación conservadora. 

De los 22 nombramientos realizados este jueves seis son afiliados a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), según fuentes fiscales. Estas mismas fuentes afirman que la fiscal general ha tratado de mantener un equilibrio en los nombramientos que se han basado en criterios de mérito y capacidad y que se ha buscado garantizar la paridad en las tenencias de las fiscalías de las comunidades autónomas.

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, anunció este lunes en una entrevista en el programa La noche en 24 horas de TVE que la Fiscalía presentará su propio recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia que condenó a su predecesor, Álvaro García Ortiz.

“Recientemente, me planteó la teniente fiscal del Tribunal Supremo [María Ángeles Sánchez Conde] su intención de interponer un recurso de amparo y, por lo tanto, lo que he hecho es dictar un decreto designando a la teniente fiscal del Supremo para la interposición de ese recurso”, afirmó Peramato. En paralelo, la Abogacía del Estado, que representó a García Ortiz en el proceso, tiene intención de presentar su propio recurso antes de que acabe el mes de marzo, de acuerdo a las fuentes consultadas por elDiario.es. 

El pasado febrero, el Tribunal Supremo rechazó anular la sentencia que condenó a dos años de inhabilitación al ex fiscal general del Estado. El Alto Tribunal consideró que García Ortiz o alguien de su “entorno” filtraron un correo del abogado de González Amador a la prensa, además de difundir su confesión de fraude fiscal en un comunicado. Su condena implicó una inhabilitación de dos años para ejercer como fiscal general –cargo que él mismo abandonó días después–, el pago de una multa y una indemnización.

La sentencia del Supremo es firme y no se puede impugnar, por lo que solo cabía solicitar su nulidad para, después, poder acudir al tribunal de garantías, que es el paso que darán ahora la Fiscalía y García Ortiz. En su recurso de nulidad ante el Supremo, la defensa de García Ortiz argumentó que se habían vulnerado múltiples derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la presunción de inocencia, la defensa y la tutela judicial efectiva y denunció siete motivos de nulidad. 

La teniente fiscal del Supremo, por su parte, sostuvo que los jueces de la Sala de lo Penal habían ignorado “sin explicación alguna” las pruebas que exoneraban a García Ortiz y que lo condenaron por una “filtración inexistente”. Afirmó que los jueces realizaron una “incompleta selección de los hechos” al omitir los testimonios clave de periodistas que aseguraron tener el correo electrónico de la confesión de fraude fiscal del empresario antes de que lo obtuviera el fiscal general en la noche del 13 de marzo de 2024.

García Ortiz se incorporó hace unas semanas como fiscal a la Sección Social del Supremo tras la decisión de Peramato de no expulsarle de la carrera tras su condena. La fiscal general argumentó que, al no haber sido condenado a prisión, debe aplicársele el mismo criterio que rige para los jueces, que solo pierden su condición si hay prisión.

La nueva fiscal general del Estado ha afrontado este viernes su primer gran pulso ante la cúpula fiscal con una batería de 17 nombramientos. Teresa Peramato, que llegó a la institución afirmando que contaría con “todos” para tratar de “sanar” la “profunda herida” generada por la condena a Álvaro García Ortiz, ha optado por ascender a antiguos colaboradores de su predecesor, aunque también ha nombrado a perfiles no asociados o próximos a la asociación conservadora. 

Tras oír al Consejo Fiscal, uno de los tres puestos de fiscal de Sala jefe de la Sección Penal del Tribunal Supremo ha sido para Ana García León, que fue fiscal jefa de la Secretaría Técnica con García Ortiz y una de las personas de máxima confianza del ex fiscal general. Otro lo ocupará la actual fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, que no está asociada aunque tiene un perfil progresista, de acuerdo a las fuentes fiscales consultadas por elDiario.es. 

Además, Peramato ha optado por mantener en la tercera de esas jefaturas a Javier Huete, que fue uno de fiscales de la máxima categoría que firmó un escrito que pedía formalmente la dimisión de García Ortiz tras su declaración como investigado en la causa abierta contra él por revelación de secretos tras la querella del comisionista Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. 

Esa misiva, entre otras, llevaba también las firmas de los cuatro fiscales del procés, que mantuvieron un enfrentamiento abierto con García Ortiz prácticamente desde su llegada a la cúpula de la Fiscalía. Dos de ellos —Jaime Moreno y Consuelo Madrigal, que fue fiscal general del Estado con Mariano Rajoy (PP)— optaban a una de esas jefaturas, pero Peramato ha optado por otros perfiles. 

Del Consejo Fiscal de este viernes también han salido tres nuevos fiscales del Supremo, en este caso sin categoría de jefe. Uno de esos puestos es para Diego Villafañe, que fue teniente fiscal de la Secretaría Técnica con García Ortiz y a quien Peramato mantuvo en ese puesto. Villafañe, que estuvo imputado en la causa abierta tras la querella de la pareja de Ayuso y que declaró como testigo en el juicio, ha sido uno de los más estrechos colaboradores del ex fiscal general.

También ascienden al Supremo la actual fiscal jefa de Cuenca, Isabel Gómez, que desde junio de 2022 era vocal del Consejo Fiscal por parte de la conservadora Asociación de Fiscales. Y Antonio Colmenarejo, que estuvo en la Secretaría Técnica con García Ortiz y que está especializado en materias como el medio ambiente y urbanismo. A uno de esos puestos optaba la fiscal jefa de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, enfrentada a García Ortiz, que no ha resultado elegida.

Al frente de la Fiscalía de Sala de Discapacidad seguirá la ex fiscal general María José Segarra, que era la única aspirante al puesto. Segarra, que fue la primera fiscal general nombrada por el Gobierno de Pedro Sánchez, también firmó la carta en la que se pedía la dimisión de García Ortiz tras su declaración en el Supremo en enero del año pasado.

La Fiscalía de Sala de Medio Ambiente pasará a manos de Javier Rufino, que actualmente es teniente fiscal de la Inspección Fiscal, donde ha asumido la redacción de las actas de medio ambiente. Rufino no está asociado, aunque se le atribuye una sensibilidad conservadora, de acuerdo a las fuentes consultadas.

Peramato también ha hecho dos nombramientos en la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional. Una de las propuestas ha sido Raquel Muñoz, que también formó parte de la Secretaría Técnica con el ex fiscal general. El otro es Ignacio Rodríguez, que en la actualidad era letrado del tribunal de garantías y que formó parte del grupo de expertos que hizo un proyecto de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal durante el mandato del ministro Juan Carlos Campo (PSOE).

Además, en la Audiencia Nacional recalará Beatriz López Pesquera, que también formó parte del equipo de García Ortiz en la Secretaría Técnica y que está asociada a la Unión Progresista de Fiscales, asociación que presidió Peramato en el pasado. Por otro lado, logra una plaza fija en la Fiscalía Anticorrupción Virna Alonso, que era decana de la sección de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid.

Tres meses después de tomar posesión tras la histórica sentencia que inhabilitaba a su predecesor, la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, afronta este viernes su primer gran pulso ante la cúpula del Ministerio Público. El Consejo Fiscal, que ejerce como órgano asesor y tiene mayoría conservadora, se pronunciará sobre la provisión de 19 plazas, si bien la última palabra sobre esas designaciones la tendrá Peramato. Fuentes fiscales dan por hecho que ascenderá a antiguos colaboradores de Álvaro García Ortiz, aunque también nombrará a independientes y miembros de la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales. 

Peramato se enfrenta al reto de construir su liderazgo en un escenario complejo y tras una época marcada por la oposición a la cúpula de la Fiscalía por parte de los sectores más conservadores del Ministerio Público. Esa oposición la han encarnado, entre otros, los fiscales que ejercieron la acusación en el juicio del procés, que mantuvieron un enfrentamiento abierto con García Ortiz prácticamente desde su llegada a la cúpula de la Fiscalía. 

Ahora, dos de ellos —Jaime Moreno y Consuelo Madrigal, que fue fiscal general del Estado con Mariano Rajoy (PP)— optan a ocupar alguno de los tres puestos de fiscal de Sala jefe de la Sección Penal del Tribunal Supremo. Por ese ascenso competirán, entre otras siete personas, con Ana García León, que fue fiscal jefa de la Secretaría Técnica con García Ortiz y una de las personas de máxima confianza del ex fiscal general. Tras su cese, García León fue sustituida por Julio Cano, que ejercía como fiscal superior en Baleares. 

En uno de esos puestos aspira a mantenerse Javier Huete, que fue uno de fiscales de la máxima categoría que firmó un escrito que pedía formalmente la dimisión de García Ortiz tras su declaración como investigado en la causa abierta contra él por revelación de secretos tras la querella del comisionista Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Esa misiva, entre otras, llevaba también las firmas de los cuatro fiscales del procés. 

Entre los aspirantes a una de esas jefaturas está también Álvaro Redondo, el fiscal que hizo el informe que descartaba que hubiera base para perseguir por terrorismo a Carles Puigdemont en el caso Tsunami Democrátic. Redondo, que pertenecía a la conservadora Asociación de Fiscales, se dio de baja después de que los seis vocales de esa asociación votaran en contra de otorgarle el amparo por los ataques que recibió de la prensa tras trascender el dictamen en el que descartaba el delito de terrorismo y la imputación de Puigdemont y que fue rechazado por la mayoría de los fiscales de lo Penal del Supremo. 

Esas tres jefaturas han quedado vacantes debido al puesto que dejó Peramato al asumir la plaza de fiscal general, a la próxima jubilación de otro de los fiscales del procés, Fidel Cadena, y a la finalización del mandato de Huete, que opta a la reelección. 

Colaboradores de García Ortiz

Del Consejo Fiscal de este viernes también saldrán tres nuevos fiscales del Supremo, en este caso sin categoría de jefe. A uno de esos puestos aspira Diego Villafañe, que fue teniente fiscal de la Secretaría Técnica con García Ortiz y a quien Peramato mantuvo en ese puesto. Villafañe, que estuvo imputado en la causa abierta tras la querella de la pareja de Ayuso y que declaró como testigo en el juicio, ha sido uno de los más estrechos colaboradores de García Ortiz. 

A una de esas plazas también concurre la fiscal jefa de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, enfrentada a García Ortiz. De hecho, ambos se lanzaron severos reproches durante la vista oral, en la que ella compareció como testigo y afirmó que sospechó desde el principio del entonces fiscal general como autor de la filtración del correo electrónico vinculado al empresario González Amador. 

También se renueva la Fiscalía de Sala de Discapacidad, en la que será renovada su actual titular, la ex fiscal general María José Segarra, que es la única aspirante al puesto. Segarra, que fue la primera fiscal general nombrada por el Gobierno de Pedro Sánchez, también firmó la carta en la que se pedía la dimisión de García Ortiz tras su declaración en el Supremo en enero del año pasado. También sale a concurso la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente tras la jubilación de su anterior representante, Antonio Vercher. 

En la sesión de este viernes se resolverán, asimismo, destinos en las Fiscalías Anticorrupción, Antidroga, ante el Tribunal Constitucional y en la Audiencia Nacional, además de varias jefaturas provinciales. En la relación de aspirantes aparecen otros tres integrantes de la Secretaría Técnica, lo que evidenciará hasta qué punto la nueva fiscal general opta por ascender a perfiles vinculados a la figura de su predecesor apenas tres meses después de afirmar que su voluntad era contar con “todos” los miembros del Ministerio Público para tratar de “sanar” la “profunda herida” generada por la condena a García Ortiz.

La Fiscal Jefa Inspectora, María Antonia Sanz Gaite, ha dirigido un escrito a todos los miembros de la carrera en el que justifica la decisión de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, de no expulsar a Álvaro García Ortiz tras su condena por revelación de datos reservados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, argumenta que, al no haber sido condenado a prisión, debe aplicársele el mismo criterio que rige para los jueces, que sólo pierden su condición si hay prisión.

El Tribunal Supremo consideró que García Ortiz o alguien de su “entorno” filtraron un correo del abogado de González Amador a la prensa, además de difundir su confesión de fraude fiscal en un comunicado. Su condena implicó una inhabilitación de dos años para ejercer como fiscal general –cargo que él mismo abandonó días después–, el pago de la una multa y una indemnización.

Según una interpretación literal del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), un fiscal perdería su condición por cualquier condena por delito doloso [intencionado] superior a “seis meses”, incluso si la pena es solo una multa. En cambio, los jueces solo pierden su condición si la condena implica cárcel, de acuerdo a la ley del Poder Judicial. A juicio de la Fiscalía resulta “desigual e injustificadamente más gravoso el tratamiento dispensado a los miembros del Ministerio Fiscal”. 

El escrito explica que esta “sensible diferencia” entre las normas reguladoras de los estatutos de fiscales y jueces fue analizada por la Inspección Fiscal en el año 2019, que determinó que el “rigor” del Estatuto “podía salvarse con una interpretación integradora de su redacción para incorporar la referencia a las penas privativas de libertad”, tal y como establece la ley del Poder Judicial. Asegura que ese el criterio que se ha seguido desde entonces y que existe “al menos un precedente más referido a un fiscal condenado por delito doloso”.

Sanz Gaite recuerda que esa “interpretación” coincide con la realizada por la Sala de lo Contencioso-Administrativos, que determinó en una sentencia de 2017 que “si la condena por delito doloso no conlleva privación de libertad, entonces no habrá pérdida de la condición judicial o fiscal”.

La comunicación afirma, en este sentido, que la jurisprudencia constitucional y la doctrina científica administrativista ha establecido también que la Administración no puede imponer un “plus aflictivo”, esto es, un castigo adicional que vaya más allá de la sentencia penal, ya que esto vulneraría derechos constitucionales y la tutela judicial efectiva. 

El decreto por el que la actual fiscal general permitió el regreso a la carrera de García Ortiz ha sido recurrido por el empresario y comisionista González Amador. En su escrito defendió que la condena conlleva la pérdida de la condición de fiscal y no una mera suspensión o sustitución por una sanción menor. Los abogados de González Amador insisten en que García Ortiz ha “quebrado dolosamente el deber de secreto” y sostienen que eso es incompatible con mantener su plaza en la carrera fiscal.

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha recurrido el decreto por el que la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato, permitió el regreso a la carrera de Álvaro García Ortiz tras su condena a dos años de inhabilitación, según ha adelantado El Mundo y ha confirmado elDiario.es. En un escrito, sostiene que esa pena por un delito doloso conlleva la pérdida de la condición de fiscal, por lo que reclama su expulsión de la carrera.

El Supremo consideró que García Ortiz o alguien de su “entorno” filtraron un correo del abogado de González Amador a la prensa, además de difundir su confesión de fraude fiscal en un comunicado. Su condena implicó una inhabilitación de dos años para ejercer como fiscal general –cargo que él mismo abandonó días después–, el pago de la multa y la indemnización, pero dejaba una puerta abierta: si el reglamento interno de la Fiscalía implica que también perderá su condición de fiscal.

La actual fiscal general acordó mediante un decreto firmado el pasado 23 de diciembre el regreso a la carrera de García Ortiz. En esa resolución, la máxima representante del Ministerio Público sostuvo que la inhabilitación acordada por el Supremo se limitaba al ejercicio del cargo de fiscal general y no se extendía a su continuidad dentro de la carrera fiscal.

En su escrito, el empresario y comisionista alega, sin embargo, que la condena por un delito doloso [intencionado] impuesta a García Ortiz conlleva la pérdida de la condición de fiscal y no una mera suspensión o sustitución por una sanción menor. Los abogados de González Amador insisten en que García Ortiz ha “quebrado dolosamente el deber de secreto” y sostienen que eso es incompatible con mantener su plaza en la carrera fiscal.

El reglamento de la Fiscalía explica que un fiscal condenado por delito doloso perderá esa condición, pero abre la puerta a que no sea expulsado y solo suspendido temporalmente si su condena es inferior a “seis meses”. Los abogados de González Amador alegan que, en este caso, “ninguna de las penas impuestas es inferior a los seis meses, por lo que nunca sería de aplicación” las previsiones del citado reglamento. García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación, pero no a pena de cárcel.

En paralelo, los abogados de González Amador también cuestionan la “inactividad” de la Inspección Fiscal en relación con supuestos “hechos delictivos y generadores de responsabilidad disciplinaria padecidos” por González Amador.

En este sentido, reclaman la apertura de un expediente disciplinario por falta muy grave a García Ortiz por “inobservancia del deber de abstención a sabiendas”. Afirman que el ex fiscal general intervino en la dación de cuenta y comunicaciones de procedimientos relacionados con la pareja de la Ayuso mientras él mismo estaba siendo investigado.

El Tribunal Supremo ha ejecutado la condena de Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación para ser fiscal general del Estado. Un movimiento de la Sala de lo Penal que incluye la obligación de pagar una multa de 7.200 euros y abonar una indemnización de 10.000 euros a la pareja de Isabel Díaz Ayuso –que saldrá de la fianza que ya consignó hace meses– y, en la práctica, pasa la pelota al tejado de la nueva fiscal general, Teresa Peramato: ahora la Fiscalía tendrá que decidir si esta condena implica la expulsión de Álvaro García Ortiz de la Fiscalía.

El Supremo consideró que García Ortiz o alguien de su “entorno” filtraron un correo del abogado de Alberto González Amador a la prensa, además de difundir su confesión de fraude fiscal en una nota de prensa. Su condena implicó una inhabilitación de dos años para ejercer como fiscal general –cargo que él mismo abandonó días después–, el pago de la multa y la indemnización, pero dejaba una puerta abierta: si el reglamento interno de la Fiscalía implica que también perderá su condición de fiscal.

La sentencia explicó de forma expresa que no se pronunciaba sobre esa posibilidad, aunque destacaba que ceñir su condena a la inhabilitación para ejercer como fiscal general era ajustada a la gravedad de los hechos. El reglamento de la Fiscalía explica que un fiscal condenado por delito doloso perderá esa condición, pero abre la puerta a que no sea expulsado y solo suspendido temporalmente si su condena, como en este caso, es inferior a seis meses de prisión.

El auto de ejecución, además de instar a la ejecución de su inhabilitación y el pago de la parte económica de su condena, pone la sentencia en conocimiento formal de la Fiscalía General “a los efectos oportunos”. Ahora será Teresa Peramato, la nueva fiscal general que tomó posesión hace pocos días, la que decida el futuro de Álvaro García Ortiz.

El caso está pendiente de que la Abogacía del Estado presente un incidente de nulidad para, una vez sea previsiblemente rechazado, la causa ponga rumbo al Tribunal Constitucional. Los servicios legales del Estado que defienden a García Ortiz trabajan en un recurso de amparo para apoyarse en el voto particular de las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer y denunciar que tanto la instrucción del juez Ángel Hurtado como su condena ha vulnerado sus derechos fundamentales.

Teresa Peramato ha culminado este jueves los trámites preceptivos para acceder al cargo de fiscal general del Estado. Tras el acto solemne de toma de posesión en el Tribunal Supremo se ha dirigido a la sede de la Fiscalía General del Estado, ubicada en la calle Fortuny de Madrid. Allí ha pronunciado un discurso en el que ha reclamado a la sociedad y a las instituciones un “posicionamiento claro” frente al acoso sexual y “demás atentados contra la libertad sexual de las mujeres y también de las niñas y niños” y ha recordado a las 1.340 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003. En su solapa llevaba prendida una mariposa morada, que es un símbolo contra la violencia vicaria y de género. 

En su primer discurso ante la carrera, Peramato ha expresado su “reconocimiento, respeto, admiración y agradecimiento” a su predecesor en el cargo, Álvaro García Ortiz, y ha mostrado su “cariño” a él y a toda su familia. Y, al igual que hizo hace una semana en el Congreso de los Diputados, ha afirmado que su condena ha generado una “profunda herida” que tratará de “sanar” durante su mandato. A estas palabras ha seguido un aplausos de los asistentes.

Fiscal con 35 años de experiencia, Peramato asumirá el cargo en sustitución de García Ortiz, que renunció al puesto tras el fallo del Tribunal Supremo que lo condena a dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y a indemnizar con 10.000 euros a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por la filtración de información reservada sobre su fraude fiscal. García Ortiz ha acudido al acto, en el que también han estado presentes los ex fiscales generales Consuelo Madrigal, Eduardo Torres-Dulce, Dolores Delgado y María José Segarra. 

Peramato recibió el aval unánime del Consejo General del Poder Judicial y también salvó la semana pasada el trámite de la Comisión de Justicia del Congreso, donde todos los grupos —salvo Vox— elogiaron su dilatada carrera, centrada en la lucha contra la lacra de las violencias machistas. Peramato ha reivindicado la especialización en la Fiscalía como “una exigencia ineludible de nuestro tiempo, una garantía de rigor y eficacia del servicio público”.

También ha apelado a la Justicia, no como una “abstracción” sino como “un servicio público”. “Es la confianza de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, en que la ley, el derecho y sus operadores les protegen”, ha aseverado. Y ha definido su acto de toma de posesión como “la solemne reafirmación de un compromiso: servir con independencia, rigor y lealtad a los principios que sustentan nuestra Constitución”.

Teresa Peramato, propuesta por el Gobierno como fiscal general del Estado, fue recibida este jueves en el Congreso con el margen que no tuvo su predecesor. Toda la oposición —salvo Vox— elogió su dilatada carrera, centrada en la lucha contra la lacra de las violencias machistas. Y le dio un voto de confianza ante la compleja tarea que tiene por delante: ponerse al frente de la institución en su momento más delicado de la historia. Ella, por su parte, dijo que cuenta con “todos” los miembros del Ministerio Público para tratar de “sanar” la “profunda herida” generada por la condena a su predecesor, Álvaro García Ortiz, al que reconoció su “trabajo” y haber hecho “lo indecible” por la modernización de la carrera. 

Fiscal con 35 años de experiencia, Peramato asumirá el cargo en sustitución de García Ortiz, que renunció al puesto tras el fallo del Tribunal Supremo que lo condena a dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y a indemnizar con 10.000 euros a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por la filtración de información reservada sobre su fraude fiscal. Un nombramiento que requiere, entre sus trámites preceptivos, la comparecencia ante la Comisión de Justicia, encargada de valorar sus méritos e idoneidad para ejercer esta responsabilidad. 

Durante algo más de media hora, Peramato dio pinceladas de su larga trayectoria, profundamente ligada a la lucha contra los “feminicidios” y la protección de las mujeres víctimas y de sus hijos. Y defendió el modelo de elección del fiscal general, en el que la propuesta de nombramiento parte del Gobierno. Afirmó que es por el que optan la “práctica totalidad” de los países del entorno “sin que ello haya supuesto sembrar duda alguna sobre la imparcialidad y autonomía de la institución”. 

Respecto a los retos de su mandato, aludió a la aprobación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que deja en manos de los fiscales las investigaciones penales, pero reclamó más autonomía y más plazas. “Aspiramos a más”, aseveró. También propuso reformas internas, como la búsqueda de una mayor autonomía presupuestaria y funcional para el Ministerio Fiscal. Destacó, asimismo, su intención de fortalecer la especialización de las unidades, como ciberdelincuencia, medioambiente y corrupción.

Críticas a García Ortiz  

Toda la oposición —salvo la extrema derecha de Vox— alabó su dilatada carrera y le concedió la tregua que no tuvo su predecesor. El Partido Popular, que ha convertido a la Fiscalía en diana de sus ataques, recibió a García Ortiz con acusaciones de “complicidad y colaboración con ETA” en su comparecencia en el Congreso el 28 de julio de 2022, días después de que el Gobierno lo propusiera para el puesto. En esta ocasión, el PP reconoció la “indiscutible e intachable trayectoria” de Peramato. 

La portavoz popular, María Jesús Moro, admitió que Peramato “cumple formalmente” los requisitos que exige la ley, aunque aludió a sus “sombras” y criticó su reconocimiento a la labor realizada por su predecesor. “No es su mejor aval”, le dijo la diputada, que afirmó que García Ortiz “dedicó todo su esfuerzo a seguir instrucciones gubernamentales o a asimilarse plenamente a esa posición política con decisiones políticas impropias de un fiscal general”. 

Ante este escenario, la diputada del PP sostuvo que la nueva fiscal general tiene por delante el reto de “recuperar el prestigio, la credibilidad y la confianza en la institución” y “reparar los daños” que se han causado a todos los miembros de la carrera. Y le pidió “firmeza” ante los “ataques” al Tribunal Supremo. El PP llegó a reclamarle incluso que abra “investigaciones internas” a los fiscales que hayan pronunciado “exabruptos” contra los magistrados del alto tribunal. 

En el turno de réplica, Peramato rechazó pronunciarse sobre esos supuestos ataques. “No voy a entrar a hacer ningún tipo de valoración política ni en relación al procedimiento del fiscal general ni en relación a la declaración que hayan podido hacer determinados fiscales en el entorno de una asociación”, contestó. Y expresó su “respeto más absoluto” a la libertad de expresión. “Otra cosa es que lo podamos compartir o no”, añadió. 

El diputado que más elevó el tono fue el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, que calificó a la fiscal de “activista de la ideología de género” y despreció su “vinculación política a la ideología de izquierda” por el hecho de haber sido presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). “Nos tendrá enfrente denunciando todos los abusos de la ley, las ilegalidades, los sectarismos que usted promueva en la Fiscalía General”, añadió.

El diputado de Junts, Josep Pagès, también fue crítico al responsabilizar a la Fiscalía de la “represión” contra los líderes independentistas. Una “represión” que, a su juicio, “adoptó formas más sistemáticas” bajo fiscales generales nombrados por el Gobierno de Pedro Sánchez. Pagès afirmó que el “problema” de la Fiscalía General del Estado es su “dependencia jerárquica” del Gobierno y acusó a la institución de actuar como “una especie de agencia de inteligencia judicial” que “promueve estrategias con fines partidistas o relatos interesados de acuerdo con los medios de comunicación”.

“Decía mi compañero que no es comparable García Ortiz con lo que se hizo con los independentistas, pero sí que rompe barreras que hacen que cada vez más se pueda alterar los límites democráticos de control de la disidencia”, apostilló Pilar Vallugera, de ERC, que alabó la trayectoria feminista de Peramato.

A García Ortiz también refirió el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, quien afirmó que su condena es “un caso de libro de guerra judicial” emprendido por un tribunal “altamente politizado” y que ha actuado con “impulso político”. Iñarritu afirmó que hay “actores altamente politizados están actuando contra instituciones del Estado que no controlan”. En términos similares se expresó el diputado de Sumar Enrique Santiago, quien reiteró su apoyo a Peramato y García Ortiz, de quien dijo que es una victima de una “conspiración de mentiras”.

Si hoy es jueves, hablamos de un nombre propio: Teresa Peramato (Salamanca, 63 años). Es la propuesta que el Gobierno ha hecho pública este 25N para suceder a Álvaro García Ortiz al frente del Ministerio Fiscal. La fecha no fue casual como tampoco fue accidental que el Supremo eligiera el 20N para publicitar la condena al ya ex fiscal general del Estado de dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos, una multa de 7.200 euros y el pago de una indemnización de 10.000 euros a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, procesado por fraude fiscal.

Las fechas importan, sí. El Alto Tribunal quiso hacer coincidir el fallo con el 50 aniversario de la muerte de Franco para recordarnos que, en efecto, todo quedó “atado y bien atado”, célebre frase que el dictador pronunció en las Navidades de 1969 para tranquilizar a los que creían que la dictadura moriría con él y pedían que su testamento político garantizara la continuidad del régimen para seguir así manteniendo sus privilegios. Y el Gobierno ha buscado el 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para dejar constancia de que hay batallas ideológicas a las que no piensa renunciar frente al avance de los reaccionarios. La de la igualdad y la lucha contra la violencia machista es una de ellas. Y otra, poner orden en la carrera fiscal.

De ahí el nombre de Teresa Peramato, una mujer progresista, de trayectoria impecable, con 35 años de ejercicio profesional, que ahora ejerce como fiscal de sala jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo y que es, además de una reconocida feminista, fiscal de sala delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal. 

Impulsora de los juzgados especializados para mujeres víctimas de la violencia de género en Madrid, tomará las riendas del Ministerio Fiscal en un momento especialmente complicado, y no solo por la condena de su antecesor, sino también por un cuestionamiento constante de la institución por parte de las derechas que la consideran una prolongación del Gobierno. Solo cuando gobierna la izquierda, claro. Cuando lo hace la derecha, al fiscal general, ya saben, lo nombra el espíritu santo. Su reto, en todo caso, es recoser la institución, cerrar heridas y lograr una mínima unidad en la carrera.

Las conversaciones de Bolaños con conservadores y progresistas

La elección de Peramato ha sido la consecuencia de no menos de un centenar de conversaciones que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, mantuvo entre el 21 de noviembre y el pasado lunes con distintas personalidades del mundo judicial para escuchar sus propuestas. En la mayoría de ellas, según fuentes gubernamentales, su nombre se convirtió en un fijo entre los consultados tanto de ideología conservadora como progresista. Y así se lo hizo saber el ministro al presidente del Gobierno, que se encontraba de viaje en Sudáfrica para la cumbre del G20. Pedro Sánchez estuvo en todo momento informado de la evolución de los contactos del ministro y muy encima del desarrollo de los mismos, incluidos los dos encuentros que Bolaños mantuvo con Teresa Peramato antes de hacerse pública la propuesta a las 7.00 de la mañana del martes del 25N. 

Hora y media después, las organizaciones feministas ya habían celebrado de forma unánime la propuesta, al igual que las asociaciones de fiscales, donde sorprendió, eso sí, la contención de las de tendencia conservadora. Más tarde, hasta el vicesecretario de Igualdad del PP, Jaime de los Santos, calificaba la trayectoria de la que será fiscal general del Estado como “ejemplar”. Una opinión que, en absoluto, compartieron algunos de sus correligionarios, como fue el caso de la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, o del secretario general, Miguel Tellado, para quienes lo importante seguía siendo el ataque a Sánchez, y no la impecable carrera de Peramato, reconocida por toda la derecha judicial.

Mujer, progresista y dispuesta a dar batalla

El Gobierno tuvo claro desde el principio que buscaba para suceder a García Ortiz a una mujer, progresista y dispuesta a dar la batalla en la carrera fiscal, una institución dividida que atraviesa el momento más delicado de su historia y con los tribunales convertidos en un campo de minas contra el Gobierno. Pero también quería que el nombre elegido fuera respetado por conservadores y progresistas. La primera decisión del ministro fue decidir si proponía a alguien de fuera o de dentro de la carrera fiscal. La primera opción fue descartada, tras entender que el mensaje podría ser ofensivo para los fiscales, y por eso se rechazó buscar entre catedráticos o magistrados. 

Una vez cuadrado el círculo con Peramato, en La Moncloa se proponen ahora no dar un paso atrás en la defensa de sus banderas más ideológicas, como la igualdad o la lucha contra las violencias machistas en pleno auge de una ultraderecha negacionista que, además, ha conseguido que el PP de Alberto Núñez Feijóo haya viajado en los últimos 20 años desde el pacto de Estado que avaló en 2017 hasta la “violencia intrafamiliar” y a no condenar desde sus redes sociales, como es el caso de Isabel Díaz Ayuso, los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas.

Que la propuesta de Peramato se conociera el 25N es un mensaje para toda la carrera judicial, pero también para quienes, tanto en Vox como en el PP, se preguntan “cuándo es el día del hombre”. Y con ello niegan que a Karilena, Lina, Doreen, Eva, Andrea, Juana, Josefa, Diana, Marta, Rocío, Miriam, María, Pilar, Maritza, Zunilda, Marisa, Alejandra, Susana, Ramy Virginia, María del Carmen, Josefina, Dolores, Mercedes, Ilham, Rosalía, Mercedes, Ginesa, Katherine Yuliet, Eva, Verónica, Martha, Ainhoa, Zahra, Cristina, Eugenia, Silvia y María Pilar -las 38 asesinadas en lo que va de 2025- las mataron por ser mujeres.

Aviso para quienes hablan de “dogmas feministas”

El nombramiento de la nueva fiscal general es un aviso para quienes, como la diputada ultra Rocío de Meer, no hablan de violencias contra la mujer sino de “dogmas feministas” y argumentan que reducir todas las causas de asesinato en el hogar al machismo es “simplista e ineficaz, ya que los asesinatos son multifactoriales (alcoholismo, salud mental, precariedad)”.

Y es además un recado a un PP que hoy ha asumido la agenda negacionista de Vox allá donde ha necesitado de los votos de los de Santiago Abascal. En la izquierda no olvidan que, ya con la aprobación de la primera ley integral contra la violencia de género en 2004 que el Congreso aprobó por unanimidad, los populares arremetieron contra “el sexismo penal”, propusieron agravar todas las penas por violencia doméstica, al margen del sexo del agresor, y se opusieron a la creación de juzgados especializados en violencia de género.

De aquellos polvos, y no solo por el influjo de Vox, el PP ha dibujado un auténtico mapa de la vergüenza sobre la igualdad y la violencia machista en varias comunidades autónomas. Porque para la configuración de gobiernos locales y regionales tras las elecciones de 2023, el PP se prestó a borrar todo rastro sobre la violencia de género de los acuerdos firmados con la ultraderecha, lo que de facto supuso la aceptación del discurso negacionista. Y, a continuación, van algunas decisiones que nos lo recuerdan:

Andalucía. En Huelva, donde el gobierno de PP y Vox eliminaron la concejalía de Igualdad, el Ayuntamiento puso en marcha un taller municipal para enseñar a las mujeres a limpiar la casa sin contaminar. En Maracena (Granada) excluyeron a las víctimas de violencia de género de las bolsas de empleo social y desmantelaron la unidad de VioGen de la Policía Local. Y en la Junta, el gobierno del PP mantiene las subvenciones a asociaciones antiabortistas fruto de un acuerdo suscrito con los de Abascal.

Aragón. PP y Vox frenaron una propuesta para garantizar el aborto en hospitales públicos en junio pasado; la presidenta de las Cortes, la ultra Marta Fernández, llegó a afirmar que la violencia de género no existe y el gobierno del popular Azcón anuló unos talleres sobre violencia machista tras considerarlos “meramente ideológicos”.

Castilla y León. En la misma línea, el gobierno de Valladolid eliminó la concejalía de igualdad y también el de Burgos, mientras que la consejería de Empleo del gobierno regional eliminó las bonificaciones a empresas por contratar a víctimas de violencia de género. 

Madrid. El PP votó en contra de la instalación de los puntos violetas en las fiestas de Las Rozas. En Valdemorillo, Vox censuró la obra teatro “Orlando” de Virginia Woolf y en el Ayuntamiento de Madrid, desde 2020, la ultraderecha ha impedido las declaraciones institucionales con motivo del 8 de marzo e impulsado iniciativas para eliminar charlas feministas de colegios para derogar la ley de VioGen. En Alcobendas, con alcaldesa del PP, se ha suprimido la concejalía de Igualdad y Mujer. 

Y en la Comunidad de Madrid, Ayuso dejó su sello nada más ser elegida candidata a presidir el gobierno regional, cuando preguntada por la periodista Teresa Campos en un programa de televisión sobre la violencia de género se refirió a ella como a “un tipo de violencia muy concreto, que está ahí”, pero matizó que también “hay violencia sobre el propio hombre, que sufre más agresiones que nosotras”. La inquilina de Sol ha eliminado todas las acciones de sensibilización contra la violencia de género para el presupuesto de 2026 en la única región de toda España que no ha aprobado una ley de igualdad autonómica. Igual que Vox, Ayuso también se pregunta “cuándo es el día del hombre” y considera más importante trabajar diariamente para que haya menos víctimas de cualquier tipo de violencia, en lugar de esperar a un día específico. Entre sus ocurrencias más sonadas se encuentra la creación de un centro para hombres agredidos sexualmente, a pesar de que en el 85% de las denuncias las víctimas son mujeres. Todo ello además de enviar a las mujeres “a abortar a otro lado” y declararse en rebeldía contra la ley que le obliga a crear un registro de objetores contra el aborto entre los médicos de la sanidad pública.

Extremadura. Vox ha impedido en la Asamblea declaraciones institucionales por el Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres y, con el beneplácito del PP, ha conseguido eliminar la consejería de Igualdad.

Galicia. Además de suprimir también la secretaría general de Igualdad, la Xunta llegó a sacar en 2022 una campaña de publicidad institucional contra la violencia sexual que culpabiliza a las víctimas por su forma de vestir y por sus actividades. Despreció además la prevención de los asesinatos machistas y dijo que el motivo de muchos es que las mujeres rompen la pareja.

Baleares. Eliminada la consejería de Igualdad, el Govern estableció que los hijos de víctimas de violencia de género dejasen de ser beneficiarios directos de las ayudas de comedor.

La Rioja. PP y Vox votaron en el Parlamento en contra del desarrollo de la ley de violencia autonómica y la ultraderecha solicitó incluso la derogación de la ley de igualdad autonómica. 

Murcia. PP y Vox evitaron el término violencia machista en su acuerdo de gobierno y se comprometieron a garantizar “la neutralidad ideológica” en las aulas.

Valencia. En las Cortes valencianas, el PP eliminó la palabra “niñas” de una iniciativa legislativa como concesión a Vox. El Consell que presidió Mazón admitió la inscripción de una fundación de “hombre maltratados”, retiró el apoyo al proyecto Women´s Legacy que rescataba referentes femeninos en las aulas y eliminó la formación en violencia de género para los policías locales.

Que los populares nunca fueron el partido con más perspectiva de género de cuantos integran el arco parlamentario lo acredita un buen repaso a la hemeroteca, pero que fueran a ceder tanto terreno en materia de violencia machista como consecuencia de su maridaje con Vox es algo que ya tampoco pueden negar a tenor de sus hechos y sus declaraciones. Del “crimen pasional” y el “divorcio duro” han pasado ya al “no ha sido por odio porque quería mucho a su mujer”. 

No han aprendido nada. 

El pleno del Consejo General del Poder Judicial ha considerado este miércoles por unanimidad que la fiscal de Sala del Tribunal Supremo Teresa Peramato “reúne los méritos y requisitos” exigidos para ser nombrada fiscal general del Estado, cargo para el que fue propuesta este martes por el Consejo de Ministros. Esos requisitos legales son ser un jurista español de reconocido prestigio y acumular más de 15 años de ejercicio profesional. 

El informe emitido por el CGPJ supone el inicio del proceso para ratificar el nombramiento de Peramato como nueva jefa del Ministerio Público. Para completarlo, tendrá que comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

El dictamen sobre Peramato se aleja de las críticas vertidas por el órgano contra su predecesor. En 2022, la mayoría conservadora del caducado CGPJ consideró a García Ortiz no idóneo para el cargo. Fue la primera vez en la historia que el órgano no avalaba el nombramiento de un fiscal general del Estado.

Peramato es fiscal de carrera con 35 años de ejercicio. En enero de este año fue nombrada fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Antes había sido desde 2021 fiscal de Sala de Violencia contra la Mujer. Es una de las grandes expertas en violencias machistas de nuestro país y ha dedicado su carrera judicial a ello. Su designación al frente del Ministerio Público ha sido celebrada por el feminismo con un consenso poco habitual en los últimos años. 

Una vez que se haga oficial su nombramiento, Peramato se enfrenta al reto de construir su liderazgo en un escenario complejo y tras una época marcada por la oposición a la cúpula de la Fiscalía por parte de los sectores más conservadores de la judicatura. El Partido Popular la recibió este miércoles expresando dudas sobre su profesionalidad. “Si el presidente le pide que cometa delitos, ¿también lo va a hacer?”, dijo la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz. El CGPJ considera por unanimidad que sí reúne los méritos y requisitos para ser nombrada.

Teresa Peramato se pondrá próximamente al frente de los 2.700 fiscales que ejercen en España. Cinco días después de la histórica sentencia que inhabilita a Álvaro García Ortiz, el Gobierno anunció en pleno 25N que su relevo al frente del Ministerio Público será una jurista de larga trayectoria, especializada en violencias machistas y con recorrido en la Unión Progresista de Fiscales. Una fiscal que se pone al frente de la institución en su momento más delicado de la historia y con los tribunales convertidos en un constante terreno minado para el Ministerio Público. 

Fiscal de carrera con más de tres décadas de experiencia, ejercía desde enero de este año como fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, donde fue ascendida por su predecesor. Peramato se enfrenta al reto de construir su liderazgo en un escenario complejo y tras una época marcada por la oposición a la cúpula de la Fiscalía por parte de los sectores más conservadores de la judicatura. De puertas para afuera, el Partido Popular la recibió este miércoles expresando dudas sobre su profesionalidad. “Si el presidente le pide que cometa delitos, ¿también lo va a hacer?”, dijo la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz. 

La nueva fiscal general planea dar continuidad al equipo que conformó García Ortiz en las altas instancias de la Fiscalía. Fuentes fiscales consultadas por elDiario.es afirman que mantendrá de 'número dos' a Diego Villafañe, actual teniente fiscal de la Secretaría Técnica, la sala de máquinas del Ministerio Público. Villafañe, que llegó a estar imputado en la causa abierta tras la querella de la pareja de Ayuso y que declaró como testigo en el juicio, ha sido uno de los más estrechos colaboradores de García Ortiz en su paso por la institución. 

García Ortiz fue recibido en la Fiscalía General con una noticia falsa y un informe de la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que lo declaró no idóneo para el cargo. El órgano, que debe limitarse a fijar si el candidato cumple con los requisitos legales que marca la ley —ser un jurista español de reconocido prestigio y acumular más de 15 años de ejercicio profesional—, se reúne este miércoles para pronunciarse sobre Peramato. Las fuentes consultadas en el órgano esperan un pronunciamiento favorable alejado de las críticas vertidas contra su predecesor. 

La percepción de García Ortiz como un fiscal continuista del trabajo de Dolores Delgado –que contó con la oposición fiera de la facción conservadora de la carrera– engrasó desde el principio una relación conflictiva con el Consejo Fiscal, órgano asesor del fiscal general. Allí afrontó una mayoría de vocales de la conservadora Asociación de Fiscales (AF) y un representante de la minoritaria Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que en el juicio llegó a pedir seis años de cárcel para él.

Peramato se encontrará con la misma aritmética de una mayoría de vocales que se oponen de manera casi sistemática a cualquier propuesta de nombramiento que proceda de la Unión Progresista de Fiscales o su entorno. También con una facción de la cúpula fiscal que llegó a pedir abiertamente la dimisión de su predecesor tras ser imputado en el Tribunal Supremo, además de con una fuerte división interna del Ministerio Público por la aplicación de la amnistía a los condenados del procés, entre otros asuntos. 

La imagen de Álvaro García Ortiz y María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Supremo, ejerciendo como padrinos de Peramato en su toma de posesión en el alto tribunal no deja lugar a dudas sobre su cercanía a una UPF en minoría en el Consejo Fiscal cuyos movimientos y propuesta son recibidos, en el mejor de los casos, con escepticismo, cuando no con recursos judiciales ante el Tribunal Supremo. 

Una Fiscalía cuestionada

Las turbulencias de la Fiscalía no son solo de puertas para adentro. La institución se enfrenta también a un constante cuestionamiento político similar al que sufre el Tribunal Constitucional a manos de la derecha. Una campaña que arrancó mucho antes de la filtración que ha llevado a García Ortiz a la inhabilitación y gracias a la cual el PP ha instaurado un relato: cualquier actuación de la Fiscalía que no coincide con los intereses de la oposición es una manipulación del Ministerio Público a favor del Gobierno. 

Se trata de algo que arrancó en la etapa de Dolores Delgado como fiscal general y que se ha acentuado con la apertura de diligencias contra Álvaro García Ortiz. Un Partido Popular que no duda en afirmar que la Fiscalía –esta vez de la mano de Hacienda– ha sometido a Isabel Díaz Ayuso a una cacería a través de la causa de fraude fiscal de su pareja. 

Los de Alberto Núñez Feijóo han recibido a Peramato con escepticismo. Ese cuestionamiento va más allá de lo político y de las declaraciones públicas: el Ejecutivo pretende poner en marcha las reformas necesarias para que la Fiscalía asuma la instrucción de las investigaciones penales. Un movimiento que cambiará por completo el papel que jueces y fiscales juegan en unas diligencias, dando mucho más protagonismo al Ministerio Público. 

Está por ver si la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales, que lleva años pidiendo la dimisión de García Ortiz, mantiene su petición reciente de paralizar esa reforma durante, al menos, un lustro. “Podemos esperar cinco años más tranquilamente, hasta que la situación se calme”, dijo hace unos días su portavoz, Cristina Dexeus. 

Un reguero de casos delicados

Peramato desembarca en la planta noble de la calle Fortuny, sede central de la Fiscalía en Madrid, en un escenario de cuestionamiento de la institución y en un momento de especial concentración de causas judiciales delicadas que afectan, de forma directa o indirecta, al Gobierno, al PSOE y al propio Pedro Sánchez: desde el próximo juicio por corrupción contra José Luis Ábalos hasta los procesos contra Begoña Gómez y David Sánchez pasando por una decisión interna de alto voltaje. Expulsar o no a Álvaro García Ortiz de la Fiscalía tras su condena. 

El Ministerio Público afrontará varios de estos juicios a lo largo del próximo año. El hermano de Pedro Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE regional y candidato para las elecciones extremeñas, se sentarán en el banquillo de la Audiencia Provincial de Badajoz el próximo mes de febrero. En Madrid, el juez Juan Carlos Peinado aún no ha enviado formalmente a juicio la causa de Begoña Gómez pero ya ha anunciado su intención de enviar su caso a un tribunal del jurado. 

En estos dos casos que afectan al entorno más directo del presidente del Gobierno, la Fiscalía se opone al criterio de la colección de acusaciones populares vinculadas a la extrema derecha y ha pedido el archivo y la absolución. Pero también está pendiente de señalamiento otro juicio que afecta al entorno de una personalidad política: la pareja de Isabel Díaz Ayuso, para quien pide tres años y nueve meses de cárcel a la espera de saber si la vía del pacto se reabre a medida que se acerca el juicio.

Peramato también tendrá que lidiar con la Fiscalía Anticorrupción de Alejandro Luzón y el ramillete de causas relacionadas con el caso Koldo que, entre otros, mantiene en su lista de imputados a José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Esta misma semana el Ministerio Público pedirá al juez del Tribunal Supremo que endurezca las medidas cautelares que pesan sobre el exministro de Transportes, con la duda de si esa solicitud llegará hasta la prisión provisional. El primer juicio contra Ábalos está previsto para el año que viene y Anticorrupción pide 24 años de cárcel para él. 

No todas las gestiones delicadas a las que se enfrenta la Fiscalía que dirigirá Peramato a partir de ahora tienen que ver con causas judiciales en marcha. Otras son de carácter interno y de ellas depende el futuro de su predecesor en el cargo, Álvaro García Ortiz, después de haber sido condenado por el Tribunal Supremo: está pendiente si, además de dejar el cargo de fiscal general, debe ser expulsado de la Fiscalía. 

La normativa interna del Ministerio Público especifica que una condena por delito doloso puede llegar a implicar la pérdida de la condición de fiscal a uno de sus miembros. Pero también establece que el fiscal general puede suavizar esa sanción y dejarlo en una suspensión –que puede ser temporal– porque su condena es inferior a los seis meses de cárcel. La imputación, el juicio y la condena a Álvaro García Ortiz fueron situaciones inéditas en la democracia española y esta decisión sobre su expulsión o suspensión de la Fiscalía, por tanto, también lo será. 

¿Una trayectoria “ejemplar” o continuismo con el condenado Álvaro García Ortiz? El PP no se decide sobre cómo recibir la propuesta del Gobierno para designar una nueva fiscal general del Estado. La elegida, Teresa Peramato, tiene un currículum “ejemplar”, en palabras del vicesecretario de Igualdad, Jaime de los Santos. Pero el secretario general, Miguel Tellado, y la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, han optado por poner en duda su independencia.

El primero en valorar la designación ha sido Tellado. A preguntas de los medios tras participar en un acto informativo de 'La Razón', el número dos del PP ha dicho “recibir con cautela” la elección del Gobierno. “Lo importante es saber si Sánchez sigue creyendo, pese a la sentencia condenatoria, que la Fiscalía es su Fiscalía y si va a seguir usándola políticamente como lo ha hecho con Álvaro García Ortiz”, ha zanjado.

Tellado ha optado así por sembrar la duda sobre la independencia de Peramato antes incluso de que se haya oficializado como propuesta del Gobierno, y sin que los órganos consultivos hayan hecho sus preceptivos informes de idoneidad.

La senda de Tellado la ha seguido después Ester Muñoz. La portavoz parlamentaria del PP ha tildado el nombramiento como “evidentemente continuista”. “Es de la absoluta confianza de Dolores Delgado [segunda fiscal general de Pedro Sánchez]. Es de absoluta confianza del señor Álvaro García Ortiz [el aún fiscal general, inhabilitado por el Tribunal Supremo]”, ha dicho Muñoz, quien ha extendido también un velo de sospecha sobre Peramato: “Y lo que nos estamos preguntando los españoles hoy es si esta nueva fiscal general, si el presidente del Gobierno le pide que cometa delitos para atacar a rivales políticos, también lo va a hacer”.

Muñoz también ha arremetido contra las críticas lanzadas desde el Gobierno al fallo adelantado por el Supremo. “No se condena a nadie por decir la verdad. A nadie. Se le ha condenado por revelar datos reservados. Es un tipo penal que viene en el Código Penal”, ha asegurado durante una rueda de prensa en el Congreso.

La portavoz del PP, que ha lamentado que se critique la decisión del Supremo sin haber leído todavía el texto de la sentencia, que no se ha hecho público, ha anticipado que la condena se debe a que “el fiscal general del Estado confirmó una información que no estaba confirmada con textos literales del correo”.

Muñoz ha anticipado, eso sí, el motivo de la condena: la nota de prensa que emitió la Fiscalía de Madrid para desmentir una información falsa de 'El Mundo' tras filtrar el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso parte de los correos electrónicos donde el abogado de la pareja de la presidenta de Madrid reconocía los delitos cometidos y pedía un acuerdo a la Fiscalía.

“Si mi médico les da a ustedes mi historial clínico, está revelando datos reservados”, ha sostenido Muñoz, quien ha zanjado: “Eso es lo que hizo el fiscal general del Estado, confirmar una información que no estaba confirmada con textos literales del correo”.

Defensora de la 'ley del solo sí es sí'

Muñoz no solo ha criticado a Peramato por su supuesta proximidad a sus predecesores o ha puesto en duda su independencia sobre el Gobierno. También ha arremetido contra algunas posiciones jurídicas de quien acumula más de tres décadas de ejercicio hasta haber llegado a fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo.

En concreto, Muñoz ha arremetido contra ella por su defensa de la reforma del Código Penal conocida como 'ley del solo sí es sí'. “Somos lo que hacemos”, ha dicho. “Es evidente que una persona que ha defendido 'la ley del solo sí es sí', pues bueno, a mí me sorprende como mujer. Pero es evidente que ese es el perfil que ha buscado Pedro Sánchez, un perfil que no se aleja en absoluto de lo que ha elegido hasta ahora”.

El Gobierno propondrá a la fiscal de Sala del Tribunal Supremo Teresa Peramato como fiscal general del Estado en sustitución de Álvaro García Ortiz. Es fiscal de carrera con 35 años de ejercicio. En enero de este año fue nombrada fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Antes había sido desde 2021 fiscal de Sala de Violencia contra la Mujer. Fuentes del Ministerio de Justicia explican que Peramato “tiene una amplia trayectoria especialmente en materia de lucha contra la violencia de género” y “es considerada una de las grandes impulsoras de la especialización judicial en esta materia”.

Asumirá el cargo en sustitución de García Ortiz, que renunció al puesto tras la sentencia del Tribunal Supremo que lo condena a dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y a indemnizar con 10.000 euros a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por la filtración de información reservada sobre su fraude fiscal. Peramato fue presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que también pertenecían sus tres predecesores en el cargo, y que ha celebrado su nombramiento por su “dedicación ejemplar, un firme compromiso ético y una constante defensa de la dignidad de quienes más necesitan amparo”. El Consejo de Ministros de este martes iniciará el proceso para su nombramiento a propuesta del Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, ingresó en la carrera fiscal en el año 1990. Tras su paso por diversas Fiscalías (Tenerife, Valladolid y Barcelona) se trasladó a la Fiscalía Provincial de Madrid, destino en el que fue nombrada fiscal delegada para la Sección de Violencia Sobre la Mujer en mayo de 2005. En 2010 fue designada Fiscal Adscrita a la fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer y en 2018 pasó a ocupar el cargo de fiscal adscrita a la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional.

Es la cuarta máxima representante del Ministerio Público nombrado por el Gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo socialista colocó a María José Segarra al frente de la Fiscalía entre 2018 y 2020. Después situó a Dolores Delgado (2020-2022) y, por último, a García Ortiz (2022-2025). Será la cuarta mujer que llega a este puesto. Precisamente el fiscal general saliente fue el padrino de Peramato en su toma de posesión ante el Tribunal Supremo junto con María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal de ese tribunal y fiscal general interina tras la renuncia de García Ortiz.

Antes de su nombramiento definitivo, el Consejo General del Poder Judicial deberá emitir un informe no vinculante. Posteriormente, comparecerá ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Cuando se hayan realizado estos trámites, el Gobierno acordará su nombramiento definitivo como fiscal general del Estado.

El Ejecutivo anunció la semana pasada que había puesto en marcha el proceso para designar un nuevo fiscal general. El objetivo era activar la sustitución con premura para dar una imagen de absoluta normalidad institucional. En todo caso, hasta la toma de posesión de Peramato, la responsabilidad sigue recayendo de forma interina sobre la 'número dos' del Ministerio Público: María Ángeles Sánchez Conde. Es la teniente fiscal del Tribunal Supremo que ha defendido la inocencia de García Ortiz en esta causa. 

La asociación mayoritaria pide “recuperar la imagen” de la Fiscalía

La Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la carrera fiscal, ha celebrado el “imprescindible relevo” de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, al tiempo que ha pedido a su sucesora a trabajar para “recuperar la imagen” de “imparcialidad” de la institución. La Unión Progresista de Fiscales, a la que pertenece Peramato, ha aplaudido su nombramiento en un “momento delicado” para la carrera fiscal que requiere de la “preservación de la confianza pública”. “Teresa Peramato encarna de manera sobresaliente las mejores virtudes de esta carrera para ser una magnífica fiscal general del Estado”, afirman en un comunicado en el que destacan también que su “acreditada solvencia técnica y una trayectoria marcada por el rigor profesional, el sentido institucional y la defensa de los derechos fundamentales”.

“Su trabajo ha sido decisivo en la construcción de un modelo especializado y sensible frente a una de las más graves vulneraciones de derechos humanos en nuestra sociedad”, señala la UPF. “Como Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer y, más recientemente, como Fiscal de Sala Delegada para la Protección de las Víctimas, ha demostrado una dedicación ejemplar, un firme compromiso ético y una constante defensa de la dignidad de quienes más necesitan amparo”.