La pareja de Ayuso recurre la decisión de la fiscal general de permitir el regreso a la carrera de García Ortiz tras su condena

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha recurrido el decreto por el que la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato, permitió el regreso a la carrera de Álvaro García Ortiz tras su condena a dos años de inhabilitación, según ha adelantado El Mundo y ha confirmado elDiario.es. En un escrito, sostiene que esa pena por un delito doloso conlleva la pérdida de la condición de fiscal, por lo que reclama su expulsión de la carrera.

El Supremo consideró que García Ortiz o alguien de su “entorno” filtraron un correo del abogado de González Amador a la prensa, además de difundir su confesión de fraude fiscal en un comunicado. Su condena implicó una inhabilitación de dos años para ejercer como fiscal general –cargo que él mismo abandonó días después–, el pago de la multa y la indemnización, pero dejaba una puerta abierta: si el reglamento interno de la Fiscalía implica que también perderá su condición de fiscal.

La actual fiscal general acordó mediante un decreto firmado el pasado 23 de diciembre el regreso a la carrera de García Ortiz. En esa resolución, la máxima representante del Ministerio Público sostuvo que la inhabilitación acordada por el Supremo se limitaba al ejercicio del cargo de fiscal general y no se extendía a su continuidad dentro de la carrera fiscal.

En su escrito, el empresario y comisionista alega, sin embargo, que la condena por un delito doloso [intencionado] impuesta a García Ortiz conlleva la pérdida de la condición de fiscal y no una mera suspensión o sustitución por una sanción menor. Los abogados de González Amador insisten en que García Ortiz ha “quebrado dolosamente el deber de secreto” propio de la función jurisdiccional y sostienen que eso es incompatible con mantener su plaza en la carrera fiscal.

El reglamento de la Fiscalía explica que un fiscal condenado por delito doloso perderá esa condición, pero abre la puerta a que no sea expulsado y solo suspendido temporalmente si su condena es inferior a “seis meses”. Los abogados de González Amador alegan que, en este caso, “ninguna de las penas impuestas es inferior a los seis meses, por lo que nunca sería de aplicación” las previsiones del citado reglamento. García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación, pero no a pena de cárcel.

En paralelo, los abogados de González Amador también cuestionan la “inactividad” de la Inspección Fiscal en relación con supuestos “hechos delictivos y generadores de responsabilidad disciplinaria padecidos” por González Amador.

En este sentido, reclaman la apertura de un expediente disciplinario por falta muy grave a García Ortiz por “inobservancia del deber de abstención a sabiendas”. Afirman que el ex fiscal general intervino en la dación de cuenta y comunicaciones de procedimientos relacionados con la pareja de la Ayuso mientras él mismo estaba siendo investigado.