El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha pedido a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que investigue quién es el autor del punzón que figura en las joyas de más valor que le fueron incautadas al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

En una providencia recogida por Europa Press, el instructor del 'caso Plus Ultra' explica que la Policía “deberá solicitar” la colaboración de Interpol y Europol si lo considera necesario, todo ello con el objetivo de esclarecer quién se encargó de realizar el punzonado de las piezas. 

El magistrado da este paso después de recibir el segundo informe pericial de las joyas intervenidas al expresidente socialista elaborado por la joyería Yanes, que valoró en 1,02 millones de euros las piezas y apuntó como hipótesis “muy probable” que fueran de origen asiático. 

En concreto, el informe de Yanes señaló que “la valoración identificativa” de las joyas “aporta un elemento importante, que es un punzonado muy específico presente en todas las piezas”. 

“Si bien en él se refleja la ley del metal como 18K, aporta además una letra T (de especial diseño) incluidos en un rectángulo con los extremos redondeados, imagen que, con una investigación exhaustiva a nivel internacional, podría conducir al fabricante de origen”, explicó.

El magistrado investiga a Zapatero como presunto líder de una red de tráfico de influencias que habría obtenido beneficios económicos a cambio de su supuesta mediación en el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. 

El juez también imputó al expresidente por presuntos delitos fiscal y de contrabando tras la incautación de las joyas de su despacho, que en una tasación preliminar arrojaron un valor de 1,3 millones de euros. 

Zapatero atribuyó el origen de estas joyas a un regalo del rey de Arabia Saudí tras una visita oficial a España en junio de 2007. La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, apunta que el expresidente pudo haber cometido un presunto delito de malversación al quedarse este regalo y no entregarlo a Patrimonio del Estado.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez que investiga al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que le imputa un nuevo delito de malversación agravada por las joyas que fueron halladas en el registro de su despacho. Entiende que si fue un regalo de Arabia Saudí, como sostiene el expresidente, debió entregarlo a Patrimonio tal y como hizo con otros artículos, como dos relojes de sobremesa o una artesanía que representaba escenas del desierto fabricada en oro, plata, mármol y jade. En caso de que el magistrado haga suyo el criterio de la fiscal Elena Lorente, a los delitos de contrabando y fraude fiscal, se le sumaría el de malversación, que en este caso y dado el valor de los objetos prescribiría a los 15 años.

Por de pronto, el juez José Luis Calama, que investiga el conocido como 'caso Plus Ultra', se ha dirigido por escrito a la subdirección de Patrimonio para pedir información sobre los regalos y obsequios que recibió José Luis Rodríguez Zapatero durante sus dos legislaturas como presidente del Gobierno. Y eso antes de decidir si se dirige a Arabia Saudí como ha pedido el expresidente. Pide a Patrimonio del Estado “acta de aceptación de los obsequios institucionales efectuados a la Presidencia del Gobierno” de 2004 a 2011.

La fiscal, en el informe al que ha tenido acceso elDiario.es, en realidad no cree que el expresidente se haya dirigido a la embajada saudí para solicitar certificado que demuestre que ese juego de joyas fue un regalo personal del fallecido Abdullah Al-Saud los días 18 y 19 de junio de 2007, cuando estuvo en España de visita oficial. “Sólo un ejercicio de puro voluntarismo permite dar por válidas siquiera las fechas de tales cartas al carecer de justificación documental de la recepción de las mismas en la Embajada de Madrid”, indica.

Para la fiscal del caso, la petición de la defensa de Zapatero de que se emita una Comisión Rogatoria desde el juzgado a Arabia Saudí busca dar “por buena su versión del origen de las joyas”, y por eso, entiende que es injustificado. Considera que el foco hay que ponerlo en investigar “la línea justificativa que ofrece el Sr Zapatero pero no con la emisión de una injustificada y dudosamente operante comisión rogatoria, sino con la comprobación de la comisión de un delito de malversación”.

Por otro lado, la fiscal indica que ha tenido conocimiento por fuentes abiertas (The Objective) de que los obsequios recibidos por Zapatero fueron donados por Presidencia del Gobierno para su incorporación al Patrimonio de la Administración General del Estado. Pero en la relación no figuran las joyas encontradas y sí aparece, en cambio, otros tres regalos realizados en el marco de esa visita. “Por tanto, Zapatero viene a reconocer que Siendo presidente del Gobierno aceptó unas joyas de muy significativo valor y que no los entregó a Patrimonio del Estado, como sí hizo con otros regalos al finalizar su Presidencia”, recalca.

Suma a esto que durante su mandato, en 2005, se publicó el llamado Código de Buen Gobierno que en su artículo 6 incluía que “en el caso de obsequios de mayor significación de carácter institucional se incorporarán al patrimonio del Estado”. Y recalca que “en el presente caso, el elevado valor económico de las joyas no exige un especial esfuerzo argumental para concluir que su aceptación no puede en modo alguno inscribirse en el marco de la adecuación social”. Concluye así que Zapatero debió entregar las joyas a Patrimonio.

No hay prescripción de la malvesación

“Nos hallaríamos, por tanto, ante un presunto acto de sustracción de caudal público que, sin perjuicio de las cautelas de calificación jurídica de esta fase de instrucción, se insertaría dentro del delito de malversación”, indica Lorente, para añadir que “de alcanzar veracidad la versión del propio investigado, fue la recepción de las joyas en junio de 2007 en el Palacio de la Moncloa por quien era el Presidente del Gobierno, lo que convirtió esos efectos en caudal público”.

Considera así que Zapatero “se apropió con ánimo de lucro, al finalizar su mandato, al excluir y ocultar tales joyas de los efectos que sí declaró y entregó a Patrimonio del Estado el 1 de marzo de 2012”. Y entiende que el delito de malversación “no puede considerarse prescrito” porque el tipo agravado eleva esa prescripción a los 15 años y se debe contar desde la redacción de la orden por la que se entregaban los obsequios a patrimonio: 1 de marzo de 2012.

El magistrado de la Audiencia Nacional mantiene varias líneas de investigación abiertas en torno a José Luis Rodríguez Zapatero y sus negocios. La principal consiste en averiguar si cobró algún tipo de comisión por interceder a favor del rescate millonario de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. Pero el juez Calama también tiene la lupa puesta sobre las joyas, valoradas por ahora en 1,3 millones de euros, que los investigadores encontraron en una caja fuerte de su despacho en la calle Ferraz.

Después de varias semanas a la espera de las explicaciones del expresidente del Gobierno, la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero pidió al magistrado que se dirigiera a las autoridades de Arabia Saudí. Esas joyas, explicó, fueron un “obsequio” del monarca saudí cuando él era presidente. Zapatero ubica el regalo en 2007 y afirma en una carta que guardó esas joyas junto con otras de “origen familiar” y otros regalos. Poco después solicitó al juez que se dirigiera a ese país para poder certificar el origen de las joyas.

El magistado ha optado por dirigirse en primer lugar a la subdirección general de Patrimonio del Estado, dependiente en última instancia del Ministerio de Hacienda, para que aporte la lista de cuántos “obsequios institucionales” recibió Zapatero en sus dos legislaturas como presidente del Gobierno.

Julio Martínez Martínez, el empresario amigo personal del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, envió un escrito al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama el pasado 20 de julio en el que se mostraba dispuesto a colaborar en la causa en la que se indaga en si el expresidente del Gobierno lideró una trama de influencias que maniobró para que, entre otros asuntos, la aerolínea Plus Ultra se hiciera con un rescate público de más de 50 millones. Un día después de que al juez le llegara ese escrito, Martínez Martínez declaró ante él y, ahora cuando se cumplen tres meses de ese capítulo, la transcripción de lo que dijo ante el juez ha sido puesto a disposición de las partes.

A lo largo de las 35 páginas lo que queda claro es que al magistrado Calama no le convencieron para nada las explicaciones de Julio Martínez. Tanto es así que, tras preguntas y repreguntas sobre el origen de determinados cobros en sus cuentas -la mayor parte por negocios relacionados con Venezuela-, el juez le indicó en varias ocasiones que quizá lo mejor sería que enviara “un escrito ampliatorio”. La declaración de Martínez Martínez basculaba entre su defensa de la existencia de un trabajo de intermediación real y la desmemoria y falta de fluidez para aclarar el origen de pagos a empresas chinas.

“Es que no sé cómo explicarlo”, decía sobre por qué cobró 169.000 euros en 2025 de una mercantil china a la que facilitó negocios relacionados con la compra venta de minerales en Venezuela. El juez no entendía qué había hecho él para cobrar, y por eso insistía: “Hago esa gestión de que esos barcos vayan a Venezuela”. Para Calama tanta “logística” y tanta “gestión” no le valían -“son términos muy genéricos”- y volvía repreguntar intentando meter en la ecuación a Zapatero. Pero quien fuera amigo del expresidente no le mezcló en esos negocios y sostuvo que, aunque viajaron juntos en siete u ocho ocasiones a ese país, fue para asuntos distintos y con agendas separadas. “Perdón, el señor Zapatero aquí no hace nada”, le dijo al juez.

Dado que al juez no le valían las explicaciones, llegó a interpelarle: “Mire, se lo voy a decir más claro, si quiere me contesta y, si no, no me contesta, pero no me gusta que me hagan la rueda de hámster”. Julio Martínez trató de subirse al carro del interrogatorio pero no terminaba de entrar porque sus respuestas eran vagas y poco precisas. En un momento dado, confirma que él facilitaba gestiones contactando con autoridades venezolanas, pero no daba nombres porque no se acordaba. Y eso a Calama le molestó: “No estamos hablando de las guerras púnicas, estamos hablando de octubre de 2025”. Finalmente, Julio Martínez dio un nombre: “Vamos a ver, mi relación fundamental en Venezuela es con la vicepresidenta Delcy Rodríguez”.

Lo que, a juicio del juez, eran respuestas poco claras se extendieron al tema clave de la causa, el rescate millonario de Plus Ultra y el papel que pudieron jugar Zapatero y él para facilitarlo. “Hablan a veces de acompañamiento y cosas así curiosas, pero si la empresa -Plus Ultra- cumplía los requisitos de la orden ministerial que se dictó, tampoco necesitaban, no les necesitaban a ustedes en principio salvo que lo que hicieran ustedes eran gestiones con la SEPI o con otro tipo de funcionarios o autoridad”, llegó a indicarle el magistrado tratando de arrojar luz sobre qué pudo hacer el expresidente en favor de la aerolínea.

Martínez Martínez una vez más sabía que su respuesta no iba a gustar al juez -“lo que le voy a decir no le va a gustar a usted, señoría”- pero aun así explicó que ellos vieron que esa empresa estaba “loca por financiación” y que la compañía se encargó de todas las labores administrativas. Plus Ultra le informaba de los pasos y él a su vez le transmitía a Zapatero: “Yo, obviamente, en mi regularidad informo al presidente Zapatero de lo que ellos están haciendo... Es que no sé cómo explicarlo”.

“No me creo” el trabajo de las hijas, dijo el juez

Calama volvía a la carga indicándole que ellos recibieron “un pastón de Plus Ultra” -la investigación sostiene que cobraron el 1 por ciento del rescate, 530.000 euros- y entendía que no lo harían “por nada”. Acto seguido le soltó a la cara la tesis acusatoria, y es que la aerolínea compraba los contactos de Zapatero con las autoridades y los funcionarios de la SEPI y quizá con alguien de “más arriba”. “Luego se viste el santo en esa serie de informes no sé si simulados o de escasísimo valor (...) para pagar el tráfico de influencias”, añadió. A esto, Julio Martínez respondió la frase clave de su declaración: “Lo que hace el presidente Zapatero, yo lo desconozco”.

Por otro lado, sobre los pagos a la empresa de las hijas de Zapatero desde su mercantil Análisis Relevante -más de 200.000 euros-, Julio Martínez defendió que ambas hicieron al principio un buen trabajo. “Nosotros firmamos un contrato de iguala de alrededor de 3.000 euros al mes y, al principio, de verdad creo que debo de ser honesto, la verdad, trabajan muy bien”, dijo, para añadir que hicieron labores de seguimiento de informes, organización de webinars, etc. Pero Calama volvió a ser cortante: “Bueno, sobre este tema, que yo no me lo creo, digo abiertamente que no lo creo, haremos una investigación muy exhaustiva”.

Un juzgado de Madrid ha iniciado una investigación sobre la filtración de mensajes personales y agendas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el marco del caso Plus Ultra. La magistrada a cargo de la Plaza 16 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, Margarita Valcarce, ha abierto diligencias previas para esclarecer los hechos y ha pedido a la Policía que elabore un informe sobre las filtraciones del sumario, según ha avanzado El País y han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press.

La investigación arranca después de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, instructor del caso Plus Ultra, acordara el pasado 25 de junio investigar el origen y los responsables de la filtración de los chats entre Zapatero y su secretaria, Gertrudis Alcázar, ambos imputados en la causa.

Estas conversaciones, que contenían aspectos de la vida privada del expresidente, trascendieron a la opinión pública a través de la prensa tras conocerse un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sobre las presuntas influencias que Zapatero habría ejercido con el Gobierno de Bolivia para ayudar a una empresa peruana, por las que habría recibido 200.000 euros.

En una carpeta de anexos de ese informe se incluían miles de conversaciones entre Zapatero y Alcázar que mostraban, además de cuestiones profesionales, asuntos privados del expresidente, como su agenda personal y las citas que tenía previstas.

Como consecuencia, el juez limitó el acceso a la nube únicamente al PP, que lidera la acusación popular unificada, y acordó formar una pieza de información sensible en la que se incluirán las grabaciones audiovisuales de las declaraciones de testigos y acusados.

Calama sitúa a Zapatero como líder de una presunta trama de tráfico de influencias que habría obtenido beneficios económicos a cambio de su supuesto papel de mediador en el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Plus Ultra, José Luis Calama, ha inadmitido la recusación planteada por la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero sobre la designación de la Joyería Yanes como perito para elaborar un informe en relación con las piezas incautadas en la oficina del expresidente del Gobierno durante el registro practicado en su oficina el pasado 19 de mayo.

La defensa de Zapatero alegaba falta de imparcialidad e interés directo o indirecto de la entidad judicialmente designada para elaborar la pericial dado que el director general y uno de los titulares de la firma, Juan Yanes López, había realizado manifestaciones públicas a los medios de comunicación anticipando juicios sobre la autenticidad y el valor global de las piezas. Además, señalaba que había ofrecido aproximaciones cuantitativas que, según la defensa del expresidente, influyen en cuestiones subjetivas como el valor de reposición y la estimación conjunta del lote.

Frente a estos argumentos, el juez explica en un auto que la recusación constituye “un mecanismo de configuración legal estricta que no admite interpretaciones extensivas ni analogías fundadas en meras sospechas de predisposición o apariencia de parcialidad”.

En este sentido, afirma que la defensa de Zapatero no identifica ni acredita la concurrencia de ninguna de las causas legalmente previstas, limitándose a invocar una supuesta falta de imparcialidad derivada de determinadas declaraciones efectuadas ante medios de comunicación por quien ostentaba la dirección general de la entidad a la que pertenece el perito a designar.

“Tal alegación no permite apreciar, ni siquiera indiciariamente, la existencia de parentesco, amistad, enemistad o interés personal del perito recusado en el resultado del procedimiento”, tal y como requiere el artículo el artículo 468 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Lo relevante, explica Calama, no es la existencia de una opinión previa sobre el objeto en litigio, sino la concurrencia de un interés personal, directo o indirecto, en el resultado del proceso, circunstancia que ni se alega con precisión ni aparece “mínimamente acreditada”.

El magistrado explica también que la ley excluye la posibilidad de la recusación cuando el examen técnico inicial que se practique puede realizarse nuevamente en la hipotética fase de juicio oral bajo los principios de inmediación, oralidad y contradicción. Y en este caso, apunta, los efectos estarán a disposición del tribunal que, en su caso, enjuicie los hechos y de las partes para que el perito proceda nuevamente a su observación, edición, clasificación y valoración. Una prueba que, añade el juez, podrá ser sometida a interrogatorio y contradicción por todas las partes personadas. 

 La resolución señala, además, que la recusación es prematura porque todavía no están identificados los profesionales concretos que realizarán la pericia y solo se ha designado a la entidad Yanes.

 “En definitiva, las manifestaciones públicas realizadas por quien ejerce funciones directivas dentro de la entidad de pertenencia del perito a designar no constituyen una causa legal de recusación, no permiten inferir por sí mismas un interés personal del experto en el resultado de la causa y, en todo caso, quedan neutralizadas por las garantías de contradicción, inmediación y libre valoración que presidirán la práctica de la prueba pericial en el juicio oral”, concluye. 

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dejado en libertad a Simon Lendeert Verhoeven, uno de los principales prestamistas del caso Plus Ultra, aunque le ha impuesto la prohibición de salir de España, la obligación de comparecer cada dos días en el juzgado y de fijar su domicilio para estar localizable. Fuentes jurídicas han informado a Europa Press de la decisión de Calama tras la comparecencia de Verhoeven este viernes en la Audiencia Nacional, después de que fuera entregado a las autoridades españolas ayer, jueves, tras ser detenido en Alemania.

A Verhoeven se le vincula con el presunto delito de blanqueo con fondos ilícitos en la trama por la que está imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, señalado como presunto líder de una supuesta red de tráfico de influencias relacionada con el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia de coronavirus. Según las mismas fuentes, Verhoeven se ha acogido a su derecho a no declarar alegando que no ha podido leer la causa, aunque se ha ofrecido a declarar próximamente.

Verhoeven fue arrestado esta semana y trasladado a España, donde fue conducido al centro penitenciario de Soto del Real (Madrid), en situación de prisión instrumental con carácter estrictamente cautelar y provisional, según acordó Calama en un auto. El financiero neerlandés está siendo investigado por “indicios racionales de criminalidad” de los presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, según informó el magistrado.

Calama indaga en el presunto uso fraudulento de los fondos que la aerolínea Plus Ultra recibió como ayuda de 53 millones de euros por parte del Gobierno en marzo de 2021, en plena pandemia. El magistrado, en base a los informes de los investigadores de la UDEF, indaga entre otras cosas en una presunta trama desarrollada en España, Francia y Suiza dedicada al blanqueo de capitales bajo la gestión presuntamente de Leendert Verhoeven y en la que Rodolfo Reyes, exconsejero de la aerolínea Plus Ultra, “es presunto cliente”.

Una “organización criminal”

Según las pesquisas seguidas tanto en España como en Francia y Suiza, “existe una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales” gestionada por Verhoeven y Luis Felipe Baca, un empresario vinculado con la trama y detenido en la isla caribeña de Aruba. Verhoeven “utilizó su estructura empresarial para realizar transferencias de fondos desde el extranjero a la sociedad Plus Ultra amparadas en supuestos contratos de inversión o préstamo”, recordó Calama en la orden internacional de detención contra el financiero.

Los investigadores sitúan a Verhoeven como la “principal persona que da cobertura a la organización en la generación de facturas falsas”, utilizando varias sociedades internacionales “para ejecutar las actividades de blanqueo”. Y apuntan a que Reyes, en paradero desconocido, ordenó supuestamente que algunas cantidades recibidas en las cuentas de la compañía aérea fueron “transferidas inmediatamente” a tres sociedades “instrumentales” de Verhoeven y que fueron a “cuentas bancarias opacas en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Isla Mauricio”.

El pasado octubre, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional llevaron a cabo el registro de la casa del financiero en Mallorca, en la que intervinieron relojes de lujo, gargantillas, collares o pendientes. Además, la Policía se incautó de dos lingotes de oro de cien gramos y otro de plata que arrojó un peso de 50 gramos, además de un anillo, un colgante y unos pendientes “con la forma de un felino”.

La documentación entregada por los antiguos responsables de Plus Ultra a la Audiencia Nacional incluye el intercambio de correos electrónicos entre la compañía y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que debía autorizar el rescate de la aerolínea en plena pandemia. Esos mensajes describen un intercambio fluido e intenso en el que la Sociedad Estatal requiere documentación, aclaraciones y precisiones y la compañía responde. El rescate terminó produciéndose y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero está imputado por haber mediado para que se produjera en una vía que, de existir, habría resultado ajena al procedimiento que documentan los correos electrónicos.

En los más de 600 folios de documentación entregados por el exCEO de la aerolínea Roberto Roselli al instructor José Luis Calama se incluyen una veintena de actas elaboradas por la compañía para la SEPI y que tenían por objetivo dar cuenta del día a día de Plus Ultra después de haber recibido el rescate público de 53 millones en marzo de 2021. Pero también se pueden leer más de cien correos electrónicos cruzados entre la SEPI y la compañía que son previos al rescate aprobado por el Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021.

Gran parte de esos correos tienen como protagonista a José Ángel Partearroyo, quien por entonces era director de Participadas de la SEPI y que fue quien llevó la voz cantante de la sociedad estatal para la preparación de la documentación que la aerolínea debía recabar y presentar para su posterior análisis en el órgano decisor del rescate público. Partearroyo ha sido citado por el juez el próximo 19 de noviembre.

Si el contacto telefónico que mantuvo Zapatero con el entonces presidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola data de 30 abril de 2020 –según explicó el propio exdirectivo–, los correos que incluye Roselli en su documentación tienen como inicio noviembre de 2020. En ellos se puede seguir el día a día del proceso de preparación del rescate y cómo, por ejemplo, desde la SEPI se reclama detalles como “la lista de acreedores con los que Plus Ultra tiene deuda relevante que puedan beneficiarse indirectamente de la potencial concesión de apoyo público temporal”.

La relevancia para la causa radica en que se investiga una trama que pudo utilizar el dinero del rescate público para el blanqueo de capitales de una presunta organización criminal. El vehículo para ese blanqueo habrían sido, supuestamente, esos créditos puente que la aerolínea tenía que devolver. De hecho, entre la documentación, Roselli incluye una lista de acreedores en las que aparecen las sociedades del prestamista neerlandés Simon Verhoeven.

Los correos incluidos abarcan un espacio temporal de meses y se extienden incluso a fechas posteriores al rescate, cuando la SEPI y Plus Ultra siguen conversando por mail sobre aclaraciones en la entrega de determinada documentación, o incluso sobre la necesidad de que la sociedad estatal nombre a un observador que asista a las reuniones de la compañía.

El papel de Zapatero

Los grandes interrogantes por despejar es qué participación concreta pudo tener Zapatero en el rescate –qué gestiones hizo y con quién– y cuánto cobró presuntamente por ello, si es que lo hizo. Pero también existe la hipótesis de que el expresidente no hiciera más gestión que ofrecerse a ayudar en una llamada con el entonces presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, y después cobrara a través de Julio Martínez sin llegar a hacerla y por la utilización que de su nombre hubiera hecho su socio.

El Gobierno ha defendido insistentemente las garantías del rescate a Plus Ultra. Cuando estalló el caso Zapatero, el Ejecutivo defendió que Plus Ultra era, como compañía aérea, “parte de un sector estratégico” y que “cumplía con los requisitos en una empresa de este sector”. “Las compañías aéreas que lo necesitaron por el impacto COVID y cumplían los requisitos, recibieron los préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Un total de 890 millones de euros para Air Europa, Volotea, Air Nostrum, Plus Ultra, Wamos Air y Evelop Airlines. La adjudicación de los préstamos se basa en un marco reglado, donde no cabe la discrecionalidad, ni la arbitrariedad, ni la discriminación. La normativa exige el estricto cumplimiento de los requisitos establecidos”, sostiene el Gobierno.

José Luis Calama, el juez que instruye el caso en el que se investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por un delito de tráfico de influencias, tendrá a su disposición este viernes a otro de los investigados en la causa y que hasta hace poco estaba en paradero desconocido: el financiero de Países Bajos Simon Verhoeven. Según el sumario, este prestamista habría logrado créditos para la aerolínea Plus Ultra, créditos que posteriormente fueron devueltos con dinero del rescate público.

Este investigado fue detenido a finales de agosto en Alemania gracias a una orden europea de detención y entrega (OEDE) emitida desde el Juzgado Central de Instrucción número 4. Según adelantaba El Mundo y ha confirmado en fuentes jurídicas elDiario.es, después de que el detenido haya consentido ser entregado a la Policía, Verhoeven llegará a España el jueves y un día más tarde estará a disposición del juez. Este, previo informe de la Fiscalía Anticorrupción, podrá decretar las medidas cautelares que considere oportunas y que pueden ir desde la prisión incondicional hasta otras menos lesivas como la retirada del pasaporte, o la prohibición de salir de territorio nacional.

A Verhoeven se le ubica en la génesis de la investigación, cuando Anticorrupción, tras las alertas previas de las autoridades de Suiza y Francia, presentó en octubre de 2024 una querella contra siete personas por integrar una trama de posible blanqueo de capitales procedentes de Venezuela. En ella se mencionaba al que fue accionista mayoritario de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, como beneficiario de “una solicitud de transferencia de varias toneladas de oro” a través de Dubái, y la existencia de tres préstamos a la aerolínea concedidos por un integrante de la red, el financiero holandés Simon Verhoeven, de cuya vinculación con el conocido como ‘caso Lezo’ advirtió ya en 2021 la policía suiza, tras detectar las primeras alarmas.

El asunto recayó en el Juzgado Central de Instrucción número 2 que la inadmitió al considerar que los hechos eran constitutivos de un delito de blanqueo no cometido íntegramente en el extranjero, por lo que no era competente el tribunal especial.  La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó esta decisión en diciembre de 2024 y trasladó a la Fiscalía que presentara su querella ante el Juzgado de Instrucción 15 de Madrid. Ese mismo juzgado había investigado el rescate de Plus Ultra tras una denuncia que el pseudosindicato ultra Manos Limpias presentó en 2021. Pero acabó archivando la causa en enero de 2023 al considerar que no aparecía “debidamente justificada la comisión de un delito”, ya que se aplicó correctamente el real decreto de medidas urgentes de la pandemia.

A instancias de la Fiscalía, el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid acordó investigar en secreto el posible blanqueo con los fondos del rescate como parte de una pieza separada dentro de las diligencias que había abierto en 2021 tras la querella de Manos Limpias. 

Según se recoge en el sumario del caso la organización originariamente investigada utilizó “estructuras societarias internacionales y generación de facturas falsas para ejecutar las actividades de blanqueo”. Los investigadores franceses y suizos identificaron a Simon Leendert Verhoeven como “la principal persona que da cobertura a la organización en la generación de facturas falsas, utilizando varias sociedades”.

“Igualmente se conoce de la existencia de una serie de contratos de préstamo suscritos por Verhoeven con la sociedad Plus Ultra utilizando como acreedores a sus sociedades Allpa Wira trading UK, Wailea Investment y Velerian Corporation”, añadía la orden de detención emitida por el juez, para luego destacar que esas inversiones estaban “amparadas en supuestos contratos de inversión o préstamo”. Entre los delitos que se le imputan a Verhoeven está el de apropiación indebida, tráfico de influencias, de pertenencia aorganización criminal y blanqueo de capitales.

El 19 de mayo, la trepidante actualidad de los tribunales tenía reservado un nuevo e inesperado giro. La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero era la primera de un expresidente del Gobierno en democracia e implicaba una apresurada revisión de la figura que lideró el país durante ocho años de la historia reciente de España. Los datos que comenzaban a trascender colocaban a Zapatero como líder de una trama dedicada al cobro de comisiones a cambio de ejercer su influencia. La vía era Análisis Relevante, una consultora propiedad de su amigo, el empresario Julio Martínez Martínez.

Ahora, cuando se cumplen cuatro meses desde que estallara el caso, y tras las declaraciones de tres investigados que en julio señalaron por escrito a Zapatero como líder de la trama, la acusación por tráfico de influencias contra él queda estancada a la espera del resultado que arrojen las decenas y decenas de diligencias pendientes. Cuatro meses después, el indicio más sólido contra el expresidente sigue siendo el sospechoso origen de las abultadas cantidades que recibió él y su entorno.

Ninguno de los tres aspirantes a colaborar con la justicia ha podido aclarar qué gestión concreta pudo realizar el expresidente Zapatero para que la compañía aérea Plus Ultra lograra el rescate público de 53 millones de euros. Ninguno de los tres ha facilitado, tampoco, nombre de funcionario público alguno sobre el que Zapatero pudiera haber ejercido presión o cuánto dinero cobró por ello el expresidente.

El tráfico de influencias es el delito principal que se investiga en esta causa más allá del blanqueo de capitales o del delito contra la Hacienda Pública por el hallazgo casual de unas joyas en la caja fuerte del expresidente. Está recogido en el Código Penal, en sus artículos 428 a 431, y castiga a quien influye en una autoridad o funcionario público prevaliéndose de su posición o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica para conseguir una resolución que le pueda generar un beneficio económico para sí o para un tercero.

Ni el empresario y comisionista Julio Martínez Martínez, ni los exdirectivos de Plus Ultra Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, han podido aclarar al juez sobre quién pudo ejercer influencia Zapatero, ni siquiera qué gestiones pudo realizar para lograr ese rescate. No obstante, sí que señalaron al expresidente como la persona que debía lograrlo. Más allá de lo que dijeron en sus escritos de 20 de julio, cuando el suelo se movió bajo los pies de Zapatero, ninguno los tres imputados han aportado una sola novedad relevante a sus ofertas de colaboración, coinciden distintas fuentes presentes en las declaraciones.

Las acusaciones confían en que su testimonio sea solo un punto de arranque y que en el futuro puedan aportar indicios más sólidos a la tesis contra el expresidente del Gobierno. La figura de Víctor de Aldama, el empresario y comisionista del caso Koldo, es el referente de colaboración que impulsó la Fiscalía Anticorrupción, pero las aportaciones de los imputados junto a Zapatero no han alcanzado las que hizo contra el exministro Ábalos y Koldo García el acusado junto a estos. En este sentido, las fuentes consultadas recuerdan que él se autoinculpó en delitos graves mientras que ellos no han sido lo suficientemente claros para fijar su propia responsabilidad en los hechos.

La pregunta es si, con lo que se conoce hasta ahora, es posible procesar a Zapatero por tráfico de influencias. Y la respuesta genérica es que sí. Algunas fuentes entienden que tanto el juez como Anticorrupción consideran que ya le tienen ubicado como la persona que está en el inicio del asunto, la llamada del expresidente con un directivo de la aerolínea y que, de hecho, hubo un resultado, el rescate público, y un beneficio a cambio de la mediación, el 1% de la ayuda recibida, 530.000 euros.

En un estadio muy temprano del procedimiento, las fuentes del caso creen que solo la “probabilidad” de que Zapatero haya cometido tráfico de influencias le puede llevar al banquillo, pero que en un eventual juicio los indicios se deberían transformar en pruebas. En cualquier caso, añaden, hay multitud de diligencias por practicar (análisis de cuentas bancarias, de teléfonos y ordenadores intervenidos...) y eso puede contribuir a la acusación de tráfico de influencias o, al contrario, desvirtuarla.

De un lado existe jurisprudencia del Tribunal Supremo que avalaría una eventual condena a Rodríguez Zapatero por el delito de tráfico de influencias en el sentido de una posible condena sin necesidad de que quedara claro que ejerciera presión sobre un funcionario concreto. Es la sentencia del 'Caso Palau', un asunto en el que se juzgó a los máximos responsables del Palau de la Música de Barcelona por desviar 23 millones de euros de la institución.

La resolución, ponencia del magistrado Andrés Palomo y fechada en 2019, explicaba que existía “prueba suficiente para tener acreditada de modo inequívoco, la comisión de un delito continuado de tráfico de influencias” y eso a pesar de que no se concretó sobre qué funcionario se ejerció presión. “Las comisiones a cambio de obra pública adjudicada se pactaban con el tesorero de CDC, partido entonces hegemónico en la Comunidad Autónoma (Cataluña), quien se comprometía a obtener el resultado de la adjudicación por el importe pactado a través de las diversas administraciones que ese partido gobernaba”, explicaba.

Palomo ponía el foco en que “en entornos y territorios con un partido hegemónico en un periodo prolongado” se produce la denominada “colonización de la Administración y politización de su funcionamiento”, algo que a su juicio favorecía el tráfico de influencias. Así, explicaba que en ese tipo de situaciones “se relativiza la concreción del funcionario efectivamente influenciado dado el prevalimiento consustancial a cualquier indicación de un dirigente e incluso la fungibilidad -capacidad de depurar al díscolo- de los funcionarios susceptibles de influenciar” habida cuenta que podrían ocupar sus puestos de forma discrecional.

Las declaraciones

En cualquier caso, aterrizando en las declaraciones del caso Zapatero, el primero en declarar fue Julio Martínez Martínez. Durante más de tres horas de declaración, no aclaró ni con quién medió o a quién presionó Zapatero para el rescate, tampoco cuánto habría cobrado por ello, según explicaron fuentes presentes en la comparecencia, de la que hasta la fecha no ha habido ni siquiera transcripción.

En la previa a esa declaración, la defensa de 'Julito' –como le conocía coloquialmente el expresidente– envió un escrito a la Audiencia Nacional atribuyendo a Zapatero un papel central en los esfuerzos realizados para que Plus Ultra lograra el rescate público en 2021. Las dudas de su escrito acerca de cuánto cobró el 'Grupo Zapatero' por ello fueron resueltas a los pocos minutos en otros dos escritos, de las defensas del expresidente y del ex director financiero de la compañía, que reconocían que la comisión que se habrían repartido el expresidente del Gobierno y Julio Martínez fue de 530.000 euros y que se entregó de forma encubierta por medio de facturas “inciertas”.

En el escrito de la defensa de Julio Martínez Martínez se remarcaba que Zapatero era “quien marcaba los pasos a seguir” en las actuaciones para lograr la ayuda pública, y atribuía al expresidente una labor de asesoría para el rescate, añadiendo que estaba “puntualmente informado” de los avances y que fue quien le comunicó la decisión favorable de la SEPI. Pero él se ponía de lado, reiteró en sede judicial que él no tenía ni tiene contactos para haber logrado el rescate.

Además, ante el juez explicó que él era una suerte de enlace con el expresidente. “¿Era usted un correveidile?”, le llegó a preguntar el juez Calama, ante lo que el empresario confirmó que sí se podría definir así porque él y la empresa Análisis Relevante eran meros vehículos para quien quisiera contratar al Zapatero consultor.

'Julito' confirmó además que usó empresas propias para canalizar esa comisión del 1% de Plus Ultra -que pagaba a cambio de la influencia del expresidente-, tal y como explicaba en su escrito el presidente de Plus Ultra, y que se pactó extender en el tiempo los pagos, primero a través de Análisis Relevante y luego con otras mercantiles, por el revuelo generado a raíz de la causa abierta para investigar el rescate de la aerolínea en 2021.

Las declaraciones de los exdirectivos de Plus Ultra, que se han producido a principios de este mes de septiembre, volvían sobre el mismo eje. Martínez Sola indicó ante Calama que cuando los directivos de la aerolínea aspiraban a un rescate público decidieron recurrir al expresidente del Gobierno y acordar el abono del 1% del rescate de 53 millones de euros porque la situación era “límite” y les pareció bien el pago para lo que iban a conseguir.

El expresidente de la compañía, según las fuentes presentes en el interrogatorio, habría reconocido que no supo qué gestiones pudo llegar a hacer “el Grupo Zapatero”, que no hizo seguimiento, pero que “ante la duda” decidieron pagar ante el temor de que, a pesar de cumplir con los requisitos, ese pago fuera necesario para la consecución del rescate público.

Martínez Sola explicaba en el escrito remitido al juez José Luis Calama que si bien en un inicio se abonó la comisión a través de un pago con la sociedad Idella Consulenza, finalmente se decidió por ambas partes no formalizar ni ejecutar aquel contrato, pero “sí pagó dicho 1% mediante varios pagos a las tres sociedades Análisis Relevante SL, Voli Analítica e Iot Domotic Europe SL -todas vinculadas a Julio Martínez Martínez- que junto con otros pagos en especie que se le reconocieron como efectuados por los numerosísimos vuelos en clase business que solicitó y no pagó (hasta un total de 46), arrojan la suma total de 530.000 euros”. “Es decir, un 1% de los 53 millones del rescate, tal y como habían acordado”, explicaba.

Ante el juez, Martínez Sola confirmó además cómo se iniciaron los contactos con Zapatero: recibió una llamada del expresidente en 2020 desde un teléfono con número oculto, le explicó que necesitaban financiación y quedaron en que gente de su equipo se pondrían de nuevo en contacto con los directivos de la compañía. Desde entonces Julio Martínez Martínez tomó las riendas del asunto, y explicó que con Zapatero no se habló de cantidades, pero que el entonces presidente de Plus Ultra entendió que 'Julito' hablaba en nombre de Zapatero.

En el caso Zapatero hay un encargo (la obtención de un rescate público para Plus Ultra), hay un resultado (la compañía aérea obtiene 53 millones de dinero público) y hay un beneficio (una comisión de 530.000 euros). Pero en el aire sigue la incógnita de si el expresidente presionó a un funcionario en ese proceso prevaliéndose de su ascendencia. Una ascendencia que, fuentes jurídicas, le colocaba en el máximo nivel de influencia.

El expresidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ha ratificado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama lo que ya adelantó en su escrito presentado en julio, que cuando los directivos de la aerolínea aspiraban a un rescate público decidieron recurrir al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y acordar el abono del 1% del rescate de 53 millones de euros porque la situación era “límite” y les pareció bien el pago para lo que iban a conseguir.

Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es han señalado al término de la declaración que Martínez Sola ha reconocido que no supo qué gestiones pudo llegar a hacer “el Grupo Zapatero”, que no hizo seguimiento, pero que “ante la duda” decidieron pagar ante el temor de que, a pesar de cumplir con los requisitos, ese pago fuera necesario para la consecución del rescate público.

El pasado julio, cuando todavía era presidente de la compañía, Martínez Sola remitió un escrito al juez Calama en el que apunta que en enero de 2021 se adoptó la decisión de firmar un contrato con una sociedad denominada Idella Consulenza, de Julio Martínez -amigo y presunto testaferro de Zapatero-, que “vinculaba directamente la remuneración” a la obtención del rescate público de 53 millones de euros para la aerolínea. En el escrito se decía que esa remuneración era del 1% más IVA de la financiación pública, lo que ascendería a aproximadamente 641.300 euros (530.000 euros más IVA).

Martínez Sola explicaba al juez José Luis Calama que finalmente se decidió por ambas partes no formalizar ni ejecutar aquel contrato de la sociedad Idella, si bien Plus Ultra “sí pagó dicho 1% mediante varios pagos a las tres sociedades Análisis Relevante SL, Voli Analítica e Iot Domotic Europe SL -todas vinculadas a Julio Martínez Martínez- que junto con otros pagos en especie que se le reconocieron como efectuados por los numerosísimos vuelos en clase business que solicitó y no pagó (hasta un total de 46), arrojan la suma total de 530.000 euros”. “Es decir, un 1% de los 53 millones del rescate, tal y como habían acordado”, explica.

Martínez Sola reconocía que ni él ni el entonces director financiero Roberto Roselli llegaron a tener “una constancia fehaciente de las concretas actuaciones llevadas a cabo para influir o favorecer la concesión del rescate a Plus Ultra por parte de la SEPI”. “Pero lo cierto es que, como una medida desesperada, se asumió que Plus Ultra debía contratar con el Sr. Martínez Martínez para tal fin, conscientes de que tenía la relación con el Sr. Rodríguez Zapatero, asumiendo asimismo el pago de elevadas cantidades de dinero (el 1%) por tales labores que, eufemísticamente, llamaron 'de acompañamiento'”, añadía.

Relataba en su escrito que adoptaron esa decisión de la vía de de Zapatero a pesar del convencimiento que tenían de que presentaron “un expediente administrativo técnico mediante el que la compañía cumplía todos los puntos de elegibilidad para acceder a la ayuda”.

Este lunes ha vuelto sobre la misma idea en un interrogatorio que por parte del juez no ha sido extenso y para el que la fiscal ha empleado una hora aproximadamente, según las fuentes. La pregunta que rondaba la sala era qué hizo Zapatero para ganarse ese 1%, pero ha quedado sin respuesta, no importaba la gestión concreta, importaba el éxito. La intervención del abogado de Martínez Sola ha dejado claro que su cliente acudía a la Audiencia Nacional exclusivamente a ratificar su escrito, extremo este que ha centrado su primera pregunta.

Sobre cómo se iniciaron los contactos con él, ha explicado que recibió una llamada del expresidente en 2020 desde un teléfono con número oculto, Martínez Sola le explicó que necesitaban financiación y que quedaron en que gente de su equipo se pondrían de nuevo en contacto con los directivos de la compañía. Desde entonces Julio Martínez Martínez tomó las riendas del asunto, ha explicado que con Zapatero no se habló de cantidades pero que el entonces presidente de Plus Ultra entendió que 'Julito' hablaba en nombre de Zapatero.

Sobre el canal para abonar esa presunta 'mordida' ha explicado que finalmente se hizo a través de Análisis Relevante y no por medio de Ideia Consulenza, y ha recalcado que no se ejecutó a través de Dubai.

Al margen de esa presunta influencia para el rescate, Martínez Sola ha reconocido que Julio Martínez Martínez también realizó diversas gestiones para la compañía para solucionar diversos problemas con Venezuela dado que tenía buena relación con el Ejecutivo de ese país. De hecho ha explicado que por medio de 'Julito' llegó a conocer a la actual presidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

El Ministerio Público, sin embargo, le ha dedicado poco tiempo al rescate y se ha focalizado en asuntos como ciertas discrepancias en los créditos puente que se investigan y por determinados vuelos de la compañía a China para transportar mascarillas. El expresidente ha dejado para Roselli los pormenores sobre las cuentas.

La Tesorería General ha remitido al juez Calama los tres certificados que obran en su poder que acreditaban que Plus Ultra estaba al corriente del cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social en un informe en el que también explica que son documentos que se expiden de forma automática. Los documentos remitidos por la Tesorería se han incorporado a la causa y Calama ha dado traslado a la UDEF para que emita un informe.

Una de las obligaciones que se impuso por parte del Estado a las empresas que pretendían acceder a un rescate público era precisamente estar al corriente con la Seguridad Social. Plus Ultra presentó su solicitud el 1 de septiembre de 2020, 11 días después de la fecha del certificado. En la causa que afecta a José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional se investiga si el expresidente del Gobierno pudo mediar de manera ilícita en ese rescate, lo que podría haber pasado por gestiones ante la Seguridad Social. Se recoge como indicio una reunión que mantuvo el 7 de septiembre de 2020 con el entonces titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones José Luis Escrivá. Ambos han reconocido que ese encuentro se produjo pero han asegurado que no se habló del rescate.

Este organismo responde a la solicitud que hizo el magistrado para que aportase todos los certificados expedidos a Plus Ultra —tanto negativos como positivos— de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social entre enero de 2019 y diciembre de 2021. La Tesorería explica que no tiene todos porque en aquel momento no se conservaban registros para todas las peticiones. Y remite los que sí le constan, que son dos certificados de los que dispone la subdirección general —uno de fecha 25 de marzo de 2021 y otro de fecha 27 de septiembre de 2021— y otro de fecha 20 de agosto de 2020 localizado en los archivos de la Dirección Provincial de Madrid.

Además, añade algunas “precisiones” que ve “convenientes” explicar al juzgado sobre el procedimiento para la expedición de este tipo de certificados. Los certificados de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social se emiten de “forma automatizada” a partir de la información existente en las bases de datos en cada momento, salvo que se refieran a una fecha anterior a la de la solicitud, en cuyo caso podría incorporarse de forma manual.

“Por ello, su contenido refleja la situación administrativa en el instante de expedición, sin que medie intervención discrecional ni valoración adicional por parte de órganos gestores”, dice la Tesorería General de la Seguridad Social. Por lo tanto, el certificado de fecha 20 de agosto de 2020 firmado por el Subdirector General Adjunto, se emitió —como ocurre con todos los expedidos a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social— de forma automática en función de la información existente, en el momento de la solicitud, en la base de datos y ficheros informáticos de esta Tesorería General, sin intervención de ningún funcionario. Su nombre y firma en el certificado es automático.

Y, además, la TGSS aclara en su informe que, a fecha de 20 de agosto de 2020, la aerolínea “no tenía pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas ya vencidas con la Seguridad Social”. En esa fecha, las deudas que mantenía la compañía no eran exigibles por encontrarse bajo un aplazamiento concedido y vigente, lo que legalmente equivalía a estar “al corriente” de pago de sus obligaciones con el organismo.

El juez del caso Plus Ultra, José Luis Calama, ha rechazado el incidente de nulidad planteado por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero al entender que no fueron vulnerados sus derechos.

El juez, en un auto que no admite recurso, zanja de este modo la pretensión del expresidente del Ejecutivo de anular la investigación que sigue contra él por liderar presuntamente una red de tráfico de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra.

Calama, que en principio había inadmitido el escrito por haber sido presentado fuera de plazo, rectificó posteriormente y aceptó estudiar algunas de las alegaciones, pero, de acuerdo con el criterio del fiscal, ha decidido rechazarlas.

La recuperación de la actividad judicial tras el parón estival devolverá de nuevo a la actualidad la investigación abierta a José Luis Rodríguez Zapatero. El juez José Luis Calama cerró el curso judicial autorizando a la Policía a acceder a más sesenta cuentas del expresidente del Gobierno, su entorno y varias sociedades por las que habrían pasado los fondos bajo sospecha y pidiendo un informe sobre la influencia venezolana en Plus Ultra, la aerolínea cuyo rescate está en el epicentro del caso. Y lo retomará tomando declaración a los dimitidos presidente y CEO de esa compañía. Ambos directivos implicaron a Zapatero en el cobro de una comisión de 530.000 euros por ese rescate.

Sus declaraciones, previstas para los días 7 y 8 de septiembre, pueden complicar todavía más el horizonte judicial del expresidente tras la confesión de su antiguo amigo y colaborador Julio Martínez Martínez, administrador de la consultora que le pagó durante cinco años por supuestas labores “de asesoría” y que, a su vez, cobró elevadas cantidades de la aerolínea. El pasado julio este último anunció que colaboraría con la Justicia y atribuyó a Zapatero un papel central en los esfuerzos realizados para que Plus Ultra lograra la citada ayuda, si bien en su declaración ante el juez no aclaró ni con quién medió o a quién presionó Zapatero ni cuánto habría cobrado por ello.

No obstante, el juez dejó por escrito en uno de sus últimos autos antes de que se iniciara agosto, mes inhábil en los juzgados, que sigue situando a Zapatero en el centro de una trama “organizada y estable” orientada al “ejercicio de influencias ilícitas” a favor de diferentes empresarios. El magistrado dirige una investigación que ha ido ampliándose tras arrancar en el rescate de Plus Ultra y que ahora abarca las asesorías de Zapatero para Análisis Relevante, la consultora de su amigo, para empresas latinoamericanas e, incluso, las joyas que encontró la UDEF en una caja fuerte de su despacho en Ferraz.

El asunto de las joyas, uno de los episodios que más ha erosionado a Zapatero por su impacto mediático, tendrá previsiblemente un papel central en la evolución de la causa judicial. Casi tres meses después de que trascendiera su hallazgo, el expresidente sigue sin explicar el origen de los objetos intervenidos. Aunque su entorno las valoró en un primer momento entre 30.000 y 50.000 euros, una prestigiosa joyería encargada de la tasación judicial ha estimado su valor real en 1,3 millones de euros.

En una entrevista en TVE el pasado julio, Zapatero dijo que eran regalos “sin uso ni destino”, apiladas junto a otras joyas de la familia y que, por supuesto, un peritaje de parte sometería “a contradicción” el valor que se les ha otorgado. En esa entrevista argumentó que debe respetar el procedimiento y hablar primero ante el juez, pero lo cierto es que se comprometió a hacerlo diez días después de declarar en la Audiencia Nacional y desde entonces han pasado más de dos meses.

Por el momento, lo único que consta en el juzgado es una petición de la Fiscalía de que se realice un análisis más exhaustivo de las joyas para conocer cuándo fueron engarzadas las piezas más valiosas. Entre ellas, un collar en oro blanco de 18 quilates “cuajado de diamantes” y dos esmeraldas naturales originarias de Zambia.

Declaración de sus hijas

Además de pronunciarse sobre esta petición, entro los asuntos pendientes para el juez también está fijar la fecha de la declaración de las hijas del expresidente después de que el pasado junio acordara dirigir la investigación también contra ellas. En uno de sus últimos autos, Calama situó a Whathefav, la pequeña empresa de marketing de las hijas del expresidente, como la principal receptora de fondos del entramado de Julio Martínez, solo por detrás del propio Zapatero.

Hasta el momento, las pesquisas de la Policía han desvelado que la agencia de las hermanas Rodríguez Espinosa cobró 800.000 euros de sociedades vinculadas a los negocios de su padre. Análisis Relevante les pagó 239.755 euros. E Inteligencia Prospectiva, propiedad de dos hermanos venezolanos, más de medio millón. Ambas son dos sociedades fallidas, según la Oficina Antifraude. Nada hacían y nada, por tanto, tenían que subcontratar, sospechan el juez y Anticorrupción.

En la resolución en la que confirmó su imputación, Calama afirmó que existen “indicios racionales” de que Whathefav era una sociedad instrumental que era utilizada para “la canalización, ocultación o facilitación” de operaciones relevantes para los hechos que se investigan. Los investigadores de la UDEF consideran que la compañía emitía facturas con el concepto “servicios agencia” sin detallar cuál era su prestación real, lo que les lleva a pensar que no había una correspondencia entre “la actividad declarada y la real”. El juez ya ordenó a la Policía el registro de sus oficinas el pasado mayo.

Peticiones de nulidad

Además, la defensa del expresidente estará muy pendiente de la respuesta que pueda dar el instructor a sus peticiones de anular la causa. Tras rechazar de plano los recursos inicialmente, el juez rectificó y accedió a revisar ocho resoluciones, la mayoría dictadas por el juzgado de Madrid que investigó el rescate de Plus Ultra antes de que la Audiencia Nacional asumiera el caso.

De esta revisión han quedado excluidas medidas como el registro de las oficinas del expresidente y de varias empresas, así como la apertura de la pieza separada sobre las joyas. No obstante, estas decisiones podrían verse afectadas si se decidiera una eventual nulidad de las otras resoluciones que se van a estudiar.

Más allá del juzgado, durante el próximo otoño la Agencia Tributaria seguirá adelante con las actuaciones de comprobación e investigación con relación al expresidente, a su esposa Sonsoles Espinosa y a sus hijas, además de a su amigo Julio Martínez Martínez. El juez rechazó paralizar esa investigación fiscal centrada en los impuestos de Sociedades, IVA, IRPF, Patrimonio y grandes fortunas de los ejercicios de 2021 a 2025 tal y como había reclamado la defensa del expresidente. En su resolución, Calama argumentó que no siempre que se abre una causa penal ha de suspenderse la inspección fiscal.

El juez José Luis Calama, instructor de la causa abierta contra José Luis Rodríguez Zapatero, ha ordenado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que realice un “estudio exhaustivo” sobre la evolución accionarial de la aerolínea Plus Ultra, cuyo rescate con 53 millones de euros en la pandemia está en el origen de las pesquisas.

En una providencia fechada este martes 4 de agosto, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el instructor atiende la petición de la Fiscalía Anticorrupción. La fiscal del caso, Elena Lorente, pidió esclarecer el “impacto” que la entrada de inversores de origen venezolano en el accionariado y órganos de gestión de la compañía —iniciado a partir de 2017— pudo tener en la concesión del rescate que la aerolínea solicitó durante la pandemia del coronavirus y que el Gobierno le concedió en 2021.

La fiscal define como “particularmente significativos” los cambios accionariales que supusieron la entrada en el capital social y en los órganos de gestión de “personas de origen venezolano”. Entre ellas, Rodolfo Reyes, quien era accionista mayoritario de la compañía durante la tramitación del rescate y cuyos mensajes constituyen relevantes indicios contra Zapatero.

La Fiscalía considera de “gran trascendencia” para la causa desgranar la historia registral de la sociedad desde su constitución en agosto de 2011 por los dos socios fundadores españoles, Fernando González Enfedaque y Julio Martínez Sola. Este último, invstigado en el caso, presentó su dimisión el pasado julio.

El delito por el que el juez José Luis Calama imputó al expresidente Zapatero fue básicamente el delito de tráfico de influencias en el marco de la operación de rescate en forma de concesión de un préstamo de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra.

Con base en dicha imputación dictó una orden de registro del despacho profesional de José Luis Rodríguez Zapatero, en el que la policía judicial no encontró indicio o prueba alguna del delito de tráfico de influencias, pero sí unas joyas en una caja fuerte.

Tener joyas en una caja fuerte no es delito. Si lo fuera, las cajas fuertes no se venderían porque nadie las compraría. El hallazgo de las joyas debería o no haber sido puesta en conocimiento del juez instructor o haber sido puesta en su conocimiento, a fin de que este decidiera si ponía en marcha una investigación con la finalidad de averiguar si había alguna relación entre las joyas y el recate de la aerolínea Plus Ultra. Y por supuesto, sin hacer público el hallazgo de dichas joyas. Únicamente si, como resultado de la investigación se llegara a la conclusión de que hay una relación entre las joyas y el rescate de la aerolínea, se podría dictar un nuevo auto de imputación al expresidente y poner en conocimiento de la opinión pública la existencia de las joyas encontradas en la caja fuerte.

Estoy dando por supuesto que el auto de imputación por tráfico de influencias fue dictado constitucionalmente, sin vulneración de derechos fundamentales y de las garantías constitucionales que presiden el proceso penal, algo que, como el lector sabe, no ha sido así, en mi opinión. Pero vamos a dar por supuesto que así ha sido.

Cuando un juez dicta un auto de imputación, él mismo delimita en el auto la naturaleza de la investigación susceptible de ser puesta en marcha. No puede extenderse la investigación a todo lo que el investigado haya hecho desde su mayoría de edad o a su conducta desde que llegó a ser secretario general del PSOE o presidente del Gobierno, o de su ejercicio profesional tras dejar la presidente. Con el auto de imputación el juez instructor se autolimita.

Claro que en la investigación se pueden encontrar indicios o pruebas de nuevos delitos, pero siempre que tengan relación con el delito con base en el cual se ha dictado el auto de imputación. Imputar los delitos de contrabando y delito fiscal del mero hallazgo de las joyas, sin investigación alguna sobre la relación con la operación Plus Ultra y sin preguntar siquiera al expresidente sobre las mismas, supone una extralimitación del propio juez sobre los términos en los cuales él ha establecido la naturaleza y contenido de la investigación.

Mientras el juez instructor no de explicación alguna de por qué las joyas encontradas en el registro del despacho profesional de José Luis Rodríguez Zapatero son relevantes para la investigación del tráfico de influencias en la operación Plus Ultra, no hay base alguna para exigir una explicación al expresidente. Nadie tendría por qué saber nada de la existencia de las joyas y, por lo tanto, ninguna explicación se podría exigir sobre las mismas.

Es el juez José Luis Calama el que tendría que dar explicaciones de por qué ha considerado presuntamente delictiva la tenencia de las joyas en una caja fuerte por parte del expresidente. La mera posesión de joyas en una caja fuerte no es que no sea delito, es que no es indicio de que lo sea. La posesión se presume de buena fe. También a la posesión de joyas se extiende la presunción de inocencia.

¿Cómo ha llegado el juez instructor a la conclusión de que la tenencia de joyas en una caja fuerte era indicio de dos delitos? ¿Por qué ha permitido, sin analizar la posible conexión de las joyas con el tráfico de influencias en la operación Plus Ultra, que se haya hecho pública la tenencia de las mismas por José Luis Rodríguez Zapatero?

El orden de los factores en el mundo del derecho altera el producto. En una investigación penal es el juez instructor el que tiene que explicarle a la persona que imputa, por qué le exige que de explicaciones de la conducta por la que se le imputa. Da los indicios de que dispongo deduzco que usted puede haber cometido presuntamente tal delito. Explíqueme cuál ha sido su participación en los hechos presuntamente constitutivos de delito.

El juez instructor lo ha explicado malamente respecto del delito de tráfico de influencias, pero es que no lo ha explicado en absoluto respecto de las joyas. No se le puede exigir a nadie que dé explicaciones sobre una imputación sobre la cual el juez no explica con qué base decide la imputación. Una imputación delictiva no se puede basar en el mero hallazgo de joyas en una caja fuerte. El hallazgo puede ser el punto de partida de una investigación, pero no el punto de llegada para una imputación y para la exigencia de explicaciones públicas al imputado.

El juez José Luis Calama ha citado para lo días 7 y 8 de septiembre, a las 9 de la mañana, al presidente de Plus Ultra y al CEO de la compañía, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, respectivamente, para que declaren después de haber entregado al magistrado un escrito de oferta de colaboración en el que señalaban a José Luis Rodríguez Zapatero en la cúspide de la trama para el rescate de la aerolínea. Por otra parte, el juez Calama ha rechazado la nulidad de las actuaciones que solicitaba la defensa del ex presidente del Gobierno.

El actual presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, remitió la semana pasada un escrito al juez de la Audiencia Nacional que investiga al expresidente del Gobierno en el que reconoce que ni él ni el entonces director financiero, Roberto Roselli, llegaron a tener “una constancia fehaciente de las concretas actuaciones llevadas a cabo para influir o favorecer la concesión del rescate a Plus Ultra por parte de la SEPI”. “Pero –añade– lo cierto es que, como una medida desesperada, se asumió que Plus Ultra debía contratar con el Sr. Martínez Martínez para tal fin, conscientes de que tenía la relación con el Sr. Rodríguez Zapatero, asumiendo asimismo el pago de elevadas cantidades de dinero (el 1%) por tales labores que, eufemísticamente, llamaron 'de acompañamiento'”, añade.

En el mismo sentido, el escrito de Martínez Sola recogía que en enero de 2021 se adoptó la decisión de firmar un contrato con una sociedad denominada Idella Consulenza, de Julio Martínez -amigo y presunto testaferro de Zapatero-, que “vinculaba directamente la remuneración” a la obtención del rescate público de 53 millones de euros para la aerolínea. En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, se detalla que esa remuneración era del 1% más IVA de la financiación pública, lo que ascendería a aproximadamente 641.300 euros.

Según el relato de Martínez Sola, él mantuvo una llamada en 2020 con Zapatero “en la que le indicó que el interlocutor sería Julio Martínez Martínez”. Fue en el 30 de abril y el expresidente le llamaba desde un número oculto. El dirigente de la aerolínea le expuso la “difícil situación financiera en la que se encontraba y la necesidad de acceder a un crédito ICO” y Zapatero “manifestó que su intervención podría ser de ayuda y que haría las gestiones oportunas”. Explica el dirigente que también le indicó el expresidente que “de ahí en adelante las comunicaciones las mantendrían con una persona de su confianza, Julio Martínez Martínez” y resalta que en ese momento “no habló nada de honorarios, ni tampoco solicitó nada a cambio de sus gestiones”.

Martínez Martínez también presentó su propio escrito, el mismo día que Martínez Sola y Roselli, y en él también implica a Zapatero en todo el proceso de rescate de Plus Ultra. Julio Martínez fue citado para el pasado miércoles y durante su declaración no ofreció más detalles acerca de las gestiones que habría realizado Zapatero ni acerca de cuánto habriá cobrado por el rescate.

Rechazo al incidente de nulidad

En cuanto al incidente de nulidad presentado por la defensa de Zapatero, el magistrado Calama explica que las resoluciones que impugna el abogado fueron notificadas “formalmente”, por lo que no cabe incidente de nulidad. Esta vía “no puede convertirse en un mecanismo alternativo para revisar decisiones instructoras notificadas y recurribles”, ha afirmado. Un ejemplo, añade, es la entrada y registro en la oficina del expresidente, “a quien le fue notificado personalmente con carácter previo a su ejecución”.

Otras de las actuaciones no pudieron anunciarse con antelación pero la ley establece, recoge Calama, un plazo de 20 días para tener “acceso real y suficiente al contenido de la actuación”. “La consecuencia de formular el incidente fuera de ese plazo es su inadmisión”, añade.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó hace escasos días al juez que investiga al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero un análisis más exhaustivo de las joyas que fueron halladas el pasado 19 de mayo en la caja fuerte de su oficina. Considera que la primera tasación de Ansorena, que valoró el conjunto de lo encontrado en 1,3 millones de euros, puede no ser ajustada y quiere conocer cuándo fueron engarzadas las piezas más valiosas.

Según adelanta El Mundo, y ha confirmado en fuentes jurídicas elDiario.es, esta petición fue realizada por al magistrado José Luis Calama días antes de que se produjera la entrevista en TVE del expresidente de este pasado jueves. Entonces, sostuvo sin entrar en lo mollar, que es conocer el origen de las mismas, que fueron “un regalo de cortesía personal de hace muchos años” y que “ni tenían uso ni destino” ni “afán patrimonial”. “Estaban con las joyas de nuestras familias”, añadió.

Calama acordó ampliar las pesquisas abiertas contra el expresidente, investigado por presuntamente liderar una trama dedicada al tráfico de influencias, para imputarle los delitos de contrabando y contra Hacienda Pública, tras el hallazgo de esas joyas.

La fiscal Elena Lorente quiere conocer ahora el valor actual de mercado de las joyas al entender que la primera valoración de la casa de subastas Ansorena era preliminar. También quiere conocer cuándo se engarzaron.

El peritaje de las joyas incautadas en la oficina al expresidente del Gobierno señalaba que había un grupo de las mismas que tenían gran valor –la más cotizada es un collar de 278.000 euros– y otras a las que los expertos de Ansorena no ponen precio por tratarse de “bisutería”. La pieza más preciada es un collar en oro blanco de 18 quilates “cuajado de diamantes” y dos esmeraldas naturales cuyo origen es Zambia.

En el segundo puesto se sitúa otro collar, también de oro blanco de 18 quilates y que en este caso va decorado con diamantes de origen tailandés. El precio establecido por los tasadores es de 220.000 euros. Otro collar de similares características pero con rubíes es tasado en 155.000 euros.

Una tercera pieza supera los 100.000 euros. Es un collar, también de oro blanco de 18 quilates, que lleva brillantes y que está tasado en 155.000 euros. A partir de ahí hay varias piezas por debajo de los 100.000 euros. Son pulseras de oro blanco. Una de ellas con rubíes (72.000), otra pulsera con esmeraldas (95.000) y una tercera con zafiros tailandeses (80.000 euros). También hay sortijas y pendientes que rondan ese valor, hasta descender a los 12.000 euros.

Los socialistas necesitaban desesperadamente que José Luis Rodríguez Zapatero respondiera en público a las graves acusaciones por las que se le investiga en la Audiencia Nacional. Su abogado prefería que se mantuviera callado y reservara sus explicaciones para el juez José Luis Calama. Los penalistas se ponen nerviosos si su cliente empieza a hacer declaraciones sobre asuntos de los que no ha aportado información concreta al juzgado. Son prioridades diferentes que no es fácil conciliar en el caso de los políticos. Porque siempre se espera que una entrevista provoque titulares que aporten novedades sobre un caso de estas características.

No fue eso lo que ocurrió en la entrevista que Zapatero concedió al programa 'Mañaneros 360' de TVE. El expresidente repitió durante 40 minutos todo lo que había dicho en su declaración ante el juez y en su comparecencia anterior en el Senado. Lo hizo con energía y a veces algo enfadado, pero no cerró ninguna de las puertas abiertas por la investigación, incluida la última declaración de su socio y amigo Julio Martínez, que no le dejó en muy buen lugar. Si su reputación ha quedado malparada incluso entre sus antiguos votantes, la situación continúa siendo exactamente igual. Seguro que su abogado pensará que se la podía haber ahorrado.

Eso fue aún más flagrante con el asunto de las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho y valoradas en más de un millón de euros. Zapatero no concretó casi nada, porque dijo que prefería reservar esa información para entregársela al juez, que todavía la está esperando desde hace más de un mes. Las calificó de “regalo de cortesía, personal, de hace muchos años”. Ante la insistencia del presentador, Javier Ruiz, ni siquiera precisó de qué país procedía el regalo.

La explicación comenzó a desmoronarse cuando comentó que no tenían “uso ni destino”. Será que quería decir que esas joyas no se las puso nunca nadie. Tampoco tenían “afán patrimonial”, una expresión que carece de sentido en este contexto. Si eso es así, ¿por qué no las entregó a Patrimonio del Estado si las recibió cuando era presidente?

Ruiz le recordó el código ético aprobado por su Gobierno para los regalos institucionales. “Eso será interpretable como todo”, dijo en lo que no es la mejor respuesta de su carrera política. Luego pasó a dar una explicación confusa de la que hay que deducir que aceptaba que quizá no había cumplido ese código.

Sobre el rescate de Plus Ultra, volvió a negar haber intervenido en favor de su concesión o como intermediario entre la empresa y el Gobierno. “No es que no influyera, es que no hablé con nadie”. Ni con la SEPI ni con nadie del Gobierno. Eso es lo único que implica potencialmente al Gabinete de Pedro Sánchez. Afirmó que no tuvo información privilegiada de la concesión del crédito ni avisó a Martínez de la noticia.

Eso se contradice con el testimonio del socio, que comunicó al juez que fue Zapatero quien le dio la noticia varios días antes de que se hiciera pública. Todavía más con el del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, que dijo que el expresidente les reclamó una comisión de 530.000 euros por sus gestiones.

Debió de ser un shock para Zapatero saber que había aparecido un Aldama en su caso y que encima era su amigo, pero hizo todo lo posible para no darle importancia, lo que no quiere decir que resultara creíble. Posiblemente, su abogado le había aconsejado que no entrara en televisión en una guerra con su socio. No le convenía nada. “No entro en otras estrategias de defensa”, dijo. “No entra en mi código de conducta renegar de las amistades”. Sonó entrañable, pero la declaración de Martínez le coloca a los pies de los caballos judiciales.

Zapatero no tiene que demostrar que es inocente, aunque sí debería aportar documentación que respalde su versión de los hechos. Si recibió mucho dinero de los directivos de Plus Ultra, le interesa estar en condiciones de responder a cambio de qué. No se paga medio millón de euros a cambio de informes verbales “maquetados” por sus hijas.

Se indignó cuando le preguntaron si sus hijas hicieron el papel de “testaferros”: “Me parece una pregunta increíble”. A ellas también les corresponde explicar por qué recibieron centenares de miles de euros por un trabajo que no parece tener un valor tan extraordinario.

“Quien insinúa, tiene que probarlo”, dijo. Su problema es que no se enfrenta a insinuaciones, sino a acusaciones directas hechas por aquellos que le pagaban.

“Certificado de estar al corriente en las obligaciones de Seguridad Social”. Así arranca este documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, que fue expedido el 20 de agosto de 2020 para la compañía Plus Ultra Líneas Aéreas SA y que lleva la firma de Belén Fluiters, la jefa de Sección en la Subdirección Provincial de Gestión Recaudatoria de la Tesorería General de la Seguridad Social.

En el mismo se detalla que la compañía “no tiene pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas ya vencidas con la Seguridad Social” y subraya que “se hace constar que a fecha 31 de diciembre de 2019 la empresa se encontraba al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social”. Esto es relevante porque una de las obligaciones que se impuso por parte del Estado a las empresas que pretendían acceder a un rescate público era precisamente estar al corriente con la Seguridad Social. Plus Ultra presentó su solicitud el 1 de septiembre de 2020, 11 días después de la fecha del certificado.

En la causa que afecta a José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional se investiga si el expresidente del Gobierno pudo mediar de manera ilícita en ese rescate, lo que podría haber pasado por gestiones ante la Seguridad Social. Se recoge como indicio una reunión que mantuvo el 7 de septiembre de 2020 con el entonces titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones José Luis Escrivá. Esa reunión, que sí tuvo lugar según han reconocido ambos, se produce 18 días después de que la aerolínea obtuviera el certificado de la Seguridad Social.

La línea temporal queda clara: el 20 de agosto se expide este certificado de estar al día con la Seguridad Social; el 1 de septiembre -11 días después- la aerolínea presenta la documentación necesaria de manera oficial para optar a esa financiación pública que ascendió a 53 millones de euros; el 7 de septiembre se produce esa reunión entre Zapatero y Escrivá; el 10 de septiembre la SEPI pide a Plus Ultra algunas aclaraciones y subsanaciones sobre la documentación presentada.

Sobre ese encuentro, Escrivá, ahora gobernador de Banco de España, explicó el pasado mes de junio que esa reunión fue en realidad un desayuno sin vinculación con el rescate de la aerolínea. “El 7 de septiembre de 2020 me reuní con Zapatero. Me he reunido con los presidentes del Gobierno. Queríamos aprobar con el máximo consenso el acuerdo de pensiones del Pacto de Toledo”, respondió a preguntas de la diputada del PP María Pilar Alía en una comparecencia en el Congreso. “Quería acceder, a través de Zapatero, a toda una parte de la izquierda parlamentaria. Nos entregamos el móvil y el WhatsApp, esa fue la única razón. Usted establece una conexión con algo que es falso”, recalcó.

En esa comparecencia, Escrivá dio otra de las claves sobre ese certificado emitido por la Seguridad Social: “Se exigía a las empresas que acudieron al fondo (para el rescate) estar al día con la Seguridad Social, que es compatible con tener deudas aplazadas con la Seguridad Social”. “Plus Ultra pidió aplazamientos, se resolvieron en tres meses, está en los periodos medios”, añadió.

En la entrevista que concedió a RTVE el expresidente, volvió a salir ese encuentro, y Zapatero fue tajante al indicar que no se reunió ese 7 de septiembre con Escrivá para atar el rescate: “Esa es otra de las locuras que han circulado por ahí, y quien lo insinúa lo tiene que probar (...) porque llega un momento en el que estamos ante la prueba diabólica”.

La visión de Calama

La UDEF, así lo recoge el juez Calama, sostiene que la aerolínea en realidad no aportó uno sino dos certificados ese 20 de agosto, y añade que la Tesorería General a requerimiento judicial informó de que existía “deuda vigente”. Algo que, como señaló Escrivá, no era impedimento para obtener el certificado. Pero la Policía subraya que ha detectado “indicios de que Plus Ultra habría aportado datos falsos, alterando la identidad del verdadero titular de una deuda pendiente para facilitar la obtención de la ayuda”.

Destaca además que ese 1 de septiembre, a la par que se entregaba a la SEPI la documentación, Julio Martínez Martínez -amigo de Zapatero y asesor a sueldo de Plus Ultra- remitió a Roberto Roselli -director financiero de la aerolínea- el contacto de Cristóbal Cano. Roselli, según recoge el atestado policial “confundió” a Cano con un funcionario de la SEPI, pero 'Julito' le aclaró que era su responsable de facturación.

El propio juez, en su auto, habla de que a pesar de ese certificado, “la información obtenida a tenor de un requerimiento judicial dirigido a la Seguridad Social existía una deuda”. Detallaba que Deloitte en el informe técnico elaborado por el asesor externo contratado por la SEPI para la concesión de la ayuda pública indicaba que la aerolínea tenía una deuda que ascendía a 451.954 euros y comprendía un periodo desde el mes de julio de 2017 hasta el mes de mayo de 2020.

Esa deuda, indicaba la consultora, fue objeto de varios aplazamientos. El primero se solicitó con fecha de 30 de agosto de 2017 y ascendía a un total de 136.505,94 euros. Posteriormente, se solicitó reconsiderar el aplazamiento para incluir la deuda generada en el periodo de febrero de 2020 y que ascendía a un importe de 237.084 euros. Ese nuevo aplazamiento fue otorgado en abril de 2020 y la deuda total aplazada ascendió a 308.475 euros. Por último, según Deloitte, el 29 de junio de 2020 se solicitó una segunda reconsideración del aplazamiento para incluir la deuda de mayo de 2020, que ascendía a 200.878 euros. En este caso, la Seguridad Social concedió con fecha de 5 de octubre de 2020 ese nuevo aplazamiento que englobaba ya la deuda contraída por la compañía durante el periodo comprendido entre el mes de julio de 2017 y mayo de 2020: el importe ascendía a 451.954 euros.

Fuentes del Gobierno consultadas por elDiario.es ya señalaron en mayo de este año en realidad la compañía sí se hallaba al corriente a 31 de diciembre de 2019 en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social. Y que el concepto de “estar al corriente de las obligaciones” se produce tanto en el supuesto de que estén las deudas pagadas como en el supuesto de que hayan sido aplazadas, fraccionadas o suspendidas. Resaltaban así que no es incompatible estar al corriente de las obligaciones con el hecho de que exista una deuda aplazada, que es lo que certificó la administración. Asimismo, aclaraban que aplazar una deuda con la Seguridad Social es algo habitual y prácticamente un automatismo.

Por otro lado, el juez, basándose en el informe pericial de Deloitte, sostiene que la compañía Plus Ultra no cumplía con otra condición establecida para ser rescatada, referida a si la sociedad se encontraba o no en “situación de crisis” a fecha de 31 de diciembre de 2019. El informe señalaba que, a pesar de que la ayuda se justificó alegando que la empresa era estratégica y no estaba en crisis antes de la pandemia, el análisis determinó que ya llevaba un año en causa de disolución, con insolvencia y sin liquidez suficiente para operar.

En este sentido, considera el juez que los informes presentados por los asesores externos contratados por la SEPI fueron redactados para justificar la concesión del rescate, a pesar de que una auditoría señalaba dudas sobre la capacidad de la aerolínea para seguir funcionando y advertía de problemas graves de caja. Para evitar que las cuentas reflejaran pérdidas que obligaran a la disolución, la empresa habría recurrido a diversas herramientas contables, como un supuesto préstamo participativo del grupo panameño Panacorp, provisiones ajustadas y un canje de bonistas mediante el embargo de un avión. Todo esto permitía “maquillar la situación patrimonial y evitar que los fondos propios aparecieran en negativo”.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero gobernó España entre 2004 y 2011. Dejó un país con más derechos sociales y una penosa situación económica con el paro desbocado. La corrupción no fue un problema de su Ejecutivo sino del partido que opositaba a sucederle. En esa etapa, el PP se financió ilegalmente a través de una caja B y algunas de las instituciones donde gobernaba estaban colonizadas por la trama Gürtel.

Zapatero abandonó el Gobierno y el liderazgo del partido para refugiarse durante los tres años siguientes en el Consejo de Estado, en un puesto reservado a quienes han sido presidentes del Gobierno y que además pueden desempeñar, si quieren, para toda la vida. Cuando renunció a ese empleo público, indefinido y muy bien remunerado, inició una nueva etapa donde mezcló su actividad privada –conferencias, asesorías– con su trabajo público como interlocutor del Gobierno venezolano para la liberación de decenas de presos y como referente ético del PSOE en mítines de las últimas campañas electorales.

Ahora le persigue un juez instructor de la Audiencia Nacional por siete delitos y por ser, supuestamente, el jefe de una trama de tráfico de influencias. Zapatero, al que muchos consideraron salvador en las últimas elecciones generales de 2023 y autor junto a otros de la exitosa investidura de Sánchez, se ha convertido como imputado en un grave problema para el PSOE.

Todos esperaban las palabras del investigado. Tres días después de que el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Solá, y el empresario Julio Martínez Martínez, enviaran sendos escritos al juez acusando al expresidente socialista de ser el ideólogo y principal beneficiario de esa trama de tráfico de influencias, Zapatero ha dado explicaciones en TVE. Con esta iniciativa, intenta combatir la decepción sobre su persona que empieza a instalarse en el PSOE.

El expresidente no quiso responder sobre las sospechas más inquietantes respecto a sus actividades privadas como consultor, su relación con Plus Ultra y la participación de sus dos hijas en la trama. Zapatero comenzó agradeciendo el apoyo recibido estos días por parte de sus compañeros en el PSOE, y del propio presidente Pedro Sánchez, pero les rogó que no le respalden “por fe o por cariño sino por los hechos”. Y fue precisamente en el relato de los hechos donde el expresidente del Gobierno estuvo más esquivo, sin dar explicaciones escudándose en que el proceso judicial sigue abierto y es allí donde hará las aclaraciones pertinentes.

Zapatero asegura que “jamás” hizo “ni una sola influencia”, que nunca habló “con nadie de la SEPI ni del Gobierno” para el rescate de Plus Ultra. “Eso es así y va a ser así. Tengo convicción absoluta de mi inocencia”, remarcó. Las pruebas que se acumulan en el sumario apenas sirven para demostrar que Zapatero ejerciera presión sobre alguien para lograr el rescate de la aerolínea. “No van a aparecer conversaciones mías con dirigentes de Plus Ultra sobre el rescate”, recalcó.

Lo que dicen los empresarios

Pero el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, asegura que en enero de 2021, Zapatero les reclamó a través de su amigo Julio Martínez Martínez una comisión de 530.000 euros a cambio de ayudar para que el consejo de ministros aprobase el préstamo de 53 millones, cosa que ocurrió el 9 de marzo de 2021. Y que esa comisión se pagó por Plus Ultra a tres empresas propiedad de Julio Martínez Martínez, quien también dirigió un escrito al juzgado ratificando esta versión de los hechos. No es necesario que Zapatero influyera o presionara a alguien. El Código Penal (artículo 430) considera delito “el ofrecimiento de corrupción o tráfico de influencias” y castiga “a quienes solicitan dádivas o aceptan promesas para realizar conductas corruptas”.

Cuando Javier Ruiz preguntó por el escrito de su amigo Julio Martínez Martínez donde aseguraba que era “Zapatero quien marcaba los pasos a seguir” en relación con Plus Ultra, el expresidente del Gobierno se remitió a cuestiones del procedimiento para no contestar: “No voy a entrar en la estrategia de defensa de ningún imputado. Yo pongo los hechos encima de la mesa y reitero mi nulo papel en el rescate de Plus Ultra (...)”. También rechazó Zapatero que informara sobre la aprobación del rescate días antes de la decisión: “Niego totalmente, yo no sabía lo que iba a hacer el Consejo de la Sepi, no conozco a nadie de aquel consejo. No lo supe si se iba a rescatar o no se iba a rescatar”.

Cuando le recordaron que su amigo Julio Martínez Martínez llegó a decir que había pagado durante años a las hijas de Zapatero por no hacer nada, dando a entender que eran testaferros del padre, el expresidente volvió a refugiarse en el procedimiento: “No son mis testaferros. Mis hijas van a presentar todos sus trabajos y tareas, y todos sus contratos, en el procedimiento judicial. Vamos a ver”.

Zapatero también habló, sin dar demasiados detalles, pero con aparente convicción, sobre las joyas que encontraron en su caja fuerte y por las que se le imputa un delito fiscal y otro de contrabando. “Es un regalo de cortesía, personal, de hace muchos años. Tengo que ser muy prudente. Lo especificaré ante la Justicia. Ni tenían uso, no habíamos pensado en ellas, su valor será sometido a contradicción, no había afán patrimonial. No podíamos imaginar su valor. No voy a decir el país de origen. No hay intención de defraudar, regalo de cortesía personal, sin uso. Esa es la verdad. No he entrado nunca en una joyería”. Y descartó con contundencia que hubiera tramado, como sugirió la UDEF en su primer informa, la creación de una sociedad 'offshore' en Dubai donde ingresar los beneficios de las supuestas mordidas. “Es una invención absoluta, un error, no me corresponde. No he hablado de una sociedad 'offshore' en mi vida, ni con Julio Martínez ni con nadie. Lo otro me parece una inferencia insólita”.

El impacto sobre su intimidad

Zapatero siente que el procedimiento judicial contra él está lleno de irregularidades y es una víctima de la vulneración de derechos fundamentales que se está ejerciendo contra él. Remarcó la anomalía que supone hacer públicas sus agendas personales de dos años así como las comunicaciones por mensajería con su secretaria particular. “Creo que esto no ha pasado nunca”, se lamentó. “Se ha vulnerado mi derecho a la intimidad, se ha producido un impacto sobre terceros, defiendo mi derecho a que el secreto bancario se mantenga, el impacto es extraordinario. Toda mi vida de dos años está para siempre ahí y para que se hagan valoraciones, relaciones. Esto ha permitido un juicio paralelo, ha afectado incluso al secreto profesional de los periodistas, no juzgo intenciones, pero esto estructuralmente es un problema muy serio. No juzgo intenciones, me remito a las reglas, a los procedimientos, a los derechos, a lo que es un proceso penal. No recuerdo que a ningún investigado se le haya puesto la agenda entera de dos años, sin tener nada que ver la inmensa mayoría por lo que se está investigando”.

Miembros del Gobierno y dirigentes del PSOE habían pedido estos días a Zapatero explicaciones ante todo lo que se sabía de la causa penal. El expresidente atendió la petición con un relato agujereado y un ruego a los preocupados difícil de cumplir: “Que no confíen en mí, ni por fe ni por cariño, que lo hagan por los hechos. Mi deber es explicar los hechos, defender mi inocencia, con las reglas del derecho”.