El juez José Luis Calama, instructor de la causa abierta contra José Luis Rodríguez Zapatero, ha ordenado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que realice un “estudio exhaustivo” sobre la evolución accionarial de la aerolínea Plus Ultra, cuyo rescate con 53 millones de euros en la pandemia está en el origen de las pesquisas.

En una providencia fechada este martes 4 de agosto, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el instructor atiende la petición de la Fiscalía Anticorrupción. La fiscal del caso, Elena Lorente, pidió esclarecer el “impacto” que la entrada de inversores de origen venezolano en el accionariado y órganos de gestión de la compañía —iniciado a partir de 2017— pudo tener en la concesión del rescate que la aerolínea solicitó durante la pandemia del coronavirus y que el Gobierno le concedió en 2021.

La fiscal define como “particularmente significativos” los cambios accionariales que supusieron la entrada en el capital social y en los órganos de gestión de “personas de origen venezolano”. Entre ellas, Rodolfo Reyes, quien era accionista mayoritario de la compañía durante la tramitación del rescate y cuyos mensajes constituyen relevantes indicios contra Zapatero.

La Fiscalía considera de “gran trascendencia” para la causa desgranar la historia registral de la sociedad desde su constitución en agosto de 2011 por los dos socios fundadores españoles, Fernando González Enfedaque y Julio Martínez Sola. Este último, invstigado en el caso, presentó su dimisión el pasado julio.

El delito por el que el juez José Luis Calama imputó al expresidente Zapatero fue básicamente el delito de tráfico de influencias en el marco de la operación de rescate en forma de concesión de un préstamo de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra.

Con base en dicha imputación dictó una orden de registro del despacho profesional de José Luis Rodríguez Zapatero, en el que la policía judicial no encontró indicio o prueba alguna del delito de tráfico de influencias, pero sí unas joyas en una caja fuerte.

Tener joyas en una caja fuerte no es delito. Si lo fuera, las cajas fuertes no se venderían porque nadie las compraría. El hallazgo de las joyas debería o no haber sido puesta en conocimiento del juez instructor o haber sido puesta en su conocimiento, a fin de que este decidiera si ponía en marcha una investigación con la finalidad de averiguar si había alguna relación entre las joyas y el recate de la aerolínea Plus Ultra. Y por supuesto, sin hacer público el hallazgo de dichas joyas. Únicamente si, como resultado de la investigación se llegara a la conclusión de que hay una relación entre las joyas y el rescate de la aerolínea, se podría dictar un nuevo auto de imputación al expresidente y poner en conocimiento de la opinión pública la existencia de las joyas encontradas en la caja fuerte.

Estoy dando por supuesto que el auto de imputación por tráfico de influencias fue dictado constitucionalmente, sin vulneración de derechos fundamentales y de las garantías constitucionales que presiden el proceso penal, algo que, como el lector sabe, no ha sido así, en mi opinión. Pero vamos a dar por supuesto que así ha sido.

Cuando un juez dicta un auto de imputación, él mismo delimita en el auto la naturaleza de la investigación susceptible de ser puesta en marcha. No puede extenderse la investigación a todo lo que el investigado haya hecho desde su mayoría de edad o a su conducta desde que llegó a ser secretario general del PSOE o presidente del Gobierno, o de su ejercicio profesional tras dejar la presidente. Con el auto de imputación el juez instructor se autolimita.

Claro que en la investigación se pueden encontrar indicios o pruebas de nuevos delitos, pero siempre que tengan relación con el delito con base en el cual se ha dictado el auto de imputación. Imputar los delitos de contrabando y delito fiscal del mero hallazgo de las joyas, sin investigación alguna sobre la relación con la operación Plus Ultra y sin preguntar siquiera al expresidente sobre las mismas, supone una extralimitación del propio juez sobre los términos en los cuales él ha establecido la naturaleza y contenido de la investigación.

Mientras el juez instructor no de explicación alguna de por qué las joyas encontradas en el registro del despacho profesional de José Luis Rodríguez Zapatero son relevantes para la investigación del tráfico de influencias en la operación Plus Ultra, no hay base alguna para exigir una explicación al expresidente. Nadie tendría por qué saber nada de la existencia de las joyas y, por lo tanto, ninguna explicación se podría exigir sobre las mismas.

Es el juez José Luis Calama el que tendría que dar explicaciones de por qué ha considerado presuntamente delictiva la tenencia de las joyas en una caja fuerte por parte del expresidente. La mera posesión de joyas en una caja fuerte no es que no sea delito, es que no es indicio de que lo sea. La posesión se presume de buena fe. También a la posesión de joyas se extiende la presunción de inocencia.

¿Cómo ha llegado el juez instructor a la conclusión de que la tenencia de joyas en una caja fuerte era indicio de dos delitos? ¿Por qué ha permitido, sin analizar la posible conexión de las joyas con el tráfico de influencias en la operación Plus Ultra, que se haya hecho pública la tenencia de las mismas por José Luis Rodríguez Zapatero?

El orden de los factores en el mundo del derecho altera el producto. En una investigación penal es el juez instructor el que tiene que explicarle a la persona que imputa, por qué le exige que de explicaciones de la conducta por la que se le imputa. Da los indicios de que dispongo deduzco que usted puede haber cometido presuntamente tal delito. Explíqueme cuál ha sido su participación en los hechos presuntamente constitutivos de delito.

El juez instructor lo ha explicado malamente respecto del delito de tráfico de influencias, pero es que no lo ha explicado en absoluto respecto de las joyas. No se le puede exigir a nadie que dé explicaciones sobre una imputación sobre la cual el juez no explica con qué base decide la imputación. Una imputación delictiva no se puede basar en el mero hallazgo de joyas en una caja fuerte. El hallazgo puede ser el punto de partida de una investigación, pero no el punto de llegada para una imputación y para la exigencia de explicaciones públicas al imputado.

El juez José Luis Calama ha citado para lo días 7 y 8 de septiembre, a las 9 de la mañana, al presidente de Plus Ultra y al CEO de la compañía, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, respectivamente, para que declaren después de haber entregado al magistrado un escrito de oferta de colaboración en el que señalaban a José Luis Rodríguez Zapatero en la cúspide de la trama para el rescate de la aerolínea. Por otra parte, el juez Calama ha rechazado la nulidad de las actuaciones que solicitaba la defensa del ex presidente del Gobierno.

El actual presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, remitió la semana pasada un escrito al juez de la Audiencia Nacional que investiga al expresidente del Gobierno en el que reconoce que ni él ni el entonces director financiero, Roberto Roselli, llegaron a tener “una constancia fehaciente de las concretas actuaciones llevadas a cabo para influir o favorecer la concesión del rescate a Plus Ultra por parte de la SEPI”. “Pero –añade– lo cierto es que, como una medida desesperada, se asumió que Plus Ultra debía contratar con el Sr. Martínez Martínez para tal fin, conscientes de que tenía la relación con el Sr. Rodríguez Zapatero, asumiendo asimismo el pago de elevadas cantidades de dinero (el 1%) por tales labores que, eufemísticamente, llamaron 'de acompañamiento'”, añade.

En el mismo sentido, el escrito de Martínez Sola recogía que en enero de 2021 se adoptó la decisión de firmar un contrato con una sociedad denominada Idella Consulenza, de Julio Martínez -amigo y presunto testaferro de Zapatero-, que “vinculaba directamente la remuneración” a la obtención del rescate público de 53 millones de euros para la aerolínea. En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, se detalla que esa remuneración era del 1% más IVA de la financiación pública, lo que ascendería a aproximadamente 641.300 euros.

Según el relato de Martínez Sola, él mantuvo una llamada en 2020 con Zapatero “en la que le indicó que el interlocutor sería Julio Martínez Martínez”. Fue en el 30 de abril y el expresidente le llamaba desde un número oculto. El dirigente de la aerolínea le expuso la “difícil situación financiera en la que se encontraba y la necesidad de acceder a un crédito ICO” y Zapatero “manifestó que su intervención podría ser de ayuda y que haría las gestiones oportunas”. Explica el dirigente que también le indicó el expresidente que “de ahí en adelante las comunicaciones las mantendrían con una persona de su confianza, Julio Martínez Martínez” y resalta que en ese momento “no habló nada de honorarios, ni tampoco solicitó nada a cambio de sus gestiones”.

Martínez Martínez también presentó su propio escrito, el mismo día que Martínez Sola y Roselli, y en él también implica a Zapatero en todo el proceso de rescate de Plus Ultra. Julio Martínez fue citado para el pasado miércoles y durante su declaración no ofreció más detalles acerca de las gestiones que habría realizado Zapatero ni acerca de cuánto habriá cobrado por el rescate.

Rechazo al incidente de nulidad

En cuanto al incidente de nulidad presentado por la defensa de Zapatero, el magistrado Calama explica que las resoluciones que impugna el abogado fueron notificadas “formalmente”, por lo que no cabe incidente de nulidad. Esta vía “no puede convertirse en un mecanismo alternativo para revisar decisiones instructoras notificadas y recurribles”, ha afirmado. Un ejemplo, añade, es la entrada y registro en la oficina del expresidente, “a quien le fue notificado personalmente con carácter previo a su ejecución”.

Otras de las actuaciones no pudieron anunciarse con antelación pero la ley establece, recoge Calama, un plazo de 20 días para tener “acceso real y suficiente al contenido de la actuación”. “La consecuencia de formular el incidente fuera de ese plazo es su inadmisión”, añade.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó hace escasos días al juez que investiga al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero un análisis más exhaustivo de las joyas que fueron halladas el pasado 19 de mayo en la caja fuerte de su oficina. Considera que la primera tasación de Ansorena, que valoró el conjunto de lo encontrado en 1,3 millones de euros, puede no ser ajustada y quiere conocer cuándo fueron engarzadas las piezas más valiosas.

Según adelanta El Mundo, y ha confirmado en fuentes jurídicas elDiario.es, esta petición fue realizada por al magistrado José Luis Calama días antes de que se produjera la entrevista en TVE del expresidente de este pasado jueves. Entonces, sostuvo sin entrar en lo mollar, que es conocer el origen de las mismas, que fueron “un regalo de cortesía personal de hace muchos años” y que “ni tenían uso ni destino” ni “afán patrimonial”. “Estaban con las joyas de nuestras familias”, añadió.

Calama acordó ampliar las pesquisas abiertas contra el expresidente, investigado por presuntamente liderar una trama dedicada al tráfico de influencias, para imputarle los delitos de contrabando y contra Hacienda Pública, tras el hallazgo de esas joyas.

La fiscal Elena Lorente quiere conocer ahora el valor actual de mercado de las joyas al entender que la primera valoración de la casa de subastas Ansorena era preliminar. También quiere conocer cuándo se engarzaron.

El peritaje de las joyas incautadas en la oficina al expresidente del Gobierno señalaba que había un grupo de las mismas que tenían gran valor –la más cotizada es un collar de 278.000 euros– y otras a las que los expertos de Ansorena no ponen precio por tratarse de “bisutería”. La pieza más preciada es un collar en oro blanco de 18 quilates “cuajado de diamantes” y dos esmeraldas naturales cuyo origen es Zambia.

En el segundo puesto se sitúa otro collar, también de oro blanco de 18 quilates y que en este caso va decorado con diamantes de origen tailandés. El precio establecido por los tasadores es de 220.000 euros. Otro collar de similares características pero con rubíes es tasado en 155.000 euros.

Una tercera pieza supera los 100.000 euros. Es un collar, también de oro blanco de 18 quilates, que lleva brillantes y que está tasado en 155.000 euros. A partir de ahí hay varias piezas por debajo de los 100.000 euros. Son pulseras de oro blanco. Una de ellas con rubíes (72.000), otra pulsera con esmeraldas (95.000) y una tercera con zafiros tailandeses (80.000 euros). También hay sortijas y pendientes que rondan ese valor, hasta descender a los 12.000 euros.

Los socialistas necesitaban desesperadamente que José Luis Rodríguez Zapatero respondiera en público a las graves acusaciones por las que se le investiga en la Audiencia Nacional. Su abogado prefería que se mantuviera callado y reservara sus explicaciones para el juez José Luis Calama. Los penalistas se ponen nerviosos si su cliente empieza a hacer declaraciones sobre asuntos de los que no ha aportado información concreta al juzgado. Son prioridades diferentes que no es fácil conciliar en el caso de los políticos. Porque siempre se espera que una entrevista provoque titulares que aporten novedades sobre un caso de estas características.

No fue eso lo que ocurrió en la entrevista que Zapatero concedió al programa 'Mañaneros 360' de TVE. El expresidente repitió durante 40 minutos todo lo que había dicho en su declaración ante el juez y en su comparecencia anterior en el Senado. Lo hizo con energía y a veces algo enfadado, pero no cerró ninguna de las puertas abiertas por la investigación, incluida la última declaración de su socio y amigo Julio Martínez, que no le dejó en muy buen lugar. Si su reputación ha quedado malparada incluso entre sus antiguos votantes, la situación continúa siendo exactamente igual. Seguro que su abogado pensará que se la podía haber ahorrado.

Eso fue aún más flagrante con el asunto de las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho y valoradas en más de un millón de euros. Zapatero no concretó casi nada, porque dijo que prefería reservar esa información para entregársela al juez, que todavía la está esperando desde hace más de un mes. Las calificó de “regalo de cortesía, personal, de hace muchos años”. Ante la insistencia del presentador, Javier Ruiz, ni siquiera precisó de qué país procedía el regalo.

La explicación comenzó a desmoronarse cuando comentó que no tenían “uso ni destino”. Será que quería decir que esas joyas no se las puso nunca nadie. Tampoco tenían “afán patrimonial”, una expresión que carece de sentido en este contexto. Si eso es así, ¿por qué no las entregó a Patrimonio del Estado si las recibió cuando era presidente?

Ruiz le recordó el código ético aprobado por su Gobierno para los regalos institucionales. “Eso será interpretable como todo”, dijo en lo que no es la mejor respuesta de su carrera política. Luego pasó a dar una explicación confusa de la que hay que deducir que aceptaba que quizá no había cumplido ese código.

Sobre el rescate de Plus Ultra, volvió a negar haber intervenido en favor de su concesión o como intermediario entre la empresa y el Gobierno. “No es que no influyera, es que no hablé con nadie”. Ni con la SEPI ni con nadie del Gobierno. Eso es lo único que implica potencialmente al Gabinete de Pedro Sánchez. Afirmó que no tuvo información privilegiada de la concesión del crédito ni avisó a Martínez de la noticia.

Eso se contradice con el testimonio del socio, que comunicó al juez que fue Zapatero quien le dio la noticia varios días antes de que se hiciera pública. Todavía más con el del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, que dijo que el expresidente les reclamó una comisión de 530.000 euros por sus gestiones.

Debió de ser un shock para Zapatero saber que había aparecido un Aldama en su caso y que encima era su amigo, pero hizo todo lo posible para no darle importancia, lo que no quiere decir que resultara creíble. Posiblemente, su abogado le había aconsejado que no entrara en televisión en una guerra con su socio. No le convenía nada. “No entro en otras estrategias de defensa”, dijo. “No entra en mi código de conducta renegar de las amistades”. Sonó entrañable, pero la declaración de Martínez le coloca a los pies de los caballos judiciales.

Zapatero no tiene que demostrar que es inocente, aunque sí debería aportar documentación que respalde su versión de los hechos. Si recibió mucho dinero de los directivos de Plus Ultra, le interesa estar en condiciones de responder a cambio de qué. No se paga medio millón de euros a cambio de informes verbales “maquetados” por sus hijas.

Se indignó cuando le preguntaron si sus hijas hicieron el papel de “testaferros”: “Me parece una pregunta increíble”. A ellas también les corresponde explicar por qué recibieron centenares de miles de euros por un trabajo que no parece tener un valor tan extraordinario.

“Quien insinúa, tiene que probarlo”, dijo. Su problema es que no se enfrenta a insinuaciones, sino a acusaciones directas hechas por aquellos que le pagaban.

“Certificado de estar al corriente en las obligaciones de Seguridad Social”. Así arranca este documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, que fue expedido el 20 de agosto de 2020 para la compañía Plus Ultra Líneas Aéreas SA y que lleva la firma de Belén Fluiters, la jefa de Sección en la Subdirección Provincial de Gestión Recaudatoria de la Tesorería General de la Seguridad Social.

En el mismo se detalla que la compañía “no tiene pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas ya vencidas con la Seguridad Social” y subraya que “se hace constar que a fecha 31 de diciembre de 2019 la empresa se encontraba al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social”. Esto es relevante porque una de las obligaciones que se impuso por parte del Estado a las empresas que pretendían acceder a un rescate público era precisamente estar al corriente con la Seguridad Social. Plus Ultra presentó su solicitud el 1 de septiembre de 2020, 11 días después de la fecha del certificado.

En la causa que afecta a José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional se investiga si el expresidente del Gobierno pudo mediar de manera ilícita en ese rescate, lo que podría haber pasado por gestiones ante la Seguridad Social. Se recoge como indicio una reunión que mantuvo el 7 de septiembre de 2020 con el entonces titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones José Luis Escrivá. Esa reunión, que sí tuvo lugar según han reconocido ambos, se produce 18 días después de que la aerolínea obtuviera el certificado de la Seguridad Social.

La línea temporal queda clara: el 20 de agosto se expide este certificado de estar al día con la Seguridad Social; el 1 de septiembre -11 días después- la aerolínea presenta la documentación necesaria de manera oficial para optar a esa financiación pública que ascendió a 53 millones de euros; el 7 de septiembre se produce esa reunión entre Zapatero y Escrivá; el 10 de septiembre la SEPI pide a Plus Ultra algunas aclaraciones y subsanaciones sobre la documentación presentada.

Sobre ese encuentro, Escrivá, ahora gobernador de Banco de España, explicó el pasado mes de junio que esa reunión fue en realidad un desayuno sin vinculación con el rescate de la aerolínea. “El 7 de septiembre de 2020 me reuní con Zapatero. Me he reunido con los presidentes del Gobierno. Queríamos aprobar con el máximo consenso el acuerdo de pensiones del Pacto de Toledo”, respondió a preguntas de la diputada del PP María Pilar Alía en una comparecencia en el Congreso. “Quería acceder, a través de Zapatero, a toda una parte de la izquierda parlamentaria. Nos entregamos el móvil y el WhatsApp, esa fue la única razón. Usted establece una conexión con algo que es falso”, recalcó.

En esa comparecencia, Escrivá dio otra de las claves sobre ese certificado emitido por la Seguridad Social: “Se exigía a las empresas que acudieron al fondo (para el rescate) estar al día con la Seguridad Social, que es compatible con tener deudas aplazadas con la Seguridad Social”. “Plus Ultra pidió aplazamientos, se resolvieron en tres meses, está en los periodos medios”, añadió.

En la entrevista que concedió a RTVE el expresidente, volvió a salir ese encuentro, y Zapatero fue tajante al indicar que no se reunió ese 7 de septiembre con Escrivá para atar el rescate: “Esa es otra de las locuras que han circulado por ahí, y quien lo insinúa lo tiene que probar (...) porque llega un momento en el que estamos ante la prueba diabólica”.

La visión de Calama

La UDEF, así lo recoge el juez Calama, sostiene que la aerolínea en realidad no aportó uno sino dos certificados ese 20 de agosto, y añade que la Tesorería General a requerimiento judicial informó de que existía “deuda vigente”. Algo que, como señaló Escrivá, no era impedimento para obtener el certificado. Pero la Policía subraya que ha detectado “indicios de que Plus Ultra habría aportado datos falsos, alterando la identidad del verdadero titular de una deuda pendiente para facilitar la obtención de la ayuda”.

Destaca además que ese 1 de septiembre, a la par que se entregaba a la SEPI la documentación, Julio Martínez Martínez -amigo de Zapatero y asesor a sueldo de Plus Ultra- remitió a Roberto Roselli -director financiero de la aerolínea- el contacto de Cristóbal Cano. Roselli, según recoge el atestado policial “confundió” a Cano con un funcionario de la SEPI, pero 'Julito' le aclaró que era su responsable de facturación.

El propio juez, en su auto, habla de que a pesar de ese certificado, “la información obtenida a tenor de un requerimiento judicial dirigido a la Seguridad Social existía una deuda”. Detallaba que Deloitte en el informe técnico elaborado por el asesor externo contratado por la SEPI para la concesión de la ayuda pública indicaba que la aerolínea tenía una deuda que ascendía a 451.954 euros y comprendía un periodo desde el mes de julio de 2017 hasta el mes de mayo de 2020.

Esa deuda, indicaba la consultora, fue objeto de varios aplazamientos. El primero se solicitó con fecha de 30 de agosto de 2017 y ascendía a un total de 136.505,94 euros. Posteriormente, se solicitó reconsiderar el aplazamiento para incluir la deuda generada en el periodo de febrero de 2020 y que ascendía a un importe de 237.084 euros. Ese nuevo aplazamiento fue otorgado en abril de 2020 y la deuda total aplazada ascendió a 308.475 euros. Por último, según Deloitte, el 29 de junio de 2020 se solicitó una segunda reconsideración del aplazamiento para incluir la deuda de mayo de 2020, que ascendía a 200.878 euros. En este caso, la Seguridad Social concedió con fecha de 5 de octubre de 2020 ese nuevo aplazamiento que englobaba ya la deuda contraída por la compañía durante el periodo comprendido entre el mes de julio de 2017 y mayo de 2020: el importe ascendía a 451.954 euros.

Fuentes del Gobierno consultadas por elDiario.es ya señalaron en mayo de este año en realidad la compañía sí se hallaba al corriente a 31 de diciembre de 2019 en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social. Y que el concepto de “estar al corriente de las obligaciones” se produce tanto en el supuesto de que estén las deudas pagadas como en el supuesto de que hayan sido aplazadas, fraccionadas o suspendidas. Resaltaban así que no es incompatible estar al corriente de las obligaciones con el hecho de que exista una deuda aplazada, que es lo que certificó la administración. Asimismo, aclaraban que aplazar una deuda con la Seguridad Social es algo habitual y prácticamente un automatismo.

Por otro lado, el juez, basándose en el informe pericial de Deloitte, sostiene que la compañía Plus Ultra no cumplía con otra condición establecida para ser rescatada, referida a si la sociedad se encontraba o no en “situación de crisis” a fecha de 31 de diciembre de 2019. El informe señalaba que, a pesar de que la ayuda se justificó alegando que la empresa era estratégica y no estaba en crisis antes de la pandemia, el análisis determinó que ya llevaba un año en causa de disolución, con insolvencia y sin liquidez suficiente para operar.

En este sentido, considera el juez que los informes presentados por los asesores externos contratados por la SEPI fueron redactados para justificar la concesión del rescate, a pesar de que una auditoría señalaba dudas sobre la capacidad de la aerolínea para seguir funcionando y advertía de problemas graves de caja. Para evitar que las cuentas reflejaran pérdidas que obligaran a la disolución, la empresa habría recurrido a diversas herramientas contables, como un supuesto préstamo participativo del grupo panameño Panacorp, provisiones ajustadas y un canje de bonistas mediante el embargo de un avión. Todo esto permitía “maquillar la situación patrimonial y evitar que los fondos propios aparecieran en negativo”.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero gobernó España entre 2004 y 2011. Dejó un país con más derechos sociales y una penosa situación económica con el paro desbocado. La corrupción no fue un problema de su Ejecutivo sino del partido que opositaba a sucederle. En esa etapa, el PP se financió ilegalmente a través de una caja B y algunas de las instituciones donde gobernaba estaban colonizadas por la trama Gürtel.

Zapatero abandonó el Gobierno y el liderazgo del partido para refugiarse durante los tres años siguientes en el Consejo de Estado, en un puesto reservado a quienes han sido presidentes del Gobierno y que además pueden desempeñar, si quieren, para toda la vida. Cuando renunció a ese empleo público, indefinido y muy bien remunerado, inició una nueva etapa donde mezcló su actividad privada –conferencias, asesorías– con su trabajo público como interlocutor del Gobierno venezolano para la liberación de decenas de presos y como referente ético del PSOE en mítines de las últimas campañas electorales.

Ahora le persigue un juez instructor de la Audiencia Nacional por siete delitos y por ser, supuestamente, el jefe de una trama de tráfico de influencias. Zapatero, al que muchos consideraron salvador en las últimas elecciones generales de 2023 y autor junto a otros de la exitosa investidura de Sánchez, se ha convertido como imputado en un grave problema para el PSOE.

Todos esperaban las palabras del investigado. Tres días después de que el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Solá, y el empresario Julio Martínez Martínez, enviaran sendos escritos al juez acusando al expresidente socialista de ser el ideólogo y principal beneficiario de esa trama de tráfico de influencias, Zapatero ha dado explicaciones en TVE. Con esta iniciativa, intenta combatir la decepción sobre su persona que empieza a instalarse en el PSOE.

El expresidente no quiso responder sobre las sospechas más inquietantes respecto a sus actividades privadas como consultor, su relación con Plus Ultra y la participación de sus dos hijas en la trama. Zapatero comenzó agradeciendo el apoyo recibido estos días por parte de sus compañeros en el PSOE, y del propio presidente Pedro Sánchez, pero les rogó que no le respalden “por fe o por cariño sino por los hechos”. Y fue precisamente en el relato de los hechos donde el expresidente del Gobierno estuvo más esquivo, sin dar explicaciones escudándose en que el proceso judicial sigue abierto y es allí donde hará las aclaraciones pertinentes.

Zapatero asegura que “jamás” hizo “ni una sola influencia”, que nunca habló “con nadie de la SEPI ni del Gobierno” para el rescate de Plus Ultra. “Eso es así y va a ser así. Tengo convicción absoluta de mi inocencia”, remarcó. Las pruebas que se acumulan en el sumario apenas sirven para demostrar que Zapatero ejerciera presión sobre alguien para lograr el rescate de la aerolínea. “No van a aparecer conversaciones mías con dirigentes de Plus Ultra sobre el rescate”, recalcó.

Lo que dicen los empresarios

Pero el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, asegura que en enero de 2021, Zapatero les reclamó a través de su amigo Julio Martínez Martínez una comisión de 530.000 euros a cambio de ayudar para que el consejo de ministros aprobase el préstamo de 53 millones, cosa que ocurrió el 9 de marzo de 2021. Y que esa comisión se pagó por Plus Ultra a tres empresas propiedad de Julio Martínez Martínez, quien también dirigió un escrito al juzgado ratificando esta versión de los hechos. No es necesario que Zapatero influyera o presionara a alguien. El Código Penal (artículo 430) considera delito “el ofrecimiento de corrupción o tráfico de influencias” y castiga “a quienes solicitan dádivas o aceptan promesas para realizar conductas corruptas”.

Cuando Javier Ruiz preguntó por el escrito de su amigo Julio Martínez Martínez donde aseguraba que era “Zapatero quien marcaba los pasos a seguir” en relación con Plus Ultra, el expresidente del Gobierno se remitió a cuestiones del procedimiento para no contestar: “No voy a entrar en la estrategia de defensa de ningún imputado. Yo pongo los hechos encima de la mesa y reitero mi nulo papel en el rescate de Plus Ultra (...)”. También rechazó Zapatero que informara sobre la aprobación del rescate días antes de la decisión: “Niego totalmente, yo no sabía lo que iba a hacer el Consejo de la Sepi, no conozco a nadie de aquel consejo. No lo supe si se iba a rescatar o no se iba a rescatar”.

Cuando le recordaron que su amigo Julio Martínez Martínez llegó a decir que había pagado durante años a las hijas de Zapatero por no hacer nada, dando a entender que eran testaferros del padre, el expresidente volvió a refugiarse en el procedimiento: “No son mis testaferros. Mis hijas van a presentar todos sus trabajos y tareas, y todos sus contratos, en el procedimiento judicial. Vamos a ver”.

Zapatero también habló, sin dar demasiados detalles, pero con aparente convicción, sobre las joyas que encontraron en su caja fuerte y por las que se le imputa un delito fiscal y otro de contrabando. “Es un regalo de cortesía, personal, de hace muchos años. Tengo que ser muy prudente. Lo especificaré ante la Justicia. Ni tenían uso, no habíamos pensado en ellas, su valor será sometido a contradicción, no había afán patrimonial. No podíamos imaginar su valor. No voy a decir el país de origen. No hay intención de defraudar, regalo de cortesía personal, sin uso. Esa es la verdad. No he entrado nunca en una joyería”. Y descartó con contundencia que hubiera tramado, como sugirió la UDEF en su primer informa, la creación de una sociedad 'offshore' en Dubai donde ingresar los beneficios de las supuestas mordidas. “Es una invención absoluta, un error, no me corresponde. No he hablado de una sociedad 'offshore' en mi vida, ni con Julio Martínez ni con nadie. Lo otro me parece una inferencia insólita”.

El impacto sobre su intimidad

Zapatero siente que el procedimiento judicial contra él está lleno de irregularidades y es una víctima de la vulneración de derechos fundamentales que se está ejerciendo contra él. Remarcó la anomalía que supone hacer públicas sus agendas personales de dos años así como las comunicaciones por mensajería con su secretaria particular. “Creo que esto no ha pasado nunca”, se lamentó. “Se ha vulnerado mi derecho a la intimidad, se ha producido un impacto sobre terceros, defiendo mi derecho a que el secreto bancario se mantenga, el impacto es extraordinario. Toda mi vida de dos años está para siempre ahí y para que se hagan valoraciones, relaciones. Esto ha permitido un juicio paralelo, ha afectado incluso al secreto profesional de los periodistas, no juzgo intenciones, pero esto estructuralmente es un problema muy serio. No juzgo intenciones, me remito a las reglas, a los procedimientos, a los derechos, a lo que es un proceso penal. No recuerdo que a ningún investigado se le haya puesto la agenda entera de dos años, sin tener nada que ver la inmensa mayoría por lo que se está investigando”.

Miembros del Gobierno y dirigentes del PSOE habían pedido estos días a Zapatero explicaciones ante todo lo que se sabía de la causa penal. El expresidente atendió la petición con un relato agujereado y un ruego a los preocupados difícil de cumplir: “Que no confíen en mí, ni por fe ni por cariño, que lo hagan por los hechos. Mi deber es explicar los hechos, defender mi inocencia, con las reglas del derecho”.

Ni el PSOE ni el Gobierno han movido un ápice su posición inicial respecto al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero: defienden su presunción de inocencia y mantienen su “apoyo” al expresidente. Así se han pronunciado tras la primera aparición de Zapatero en los medios de comunicación después del su imputación en el caso 'Plus Ultra', en una entrevista en el programa 'Mañaneros 360' de TVE. Por su parte, el PP ha salido rápidamente a pronunciarse y según ha sostenido su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, consideran que sus explicaciones han consistido en “una tomadura de pelo”.

Según fuentes de Ferraz, Zapatero “ha querido dirigirse a la ciudadanía para ofrecer explicaciones públicas y reafirmar su inocencia”. “En su derecho de defensa y por respeto al procedimiento, completará su explicación detallada ante el juez instructor”, ha añadido, antes de considerar “preocupante la filtración de varios años completos de agendas personales, con información que incluye datos privados y ajenos al objeto de la investigación”. Mientras, el Gobierno hacía una valoración similar en la que también recalcaban “su derecho a defenderse en el procedimiento abierto”.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el expresidente·no ha contestado a nada“ y ”ni siquiera ha defendido a sus hijas“. A su entender, se demuestra que sigue las ”instrucciones“ de Pedro Sánchez, que ”lo ha utilizado para distraer“ a la opinión pública porque necesita ”más tiempo“. ”Me parece que el señor Zapatero hoy tiene más problemas que ayer, porque después de lo que ha dicho, los ciudadanos le creen ya mucho menos de lo que le creían y ya era poco“, ha declarado Feijóo en los pasillos del Congreso.

En las filas populares sostienen “el señor Zapatero no solo ha ido a TVE a defenderse, sino también a defender a Pedro Sánchez”, según ha defendido Muñoz, que ha señalado que, de demostrarse, la presunta influencia que habría ejercido Zapatero para conseguir el rescate del Gobierno a la aerolínea Plus Ultra, implicaría la complicidad del Ejecutivo. La portavoz también ha mostrado su decepción porque, a su juicio, el expresidente “no ha contestado ninguna duda”. Ha comparado esta aparición en la cadena pública con “los episodios del señor Ábalos pasaba por todos los platós de televisión diciendo que todo era mentira”, recalcando que, como imputado, el expresidente tiene “derecho a mentir”.

Ayuso: “Hace creer siempre que a un socialista no se le puede juzgar”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reaccionado a la entrevista pocos minutos después de terminar: Sostiene que el expresidente “utiliza los medios de comunicación, la mesa de Consejo de Ministros y todo el poder que tiene para que todos tengamos que creer siempre que a un socialista no se le puede juzgar, a un socialista no se le puede acusar y que el que consiga hacerlo va a tener problemas”. “A ver si es verdad que la inocencia y la acusación de inocencia es para todos”, ha añadido.

“Lo que queda acreditado es que se han hecho negocios en diferentes países en nombre de España, especialmente en Venezuela”, ha afirmado Ayuso. “En nombre de los españoles y de los intereses de nuestro país, ha estado haciendo negocios, ha estado haciendo relaciones, ha blanqueado la dictadura”, ha concluido.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, además de señalar que Zapatero “sigue su huida hacia adelante”, ha aprovechado la ocasión para señalar a la cadena de televisión pública: “Si el objetivo del Gobierno era salvar la cara con esta pseudo entrevista en Telepedro, están apañados”, ha espetado. Asimismo, ha ironizado sobre las explicaciones del expresidente acerca de las joyas halladas en su despacho: “Explica el alijo de joyas como un regalo de cortesía, como si fueran unos turrones. Alucinante”.

El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha asegurado que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no convence a la hora de explicar su comportamiento tras ser imputado y que sigue habiendo “muchas incógnitas” respecto a su comportamiento. “Creo que hay muchas incógnitas que todavía no sabemos. Yo creo que las joyas tienen uso y destino y tendrá que aclarar cuáles son”, ha lanzado Ibáñez para admitir que tampoco le han convencido sus declaraciones de este jueves. No obstante, ha especificado que tampoco ninguna acusación ha podido apuntar qué “persona fue la que recibió la influencia y por tanto todavía hay muchas cosas por poder saber”.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha señalado este jueves que “nadie va a poder decir” que ejerció “influencia” en el rescate de Plus Ultra y ha sentenciado: “Tengo la convicción absoluta en mi inocencia”. Esas han sido sus primeras palabras en una entrevista en Mañaneros 360, de TVE, y más de un mes después de haber comparecido en la Audiencia Nacional como imputado ante el juez José Luis Calama.

A lo largo de la entrevista ha recalcado en numerosas ocasiones que “jamás” ejerció influencia ni habló con funcionarios de “la SEPI, con cargo público o con miembros del Gobierno” para ese rescate público de 53 millones y ha enfatizado que no es solo que no influyera sino que “no habló con nadie” por lo que el conjunto de las acusaciones “queda muy en entredicho”. Además, ha negado que desviara fondos que podría haber percibido por esa influencia a través de la empresa de sus hijas.

Al hilo, como ya hiciera frente al juez Calama ha negado que diera directrices para crear una sociedad offshore en Dubái para cobrar la supuesta comisión ilegal que habría recibido por el rescate de la aerolínea y ha indicado que sostener eso es como decir que dio instrucciones “para ir a la luna”. “Es una invención absoluta. Un error. No voy a juzgar el trabajo de la policía y del juez, pero los hechos son los que son y quien acusa debe probar”, ha añadido.

Sobre su relación con la consultora Análisis Relevante, Zapatero ha dicho que se constituyó antes de la pandemia por Julio Martínez y otros socios y que él aceptó “ser consultor”. “Me parece totalmente normal percibir mis retribuciones como consultor, como he tenido relaciones con alguna empresa en tarea de consultor”. Así, ha negado ser quien marcara las decisiones en la misma y ha enfatizado, como ya hiciera ante el juez, que él realizaba trabajos de asesoría para esa empresa de su amigo Julio Martínez Martínez. No obstante, ha concedido que “es evidente que los clientes sabían que el consultor” era él. “Pero todo mi trabajo fue de asesoría y consultoría. Y ni tuve intención ni participé en la sociedad ni firmé contrato con clientes”, ha añadido.

Consultado por el estado de su relación con Julio Martínez, quien le ha señalado en la Audiencia Nacional, Zapatero ha dicho que se trata de “una amistad de hace años” y que enmarca ese movimiento de colaboración con la justicia del empresario en “una estrategia de defensa” por lo que, ha incidido, no se siente traicionado. “No va conmigo ni con mi código de conducta renegar de la amistad dilatada con él”, ha añadido para sumar que “él es un investigado y cada uno tiene su estrategia de defensa”.

Respecto a que la empresa de sus hijas sea un vehículo para canalizar fondos de origen ilícito, Zapatero ha dicho que, para empezar, se deben “revisar” las cifras de ganancias que se atribuye a Whathefav. “Mis hijas y Whathefav van a presentar todos sus trabajos y todas sus tareas”, ha dicho. El presentador le ha requerido por si ha utilizado a sus hijas como “testaferro”. “Es una pregunta increíble. Lo que faltaba es que yo hubiera implicado a mis hijas...”, ha añadido.

Joyas “sin uso ni destino”

En el registro de la oficina del expresidente se hallaron además, en una caja fuerte, una serie de joyas sobre las que Zapatero hasta la fecha no había dado explicaciones. Un peritaje preliminar realizado para el juzgado por la joyería Ansorena tasó las piezas en 1,3 millones y el magistrado acordó imputar al expresidente los delitos de contrabando y contra la Hacienda Pública.

Respecto a ese hallazgo, Zapatero ha dicho: “Esta es una historia sin intención, sin afán patrimonial. Es un regalo de cortesía, de hace muchos años, tengo que ser muy prudente. Ni tenían uso ni destino, ni hemos pensado en ellas, ni en el valor que se les ha atribuido, que será sometido a contradicción”. “No he entrado en una joyería en mi vida”, ha llegado a decir el expresidente.

A la pregunta del entrevistador, Javier Ruiz, sobre el incumplimiento del Código de Buen Conducta que su propio Gobierno aprobó en 2005, Zapatero ha dicho que eso “será interpretable, como todo”. En cualquier caso, Zapatero ha reconocido que no las hubiera aceptado después de lo que ha ocurrido. “Como tantas cosas en la vida, cuando la historia sucede, y repasas, seguramente hubiera tomado otra decisión”, ha añadido.

También ha sido requerido por una carta que enviaron los dueños de Plus Ultra a un directivo del Banco de Santander con el objetivo de lograr un crédito puente previo a aspirar al rescate público. Zapatero lo ha enmarcado en la normalidad de favores que le han pedido después de ser presidente y que siguen haciéndole –“ahora, todavía me llegan, en esta situación”–. “Yo llamé a ese directivo del Banco de Santander para ver si podía recibir a unas personas y atenderlas”, ha añadido. La vía de financiación del banco, según la instrucción, no salió adelante.

Sobre la entrevista con José Luis Escrivá en un momento en el que se valoraba el rescate por parte de la autoridad competente y la inferencia de los investigadores de que pudo encuadrarse en esos trabajos del expresidente en favor de la aerolínea, Zapatero ha dicho que esa “es otra de las locuras que han funcionado por ahí”. “Lo ha aclarado el señor Escrivá. Me llama para conocerme. No he hablado de Plus Ultra con nadie durante el proceso de rescate”, ha asegurado el expresidente.

El auto del juez

Zapatero consta como investigado en la Audiencia Nacional dado que el juez considera que lideraba y “dirigía una estructura organizada y estable orientada al ejercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionales y extranjeras, así como a la obtención de resoluciones administrativas y ventajas económicas en favor de terceros”. El magistrado José Luis Calama sospecha que esa red articuló “un entramado societario complejo, nutrido de sociedades instrumentales carentes de actividad real”, para canalizar los beneficios obtenidos con ese tráfico de influencias.

Si bien los investigadores sitúan al expresidente en el vértice de la organización, en el auto por el que se informó a Zapatero de su imputación se indicaba que se ayudó de “personas de confianza” como su amigo Julio Martínez Martínez, un empresario y comisionista que poseía una red de empresas, entre ellas Análisis Relevante, a través de la que se realizaban pagos tanto al exjefe del Ejecutivo socialista por supuestos trabajos de consultoría como a la empresa de las hijas del expresidente, Whathefav.

Uno de los asuntos concretos en los que el juez considera que el expresidente pudo haber ejercido algún tipo de influencia de manera irregular ese el rescate público por valor de 53 millones de euros de la aerolínea Plus Ultra. En su declaración ante el juez del pasado 17 de junio, Rodríguez Zapatero negó la mayor: “No tuve ninguna intervención. No hablé con nadie, absolutamente con nadie, del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable”. Además, defendió sus trabajos como consultor internacional y dio carta de validez a los informes que elaboraba para la sociedad de su amigo.

Un mes después, en una estrategia de defensa muy medida, Julio Martínez Martínez y los directivos de Plus Ultra investigados Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, enviaron al juez sendos escritos en los que mostraban su disposición a colaborar con la justicia y afirmaban que Zapatero sí tuvo un papel protagónico en ese rescate público de la aerolínea. De hecho, el amigo de Zapatero indicaba que el expresidente era “quien marcaba los pasos a seguir” para la obtención del rescate y que él por sí mismo “no tenía posibilidad alguna de obtener nada (...) mucho menos financiación pública o privada” y, por tanto, “su misión consistía en mediar entre cliente y consultor -Zapatero-”.

Recordaba, además, que con independencia de que los contratos de consultoría fueran entre su empresa Análisis Relevante SL y Plus Ultra, la realidad era que “los honorarios a cobrar eran en concepto del asesoramiento que desde mayo (de 2020) venía dando el señor Rodríguez Zapatero”. Y añadía que a ese pago recurrente se sumó un contrato firmado entre la aerolínea y una de sus mercantiles -Idella Consulenza- el 19 de enero de 2021 por el que la aerolínea se comprometía a abonar el 1% de la financiación obtenida en el rescate a esa sociedad en caso de que saliera adelante. Algo que, sostiene, ocurrió pero con abonos prorrateados a través de varias de sus empresas.

Los escritos de los directivos de Plus Ultra no hicieron más que echar más leña al fuego. Detallaron que ese contrato del 1% para cobrar la por esa influencia finalmente se canalizó a través de tres sociedades de Julio Martínez Martínez: “249.000 euros a Análisis Relevante, 98.617,53 euros a Voli Analítica, y 110.799,47 a Iot Domotic Europe SL”. El resto, hasta completar la comisión del 1% (530.000 euros) se completó, indicaron, con vuelos en clase business, hasta un total de 46.

En la declaración ante el juez de este pasado martes, Julio Martínez ratificó su escrito, se reconoció en al figura de un “correveidile” del expresidente pero no aportó datos clave, como qué influencia pudo ejercer Zapatero sobre qué personas concretas para lograr ese rescate o cómo fue el reparto real y exacto de las comisiones ilegales. Fuentes de la investigación, no obstante, calificaron el resultado de satisfactorio porque puede ser el inicio de una colaboración con la investigación más amplia.

Pareciera que en estos últimos días hay novedades de mucha relevancia respecto de la imputación por tráfico de influencias a José Luis Rodríguez Zapatero en la operación Plus Ultra.

En los medios de comunicación se ha dado un lugar muy destacado al escrito enviado al Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional por el fundador de la compañía Plus Ultra Julio Martínez Sola y a la confesión presencial de Julio Martínez Martínez, empresario y amigo personal del expresidente del Gobierno, como si realmente la información que proporcionaban fuera casi definitiva para acreditar el delito de tráfico de influencias por parte de Rodríguez Zapatero.

Pero la verdad es que, una vez leído el escrito sobre la conducta potencialmente constitutiva del delito de tráfico de influencias, no hay nada. Julio Martínez dice mucho sobre su relación de subordinación respecto del expresidente, pero no dice nada respecto de las personas sobre las cualesRodríguez Zapatero ha ejercido influencia para que la aerolínea Plus Ultra recibiera el préstamo.

La información que transmite Julio Martínez al juez José Luis Calama es completamente irrelevante para la acreditación de una conducta constitutiva del delito de tráfico de influencias. El expresidente era el cerebro de toda la operación y yo me limitaba a ejecutar sus órdenes. Esto es lo que el escrito transmite. Pero, ¿en qué medida influye esa relación personal en los funcionarios que tramitaban el expediente de la concesión del préstamo y de la elevación de la propuesta al consejo de ministros?, es algo sobre lo que el escrito no dice nada. Ni una sola referencia a una entrevista, a un correo electrónico, a una llamada telefónica. Nada.

El escrito lo que hace es corroborar más bien la afirmación de José Luis Rodríguez Zapatero de que no ha hecho ninguna gestión personal respecto del crédito concedido a la aerolínea Plus Ultra. Al menos Julio Martínez no dispone de nada que pueda acreditarlo.

A pesar del ruido generado en torno a la confesión de Julio Martínez, respecto del delito de tráfico de influencias seguimos donde estábamos el 18 de mayo de 2026, cuando el juez José Luis Calama dio a conocer su auto de imputación al expresidente del Gobierno.

A pesar de que la operación de concesión del crédito se había producido en el año 2021, a pesar de que dicha operación fue denunciada por el sindicato Manos Limpias y fue estudiada y archivada por el Juzgado 15 de Madrid al no encontrar indicio de delito alguno en la misma, y a pesar de que la justicia francesa y suiza alertaron en 2024 a la justicia española del posible uso delictivo de los propietarios de Plus Ultra del dinero obtenido con el préstamo y no de alguna irregularidad en la concesión del préstamo, José Luis Rodríguez Zapatero no aparecía mencionado en la documentación relativa a ningún posible delito. Seguimos exactamente igual.

El 15 de junio, en 'El caso Plus Ultra y Rodríguez Zapatero: las cosas en su sitio', expliqué por qué, en mi opinión, el juez José Luis Calama había, presuntamente, ejercido de una manera desviada la potestad jurisdiccional que tiene atribuida y había imputado a Rodríguez Zapatero con vulneración de la Constitución, ya que la información con base en la cual lo imputó había sido obtenida mediante la colaboración entre la policía estadounidense y la policía española sin control alguno por parte de una autoridad judicial. Se trataba, además, de una información en la que el expresidente no aparecía directamente, sino únicamente a través de referencias que otras personas hacían de él.

En auto del 17 de junio de medidas cautelares, el juez José Luis Calama intentó blanquear la anticonstitucionalidad de su manera de proceder en el auto previo del 18 de mayo y afirmó que la información con base en la cual había imputado al expresidente “había sido puesta a disposición de la justicia española por parte de las autoridades judiciales americanas”, pero no acreditaba que así hubiera ocurrido. El juez no solamente no ha subsanado la anticonstitucionalidad del auto de 18 de mayo, sino que puede haber cometido una nueva. La colaboración policial está acreditada. La colaboración judicial, que es la decisiva, no lo está todavía. Veremos.

El 25 de junio, en 'El Juez, la Policía y las joyas de Zapatero', intenté explicar la extralimitación que se había producido por parte de la policía al registrar el despacho del expresidente y del juez al imputar al expresidente por delito de contrabando y fraude fiscal, como consecuencia de haber encontrado unas joyas en una caja fuerte, sin que se estableciera ninguna relación entre dichas joyas y el delito de tráfico de influencias.

Tener joyas en una caja fuerte no es delito. La posesión se presume de buena fe en todos los códigos civiles. Con base en el mero hallazgo no se puede imputar delito alguno.

Seguimos estando donde estábamos. La única conducta presuntamente irregular no es la de José Luis Rodríguez Zapatero, sino la del juez José Luis Calama. Con escrito de Julio Martínez igual que cuando no había escrito.

Los romanos colocaron la balanza en el cielo. De una manera un tanto forzada, instalaron la constelación de Libra en la eclíptica, que los antiguos habían concebido exclusivamente como un zodíaco, una senda de animales. Hoy, Libra sigue siendo la única constelación zodiacal que representa un objeto inanimado, colocada a machamartillo en el largo camino del sol. Podríamos decir que la balanza rinde honor a la ecuanimidad y equilibrio de la justicia, al orden derivado de dar a cada uno lo suyo. Pero otras veces, y más en días aciagos como los que vivimos, es tentador recordar que para los antiguos la constelación de Libra no existía; sus dos estrellas principales, hoy convertidas en platos de una balanza, fueron durante siglos las colosales pinzas del escorpión que reptaba en la constelación vecina.

En el asunto contra Zapatero, la balanza de la justicia ha recuperado por unos días su antiguo ser y se ha convertido en una gigantesca pinza que se cierne sobre el expresidente. La reciente iniciativa, conjunta o conscientemente paralela, de su antiguo socio y de los responsables de Plus Ultra pretenden sitiarle el camino de salida y condicionar su estrategia de defensa, ya puesta sobre el tapete, en un ejercicio de tacticismo que, sin embargo, tiene poco que ver con el derecho.

Estamos asistiendo a un verdadero cambio de paradigma procesal que la reciente sentencia del Tribunal Supremo contra Koldo y Ábalos puso crudamente ante nuestros ojos: ante un delito de corrupción, el Estado, sin medios eficaces de control, debe confiar en el testimonio “de aquellos directos implicados que reconozcan dicha participación ante las autoridades competentes, colaborando en la averiguación de los hechos e identificando a otros posibles responsables”. El procedimiento, así, se desnaturaliza; ¿para qué necesitamos jueces si tenemos delatores? Convirtiendo a los delincuentes en agentes de la justicia, en recordadas palabras de Beccaria, “el tribunal hace ver la propia incertidumbre y la debilidad de la ley, que implora el socorro de quien la ofende”. En esta deriva, la prueba del delito no la buscaremos ya en documentos o en periciales, ni en las resultas del análisis objetivo del cuerpo del delito; la prueba reina será la confesión, como en el antiguo proceso inquisitorial, al cual nos vamos acercando a marchas forzadas. Las declaraciones de los coimputados, antaño despreciables, recobran vigor en la última jurisprudencia. ¿Que en el expediente de la concesión de ayudas no hay rastro de irregularidad? Ya, pero ¡han confesado!

Convertido el investigador en un moderno Bernardo Gui, la confesión solo se valorará en lo que tenga de delación, en lo que pueda apuntar a otros responsables. Esta justicia nunca premiará el chivatazo de una inocencia ni el reconocimiento de que los hechos son conformes a la ley. Por el contrario, gestionará la verdad a través de una negociación extramuros del juzgado: las delaciones no suelen ser espontáneas sino el fruto de conversaciones (al margen del proceso, que no del juez) donde acusación y defensa van hilando un relato, valorando su carácter premiable.

En esta negociación las partes implicadas no están en igualdad de condiciones, sino que sufren un sesgo que habla mucho de nosotros mismos. Y es que entendida la corrupción como la contaminación de la política por el soborno, la justicia ha interpretado que, en esta ósmosis, el desvalor de la conducta se localiza básicamente en los políticos corruptos, a quienes los jueces tratan, de siempre, mucho peor que a los empresarios corruptores. Esta opción de política criminal tiene, por cierto, unos claros efectos criminógenos: “¿por qué no voy a sobornar al alcalde?”, pensará el empresario, “si me pillan, ya me acogeré a la doctrina Aldama”.

Este juego de conversiones impone una grave presión al imputado, condicionando su línea de defensa por puro pánico, con el riesgo siempre presente de que diga algo incierto; recuerden el caso de Carlos Moreno, de quien Aldama dijo falsamente haberle entregado dinero en soborno. El Supremo lo descartó, pero no protegió a Moreno de la falacia. En fin, la desconfianza entre las partes determina, muchas veces, que al término de la negociación la defensa se vea comprometida a presentar en el juzgado, aun antes de que su cliente declare, un escrito adelantando lo que dirá. Y sucede que, en ocasiones, la defensa fuerza tanto el texto para satisfacer a la acusación, que llegado ante el juez el acusado lo matiza con reticencias y evasivas, para desconcierto de todos.

En este complejo escenario es en el cual deberíamos valorar las pinzas de escorpión que ambos ‘Julio Martínez’ han presentado ante el juez, que responderían a una negociación en la cual ambas partes, acusación y defensas, habrían querido alcanzar los mejores réditos en sus objetivos.

De antemano, cabría advertir una diferencia de origen con el caso de Víctor de Aldama, quien va camino de poner nombre a una rama del derecho procesal penal. Y es que estos epígonos del egregio no reconocen en sus escritos, al menos formalmente, haber cometido delito alguno, con lo que su pretendida confesión se queda corta y no alcanza ningún puerto, más allá de señalar con el dedo hacia el objetivo buscado. Ninguno de los escritos refiere que Zapatero haya realizado labores de tráfico de influencias para que la ayuda fuera concedida a la aerolínea; por un lado, su antiguo socio ha comparecido ante el juez y, según parece, no ha aportado más datos que los muy vagos ofrecidos en el escrito presentado la víspera.

Por su parte, los responsables de Plus Ultra sostienen que no saben exactamente lo que hizo Zapatero para ellos, de la misma forma que Bismarck ignoraba cómo se hacían las salchichas, con lo que tampoco aportan datos que apunten a un delito. Sí reconocen que lo contrataron para no pedir “a puerta fría” las ayudas que necesitaba la empresa, y es posible que así lo hicieran, lo que no habla muy bien de nuestras estructuras de gestión pública. En todo caso, aunque contrataran a Análisis Relevante para “calentar la puerta”, esto no es delito; es feo, políticamente deplorable, pero estaría dentro de la ley que ampara los bastidores de los ‘lobbies’. Es lícito contratar a alguien para que te presente, que te ayude a pedir una subvención, que esté encima de tu expediente e incluso que haga llamadas en tu nombre para que lo resuelvan rápido.

Nada de esto es un delito de tráfico de influencias, que exige que la decisión sea el resultado de una prevalencia jerárquica o personal. Y entiendo, en fin, que el reconocimiento expreso de que las facturas giradas tenían “conceptos” inciertos, ¡qué desastre!, lo habrán hecho siendo conscientes de que poner un concepto incierto en una factura no la convierte en falsa, si la relación jurídica existía en realidad.

Insistiré en lo políticamente deplorable. Que los responsables de una empresa asuman que han pagado a un expresidente del gobierno el uno por ciento de las ayudas públicas recibidas, y que han colmado de imaginación el texto de unas facturas, constituye un baldón irrecuperable. Que sea delito es, si me apuran, lo de menos. Por añadidura, ver a socios y empresarios desmentir a todo un expresidente, para ver quién se escaquea más, nos llena de desconcierto. Tengan en cuenta que, a diferencia de lo que sucedía en el clásico proceso sumarial, en el actual procedimiento el investigado está presente en la causa desde el primer momento, lo que garantiza su defensa, es cierto, pero con una serie de servidumbres; entre otras, que el investigado ha de adelantar a la fase previa su estrategia de defensa cuando todavía no están todas las pruebas encima de la mesa. No se les escapa a ustedes los riesgos que ello implica.

Por todo ello, y concluyendo, las pinzas con las que se pretende ahora cerrar la retirada a la defensa de Zapatero parecen enmarcadas en una estrategia dirigida a conseguir un mejor trato procesal, a esquivar medidas cautelares y a esperar, en su caso, el beneficio de una atenuante; pero no tienen nada que ver con la confesión de un delito que pudiera venir a demoler el descargo del expresidente y, de paso, cauterizar los recelos respecto al origen espurio de los indicios llegados desde Estados Unidos.

Sin embargo, aun con todas las cautelas y con independencia del efecto que estos escritos y confesiones veladas puedan tener en el desarrollo del proceso, lo cierto es que el escorpión ha hecho su trabajo. La balanza de la justicia va cerrando su tenaza sobre una opinión pública desolada y perpleja, que sigue sin entender qué gestiones ha hecho Zapatero o en qué negocios se metió, pero que, fueran los que fuesen y aunque no sean delictivos, desde luego no parecen propios de lo que esperaba de él.

El Gobierno intenta no verse salpicado por la estrategia procesal del empresario Julio Martínez Martínez y los directivos de Plus Ultra, que atribuyeron el lunes al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero un papel central para lograr los 53 millones de euros del rescate a Plus Ultra. Ese supuesto rol del expresidente ha puesto el foco en la legalidad del proceso que terminó con la concesión del préstamo público. Pero este martes la ministra portavoz, Elma Saiz, fue tajante al asegurar que no cabe ninguna sombra de “duda” al respecto. “La actuación del Gobierno de España en ese expediente”, dijo, “fue la correcta”, y la prueba de ello, argumentó, es que el procedimiento ha pasado por las manos de varias instituciones y ninguna ha encontrado ninguna irregularidad.

Saiz defendió la honradez del expediente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros tras la declaración de Martínez Martínez en la Audiencia Nacional y menos de 24 horas después de que el antiguo colaborador de Zapatero y el actual presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, remitieran sendos escritos señalando al expresidente como la persona que se ofreció para facilitar el rescate de la compañía aérea a cambio de una comisión del 1% del préstamo concedido. En el documento remitido por Martínez Sola se detalla que la comisión que se habrían repartido el expresidente del Gobierno y Martínez Martínez fue de 530.000 euros, así como que se entregó de forma encubierta por medio de facturas “inciertas”.

La ministra portavoz, en su rueda de prensa de este martes, evitó valorar los testimonios ofrecidos en ambos escritos argumentando que no es tarea del Gobierno “comentar, ni calificar, ni valorar las distintas versiones, declaraciones o estrategias de defensa que, en sede judicial, se vayan desarrollando en este caso”. Pero sí insistió en que el Ejecutivo ha cumplido a rajatabla la ley y no incurrió en ninguna irregularidad al conceder el préstamo público a Plus Ultra en marzo de 2021. “Es bueno recordar que este expediente fue avalado y tramitado por los servicios jurídicos de la SEPI, fue revisado por el juzgado de instrucción número 15 de Madrid, fue analizado por la Comisión Europea, fue fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, y ninguna de esas instituciones encontró motivo de sospecha”, enumeró.

“Nosotros sabemos que Zapatero no hizo ninguna presión para la concesión del crédito a Plus Ultra”, entre otras cosas porque la aerolínea ya cumplía los requisitos para conseguirlo y no era necesario que nadie intercediera para la resolución del expediente, argumentan fuentes de la Moncloa. De hecho, este martes la portavoz Saiz volvió a defender no solo la “presunción de inocencia” del expresidente —máxime cuando el caso se encuentra en fase de instrucción—, sino su “inocencia”, porque el Gobierno sigue creyendo en las explicaciones que ha ofrecido Zapatero, que sostiene que no ha cometido los delitos por los que se le investiga.

Fuentes de la Moncloa admiten que su confianza en el expresidente se basa en una decisión, más que en tener pruebas fehacientes de su inocencia. “Ahora mismo existen dos versiones contrapuestas, y nosotros elegimos creer en la de Zapatero”, explica un dirigente, que insiste en que los dos escritos presentados el lunes no contienen nuevos “datos” ni “pruebas” que demuestren que el expresidente se lucró vendiendo su influencia. Lo cierto es que, este martes, Julio Martínez Martínez no aportó más detalles para concretar en qué consistió el supuesto rol protagonista de Zapatero en el rescate de Plus Ultra: en su declaración ante el juez, apenas un día después de señalarle en un escrito, el empresario no aclaró ni con quién medió o a quién presionó el expresidente ni cuánto habría cobrado por ello.

Razones “casi sentimentales”

No obstante, más allá de que consideren que los indicios acumulados hasta ahora no son suficientemente concretos para dejar de confiar en Zapatero, las fuentes de Moncloa consultadas también admiten que la decisión de cerrar filas con el expresidente obedece, en parte, a razones “humanas y casi sentimentales”. “Aceptar que Zapatero nos ha mentido no es una cosa que vaya a pasar de la noche a la mañana” y solo ocurrirá si existen pruebas incontestables de ello, porque alejarse en este momento de una persona “que lo ha sido todo para el PSOE, para el Gobierno y para un montón de ciudadanos” solo “para quedar bien ante la opinión pública” podría incluso ser contraproducente, razonan.

“Si llega un día en que es incontestable que nos ha engañado, a ese momento va a llegar todo el mundo mucho antes que el Gobierno y que la cúpula del PSOE”, resumen estas fuentes, que hacen hincapié en que, por ahora, la Moncloa cree firmemente en el “honor” y la “palabra” de Zapatero. En cualquier caso, el Ejecutivo insiste en que el expresidente no forma parte del actual Consejo de Ministros y en que, por tanto, no tiene que tomar ninguna decisión sobre su futuro. “Nos vamos a ver en la tesitura de tener que opinar, pero no es nuestra responsabilidad, será la opinión sobre una persona que es cercana al Gobierno y, en el peor de los casos, nos llevaremos una gran decepción y nos habremos equivocado”, argumentan las fuentes consultadas.

El PP, por el contrario, considera que el Gobierno debe asumir “responsabilidades políticas” aunque Zapatero no forme parte del Consejo de Ministros. “Sánchez y el resto de ministros nos van a tener que explicar qué sabían, quién habló, cómo y por qué pudo tejer esta operación” el expresidente, espetó este martes la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, que incluso llegó a exigir al Ejecutivo que confiese “cuántos estaban en el ajo”. “Parece, al final, que Zapatero no es mucho mejor que José Luis Ábalos, sino que, presuntamente, es igual de corrupto o peor”, sostuvo igualmente Ezcurra.

Un amigo convertido en su delator. Zapatero ha comenzado a sufrir las consecuencias de que alguien cercano decida contar a un juez y una fiscal lo que sabe de él. De alguna manera, ya tiene a su propio Aldama. Es lo peor que le puede pasar en estos primeros momentos de la instrucción judicial contra él. No tiene que enfrentarse únicamente a las preguntas y movimientos del juez instructor. También a lo que ha empezado a revelar su amigo, Julio Martínez. ¿O habría que llamarle examigo?

El testimonio de Martínez, por escrito y después este martes en su declaración en la Audiencia Nacional, es muy dañino para sus intereses con independencia de hasta dónde llegue lo que aún no ha contado y de lo que se pueda probar con lo que dice. El juez Calama ya tiene algo a lo que agarrarse para cuestionar la versión que José Luis Rodríguez Zapatero dio ante él hace un mes. Antes, tenía que limitarse a las contradicciones entre ese testimonio y la información que ha recibido de los informes policiales. Ahora, ya tiene una confirmación obtenida de lo que ha afirmado el hombre que pagaba al expresidente.

“Yo no gestionaba Análisis Relevante. Yo trabajaba para Análisis Relevante”, dijo Zapatero ante Calama. Martínez ha declarado algo muy diferente: la empresa se creó para que Zapatero fuera su “principal consultor” y extendiera sus “relaciones internacionales”. “Era quien la lideraba y decidía todas aquellas cuestiones de estrategia y captación de clientes”. La única justificación de la existencia de la compañía eran Zapatero y los ingresos que pudiera generar en su beneficio. Mal asunto si en tu primera declaración judicial cuentas algo que te desmienten en cuestión de semanas.

En el plano político, se puede decir que Zapatero conserva el apoyo de Pedro Sánchez y del Gobierno. “Seguimos defendiendo la presunción de inocencia del expresidente Zapatero”, dijo el martes la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz. Es una frase clara y nada ambigua. Lo malo es que Saiz no quiso extenderse mucho en sus respuestas a las preguntas que recibió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Fueron afirmaciones breves y rápidas sin entrar en muchos detalles. Cuando le interesa, por ejemplo para presentar un proyecto de ley, puede extenderse hasta el infinito. No era una buena idea hacerlo en este asunto.

No había razones para explayarse, porque el Gobierno se encuentra en una de las peores situaciones que se pueden dar en política. No tiene toda la información sobre lo que le preguntan. No sabe qué más datos o alegaciones pueden aparecer en las próximas semanas o meses. Ante la duda, mejor no meterse en asuntos que no pintan nada bien. “No voy a comentar ni a calificar ni a valorar las distintas declaraciones, las distintas estrategias de defensa”, dijo Saiz en dos ocasiones.

Lo que sí hizo la ministra fue defender la decisión del Gobierno de aprobar el crédito concedido a Plus Ultra. Tampoco de forma muy extensa. Dijo que el rescate fue “revisado” por un juzgado, “fiscalizado” por el Tribunal de Cuentas y “analizado” por la Comisión Europea.

En un plano más visceral, Rafael Escuredo representó a muchos de los votantes socialistas cuando mostró su desazón por todo lo que se ha sabido. “Me moriré sin entender que compañeros y amigos míos, como Rodríguez Zapatero, se vean involucrados en delitos por la pasta. ¿Eres consciente del daño que nos haces?”, escribió el expresidente de Andalucía. Seguro que también estaba pensando en las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho. Más de un mes después de prometer que lo explicaría todo, Zapatero sigue sin contar cómo llegaron a sus manos.

Zapatero era “quien marcaba los pasos a seguir” para la obtención del rescate de Plus Ultra, declaró Martínez. Fue él quien le comunicó que la ayuda había sido concedida. Por esas gestiones, la aerolínea se comprometió a pagar el 1% de la financiación obtenida con el crédito público a una sociedad relacionada con Zapatero. Ahí se acaba el rastro, porque Martínez no sabe si Zapatero hizo esas gestiones o con quién habló para hacer posible el rescate. Obviamente, lo que sí se conoce es que la empresa terminó recibiendo el crédito y que se trataba de una cuestión de vida o muerte para la compañía.

En un plano no menos nocivo para Zapatero, aunque aún sin consecuencias penales, Martínez declaró ante Calama que Zapatero le presentó a la entonces vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. A partir de ese momento, Rodríguez le dijo con qué personas o autoridades tenía que hablar para hacer negocios en Venezuela, una de las mejores cartas introductorias que podía imaginar. Solo Zapatero le podía haber facilitado un contacto de tan alto nivel en el Gobierno de Caracas. Rodríguez es hoy la presidenta del país después de que Nicolás Maduro fuera secuestrado por fuerzas militares norteamericanas en enero de este año.

Zapatero siempre ha defendido que su implicación en Venezuela era únicamente política, primero como mediador entre Gobierno y oposición y luego con el papel de intervenir para facilitar la liberación de presos políticos. El favor que le hizo a su amigo plantea la posibilidad de que como mínimo permitiera a Julio Martínez ganar dinero en ese país, lo que no es un detalle menor si el empresario también se ocupaba de pagarle a través de diferentes sociedades. Si Martínez obtenía negocios y beneficios gracias al expresidente, estaba en deuda con él.

La decisión de Martínez de empezar a hablar con el juez y la Fiscalía no le coloca aún en un punto muy alto de la escala de Aldama. Se podría decir que está en torno al 30% en esa medición. En su declaración del martes, no contó mucho más de lo que había explicado en un escrito de seis folios presentado antes al juzgado. Se presentó como un “intermediario” entre Zapatero y los clientes. “¿Un correveidile?”, preguntó el juez, no se sabe si con ánimo irónico. Martínez aceptó esa palabra tan informal que en realidad tiene que ver más con chismes que con negocios.

Llegará el momento en que Martínez deba aumentar la calidad de la información suministrada si quiere obtener beneficios similares a los de Aldama, aunque ya se sabe que eso es llegar muy alto. Será quizá cuando la investigación judicial esté mucho más avanzada y le requieran que entre al detalle en asuntos que ahora solo están perfilados. Cualquiera de las alternativas que se puedan dar son muy perjudiciales para Zapatero. El Gobierno ya debe de ser consciente de ello por mucho que no se vaya a salir de la presunción de inocencia, al menos mientras sea posible.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, insistió este martes en que sigue confiando en la “inocencia” del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero pese a que Julio Martínez Martínez, antiguo colaborador del mandatario, y los directivos de Plus Ultra le señalaron el lunes como la persona que ofreció influir para lograr los 53 millones del préstamo público a la aerolínea. “Seguimos defendiendo la presunción de inocencia de Zapatero” y “seguimos creyendo en su inocencia”, afirmó Saiz preguntada sobre estas novedades en la investigación.

“No voy a comentar, ni a calificar, ni a valorar las distintas versiones, declaraciones o estrategias de defensa que, en sede judicial, se vayan desarrollando en este caso”, planteó la ministra portavoz al ser preguntada —hasta en ocho ocasiones— en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. Saiz se limitó a afirmar que la investigación se encuentra “en una fase inicial” y aseguró que el Gobierno está prestando su “total colaboración” a la justicia.

La portavoz del Ejecutivo tampoco quiso pronunciarse en relación a la falta de explicaciones sobre las joyas incautadas a Zapatero tras el registro de su oficina. Lo que sí defendió es que el Gobierno en ningún momento incurrió en ninguna irregularidad al conceder el préstamo público a Plus Ultra en 2020. “Es bueno recordar que este expediente fue avalado y tramitado por los servicios jurídicos de la SEPI, fue revisado por el juzgado de instrucción número 15 de Madrid, fue analizado por la Comisión Europea, fue fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, y ninguna de esas instituciones encontró motivo de sospecha, enumeró Saiz, que insistió en que ”no hay ninguna duda de que la actuación del Gobierno fue la correcta“.

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder del ala minoritaria del mismo, la de Sumar, se adhirió expresamente al respaldo a Zapatero que expresó la ministra portavoz. No obstante, Díaz también insistió en que el expresidente del Ejecutivo “tiene que dar explicaciones” sobre sus negocios ante la “inquietud y tristeza” que ha suscitado “en la ciudadanía” la apertura del caso en un contexto en el que existen varias investigaciones por corrupción que afectan al PSOE.

La vicepresidenta, sin embargo, no quiso ofrecer su opinión en relación a las declaraciones de Julio Martínez Martínez y los directivos de Plus Ultra: “Nunca he valorado sumarios judiciales, ni cuando gobernaba Alberto Núñez Feijóo la Xunta de Galicia ni ahora; no sería responsable por mi parte”, espetó Díaz, que se mostró crítica con el hecho de que “todos los días mucha gente habla” sobre este tipo de procedimientos “sin la pericia suficiente para ello”.

El empresario y comisionista Julio Martínez no ha aportado novedades respecto al escrito que presentó la víspera en la Audiencia Nacional señalando a José Luis Rodríguez Zapatero como conocedor e instigador de supuestas maniobras para el rescate de Plus que, en cualquier caso, describe como labores “de asesoría”. Durante más de tres horas de declaración, Martínez no ha aclarado ni con quién medió o a quién presionó Zapatero para el rescate de Plus Ultra ni cuánto habría cobrado por ello, informan a elDiario.es fuentes presentes en la declaración.

Martínez ha respondido durante cerca de hora y media a las preguntas del juez José Luis Calama y ha repartido la otra hora y media entre la fiscal, Elena Lorente, y su abogada, María Dolores Márquez de Prado. Las fuentes consultadas califican de “decepcionante” el contenido de la declaración respecto de las expectativas del ofrecimiento de colaboración con la Justicia que la defensa de Martínez hizo en su escrito conocido este lunes. La falta de concreción del investigado habría provocado la irritación incluso de la fiscal Lorente, según las mismas fuentes.

El caso Plus Ultra había entrado este lunes en una nueva fase con el anticipo de colaboración con la justicia que hicieron dos figuras clave para la investigación: Julio Martínez Martínez, hasta ahora amigo y fiel colaborador de Zapatero, y Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra y último corruptor confeso.

En la previa de la declaración de Martínez Martínez, 'Julito', el empresario y comisionista, envió un escrito a la Audiencia Nacional atribuyendo a Zapatero un papel central en los esfuerzos realizados para que Plus Ultra lograra el rescate público en 2021. Las dudas de su escrito acerca de qué hizo concretamente Zapatero por la aerolínea y cuánto cobró por ello fueron resueltas a los pocos minutos en otros dos escritos, de las defensas del presidente y del director financiero de la compañía, que reconocían que la comisión que se habrían repartido el expresidente del Gobierno y Julio Martínez fue de 530.000 euros y que se entregó de forma encubierta por medio de facturas “inciertas”.

En el escrito de la defensa de Julio Martínez Martínez se remarcaba que Zapatero era “quien marcaba los pasos a seguir” en las actuaciones para lograr el rescate de la compañía aérea Plus Ultra. Martínez atribuía en el escrito al expresidente una labor de asesoría para el rescate, añade que estaba “puntualmente informado” de los avances y que fue quien le comunicó la decisión favorable de la SEPI. Martínez ha reiterado hoy que él no tenía ni tiene contactos para lograr el rescate.

Por otro lado, Martínez ha confirmado al juez este martes que se le pagaba una iguala de 3.000 euros mensuales a la empresa de las hijas de Zapatero, Whathefav, hasta finales de 2025 por trabajos de marketing, que básicamente era poner bonitos los informes elaborados para Análisis Relevante. Y ha aclarado que se pagaba esa cantidad mensual incluso cuando no había nada que hacer.

Otras fuentes presentes en la declaración han explicado que el compañero de 'running' de Zapatero se ha descrito asimismo como una suerte de enlace con el expresidente. “¿Era usted un correveidile?”, le ha llegado a preguntar el juez Calama, ante lo que el empresario ha confirmado que sí se podría definir así porque él y la empresa Análisis Relevante eran meros vehículos para quien quisiera contratar al Zapatero consultor.

'Julito' ha incidido en que usó empresas propias para canalizar esa comisión del 1% de Plus Ultra -que pagaba a cambio de la influencia del expresidente-, tal y como explicaba en su escrito el presidente de Plus Ultra, y que se pactó extender en el tiempo los pagos, primer a través de Análisis Relevante y luego con otras mercantiles, por el revuelo generado a raíz de la causa abierta para investigar el rescate de la aerolínea en 2021.

En este sentido, ha quitado relevancia a la comida que mantuvieron con un experto en finanzas para concretar la creación de una sociedad offshore en Dubái. La UDEF infería en su atestado que podría buscarse cobrar la comisión de Plus Ultra a través de ese vehículo para no dejar rastro en España. Pero 'Julito' ha señalado que era un tema muy complejo y que el encuentro fue más por cortesía que otra cosa. Finalmente la comisión, ha sostenido, se cobró por medio de sus propias empresas.

Más allá de estos detalles, ha concretado que los informes que Zapatero hacía para Análisis Relevante eran reales pero de escaso o nulo valor añadido, que se basaban en fuentes abiertas y que eran enviados de manera gratuita a potenciales clientes. Y sobre el término utilizado de 'finance boutique', que aparece en los atestados, ha señalado que era una manera de llamar al negocio pero sin relevancia.

Martínez Martínez ha apuntado que él, gracias a las presentaciones de Zapatero en Venezuela, logró el contacto de Delcy Rodríguez, actual presidenta del país, y ya ofreció el mismo de manera independiente trabajos reales a la aerolínea para resolver asuntos de Plus Ultra como el aplazamiento de la deuda con PDVSA por el petróleo o gestiones para posibilitar vuelos.

El caso Plus Ultra entró este lunes en una nueva fase con el anticipo de colaboración con la justicia que hicieron dos figuras clave para la investigación: Julio Martínez Martínez, hasta este lunes amigo y fiel colaborador de Zapatero, y Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra y último corruptor confeso. En la previa de la declaración de Martínez Martínez, 'Julito', el empresario y comisionista, envió un escrito a la Audiencia Nacional atribuyendo a Zapatero un papel central en los esfuerzos realizados para que Plus Ultra lograra el rescate público en 2021. Las dudas de su escrito acerca de qué hizo concretamente Zapatero por la aerolínea y cuánto cobró por ello fueron resueltas a los pocos minutos en otros dos escritos, de las defensas del presidente y del director financiero de la compañía, que reconocían que la comisión que se habrían repartido el expresidente del Gobierno y Julio Martínez fue de 530.000 euros y que se entregó de forma encubierta por medio de facturas “inciertas”.

La declaración de Julio Martínez Martínez navega entre el anuncio de la colaboración y la necesidad de no aumentar los indicios que pesan contra él. Este martes no lo tendrá tan fácil. 'Julito' deberá responder a las preguntas que le hagan la fiscal y el juez sobre los detalles del presunto tráfico de influencias y el blanqueo de capitales que cometió presuntamente junto a Zapatero. Pero de momento, los dos 'julios' de la causa aseveran que el expresidente era la persona que en realidad se ofreció para impulsar y asegurar que esa financiación pública de 53 millones llegaba a la compañía. Eso sí, sin concretar qué gestiones concretas hizo o con qué funcionarios pudo hablar para desatrancar ese rescate.

Esto contrasta radicalmente con lo que sostuvo José Luis Rodríguez Zapatero el pasado 16 de junio a preguntas del magistrado José Luis Calama. Entonces dijo que no había ejercido ninguna influencia para favorecer que la aerolínea Plus Ultra lograra el rescate público en plena pandemia. Añadió que no contactó con funcionario alguno o autoridades por el rescate de Plus Ultra, aunque sí reconoció que en 2024 conoció a quien era por entonces vicepresidente de la aerolínea Julio Martínez Sola.

En el escrito de 'Julito', su defensa recalca que Zapatero era “quien marcaba los pasos a seguir” para la obtención del rescate. Y aclaraba que él por sí mismo “no tenía posibilidad alguna de obtener nada (...) mucho menos financiación pública o privada” y, por tanto, “su misión consistía en mediar entre cliente y consultor -Zapatero-”.

Recuerda que con independencia de que los contratos de consultoría fueran entre su empresa Análisis Relevante SL y Plus Ultra, la realidad era que “los honorarios a cobrar eran en concepto del asesoramiento que desde mayo (de 2020) venía dando el señor Rodríguez Zapatero”. Y añadía que a ese pago recurrente se sumó un contrato firmado entre la aerolínea y una de sus mercantiles -Idella Consulenza- el 19 de enero de 2021 por el que la aerolínea se comprometía a abonar el 1% de la financiación obtenida en el rescate a esa sociedad en caso de que saliera adelante.

Ese montante, que podría ascender a medio millón de euros, se acordó que fuera en diferido a lo largo del tiempo y hasta 2026, y a través de diferentes mercantiles relacionadas con el comisionista, por culpa de la “presión mediática sobre la financiación pública”. “En total, la cuantía abonada en concepto de honorarios por mediar en la obtención de la ayuda pública ascendió, aproximadamente, al 1% de la cantidad obtenida conforme a lo acordado”, explicaba Julio Martínez en el escrito.

Por otro lado, Julio Martínez señalaba que la consultora Análisis Relevante, que está en el epicentro de la investigación de la trama que supuestamente se dedicaba al tráfico de influencias, se creó para que Rodríguez Zapatero fuera su “principal consultor” y emitiera “informes de estrategia”, extendiera “relaciones internacionales” e “impartiera conferencias según fueran requiriendo los clientes”.

Zapatero reconoció que había realizado informes verbales para Análisis Relevante por los que había cobrado y declarado a Hacienda. Martínez eleva en su escrito la relación del expresidente con la consultora: “El señor Rodríguez Zapatero quedó fuera del accionariado y órganos formales de la empresa, pero era quien la lideraba y decidía todas aquellas cuestiones de estrategia y captación de clientes”. Martínez también explicaba que tras la creación de Análisis Relevante se acordó una iguala de 3.000 euros mensuales para que la empresa de las hijas de Zapatero, Whathefav, maquetara los informes de Análisis Relevante.

El paso al frente de los directivos de Plus Ultra

Si las revelaciones de 'Julito' Martínez ya hacen presagiar una declaración que puede ser aciaga para el expresidente del Gobierno, los escritos de las defensas del presidente y del director financiero de Plus Ultra -idénticos en lo mollar- parecen enterrar toda esperanza para el líder socialista. Julio Martínez Sola y Roberto Roselli explican la vía por la que contactaron con Zapatero -Manuel Fajardo- y detallan que se formalizó un contrato para cobrar la “mordida” que finalmente se canalizó a través de tres sociedades de Julio Martínez Martínez: “249.000 euros a Análisis Relevante, 98.617,53 euros a Voli Analítica, y 110.799,47 a Iot Domotic Europe SL”.

Esta suma no llegaba a los 530.000 euros apalabrados y acordados, y el enlace de Zapatero quería recibir el líquido completo, pero “aceptó que entre los abonos quedara comprendido el pago en especie valorado en 69.000 euros y consistente en 46 billetes de clase business que Plus Ultra fue poniendo a su disposición durante los años 2021 y siguientes”. “Materialmente la cantidad pagada cumplió el citado 1%”, insistía.

Así, esas cantidades cobradas a través de tres sociedades encajan como anillo al dedo con lo que sostiene el propio 'Julito': había que canalizar el pago a través de diferentes mercantiles debido a la presión mediática en torno al rescate de la aerolínea.

El actual presidente de Plus Ultra reconoce, además, que ni él ni el entonces director financiero Roberto Roselli llegaron a tener “una constancia fehaciente de las concretas actuaciones llevadas a cabo para influir o favorecer la concesión del rescate a Plus Ultra por parte de la SEPI”. “Pero lo cierto es que, como una medida desesperada, se asumió que Plus Ultra debía contratar con el Sr. Martínez Martínez para tal fin, conscientes de que tenía la relación con el Sr. Rodríguez Zapatero, asumiendo asimismo el pago de elevadas cantidades de dinero (el 1%) por tales labores que, eufemísticamente, llamaron 'de acompañamiento'”, añade.

El presidente de Plus Ultra explica que adoptaron esa decisión de la vía de Zapatero a pesar del convencimiento que tenían de que presentaron “un expediente administrativo técnico mediante el que la compañía cumplía todos los puntos de elegibilidad para acceder a la ayuda”.

Precisamente, Martínez Sola defendió en el mes de febrero en su intervención en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo que “no hubo procedimiento excepcional al margen de la norma, no hubo trato de favor, ni injerencias indebidas, ni ayudas ilícitas” en el rescate de 53 millones de euros que la aerolínea recibió del Gobierno en 2021. “Hubo un proceso reglado con controles, con informes y con condiciones muy estrictas que se han ido cumpliendo. Nadie nos ha regalado nada”, afirmó.

El contacto con Zapatero: un número oculto

Sobre cómo se inició esa intermediación de Zapatero, Martínez Sola relata que él mantuvo una llamada en 2020 con él “en la que le indicó que el interlocutor sería Julio Martínez Martínez”. Fue en el 30 de abril y el expresidente le llamaba desde un número oculto. El dirigente de la aerolínea le expuso la “difícil situación financiera en la que se encontraba y la necesidad de acceder a un crédito ICO” y Zapatero “manifestó que su intervención podría ser de ayuda y que haría las gestiones oportunas”. Explica el dirigente que también le indicó el expresidente que “de ahí en adelante las comunicaciones las mantendrían con una persona de su confianza, Julio Martínez Martínez” y resalta que en ese momento “no habló nada de honorarios, ni tampoco solicitó nada a cambio de sus gestiones”.

Roselli mantuvo con posterioridad una conversación telefónica con el enlace de Zapatero. 'Julito' sí le explicitó que “por llevar a cabo el plan de viabilidad se les iban a cobrar unos honorarios a través de una 'finance boutique'”. “Los honorarios, como veremos y a pesar de la ausencia de trabajos (simplemente se hicieron unos escasos informes de cobertura), se cobraron igualmente”, recoge el escrito, que indica que en ese momento tanto Martínez Sola como Roselli “tuvieron plena conciencia de que Julio Martínez Martínez y Zapatero sí tenían la pretensión de cobrar por las gestiones a realizar (...) lo cual fue asumido por ambos de forma sobrevenida de salvar a la compañía, aun cuando desconociesen qué acuerdos internos pudiesen tener” ambos.

El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, sostiene en el escrito remitido este lunes al juez instructor del caso Zapatero, el magistrado José Luis Calama, que pagó al expresidente del Gobierno a través del supuesto testaferro, Julio Martínez Martínez, una comisión del 1% (530.000 euros) sobre el préstamo de 53 millones concedido por el Consejo de Ministros a la compañía. Martínez Sola aclara que “nunca se llegó a tener una constancia fehaciente de las concretas actuaciones llevadas a cabo [por Zapatero] para influir o favorecer la concesión del rescate a Plus Ultra por parte de la SEPI”.

El directivo aclara que asumió en enero de 2021 “como una medida desesperada” contratar al amigo y supuesto testaferro de Zapatero, Julio Martínez Martínez, para unas gestiones que denominaron “eufemísticamente” como “labores de acompañamiento”. El presidente de Plus Ultra asegura en el escrito remitido al juzgado que la compañía estaba convencida de que habían presentado un expediente administrativo técnico que “cumplía todos los puntos de elegibilidad para acceder a la ayuda”. Pese a eso, decidió pagar una comisión del 1% a Zapatero si el consejo de ministros terminaba aprobando el préstamo, cosa que sucedió.

Ese expediente al que se refiere el máximo responsable de la compañía se presentó el 1 de septiembre de 2020 y durante cuatro meses se negoció con los responsables de la SEPI, que solicitaron documentación complementaria y todo tipo de aclaraciones técnicas.

Pero en enero de 2021, el amigo y supuesto testaferro de Zapatero, que ya cobraba una iguala para hacer gestiones a favor de Plus Ultra en Venezuela, les indicó la necesidad de firmar un nuevo contrato para agilizar la concesión de la ayuda: pagarían un 1% del préstamo si el Consejo de Ministros lo aprobaba.

El presidente de la compañía duda ahora de que Zapatero hiciera realmente gestiones para influir en la aprobación de un rescate por parte del Consejo de Ministros que se hubiera producido sin mediación alguna porque cumplían los requisitos de elegibilidad, según defiende el escrito remitido a la Audiencia Nacional.

Un juzgado de Madrid investigó durante 19 meses el rescate a Plus Ultra y detalló cómo fueron la dos auditoras externas contratadas por la SEPI para analizar la documentación y detectar, en su caso, si incumplía alguna de las condiciones establecidas para aprobar el préstamo.

El presidente de la compañía aclara ahora al juzgado cómo se hicieron todos estos trámites sin que apareciera la figura de Zapatero como intermediario para salvar los posibles obstáculos que pudiera poner la SEPI para la concesión de la ayuda. Y, sin embargo, confiesa que pagó 530.000 euros por esos supuestos trabajos de los que ahora duda: “El citado 1% por el rescate se desglosó en los siguientes pagos efectuados a las distintas empresas controladas por Julio Martínez Martínez, abonándose 249.000 euros a ANÁLISIS RELEVANTE; 98.617 euros a VOLI ANALÍTICA, 110.799 euros a IOT DOMOTIC EUROPE SL, y, por último, aunque el señor Martínez Martínez tenía la pretensión inicial de recibir el líquido completo hasta completar los 530.000 euros comprometidos, aceptó que entre los abonos quedara comprendido el pago en especie valorado en 69.000 euros y consistente en los billetes de clase business que PLUS ULTRA fue poniendo a su disposición durante los años 2021 y siguientes. Aunque formalmente quedara por efectuar una suerte de cierre formal de finiquito de las cifras, materialmente la cantidad pagada cumplió el citado 1%”.

El presidente de Plus Ultra nada sabe del supuesto cobro de la mordida a través de una sociedad instrumental domiciliada en Dubái, como sostenía la UDEF (la unidad especializada de la Policía en delincuencia económica) en uno de sus informes a raíz de una comida convocada por José Luis Rodríguez Zapatero.

La compañía aérea Plus Ultra ha enviado este lunes un escrito al juez José Luis Calama un escrito anunciando una “investigación interna” sobre su rescate, un asunto por el que está imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Este texto se ha conocido apenas unos minutos después de que saliera a la luz otro escrito, presentado por el empresario Julio Martínez Martínez, en el que asegura que fue el exmandatario socialista “quien marcaba los pasos a seguir” para lograr el mencionado rescate.

En el texto, Plus Ultra sostiene que por mandato de su Consejo de Administración, su representante letrada en la causa muestra “su intención de prestar la máxima colaboración en la averiguación de los hechos objeto” de la presente,“ en cuanto se relacionen con personas físicas que se hallaban vinculadas con ella en el momento de los hechos”. “También para la comprobación, y corrección, en su caso, de cualquier eventual falta de control, que hubiera podido hacerlos posibles”, zanjan.

Justo antes, el empresario Julio Martínez atribuía en un escrito al expresidente una labor de asesoría para el rescate, añade que estaba “puntualmente informado” de los avances y fue quien le comunicó la decisión favorable de la SEPI.

Por otro lado, explica que la consultora Análisis Relevante, que está en el epicentro de la investigación de la trama que supuestamente se dedicaba al tráfico de influencias, se creó para que el “principal consultor” emitiera informes de estrategia, y que la empresa de las hijas del expresidente cobraban una iguala de 3.000 euros mensuales por maquetaciones. Relata que si bien Zapatero no estaba en el accionariado “era quien lideraba y decidía las cuestiones de estrategia y de captación de clientes”.

El empresario y comisionista Julio Martínez Martínez ha remitido un escrito al juez José Luis Calama, previo a su declaración de este martes como investigado, en el que recalca que Zapatero era “quien marcaba los pasos a seguir” en las actuaciones para lograr el rescate de la compañía aérea Plus Ultra.

En el escrito, adelantando por El Mundo y al que ha tenido acceso elDiario.es, el empresario Julio Martínez atribuye al expresidente una labor de asesoría para el rescate, añade que estaba “puntualmente informado” de los avances y fue quien le comunicó la decisión favorable de la SEPI.

Martínez no menciona que Zapatero hiciera directamente gestiones, o mantuvera reuniones, para lograr el rescate de la compañía, pero su defensa escribe: “Don Julio Martínez no tenía posibilidad alguna de obtener nada por sí mismo, mucho menos financiación pública o privada. Su misión consistía en mediar entre cliente y consultor. En su faceta de consultor era el señor Rodríguez Zapatero quien marcaba los pasos a seguir”.

La contraprestación que habría recibido el expresidente aparece en el comentario acerca del contrato entre Plus Ultra y Análisis Relevante (AR), la consultora, por 5.000 euros mensuales más IVA. “Con independencia de la redaccion del contrato –añade–, la realidad fue que los honorarios a cobrar eran en concepto del asesoramiento que desde mayo venía dando el señor Rodríguez Zapatero”.

Adicionalmente a ese pago recurrente, Plus Ultra y la sociedad de Julio Martínez denominada Idella Consulenza firmaron un contrato el 19 de enero de 2021 por el que la aerolínea se comprometía a abonar el 1% de la financiación obetenida en el rescate a esa sociedad en caso de que saliera adelante. Ese montante, que podría ascender a medio millón de euros, se acordó que fuera en diferido a lo largo del tiempo y hasta 2026 y a través de diferentes mercantiles relacionadas con el comisionista por culpa de la “presión mediática sobre la financiación pública”. “En total, la cuantía abonada en concepto de honorarios por mediar en la obtención de la ayuda pública ascendió, aproximadamente, al 1% de la cantidad obtenida conforme a lo acordado”, explica Julio Martínez en el escrito.

Por otro lado, Julio Martínez señala que la consultora Análisis Relevante, que está en el epicentro de la investigación de la trama que supuestamente se dedicaba al tráfico de influencias, se creó para que Rodríguez Zapatero fuera su “principal consultor” y emitiera “informes de estrategia”, extendiera “relaciones internacionales” e “impartiera conferencias según fueran requiriendo los clientes”.

Zapatero reconoció que había realizado informes verbales para Análisis Relevante por los que había cobrado y declarado a Hacienda. Martínez eleva en su escrito la relación del expresidente con la consultora: “El señor Rodríguez Zapatero quedó fuera del accionariado y órganos formales de la empresa, pero era quien la lideraba y decidía todas aquellas cuestiones de estrategia y captación de clientes”.

Martínez abunda en la relación de Zapatero con Análisis Relevante: “Precisamente por su condición de expresidente del Gobierno y sus relaciones personales y profesionales, el señor Rodríguez Zapatero captó a las cuatro empresas que contrataron con AR hasta el año 2025. Los contratos suscritos con estos clientes fueron, generalmente, unos modelos que tenían prediseñados en la empresa”.

Martínez también explica que tras la creación de Análisis Relevante se acordó una iguala de 3.000 euros mensuales para que la empresa de las hijas de Zapatero maquetara los informes de Análisis Relevante.

Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es explican que tanto el presidente de la aerolínea Julio Martínez Solá como el accionista Roberto Roselli entregan este mismo lunes otro escrito en el que ofrecen también su plena disposición a colaborar con la justicia y en el que señalarían también a Zapatero y Julio Martínez Martínez en los trabajos para lograr el rescate público de la compañía.

José Luis Calama, el juez de la Audiencia Nacional que investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero dentro del caso Plus Ultra, ha pedido este viernes a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que no incluya en sus informes sobre el exmandatario datos o información que no tenga que ver estrictamente con la causa.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, exige en concreto a los policías “que los anexos que se incorporen a sus informes se limiten estrictamente a los hechos a los que estos hagan referencia, evitando la inclusión de información innecesaria o irrelevante para el objeto del procedimiento, así como de datos personales ajenos a los hechos investigados”.

Calama atiende así una petición expresa de la defensa de Zapatero que tras la publicación de los últimos informes en los que se incluían mensajes personales del expresidente consideró que se podía estar vulnerando su derecho a la privacidad.

En concreto, el procurador del exdirigente socialista solicitó el pasado 25 de junio que el juez adoptara las medidas necesarias “para evitar la difusión indiscriminada de datos personales” de su representado “y de otros investigados que se describen en la alegación primera, enviando al efecto los mandamientos y oficios necesarios”. Se refería, por ejemplo, a los mensajes entre Zapatero y su secretaria, Gertrudis Alcázar, incorporados a un informe policial y filtrados a todas las partes en las que hablaban de asuntos personales.

Desde la defensa de Zapatero exigieron así una resolución “mandatando a la policía judicial que limite su investigación exclusivamente a los hechos concretos que fueron delimitados en el Auto de 18 de mayo de 2026, con prohibición expresa de servirse de la información masivamente obtenida” del expresidente o de terceros “para investigar cualquier actividad personal o profesional” de Zapatero “más allá de las allí determinadas”.

Calama acepta esas peticiones, explica, “sin perjuicio de la remisión íntegra del volcado de los dispositivos” que contengan la información ajena a la causa, con el objetivo de que sea el propio juez “quien proceda a su tratamiento, con intervención del titular de los dispositivos, conforme a las garantías propias del acceso a soportes digitales intervenidos”.

Inspección de la Agencia Tributaria

Este mismo viernes, la Agencia Tributaria comunicaba al juez de la Audiencia Nacional que ha abierto actuaciones de comprobación e investigación inspectora con relación a Zapatero, a su esposa Sonsoles Espinosa y a sus hijas Alba Rodríguez y Laura Rodríguez, además de a su amigo Julio Martínez Martínez.

Asimismo, Hacienda le ha comunicado al magistrado que también investiga a las empresas con las que se les vincula y destaca que la inspección es relativa a los impuestos sobre Sociedades, Valor Añadido, Renta de las Personas Físicas, Patrimonio y Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas que abarcan los ejercicios de 2021 a 2025.