Manuel Aarón Fajardo, al que el juez del caso Plus Ultra considera el “enlace” entre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y Venezuela, ha rehusado responder a ninguna pregunta durante su comparecencia en la comisión del Senado sobre la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Fajardo, residente desde hace años en Caracas (Venezuela) e hijo del actual senador del PSOE por Lanzarote, Manuel Fajardo Palarea, es definido por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama como “el hombre de Zapatero en Venezuela” y habría sido el primer enlace entre la cúpula de la aerolínea Plus Ultra -a la que la Sepi concedió un préstamo público de 53 millones de euros en 2021, y el entorno del expresidente socialista.

Al comienzo de la sesión, Fajardo ha leído un breve escrito en el que recordaba su colaboración y alertaba de que no pensaba contestar a ninguna pregunta, al no conocer con antelación los hechos sobre los que le iban a interpelar.

Tras algo más de dos horas y media, durante las cuales varios senadores se han referido a sus presuntas labores de intermediación entre Plus Ultra y Zapatero, y a sus actividades privadas en Venezuela, Fajardo se ha quejado de que se hayan vulnerado sus derechos constitucionales.

El compareciente ha destacado, en defensa de su honor, que nunca he ejecutado “acciones sobre ayudas públicas” ni ha cobrado ni se ha beneficiado de nada relacionado con dichas ayudas, de ahí que se haya negado a responder, ya que el objeto de la Comisión es la gestión de la SEPI, con la que él “no ha tenido nunca nada que ver”.

El juez Calama recogía en su auto diversas conversaciones entre Fajardo y el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, así como con Julio Martínez Martínez, considerado “el amigo de Zapatero” en Venezuela, en las que se abordaban las gestiones del expresidente del Gobierno acerca del préstamo a la aerolínea.

Fajardo se ha negado a responder a ninguna cuestión y únicamente ha leído una breve declaración, además de indicar que el papel que se le atribuye en la trama “parece más bien una película de Netflix”.

No obstante, la Policía Nacional recoge en un informe numerosos contactos entre la cúpula de la aerolínea y el entorno de Zapatero, que habrían facilitado la concesión del préstamo y que recoge el juez en su auto.

Vamos a hacer un ejercicio de escucha. Desde que hace casi un mes el juez Calama imputara a Zapatero por siete delitos distintos en el caso Plus Ultra, más allá de unas primeras palabras que grabó en un vídeo, no habíamos podido escucharle: no había dado entrevistas ni ruedas de prensa. 

Hemos tenido acceso a las más de dos horas de interrogatorio del 17 de junio en la Audiencia Nacional. Calama pregunta y Zapatero responde. Uno cuestiona y el otro se defiende. A la palestra: las joyas, la relación de Zapatero con Análisis Relevante, la empresa de Julito Martínez, los viajes al extranjero, la empresa de las hijas y las sociedades offshore. Esta solo será la primera quizá de muchas conversaciones.

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La resolución que dictó el juez José Luis Calama a finales de mayo ya apuntaba a que esto acabaría ocurriendo: Alba y Laura Rodríguez Espinosa deberán declarar como imputadas ante la Audiencia Nacional. Constan como administradoras solidarias de la sociedad Whathefav SL, y la UDEF considera que ese fue uno de los instrumentos utilizados para canalizar fondos hacia el entorno del expresidente en el marco de la presunta trama dedicada al tráfico de influencias que lideraba el exlíder socialista.

¿Pero qué indicios hay de la presunta actividad irregular de esa empresa 'nacida' para el marketing? El informe de la UDEF que dio pie al registro de su sede asegura que Whathefav habría generado “facturación ad hoc destinada a dotar de cobertura formal determinados movimientos financieros o mercantiles”. Y que, analizado su trabajo, se percataron de que no aportaban “un valor técnico especial” porque, simplemente, ponían 'bonitos' informes que les llegaban de Análisis Relevante —la consultora de Julio Martínez, amigo de su padre— y los enviaban a un listado que era facilitado y elaborado por el propio Zapatero. La nada, en opinión de la Policía.

Calama, en el auto que trascendió este jueves —un día después de que Zapatero declarara como imputado— indica que concurren “indicios racionales” de que participaron en el entramado dada “su posición orgánica” en la empresa. Recordaba que en el caso de administradores de sociedades presuntamente instrumentales, como es el caso de Alba y Laura Rodríguez Espinosa, la conexión deriva de la propia estructura societaria. Y es que “quien ostenta la representación formal es el responsable de la actuación de la persona jurídica y de la adopción de decisiones que permiten o facilitan su operativa”.

La UDEF, Anticorrupción y el juez tienen sobre la mesa pagos a Whathefav SL por un valor superior a 800.000 euros. Quienes les pagaban eran Análisis Relevante e Inteligencia Prospectiva, la sociedad vinculada a los hermanos Amaro Chacón. Ambas empresas estaban vinculadas a los negocios de Zapatero, y en su declaración del pasado miércoles el expresidente no logró dar explicaciones convincentes que justificaran ya no solo qué trabajo hizo realmente él para cobrar (por ejemplo) 490.000 euros de la empresa de su amigo Julio Martínez, sino tampoco qué función cumplían las hijas para facturar por simples trabajos de maquetación.

Según los audios a los que ha tenido acceso elDiario.es, Zapatero en su interrogatorio reconoció que las había “apoyado” pero defendió su trabajo y recordó que esa empresa se creó en 2019. “Tienen una empresa, trabajan bien, y quiero subrayar que por ser quienes son nunca contrataron con la Administración Pública”, argumentó.

El magistrado también se interesó por el más de medio millón de euros que la agencia de Laura y Alba Rodríguez Espinosa recibió de otra sociedad, Inteligencia Prospectiva, propiedad de dos hermanos venezolanos y que también hizo pagos a Análisis Relevante. Aseguró que no intervino “absolutamente para nada” en la relación comercial que forjaron sus hijas con dicha sociedad ni revisó las condiciones de esos acuerdos.

Para la UDEF, Alba y Laura Rodríguez Espinosa pilotaban “un centro de redistribución de flujos económicos” en el entramado y sustenta esta aseveración en que gran parte de los fondos de la agencia acababa en cuentas bancarias personales de ambas en las que el propio Zapatero figuraba como autorizado. En concreto, Laura ingresó 247.191,06 euros en casi cinco años, entre abril de 2021 y diciembre de 2025. Alba se hizo con 199.904,25 en casi tres años, entre abril de 2023 y diciembre de 2025.

Otro indicio que pesa en su imputación es un clásico en los casos en los que se investiga un delito de blanqueo: las facturas genéricas. Los investigadores explican que Whathefav SL emitía sus facturas bajo el concepto genérico de “servicios agencia” y “sin figurar mayor detalle o concreción respecto de las prestaciones realizadas”.

Las cantidades de Whathefav

Si hubiera que dibujar un circuito del dinero, habría que empezar el trazo en la empresa epicentro de la trama, Análisis Relevante, una consultora que el juez considera “pieza instrumental” carente de toda “lógica empresarial” y de la que las hijas de Zapatero habrían cobrado 239.755 euros. Consta un contrato firmado el 1 de junio de 2020 entre ambas sociedades para supuestos servicios de marketing, posicionamiento en Internet y logística de eventos.

Las hijas de Zapatero constituyeron su empresa en septiembre de 2019, pero sus inicios no fueron nada halagüeños. Las hermanas cerraron el primer ejercicio fiscal con pérdidas de poco más de 3.000 euros. La creación de Análisis Relevante tuvo un efecto directo en la economía de ambas. En 2020, Whathefav ya facturaba 155.791,66 euros. La cuenta de resultados dio positivo: 31.948,23 euros. Además de tener a Análisis Relevante como principal proveedor, los medios de comunicación añadían un extra a la facturación. La Razón fue el primero, pero luego se sumarían El Español, El Plural, Público o Neox.

Pero los pagos de Análisis Relevante cobran otra dimensión después de que la fiscal del caso, Elena Lorente, haya apuntado a que la agencia de las hermanas Rodríguez Espinosa se “benefició”, a través de la sociedad de Julio Martínez, de los pagos procedentes de Plus Ultra, la aerolínea rescatada y que presuntamente contó con los esfuerzos y la influencia del expresidente.

A los pagos de Análisis Relevante se suman los de Inteligencia Prospectiva, otra consultora con sede en un piso en Madrid, sin actividad empresarial, y propiedad de dos hermanos venezolanos, los Amaro Chacón. En cuatro años abonó a Whathefav 561.440 euros. El juez sacó a colación esa cifra, pero Zapatero dijo que no tuvo nada que ver con eso y que sus hijas les conocían porque eran de su edad: “Ellos fueron los que decidieron contratar a Whathefav”.

Y ya, en otra escala, los investigadores también ponen el foco en otro pago de 20.000 euros con fecha del 27 de abril de 2020 a la empresa de las hijas de Zapatero por parte del empresario venezolano Danilo Diazgranados, también investigado en este caso. La UDEF y la ONIF han constatado que ese pago no figura en la información tributaria de la agencia de las hermanas correspondiente al ejercicio 2020.

Con estos datos, las hijas de Zapatero deberán afrontar una declaración que, como ya ocurriera con su padre, será capitalizada por el juez Calama. El magistrado ya demostró ante el expresidente que no le hace falta apoyarse en la fiscal del caso para sacar adelante los interrogatorios. Está por ver si, al contrario de lo que hiciera su padre, ellas optan por la vía de declarar solo a su abogado o la de acogerse a su derecho a no responder a nadie.

Lo que sigue es una elucubración con base. O una conjetura basada en indicios. O una inferencia según las reglas de la experiencia. Sea lo que sea, lo único que intenta es explicar el laberinto judicial en el que anda metido el expresidente Zapatero a cuenta de sus negocios privados… y opacos.

Es una interpretación libre de los hechos bajo sospecha tras analizar los informes de la policía y las explicaciones dadas por el expresidente al juez Calama.

Primera parte

Casi 30 años de función pública acaban en 2015 para iniciar una nueva actividad privada

El presidente José Luis Rodríguez Zapatero decidió poner fin a su vida en la Administración Pública tres años después de dejar el Gobierno. Comenzó en 1986 como diputado en el Congreso por León y finalizó cuando abandonó en 2015 el Consejo de Estado donde, como consejero nato, gozaba de un salario público considerable. Renunció a ese puesto de duración indefinida y se buscó la vida como expresidente conferenciante y consultor.

Muy pronto simultaneó su desempeño profesional en la vida privada con un nuevo empeño político con origen y destino en Venezuela. En poco tiempo inició gestiones, muchas veces fructíferas, para la excarcelación de decenas de presos políticos. En ese trabajo de años, Zapatero conoció a empresarios venezolanos que le preguntaban por el futuro del país y le contaban problemas que tenían para desarrollar su actividad. También habló con directivos de empresas españolas que le pedían alguna gestión con el Gobierno de Nicolás Maduro para eliminar obstáculos o mejorar su actividad en aquel país. Todo, según Zapatero, “pro bono”, por el bien común, sin cobrar un euro.

Segunda parte

Sus relaciones con empresarios venezolanos sin remuneración aparente

Una de las principales sospechas de corrupción que ensucia a Zapatero tiene que ver con la empresa Inteligencia Prospectiva, creada en Madrid en 2020 por los hermanos Guillermo Alfredo y Domingo Arnaldo Amaro Chacón. Esta sociedad, sin ingresos ni trabajadores, pagó entre 2020 y 2025 hasta 561.440 euros a Whathefav, la firma de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero; 260.000 euros a Gate Center, la sociedad en la que Zapatero figura como presidente del consejo asesor, y 368.258 euros a Análisis Relevante, la empresa de Julio Martínez Martínez que pagó a Zapatero.

El expresidente explicó así al juez sus relaciones con la familia Amaro Chacón, un grupo empresarial con inversiones en distintas partes del mundo. “Esta familia es de un grupo empresarial muy importante. Ellos dos son la tercera generación. La empresa Inteligencia Prospectiva debía de ser un apoyo a todo lo que suponía su proceso de inversión en diversos lugares, también en España y desde la base física legal de España. Yo he hecho una intensa tarea de consultoría con los hermanos Amaro Chacón. Me he reunido con ellos en innumerables ocasiones. Me han consultado absolutamente todas las vertientes políticas, económicas. He viajado con ellos y he estado en reuniones con ellos, con otras personas. He hecho una intensa actividad que podremos exponer en su momento”.

Zapatero no le contó al juez, ni Calama se lo preguntó, si cobraba por esos servicios a la familia Amaro Chacón. Los hechos acreditados por la investigación son que Inteligencia Prospectiva pagó casi 1,2 millones de euros a tres sociedades, entre ellas la registrada a nombre de las hijas de Zapatero. Y que en ese periodo, las tres empresas que recibían fondos de Inteligencia Prospectiva abonaron cantidades parecidas al expresidente y a sus hijas. La inferencia según las reglas de la experiencia podría indicar que los hermanos Amaro Chacón pagaban indirectamente a Zapatero a través de esas tres empresas por sus trabajos de asesoría no remunerados. Pero el expresidente no llegó tan lejos en su declaración. Cuando explicó por qué Inteligencia Prospectiva contrató a Whathefav se limitó a decir que los dos hermanos venezolanos eran amigos de sus hijas desde la infancia.

Tercera parte

El amigo Julio Martínez que le acompañó a Venezuela y se hizo agente comercial

Zapatero explicó así la relación de su amigo Julio Martínez con Venezuela: “Conocía a Julio Martínez desde 2011. En 2019, en un momento dado, pues como yo viajaba tanto, Julio Martínez era amigo antes de que tuviéramos ninguna relación comercial ni nada, pues me acompañó, me acompañó como un amigo a viajar. Como en alguna otra ocasión me han acompañado a algún proceso electoral, alguna otra persona a Venezuela por interés, por acompañarme, y eso hizo que a partir de ahí fuera con más frecuencia conmigo”.

Como acompañante de Zapatero en numerosos viajes, Julio Martínez se convirtió en una especie de solucionador de problemas con las autoridades venezolanas. Y varias empresas que conocieron esta circunstancia le contrataron. La compañía aérea Plus Ultra le pagó entre 5.000 y 6.000 euros al mes durante años. Gestionó con las autoridades venezolanas permisos de vuelo en plena pandemia, homologaciones de aeronaves o aplazamientos en el pago de una deuda de combustible a PDVSA, según han explicado directivos de la compañía a elDiario.es. “Era muy eficaz”, aseguran.

La investigación sostiene que la eficacia de Martínez en sus gestiones venezolanas se debía a que se presentaba en ese país con el aval de Zapatero. De hecho, los propietarios de Plus Ultra, como el venezolano Rodolfo Reyes, cada vez que se mandaban mensajes en los que se referían a Julio Martínez Martínez escribían entre paréntesis el nombre de Zapatero. Buena parte del millón de euros que Julio Martínez cobró en los últimos cinco años de distintas empresas por sus gestiones en Venezuela acabó en los bolsillos de Zapatero o de sus hijas a través de Análisis Relevante.

Cuarta parte

El rescate de Plus Ultra, un tráfico de influencias sin influencia acreditada

Durante dos horas de interrogatorio, el juez Calama apenas pudo rebatir las rotundas palabras de Zapatero negando cualquier influencia en el proceso del rescate a Plus Ultra. El Consejo de Ministros aprobó en abril de 2021 un préstamo de 53 millones de euros para salvar del cierre a la compañía aérea ante la obligada inactividad provocada por la pandemia.

Zapatero repitió varias veces lo mismo: “No hablé. No solo no influía o no me interesé. No hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario, con ningún empleado público sobre el rescate de Plus Ultra. Y, por tanto, creo que una influencia tiene que ser ante alguien”. Una jueza investigó durante 19 meses todas las circunstancias del rescate sin apreciar ninguna irregularidad. El instructor de la Audiencia Nacional tan solo pudo aportar como prueba de la sospecha conversaciones de otros sugiriendo que Zapatero estuvo detrás de una reunión en el ministerio de Transportes que tampoco sirvió para facilitar o acelerar el rescate. Pero es que, además, el secretario de Estado que estuvo en esa reunión, Pedro Saura, negó que fuera por mediación de Zapatero.

La investigación localizó una especie de contrato por el que Julio Martínez Martínez cobraría el 1% del rescate si el consejo de ministros lo aprobaba. Plus Ultra sostiene que ese contrato nunca pasó por el consejo de administración y asegura que a Julio Martínez no se le pagó ninguna comisión por el rescate dado que la empresa cumplía las condiciones y no necesitaba la ayuda de nadie para conseguir el préstamo.

Quinta parte

La sospecha sobre la creación de una empresa en Dubái tras una comida que no recordaba Zapatero

El juez Calama asumió sin matices la tesis policial según la cual Zapatero ordenó crear una sociedad offshore en Dubái para derivar las comisiones del 1% (530.000 euros) cobradas por el rescate de Plus Ultra. La secretaria del expresidente convocó una comida con Julio Martínez y un militante socialista con negocios en Dubái donde supuestamente se apalabró el plan. La policía no ha encontrado todavía ni la empresa de Dubái ni la trasferencia de la mordida del rescate de Plus Ultra.

Tampoco han encontrado en las cuentas de la compañía aérea esa salida de fondos. Pero la respuesta de Zapatero, que no recordaba esa comida en una marisquería, aumentó las sospechas del magistrado pese al énfasis del expresidente en despejar todas las dudas. “Es muy pertinente que usted compruebe si comió o no comió”, le dijo Calama.

El abogado de Zapatero presentó un escrito con una autorización universal al juez para que investigase en cualquier rincón del mundo supuestas propiedades o empresas del expresidente del Gobierno. Calama aceptó la propuesta sin darle mayor valor como prueba de la inocencia de Zapatero.

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La declaración íntegra de José Luis Rodríguez Zapatero:

“En esta casa (la Audiencia Nacional) estamos todos los días con temas en los que una de las fuentes de fraude son los contratos vacíos de contenido que luego son una pantalla, se usa mucho a nivel tributario”. No había pasado ni media hora desde que el juez José Luis Calama iniciara su interrogatorio al expresidente José Luis Zapatero y ya le dejaba claro que su comparecencia no iba a ser fácil. Quien fuera líder socialista está imputado ante ese tribunal especial por liderar presuntamente un entramado orientado al tráfico de influencias, y los investigadores sospechan que el canal (o uno de ellos) para cobrar comisiones ilegales era la consultora Análisis Relevante.

Zapatero le había contado al juez que su relación con Julio Martínez había nacido en 2011 y que se había consolidado gracias a una afición común: hacer running por El Pardo. Ya en 2020, su amigo le propuso que trabajara para su compañía recién creada, Análisis Relevante, como consultor. Y él aceptó, pero no firmaron ningún contrato. Calama volvió y volvió sobre esa 'génesis', el pecado original de la relación laboral de dos amigos.

“Lo de no firmar contrato no es normal, en mi opinión, y normalmente en la de la Agencia Tributaria”, le dijo a Zapatero Calama, que le recordó desde un inicio que estaba sentado frente a él porque los investigadores sospechaban que había sido receptor de cantidades canalizadas a través de esa consultora a cambio de ejercer una influencia para que, entre otras cosas, Plus Ultra fuera receptora de un rescate público en 2021.

El juez puso sus cartas sobre la mesa desde el inicio: quería muestras de que realmente había hecho labores de consultor y pedía papeles, mails, informes concretos a clientes con nombre y apellido. Y Zapatero no le pudo satisfacer. “Al tema este formal yo le doy mucha importancia porque además son parámetros que maneja de manera similar la Agencia Tributaria para ver la realidad de los trabajos de consultoría”, insistía el magistrado ante un expresidente que se esforzaba por transmitir que no siempre tiene que haber un registro documental, que los encargos los recibía “verbalmente”, y que no usaba nunca el mail porque para eso estaba su secretaria, Gertrudis Alcázar.

“Es como funcionan buena parte de las consultoras por mi experiencia”, le dijo a un juez que estaba en el 'no'. “Normalmente en el contrato se determinan los honorarios, (…) hay trazabilidad hasta que se recibe informe del consultor. No soy mucho de dar 'bolos' pero desde inicio te dicen lo que se va a cobrar”, le respondió Calama.

Zapatero dijo que su comunicación con Julio Martínez era verbal y “marcada por la confianza” y que desconocía el tipo de relación contractual de Análisis Relevante con los clientes. También explicó que sus trabajos de consultoría consistían en la realización de informes, reuniones, viajes y asesoramiento que facturaba como autónomo: “Yo he dedicado muchísimo tiempo y trabajo a las tareas de Análisis Relevante en apoyo de sus clientes”, argumentó. Pero Calama quería saber si habían cerrado precio por su labor desde un inicio: “No, no, hay un acuerdo de que año a año se remitiría una cantidad anual global en torno a los 90.000 euros a partir de 2020-21”.

Preguntado por esas dudas contractuales del juez, el secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, explica a elDiario.es que, de cara al Código Civil, tienen la misma validez un contrato escrito que otro verbal. “Es perfectamente entendible que sean contrataciones verbales porque Rodríguez Zapatero no tiene una consultora abierta para personas extrañas que vienen a pedirle cosas, sino que hay una relación de confianza donde ninguna de las partes se ata con un contrato escrito, pero las cosas se han hablado: qué importe se va a cobrar por los servicios y el trabajo que quiere que se haga”, valora, en conversación con este periódico.

En ese sentido, lo que sí podría pedir el juez es “una transcripción de los términos” de ese contrato verbal, para hacer las comprobaciones oportunas en el caso de que sospechara que las facturas presentadas estuvieran falseadas, bien en cuanto a importes, fechas o su contenido. “Lo que él habla es de su experiencia, me imagino que profesional en el ejercicio de su función de juez, que tiene muchas incompatibilidades. Pero cualquier funcionario de la Agencia Tributaria, igual que el juez, sabe que los contratos pueden ser verbales o escritos”, opina Mollinedo.

El consultor principal o el único

Avanzaba el interrogatorio y Calama hacía recopilación de lo que estaba escuchando por voz del expresidente: no había contrato por escrito para los trabajos de Zapatero para Análisis Relevante, los encargos de Julio Martínez eran de viva voz, quien se lleva “la parte de león” en cuanto a los cobros era el expresidente y sus hijas, y parecía el único consultor de la compañía. A eso sumaba que los informes que preparó eran “genéricos” y que tenían por objetivo, entre otras cosas, “promocionar” la marca Análisis Relevante como consultora experta entre gente tan variopinta como filósofos o responsables de delegaciones extranjeras en España.

Así, el juez, en momento dado, le dijo a las claras a Zapatero que todo parecía indicar que esa empresa había sido creada para que él fuera consultor. Pero Zapatero negaba la mayor, su amigo “es empresario” y es quien se lo propone. Y añadía que en esa compañía “por supuesto que ha habido” otras personas en esas mismas tareas, aunque reconocía que él había sido “el principal”. Pero Calama volvía a exponerle que su tesis era que Análisis Relevante “se utilizó para canalizar comisiones por tráfico de influencias en los que él pudo haber intervenido”. “El dinero que entra en Análisis Relevante va a usted y a sus hijas, ¿lo ha visto?”, le llegó a indicar, para luego en otro momento deslizar que sin su labor esa compañía habría podido quebrar.

Zapatero, que negó por activa y por pasiva cualquier irregularidad (“no he ejercido ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad”), le explicó que si había cobrado casi medio millón de esa consultora en cuatro años era por el “trabajo intenso desarrollado” y que tenía “derecho a percibir” esos honorarios.

Pero el juez quería 'papeles', una “huella documental”, y Zapatero poco a poco perdía la paciencia: “Ya le he explicado que la relación era de quedar para reuniones, tengo la huella de las reuniones, puedo aproximar el contenido de las mismas, tengo los viajes, las fechas, lo que es una actividad de consultoría”. Calama le decía que no le valía que le contara su agenda: “Por hacer flashback no tenemos ni contratos escritos, ni hojas de encargo escritas, ni trasiego de correos electrónicos”.

Zapatero llegó a decirle que ha tenido consultorías “que consistían en un almuerzo al mes”, y que eso lo sabe “quien está en el sector y ve cómo funciona con muchos exmandatarios, expresidentes, diplomáticos y exgenerales”.

Whathefav, la propuesta de Zapatero

Otro asunto en el que no se pusieron de acuerdo fue en el papel de Whathefav SL, la empresa de las hijas del expresidente, Alba y Laura Rodríguez Espinosa. Según el juez, la empresa de ambas habría sido otra de las vías para canalizar fondos hacia el entorno de Zapatero. La UDEF cree que en realidad en esa empresa no se hacía ningún trabajo de valor.

Zapatero concedió que fue él quien le propuso a Julio Martínez que fuera la empresa de sus hijas la que prestara “una colaboración formal con Análisis Relevante” para realizar trabajos que incluirían labores de marketing, comunicación digital y apoyo. “Tienen una empresa, trabajan bien, y quiero subrayar que por ser quienes son -sus hijas- nunca contrataron con la Administración Pública”, dijo.

Las explicaciones no bastaron. Un día después, Calama acordó que las hijas debían constar como investigadas en la causa al entender que existen “indicios racionales” de que su agencia de marketing, Whathefav, era una sociedad instrumental que era utilizada para “la canalización, ocultación o facilitación” de operaciones relevantes para los hechos que se investigan. El juez ya ordenó a la Guardia Civil registrar sus oficinas el pasado mayo.

Según la investigación, la agencia de las hermanas Rodríguez Espinosa cobró 800.000 euros de empresas vinculadas a los negocios de su padre. Análisis Relevante, la consultora de Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente, les pagó 239.755 euros. Inteligencia Prospectiva, propiedad de dos hermanos venezolanos, más de medio millón. Ambas son dos sociedades fallidas, según la Oficina Antifraude. Nada hacían y nada, por tanto, tenían que subcontratar, sospechan el juez y Anticorrupción.

En cuanto a esa última sociedad, Inteligencia Prospectiva, el juez se interesó por los flujos dinerarios que destinó esa compañía de los hermanos Amaro Chacón hacia el entorno del expresidente. Calama puso el foco en que le parecía extraño que esa sociedad no tuviera sede y, por tanto, no se explicaba qué tipo de informes podía hacer él para esa compañía.

Zapatero explicó que dado que esa familia de origen venezolano tiene un grupo empresarial muy importante, Inteligencia Prospectiva era una suerte de “apoyo” para sus intereses. Comentó que él llevó a cabo “una intensa tarea de consultoría” con ellos para orientar en la vertiente política y económica. “Obviamente, el conocimiento que les aportaba podía servir”, indicó. Calama, una vez más, mostró sus dudas: “Pero es una sociedad rara, ¿no?, ha desaparecido”.

Pero Calama regresó a la tesis de los investigadores y le citó los pagos de Inteligencia Prospectiva hacia Whathefav, y él dijo que no tuvo nada que ver con eso, que sus hijas les conocían porque eran de su edad y “ellos fueron los que decidieron contratar a Whathefav”.

Sí que explicó que los hermanos Amaro Chacón conocían que él participaba con Análisis Relevante y que por eso, posiblemente, contrataron con esa consultora. Con todo, se desvinculó de cualquier negocio relacionado con el petróleo en el que estuviera implicada esa familia y una empresa china.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero fue tajante ante el juez instructor de la Audiencia Nacional al referirse a la supuesta sociedad off shore que la presunta trama habría planeado crear en Dubai para cobrar la comisión del 1% que habría pactado con Plus Ultra a cambio de lograr que prosperara el rescate público de la aerolínea: “Jamás en mi vida he oído hablar de una sociedad off shore”.

En el audio de la declaración de Zapatero ante el juez José Luis Calama, al que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado se muestra muy interesado por concretar qué personas asistieron a finales de enero de 2021 a una comida en la marisquería Portonovo. Esa comida fue reservada de manera presencial por un escolta del expresidente ante la imposibilidad de que la secretaria, Gertrudis Alcazar, lograra mesa por teléfono. El juez, que alabó la relación calidad precio del sitio, haciendo ver que ha sido cliente, le preguntó al expresidente si recordaba haber asistido.

Zapatero, que en un inicio respondió que “puede ser” que esa cita tuviese lugar, luego dijo que no recordaba quién asistió a la misma, pero cuando el juez le preguntó por quién sería el segundo comensal, indicó que pudo ser Tomás Guerrero, persona de la órbita del PSOE que conoció al hilo de su interés por la comida halal y que era experto en finanzas.

El juez le recordó que para la investigación es “muy importante” concretar quién asistió a esa comida porque en un mensaje del día siguiente a ese ágape, Guerrero y Julio Martínez Martínez —su amigo y persona clave en la trama por ser el administrador de la empresa Análisis Relevante— ya hablaban de la creación de esa sociedad off-shore en Dubai.

Zapatero respondió al juez que repasaría su agenda de esos días porque su secretaria Gertrudis es muy minuciosa con sus citas. Pero indicó al respecto que ese asunto de la conexión de la comida con la creación de una sociedad fue de lo que más le sorprendió al leer el auto de imputación. “Una de las cosas que cuando leí el auto de imputación más me sorprendió. Se dice que yo di directrices para la creación de sociedades offshore, yo no he hablado nunca en vida con nadie de una sociedad offshore y ni sé lo que es”, indicó. Después de su declaración, la defensa del exdirigente presentó un escrito con una “autorización universal voluntaria” para que el juez Calama pueda comprobar que no tiene ningún tipo de dinero o activo en el extranjero a su nombre.

Calama le insistió en que comprobara en las agendas el dato porque la hipótesis es que se creó esa sociedad en Emiratos Árabes Unidos (“que no son precisamente muy colaboradores con la justicia española”) para que otra sociedad de Julio Martínez, Idella Consulenza, cobrara “la mordida” por el rescate público.

“Eso es muy pertinente que lo compruebe y sea exhaustivo. Es uno de los temas importantes”, le dijo. El juez le explicó en hasta dos ocasiones que le resultaba llamativo que su oficina cerrara la comida y que luego él no fuera y dejó caer que otra opción podría ser la de que, aunque no asistiera, sí supiera de lo que se iba a tratar en la misma.

Cabe recordar que la UDEF considera que fue idea del expresidente la creación de esa offshore. La Policía lo deduce de un correo incautado y fechado un día después de esa comida en el que Guerrero hace referencia a una conversación mantenida “ayer” y le traslada a Julio Martínez Martínez la documentación necesaria para constituir la sociedad. Para la UDEF, lo que comentaron Guerrero y Martínez el día anterior tuvo que producirse necesariamente en esa comida con Zapatero.

À Punt estrena este viernes, a las 22:45 horas, “El caso Zapatero: los datos”, un reportaje de investigación que examina la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por un presunto delito de tráfico de influencias tras el hallazgo en su despacho de piezas de joyería cuyo valor supera el millón de euros. La televisión pública valenciana ha comprado este trabajo documental a Telemadrid aunque, por el momento, se desconoce cuánto le ha costado este trabajo audiovisual a À Punt.

Producido por La Cometa TV, el documental cuenta con firmas periodísticas de referencia —entre las que destacan Esteban Urreiztieta, Pilar Velasco o Ketty Garat— que ponen el foco en la investigación judicial y en el impacto social del proceso. Asimismo, el espacio recopila testimonios de antiguos compañeros de partido para valorar la repercusión de la medida en el seno del PSOE y la percepción ciudadana sobre la figura del exmandatario.

La producción analiza pormenorizadamente las actuaciones que motivaron la imputación, tales como la apertura de diligencias de investigación, los registros y el inventario de las joyas intervenidas. De igual modo, recoge el análisis de especialistas en derecho penal sobre el alcance de estas medidas de instrucción y detalla la evolución de la causa desde las pesquisas iniciales hasta la posibilidad de que surjan nuevos cargos.

La pieza también contextualiza las ramificaciones familiares y procesales de la causa, y traza escenarios en los que terceras personas podrían resultar investigadas. La narración incorpora la cronología detallada del caso, documentación procesal clave y abundante material de archivo para configurar un relato veraz y contrastado de los acontecimientos.

Comparecencia en la Audiencia Nacional

La emisión coincide en el tiempo con la comparecencia de Rodríguez Zapatero del pasado 17 de junio de 2026 en la Audiencia Nacional ante el juez José Luis Calama. El expresidente prestó declaración en calidad de investigado dentro de la causa que rastrea presuntos delitos de tráfico de influencias vinculados al rescate público de 53 millones de euros otorgado a la aerolínea Plus Ultra, así como el origen del lote de joyas intervenido en sus dependencias de trabajo. Tras un interrogatorio de tres horas, el exlíder socialista defendió ante los medios su inocencia de manera tajante y solicitó la “confianza” de la ciudadanía.

Con el objetivo de neutralizar las sospechas de la instrucción en torno a supuestos activos opacos en el extranjero, el expresidente entregó en el juzgado un escrito de “autorización universal voluntaria”. Este documento faculta formalmente al magistrado para verificar que el exmandatario no posee cuentas bancarias, bienes inmuebles ni productos financieros a su nombre fuera de España. En el plano político, mientras el ala mayoritaria del Gobierno de coalición mantiene de momento su respaldo al expresidente, el Partido Popular ha exigido la retirada inmediata de su carné de militancia socialista y el grupo Sumar ha tachado de “insuficientes” sus explicaciones ante la justicia.

Los que mandan en España nos están dejando el alma tan machacada como le dejaron la cara a Topuria el domingo por la noche en el circo romano que Trump montó en la Casa Blanca para celebrar su octogésimo cumpleaños y el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Los que mandan son, por supuesto, los millonarios y los poderes fácticos: esos policías, jueces y medios de comunicación a su servicio. El nosotros al que aludo somos los zurdos, los que aún nos guiamos por unos ideales de libertad, igualdad y fraternidad que se consideran no ya trasnochados, sino lo siguiente. En cuanto al tal Topuria, es un luchador de artes marciales de origen georgiano y nacionalidad española.

Al asociarla con aquel Manifiesto Futurista de Marinetti que anunció el nacimiento del fascismo, Andrés Gil, corresponsal de este periódico en la metrópolis imperial, ha contextualizado muy bien la tremenda paliza que se llevó el gladiador Topuria en el Coliseo de Trump. En efecto, Marinetti exaltó sin complejos la agresividad, la violencia, el machismo y la guerra no solo como instrumentos para la conquista del poder político, sino como muestras supremas del arte contemporáneo.

“Combatir el moralismo, el feminismo y todas las demás cobardías oportunistas y utilitarias”, pregonaba Marinetti. Y en eso estamos hoy a uno y otro lado del Atlántico, ay de aquellos que aún no se hayan dado cuenta.

 Vayamos al combate español. ¿Presunción de inocencia? ¿Confidencialidad de los informes policiales y las actuaciones judiciales? ¿Prudencia de los medios hasta que no hayan contrastado por sí mismos tales informes y actuaciones? ¿Sentido de Estado en los partidos derechistas? ¡Quia!, esto son majaderías en el mundo guerrero de los Trump, Netanyahu, Milei, Ayuso y Abascal.

Estamos en la jungla, prima la ley del más fuerte y el más fuerte ni tan siquiera tiene ya que cuidarse de mantener las formas. Si quiere ir a por ti, va a por ti. Tengan los zurdos cuidado con todo lo que digan en WhatsApp: sacado de su contexto en un atestado policial, un “Mal rayo le parta” puede ser un indicio de la voluntad de quitarle la vida a alguien. Corran a declarar los cuadros y las joyas heredadas de los abuelos, no vaya a ser que, aunque tú no los creas valiosos, un juez te acabe imputando por no haberlo hecho. Y ni se les ocurra aceptarle una llamada, y mucho menos una reunión, a cualquier otro zurdo que esté en el radar de los maderos o los picoletos, puedes verte declarando ante el Senado.

Siempre he creído que una democracia es mucho más que la celebración de elecciones periódicamente. Una democracia también es que no se consideren sagradas las acusaciones policiales, que los periodistas y los jueces las registren con cautela, verificando con lupa propia su verosimilitud. Sin este espíritu, antaño dominante en parte de los periodistas y los jueces españoles, jamás hubieran salido a la luz las tropelías del caso El Nani y la guerra sucia contra el terrorismo etarra de los GAL.

Pero ahora todo esto son mariconadas de zurdos, ahora prima la virilidad del manifiesto de Marinetti que tan bien ejercieron Mussolini y Hitler en sus tiempos. Que hay que darle pasaporte al socialista Matteotti, pues se le da. Que hay que romperles los escaparates a las tiendas de los judíos, pues se rompen. Y no pasa nada, quién va a oponerse en serio a lo que se hace por la patria.

Cargarse al Gobierno progresista es ahora el bien patriótico por antonomasia en nuestra piel de toro, que lo sepas. Mejor mañana que pasado, así que el que pueda hacer que haga. Que culmine lo antes posible la reconquista de todos los poderes por parte de los nacionales.

Pobre Zapatero, creía, y probablemente sigue creyendo, en la bondad del sistema, jamás imaginó que fueran a ir contra él con malas artes, y ahí lo tenemos declarando en la Audiencia Nacional por una conversación entre terceros sobre el rescate de Plus Ultra extraída de un teléfono incautado hace años por un servicio policial estadounidense, y teniendo que buscar papeles que expliquen el origen de las joyas de la familia. Mal hizo, por cierto, si es verdad que aceptó algunas como regalo de algún monarca del Golfo, como acabo de escuchar en la tele; eso puede no ser delito, pero no encaja, en absoluto, con el personaje ZP.

Pobres socialistas, creyeron que en la arena política de la piel de toro se jugaba con las reglas del ballet clásico y no con las del Ultimate Fighting Championship, y ahí los tenemos, pasando las de Caín.

Y pobres también los de Podemos y Junts, empecinados en acortar una legislatura que revaloriza las pensiones y el salario mínimo, que impulsa la amnistía para los del Procés, reclamando unas elecciones en las que muy probablemente triunfarán los que quieren borrarlos de la faz de la tierra. Unos y otros creyéndose informes policiales y autos judiciales, asociando la palabra “corrupción” a Pedro Sánchez y los suyos, sin darse cuenta de que este es el marco, el relato, la trama que ellos mismos sufrieron no hace tanto. Pero, bueno, con su pan se lo coman, que disfruten lo votado y no vengan a llorarnos cuando en los próximos años les pongan la cara como se la pusieron a Topuria.

El caso Zapatero dio este miércoles una vuelta de tuerca tras la declaración del expresidente socialista, que no logró cambiar las sospechas del juez sobre los indicios de delito. Según el instructor, esos indicios siguen intactos después de que José Luis Rodríguez Zapatero tuviera la primera oportunidad de aclarar si el relato contenido en el auto de imputación se basaba en meras conjeturas.

El juez José Luis Calama respondió en dos direcciones después de escuchar casi dos horas al exdirigente: por un lado, evitó convertir el acto en un espectáculo, lo que habría ocurrido en caso de imponer medidas cautelares a alguien que tiene imposible fugarse y, por otro, dejó claro que Zapatero no dio una sola explicación razonable que descarte las sospechas previas de que cobró a cambio de mediar en el rescate de Plus Ultra y otras prácticas de tráfico de influencias.  

Las tablas perjudican al expresidente. Los informes de la UDEF presentan inferencias de tal magnitud que conducen a la imputación de varios delitos a Zapatero, quien trasladó a través de su entorno que el contenido de los mismos le provocaba indignación. En la Audiencia Nacional tuvo la oportunidad de presentar documentación y ofrecer explicaciones precisas que diluyeran la fe de la Fiscalía Anticorrupción y el juez Calama en las tesis policiales. Pero no lo hizo, según concluye el juez instructor en el auto donde descarta imponerle medidas cautelares y, al tiempo, deja claro que no ha creído sus explicaciones. 

Hay dos asuntos capitales de los que Zapatero se marchó de la Audiencia Nacional sin dar explicaciones suficientes, según refieren fuentes de la investigación: qué trabajos hizo que justifiquen el medio millón de euros que le pagó Análisis Relevante –la consultora de su amigo Julio Martínez Martínez– y el papel de sus hijas en la supuesta trama investigada, que cobraron 800.000 euros de empresas vinculadas a sus negocios.

Los dos aspectos resultan clave porque la Audiencia Nacional cree que Zapatero cobraba de Análisis Relevante por unos informes inexistentes que, en ocasiones, se presentaban incluso como “verbales”. De esta forma, él y su pagador, Julio Martínez Martínez, habrían disimulado el verdadero motivo de los desembolsos, la intercesión del expresidente en el rescate de Plus Ultra por medio del tráfico de influencias, así como en otras operaciones de compañías con intereses en obtener ayudas públicas o favores. 

Plus Ultra, que opera la línea Madrid-Caracas, tenía contratado a Julio Martínez Martínez como una especie de conseguidor para resolver sus problemas en Venezuela. La aerolínea le pagó de forma directa o indirecta más de 900.000 euros entre 2020 y 2024. En ese mismo período de tiempo, la consultora de este empresario abonó más de 700.000 euros a la familia del expresidente: 490.780 a Zapatero y 239.755 a Whathefav, la agencia de marketing de sus hijas. 

Ante el juez, Zapatero defendió que no ejerció ninguna influencia para favorecer que la aerolínea lograra el rescate de 53 millones de euros en plena pandemia. Respecto a los pagos que recibió de Análisis Relevante, dijo que eran a cambio de trabajos de asesoría y que cobraba por ellos a final del año de forma conjunta, si bien no aportó documentación u otro tipo de pruebas que sustentara su relato. También ha entregado un escrito con su “consentimiento expreso” a comprobar que no tiene activos fuera de España.

El segundo aspecto que quedó sin dilucidar y que aboca a una próxima investigación a las hijas de Zapatero –el PP, como acusación popular, ya ha pedido que se las investigue– son precisamente los 239.755 euros que la empresa de ambas recibió de Análisis Relevante. Y también el más de medio millón de euros que su agencia recibió de otra sociedad, Inteligencia Prospectiva, propiedad de dos hermanos venezolanos y que también hizo pagos a Análisis Relevante. Tanto esta última sociedad como Inteligencia Prospectiva son dos empresas fallidas, según la Oficina Antifraude. Nada hacían y nada, por tanto, tenían que subcontratar, sospechan el juez y Anticorrupción. 

Las fuentes de la investigación consultadas por elDiario.es trasladan la sensación de que Zapatero llegó a desentenderse durante el interrogatorio de cualquier explicación que tuviera que ver con la facturación de las empresas de sus hijas. Sostienen que el expresidente se habría dedicado, en este tema, a “soltar lastre” y que sean las hermanas quienes ofrezcan explicaciones si son llamadas a declarar. 

Las conclusiones provisionales de los investigadores pasan porque Zapatero no realizó servicios reales a la consultora de su amigo y que, por tanto, resulta difícil que pueda explicar la “confusión” entre los pagos por sus supuestos trabajos y los que hacía la agencia de sus hijas, indican las fuentes consultadas por este medio. 

Las mismas fuentes consideran “muy significativo” que Zapatero no haya dado explicaciones sobre las joyas halladas en la caja fuerte de su oficina —ha pedido al juez unos días para poder precisar el origen de las mismas— y cuyo valor supera los 1,3 millones de euros, según la tasación encargada por la Policía. Aluden a que, aunque puede faltar documentación, hay preguntas como quién se las entregó, cómo y dónde cuyas respuestas no necesitaban mayor preparación. Zapatero ha trasladado su intención de que en el plazo de una semana o diez días haya podido recabar todas las explicaciones al origen supuestamente lícito de esas joyas. 

El juez se desmarca de Anticorrupción 

El auto de este miércoles evita la asunción de la tesis policial que consideraba a Zapatero el jefe de una organización concertada para delinquir. En todo caso, la resolución sobre las medidas cautelares debe ser necesariamente más concreta que la que motiva una imputación. De hecho, resume los principales indicios que ya figuraban en el primer auto y no se detiene, siquiera, en precisar por qué delitos se investiga en este momento a Zapatero. 

En este sentido, el texto advierte de que la investigación todavía puede crecer de forma que consolide los indicios contra el expresidente, pero también en el sentido contrario, demostrando su inocencia. No obstante, subraya que la información encontrada en los móviles incautados el pasado noviembre cuando estalló el caso, sumados al que se le clonó en Estados Unidos a Rodolfo Reyes, antiguo dueño de Plus Ultra, en 2021, son indicios que apuntan a Zapatero. 

A ello suma el juez Calama la “utilización de múltiples sociedades mercantiles indiciariamente instrumentales”, sin especificar a cuáles se refiere, y las joyas encontradas en su despacho, de las que el magistrado reitera que no se ha “acreditado su origen ni su correspondiente liquidación tributaria y aduanera”.

A diferencia de lo que ocurrió con la imputación, el juez Calama optó por discrepar este miércoles de la Fiscalía. La representante de Anticorrupción, Elena Lorente, solicitó la retirada de los pasaportes, también el diplomático, de Zapatero y la obligación de que compareciera cada quince días en un juzgado.

Pero en su auto el juez se esmeró en rechazar esa petición, a la que se sumó el PP, que dirige la acusación popular. El magistrado alegó que la vigencia de los indicios contra Zapatero no justifican unas medidas que tienen como finalidad no hacer un juicio preventivo del investigado, sino garantizar que no se va a fugar ni a destruir pruebas. En cambio, el Ministerio Público defendió estas medidas como “justificadas” y “coherentes” durante la vista celebraba, según trasladan fuentes fiscales.

La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero ha negado este miércoles en la Audiencia Nacional tener cualquier tipo de bien o dinero en el extranjero, oculto o a su nombre, y además ha autorizado por escrito al juez José Luis Calama a comprobarlo si lo considera necesario. Un “consentimiento expreso” para que el juzgado pueda dirigirse a países o bancos “fuera de España, en cualquier territorio y jurisdicción” y acreditar, según su versión, que es titular “directo o indirecto” de nada. Las comisiones rogatorias internacionales destinadas, habitualmente, a examinar este tipo de ocultaciones no necesitan del permiso del investigado.

El expresidente socialista del Gobierno ha comparecido este miércoles durante casi tres horas ante el juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional. Una investigación con varias ramificaciones en la que se analiza si pudo cobrar a cambio de favorecer el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea Plus Ultra por parte del ejecutivo durante la pandemia de COVID-19, pero también si tenía en la caja fuerte de su despacho en Ferraz joyas por valor de 1,3 millones de euros sin haber tribudado correctamente.

Una de las sospechas que ha expresado el juez instructor en sus autos es que la trama tenía intención de crear una sociedad en Dubái para canalizar el dinero, una modalidad “típica” del blanqueo de capitales con “sociedades instrumentales en jurisdicciones de baja transparencia (...) la sociedad en Dubái habría sido creada para recibir fondos en el extranjero, evitando su trazabilidad en territorio español”, dijo entonces Calama. “No tengo absolutamente nada fuera de España”, ha contestado este miércoles el expresidente en un comunicado al salir de la Audiencia Nacional. Una declaración que, según el juez, no ha servido para disipar las sospechas que pesan sobre él, aunque no haya visto necesaria la imposición de las medidas cautelares que había pedido la Fiscalía Anticorrupción.

La defensa del expresidente ha entregado un documento escrito al juzgado para reforzar la negación de los hechos y facilitar, explica, que el juez pueda obtener cualquier información sobre él en otros países o en entidades extranjeras. Un “consentimiento expreso” para que la Audiencia Nacional “pueda dirigirse a cualesquiera autoridades administrativas, financieras, bancarias u organismos de toda naturaleza, fuera de España, en cualquier territorio o jurisdicción” para recopilar información “relevante para esta causa”.

Entre esa información sobre cosas que, según Zapatero, no tiene ni a su nombre ni a nombre de terceros en el extranjero, cita: “Activos mobiliarios o inmobiliarios, o de participaciones sociales o de intereses de cualquier tipo en cualquier ente de naturaleza civil o mercantil de los que pudiera ser titular directo o indirecto, mediato o inmediato”. También anuncia su “expresa voluntad” para entregar al juzgado “cuantos documentos fueran necesarios” para la investigación.

Las cuentas del expresidente y de su entorno en España ya habían sido intervenidas por el juez, que hace casi un mes bloqueó saldos hasta 490.780 en las cuentas bancarias de Zapatero. Es el dinero que le abonó la empresa Análisis Relevante, uno de los pagos bajo sospecha en esta causa. El ofrecimiento del expresidente socialista a facilitar el acceso a una información que, afirma, no existe en realidad, estaría destinado a una hipotética comisión rogatoria que el juez Calama enviase a terceros países para rastrear el dinero de la trama.

Las comisiones rogatorias internacionales se tramitan a través de los departamentos de Justicia tanto del país reclamante como del país que recibe la solicitud de información, y por norma general no se suele dar traslado o pedir permiso a las personas investigadas, suponiendo que no se haga bajo secreto de sumario. La información bancaria, de titularidad de números de teléfono o de actividad laboral de un investigado en un tercer país son datos que se entregan o se deniegan en base a los tratados de colaboración que España tiene firmados con esos estados. Según los datos oficiales, España tiene firmados estos convenios con en torno a medio centenar de países, también con Emiratos Árabes Unidos, con el que hay hasta convenio de extradición.

Diversas fuentes consultadas rebajan, por tanto, la relevancia que una autorización del expresidente del Gobierno pueda tener en una solicitud internacional de información sobre productos bancarios o posesiones inmobiliarias, aunque sí pueda llegar a acelerar alguna gestión concreta.

El juez José Luis Calama tiene una conclusión provisional de la declaración como investigado este miércoles de José Luis Rodríguez Zapatero: el expresidente no ha disipado las sospechas contra él que le valen la imputación formal por cuatro delitos, entre ellos el de tráfico de influencias. Así lo afirma el magistrado en el auto en el que descarta que se le impongan medidas cautelares. Esos indicios, viene a decir el magistrado, son independientes de las exigencias que recoge la ley para la adopción de medidas cautelares que impidan el riesgo de fuga o la destrucción de pruebas.

En el capítulo de indicios contra Zapatero, el auto aporta importantes novedades de en qué situación aprecia el magistrado que está la causa. Calama considera que hay indicios de que el dinero del rescate de Plus Ultra pudo pasar en parte por las cuentas del expresidente del Gobierno después de que él negara haber influido en su concesión.

También advierte de que la información encontrada en los móviles incautados en noviembre, sumado al que se le clonó en Estados Unidos a Rodolfo Reyes, antiguo dueño de Plus Ultra, en 2021, son indicios que apuntan a Zapatero. A ello suma el juez Calama la “utilización de múltiples sociedades mercantiles indiciariamente instrumentales”, sin especificar a cuáles se refiere, y las joyas encontradas en su despacho, de las que el magistrado dice que no se ha “acreditado su origen ni su correspondiente liquidación tributaria y aduanera”.

El párrafo del auto del juez dice literalmente lo siguiente de los indicios contra el expresidente: “Destacan el contenido de los dispositivos intervenidos en las distintas entradas y registros autorizados en esta causa con fecha 09.11.2025 [fase de la operación en la que fue detenido Julio Martínez; la trazabilidad de diversas transferencias entre las cuentas bancarias de José Luis Rodríguez Zapatero en relación con fondos procedentes de la ayuda pública concedida por el Gobierno a la mercantil Plus Ultra, y la utilización de múltiples sociedades mercantiles indiciariamente instrumentales para canalizar estos pagos; el análisis preliminar del contenido del dispositivo puesto a disposición de la jurisdicción española por las autoridades judiciales de Estados Unidos; y el hallazgo en su oficina de piezas de joyería cuyo valor supera 1.300.000 euros, sin que, a día de hoy, se haya acreditado su origen ni su correspondiente liquidación tributaria y aduanera”.

Por otra parte, el magistrado reconoce el “carácter embrionario” de la investigación y admite que “puede evolucionar en el sentido de consolidar” los indicios ya recabados contra Zapatero o, por contra, para disiparlos a través de diligencias de investigación que contrarresten de manera eficiente aquella suficiencia“.

Entre los indicios que pesan sobre la figura de Zapatero, el juez indica que consta el análisis preliminar del contenido del dispositivo del empresario Rodolfo Reyes que fue puesto a disposición de la policía española en marzo de 2026 por la Homeland Security Investigations (HSI) norteamericana. Y ahora, incluye un matiz al respecto en el auto porque ya sí habla que el contenido de ese teléfono móvil fue “puesto a disposición de la jurisdicción española por las autoridades judiciales de Estados Unidos”.

El juez defiende su decisión de no adoptar medidas cautelares contra Zapatero en que el riesgo de que se fugue o destruya pruebas sea “actual, específico y acreditado, no una inferencia genérica basada en la gravedad del delito o en la alarma social”.

La representante de Anticorrupción, tras escuchas a Zapatero responder solo a su defensa y, durante más tiempo, al juez, decidió solicitar la retirada del pasaporte y la imposición de comparecencias quincenales en el juzgado. Esta petición fue apoyada por el PP, que ejerce la dirección letrada de la acusación popular. En el seno de esta hubo discrepancias, ya que algunas de ellas, como HazteOir solicitaron al juez que enviara a Zapatero a prisión provisional.

Discrepancia entre el juez y la Fiscalía

El juez rebate a la Fiscalía Anticorrupción por primera vez desde que se hizo cargo del procedimiento al rechazar las medidas cautelares que el Ministerio Público solicitaba. 

“El investigado es una persona de pública notoriedad, circunstancia que dificulta de manera evidente que pueda situarse en una posición de ilocalización o sustraerse discretamente al procedimiento. Su visibilidad pública y manifiesto arraigo en el territorio, unidos a la ausencia de cualquier indicio de intención evasiva, excluyen razonablemente la existencia de un riesgo de fuga real y actual”, razona el juez. 

Calama añade que tampoco aprecia “riesgo de ocultación o destrucción de fuentes de prueba, pues los elementos relevantes ya han sido intervenidos y la investigación no depende de actuaciones que el investigado pudiera obstaculizar”.

“Cuando uno se sabe completamente inocente, como es mi caso, y confía plenamente en la Justicia, lo más doloroso es saber que mucha gente puede sentirse defraudada si cree las cosas que se afirman de mí. Mi mensaje es también a todos esos conciudadanos y conciudadanas: les pido confianza”. Estas han sido las primeras palabras del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, este miércoles, nada más salir de la Audiencia Nacional, donde ha declarado como imputado ante el juez José Luis Calama.

Finalmente Zapatero ha enviado un comunicado en lugar de hacer declaraciones a la prensa como estaba inicialmente previsto, pero según ha dicho en el texto, su intención es seguir dando explicaciones los próximos días. Su reflexión ha llegado tras declarar ante el juez Calama durante más de tres horas.

El expresidente ha comenzando el comunicado dando las gracias a la prensa “por la espera, y también a la ciudadanía”. “He estado 29 días en silencio, preparando este momento y los que vendrán. Callé por respeto a la Justicia y a Su Señoría, que era quien primero debía escucharme. No tengan duda de que en los próximos días iré dando las explicaciones oportunas”, ha añadido.

Zapatero reconoce que se le acusa de “muy graves delitos” que afirma no haber cometido. “Siempre me conduje con decencia y con honradez, y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo. Lo haré con absoluta transparencia y con plena confianza”, ha destcado.

También ha dicho que durante su intervención ante el juez ha presentado al tribunal “una autorización universal voluntaria para que pueda constatarse la inexistencia de sociedades, dinero, productos financieros o cualquier activo con titularidad mía directa o indirecta”. “Porque no tengo absolutamente nada fuera de España”, ha zanjado.

El juez instructor considera a Zapatero como líder de una “estructura organizada y estable” dedicada al ejercicio ilícito de influencias. En la causa se investigan indicios de hasta siete delitos en dos piezas separadas: organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental, blanqueo de capitales, contrabando y contra la Hacienda Pública.

La declaración en la Audiencia Nacional

Zapatero llegaba poco antes de las 9.00 horas a la Audiencia Nacional y, ante un dispositivo mediático sin precedentes, entraba por la puerta principal, la que usan los magistrados y fiscales, y no por la entrada habitual de público. El expresidente ha acortado el 'paseíllo' ante los medios al que, por lo general, se ven sometidos quienes acuden a declarar. Zapatero se ha convertido en el primer expresidente del Gobierno en democracia que comparece como imputado en una causa de presunta corrupción.

Ante el juez, Zapatero ha indicado que no ha ejercido ninguna influencia para favorecer a la aerolínea Plus Ultra en aras de que lograra el rescate público de 53 millones de euros en plena pandemia, según informan a elDiario.es fuentes jurídicas conocedoras del contenido de su declaración.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha afirmado este miércoles a preguntas del magistrado José Luis Calama que no ha ejercido ninguna influencia para favorecer que la aerolínea Plus Ultra lograra el rescate público de 53 millones de euros en plena pandemia, informan a elDiario.es fuentes conocedoras del contenido de su declaración. Zapatero, el primer expresidente del Gobierno en acudir a la Audiencia Nacional en calidad de investigado, ha precisado que no contactó con funcionario alguno o autoridades por el rescate de Plus Ultra, aunque ha matizado que sí conoció en 2024 a quien era por entonces vicepresidente de la aerolínea Julio Martínez Sola.

Fuentes próximas al que fuera líder de los socialistas trasladan a este periódico que se ha mostrado tranquilo durante toda la declaración y que ha acabado satisfecho con su intervención. Y eso a pesar de que se le imputa ser líder de una “estructura organizada y estable” dedicada al ejercicio ilícito de influencias. En la causa se investigan indicios de hasta siete delitos en dos piezas separadas: organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental, blanqueo de capitales, contrabando y contra la Hacienda Pública.

Al término de su declaración se ha producido una vistilla de medidas cautelares en la que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la retirada del pasaporte al expresidente del Gobierno y la comparecencia en un juzgado cada quince días además de la prohibición de salir de España sin autorización. Ahora, el juez Calama deberá adoptar una decisión. El Partido Popular, que ejerce la dirección letrada de la acusación popular, se ha sumado a la petición de Anticorrupción, y ha trasladado al juez que otras asociaciones ultras que integran la acción popular solicitaban el ingreso en prisión del expresidente. El juez ha rechazado adoptar medida cautelar ninguna.

Como estaba previsto, Zapatero se ha negado a contestar a pregunta alguna sobre el hallazgo de joyas en una caja fuerte de su despacho por valor de 1,3 millones de euros. En este sentido, el expresidente ha dicho que está reuniendo información y que en el plazo de una semana o diez días pedirá declarar al respecto.

Ha sido el juez José Luis Calama quien ha llevado el peso del interrogatorio. Zapatero ha estado en la sala cerca de tres horas, de las que hay que descontar media hora de receso y lo que ha durado la vistilla, más corta. En esas dos horas aproximadas de declaración casi todas las preguntas han corrido a cargo del magistrado Calama, quien ha puesto especial énfasis en el asunto de la supuesta sociedad en Dubai. A su abogado, Zapatero ha respondido durante unos quince minutos.

Respecto a los pagos que recibió de Análisis Relevante, la consultora de su amigo Julio Martínez –a quien había contratado Plus Ultra–, Zapatero ha dicho que eran a cambio de trabajos de asesoría y que cobraba por ellos a final del año de forma conjunta. También ha mantenido que de la maquetación de esos informes se encargaba Whathefav, la agencia de comunicación de sus hijas. Según ha explicitado, su relación contractual con Análisis Relevante se sustentaba bajo un contrato de carácter “verbal”. El sumario recoge que esa sociedad abonó a Zapatero un total de 490.780 euros entre los años 2020 y 2025.

Uno de los hechos que la Policía, Fiscalía y juez consideran un indicio del tráfico de influencias fue una reunión con el ministro de Seguridad Social José Luis Escrivá, de quien dependían unos certificados para ayudas a la aerolínea. Esa reunión se produjo más de dos semanas después de que el Ministerio actualizara la situación de Plus Ultra. Este miércoles, Zapatero ha dicho que el encuentro con Escrivá no fue una comida sino un desayuno y que no se abordó en ningún momento la situación de la aerolínea, confirman las mismas fuentes.

Zapatero ha negado los indicios que se presentan contra él por un supuesto blanqueo de capitales en relación con la creación de una sociedad en Dubai. Ante el juez, ha dicho que nunca ha tenido una sociedad, ni fuera de España ni en territorio nacional, aseguran las fuentes consultadas.

El auto de imputación asume la tesis de la UDEF según la cual el presidente ideó un plan para sacar fondos obtenidos ilícitamente al paraíso fiscal de los Emiratos Árabes. El plan consistía en que su presunto socio Julio Martínez creara una empresa offshore en Dubái para cobrar una supuesta comisión de medio millón de euros por el citado rescate. 

Para acusar a Zapatero de liderar este plan, la Policía y el juez se basan en que su secretaria reservó mesa en un restaurante de Madrid para una comida entre un empresario con intereses en Dubái, Tomás Guerrero, y Julio Martínez Martínez. Y en que, al día siguiente, el primero de ellos le facilitó datos a Martínez para la creación de la offshore aludiendo a lo “conversado ayer”. El juez le he preguntado por esa comida y el expresidente ha asegurado que no la recordaba.

Por otro lado, ha enamarcado dentro de la normalidad su relación con la empresa Inteligencia Prospectiva de los hermanos Amaro Chacón. Ha indicado que la relación venía de lejos porque conocía a su padre y que en un momento dado comenzó a realizar también para ellos trabajos de consultoría sobre geopolítica y también conferencias, escritos y diálogos. Según el sumario esa sociedad actuaba como un punto de entrada de fondos extranjeros que luego se redistribuían hacia la red la presuntamente liderada por el expresidente a través de contratos ficticios de asesoría. Constan pagos a la empresa de las hijas de Zapatero por valor de 561.440 euros. A Análisis Relevante le abonó 368.000 euros.

El expresidente ha negado, además, conocer nada respecto al contenido del móvil del empresario venezolano Rodolfo Reyes -quien fuera socio mayoritario de Plus Ultra en 2020- en el que se recogían mensajes que apuntaban a que los directivos de la aerolínea acudieron a la vía Zapatero para lograr el rescate público.

Tú no te acuerdas porque eres muy joven, pero hace 22 años la victoria electoral de Rodríguez Zapatero fue recibida en la puerta de Ferraz por cientos de votantes, sobre todo jóvenes, al grito de “¡No nos falles!” Resumía el estado de ánimo de una ciudadanía conmocionada y decepcionada tras el gobierno de Aznar, la guerra de Irak y los atentados de Atocha: te hemos votado, ahora tú no nos puedes fallar. Zapatero prometió estar a la altura, retiró las tropas de Irak, avanzó en derechos fundamentales, y a la vuelta de unos años acabó fallando, sí, pero esa es otra historia. De hecho, aquella decepción estaba olvidada, rehabilitado Zapatero como líder de izquierda por su empuje decisivo en las elecciones de 2023, hasta que hace unas semanas fue imputado.

Este miércoles bien podría recibirle a la puerta de la Audiencia Nacional una multitud de dirigentes, cuadros y votantes socialistas al mismo grito de entonces: “¡No nos falles!”. El PSOE vive bajo el shock de ver a su líder moral arrastrado por el barro, y todavía espera que llegue al juzgado, explique todo, todo, todo, y salga por la puerta limpio de polvo y paja. Aunque su estrategia de defensa parece apuntar a la nulidad de la causa, los suyos confían en que hable y hable y explique y explique y aclare y aclare, y toda, toda la acusación se venga abajo.

Este mismo martes, solo unas horas antes de la comparecencia, todo el partido manifestó su respaldo sin titubeos: la vicesecretaria general, María Jesús Montero: “Tiene mi confianza”. La secretaria de organización, Rebeca Torró: “Confiamos en su inocencia”. El portavoz parlamentario, Patxi López: “Estamos absolutamente convencidos de que ZP demostrará su inocencia”. La portavoz del partido, Montse Mínguez: “Se va a defender de todas las acusaciones”. No se quejará ZP de que le dan la espalda.

Los socialistas lo han apostado todo a la declaración de Zapatero, y esa es una apuesta de alto riesgo. No porque el ex presidente pueda salir del juzgado en furgón policial camino de Soto del Real, como fantasean en la derecha. Pero hay muchas posibilidades de que no pueda explicarlo todo, todo, no tanto como para satisfacer a un juez. Además lleva el fleco suelto de las joyas que, aunque apesta a jugada policial-judicial (“si se nos escapa por lo de Plus Ultra, al menos lo tenemos pillado por las joyas que casualmente aparecieron en un registro”), no parece que vaya a poder explicar esta semana pues había pedido más tiempo para ello, y tal vez no pueda explicar en ningún caso.

Nos hemos acostumbrado a vivir en el sobresalto permanente, pero estos dos días son un cubo de nitroglicerina, y pueden marcar lo que queda de legislatura y las próximas elecciones. Si Zapatero es capaz de explicarlo todo más o menos razonablemente, el PSOE y su izquierda se vendrán muy arriba. Si por el contrario sale confirmado en su imputación y quién sabe si agravado, el ánimo del votante no habrá quien lo levante.

José Luis Rodríguez Zapatero se convertirá este miércoles en el primer expresidente del Gobierno en acudir a la Audiencia Nacional en calidad de investigado. Se le imputa como líder de una “estructura organizada y estable” dedicada al ejercicio ilícito de influencias. En la causa se investigan indicios de hasta siete delitos en dos piezas separadas: organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental, blanqueo de capitales, contrabando y contra la Hacienda Pública.

Zapatero comparecerá ante el juez instructor José Luis Calama —el mismo magistrado que investigó el apagón de 2025 o el espionaje a miembros del Gobierno con el software israelí Pegasus—, y, previsiblemente, responderá solo a su abogado, Víctor Moreno Catena, además de al propio instructor.

Tras la celebración del interrogatorio tendrá lugar una vistilla en la que las diferentes partes propondrán las medidas cautelares que consideran que deben imponerse al expresidente. Esas medidas pueden ir desde la prisión provisional —la más lesiva— hasta la retirada del pasaporte o la asistencia periódica ante el juzgado para firmar. 

De acuerdo con el auto de imputación del juez, estos son los principales hitos que el expresidente deberá abordar y justificar.

El rescate de Plus Ultra y la “vía Zapatero” 

El rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra en la pandemia está en el origen de las pesquisas. En 2024, la Fiscalía Anticorrupción fue alertada por las autoridades de Francia y Suiza sobre la posibilidad de que el dinero de ese préstamo público hubiera sido utilizado para alimentar una trama de lavado de dinero de Venezuela. Las conversaciones incautadas en la investigación de ese posible desvío de fondos dan las primeras pistas sobre la posible “relación personal y económica” de Zapatero con alguno de los empresarios que estaban bajo el radar de la Justicia en esa causa. 

Sin embargo, los principales indicios contra el expresidente aparecieron en el teléfono de otro de los investigados en ese procedimiento, el venezolano Rodolfo Reyes, antiguo dueño de la aerolínea, a quien Estados Unidos denegó la entrada y clonó su teléfono en mayo de 2021, cuando en España ya investigaba un juzgado a directivos de la Sepi que aprobaron el rescate de Plus Ultra. Esos mensajes de Reyes llegaron a la Audiencia Nacional cinco años después, en marzo de 2026, cuando el juez reactivó una orden de busca y captura contra él. Eso hizo saltar la “notificación roja” de Interpol y el personal del Homeland Security en la embajada de EEUU en Madrid envió a la Policía una copia de lo encontrado en ese móvil. 

Esos mensajes incluyen “referencias constantes” de directivos de Plus Ultra a recurrir a lo que llamaban la “vía Zapatero” para sortear las dificultades en la tramitación de la ayuda. Les exponen mostrándose confiados en que el expresidente diera un “toque técnico desde arriba”, alardeando de tener al “pana Zapatero detrás” y admitiendo su disposición a pagar mordidas. Además, supieron con antelación que se les iba a conceder la ayuda, aunque era el trámite habitual según explicó la SEPI durante la investigación de 19 meses (2021-2022) que llevó a cabo un juzgado de Madrid. Cuando compareció en el Senado el pasado marzo, Zapatero admitió que sabía que su amigo Julio Martínez Martínez tenía “alguna relación” con Plus Ultra, aunque negó que él trabajara para la aerolínea o que hubiera influido en su rescate con dinero público.

Hasta la fecha, el sumario no ubica a Zapatero en ninguna cita de carácter “institucional” directamente vinculada a ese rescate. No obstante, tanto el juez como la Fiscalía otorgan especial relevancia a dos encuentros de alto nivel mantenidos por el expresidente de los que la investigación no recoge ningún detalle. Uno fue con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en septiembre de 2020, cuando Plus Ultra estaba tramitando su solicitud. En el entorno de Escrivá afirman que no hablaron del rescate y que la iniciativa partió del entonces ministro en el marco de una ronda de contactos con diferentes personalidades por la primera desescalada de la pandemia. La otra fue una comida de Zapatero con José Luis Ábalos que se produjo seis días después de que se aprobara la ayuda por el consejo de Ministros. 

El entramado societario y los pagos de su “lacayo”

Los documentos del sumario que sustentan la investigación a Zapatero no incluyen, hasta ahora, ninguna prueba directa de que la supuesta influencia ejercida por el presidente derivara en la decisión de la SEPI de otorgar el rescate. Sin embargo, suscitan dudas los más de 900.000 euros que Plus Ultra pagó de forma directa o indirecta en cinco años a Julio Martínez Martínez, el amigo del expresidente del Gobierno. Y el hecho de que, en ese mismo periodo, Análisis Relevante, la consultora de este empresario al que otros investigados también apodaban el “lacayo” de Zapatero o “el banco del jefe”, abonara 730.000 euros al expresidente y a sus dos hijas. 

La tesis del magistrado es que esos pagos eran facturas simuladas para canalizar los fondos que cobraba la trama a compañías con intereses en obtener ayudas públicas o favores, como Plus Ultra. El entorno de Zapatero ha venido defendiendo hasta el momento que hay un trabajo real detrás; tanto suyo, que realizaba informes de consultoría; como de sus hijas, que se encargaban de maquetar esos informes. Se espera que mantenga esta misma versión en su interrogatorio de este miércoles. 

Entre los delitos que el juez atribuye a Zapatero está también el blanqueo de capitales. El auto de imputación asume la tesis de la UDEF según la cual el presidente ideó un plan para sacar fondos obtenidos ilícitamente al paraíso fiscal de los Emiratos Árabes. El plan consistía en que su presunto socio Julio Martínez creara una empresa offshore en Dubái para cobrar una supuesta comisión de medio millón de euros por el citado rescate. 

Para acusar a Zapatero de liderar este plan, la Policía y el juez se basan en que su secretaria reservó mesa en un restaurante de Madrid para una comida entre un empresario con intereses en Dubái, Tomás Guerrero, y Julio Martínez Martínez. Y en que, al día siguiente, el primero de ellos le facilitó datos a Martínez para la creación de la offshore aludiendo a lo “conversado ayer”. Entre los informes de la Policía y el auto del juez no queda claro si a esa comida se sumó el expresidente y si ordenó poner en marcha esa empresa offshore en Dubái.

Los pagos a sus hijas: facturas genéricas

Una de las preguntas clave que, previsiblemente, saldrá en el interrogatorio será qué papel desempeñaban en la presunta trama sus hijas y la empresa administrada por ambas, Whathefav. La resolución que acordaba la imputación de Zapatero sostenía que esa sociedad recibía fondos de sociedades instrumentales de una estructura “orientada al ejercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionales y extranjeras”. 

Y decía más, que Whathefav generó una “facturación ad hoc” que estaba destinada a dar “cobertura formal a movimientos financieros carentes de actividad económica real” con destino al entorno de Zapatero. Los investigadores de la UDEF consideran que la compañía emitía facturas con el concepto “servicios agencia” sin detallar cuál era su prestación real, lo que les lleva a pensar que no había una correspondencia entre “la actividad declarada y la real”.  

Explica la resolución que a raíz de correos intervenidos en el ordenador de Julio Martínez, se pudo conocer que la empresa de las hijas de Zapatero recibía los informes ya elaborados de Análisis Relevante para maquetarlos y enviarlos con posterioridad a los destinatarios de los que ya disponían. “Todo ello permite inferir que esta mercantil es utilizada para la articulación formal de una contraprestación económica”, indica el juez en una de sus resoluciones. 

Consta en el sumario de la causa que entre junio de 2020 y diciembre de 2025 Análisis Relevante, la empresa de Julio Martínez, habría abonado a Whathefav 239.755 euros. A esto, suma que la sociedad de las hijas de Zapatero figura como principal proveedor de Inteligencia Prospectiva -otra de las empresas investigadas en la trama-, que le abona 561.440 euros.

Las joyas, en la caja fuerte

Pero Zapatero no solo deberá responder a lo concerniente a la pieza principal de la causa. El viernes pasado, Calama decidió que también se debía abordar en ese mismo interrogatorio el origen de las joyas encontradas por la UDEF en la caja fuerte de su oficina. La joyería Ansorena tasó de manera preliminar las mismas en 1,3 millones de euros y el juez acordó en base a ese dato imputar al expresidente por los delitos de contrabando y contra la Hacienda Pública.

La defensa de Zapatero trató de evitar a última hora que se hablara de ese asunto alegando que no ha tenido tiempo para instruirse sobre el peritaje, pero el magistrado rechazó la petición. Entiende que, en realidad, los hechos sobre los que debe responder no son nuevos porque ya constan en la causa principal. 

El juez sostiene que el expresidente tiene la posibilidad ahora de ofrecer explicaciones sobre el origen de esas joyas y de aportar la documentación que “disipe la indiciaria ilicitud de la posesión” de las mismas. Considera que, por el momento, se da una ausencia de documentación aduanera que impide descartar que las joyas hubieran sido introducidas en España al margen de los procedimientos de control aduanero. 

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado la petición de la defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para que se suspenda su declaración de este miércoles en la parte referida a las joyas encontradas en una caja fuerte durante el registro de su oficina. De esta forma, tendrá que responder sobre ambas investigaciones: la principal, sobre el rescate de Plus Ultra, y la nueva pieza separada, la de las joyas.

Ante la argumentación del abogado del expresidente socialista, que había pedido más tiempo para localizar documentación dado que esta nueva imputación por contrabando y delito fiscal se conoció hace solo cuatro días, el magistrado cree que la pieza separada “no altera el objeto fáctico ni introduce elementos sorpresivos que exijan un tiempo adicional de preparación”. Calama sostiene que aunque la pieza se separase el viernes, su contenido no incorpora “hechos nuevos” porque el hallazgo de las joyas ya era conocido y la novedad es la tasación pericial. “Los hechos sobre los que debe versar la declaración son los mismos que ya constan en la causa principal desde la intervención de los efectos”, añade.

El magistrado rechaza que exista una “indefensión material” y, además, añade que la defensa de Zapatero tiene la posibilidad de solicitar diligencias complementarias o nuevas declaraciones si lo considera necesario, lo cual “excluye cualquier perjuicio irreparable”. “El investigado puede declarar sobre los mismos hechos que motivan su citación en la causa principal, fijándose ambas declaraciones el mismo día por razones de coherencia y economía procesal”, desarrolla.

Tras la decisión de Calama, mañana Zapatero tendrá que abordar la explicación sobre el origen y la tributación de las joyas así como la investigación principal, es decir, si cobró a cambio de impulsar el rescate de más de 50 millones de euros de dinero público por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a la aerolínea Plus Ultra, y si para hacerlo construyó un entramado societario. Entre otros métodos, Calama analiza si parte de los pagos se canalizaron a través de la empresa de sus hijas.

La semana pasada, el abogado de Zapatero presentó ante Calama un escrito en el que le requería que pidiese más datos a EEUU sobre la manera en la que se obtuvo la prueba clave contra el exdirigente socialista, el teléfono de Rodolfo Reyes. Su defensa también se queja de que no tiene acceso íntegro a los dispositivos incautados, de forma que no sabe qué ocurre antes y después de las conversaciones utilizadas por los agentes en sus informes y por el juez instructor.

Zapatero tendrá que localizar documentación que acredite la procedencia de los collares, relojes y pendientes que estaban en la caja fuerte de su oficina cuando acudió la UDEF a registrarla y que la tasación ha valorado en más de un millón de euros. El instructor del caso cree que las joyas pudieron ser introducidas en España sin declarar y que tampoco se tributó por ellas.

La secretaria del expresidente, Gertrudis Alcálzar, dijo a los agentes de la UDEF que el contenido de la caja fuerte era parte de una herencia familiar de Sonsoles Espinosa y parte de “regalos de viajes”. En este sentido, será clave si estos objetos proceden de su etapa como presidente, entre 2004 y 2011, lo que haría que los delitos hubieran prescrito.

Esta semana está prevista por fin la declaración de Zapatero ante el juez Calama. Todo está en el aire. En cualquier caso, ya no lo hará imputado, que no es poco, por tráfico de influencias o por hacer unas facturas falsas para encubrir un supuesto lobby irregular, ahora se añaden dos imputaciones más: contrabando y delito fiscal… Todo esto a partir del registro en el que se incautaron joyas de su despacho que, según una tasación independiente, están valoradas en total en más de un millón de euros. 

¿Qué podrá decir que pueda recomponer su imagen y su futuro judicial? Analizamos, con el periodista de la sección de economía de elDiario.es Álvaro Celorio, a qué delitos fiscales se podría enfrentar el ex presidente del Gobierno si no es capaz de aclarar el origen de las joyas. También, con la redactora jefa de política en elDiario.es, Marta Barandela, indagamos sobre los viajes que Zapatero hizo como presidente y que nos podrían dar una pista de la procedencia de estos supuestos regalos. 

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La concesión de ayudas por parte de diferentes Estados de la Unión Europea a diversas aerolíneas con motivo del impacto del COVID 19 no ha dejado de suscitar polémicas que han acabado en algunos casos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) o ante el Tribunal General (TGUE) y, en otros, ante los tribunales de justicia nacionales.

Las decisiones del TJUE y el TGUE se pueden clasificar en dos grandes grupos: las anulaciones de grandes rescates de aerolíneas singulares por vicios en su aprobación y, por el contrario, el aval a los fondos generales de solvencia, a los que podían acogerse diversas aerolíneas.

En el primero destaca, sobre todo, la anulación definitiva en abril de 2026 de la ayuda a Lufthansa, una recapitalización masiva de 6.000 millones de euros en 2020 bajo el “Marco Temporal de Ayudas de Estado” de la Comisión Europea.

Pero no fue la única. También fueron anuladas las autorizaciones de los rescates de Air-France-KLM y SAS.

En el segundo grupo se encuentran todos los rescates de las aerolíneas españolas, de las cuales únicamente el rescate de Air Europa, que recibió 475 millones de euros de 2020 a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI, acabó siendo examinado por el TJUE, que la aprobó sin reserva de ningún tipo.

El rescate de Plus Ultra no llegó al TJUE porque, según la normativa europea del Marco Temporal COVID-19, los Estados miembros no estaban obligados a notificar las ayudas que no rebasaran el umbral de los 250 millones de euros. La ayuda a Plus Ultra alcanzó la cifra de 53 millones de euros.

Sí llegó a la justicia española, a los juzgados de Madrid, en 2021, como consecuencia de una denuncia por el pseudosindicato Manos Limpias contra altos cargos de la SEPI y miembros del Consejo de ministros por malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias.

Tras más de un año de investigación, la titular del juzgado 15 decretó el archivo de la causa por ausencia de delito. La jueza recibió el expediente completo de tramitación del rescate, remitido por la SEPI, en el que se detallan los múltiples controles internos y externos que superó la solicitud de ayuda de la compañía Plus Ultra sin hallar rastro alguno de intervención política. José Manuel Romero publicó el pasado 28 de mayo en este diario un análisis detallado del mismo: 'Un tráfico de influencias para el rescate de Plus Ultra sin influencia acreditada'. Lectura obligatoria para quien quiera estar bien informado.

Hasta este momento, si prescindimos de la singularidad de Manos Limpias, no hay reproche alguno que se pueda formular contra el proceso general de concesión de préstamos para las aerolíneas afectadas por el COVID 19 y el control judicial de las mismas en España. No solamente no hay tráfico de influencia acreditado en ningún caso, sino que, del propio procedimiento diseñado para la concesión de los préstamos, se desprende la dificultad, por no decir la casi imposibilidad, de que tal tráfico hubiera podido producirse. Hacer la presión que exige la jurisprudencia sobre el tráfico de influencias a los funcionarios de la SEPI que tenían que elevar la propuesta de concesión al Consejo de ministros, que era quien la aprobaba, es prácticamente imposible.

El delito de tráfico de influencias había quedado descartado, parecía que, de manera definitiva, en la concesión del préstamo a la aerolínea Plus Ultra. El de tráfico de influencias y el de cualquier otro, ya que la titular del Juzgado número 15 de Madrid, como hemos visto, no había apreciado delito alguno.

Pero no ha sido así. El delito ha reaparecido en un auto de 18 de mayo de 2026 dictado por el juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional. En dicho auto se imputa como presunto autor del delito al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Resulta llamativo que, aunque durante los años de Rodríguez Zapatero no se acreditó ni un solo caso de corrupción, ha sido el primer expresidente en ser imputado por corrupción. Es comprensible, en consecuencia, el impacto que el auto dictado por el juez Calama ha tenido en la opinión pública.

De ahí la necesidad de contextualizar el auto, a fin de que pueda ser entendido por cualquier ciudadano, que no haya estudiado derecho. Es lo que pretendo hacer a continuación.

Para que el lector no se pierda, es preciso responder a las dos siguientes preguntas: ¿cómo ha llegado el asunto Plus Ultra del Juzgado número 15 de Madrid al Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional? Y, ¿cómo ha recalado José Luis Rodríguez Zapatero en el auto dictado por el titular de este Juzgado, José Luis Calama?

Tras haber sido dictada la sentencia por la titular del Juzgado número 15 de Madrid, en la que, como hemos visto, se llegaba a la conclusión de que no se había producido delito alguno en la concesión del préstamo a la aerolínea Plus Ultra, la justicia suiza y la francesa alertaron en 2024 a la justicia española del posible uso delictivo por los dirigentes de Plus Ultra del dinero obtenido con el préstamo. Y apuntaban a los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de capitales. 

Es importante subrayar que la justicia suiza y la francesa no ponen en cuestión la licitud del préstamo concedido, sino el uso posterior del dinero obtenido a través de dicho préstamo por parte de los propietarios y dirigentes de la aerolínea Plus Ultra, entre los que no se encuentra José Luis Rodríguez Zapatero. 

La titular del juzgado número 15 de Madrid, ante el nuevo objeto procesal suscitado por la alerta de las justicias suiza y francesa, que desborda el que fue objeto de estudio por su parte para dar respuesta a la inicial querella de Manos Limpias, decidió inhibirse a favor del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, al que correspondiera encargarse del asunto.

Hasta ese momento el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero no había hecho acto de presencia. ¿Cómo entra el expresidente del Gobierno en la investigación de los delitos sobre los que habían alertado las justicias suiza y francesa?

Aquí es donde está “la madre del cordero”.

¿La incorporación del expresidente del Gobierno a la causa se ha producido de manera constitucional o, por el contrario, lo ha sido con vulneración de las garantías constitucionales del proceso penal reconocidas en la Constitución? Como escribí el pasado jueves respecto del ex fiscal general Estado, dichas garantías, como la virginidad de María, proyectan su vigencia “antes de parto, en el parto y después del parto”, sin excepción temporal de ningún tipo. Empezando, por tanto, con el momento de la imputación. ¿Puede ser considerado constitucional el auto de imputación dictado el 18 de mayo de 2026 por parte del juez instructor? 

En el propio auto y en la conducta procesal ulterior del propio Juez Calama tenemos la respuesta.

En el Auto no se recoge información alguna objetivamente contrastable de la participación de Rodríguez Zapatero en la concesión del préstamo a la aerolínea Plus Ultra o en el uso de dinero de dicho préstamo. Toda la información que se aporta sobre el expresidente procede del clonado del teléfono de Rodolfo Reyes Rojas, puesto a disposición de la Policía Nacional por la agencia de los Estados Unidos Homeland Security Investigations (HSI). Cito textualmente: “A través de los mecanismos de los que dispone la Policía Nacional la HSI ha puesto a disposición de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción la extracción telefónica de un dispositivo móvil perteneciente al investigado Rodolfo Reyes Rojas”.

En dicho dispositivo móvil no aparece ninguna intervención directa de José Luis Rodríguez Zapatero, sino únicamente las intervenciones de terceros que hablan de él. Pero para la UCO, en primer lugar, y para el juez instructor, después, las menciones de Zapatero que figuran en el dispositivo móvil tienen suficiente credibilidad para justificar su imputación.

No hay ni un solo momento en que el juez instructor se detenga a preguntarse cómo se puede iniciar un proceso penal en España sin la presencia de una autoridad judicial. La HSI es un órgano administrativo. En consecuencia, de la información que pueda obtener sin control judicial no se puede derivar un auto de imputación por parte de un juez español. La Constitución excluye tal posibilidad de manera absoluta. ¿Cómo ha podido ignorar el juez Calama que su primera obligación para dictar un auto de imputación tiene que ser la verificación de que la información con base en la cual dicho auto ha sido dictado ha sido obtenida de manera jurídicamente irreprochable? Parece increíble, pero así ha sido.

El propio juez Calama, al haber leído, sin duda, las críticas sobre la inconstitucionalidad de su manera de proceder (ver Jordi Nieva y Carlos López-Keller), ha intentado blanquear la información indebidamente obtenida. Pero el remedio ha sido peor que la enfermedad, ya que resulta difícil de entender su decisión de dirigirse genéricamente a la Administración estadounidense solicitando que se le autorice a hacer uso de ahora en delante de la información de la que ya ha hecho uso en el auto de imputación de Rodríguez Zapatero. Pedir autorización para utilizar lo que ya se ha utilizado se califica por sí mismo.

¿No sabe, además, el juez Calama que un juez no puede dirigirse nada más que a otro juez? La cooperación judicial únicamente puede darse entre jueces. Un juez no puede solicitar cooperación a una autoridad administrativa. Ni recibirla. Por la propia naturaleza constitucional del poder judicial y del poder administrativo. ¿No sabe, además, que un juez no puede solicitar nunca “autorización” para hacer uso de una información, sino que debe exclusivamente exigir que se le certifique más allá de toda duda razonable que la información ha sido obtenida de forma jurídicamente irreprochable? Si la información es jurídicamente irreprochable, todo lo demás sobra. Si no lo es, no hay nada que se pueda hacer.

De lo expuesto hasta el momento se deduce que el auto de 18 de mayo de 2026 es nulo de pleno derecho por vulneración de las garantías constitucionales del proceso penal. También lo es la solicitud para poder hacer uso de la información indebidamente obtenida a través del HSI.

De la nulidad del auto de imputación se deriva la nulidad de todas las decisiones que se han tomado respecto de la intimidad personal y familiar del expresidente del Gobierno. La cacería del expresidente del Gobierno y su familia está siendo infame.

Nos encontramos ante una instrucción por parte de un juez, pero con vulneración palmaria de la Constitución. En consecuencia, no es la “voluntad general”, la Constitución y la Ley, la que el juez Calama está haciendo valer, sino que ha sustituido la voluntad general por su voluntad particular. Me imagino que eso sí sabrá lo que significa.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido un aplazamiento de su citación ante el juez prevista para este miércoles 17 de junio para dar explicaciones sobre las joyas incautadas en su despacho, según han informado fuentes de su entorno. El exdirigente socialista quiere más tiempo para documentarse tras haber sido imputado el viernes por contrabando y delito fiscal. Es una solicitud que afecta solo a esa pieza separada, no a la investigación principal, sobre el rescate de Plus Ultra.

Zapatero tendrá que localizar documentación que acredite la procedencia de los collares, relojes y pendientes que estaban en la caja fuerte de su oficina cuando acudió la UDEF a registrarla y que la tasación ha valorado en más de un millón de euros. El instructor del caso cree las joyas pudieron ser introducidas en España sin declarar y que tampoco se tributó por ellas. La secretaria del expresidente, Gertrudis Alcálzar, dijo a los agentes de la UDEF que el contenido de la caja fuerte era parte de una herencia familiar de Sonsoles Espinosa y parte de “regalos de viajes”. En este sentido, será clave si estos objetos proceden de su etapa como presidente, entre 2004 y 2011, lo que haría que los delitos hubieran prescrito.

El expresidente fue imputado por estos dos nuevos delitos en una pieza separada el pasado viernes, motivo que —según su entorno— alega para pedir que se posponga. En ese auto, el juez le señalaba que el miércoles 17 y jueves 18 podría dar explicaciones sobre el origen de los objetos, aprovechando que ya estaba citado como investigado.

La intención de la defensa de Zapatero sería abordar solo la investigación principal, es decir, si cobró a cambio de impulsar el rescate de más de 50 millones de euros de dinero público por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a la aerolínea Plus Ultra, y si para hacerlo construyó un entramado societario. Entre otros métodos, José Luis Calama analiza si parte de los pagos se canalizaron a través de la empresa de sus hijas.

La semana pasada, el abogado de Zapatero presentó ante Calama un escrito en el que le pide que requiera más datos a EEUU sobre la manera en la que se obtuvo la prueba clave contra Zapatero, el teléfono de Rodolfo Reyes. Su defensa también se queja de que no tiene acceso íntegro a los dispositivos incautados, de forma que no sabe qué ocurre antes y después de las conversaciones utilizadas por los agentes en sus informes y por el juez instructor.

Ya conocen la teoría del meteorito, enunciada en esta columna en varias ocasiones. Esta legislatura está resultando tan única, pinturera, mágica e imprevisible que, si mañana cayera un meteorito sobre el Congreso de los Diputados, al día siguiente todos diríamos que era lo normal y se veía venir. Zapatero es el meteorito que estábamos esperando en este período de ruido y furia.

Los dos días de deposición reservados por el aplicado juez Calama puede que le estén quitando el sueño a Pedro Sánchez más que aquellos pactos con Podemos. Ciertamente tienen a no pocos militantes socialistas y votantes de izquierda con el alma en un puño. A pesar de las muchas evidencias que, aparentemente, se han ido poniendo sobre la mesa, la mayoría aún confía y espera una explicación convincente por parte del expresidente a quien habían convertido en el modelo de lo que debería ser un expresidente. 

Es posible que, incluso, unos cuantos en las derechas también lo esperen o se lo teman. Dar por muerto a ZP nunca les ha salido muy bien hasta ahora. Empeñarse en mandarlo ya a la cárcel por más años de los que se pueden contar con los dedos de la mano, puede que sí… o no. 

El silencio de Zapatero tiene toda la lógica jurídica de quien debe preocuparse primero por su defensa y los cargos que se le imputan. Pero en términos políticos y mediáticos está causando una masacre. Todo el espacio y el debate lo ocupa el relato de la acusación y lo hace a conciencia. No deja de resultar curioso que conociéramos la tasación de las famosas joyas justo cuando empezábamos a debatir si podría haber un árbol envenenado en el clonado del teléfono de Roberto Reyes, hace cinco años en Miami, y su traslado a la UDEF hace apenas unos meses. Otra coincidencia extraordinaria en el país de las coincidencias extraordinarias. 

La validez de las pruebas no constituye una cuestión meramente formal ni prejuzga culpabilidades o inocencias. Afectan al corazón de la legitimidad de cualquier proceso penal. Su garantía supone la condición necesaria para lograr un proceso justo y debido. Cómo se obtuvieron esos datos y su integridad, cómo se custodiaron y cómo se entregaron conforman cuestiones que deben ser aclaradas porque así lo exige la ley. 

Otro tanto con respecto a todo cuanto se refiere al muestrario de joyería hallado en una caja fuerte que, al parecer, nadie más tiene en España. La ley exige al presidente Zapatero unas obligaciones que ha de acreditar cumplidas. Es tarea del juez determinarlo por todos los medios a su alcance. Que no fueran el objeto inicial de la investigación no exime de esa responsabilidad. 

Todas constituyen cuestiones jurídicas capitales que se resolverán donde deben, en sede judicial. Pero la declaración de Zapatero no será únicamente un acto jurídico. Irradia también una evidente e innegable catarsis política. Comparece ante la Audiencia Nacional y comparece ante nosotros. 

Si no es, lo parece y en política eso se vuelve tan dañino como una condena. Seguramente no es justo, pero son las reglas del juego y Zapatero lo ha jugado demasiadas veces como para no saberlo. Esa catarsis política crucial afecta a la credibilidad. No se va a sustanciar con argumentos sobre la validez de las penas, la fiabilidad de las tasaciones o la cuantificación de las prescripciones. Se sustanciará sobre la capacidad que tenga Zapatero, por medio de su declaración, para convencernos de que es lo que decía que era y hace aquello que decía que hacía. 

Una cosa son las explicaciones. Otra muy distinta serán las excusas. Zapatero tiene que ofrecer explicaciones hasta las últimas consecuencias. El daño ya está hecho y puede que mucho ya no sea siquiera reparable, ni siquiera con una resolución de inocencia penal. Pero la devastación que puede producir un testimonio basado en excusas puede resultar aún más desoladora para el precario estado emocional de la base electoral que apoya a este gobierno. La confianza traicionada mata tantos o más gobiernos que las crisis económicas. 

Es un daño potencial que las encuestas no han ni empezado a medir, pues la mayoría de esos votantes aún confían en la rectitud y honestidad del expresidente más votado de la historia de España. Vuelve el meteorito. Prepárense para el impacto.