Vox ha registrado este jueves una iniciativa en Les Corts en la que pide instar al Consell a solicitar al Gobierno de España que garantice “la prioridad nacional y la sostenibilidad del Estado de bienestar de los españoles” y establezca este principio en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos o los programas de vivienda, así como en el acceso al sistema de prestaciones y pensiones públicas. La formación liderada por Santiago Abascal presenta esta proposición no de ley (PNL) de tramitación especial de urgencia días después de afirmar que el principio de “prioridad nacional” ya forma parte del acuerdo de investidura del 'popular' Juanfran Pérez Llorca antes de que ahora ambas formaciones hayan plasmado este concepto en los pactos de gobierno en Extremadura y Aragón.

El síndic de la formación, José Mª Llanos, ha destacado en un comunicado que la propuesta registrada este jueves en Les Corts “parte de un diagnóstico político claro: el deterioro del Estado de bienestar, la sobrecarga de los servicios públicos y la pérdida de cohesión social son consecuencia directa de las políticas impulsadas durante años por los sucesivos gobiernos”. En esta línea, ha remarcado la importancia de que el Estado y las instituciones “existen para salvaguardar la seguridad, la justicia y el bienestar de la comunidad nacional, y que cualquier política pública debe orientarse a ese objetivo prioritario”.

Llanos ha situado la prioridad nacional como “eje central del debate político” y ha planteado en la Comunitat Valenciana un modelo que Vox, según ha afirmado, “ya ha comenzado a impulsar en otros territorios y que aspira a extender al conjunto de España”. La iniciativa, ha valorado el portavoz, “refuerza el posicionamiento de Vox como fuerza política que propone una reorientación de las políticas públicas hacia la protección de la comunidad nacional y la sostenibilidad del Estado de bienestar”.

Además, según han apuntado fuentes de la formación, este enfoque “ya ha comenzado a aplicarse en acuerdos de gobierno como los alcanzados en Extremadura y Aragón, donde la prioridad nacional se ha incorporado como eje de las políticas sociales”. El partido liderado por Santiago Abascal apuesta por extenderlo “al conjunto de España”. En concreto, la iniciativa insta al Consell a solicitar al Gobierno que garantice “la prioridad nacional de los españoles en todos los frentes de la vivienda”, bien para acceder a una protegida, a bonificaciones fiscales diferenciadas o para ser receptor de cualquier tipo de ayuda relacionada.

Dejar a las personas migrantes irregulares sin sanidad pública

También pide garantizar “la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario, impidiendo que, salvo casos de asistencia sanitaria urgente, inmediata y de carácter vital o de emergencia, los inmigrantes ilegales puedan hacer uso” del mismo. Además, exige establecer la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos y programas de vivienda y proceder a “la remigración de todos aquellos extranjeros que, por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, erosionan el Estado de bienestar de los españoles”.

Paralelamente, pide derogar el Real Decreto 180/2026, de 11 de marzo, por el que se regula el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que, encontrándose en España, no tengan su residencia legal en el territorio español. Vox apuesta en este sentido por aprobar una norma reglamentaria que deje sin efecto las modificaciones del reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y por derogar el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, poniendo fin al proceso de regularización masiva de inmigrantes que se encuentran en España de forma ilegal“.

Asimismo, la formación reclama garantizar también la prioridad nacional en el acceso al sistema público de prestaciones y pensiones públicas y promover “las modificaciones normativas oportunas del sistema de la Seguridad Social para asegurar que las prestaciones y pensiones de naturaleza no contributiva queden reservadas a los españoles”.

Finalmente, y a los efectos del reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita de los extranjeros, establece que la insuficiencia de recursos económicos se determine “atendiendo no solo a los ingresos del solicitante en España, sino también a su patrimonio y rentas radicadas en el extranjero, especialmente en su país de origen”. En cualquier caso, precisa, “no se prestará asistencia jurídica gratuita a los extranjeros en los asuntos relacionados con procesos de expulsión de territorio nacional”.