Vox cimienta gran parte de su programa y, sobre todo, sus planteamientos más xenófobos, en apelar a la “herencia cristiana” de España y de la Unión Europea. Es su forma de criminalizar a otras religiones, especialmente la musulmana, y de cargar contra lo que llama “estercoleros multiculturales”, los barrios de todo el país en los que conviven personas de distintos orígenes, razas y creencias. Pero la principal fuerza de la extrema derecha española se sitúa al margen de la cúpula de la Iglesia católica, a la que no duda en criticar si, por ejemplo, defiende la paz o denuncia el genocidio en Gaza. También si habla de la dignidad de los migrantes, el grupo que Vox sitúa en la diana tratando de que la ciudadanía lo responsabilice de todos los males que afectan a su día a día.

Esos encontronazos están marcando desde este sábado los actos oficiales a los que acudirán Santiago Abascal y los suyos con motivo de la visita del Papa a España. Este mismo domingo, ante más de 1,2 millones de fieles, León XIV aprovechaba su misa del Corpus en Madrid para la lanzar un claro mensaje contra las políticas de los ultras. En el acto, el Papa criticó abiertamente a aquellos que van a misa pero olvidan a los pobres, una clara referencia a la política antinmigratoria de Vox. “Os pido arrodillarnos ante Dios y ante el prójimo, porque nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano”, dijo.

El sábado, en el Palacio Real, el Papa ya había hecho un discurso llamando a “huir de esos enfoques identitarios que parecen aclararlo todo, pero que pueblan el mundo de fantasmas y enemigos”, en otra referencia a los mensajes ultranacionalistas de Vox y otras fuerzas políticas de extrema derecha en Europa. Además, agradeció a España “su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos”, justo cuando Vox se ha posicionado contra ese derecho internacional respaldando a Donald Trump en sus actuaciones en Gaza o Irán.

En ese contexto, este lunes Vox acudirá a escuchar el discurso del Papa en el Congreso. “Celebramos que el Papa venga a España, a una tierra tan importante que ha hecho tantísimo por la cristiandad en todo el mundo”, aseguraba recientemente la portavoz del partido en el Congreso, Pepa Millán, que acudió con la cabeza cubierta a su recibimiento en el Palacio Real.

Abascal ha asegurado que acudirá al Congreso a “escuchar al Papa, un líder espiritual que reza por la paz en el mundo” aunque en una reciente entrevista en El Debate, lanzó una advertencia: “Ahora bien, si un líder religioso, sea el Dalai Lama, el Papa, un rabino, un obispo, un cardenal, nos da igual, nos dice que tenemos que aceptar un proceso de inmigración masiva y un avance del islamismo en la sociedad, nosotros vamos a decir 'no”.

Es precisamente en el asunto de la inmigración y la defensa de los derechos humanos de todos los habitantes del planeta en el que más chocan la extrema derecha española y la Iglesia que dirige León XIV. Uno de los enfrentamientos más sonados tuvo que ver con la postura de ambas partes respecto al proceso de regularización masiva aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

La iniciativa llegaba respaldada por 84 instituciones vinculadas a la Iglesia católica, entre ellas la propia Conferencia Episcopal, Cáritas o Redes. Y nada más conocerse la decisión del Ejecutivo, la Conferencia Episcopal española la consideró como “una gran noticia”. “Es un reconocimiento de la dignidad humana, una oportunidad para colaborar en el bien común”, señaló su presidente, Luis Argüello.

La invitación a que vayan a Molenbeek

En cambio, Abascal se mostró fervientemente en contra de esta postura de la Iglesia. “Algunos (obispos) que hacen negocio con la inmigración ilegal deberían salir del palacio y bajar a ver las consecuencias que tiene para los españoles. Para la sanidad, la seguridad, los salarios y los impuestos”, dijo, después de que el obispo de Canarias cargara contra la idea de “prioridad nacional” que Vox trata de imponer en todas aquellas instituciones en las que es determinante y que precisamente busca despojar de los derechos más básicos y del acceso a los servicios públicos a las personas migrantes.

En pleno debate sobre esa “prioridad nacional” el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, llegó a abroncar a los sectores de la Iglesia contrarios a ese principio xenófobo. A finales de abril, este dirigente de la extrema derecha emplazó a los obispos “a ponerse una sotana y meterse en Molenbeek”, uno de los barrios de Bruselas con mayor presencia de la religión islámica. “No estamos contra la Iglesia ni los católicos, Vox no es un partido confesional, pero muchos de los que estamos con Vox nos identificamos como católicos”, dijo en ese momento, tratando de marcar distancias con la cúpula eclesial.

En febrero, el propio Abascal se mostraba sorprendido de la “deriva de algunos pastores” de la Iglesia por criticar los postulados xenófobos y excluyentes de Vox. Y les dijo: “Que digan misa”. Coincidiendo con un mitin de la campaña en Castilla y León, el líder de Vox invitó a esos obispos a preguntar a los españoles si están de acuerdo con la “invasión migratoria” que, según él, algunos prelados defienden. O si también están de acuerdo con la supuesta “islamización” del país del que alerta una y otra vez la extrema derecha.

Pese a los choques, en las últimas declaraciones públicas los dirigentes de Vox han tratado de calmar las aguas en su relación con la Iglesia, precisamente para allanar las relaciones con el Papa durante su visita a España. No obstante, hace tan solo un mes el propio Abascal se mostraba “encantado” de hablar con la Conferencia Episcopal “para explicar que la regularización masiva es una invasión encubierta” o para decirle “que todas las instituciones que la avalen son responsables del daño directo que se causa a los españoles”.

La pasada semana, en cambio, nada más conocerse que el Papa realizaría su bendición de la nueva Torre de Jesús de la Sagrada Familia de Barcelona íntegramente en castellano, Vox salió en defensa de León XIV. “No tendría que ser noticia que el Santo Padre utilice la lengua mayoritaria de los catalanes en Catalunya, es decir, el español, y también si quiere el catalán”, afirmó Ignacio Garriga, portavoz de la extrema derecha en Catalunya. También tildó de “absolutamente inaceptables” las “injerencias” del independentismo en los actos de León XIV. “Para controlar qué lengua se utilizó en las mezquitas, equipamientos públicos y plazas donde se celebró recientemente la Fiesta del Cordero no les vimos tan preocupados”, zanjó.

León XIV ha empezado fuerte su viaje a España. Ya desde el avión papal, en el que se comprometió a “trabajar personalmente” para acabar con la “llaga” que suponen los abusos a menores en la Iglesia, su visita parece destinada a dar claves políticas, y a señalar, con finezza vaticana, los dramas del sistema. Comenzó en Madrid, en el Palacio Real, con un discurso ante las autoridades en el que Prevost hizo un llamamiento rotundo a “huir de esos enfoques identitarios que parecen aclararlo todo, pero que pueblan el mundo de fantasmas y enemigos”, y agradeció a España “su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos”.

“Vengo entre ustedes para confirmar, alentar e inspirar una renovada fidelidad de los creyentes al Evangelio, así como una reconciliación y una cooperación más profundas entre las distintas fuerzas de esta Nación”, apuntó el Papa después del saludo de Felipe VI. “De hecho, su propia historia sugiere que no es la cultura del enfrentamiento, sino la del encuentro, la que genera estabilidad y prosperidad. El mensaje de paz que en estos tiempos, por desgracia, resuena para algunos como ingenuo y para otros como provocador, encuentra acogida en quienes no se encierran en ideologías prefabricadas, sino que se abren a la verdad”.

En sus primeras palabras oficiales, en el Palacio Real, ante representantes de la política, el mundo cultural y el Cuerpo Diplomático, León XIV recordó cómo la tradición sitúa la evangelización de España al apóstol Santiago, para evidenciar “el vínculo antiquísimo entre la fe cristiana y esta tierra”, que representa “una fuente de esperanza y de orientación entre los desafíos que hoy, como familia humana, debemos afrontar juntos”.

Con constantes referencias al Papa Francisco, pero también a tres de nuestros grandes santos, Juan de la Cruz, Teresa de Ávila e Ignacio de Loyola, Prevost recordó que “nuestra época, que en apariencia se ve sacudida por terribles desequilibrios y conflictos, clama en lo más profundo por la paz, por un nuevo conocimiento de la persona humana y de su dignidad inviolable, por la civilización del amor”.

“Hoy, la tentación de ganar popularidad avivando el fuego de las polarizaciones parece crecer, en lugar de disminuir; la dignidad humana no deja de ser violada. Por eso necesitamos cultura, interioridad, una educación libre y de calidad, necesitamos trascendencia”, rogó el pontífice. En este sentido, invitó “a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia, para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad”.

Una “vocación específica de Europa, de la que España es protagonista original y fundamental”, que se basa en “apreciar la complejidad y estudiarla, aprender a no negarla y a vivirla como una bendición, huir de esos enfoques identitarios que parecen aclararlo todo, pero que pueblan el mundo de fantasmas y enemigos: he aquí la tarea de quien tiene una gran historia a sus espaldas”, frente al impulso de las nuevas tecnologías que, en su opinión, “se han convertido en un entorno artificial en el que nuestras opciones fundamentales se ponen a prueba: en su interior, los prejuicios se exacerban, el pensamiento crítico se debilita, los intereses prepotentes siembran pulsiones de muerte. Por otra parte, el bien puede resistir y comunicarse”. 

“Es necesario, sobre todo por parte de quienes tienen responsabilidades económicas, políticas e institucionales, dar un salto cualitativo, un cambio de rumbo en las inversiones destinadas a la escuela, la universidad y la investigación, a las comunidades locales y a la sociedad civil como semillero de participación y mediación cultural”, insistió Prevost, quien matizó que “la seguridad, que con demasiada frecuencia nos ilusionamos que provenga de las armas y los muros, madura más bien al aprender a avanzar junto al otro, a crecer juntos, codo con codo”.

“Vuestra propia historia lo atestigua”, reivindicó León XIV. “La presencia del islam en la Península ibérica, por ejemplo, constituyó una realidad política, cultural y religiosa de larga duración. Durante ese periodo no sólo no hubo confrontación, sino que se intentó crear un espacio de contacto, conversación y diálogo sobre el sentido de la verdad entre cristianos, musulmanes y judíos”, explicó, poniendo como ejemplo la convivencia en ciudades como Córdoba y Toledo.

“Evitemos las palabras que humillan o enfrentan. Optemos por la claridad que ilumina y la franqueza que abre caminos. No bendigamos entusiasmos ingenuos ni alimentemos miedos estériles. Más bien, indiquemos criterios de discernimiento —la dignidad de la persona, el destino universal de los bienes, la opción por los pobres, el cuidado de la Casa común, la paz— y traduzcámoslos en prácticas: planificación responsable, evaluaciones del impacto humano y social, inclusión de los más frágiles, alfabetización digital, investigación e industria orientadas a la justicia y la paz”, afirmó el Papa, citando su última encíclica, para finalizar con el siguiente mensaje:

“Majestades, Altezas Reales, señoras y señores, expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos. Al mismo tiempo, animo a cultivar también en su interior el diálogo y la amistad social, a tener en cuenta las perspectivas de los pobres y los jóvenes al imaginar el futuro, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad, y a impulsar el proceso de unión europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. ¡Que Dios bendiga a España!”.

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Las ONG de Castilla y León han anunciado que comienzan a prepararse para responder a los recortes en derechos a los migrantes que se deriven del acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Castilla y León, y los propios recortes económicos con la retirada de ayudas a las organizaciones atienden y ayudan a los extranjeros en la Comunidad.

El presidente de la Coordinadora de ONG de Castilla y León, Nacho Baeza, ha recordado que la actividad de estas organizaciones no solo se centran en otros países, sino que tienen mucha actividad también en el propio territorio de Castilla y León, y ha avanzado que mantendrán una reunión para valorar el pacto y fijar una postura común.

Baeza ha indicado que los castellanos y leoneses son “mayoritariamente solidarios”, como muestra un estudio de Manos Unidas que concluye que más del 90 % de la población respalda las acciones de cooperación al desarrollo, cuyas ayudas también se van a limitar en el nuevo gobierno de coalición.

Y considera que no tiene sentido reducir estas ayudas a cooperación, que en este momento equivalen a una aportación de 2,5 euros por cada ciudadano de la comunidad.

En cuanto al concepto de 'prioridad nacional', de ampliación a la hora de acceder a políticas de vivienda y ayudas sociales y públicas, cree que introduce una “lógica potencialmente excluyente” contra la universalidad de los derechos.

Nacho Baeza ha adelantado que también apoyarán a organizaciones que luchan contra el cambio climático porque consideran que está relacionado con la migración, ya que muchos de los que se van de sus países lo hacen porque el incremento de temperaturas hace que no haya alimentos suficientes.

Hace dos años, el PP tuvo que rectificar en Burgos el veto a las ONG que trabajaban con migrantes como impuso por Vox. El Ayuntamiento intentó suprimir las ayudas por valor de 119.000 euros a las tres ONG que trabajan con personas migrantes en la ciudad: ACCEM, Burgos Acoge y Atalaya Intercultural. En ese momento, varias asociaciones de la ciudad —incluida Cáritas— se movilizaron en apoyo a las ONG afectadas.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado el primer paso judicial contra el nuevo reglamento de vivienda pública del Gobierno autonómico. El Alto Tribunal ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Observatorio de Derechos Humanos DESCA, y la plataforma Derecho al Techo, contra el decreto canario de acceso a la vivienda protegida.

Se inicia así una batalla legal que busca anular lo que las organizaciones consideran una medida inspirada en la “prioridad nacional” de la extrema derecha. El Decreto 23/2026 de 9 de marzo, que entró en vigor el pasado 7 de abril, endurece drásticamente los requisitos de acceso a la vivienda protegida exigiendo, entre otros criterios, un mínimo de 12 años de empadronamiento ininterrumpido en las islas. 

Ahora, el TSJC exigirá el expediente completo de elaboración del decreto al Ejecutivo de Coalición Canaria y Partido Popular, mientras los colectivos sociales confían en que la justicia tumbe una norma que tachan de “racista, clasista, discriminatorio e ineficaz”, principalmente porque vulnera “cualquier principio de igualdad”. El Observatorio DESCA critica que los partidos nacionalistas, como Junts en Cataluña y Coalición Canaria en el archipiélago, “están abanderando este movimiento sin necesidad de que esté Vox detrás”. Y señalan que “cuando se utiliza el racismo es para dividir a la clase trabajadora”. 

Sin embargo, el Gobierno autonómico asegura que “defenderán el decreto con uñas y dientes”. “El Gobierno de Canarias está convencido que la vivienda pública tiene que ser para los canarios y canarias que desarrollan y tienen su proyecto de vida en Canarias. Y eso lo contemplamos a través de ese criterio de arraigo, que es un requisito, que insisto, lo vamos a defender con uñas y dientes, porque creemos que tenemos razón”, aseguraba en la mañana de este miércoles Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, durante la presentación de una feria de cruceros en la capital de Gran Canaria.  

Para el consejero “no es discriminatorio”. Señala que no están pidiendo el lugar de nacimiento de las personas que van a ser beneficiarias de la vivienda pública. “Lo que estamos es priorizando a todos los canarios y canarias”. Rodríguez también se ha referido a las excepciones del decreto en base a situaciones de vulnerabilidad extrema. “Las personas que son declaradas vulnerables de manera extrema, bien sea por los servicios sociales municipales o bien sea por un juzgado, tienen otro trámite, tienen otro camino para acceder a una vivienda”, aseguraba el consejero de Vivienda, e insistía en que “por lo tanto, no discrimina en base a la vulnerabilidad, ni tampoco discrimina en base a la procedencia. Lo que apuesta es que esas viviendas públicas, sean para los que viven en Canarias”.

Para el Observatorio de Derechos Humanos DESCA estas medidas “claramente racistas y xenófobas, son precisamente para que no veamos lo burdo de su política en materia de vivienda, para que continúe la especulación y que no haya viviendas públicas”. Aseguran que “hablan de prioridad nacional, porque no quieren que hablar de que están permitiendo que las viviendas turísticas sigan funcionando como si nada, ni han aprobado las zonas tensionadas, que es un mecanismo que estamos viendo que en Cataluña sí funciona”, afirma Miguel Ruiz abogado del Observatorio DESCA.

Según el consejero de Vivienda el decreto canario “no tiene nada que ver con lo que plantea la ultraderecha en la prioridad nacional, que evidentemente ellos están mirando el color de piel o el lugar de procedencia de esas personas. Nosotros estamos diciendo que las viviendas públicas tienen que ser para la gente que vive aquí”, insistía el consejero de Vivienda.

“Maquillar la falta de vivienda pública” 

Para la organización Derecho al Techo la estrategia del Ejecutivo regional consiste en “maquillar la falta de vivienda pública, en lugar de afrontar los problemas estructurales de acceso a la vivienda” en el archipiélago.  

“En vez de implementar políticas públicas de vivienda, deciden machacar a la parte más débil. Y además con una clara discriminación para el que no es de aquí, o para el que viene de fuera, y no puede acreditar esos 12 años”, asegura Isabel Saavedra, abogada de Derecho al Techo. 

Consideran que esta exigencia lo que hace es intentar eliminar “por la puerta de atrás” a todas las personas que no lo puedan acreditar y “reducir así la lista de espera” a la vivienda protegida. 

“Nadie dijo nada”

Durante este proceso judicial el Observatorio de Derechos Humanos DESCA examinará cómo fue la tramitación del decreto. “Veremos la salvajada que supone que una norma como esta se pueda aprobar, teniendo una jurisprudencia amplísima de que son normas que se han declarado ilegales, y nadie dijo nada”, asegura Miguel Ruiz, abogado del Observatorio DESCA. 

En un principio, el borrador contempla una exclusión de 10 años, una cifra que el propio Consejo Consultivo llegó a señalar por su posible “desproporcionalidad” antes de que el Instituto de Vivienda la elevara a 12 años. 

Para el Consejero de Vivienda Pablo Rodríguez el decreto está en vigor porque hay una base jurídica para hacerlo, recogida en el Estatuto de Autonomía de Canarias. “Se aprobó con informe jurídico favorable, con un informe del Consejo Consultivo de Canarias favorable. 

Desde el Observatorio DESCA muestran su profunda preocupación por la falta de contrapesos dentro de las propias instituciones canarias. “Si tienes a un montón de administraciones públicas participando en la elaboración de la norma y nadie levanta la mano diciendo que esto está mal. Es cuando dices, vale, ¿en manos de quién estamos?, se pregunta Ruiz, que asegura que ”está a la espera de ver el tamaño de esa tragedia“ 

Próximos pasos 

Desde el Observatorio DESCA señalan que al tratarse de una presunta vulneración de derechos fundamentales, el TSJC tramitará el recurso de forma preferente y prioritaria para acortar los plazos habituales de la justicia. Aunque calcula que “la resolución final podría demorarse entre ocho meses y un año”.

Si el tribunal falla a favor de los demandantes, todos los apartados considerados discriminatorios “quedarían anulados de forma inmediata”, asegura Ruiz. Esto obligaría al Gobierno de Canarias a reconfigurar el registro sin las trabas de los 12 años de arraigo regional, ni los 5 años de residencia municipal obligatoria 

Desde los colectivos sociales advierten que vigilarán de cerca los futuros movimientos del Ejecutivo para evitar que intenten regresar al antiguo límite de 7 años, el cual también consideran “totalmente desproporcionado”.

El Partido Popular y Vox firmarán a las 12.00 su pacto de gobierno en Castilla y León, después de casi tres meses de negociación. Las negociaciones, de las que no han trascendido fechas ni temas tratados, se aceleraron la semana pasada y se finiquitaron ayer, momento en el que el PP nacional fue consciente de que no había opción real a una moción de censura contra Pedro Sánchez.

La normativa de Castilla y León no establece plazos para celebrar un debate de investidura aun con el candidato designado y Alfonso Fernández Mañueco se agarraba a ese vacío legal para retrasarla lo que fuese necesario y a expensas de unas hipotéticas elecciones generales.

[Actualización: Mañueco también acata la 'prioridad nacional' y da a Vox una vicepresidencia y tres consejerías en Castilla y León]

Los números de Mañueco son los peores de las autonómicas que se han celebrado en los últimos meses: En Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla tiene 27,7 puntos más que la ultraderecha; en Extremadura, María Guardiola sacó 26,2 puntos de ventaja, en Aragón, Jorge Azcón superó a la extrema derecha en 16,38 puntos y Mañueco no pasó de los 16,05 puntos.

El martes todo cambió y ambos partidos se emplazaron a una última reunión, esta vez por videoconferencia para cerrar un acuerdo de gobierno de coalición.

Según ha podido saber elDiario.es la “prioridad nacional” no ha supuesto un desencuentro entre los dos partidos a la hora de cerrar el pacto. En 2022 Alfonso Fernández Mañueco ya defendió una “inmigración ordenada”, término que no supo explicar en una rueda de prensa.

La negociación, cuentan fuentes de Vox, ha sido “medida a medida” y con compromiso de plazos para que esta vez el PP no aparque sus compromisos con extrema derecha tal y como ocurrió en la anterior legislatura. Siguiendo el programa de Vox, parece claro que sus medidas pasan por la “prioridad nacional”, el bloqueo de acogida de menores no acompañados, la ley de violencia intrafamiliar o una vez más, el boicot a los sindicatos reduciendo o eliminando subvenciones.

En cuanto a las consejerías, es de esperar que Vox pida una vez más Agricultura y Ganadería, posiblemente Familia, un departamento que en 2022 Mañueco casi le cedió, y Cultura y/o Educación. También podría desgajarse Medio Ambiente, un área que Vox ha ocupado en otros gobiernos autonómicos como el de Extremadura. Además, se da por hecha la vicepresidencia, esta vez con cartera para Carlos Pollán, que ya ha insinuado que le gustaría ocuparse de Deportes, una parte que habría que sacar de Cultura.

La prioridad nacional de Vox no se va a aplicar en el Ayuntamiento de Sevilla, al menos de manera formal y conforme a la propuesta punto por punto que ha llevado al pleno municipal. La formación de ultraderecha se ha quedado sola al no recibir el apoyo del PP, hacia quien en realidad iba dirigida la medida en el marco del preámbulo de los contactos que ambas formaciones van a mantener para la investidura de Juan Manuel Moreno como presidente andaluz.

Los populares han intentado enmendar la moción para suavizarla, aunque Vox no ha aceptado ninguna al entender que suponía poco menos que una enmienda a la totalidad. Pese a ello, la sangre no ha llegado ni mucho menos al río, lo que se ha traducido en que no se han atacado entre sí y ambas formaciones han acabado cargando contra los partidos de izquierda.

Sevilla ha sido la primera de las capitales andaluzas en las que ha aterrizado el que se ha convertido en principal caballo de batalla de los de Santiago Abascal, que ha pedido a sus grupos que presenten propuestas en este sentido en ayuntamientos y parlamentos autonómicos. El morbo añadido es que coincide en los tiempos con la negociación por la Junta de Andalucía, después de que se haya aceptado en Extremadura y Aragón para que el PP gobierne en estos territorios.

Mientras esto se debatía en el salón de plenos, el candidato de Vox a la Junta, Manuel Gavira, le recordaba a Moreno que “o pacta o acuerda con Vox o con la izquierda”, y que sus compañeros del PP están aprobando en otras comunidades autónomas medidas de “puro sentido común” que tienen como mascarón de proa esta prioridad nacional. La medida, con una fuerte carga xenófoba y que incumple leyes fundamentales, aboga por discriminar a los extranjeros en el acceso a cualquier tipo de servicio o ayuda público para anteponer el criterio de la nacionalidad española.

El PP dice 'no' sin hacer sangre

La decisión del PP municipal, obviamente, no es un paso en solitario que dé el alcalde, José Luis Sanz (PP), sino que había sido debatida en el marco andaluz del partido ante las consecuencias que pueda tener. Aunque el 'no' de los populares en la capital de Andalucía le enseña un camino a Moreno (que en campaña minimizó esta prioridad nacional y la redujo a un eslogan), en principio no parece que esto vaya a provocar terremoto alguno en el ámbito autonómico, aunque sí ha habido un seísmo en el plano local: el gobierno municipal se ha visto forzado horas antes a retirar su plan de ajuste económico –obligatorio al gastar más de lo que ingresa– al saber que Vox no se lo iba a respaldar precisamente tras fracasar la negociación para darle viabilidad a la prioridad nacional.

La moción ha concitado así el rechazo de Podemos-IU, PSOE y PP, en una votación en la que en ese momento –el voto no era por concejal, sino por grupo– no estaba presente el alcalde, que a renglón seguido ha vuelto a entrar en el salón plenario. El portavoz popular, Juan Bueno, no ha hecho sangre de la cuestión en su turno (al fin y al cabo Vox es su aliado presupuestario y no le interesa tensar la relación), limitándose a señalar que algunas de las cuestiones incluidas en la moción “también nos preocupan, pero nuestro enfoque es diferente al de ustedes”.

“Tenemos prioridad nacional, no somos sospechosos de no defender a la nación española, pero nuestra prioridad nacional es la Constitución”, dando a entender aunque sin verbalizarlo que la propuesta de Vox es ilegal. Una Constitución que, “no como otros grupos de izquierda, vamos a seguir defendiendo porque nos representa a todos los españoles”.

Tras esta escueta primera intervención, en la segunda sí se ha prodigado más pero para responder a la concejal socialista que ha intervenido, Encarnación Aguilar, que ha defendido que su partido tiene “una estrategia” ante la falta de algo parecido en el PP. Bueno se ha limitado a preguntarse de forma retórica si la estrategia socialista es la de Rodríguez Zapatero y sus hijas, la de la esposa y el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “la de José Luis Ábalos, la de Cerdán, la de Gaspar Zarrías o la del fiscal general del Estado”. “Y no se pongan nerviosos, que no soy de la UCO”, ha rematado un turno en el que no ha hecho mención alguna a Vox y su moción.

Vox, más contra la izquierda

A la sensación de que cada uno ha llegado con los papeles muy repartidos, y sin ánimos de romper la buena sintonía actual PP-Vox, ha ayudado también que en su réplica la portavoz del partido de extrema derecha, Cristina Peláez, ha pasado de puntillas sobre el 'no' de los populares para concentrar sus ataques en PSOE y Podemos-IU. Peláez, por cierto, ha logrado asiento en el próximo Parlamento andaluz al ir como número 2 por Sevilla.

La moción exigía esta prioridad nacional poniendo a los migrantes como epicentro de todos los problemas de la sociedad española, ya que la “inmigración masiva y descontrolada” ha provocado el “colapso” de los servicios públicos. Adobado de bulos y datos carentes de fuentes, llega a afirmar que las medidas de apoyo a los migrantes “tienen a medio plazo un innegable propósito electoral”: busca “conseguir nacionalizaciones masivas que proporcionen millones de votos a los partidos de izquierda”.

El texto responsabiliza a los nacidos fuera de España del hundimiento del sistema sanitario, del aumento de la inseguridad y de las dificultades para encontrar trabajo o acceder a una vivienda e incluso de que haya pensiones bajas. Y llega a solicitar que se inste a la Junta a impedir que los inmigrantes ilegales “puedan hacer uso de nuestro sistema sanitario”, y al Gobierno central, para que anule la atención sanitaria gratuita y frene el “proceso de regularización masiva”.

“Ni odio, ni exclusión, ni radicalidad”

Peláez, consciente de que muchas de las propuestas incluidas en la moción escapan a las competencias municipales, sí ha defendido que dos pueden articularse desde el gobierno local: “implantar” la prioridad nacional en el acceso a “todas” las ayudas sociales, servicios públicos y programas de vivienda de la administración local y “compartir” información del padrón con la Subdelegación del Gobierno para expulsar a todo el que esté en situación irregular. El PP ya le concedió en enero la satisfacción de un mayor control del proceso de empadronamiento, que defendió con el eufemismo de que se hacía para evitar que los migrantes sean estafados. 

La portavoz ultra ha esgrimido que su propuesta no es “ni odio, ni exclusión, ni radicalidad”, sino acabar con algo “injusto” como que “una familia sevillana tenga que competir en igualdad de condiciones con personas que ni siquiera tienen residencia legal en España”. Ha insistido también en que es una iniciativa “legítima”, que “desde el punto de vista jurídico no supone exclusión” e incluso ha esgrimido que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional abre la puerta a implantar estas medidas.

Ha llegado a asegurar que, en la actualidad, “primero están los que acaban de llegar, los que le han dado una patada a la frontera”, criticando un “buenismo ideológico” que “favorece la ilegalidad”. De esto último ha culpado a los partidos de izquierda, contra los que ha lanzado diatribas más gruesas que contra el PP pese a que esta formación era la que tenía la llave para que prosperase su propuesta.

“Al final tragaréis en Andalucía”

Desde el PSOE, la concejal Encarnación Aguilar ha cargado contra las “barbaridades” y el “discurso xenófobo” que se recogen en el texto de Vox. “Han venido a traer discordia y persecución, a las mujeres primero y ahora van a por los migrantes”, un “odio al diferente” incluido en una moción que a su juicio no debería haberse aceptado para su debate en el pleno.

Además de recordar que, según la Ley de Extranjería que aprobó el Gobierno de José María Aznar (PP), varias de las propuestas son directamente un delito, ha lamentado que lo que se busca es “enfrentar a pobres contra pobres”. Eso sí, ha dado por hecho que en el ámbito autonómico los populares “están condenados” porque están “en manos de la extrema derecha” para gobernar en la Junta, “al final tragaréis en Andalucía porque no tenéis otra opción”.

Por Podemos-IU ha intervenido Susana Hornillo (Podemos), a la que el presidente del pleno, Manuel Alés (PP), ha llamado al orden por repetir que la propuesta de Vox es xenófoba, lo que ha llevado a la concejal a reprocharle que con su actitud “está defendiendo una moción racista y xenófoba que no debería haber sido aceptada por anticonstitucional y porque va en contra de los derechos humanos”. Una propuesta que se resume en que “las personas migrantes tienen la culpa de todo”, hasta de los problemas de vivienda (“y no los fondos buitre”) o del colapso del sistema sanitario (“y no los recortes y la privatización”).

“Sacarlos de la esclavitud”

Una vez conocido el 'no' del PP, se ha alegrado de que “este gobierno haya tenido esta reacción sensata”, porque lo contrario sería “blanquear” el discurso de Vox y que del Ayuntamiento “salgan discursos xenófobos y presentados con datos falsos”. Después de recordar que hasta la Conferencia Episcopal ha asegurado que la regularización extraordinaria ahora en marcha es una medida “ética y social”, ha incidido en que hablamos de personas que ya viven aquí, “es sacarlos de la esclavitud y el abuso en el que están”.

“Ustedes los necesitan pero quieren que sean invisibles, poder aprovecharse de su situación de vulnerabilidad”, ha apostillado. Y en este sentido, ha recordado que el 72% de los trabajadores del sector servicios son extranjeros, con lo que con propuestas de este calibre “se cargan el modelo productivo de Sevilla entera”.

El Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM), que actualmente se imparte en dos centros educativos de Talayuela (Cáceres), continuará en Extremadura, aunque dejará de desarrollarse dentro de las aulas. Así lo ha anunciado este jueves el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, José Ángel Sánchez Juliá, durante el debate de una propuesta de impulso presentada por el PSOE para exigir a la Junta que mantenga este programa en su oferta educativa.

La iniciativa socialista, previsiblemente rechazada por la mayoría parlamentaria de PP y Vox, reclamaba garantizar la continuidad y correcta cobertura del PLACM en el principal núcleo de población marroquí de Extremadura. El programa se imparte en horario no lectivo y está financiado íntegramente por Marruecos.

Tanto Sánchez Juliá como la portavoz de Vox, Beatriz Muñoz Rodríguez, defendieron que “el pacto se va a cumplir” y aseguraron que la decisión no pretende “romper ninguna convivencia”. El dirigente popular instó además a la oposición a leer “la literalidad del pacto” firmado entre ambas formaciones.

Desde el PSOE, la diputada Lara Garlito sostuvo que el acuerdo de gobierno entre PP y Vox representa “el más extremista que jamás haya tenido la región” y denunció el “señalamiento público” a los menores matriculados en este programa. Según defendió, el PLACM “no supone ningún coste para la Junta” y puede impartirse como actividad complementaria o extraescolar.

Garlito acusó al Ejecutivo autonómico de intentar suprimir el programa “sin ningún criterio educativo”, únicamente por una decisión “ideológicamente extrema” que, a su juicio, “busca lío y conflicto donde no lo había”. Además, rechazó las acusaciones de adoctrinamiento y recordó que en el programa “está prohibido hablar de política y religión”.

La diputada socialista pidió escuchar a la comunidad educativa antes de sacar el programa de los centros, al considerar que su permanencia en las instalaciones escolares garantiza una mejor organización y accesibilidad para las familias.

La propuesta contó también con el respaldo de Unidas por Extremadura. Su portavoz, David Araujo, advirtió de que este acuerdo “sienta un precedente” y señaló directamente a la presidenta de la Junta, María Guardiola, y a la consejera de Educación, a quienes acusó de “convalidar la agenda del odio”.

Por su parte, Sánchez Juliá rechazó las críticas de la oposición y aseguró que la iniciativa socialista no persigue beneficiar a los extremeños, sino atacar al Ejecutivo autonómico. El portavoz popular recordó que el Gobierno regional cuenta, dijo, “con el respaldo del 60 por ciento de los extremeños” y defendió que el PLACM “ni es obligatorio ni forma parte del currículo educativo”.

Asimismo, sostuvo que sacar el programa de los centros educativos “no afectará a la escolarización” del alumnado participante y acusó al PSOE de practicar una “política de asustar”. Finalmente, trasladó a los vecinos de Talayuela un “mensaje de calma social” y reivindicó la apuesta de la presidenta extremeña, María Guardiola, por la integración y la igualdad de oportunidades.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha respondido este jueves a las críticas del nuevo secretario regional del PSOE extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina, sobre la llamada “prioridad nacional” incluida en el acuerdo presupuestario con Vox, asegurando que la verdadera prioridad del dirigente socialista debería ser “pedir la dimisión de Pedro Sánchez”.

El primer cara a cara parlamentario entre ambos se ha producido en el pleno de la Asamblea celebrado apenas dos días después de su reunión institucional en la sede de Presidencia de la Junta, tras la elección de Sánchez Cotrina como nuevo líder de los socialistas extremeños.

Durante su intervención, Guardiola ha defendido que su “prioridad absoluta es Extremadura” y ha reivindicado la necesidad de aprobar unos presupuestos que permitan seguir impulsando el crecimiento económico de la comunidad. “La herramienta para ello son unas cuentas públicas que, por cierto, el PSOE tumbó”, ha reprochado.

La presidenta extremeña ha anunciado que el Ejecutivo autonómico aprobará “el mejor presupuesto de Extremadura en su historia”, con una cuantía de 8.800 millones de euros, de los que 6.000 millones estarán destinados a políticas sociales y otros 2.000 millones a actuaciones económicas.

En materia sanitaria y de dependencia, Guardiola ha asegurado que habrá una inversión adicional de 500 millones de euros, con medidas como el aumento de plantillas profesionales, la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres, actuaciones en el hospital Don Benito-Villanueva o el nuevo paritorio del Materno Infantil de Badajoz.

También ha avanzado un incremento de 170 millones de euros para educación y una subida de más de 25 millones en infraestructuras educativas, hasta alcanzar los 90 millones, incluyendo la reforma de la Universidad Laboral de Cáceres y del IES ‘San José’ de Badajoz.

La presidenta ha reivindicado además la política económica de su Gobierno, que, según ha dicho, ha permitido alcanzar “cifras históricas” de empleo y crecimiento gracias a la atracción de proyectos industriales, la construcción de polígonos y parques empresariales y medidas de apoyo a empresas y autónomos.

Entre ellas, ha destacado como iniciativa “pionera” el pago de la Seguridad Social a autónomos que se encuentren de baja por incapacidad temporal. Asimismo, ha asegurado que desde su llegada al Ejecutivo regional se han devuelto más de 12 millones de euros a los extremeños mediante rebajas fiscales y que los nuevos presupuestos contemplarán otros 44 millones adicionales.

Vicios del sanchismo

Guardiola ha aprovechado también para instar a Sánchez Cotrina a “regenerar” el PSOE extremeño y “sacudirse los vicios del sanchismo”, reclamándole que defienda a Extremadura frente a los “agravios” del Gobierno central.

En este sentido, ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de “bloquear” inversiones en la región, de plantear el cierre de la central nuclear de Almaraz y de no aportar recursos suficientes a Extremadura en el sistema de financiación autonómica.

La presidenta extremeña ha elevado además el tono político al asegurar que la “primera prioridad” del dirigente socialista debería ser, “por decencia”, pedir la dimisión del presidente del Gobierno. Guardiola ha aludido a las investigaciones judiciales que afectan al entorno de Pedro Sánchez y ha criticado también la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que se ha referido como “el primer presidente imputado de la historia de España”.

Por su parte, Sánchez Cotrina ha ofrecido “diálogo, escucha y talante” a un Gobierno autonómico que, a su juicio, “no tiene un proyecto serio de región”. El nuevo líder socialista ha defendido que la prioridad del PSOE será siempre Extremadura “por encima de las siglas”.

Entre los objetivos de su proyecto político ha señalado la necesidad de recuperar la “normalidad democrática”, “regionalizar el debate” y centrarse en “las cosas del comer”, además de afrontar los problemas reales de la ciudadanía extremeña.

En ese contexto, ha criticado la inclusión de la “prioridad nacional” en el acuerdo presupuestario entre PP y Vox, al considerar que se trata de una cuestión “alejada de las preocupaciones” de la ciudadanía extremeña.

Sánchez Cotrina ha asegurado que el PSOE defenderá “una educación, sanidad y dependencia públicas de calidad”, así como los “derechos de ciudadanía y la igualdad de oportunidades”.

Dirigiéndose directamente al vicepresidente de Vox en la Junta, Ángel Pelayo Gordillo Fernández, ha recordado el caso de un vecino emigrante de su localidad que se marchó a Alemania hace cinco décadas. “Lo único que exigía era que no lo tratasen como un perro. Y eso es lo que usted hace con muchas personas aquí en Extremadura”, ha afirmado.

El dirigente socialista ha reclamado finalmente a Guardiola que ponga fin a ese tipo de políticas y ha advertido de que las prioridades reales de Extremadura pasan por combatir la despoblación rural, la fuga de jóvenes y talento, la escasa industrialización, el deterioro de la Atención Primaria, los problemas de movilidad territorial, la falta de vivienda en ciudades como Cáceres y Badajoz, la crisis del relevo generacional agrario y una gestión forestal que considera “insuficiente”.

El pleno del Parlamento de Canarias ha rechazado este miércoles por 60 votos en contra y tres a favor una propuesta de Vox para aplicar en la Comunidad Autónoma lo que denomina “prioridad nacional”, según la cual todas las ayudas, subvenciones y servicios públicos se deben asignar de manera prioritaria “a los canarios frente a los extranjeros”, según expuso el portavoz de este grupo, Nicasio Galván.

La proposición no de ley planteaba endurecer los requisitos de empadronamiento y permanencia, vincular el acceso a ayudas “a la trayectoria de cotización y contribución al sistema” y limitar el acceso a prestaciones y servicios sociales de los inmigrantes en situación irregular únicamente a casos de urgencia vital.

El representante de Vox insistió en que esta propuesta “no excluye a nadie”, sino que propone ayudar primero a los canarios porque “la caridad empieza por los que están más cerca”.

Nicasio Galván planteó que el PP ya ha apoyado iniciativas similares en Extremadura y Aragón y vaticinó que pronto lo harán en Castilla y León y Andalucía.

Sin embargo, el diputado del PP Jacob Qadri Hijazo rechazó la propuesta y planteó una enmienda de sustitución que no fue admitida por Vox. El diputado coincidió en que la inmigración está “en una situación insostenible” y que “muchos de los servicios públicos están al límite”, pero argumentó que los problemas se solucionan “con gestión y no con ideología”.

Culpó de la situación al Gobierno de España [pese a que los servicios públicos como la sanidad o la educación dependen directamente de las comunidades autónomas] y a que, a su juicio, hay “corruptos, ladrones y sinvergüenzas” en la Moncloa, por lo que la prioridad nacional debe ser la convocatoria de elecciones.

Una iniciativa “racista”

La diputada del PSOE Nira Fierro replicó que la “prioridad nacional” es un eufemismo que utiliza la ultraderecha de Vox “para esconder su racismo y su segregacionismo”, así como para “arrodillar, exprimir y asfixiar al PP”.

Acusó a los populares de estar entregados a los dictados de la ultraderecha, pese a que teóricamente son un partido de Estado, aunque, a juicio de Fierro, el PP “ha perdido el norte y se ha olvidado de lo básico, que es la convivencia y los derechos humanos”.

La diputada de CC Ana Oramas dijo que su nación es Canarias y que canarios no son solo los nacidos en las islas, sino los que viven y aman esta tierra y quieren echar sus raíces en ella, por lo que aconsejó a Galván que se mande a mudar si no le gusta “esta Canarias”.

Defendió la necesidad de regular las condiciones de residencia en las islas, pero sin establecer “prioridades de sangre ni privilegios de raza”, sin preguntar a nadie dónde nació ni en qué cree y sin considerar a los niños una amenaza, vengan de donde vengan.

Natalia Santana, de Nueva Canarias, señaló que su prioridad es la nación canaria y acusó a Vox de querer enfrentar a las víctimas del sistema entre sí “para que nadie mire hacia arriba, así como de pretender que los derechos humanos dejen de ser universales y dependan del lugar de nacimiento y del color de la piel”.

Jesús Ramos Chinea, de ASG, indicó que él cree en la prioridad ciudadana, no en la prioridad nacional, porque es el ciudadano el que debe estar en el centro de las políticas públicas, independientemente de donde venga, y subrayó que Canarias es una comunidad solidaria que respeta los derechos de todas las personas. 

Los grupos parlamentarios de PP y Vox en las Cortes de Aragón han escenificado este miércoles su sintonía en materia de vivienda con la presentación conjunta de una proposición no de ley que apuesta por aplicar el principio de prioridad nacional en el acceso a la vivienda protegida y al alquiler social. La iniciativa plantea que los recursos públicos se asignen de forma prioritaria a quienes acrediten un “arraigo real, duradero y verificable” con el territorio.

La propuesta, que ambos grupos defenderán este jueves en el pleno de las Cortes, incluye además la derogación de la ley estatal por el derecho a la vivienda y la eliminación de lo que consideran “regulaciones ineficaces” que han provocado “inseguridad jurídica” y la retirada de viviendas del mercado desde 2019.

En rueda de prensa, la diputada del PP Susana Cobos y el portavoz parlamentario de Vox, Santiago Morón, han defendido un endurecimiento de las medidas contra la ocupación. Entre otras cuestiones, plantean garantizar “la aplicación estricta y sin excepciones” de la legislación vigente para facilitar el desahucio inmediato de ocupas ilegales e impulsar cambios en la Ley de Bases de Régimen Local para impedir el empadronamiento en viviendas ocupadas ilegalmente.

Morón ha vinculado la crisis de acceso a la vivienda con las políticas del Gobierno central y también con “la llegada masiva de 2,5 millones de inmigrantes”, asegurando que estas personas “lógicamente necesitan alojamiento”. El portavoz de Vox ha sostenido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha debilitado la protección de la propiedad privada y ha favorecido la retirada de miles de viviendas del mercado.

Desde el PP, Cobos ha defendido que el acceso a la vivienda es “cada vez más difícil” por el aumento “insoportable” de los precios y ha reivindicado políticas “realistas y eficaces”. La diputada popular ha citado datos del Observatorio del Alquiler para afirmar que se han retirado 130.000 viviendas del mercado, 60.000 de ellas en zonas tensionadas.

Cobos también ha sacado pecho de la política de vivienda del Gobierno de Jorge Azcón, asegurando que en 33 meses se han impulsado más de 3.000 viviendas, y ha reclamado al Ejecutivo central que promueva una coordinación “real” con las comunidades autónomas y aporte estabilidad normativa al mercado.

El síndic de Vox en las Corts Valencianes, José María Llanos, ha anunciado este martes que su partido ha alcanzado un acuerdo con el Consell del PP para que puedan presentarse los Presupuestos de la Generalitat de 2026, unas cuentas que se registrarán en el Parlamento autonómico este viernes y que quedarían aprobadas en un pleno a celebrar el 21 y 22 de julio.

Así lo ha dado a conocer Llanos tras la Junta de Síndics de Les Corts, en la que se ha modificado el calendario para iniciar la tramitación presupuestaria, que comenzará con la presentación de las cuentas este viernes en el Parlamento, y continuará la semana que viene con las comparecencias de los consellers para explicar sus líneas de actuación.

Según ha manifestado Llanos, la presentación de estos presupuestos ha sido posible gracias a haber acordado con el Consell del PP que preside Juan Francisco Pérez Llorca un compromiso para impulsar una batería de medidas que se sostienen sobre tres pilares: “Una importante reducción fiscal, abordar de forma firme y eficaz el problema de la vivienda y la prioridad nacional”.

Rebaja fiscal y recorte del gasto superfluo

Llanos ha asegurado que, gracias a este acuerdo, la Comunitat Valenciana dejará de ser “la región en la que más se paga a Hacienda”, mediante una reforma fiscal profunda y decidida que beneficiará a todos, en un momento en el que el Consell tiene serias dificultades económicas y sigue rechazando un nuevo modelo de financiación por el que ingresaría 3.600 millones. Entre las principales exigencias de VOX figura la reducción de la presión fiscal sobre familias, trabajadores y clases medias, junto a nuevos recortes del gasto considerado innecesario o ideológico.

El acuerdo contempla también una mayor fiscalización de las subvenciones públicas puesto que desde VOX se defiende que los recursos públicos deben destinarse prioritariamente a políticas útiles para los ciudadanos.

Llanos ha afirmado que gracias a Vox se avanzará hacia una Comunitat Valenciana “más segura, más libre y más orgullosa de su cultura y de sus tradiciones”. En este sentido, la formación ha anunciado medidas para combatir la inmigración ilegal, masiva y descontrolada y el fraude en el acceso a ayudas públicas, entre ellas la creación de un servicio específico de control del fraude padronal y la sobreocupación de viviendas. También se exigirá al Gobierno Central la inmediata adaptación en España del Reglamento Europeo de Retornos.

Prioridad nacional

El acuerdo de presupuestos acordado con el PP incluye también un paquete de medidas en materia de vivienda orientado a eliminar trabas burocráticas y facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes y familias valencianas. Llanos ha asegurado que el objetivo es “revertir las políticas impulsadas durante la etapa del Botánico” y aumentar la oferta de vivienda tanto en compra como en alquiler. Asimismo, Vox impulsará la aplicación del principio de prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales y vivienda pública, siguiendo el modelo ya acordado en Extremadura y Aragón.

Jose María Llanos ha señalado que “en las próximas semanas se continuará la negociación técnica de las distintas partidas presupuestarias y que el contenido completo del acuerdo se irá detallando conforme avance la tramitación parlamentaria”.

Vox ha enmarcado su decisión de apoyar los presupuestos en un ejercicio de “responsabilidad y compromiso con los valencianos”, especialmente en el contexto de reconstrucción tras la dana, y ha destacado la “disposición al entendimiento y la colaboración” mostrada por el gobierno valenciano durante las negociaciones.

Críticas del PSPV y de Compromís

El PSPV ha acusado este martes a Pérez Llorca de “vender el futuro de los valencianos a la extrema derecha” y ha señalado que “la Comunitat Valenciana será la primera en aplicar la prioridad nacional para que él pueda mantenerse en el poder”. Así se ha pronunciado este martes el síndic socialista en las Corts, Jose Muñoz, en declaraciones posteriores a la junta de portavoces durante la que ha valorado el anuncio de presentación de presupuestos autonómicos sobre los que ha apuntado “solo esperamos más desigualdad, más persecución de los derechos y libertades y más involución” y ha subrayado que “lamentablemente en la Comunitat Valenciana no somos ejemplo de nada bueno”.

En este sentido, el dirigente socialista ha afirmado que “a Pérez Llorca la única prioridad que le mueve es la personal” y ha lamentado que “el president haya tenido tiempo para negociar con los ultras los presupuestos, pero no para sentarse con los docentes que están en huelga”. Además, ha recordado que “la presentación de estas cuentas es solo el ejemplo de que Pérez Llorca continua con el legado de Mazón que fue el primero en pacta con la ultraderecha y ahora él es el primero en aceptar la prioridad nacional de VOX”.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha comentado que estas cuentas supondrán “un recorte de derechos y de servicios públicos, así como más ataques al valenciano y a la cultura valenciana”.

El vicepresidente primero del Gobierno de Aragón y dirigente de Vox, Alejandro Nolasco, ha utilizado la agresión machista ocurrida la pasada semana en el barrio zaragozano de Las Fuentes para endurecer su discurso contra la inmigración y reclamar la expulsión inmediata del detenido, un hombre de origen marroquí. También ha exigido este lunes al delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, que “desvele” si el agresor de una mujer y su hijo, tiene o no residencia legal en España.

La agresión tuvo lugar en la madrugada del jueves en una vivienda de la calle Batalla de Lepanto. Según informó la Jefatura Superior de Policía en Aragón, agentes de Policía Local y Nacional acudieron al domicilio tras recibir llamadas de vecinos que alertaban de una posible pelea en el ámbito familiar. Allí localizaron a una mujer con varios cortes y golpes, que tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario, aunque su vida no corría peligro. El presunto agresor, de 37 años y con quien la víctima habría mantenido una relación afectiva, fue detenido y la investigación quedó en manos de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM).

A partir de este caso, Nolasco ha comparecido este lunes para exigir al Gobierno central que inicie “un expediente urgente para proceder a su inmediata expulsión de España” y cuestionar por qué el detenido no había sido expulsado anteriormente pese a acumular antecedentes.

Durante su comparecencia, el dirigente de Vox ha vinculado directamente el caso con la inmigración irregular y ha asegurado que el Ejecutivo autonómico utilizará “todas las vías legales” para combatir lo que ha calificado como una “invasión migratoria”. Asimismo, cha criticado los procesos de regularización de inmigrantes impulsados por el Gobierno central, al considerar que generan un “efecto llamada”.

Nolasco también ha cargado contra los ministerios de Interior e Igualdad y ha responsabilidado directamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez de que “un delincuente fichado por su peligrosidad delictiva se mueva cómodamente en España”.

El vicepresidente aragonés ha insistido además en reclamar a la Delegación del Gobierno que aclare si el detenido dispone o no de residencia legal en España, una información que, según ha asegurado, todavía no ha sido facilitada al Ejecutivo autonómico. En su intervención, el dirigente de Vox ha mezclado el caso concreto con propuestas generales sobre inmigración y seguridad, ha asegurado que se implantará el principio de prioridad nacional para frenar “el efecto llamada, tan peligroso para la seguridad de las mujeres” y “poner luz y taquígrafos para procurar que estos delincuentes vuelvan a sus casas”. El Departamento está “abierto” a la colaboración de todas las asociaciones y organismos que quieran trabajar junto con el Ejecutivo “para perseguir a estos delincuentes y que las mujeres no tengan que sufrir ni tener miedo a pasear por la calle”.

Respecto al origen de los agresores, ha dicho que “el delincuente se criminaliza solo” y que “un español está aquí, te lo tienes que comer”, pero “hay una gran cantidad de ilegales que cometen delitos por qué tenemos que aguantar eso, se ha preguntado”. El Ejecutivo regional elaborará un plan de retorno de inmigrantes promoviendo acuerdos con los países de origen, remitiéndose al artículo 35.2 de la Ley de Extranjería, que faculta para ello a las comunidades autónomas. “La Comunidad Autónoma es competente”.

La consigna la dio a finales de abril la dirección nacional de Vox, que ordenó a sus grupos municipales llevar su “prioridad nacional” a los plenos de los ayuntamientos para presionar al PP, una medida que también se ha clonado en parlamentos autonómicos. A Andalucía ya había llegado la cuestión, pero esta semana aterriza en el Consistorio de la capital andaluza, Sevilla, justo cuando en el ámbito regional se está en puertas de iniciar la negociación entre ambas formaciones en busca de un pacto que permita nombrar por tercera vez presidente a Juan Manuel Moreno.

La propuesta de acuerdo ya se ha registrado, y recoge un cúmulo de los mensajes que no deja de lanzar la formación de ultraderecha contra la población migrante cargados de bulos y huérfanos de datos oficiales. La iniciativa supone un desafío para el alcalde, José Luis Sanz (PP), que debe surfear una ola en la que se combinan sus propios intereses (Vox es su aliado presupuestario) y los de Moreno, que en campaña minimizó esta prioridad nacional y la redujo a un eslogan.

Sea como sea, el PP ha comprado la idea en los gobiernos autonómicos de Extremadura y Aragón para mantener a sus presidentes, por mucho que suponga discriminar a los inmigrantes en el acceso a prestaciones públicas y choque con varios preceptos legales. Y se da por hecho que la ultraderecha la incluirá entre sus exigencias para respaldar al actual presidente andaluz en funciones, de hecho la habría marcado como su línea roja por encima incluso de entrar en el Ejecutivo andaluz. Moreno, por su parte, insiste en que no tragará con cualquier cosa y que el hipotético pacto no puede generar “ni divisiones ni bronca”.

El inmigrante como epicentro de todos los males

El documento que Vox llevará al pleno es similar al que ya ha pasado por otros ayuntamientos, con el que denuncia que a “inmigración masiva y descontrolada” ha provocado el “colapso” de los servicios públicos. Este problema es “aún mayor” que la certeza de que el sistema sufre una “profunda crisis como consecuencia directa de la gestión de los sucesivos gobiernos” pese a la “asfixiante carga fiscal” a la que someten a la ciudadanía. Por ello vuelve a lo que pidió en su primer pacto con Moreno en 2019 para hacerlo presidente: la localización (vía padrón) de extranjeros en situación irregular para que el Gobierno inicie procedimientos de devolución.

La moción es un órdago más en el Ayuntamiento de Sevilla, que se ha convertido en todo un laboratorio de ensayo de la convivencia entre PP y Vox. Tras año y medio de tirantez extrema, sobre todo por la insistencia de la formación de ultraderecha en entrar en el gobierno local (hubo hasta un amago abortado), ambos partidos han llegado a sendos acuerdos para sacar adelante los presupuestos de 2025 y 2026.

Esto introdujo en el corazón de Ayuntamiento de Sevilla la batalla cultural e ideológica de Vox. Desde entonces, han conseguido recortes en igualdad mientras se subvenciona a una asociación en contra del aborto, eliminación de líneas de cooperación y atención a la población inmigrante local, fondos para potenciar las fiestas de la Inmaculada y San Fernando (patrón de la ciudad) y hasta una cláusula anti Palestina para que no llegue a este territorio ninguna ayuda municipal.

El PP, además, ha confiado la gestión directa de la Oficina Antidesahucios y de la Oficina de Maternidad, un centro antiabortista en toda regla que es los de Santiago Abascal consideran su mayor victoria hasta la fecha. También han caído las ayudas para consumidores (con epicentro en Facua) y la eliminación de la zona de bajas emisiones en la Cartuja, además de imponer un mayor control del padrón que se ha vendido con el eufemismo de que lo que se pretende es evitar que los migrantes sean estafados. Los populares también han comprado la prohibición del burka en espacios municipales pese a admitir que no puede aplicar legalmente esta medida, mientras se ha liquidado todo lo relacionado con memoria histórica y hasta se renunció a la ayuda estatal para exhumar Monumento, la mayor fosa del franquismo en la ciudad.

“Innegable propósito electoral” y “reemplazo”

La moción que ahora va a pleno llega a apuntar que las medidas de apoyo a los migrantes “tienen a medio plazo un innegable propósito electoral”. La idea consiste en “conseguir nacionalizaciones masivas que proporcionen millones de votos a los partidos de izquierda” que impulsan estas políticas. En este sentido, recuerda las palabras de Irene Montero (Podemos), ya que la prevista “regularización masiva” se pactó con su partido, y encima en un acto electoral respaldó otra de las grandes obsesiones de Vox, la teoría del reemplazo: “Ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante”.

Y es que esta teoría del reemplazo es uno de los grandes mantras de Vox, que a su juicio se traduce en “una sustitución progresiva de la población de España”. Esto a su vez conlleva “la desaparición de la identidad de nuestros barrios, en la alteración de sus formas de vida y en la ruptura de los vínculos sociales”.

Y mientras que los españoles “han sido injustamente igualados, cuando no postergados” en el acceso a los servicios públicos, dos normas aprobadas por el Gobierno central vienen a complicar esta situación. Por un lado, el derecho a atención sanitaria de personas sin residencia legal en España, y por otro la regularización de medio millón de inmigrantes, “premiando de esta manera a quienes vulneran las leyes españolas para acceder a nuestro territorio”.

Discriminación de los españoles

Esto les permitirá optar “de forma inmediata” a ayudas y prestaciones “que resultan inaccesibles para los propios españoles que las sufragan con su esfuerzo”. Por eso defiende que su prioridad nacional “no se trata de arbitrariedad ni exclusión caprichosa”: “la preferencia de los nacionales en el acceso a las ayudas públicas no sólo es legítima, sino que responde a un principio elemental de responsabilidad política”.

La lógica del argumento de la ultraderecha es primaria: los españoles sostienen con sus impuestos el Estado de Bienestar para luego ser discriminados y que se beneficien de él los extranjeros. Los nacidos fuera de España serían así el epicentro del hundimiento del sistema sanitario, del aumento de la inseguridad y de las dificultades para encontrar trabajo o acceder a una vivienda.

La propuesta que se somete a votación les acusa de propiciar el “estancamiento persistente de los salarios reales”, de “evidentes problemas de integración” e incluso lo conecta con que miles de personas fallecen cada año sin atención de dependencia y con que un cuarto de la población “se encuentra en riesgo de pobreza”. “Todo lo cual evidencia el colapso de los servicios públicos”, tensionados por un incremento constante de la demanda propiciado por las políticas migratorias.

Todo esto se sustancia en seis propuestas de acuerdo que se someterán a votación, probablemente con más de una enmienda del PP para intentar suavizar el texto. Además de usar el padrón para facilitar la expulsión de inmigrantes, se insta al gobierno municipal a “establecer la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos y programas de vivienda” locales, poniendo especial énfasis en la cuestión habitacional. A esto se unen tres requerimientos: a la Junta de Andalucía para “impedir que los inmigrantes ilegales puedan hacer uso de nuestro sistema sanitario”, y al Gobierno central, para que anule la atención sanitaria gratuita y frene el “proceso de regularización masiva”.

Es más que evidente que existe un choque entre el ruido político y la realidad cotidiana, por eso, la organización Accem se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de la gestión de las migraciones y la protección internacional en Extremadura. Dirigida en la región por Mar García Navarro —quien coordinó la emergencia migratoria en Canarias entre 2021 y 2023—, Accem trabaja desde un enfoque de Derechos Humanos, intervención integral y, de manera muy específica, autonomía a través del empleo. Su experiencia desmiente con datos y con historias de vida los bulos que circulan sobre las personas migrantes.

“No se trata de dar ayudas por darlas, ni de dar el pescado; se trata de enseñar a pescar. El sistema de acogida garantiza prestaciones básicas sí, pero sobre todo, un fuerte apoyo en formación e inserción laboral. En cuanto las personas que llegan a España adquieren el idioma, pasan directamente al área de empleo. Vienen a trabajar, y nuestra experiencia con el empresariado extremeño es excelente”, resume García Navarro. Con los datos de inserción laboral y la valoración positiva de las empresas de la región, queda demostrado que las personas migrantes llegan con voluntad de trabajar y aportar, no de depender de ayudas.

Frente a los discursos xenófobos que repiten que las personas migrantes “viven de ayudas” y “quitan recursos” a la población local, los datos de Accem muestran una realidad radicalmente opuesta: quienes llegan lo hacen con una altísima motivación para trabajar y sostener a sus familias. Y, además, lo hacen en sectores donde la “prioridad nacional” no es que sea injusta: es que es impracticable, porque no hay suficientes personas dispuestas a ocupar esos puestos.

El colectivo atendido por Accem está dando respuesta a necesidades urgentes del mercado laboral extremeño. En la construcción, las empresas trasladan constantemente su preocupación por la falta de personal. Accem forma específicamente a sus usuarios: solo en 2025, 30 personas obtuvieron el título de Prevención de Riesgos Laborales de la construcción para incorporarse de inmediato al sector. En la agricultura y la ganadería, su presencia es vital para campañas específicas como la recogida de la fruta de hueso, evitando que las cosechas se queden en el campo por falta de relevo. En la hostelería y el sector servicios, tanto en cocina como en sala, cubren puestos que cuesta mantener ocupados. Y en el área de cuidados —un sector estratégico en una región envejecida como Extremadura— su aportación es directamente imprescindible.

En el COVID-19

En los momentos más críticos, esa disponibilidad para trabajar se ha traducido en decisiones que hablan de coraje y compromiso. Durante lo peor de la pandemia de la COVID-19, los hospitales extremeños se quedaron sin personal dispuesto a trabajar en la gestión de residuos sanitarios de alto riesgo. Una cincuentena de usuarios de protección internacional de Accem asumió esa tarea en primera línea, equipados con EPIs, en un contexto de miedo generalizado. A día de hoy, algunos continúan trabajando en esa misma empresa, con un grado excelente de satisfacción por parte de la patronal. En la zona de Almaraz, grupos de jóvenes malienses han sido contratados de manera totalmente regularizada para realizar labores técnicas y de mantenimiento, sin fricciones y con un rendimiento óptimo. Es decir: no solo no “quitan trabajo”, sino que ocupan puestos que, de otro modo, quedarían vacantes.

La historia de Accem en Extremadura comienza en 2010, en Cáceres, con apenas dos pisos y 12 plazas disponibles, a petición del Ministerio competente ante la crisis de refugiados de Oriente Próximo. Desde entonces, la infraestructura no ha dejado de crecer. Actualmente, la entidad cuenta con casi 240 profesionales en la comunidad autónoma, la inmensa mayoría de ellos extremeños y formados en la propia región. Lejos de ser un gasto, el funcionamiento de los centros de Accem actúa como un motor económico para Extremadura. La entidad prioriza la contratación de proveedores locales para el mantenimiento de su red: empresas de catering y alimentación extremeñas, comercios locales para la compra de textil —sábanas, toallas—, calzado y vestuario, así como proveedores de material de oficina, mobiliario y papelería. Cada euro que entra en el sistema de acogida se multiplica en la economía local.

A nivel estatal, los datos consolidados de 2025 hablan de casi 17.000 plazas de acogida activas en todo el territorio, principalmente de protección internacional y ayuda humanitaria. En programas de empleo, cerca de 8.000 personas fueron atendidas, y el 34% de ellas encontró un contrato laboral de manera directa. El 57% de esas contrataciones se realizaron en pequeñas y medianas empresas, el tejido que sostiene la economía real del país. En Extremadura, entre 2025 y el primer trimestre de 2026, 296 personas han sido atendidas en programas de empleo. Las principales nacionalidades son Venezuela y Mali. La evolución del perfil migratorio también se ha visto marcada por la guerra de Ucrania: tras el estallido del conflicto en 2022, Accem gestionó 50 plazas específicas en Cáceres, en un espacio facilitado inicialmente por el Ayuntamiento en el edificio Valhondo. Aquella migración fue eminentemente femenina y familiar —madres, abuelas e hijos pequeños—. Hoy, esas plazas se han estabilizado y transformado en pisos de autonomía normalizados.

Red mixta de financiación

La organización trabaja con una red de financiación mixta —estatal, autonómica y privada—. En el contexto político actual, con el nuevo gobierno de la Junta de Extremadura, Accem confirma que se sigue trabajando con absoluta normalidad y que las partidas para los programas autonómicos se mantienen en las mismas condiciones. Al menos, hasta ahora. Entre los programas autonómicos actuales se encuentran la atención humanitaria, dirigida a personas refugiadas en situación de extrema vulnerabilidad; la atención a personas en riesgo de exclusión social, desarrollada en estrecha colaboración con los servicios sociales comunitarios de Cáceres y Mérida —donde, por la propia estructura del programa, la mayor parte de la población atendida en esos pisos es de nacionalidad española—; y las ayudas para el alquiler, en coordinación con servicios sociales e instituciones locales como el Instituto Municipal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cáceres, para facilitar el acceso a la vivienda.

A estos se suman otros programas destacados: un programa de inmersión lingüística para mujeres migrantes financiado vía IRPF; la intervención en prisiones, con talleres grupales de apoyo a mujeres privadas de libertad en centros penitenciarios de la región; un taller de aprendices, financiado por la Fundación MAPFRE, un programa de seis meses de formación especializada en el área de mantenimiento y servicios; y un estudio internacional en cooperación, financiado en 2025 por la Agencia Extremeña de Cooperación (AEXCID) junto a la Universidad de Extremadura, que consistió en un estudio comparativo pionero entre las metodologías de intervención de la Ruta Atlántica (Canarias) y la Ruta Centroamericana (el tren 'La Bestia' hacia México y Estados Unidos).

Otro de los mitos que Mar García Navarro quiere romper es el de la “vulnerabilidad psicológica crónica” de las personas refugiadas. “Trabajamos con personas inmensamente resilientes. Han pasado por eventos traumáticos y tránsitos migratorios durísimos —que en el caso de las mujeres incluyen la violencia sexual como arma de guerra—, pero llegan dañadas, no destruidas. El número de personas que desarrolla un trastorno de estrés postraumático severo es mínimo. Lo que tienen de verdad son ganas de salir adelante”, subraya. La imagen de personas rotas para siempre no solo es falsa, pues, sino que deshumaniza y niega la capacidad de reconstrucción que demuestran a diario.

Sinergias

También se desmonta, con datos, la idea de que la presencia de centros de acogida aumenta la delincuencia. Las consultas directas de Accem con las instituciones competentes y las fuerzas de seguridad —como la Policía en Mérida— confirman de forma rotunda que en ningún caso ha aumentado la delincuencia por la presencia de estos recursos. Al contrario, se generan sinergias de cohesión social. Un ejemplo es el proyecto desarrollado en Mérida, donde los jóvenes del centro de acogida realizan encuentros con ancianos de residencias de mayores que sufren soledad no deseada, compartiendo historias culturales y ofreciendo acompañamiento mutuo. Lejos de ser un foco de conflicto, la acogida se convierte en un espacio de encuentro intergeneracional.

La reciente denuncia de una agresión sexual en Mérida ha provocado una reacción pública inusualmente intensa por parte de determinados colectivos que, en ocasiones anteriores, no habían mostrado el mismo nivel de implicación ante hechos similares. Este cambio de actitud invita a una reflexión necesaria: cuando la defensa de las víctimas aparece de forma selectiva, condicionada por el origen del presunto agresor, deja de ser una postura coherente de protección a las mujeres para convertirse en un discurso atravesado por otros intereses.

Diversas voces han subrayado que la preocupación legítima por la violencia sexual no puede depender de la identidad, nacionalidad o procedencia de quien la ejerce. De lo contrario, se corre el riesgo de utilizar el dolor de las víctimas como argumento para reforzar prejuicios o agendas excluyentes. En este sentido, algunas reacciones públicas parecen responder más a una narrativa que busca señalar a personas migrantes que a un compromiso sostenido con la erradicación de la violencia machista.

Especialistas en violencia de género recuerdan que este tipo de delitos atraviesa todas las capas sociales y contextos culturales, y que su abordaje requiere políticas integrales y coherentes, no respuestas selectivas. La credibilidad del compromiso social con las víctimas se resiente cuando solo se activa en determinados casos, especialmente si coincide con la posibilidad de alimentar discursos xenófobos.

Este episodio, por tanto, no solo interpela a las instituciones en su respuesta ante la agresión denunciada, sino también a la sociedad en su conjunto: ¿se está defendiendo a las víctimas de manera consistente o se está utilizando su situación para reforzar determinadas posiciones ideológicas?

En la actualidad, otro de los focos mediáticos está en Badajoz, donde se ha producido la llegada reciente de jóvenes de origen maliense que se encuentran sin plazas de pernocta. Desde Accem Extremadura se apela a la prudencia institucional una vez más. La entidad está recabando toda la información técnica para esclarecer la situación administrativa de estos chicos. Al tratarse presuntamente de una competencia autonómica inicial, Accem evalúa los mecanismos para ponerse a disposición de la administración competente y apoyar, si fuera necesario, en la atención humanitaria y el encauzamiento digno de estos jóvenes dentro del sistema regulado. De nuevo, la clave no es el alarmismo, sino la gestión.

Abasse Sagna

Detrás de las cifras y los programas de inserción hay vidas concretas, historias reales que desmontan, una por una, los tópicos y simplificaciones de la llamada “prioridad nacional”. La historia de Abasse Sagna es una de ellas. Salió de Mali con una biografía marcada por la pérdida y la violencia. “He perdido a casi toda mi familia”, cuenta. Sus padres murieron antes del recrudecimiento del conflicto de su país, pero uno de sus hermanos falleció en la guerra. Solo le queda una hermana mayor, con la que vivió tras abandonar su pueblo natal para trasladarse a Bamako, la capital. “La vida en mi país es muy difícil”, resume. La inestabilidad en el norte de Mali, agravada tras la caída del régimen de Gadafi en Libia en 2012, ha impactado especialmente en las zonas rurales. “Es una región por donde circulan armas y grupos armados. Cada año empeora”, explica.

Su proyecto vital, sin embargo, iba por otro camino. Quería estudiar medicina. “Era el sueño de mi madre”, recuerda. Pero su muerte truncó ese objetivo. “Era mi apoyo. Cuando falleció, perdí las ganas de seguir estudiando”. Decidió entonces emigrar a Mauritania, donde trabajó durante años para ayudar a su familia. Allí también enfrentó dificultades, incluido el racismo y un intento fallido de salida hacia Europa que terminó con dos semanas en prisión. No fue hasta octubre de 2023 cuando logró emprender el viaje definitivo. Partió desde Senegal en una embarcación con 57 personas. “Fue muy duro”, dice. Pasaron seis días en el mar hasta llegar a El Hierro. “Había comida y agua, pero el viaje es difícil, sobre todo por la incertidumbre”. Tras una noche en la isla, fue trasladado a Tenerife y posteriormente a la península.

Su llegada a España tampoco fue sencilla. En Mérida, donde fue acogido inicialmente, se encontró con dificultades para iniciar su solicitud de asilo. “Nos decían que había que hacerlo online, pero yo no sabía cómo. Aunque sé leer y escribir, no es fácil en otro idioma”. La falta de apoyo institucional le obligó a buscar alternativas hasta que una red de voluntarios le ayudó a contactar con asistencia jurídica. Fue entonces cuando su situación empezó a cambiar. “Tuve suerte”, afirma. Destaca especialmente el papel de una abogada que le acompañó en el proceso. Gracias a ello, pudo formalizar su solicitud de protección internacional y ser derivado al sistema de acogida en Cáceres, donde llegó en marzo de 2024.

“Allí todo fue diferente”, explica sobre su experiencia en la capital cacereña. A través del programa de acogida, accedió a clases de español, formación y acompañamiento. “En otros centros éramos cientos de personas y apenas se aprendía. Aquí sí”. Con el idioma como base, comenzó a formarse en distintos ámbitos: logística, prevención de riesgos laborales y energías renovables. Hoy trabaja en la hostelería, en el bar Viña Grande, y contó con protección subsidiaria desde enero de 2025. “Ahora ya tengo todo en regla, trabajo y me pago todas mis cosas”, señala. Vive en un piso compartido con dos chicas jóvenes y asegura haberse integrado en la ciudad. “Cáceres es el lugar donde empiezo de nuevo, donde he construido mi vida”.

Racismo

Eso no significa que su camino haya sido fácil ni que haya estado libre de racismo. Relata el caso de una vecina que evitaba coincidir con él en el ascensor y le acusó de “quitar el trabajo” a sus hijos. “Le respondí que yo no tenía las mismas oportunidades que sus hijos, que nacieron aquí”, recuerda. La situación le afectó tanto que decidió mudarse. “Puede afectarte mucho psicológicamente y yo preferí irme de ese edificio”. Además de trabajar, Abasse colabora como traductor para ayudar a otros migrantes recién llegados. “Muchos no hablan español y necesitan apoyo”, explica. También ha retomado los estudios con la intención de reconstruir el camino que dejó atrás. “Quiero volver a estudiar. Ojalá medicina, pero sé que es difícil. Buscaré una opción que me permita vivir dignamente”. Su deseo más profundo es poder reunirse con su hermana, que sigue en Mali. “Es lo que más quiero”, dice. Y lanza una reflexión que va más allá de su caso: “Si hoy estoy integrado en Cáceres, es gracias a la ayuda que recibí de ACCEM. Me ayudaron y enseñaron cómo empezar de nuevo”.

La historia de Jessica López también rompe el cliché de quienes hablan de “efecto llamada” y “abusos del sistema”. Llegó a España sin conocer a nadie, con dos hijos menores y una decisión difícil a cuestas: abandonar Venezuela para garantizarles un futuro. “No fue fácil dejar a mi familia, pero sentía que tenía que hacerlo por ellos”, explica. En su país era docente universitaria, con doctorado y casi veinte años de experiencia. “Con todo eso, al llegar aquí, experimentas un choque total”. Aterrizó en Madrid sin información previa sobre los recursos de acogida. “No sabía que existían programas de apoyo para migrantes”, recuerda. La realidad inicial fue dura: dificultades para acceder a una vivienda, problemas para recibir atención sanitaria para su hijo —que había sufrido un accidente antes de viajar— y la imposibilidad de trabajar sin permisos. “Llegué a pensar en volverme”, admite.

Su situación comenzó a estabilizarse cuando fue derivada a Cáceres, donde accedió a un programa de acogida. “Ahí se me abrió todo”, cuenta. Gracias a ese apoyo pudo acceder a vivienda, orientación laboral y acompañamiento psicológico puntual. “Es fundamental, porque aunque hablemos el mismo idioma, el cambio cultural es fuerte: horarios, costumbres, todo”. Un año después de su llegada, Jessica forma parte de un programa de formación y empleo en el Gran Hotel Don Manuel. Trabaja actualmente como camarera de piso, dentro de un itinerario que incluye rotaciones por distintos departamentos del establecimiento. “En Venezuela yo pagaba para que me ayudaran a limpiar porque no tenía tiempo de hacerlo. Aquí he tenido que hacer incluso un curso para ello. Es un cambio grande, pero me adapto bien”, explica.

Su objetivo, sin embargo, sigue siendo ejercer su profesión. El proceso de homologación de títulos se ha convertido en uno de los principales obstáculos. “El doctorado tardó ocho meses en verificarse. La licenciatura puede tardar entre tres y cuatro años. Es demasiado tiempo”, denuncia. Mientras tanto, no puede trabajar en su ámbito. “Una viene preparada, con experiencia, con ganas de aportar, y se encuentra con muchas puertas cerradas”. También señala las dificultades administrativas para acceder al empleo en general: “Sin permiso de trabajo no puedes hacer nada, y conseguirlo lleva tiempo. Pero si acabas de llegar, ¿quién te da trabajo sin contactos?”. A estas barreras se suma la conciliación. Sus hijos, de corta edad, dependen exclusivamente de ella. “Me organizo como puedo: les dejo la comida hecha, una persona me ayuda a recoger al pequeño… todo es una cadena jumana para poder cumplir con el trabajo”.

En su relato también aparece alguna crítica velada al sistema de acogida. Otro de los puntos más delicados es el acceso a la sanidad en los primeros momentos. “Sin padrón o sin tarjeta sanitaria, no te atienden fácilmente. Mi hijo necesitaba atención y tuve que buscar alternativas por mi cuenta”, relata. Una experiencia que, según denuncia, contradice la idea de una sanidad universal plenamente accesible. Pese a todo, Jessica insiste en su actitud: “Yo no vine a vivir de ayudas. Vine a trabajar”. De hecho, recuerda que el parón inicial le resultó especialmente difícil en España: “Me decían que me lo tomara como unas vacaciones, pero yo no estoy acostumbrada a eso”.

Sobre su país, el diagnóstico es claro: “La situación está igual o peor cada día. Falta de luz, sueldos insuficientes, servicios precarios… no hay futuro”. Esa realidad, dice, sigue empujando a muchas personas a emigrar. Ahora, con 40 años, afronta una reconstrucción vital en un nuevo país. “Es empezar de cero, pero con dos hijos”, resume. Su mayor preocupación es el futuro inmediato: el final del programa de acogida. “Te dan 15 días para salir y es muy poco tiempo. Conseguir alquiler es muy difícil, sobre todo siendo madre sola”. Aun así, mantiene la determinación: “Si hay que empezar de nuevo, se empieza. Lo importante es seguir”.

Contra la propia región

Cuando se escucha a Abasse y a Jessica, cuando se miran los datos de empleo, de impacto económico, de convivencia, la consigna de “prioridad nacional” se revela por lo que es: un eslogan que ignora la realidad material de Extremadura. No es solo que sea injusto excluir a quienes huyen de la guerra, la violencia o el colapso económico. Es que, además, va contra los intereses de la propia región. Extremadura necesita manos para recoger la fruta, levantar andamios, atender a mayores, servir mesas, mantener servicios básicos. Necesita también talento, formación, proyectos de vida que quieran arraigar en la comunidad extremeña.

La migración, tal y como la muestra y demuestra el trabajo de Accem, no es una amenaza ni un gesto de buenismo: es una pieza central para construir un futuro mejor para todas las personas. Para las que vienen y para las que ya estaban. Un futuro en el que los bulos pierdan fuerza frente a los datos, y en el que las historias de humanidad de Abasse, de Jessica y de tantas otras personas se entiendan no como excepciones, sino como parte de la respuesta a una cuestión que Extremadura ya no puede aplazar: ¿Cómo quiere sostener su mañana una región que envejece, pierde población joven y necesita manos, talento y energía para seguir funcionando?

¿Se verá el Papa con las víctimas de abusos? “Pues está pensado, está planteado. Es un tema que le preocupa, y del que está cerca. Nosotros hemos hecho la propuesta y estaremos preparados”. El cardenal de Madrid, José Cobo, es sin duda el hombre del Papa en España. Ya lo fue de Francisco y lo sigue siendo de Prevost, que llegará en menos de dos semanas a Madrid. Mal que les pese a los sectores más ultraconservadores, que lo tachan de “traidor” o “profanador” por el acuerdo alcanzado, como adelantó en primicia elDiario.es hace un año, para la resignificación de Cuelgamuros.

 “Tenemos que superar la polarización y apostar por el bien común”, sostiene Cobo al ser preguntado por la posible instrumentalización del viaje de León XIV y su esperado discurso en el Congreso de los Diputados. Sobre la prioridad nacional de Vox, el vicepresidente de la CEE también es tajante. Y recuerda que el Papa piensa lo mismo: “Gracias a Francisco, el discurso de la migración está asentado. ¿Por qué va León a Canarias? Por la misma razón que Francisco fue a Lesbos o a Lampedusa (…). Apostamos por la dignidad, aquí no hay ciudadanos de primera o ciudadanos de segunda”.

El lunes estuvo con el Papa en Roma. ¿Cómo está Prevost en la cuenta atrás para el viaje?

Muy animado. Este Papa tiene una seguridad muy grande. Desde que fue elegido hace un año ha ido ocupando un espacio. Va creciendo en el ‘oficio’ de Papa, y eso da mucha tranquilidad. Transmite mucha seguridad en lo que dice y hace.

¿Qué Madrid se encontrará el Papa?

Un Madrid muy grande, muy diverso, con un entusiasmo que nos ha desbordado a todos. Quisiéramos enseñarle al Papa un Madrid muy real. Una ciudad que sea tal y como es, con una Iglesia que camina, con sus dificultades, entre la gente.

Hay una parte muy ‘política’ de la visita, desde su encuentro con los reyes, la reunión con Sánchez, el discurso ante el Congreso… ¿El Papa sabe de la situación en España? ¿Qué piensa?

La conoce perfectamente. El Papa no está aislado en una cápsula. Tiene sus relaciones, habla con unos y con otros, conoce perfectamente la situación española. Lo que ocurre es que éste no es un viaje político, es un viaje apostólico, y aunque hable con la política, la propuesta que puede hacer un Papa es la del lema del viaje: ‘Alzar la mirada’. El Papa hablará de política, aunque no de partidos políticos.

“El Papa conoce perfectamente la situación de España (…): éste no es un viaje político, es un viaje apostólico, y aunque hable con la política, la propuesta que puede hacer un Papa es la del lema del viaje: ‘Alzar la mirada’. El Papa hablará de política, aunque no de partidos políticos”

Vivimos en un país en el que todo lo político se examina con lupa, en una realidad marcada por la polarización, y en el que se desentrañarán todos los gestos, tanto en su encuentro con los reyes como con Sánchez, y especialmente lo que diga en el Congreso de los Diputados. Es la primera vez que un Papa habla ante la sede de la soberanía española en democracia…

Todo eso se mirará, pero hay que entender que el Papa que hablará a los políticos no pertenece a un partido político, sino que representa a una tradición religiosa que está en sociedad. Vivimos en una sociedad, como la española, con una tradición católica, que está enraizada. En este contexto, el Papa dialogará, hablará con los políticos, pedirá la dignificación de la política y agradecerá el trabajo de los políticos…

Usted ha dicho que el Papa no viene a hacer política ni a quitarle votos a nadie, pero también ha alertado de la posibilidad de que se instrumentalice todo lo que diga, como ocurrió en el caso de Trump. ¿Qué riesgos reales ve?

Tenemos que mirar más allá. Hay un defecto en nuestro mundo: estamos todo el rato con los móviles y en nuestro pequeño espacio ideológico, y analizamos todo desde esa óptica. La postura de la Iglesia es la de abrir puertas y estar con otra gente que piensa distinto. ¿Qué luego hay gente que quiera hacer de la Iglesia un pequeño espacio ideológico? Pues sí. ¿Qué pueda haber gente que quiera aprovechar el viaje para su propia causa? Pues también. Pero quedarán retratados ante la bondad de una mirada más amplia.

Existe una realidad innegable: Francisco nunca vino a España porque decía que estábamos peleados, tanto dentro como fuera de la Iglesia. La situación no ha mejorado. ¿Puede haber en esas palabras del Papa una llamada a superar esta polarización?

Sí. Tenemos que superar la polarización y apostar por el bien común. Ir a la búsqueda de la dignidad humana y redefinirla con los criterios de nuestro tiempo. El viaje del Papa va a ser, para la Iglesia y para la sociedad, un viaje de puntos de encuentro, no de resaltar las diferencias, y es un ejercicio que nos hace falta. Hay mucho entusiasmo en la gente, porque hemos querido que este viaje no sea solo para dentro de la Iglesia, sino que manifieste una Iglesia que está dialogando, dejándose interpelar por el resto. Hay un anhelo de poder hacer algo juntos. El Papa quiere que hablemos mejor de nosotros mismos, que reconozcamos a buena gente entre los que piensan de otra forma.

“Gracias a Francisco, el discurso de la migración está asentado. ¿Por qué va León a Canarias? Por la misma razón que Francisco fue a Lesbos o a Lampedusa”

Hablemos de la realidad migratoria. Usted ha trabajado durante años con migrantes. ¿Cómo se sitúa ante polémicas como la ‘prioridad nacional’ planteada por Vox?

Como siempre. La voz y el mensaje son siempre los mismos: la dignidad humana. No hay ni ciudadanos de primera ni de segunda. El ADN del cristiano nos hace reconocer la dignidad de todos. También hay que reconocer que no estamos afrontando todo el fenómeno migratorio, que tiene muchos aspectos. Pero gracias a Francisco, el discurso de la migración está asentado. ¿Por qué va León a Canarias? Por la misma razón que Francisco fue a Lesbos o a Lampedusa.

El Papa llega el día 6 de junio. Cuatro días antes, el expresidente Zapatero declarará ante el juez como imputado. ¿Cómo se encajan estas realidades en el viaje de un jefe de Estado como es el Papa?

Vamos a alzar la mirada. La contingencia política de cada país es grave, pero a la gente también le preocupa qué pasa con sus hijos, saber si sus chavales van a tener piso o no, si con el sueldo que tienen van a poder pagarse el alquiler… Necesitamos buscar un sentido a la vida, una llamada a la esperanza. El Papa no va a entrar en la contingencia concreta, no nos va a decir ‘Mirad al cielo’, no, no, pero en estos tres días sí podemos decidir hacia dónde vamos. Y ofrecer respuestas ante esa desorientación, ese desarraigo, esa desesperanza. La contingencia política estará y hay que barajarla. Yo creo que el Papa la integrará, porque es lo que nos pasa, y es nuestra preocupación.

¿Se verá el Papa con las víctimas de abusos?

Pues está pensado, está planteado. Dentro de las peticiones de entrevistas privadas, que ha habido miles, de muchas víctimas, de muchas causas... A lo largo de su pontificado, el Papa ha tenido, y tendrá, encuentros con las víctimas. Es un tema que le preocupa, y del que está cerca. Nosotros hemos hecho la propuesta y estaremos preparados.

Sobre Cuelgamuros: “Ahora mismo, es necesario el diálogo entre el Gobierno, la Santa Sede -que algo tiene que decir- y la comunidad benedictina. Yo si pido, igual que hizo el presidente de la Conferencia Episcopal, un diálogo entre las partes, que trabajen más en clave de diálogo que de confrontación”

Usted está sufriendo, desde hace muchísimo tiempo, ataques y persecuciones en torno a un relato, desde el tema de la resignificación de Cuelgamuros. ¿Sería conveniente que esto se quedara solucionado antes de que la visita del Papa? ¿Hasta qué punto le perturban este tipo de situaciones?

A ver… este es un problema en el que yo no tengo jurisdicción. Yo he hecho el trabajo que se me ha pedido, en el momento en que se me ha pedido. No es nuestra la idea de empezar con este tema, ni yo he intervenido más de lo que se me ha pedido. Ahora mismo, es necesario el diálogo entre el Gobierno, la Santa Sede –que algo tiene que decir– y la comunidad benedictina. Yo si pido, igual que hizo el presidente de la Conferencia Episcopal, un diálogo entre las partes, que trabajen más en clave de diálogo que de confrontación. No tengo yo la llave de esto

Entiendo que esté cansado de que le llamen traidor o profanador…

En la historia de la Iglesia, y en la reciente también, he visto cómo los obispos de Madrid siempre tenían que pasar por tragos parecidos. Son precisas prudencia y templanza para que en estos temas se pueda llegar a un acuerdo, y no crispar. Ahora mismo, se trata de no crispar, provocar diálogo entre las partes y buscar una buena solución. Pero ya digo, no está en mi mano, ni en el origen ni en el final. 

León XIV no ha venido todavía. Pero, cuando se marche, ¿qué? ¿Qué Iglesia se tiene que construir después de la visita del Papa? 

La que estamos construyendo. La visita del Papa no es un evento y no hemos querido hacerlo así. El Papa va a ver la Iglesia que hay, sin más maquillaje. Ahora llega el momento de la recepción de las palabras del Papa, pero después estas experiencias quedan, y hay que trabajarlas. El año que viene, cuando empecemos el curso, recogeremos los guantes que nos haya lanzado el Papa y seguiremos trabajando. Sería precioso que el año que viene, por estas fechas, la gente que haya venido diga 'yo estuve ahí, y lo recuerdo’. Y que les haya alentado a transformar su vida. Ese será es el mejor fruto de este viaje.

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El Ayuntamiento de Cáceres ha rechazado este jueves la moción presentada por Vox para endurecer el acceso a ayudas sociales municipales y establecer la denominada 'prioridad nacional' en prestaciones públicas, después de que PP, PSOE y Unidas Podemos (UP) votaran en contra de la iniciativa en el pleno ordinario de mayo.

La propuesta defendida por el concejal de Vox Francisco Flores planteaba introducir criterios vinculados al arraigo, el tiempo de residencia y la contribución social para acceder a ayudas de emergencia y servicios sociales, además de reclamar medidas como la derogación de normativa estatal sobre inmigración y la repatriación de inmigrantes en situación irregular.

La moción ha quedado finalmente rechazada por 21 votos en contra y dos a favor (correspondientes a los ediles de Vox) después de que el PP decidiera desmarcarse de la iniciativa al no prosperar la enmienda presentada por el Grupo Popular para modificar gran parte de la parte dispositiva del texto.

El PP mantenía en su enmienda conceptos en la moción como el 'arraigo real', la 'prioridad nacional' o la vinculación territorial como criterios para acceder a determinadas ayudas y viviendas públicas, pero eliminaban las medidas más controvertidas del texto original, como la 'remigración', la retirada de asistencia sanitaria a inmigrantes en situación irregular y la supresión de la asistencia jurídica gratuita en procedimientos de expulsión. Además, el PP quería sustituir parte del contenido por referencias a acuerdos alcanzados con Vox en Extremadura y Aragón.

Vox ha rechazado la enmienda al considerar que alteraba de forma sustancial el contenido original de la moción. Flores ha defendido que su partido no busca “titulares ni etiquetas”, sino “pensar en los vecinos de Cáceres” y en “los jóvenes que no pueden emanciparse”.

En este contexto, el portavoz municipal del PP, Ángel Orgaz, ha asegurado que su partido comparte que “el arraigo real, la contribución y la vinculación histórica con el territorio tengan peso” en determinadas ayudas públicas, aunque ha rechazado algunos de los principales puntos de la moción de Vox.

Orgaz ha explicado que el PP no podía respaldar medidas como la “remigración”, la retirada de asistencia sanitaria a inmigrantes irregulares o la eliminación de la asistencia jurídica gratuita. “Somos un partido humanista, europeo, liberal y reformista”, señaló el edil popular, quien añadió que “remigrar significa expulsar en masa a personas de origen extranjero por el mero hecho de serlo”.

El portavoz del PP ha defendido, además, que los criterios relacionados con el arraigo o el empadronamiento “ya existen” en distintas normativas autonómicas y municipales, incluidas algunas aprobadas por gobiernos socialistas, y reprochó a UP y Vox intentar “polarizar” el debate político desde posiciones opuestas.

Durante el debate, la concejala socialista Beatriz Cercas ha acusado a Vox de fomentar “el populismo del odio” y ha negado que exista un colapso de los servicios públicos en la ciudad. “No hay un colapso del sistema, no hay un colapso del padrón, no hay inseguridad en esta ciudad”, ha dicho.

Cercas ha defendido que la 'prioridad nacional' es incompatible con políticas de integración y ha advertido de que “cuando desde un ayuntamiento se dice que unas personas merecen menos derechos por su origen, se rompe la convivencia”. La edil socialista ha añadido que “donde empieza la prioridad por origen termina la igualdad”.

Por último, el concejal de UP Álvaro Jaén ha cargado duramente contra PP y Vox y ha acusado a ambas formaciones de promover decisiones “crueles” contra la población migrante. “No queremos una Cáceres clasista, blanca, colonial, queremos una inclusiva que respete los derechos humanos”, ha señalado durante su intervención. 

El vicepresidente de la Junta de Extremadura y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle (Vox), ha avanzado este miércoles en la Asamblea, de forma muy genérica, las líneas de su departamento para la legislatura. En una comparecencia en comisión parlamentaria marcada por la falta de concreción, Fernández Calle se ha limitado a desgranar el contenido ya conocido del pacto entre el PP y Vox sin profundizar en su aplicación práctica.

De hecho, la sesión ha sido tan ligera que el consejero ni siquiera ha hecho referencia a la gestión de los menores migrantes no acompañados, una competencia bajo su responsabilidad directa y uno de los puntos más polémicos de la coalición. Eso sí, el líder de Vox ha marcado perfil ideológico al pronunciar hasta en al menos ocho ocasiones las palabras “prioridad nacional”, un concepto que el PP de María Guardiola sigue evitando pronunciar en público y que su portavoz han pretendido descafeinar en la comisión hablando de “la prioridad de los extremeños”.

El vicepresidente de la Junta ha asegurado que buscará cumplir “a rajatabla” el pacto con el PP mediante un “control absoluto” del gasto público y la implantación del principio de “prioridad nacional” en la concesión de ayudas sociales y de vivienda pública. Para llevar a cabo esta medida, el Gobierno de María Guardiola articulará una serie de filtros técnicos y administrativos, como la aplicación de criterios de arraigo, empadronamiento no fraudulento, vinculación con el territorio, trayectoria de cotización y permanencia en el sistema. Pero ha afirmado textualmente que el objetivo de todo esto es poner a “los extremeños y los españoles primero”, “los de aquí por delante de los de allí” y garantizar que los recursos públicos vayan dirigidos “a quienes sostienen esta comunidad”.

Fernández Calle ha vuelto a situar a las personas migrantes en el centro de la sospecha y como competidoras en el acceso a los recursos públicos, al avanzar que su departamento creará una unidad específica encargada de verificar la residencia real de los solicitantes. Según sus palabras, el objetivo es perseguir lo que ha calificado como “un sistema opaco, desordenado y vulnerable al fraude”. En este sentido, ha avanzado que se promoverá la colaboración con los ayuntamientos para desmantelar las “redes de sobreocupación de viviendas y pisos patera” como fórmula para combatir la inmigración irregular, advirtiendo de que quienes se encuentren en situación administrativa irregular “no accederán a prestaciones estructurales, limitándose su atención a supuestos de urgencia vital”.

El también líder de Vox en Extremadura ha recordado que en esta legislatura se impulsará una Ley de Familia que incluirá medidas para el fomento de la natalidad y prestará especial atención a las familias numerosas o con personas dependientes. De hecho, el pacto incluye deducciones fiscales en el IRPF de 500 euros por el primer hijo, 1.000 por el segundo y 1.200 por el tercero y siguientes durante tres años.

Infancia y Juventud son otras competencias de Fernández Calle, aunque también ha pasado de puntillas. Ha explicado que se darán “oportunidades reales” a los jóvenes y se protegerá a los menores de la “instrumentalización ideológica” pero la “responsabilidad es de las familias, los niños son de sus padres, no del Estado”.

Recortes a sindicatos y patronal, y fin de la cooperación internacional

El vicepresidente regional ha recordado que PP y Vox se han comprometido a recortar las ayudas a sindicatos y organizaciones empresariales en un 50%, y así se reflejará en los presupuestos autonómicos, aunque “nos gustaría que no tuvieran ninguna, pero eso será cuando Vox tenga mayoría absoluta”. Y este 'tijeretazo' también afectará a la solidaridad exterior. Se da la circunstancia de que en el organigrama diseñado por la presidenta, María Guardiola, las competencias de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) han ido a manos de Fernández Calle, que precisamente quiere eliminar esta agencia y todas las subvenciones destinadas a ONG para proyectos de cooperación. “Hay muchas necesidades en nuestros pueblos que hay que cubrir antes de que un solo euro se vaya fuera de Extremadura. Espero que el dinero invertido en el exterior sea cero; no vamos a permitir que se sigan derrochando millones en proyectos ideológicos”, ha dicho en la Asamblea.

Por último, en lo relativo a sus competencias en materia de desregulación, el vicepresidente ha afirmado que el objetivo es conseguir que la Administración autonómica funcione de manera más rápida y sea un aliado del ciudadano en lugar de una traba burocrática. Por lo tanto, afectará a todas las consejerías de la Junta de Extremadura y se ejecutará “pasito a pasito”

Privatización y debilitamiento de los servicios públicos

El Grupo Parlamentario Socialista y el de Unidas por Extremadura han acusado al vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de no haber respondido a sus preguntas en comisión parlamentaria y de haber actuado más como portavoz de Vox que como un miembro del Gobierno regional.

En concreto, la diputada socialista Soraya Vega ha tildado de “vergüenza” la comparecencia de Fernández Calle y ha asegurado que ha realizado afirmaciones que considera “absolutamente incompatibles con la ley”. Además, ha señalado que no ha aclarado qué significa la desregulación ni qué implicaciones prácticas tendrá en la gestión pública y ha advertido de que no se sabe si esto supondrá “privatizar, recortar o debilitar los servicios públicos” dirigidos a las personas más vulnerables.

También ha cuestionado el concepto de “prioridad nacional” y ha preguntado qué supone su aplicación en ámbitos como la atención a emergencias sociales o la protección a la infancia, sin obtener respuesta del vicepresidente, según ha trasladado.

En similares términos se ha pronunciado el diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos, quien ha confesado haberse sentido “un poco estupefacto” con la comparecencia de Fernández Calle. En su opinión, ha dado la percepción de desconocer las competencias de su departamento, puesto que “se ha puesto a aplicar al acuerdo del gobierno como si fuera el portavoz de Vox”, lo que revela, según sus palabras, que “no tiene ni idea de lo que va a hacer con la Consejería”.

“Ha sido un constante hablar de la prioridad nacional”, ha criticado el parlamentario, para quien este concepto es una “cortina de humo” que busca utilizar a las personas migrantes como “chivo expiatorio” para no hablar de los problemas de Extremadura.

La diputada popular Teresa Tortonda, por contra, ha valorado que la intervención del consejero se ha centrado en dos líneas principales de actuación, entre ellas la desregulación, basada en lograr “una administración mucho más ágil y mucho más cercana a los ciudadanos”, y las políticas sociales. Sobre estas últimas ha asegurado que “no van a tener ningún recorte”, sino que se van a desarrollar bajo los criterios de eficacia, de efectividad y de eficiencia con el fin de solucionar los problemas de los extremeños.

Es la primera vez que ocurre en España. Y no ha sido contra Vox, sino contra el gobierno autonómico formado por Coalición Canaria y Partido Popular. Varias organizaciones sociales han demandado al Gobierno de Canarias por endurecer los requisitos de acceso a la vivienda pública, en sintonía con la denominada “prioridad nacional” de la extrema derecha.

Las organizaciones aseguran que esta medida “es ilegal” y confían en que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias les dará la razón dada la cantidad de precedentes judiciales que en toda Europa se han pronunciado contra la medida. Denuncian que se trata de un intento de ocultar las carencias en política de vivienda del gobierno insular ante la falta de vivienda pública.

Así lo han explicado, en la mañana de este martes en rueda de prensa, las organizaciones Derecho al Techo y el Observatorio de Derechos Humanos DESCA (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales), a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Canarias.  

El pasado 7 de abril entró en vigor el decreto que modifica los requisitos de acceso a una vivienda de protección oficial pública. El nuevo decreto establece un mínimo de 12 años de empadronamiento en Canarias de forma ininterrumpida. Una medida que para los demandantes “está en línea con la llamada `prioridad nacional´ que las derechas ya están impulsando en otras comunidades, como Aragón o Extremadura, y en varios países de Europa”, y que ya tiene en contra a la justicia europea. 

“Nos encontramos ante un mecanismo que crea barreras estructurales y, por tanto, desvirtúa la noción de vivienda protegida”, afirma Sofía Olivares del colectivo Derecho al Techo. 

“Aunque el presidente de Canarias defiende que en este territorio no hay cabida a la prioridad nacional, la realidad es que este decreto es un ejemplo claro de la prioridad nacional. Nosotros le llamamos prioridad racista, es una prioridad clasista, y es una prioridad abiertamente ilegal”, asegura Miguel Ruiz, abogado e investigador del Observatorio DESCA.  

Estas organizaciones aseguran que el Decreto 23/2026 de 9 de marzo, contiene varias medidas que provocan lo que se denomina “discriminación indirecta”, es decir, que aunque en la norma no se pone de forma explícita que se excluya a un colectivo en particular, el diseño de la medida afecta de forma desproporcionada a un grupo en concreto. Y en este caso las más perjudicadas son las personas migrantes“, aseguran las organizaciones. 

“Esto no es un invento nuevo, ni del Partido Popular, ni de Vox, ni de Clavijo. Esto es un invento del Frente Nacional de la extrema derecha de Francia en los años 80, que lo que tratan es de convertir los derechos en privilegios”, explicaba Miguel Ruiz.

Contra la jurisprudencia internacional

Las organizaciones sociales recuerdan que recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que exigir “un requisito de 10 años para poder acceder a ayudas de servicios sociales era discriminatorio y, por lo tanto, es una jurisprudencia muy reciente que refuerza nuestra posición. Pero esta es una jurisprudencia que lleva desde los años 80 dictando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y los distintos tribunales constitucionales”, asegura el abogado del Observatorio DESCA.  

Se refieren a la sentencia, publicada el pasado 7 de mayo, por la que la Gran Sala del TJUE formada por 15 jueces, considera que Italia había vulnerado el Derecho comunitario al exigir diez años de residencia, para acceder a la renta garantizada de ciudadanía, una prestación de lucha contra la pobreza y reinserción laboral.

En declaraciones a este medio desde el Observatorio DESCA sugieren al presidente Fernando Clavijo que lo consulte con la IA. “Es un caso de manual, de hecho si le preguntas a ChatGPT sabemos que no hay que confiar en ChatGPT, pero es lo primero que te dice, ojo, cuidado, que esto puede ser discriminatorio”, ironizan desde el Observatorio DESCA.  

El decreto canario de acceso a la vivienda pública exige más años de arraigo que lo que se pide para obtener la nacionalidad española. Mientras en Canarias ahora se exige un mínimo de 12 años para acceder a una vivienda pública, en España para obtener la nacionalidad se piden diez años, como tiempo máximo general de residencia legal y continuada. 

Contra la Constitución y el Estatuto de Autonomía 

Las organizaciones afirman que esta exclusión vulnera varios artículos del Estatuto de Autonomía de Canarias y de la Constitución Española, especialmente aquellos referentes al derecho a la igualdad de trato y no discriminación y el derecho a una vivienda digna. 

También señalan que “contradice los propios planes del gobierno canario”, como el Plan de inmigración y convivencia intercultural 2026-2029, que enfatiza “la importancia de garantizar la igualdad de condiciones de todas las personas en el disfrute de una vivienda adecuada, sin discriminación ni segregación”. 

Aseguran que este decreto no solo afecta a las personas migrantes de origen extranjero, “también quedan excluidas las personas de origen canario que vivan en la península y quieran volver”. 

“Irrazonable y discriminatorio” 

Además, califican de “discriminatorio e irrazonable” exigir estar empadronado o trabajar en el mismo municipio de forma ininterrumpida durante cinco años, una condición que perjudica a las personas que, por precariedad laboral y residencial tienen más probabilidades de cambiar de trabajo frecuentemente y tienen que mudarse de un municipio a otro.  

Otra de sus críticas va dirigida contra los nuevos baremos económicos, que también “resultan discriminatorios”. Como la condición de poseer unos ingresos mínimos de entre 12.600 euros y 21.000 euros al año, según la composición de la familia. Según los cálculos del Observatorio DESCA y de Derecho al Techo, a través de los datos publicados por el INE, hasta el 16,8% de las personas inquilinas de Canarias se verían excluidas directamente por este baremo de requisitos económicos. Lo que supone más de 68.144 hogares, independientemente de si son de origen canario o no. 

También critican que el decreto canario excluye a quienes han tenido que ocupar una vivienda. “El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ya ha establecido que los reglamentos que permiten el acceso a las viviendas protegidas y a los servicios sociales no pueden estigmatizar a la población más vulnerable y que las conductas de estas personas que ocupan porque no hay un parque público de vivienda suficiente no puede ser una excusa para castigarlas”, explica Miguel Ruiz del Observatorio DESCA.

“Miseria Nacional”

Derecho al Techo y el Observatorio DESCA consideran que los requisitos que exige el gobierno canario “constituye más bien una ´miseria nacional´ y que se trata de un intento de ocultar las carencias en política de vivienda ante la falta de vivienda pública”, con el precio del alquiler disparado, la expulsión de residentes de las ciudades, y el “secuestro de la oferta de vivienda por parte del sector turístico”, añaden.

Estas organizaciones sociales apuestan por una “prioridad habitacional”, con una serie de medidas que “sí funcionan y no dejan a nadie fuera”, como: la ampliación y blindaje del parque de vivienda protegida, “ya sea con la cesión de solares a promotoras o el uso del tanteo y el retracto”, imponer impuestos a los pisos vacíos de bancos y fondos buitre; prohibir las viviendas de uso turístico para que retornen al mercado residencial, unas 50.000 viviendas en 2025, o limitar las compras de viviendas por parte de inversores con intenciones especulativas. Y por supuesto, regular los precios del alquiler mediante la declaración de zonas tensionadas. 

“Hay un montón de viviendas vacías en manos de fondos buitres, a los que hay que penalizar de una vez por todas. Y, por supuesto, hay una medida que la pueden aprobar mañana, que es: limitar los precios de alquiler, declarando zonas tensionadas. Esto está solicitado incluso por algunos ayuntamientos como el de Las Palmas de Gran Canaria”, explica Isabel Saavedra, abogada del colectivo Derecho al Techo. 

Ambas organizaciones instan al Gobierno de Canarias a ser “más valiente y ambicioso con las políticas públicas” para abordar el problema de la vivienda en Canarias “sin dejar fuera precisamente a quienes más lo necesitan”.

Esta demanda puede tardar un año en resolverse. El abogado del Observatorio DESCA ha explicado que el recurso tiene una tramitación preferente porque el decreto ya está en vigor, y afecta a todas las personas que quieran acceder a una vivienda protegida, “por lo tanto, el Tribunal Superior de Justicia le va a tener que dar preferencia, pero esto puede tardar incluso un año en tener una resolución final”. 

Aunque aseguran que tienen “plena confianza” de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias les vaya a dar la razón por la amplia jurisprudencia que ya existe, recuerdan que todavía podrían acudir “al Tribunal Supremo, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y al Tribunal Constitucional”, y aseguran que incluso podrían llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

Vox llevará al pleno ordinario del jueves en el Ayuntamiento de Cáceres una moción con la que busca endurecer de forma drástica los criterios de acceso a las ayudas sociales para imponer el concepto de prioridad nacional en el reparto de las prestaciones públicas del ámbito municipal.

El texto de la iniciativa, que apunta directamente a las convocatorias de ayudas de emergencia y servicios sociales del consistorio, propone vincular el acceso a estos recursos a nuevos requisitos basados en el arraigo, el tiempo de residencia previo en el municipio y la contribución social de los solicitantes.

Para justificar esta medida, la extrema derecha, que el viernes permitió al PP aprobar los presupuestos locales, sostiene que el actual Estado del Bienestar atraviesa una “profunda crisis” que achaca a la gestión de los sucesivos ejecutivos estatales y a la “presión” de la inmigración. En su exposición de motivos, Vox asegura que el incremento de la población de origen extranjero —que sitúa por encima del 20% a nivel nacional en 2026— está afectando de forma directa a los servicios que presta el Ayuntamiento de Cáceres. No obstante, solo el 4,1% de los más de 96.000 habitantes de Cáceres es extrajero.

En concreto, la moción afirma que áreas básicas de la gestión municipal como los servicios sociales, el padrón, la seguridad y la convivencia ciudadana se encuentran tensionadas hasta “extremos insostenibles”. Asimismo, el partido asegura que el sistema actual favorece el acceso de los extranjeros a las prestaciones asistenciales y a la vivienda, lo que a su juicio genera dificultades añadidas para los “jóvenes y familias españolas”.

Ofensiva contra la legislación estatal

La propuesta municipal no se limita a las competencias estrictas del Ayuntamiento y se convierte en una enmienda a la totalidad de las políticas migratorias y sanitarias del Gobierno central. Vox utiliza el altavoz del pleno cacereño para arremeter contra el real decreto que regula el acceso a la sanidad pública de personas sin residencia legal y contra el proceso de regularización extraordinaria de migrantes, dos medidas que considera responsables del aumento de la presión en los recursos públicos.

Por ello, la batería de acuerdos de la moción insta al Ayuntamiento de Cáceres a exigir al Gobierno de España que garantice por ley la prioridad de los ciudadanos nacionales en el acceso a programas de vivienda, ayudas de emergencia o pensiones no contributivas. Exige también la derogación de la atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular y reclama su “repatriación inmediata”, además de la revocación de los últimos cambios en el Reglamento de la Ley de Extranjería.

La iniciativa, que prevé reabrir el debate sobre la gestión de los recursos sociales y los discursos de exclusión en el consistorio cacereño, concluye con la petición de trasladar estos acuerdos, en caso de ser aprobados, al Gobierno central, a la Junta de Extremadura y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

El camino que Feijóo quiso comenzar en Extremadura, y en Aragón, y que siguió por Castilla y León, ha terminado mal para el PP en Andalucía, el único lugar donde sí parecía tener un líder sólido. Todo eso se acaba de venir abajo, porque el PP dependerá de Vox también en Andalucía para gobernar y esta vez puede ser especialmente humillante, porque Juanma Moreno lleva 8 años prometiendo que él no es Díaz Ayuso, que él no es compatible con Vox… 

Quien ha canalizado el fuerte aumento de la participación ha sido Adelante Andalucía, que se postula como la nueva corriente alternativa de las izquierdas, y en el PSOE, que hace lo difícil empeorando sus resultados, barruntan que tal vez y a pesar de esta debacle, la dependencia de Juanma Moreno de la ultraderecha, puede ser un punto de inflexión. 

Analizamos los resultados con Javier Ramajo, director de elDiario.es en Andalucía, y José Enrique Monrosi, periodista de Política de elDiario.es.  

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