El expresidente del Gobierno Felipe González ha afirmado este lunes que no ve a José Luis Zapatero “con capacidad para montar una ingeniería financiera” como la que apuntan los informes de la UDEF. “Que Zapatero haya llegado en su carrera vital a [saber] lo que es una sociedad offshore... No lo veo. Ahora, que se deje arrastrar por Maduro y Delcy, que le llaman 'principito'...”.

González ha asegurado que “debería haber elecciones” este año, es decir, que el Gobierno adelante los comicios previstos para 2027. “El liderazgo que yo aprecio es el liderazgo no mercenario. El que no se ejerce para beneficio propio sino para la población”, ha respondido en un acto con empresarios valencianos.

El exdirigente socialista cree que la investigación del juez Calama hasta ahora ha seguido “pasos garantistas” y ha pedido esperar a que avancen las pesquisas, así como respetar la presunción de inocencia de Zapatero, aunque esté “en desacuerdo políticamente” con él. “A mí me ha impresionado el auto y ayer por la tarde decidí dejar de leer los informes de la UDEF”, ha afirmado. Ha añadido que, si él fuera del PP, no presentaría una moción de censura contra Sánchez porque se dejaría de hablar sobre el caso de Plus Ultra y la imputación para hablar de la propia moción.

Los informes policiales que han motivado la imputación de Zapatero recogen el convencimiento que tenían los dueños y directivos de Plus Ultra de que el expresidente podía interceder en el rescate de la compañía aérea. Desde el entorno de Zapatero han negado este lunes “tajantemente” haber participado en el rescate de Plus Ultra o haber realizado “ningún trabajo” para la compañía, según ha explicado a elDiario.es Luis Arroyo.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha negado este lunes “tajantemente” haber participado en el rescate de Plus Ultra o haber realizado “ningún trabajo” para la compañía, según ha explicado a elDiario.es Luis Arroyo, que dice hablar en nombre del entorno del exdirigente socialista. Zapatero se encuentra “sorprendido” ante las actuaciones del juez José Luis Calama que le ha imputado por organización criminal, falsedad y tráfico de influencias en el caso de Plus Ultra, al considerar que “se hacen unas conexiones de vinculaciones que son auténticamente disparatadas”.

Zapatero afirma “rotundamente” que “nunca ha presionado ningún funcionario con respecto de Plus Ultra” y se encuentra asimismo “sorprendido” de que “puedan atribuirle una una trama delictiva”. También explica el expresidente, según su entorno, que “él no dio ninguna instrucción para constituir una empresa en Dubái para recibir una comisión”.

El expresidente atribuye la causa “al contexto político” de 2023 por haber comenzado “de manera muy destacada a defender al Gobierno de Sánchez” en la campaña electoral. Según Zapatero, los informes de la UDEF “hacen unas conjeturas completamente disparatadas” y le atribuyen “una conducta delictiva muy grave”.

Zapatero defiende que desde 2012 trabaja “en multitud de causas, algunas remuneradas y otras no” y que él “tiene acceso a determinadas personas” porque “ha sido presidente del gobierno durante siete años”. Con todo, ha concluido que sus actuaciones han sido “perfectamente legales” y que no tiene cuentas pendientes con el fisco.

La línea de investigación del caso Plus Ultra que afecta a Zapatero versa principalmente sobre sus contactos para la obtención de contratos, con el tráfico de influencias como eje de las pesquisas contra el expresidente del Gobierno. El auto que dicta el levantamiento del secreto incluye el blanqueo de capitales entre los delitos que se investigan genéricamente en la causa.

El auto del juez José Luis Calama del pasado 18 de mayo en el que imputó al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminal, falsedad y tráfico de influencias, está centrado en situar al exdirigente socialista como líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”. La grave acusación la basa en indicios y en conversaciones de terceros, sin que de momento aporte ninguna prueba directa, mensajes o llamadas del expresidente.

Para sostener la imputación, Calama se basó en al menos dos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que con criterios similares también sitúan a Zapatero en la “cúspide” de la trama. En su auto, el juez copió y pegó directamente al menos dos de los argumentos policiales en los que se basa la acusación y utilizó unas expresiones muy similares en al menos otras dos ocasiones. Esta costumbre es habitual en los jueces de la Audiencia Nacional:

El control de la trama

En el auto, el juez habla de ese supuesto control de la trama por parte de Zapatero “a través de la dirección de los clientes de Análisis Relevante, las instrucciones dictadas para la constitución de sociedades en el extranjero para presuntamente recibir pagos o las diferentes estrategias seguidas para tratar de desvincularse a de las actividades de la trama”.

En el informe de la UDEF, la Policía considera que el supuesto liderazgo de Zapatero se acredita “a través de la dirección ejercida en relación a los clientes de Análisis Relevante, las instrucciones dictadas para la constitución de sociedades en el extranjero para presuntamente recibir pagos o las diferentes estrategias seguidas para tratar de desvincular a Zapatero de las actividades de la red”.

Los presuntos testaferros

En su auto, el juez plasma que Zapatero dirige la trama “situándose Julio Martínez Martínez como titular de las sociedades que se constituyen a efectos de encubrir los mecanismos reales de toma de decisiones”.

La UDEF, por su parte, había descrito en su informe el papel de Julio Martínez Martínez como titular de sociedades destinadas a “encubrir los mecanismos reales de toma de decisiones, esto es, la verdadera dirección ejercida por Zapatero”.

El supuesto liderazgo

“Su liderazgo no se manifiesta de forma formal o pública, sino a través de su capacidad de dirección, coordinación y supervisión”, dice el juez en su auto.

Los policías concluyen en sus informes en varias ocasiones que Zapatero ejerce “un liderazgo no visible en la estructura formal, realizando una supervisión estratégica.

En el “vértice” o la “cúspide”

En su auto, el juez Calama sostiene que “en el vértice de la estructura se sitúa José Luis Rodríguez Zapatero”.

La UDEF lo menciona así: “En la cúspide de la red de influencia se ubicaría José Luis Rodríguez Zapatero”.

La empresa de Dubái

El juez transcribe de forma literal el hallazgo policial sobre la reunión del 26 de enero de 2021 en la que supuestamente se fraguó la creación de una empresa en Dubái de la que responsabiliza a Zapatero. El magistrado habla en su auto de la celebración el “día 26.01.2021 de una reunión organizada por José Luis Rodríguez Zapatero, a la que acudieron Julio Martínez Martínez y Tomás Guerrero Blanco, al objeto de constituir una sociedad filial al 100% de en Dubai, Landside Dubai Fzco”.

El informe de la UDEF había señalado, igualmente, “La reunión de fecha 26/01/2021 organizada por José Luis Rodríguez Zapatero a la que acudieron Julio Martínez Martínez y Tomás Guerrero Blanco, al objeto de constituir una sociedad filial al 100% de IDELLA en Dubai, Landside Dubai Fzco”.

“El lacayo”. “El contacto”. “El banco del jefe”. Son los apelativos con los que se refieren a él algunos de los investigados en el caso de corrupción vinculado a José Luis Rodríguez Zapatero. Detrás de estos sobrenombres está Julio Martínez Martínez, el empresario alicantino al que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama atribuye el rol de “lugarteniente principal y figura visible” de la “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” presuntamente liderada por el expresidente del Gobierno.

El nombre de Martínez trascendió al ámbito público el pasado diciembre, cuando fue detenido en el marco de una investigación iniciada para analizar si el rescate de la aerolínea Plus Ultra sirvió para lavar dinero de Venezuela y que ha acabado con la imputación de Zapatero. En el epicentro de esa presunta red está su empresa Análisis Relevante, que cobró más de 300.000 euros de Plus Ultra, compañía rescatada en la pandemia, y a su vez pagó 490.780 euros a Zapatero y 239.755 a la empresa de sus hijas entre 2020 y 2024. 

Constituida en febrero de 2020, Análisis Relevante es de las pocas sociedades vinculadas a Martínez que están domiciliadas en Madrid. En 2023 (último ejercicio del que presentó cuentas) no tenía empleados, facturó 125.875 euros y declaró unos 40.000 euros de pérdidas. La tesis del magistrado es que sus pagos a la familia Zapatero eran facturas simuladas para canalizar los fondos que cobraba la trama a compañías con intereses en obtener ayudas públicas o favores, como Plus Ultra. El entorno de Zapatero defiende que hay un trabajo real detrás; tanto suyo como de sus hijas, que se encargaban de maquetar sus supuestos informes de asesoría. 

El expresidente y el empresario compartían un grupo de WhatsApp llamado “AR” [acrónimo de Análisis Relevante] junto a Javier de Paz, actual presidente de Movistar Plus y director adjunto a la presidencia de Telefónica, la hija de este y Sergio Sánchez, un antiguo cargo del CNI y de Indra que ahora trabaja también en Movistar Plus y que tenía un 25% de la compañía.

La relación entre Martínez y Zapatero se remonta al menos a 2011, cuando este último salió de la presidencia del Gobierno tras siete años en la Moncloa. Los presentó el exministro del PP Eduardo Zaplana, quien tiene una amistad estrecha con Javier de Paz forjada en Telefónica, la empresa a la que el expresidente valenciano se marchó a trabajar cuando Zapatero ganó sus segundas elecciones en 2008. 

Al ladrillo alicantino están vinculadas la mayoría de empresas relacionadas con Julio Martínez, la mayoría sin apenas facturación. La resolución del juez Calama le señala como responsable de un complejo entramado societario. Según la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), entre 2020 y 2024 ejerció el control de 39 sociedades, muchas inactivas o sin empleados, utilizadas como sociedades pantalla. 

Una de sus compañías es Voli Analítica SL. Originalmente, era una inmobiliaria que el 17 de marzo de 2021 —una semana después de rescate de Plus Ultra— Martínez reorientó al transporte aéreo de viajeros. El auto del juez Calama le atribuye “un papel relevante tanto en la canalización directa de fondos procedentes de Plus Ultra como en su circulación indirecta a través de sociedades interpuestas”. En 2022 declaró poco más de 27.000 euros de facturación. 

También es ajena al ladrillo (en teoría se dedica a programación informática) IOT Domotic Europe SL. Con Martínez como administrador único, según el juez “desempeña un papel esencial dentro del circuito de circulación de fondos investigado”. En 2022 (últimas cuentas presentadas) no facturó ni 28.000 euros.

Cuando fue detenido, los agentes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) encontraron en el domicilio del empresario 300.000 euros en billetes que atribuyó a la venta de una vivienda no declarada a Hacienda. La Policía halló también un contrato por el que cobraría de Plus Ultra una comisión del 1% (530.000 euros) en caso de que se lograra el rescate. El juez sospecha que el empresario acabó cobrando ese dinero a través de una offshore en Dubái cuya creación atribuye a Zapatero a partir de unos indicios que, por el momento, están por atar. Hacienda ha confirmado que no hay constancia de ese pago en España. 

El auto atribuye la creación de esa sociedad opaca a la consultora Idella Consulenza Strategica SL, administrada por Martínez, cuyas únicas cuentas presentadas son de 2018, poco después de crearse. No facturó ni un euro. El magistrado también menciona entre los pagadores de la sociedad de las hijas de Zapatero (Whathefav) a Agropecuaria Lucena (cultivo de oleaginosas), de la que Martínez es administrador único desde abril de 2021 (en 2022 facturó unos 81.000 euros), y Pickashop.

Esta última es la empresa de Martínez que más empleados dice tener, cinco. Dedicada al desarrollo web, hasta 2022 estaba domiciliada en un chalé en Vera (Almería) que fue propiedad de Zapatero. Ese año —cuando presentó sus últimas cuentas— facturó poco más de 23.000 euros, con un patrimonio neto negativo de cerca de 197.000.

Créditos “fallidos”

De las inmobiliarias vinculadas a Martínez, la que más activos declara, cerca de cuatro millones, es Compañía Arrendadora de Superficies SL. Aparentemente inactiva —sus últimas cuentas son de 2019— y domiciliada en Elda, localidad natal del empresario (su administrador único desde 2003), el 4 de marzo de 2020 se publicaba en el boletín del Registro Mercantil la “declaración de fallido” de esta empresa. Su baja provisional la dictó en agosto de 2017 la Agencia Tributaria porque sus pasivos tributarios con el Fisco “han sido declarados fallidos o no haber presentado la declaración del impuesto de sociedades correspondiente a tres períodos impositivos consecutivos”. 

También en 2017 se publicó la declaración de fallido de Cas Capital SL, que Martínez administra desde 2002. En 2019 (cuando presentó sus últimas cuentas) tenía un empleado y activos de 3,7 millones. En octubre de 2023 se le volvió a dar de alta. 

Entre las inmobiliarias ya extintas en la Comunitat Valenciana que ha administrado Martínez en las últimas décadas figura Arrendamientos Carabassi SL, que en 2019 llevó al Tribunal Supremo un litigio con Banco Sabadell por un préstamo hipotecario concedido en 2009, tras estallar la burbuja del ladrillo. 

En 2021 la Sala de lo Civil del Alto Tribunal rechazó el recurso de la inmobiliaria de Martínez porque la financiación que había pedido era para pymes y autónomos “solventes y viables” en dificultades, pero “en realidad el préstamo se concertó con la idea de amortizar las deudas contraídas por una empresa distinta a la prestataria, Rentalia 2002 S.L., con los mismos administradores mancomunados que la entidad prestataria, lo que evidencia el carácter fraudulento, inmoral e ilícito de la finalidad de dichos préstamos hipotecarios que determina la nulidad de pleno derecho de los mismos”.

Otro ejemplo es Immosonne Networks, de la que hace más de 20 años Martínez fue vicepresidente junto a, entre otros, Pedro Monjardín, perteneciente a una familia de grandes terratenientes, diseñador, fotógrafo, coleccionista y definido por Telva como “el hombre más refinado de España”;  

Una persona del círculo de Zapatero define a Martínez como alguien especialmente servicial con el expresidente. Atribuye a esta característica del empresario el hecho de que haya fraguado la relación personal con el expresidente. A esto y a que comparten la afición por correr. Hasta el pasado diciembre, cuando el primero fue detenido, salían a correr juntos por el monte de El Pardo, en el norte de Madrid. En su comparecencia en el Senado del pasado marzo, el expresidente admitió que Martínez Martínez era su “amigo”, pero que había dejado de hablar con él tras su detención “por prudencia”. “Nunca me pidió nada extraño”, dijo también al ser preguntado por los trabajos bajo sospecha. 

Por lo demás, esta misma fuente del entorno del presidente sostiene que “Julito”, como le llaman en el círculo de Zapatero, no le caracteriza ser un gran conversador pero sí ser alguien a quien se le pueden gastar bromas sin que se enfade, añade. El empresario alicantino denotaba, según esta visión parcial, un anhelo por alcanzar círculos de poder y relevancia social que nunca antes había tenido y que le proporcionaba su amistad con el que fuera jefe del Ejecutivo.

El auto del juez Calama también atribuye a Martínez el rol de intermediario en distintos asuntos en Venezuela, donde Zapatero ha ejercido de actor reconocido del Gobierno español para mediar en la situación política y conseguir la liberación de presos políticos. El juez apunta que consiguió permisos excepcionales de vuelo para que Plus Ultra operara en Venezuela durante la pandemia gracias a la mediación de Zapatero. También intercambiaba “cartas de intención” sobre negocios millonarios de petróleo, buques, compraventa de oro y divisas que hacía llegar a la oficina del “Presidente Zapatero”.

Los informes policiales que han motivado la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero recogen el convencimiento de los dueños y directivos de Plus Ultra de que el expresidente podía interceder en el rescate de la compañía aérea. De otro lado, los dos atestados utilizados por el magistrado José Luis Calama para dictar su auto de imputación no ofrecen indicios sólidos de qué pudo hacer Zapatero para que la ayuda de 53 millones de euros fuera concedida. Los policías y el juez presentan por ahora la conclusión de que el expresidente era el líder de una red de tráfico de influencias e incluyen en su razonamiento suposiciones tales como que ideó un plan para trasvasar fondos a Dubái o que dirigía la actividad de la consultora Análisis Relevante. 

Plus Ultra contrató al empresario alicantino Julio Martínez Martínez, dueño de Análisis Relevante, para que hiciera gestiones y la compañía aérea fuera rescatada con las ayudas de la SEPI, puestas en marcha por el Estado para paliar los efectos de la covid-19. Martínez, a su vez, pagaba a su amigo Zapatero por supuestos trabajos de consultoría que el expresidente defiende que en algunos casos hizo de forma verbal. Los investigadores consideran esos trabajos de Zapatero una actividad ficticia que encubre el pago por ejercer el tráfico de influencias. 

El dinero por ese tráfico de influencias habría salido, principalmente, de la aerolínea rescatada Plus Ultra. Los mensajes telefónicos incautados apuntan a que los dueños de la compañía pensaban que habían contratado a Julio Martínez Martínez y que su valor residía en que participaba de un equipo dirigido por Zapatero. ¿Era así realmente o simplemente alguien les convenció de ello? 

El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, llegó hasta Julio Martínez Martínez a través de otro amigo de Zapatero, el empresario canario Manuel Aarón Fajardo, bien conectado en Venezuela. El 16 de mayo de 2020, Fajardo le dijo a Martínez Sola que se pusiera en contacto con el otro Julio, con Martínez Martínez. “Habla con él. En el equipo del amigo estamos él y yo”. Ese “amigo” que dirigiría el equipo es, según la Policía y el juez, José Luis Rodríguez Zapatero. 

Minutos antes de ese comentario hay otro que denotaría que tanto Fajardo como el “amigo” ya se preocupaban por la situación de Plus Ultra antes incluso de que la compañía contratara a Julio Martínez Martínez. “¿Cómo estás? Me pregunta el amigo que cómo van los avales”, escribe Fajardo al presidente de Plus Ultra cuando todavía no le ha indicado que se ponga en contacto con el dueño de Análisis Relevante.

La Policía deja de distinguir entre Manuel Fajardo, Julio Martínez y Zapatero para asumir en sus informes la denominación de “Grupo Zapatero” que utilizan los responsables de Plus Ultra y lo que ello conlleva: que el expresidente dirige al resto en una trama de corrupción. Los policías llegan a atribuir la participación del expresidente del Gobierno en una reunión con ciudadanos chinos y el presidente de Plus Ultra porque Martínez Sola escribe: “Estoy con los Zapatero y los chinos”. Con “los Zapatero” y no “con Zapatero”.

Días después de ese mensaje, la SEPI remitió a Plus Ultra un requerimiento de subsanación adicional y aclaraciones con la intención de mejorar la solicitud inicial de ayuda ante la situación creada en la pandemia. En ese momento, la aerolínea también estaba teniendo dificultades para conseguir permisos de vuelo de la autoridad de aviación civil de China. De la obtención de esas autorizaciones dependía que un cliente asiático, que estaba “muy nervioso”, liberara un pago urgente de 660.000 dólares a favor de Plus Ultra.

“Estuvo con ZP y le dijo que todo va viento en popa”

La agencia del Gobierno estadounidense Homeland Security Investigation (HSI) se incautó en 2021 del teléfono de Rodolfo Reyes, un venezolano que entonces tenía el 40% de las acciones de Plus Ultra y que hace solo unos meses se desprendió de sus participaciones en la aerolínea. El 6 de febrero de ese año, Reyes había escrito a Martínez Sola: “Camilo [Ibrahim Issa, otro venezolano dueño de la compañía] estuvo hoy con ZP. Le dijo que todo va viento en popa”.

El venezolano Rodolfo Reyes había dejado constancia de que él estaba seguro de que Zapatero estaba ayudando a Plus Ultra el 22 de julio de 2020. Ese día Reyes se escribió con un abogado que se acababa de reunir con el entonces secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, para plantear la situación de la compañía. El abogado le dijo: “Se notaba que nos han recibido por altas recomendaciones”. Y Reyes contestó: “Sí, bro. Nuestro pana Zapatero detrás”. 

Otro indicio de la supuesta participación del expresidente es cuando el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, bromeó con que debía cambiar su foto de perfil en WhatsApp porque llevaba unos tirantes con la bandera de España y le iba a llamar Zapatero. La Policía no ha encontrado rastro de esa llamada o de mensajes de WhatsApp entre el expresidente del Gobierno y Julio Martínez Sola. 

Estos indicios se unen a otros que presenta la Policía como el de la reunión entre Zapatero y el ministro de Seguridad Social José Luis Escrivá, de quien podría depender el aplazamiento de una deuda de Plus Ultra. Escrivá ha dicho que esa reunión con el expresidente la solicitó él y que en ella no se abordó en ningún momento el asunto de la compañía. El certificado que Plus Ultra obtuvo de la Seguridad Social en el que se dice que está al corriente de sus obligaciones se emite el 20 de agosto de 2020, 18 días antes del encuentro.

Una vez ha trascendido el contenido de los informes policiales —a la espera del resultado de los registros y de conocer otra documentación del caso—, la mayor sospecha se centra en los pagos de Análisis Relevante a la empresa de las hijas de Zapatero y los que realizó a la misma sociedad Inteligencia Prospectiva, una sociedad “carente de actividad real” que ingresó a Whathefav más de medio millón de euros en cuatro años.

Una comida a la que no está claro quién asistió

Otros indicios, sin embargo, se han revelado más débiles de acuerdo con lo recogido en los informes de la UDEF. El juez Calama acusa en su auto a Zapatero de haber dado “instrucciones” para crear una sociedad en Dubái con la que cobrar fuera de España la comisión del 1% por el rescate de Plus Ultra pactada entre su amigo Julio Martínez Martínez y la aerolínea. El juez asume las conclusiones de la Policía y determina que el expresidente dio “instrucciones para la constitución de una sociedad en el extranjero, en una reunión celebrada en el restaurante Portonovo, a la que convoca a Julio Martínez Martínez enviando incluso a un escolta a realizar la reserva”. Sin embargo, esta conclusión parte de premisas confusas.

El único hecho en el que sustenta la acusación contra Zapatero es un correo en el que Gertrudis Alcázar, la secretaria del expresidente, informa al asistente de Julio Martínez Martínez de una reserva a las 14.30 horas del 26 de enero de 2021 para dos personas a nombre de “Julio” en el citado restaurante. Apunta, además, que un escolta del expresidente ha acudido a formalizar la reserva porque el local tenía problemas con sus líneas telefónicas. 

La Policía construye la secuencia probatoria apoyándose en otro correo incautado, fechado un día después de esa comida, pero del que no hay ninguna prueba con la documentación conocida hasta ahora de que tenga relación con el expresidente. Se trata de un email que Julio Martínez Martínez recibió el 27 de enero de 2021 y en el que un empresario español residente en Dubái, Tomás Guerrero, hacía referencia a una conversación mantenida “ayer” y le trasladaba la documentación necesaria para constituir una sociedad en Dubái. Días después, le enviaba más papeles. 

Para la Policía, lo que comentaron Guerrero y Martínez el día anterior tuvo que producirse necesariamente en esa comida, no en una charla telefónica, en intercambio de mensajes, en un desayuno o una cena. Además, la reserva era para dos personas, lo que descartaría que Guerrero participara en el encuentro. A no ser que la Policía plantee que la secretaria de Zapatero reservó para que comieran otras dos personas distintas del expresidente.  

“Tanto del hecho de que la iniciativa parta de Gertrudis como del empleo de un escolta se deriva que necesariamente las instrucciones [para la creación de la empresa en Dubái] tienen que partir de José Luis Rodríguez Zapatero, que concierta una reunión a la que tiene que acudir Julio Martínez Martínez”, puede leerse en uno de los atestados de la UDEF. 

El juez culmina la ceremonia de la confusión cuando en su auto expone expresamente que Zapatero y Julio Martínez Martínez “mantuvieron un encuentro en el restaurante Portonovo”, si bien en otro momento también dice que a esa reunión “organizada” por el expresidente “acudieron Julio Martínez Martínez y Tomás Guerrero Blanco”.

En todo caso, para apuntar a la implicación de Zapatero en la creación de esa sociedad offshore el juez se basa únicamente en la secuencia temporal de hechos y en la supuesta iniciativa del presidente de convocar una comida. La supuesta creación de esta sociedad en la zona franca de Dubái para desviar y ocultar fondos es lo que sostiene la acusación por el delito de blanqueo de capitales.

Elaborar una lista de destinatarios, indicio de liderar una trama

Otra de las acusaciones de la Policía, y que asume el juez, es la que atribuye a Zapatero una “posición preeminente” en la presunta trama basándose, principalmente, en varios archivos de Excel intervenidos durante la investigación. Se trata de listados con supuestos clientes que el expresidente envió a Julio Martínez Martínez. La Policía afirma que no se trata de “un simple listado”, sino que esos documentos reflejan una “planificación previa y sirven como herramienta logística”. Y que eso evidencia que era Zapatero quien establecía los “criterios de actuación”. 

Esos listados que facilita Zapatero incluyen relevantes empresarios del país y las direcciones donde se les puede contactar. Entre ellos hay clientes que tenían suscritos contratos mensuales de asesoramiento con Análisis Relevante y otros que no, a los que el expresidente habría informado a la consultoría a favor de enviarles unos informes que había confeccionado Sergio Sánchez, uno de los fundadores.  

Entre los supuestos clientes que sí habían suscrito esos contratos la UDEF cita la empresa Inteligencia Prospectiva, la sociedad de los hermanos venezolanos Amaro Chacón que habría supuesto unos ingresos a la familia de Zapatero de 801.195 euros, pese a ser una sociedad “carente de actividad real”. También aparecen mencionadas las sociedades Softgestor y Grupo Aldesa, que abonaron 145.200 y 127.050 euros, respectivamente, a la consultora del amigo del expresidente. 

En el listado figuran otros nombres vinculados a la aerolínea Plus Ultra, como el entonces vicepresidente Julio Martínez Sola o el accionista Camilo Ibrahim Issa. Así como relevantes empresarios como Florentino Pérez (ACS), Fernando Abril-Martorell (Indra), Beatriz Corredor (REE), Josu Jon Imaz (Repsol), Javier Hidalgo (Globalia), Antonio Catalán (AC-Hoteles), Víctor Madera (Quirón Salud) o directivos de la tecnológica Huawei.

La conclusión de la UDEF es que esos los informes mensuales elaborados por Análisis Relevante y distribuidos por Whathefav, la empresa de las hijas de Zapatero, “se estarían remitiendo tanto a clientes que abonan notables cifras por ellos”, como a otros destinatarios de los que “se desconoce el motivo por el que reciben la información y en qué medida se realiza el pago”. Lo que evidencian los listados, en todo caso, es que Zapatero puso su agenda de contactos a disposición del empresario.

El párrafo definitivo del juez Calama

En la página 57 del auto hay un párrafo con el que el juez atribuye indiciariamente al expresidente del Gobierno el liderazgo de una red criminal de tráfico de influencias que condensa y asume las dos principales construcciones de la Policía en base a inferencias y datos sin apoyo fáctico. Por su interés se reproduce a continuación en su textualidad: 

“Su posición preeminente [de Zapatero] queda igualmente reflejada en la planificación de la actividad de la red, como cuando es él quien remite a Julio Martínez Martínez los archivos Excel con los clientes de Análisis Relevante, que no constituyen simples listados, sino herramientas de planificación logística; o cuando imparte instrucciones para la constitución de una sociedad en el extranjero, en una reunión celebrada en el restaurante Portonovo, a la que convoca a Julio Martínez Martínez enviando incluso a un escolta a realizar la reserva. En dicha reunión se plantea la posibilidad de que determinados pagos no se realicen en España, sino en cuentas radicadas en el extranjero, concretamente a nombre de Landside”.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha afirmado este domingo que todo el Gobierno está “bajo sospecha” por el caso Plus Ultra: “José Luís Rodríguez Zapatero no habría podido delinquir sin las decisiones que se adoptaban en el Consejo de Ministros”. Según la mano derecha de Alberto Núñez Feijóo, el expresidente del Gobierno era la “reina madre de todas las corrupciones del Gobierno”.

En una intervención en la clausura de la Junta Directiva Autonómica del PP de Catalunya, Tellado ha enfatizado que este caso, en el que está investigado Zapatero, es “el mayor escándalo que ha vivido nunca la política” en España. “Nunca estuvo en el lado correcto de la historia, sino en el rentable para él y la presunta organización criminal que operaba desde un piso franco del PSOE”, ha asegurado el también diputado que también ha apuntado que, con el expresidente, “ha caído ya todo el entorno de confianza de Sánchez”.

Según el dirigente popular “falta una parte de la película por conocer”, relativa a la influencia que tenía Zapatero en el Consejo de Ministros: “¿En qué miembro del Gobierno se apoyó para que el Consejo de Ministros tomase decisiones y que esas decisiones le reportasen esas comisiones ilegales?”.

“¿A quién llamaba, a quién veía, a quién presionaba, quién dio la orden de rescatar Plus Ultra después de que Zapatero intermediara para que así sucediese?”, ha subrayado Tellado, que ha sostenido que “todo el Consejo de Ministros está bajo sospecha”.

Junto al presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, Tellado también ha dicho que el congreso del PP de Catalunya convocado para el 27 de junio será primordial para “seguir creciendo”, y ha animado a Fernández a presentarse a la reelección para liderar un equipo que, dice, debe ser más joven, cohesionado, abierto y trabajador.

Ahora que se habla tanto de los lobbies y del delito de tráfico de influencias convendría echar un vistazo al cementerio del Congreso de los Diputados. No es exactamente un lugar lleno de tumbas y cruces emplazado en el sótano del edificio. Es una forma de referirse a todos los proyectos de ley que permanecen encerrados en un limbo político sin poder avanzar en su tramitación parlamentaria. Básicamente, por falta de acuerdo. Por ejemplo, es lo que ha pasado en varias legislaturas con la reforma de la ley de secretos oficiales. Cuando acaba la legislatura y se convocan elecciones, a todos esos proyectos se les extiende un certificado de fallecimiento. Se dice en esos casos que el proyecto o proposición de ley ha decaído. No ha vivido lo suficiente como para ser aprobado o lo han dejado morir. 

El Gobierno presentó en enero de 2025 el proyecto de ley de “transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés”, lo que vienen a ser los lobbies. En marzo se produjo el debate de las enmiendas a la totalidad. Sólo hubo una de Vox que fue rechazada por 32 votos a favor, 177 en contra y 136 abstenciones (estas últimas del Partido Popular). Ya se había iniciado antes el periodo de presentación de enmiendas al proyecto. Luego se renovó. Una vez. Dos veces. Tres. Así hasta veinte en septiembre de 2025. A partir de esa fecha, en la Comisión de Hacienda se comenzó a discutir el articulado para elaborar la ponencia, que es el resultado de todo ese trabajo legislativo. 

Cabe la posibilidad de que en las próximas semanas ese proyecto de ley reanude su camino. Es lógico que los grupos promotores de un proyecto esperen a tener amarrados los apoyos para no jugárselo todo al final en la votación. Como ha ocurrido con otros temas, y a expensas de lo que haga el PP, todo depende de que Junts esté dispuesta a votar a favor a cambio de la aprobación de algunas enmiendas. El grupo catalán ya ha dicho en público que no están por la labor de aprobar ningún proyecto de ley del Gobierno. Quizá hagan una excepción con este después de que se haya desencadenado el caso Zapatero.

Una ley que ponga límites al trabajo de los lobbies no garantizará por sí sola que no se produzcan delitos como el de tráfico de influencias o cualquier otro, pero ayudará a establecer unas reglas del juego que obligarán a todos. Sacará a la luz algo como es la relación entre empresas y funcionarios o altos cargos que sabemos que existe y que no se puede negar que continuará existiendo. No aprobar esa ley es el equivalente a mirar a otro lado y fingir que todo está bien a menos que alguien viole un artículo del Código Penal. 

El Gobierno y los partidos políticos tienen ahora otras prioridades y la mayoría tienen que ver con la imputación de Zapatero. La noticia ha provocado un impacto brutal en la política, aunque la instrucción del caso en la Audiencia Nacional no ha hecho más que empezar. El sumario ha estado declarado secreto durante unos dos años, pero es ahora cuando arranca de verdad al hacerse público que el expresidente tendrá que declarar como imputado el 2 de junio. “Hoy me decían en el PSOE que no es lo mismo que un novio te engañe a que te engañe el amor de tu vida”, dijo hace unos días Esther Palomera en Hora 25. En esas están ahora los socialistas. “El Zapatero que conocemos es incompatible con las acusaciones que aparecen en ese auto”, dijo Patxi López el viernes. Lo conocían como líder del PSOE y presidente del Gobierno, además de todo el apoyo que dio a las campañas de su partido como expresidente. Lo que no podían conocer eran sus actividades económicas privadas. 

Zapatero representaba a la parte del viejo PSOE que no había abandonado a Sánchez. No sólo eso. Se convirtió en su principal apoyo interno, el hombre al que siempre se podía recurrir en las campañas electorales difíciles. Tuvo un papel básico en la campaña de 2023 con la misión de movilizar a los votantes socialistas que podían tener dudas sobre el futuro. Todo eso suponía obviar el fin dramático de su Gobierno, hundido por la crisis económica. Era mucho mejor recordar las leyes sobre avances sociales que Sánchez había querido continuar. 

Todos se preguntan el alcance de las acusaciones contra Zapatero. Bueno, no todos. El PP, El Mundo y ABC ya lo han declarado culpable. El auto del juez cuenta con 85 páginas, una extensión que no es necesaria para justificar que se llame a alguien a declarar como imputado. El juez José Luis Calama es consciente de las consecuencias políticas de convocar a un expresidente del Gobierno. Por eso, se ha extendido en el auto incluyendo lo que se supone que es todo lo que tiene contra Zapatero en la parte de la investigación ya realizada. 

No se puede negar la evidencia. La decisión de llamarle a declarar está justificada por los indicios acumulados. Incluyen mensajes de personas que daban por hecho que Zapatero les iba a ayudar a conseguir el rescate de Plus Ultra. En el reparto de la trama, figura con un papel protagonista Julio Martínez, amigo personal suyo y quien le contrató. No aparece ningún mensaje del expresidente. Otros indicios son los pagos recibidos por Zapatero y sus hijas. Los segundos son especialmente difíciles de justificar. Pero no es posible detectar ninguna gestión concreta del político leonés hecha ante la Administración que hiciera posible el rescate.

El juez sugiere que esas ayudas públicas no estaban justificadas por las pequeñas dimensiones de la compañía aérea (sólo tenía cuatro aviones). Pero esas ayudas estaban previstas para todo el sector aéreo durante la pandemia y Plus Ultra tenía derecho a solicitarlas. La derecha lleva años insinuando que el rescate de Air Europa también se llevó a cabo de forma ilegal. No han demostrado nada. La compañía ha devuelto esos créditos y hoy es la tercera línea aérea española con un nivel de beneficios casi idéntico al de la segunda (Vueling). No es el caso de Plus Ultra, que sólo ha devuelto hasta ahora los intereses de un préstamo de 53 millones. 

Es cierto que hay agujeros en el auto de Calama. Algunos indicios no son muy sólidos, como una reunión de Zapatero en 2020 con José Luis Escrivá, entonces ministro de Seguridad Social, hoy gobernador del Banco de España. Fuentes cercanas a Escrivá han dicho que no se habló del rescate de Plus Ultra en ese encuentro que por lo demás no fue solicitado por el expresidente. La sospecha, es decir, la razón por la que el juez lo menciona en el auto, es que la empresa arrastraba una deuda de casi medio millón con la Seguridad Social. Ahí hay que precisar que sí estaba al corriente de pago, aunque eso incluyera un aplazamiento de los pagos por la deuda, como es habitual en el caso de las empresas en crisis (y Plus Ultra lo estaba antes de la pandemia). 

Lo mismo se podría decir de la supuesta creación de una empresa en Dubái para canalizar los pagos de las comisiones por el rescate. Es algo citado por el juez, pero no incluye en el auto ningún indicio claro de que Zapatero ordenara poner en marcha esa empresa, más allá de una referencia a una comida de él con Julio Martínez. 

Estas y otras cuestiones no se pueden obviar al analizar el auto. Tanto las que podrían incriminar a Zapatero, como las que ponen en cuestión elementos esenciales del documento. Por encima de todas ellas está la presunción de inocencia, esencial en el sistema judicial. Al menos, es lo que decía un tal Feijóo en Galicia en 2012 y también en 2013. Sostenía que era “perfectamente compatible” con la acción judicial. 

La agonía de Zapatero –no hay otra palabra para describir su situación– será larga. La instrucción puede prolongarse durante años, aún más si todo culmina en un juicio. ¿Para cuándo? El abogado José María de Pablo ha puesto algunos ejemplos. El juicio de la pieza 2 del caso Lezo comenzará en octubre. La investigación se inició en 2016 sobre hechos ocurridos entre 2003 y 2008. El juicio del caso Gowex será en diciembre y los hechos juzgados se produjeron hasta 2013.

En el plano político, la presunción de inocencia no funciona de la misma manera. No hay forma de que el Gobierno dé la vuelta a la sensación de que está sitiado y paralizado por los acontecimientos. En privado, los socialistas no esconden que se encuentran en el peor momento posible, uno del que no saben cómo salir. Al igual que hace un año, el objetivo parece ser llegar cojeando al verano a la espera de que amaine la tormenta. Junio no les va a dar tregua. Se espera para entonces la sentencia de Ábalos y Koldo, el inicio del juicio del hermano de Pedro Sánchez y nuevas revelaciones sobre Zapatero. Hace una semana, su prioridad era encajar el golpe de las elecciones andaluzas. Han pasado siete días y parece que han sido siete meses.

Pegarse con los hechos es una mala idea, reconocer los hechos no significa ignorar el contexto donde se producen. El equilibro entre reconocer esos hechos ponderando el contexto donde se ocasionan genera análisis que son más valiosos para el presente y el futuro y evitar así caer en una conspiranoia inmovilizante que convierte a la izquierda en carne de frenopático y cuneta. Se está enfocando mal el caso Zapatero. El rey Juan Carlos hizo lo que siempre hacía cuando de repente se convirtió en escándalo. No cambió su manera de actuar, cambió la percepción externa sobre lo que hacía. Hay que pensar que el expresidente es muy posible que no haya hecho nada que no se hiciera de manera habitual en su papel después de dejar el cargo: lucrarse de manera poco recomendable. Eso no es lo que ha cambiado, sino el hecho de que lo hiciera en lugares y espacios incómodos para poderes superiores y uniéndose a enemigos de los que mandan en el mundo con crueldad desvergonzada.  

Las negociaciones con Venezuela en República Dominicana en 2017 y 2018 en las que José Luis Rodríguez Zapatero trabajó como intermediario contaron con la oposición frontal de una parte del antichavismo liderado por María Corina Machado y el congresista americano Marco Rubio que ahora tiene un papel tan relevante en la administración Trump. No se lo van a perdonar jamás y se lo van a hacer pagar. Por eso la premio Nobel evitó reunirse con el presidente del gobierno y nadie del gobierno en su gira por España. Sabía lo que venía porque es una de las que se la tiene jurado al expresidente y cualquiera que tenga relación con Zapatero. A nadie debe escapársele el papel de EEUU a la hora de investigar la corrupción, en ocasiones con estrategias extrajudiciales, en Venezuela y cómo eso lo está usando en su política internacional. A nadie se le tiene que escapar que fue EEUU quien incautó el móvil de Rodolfo Reyes Rojas, ex accionista de Plus Ultra, fue incautado por la administración de Joe Biden y el papel troncal en la investigación por blanqueo que ha tenido esa acción también contra el expresidente Zapatero. A nadie se nos escapa que Pedro Sánchez se ha convertido en enemigo de la administración Trump y por lo tanto todos aquellos que están a su lado. 

Todo eso es el contexto. Es lo que ha provocado que los hechos relatados por el juez José Luis Calama, que en otras circunstancias jamás habrían sido investigados en un auto, aparezcan, eso no hace que los hechos sean menos graves, ni hace que los que hayan cometido Felipe González y José María Aznar sean diferentes. Lo que ha sucedido es que el poder con mayúscula, que en otras ocasiones mira para otro lado y protege a los suyos cuando se suceden los hechos corruptos, ahora nos los enseñe al común de los mortales en un auto de la Audiencia Nacional para echar a los pies de los caballos a quien se salió del redil. Pero que hayan dejado caer a uno de los privilegiados que hace negocios ilegales, o de ética cuestionable hasta que haya sentencia judicial, no implica que esos hechos no sean sancionables, inaceptables e intolerables desde el punto de vista de una ética progresista. Porque lo son. 

A José Luis Rodríguez Zapatero le estaban esperando y se la tenían guardada, pero eso no quiere decir que no hiciera actividades completamente inaceptables para la izquierda. El expresidente creyó que podría mantener una independencia de acción política total de esos poderes establecidos a nivel supranacional y que se seguiría manteniendo esa bula que mira hacia otro lado con las actuaciones empresariales y de negocio de los expresidentes. Es obvio que se equivocó. El juego ha cambiado, ya no es el que era, el poder ya no protege a todos los que protegía y el expresidente se ha convertido en caza mayor contra un ejecutivo que se ha ganado enemigos muy poderosos y no solo en España. Pero la inocencia de Zapatero no implica que tengamos que defenderle de sus actuaciones como lobista de ética censurable. 

El pensamiento crítico es un dominio constante de las emociones para poder analizar con perspectiva la actualidad política y así establecer un mapa que tenga los valores progresistas en el centro para no dejarse llevar por el cinismo del momento. La valentía de Pedro Sánchez a nivel internacional no sale gratis, y le va a costar mucho salir indemne de haberse erigido en enemigo público de quienes están acostumbrados a ganar siempre. Pero todo esto es compatible con que la izquierda sea capaz de establecer una posición política propia y con unos valores firmes que sepa mirar con distancia cuando los hechos sean los que se nos han presentado en el auto de José Luis Calama. Ese no es nuestro sitio. Nunca el de defender las actividades que ahí se relatan. Hay una guerra de poder ahí fuera con unas formas encarnizadas que nunca antes estaban a la vista de forma tan evidente, no dejemos que arrastren a la izquierda a un relativismo moral impúdico que nunca nos ha sido propicio. 

Si no hubiéramos sabido esta semana que el juez Calama investiga a Zapatero por presunta corrupción, el ruido social habría dirigido nuestra atención a otra noticia escalofriante. Jonathan Andic, hijo del empresario dueño de Mango, ha sido detenido por la muerte de su padre. Quiso que pareciera un accidente: se fue con él a hacer una ruta sencilla por Montserrat. El padre cayó por un precipicio y la jueza, tras una minuciosa investigación, sospecha que el hijo lo mató. Asegura que “estaba obsesionado con el dinero”.

La obsesión por el dinero es una patología de nuestro tiempo. Nos han convencido de que quienes tienen dinero poseen inteligencia, éxito y felicidad, lo cual, por supuesto, es una estupidez. Ganar dinero es legítimo, y la pregunta no es cuánto, sino cómo. A Jonathan Andic le contrarió el deseo de su padre de destinar una parte de su fortuna a crear una fundación. Lo quería todo para él.

Para los hombres, el dinero también es poder. Cuando ya no ocupan un cargo relevante, el dinero es una suerte de metadona que les ayuda a seguir viviendo, a sabiendas de que lo más importante de sus vidas ya lo hicieron y tienen 30 años por delante jugando al pádel.

La cuestión es qué hace un expresidente con su capital político. Si se dedica a enriquecerse, lo ideal sería que no se metiera en los asuntos públicos (los públicos de verdad, porque ahora llaman así a los intereses privados). González y Aznar nos irritan porque hacen sus negocios y siguen sermoneando a todos. O una cosa o la otra.

Creímos que Zapatero había elegido dedicarse a la política, o sea, a la vida en común, al proyecto socialista, a defender el progreso de España a través de su partido. La admiración de la gente común es algo muy valioso, pero imposible de comprar. Él la tenía.

González y Aznar exhiben severidad y amargura porque no cuentan con la admiración de la gente común. Ostentaron un cargo de enorme responsabilidad y luego se dedicaron a ganar dinero. No digo que no tengan derecho. No digo que no puedan vivir bien, incluso muy bien. Pero viajar en aviones privados, compartir vacaciones con los ricos en yates fastuosos, no genera admiración: son tiempos de divorcio absoluto entre las gentes comunes y las élites.

En una época en la que resulta difícil encontrar referentes, Zapatero se había convertido en uno para mucha gente, desde el centro izquierda hasta la izquierda. Cuanto más leo sobre el caso Plus Ultra más retumba en mi cabeza la pregunta: por qué.

Para una sociedad, es complicado vivir sin referentes, para un partido más aún. Por eso veo a mucha gente dispuesta a atrincherarse. Se muestran convencidos de que se trata de una operación para “matar políticamente” a Zapatero. Que parece un accidente, pero no lo es, dicen.

Creo que se están confundiendo los planos. ¿Que a ZP muchos en la derecha le tienen ganas? Sin duda. ¿Que tiene derecho a ganar dinero? Por supuesto. ¿Que su etapa en el Gobierno sigue siendo un referente en la consecución de libertades públicas y ampliación de derechos? Claro. ¿Que hay un doble rasero en la justicia? Obvio, los ejemplos abundan. ¿Que nos sacó de una guerra ilegal? Así es. Pero resultaría infantil pensar que las dudas que suscita el auto se pueden enjugar invocando sus éxitos políticos pasados. No se puede hacer política inocentemente.

El caso Plus Ultra no sólo daña, tal vez de forma irreversible, al Gobierno, al presidente y al PSOE; además tritura la última esperanza de que el sistema de partidos se pueda regenerar por sí mismo. El contrato de Pedro Sánchez con la ciudadanía para la regeneración democrática era el marco de su legitimación: recogía el grito del 15M y el hartazgo con la corrupción de la era Rajoy. Cristalizó en la moción de censura, se exhibió en las elevadas exigencias éticas de su primer mandato. El vacío en política no dura mucho. Pensar quién lo podría ocupar me ha quitado el sueño esta semana.

La última frase del discurso con el que José Luis Rodríguez Zapatero ganó, contra todo pronóstico, el XXXIV Congreso Federal del PSOE fue “no os fallaré”. El sintagma se convirtió en un lema personal que repetiría años después, la noche de su victoria en las elecciones generales de 2004, para extender el compromiso a toda la ciudadanía. Hoy, aquellas palabras son para una inmensa mayoría de socialistas un quebranto inesperado y doloroso de quien ha sido el faro moral del partido durante lustros.  

Entre los que andan como Santo Tomás, incrédulos, pero a punto de meter el dedo en la llaga, y los que prefieren creer que están ante una “superproducción de realidad aumentada” hay un sentimiento de desolación que recorre esta semana todas las federaciones del PSOE. Diga lo que diga el sumario de la causa que investiga el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional, José Luis Rodríguez Zapatero ha roto el corazón del partido. Y quién sabe si algo más. 

El alcance de lo leído en el auto de su imputación por tráfico de influencias tiene una significación tan notable porque el expresidente era, en palabras de un veterano dirigente, “el santón laico de la organización” y “un modelo ético” al que Pedro Sánchez ha sacado en procesión cuando ha necesitado para recordar todo lo bueno que hizo durante sus gobiernos, que no fue poco.  

Como el de La incredulidad de Santo Tomás que pintó Caravaggio, hay un marcado contraste entre las luces y las sombras que, unido a la crudeza con que ese auto describe redes societarias, comisiones, empresas pantalla y transferencias de cientos de miles de euros, llena la escena de un tenebrismo incompatible con la vida y la personalidad hasta ahora conocidas de Zapatero.

“No hay explicación para que hiciera presuntamente de forma opaca e ilícita lo que Felipe González o José María Aznar han hecho, mediante el lobbismo, desde que dejaron la presidencia del Gobierno. Si por alguna razón personal decidió dedicar su vida a ganar dinero de esa forma, lo que debió hacer es dejar de predicar desde los púlpitos del socialismo y desaparecer de la esfera pública”. Quien así habla es un socialista que, el martes por la mañana, era escéptico con todo lo que leía, pero el viernes admitía ya que “no vamos a tener más remedio que creer”.  

¿Fin de ciclo?

La resolución del juez Calama ha extendido una sombra de sospecha sobre el presidente y su entorno más cercano, además de señalar a sus hijas por el cobro de un millón de euros de la trama que se investiga a través de la empresa Whathefav de la que son administradoras y socias. Algo que, para la inmensa mayoría de los socialistas, resulta más incomprensible aún: “Si la motivación inicial era solucionarles la vida a las chicas, lo que ha hecho es complicar su existencia hasta el resto de sus días”. El dolor es más intenso entre los correligionarios de Zapatero cuando se proyecta el efecto que todo esto ha podido provocar en la esposa del expresidente, Sonsoles Espinosa, una mujer prudente y discreta, que siempre huyó de todo foco. 

Hoy ya nadie en el PSOE habla de la baraka o la buena estrella que durante años se dijo que velaba por un Zapatero que se definía a sí mismo como un optimista antropológico, sino de lo que todo este asunto puede suponer para Pedro Sánchez: si la legislatura ha entrado definitivamente en barrena; si el presidente podrá aguantar el calvario judicial que el PSOE y su propia familia tienen por delante; si los socios aguantarán la presión de la derecha; si se anticiparán las elecciones o si el fin de este ciclo político será más estruendoso aún de lo ya previsto. 

Al latido de decepción que palpita en toda la organización se une además un sentimiento de fin de ciclo que muy pocos disimulan, pero con el que el presidente del Gobierno ha decidido marcar distancias. 

La respuesta de la oficialidad es un no rotundo a posibles consecuencias políticas tras lo que destape la investigación sobre Zapatero: “Nada de lo que llena las portadas de los diarios estos días precipitará unas elecciones; el presidente está mucho más tranquilo que cuando se conocieron los casos Ábalos o Cerdán y no vamos a aceptar un relato fraccionado por la derecha de que la continuidad del presidente Sánchez es insostenible”.

“Ni esto es Latinoamérica, ni un Estado criminal corrupto, ni Sánchez y su gobierno están aquí para robar a los españoles, que es una narrativa construida por Feijóo y por Ayuso de escaso recorrido. Nos enfrentamos a la superproducción de una realidad aumentada por la caverna”, aseguran fuentes de La Moncloa. 

¿Cómo afecta entonces al Gobierno esta bomba de neutrones? “No hay que avanzar pantallas, sino esperar al sumario y hasta el momento no hay prueba incriminatoria contra Zapatero. Si todo lo que se destapa es que el expresidente o Javier de Paz usaban sus contactos para hacer llamadas e interesarse por expedientes, el PP debería ser consciente de que se ha abierto un melón muy peligroso que se le puede volver en contra”, advierten desde el equipo del presidente.

Un ministro del PSOE llama la atención sobre “la delgada línea que separa el lobbismo del tráfico de influencias, que es el elefante en la habitación de este caso y del que el PP no saldrá tampoco indemne, aunque cuente en ocasiones con la connivencia de algunos jueces”. En la sede de algunos ministerios de hecho se han empezado a rastrear llamadas y visitas de exministros de Rajoy, más recientes que remotas, a funcionarios y altos cargos para interesarse por algunos proyectos y expedientes, según confirman fuentes gubernamentales.

En la misma dirección del relato sobre un caso poco estético, pero no ilegal, transita otra voz del Ejecutivo que duda además del “origen de una investigación casi parapolicial”. Palabras mayores que transmiten que en el ámbito socialista permanece el convencimiento de que todo lo que rodea a Sánchez es resultado de una ofensiva coral de la derecha política, policial, judicial y mediática. “Motivo más que justificado —añade el mismo interlocutor— para mantener el apoyo a Zapatero y, en ningún caso, convocar elecciones”. Y por el que Sánchez ha decidido defender hasta las últimas consecuencias la inocencia de Zapatero, aunque en La Moncloa no puedan negar que hayan pasado del shock de las primeras horas a la ansiedad por conocer el alcance de la investigación cuando se haga público el sumario, que todo indica que será mañana lunes.

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero encuentra sus indicios más contundentes en los ingresos que dos sociedades con escasa o nula actividad realizan al expresidente y a la sociedad de sus hijas. En el epicentro de la trama está Análisis Relevante, una consultora que el juez José Luis Calama considera “pieza instrumental” carente de toda “lógica empresarial” y de la que Zapatero y sus hijas habrían obtenido 730.535 euros. De otro lado, Inteligencia Prospectiva habría supuesto unos ingresos a la familia de 801.195 euros, pese a ser una sociedad “carente de actividad real”.

En su auto, el magistrado considera que esos flujos monetarios responden indiciariamente al pago por una actividad de tráfico de influencias del expresidente Zapatero. El juez no concreta qué hizo Zapatero para que la compañía aérea Plus Ultra se beneficiara de un rescate de 53 millones de euros. Lo que hace el magistrado es unir la contratación de Julio Martínez Martínez por parte de Plus Ultra con el hecho de que el amigo del expresidente le pagara por unos dudosos trabajos de consultoría.

Por contra, los ingresos bajo sospecha de Rodríguez Zapatero y su familia no requieren de inferencias. Son 490.780 euros al expresidente por informes “orales” y 239.755 a Whathefav, la empresa de marketing de las dos hijas de Zapatero, que tiene a Análisis Relevante como uno de sus principales clientes desde que la consultora se fundara en febrero de 2020. 

Unos meses antes, en septiembre de 2019, se había constituido Whathefav, pero los inicios de la pequeña empresa no eran nada halagüeños. Las hermanas cerraron el primer ejercicio fiscal con pérdidas de poco más de 3.000 euros. Una fuente conocedora del germen de Análisis Relevante asegura a elDiario.es que la idea de “ayudar a las hijas” de Zapatero estuvo presente desde el principio. 

Por una parte, los fundadores pretendían crear una ‘start up’ que les proporcionara ingresos extra, pero sobre todo, un proyecto a futuro. Por otra, estaba decidido que se contrataría a Whathefav, que reunía los requisitos para contribuir a una sociedad dedicada la consultoría y al mundo de la comunicación. 

En el plan para crear Análisis Relevante estaban los directivos de Telefónica Javier de Paz y Sergio Sánchez –amigos ambos de Zapatero–, la hija del primero, de profesión abogada, y el empresario alicantino Julio Martínez, también amigo del expresidente. Finalmente, Javier de Paz y su hija decidieron no participar en el proyecto. Martínez sería el administrador único y compartía el 75% de la empresa con sus hermanos Manuel y Rafael. El otro 25% correspondía a Sergio Sánchez, antiguo director de Comunicación del Ministerio de Defensa y del CNI en el Gobierno de Zapatero. 

Otra fuente implicada en el origen del proyecto aumenta la influencia de Zapatero en la creación de Análisis Relevante y asegura que con ella, el expresidente quiso emular a Pepe Blanco, su antiguo secretario de Organización en el PSOE que triunfa en el ámbito empresarial desde hace años con su consultora Acento. 

Lo cierto es que la creación de Análisis Relevante tuvo un efecto directo en la economía de Laura y Alba Rodríguez. En 2020, Whathefav ya facturaba 155.791,66 euros. La cuenta de resultados dio positivo: 31.948,23 euros. Además de tener a Análisis Relevante como principal proveedor, los medios de comunicación añadían un extra a la facturación de la empresa de las hijas del expresidente. La Razón fue el primero, pero luego se sumarían El Español, El Plural, Público o Neox. 

Análisis Relevante había trazado un camino a seguir en sus trabajos de consultoría y comunicación. Tenía un logo, un libro de estilo para sus informes y requería de las hijas de Zapatero para los diseños y maquetaciones. El propio auto de imputación del expresidente recoge cómo uno de los fundadores de Análisis Relevante, Sergio Sánchez, elaboró informes de consultoría bajo el nombre de la firma.

Pero con el tiempo, el proyecto se fue diluyendo. Sus socios aparcaron la iniciativa. O más bien, la mayoría abandonaron sus esperanzas en Análisis Relevante. No así su administrador, Julio Martínez, quien siguió contratando al expresidente y a la empresa de sus hijas desde la consultora. 

El juez Calama considera que Julio Martínez convirtió Análisis Relevante en una “pieza instrumental” para mover dinero desde empresas como Plus Ultra hacia los destinatarios finales de las supuestas mordidas, que eran Rodríguez Zapatero y la empresa de sus hijas, Whathefav. 

Para Calama, la actividad de Análisis Relevante, participada y administrada por el amigo del expresidente, Julio Martínez Martínez, “no responde a una lógica empresarial autónoma”. La consultora, dice, sigue un “patrón” consistente en la “recepción y redistribución de recursos”. El magistrado alega que los pagos a Zapatero y su entorno “coinciden temporalmente con gestiones dirigidas a influir en la concesión de ayudas públicas”, en referencia al rescate de Plus Ultra, aprobado por el Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021.

El juez apunta que Zapatero, pese a no figurar en la estructura de la empresa, tenía una “participación activa y directa en los canales de organización y comunicación interna”. El magistrado obtiene esa conclusión de la existencia de un chat de WhatsApp denominado ‘AR’, las siglas de la consultora, y de la participación del expresidente en ese canal de comunicación. Zapatero, añade el juez, también habría dado “el visto bueno a un listado de receptores de los informes de asesoría emitidos por Análisis Relevante”. 

La investigación deberá aclarar, por otro lado, qué trabajos hacían las hermanas Rodríguez y su empresa Whathefav para una sociedad llamada Inteligencia Prospectiva que, según la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), “carece de actividad real”. Así lo comprobaron los agentes de la UDEF que registraron el pasado martes su sede, un piso en Madrid. No tenía empleados. 

Entre 2020 y 2025, la empresa de las hijas de Zapatero ingresó 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva, la sociedad de los hermanos venezolanos Amaro Chacón. En ese periodo, la sociedad mueve más de 2,6 millones de euros en sus cuentas. Por tanto, más del 21% de esos flujos de dinero fueron a parar a la empresa de las hijas del expresidente.

Otra empresa vinculada a Zapatero, Gate Center, de la que es presidente de su consejo asesor, recibió de los hermanos venezolanos 226.200 euros. Por su parte, Julio Martínez Martínez y Análisis Relevante ingresaron 368.258,72 euros de Inteligencia Prospectiva. El 44,4% de todo el dinero que movió la sociedad de los hermanos venezolanos fue a parar a Zapatero y su entorno. 

Los mensajes borrados con Zapatero

La Policía detuvo a Julio Martínez el pasado noviembre, en una primera fase de la operación, cuando el caso todavía era instruido en un juzgado de Madrid. Los agentes se incautaron del teléfono del empresario. Al analizarlo han concluido que Martínez se cuidaba de eliminar “de manera sistemática” los mensajes que enviaba a Zapatero. 

Sin embargo, el reenvío de mensajes deja algunos rastros de la participación del expresidente en el intercambio. Una conversación entre uno de los hermanos dueños de Inteligencia Prospectiva, Domingo Amaro Chacón, y Martínez incluye expresiones como “presidente, le reporto novedades” o “presidente, nos mantenemos atentos a sus indicaciones sobre este asunto”.

Los investigadores encontraron tres contratos entre Julio Martínez e Inteligencia Prospectiva entre mayo de 2020 y junio de 2022 para la “elaboración de informes mensuales y la prestación de asesoramiento continuado sobre tendencias económicas y políticas, así como del impacto del Covid-19”, dice el auto del juez Calama. 

El magistrado hace en su auto una composición de Domingo Arnaldo Amaro Chacón y Guillermo Alfredo Amaro Chacón. Dice de ellos que ambos “exceden de forma manifiesta las capacidades y funciones propia de un empresario común”, especialmente en todo lo relacionado con Venezuela.

En un intercambio de mensajes, Domingo Arnaldo traslada a Julio Martínez que el presidente de la sociedad Swissoil Trading SA “y los chinos” están “listos para comprar barcos [de petróleo]”. La implicación de Zapatero en esta transacción se centra en que China International Cultural Technology Resources Group envió “una carta de intenciones (un documento comercial que se utiliza en estos casos)” a la oficina de Zapatero sobre la compra que los chinos quieren realizar. En el auto no se hace ninguna mención más a la transacción. Ni si se realizó la compra, ni si Zapatero medió de algún modo. 

Uno de los dos informes de la UDEF incorporados a la causa que investiga por tráfico de influencias al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero apunta a su posible papel en el rescate público de la aerolínea Plus Ultra. El atestado detalla una conversación mantenida en octubre de 2020 entre el actual presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, y el socio accionista venezolano Rodolfo Reyes en la que el primero detalla por WhatsApp un supuesto encuentro con el que fuera jefe del Ejecutivo: “Estoy con los Zapatero y los chinos. veremos (sic)”. Este mensaje, sobre el que ponen el foco los investigadores obtiene rápida respuesta de Reyes con un simple “suerte”.

El atestado indica que el directivo de la aerolínea sostiene que “se encuentra en ese momento con José Luis Rodríguez Zapatero y unos ciudadanos de nacionalidad china”. No obstante, la expresión abre la puerta a que pudiera referirse a personas cercanas a la figura del expresidente dado que los directivos de la aerolínea hablaban en ocasiones del “Grupo Zapatero” para referirse a personas vinculadas al expresidente. Esencialmente, Julio Martínez Martínez, quien durante cinco años pagó a Zapatero por informes geoestratégicos a través de su empresa, Análisis Relevante, con la que facturaba a Plus Ultra por sus servicios de asesoría.

Días después de ese mensaje, indica la UDEF en su informe, el 19 de octubre de 2020, la SEPI remitió a Plus Ultra un requerimiento de subsanación adicional y aclaraciones con la intención de mejorar la solicitud inicial de ayuda ante la situación creada en la pandemia. En ese momento, la aerolínea también estaba teniendo dificultades para conseguir permisos de vuelo de la autoridad de aviación civil de China. De la obtención de esas autorizaciones dependía que un cliente asiático, que estaba “muy nervioso”, liberara un pago urgente de 660.000 dólares a favor de Plus Ultra.

El informe también recoge otra conversación de directivos de la aerolínea en la que hacen referencia a otra supuesta reunión del expresidente en relación con el rescate. En este caso, ese encuentro se habría producido meses después, en febrero de 2021, un mes antes de que el Consejo de Ministros aprobara el préstamo público. En esa reunión, Zapatero habría comunicado a uno de los principales accionistas de la aerolínea, Camilo Ibrahim Issa, que la tramitación del rescate iba “viento en popa”.

“Puedes organizar una comida con el tocayo, tu y Camilo. Camilo estuvo hoy con Zp. Le dijo que todo va viento en popa”, asegura el venezolano Rodolfo Reyes, que ese momento tenía el 40% de las acciones de Plus Ultra. “Lo sabía. De hecho, me pregunto el tocayo (estaba con ZP) cuanto tenía Camilio en Plus (sic)”, responde el entonces vicepresidente de la compañía, Julio Martínez Sola. El “tocayo” al que se refieren es el citado Julio Martínez Martínez.

La investigación de la Audiencia Nacional sitúa el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra en la pandemia como el episodio central de la trama. La resolución detalla que ante la imposibilidad de la aerolínea para conseguir créditos bancarios, sus directivos recurrieron en paralelo a José Luis Ábalos y a Zapatero, si bien fue la vía del expresidente “la que adquirió un papel predominante y permitió a Plus Ultra alcanzar los objetivos perseguidos”.  

Los informes recogen una conversación de las primeras semanas de la pandemia en la que Rodolfo Reyes y Julio Martínez Sola debaten qué contactos políticos utilizar para acceder a la financiación y en la que surge el nombre del expresidente del Gobierno. “Tienes idea como llegamos a los hilos políticos, tema ayudas, financiamiento etc etc etc (sic)”, escribe el venezolano Rodolfo Reyes a Martínez Sola el 30 de marzo de 2020. Este último responde que ya había puesto en marcha el asunto “por dos vías”: “Delcy que llame a Ábalos. O alguien con Zapatero”. 

En la misma conversación, el empresario venezolano llega a preguntar al entonces presidente de la aerolínea si “sirve pa algo ese ”señor“, en alusión a Zapatero. A lo que su interlocutor le contesta que ”es pro Sanchez“, ”y pro Maduro“. ”El fin justifica los medios“, añade.

En su comparecencia en el Senado el pasado marzo, Zapatero admitió que sabía que su amigo Julio Martínez Martínez tenía “alguna relación” con Plus Ultra, aunque negó en numerosas ocasiones que él tuviera vinculación alguna con la aerolínea. “Es una especulación, una conjetura, una hipótesis”, afirmó el expresidente, que reiteró que sus trabajos de consultoría nada tenían que ver con Plus Ultra.

No obstante, los agentes han localizado dos archivos de Excel —“LISTA AR OK.xlsx” y “DIRECCIONES EMAIL JM xlsx”— enviados por Zapatero a Julio Martínez Martínez el 6 de julio de 2021 con supuestos clientes de su empresa Análisis Relevante. Entre esos clientes figuran los citados Julio Martínez Sola y Camilo Ibrahim Issa, vinculados a la aerolínea. También aparecen otros nombres como el presidente del Real Madrid y del grupo ACS, Florentino Pérez, el expresidente de Indra Fernando Abril-Martorell, la presidenta de Red Eléctrica Beatriz Corredor o directivos de la tecnológica Huawei.

Según la Policía, el envío personal de estos listados muestra una dinámica según la cual Zapatero “daría el visto bueno a un listado de receptores de los informes de asesoría emitidos por Análisis Relevante”. Los informes de la UDEF no contienen, sin embargo, más pruebas que las que el juez José Luis Calama presentó en el auto de 88 páginas conocido el pasado martes y de las que se sirvió para sostener la imputación a Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad. 

La hipoteca y la off-shore en Islas Vírgenes

Uno de los dos atestados recoge varios correos electrónicos relacionados con la supuesta creación de una sociedad off-shore que, según los investigadores, habría ordenado crear Rodríguez Zapatero para cobrar una comisión del 1% por el rescate público de Plus Ultra.

Si bien en ninguno de los documentos incluidos se arroja luz sobre esa supuesta orden del expresidente, sí que se dice que Zapatero habría sido quien mandó a su secretaria (Gertrudis) organizar una comida en el restaurante Portonovo con Julio Martínez Martínez. “Tanto del hecho de que la iniciativa parta de Gertrudis como del empleo de un escolta se deriva que necesariamente las instrucciones tienen que partir de José Luis Rodríguez Zapatero”, explican los agentes de la UDEF.

Como un día después empieza el cruce de correos entre Julio Martínez y la persona que se iba a encargar de crear una off-shore en Dubái (Tomás Guerrero), la UDEF infiere que el germen de esa creación de la sociedad es la comida del Portonovo. Y eso a pesar de que en realidad, y a juzgar por lo que refleja el atestado (“mesa para dos”) Guerrero no estuvo en la comida de Zapatero y Martínez.

Dando por hecho la constitución de esa sociedad en Dubái, la UDEF incluye que que “la red de influencia dispondría de, al menos, otra sociedad radicada en territorios off-shore, como así se desprende del análisis de los correos electrónicos hallados” en el portátil de Julio Martínez. Explica que han localizado un documento que revela que ese empresario contaba también con una mercantil en las Islas Vírgenes Británicas, Landside Holding LTD.

A este hallazgo, la UDEF suma otro, y es que “según inteligencia financiera, José Luis Rodriguez Zapatero y su esposa adquirieron un inmueble (...) el 26 de febrero de 2024 por un precio de compraventa de 580.000 euros”. Relatan que el Santander les concedió un préstamo hipotecario para esta operación por importe de 500.000 euros, y que el mismo fue cancelado anticipadamente el 16 de enero de 2025 mediante una transferencia de 498.000 euros.

La cúpula de Plus Ultra presumió en 2021 de controlar la causa judicial abierta en el juzgado 15 de Plaza de Castilla tras la denuncia presentada por Manos Limpias. El informe elaborado por la UDEF en el que se basa el auto de imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero recoge información sobre reuniones mantenidas por la cúpula de la compañía aérea en la que se mostraban preocupados por la causa abierta en el juzgado tan solo un mes después de que hubieran conseguido el préstamo de 53 millones aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Este informe de la UDEF, adelantado por El Mundo y al que ha tenido acceso elDiario.es, detalla cómo el propietario del 40% de las acciones de Plus Ultra, el venezolano Rodolfo Reyes —que hace solo unos meses se desprendió de sus participaciones en la aerolínea— dio instrucciones al resto de directivos para cortocircuitar la causa penal que instruía la jueza Esperanza Collazos.

Los principales investigados del caso Plus Ultra se jactaron de tener influencia para “cortar” el proceso judicial que investigaba en Plaza de Castilla el rescate de la aerolínea. En las conversaciones intervenidas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), el exdueño de la compañía, el venezolano Rodolfo Reyes, comenzó a dar instrucciones para intentar cortocircuitar las actuaciones judiciales que dirigía la jueza Esperanza Collazos.

Para torpedear esa investigación judicial, según consta en el informe, Reyes pidió recurrir a la influencia de Julio Martínez Martínez, a quién tenía contratada la aerolínea para resolver problemas de funcionamiento de la compañía en Venezuela. Julio Martínez Martínez es amigo de Zapatero y durante cinco años le pagó por informes geoestratégicos a través de su empresa, Análisis Relevante, con la que facturaba a Plus Ultra por sus servicios de asesoría.

Los directivos de Plus Ultra señalan en las conversaciones intervenidas por la UDEF y a las que ha accedido elDiario.es que había que montar un “Kitchen Gabinet” porque “la fiscal jefe es amiga”. Para entonces, ya había estallado el escándalo de la guerra sucia policial durante el mandato del PP para tapar la financiación ilegal del partido que presidía Mariano Rajoy mediante el espionaje ilegal a la familia del extesorero Luis Bárcenas entre 2014 y 2015 para robar documentación que pudiera incriminar al Gobierno de entonces. La fiscal jefe provincial de Madrid era, desde 2018, Pilar Rodríguez. La fiscal superior de la Comunidad de Madrid era Almudena Lastra.

Según la UDEF, esta conversación y otras “refuerzan y complementan, evidenciándose nuevos indicios del ejercicio de las influencias y de las irregularidades detectadas para obtener la ayuda de 53 millones otorgada a la compañía Plus Ultra Líneas Aéreas”.

La jueza Esperanza Collazos admitió a trámite la querella presentada por Manos Limpias el 25 de marzo de 2021, apenas cuatro días después de que el Consejo de Ministros aprobase la ayuda a Plus Ultra. La querella iba dirigida contra Bartolomé Lora Toro, vicepresidente de la SEPI —llegó a este puesto nombrado por el Gobierno de Mariano Rajoy— y el resto de miembros del Consejo de Administración por “presuntos delitos de malversación de caudales públicos y un delito de tráfico de influencias por presunta intervención en la concesión de una ayuda con fondos públicos por importe de 53 millones de euros a Plus Ultra”.

Durante la investigación del caso, la jueza llegó a nombrar a un perito judicial para que informase sobre la situación financiera de la aerolínea antes de solicitar la ayuda. El decreto del Gobierno que reguló este mecanismo de apoyo a empresas en crisis por la pandemia especificaba que no se darían ayudas a aquellas empresas que antes del 1 de enero de 2020 estuvieran “en crisis”. La instructora llegó a convocar un careo en el juzgado entre el perito judicial que había nombrado y el perito aportado por Plus Ultra.

Tras 19 meses de instrucción, la jueza acordó el archivo de las actuaciones con una conclusión que dejó por escrito para justificar su decisión: “El delito de obtención de subvenciones o ayudas de las Administraciones Públicas falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubieses impedido, previsto y penado en el artículo 308 del Código Penal, requiriéndose como elemento del tipo el que sea cometido de forma dolosa, no cabe la comisión imprudente, lo que lleva a considerar, a la vista de las periciales practicadas que por parte de la empresa no se ocultaron datos, con el ánimo de defraudar, y deduciéndose de la prueba del careo que la interpretación contable siembra una duda sobre ese ánimo defraudatorio que la parte querellante afirma existir. Una cosa es prácticas contables no ortodoxas y otra, la comisión de un tipo penal”.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, reclamó este sábado respetar el principio constitucional de presunción de inocencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación y criticó a la oposición por dictar condenas anticipadas.

Torres denunció los “juicios paralelos” impulsados por fuerzas políticas que, a su juicio, hacen “de la difamación un emblema”, en una entrevista concedida a la Agencia EFE durante su visita oficial a Montevideo.

El ministro se mostró confiado en que Zapatero demostrará su inocencia y reivindicó su legado: “Es el presidente que cambió la historia de nuestro país, el que caminó hacia la igualdad, el que acabó claramente con el terrorismo y el que ha colocado a España en el siglo XXI”.

La investigación de la UCO y las acusaciones de Aldama

En referencia a su propia situación, Torres afirmó que la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desmontado todas las acusaciones vertidas contra él por el empresario Víctor de Aldama.

El ministro aseguró que la demanda que interpuso contra el comisionista en marzo está “muy bien armada” e incluye peritajes sobre sus “calumnias y difamaciones”.

“He tenido una investigación de la UCO que durante muchísimos meses analizó todas mis conversaciones y concluyó que yo no he estado nunca con mujeres vejadas en lo sexual, que jamás he pedido ningún tipo de comisión ni mordidas y que no he estado nunca en ninguna operación de refinerías ilegales”, aseveró Torres.

Estas declaraciones llegan después de que el pasado jueves Aldama prestase declaración en la Audiencia Nacional como investigado por el caso Koldo y asegurase —de nuevo— que Koldo García le pidió 50.000 euros en nombre de Torres por la facilitación de los contratos de material sanitario durante la pandemia.

El ministro restó total credibilidad al empresario, señalando que “ha afirmado una cosa y lo contrario”, y aseguró que “la justicia pondrá las cosas en su lugar”.

Seguimiento en la Ley de Memoria Democrática

En materia de memoria histórica, el responsable de la cartera destacó el papel de la conocida como 'ley de nietos', que permite adquirir la nacionalidad española a descendientes de exiliados.

En el caso de Uruguay, informó de que se han presentado 50.000 solicitudes, de las cuales unas 12.000 ya están resueltas. Aunque el plazo expiró en octubre de 2025 sin posibilidad de prórroga, garantizó que “todas estas leyes pueden actualizarse” y que el Gobierno seguirá impulsando normativas de memoria.

Asimismo, defendió el proceso de resignificación del Valle de Cuelgamuros, cuyo concurso arquitectónico ya fue resuelto, con el objetivo —explicó— de que el espacio “sea visitado para que se conozca lo que pasó y nunca más vuelva a ocurrir”, en la línea de lo que representan los campos de exterminio nazis.

Además, aseguró que habrá “un gran avance” en cuento a las exhumaciones de fosas comunes antes del fin de la legislatura.

Política Territorial y choques autonómicos

Torres valoró como “ejemplar” e “inédita” la gestión del dispositivo desplegado para atender el crucero afectado por el hantavirus y, pese a los cruces de declaraciones con el presidente canario, Fernando Clavijo, garantizó que las relaciones institucionales con el archipiélago se mantienen firmes.

Por otro lado, asumió que no habrá acuerdo con Isabel Díaz Ayuso sobre la declaración de la Real Casa de Correos —actual sede de la Presidencia regional— como Lugar de Memoria Democrática.

El ministro criticó la negativa de la presidenta a señalizar el edificio como un antiguo centro de represión franquista donde hubo “torturas y muertos”, y se mostró confiado en que la justicia les dará la razón pese a la reciente suspensión cautelar de la Audiencia Nacional.

En lo relativo a Cataluña, Torres defendió la bilateral celebrada con la Generalitat y los acuerdos alcanzados allí el pasado miércoles en el marco de la aprobación de los presupuestos autonómicos.

En cuanto al Ejecutivo central, mantuvo la voluntad de presentar unas cuentas antes de acabar la legislatura y justificó la capacidad legislativa del Gobierno pese a no disponer de ellas desde hace tres años.

La secretaria general del PSOE en Tenerife, Tamara Raya, ha afirmado este sábado que “quiere creer en la inocencia” del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y ha pedido dejar actuar a la justicia, porque el daño que se hace “cuando la cosa acaba en nada, es irreparable”.

En declaraciones a los medios de comunicación con motivo de la celebración de un comité insular del PSOE tinerfeño, su máxima dirigente ha subrayado que, en relación con la investigación del expresidente en el llamado caso Plus Ultra, es “muy importante” poner por delante la presunción de inocencia porque el daño que se hace cuando la cosa acaba en nada es irreparable “no solo para la persona y su trayectoria política, sino también para su familia”.

Tamara Raya no ha querido ocultar que la imputación de Rodríguez Zapatero “nos ha impactado en lo emocional, porque en este partido, cuando nos pasan estas cosas, a diferencia de otros, nos hace mucho daño porque ataca nuestro sentimiento, que es precisamente trabajar por la dignidad de nuestros ciudadanos, la dignidad democrática y la buena salud de la política”.

“Estas cosas, lamentablemente, afectan a todos los partidos y yo nunca me alegro cuando hay un político imputado o investigado de cualquier formación política, porque esto nos perjudica seriamente a todos”, ha proseguido la secretaria insular del PSOE, para quien esta situación “hace mella” en la calidad democrática “ahora que la ultraderecha está en solfa”.

La política española tiene tanta memoria implacable, como asombrosa capacidad para devorar a sus propios mitos. La reciente imputación del expresidente Rodríguez Zapatero no es solo un golpe judicial; es un terremoto que agrieta los cimientos del relato de la izquierda española y deja al actual Ejecutivo en una posición de extrema vulnerabilidad. No asumirlo es no hacer un diagnóstico certero para poder aplicar el tratamiento adecuado.

Zapatero es un líder que encarnó el ala más progresista y audaz del PSOE tradicional, que fue capaz de romper moldes con el matrimonio homosexual o con la retirada de las tropas de Irak. Pero hoy la delgada y difusa línea que separa el legítimo lobbismo internacional de un presunto tráfico de influencias, ha terminado por atrapar a un Zapatero hiperactivo en la geopolítica de trinchera. Y eso salpica directamente a la actual Moncloa.

Zapatero no era un jarrón chino, muy al contrario. Ha sido el principal valedor, el escudo humano y el agitador de campaña más entusiasta de Sánchez, especialmente cuando las 'viejas glorias' como Felipe González, o las chinas en el zapato como Page, decidieron girarle la cara al actual presidente. Por eso, me ha dolido ver a Sánchez recurriendo al clásico manual de resistencia, y sacando a relucir los logros sociales de hace dos décadas o la manida foto de Feijóo, en lugar de dar un puñetazo en la mesa. Eso evidencia una respuesta de cortina de humo nostálgica, pero no argumentos de peso.

Pero si la presión de la oposición era previsible, el verdadero peligro para Sánchez está dentro de sus propias filas. La imputación de Zapatero ha vuelto a levantar la voz de la corriente más crítica del socialismo, encarnada, una vez más, por el presidente de Castilla-La Mancha, García-Page: “Las siglas del PSOE y la honestidad del Gobierno de España no pueden ser el escudo de las andanzas privadas de nadie, por muy expresidente que sea.”Para García-Page, Zapatero y sus relaciones internacionales, parecen representar todo lo que el socialismo, como él lo entiende, debe combatir.

El barón manchego no ha tardado en marcar distancias, consciente de que el electorado de centroizquierda no digiere bien el olor a privilegios ni las sospechas de favoritismo empresarial. Mientras Sánchez opta por el cierre de filas, Page lidera el sector que exige una catarsis, advirtiendo que ligar el destino del partido a la suerte judicial de Zapatero es un error estratégico que desdibuja los principios éticos de esa formación. Menos mal que aún no sabemos nada del caso, y mucho menos la sentencia de culpabilidad, si llegamos a conocerla…

Esta sacudida obliga a la izquierda a afrontar una reflexión estricta y urgente. Si el PSOE es incapaz de distinguir entre la legítima defensa de la presunción de inocencia y el blindaje ciego de responsabilidades, el socialismo se acercará peligrosamente a ese populismo identitario que tanto ha criticado en sus adversarios. No se puede clamar regeneración democrática en la oposición y a la vez practicar el corporativismo judicial en el poder.

Pero si hacemos de la dificultad virtud, este caso es un catalizador idóneo para que el espacio a su izquierda refuerce una narrativa de control democrático de poderes, una transparencia real y una nítida separación entre las personas de los expresidentes y unas estructuras de influencia que trascienden a un solo partido. No vale criticar lo de Aznar, González o Rajoy y no poner en marcha leyes que delimiten lo que es legal de lo que no y lo impidan. La política de influencias y pasillos no puede tener sitio entre unas organizaciones que todas se proclaman transformadoras.

En última instancia, la imputación de Zapatero funciona como un potente acelerador de tensiones latentes: alimenta la guerra cultural y política con una derecha que encuentra en este caso su mejor munición, lo que amplía la polarización por si era poca; saca a la luz las costuras de un PSOE como partido hegemónico histórico, que, aunque menos que el PP, a menudo ha confundido Estado, partido y liderazgo. Pero también obliga a la izquierda a una elección crucial, al deber decidir si se reafirma en la defensa de un proyecto político y social concreto y transformador, o si se convierte, simplemente, en el escudo defensivo de una figura emblemática.

La respuesta a este dilema marcará la autoridad moral de ese espacio de la izquierda en los próximos años.

Isabel Díaz Ayuso da el pistoletazo de salida oficial para la carrera a las autonómicas de 2027. Lo ha hecho con un acto en el parque de Berlín junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida y otras figuras del PP de la capital. Uno de los puntos fuertes de su discurso se ha centrado en la imputación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y, en la línea de sus declaraciones de sus últimos días, en la vinculación de este caso con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de quien dice que está “obligado a irse a su casa”.

“Sánchez ha unido su destino a Zapatero”, ha asegurado Ayuso delante de consejeros y afiliados al partido. La presidenta autonómica ha asegurado que el expresidente es “el padrino del sanchismo”, unas declaraciones que ya había hecho anteriormente durante estos últimos días, aunque en esta ocasión la líder del PP de la capital ha ido más allá: “Pasó la cartera ministerial de Ábalos a Zapatero” pero “¿quién es el que está detrás de las carteras? Ese es [en referencia a Sánchez]. Por eso el palantismo les pone muy nerviosos”.

Ese “palantismo” se refiere a la expresión de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, que tanto en el caso de Zapatero como en otros expresó en redes sociales que irían “p'alante”. En su último tuit afirmaba esto de Pedro Sánchez aludiendo a “información privilegiada”.

Otro de los motivos por los que Ayuso ha cargado contra el expresidente es por considerar que ha blanqueado a EH Bildu: “Estuvo detrás de todos esos pactos bañados de sangre”, ha criticado y “todavía nos dice que él ha acabado con ETA”. “Fueron largos años de lucha por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”. “Pero qué cara más dura”, ha añadido.

“Una cosa es ser una región abierta y otra que falte ley y orden”

Ayuso también ha hecho alusión de forma velada a su oposición a la regularización de migrantes del Gobierno. Este mismo viernes el Supremo ha decidido tumbar el intento de la presidenta madrileña y de Vox de suspender la decisión. La madrileña ha hablado de lo “rica que es la vida” cuando “gente tan diferente se une y no mirando hacia atrás en el origen”, como, según ha afirmado, pasó en Catalunya con las “luchas identitarias”.

Ahora, según ha criticado, desde el Gobierno “importan pobreza y personas que quieren seguir siendo pobres para que les voten aquí”. “Una cosa es ser una región abierta y otra cosa es que falte ley y orden para acabar en inseguridad”, ha añadido.

De cuantas lecciones haya aprendido Pedro Sánchez desde que puso un pie en la Moncloa, hay una que le quedará marcada a fuego para los restos: no confiar nunca en que ya pasó lo peor. Hace justo un año, cuando el escándalo de Santos Cerdán hizo temblar los cimientos del Gobierno y del PSOE, muy poca gente pensó que el presidente pudiera sobrevivir políticamente. Incluso él lo dudó. Y cuando se sobrepuso, nadie imaginó entonces que pudieran existir montañas más escarpadas que coronar. Pero la imputación esta semana de José Luis Rodríguez Zapatero volvió a validar la premisa principal de los pesimistas. Es decir, que todo, siempre, es susceptible de empeorar.

Referente destacado de un partido con 140 años de historia, faro de la izquierda y escudero principal del presidente del Gobierno, la caída en desgracia de Zapatero por, presuntamente, “liderar una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”, pone en jaque otra vez al PSOE. En las próximas dos semanas, Sánchez afrontará sin solución de continuidad la declaración ante el juez del expresidente, el juicio a su hermano, la sentencia a José Luis Ábalos y la investigación patrimonial de Santos Cerdán. Un tsunami en los tribunales que volverá a acorralar la acción política del Ejecutivo para dejarla a merced de los vaivenes judiciales.

El ánimo entre las filas socialistas lo describía esta semana en el Congreso una dirigente del partido con una metáfora macabra. “Nos han cortado un brazo, luego el otro, luego las piernas. Nos faltaba el tiro de gracia”. La determinación del Ejecutivo es achicar agua. Día a día. Sin muchos más planes que sobrevivir a los sobresaltos de las siguientes 24 horas. Aunque nadie atisba ahora la rendija de supervivencia que siempre supo encontrar Pedro Sánchez en los peores momentos para escapar de un horizonte en el que muchos ya temen la tormenta perfecta: condena durísima a Ábalos, condena al hermano del presidente, complicaciones para Santos Cerdán y un laberinto judicial nada halagüeño para Zapatero. “¿El futuro puede ser peor? Siempre. Pero ese pensamiento es paralizante, así no se puede vivir. Así que paso a paso, toda la cautela y vamos a ver qué pasa en los próximos días”, resumen en la Moncloa.

El primer sobresalto se espera este mismo lunes, cuando es previsible que vean la luz nuevos detalles del sumario del ‘caso Zapatero’. La sensación de ‘shock’ de las primeras horas tras su imputación ha dado paso a un ánimo generalizado de que, más allá de su horizonte judicial, el expresidente ha llevado parte de su actividad profesional a un terreno muy pantanoso, con vínculos evidentes con entornos empresariales poco ejemplares. Algo que ya resultará, al menos desde la mera ética política, difícilmente defendible pase lo que pase.

El principal temor es que ese sumario o los informes de la UDEF aporten pruebas contundentes sobre el presunto comportamiento delictivo del expresidente. En el PSOE aún da pavor recordar la documentación que aportó en su día la Guardia Civil con Cerdán, en forma de conversaciones, fotos o pantallazos que dejaron al número 3 del PSOE contra las cuerdas. Y nadie quiere ni imaginar algo parecido en el caso de Zapatero.

En cualquier caso, el Gobierno defiende con uñas y dientes que, de existir esas pruebas, nada pueden tener que ver con el rescate de Plus Ultra. El Ejecutivo se ha lanzado esta semana a dar detalles de esa operación de ayuda a la aerolínea, consumada en el marco de otros préstamos otorgados en idénticas condiciones por la crisis de la Covid, para intentar desterrar una idea que ya había puesto en liza la oposición: que si Zapatero consiguió influir en las ayudas a Plus Ultra para cobrar una comisión, solo pudo hacerlo en connivencia con el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez. “La adjudicación de los préstamos se basa en un marco reglado donde no cabe la discrecionalidad”, ha salido al paso Moncloa, que insiste en que Plus Ultra cumplía con todos los requisitos para ser beneficiaria del rescate, justo lo contrario de lo que piensa el juez.

Por lo que cruzan los dedos en el Gobierno y en Ferraz es por que la defensa de Zapatero, que trabaja con un prestigioso equipo de abogados de cara a su declaración del 2 de junio, sea lo suficientemente sólida como para desbaratar la línea de puntos que traza el juez en su auto. Una línea que va de los casi 700.000 euros cobrados por él mismo y por la empresa de sus hijas por trabajos que José Luis Calama ve dudosos y poco acreditados hasta las empresas a las que facturaba, investigadas por blanqueo de capitales y beneficiarias de dinero público del Gobierno de España.

La única esperanza en las filas socialistas es que no exista esa documentación probatoria contundente que acredite lo que piensa el magistrado de la Audiencia Nacional: que ese dinero cobrado por Zapatero y sus hijas era, en realidad, una comisión ilegal que recompensaba su influencia en decisiones de administraciones públicas. De conseguirlo, Sánchez y su equipo se muestran bastante convencidos de ser capaces de volver a remontar lo que ahora parece imposible. Y de salvaguardar un legado político, el de la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, del que los socialistas de toda condición presumen con orgullo.

Lo que sí se da por hecho es que la condena que se conocerá en los próximos días a José Luis Ábalos, ex número tres de Ferraz, será muy dura, algo que el Gobierno da por amortizado. Nadie confía tampoco en que el hermano del presidente salga absuelto tras una causa que el Ejecutivo sí enmarca en la campaña orquestada del “que pueda hacer que haga” que denuncia Ferraz. Pero lo único que quita el sueño a estas alturas es la posibilidad real de que la situación procesal del expresidente se complique y amenace con convertirse en otra vía de agua inabordable.

Nadie en el PSOE quiere oír hablar de una decisión de prisión preventiva para Zapatero, una imagen improbable pero que pesaría como una losa histórica en el socialismo y tendría consecuencias devastadoras para el conjunto de la izquierda. Así que la opción, por ahora, es contener la respiración a la espera de noticias. Con la nostalgia de aquellos tiempos lejanos en los que, allá por el pasado lunes, el mayor de los problemas de Pedro Sánchez era gestionar la derrota electoral de Andalucía.

La Audiencia Nacional mantiene todavía secreta una parte de la pieza principal sobre el caso Plus Ultra. Esa línea está relacionada con las comisiones rogatorias emitidas por el juez José Luis Calama con la intención de localizar el dinero que la presunta trama de tráfico de influencias pudiera tener en países extranjeros, según informan a elDiario.es fuentes jurídicas.

La parte de la investigación sobre la que se levantó el secreto este martes es la que versa sobre el presunto papel del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como “núcleo decisor y estratégico” de la red de corrupción destapada en el caso Plus Ultra. El juez acaba de ordenar el bloqueo de sus cuentas hasta el límite de 490.780 euros, que es el importe recibido por el expresidente socialista de Análisis Relevante. Además, el magistrado ha acordado el bloqueo de saldos de otras mercantiles investigadas en la causa.

En una diligencia con fecha del miércoles, 20 de mayo, el juez Calama ordenó la creación de una pieza separada de la causa por tráfico de influencias y otros delitos. En esa pieza separada se tramitarán todas las medidas adoptadas contra los investigados, incluido el bloqueo de las cuentas de Zapatero.

En el auto del juez se recoge que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía contó con la ayuda de la Homeland Security Investigations (HSI), una agencia de investigación de los Estados Unidos que puso a su disposición la extracción del contenido de un teléfono móvil de Rodolfo Reyes, uno de los socios de Plus Ultra, también investigado en este caso. Es quien se refiere en una ocasión a Zapatero como su “pana”.

Por otro lado, en el auto del juez por el que imputaba al expresidente, se indicaba que el expresidente recibió hasta dos transferencias por un importe total de 31.766,04 euros de Thinking Heads Americas LLC. Y recordaba que esa sociedad radicada en EEUU era filial de Thinking Heads Group SL, administrada por Daniel Romero-Abreu Kaup.

Además, consta que el magistrado sostiene que el expresidente ordenó crear una sociedad off-shore en Dubái para canalizar pagos referidos a la consecución del rescate público de Plus Ultra. Ese 1% de comisión ha sido negado tajantemente por la aerolínea y por el propio Rodríguez Zapatero.

El exdirigente socialista tendrá que declarar en calidad de investigado el próximo 2 de junio. El magistrado le imputa indiciariamente por los delitos de organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias en el caso Plus Ultra, la aerolínea que está en el punto de mira de la Justicia por el presunto “uso ilícito” de parte de los fondos obtenidos con su rescate durante la pandemia.