La recuperación de la actividad judicial tras el parón estival devolverá de nuevo a la actualidad la investigación abierta a José Luis Rodríguez Zapatero. El juez José Luis Calama cerró el curso judicial autorizando a la Policía a acceder a más sesenta cuentas del expresidente del Gobierno, su entorno y varias sociedades por las que habrían pasado los fondos bajo sospecha y pidiendo un informe sobre la influencia venezolana en Plus Ultra, la aerolínea cuyo rescate está en el epicentro del caso. Y lo retomará tomando declaración a los dimitidos presidente y CEO de esa compañía. Ambos directivos implicaron a Zapatero en el cobro de una comisión de 530.000 euros por ese rescate.

Sus declaraciones, previstas para los días 7 y 8 de septiembre, pueden complicar todavía más el horizonte judicial del expresidente tras la confesión de su antiguo amigo y colaborador Julio Martínez Martínez, administrador de la consultora que le pagó durante cinco años por supuestas labores “de asesoría” y que, a su vez, cobró elevadas cantidades de la aerolínea. El pasado julio este último anunció que colaboraría con la Justicia y atribuyó a Zapatero un papel central en los esfuerzos realizados para que Plus Ultra lograra la citada ayuda, si bien en su declaración ante el juez no aclaró ni con quién medió o a quién presionó Zapatero ni cuánto habría cobrado por ello.

No obstante, el juez dejó por escrito en uno de sus últimos autos antes de que se iniciara agosto, mes inhábil en los juzgados, que sigue situando a Zapatero en el centro de una trama “organizada y estable” orientada al “ejercicio de influencias ilícitas” a favor de diferentes empresarios. El magistrado dirige una investigación que ha ido ampliándose tras arrancar en el rescate de Plus Ultra y que ahora abarca las asesorías de Zapatero para Análisis Relevante, la consultora de su amigo, para empresas latinoamericanas e, incluso, las joyas que encontró la UDEF en una caja fuerte de su despacho en Ferraz.

El asunto de las joyas, uno de los episodios que más ha erosionado a Zapatero por su impacto mediático, tendrá previsiblemente un papel central en la evolución de la causa judicial. Casi tres meses después de que trascendiera su hallazgo, el expresidente sigue sin explicar el origen de los objetos intervenidos. Aunque su entorno las valoró en un primer momento entre 30.000 y 50.000 euros, una prestigiosa joyería encargada de la tasación judicial ha estimado su valor real en 1,3 millones de euros.

En una entrevista en TVE el pasado julio, Zapatero dijo que eran regalos “sin uso ni destino”, apiladas junto a otras joyas de la familia y que, por supuesto, un peritaje de parte sometería “a contradicción” el valor que se les ha otorgado. En esa entrevista argumentó que debe respetar el procedimiento y hablar primero ante el juez, pero lo cierto es que se comprometió a hacerlo diez días después de declarar en la Audiencia Nacional y desde entonces han pasado más de dos meses.

Por el momento, lo único que consta en el juzgado es una petición de la Fiscalía de que se realice un análisis más exhaustivo de las joyas para conocer cuándo fueron engarzadas las piezas más valiosas. Entre ellas, un collar en oro blanco de 18 quilates “cuajado de diamantes” y dos esmeraldas naturales originarias de Zambia.

Declaración de sus hijas

Además de pronunciarse sobre esta petición, entro los asuntos pendientes para el juez también está fijar la fecha de la declaración de las hijas del expresidente después de que el pasado junio acordara dirigir la investigación también contra ellas. En uno de sus últimos autos, Calama situó a Whathefav, la pequeña empresa de marketing de las hijas del expresidente, como la principal receptora de fondos del entramado de Julio Martínez, solo por detrás del propio Zapatero.

Hasta el momento, las pesquisas de la Policía han desvelado que la agencia de las hermanas Rodríguez Espinosa cobró 800.000 euros de sociedades vinculadas a los negocios de su padre. Análisis Relevante les pagó 239.755 euros. E Inteligencia Prospectiva, propiedad de dos hermanos venezolanos, más de medio millón. Ambas son dos sociedades fallidas, según la Oficina Antifraude. Nada hacían y nada, por tanto, tenían que subcontratar, sospechan el juez y Anticorrupción.

En la resolución en la que confirmó su imputación, Calama afirmó que existen “indicios racionales” de que Whathefav era una sociedad instrumental que era utilizada para “la canalización, ocultación o facilitación” de operaciones relevantes para los hechos que se investigan. Los investigadores de la UDEF consideran que la compañía emitía facturas con el concepto “servicios agencia” sin detallar cuál era su prestación real, lo que les lleva a pensar que no había una correspondencia entre “la actividad declarada y la real”. El juez ya ordenó a la Policía el registro de sus oficinas el pasado mayo.

Peticiones de nulidad

Además, la defensa del expresidente estará muy pendiente de la respuesta que pueda dar el instructor a sus peticiones de anular la causa. Tras rechazar de plano los recursos inicialmente, el juez rectificó y accedió a revisar ocho resoluciones, la mayoría dictadas por el juzgado de Madrid que investigó el rescate de Plus Ultra antes de que la Audiencia Nacional asumiera el caso.

De esta revisión han quedado excluidas medidas como el registro de las oficinas del expresidente y de varias empresas, así como la apertura de la pieza separada sobre las joyas. No obstante, estas decisiones podrían verse afectadas si se decidiera una eventual nulidad de las otras resoluciones que se van a estudiar.

Más allá del juzgado, durante el próximo otoño la Agencia Tributaria seguirá adelante con las actuaciones de comprobación e investigación con relación al expresidente, a su esposa Sonsoles Espinosa y a sus hijas, además de a su amigo Julio Martínez Martínez. El juez rechazó paralizar esa investigación fiscal centrada en los impuestos de Sociedades, IVA, IRPF, Patrimonio y grandes fortunas de los ejercicios de 2021 a 2025 tal y como había reclamado la defensa del expresidente. En su resolución, Calama argumentó que no siempre que se abre una causa penal ha de suspenderse la inspección fiscal.

El juez José Luis Calama, instructor de la causa abierta contra José Luis Rodríguez Zapatero, ha ordenado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que realice un “estudio exhaustivo” sobre la evolución accionarial de la aerolínea Plus Ultra, cuyo rescate con 53 millones de euros en la pandemia está en el origen de las pesquisas.

En una providencia fechada este martes 4 de agosto, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el instructor atiende la petición de la Fiscalía Anticorrupción. La fiscal del caso, Elena Lorente, pidió esclarecer el “impacto” que la entrada de inversores de origen venezolano en el accionariado y órganos de gestión de la compañía —iniciado a partir de 2017— pudo tener en la concesión del rescate que la aerolínea solicitó durante la pandemia del coronavirus y que el Gobierno le concedió en 2021.

La fiscal define como “particularmente significativos” los cambios accionariales que supusieron la entrada en el capital social y en los órganos de gestión de “personas de origen venezolano”. Entre ellas, Rodolfo Reyes, quien era accionista mayoritario de la compañía durante la tramitación del rescate y cuyos mensajes constituyen relevantes indicios contra Zapatero.

La Fiscalía considera de “gran trascendencia” para la causa desgranar la historia registral de la sociedad desde su constitución en agosto de 2011 por los dos socios fundadores españoles, Fernando González Enfedaque y Julio Martínez Sola. Este último, invstigado en el caso, presentó su dimisión el pasado julio.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha recurrido la autorización del juez instructor del 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, para que la Policía Nacional pueda investigar cuentas bancarias del exlíder socialista, sus hijas, Alba y Laura, y su secretaria Gertrudis Alcázar, entre otros, informa Europa Press.

En un escrito remitido al juez, el abogado del expresidente, Víctor Moreno, pide dejar sin efecto el permiso del magistrado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional para “ampliar la información que se considere pertinente” sobre los referidos productos bancarios por investigar.

Calama autorizó la semana pasada a la UDEF a investigar las cuentas bancarias de Zapatero y su entorno. En concreto, el instructor emplazó a los agentes a “ampliar la información que se considere pertinente” sobre varias cuentas bancarias, entre ellas algunas también de Julio Martínez, socio de Zapatero también imputado y dueño de Análisis Relevante, una de las sociedades bajo sospecha.

El juez ordenó, además, la apertura de una pieza separada en la que incorporará íntegramente la información bancaria que sea remitida, “quedando dicha documentación depositada en ese ámbito restringido a fin de proceder, en ese mismo marco, a la depuración y eliminación de los datos irrelevantes para la causa o susceptibles de afectar a la intimidad de las personas implicadas”.

Suspensión cautelar hasta que se resuelva el recurso

Ahora, el letrado reclama suspender cautelarmente la autorización concedida a la unidad policial para ampliar información y la expedición de los requerimientos a las entidades bancarias, al menos hasta que el magistrado resuelva el presente recurso.

Además, solicita “dejar sin efecto la extensión del requerimiento a las comunicaciones internas de la entidad y con el cliente” y que se fije un término final expreso “al período objeto de requerimiento, acotando su marco temporal hasta como máximo diciembre de 2025”.

En lo referente a la apertura de una pieza reservada en la que se enmarcan estas diligencias, el abogado reclama que sea el letrado de la administración de justicia, “bajo la supervisión del instructor”, quien se encargue de la “depuración del contenido” de la información bancaria.

El letrado de Zapatero aboga por que “se establezcan con claridad los criterios para el expurgo” integrado en la pieza de información reservada, “ordenando a la unidad policial encargada del análisis que haga constar en sus informes no solo los datos que eventualmente detecte favorables a la tesis policial, sino que también consignen y aprecien todas las circunstancias y datos que resulten favorables para los investigados”.

La defensa de Zapatero argumenta que la información bancaria a la que Calama dio acceso “es muy extensa y se pide al máximo nivel de detalle”. “Esa habilitación adicional a la UDEF difumina el ámbito del objetivo que la propia resolución establece en el marco de una medida restrictiva de derechos fundamentales”, aduce.

Una autorización “genérica”

“Desde otro plano, además, esta autorización genérica a la UDEF impide el control de esas peticiones, tanto por la autoridad judicial como por las partes”, arguye. Advierte, además, que “una habilitación genérica podría avalar una investigación prospectiva”.

El abogado añade que si se analizan datos sin autorización judicial y para fines diferentes a los del objeto de la investigación “se puede, indebidamente, socavar el derecho fundamental a la intimidad y los datos personales” de Zapatero.

“En definitiva, no se puede permitir, por la vía de esta amplia habilitación, que se analice una información potencialmente íntima sin autorización judicial ni la indagación prospectiva en cuestiones ajenas al proceso”, agrega.

Respecto a la apertura de la pieza separada, Moreno afirma que le parece “sustancialmente correcto”, puesto que “las cuentas bancarias son reflejo de la vida íntima de una persona y existe en este proceso un riesgo consustancial muy elevado de filtración de la información obtenida”.

Todo ello se enmarca en el 'caso Plus Ultra', en el que el instructor investiga presuntas irregularidades con el rescate de 53 millones de euros otorgado por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra en pandemia, en la que el juez sitúa Zapatero como líder de una supuesta red de tráfico de influencias que habría obtenido beneficios económicos a cambio de influir supuestamente en dicha concesión, hechos por los que acordó su imputación.

Diez semanas después de que trascendiera la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, la afirmación sigue pesando sobre los más 11 millones de españoles que depositaron hace dos décadas su confianza en el político socialista para dirigir el país: “líder” de una trama de tráfico de influencias. El último auto del juez José Luis Calama, dictado el pasado jueves, no mueve un ápice la acusación: “La investigación sitúa en su núcleo una estructura organizada y estable, dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, orientada al ejercicio de influencias ilícitas en favor de determinados clientes”.

Esta última resolución judicial, dictada al límite de que arranque el mes inhábil en los juzgados, dista de ser una buena noticia para Zapatero. El juez accede a la petición de la UDEF de la Policía para acceder a más de sesenta cuentas bancarias de Zapatero, su familia, su secretaria, Julio Martínez –socio y colaborador– y de un buen número de sociedades por las que habría pasado el flujo de fondos de origen ilícito con el fin de hacer perder su auténtico rastro.

La consecuencia primera es que la práctica de la diligencia se alargará durante meses en un caso que ya prometía prolongarse años desde que arrancó. Pero además, el escrito judicial va perfilando las acusaciones y señalando a los protagonistas de la presunta trama corrupta. De la panoplia de indicios que describían los primeros informes de la UDEF sobresalían por sospechosos aquellos relacionados con los ingresos de las sociedades de Zapatero y, sobre todo, de sus hijas. Ahora, esos indicios se van concretando.

De Whathefav, la pequeña empresa de marketing de sus hijas, el juez señala ahora que “es la principal receptora de fondos del entorno societario de Julio Martínez Martínez”, justo por detrás del propio expresidente. “Recibe 242.423 euros desde Análisis Relevante; 20.993 euros desde Agropecuaria Lucena y 18.150 euros desde Pickashop; además de 561.440 euros procedentes de Inteligencia Prospectiva”, a la que describe como una sociedad instrumental dedicada a introducir fondos extranjeros mediante ampliaciones de capital simuladas.

En realidad el magistrado sigue dando por acreditado, de forma indiciaria, lo que atribuye la UDEF a las hijas del expresidente. En un informe de mayo, la Policía describía a Whathefav como un instrumento para “generar facturación ad hoc destinada a dotar de cobertura formal determinados movimientos financieros o mercantiles”. Se trataría, añaden los policías, de una empresa pantalla cuyo verdadero fin sería recibir los fondos “directamente de los clientes de la red organizada”, así como de los generados por la propia red“. ”Se erigiría como un centro de distribución de flujos económicos“, escriben los policías.

La otra sombra de sospecha reside en esos clientes que menciona la Policía, empresarios de los que se desconoce la actividad que les relacionaba con la empresa de las hijas y del expresidente y que, sin embargo, aportan abundantes fondos a sus cuentas bancarias. Al frente de todos ellos, tres empresas: Plus Ultra, Análisis Inteligente y Softgestor.

“La investigación sitúa en su núcleo una estructura organizada y estable, dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, orientada al ejercicio de influencias ilícitas en favor de determinados clientes –Plus Ultra [a través de Análisis Relevante], Inteligencia Prospectiva y Softgestor–, que retribuirían tales servicios mediante contratos de asesoría simulados, permitiendo justificar pagos cuyo destino real serían José Luis Rodríguez Zapatero y la sociedad Whathefav, administrada por sus hijas”, recoge el citado auto, con fecha de este miércoles, 29 de julio.

El contacto con Plus Ultra, Julio Martínez, dio un giro al caso el pasado 20 de julio al anunciar que colaboraría con la justicia en su declaración del día siguiente. En un escrito no exento de confusión atribuía a Zapatero toda la responsabilidad de la trama, pero al tiempo se refería a trabajos de “asesoría” y no mencionaba el tráfico de influencias en el rescate de la aerolínea y otras mediaciones. Tampoco aclaraba si Zapatero se llevó el 50% del 1 que él pactó con Plus Ultra por el rescate de la aerolínea.

A las pocas horas, los ya dimitidos presidente y CEO de Plus Ultra hacían lo propio con otro escrito en el que ya recogían una mención expresa a que pagaron con el convencimiento de que Zapatero intercedería por el rescate y que, incluso, este les trasladó personalmente que haría gestiones, sin llegar nunca a saber si lo hizo realmente. Tanto Julio Martínez Sola como Roberto Roselli declararán el próximo mes de septiembre.

El último auto del juez destaca por situar en el lugar que antes se intuía a Inteligencia Prospectiva, una sociedad que según la ONIF no tenía actividad y que, sin embargo, era el principal pagador de las hijas de Zapatero, junto a Análisis Relevante, por trabajos desconocidos. Entre 2020 y 2025, la empresa de las hijas de Zapatero ingresó 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva, la sociedad de los hermanos venezolanos Amaro Chacón. En ese periodo, la sociedad mueve más de 2,6 millones de euros en sus cuentas pese a la ausencia de negocio. Por tanto, más del 21% de esos flujos de dinero fueron a parar a la empresa de las hijas del expresidente.

En la declaración ante el juez, Zapatero dijo que Alba y Laura Rodríguez podrán dar explicaciones de sus trabajos y sobre la realidad de estos, si es que fuera así, en unas declaraciones que se esperan para septiembre. En una reciente entrevista en TVE, el expresidente añadió: “Mis hijas han hecho su trabajo. Todo eso va a quedar acreditado, sustanciado, y hombre, deberíamos de tener prudencia en general, ¿no?”.

El peso de las joyas

Y mientras se acerca el decisivo mes de septiembre para la causa judicial cada día desgasta más a Zapatero el asunto de las joyas encontradas en una caja fuerte durante el registro de su oficina. A la valoración inicial de entre 30 y 50.000 euros que hizo su entorno se superpuso el peritaje de una prestigiosa joyería, a la que el juzgado encargó la tasación: 1,3 millones de euros.

Zapatero pidió tiempo para recuperar la memoria de esas joyas, hablando con colaboradores y haciendo averiguaciones sobre su propio pasado, pero diez semanas después siguen sin conocerse ni su origen ni el valor que les concede el expresidente. Consciente de la polémica alrededor de las joyas, Zapatero dijo la semana pasada en Televisión Española que eran regalos “sin uso ni destino”, apiladas junto a otras joyas de la familia y que, por supuesto, un peritaje de parte someterá “a contradicción” el valor que se les ha otorgado.

El juez José Luis Calama ya sitúa a los hermanos Amaro Chacón entre los grandes pagadores a José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno a cambio de las “influencias ilícitas” que habría ejercido el ex presidente. Calama equipara Inteligencia Prospectiva, la sociedad instrumental de los Amaro Chacón, al nivel de Plus Ultra y Softgestor en el nivel de encargos e ingresos para Zapatero, en un auto en el que actualiza el estado de las pesquisas y autoriza a la UDEF a acceder a más de sesenta cuentas bancarias del antiguo mandatario, su familia, entorno y sociedades vinculadas al caso de la aerolínea española y su rescate.

“La investigación sitúa en su núcleo una estructura organizada y estable, dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, orientada al ejercicio de influencias ilícitas en favor de determinados clientes –Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva y Softgestor–, que retribuirían tales servicios mediante contratos de asesoría simulados, permitiendo justificar pagos cuyo destino real serían José Luis Rodríguez Zapatero y la sociedad Whathefav, administrada por sus hijas”, recoge el citado auto, con fecha de este miércoles, 29 de julio. En otro punto del auto, el juez llama a las tres sociedades mencionadas “fuentes de financiación encubierta”.

Los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo Amaro Chacón y Guillermo Alfredo Amaro Chacón son administradores solidarios de Inteligencia Prospectiva, antes Beren Europe y posteriormente Alaska Ilimitada. Un informe del pasado mes de febrero de la ONIF concluye que su “operativa financiera resulta incompatible con su cifra de negocio declarada y plenamente coherente con uso instrumental orientado a introducir fondos en España procedentes del extranjero”. Esos fondos procedentes del extranjero acabaron en “sociedades vinculadas a la red organizada liderada por José Luis Rodríguez Zapatero y operada por Julio Martínez Martínez”, advertía ya en mayo el juez Calama.

Entre 2020 y 2025, Inteligencia Prospectiva movió más de 2,6 millones de euros en sus cuentas bancarias. Se trata, según la ONIF, de una “cifra absolutamente incongruente con su actividad declarada”. De esa cantidad, un porcentaje muy importante fue al entorno de Zapatero. Análisis Relevante obtuvo de Inteligencia Prospectiva 368.258,72 euros. Es la sociedad de Julio Martínez en la que, según los investigadores, Zapatero juega un papel muy superior al que reconoce de trabajos de asesoría. La empresa de marketing de las hijas del expresidente, Whathefav, obtuvo 561.440 euros de la misma empresa. Y Gate Center, con un consejo asesor presidido por Zapatero, cobró 266.200 euros.

Los hermanos Amaro, recogía el juez, “exceden de forma manifiesta las capacidades y funciones propias de un empresario común, incidiendo en asuntos de Estado de primer nivel”. Especialmente en Venezuela. En el teléfono de Julio Martínez aparecieron mensajes como “los chinos listos para comprar barcos” y “listo para viajar a reunirse con la Dama y Ministro de Petróleo”. Los barcos hace alusión al traslado de petróleo y la “Dama” es Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta de Venezuela, a la que atribuyen la “asignación directa” de esos barcos con crudo.

El auto de este miércoles de Calama recoge otra novedad. Son los pagos que recibió Zapatero de numerosas empresas por “supuestos servicios profesionales, como conferencias, mediación, asesoramiento estratégico, análisis geopolitico...”. Zapatero nunca ha negado esos trabajos de consultoría y asegura que están declarados a Hacienda. Pero el juez incluye en su auto a cada una de las empresas y cuánto ganó el expresidente con ellas.

Así, en el auto del juez aparece Kreab Iberia (851.180 euros), Thinking Heads Group (649.552), Gate Center (352.980), Mimo Advisor (104.410), Focus Social Resarch (200.000), Chinalink (159.034), Talking Heads America (31.766), Kreab Worldwide (105.000), Bright Digital Solutions (53.000). Yuewee International Trade (49.758) y Zayed Award (47.210). A todas ellas hay que sumar los 490.780 euros recibidos de la sociedad Análisis Relevante, de su amigo Julio Martínez, entre 2020 y 2025.

De estos pagos, el juez se detiene esta vez en el de Focus Social Research, de 200.000 euros), “vinculado al presunto ejercicio de influencias ante autoridades bolivianas en favor de una sociedad peruana”. El magistrado, sin entrar a valorar, añade que una cuenta del Banco Santander “funcionaba como receptora de fondos, redistribuidos inmediatamente a otras cuentas de José Luis Rodríguez Zapatero, y desde una de ellas se canceló anticipadamente un préstamo hipotecario de 500.000 euros mediante transferencia de 498.000 euros, tras la adquisición de un inmueble por 580.000 euros”. Zapatero atribuye ese rápido movimiento a la venta de una vivienda con la que pudo cancelar la hipoteca de la otra.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha autorizado a la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) que acceda a más de sesenta cuentas bancarias de diferentes entidades y a nombre de José Luis Rodríguez Zapatero, su mujer y sus hijas, así como de su secretaria, Gertrudis Alcázar, y sociedades que son investigadas en el marco del caso Plus Ultra, según un auto al que ha tenido acceso elDiario.es.

Calama responde así a la petición realizada por la UDEF en un informe del pasado junio en el que se hace referencia a “flujos de fondos de interés” para la investigación y que implicarían “a los principales beneficiarios de la estructura societaria controlada por Julio Martínez Martínez” a los que identifica “José Luis Rodríguez Zapatero y Whathefav [la sociedad de sus hijas]”.

El informe policial introduce novedades respecto a los atestados anteriores. Aparecen en el nuevo oficio nombres de otras sociedades que habrían servido también para canalizar pagos a Zapatero y que hasta ahora eran desconocidas. Recoge el auto del juez: “El conjunto de indicios revela una estructura jerarquizada, con José Luis Rodríguez Zapatero como beneficiario principal, Julio Martínez Martínez como gestor y canalizador, y un entramado societario diseñado para ocultar origen y destino de fondos, justificar pagos mediante contratos de asesoría ficticios y diluir trazabilidad mediante movimientos internos carentes de lógica económica”.

Y continúa: “Los clientes −Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor−, actúan como fuentes de financiación encubierta, mientras que sociedades como Caletón Consultores, Summer Wind, Caletón Consultores o Zenzap funcionan como instrumentos para introducir fondos y redistribuirlos hacia José Luis Rodríguez Zapatero, Whathefav y empresas del entorno de Julio Martínez Martínez”.

El juez recuerda que la investigación sitúa a Zapatero en el “núcleo” de la trama “orientada al ejercicio de influencias ilícitas en favor de determinados clientes”, y que sus servicios se retribuían mediante contratos de asesoría simulados que se canalizaban a través del entramado societario controlado por Julio Martínez Martínez, el empresario también investigado, que actuaba “como persona de confianza” del expresidente y era “interlocutor directo con los clientes y gestor funcional de la red”.

Con base en lo que recoge la UDEF en su atestado, el juez detalla las cantidades recibidas por Zapatero que son objeto de investigación. Además de los 490.780 euros que le llegaron desde Análisis Relevante -empresa de Julio Martínez- entre 2020 y 2025, se ha encontrado “un volumen muy superior de transferencias justificadas mediante supuestos servicios profesionales −conferencias, mediación, asesoramiento estratégico, análisis geopolítico− procedentes de diversas sociedades”.

Así, detalla pagos de algunas empresas que ya se incluyeron en el primer auto del juez: 851.180 euros llegaron de la consultora Kreab Iberia; 649.552 euros de Thinking Heads Group; 31.766 euros de Thinking Heads Américas; 352.980 euros de Gate Center; 105.000 euros de Kreab Worldwide. Añade recientes, como los 200.000 euros de Focus Social Research. Y suma nuevos pagos de empresas como los 159.034 euros de Chinalink; los 104.410 euros de Mimo Advisors; los 53.000 euros de Bright Digital Solutions; los 49.758 euros de Yuewee International Trade; y los 47.120 euros del Zayed Award. El juez y la UDEF destacan los pagos destaca el de Focus Social Research, “vinculado al presunto ejercicio de influencias ante autoridades bolivianas en favor de una sociedad peruana”.

Por otro lado, recuerda que una cuenta del Banco Santander del expresidente “funcionaba como receptora de fondos”, y que estos eran “redistribuidos inmediatamente a otras cuentas de José Luis Rodríguez Zapatero”: “desde una de ellas se canceló anticipadamente un préstamo hipotecario de 500.000 euros mediante transferencia de 498.000 euros, tras la adquisición de un inmueble por 580.000 euros”.

Las cantidades de Whathefav

El auto indica por otro lado, para apuntalar que es necesario acceder a determinadas cuentas bancarias, que Whathefav, administrada por las hijas de Zapatero, “es la principal receptora de fondos del entorno societario de Julio Martínez Martínez” tras el propio expresidente. “Recibe 242.423 euros desde Análisis Relevante; 20.993 euros desde Agropecuaria Lucena y 18.150 euros desde Pickashop; además de 561.440 euros procedentes de Inteligencia Prospectiva”, a la que describe como una sociedad instrumental dedicada a introducir fondos extranjeros mediante ampliaciones de capital simuladas.

A esos ingresos en la empresa de las hijas, suma 171.727 euros que percibe de Gate Center y 12.297 euros de Thinking Heads. Y da un dato más, desde la cuenta de Whathefav se transfieren 247.191 euros a Laura Rodríguez Espinosa y 199.904 euros a Alba Rodríguez Espinosa, figurando José Luis Rodríguez Zapatero como autorizado en ambas cuentas.

Sobre Gertrudis Alcazar, la UDEF y el juez consideran necesario acceder a sus cuentas bancarias porque “aunque no se han detectado ingresos desde el entramado” hacia ella, su rol funcional en la organización justifica el análisis patrimonial. Recuerda el juez que la secretaria adquirió una vivienda por 132.055 euros sin financiación hipotecaria, “mediante pagos periódicos entre 2021 y 2023, sin operaciones compensatorias que expliquen su capacidad económica”.

'Julito' y su entramado societario

Sobre el entramado societario de 'Julito' Martínez, los investigadores recuerdan que está integrado por al menos 27 sociedades, si bien todas presentan “indicios de control unitario: domicilios coincidentes, objetos sociales amplios y modificaciones societarias simultáneas”. Y a pesar de esto, recuerda, en 2020 y 2021 no constan cuentas personales en España a su nombre, lo que sugiere uso de medios de pago extranjeros, efectivo o cuentas de sus sociedades.

A partir de 2022 sí figura Martínez como titular de cuentas en Bankinter y CaixaBank, con entradas de fondos cuyo origen no han podido determinar, si bien el análisis de movimientos bancarios “revela flujos internos intensos y carentes de justificación económica, con conceptos genéricos, operaciones de compensación y ausencia de correlación con actividades declaradas, dificultando la trazabilidad”.

Entre las sociedades del entramado, destacan ASP Rentas SL porque registra casi dos millones de euros en entradas y salidas entre 2020 y 2025, frente a ingresos declarados de 89.540 euros. Esa sociedad es identificada como “vía instrumental para canalizar fondos de contratos de asesoría ficticios, como el suscrito entre Análisis Relevante y Thabeh Business Iberian”.

Por otro lado, de otras de las sociedades, Zenitram Partners, indican que presenta movimientos superiores a 1,8 millones, ventas inmobiliarias de 600.000 euros y vehículos de lujo, además de indicios de facturación falsa, acreditados por un correo donde se afirma que “era una factura falsa”. De otra, Zenzap, comentan que no tiene actividad mercantil, ni trabajadores ni depósito de cuentas desde 2019, y a pesar de ello registra movimientos superiores a 3,8 millones y actúa como sociedad de inyección de fondos hacia otras empresas del entramado (447.000 euros), recibiendo a su vez importes menores.

Mérida Capital, por su parte, presenta movimientos de 804.971 euros en entradas y 599.119 euros en salidas, frente a actividad declarada de 114.731 euros. Y ordena pagos a Análisis Relevante por 45.000 euros, además de mantener contratos de opción de compra no ejecutados.

Nez Asesores registra más de 1,3 millones en movimientos, concede un préstamo de 200.000 euros y recibe fondos desde Análisis Relevante y Voli Analítica, con una operación de cobro de divisas transfronteriza de 181.037 euros que podría vincularse al préstamo. Pickashop recibe 143.896 euros desde Idella, Análisis Relevante, Voli y Agropecuaria Lucena, pese a que su objeto social es informático y ninguna de las sociedades pagadoras tiene página web, mientras que los flujos inversos son mínimos.

En cuanto a Affita y Affita Capital, el juez destaca que reciben fondos indirectos de Plus Ultra Líneas Aéreas a través de Summer Wind, sociedad interpuesta, además de pagos desde Agropecuaria Lucena, Análisis Relevante e Idella, en una dinámica incompatible con su objeto social de alquiler de inmuebles. Iot Domotic Europe percibe 60.500 euros desde Caleton Consultores, fondos que tendrían origen en Plus Ultra, y se localizaron justificantes de transferencias en el móvil intervenido a Julio Martínez Sola.

El juez José Luis Calama ha citado para lo días 7 y 8 de septiembre, a las 9 de la mañana, al presidente de Plus Ultra y al CEO de la compañía, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, respectivamente, para que declaren después de haber entregado al magistrado un escrito de oferta de colaboración en el que señalaban a José Luis Rodríguez Zapatero en la cúspide de la trama para el rescate de la aerolínea. Por otra parte, el juez Calama ha rechazado la nulidad de las actuaciones que solicitaba la defensa del ex presidente del Gobierno.

El actual presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, remitió la semana pasada un escrito al juez de la Audiencia Nacional que investiga al expresidente del Gobierno en el que reconoce que ni él ni el entonces director financiero, Roberto Roselli, llegaron a tener “una constancia fehaciente de las concretas actuaciones llevadas a cabo para influir o favorecer la concesión del rescate a Plus Ultra por parte de la SEPI”. “Pero –añade– lo cierto es que, como una medida desesperada, se asumió que Plus Ultra debía contratar con el Sr. Martínez Martínez para tal fin, conscientes de que tenía la relación con el Sr. Rodríguez Zapatero, asumiendo asimismo el pago de elevadas cantidades de dinero (el 1%) por tales labores que, eufemísticamente, llamaron 'de acompañamiento'”, añade.

En el mismo sentido, el escrito de Martínez Sola recogía que en enero de 2021 se adoptó la decisión de firmar un contrato con una sociedad denominada Idella Consulenza, de Julio Martínez -amigo y presunto testaferro de Zapatero-, que “vinculaba directamente la remuneración” a la obtención del rescate público de 53 millones de euros para la aerolínea. En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, se detalla que esa remuneración era del 1% más IVA de la financiación pública, lo que ascendería a aproximadamente 641.300 euros.

Según el relato de Martínez Sola, él mantuvo una llamada en 2020 con Zapatero “en la que le indicó que el interlocutor sería Julio Martínez Martínez”. Fue en el 30 de abril y el expresidente le llamaba desde un número oculto. El dirigente de la aerolínea le expuso la “difícil situación financiera en la que se encontraba y la necesidad de acceder a un crédito ICO” y Zapatero “manifestó que su intervención podría ser de ayuda y que haría las gestiones oportunas”. Explica el dirigente que también le indicó el expresidente que “de ahí en adelante las comunicaciones las mantendrían con una persona de su confianza, Julio Martínez Martínez” y resalta que en ese momento “no habló nada de honorarios, ni tampoco solicitó nada a cambio de sus gestiones”.

Martínez Martínez también presentó su propio escrito, el mismo día que Martínez Sola y Roselli, y en él también implica a Zapatero en todo el proceso de rescate de Plus Ultra. Julio Martínez fue citado para el pasado miércoles y durante su declaración no ofreció más detalles acerca de las gestiones que habría realizado Zapatero ni acerca de cuánto habriá cobrado por el rescate.

Rechazo al incidente de nulidad

En cuanto al incidente de nulidad presentado por la defensa de Zapatero, el magistrado Calama explica que las resoluciones que impugna el abogado fueron notificadas “formalmente”, por lo que no cabe incidente de nulidad. Esta vía “no puede convertirse en un mecanismo alternativo para revisar decisiones instructoras notificadas y recurribles”, ha afirmado. Un ejemplo, añade, es la entrada y registro en la oficina del expresidente, “a quien le fue notificado personalmente con carácter previo a su ejecución”.

Otras de las actuaciones no pudieron anunciarse con antelación pero la ley establece, recoge Calama, un plazo de 20 días para tener “acceso real y suficiente al contenido de la actuación”. “La consecuencia de formular el incidente fuera de ese plazo es su inadmisión”, añade.

José Luis Calama, el juez de la Audiencia Nacional que investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero dentro del caso Plus Ultra, ha pedido este viernes a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que no incluya en sus informes sobre el exmandatario datos o información que no tenga que ver estrictamente con la causa.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, exige en concreto a los policías “que los anexos que se incorporen a sus informes se limiten estrictamente a los hechos a los que estos hagan referencia, evitando la inclusión de información innecesaria o irrelevante para el objeto del procedimiento, así como de datos personales ajenos a los hechos investigados”.

Calama atiende así una petición expresa de la defensa de Zapatero que tras la publicación de los últimos informes en los que se incluían mensajes personales del expresidente consideró que se podía estar vulnerando su derecho a la privacidad.

En concreto, el procurador del exdirigente socialista solicitó el pasado 25 de junio que el juez adoptara las medidas necesarias “para evitar la difusión indiscriminada de datos personales” de su representado “y de otros investigados que se describen en la alegación primera, enviando al efecto los mandamientos y oficios necesarios”. Se refería, por ejemplo, a los mensajes entre Zapatero y su secretaria, Gertrudis Alcázar, incorporados a un informe policial y filtrados a todas las partes en las que hablaban de asuntos personales.

Desde la defensa de Zapatero exigieron así una resolución “mandatando a la policía judicial que limite su investigación exclusivamente a los hechos concretos que fueron delimitados en el Auto de 18 de mayo de 2026, con prohibición expresa de servirse de la información masivamente obtenida” del expresidente o de terceros “para investigar cualquier actividad personal o profesional” de Zapatero “más allá de las allí determinadas”.

Calama acepta esas peticiones, explica, “sin perjuicio de la remisión íntegra del volcado de los dispositivos” que contengan la información ajena a la causa, con el objetivo de que sea el propio juez “quien proceda a su tratamiento, con intervención del titular de los dispositivos, conforme a las garantías propias del acceso a soportes digitales intervenidos”.

Inspección de la Agencia Tributaria

Este mismo viernes, la Agencia Tributaria comunicaba al juez de la Audiencia Nacional que ha abierto actuaciones de comprobación e investigación inspectora con relación a Zapatero, a su esposa Sonsoles Espinosa y a sus hijas Alba Rodríguez y Laura Rodríguez, además de a su amigo Julio Martínez Martínez.

Asimismo, Hacienda le ha comunicado al magistrado que también investiga a las empresas con las que se les vincula y destaca que la inspección es relativa a los impuestos sobre Sociedades, Valor Añadido, Renta de las Personas Físicas, Patrimonio y Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas que abarcan los ejercicios de 2021 a 2025.

La Agencia Tributaria ha comunicado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que ha abierto actuaciones de comprobación e investigación inspectora con relación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a su esposa Sonsoles Espinosa y a sus hijas Alba Rodríguez y Laura Rodríguez, además de a su amigo Julio Martínez Martínez. Le comunica que también investiga a las empresas con las que se les vincula y destaca que la inspección es relativa a los impuestos sobre Sociedades, Valor Añadido, Renta de las Personas Físicas, Patrimonio y Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas que abarcan los ejercicios de 2021 a 2025.

En las dos comunicaciones de la Agencia Tributaria a las que ha tenido acceso elDiario.es, una de la Delegación de la Comunidad Valenciana y otra de la Comunidad de Madrid, se explica que el fisco ha tenido conocimiento de que existe una causa abierta tanto contra Julio Martínez como contra Zapatero e informa a su vez al magistrado de que “se siguen actuaciones de comprobación e investigación inspectora, todas con alcance general, en relación a los obligados tributarios” mencionados. Se detalla que esas inspecciones han sido abiertas junio de 2026. Esto es, después de que se abriera el procedimiento penal y una vez saltó a la esfera pública.

La Agencia Tributaria explica a Calama que dado que las personas físicas y las entidades objeto de la instrucción penal, así como las conductas investigadas en dicha sede, “pudieran ser las mismas que las que están siendo comprobadas en vía administrativa”, la determinación o imputación de las obligaciones tributarlas de estos contribuyentes “podría depender directamente de los hechos y conductas que están siendo investigados” por el juez.

Como es habitual, Hacienda considera que es conveniente suspender los procedimientos inspectores abiertos para que no se solapen ambas investigaciones, pero recuerda que esto es potestad del magistrado. Calama envía sendas comunicaciones a la Fiscalía para que se pronuncie antes de decidir qué hacer. En caso de que el juez suspenda la inspección del fisco, Hacienda ya se habrá asegurado de que los plazos de prescripción se interrumpen gracias a la decisión de la Audiencia Nacional.

En el caso concreto de Zapatero, la Agencia Tributaria informa que está inspeccionando su IRPF de 2021 a 2024, el IVA que va del segundo trimestre de 2022 al cuatro trimestre de 2024, y el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas de 2002 a 2024. A su esposa, Sonsoles Espinosa el IRPF de 2021 a 2024, el impuesto de Patrimonio de 2021 a 2024, y el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas de 2002 a 2024. Mientras, a las hijas les investiga el IRPF de 2021 a 2024, y a su empresa, Whathefav el impuesto de Sociedades de 2021 a 2024 y el IVA que va del segundo trimestre de 2022 al cuarto trimestre de 2024.

Por su parte, a Julio Martínez, la Agencia Tributaria le ha abierto inspección por el IRPF que va de 2021 a 2024 e indaga en el IVA y el Impuesto de Sociedades de hasta once de sus empresas, entre las que no está Análisis Relevante, la consultora que abonó 490.780 euros entre los años 2020 y 2025 al expresidente Rodríguez Zapatero. Sí consta, en cambio, Idella Consulenza, el instrumento que según la investigación pudo usar la trama dedicada al tráfico de influencias para cobrar una presunta comisión irregular de Plus Ultra tras lograr el rescate público en 2021.

A pesar de que el magistrado en la providencia por la que da traslado de las comunicaciones a Fiscalía habla de los ejercicios 2021 a 2025, en realidad las comunicaciones de Hacienda se refieren a un periodo mayor en el caso del impuesto de las grandes fortunas (2002-2024).

El caso Naseiro

En el año 1990, al PP, recién constituido a partir de Alianza Popular, le estalló un primer gran escándalo de corrupción por presunta financiación ilegal. José María Aznar acababa de asumir el liderazgo en el Congreso de Sevilla de 1989. 

El caso no comenzó con una investigación por corrupción política, sino con una investigación por narcotráfico en Valencia.

El juez instructor, Luis Manglano, había ordenado intervenir los teléfonos de un sospechoso por tráfico de drogas, que era el hermano de Salvador Palop, concejal del PP en Valencia. Al escuchar las cintas, la policía no encontró nada que tuviera que ver con el tráfico de drogas, pero sí con el cobro de comisiones ilegales a cambio de licencias municipales y adjudicaciones de obras. 

A partir de esas escuchas el juez ordenó la detención de Rosendo Naseiro, tesorero nacional del PP nombrado por Aznar (de ahí viene el nombre del caso), Ángel Sanchís, anterior tesorero y Salvador Palop, imputados por el presunto delito de cohecho. 

El impacto mediático del caso fue enorme, pero no llegó nunca a ser juzgado en el fondo del asunto, ya que en 1992 la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) archivó la causa y decretó la absolución de los imputados. El argumento fue puramente constitucional. El TS determinó que las escuchas telefónicas habían sido acordadas para la investigación del delito de narcotráfico, pero no para el delito de cohecho y que la utilización de las mismas para perseguir un delito de cohecho vulneraba el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones.

Al anularse la prueba principal, todo lo derivado de ella quedo anulado de forma automática en aplicación de la doctrina del “fruto del árbol envenenado”

Conviene subrayar que, antes de la decisión del TS, el PP había dado tanta credibilidad al caso que ordenó una investigación interna pilotada por Alberto Ruiz Gallardón, que acabaría emitiendo el conocido como “Informe Gallardón”.

El Informe sirvió para fijar la postura del partido y depurar responsabilidades políticas.

El Informe concluyó que no existía una trama institucionalizas ni un sistema de financiación ilegal. Se trataba de “hechos aislados”, de los que la dirección del partido no había tenido conocimiento. 

No obstante, se propuso la expulsión inmediata de Salvador Palop, al considerar acreditada la utilización de su posición para beneficio personal y la suspensión cautelar de Rosendo Naseiro mientras durase el proceso judicial, al mismo tiempo que se censuraba éticamente las conversaciones grabadas. 

Todas estas medidas quedarían sin efecto tras la decisión de la Sala Segunda del TS a la que ya hemos hecho referencia.

El caso Plus Ultra

Aunque en la documentación relativa al préstamo de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra no ha figurado nunca José Luis Rodríguez Zapatero, el Juez del Juzgado de Instrucción núm. 4 de la Audiencia Nacional, decidió imputarlo por el delito de tráfico de influencias en relación con la concesión de dicho préstamo. He tratado el tema en tres artículos de los días 15, 18 y 26 de junio. 

De acuerdo con la doctrina del TS en el caso Naseiro de las medidas limitativas de derechos fundamentales acordadas por el juez instrucción en la investigación del delito que figura en el auto de imputación únicamente se puede hacer uso para la obtención de indicios o pruebas en relación con la conducta del imputado en dicho delito y no para cualquier otro. 

Es obvio que la medida de registrar la oficina profesional del expresidente del Gobierno es una medida restrictiva de derechos fundamentales, concretamente la intimidad personal y profesional, la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. 

Es también obvio, que de dicha medida restrictiva de derechos fundamentales únicamente se puede hacer uso para obtener indicios o pruebas del presunto delito de tráfico de influencias en la operación de concesión del crédito de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra, que es por el que está imputado. 

En el registro llevado a cabo por los agentes de la Policía Nacional como policía judicial no se ha encontrado ningún indicio relativo al tráfico de influencias en la operación Plus Ultra. 

A diferencia de lo que ocurrió en el caso Naseiro, en el que en las cintas de los teléfonos intervenidos había información incriminatoria del delito de cohecho, reconocida por la propia investigación interna del partido, en el caso Plus Ultra la policía no ha encontrado indicio o prueba de ningún delito, ya que el hallazgo de joyas en una caja fuerte no es prueba de delito alguno. 

Las cajas fuertes se fabrican y venden para que los compradores puedan guardar con seguridad objetos de valor, entre los que destacan las joyas. Decenas de miles de ciudadanos las tienen en sus domicilios o en sus despachos profesionales. Y ninguno de ellos está cometiendo delito alguno por tenerlas.

Que se sepa, ni la policía nacional ni el juez instructor han apreciado relación de ningún tipo de las joyas con el tráfico de influencias para la concesión del crédito de 53 millones de euros a la Aerolínea Plus Ultra.     

Si el TS consideró que de una orden de interceptación de las comunicaciones telefónicas para investigar un delito de narcotráfico no se puede hacer uso para investigar un delito de corrupción política, de un cohecho, ¿se podrá hacer uso de una orden de registro para buscar indicios o pruebas respecto de un delito de tráfico de influencias en una concreta operación de concesión de un préstamo a una aerolínea, para imputar por los delitos de contrabando y fraude fiscal?

La respuesta está en la propia pregunta. Las joyas en la caja fuerte son indicio de que el expresidente tenía unas joyas en una caja fuerte y de nada más. Ahí no hay delito de ningún tipo. Nadie tendría por qué saber nada de las mismas.

¿Desconocía el Juez Calama la decisión del TS en el caso Naseiro o es que considera que las garantías constitucionales en el proceso penal son de aplicación cuando el potencial imputado pertenece al PP, pero no cuando pertenece a otro partido político?

La causa abierta en la Audiencia Nacional en la que permanece imputado José Luis Rodríguez Zapatero sigue ampliando el foco mientras el expresidente del Gobierno denuncia a golpe de escrito que está siendo objeto de una “causa general” en la que, además, se filtra su información privada. El juez José Luis Calama ha ampliado una investigación que arrancó en el rescate de Plus Ultra y ahora abarca las asesorías de Zapatero para Análisis Relevante, para empresas latinoamericanas e, incluso, las joyas que encontró la UDEF en una caja fuerte de su despacho en Ferraz. 

La Audiencia Nacional asumió en marzo las diligencias para analizar la ayuda pública de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra para combatir los devastadores efectos económicos de la pandemia. El origen del caso data de 2024, cuando la Fiscalía fue alertada por las autoridades de Francia y Suiza sobre la posibilidad de que el rescate hubiera sido utilizado para alimentar una trama de lavado de dinero de Venezuela. Y en marzo de este año se encontró con un nuevo impulso: los mensajes intervenidos en Estados Unidos al venezolano Rodolfo Reyes. 

Estas conversaciones fueron incautadas por las autoridades estadounidenses en 2021, cuando Reyes fue detenido momentáneamente en Miami, investigado por blanqueo en ese país. Pero no fueron aportados a la Audiencia Nacional española hasta este año 2026. Entre páginas y páginas de mensajes, algunos que aluden al “pana” Zapatero y que, según el juez Calama, permiten pensar que el expresidente del Gobierno usó su influencia en Moncloa para que la aerolínea fuera rescatada. 

El magistrado no ocultó sus sospechas durante el interrogatorio. Llegó a preguntar a Zapatero si en 2020 comió con Pedro Sánchez. Y el expresidente negó con vehemencia que hiciera alguna gestión relacionada con esos millones: “No intervine en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable”. Los empresarios ligados a la aerolínea, por su parte, están acusados de usar el dinero del rescate para blanquear.

Del rescate a las asesorías. Tanto el juez Calama como especialmente la UDEF consideran que los trabajos de Zapatero para la empresa Análisis Relevante, de su amigo Julio Martínez, no eran ninguna asesoría real, sino una forma de pagarle por ejercer su influencia política a su favor. Lo mismo sospecha con respecto a la empresa de las hijas del expresidente, Whathefav, razón por la que ha imputado a ambas, aunque por ahora no ha llamado a declarar a ninguna. 

En los últimos días la causa ha dado un nuevo salto. Un informe de la UDEF acusa a Zapatero de cobrar 200.000 euros de un conglomerado empresarial peruano a través de una empresa pantalla pero no por asesorías, como dice el contrato, sino por interceder ante el entonces presidente de Bolivia, Luis Arce, y otras autoridades para solucionar un pleito millonario que tenía la compañía en ese país. Las fuentes de esta acusación son los mensajes que su secretaria, Gertrudis Alcázar, cruzó con sus interlocutores. La defensa de Zapatero ha replicado que es un trabajo de consultoría “legal por completo” y se ha quejado de una investigación “prospectiva” contra toda su actividad profesional. Arce ha negado que el exdirigente le pidiera mediar y en la actualidad ese litigio todavía no se ha resuelto.

Todas estas ramificaciones del caso se unen a otro frente abierto contra Zapatero durante los registros de su despacho en la calle Ferraz: las joyas, valoradas en 1,3 millones de euros, encontradas en una caja fuerte. Cuatro pesquisas en una sola causa que ya han llevado a la defensa del expresidente socialista a pedir la nulidad de las actuaciones y denunciar una “causa general” contra él basada, además, en pruebas obtenidas de forma ilegal, según su abogado. 

Las quejas se empiezan a amontonar encima de la mesa del juez Calama y la principal tiene que ver con las más de mil páginas de conversaciones telefónicas intervenidas a Rodolfo Reyes en 2021 y que ahora, cinco años después, son clave para la imputación. Mensajes aportados por la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI) y que el expresidente quiere impugnar. La Audiencia Nacional, como es habitual cuando se produce una colaboración internacional, tendrá que pedir a Estados Unidos la certificación de que la cadena de custodia se ha cumplido y de que los mensajes se han obtenido, guardado y aportado de forma legal. 

El último escrito de la defensa del expresidente del Gobierno apunta en esa dirección. Lo que abrió y expande cada semana el juez Calama, afirma su defensa, es una “causa general” contra él y reclama que se limite a investigar su relación con el rescate de Plus Ultra y sus trabajos con Análisis Relevante. Requisar y usar de forma indiscriminada la información que la UDEF sacó de sus agendas, añade, va mucho más allá del objeto de la causa y vulnera sus derechos fundamentales. 

Un “atropello” a la intimidad de Zapatero

La Policía incautó en el registro del despacho de Zapatero una enorme cantidad de información procedente de agendas en papel, carpetas, pendrives y discos duros, a la que se sumó el clonado del móvil de su secretaria desde hace más de dos décadas, Gertrudis Alcázar. Esa información nutrió los documentos policiales, pero además se incorporó en su totalidad al anexo al informe de la UDEF y acabó en manos de las 15 defensas y las 10 acusaciones populares que están personadas en el procedimiento. 

El expresidente y Alcázar vieron cómo en la sobremesa del miércoles sus chats privados acababan convertidos en titulares en los medios pese a que no estaban vinculados con la investigación judicial. La defensa de Zapatero lo ha calificado de “atropello” a su intimidad y presentó un escrito ante Calama en el que afirmaba que “no se trata de datos irrelevantes, o minucias y curiosidades sin mayor importancia”: “Se trata obviamente de datos que dibujan un retrato de las ocupaciones y de las actividades de una persona que no ha perdido ni un ápice de sus derechos”, argumentó su abogado en el documento fechado este jueves. 

El juez Calama —que fue quien puso la documentación a disposición de las partes— reaccionó al revuelo con el anuncio del pasado jueves de que deduciría testimonio para que un juzgado de Madrid “investigue las filtraciones e identifique a sus responsables”. La ley prevé un trámite de “expurgo” —es decir, separar qué es relevante para una investigación de lo que son cuestiones privadas o no relevantes— en el caso de las escuchas telefónicas, pero hay un vacío legal con respecto al clonado de dispositivos como móviles. De esta forma, la responsabilidad de llevar a cabo ese cribado entre el material incautado acaba recayendo sobre el juzgado, según explican juristas a elDiario.es, y depende de la decisión que tome cada magistrado.

Cuenta atrás para responder sobre las joyas

Desde que el pasado 19 de mayo los agentes de la UDEF recorrieran los diferentes despachos de la oficina del expresidente socialista en la calle Ferraz han pasado más de cinco semanas. En este tiempo, Zapatero no ha dado una explicación oficial para una de las incautaciones que se hizo ese día: las joyas valoradas en más de un millón de euros que estaban en una caja fuerte que procedía, en realidad, de la vivienda del matrimonio. Ese hallazgo dio pie a la primera de las ramificaciones de este caso: una pieza separada por delitos contra la Hacienda Pública y contrabando.

Zapatero entra a partir de este lunes en una cuenta atrás que él mismo se autoimpuso en su declaración como investigado ante el juez. Ese día aventuró que en “una semana o diez días” podría responder sobre el origen de las joyas después de buscar la documentación que permitiera acreditar la procedencia y la fecha en la que las obtuvo. La única pista oficial sobre el origen de las joyas la dio la asistente de Zapatero, Gertrudis Alcázar, el mismo día del registro, cuando contó a los agentes de la UDEF que eran de una herencia familiar de Sonsoles Espinosa y “regalos de viajes”.

La secretaria de Zapatero está imputada desde hace una semana por los indicios que el juez cree que hay de su “participación directa en los hechos”. Su nombre aparece trufado en los informes policiales que sustentan la investigación porque se encargaba de las citas del expresidente y gestionaba la cuenta de correo identificada como “el principal canal de comunicación interna de la red”.

La ofensiva que ejecuta el PP a través de las comisiones de investigación, aupado por la mayoría que tiene en el Senado, llevará a Alcázar a tener que acudir este lunes a la Cámara Alta. Es probable que no responda a ninguna de las preguntas de los partidos, como ya ha ocurrido con otros imputados que han pasado por el brete de declarar antes en el Senado que en sede judicial. El PP todavía se reserva más nombres en el calendario: por esa comisión también desfilarán el exministro José Luis Escrivá, por una reunión con Zapatero en septiembre de 2020 que ambos desvinculan del rescate de Plus Ultra, y Cristóbal Cano, el gestor de Julio Martínez Martínez.

Clonar un teléfono móvil, una tablet o un ordenador no equivale a abrir un cajón con papeles. Estos dispositivos concentran una ingente cantidad de información personal cuya difusión indiscriminada puede suponer un “atropello” a la intimidad. Es lo que ha denunciado esta semana el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras la filtración de miles de mensajes privados que intercambió durante los últimos tres años con su secretaria y de sus agendas personales de los años 2024 y 2025.

En el registro realizado el pasado mayo en su despacho, la Policía se incautó de casi medio centenar de elementos entre agendas en papel, carpetas, pendrives, discos duros… Los agentes también clonaron el teléfono de Gertrudis Alcázar, asistente de Zapatero desde hace más de dos décadas. Ahí estaban alojadas las conversaciones que los investigadores cruzaron con el contenido de las agendas y otra documentación y que sustentan el último informe del caso. Esa ingente cantidad de información —incorporada como anexo al citado informe— acabó después, en bruto, en manos de las 15 defensas y las 10 acusaciones populares que están personadas en el procedimiento y terminó llegando a los medios. 

Su difusión generalizada abre de nuevo el debate sobre las filtraciones de sumarios judiciales y, más concretamente, de información contenida en ellos sin relevancia para la investigación. La ley prevé un trámite específico de “expurgo” en el caso de las escuchas telefónicas, pero no para el clonado de móviles u ordenadores. No obstante, juristas consultados por elDiario.es apuntan que es “responsabilidad directa” del juzgado separar qué es relevante para la investigación para impedir que información sobre temas familiares, sanitarios o inocuos que es ajena al procedimiento acabe llegando al público. 

Así, defienden que el instructor del caso, José Luis Calama, debería haber ordenado una criba de toda esa información antes de volcarla a la plataforma que utiliza la Audiencia Nacional para compartir documentación con las partes. “Es responsabilidad del juzgado impedir que esto suceda, aunque las partes personadas también tienen que tomarse en serio la reserva de las investigaciones”, sostiene el catedrático de Derecho Penal Manuel Cancio. “El magistrado o el letrado de la Administración de Justicia deberían haber estado más atentos para evitar que todo el volcado del teléfono se pusiera a disposición a las partes”, añade Juan Luis Gómez Colomer, catedrático de Derecho Procesal. 

La Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé como principio general que solo consten en el sumario las diligencias “cuyo resultado fuere conducente al objeto del mismo”. Sin embargo, los expertos remiten a la reforma realizada en 2015, que previó el trámite de expurgo para la interceptación de comunicaciones telefónicas y telemáticas. Sin embargo, el legislador no contempló un procedimiento equivalente para otras medidas también muy intrusivas como el registro de teléfonos móviles, discos duros u ordenadores.

Esa reforma introdujo la obligación de pedir autorización judicial para volcar estos dispositivos, pero no dice nada sobre cómo se debe cribar y destruir la información irrelevante extraída de ellos, según explica la profesora de Derecho Procesal Paloma Arrabal, quien ha realizado varios trabajos sobre la incorporación a causas judiciales del contenido de este tipo de elementos en los que se almacena información de forma masiva. “Esa previsión existe para la interceptación de comunicaciones, pero sería deseable que se hiciese para todas las diligencias de investigación”, añade esta experta. 

Ante la ausencia de un marco legal específico, las fuentes consultadas afirman que el procedimiento habitual consiste en poner el contenido del volcado a disposición de la defensa del investigado y de la Fiscalía para que se pronuncien sobre qué información debe conservarse e incorporarse a las actuaciones y cuál debe ser eliminada. Tras ello, corresponde al juez adoptar la decisión definitiva. Sostienen que ese paso habría evitado la difusión generalizada de información sobre Zapatero sin relación con la investigación. 

Para ello, algunos magistrados optan por abrir, dentro del procedimiento, lo que se conoce como “pieza separada de expurgo”, un compartimento estanco en el que se analiza la documentación incautada y se delimita qué es útil para la causa y qué debe excluirse. Esa pieza se mantiene en secreto mientras se realiza la criba. Así ha operado recientemente el juez Santiago Pedraz en la causa contra la exmilitante socialista Leire Díez a petición de la defensa de esta última. 

Este viernes, el abogado de Zapatero pidió precisamente al juez Calama la apertura de un cauce similar al que únicamente pueda acceder la Fiscalía y la parte afectada para “que se pueda eliminar todo aquello que tenga carácter personal y sea ajeno al objeto de la causa”. Su abogado denunció que en los anexos filtrados figuraba hasta la contraseña de la cuenta de correo de Zapatero y otros datos relevantes y privados como sus números de teléfono o de cuentas bancarias. 

Ante la ausencia de una regulación específica, el Tribunal Supremo ha ido delimitando en algunas de sus resoluciones el alcance de este tipo de diligencias que afectan al derecho al entorno digital. Por ejemplo, ante el intento de la defensa de Álvaro García Ortiz de anular el registro de su despacho, los jueces de la Sala de lo Penal afirmaron que en los registros de teléfonos u ordenadores hay que tomar “cautelas” a posteriori para “evitar excesos” y que se debe “limitar el examen a los contenidos de interés y blindar todo lo restante”. En esta ocasión únicamente fueron aportados a la causa los mensajes de la fiscal jefa provincial de Madrid que tenían vinculación con el procedimiento. 

No ha ocurrido así en otros casos, donde datos de índole privada han llegado al público después de no ser cribados en los juzgados. Le ocurrió recientemente al exministro José Luis Ábalos, del que se difundieron sus audios con el que fuera su asesor eligiendo mujeres. A Iñaki Urdangarin, entonces duque de Palma, del que trascendió que estampaba el autógrafo “em...Palma...do” en sus mensajes de negocios. O al diputado de ERC Lluís Salvadó al que llegaron a intentar expedientar en el Parlament después de que se incorporara a la causa sobre el referéndum una conversación de tono machista y racista. También el ex ‘número dos’ de Interior con el PP Francisco Martínez denunció el volcado íntegro en el caso Kitchen de sus conversaciones de WhatsApp. 

Investigaciones sobre filtraciones

A la espera de ver qué responde al último escrito de la defensa de Zapatero, el juez Calama anunció el jueves que tomará medidas tras lo ocurrido. Acordó pedir a los juzgados de Madrid que abran una causa para investigar las filtraciones e identificar a sus responsables dada “la gravedad de los hechos”, si bien se trata de investigaciones con un recorrido muy limitado. 

El Tribunal Constitucional tiene en el cajón un caso relacionado con este tipo de filtraciones en sumarios que se encuentran secretos con informes de unidades policiales conocidos antes por el gran público que por los investigados. Los magistrados tienen pendiente de admitir o inadmitir a trámite la queja de los acusados del caso de los ‘Comités de Defensa de la República’ (CDR) del procés contra la negativa de los tribunales madrileños a investigar dónde estuvo el coladero de información de la Audiencia Nacional por el que se filtró la información de su caso. Esta deliberación sobre la admisión a trámite de los recursos todavía está pendiente tras más de un año de tramitación. 

El catedrático Manuel Cancio considera un “escándalo permanente” y una “anomalía” el hecho de que en España los sumarios se filtren íntegramente a los medios de comunicación de forma continua. Sostiene que esta situación contrasta con la de países como Alemania, donde la fase de investigación preliminar recae en la Fiscalía y es completamente reservada. 

En España, por el contrario, la existencia de múltiples partes personadas provoca que la información se filtre casi en tiempo real con las consecuencias que ello acarrea por la creación de juicios paralelos y mediáticos, dice este experto. “Eso perturba muchísimo el desarrollo del proceso”, añade Cancio, quien sostiene que las filtraciones se manejan “mediática y políticamente”. Colomer, por su parte, afirma que detrás de estas filtraciones suele haber “razones puramente económicas, para sacar dinero; o políticas, dado que se busca hacer daño”. 

Como propuesta para impedir estas filtraciones y facilitar su persecución, los expertos proponen una medida ya muy habitual en los juzgados: incluir “marcas de agua” de los documentos que dejen rastro sobre quién está moviendo la documentación. “Es una forma interesante de rastrear de dónde sale la información”, dice Arrabal. Esta fue precisamente una de las medidas reclamadas esta semana al juez por la defensa de Zapatero.

La cuestión de las filtraciones tiene implicaciones también en materia de libertad de prensa, dado que publicar documentos filtrados de interés público supone un ejercicio legítimo del derecho a la información. La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que “las diligencias del sumario serán secretas hasta que se abra el juicio oral”, si bien el Tribunal Constitucional ha reiterado que eso no significa que no se pueda informar cuando se trata de asuntos de relevancia. 

A este respecto, Cancio se opone a cualquier intento de prohibir o criminalizar a la prensa, dado que esto chocaría frontalmente con la libertad de expresión. A su juicio, el foco debe ponerse en la ética del periodista —que no debería publicar datos íntimos sin relevancia penal— y en los juzgados y partes personadas en el proceso, que tienen que “tomarse en serio” el “deber de reserva” sobre los procedimientos. 

La defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha presentado un nuevo escrito en el juzgado en el que reclama al juez José Luis Calama que saque de la causa el último informe policial aportado al caso, centrado en sus negocios en Bolivia.

Su abogado, Víctor Moreno Catena, argumenta que ese atestado contiene “hechos ajenos a los investigados” y que han sido “analizados como resultado de una investigación prospectiva y no autorizada”. El documento pone la lupa sobre los negocios del expresidente del Gobierno en Latinoamérica y le acusa de cobrar 200.000 euros a cambio de usar su influencia en favor de una empresa en Bolivia. 

En el registro realizado el pasado mayo en su despacho, la Policía se incautó de casi medio centenar de elementos entre agendas en papel, carpetas, pendrives, discos duros… Los agentes también clonaron el teléfono de Gertrudis Alcázar, asistente de Zapatero desde hace más de dos décadas. Ahí estaban alojadas las conversaciones que los investigadores cruzaron con el contenido de las agendas y otra documentación y que sustentan ese informe. 

Esa ingente cantidad de información —incorporada como anexo al citado informe— acabó después, en bruto, en manos de las 15 defensas y las 10 acusaciones populares que están personadas en el procedimiento y terminó llegando a los medios, algo que la defensa del expresidente considera un “atropello” a su intimidad. En consecuencia, reclama al magistrado que adopte medidas para evitar la “difusión indiscriminada” de datos personales del expresidente y de otros investigados. 

En concreto, solicita que se abra una “pieza separada de expurgo” para que la Fiscalía y la defensa revisen el material incautado en los registros policiales y eliminen cualquier dato de carácter estrictamente personal antes de que las demás partes tengan acceso a él, así como que se incorporen marcas de agua a los informes y los anexos documentales que se suben a la plataforma informática para evitar y disuadir las filtraciones. 

Además, la defensa del exdirigente socialista sostiene que no se puede abrir una “causa general” contra él y reclama que la investigación se limite a los hechos acotados en su auto de imputación. Así, reclama al juez que ordene a la Policía que limite su investigación exclusivamente a los hechos que fueron delimitados en el auto de 18 de mayo de 2026 que supuso la imputación de Zapatero, centrado en su supuesta relación con el rescate de la aerolínea Plus Ultra y sus supuestos trabajos de consultoría para Análisis Relevante, la sociedad del empresario que pagó cientos de miles de euros tanto a él como a sus hijas. 

La defensa del expresidente también solicita al juez que prohíba de forma “expresa” a los agentes de la UDEF la utilización de información masivamente obtenida de Zapatero o de terceros para investigar cualquier actividad personal o profesional realizada por él más allá de la delimitada en el citado auto. 

En un segundo escrito, el abogado del exdirigente socialista recurre la decisión del juez de permitir que las acusaciones populares personadas en el procedimiento principal se incorporen a la causa por las joyas incautadas en el despacho. “Respetuosamente entendemos que no se ha ponderado adecuadamente – o no se explicita— la legitimación que puedan tener tales acusaciones populares (asociaciones, partidos políticos y particulares) en la presente pieza, pues los hechos y delitos investigados tienen una naturaleza y alcance radicalmente distinto a los de la pieza principal”, señala.

Las últimas revelaciones sobre el caso Zapatero han dado lugar a titulares escandalosos. Resulta que el expresidente se reunía con frecuencia con el actual presidente. No se ha visto nunca nada parecido. Con la cocina adecuada, la máquina de titulares puede ofrecer platos de lo más variados y en general de aspecto sospechoso. Todos apestan a delito. No importa que no tengan una relación directa con los presuntos delitos que se investigan. Forman parte de la guarnición mediática que acompaña a estos casos. El acusado aparece como un personaje siniestro o estúpido. El corolario apropiado, mientras la instrucción sigue su curso, es el de siempre: algo habrá hecho.

El contenido de la agenda personal de José Luis Rodríguez Zapatero fue publicado en la mañana del jueves por múltiples medios gracias a que había aparecido en un informe de la UDEF, incluyendo elementos personales que poco o nada tienen que ver con el proceso judicial. De ahí al sumario y del despacho del juez a las partes personadas, en especial las acusaciones populares. Dirigidas por el Partido Popular, forman parte de ellas Vox y las organizaciones que están siempre en las investigaciones judiciales que afectan al Gobierno. A saber, Manos Limpias, Hazte Oír, Iustitia Europa y Liberum. Son los que quieren meter en prisión a Begoña Gómez y David Sánchez.

Como el juez José Luis Calama no nació ayer ni es la primera vez que ocurren estas cosas en la Audiencia Nacional, debía de saber que algo así podía ocurrir. Su reacción fue similar a la del comisario Renault en la película Casablanca. Acabo de descubrir que se ha filtrado información del caso. No doy crédito. Intolerable y posiblemente ilegal.

Por ello, pidió que un juzgado de Madrid investigara la filtración para identificar “a sus responsables ante su eventual carácter delictivo”. Cree que se han podido producir varios delitos, en especial la “revelación de actuaciones procesales secretas o de informaciones reservadas”.

Hay que preguntarse por qué el magistrado no tomó la medida que habría impedido este tráfico de datos personales y cuestiones de vida privada. Podría haber ordenado a la policía que revisara antes todo ese material para borrar aquellos asuntos sin relación con los delitos investigados. Quizá se trate de una persona de gran bondad natural que no se imagina que grupos ultraderechistas como Manos Limpias y Hazte Oír intenten aprovechar su acceso al sumario para favorecer sus conocidos intereses políticos.

En lo sucesivo y por decisión del juez, el acceso al archivo virtual quedará limitado al Partido Popular, elegido por Calama para dirigir las acusaciones populares, y ya sabemos que el PP no tiene un interés político en este caso. Está ahí por puro sacrificio personal y para echar una mano a la Fiscalía.

Los agentes se hicieron con las agendas de los años 2024 y 2025 en el registro de la oficina de Zapatero el 19 de mayo. Los titulares exprimieron a fondo el contenido. Todo lo que conectara al expresidente con Pedro Sánchez tenía preferencia, como si hubiera alguna duda sobre su relación. “Zapatero se reunió al menos diez veces con Sánchez en 2024 y 2025 para despachar sobre Puigdemont y política exterior”, escribió El Español. En alguna ocasión, quedaban para tomar “un café” en Moncloa. Un hecho de gran impacto noticioso.

En El Confidencial emplearon la típica confusión entre correlación y causalidad: “La UDEF certifica que Zapatero se reunía con Sánchez y sus ministros mientras facturaba millones por su influencia”. Es una forma de colocar en la misma frase a Sánchez y al dinero conseguido por Zapatero de forma supuestamente ilegal. El artículo sugiere –sin más pruebas que la celebración de esos contactos frecuentes– que utilizaba esa influencia para favorecer a sus negocios. La elección del lenguaje es poco inocente. Habla de “los tentáculos del dirigente socialista”. Un pulpo del tráfico de influencias, se podría decir.

El Mundo las llama “las agendas hiperactivas” de Zapatero. El valor de contar con expresidentes y ex primeros ministros puede estar exagerado, pero son muy requeridos por políticos y empresas, no necesariamente para cometer delitos.

Zapatero ha sido el consejero más directo de Sánchez fuera del Gobierno desde antes de las elecciones de 2023. Tuvo un papel protagonista en la campaña electoral que el presidente valoró mucho. A diferencia de la vieja guardia socialista y a pesar de haber apoyado a Susana Díaz en las primarias, Zapatero mostró después su apoyo público a Sánchez. Para los votantes, era una forma de conectar al actual PSOE con sus años en el Gobierno y sus medidas más populares. Para el expresidente, una forma de hacerse perdonar el fracaso final de su segundo mandato por la crisis económica.

Entre el material filtrado, hay varios ejemplos de cuestiones de vida privada de utilidad inexistente para la investigación, pero suficiente para un titular de OK Diario (el baremo no es muy alto en este caso). Por ejemplo, que iba a la peluquería cada cuatro semanas, entre otras cosas para perfilar las cejas, que cenó un día con el presentador televisivo Javier Ruiz y su pareja Sarah Santaolalla o mensajes sobre la gestión de una entrevista con el medio prosocialista El Plural. Es posible que hasta el PP piense que ninguna de esas tres cosas es delito.

Esta filtración continúa la tendencia habitual en muchas instrucciones. Ser imputado en una causa de gran interés periodístico suspende el derecho a la intimidad y libre imagen de los acusados. La policía se hará con el contenido de su teléfono móvil y luego parte de esa información acabará publicada en los medios por muy irrelevante que sea. Algunos jueces no se inmutarán. Otros, como ahora Calama, pedirán que se investigue sabiendo que nadie reconocerá la autoría ni habrá pruebas para acusar a nadie.

Cada vez está más claro que borrar de forma periódica el contenido del móvil es la opción más recomendable en las profesiones del ámbito de la política. La alternativa es fiarse de un juez y acabar con tus cuestiones personales aireadas en todos los titulares y ofrecidas de forma que parezcas sospechoso.

La defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha presentado ante la Audiencia Nacional un incidente de nulidad al entender que se ha vulnerado su derecho al juez predeterminado por la ley y a la defensa. Añade que se ha incorporado al procedimiento prueba ilícitamente analizada -por los 'wasaps' de un abogado investigado, y por tanto se ha vulnerado el derecho a la intimidad, a la protección de datos y al secreto de las comunicaciones.

“Se solicita la declaración de nulidad general de las actuaciones”, indica el letrado Víctor Moreno Catena, que marca como nulas específicamente una veintena de resoluciones entre las que está la que permitía las entradas y registros de diciembre de 2025, el auto de inhibición del Juzgado de Instrucción de Madrid número 15 en favor de la Audiencia Nacional, la resolución que acordaba el registro de su oficina de la calle Ferraz o el auto que daba pie a la creación de una pieza separada para investigar al expresidente por los delitos de contrabando y contra la Hacienda Pública por el hallazgo de joyas valoradas preliminalmente en 1,3 millones de euros.

Para sostener la nulidad, la defensa recuerda que “la gestación” de las diligencias que dieron pie a esta causa “ha sido enormemente compleja, con la apertura, el cierre y reapertura de actuaciones judiciales”. Se remonta a 2021, cuando se abre una causa para investigar el rescate público de Plus Ultra, y recuerda que esa vía acabó en sobreseimiento en enero de 2023. Tras esto, salta a la auxilio judicial solicitado por Suiza y Francia a la Audiencia Nacional de 2024 que culminó con registros el 24 de octubre de ese año.

En paralelo, la Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia el 21 de octubre de 2024 que fue inadmitida. Esto, recuerda, provocó que el fiscal jefe de Anticorrupción acordara abrir diligencias de investigación con la finalidad de examinar el material intervenido (entre ellos, conversaciones de WhatsApp) en los registros ordenados por las autoridades competentes de Francia. Y previamente a esa decisión, la fiscal del caso interesó copia del volcado de ese material incautado, algo que la Audiencia Nacional acordó. Para la defensa, “la Fiscalía asumió competencias de investigación que estaban ya reservadas al juez instructor, que es también juez de garantías”.

“No son admisibles las investigaciones paralelas, ni el solapamiento de quienes intervienen en la persecución penal, ni las actuaciones que vayan en contra de asumir sin reservas el papel y la autoridad del juez de instrucción como director único de la investigación penal”, añade.

Con todo, el trabajo realizado por la Fiscalía se presentó una nueva denuncia, esta vez ante el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, el mismo que había archivado la causa del rescate de Plus Ultra, al entender que se trataba de hechos “presuntamente conexos”. Y el juzgado decidió abrir una pieza separada secreta a pesar, dice la defensa, de que “los hechos denunciados eran enteramente ajenos y distintos a lo que se venía investigando desde 2021”. “Tampoco, a pesar de abrir una pieza separada de la principal, se produce la reapertura del procedimiento archivado, lo que da idea de que se ha presentado una conexidad en realidad inexistente”. El asunto derivó en las entradas y registros de diciembre de 2025. Julio Martínez Martínez -amigo de Zapataro- y dos altos directivos de Plus Ultra fueron detenidos.

El letrado explica que, a la vez que el juzgado abría esa pieza separada, la Fiscalía proseguía con una investigación independiente y paralela sobre los mismo hechos, y analizaba el material incautado gracias al auxilio a Francia y Suiza. El 23 de febrero de 2026 el juzgado madrileño se inhibía y el 3 de marzo la Audiencia Nacional decía que aceptaba quedarse con la causa. El juez José Luis Calama entraba en juego.

Tras este repaso al histórico de las investigaciones, el letrado argumenta las nulidad solicitada. Y primero se fija en la vulneración del de derecho de Zapatero al juez predeterminado por la ley. Entiende que no solo la Audiencia Nacional no es competente sino que tampoco el juzgado de Madrid lo era, y pone el foco en que se abrió una pieza separada sin reabrir la causa principal -el rescate de Plus Ultra-.

“No se trata, en definitiva, de que se desgaje una parte de la instrucción que está llevando el Juzgado de Instrucción nº 15 para investigar nuevos hechos conexos que se hayan descubierto: lo que ha asumido el Juzgado de Instrucción nº 15 es, simplemente, la competencia para conocer de una denuncia nueva por hechos distintos a los ya instruidos”, lamenta. Para la defensa, la denuncia de Fiscalía debió llevarse a reparto “y no teledirigirse” al juzgado de Plus Ultra. Tampoco comprende “el viaje” posterior del procedimiento hasta acabar en manos de Calama. Y tacha el auto de inhibición de “parco” y carente de motivación.

Además, la defensa explica que el análisis de las conversaciones obtenidas del 'wasap' del abogado Miguel Palomero se realizaron sin autorización judicial, y que fueron incorporadas a informes policiales. “Nos encontramos con una injerencia no autorizada, cuanto menos, en el derecho al secreto de las comunicaciones, a la intimidad y a la protección de los datos personales de Palomero, que derivaría del manejo por la policía y el fiscal, desde la misma génesis del proceso, de una prueba ilícita, que debe ser excluida”, añade.

El juez José Luis Calama, que investiga el caso Plus Ultra y a José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional, ha anunciado que tomará medidas tras las filtraciones de las agendas y conversaciones privadas del expresidente del Gobierno, aportadas a la causa por la UDEF en su último informe. El magistrado ha deducido testimonio para que un juzgado de Madrid “investigue las filtraciones e identifique a sus responsables” al destacar “la gravedad de los hechos”. Otra medida es formar una pieza de “información sensible” para aportar las grabaciones de los interrogatorios, de manera que solo la Fiscalía y el juez tengan acceso a ellas.

Las agendas de Zapatero relativas a 2024 y 2025, así como los mensajes que intercambió con su secretaria Gertrudis Alcázar, fueron incautadas por esta unidad policial durante los registros en la sede central del PSOE de la calle Ferraz hace unas semanas y aportadas al procedimiento en los últimos días. Un informe de la UDEF que acusa al expresidente de cobrar 200.000 euros a cambio de ejercer su influencia política en Bolivia a favor de una empresa peruana y que bebía de varias fuentes: las agendas y los mensajes. Unas agendas y unos mensajes que fueron aportados íntegramente al procedimiento en forma de anexos, sin retirar aquellas cosas no relacionadas con la investigación, y puestos así a disposición de las partes desde el juzgado de Calama.

El entorno de Zapatero ya denunció ayer la filtración de estas agendas y estos mensajes que van mucho más allá de la investigación y reflejan, por ejemplo, sus citas con políticos y empresarios del más alto nivel, así como conversaciones con su secretaria sobre asuntos personales y profesionales. Desde el terreno de la política, el Gobierno y varios de sus socios han calificado de “gravísimo y escandaloso” que estas agendas y chats privados hayan llegado a los medios de comunicación sin que el juez o la UDEF hayan realizado un expurgo previo del material no relacionado con el caso.

El juez Calama, que puso esta documentación a disposición de las partes, ha anunciado este jueves que solicitará a los juzgados de Madrid que investiguen estas filtraciones e identifiquen a los responsables “dada la gravedad de los hechos”. A nivel interno, también abrirá una pieza separada de “información sensible” para almacenar las grabaciones de las declaraciones de testigos y acusados, a las que solo podrá acceder él mismo y la Fiscalía.

Las partes, que tienen derecho a consultar el contenido de estas declaraciones, tendrán la transcripción de su contenido y podrán ir presencialmente a consultar fragmentos si lo necesitan. Y la media docena de acusaciones populares personadas en el caso ya no podrán acceder a la plataforma digital donde se almacena esta información. Solo podrá hacerlo el PP, que ostenta la dirección de todas esta acusaciones. “Se han producido filtraciones constantes e inmediatas a medios de comunicación, alcanzando su máxima expresión en el día de ayer”, lamenta el juez.

La causa de la Audiencia Nacional en la que está imputado José Luis Rodríguez Zapatero ha alcanzado una nueva dimensión después del último informe policial aportado al juez José Luis Calama. El atestado, al que ha tenido acceso elDiario.es, pone la lupa sobre los negocios del expresidente del Gobierno en Latinoamérica y le acusa de cobrar 200.000 euros a cambio de usar su influencia en favor de una empresa en Bolivia. Se trata de sospechas que van más allá de su supuesta relación con el rescate millonario de la aerolínea Plus Ultra en España y sus supuestos trabajos de consultoría para Análisis Relevante, la sociedad del empresario que pagó cientos de miles de euros tanto a él como a sus hijas. 

La tesis del juez Calama es que esos pagos de Análisis Relevante eran facturas simuladas para canalizar los fondos que cobraba la trama a compañías con intereses en obtener ayudas públicas o favores, como Plus Ultra. En su declaración ante el juez, Zapatero defendió que hay un trabajo real detrás; tanto suyo, que realizaba informes de consultoría; como de sus hijas, que se encargaban de maquetarlos. Sin embargo, el último atestado policial aportado al sumario ahonda en la tesis de que el expresidente camuflaba bajo falsos contratos de asesoría supuestas gestiones con “altas esferas políticas”. 

En este caso, la UDEF le acusa de haber cobrado 200.000 euros del conglomerado peruano Grupo Gloria, propietario de Soboce, una cementera boliviana que había sido condenada a pagar más de 100 millones de dólares a otra empresa por competencia desleal. Esos 200.000 euros habrían llegado a Zapatero a través de la “sociedad interpuesta” Focus Social Research, de origen peruano, con quien firmó un contrato de consultoría. Pero el atestado sostiene que el expresidente no hizo trabajo de asesoría alguno, sino que se desplazó a Bolivia en septiembre de 2024 para reunirse “con altas esferas políticas” del país.

Los investigadores se basan, para ello, en el contenido de las agendas del expresidente que los agentes se llevaron de su despacho el pasado mayo y de los mensajes incautados a su secretaria Gertrudis Alcázar, también imputada. Esos mensajes apuntan a que negociaba facturas, borradores de contrato y pagos con una directiva del Grupo Gloria y con otra intermediaria, la exembajadora boliviana Carmen Almendras; y que agendó reuniones con mandatarios del país tras mantener conversaciones con ambas. 

La UDEF concluye que estos hechos son una prueba más de que “aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional”, Zapatero se dedicaría al “ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes”. 

En el entorno del expresidente defienden que ese trabajo fue “una actividad de consultoría legal por completo”, y que además no tiene nada que ver con el objeto de la causa abierta en la Audiencia Nacional, centrada en si influyó en el rescate con dinero público de la aerolínea Plus Ultra, algo que ha negado de forma reiterada. “Sería inaceptable hacer una investigación prospectiva de la tarea profesional del expresidente”, denuncian estas fuentes al entender que este nuevo informe se nutre de mensajes con su secretaria que nada tienen que ver con el préstamo a la aerolínea. 

La sospecha de los investigadores, sin embargo, es que ese contrato escondía un mecanismo para vehicular los pagos por ejercer su influencia sobre el entonces presidente boliviano Luis Arce y otras autoridades y solucionar el litigio millonario que afectaba a la empresa cementera. En febrero de 2025, unos meses después de la visita de Zapatero, el Tribunal Supremo de Bolivia condenó a la cementera a pagar 107 millones de dólares a la empresa rival. Pero tres meses después, otro tribunal dejó sin efecto la orden de pago. En la actualidad, el Tribunal Constitucional está pendiente de confirmar o revocar ese amparo.

La Policía no acusa directamente a Zapatero de haber conseguido que los tribunales de Bolivia dieran la razón a esta empresa de la que cobraba, pero sí superponen ambos hechos de forma cronológica. “Se desprende que Zapatero solicita la intermediación del presidente Arce ante el Procurador General, si bien la intermediación la haría directamente el ministro Siles por indicación del propio Arce”. Luis Arce fue presidente de Bolivia entre noviembre de 2020 y noviembre de 2025, pocos meses después de esa supuesta intermediación. César Siles, por su parte, fue ministro de Justicia de Bolivia hasta su dimisión en junio de ese año.

Las agendas íntegras de Zapatero

El último informe de la UDEF aportado al procedimiento tiene dos fuentes principales, según citan los propios investigadores: las agendas de Zapatero correspondientes a los años 2024 y 2025 y las conversaciones de WhatsApp y correo electrónico que su secretaria mantuvo tanto con sus contactos en Latinoamérica como con el propio expresidente. El entorno del expresidente del Gobierno ha mostrado su malestar en las últimas horas por la aportación íntegra de esas agendas y conversaciones al procedimiento, y su posterior publicación, sin que haya existido un expurgo previo por parte de la UDEF. Desde el PSOE también han cargado contra esa difusión porque son, en su mayoría, mensajes privados: “Utilizar una investigación para exponer aspectos de la vida privada ajenos al procedimiento genera indefensión y desborda los límites que deben proteger cualquier actuación judicial”.

La documentación aportada al sumario por la unidad policial en forma de anexos revela, por ejemplo, que Zapatero reaccionó a la detención el pasado diciembre de su amigo Julio Martínez Martínez, el empresario que le pagó a través de Análisis Relevante 490.780 euros a Zapatero y 239.755 a la empresa de sus hijas entre 2020 y 2024. Los mensajes muestran que a partir de entonces empezó a recopilar información sobre su actividad profesional como consultor, así como sobre las conferencias y cursos en los que había participado desde 2020. “¿De cuánto es la primera factura de AR?”, preguntó a su secretaria en alusión a Análisis Relevante cinco días después de la detención del empresario.

Las agendas y conversaciones recogen información relacionada con sus trabajos en Bolivia, pero su aportación en bruto al procedimiento ha dejado al descubierto todas y cada una de sus citas de 2024 y 2025 así como conversaciones privadas con su secretaria sobre la actualidad política, gestiones sobre transportes y la salud de familiares. 

El contenido de estos documentos revela sus relaciones con grandes empresarios españoles: Ángel Escribano (Indra), Carlos Torres (BBVA) o Mario Ruiz-Tagle (Iberdrola), entre muchos otros. Y también figuran reuniones con otros políticos, no solo del PSOE, como Irene Montero, Pablo Bustinduy y Yolanda Díaz. 

El caso que investiga a Zapatero avanza en la Audiencia Nacional y el juez Calama ha puesto en marcha varias diligencias clave para las próximas semanas. El empresario Julio Martínez Martínez está llamado a declarar el próximo 21 de julio en calidad de investigado. Además, el juez también ha imputado a Alba y Laura, las hijas del expresidente, y a la secretaria Gertrudis Alcázar.

El informe de la UDEF recién incorporado al proceso sobre los negocios de Zapatero en Bolivia fue redactado el 22 de junio, varios días después de que el expresidente compareciera como investigado ante el juez Calama. A lo largo del interrogatorio el magistrado intentó preguntar al político por este contrato con Focus Social Research, pero Zapatero se negó a contestar: “No voy a decir nada más de esto. Tengo un contrato de asesoramiento y ya está”, afirmó.

El avance de las pesquisas determinará si el instructor pone en marcha más diligencias sobre los negocios internacionales de Zapatero no relacionados con Plus Ultra ni con Análisis Relevante y su amigo Julio Martínez Martínez. 

Vamos a hacer un ejercicio de escucha. Desde que hace casi un mes el juez Calama imputara a Zapatero por siete delitos distintos en el caso Plus Ultra, más allá de unas primeras palabras que grabó en un vídeo, no habíamos podido escucharle: no había dado entrevistas ni ruedas de prensa. 

Hemos tenido acceso a las más de dos horas de interrogatorio del 17 de junio en la Audiencia Nacional. Calama pregunta y Zapatero responde. Uno cuestiona y el otro se defiende. A la palestra: las joyas, la relación de Zapatero con Análisis Relevante, la empresa de Julito Martínez, los viajes al extranjero, la empresa de las hijas y las sociedades offshore. Esta solo será la primera quizá de muchas conversaciones.

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La resolución que dictó el juez José Luis Calama a finales de mayo ya apuntaba a que esto acabaría ocurriendo: Alba y Laura Rodríguez Espinosa deberán declarar como imputadas ante la Audiencia Nacional. Constan como administradoras solidarias de la sociedad Whathefav SL, y la UDEF considera que ese fue uno de los instrumentos utilizados para canalizar fondos hacia el entorno del expresidente en el marco de la presunta trama dedicada al tráfico de influencias que lideraba el exlíder socialista.

¿Pero qué indicios hay de la presunta actividad irregular de esa empresa 'nacida' para el marketing? El informe de la UDEF que dio pie al registro de su sede asegura que Whathefav habría generado “facturación ad hoc destinada a dotar de cobertura formal determinados movimientos financieros o mercantiles”. Y que, analizado su trabajo, se percataron de que no aportaban “un valor técnico especial” porque, simplemente, ponían 'bonitos' informes que les llegaban de Análisis Relevante —la consultora de Julio Martínez, amigo de su padre— y los enviaban a un listado que era facilitado y elaborado por el propio Zapatero. La nada, en opinión de la Policía.

Calama, en el auto que trascendió este jueves —un día después de que Zapatero declarara como imputado— indica que concurren “indicios racionales” de que participaron en el entramado dada “su posición orgánica” en la empresa. Recordaba que en el caso de administradores de sociedades presuntamente instrumentales, como es el caso de Alba y Laura Rodríguez Espinosa, la conexión deriva de la propia estructura societaria. Y es que “quien ostenta la representación formal es el responsable de la actuación de la persona jurídica y de la adopción de decisiones que permiten o facilitan su operativa”.

La UDEF, Anticorrupción y el juez tienen sobre la mesa pagos a Whathefav SL por un valor superior a 800.000 euros. Quienes les pagaban eran Análisis Relevante e Inteligencia Prospectiva, la sociedad vinculada a los hermanos Amaro Chacón. Ambas empresas estaban vinculadas a los negocios de Zapatero, y en su declaración del pasado miércoles el expresidente no logró dar explicaciones convincentes que justificaran ya no solo qué trabajo hizo realmente él para cobrar (por ejemplo) 490.000 euros de la empresa de su amigo Julio Martínez, sino tampoco qué función cumplían las hijas para facturar por simples trabajos de maquetación.

Según los audios a los que ha tenido acceso elDiario.es, Zapatero en su interrogatorio reconoció que las había “apoyado” pero defendió su trabajo y recordó que esa empresa se creó en 2019. “Tienen una empresa, trabajan bien, y quiero subrayar que por ser quienes son nunca contrataron con la Administración Pública”, argumentó.

El magistrado también se interesó por el más de medio millón de euros que la agencia de Laura y Alba Rodríguez Espinosa recibió de otra sociedad, Inteligencia Prospectiva, propiedad de dos hermanos venezolanos y que también hizo pagos a Análisis Relevante. Aseguró que no intervino “absolutamente para nada” en la relación comercial que forjaron sus hijas con dicha sociedad ni revisó las condiciones de esos acuerdos.

Para la UDEF, Alba y Laura Rodríguez Espinosa pilotaban “un centro de redistribución de flujos económicos” en el entramado y sustenta esta aseveración en que gran parte de los fondos de la agencia acababa en cuentas bancarias personales de ambas en las que el propio Zapatero figuraba como autorizado. En concreto, Laura ingresó 247.191,06 euros en casi cinco años, entre abril de 2021 y diciembre de 2025. Alba se hizo con 199.904,25 en casi tres años, entre abril de 2023 y diciembre de 2025.

Otro indicio que pesa en su imputación es un clásico en los casos en los que se investiga un delito de blanqueo: las facturas genéricas. Los investigadores explican que Whathefav SL emitía sus facturas bajo el concepto genérico de “servicios agencia” y “sin figurar mayor detalle o concreción respecto de las prestaciones realizadas”.

Las cantidades de Whathefav

Si hubiera que dibujar un circuito del dinero, habría que empezar el trazo en la empresa epicentro de la trama, Análisis Relevante, una consultora que el juez considera “pieza instrumental” carente de toda “lógica empresarial” y de la que las hijas de Zapatero habrían cobrado 239.755 euros. Consta un contrato firmado el 1 de junio de 2020 entre ambas sociedades para supuestos servicios de marketing, posicionamiento en Internet y logística de eventos.

Las hijas de Zapatero constituyeron su empresa en septiembre de 2019, pero sus inicios no fueron nada halagüeños. Las hermanas cerraron el primer ejercicio fiscal con pérdidas de poco más de 3.000 euros. La creación de Análisis Relevante tuvo un efecto directo en la economía de ambas. En 2020, Whathefav ya facturaba 155.791,66 euros. La cuenta de resultados dio positivo: 31.948,23 euros. Además de tener a Análisis Relevante como principal proveedor, los medios de comunicación añadían un extra a la facturación. La Razón fue el primero, pero luego se sumarían El Español, El Plural, Público o Neox.

Pero los pagos de Análisis Relevante cobran otra dimensión después de que la fiscal del caso, Elena Lorente, haya apuntado a que la agencia de las hermanas Rodríguez Espinosa se “benefició”, a través de la sociedad de Julio Martínez, de los pagos procedentes de Plus Ultra, la aerolínea rescatada y que presuntamente contó con los esfuerzos y la influencia del expresidente.

A los pagos de Análisis Relevante se suman los de Inteligencia Prospectiva, otra consultora con sede en un piso en Madrid, sin actividad empresarial, y propiedad de dos hermanos venezolanos, los Amaro Chacón. En cuatro años abonó a Whathefav 561.440 euros. El juez sacó a colación esa cifra, pero Zapatero dijo que no tuvo nada que ver con eso y que sus hijas les conocían porque eran de su edad: “Ellos fueron los que decidieron contratar a Whathefav”.

Y ya, en otra escala, los investigadores también ponen el foco en otro pago de 20.000 euros con fecha del 27 de abril de 2020 a la empresa de las hijas de Zapatero por parte del empresario venezolano Danilo Diazgranados, también investigado en este caso. La UDEF y la ONIF han constatado que ese pago no figura en la información tributaria de la agencia de las hermanas correspondiente al ejercicio 2020.

Con estos datos, las hijas de Zapatero deberán afrontar una declaración que, como ya ocurriera con su padre, será capitalizada por el juez Calama. El magistrado ya demostró ante el expresidente que no le hace falta apoyarse en la fiscal del caso para sacar adelante los interrogatorios. Está por ver si, al contrario de lo que hiciera su padre, ellas optan por la vía de declarar solo a su abogado o la de acogerse a su derecho a no responder a nadie.