El consejero de Cultura y Turismo, Gonzalo Santonja (Vox), ha negado que tras la ruptura entre PP y Vox en julio de 2024 él haya sido el único consejero de esta última formación que sigue en el gobierno autonómico debido a algún 'peaje': “no tengo ninguna factura con nadie”, ha afirmado este lunes.

“Me he metido en la consejería sin necesitarlo y estoy aquí por un compromiso ético y profesional con el patrimonio. Mis obligaciones son las que asumí al jurar el cargo (abril de 2022): son esas y no admito ninguna otra”, ha respondido al parlamentario de Vox Miguel Suárez.

Por dos veces, al principio y al final de su intervención en la comisión de Economía y Hacienda, Miguel Suárez le ha preguntado a Santonja por el coste de la “factura” que le permite “tener las posaderas” en el cargo de consejero. Tras reprochar al parlamentario de Vox un lenguaje “más propio de la taberna” que de un parlamento, el consejero ha insistido: “Ni me he planteado facturas ni las admito”.

Relación con Mañueco

La relación personal entre Santonja y el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), “se acentuó con la crisis del Archivo de Salamanca, de donde se extrajeron indebidamente muchos documentos y se rompió un archivo estatal; allí estuvimos él y yo dando la cara y lo pagamos caro”, ha recordado veinte años después.

“No he tenido ninguna situación difícil ni con el gobierno de coalición (PP-Vox) ni después”, ha proseguido Santonja quien al dirigirse a Miguel Suárez le ha manifestado su extrañeza por el tono empleado: “No entiendo su hostilidad, la consejería se sigue rigiendo por los mismos parámetros”.

El consejero ha comparecido este martes por la mañana ante la comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León para explicar y pormenorizar el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026 en su departamento (Cultura, Turismo y Deporte), dotado de 221,8 millones, un 3,8 por ciento más, pendiente de debate en el parlamento autonómico.

El PSOE rechaza un proyecto “cicatero, escuálido e impotente”

El proyecto de presupuestos de la Consejería de Cultura y Turismo para 2026 es “cicatero, escuálido e impotente” a juicio del parlamentario socialista José Ignacio Martín Benito, quien ha acusado al gobierno autonómico de que “sólo vende humo”. “¿Qué fue del libre acceso digital a los documentos de los archivos provinciales que se dilata en el tiempo? ¿Qué fue del Plan del Lectura desde que en 2020 caducó el anterior?, ha preguntado el portavoz socialista al consejero de Cultura y Turismo, Gonzalo Santonja.

Martín Benito cree que “no hay voluntad” en la Junta de Castilla y León y ha puesto como ejemplo el incumplimiento de los compromisos adquiridos en las Cortes que, en su opinión, “han quedado destrozados” en lo que a la cultura, turismo y deporte se refiere. “Hace falta otro modelo presupuestario y un cambio político en la Junta de Castilla y León”, ha concluido.

El procurador no adscrito Francisco Igea ha responsabilizado al gobierno autonómico de haber convertido durante los últimos años a los Premios Castilla y León “en un factor de riesgo en vez de una celebración”, hasta el punto de que “la gente ya no va” por su carácter “sectario y de clientelismo”, ha precisado.

Igea ha centrado sus críticas en la escasa ejecución presupuestaria del pasado ejercicio, y en el declive del turismo rural en una comunidad que habitualmente es líder de estancias y pernoctaciones. El turismo rural en Castilla y León “está plano total, menos visitantes y pernoctaciones el pasado agosto en relación con 2019”, ha anotado Igea durante una intervención en la que ha criticado el acuerdo para la declaración BIC del Toro Jubilo en Medinaceli (Soria): “prender fuego en las astas de un animal”, ha lamentado.

Por último, ha defendido el nombre de Valentín Garrido, represaliado durante la guerra civil, “por defender los valores democráticos”, ha apostillado, para las instalaciones deportivas Llano Alto en Béjar (Salamanca) que promovió cuando fue concejal y que, en caso de ser aprobados estos presupuestos, serán reformadas con 800.000 euros en 2026.

El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha autorizado a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte la concesión de una subvención de 26.000 euros a la Diputación Provincial de Salamanca como titular de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca, “para el desarrollo de su actividad y su funcionamiento, así como para apoyar la labor de promoción de la tauromaquia que desempeña”, según ha informado a través de un comunicado. Es la misma cantidad que la Consejería ha consignado en 2024 y 2023, cuando entró en la consejería Gonzalo Santonja, el único consejero que colocó Vox y que conservó su cargo después de la ruptura del partido de Abascal con el PP el año pasado.

La concesión de esta subvención a la institución provincial salmantina tiene como objetivo contribuir al sostenimiento económico de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca de la que es titular, en su labor de fomento y difusión de la tauromaquia, en la recuperación de la tradición taurina asociada a las ermitas rurales y en la formación de futuros profesionales que den continuidad a la fiesta de los toros.

La Escuela de Tauromaquia de Salamanca tiene entre sus funciones “contribuir a la fiesta de los toros mediante la búsqueda de nuevos valores que velen por su permanencia y pureza”, así como promocionar y fomentar “la afición y la cultura taurina”. En desarrollo de estas funciones, la actuación se dirige básicamente, a impartir enseñanzas teórico-prácticas relacionadas con las diversas suertes del toreo que ayuden a los aspirantes a toreros a formarse como tales.

En este aprendizaje se incluyen enseñanzas culturales y profesionales, para que los alumnos adquieran también, una formación adecuada, además de colaborar con las restantes instituciones públicas y privadas relacionadas con la fiesta, así como desarrollar actividades para el cumplimiento de sus objetivos, organizando concursos, exposiciones, conferencias, festivales o novilladas.

La Asociación para la Reconciliación y la Verdad Histórica , que quiere rehabilitar la Pirámide fascista de los Italianos, deberá presentarse a unas líneas de ayuda ordinarias. Así lo ha confirmado a Vox el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, que en 2022 obtuvo la Consejería gracias precisamente a esta formación política, a la que no estuvo adscrito y por lo que evitó que Mañueco lo cesara cuando Vox se marchó de los gobiernos autonómicos.

Santonja ha asegurado que hay “dos convocatorias de ayudas con concurrencia competitiva” y llegarán a “quien corresponda”. El consejero de Cultura ve “normalidad” en el proceso y ha insistido en que él como consejero no puede “decidir el dinero que se dedica a una cuestión”. “Que presente un proyecto y se estudiará y se evaluará”, ha aseverado el consejero de Cultura.

Este santuario funerario, construido en el puerto del Escudo entre 1938 y 1939 para inhumar los restos de los soldados italianos enviados por Mussolini durante la Guerra Civil, fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en febrero de 2024 gracias, en parte, a un informe de folio y medio y otro con citas a Vox. El objetivo de esta declaración era impedir que el Gobierno de España incluyera a la pirámide en el listado de elementos contrarios a la Ley de Memoria Democrática y se ordenara su demolición.

La procuradora de Vox Susana Suárez ha reprochado que Gonzalo Santonja no haya recibido al arquitecto de la Asociación para la Reconciliación y la Verdad Histórica y le ha reprochado que no haya querido saber “nada más” sobre la pirámide desde que se fue “de la manita del PP”. Suárez también le ha preguntado si ha recibido alguna orden del presidente de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Mañueco, de “mirar a otro lado”. “Desde Vox seguiremos pendientes de que Junta de Castilla y León cumpla con sus compromisos”, ha zanjado Susana Suárez.

Gonzalo Santonja ha reiterado la necesaria legalidad que tienen los procedimientos administrativos y se ha mostrado convencido de la convocatoria será valorada “con absoluta justicia y transparencia”.

Sí que ha reconocido que una persona llamó a la Dirección General de Patrimonio diciendo que era el arquitecto de la asociación y se le remitió al procedimiento ordinario para la rehabilitación de los bienes de interés cultural. Estamos por el trabajo, no por el ruido ni los líos“, ha concluido el consejero de Cultura.

Vox en las Cortes de Castilla y León ha afeado al consejero de Cultura de Castilla y León, Gozanlo Santonja, la decisión de no incoar un expediente de declaración como Bien de Interés Cultural sobre el 'Águila de Sagardía'. Santonja es el único consejero designado por Vox que se mantiene en el cargo tras la ruptura del acuerdo con el PP en julio.

Vox ha cuestionado a la Junta por la escultura situada en el páramo de Bricia, al norte de Burgos, fabricada en 1940. Construida en mármol y hormigón, el régimen franquista quiso homenajear al general Antonio Sagardía por su participación en el golpe militar contra la II República. El 'Águila de Sagardía' se postulaba para ser protegido y evitar así su eventual destrucción, fruto de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática. Sin embargo, la Junta de Castilla y León ha decidido, finalmente, no incoar el expediente de Bien de Interés Cultural (BIC).

El procurador Miguel Suárez Arca, en una pregunta sobre si va a “proteger el patrimonio cultural e histórico de la doctrina de la cancelación y del sectarismo ideológico”, ha reprochado a su excompañero que su “jefecilllo” (en referencia al presidente de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco) solo ha tardado “un mesecito” le presione en “aprobar o no” bienes culturales.

El representante de Vox ha indicado que su partido no presionó a Santonja para firmar la incoación como BIC de la monumento fascista de la 'Pirámide de los Italianos' situada en el norte de Burgos.

Para el procurador, a Fernández Mañueco, al que ha calificado como “jefecillo”, se le está “empezando a poner cara de Ayuso con el tema del Valle de los Caídos”.

Suárez Arca también ha criticado que Santonja haya pasado a estar “al servicio del señor Mañueco y de esas políticas pánfilas de la oposición serena” al que solo importa la opinión del “PSOE y sindicatos” y se haya olvidado de las “virtudes” que tenía al ser nombrado por Vox.

El procurador ha comporado la posicion de Mañueco con las acciones del “Estado Islámico” en la destrucción de la ciudad siria de Palmira “con la única diferencia de que allí no tienen la complicidad silenciosa del PP”. “Está dando el primer paso para convertirse en parte del problema, y, si lo hace, esa indignidad le seguirá a usted el resto de su vida”, ha lamentado Suárez Arca.

Santonja: “Yo no estoy al servicio de nadie”

Santonja ha pedido a Suárez Arca que no se refiera del presidente de la Junta como “jefecillo”. “Yo no estoy al servicio de nadie, no lo he estado nunca y no lo estoy y no lo voy a estar. Yo no tengo jefecillos”, ha respondido el consejero quien ha agregado que solo está al servicio de los “ciudadanos” y comprometido con el patrimonio y con la cultura de Castilla y León.

El titular de Cultura ha replicado que rechaza “de forma contundente y explícita” cualquier interpretación política, ideológica y sectaria del patrimonio de Castilla y León. El consejero también ha negado que la no incoación del 'Águila de Sagardía' responda a “la cultura de la cancelación”.

Desviando el tema central de la pregunta de Vox, Santonja ha instado a sus excompañeros a apoyar el techo de gasto que se votará este miércoles -el PSOE ha anunciado que se abstendrá- para poder apoyar al pratimonio de Castilla y León.

El consejero ha definido su gestión asegurando que está “reescribiendo la historia” al mostrar que los orígenes del castellano no están en La Rioja, “sino en Valpuesta”, (Burgos). “Estoy recuperando nuestra grandeza”, ha resumido Santonja.

La asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia ha pedido al consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, que nombre el albergue de Béjar en recuerdo al diputado provincial Valentín Garrido Muñoz, fusilado en 1937 e impulsor de este albergue juvenil. Es una solicitud que suscribe esta asociación memorialista en apoyo a la instancia de los alumnos de la línea de Memoria Democrática de la Clínica Jurídica de Acción Social de la Universidad de Salamanca.

Garrido fue elegido concejal en el Ayuntamiento de Béjar en 1931 y trabajó el como procurador de los Tribunales y diputado provincial entre 1931 y 1936 por Izquierda Republicana. En agosto de 1936 fue detenido e ingresado en prisión con la acusación de pertenecer a un partido político de izquierdas.

Valentín Garrido fue fusilado en la tapia del cementerio de Salamanca junto a otros once bejaranos el 1 de enero de 1937, entre los que se encontraba su sobrino de 29 años. La familia de Valentín Garrido se vio obligada a abandonar Béjar y marcharse a Salamanca a vivir después del asesinato de tres de sus miembros y la cesión de bienes forzada.

“La memoria de Valentín Garrido y su familia, víctimas de los horrores de la guerra, debe recuperarse como un recuerdo de lo que sucedió y de lo que no puede repetirse. La manera de lograrlo es precisamente recordándoles en el Albergue de Llano Alto, recuperando el legado de Valentín Garrido como representante del pueblo bejarano. Esta petición responde a un deber moral de reparación de las personas que, defendiendo el orden democrático y republicano, fueron perseguidas y represaliadas”, sostiene en el escrito el presidente de la asociación, Julio Fernández.

Promotor del edificio

Además, Valentín Garrido fue el promotor de la construcción del edificio que aloja actualmente el albergue. En su momento, estaba previsto destinarlo a las colonias infantiles —que gestionaban las Hermanas de la Caridad— para los niños que viajaran al parque natural de Llano Alto, en Béjar. El edificio contaba con una biblioteca, una sala de cine, espacios para distintas actividades y varios salones de recreo interiores para los días de lluvia. Además, el espacio dio asilo a jóvenes y se adaptó como hospital (con 350 camas) durante la epidemia de tuberculosis que afectó a España durante la guerra civil.

Valentín Garrido financió la construcción de una Central Hidroeléctrica en Puente del Congosto empleando sus ahorros y con un préstamo bancario. Cuando entró en prisión, recibió una visita de unos representantes del banco que le había concedido el préstamo y le conminaron a que cediera la propiedad de la central y otros terrenos para pagar el préstamo y sus intereses, pero él se negó. Pocos días después, las fuerzas falangistas detuvieron a su hijo Ramón, de 24 años, al que mataron de una paliza, según relata la asociación.

Valentín Garrido escribió una carta a su mujer, en la que le suplicaba que pidiera perdón a su hijo: “La culpa de todo lo que le ha pasado la tengo yo por haberme metido en política”. Finalmente, Valentín Garrido terminó firmando un poder notarial cediendo a Felipe Domínguez Parra las concesiones administrativas y la central hidroeléctrica. El banco García y Gascón SL acabó vendiendo la central a la empresa que precedió a Iberduero.

El Centro Documental de la Memoria Histórica conserva en su fondo  la correspondencia mantenida por Valentín Garrido con su mujer, Benita Lobo Bajo, sus hijos y otros familiares mientras estuvo en prisión.

“Un acto de paz para los familiares”

Salamanca por la Memoria y la Justicia defiende que esta petición es “de absoluta justicia” y sostiene que se ajusta a lo previsto en la Ley de Memoria Democrática. El escrito de la asociación, al que ha tenido acceso este periódico, refleja que este sería “un acto de paz para la conciencia de los familiares de Valentín Garrido Muñoz” y serviría para reconocer “una actuación encomiable en beneficio de la sociedad”.

“Se pretende recordar y dignificar su figura de Valentín Garrido por su magnífica iniciativa en la propuesta de dicho proyecto arquitectónico. Una iniciativa calificable como pedagógica, al pretender llevar la educación infantil a una zona rural y alfabetizar a los niños del Hospicio de Salamanca y cuyas dependencias han servido para fines siempre sociales hasta la actualidad, teniendo una línea de continuidad poco frecuente”, insiste la entidad memorialista en su petición, en la que instan a no construir la historia “desde el miedo y el olvido” y recordar “a aquellos que fueron perseguidos, encarcelados, torturados e incluso desprovistos de sus bienes y que perdieron la vida en defensa de la libertad”.

La asociación ha instado a la Consejería a cambiar la denominación del albergue 'Llano Alto' por el de 'Albergue Juvenil Valentín Garrido Muñoz de Llano Alto'. Si el gobierno autonómico rechaza esta petición, la organización también plantea como alternativa que se coloque una placa conmemorativa en las dependencias del Albergue para que se reconozca la iniciativa de Valentín Garrido Muñoz y se dé testimonio de quién fue y cómo murió fusilado.

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, ha afirmado este miércoles en Atapuerca que la decisión de continuar como consejero tras la ruptura de Vox con el Gobierno regional la ha tomado “el presidente”, Alfonso Fernández Mañueco.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Santonja ha confesado que él no veía “razones para dimitir,” y que por ello no presentó la dimisión. “Después es el presidente, don Alfonso Fernández Mañueco, quien toma la decisión de seguir contando conmigo”, ha añadido.

Ha puesto de manifiesto que la de ahora es una etapa “distinta”, y ha dicho que “las relaciones en el Gobierno eran estupendas”, pero hay “una etapa que se ha acabado y empieza otra etapa”.

De hecho, ha defendido que “nunca en la vida” le han echado de ningún sitio y que siempre ha tenido “libertad para estar y para salir” y “nunca” ha tenido “ningún tipo de rupturas violentas con nadie”. Ha dicho de sí mismo que es “una persona de diálogo” y que busca “siempre la cordialidad”.

El consejero designado en 2022 por Vox ha agradecido al partido dirigido por Santiago Abascal que contaran con él y ha reconocido que ser consejero le ha permitido hacer muchos proyectos que han sacado adelante, pero sí ha reconocido que no comparte “una decisión”, por lo que defiende que lo lógico es quedarse con lo que él piensa. “Puedo estar confundido, pero eso lo dirá el tiempo”, ha apostillado.

Santonja ha subrayado que su razón de estar en política es resolver los problemas o necesidades de la gente —“Las razones de un señor que anda por aquí, por los pueblos, que anda por el campo, los paisanos… esa es mi vida”—; y que no le impulsan “razones de política nacional ni razones de política internacional”.

Y también ha destacado que tiene “bastante” con solucionar los problemas del Museo de Burgos o de la Muralla de Ledesma.

Santonja ha visitado esta mañana los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. Ha asegurado que está “muy unido” a este lugar por las vinculaciones de su padre con el precursor de las excavaciones, Emiliano Aguirre, y por su hermano.

Ha reconocido que él mismo ha excavado “desde pequeño”, con su padre y con su hermano, a quienes ha relatado que ha acompañado en excavaciones. “La verdad me gusta mucho esto y Atapuerca cuenta con todo el apoyo de la Junta de Castilla y León”, ha enfatizado antes de añadir que también cuenta con su apoyo “personal”.

El consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, se quedará en el gobierno de Castilla y León, en contra de la instrucción de Santiago Abascal de romper con el Partido Popular. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha aceptado la dimisión de los consejeros de Agricultura y Ganadería, Gerardo Dueñas; e Industria y Empleo, Mariano Veganzones, además del vicepresidente de la Junta de Castilla y León.

El consejero de Cultura tiene su “confianza personal” y por eso se mantiene en el cargo. “El vicepresidente ha tenido la deferencia de entregarme la carta. Los consejeros de Industria y Agricultura han sido cesados”, ha aclarado el presidente autonómico, que ha conseguido gobernar en solitario —como quería cuando ganó las elecciones, según ha dicho—.

Gerardo Dueñas y Mariano Veganzones dejan Vox

Los dos consejeros cesados han abandonado Vox. El hasta ahora consejero de Agricultura ha dimitido de su cargo como vicepresidente del Comité Ejecutivo Provincial de Vox Palencia y ha formalizado su baja del partido. Además, ha mostrado su intención de volver a su anterior puesto de trabajo.

Fernández Mañueco ha reorganizado la estructura del gobierno autonómico y da la Vicepresidencia a la consejera de Familia, Isabel Blanco, y mete a los delegados territoriales de la Junta en Zamora, Leticia García, y Segovia, José Luis Sanz Merino, en las carteras de Industria y Movilidad, respectivamente.

La hasta ahora consejera de Movilidad, María González Corral, pasará a dirigir la cartea de Agricultura y Ganadería. “Suprimimos la estructura de la Vicepresidencia y sus tres altos cargos, lo que supondrá una reducción de coste y personal”, ha detallado Fernández Mañueco, que ha emplazado a los próximos días para completar el organigrama de gobierno y de las delegaciones territoriales.

El presidente de la Junta de Castilla y León ha trasladado un mensaje de “tranquilidad” porque su gobierno “sigue en marcha”, pero ha considerado que Vox “se ha equivocado” y ha apuntado que creía que iba a ser un “farol”, y que ha pensado en la reconfiguración de su gobierno una vez se ha hecho pública la ruptura de Vox con el PP.

Defiende la acogida de los menores

“Esta comunidad lleva acogiendo niños de África subsahariana y ucranianos, unos 200. Cuando hay una situación crítica en una parte de España como es Canarias, Castilla y León está siempre a su lado. Y más cuando se trata de niños, que no tienen compañía”, ha defendido el presidente de la Junta de Castilla y León, que ha calificado la política migratoria del Gobierno de España de “absoluto fracaso”, con un Pedro Sánchez que “navega entre la improvisación y la incompetencia”. “No hay control de fronteras, trabajo con los países en origen. Se necesita un diálogo y no una imposición”, ha subrayado.

A pesar de que Vox ostentaba tres consejerías y la Vicepresidencia, solo esta última estaba dirigida por un procurador de Vox, Juan García-Gallardo, que —según ha anunciado— ha dimitido y pasará a ser portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes de Castilla y León. Los consejeros de Agricultura y Ganadería, Gerardo Dueñas; e Industria y Empleo, Mariano Veganzones; no forman parte de la cámara de representantes, por lo que no tienen escaño que conservar.

La Ley de 'Concordia' y relaciones con el PSOE

Fernández Mañueco también deja en el aire qué pasará con La ley de 'Concordia', presentada por PP y Vox, puesto que está en manos del parlamento autonómico. También ha responsabilizado al presidente de las Cortes, Carlos Pollán, de tomar su decisión respecto a la dimisión o no.

Preguntado por si está dispuesto a alcanzar acuerdos puntuales con el PSOE, principal grupo de la oposición, Mañueco ha pedido a los socialistas que “rectifiquen”, una solicitud que ha ampliado también al resto de partidos de la oposición (Unión del Pueblo Leonés, Soria Ya, Por Ávila, Podemos y el procurador Francisco Igea).

“Les he ofrecido en otras ocasiones la posibilidad de llegar a pactos tan importantes como la Sanidad. Siempre rechazaron no ya el pacto, ni siquiera el diálogo”, ha reprochado al Grupo Socialista. Por su lado, Fernández Mañueco ha destacado que el contacto entre el Grupo Popular y Vox ha sido “fluido, útil y eficaz” en estos dos años de gobierno y ha deseado un entendimiento futuro.

La Junta de Castilla y León se basa en la supuesta privacidad de la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua para desestimar una petición a través de Transparencia realizada por elDiario.es. En una resolución que firma el secretario general de la Consejería de la Presidencia, Santiago Fernández Martín, se informa de que la solicitud “no es competencia de la Administración de Castilla y León, sino que la titularidad reside en la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, la cual tiene naturaleza jurídica de carácter privado”.

La Consejería de la Presidencia no tuvo el mismo criterio en abril de 2022, cuando este mismo medio realizó una solicitud para recabar qué pagos se habían hecho al ahora consejero de Vox, Gonzalo Santonja, durante las dos décadas que dirigió la Fundación, bien fuesen abonos desde la Consejería de Cultura, o desde el propio Instituto de la Lengua. Lo que resolvió Presidencia fue que esa información debía obrar en la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes y en la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. En consecuencia, en la propia Orden se señalaba que se asignaba a la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes la solicitud con el fin de que esta resolviera lo que correspondiera acerca de la información que obra en su poder y, en cuanto a la información solicitada referida a la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, se indicaba también en la Orden que procedía la remisión de la petición a esta Fundación para que “facilite la información solicitada en la parte que a ella le corresponde”. Es decir, no se desestimó la petición, se hizo llegar al Instituto y la información se acabó aportando.

La Junta aporta más del 60% del presupuesto de la Fundación y el resto proviene de otras administraciones o instituciones

Ahora, se escundan en que se trata de una fundación privad y se basan en el artículo 6.3 de la Ley 13/2002, de 15 de julio, de Fundaciones de Castilla y León: “Se consideran fundaciones públicas de la Comunidad a efectos de esta Ley aquellas en cuya dotación participen en más del cincuenta por ciento, directa o indirectamente, la Administración General de la Comunidad o las demás entidades del sector público autonómico”. En consecuencia, dado que la participación pública es menor del 50%, su naturaleza jurídica es de entidad de derecho privado sin ánimo de lucro“, concluyen. Si bien es cierto que cuando se constituyó el Instituto, Junta, ayuntamientos, diputaciones y universidades aportaron una dotación que en conjunto no superó los 90.000 euros, también lo es que la Junta otorga ayudas año a año, y en cantidades que sí superan el 51% del total de subvenciones de dinero público con las que se sustenta la fundación ”de naturaleza jurídica privada“.

Se puede constatar en el propio portal de Transparencia del Instituto de la Lengua, que entre otras cosas carece de un correo o formulario para realizar peticiones de información. En los presupuestos y memorias económicas que se han publicado, desde el año 2015 (cuando entra en vigor la Ley de Transparencia) hasta 2024 se puede comprobar no solo que el gobierno autonómico aporta más del 50%, sino que en algunos ejercicios supera el 60%. La financiación del Instituto se realiza por dos vías, por un lado la Junta de Castilla y León otorga cada año una subvención, y por otro, los patronos (representantes todos ellos de administraciones e instituciones públicas como ayuntamientos, universidades y diputaciones) aportan cuotas. Todo el dinero con el que funciona esta fundación “que trabaja por la promoción y la difusión de la lengua española y la literatura de la Comunidad”, y que se usa para para pagar al personal, editar libros, organizar charlas y exposiciones, mesas sobre tauromaquia o incluso espectáculos de magia, procede de las arcas públicas.

En 2015, con 570.000 euros de dinero público entre subvención y cuotas, la Junta abonó 345.000 euros, lo que supone un 60,5% del total de la financiación. En 2016 y 2017, el 60,4%; en 2018, el 61,06. En 2019, según los presupuestos, porque la memoria económica es ilegible, el 60%; en 2020, el 61,3%; en 2021, el 57,89; y en 2022 el 59,3%. En cuanto a 2023 y 2024, según los presupuestos, porque la memoria no está colgada, y cuando la Junta subió su subvención hasta casi doblarla mientras los patronos se marchaban, la aportación del gobierno autonómico superó el 70% en los dos ejercicios.

Se desentiende de la transparencia de una fundación cuyo patronato preside desde hace dos décadas

Si la afirmación de que la Junta aporta menos del 50% no se puede sostener documentalmente, tampoco puede entenderse la privacidad de la información atendiendo a quién está al frente de la fundación. En este momento la dirige la viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, ya que la Junta está siempre al frente del Patronato, y hace de secretario un funcionario de la Junta. Difícilmente puede explicarse que la Junta imponga a cargos o funcionarios en una Fundación que nada tiene que ver con ella. El hecho de que no haya un director se debe a que la Consejería de Cultura, cuando estaba en manos de Ciudadanos, propuso al patronato cambiar el modelo de gestión y prescindir de un director, que en ese momento era Gonzalo Santonja, ahora consejero de Cultura, y apostar por un comité asesor. Para ello había que cambiar los estatutos de la Fundación, algo que no se ha abordado hasta el momento.

Incumple la normativa de Transparencia para fundaciones que reciben más de 100.000 euros anuales

Por otro lado, la Ley de Transparencia obliga a todas las fundaciones que reciban más de 100.000 euros anuales de dinero público a publicar una serie de datos en su portal. En el caso del Instituto de la Lengua, la información está incompleta. No aparece, por ejemplo, la memoria económica de 2023, la normativa de aplicación o la estructura organizativa con un organigrama actualizado -sigue apareciendo Santonja como director a pesar de que dejó de serlo en 2021- que identifique a los responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional. Tampoco aparecen los convenios suscritos con Administraciones Públicas ni hay un apartado concreto donde se reflejen las subvenciones y ayudas públicas con indicación de su importe, objetivo o finalidad, hay que buscar en las memorias económicas, que están la web, pero en baja resolución. Por otro lado, no aparecen en ninguna parte las retribuciones percibidas anualmente por los máximos responsables de la la fundación o las indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono en el cargo.

Con todos estos datos, y con precedentes en los que entendió que la Junta debía facilitar la información a este medio remitiendo la solicitud al Instituto de la Lengua, la Consejería de la Presidencia decide ahora inadmitir la petición de elDiario.es, y pone fin a la vía administrativa si bien puede efectuarse reclamación ante la Comisión de Transparencia.

El consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja (Vox) se contrató a sí mismo como “director científico” para poder compatibilizar su trabajo en la Universidad Complutense con el de director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y recibir un sueldo, tal y como publicó elDiario.es en 2022. Aunque la Junta trató de normalizar lo ocurrido y el propio Santonja, ya nombrado consejero en el gobierno de Mañueco defendió la “legalidad y moralidad” de su contrato, un documento del gobierno autonómico al que ha tenido acceso este diario pone en duda que fuese legal o moral.

El documento tiene fecha de 16 de febrero de 2022, tres días después de las elecciones autonómicas tras la ruptura del pacto con Ciudadanos y antes de que Santonja fuese nombrado consejero tras una salida forzada del Instituto de la Lengua. El coordinador de servicios de la Dirección General de Políticas Culturales, José Alberto Diaz Pico, advertía al instituto que no podía aceptar dos facturas con el concepto “asesoramiento sobre dirección científica de contenidos de diversas exposiciones y proyectos culturales del Instituto Castellano-leonés de la Lengua (sic)” por importe de 6.000 euros cada una porque el hecho de que las fuese a cobrar una persona vinculada como era Santonja, iba contra la Ley de Subvenciones.

“Se aporta en el propio concepto la información adicional de que se trata del pago 16º y 3º respectivamente de sendos contratos con la Universidad Complutense de Madrid, contratos de los cuales solo se presentan estas facturas mencionadas, por parte de don Gonzalo Santonja Gómez-Agero, que a su vez es el director de la fundación beneficiaria de la subvención”, decía la comunicación del coordinador. Aclaraba que se trataba de una “operación con persona vinculada” y que por tanto según el artículo 29.7.d debía cumplir con los requisitos de una “previa autorización del órgano concedente”, esto es, de la Junta, y que el importe subvencionable no exceda el del coste incurrido por la entidad vinculada, una justificación que no se presentó “por lo cual y según el artículo mencionado de la Ley General de Subvenciones, no se pueden llevar a cabo y no son subvencionables”.

¿Por qué se informa en 2022 de algo que ocurría desde 2016? Es sencillo: el Instituto se nutre económicamente por dos vías, una es la subvención directa de la Junta de Castilla y León, que en algunos momentos superó el millón de euros y se fiscaliza al milímetro, y otra es la de las 'cuotas' que pagan otros patronos, como los ayuntamientos de Valladolid, Burgos o Soria, varias universidades, varias diputaciones y la Cámara de Comercio de Burgos. Sólo estas cuotas suponían más de 200.000 euros de dinero público con las que se pagaron facturas que ni se presentaron al patronato ni se exigieron nunca. Es en esa parte de hucha de dinero público donde se presume que fueron a parar esas facturas de la Complutense y otras que presentó Santonja y que nadie revisaba. Hasta que dos se imputaron a la subvención de la Junta y no quedó más remedio que rechazarlas por su presunta ilegalidad, porque la Junta nunca autorizó ese enjuague por escrito, pero siempre estuvo enterada. Con el rechazo de estas facturas, y sin alegaciones por parte del Instituto de la Lengua, este se vería obligado a devolver el importe a la Junta.

Tal y como publicó elDiario.es, la mecánica de Santonja para cobrar del Instituto vía Complutense era sencilla: El Instituto de la Lengua que él dirigía, le contrataba como investigador de la Complutense y ese trabajo se pagaba con los fondos de la fundación. El contrato se firmó el 1 de enero de 2016, y en él se especificaba que la fundación estaba interesada “en el asesoramiento sobre la dirección científica de contenidos de diversas exposiciones y proyectos culturales” por parte de Gonzalo Santonja, catedrático en ese momento del Departamento de Filología Española II de la Facultad de Filología de la Complutense y que el “investigador” estaba dispuesto a hacerlo.

Lo curioso es que Santonja ya hacía ese trabajo desde 2002, cuando se puso en marcha esa fundación. Aunque se dio parte al patronato del Instituto de la Lengua, integrado por diputaciones, ayuntamientos y universidades de Castilla y León y también por la Consejería de Cultura, nadie puso pega alguna a la estrambótica situación. También pasaron desapercibidas para Junta y patronato las facturas que giró Santonja a través de su mercantil, Monbrún SL.

Tal y cómo informó elDiario.es, Gonzalo Santonja, facturó trabajos por un total de 166.497,5 euros entre 2006 y 2015, cuando dirigía la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. Entre esas facturas destaca una por ilustrar un libro que editó el Instituto con una imagen de Mariano José de Larra, propiedad de la Biblioteca Nacional y que está libre de derechos, cualquiera puede usarla citando su procedencia. El actual consejero de Cultura facturó 500 euros.

Santonja, que era profesor de la Universidad Complutense de Madrid cuando la Junta lo fichó en 2002 para dirigir la fundación que promocionaba el castellano e investigaba sus orígenes, consiguió que el ejecutivo autonómico le diese una comisión de servicios, un nombramiento de carácter temporal mediante el que un funcionario desempeña puestos o funciones especiales distintas a las específicas del lugar de trabajo al que había sido adscrito. De ese modo, Santonja cobraba unos 50.000 euros anuales –su sueldo de profesor– pero dedicándose tan solo a dirigir la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. Aunque la comisión de servicios suele concederse durante un año, Santonja la tuvo durante 11 años seguidos. A ese sueldo añadió el de los trabajos que facturaba con su SL y, cuando perdió la comisión y se reincorporó a la Complutense, se contrató a sí mismo desde el Instituto en base al artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades que regula la compatibilidad de los profesores universitarios con trabajos y proyectos de carácter científico.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de Castilla y León, Gonzalo Santonja, ha anunciado este viernes en Salamanca que el gobierno autonómico tiene intención de apoyar, junto a otras comunidades autónomas, la convocatoria y concesión del Premio Nacional de Tauromaquia, eliminado por el Ministerio de Cultura, según ha adelantado elDiario.es.

El departamento dirigido por Gonzalo Santonja reafirma su apoyo a la Fiesta Nacional tras la decisión tomada por el Gobierno central de no convocar dicho galardón para el 2024, según ha informado la Consejería de Cultura a través de un comunicado.

“Esta es una Comunidad inequívocamente taurina. La fiesta del toro está implicada en nuestra cultura de un modo central. Nos vamos a sumar a todas las comunidades que apoyen este premio”, ha explicado el consejero.

La Junta de Castilla y León ha destacado la “importancia fundamental” de la tauromaquia para la comunidad y ha destacado el papel del mundo del toro para “arraigar la tradición” y “dinamizar el ámbito rural” y, a su vez, “luchar contra la despoblación”. La Consejería de Cultura también destaca la “fuerte atracción turística” de la tauromaquia, que sirve como “dinamizador económico” en muchas zonas de Castilla y León.

En varias ocasiones Gonzalo Santonja —que se considera a sí mismo como “taurófilo” y que tiene cinco libros relativos a la tauromaquia— ha destacado la importancia de la tauromaquia. Poco después de tomar posesión como consejero de Cultura, destacó el valor “ecológico” de la tauromaquia frente a “calumnias sobre un hipotético sufrimiento animal en los instantes finales de la lidia”.

La Fundación Franz Weber ha presentado alegaciones al proyecto de decreto del reglamento de espectáculos taurinos y escuelas taurinas en Castilla y León para “proteger los derechos de la Infancia y la Adolescencia”, ya que “sigue permitiendo la participación de menores”.

En un comunicado, la Fundación ha incidido en que la propuesta de reglamento, que desde hoy está en fase de diez días de audiencia pública para presentar alegaciones, “mantiene la participación de personas menores de edad en las escuelas taurinas y su implicación directa en el maltrato sobre animales a partir de los 14 en eventos públicos denominados clases prácticas”.

Y “en el caso de tentaderos privados o familiares no hay regulación concreta, pudiendo implicarse con cualquier edad”, han añadido desde esa fundación.

Los naturalistas no han detectado tampoco “medida alguna restrictiva al respecto de su participación como personas espectadoras, con lo que pueden acceder a una capea, novillada, suelta, encierro o corrida sin cortapisa de edad alguna”.

La fundación ha instado a “cumplir de forma estricta las objeciones del Comité de los Derechos del Niño” y ha calificado de “dañino el negacionismo” del Gobierno castellano y leonés con respecto a las recomendaciones realizadas por ese organismo.

Para esa Fundación, el “decreto debe prohibir de forma inequívoca cualquier tipo de participación de personas menores, esto es, hasta los 18 años de edad, tanto de forma indirecta, como su presencia en eventos de carácter taurino, como directa, en escuelas taurinas, clases prácticas, encierros, sueltas, tentaderos, novilladas, corridas y convocatorias asimilables”.

La entidad ha argumentado que en “esas convocatorias los menores ven las heridas provocadas sobre el bóvido, comportamientos y gestos asociados a un evidente sufrimiento y la muerte violenta de los mismos. Si acuden a una escuela taurina son ellos mismos los que generan estas lesiones”.

Y, a su juicio, “la participación va acompañada de comentarios que refuerzan de forma positiva todo lo que se produce en la plaza y que personas menores de edad pueden asumir como normal y positivo, contribuyendo a la banalización de la violencia contra animales.

Desde este martes y durante diez días hábiles, hasta el 3 de abril, discurrirá el plazo de audiencia pública ante la que será la nueva regulación de los espectáculos y escuelas taurinas de Castilla y León, en una comunidad en la que 2023 se celebraron 2.331 festejos, 313 fueron formales y 2018 populares.

Castilla y León es la segunda comunidad autónoma, tras la Valenciana, con el mayor número de espectáculos populares de este tipo en España, ha argumentado en un comunicado la consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, competente en esa materia.

Se trata, según la Consejería, de actualizar la regulación de estos festejos de conformidad con los cambios sociales, técnicos y jurídicos acontecidos desde la promulgación de las normas actualmente vigentes, algunas de hace varias décadas.

Destaca la introducción de nuevos espectáculos tales como los forcados, la capea con obstáculos, la exhibición de cortes o los espectáculos populares mixtos; estos últimos implicando una notable reducción de costes.

También busca garantizar la seguridad de intervinientes, tanto profesionales como aficionados, como alumnos de Escuelas Taurinas; aspectos que se observan tanto en la composición de los equipos médicos como en la actualización de las cuantías de seguros.

Asimismo, entre sus objetivos figura el de potenciar la formación de los llamados a ser futuros profesionales de la lidia, ampliando la regulación de las clases prácticas o la edad del alumnado.

El proyecto de decreto persigue también potenciar el bienestar animal de las reses utilizadas en los festejos taurinos populares, de acuerdo con la sensibilidad social imperante; en aspectos tales como la limitación de duración de los espectáculos, la limitación de edad de las reses hembras o la limitación de tiempo de permanencia de la res en el ruedo.

Trece años después de su fallecimiento, el legado de Miguel Delibes (1920-2010) ha encontrado acomodo en el palacio del licenciado Butrón (siglo XVI) de su Valladolid natal al menos durante dos décadas, las estipuladas en la cesión firmada este miércoles entre los hijos del escritor y la Junta de Castilla y León.

Oidor (abogado) de la Real Chancillería, Francisco Butrón se hizo construir un palacio durante la misma época y espacio donde Delibes ambientó su última novela, “El hereje” (1998), que tras acoger un convento entre otros usos posteriores, fue adquirido en 1988 por la Junta de Castilla y León para albergar su archivo general.

Fin a trece años de provisionalidad

“Desde la muerte de nuestro padre el proceso no ha sido fácil: ha habido muchos momentos de desdicha de incertidumbre”, ha evocado Elisa Delibes, hija y presidenta de la Fundación Miguel Delibes cuya sede también se alojará en este recinto histórico en un plazo máximo de dos años, según los términos de la cesión del legado.

Desde hace más de un año, de la mano del consejero de Cultura, Gonzalo Santonja (Vox), “ha existido una voluntad clara, decidida, generosa e incluso conciliadora para ayudar a perpetuar la memoria de un hombre y un artista que tanto amó a esta tierra y lo demostró”, ha añadido durante su intervención.

Anunciada en septiembre del año pasado, la firma de esta cesión en régimen de comodato ha coincidido con el 49º aniversario de la muerte de Ángeles de Castro, esposa de Miguel Delibes, una efemérides que ha destacado su hija Elisa: “A ella y a nuestro padre encomendamos el éxito de este acuerdo” que pone fin a más de una década en la sede provisional de la Casa Cultura Revilla, también en Valladolid.

Los intentos frustrados para encontrar un emplazamiento duradero contrastan con el “haz de convergencias” que suscita en “una sociedad tan dividida” como la actual “la personalidad de Miguel Delibes, reflejada en una obra cuya ”idoneidad y sentido moral le hace una persona tan admirable“, ha manifestado el consejero.

Unánime reconocimiento

En España “existen muy pocos nombres, símbolos en el que todos nos reconocemos”, ha argumentado Santonja sobre el autor de “Las ratas” y de un legado tasado en 4.593.500 euros, una valoración que “me parece muy baja teniendo en cuenta que guarda documentos interesantísimos para la intrahistoria y sociedad”, ha apuntado Santonja.

El legado consta del mobiliario más emblemático de la última casa donde residió el novelista, principalmente su escritorio, librería y decoración que serán expuestos en la nueva sede, pero también el archivo que entre 2014 y 2015 sistematizó y digitalizó Javier Ortega: un universo en más de dos billones de datos (2,2 terabytes).

Recoge cerca de 15.000 documentos originales y 112.000 imágenes, “pero lo más valioso son los manuscritos de las novelas porque siempre escribía a mano”, ha terciado Elisa Delibes obre un archivo accesible desde hace más de cinco años y que también consta de cartas, cuadernos de anotaciones, audiovisuales, recibos, facturas, fotografías, cuadros, vídeos, casettes, negativos y objetos personales.

Dos años de plazo

Las condiciones estipulan dos años de plazo para el traslado de todo el fondo al nuevo emplazamiento, aunque el conejero considera que “en un año” podría abrir la casa-museo y sede de la Fundación Miguel Delibes en varias dependencias de un palacio renacentista que también aloja el Archivo General de Castilla y León y varias servicios de la consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

La planta baja recreará la casa del novelista y acogerá una exposición permanente sobre la proyección vital y literaria del escritor para situar al visitante, ademas de una sala para visitas de escolares y un espacio para la realización de talleres infantiles relacionados con los valores que reflejó en su obras.

Las oficinas de la fundación, el archivo, un lugar para reuniones y otro para facilitar el trabajo a estudiosos e investigadores se situarán en la primera planta.

Una comisión de seguimiento supervisará el cumplimiento de los compromisos adoptados en el documento que, además del consejero y de la presidenta de la fundación, han rubricado presencialmente cuatro más de los siete hijos del narrador: Ángeles, Germán, Adolfo y Camino.

Ha durado menos de un mes. La Junta de Castilla y León ha anunciado que retira de manera “inmediata” la marca y el logo de 'Castilla y León Excelente' como imagen del turismo del gobierno autonómico tras constatar que la empresa adjudicataria, Área YRG Asesores de Comunicación SL', la copió de un banco de vectores. El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja ha informado este miércoles en rueda de prensa, aludiendo a un informe pericial que se encargó a Abril Abogados, y que concluyó que el logotipo empleado carecía de originalidad puesto que se extrajo de un banco de vectores y que la empresa carecía del permiso necesario para ello.

Santonja ha explicado cómo desde el mismo momento en que apareció publicado “en periódicos” lo que apareció en redes cuestionando la originalidad del logotipo, se actuó en consecuencia. El consejero ha precisado que la Fundación Siglo, dependiente de Cultura, invitó a concursar a 8 empresas y que Área YRG Asesores de Comunicación fue la que obtuvo mayor puntuación y que “ninguno de los otros licitadores presentó reclamación o recurso”. La presentación de la marca se produjo el 26 de septiembre, en un acto en el que el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, explicó cómo se habían elegido los colores que en forma de mancha de pintura representaban a Castilla y León.

“Ese día en redes sociales se pone en duda la marca y, en ese mismo momento, la Fundación Siglo hizo lo que tenía que hacer”, ha precisado Gonzalo Santonja. Tras contactar con la adjudicataria, esta se reafirmó “en la originalidad del logo y negó la copia”. Sin embargo, ante las noticias que aparecieron “en la prensa”, el 3 de octubre se encargó un informe pericial a Abril Abogados y el 6 de octubre llegó el documento con las conclusiones. Tal y como informó este diario, el logotipo no es original puesto se extrajo de un banco de vectores cuya autoría pertenece a un autor ucraniano apodado Neliakott. Se trata, ha confirmado Santonja de acuerdo a esa pericial a “un collage realizado a partir de la superposición de vectores y su originalidad es limitada”. Así, “en caso de haberse tomado sin permiso del autor se habrían vulnerado los términos de uso no estaría libre de derechos de terceros, por lo que se recomienda no usarla”.

Tal y como publicó elDiario.es, el banco de vectores explica en sus cláusulas que el uso de sus imágenes no pueden tener usos publicitarios o comerciales, como era el caso en la marca 'Castilla y León Excelente'.

En vista del informe, la Junta envió otro requerimiento a la adjudicataria para que informase de los derechos de uso y remitiesen copia de los mismos en un plazo de cinco días. El pasado 16 de octubre Área YRG Asesores de Comunicación SL contestó que cumplían “con todos los requisitos exigidos y volvió a negar que se hubiese usado un banco de vectores sin permiso ”aunque pudiera haber algún elemento“, pero no presentó ningún documento que acreditase licencia de uso o derechos, de manera que este 25 de octubre la Fundación Siglo inició el procedimiento de resolución del contrato y se ha dado 7 días a la empresa para que presenten las alegaciones que consideren oportunas. Además se ha procedido a la suspensión inmediata de cualquier uso de la marca, incluido el lema, y se ha suspendido también la inscripción en el registro de patentes y marcas. El procedimiento se fundamenta en la violación de la buena fe contractual. No sólo no se va a abonar la cantidad de los 17.182 euros del contrato, también se exigirá a la empresa el pago de daños y perjuicios, en principio en 1.089 euros de la tasa para registrar la marca y 3.267 del coste del informe pericial. El consejero no ha aclarado si en esos daños y perjuicios no se incluirán los elementos luminosos y gráficos que se pusieron en marcha el mismo día de la presentación de 'Castilla y León Excelente'.

Que la Consejería de Cultura había dejado de sentirse cómoda con la recién estrenada marca, se hizo evidente cuando dejó de utilizar el logotipo en sus redes sociales, algo que el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo negó, y lo atribuyó a que en redes era mejor el lema y que el logo no siempre era utilizable “en medios como la radio”. Es más, Carriedo aseguró que el lema, hoy también retirado, “había cuajado”. El logo aún sigue visible en el portal de Turismo de la la Junta de Castilla y León.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, de la Junta de Castilla y León ha asegurado este viernes que la empresa creadora del diseño para la marca turística 'Castilla y León Excelente' les ha garantizado “la originalidad de su logotipo” en un informe. Tras la polémica creada por un supuesto plagio al utilizar vectores de un banco de imágenes, Santonja ha afirmado que “hay una situación que se tiene que analizar” y que “evidentemente estamos analizando”.

Sin ahondar más en la “situación” que la Junta está analizando, el responsable de Cultura del Ejecutivo autonómico ha defendido que cuentan con un informe -que aún no han hecho público- en el que los diseñadores afirman “con seguridad” que “el logotipo ha sido elaborado de forma completamente original y no ha sido copiado de ninguna fuente”.

El PSOE, encargado de formular las cuestiones sobre la campaña durante la Comisión de Cultura de las Cortes, ha cuestionado el procedimiento de elección para la empresa adjudicataria y la posibilidad de haber explorado “otras alternativas” para abrir la posibilidad de hacer el logo “a muchas más personas”. Ante esto, Santonja ha reiterado la posición marcada este jueves por el portavoz de la Junta, asegurando que no han infringido “ninguna norma” y han respetado “todo lo que está previsto para este tipo de contratos”.

Hay que recordar, que como ya informó este diario, la selección de la empresa se realizó mediante un concurso público basado en un procedimiento administrativo sujeto a la ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en concreto por un procedimiento negociado sin publicidad de la Fundación Siglo de la Consejería de Cultura y Turismo. 

Santonja enfatizó la integridad del proceso:: “El proceso ha sido absolutamente regular. El logotipo fue muy bien recibido, luego se ha desencadenado una polémica. Inicialmente el proceso fue muy bien recibido”.

El consejero de Vox no ha querido valorar el diseño ni tampoco ha puesto en duda el informe presentado por la empresa diseñadora del logo. “Yo no puedo poner en cuestión a una empresa ni de Castilla y León ni de ningún otro lugar de España, no tengo por qué ponerla en cuestión y no la voy a poner en cuestión, porque se le puede causar un quebranto muy serio”, ha manifestado.

El procurador socialista Ángel Hernández Martínez también ha preguntado al consejero las razones para cambiar la marca. Santonja ha expuesto que consideraron “conveniente” renovar la imagen de Castilla y León al llevar la antigua cerca de 20 años.

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica en su edición de este martes el extracto de la Orden de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de 22 de septiembre por la que se convocan los premios de estudio e investigación sobre tauromaquia para el año 2023.

El objetivo de los Premios de Estudio e Investigación sobre Tauromaquia es “contribuir al conocimiento, estudio y promoción de la tauromaquia y los valores históricos, científicos, culturales y socioeconómicos que aportan a la sociedad”. Se entregará un premio dotado con 10.000 euros en cada modalidad: el estudio e investigación científica sobre tauromaquia y el estudio e investigación histórica sobre tauromaquia en Castilla y León.

Estos premios tienen una dotación económica de 10.000 euros para cada modalidad y podrán participar en la convocatoria las personas físicas, mayores de edad que presenten la solicitud junto con la memoria del estudio e investigación.

El plazo para la presentación de las solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de este extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León, es decir, desde mañana, miércoles día 27.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, ha sostenido este viernes en Ávila que si él incurriese en el “error” que a su juicio a cometido el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, se marcharía “corriendo”.

Poco antes de visitar algunos de los espectáculos incluidos en el XI Festival Internacional de Circo de Castilla y León “Cir&Co”, Santonja se ha referido, a preguntas de los periodistas, a la polémica que rodea a Rubiales, tras el beso no consentido a la centrocampista e la Selección Española Femenina de Fútbol, Jenni Hermoso.

“El episodio me pareció lamentable y con este descalificativo creo que lo digo todo”, ha comentado el consejero de Deporte, quien al ser preguntado por qué parte del mismo, ha precisado que “todo el episodio es lamentable”.

En este contexto, ha apuntado que “cuando una historia empieza tan mal, lo mejor es cortarla lo antes posible y no prolongarla”.

Sobre si debería haber dimitido como presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Gonzalo Santonja ha preferido no opinar al respecto, antes de añadir: “Si alguien que trabajase conmigo o yo mismo, incurriese en un error de ese jaez, no vacilaría nada en marcharme corriendo”.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha anunciado que denunciará por prevaricación al consejero de Cultura, Turismo y Deporte de Castilla y León, Gonzalo Santonja (Vox) si se declara Bien de Interés Cultural (BIC) la 'Pirámide de los Italianos', monumento en homenaje a la participación del ejército italiano en la Guerra Civil española ubicado en Valle de Valdebezada (Burgos).

En un comunicado, la ARHMH ha recordado que la pirámide “rinde homenaje al ejército fascista de Mussolini”, al albergar restos de soldados que murieron en la contienda, y “celebra su terrible y temible papel en el golpe de Estado franquista”, con el único objetivo de “humillar a las víctimas de la dictadura franquista y festejar los crímenes del fascismo en la Europa de mediados del siglo XX”.

El mantenimiento de la Pirámide de los Italianos, que se incluye en la Ley de Memoria Democrática entre los bienes que la incumplen y por tanto deberían de desaparecer, unida a una posible protección por parte de la Junta de Castilla y León supone “blanquear el fascismo y decir, desde una institución democrática, que fue bueno para la sociedad”.

Por ese motivo, la asociación ha anunciado que reclamará a Fiscalía General del Estado la apertura de un proceso que termine con la prevaricación administrativa del consejero, Gonzalo Santonja, si se completa la declaración de BIC del monumento.

También de todos aquellos que, “conscientes de lo que dicta una ley del Estado, pretenden proteger un monumento que exalta el golpe de Estado de 1936 y las victoria de tres ejércitos fascistas en el primer episodio de la Segunda Guerra Mundial que se produjo en España con la intervención de los ejércitos de Mussolini y de Hitler apoyando a los fascistas españoles”.

El consejero de Cultura y Turismo, Gonzalo Santonja, anunció este lunes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que continuaban adelante con el expediente para la declaración de BIC con la resolución de las alegaciones presentadas, únicamente cinco, que a su juicio demuestran que el expediente autonómico es “solvente”.

De esas alegaciones, tres han sido favorables a la protección de la Pirámide de los Italianos, y corresponden a un senador del partido Hermanos de Italia, compartido con la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces; un particular; y al grupo de Ciudadanos en el Valle de Valdebezana.

Hay una única alegación contraria, de un particular, y según Santonja, el Ministerio de la Presidencia “no se opone” a la declaración como BIC pero reclama a la Junta de Castilla y León “aclarar” su titularidad, definir su uso posterior e incluir una mención de reinterpretación que se ajuste a la Ley de Memoria Democrática.

Para Emilio Silva, presidente de la ARMH, “querer mantener homenajes a un ejército fascista que colaboró en el derrocamiento de un Gobierno legítimo y ayudó a instaurar una terrible dictadura no cabe en el marco de una democracia porque no se puede blanquear el fascismo y difundir ningún mensaje desde ninguna institución que le diga a la sociedad que el fascismo fue bueno para la sociedad”.

Además, ha insistido en que si el consejero toma esa decisión, “consciente de que hay dos leyes estatales que se lo impiden, supone una prevaricación administrativa de manual y debe sancionarse judicialmente con la inhabilitación del responsable”.

La ARMH ha recordado que, en cumplimiento de la legislación vigente, se debe documentar la pirámide y, posteriormente, derribarla, como monumento “que agrede a las víctimas de la dictadura y trata de humillarlas”, y como se haría ante cualuer otra víctima de hechos violentos, que “debe ser protegida por las instituciones”.

La pirámide de los italianos, el monumento levantado al norte de la provincia de Burgos, en Valle de Valdebezana, durante la Guerra Civil para homenajear y servir de mausoleo a los fascistas italianos muertos durante la contienda, avanza en su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC). Tras acabar el plazo de alegaciones, el consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, de Vox, ha asegurado este jueves que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, dependiente del Ministerio de la Presidencia, les ha trasladado que “no se opone” a que la estructura sea considerada BIC. Eso sí para llegar a esta categoría, exigen a la Consejería de Cultura que aclaren “la titularidad del bien” y el “destino final de la Pirámide una vez sea declarada como BIC”.

En el proceso de alegaciones, según ha relatado Santonja se han encontrado con cinco documentos. Tres “muy favorables”, uno en contra y el quinto, remitido por el Gobierno de España. El consejero de Cultura ha leído los últimos párrafos de este último informe y ha dado cuenta de que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática traslada a la Junta que “no tiene ninguna objeción a que se declare estatuto de protección que pudiera corresponder al inmueble” tras “aclarar la titularidad del bien”.

En el documento, según Santonja, se expone que “el mantenimiento de elementos contrarios a la Ley de Memoria Democrática debe introducir los elementos necesarios para reinterpretar el edificio conforme al artículo 36 de la Ley”.

Sobre la finalidad, el consejero de Cultura no ha querido aventurarse en qué tipo de uso se la dará y ha apostado por acordarlo con los diferentes ayuntamientos Valle de Valdebezana. “Es evidente que tendremos que hablar en su momento, tomar una decisión consensuada”, ha precisado para añadir que “ahora se está en otras fases” y “no tiene sentido” hablar de su uso sino de la declaración de BIC.

Dudas sobre la titularidad

Por otro lado, la titularidad del mismo es un gran escollo a tener en cuenta. Santonja ha indicado que la titularidad del monumento requiere que se pongan “papeles contundentes encima de la mesa” para poder emitir un juicio y ha aseverado que es mejor “no emitir opiniones” sobre a quién le pertenece, si al Gobierno de Italia o a la Hermandad de la Ribera.

Sobre el resto de alegaciones, además del particular que “en dos líneas” ha mostrado su rechazo, Santonja ha mencionado el informe presentado de forma conjunta por un senador de Hermanos de Italia -partido de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni- y la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica 'Raíces'. Además, de un segundo “muy interesante” de un particular, con fotografías novedosas; y el informe del grupo de Ciudadanos en el Valle de Valdebezana, al que ha definido como “muy bien articulado”.

Tras acabar este fase, ha explicado, se da otro plazo de 24 meses, que ha comenzado a contar desde el momento de incoación del expediente de protección el 21 de febrero. Este margen no va ser agotado ya que desde la Consejería de Cultura esperan resolverlo “mucho antes”, como ha precisado Santonja.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de Castilla y León, que corresponde a Vox en el Gobierno autonómico, ha creado los nuevos premios de estudio e investigación de la tauromaquia, dos galardones dotados cada uno con 10.000 euros.

El boletín oficial de la Comunidad publica este viernes la orden que crea los galardones en las modalidades de premio para el estudio e investigación científica sobre tauromaquia; y premio para el estudio e investigación histórica sobre tauromaquia en Castilla y León. Los premios, de acuerdo a la orden, buscan “contribuir al conocimiento, estudio y promoción de la tauromaquia y los valores históricos, científicos, culturales y socioeconómicos que aportan a la sociedad”. El estudio e investigación deberá ser original y estar redactado en castellano, con una extensión mínima de 30.000 palabras, excluyendo índice, glosario y bibliografía.

Cada solicitante podrá presentar una única solicitud por cada modalidad, que deberá ir acompañada de una memoria explicativa del estudio e investigación, con una extensión no inferior a 2.000 palabras ni superior a las 4.000 palabras, que recoja los objetivos, generales, originalidad, metodología y fuentes y datos, o la vinculación con Castilla y León en el caso de la segunda modalidad

El logotipo de Junta de Castilla y León aparece en un folleto del autodenominado “Instituto Superior de Sociología, Economía y Política” (ISSEP), la supuesta institución académica fundada en 2018 por Vox y Marion Maréchal, la nieta del ultraderechista fundador del partido Frente Nacional francés, Jean Marie Le Pen. Se trata de un “curso de verano” que se desarrollará en Segovia en el mes de septiembre en el que catedráticos, periodistas y agitadores vinculados a la extrema derecha participarán en ponencias y mesas redondas sobre hispanidad, nación española, o globalismo. Todo ello patrocinado con dinero público.

El Gobierno autonómico ha confirmado que, efectivamente patrocinará el curso La nación: pasado, presente y futuro desde la Consejería de Cultura, en manos de Vox y a través de la Fundación Siglo, pero aún no se ha firmado el contrato que “se está armando”, por lo que se ha negado a desvelar la cantidad que aportará. Desde la Junta no se ha querido valorar el uso de su logotipo antes de que se formalice ese patrocinio.

El ISSEP es una marca registrada por Tizona Comunicación SL, la empresa de consultoría en la que según datos del Registro Mercantil son accionistas el periodista y exasesor parlamentario Kiko Méndez-Monasterio y Gabriel Ariza, el hijo del fundador del Grupo Intereconomía, Julio Ariza. Desde que salió del Parlamento, Méndez-Monasterio ejerce de asesor externo del presidente de Vox, Santiago Abascal. Tanto es así, que fue quien llevó el peso de la negociación del primer pacto de gobierno autonómico entre PP y Vox, el de Castilla y León en varias reuniones tras las elecciones del 13 de febrero de 2022.

El autoproclamado “instituto” cuenta en su dirección académica con Miguel Ángel Quintana Paz, un conocido polemista que formó parte de UPyD hasta que le expulsaron. En la web aparece definido como “Doctor en Filosofía por la Universidad de Salamanca y profesor universitario” añade que “su actividad didáctica y precisa en redes sociales le han convertido en un referente del sentido común frente a ideologías enloquecidas”.

En el elenco de profesores aparecen el exministro del Interior con el PP, Jaime Mayor Oreja, el presidente de La Liga, Javier Tebas, el propio Méndez-Monasterio, el coronel Pedro Baños, el exdirectivo del Real Madrid y expresidente de Sacyr Luis del Rivero o el mencionado Julio Ariza. El objetivo es formar a una “élite en el liderazgo político”.

El programa de liderazgo político, que se imparte durante 9 meses dos días a la semana cuesta 12.000 euros, mientras que el Programa Ejecutivo de Liderazgo y Gobierno, dirigido a profesionales con amplia experiencia, que dura 9 meses y se imparte un día a la semana, cuesta 7.500. Entre los alumnos figura algún procurador de Vox en las Cortes de Castilla y León.

En cuanto al funcionamiento de Tizona Comunicación, que es quien realmente está detrás del think tank de Vox y Le Pen, con tres empleados fijos y 11 temporales, cerró las cuentas de 2021 en pérdidas.

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