Los más de diez millones de pensionistas que cobran una prestación contributiva de la Seguridad Social volverán a recibir este mes el ingreso antes de la fecha oficial en la mayoría de las entidades bancarias. Como ocurre habitualmente, los bancos adelantan el abono de las pensiones a sus clientes para facilitar su liquidez y fidelizar a quienes tienen domiciliada la prestación.

En julio de 2026 el calendario presenta una particularidad: el día 25, fecha en la que muchas entidades acostumbran a realizar el ingreso, cae en sábado. Esta circunstancia provoca que algunas entidades adelanten el pago al jueves 23 o al viernes 24 de julio, mientras que otras mantienen el ingreso el propio día 25 o lo retrasan al lunes 27.

¿Cuál es la fecha oficial de pago de las pensiones?

La normativa de la Seguridad Social establece que las pensiones contributivas se abonan a mes vencido, entre el primer día hábil y, como máximo, el cuarto día natural del mes siguiente. En el caso de la nómina correspondiente a julio, la fecha oficial de pago se sitúa, por tanto, entre los primeros días hábiles de agosto.

Sin embargo, desde hace años la práctica totalidad de las entidades financieras opta por anticipar el ingreso varios días. Para ello utilizan recursos propios, ya que conocen con antelación el importe que recibirán de la Tesorería General de la Seguridad Social, lo que les permite poner el dinero a disposición de sus clientes antes de la fecha oficial.

Este adelanto se ha consolidado como un servicio habitual y es uno de los aspectos que muchos pensionistas tienen en cuenta a la hora de elegir banco.

Calendario previsto de cobro en cada banco

Aunque las fechas pueden sufrir ligeras modificaciones por razones operativas, este es el calendario orientativo que manejan las principales entidades para el ingreso de las pensiones correspondientes a julio de 2026:

Las entidades que tradicionalmente más adelantan el ingreso vuelven a ser Bankinter y Unicaja, mientras que otras mantienen el pago el día 24. BBVA, ING y Kutxabank prevén realizar el abono el sábado 25, y Abanca lo efectuaría el lunes 27 al coincidir el fin de semana con la fecha habitual de pago.

¿Por qué cada banco paga un día distinto?

La Seguridad Social no fija una fecha concreta para que los bancos ingresen anticipadamente las pensiones. Cada entidad decide cuándo adelanta el dinero a sus clientes dentro de su política comercial.

En algunos casos, el adelanto depende de la recepción de los ficheros de pago por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social; en otros, responde a criterios internos o a la operativa de los fines de semana y festivos. Por ese motivo es habitual que existan diferencias de uno o varios días entre entidades y que el calendario cambie cuando el día 25 coincide con un sábado o un domingo, como ocurre este mes.

¿Quiénes cobran este ingreso?

Las fechas afectan a todas las pensiones contributivas abonadas por la Seguridad Social mediante domiciliación bancaria. Entre ellas figuran las pensiones de jubilación, las de viudedad, las de incapacidad permanente, las de orfandad o las pensiones en favor de familiares.

En todos los casos, el ingreso se realiza automáticamente en la cuenta donde el beneficiario tenga domiciliada la prestación, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

¿Qué ocurre si el dinero no aparece en la cuenta?

Aunque los bancos suelen cumplir con las fechas anunciadas, pueden producirse pequeños retrasos por incidencias técnicas o por la operativa interna de cada entidad.

Si llegada la fecha prevista el pensionista no ha recibido el ingreso, lo recomendable es comprobar primero el movimiento de la cuenta a lo largo del día, ya que algunas entidades realizan los abonos en diferentes franjas horarias. Si el dinero sigue sin aparecer, conviene contactar con el banco para confirmar que no existe ninguna incidencia antes de dirigirse a la Seguridad Social. En la inmensa mayoría de los casos, los retrasos responden a cuestiones operativas y quedan resueltos en pocas horas.

Un calendario que ya es habitual

El adelanto del pago de las pensiones comenzó a generalizarse durante los primeros meses de la pandemia y, desde entonces, se ha convertido en una práctica habitual del sistema financiero español.

Lo que en un principio fue una medida excepcional para garantizar liquidez a los pensionistas terminó consolidándose como un servicio permanente. Hoy prácticamente todas las grandes entidades adelantan el cobro respecto a la fecha oficial, aunque cada una mantiene su propio calendario.

Por ello, salvo cambios de última hora comunicados por los bancos, los pensionistas podrán empezar a recibir la nómina de julio desde el 23 de julio, mientras que la mayoría habrá cobrado antes de finalizar el día 25, pese a que la fecha oficial de abono por parte de la Seguridad Social se produzca ya en los primeros días de agosto.

Solicitar el subsidio por desempleo podría dejar de ser sinónimo de citas imposibles, llamadas eternas o papeleo interminable en las oficinas públicas. Desde esta semana, entran en vigor nuevos métodos de identificación oficial que prometen agilizar los trámites de manera definitiva: si necesitas solicitar tu ayuda o prestación por desempleo, solo necesitas tu móvil, una nueva vía de acceso con las que podrás realizar todo el proceso de forma cómoda y con total validez legal.

La Administración se moderniza así para ponerlo más fácil, permitiendo verificar la identidad de forma rápida, segura y sin moverte de casa, ya sea a través de una pantalla o con una llamada de teléfono. Este gesto de modernización no es una decisión casual, sino un paso regulado por ley que da cobertura jurídica a lo que muchos usuarios llevaban tiempo reclamando.

El marco legal de este cambio se recoge en la Resolución de 2 de junio de 2026, de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), publicada oficialmente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el miércoles 15 de julio de 2026, y cuya entrada en vigor se produce al día siguiente de su publicación. Esta norma se apoya además en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, la cual consagra el derecho de los ciudadanos a relacionarse de forma electrónica con la Administración.

Sin embargo, esta nueva resolución va un paso más allá al regular específicamente la habilitación de trámites y actuaciones a través de los canales telefónicos y telemáticos, dándoles exactamente la misma validez y los mismos efectos jurídicos que si te presentaras físicamente en una oficina de empleo. Según detalla el propio texto del BOE, los pilares y objetivos de esta reforma son muy claros:

Con esta cobertura normativa, el SEPE no solo actualiza sus herramientas digitales (cuya sede electrónica nació en 2011), sino que abre la puerta una relación más directa, flexible y segura, adaptando la gestión de las prestaciones por desempleo a las tecnologías y necesidades de nuestro tiempo.

La evolución digital del SEPE: las dos nuevas formas de identificarte

El SEPE ya contaba en su sede electrónica con herramientas muy útiles que se pueden gestionar directamente desde el móvil. Hasta ahora, era habitual utilizar el portal para usar su simulador virtual (con el que calcular la cuantía de la prestación que te corresponde), sellar el paro o incluso descargar el certificado del IRPF para la declaración de la Renta.

Sin embargo, el gran cuello de botella siempre surgía a la hora de formalizar una solicitud oficial de subsidio, un trámite que obligaba a disponer de un certificado digital avanzado, usar el DNI electrónico o, en su defecto, conseguir una cita presencial para firmar a mano en la oficina. Con la nueva resolución de 2026, el SEPE amplía el catálogo de gestiones no presenciales para que puedas resolver prácticamente todo el proceso desde casa y sin necesidad de ser un experto en informática.

A las vías de acceso tradicionales (el certificado digital, el DNIe y el sistema Cl@ve), el SEPE incorpora dos nuevos métodos de verificación muy sencillos para que cualquier persona pueda identificarse rápidamente por teléfono o internet:

Adiós al papel: así se firma la solicitud desde casa

El verdadero salto de gigante de esta reforma es la validación legal de la “firma a distancia”. Ya no tendrás que acudir a una oficina a plasmar tu firma manuscrita; ahora el consentimiento se expresa y se registra de manera digital mediante dos canales diferenciados:

Para garantizar la seguridad jurídica del ciudadano y evitar cualquier intento de suplantación de identidad, todo el proceso telefónico quedará registrado mediante grabación de voz o una diligencia formal, incorporándose al expediente de forma que se garantice la trazabilidad y la validez legal del trámite.

¿Qué gestiones se pueden hacer con este sistema?

Este modelo simplificado de identificación y firma se aplica a todo el ecosistema de protección por desempleo. Esto incluye trámites clave como:

Dado que la implantación de estas facilidades será progresiva, el SEPE irá actualizando de forma continua el listado de trámites específicos que admiten estas nuevas vías de firma directamente en su Sede Electrónica.

Esta reforma supone una excelente noticia para quienes residen en zonas rurales alejadas de las oficinas de empleo, personas mayores con dificultades de desplazamiento o cualquier trabajador que no disponga de tiempo para acudir presencialmente.

Sin embargo, para que todo funcione como un reloj, hay un requisito indispensable: debes asegurarte de que el SEPE tenga actualizados tu número de teléfono móvil y tu dirección de correo electrónico actuales. Si estos datos no coinciden con los que conservan en su base de datos, no podrás recibir los códigos de verificación indispensables para firmar tus solicitudes y se bloqueará el trámite a distancia.

La Agencia Tributaria ha efectuado un cambio en el sistema de corrección de errores fiscales que afecta directamente a autónomos y pequeñas empresas. Con la entrada en vigor de la nueva autoliquidación rectificativa, Hacienda busca simplificar un trámite que históricamente resultaba lento y farragoso para los contribuyentes. Este cambio normativo se introdujo inicialmente mediante la Ley 13/2023 y ha culminado con la aprobación de los nuevos modelos de declaración. A partir de ahora, cualquier fallo detectado en la presentación del Impuesto sobre Sociedades deberá gestionarse bajo este mecanismo único y estandarizado.

Se trata de una medida que pretende reducir la carga administrativa y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en todo el tejido empresarial. De esta forma, se inicia una etapa de modernización administrativa que obliga a los negocios a modificar sus rutinas de gestión. Los obligados tributarios deben estar atentos a estas novedades para evitar errores en las próximas liquidaciones fiscales. Durante décadas, el procedimiento para subsanar un error dependía de si el fallo perjudicaba a la empresa o a las arcas públicas. Si el negocio dejaba de ingresar dinero, debía presentar una complementaria, mientras que si pagaba de más, solicitaba una rectificación.

Esta dualidad administrativa obligaba a realizar una evaluación previa antes de poder comunicar cualquier tipo de modificación. Sin embargo, la nueva autoliquidación rectificativa unifica ambos trámites en un solo paso, eliminando la estrategia previa condicionada por el resultado. Hacienda ha decidido que todos los escenarios se solucionen exactamente igual, independientemente de quién resulte finalmente perjudicado por el error. Ya sea por olvidar un gasto deducible o por omitir un ingreso, la vía de actuación será ahora siempre la misma. Este cambio elimina una distinción con la que el tejido empresarial llevaba conviviendo prácticamente toda su vida laboral.

El despliegue de esta figura tributaria no se limita únicamente al Impuesto sobre Sociedades, sino que se ha extendido gradualmente a otras figuras impositivas. El proceso comenzó con el IVA a finales de 2024 y continuó con su implementación en la reciente campaña del IRPF de 2024. En el ámbito societario, la Orden HAC/657/2025 aprobó los modelos 200 y 220, adaptando el primero específicamente para este fin. Es fundamental destacar que esta herramienta se aplica a los períodos impositivos iniciados durante el ejercicio fiscal del año 2024. Las entidades que tributan en el régimen de consolidación fiscal también deben tener en cuenta estas importantes modificaciones normativas.

Aunque el modelo 220 mantiene ciertas casillas tradicionales, las entidades dependientes deben usar el modelo 200 para sus rectificaciones. La normativa propia de cada tributo es la que marca el momento exacto en el que esta vía resulta obligatoria. El Real Decreto 117/2024 fue el encargado de desarrollar reglamentariamente la aplicación de este sistema en cinco impuestos diferentes.

Para utilizar de manera efectiva este nuevo sistema, el contribuyente debe realizar una anotación expresa en el modelo de declaración. Concretamente, en la primera página del modelo 200 se han habilitado casillas específicas para dejar constancia de la rectificación. Resulta imprescindible consignar el número de justificante de la autoliquidación anterior que se pretende corregir o completar en ese momento. Además, el declarante tiene la obligación de indicar de forma clara cuál es el motivo que justifica la presentación de la nueva. Se distinguen principalmente dos causas: las rectificaciones generales y las derivadas de una discrepancia de criterio administrativo.

En el caso de discrepancia, se ha habilitado una casilla especial para detallar el importe de la corrección correspondiente. Es importante notar que el formulario actual no permite adjuntar documentación adicional o alegaciones extensas de forma directa. La autoliquidación rectificativa debe contener tanto los datos que se mantienen como los que son objeto de nueva inclusión.

La principal ventaja que defiende la Agencia Tributaria con este cambio es la agilidad en la tramitación de las posibles devoluciones. Antes, la solicitud de rectificación se gestionaba como un recurso, lo que implicaba plazos de resolución mucho más dilatados. Ahora, al ser el propio contribuyente quien realiza la corrección, el proceso se vuelve mucho más directo para ambas partes. Esta inmediatez beneficia especialmente a las pymes que necesitan recuperar saldos a su favor de forma rápida y sencilla. Hacienda argumenta que este mecanismo evita procedimientos farragosos y reduce la burocracia innecesaria en la gestión de los impuestos. La simplificación técnica permite que un descuido contable no se convierta en un problema administrativo de larga duración. Al unificar los criterios, se dota de una mayor seguridad jurídica al obligado tributario en su relación con la administración.

En definitiva, el objetivo es que la corrección de errores sea un trámite ordinario y no un proceso excepcional. A pesar de la generalidad del nuevo sistema, la normativa contempla una excepción muy específica para ciertos supuestos de rectificación. Las empresas podrán seguir utilizando el método tradicional de solicitud de rectificación en casos de discrepancia jurídica de rango superior. Esto ocurre cuando se alega una vulneración de la Constitución, del Derecho de la Unión Europea o de tratados internacionales. En estos escenarios de batalla legal, la pyme tiene la libertad de elegir entre el sistema nuevo o el antiguo.

Menos tiempos de espera

No obstante, esta flexibilidad desaparece si el motivo de la rectificación se mezcla con un error contable o material. Si existen fallos comunes junto a la discrepancia jurídica, Hacienda obliga a tramitar todo mediante la autoliquidación rectificativa. Por tanto, sigue siendo vital identificar correctamente el origen del error antes de iniciar cualquier tipo de trámite. Esta salvedad protege el derecho del contribuyente a discutir la interpretación de la norma en instancias superiores de justicia.

El éxito de esta transición dependerá en gran medida de la capacidad de los negocios para adoptar las nuevas rutinas. Hacienda confía en que la reducción de los tiempos de espera mejore la satisfacción general de los obligados tributarios. Aunque el cambio puede generar dudas iniciales, la simplificación del procedimiento es una noticia positiva para la mayoría de autónomos. El sistema tributario avanza hacia una mayor transparencia y agilidad, adaptándose a las necesidades de un entorno empresarial dinámico. En conclusión, la rectificativa llega para quedarse como la vía preferente de comunicación de fallos ante la Agencia Tributaria.

Afrontar la jubilación con una mayor tranquilidad económica es el objetivo de cualquier trabajador que finaliza su etapa laboral. Sin embargo, lo que muchos futuros pensionistas desconocen es que haber tenido hijos a lo largo de su vida laboral puede traducirse en un ingreso extra mensual en su cuenta bancaria.

La Seguridad Social ofrece mecanismos específicos para premiar la aportación demográfica y compensar el perjuicio laboral que a menudo supone el cuidado de los hijos, permitiendo elevar notablemente la cuantía final de la prestación.

A pesar de ser un derecho consolidado, la normativa que regula estas ayudas genera en ocasiones un mar de dudas debido a los cambios legislativos recientes y a los requisitos específicos de acceso. No todos los complementos son iguales, ni se aplican de la misma forma para todo el mundo.

El Complemento para la Reducción de la Brecha de Género

Este beneficio económico llegó para sustituir al antiguo complemento por maternidad por aportación demográfica. Su objetivo principal es reparar el perjuicio que han sufrido la mayoría de las mujeres a lo largo de su carrera profesional por haber asumido de forma principal el cuidado de los hijos, un parón laboral que a la larga merma la cuantía de sus pensiones. Por este motivo, en su origen la ley exigía requisitos diferentes a hombres y mujeres.

Sin embargo, el escenario legal ha cambiado por completo tras una importantísima sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE) del 15 de mayo de 2025. La justicia europea determinó que la ley española discriminaba al progenitor varón, por lo que dictaminó que este complemento debe aplicarse a los hombres exactamente en los mismos términos previstos para las mujeres. En la práctica, esto significa que a los padres ya no se les exige cumplir con requisitos adicionales de cotización ni demostrar lagunas laborales particulares; si han tenido hijos y causan una pensión, tienen las mismas facilidades de acceso.

Los beneficiarios directos son todas aquellas mujeres y hombres con uno o más hijos que accedan a una pensión contributiva de jubilación ordinaria o anticipada (quedando fuera únicamente la jubilación parcial), de incapacidad permanente o de viudedad, siempre que dicha pensión se haya originado a partir del 4 de febrero de 2021. No obstante, la ley estipula que cada hijo da derecho a un solo complemento, por lo que es incompatible que lo cobren ambos progenitores a la vez.

En el caso de que los dos lo soliciten, el derecho se le concederá automáticamente a aquel que tenga la suma de pensiones públicas de menor cuantía. Asimismo, existen causas de exclusión muy estrictas: no se reconocerá este dinero a quienes hayan sido privados de la patria potestad o cuenten con condenas por violencia de género o violencia ejercida contra sus propios hijos. Para conocer cómo funciona su cuantía, sus efectos económicos y los canales de tramitación, es útil resumir sus condiciones clave:

Por último, es fundamental aclarar qué ocurre con quienes ya percibían el antiguo complemento por maternidad antes del 4 de febrero de 2021. La legislación garantiza que estas personas mantendrán el cobro de dicha ayuda de forma transitoria. No obstante, ambos incentivos son completamente incompatibles entre sí, por lo que si el interesado causa una nueva pensión pública con derecho al complemento de brecha de género, deberá optar por uno de los dos. Además, si el otro progenitor solicita ahora el nuevo complemento y le corresponde por tener una cuantía de pensión inferior, el importe que se le reconozca a este último se deducirá directamente del antiguo complemento de maternidad que venía cobrando el primero.

Beneficios de cotización por cuidado de hijos o menores

Existe otra ventaja fundamental para los padres y madres que a menudo pasa desapercibida, pero que resulta de gran utilidad para mejorar la pensión. Está regulada en el artículo 236 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. A diferencia del complemento de brecha de género, este mecanismo no añade un dinero extra directo a la mensualidad, sino que actúa sumando días de cotización ficticios a la vida laboral del trabajador para cubrir aquellos periodos en los que tuvo que dejar de trabajar o buscar empleo para dedicarse a la crianza de sus hijos.

Este beneficio reconoce como periodo cotizado a todos los efectos, con la única excepción de servir para alcanzar el periodo mínimo de cotización exigido por ley (cómputo de carencia), el tiempo en el que se haya interrumpido la cotización tras la extinción de un contrato de trabajo o tras finalizar el cobro de las prestaciones por desempleo.

Para poder acogerse a esta medida, es requisito indispensable que dicho parón laboral o el fin del paro hayan ocurrido en un momento muy concreto: entre los nueve meses anteriores al nacimiento del hijo (o los tres meses anteriores en caso de adopción o acogimiento permanente) y la finalización del sexto año posterior a esa situación. Para comprender los límites, la duración y la aplicación práctica de estos días de cotización regalados por la Seguridad Social, se deben tener en cuenta las siguientes reglas esenciales:

Días de cotización por parto

El tercer gran mecanismo que ofrece la normativa, y que suele confundirse a menudo con la bonificación por cuidado de menores, es el reconocimiento de días cotizados por parto. Este derecho viene regulado en el artículo 235 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y consiste en una cotización asimilada que el Estado otorga para compensar el impacto laboral e inmediato del alumbramiento. Al tratarse de un beneficio ligado estrictamente a la situación biológica del nacimiento, se concede única y exclusivamente a las mujeres y se aplica de cara a las pensiones contributivas de jubilación y de incapacidad permanente.

La gran ventaja de esta medida es que influye directamente en el bolsillo de la futura pensionista por una doble vía. Por un lado, a diferencia de los días por cuidado de hijos, estos periodos por parto sí computan para alcanzar el mínimo de 15 años exigidos para poder jubilarse. Por el otro, sirven para engrosar el número total de años cotizados en tu expediente. Cuantos más años acumulados presentes a la Seguridad Social, mayor será el porcentaje que se aplicará a tu base reguladora y, por lo tanto, más alta será la cuantía de tu pensión mensual.

La campaña de la Renta 2025 ha terminado oficialmente este pasado 30 de junio, dejando a miles de contribuyentes en una situación de irregularidad fiscal. A partir de ahora, cualquier presentación se considera fuera de plazo y activa automáticamente el régimen sancionador de la Agencia Tributaria. Hacienda dispone de diversos mecanismos para penalizar este retraso, que van desde recargos porcentuales hasta multas fijas, dependiendo de cada caso. El impacto económico varía sustancialmente según si el resultado de la autoliquidación es a ingresar o a devolver. Es fundamental entender que el tiempo es ahora el peor enemigo del ciudadano rezagado.

La Administración distingue entre quienes actúan por voluntad propia y quienes esperan un requerimiento oficial. Por ello, conocer las consecuencias financieras es el primer paso para minimizar el daño al bolsillo. No cumplir con esta obligación tributaria puede acarrear costes imprevistos que superan con creces la deuda original. La normativa española establece una diferencia clave entre la regularización voluntaria y la que se produce tras un requerimiento administrativo. Si decides presentar la declaración ahora sin haber recibido una notificación previa, las consecuencias serán notablemente más leves. En este escenario de buena fe, se aplican recargos por extemporaneidad que sustituyen a las sanciones más graves. 

Sin embargo, si es Hacienda quien detecta la omisión y envía una carta al respecto, se abre un proceso sancionador. En tales circunstancias, las multas dejan de ser pequeños porcentajes para convertirse en castigos financieros de gran calado. La rapidez en la respuesta del contribuyente es determinante para evitar que el expediente escale a mayores. Un simple descuido puede transformarse en una pesadilla fiscal si se decide esperar a que el fisco actúe. Por lo tanto, la mejor estrategia actual es realizar el trámite de forma inmediata tras el vencimiento.

Para las declaraciones con resultado a ingresar, se aplica un sistema de recargos mensuales que incentiva la presentación voluntaria de los ciudadanos. El recargo inicial es de tan solo un 1% si el trámite se completa durante el presente mes de julio. A esta cifra se le añade un 1% adicional por cada mes completo de retraso acumulado. De este modo, si la presentación se demora hasta agosto, la penalización sube al 2%, y en septiembre será del 3%. Este mecanismo busca que el contribuyente no dilate su deuda con el erario de manera indefinida. Aunque es una carga extra, resulta menos costosa que las sanciones derivadas de una infracción tributaria formal. El cálculo se efectúa sobre la base de la cantidad que el ciudadano debía haber ingresado inicialmente. Debes tener en cuenta que estos importes pagados por demora no son deducibles en futuros ejercicios fiscales.

Si el retraso supera los doce meses, la presión financiera sobre el contribuyente aumenta significativamente de forma inmediata y automática. En este punto, el recargo fijo se eleva hasta el 15% del total de la deuda que estaba pendiente de pago. Además, una vez sobrepasado el año de demora, comienzan a aplicarse los intereses de demora correspondientes por ley. Actualmente, este interés legal se sitúa en el 4,0625% anual, encareciendo el pago de forma progresiva. La Agencia Tributaria cuenta con un plazo de prescripción de cuatro años para reclamar estos cobros. Esto implica que el riesgo de ser detectado y sancionado persiste durante un periodo de tiempo muy prolongado. 

El escenario más peligroso ocurre cuando Hacienda envía el requerimiento oficial o la denominada “carta del miedo” al domicilio. Si la Administración detecta el incumplimiento antes que el ciudadano, las sanciones pueden oscilar entre el 50% y el 150%. La cuantía final dependerá de la gravedad de la falta y de si existe ocultación de datos relevantes. Si la deuda no supera los 3.000 euros y no hay dolo, la infracción se suele calificar como leve. Sin embargo, el uso de métodos fraudulentos dispara la sanción al rango de muy grave con costes máximos. Es posible reducir la multa un 30% si se acepta la sanción sin presentar alegaciones posteriores. También se puede obtener un descuento adicional del 40% por el pronto pago de la deuda notificada. Sin una reacción rápida, la factura final con el fisco puede llegar a triplicar la cantidad inicial.

Existe la creencia errónea de que, si la declaración sale a devolver, no existen multas por el retraso. No obstante, la obligación de declarar existe independientemente del resultado final de la autoliquidación presentada. Si el contribuyente presenta voluntariamente el trámite fuera de plazo, la multa fija es de 100 euros. Si media un requerimiento oficial por parte de Hacienda, esta sanción obligatoria asciende hasta los 200 euros. Este castigo se impone por el mero incumplimiento del deber administrativo de informar en el periodo establecido. En caso de que Hacienda deba devolver dinero, restará automáticamente la multa de dicho importe total. Así, incluso los ciudadanos con derecho a devolución pueden ver mermados sus ingresos por no ser puntuales. 

Diferentes penalizaciones

Muchos optan por el fraccionamiento de pago en dos plazos para aliviar la carga económica del impuesto. El primer pago del 60% se cobra el 1 de julio, mientras que el 40% restante se pospone hasta noviembre. Si no se dispone de fondos en la cuenta para el segundo pago, se activan recargos ejecutivos. Si el ingreso se hace voluntariamente antes del requerimiento, el recargo es del 5% sobre lo pendiente. Si Hacienda debe enviar una notificación para reclamar el pago, la penalización sube al 10% del total. En situaciones de impago persistente tras el requerimiento, el recargo de apremio puede alcanzar el 20%. A estas cifras se sumarán nuevamente los intereses de demora del 4,0625% sobre la cantidad no satisfecha. Mantener la vigilancia sobre los saldos bancarios en las fechas de cobro es crucial para evitar estos recargos. El sistema automatizado de cobros no admite demoras sin aplicar las penalizaciones legales.

Consultoras expertas en fiscalidad como Esofitec consideran que “antes de asumir que un error en la renta es irreversible, conviene revisar si aún se está a tiempo de una rectificativa”, asegura Óscar Mateo, T&A Business Unit Manager de Esofitec, quien considera que, “en muchos casos, lo que el contribuyente cree perdido en realidad se puede recuperar con la Agencia Tributaria”.

En definitiva, el fin de la campaña de la Renta 2025 marca el inicio de un período de riesgos financieros. Actuar con celeridad es la única herramienta eficaz para evitar que las penalizaciones escalen sin control. El apoyo de expertos o plataformas especializadas puede simplificar enormemente este trámite fuera de plazo. La Agencia Tributaria dispone de sistemas para localizar a los no declarantes en los próximos cuatro años. No presentar el documento a tiempo resulta siempre más caro que afrontar la cuota en el periodo voluntario. Los contribuyentes deben recordar que el coste de la demora crece cada mes que pasa sin regularizar.

El cobro de la prestación por desempleo volverá a tener como referencia el día 10 en julio de 2026. Esa es la fecha que establece el Servicio Público de Empleo Estatal para abonar estas ayudas cada mes, salvo cuando coincide con un festivo, en cuyo caso el ingreso se traslada al siguiente día hábil. En esta ocasión, el 10 de julio cae en viernes, por lo que el calendario oficial no prevé cambios ni ajustes en el pago.

Ahora bien, que el SEPE marque una fecha concreta no implica que todos los beneficiarios reciban el dinero al mismo tiempo. La prestación se canaliza a través de la entidad bancaria que cada persona tiene registrada, y cada banco aplica sus propios tiempos de gestión. Esto explica que algunos clientes puedan disponer del importe antes del día 10, mientras que otros lo vean reflejado ese mismo día o incluso en jornadas posteriores.

El abono de julio corresponde a la prestación generada durante el mes de junio, ya que el paro se paga a mes vencido. Para cobrar con normalidad, es necesario que la ayuda esté reconocida, que no existan suspensiones activas y que los datos bancarios estén correctamente actualizados. Además, la persona beneficiaria debe haber cumplido con sus obligaciones, como renovar la demanda de empleo dentro del plazo establecido.

Cuándo ingresan los bancos el paro de junio en julio

La fecha oficial de referencia para el pago de las prestaciones en julio de 2026 será el viernes 10. A partir de ahí, las entidades pueden reflejar el ingreso en momentos distintos, en función de su propia operativa. Las fechas disponibles deben entenderse como referencias bancarias, no como un calendario oficial único para todos los perceptores.

En el Banco Santander se producirá los primeros días hábiles del mes. La entidad señala que, en los últimos pagos, el ingreso vinculado al SEPE suele recibirse entre el segundo y el tercer día laborable. Con el calendario de julio de 2026, esa referencia situaría el abono en torno al jueves 2 o viernes 3 de julio, con fecha de operación y valor al día siguiente.

CaixaBank fija como referencia el viernes 10 de julio, coincidiendo con el día oficial de pago del SEPE. En este caso, el ingreso se ajustaría al calendario general previsto para las prestaciones por desempleo, aunque la hora concreta en la que aparezca disponible puede variar según la actualización de la cuenta. Unicaja, por su parte, sitúa normalmente el abono de la prestación el día 9 de cada mes. Si mantiene esa operativa en julio de 2026, sus clientes podrían recibir el dinero el jueves 9 de julio, un día antes de la fecha general marcada por el SEPE.

Cómo influyen los bancos en la fecha de ingreso del paro

Cobrar el paro unos días antes o después no depende solo del SEPE. Aunque este organismo fija la fecha oficial y ordena el pago, son los bancos quienes determinan cuándo el dinero se refleja realmente en la cuenta. Por eso no todos los beneficiarios lo reciben el mismo día.

Algunas entidades optan por adelantar el ingreso. Lo hacen basándose en la información previa que reciben sobre los pagos, lo que permite a ciertos clientes disponer del dinero antes del día 10. Este adelanto no afecta ni al derecho a la prestación ni a la cantidad, solo al momento en que el dinero está disponible.

Otros bancos, en cambio, prefieren ceñirse al calendario habitual. En estos casos, el ingreso suele verse en torno al día 10 o en el siguiente día hábil si coincide con festivos o fines de semana. No se trata de un retraso, sino de la operativa interna de cada entidad. Además, hay factores técnicos que también influyen: horarios de cierre, procesamiento de transferencias o actualización de saldos. Estos detalles pueden hacer que el dinero aparezca a distintas horas, incluso dentro del mismo día. Por eso, que no esté a primera hora no implica necesariamente un problema.

Qué hacer si no aparece el ingreso

Si el dinero no se ha abonado en la fecha prevista, lo primero es revisar los movimientos de la cuenta a lo largo del día, ya que en muchos casos el ingreso se actualiza más tarde. Si pasan los días habituales y sigue sin aparecer, conviene consultar el estado de la prestación en los canales del SEPE. Así se puede comprobar si el pago está aprobado, si hay alguna suspensión o si existe un problema con los datos bancarios.

También pueden producirse retrasos si se ha cambiado recientemente la cuenta, si el expediente está en revisión o si no se ha renovado la demanda de empleo a tiempo. En estas situaciones, el banco no puede resolver la incidencia, ya que depende de la gestión administrativa. En definitiva, es importante diferenciar entre un desfase en la operativa del banco y un problema con la prestación. En julio de 2026, la fecha oficial de referencia será el viernes 10, pero el día exacto en que el dinero esté disponible variará según la entidad y el estado del expediente.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) vuelve a colocarse entre las prestaciones que más dudas generan a final de mes, sobre todo entre quienes dependen de esta ayuda para cuadrar el alquiler, los recibos o los gastos del día a día. Aunque la Seguridad Social fija una fecha concreta para el pago, el dinero no se ingresa en todas las cuentas a la vez, ya que el momento exacto depende del funcionamiento interno de cada banco.

En el caso del IMV de julio de 2026, el calendario oficial sitúa los pagos entre el primer y el cuarto día hábil del mes. Aun así, como viene siendo habitual, algunas entidades deciden adelantar el ingreso a los últimos días del mes, de forma que sus clientes puedan contar antes con ese dinero. Este adelanto no implica un pago extra ni altera la cuantía de la prestación, sino que simplemente anticipa el acceso a un importe ya reconocido.

Por ello, conviene distinguir entre la fecha oficial que marca la Administración y el día en que cada entidad realiza el abono en cuenta. Esta diferencia explica que no todos los beneficiarios cobren al mismo tiempo, pese a tratarse de la misma mensualidad, y hace que el calendario de cada banco sea una referencia útil para quienes organizan su economía doméstica en función de esta ayuda.

Cómo funciona el Ingreso Mínimo Vital y quién puede recibirlo

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación económica dirigida a personas o unidades de convivencia con ingresos limitados. Su objetivo es garantizar un nivel mínimo de renta a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. La cuantía no es fija, ya que se adapta a las circunstancias económicas y familiares de cada caso.

Puede solicitarlo tanto una persona que vive sola como un hogar con varios miembros. Para acceder, es necesario cumplir requisitos relacionados con los ingresos, el patrimonio, la composición familiar y la residencia en España. Entre las condiciones generales se incluye haber residido legalmente en el país durante al menos un año, salvo excepciones previstas en la normativa.

El importe se calcula en función de la diferencia entre los ingresos del hogar y la renta garantizada que le corresponde. Además, el sistema contempla situaciones específicas —como la presencia de menores, familias monoparentales o personas con discapacidad— que pueden dar lugar a complementos. La ayuda se mantiene mientras se sigan cumpliendo los requisitos, por lo que es obligatorio comunicar cualquier cambio relevante.

Cuándo se cobra el IMV según el banco

La mensualidad correspondiente a julio de 2026 se abona, por norma general, en los primeros días hábiles de agosto. La Seguridad Social fija el pago entre el primer y el cuarto día hábil del mes, aunque muchas entidades bancarias optan por adelantarlo, permitiendo así que sus clientes tengan acceso al dinero antes de ese plazo.

En cuanto a las fechas previstas, el Banco Santander situaría el abono en la noche del 23 de julio, con fecha de operación y valor del día 24. CaixaBank tomaría como referencia el viernes 24 de julio, mientras que en BBVA el ingreso se produciría el día 25. Por su parte, Unicaja suele efectuar el pago el último día hábil del mes, que en julio de 2026 cae en viernes 31.

Cómo se efectúa el primer pago del IMV

El primer pago del Ingreso Mínimo Vital puede seguir un calendario distinto al de las mensualidades ordinarias. Las personas que acceden por primera vez a la prestación no siempre cobran en las mismas fechas que quienes ya la tienen reconocida desde meses anteriores. El momento del primer ingreso depende de cuándo se aprueba la solicitud y de cuándo entra esa resolución en el circuito de pagos.

Cuando la concesión llega a lo largo de un mes, lo más habitual es que la primera transferencia se realice en el periodo siguiente. Si la aprobación se produce cuando el mes ya está avanzado, el abono inicial puede demorarse por razones administrativas. Esa demora no implica por sí misma que se pierdan las cantidades reconocidas, ya que el primer pago puede incluir importes acumulados desde la fecha en la que la prestación genera efectos económicos.

Por este motivo, quienes reciben una resolución favorable deben distinguir entre la fecha en la que se reconoce el derecho y el día en que el dinero aparece en la cuenta. La primera determina desde cuándo corresponde la ayuda; la segunda depende del proceso de pago y de la entidad financiera. Esa diferencia puede generar dudas, sobre todo en los expedientes nuevos, pero no significa necesariamente que exista una incidencia.

Una vez realizado el primer ingreso, si la prestación sigue activa y se mantienen los requisitos, los pagos pasan a efectuarse de forma mensual. A partir de ese momento, la persona beneficiaria entra en el calendario habitual: abono de la Seguridad Social en los primeros días hábiles del mes siguiente y posibles adelantos si el banco donde está domiciliado el IMV aplica esa práctica.

La campaña de la Renta 2025 llega a su fin este martes 30 de junio. Los contribuyentes obligados a presentar la declaración tienen hasta el cierre del día para completar el trámite dentro del plazo ordinario y evitar posibles consecuencias económicas por presentarla fuera de tiempo. A partir del día siguiente, seguirá siendo posible entregarla, pero ya se considerará fuera de plazo y la Agencia Tributaria podrá aplicar recargos, intereses o sanciones en función de cada situación concreta.

El importe que Hacienda puede reclamar no es igual en todos los casos. Depende, sobre todo, de si el resultado de la declaración es a pagar o a devolver, y de si el contribuyente regulariza su situación por iniciativa propia o lo hace tras recibir una notificación oficial. No presentar el IRPF dentro del calendario fijado puede implicar desde una multa fija hasta un porcentaje sobre la cantidad que se dejó de ingresar.

La clave está en el momento en el que se corrige el incumplimiento. Si la declaración se presenta fuera de plazo, pero antes de que Hacienda haga cualquier requerimiento, el impacto suele ser menor. En cambio, si es la Agencia Tributaria la que detecta la falta de presentación y envía una notificación, las sanciones pueden incrementarse de forma notable, especialmente cuando el resultado es a ingresar.

Las posibles sanciones por presentar la Renta fuera de plazo

Cuando la declaración sale a pagar y se entrega tarde de forma voluntaria, sin requerimiento previo, se aplica un recargo sobre la cantidad pendiente. Este recargo aumenta con el paso del tiempo. Durante los primeros meses, se calcula con un 1% por cada mes completo de retraso desde el fin de la campaña. Así, si se presenta en julio, el recargo será del 1% sobre la deuda; si se retrasa hasta septiembre, alcanzará el 3%.

Este sistema hace que aplazar el trámite encarezca progresivamente el importe final. Aunque finalmente se presente la declaración, la deuda puede aumentar si pasan los meses. Por eso, en cuanto se detecta el incumplimiento, regularizar la situación cuanto antes permite reducir el impacto económico y evitar que la cantidad siga creciendo.

El escenario cambia si ha pasado más de un año desde el final de la campaña. A partir de ese momento, el recargo sube al 15% y se añaden intereses de demora, que actualmente se sitúan en el 4,0625%. En estos casos, el importe final puede ser bastante más elevado que la deuda inicial, ya que no solo se aplica un recargo fijo, sino también intereses por el tiempo transcurrido.

La situación se complica si es Hacienda quien reclama la presentación mediante una comunicación oficial. Si el contribuyente estaba obligado a declarar, no lo hizo y el resultado es a pagar, la Agencia Tributaria puede exigir la deuda pendiente e iniciar un procedimiento sancionador. En estos supuestos, la multa puede partir del 50% de la cantidad no ingresada y llegar hasta el 150%, según las circunstancias.

Cuando la declaración sale a devolver o el resultado es cero, también puede haber penalización por incumplir el plazo. En estos casos no existe deuda con Hacienda, pero sí se ha incumplido la obligación formal de presentar la declaración en tiempo. Si se entrega de forma voluntaria antes de cualquier requerimiento, la sanción habitual es de 100 euros. Si es Hacienda quien exige la presentación, la multa puede ascender a 200 euros, aunque pueden aplicarse reducciones en determinados casos.

Qué son las cartas de requerimiento de Hacienda

Las cartas de requerimiento son las comunicaciones formales que la Agencia Tributaria envía a un contribuyente cuando necesita que presente una declaración, corrija una situación, aporte documentación o justifique determinados datos. Suelen estar vinculadas a posibles incidencias detectadas por la Administración al cruzar información o ante la ausencia de una declaración obligatoria.

No todas las comunicaciones tienen el mismo alcance. Hacienda también puede enviar avisos preventivos a contribuyentes que ya han presentado su declaración, pero han modificado datos respecto a la información fiscal disponible. En estos casos, el objetivo es que se revise si la declaración es correcta o si conviene presentar una complementaria.

Este tipo de avisos busca facilitar la corrección voluntaria de errores u omisiones antes de que sea necesaria una regularización posterior. Si se considera que la declaración es correcta y se pueden justificar los datos, no es necesario modificarla. En cambio, si se detecta un error, existe la posibilidad de corregirlo antes de que el problema avance.

Un requerimiento formal tiene más consecuencias. Cuando Hacienda solicita documentación o exige una actuación concreta, es necesario responder en el plazo indicado. Ignorar la notificación puede complicar el proceso y aumentar el riesgo de sanciones. Además, una vez recibido el requerimiento, la regularización ya no se considera espontánea. Por ello, presentar la declaración dentro de plazo permite evitar recargos, reduce el riesgo de sanciones y cierra el trámite dentro del calendario previsto.

El Tesoro Público español se prepara para afrontar un mes de julio cargado de actividad financiera con el objetivo de captar liquidez en los mercados. Tras cerrar las operaciones de junio, el organismo ya ha fijado en su calendario las fechas clave para la emisión de nuevos valores de deuda pública a corto plazo. En este contexto, los inversores particulares y grandes instituciones centran su mirada en las próximas subastas que tendrán lugar durante las dos primeras semanas del mes estival. Estas emisiones son especialmente seguidas por quienes buscan refugio en activos de bajo riesgo ante la volatilidad económica actual. 

El organismo emisor mantiene una transparencia absoluta en su planificación anual, permitiendo que los ciudadanos conozcan con antelación los días exactos de las operaciones. De hecho, ya se ha iniciado la cuenta atrás para que los interesados preparen sus peticiones de suscripción. La popularidad de estos instrumentos no ha dejado de crecer debido a la atractiva rentabilidad que vienen ofreciendo en los últimos tiempos. Es un momento crucial para aquellos que desean rentabilizar sus ahorros con la máxima seguridad que ofrece el Estado español.

La primera de las grandes citas en el calendario de julio está programada para el día 7, momento en que se subastarán dos tipos de valores. Se trata de las letras a seis y doce meses, que representan una de las opciones favoritas para el ahorro con vencimiento a medio plazo. Para participar en esta puja, el Tesoro establece fechas límite muy estrictas que los ahorradores deben tener presentes para no quedar fuera. En el caso de realizar la solicitud de forma telemática, el plazo máximo para presentar las peticiones online expira el 3 de julio. Quienes prefieran acudir de manera presencial a las sucursales del Banco de España tienen un margen similar, requiriendo siempre una cita previa. 

El valor nominal mínimo para entrar en esta subasta se mantiene en los 1.000 euros, permitiendo así el acceso a pequeños ahorradores. Es fundamental recordar que estas inversiones se realizan en tramos múltiplos de dicha cantidad, asegurando una estructura de deuda organizada. Estas letras a seis y doce meses suelen atraer el mayor volumen de capital en las subastas del Estado. Exactamente una semana después, el 14 de julio, el Tesoro Público volverá a abrir sus puertas para subastar los otros dos tipos de letras. En esta ocasión, el protagonismo recaerá sobre los títulos con vencimientos más breves e intermedios, concretamente las letras a tres y nueve meses. Esta segunda vuelta mensual completa el cuarteto de instrumentos de deuda a corto plazo que el Estado pone a disposición de los ciudadanos. 

Para esta subasta específica, los inversores disponen de un margen adicional, pudiendo presentar sus peticiones online hasta el día 10 de julio inclusive. Al igual que en la emisión anterior, el proceso garantiza que tanto minoristas como grandes fondos puedan competir en igualdad de condiciones técnicas. Las letras a tres meses son valoradas por su extrema liquidez, mientras que las de nueve meses ofrecen un equilibrio temporal muy demandado. El calendario oficial muestra que la emisión efectiva de estos títulos se producirá el 17 de julio, cerrando el ciclo. Resulta vital para el inversor coordinar sus fondos, ya que el pago de las adjudicaciones debe realizarse en las fechas señaladas.

El funcionamiento técnico de estos valores del Estado se basa en un sistema de emisión al descuento que resulta muy sencillo de comprender. A diferencia de otros productos financieros, las letras del Tesoro no pagan un cupón periódico o intereses anuales de forma explícita. La rentabilidad real para el comprador se genera a través de la diferencia entre el precio de compra y el valor de reembolso. Esto significa que el inversor adquiere cada letra por un importe inferior a su valor nominal de 1.000 euros en el momento inicial. Al llegar la fecha de vencimiento o amortización de la deuda, el Estado abona la totalidad de los 1.000 euros al titular. 

Es decir, si por ejemplo se adquiere un título por 970 euros, la ganancia bruta al finalizar el periodo será de 30 euros por unidad. Este método permite conocer de antemano la rentabilidad mínima que se obtendrá, aportando una gran seguridad al plan de ahorro. Para el cálculo preciso de estos rendimientos se aplican fórmulas financieras estandarizadas que consideran los días exactos hasta el vencimiento. El mercado secundario también permite negociar estos valores antes de que se cumpla su plazo de vencimiento final.

Al participar en una subasta, el inversor tiene la posibilidad de elegir entre realizar una oferta de carácter competitivo o no competitivo. En las ofertas no competitivas, el interesado simplemente indica la cantidad de dinero que desea invertir sin especificar un precio concreto. Bajo esta modalidad, el suscriptor acepta el precio medio ponderado que resulte de la subasta una vez que se hayan resuelto todas las pujas. Por el contrario, en las ofertas competitivas se debe indicar tanto el montante económico como el precio que se está dispuesto a pagar. El Tesoro Público emplea el sistema holandés combinado con el método de subasta convencional para determinar las adjudicaciones finales. Este proceso implica que las ofertas se clasifican de mayor a menor precio, aceptando aquellas que superan el mínimo fijado por el emisor. 

Las peticiones no competitivas son las primeras en ser atendidas por el organismo oficial, asegurando así su colocación prioritaria. Una vez cubierto el volumen previsto, se calcula el tipo de interés medio que regirá para el resto de los participantes. Este mecanismo busca optimizar el coste de la deuda para el Estado y ofrecer condiciones de mercado justas.

Vías para comprarlas

Existen diversas vías para tramitar la compra de estas cuatro letras del Estado, adaptándose a las necesidades de cada perfil de usuario. La opción más ágil actualmente es el servicio de compraventa de valores a través de la página web oficial del Tesoro Público. No obstante, este canal requiere que la suscripción se realice con al menos siete días de antelación respecto a la fecha de subasta. Concretamente, el plazo online se cierra a las 23:00 horas del séptimo día anterior para garantizar la correcta gestión de los fondos. Otra alternativa clásica es acudir físicamente a una de las sucursales del Banco de España distribuidas por todo el territorio nacional. Es indispensable concertar una cita previa y respetar el horario de atención, que suele ser de 8:30 a 14:00 horas. Además, las entidades bancarias privadas también actúan como intermediarios, facilitando el proceso a sus clientes a cambio de posibles comisiones. Para los inversores particulares que no son miembros del mercado primario, se exige a veces un depósito previo como garantía. 

En definitiva, las próximas subastas de julio representan una oportunidad clave para consolidar el ahorro en un producto con respaldo estatal. La tendencia alcista de los intereses en las letras del Tesoro, que han alcanzado niveles máximos desde 2024, justifica el interés masivo. Comparadas con los bonos y obligaciones a largo plazo, las letras ofrecen una flexibilidad temporal que se adapta mejor a la incertidumbre. El inversor conservador valora especialmente la garantía de recuperar su capital principal íntegro junto con la rentabilidad pactada en el proceso. Además, la sencillez del producto evita sorpresas desagradables ligadas a la volatilidad de los mercados de renta variable. 

El Banco Central Europeo (BCE) trabaja desde hace años en la creación del euro digital, una versión electrónica del dinero en efectivo con la que aspira a adaptar la moneda común a un entorno donde los pagos digitales ganan terreno a gran velocidad. Esta iniciativa, que no reemplazará al efectivo pero sí lo complementará, busca dar una respuesta pública, segura y gratuita a la transformación que vive el sistema de pagos, hoy dominado en parte por operadores privados no europeos.

La propuesta parte del reconocimiento de que el uso del efectivo está disminuyendo progresivamente, especialmente en algunos países del norte de la eurozona. Frente a la expansión de soluciones de pago digitales desarrolladas por grandes plataformas tecnológicas, el BCE pretende asegurar que el público mantenga acceso directo a una forma de dinero del banco central en la era digital. Al igual que las monedas y billetes actuales, el euro digital estaría respaldado por el BCE, lo que garantiza su valor y estabilidad.

Aunque todavía no hay una fecha oficial de lanzamiento, el proyecto ha entrado en una fase de preparación que podría extenderse varios años. Entre sus principales desafíos se encuentran el diseño técnico, la protección de la privacidad y la definición del papel que jugarán los intermediarios, como bancos comerciales y operadores de servicios de pago. Paralelamente, su puesta en marcha depende también del visto bueno legislativo, que deberá ser otorgado por las instituciones europeas tras analizar la propuesta del BCE.

Una nueva forma de dinero público

El euro digital se plantea como una forma de dinero público electrónico, accesible a todos los ciudadanos de la eurozona. A diferencia de las cuentas bancarias tradicionales, el dinero depositado en un monedero digital en euros estaría directamente garantizado por el banco central, eliminando el riesgo asociado a posibles quiebras bancarias. No se trata de una criptomoneda ni de un activo volátil: su valor será siempre equivalente al del euro físico.

En su diseño actual, el euro digital permitiría realizar pagos en tiendas físicas, en línea o entre particulares, utilizando un teléfono móvil u otros dispositivos electrónicos.

Según detalla el Banco Central Europeo en su web oficial, también se prevé la posibilidad de pagos sin conexión a Internet, lo que garantizaría su uso incluso en entornos rurales o en momentos de caída de red. Además, su uso básico sería gratuito para los ciudadanos, y se contempla que las entidades financieras desarrollen servicios adicionales sobre esta infraestructura.

El Banco de España, a través de su portal Cliente Bancario, ha señalado que el euro digital no será un sustituto del efectivo ni un instrumento para controlar los hábitos de consumo.

Se espera que las operaciones realizadas con él respeten altos estándares de privacidad, si bien su diseño final deberá encontrar el equilibrio entre anonimato y prevención del fraude. Esta característica lo diferencia de otros medios de pago digitales privados, que pueden recopilar y explotar los datos de los usuarios.

¿Cómo funcionaría el euro digital?

El euro digital permitiría realizar pagos inmediatos y seguros tanto en comercios físicos como en plataformas en línea, así como entre particulares, sin importar el país de la zona euro ni el proveedor de servicios utilizado. Para usar esta nueva forma de dinero electrónico, el primer paso sería crear un monedero digital en euros a través de una entidad financiera o una oficina de correos.

Una vez abierto el monedero, los usuarios podrían cargar dinero desde una cuenta bancaria vinculada o incluso mediante la conversión de efectivo. A partir de ese momento, los pagos se efectuarían utilizando el saldo disponible en ese monedero, que también podría recibir ingresos en euros digitales que los usuarios podrían conservar hasta un límite establecido o transferir a su cuenta bancaria, ya sea de manera manual o automática.

El sistema garantizaría transacciones seguras y rápidas en cualquier situación, incluyendo la posibilidad de realizar pagos sin conexión a internet. En estos casos, solo las partes involucradas conocerían los detalles de la operación, lo que asegura un nivel de privacidad comparable al del dinero en efectivo. Estas características buscan combinar la seguridad y accesibilidad del dinero público con la flexibilidad que demandan los usuarios en un mundo cada vez más digital.

Los casi diez millones de pensionistas en España tienen muy presente la primera semana de julio. No es para menos, está previsto que la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) abone la paga extraordinaria de verano de 2026 entre el miércoles 1 y el viernes 3 de julio. Otros beneficiarios también tienen subrayado en su calendario la última semana de junio, en previsión de recibir antes el dinero gracias al adelanto habitual de las entidades bancarias. Se trata de un año especial, en el que la paga extraordinaria vendrá con subida incluida. Muchos jubilados recibirán una cuantía superior en la paga extraordinaria. El motivo reside en que las pensiones contributivas se han revalorizado un 2,7%, tal y como establece el Real Decreto 39/2026.

De acuerdo con el artículo 46 de Ley General de la Seguridad Social, el sistema de pensiones contempla 14 pagas anuales, doce correspondientes a cada mes del año y dos extraordinarias. De acuerdo con la norma, “estas últimas se devengarán en los meses de junio y noviembre”. No se trata de un complemento adicional al importe mensual, sino parte de una fracción del cálculo total de la pensión. Del mismo modo, el importe a recibir por los pensionistas es equivalente al recibido mes a mes. La peculiaridad de la paga extraordinaria reside en que se abona a mes vencido, por lo que los bancos deberán haber recibido la transferencia por parte de la Seguridad Social a principios de julio. En definitiva, queda poco más de un mes para que los pensionistas reciban su paga extra.

Los pensionistas que hayan comenzado a percibir la pensión después del periodo de devengo —que abarca desde el 1 de diciembre al 31 de mayo— no recibirán la totalidad de la paga extra de verano. En su lugar, recibirán el importe proporcional a lo cotizado. Si, por ejemplo, un usuario es pensionista desde el 31 de mayo, cobrará la mitad de la paga extra, puesto que solo habrá generado tres de los seis meses del periodo. En ese mismo escenario, un pensionista que percibe 1.600 euros recibirá solo 800 euros de paga extraordinaria de verano.

Por su parte, aquellos que empezaron a recibir la pensión después del 31 de mayo de 2026 tendrán que esperar al próximo año para cobrar la paga extraordinaria. Lo mismo ocurrirá con los que la hayan tenido suspendida durante el periodo de devengo en su totalidad.

Por otro lado, existen pensiones en las que, en lugar de contar con paga extraordinaria, el importe está prorrateado. Es el caso de aquellas prestaciones por incapacidad permanente derivadas de accidente laboral o enfermedad profesional.

Cuándo se cobra la paga extra en cada entidad bancaria

No todos los bancos efectúan el ingreso de la paga extra el mismo día. Muchas entidades financieras adelantan el ingreso, por lo que el día de cobro depende de dónde tengan los pensionistas domiciliada su pensión. En general, los bancos que anticipan el ingreso lo suelen hacer entre los días 22 y 25 de junio:

Si antes del 3 de julio el pensionista no ha recibido la paga extraordinaria de verano, lo recomendable es que contacte con su banco y consulte si existe una orden de pago pendiente. En caso contrario y si no consta a la entidad financiera el abono, deberá presentar una reclamación ante la Seguridad Social mediante uno de estos dos cauces:

La campaña de la Renta 2025 está entrando en su recta final con cifras que demuestran una gran agilidad por parte de los ciudadanos. Según los datos más recientes facilitados por la Agencia Tributaria, 6 de cada 10 contribuyentes ya han cumplido con sus obligaciones fiscales ante Hacienda. Este porcentaje representa a más de quince millones de personas que han preferido no esperar al último momento para ajustar sus cuentas anuales. La mayoría de estos declarantes ya han recibido las devoluciones correspondientes, cerrando así un proceso que comenzó el pasado mes de abril.

Sin embargo, todavía queda un volumen significativo de población que debe realizar el trámite antes de que expiren los plazos legales establecidos. El ritmo de presentación es notablemente superior al del ejercicio anterior, consolidando una tendencia de anticipación digital constante. Para aquellos que aún no han dado el paso, es fundamental conocer las fechas clave que marcarán el cierre definitivo de este importante periodo impositivo.

El volumen total de declaraciones presentadas hasta la fecha asciende a 15.202.000, lo que supone un incremento del 4,7% respecto al mismo periodo de la campaña anterior. Este crecimiento es especialmente llamativo si se tiene en cuenta que el proceso arrancó con seis días de retraso en comparación con el calendario del año pasado. Hacienda estima que, una vez finalice el periodo, se habrán tramitado más de 25.251.000 declaraciones en total. Este aumento global del 2,1% en la participación se atribuye directamente al impulso en la creación de empleo registrado a lo largo del año 2025. Los contribuyentes están haciendo uso masivo de las herramientas telemáticas, lo que ha permitido gestionar un flujo de información sin precedentes de manera eficiente.

De las declaraciones recibidas hasta ahora, la gran mayoría han resultado con derecho a devolución, siguiendo la tónica habitual de las campañas de IRPF. De hecho, la Agencia Tributaria ya ha devuelto 5.710 millones de euros a un total de 8.277.000 contribuyentes en estos dos meses iniciales. Esta cifra supone que el 75,5% de las solicitudes de devolución presentadas ya han sido abonadas efectivamente en las cuentas bancarias de los ciudadanos. El ritmo de pagos ha experimentado una evolución positiva del 4,1% interanual, alineándose con el incremento en el número de solicitudes recibidas. 

Por su parte, la propia Hacienda prevé ingresar unos 24.628 millones de euros, lo que representa un aumento considerable del 18,4% respecto al ejercicio anterior. En contraste, se espera que el importe total a devolver sea un 3,2% inferior, situándose en el entorno de los 13.271 millones de euros. Estos datos reflejan la solidez de la recaudación y la eficacia de los sistemas de procesamiento automático de los borradores. Para el contribuyente medio, la rapidez en la obtención del reembolso sigue siendo el principal incentivo para presentar la documentación durante las primeras semanas.

Pero es cierto que a estas alturas el calendario aprieta y los contribuyentes que aún no han presentado su declaración deben marcar dos fechas fundamentales en rojo para evitar posibles recargos o sanciones. El plazo general de presentación finalizará el próximo 30 de junio para todos los supuestos, ya sea con resultado a ingresar o a devolver. Sin embargo, existe una excepción crucial para quienes tengan que pagar y deseen hacerlo mediante domiciliación bancaria en su cuenta corriente. En este caso específico, la fecha límite se adelanta al 25 de junio, otorgando un margen menor para completar el trámite de forma automatizada. 

Es importante recordar que domiciliar el pago no significa un desembolso inmediato del dinero, sino que el cargo se efectuará el último día de campaña. Aquellos que presenten una declaración positiva después del día 25 deberán realizar el ingreso por otros medios antes de confirmar el envío. No agotar los plazos es la mejor estrategia para evitar incidencias técnicas de última hora que puedan surgir por saturación.

Atención personalizada

Para quienes prefieren una atención personalizada o tienen dudas complejas, la Agencia Tributaria ofrece diversas vías de asistencia. Desde el pasado 1 de junio, las oficinas físicas están abiertas para confeccionar declaraciones de forma presencial, sumándose así al canal telefónico. Es imprescindible solicitar cita previa para ambos servicios, un proceso que puede realizarse a través de la sede electrónica o de los teléfonos oficiales. El plazo para pedir estas citas finalizará el 29 de junio, solo un día antes del cierre definitivo de la campaña de Renta 2025. El plan “Le llamamos” sigue siendo la opción preferida de asistencia personalizada, con más de un millón de solicitudes registradas hasta el momento. Además, existe un plan especial de videoasistencia para pequeños municipios que no cuentan con delegaciones propias de la Agencia Tributaria. 

Como recomendación final para el 40% de los declarantes que aún están pendientes, los expertos sugieren no demorar más la revisión del borrador fiscal. Es vital comprobar que se están aprovechando todas las deducciones autonómicas vigentes para el ejercicio 2025, ya que Hacienda no siempre las aplica por defecto. En el caso de que la declaración salga a pagar, el pago puede fraccionarse en dos plazos: el 60% al presentarla y el 40% restante en noviembre. Asegurarse de tener saldo suficiente el día 30 de junio evitará problemas con las entidades bancarias y con la propia administración tributaria. La documentación necesaria debe estar preparada antes de iniciar el trámite, especialmente si se opta por la vía telefónica o la presencial. Con la campaña llegando a su fin, la previsión y el conocimiento de los plazos son las mejores herramientas para cerrar el año.

La campaña de la Renta 2025 ha llegado a su recta final. Han pasado dos meses desde la apertura del plazo para que los contribuyentes rindiesen cuentas con la Agencia Tributaria y, en estos momentos, queda menos de un mes para poder presentar la declaración. El próximo 30 de junio será el último día de la campana del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF). Aún queda margen, por lo que es tentador apurar los plazos a última hora, algo que puede ser arriesgado, especialmente para aquellos declarantes con un resultado positivo en su declaración.

El resultado de la declaración es la culminación del proceso de declaración de la renta que nos indica si el balance ha salido positivo (a pagar) o negativo (a devolver en nuestro favor). Esto se calcula aplicando la siguiente fórmula: casillas ([550] - [551] + [552] - [562] + [563] - [575] + [576] - [589] + [590] - [591] + [592]). Si el resultado es positivo, es necesario abonar este importe a la Agencia Tributaria. En el caso de que, por el contrario, salga negativo, Hacienda deberá ingresarnos esta cantidad.

En términos generales, la declaración suele salir a pagar porque Hacienda estima que el contribuyente ha pagado menos IRPF del que corresponde por sus ingresos totales. En consecuencia, hace una regularización y reclama el dinero. El cálculo del IRPF está sujeto a múltiples variables, puesto que afecta a numerosos tipos de ingresos:

El fenómeno más común que propicia que el IRPF salga a pagar es que no se han aplicado las tarifas que corresponden a la nómina que percibe el contribuyente. Otro error habitual es que el declarante no se sujete a deducciones a las que tiene derecho.

Fecha límite para presentar la declaración si el resultado es positivo

En general, el plazo para presentar la declaración finaliza el 30 de junio, pero para aquellos que les sale la declaración a pagar deberán presentarla algo antes. Y es que, para el 25 de junio, los contribuyentes deberán tener el pago domiciliado.

Más tarde de esa fecha, existen estos plazos por los que Hacienda reclamará el importe de la regularización, en función de si el pago está o no fraccionado y la proporción que se domicilie. Es posible fraccionar el pago en dos plazos de proporción de 60/40. En otras palabras, existe un primer pago del 60% del importe total a pagar, y un segundo pago del 40%.

Para optar a un fraccionamiento, la declaración debe presentarse dentro del plazo establecido y no debe tratarse de una autoliquidación complementaria. Además, en el momento en el que se confirma la declaración debe efectuarse el ingreso del 60% del importe resultante de la misma:

Podrán optar a domiciliar su declaración aquellos contribuyentes que confirmen su borrador a través de la sede online de la Agencia Tributaria, por teléfono, o por la aplicación de Hacienda. También en el caso de que la autoliquidación se efectúe a través de los servicios de ayuda prestados en las oficinas de la Agencia Estatal de la Agencia Tributaria.

La aerotermia se está consolidado como una de las inversiones más inteligentes para quienes buscan climatizar su hogar de forma sostenible y económica. Este sistema utiliza una bomba de calor para extraer energía térmica del aire exterior, proporcionando calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria con un alto rendimiento. Más allá del ahorro directo en las facturas mensuales, se han impulsado potentes incentivos fiscales para promover la eficiencia energética en las viviendas españolas.

De hecho y gracias a la normativa vigente, los contribuyentes pueden recuperar una parte significativa del desembolso total a través de su declaración de la renta. Instalar esta tecnología no solo reduce drásticamente las emisiones de CO2, sino que se traduce en un alivio fiscal inmediato. El marco legal actual permite a los propietarios deducirse hasta un 60% del coste total de la instalación. Este beneficio se incluye dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para modernizar el parque inmobiliario nacional. Es, sin duda, la herramienta de ahorro más potente disponible para transformar hoy mismo cualquier vivienda residencial.

Existen diversos tramos de deducción según el tipo de obra y la mejora energética que se alcance finalmente en el inmueble intervenido. El porcentaje más elevado, que alcanza el 60%, está reservado para viviendas unifamiliares o edificios residenciales completos. Para acceder a este beneficio máximo, es necesario acreditar una reducción del consumo de energía primaria no renovable de al menos un 30%. También se concede esta desgravación si la vivienda logra obtener una calificación energética de tipo A o tipo B tras la obra. 

La base máxima acumulada sobre la que se aplica este porcentaje puede llegar hasta los quince mil euros en total. Esto supone que un propietario podría llegar a ahorrar hasta nueve mil euros reales en su factura fiscal tras completar la instalación. Si la inversión supera el límite anual de cinco mil euros, la ley permite repartir el excedente en los años siguientes. Esta planificación fiscal a medio plazo garantiza que no se pierda ni un solo euro de la bonificación generada inicialmente.

Un requisito indispensable para validar cualquier derecho a la deducción es la presentación de dos certificados de eficiencia energética obligatorios. El primero de ellos debe haber sido emitido antes del inicio de las obras para establecer el punto de partida del inmueble. El segundo certificado debe expedirse una vez finalizada la instalación de aerotermia para demostrar objetivamente la mejora conseguida. Este documento final debe estar registrado oficialmente antes del 1 de enero de 2028 para ser aceptado por Hacienda. La normativa exige que la bomba de calor instalada cuente con una eficiencia técnica certificada superior a dos con cinco puntos. Sin esta acreditación técnica específica, el sistema no sería considerado legalmente como una fuente de energía renovable deducible.

Además, el pago de la factura debe realizarse mediante métodos totalmente trazables como transferencias bancarias o tarjetas. Cualquier pago efectuado en efectivo invalida automáticamente la posibilidad de desgravar la inversión realizada en la vivienda habitual. Las obras de mejora energética que dan derecho a estos beneficios fiscales deben finalizarse como muy tarde el 31 de diciembre de 2026. La deducción es aplicable tanto si la vivienda es la residencia habitual del contribuyente como si está destinada al alquiler. Sin embargo, la normativa es muy clara al excluir expresamente las segundas residencias de uso vacacional de estos incentivos. 

Tampoco se admiten deducciones para aquellas partes de la casa que estén afectas a actividades económicas o despachos profesionales. El inmueble debe estar situado en territorio español y las mejoras no deben cubrir zonas comunes ajenas a la eficiencia. Por ejemplo, quedan excluidos los anexos como garajes o piscinas, centrándose la ley estrictamente en el confort térmico interior. Es fundamental que el propietario sea quien sufrague los costes y que estos queden debidamente documentados con facturas legales. Este marco temporal y de uso busca priorizar la rehabilitación del parque de viviendas principales en todo el país.

Compatible con otras ayudas

Una de las grandes ventajas de la deducción por aerotermia en 2026 es el mecanismo conocido como ventaja del arrastre fiscal. Si la inversión total es elevada y la deducción resultante supera el límite máximo anual permitido, el contribuyente no pierde el exceso. La ley permite aplicar las cantidades restantes durante los cuatro ejercicios fiscales siguientes a la realización de la obra. Por ejemplo, en una instalación de dieciocho mil euros, se podría deducir el máximo anual permitido de forma recurrente. Esto permite alcanzar el ahorro acumulado de nueve mil euros de manera progresiva, aliviando la carga fiscal durante varios años. Gracias a este sistema, la rentabilidad económica de la aerotermia se maximiza independientemente de la renta anual del propietario. Es una medida diseñada para que las grandes inversiones en climatización eficiente sean accesibles para una mayoría de hogares. 

La deducción en el IRPF es totalmente compatible con otras ayudas públicas, como los fondos europeos Next Generation o las subvenciones locales. No obstante, existe una regla contable esencial: hay que restar el importe de la ayuda recibida del coste total de la factura. Por ejemplo, si una instalación cuesta diez mil euros y se recibe una ayuda de tres mil, la base deducible será de siete mil. Sobre esa cantidad resultante es sobre la que se aplicará el porcentaje de deducción que corresponda según el caso técnico. Además, muchos municipios ofrecen bonificaciones adicionales en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles que pueden llegar al 50%. También es posible beneficiarse de la reducción en tasas urbanísticas y licencias de obra al tratarse de mejoras sostenibles. Los Certificados de Ahorro Energético suponen otra vía de ingresos extra al ser comprados por las comercializadoras eléctricas. Todo este ecosistema de ayudas reduce el coste neto de la aerotermia en más de un 80%. Invertir en aerotermia durante este año, por lo tanto, representa toda una oportunidad para mejorar el valor y la eficiencia de cualquier inmueble.

Verifactu ya tiene fecha y va a obligar a muchas empresas y autónomos a cambiar la forma en la que trabajan con sus facturas. No es un ajuste menor, porque afecta a algo que forma parte del día a día de cualquier negocio: el programa con el que se registran las ventas y se generan los documentos fiscales.

La medida se enmarca en el plan de Hacienda para tener un mayor control sobre la facturación y avanzar en la digitalización del sistema tributario. La idea es que cada factura deje un rastro claro, que no pueda modificarse después de emitirla sin dejar constancia y que la Agencia Tributaria tenga más margen para detectar irregularidades.

El cambio no llegará al mismo tiempo para todos, pero sí va a tocar a una parte muy amplia del tejido empresarial. Las empresas y los autónomos tendrán plazos distintos para adaptarse, así que la clave está en no dejarlo para el final y revisar con tiempo si el software que se usa cumple o no con lo que pide la norma.

Los plazos de entrada en vigor de Verifactu

Verifactu es el reglamento que define las condiciones que deben cumplir los programas de facturación de empresas y profesionales. Su alcance no se limita a las facturas completas, sino que también incluye las facturas simplificadas y los tickets que emiten muchos pequeños negocios. Lo que quiere la norma es que cada operación quede registrada de forma segura, con trazabilidad y sin posibilidad de que los datos se alteren después sin que quede constancia.

El calendario ya está cerrado tras el aplazamiento aprobado con el Real Decreto-ley 15/2025, de 2 de diciembre. La primera fecha clave es el 1 de enero de 2027, cuando la obligación entra para las empresas que tributan por el Impuesto sobre Sociedades, incluidas las sociedades patrimoniales. A partir de ahí, esas compañías deberán hacer sus facturas con programas adaptados a los requisitos del sistema.

La segunda fecha es el 1 de julio de 2027. En ese momento, la obligación se extiende al resto de obligados: autónomos en IRPF, comunidades de bienes y otros profesionales que emiten facturas habitualmente. Ese margen extra busca dar más tiempo a los pequeños negocios y a los trabajadores por cuenta propia para que puedan revisar sus sistemas sin ir a la última.

A lo largo de 2026, tanto empresas como autónomos pueden ir adelantando la transición. No hace falta esperar al último momento para cambiar el programa o para actualizar el que ya se tiene. Lo más sensato es mirar con tiempo si el software actual puede adaptarse o si es mejor buscar una solución nueva que ya esté preparada para cumplir con la norma.

Cómo saber si empresas y autónomos deben usar el nuevo sistema

Uno de los puntos claves es que el programa de facturación no puede estar limitado a hacer facturas y nada más. El sistema debe generar un registro por cada factura que se emita y conservarlo con garantías técnicas. Ese registro puede enviarse a Hacienda o dejarlo preparado para su envío cuando la Agencia Tributaria lo pida. En cualquier caso, la factura debe ir vinculada a un sistema que asegure que los datos no se pueden alterar después.

Para eso, el software tiene que tener controles que impidan borrar o modificar datos sin dejar rastro. También debe generar una huella digital única por cada factura y, en muchos casos, un código QR que permita verificar la información. Con estas medidas, Hacienda quiere que cada factura quede bien identificada y que no sea posible alterar la contabilidad de forma opaca.

Verifactu afecta, en la práctica, a cualquier negocio que usa un programa informático para facturar, salvo las excepciones concretas que prevé la normativa. Esto incluye a pymes, autónomos, sociedades y comunidades de bienes que facturan con sistemas electrónicos. No es algo pensado solo para grandes empresas, sino para buena parte de quienes emiten facturas en el día a día.

Para los autónomos, el cambio implica revisar si el programa actual cumple con los nuevos requisitos o si tendrá que ser sustituido. Para las empresas, la adaptación también lleva revisar procesos internos, proveedores tecnológicos y la forma en la que se generan y se conservan los registros. En ambos casos, el objetivo es que la facturación esté alineada con el sistema de control de la Agencia Tributaria.

Qué ocurre si no se utiliza Verifactu

El incumplimiento puede tener consecuencias económicas importantes. La normativa prevé sanciones para quienes usan software que no está adaptado, para quienes manipulan los registros o para quienes impiden que los datos se generen y se conserven correctamente. En los casos más graves, las multas pueden pasar de los 50.000 euros.

Y el riesgo no se queda en una sola infracción. Si la obligación no se cumple cuando llega la fecha, las sanciones pueden aplicarse por ejercicio o por periodo incumplido. Por eso, la adaptación no debería dejarse para el final, porque el problema no es solo técnico: también es fiscal y económico.

En paralelo, Hacienda quiere que este nuevo sistema sirva para mejorar el control automatizado de la facturación y reducir las opciones de fraude. Por eso la norma insiste tanto en la inalterabilidad de los datos, en la trazabilidad de cada operación y en la conservación segura de los registros. No es solo cambiar de software, sino trabajar con una forma distinta de registrar la actividad económica.

La recomendación, en este escenario, es anticiparse. Revisar el programa de facturación, consultar al proveedor si será compatible con Verifactu y resolver cambios con tiempo puede evitar problemas cuando la obligación sea definitiva. A partir de ahí, cada negocio tendrá que ajustar su operativa a un sistema que busca más control, más trazabilidad y menos margen para la alteración de facturas.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), ha lanzado una alerta de importancia alta debido a una nueva campaña de fraude digital. Esta vez la amenaza se basa en una técnica denominada smishing, donde los ciberdelincuentes utilizan mensajes de texto para engañar a los ciudadanos. El objetivo principal de estos atacantes es suplantar la identidad de la Agencia Tributaria. Mediante el envío masivo de estos SMS, los estafadores buscan que las víctimas entreguen información delicada de carácter personal y financiero. Es fundamental que los usuarios estén al tanto de esta maniobra para proteger sus cuentas bancarias. El INCIBE subraya que la sofisticación de estos ataques está aumentando para atrapar a los más desprevenidos.  

De hecho, la prevención es actualmente la mejor herramienta de defensa disponible para toda la ciudadanía afectada. El impacto de este tipo de estafas puede ser devastador para la economía de los usuarios. La mecánica del fraude es directa y engañosa, aprovechando la autoridad que proyecta una institución pública como la Agencia Tributaria. Los mensajes recibidos por las víctimas suelen informar sobre un supuesto comunicado pendiente de consultar o una devolución. Para acceder a dicha información, se incluye un enlace que redirige a una página web fraudulenta. Este sitio web está diseñado cuidadosamente para imitar la apariencia visual de la sede electrónica oficial de Hacienda. 

Una vez que el usuario se encuentra en el portal falso, se le solicita que introduzca datos bancarios. Es común que pidan números de tarjetas de crédito o credenciales de acceso a la banca electrónica. Sin embargo, se trata simplemente de un anzuelo para capturar información confidencial de forma ilícita. La rapidez con la que operan estos sitios temporales dificulta en ocasiones su cierre inmediato. Por ello, el INCIBE insiste en la importancia de verificar siempre el origen de cualquier enlace.

Uno de los puntos clave para detectar el engaño reside en analizar detenidamente la dirección URL del enlace proporcionado. Los expertos señalan que las páginas oficiales de la administración pública siempre terminan en dominios .gob.es o .es. En cambio, las plataformas utilizadas por los ciberdelincuentes suelen emplear extensiones mucho más genéricas. Dominios acabados en .top o .click son señales claras de que nos encontramos ante una web de estafa. Estas extensiones son preferidas por los atacantes porque permiten crear y descartar sitios web de forma muy rápida. Cualquier carácter extraño o extensión inusual debe ponernos inmediatamente en estado de máxima alerta. La vigilancia del navegador puede ser la primera barrera efectiva para evitar caer en esta trampa.

Otro elemento que induce al error es el nombre del remitente que aparece en la pantalla del teléfono móvil. Los atacantes emplean una técnica conocida como SMS spoofing para camuflar el número de teléfono de origen. Esto permite que en el dispositivo del usuario aparezca el nombre legítimo de la AEAT como remitente. Lo más peligroso es que el mensaje fraudulento puede colarse en el mismo hilo de mensajes auténticos. Ver mensajes anteriores legítimos en la misma conversación genera una falsa sensación de seguridad en la víctima. No obstante, el INCIBE advierte que no debemos fiarnos únicamente de la etiqueta que identifica al remitente. Esta suplantación técnica es una de las razones por las que este fraude está teniendo éxito. 

Es imperativo desconfiar incluso si el mensaje parece provenir de una fuente de confianza habitual. La tecnología actual permite estas manipulaciones con relativa sencillez para los grupos de ciberdelincuencia organizada. La redacción y el nivel de personalización del mensaje son otros indicadores fundamentales que delatan la falsedad de la comunicación. Las notificaciones reales de la administración pública suelen incluir el nombre, apellidos o parte del NIF. En esta campaña de smishing, los mensajes son extremadamente genéricos y carecen de cualquier identificación personal. Se utilizan expresiones extrañas como “dirigida a usted” o “que usted recibe en calidad de titular”. 

Además, es frecuente encontrar errores tipográficos, como espacios innecesarios antes de los signos de puntuación. La redacción suele ser redundante, artificial y alejada de los estándares comunicativos de la Agencia Tributaria. Estos fallos son típicos en plantillas automatizadas que se traducen o generan de manera masiva por atacantes. Si el tono del mensaje suena forzado o no incluye sus datos básicos, es casi seguro un fraude. La observación detallada de la gramática puede salvarnos de un problema financiero mayor.

Es vital recordar la política oficial de comunicación que sigue la Agencia Tributaria. La AEAT ha reiterado en numerosas ocasiones que jamás solicitará información confidencial por SMS o correo electrónico. Esto incluye números de tarjetas bancarias, claves de acceso o cualquier dato sensible de cuentas corrientes. Tampoco se envían enlaces directos para cobrar devoluciones de impuestos o consultar expedientes específicos. Todas las gestiones relacionadas con devoluciones se tramitan exclusivamente a través de la sede electrónica oficial. Otro canal legítimo es la declaración de la renta presentada formalmente por los cauces establecidos cada año. Cualquier mensaje que prometa un reembolso rápido mediante un simple clic en un enlace es falso.

Actuar rápido

Para aquellos que reciban el mensaje pero aún no hayan interactuado con el enlace, existen pasos preventivos recomendados. Lo más aconsejable es reportar el mensaje al buzón de incidentes del INCIBE para su análisis. Esta acción colaborativa permite recopilar datos que sirven para alertar y proteger a otros usuarios vulnerables. Posteriormente, se debe proceder a bloquear al remitente en el dispositivo móvil de forma permanente. El último paso preventivo es la eliminación definitiva del mensaje para evitar pulsaciones accidentales en el futuro. Si existe alguna duda real sobre una deuda o comunicación, se debe contactar por canales oficiales. Acceder directamente a la web de la Agencia Tributaria sin usar enlaces externos es la mejor práctica. 

En el caso de que un usuario ya haya facilitado sus datos en la web fraudulenta, debe actuar con celeridad. Lo primero es contactar con la entidad bancaria para bloquear tarjetas y movimientos no autorizados. Es fundamental reunir todas las evidencias posibles, como capturas de pantalla de los mensajes y enlaces. Se recomienda presentar una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con estas pruebas. Además, el INCIBE aconseja realizar egosurfing periódicamente para comprobar si nuestra información ha sido expuesta. Actuar con rapidez puede minimizar el impacto del robo de identidad y de los fondos bancarios. La concienciación ciudadana sigue siendo el pilar fundamental para erradicar estas prácticas delictivas en internet.

El cobro del paro en junio de 2026 vuelve a generar dudas entre quienes perciben una prestación o un subsidio por desempleo. Aunque el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) fija una fecha de referencia, lo cierto es que el momento en el que el dinero llega a la cuenta no es idéntico para todos. La entidad bancaria juega un papel clave, y por eso no todos los beneficiarios ven reflejado el ingreso el mismo día, aunque la ayuda corresponda al mismo mes.

Por norma general, el SEPE establece el día 10 de cada mes como fecha de pago. Cuando ese día coincide con un festivo o cae en fin de semana, el ingreso se traslada al siguiente día hábil. En junio de 2026, el día 10 cae en miércoles, por lo que no hay cambios en el calendario habitual. Aun así, algunas entidades pueden adelantar el abono, permitiendo a sus clientes disponer del dinero antes de esa fecha.

La protección por desempleo está destinada a personas trabajadoras que han perdido su empleo de forma involuntaria, han visto suspendido su contrato debido a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) o han sufrido una reducción de jornada por este mismo motivo. Estas situaciones permiten acceder a la prestación siempre que se cumplan los requisitos establecidos. Una vez aprobada, el pago se realiza mediante transferencia a la cuenta bancaria indicada por la persona beneficiaria.

Cuándo ingresan el paro los bancos en junio

El pago de las prestaciones por desempleo de junio de 2026 se sitúa el miércoles 10. Esta fecha sirve como referencia general, ya que coincide con el día habitual de abono del SEPE y no se ve afectada por festivos ni fines de semana. Sin embargo, la disponibilidad real del dinero puede variar en función de cada entidad bancaria.

Banco Santander suele abonar la prestación entre el segundo y el tercer día hábil del mes, por lo que sus clientes podrían recibir el ingreso a comienzos de junio. Unicaja, en cambio, tiene previsto realizar el abono el martes 9 de junio. En ambos casos, se trata de ingresos adelantados respecto a la fecha oficial, en línea con la operativa interna de cada banco.

Por su parte, CaixaBank y Bankinter sitúan el cobro en el miércoles 10 de junio. BBVA, Banco Sabadell e ING también prevén reflejar el ingreso a partir de ese mismo día. En cualquier caso, aunque estas fechas orientan sobre cuándo se cobrará, el dinero puede aparecer a distintas horas según los procesos internos de cada entidad. Que el ingreso no se vea a primera hora no implica necesariamente que exista ningún problema.

Qué papel juegan los bancos en el cobro del paro

La fecha en la que los beneficiarios reciben la prestación por desempleo no siempre coincide exactamente con el día señalado por el SEPE. Aunque existe un calendario orientativo, la llegada del dinero a la cuenta depende en buena medida de cómo cada entidad financiera gestiona las transferencias. Esto explica por qué algunas personas ven el ingreso antes de lo previsto, mientras que otras deben esperar al plazo oficial o incluso a días posteriores.

Esta diferencia no responde a cambios en la normativa ni afecta a la cuantía o al derecho a la prestación, sino a decisiones internas de los bancos. Algunas entidades optan por adelantar el abono utilizando sus propios recursos, basándose en la información previa que reciben sobre los pagos. Otras, en cambio, prefieren ceñirse al momento en el que el ingreso se hace efectivo, lo que sitúa el cobro dentro del margen habitual fijado por la administración.

Además, entran en juego factores técnicos y organizativos. La forma en la que cada banco procesa las órdenes de pago, la programación de sus sistemas o sus tiempos operativos pueden acelerar o retrasar la disponibilidad del dinero. Por este motivo, aunque el procedimiento sea el mismo para todos los beneficiarios, la experiencia concreta puede variar de una entidad a otra.

En cualquier caso, hay un aspecto que sí depende directamente del perceptor: mantener sus datos personales y bancarios actualizados y cumplir con las obligaciones administrativas, como renovar la demanda de empleo en plazo. Estos requisitos son esenciales para evitar incidencias y asegurar que la prestación se abone con normalidad, independientemente de cuándo cada banco decida hacer efectivo el ingreso.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) vuelve a colarse entre las ayudas que más dudas generan a final de mes, sobre todo para quienes dependen de este ingreso para organizar pagos, recibos y los gastos del día a día. Aunque hay una fecha oficial marcada en el calendario, lo cierto es que el día exacto en el que el dinero aparece en la cuenta no es el mismo para todo el mundo. Al final, todo depende del banco. Por eso, en junio de 2026 habrá diferencias en el momento de cobro, aunque todos los beneficiarios estén recibiendo la ayuda correspondiente al mismo periodo.

La fecha oficial para el pago de junio se sitúa en el miércoles 1 de julio de 2026, ya que es el primer día hábil del mes siguiente. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, varios bancos optan por adelantar el ingreso para que sus clientes puedan tener el dinero antes de que termine el mes. En esta ocasión, esos adelantos se concentran en la última semana de junio, con fechas que van desde el lunes 22 hasta el jueves 25, dependiendo de cada entidad y de cómo gestione los pagos.

Qué es el Ingreso Mínimo Vital y a quién va dirigido

El Ingreso Mínimo Vital es una ayuda económica que forma parte de la Seguridad Social y está pensada para hogares que no llegan a un nivel mínimo de ingresos. Su objetivo es bastante claro: reducir situaciones de pobreza o exclusión social, tanto en personas que viven solas como en familias que no cuentan con recursos suficientes para cubrir sus necesidades más básicas. No se trata de una ayuda con una cantidad fija para todo el mundo, ya que lo que se cobra depende de la situación económica y familiar de cada caso.

Además, esta prestación tiene en cuenta a colectivos que pueden ser más vulnerables, como los menores o las personas con discapacidad. No solo busca cubrir una parte de la falta de ingresos, sino también facilitar que quienes la reciben puedan ir mejorando su situación con el tiempo y tener más opciones de integrarse a nivel social y laboral. Por eso, para poder acceder a ella es necesario cumplir ciertos requisitos relacionados con los ingresos, la composición del hogar y la residencia.

Pueden solicitar esta ayuda tanto ciudadanos españoles como personas extranjeras con residencia legal en España, siempre que cumplan con las condiciones establecidas. Entre los requisitos generales, por ejemplo, está el haber vivido de forma legal y continuada en el país durante al menos el último año.

Cuándo se cobra el IMV según el banco

El calendario habitual de este tipo de prestaciones establece que el pago se realiza el primer día hábil del mes siguiente. En el caso del IMV correspondiente a junio de 2026, esto sitúa la fecha oficial en el miércoles 1 de julio. Esa es la referencia que se toma, sobre todo para quienes no reciben adelantos o para los bancos que no aplican este sistema.

Aun así, lo más habitual es que muchos bancos adelanten el ingreso unos días para facilitar que sus clientes puedan organizar mejor sus gastos de final de mes. Este adelanto no implica que se cobre más ni que haya un pago extra, simplemente significa que el dinero llega antes de lo previsto en el calendario. Por este motivo, aunque todos tengan reconocida la misma prestación mensual, la fecha de cobro puede variar de una persona a otra.

Según el calendario previsto para junio de 2026, entidades como Banco Santander, Openbank y Bankinter están entre las primeras en adelantar el pago, con ingresos a partir del lunes 22 de junio. A continuación, CaixaBank suele situar el abono en el miércoles 24 de junio. El jueves 25 de junio aparece como fecha de pago en BBVA y también está previsto el ingreso en bancos como Sabadell, ING o Ibercaja. Por su parte, Unicaja lo fija para el martes 30 de junio, cerrando así el calendario orientativo de abonos.

En cualquier caso, estas fechas son orientativas, ya que pueden variar en función de la operativa interna de cada entidad, del tipo de cuenta o incluso de los tiempos de procesamiento de las transferencias. Si el dinero no aparece a primera hora del día previsto, no significa necesariamente que haya un problema con el expediente.

Cómo se efectúa el primer pago del IMV

Las personas que acceden por primera vez al IMV pueden encontrarse con un calendario algo distinto al de quienes ya lo reciben todos los meses. Cuando la resolución que concede la ayuda llega a lo largo de un mes, lo más habitual es que el primer ingreso se realice en el mes siguiente.

Ese primer pago, además, suele incluir las cantidades pendientes desde el momento en el que se reconoce el derecho a la prestación. Es decir, aunque el dinero tarde un poco más en llegar, no se pierde lo correspondiente a ese tiempo.

Esto hace que no todo el mundo cobre por primera vez en las mismas fechas que el resto de beneficiarios. Si la aprobación llega cuando el mes ya está bastante avanzado, la transferencia inicial puede retrasarse al periodo siguiente por cuestiones administrativas. Aun así, ese pequeño retraso no implica perder ninguna de las cuantías reconocidas.

En ese primer abono se incluyen todos los importes acumulados que correspondan al periodo aprobado. A partir de ahí, si la ayuda sigue activa y se mantienen los requisitos, los pagos pasan a hacerse de forma mensual, siguiendo el calendario habitual y, en su caso, los adelantos que aplique cada banco.

La campaña de Renta 2025 ha superado su ecuador. Desde que comenzó el pasado 8 de abril, millones de contribuyentes se han lanzado a rendir sus cuentas con Hacienda. Han pasado casi dos meses desde que la Agencia Tributaria abriese este plazo, pero todavía queda un mes más para que los contribuyentes puedan presentar su declaración. Pese a este margen, muchas persoans pueden tener la tentación de gestionar la Renta a última hora. Pero deben saber que, en función de cómo pretendan afrontar esta campaña de Hacienda, podrían tener menos margen de maniobra.

En general, el plazo para presentar la declaración finaliza el 30 de junio, pero en función de cómo se confirme el borrador los contribuyentes deberán tener en cuenta unos márgenes temporales u otros.

El plazo para presentar la declaración por internet

Desde el momento en el que se lanzó la campaña el 8 de abril ha sido posible declarar el IRPF a través de internet, mediante el servicio de Renta WEB o la aplicación de la Agencia Tributaria. Esta opción estará disponible hasta que finalice el plazo de presentación de la Renta, el 30 de junio. Se trata del método predilecto por muchos para confirmar el borrador, puesto que los contribuyentes pueden consultar, modificar y confirmar su borrador de forma intuitiva.

El usuario solo tendrá que identificarse mediante Cl@ve PIN, certificado digital o número de referencia. Pese a que ofrece un amplio margen de maniobra al contribuyente, no se trata de la mejor opción para los que presentan situaciones fiscales complejas o los que quieren resolver dudas de su declaración de forma directa.

Hasta cuándo se puede hacer la Renta por teléfono

Operativo desde el pasado 6 de mayo, en teoría el servicio para presentar la declaración de la Renta por teléfono se mantendrá hasta el 30 de junio. Pero es preciso tener en cuenta que, para hacer uso de él, será necesario pedir cita, algo que solo es posible hasta el 29 de junio.

El conocido como 'Plan te Llamamos' puede fecharse a través de internet, la aplicación de la Agencia Tributaria o a través del 91 535 73 26 o 901 12 12 24. También se puede pedir cita con atención personal a través de los teléfonos, 91 553 00 71 o 901 22 33 44, de lunes a viernes en horario de nueve de la mañana a siete de la tarde.

Cuándo acaba el servicio de videoasistencia de la Renta

Para algunos municipios de pequeño tamaño, Hacienda ofrece un servicio para presentar la Renta a través de la videoasistencia. Se trata de una opción para formalizar la declaración para la que hay que pedir cita, algo que solo se podrá hacer hasta el 29 de junio. Al igual que con la cita por teléfono, también se puede agendar por internet, la aplicación de la Agencia Tributaria o a través del teléfono 91 553 00 71 o 901 22 33 44.

El sistema de videoasistencia está desplegado en 84 municipios repartidos por 11 comunidades autónomas. Se trata de una herramienta diseñada para salvar las dificultades técnicas con las que se pueda encontrar el declarante y salvar las distancias geográficas que pueden tener hasta su delegación de Hacienda más cercana.

El último día para presentar la declaración en persona

Este viernes 29 de mayo comienza el plazo para que los contribuyentes pidan cita para presentar la declaración de la Renta de forma presencial. Los declarantes tendrán exactamente un mes, hasta el 29 de junio, para asegurarse de que tienen una fecha para presentar la declaración en su delegación de la Agencia Tributaria más cercana. La atención cara al público se extenderá hasta el 30 de junio, fin el plazo para presentar la declaración.

Existen plazos propios para el supuesto en el que el pago se domicilie. Este supuesto se aplica si la declaración sale a pagar y el contribuyente opta por que el cargo se realice automáticamente en cuenta. Para estos casos, Hacienda tiene un plazo límite previo al fin de la campaña. Se trata del 25 de junio, fecha en la que el declarante deberá haber revisado y aportado sus datos bancarios a la Agencia Tributaria.

Con independencia de los plazos, recuerda revisar la información económica que Hacienda ha recopilado sobre ti y procura tener margen de maniobra antes de que venza el plazo de presentación de la Renta, con el fin de evitar que los imprevistos te dejen sin formalizar tus cuentas con la Agencia Tributaria.

La campaña de la Declaración de la Renta 2025 ya se encuentra en pleno funcionamiento tras su inicio el pasado 8 de abril, registrando millones de declaraciones en sus primeras jornadas de actividad. Para muchos contribuyentes, el borrador arroja un resultado positivo, lo que implica la obligación de ingresar dinero a las arcas de la Agencia Tributaria. Este escenario suele derivar de la omisión de ingresos como prestaciones por ERTE, el Ingreso Mínimo Vital o rescates de planes de pensiones no declarados. También influye el olvido de aplicar deducciones estatales o autonómicas que podrían haber reducido significativamente la cuota final a pagar por el declarante. 

En cualquier caso, siempre es más que recomendable revisar cada dato antes de confirmar para evitar sorpresas desagradables o posibles recargos por errores que son muy habituales en este proceso. Ante esta situación, Hacienda dispone de diversos mecanismos para que los ciudadanos puedan cumplir con sus obligaciones fiscales de una manera organizada y segura. El sistema informático guía al usuario a través de los pasos necesarios una vez que se confirma que la declaración resulta a ingresar.

Una de las modalidades más utilizadas a la hora de pagar es el fraccionamiento del pago en dos plazos diferenciados sin intereses ni recargos adicionales. Esta opción permite al contribuyente abonar el 60% del importe total en el momento de presentar la declaración, fijando como límite general el 30 de junio. El 40% restante se pospone hasta el próximo 5 de noviembre, facilitando así la gestión de la liquidez personal de los ciudadanos afectados. Para acogerse a esta ventaja, es requisito indispensable que la declaración se presente dentro del periodo voluntario y no sea una autoliquidación complementaria. Hacienda advierte que el impago de la primera fracción en el plazo estipulado desencadenará el inicio del periodo ejecutivo por la deuda completa.

Es importante recordar que esta división del pago no conlleva costes extra siempre que se cumplan estrictamente las fechas de vencimiento establecidas. Si no se desea domiciliar el segundo plazo, el contribuyente deberá realizar el ingreso manualmente antes de la fecha límite utilizando el modelo oficial 102.

La domiciliación bancaria destaca como el método preferido por su comodidad, ya que los cargos se realizan de forma automática en la cuenta corriente indicada. Si se opta por domiciliar el primer pago o el importe único, el plazo límite improrrogable para presentar la declaración finaliza el 25 de junio. Como novedad relevante, ahora es posible domiciliar el pago en cuentas de entidades no colaboradoras que pertenezcan a la Zona SEPA. En el caso de que el contribuyente solo desee domiciliar el segundo plazo del 40%, el límite de presentación se amplía hasta el día 30 de junio. 

En todo caso, el sistema Renta Web facilita este trámite permitiendo introducir el código IBAN tras marcar la casilla correspondiente de domiciliación del importe. Es esencial que los datos bancarios sean correctos para evitar problemas en el procesamiento del cargo por parte de la Agencia Tributaria. Quienes domicilien el primer plazo tienen además la opción de domiciliar también el segundo cargo hasta el próximo 2 de noviembre de 2026.

El avance tecnológico ha permitido integrar nuevos métodos de pago electrónico que agilizan notablemente el proceso para quienes no desean usar la domiciliación tradicional. Desde la campaña de 2024, se permite el uso de transferencias instantáneas mediante Bizum y el pago directo con tarjetas de crédito o débito seguras. Estas operaciones requieren el acceso a través de sistemas de identificación segura como Cl@ve, DNI electrónico o certificado digital en la plataforma. Para los pagos electrónicos que no sean Bizum o tarjeta, el contribuyente debe obtener previamente el Número de Referencia Completo o NRC. Si se elige cualquiera de estas vías electrónicas para el pago único o el primer plazo, la fecha límite de realización es el 30 de junio. 

Para aquellos que prefieren la gestión presencial, existe la posibilidad de generar un documento de ingreso para pagar directamente en una entidad financiera colaboradora. Al seleccionar esta opción en Renta Web, la declaración queda presentada pero pendiente de ingreso hasta que se efectúe el pago físico en el banco. El contribuyente debe descargar e imprimir el documento de pago que contiene el ejemplar específico para la entidad de crédito elegida. Este trámite debe completarse obligatoriamente también antes del 30 de junio para el pago único o la primera fracción del importe adeudado. Es una vía segura para quienes no se sienten cómodos con las transacciones digitales o no disponen de medios de firma electrónica. 

Otras opciones

Hacienda también contempla escenarios donde el contribuyente no puede afrontar el pago de inmediato, ofreciendo alternativas como el reconocimiento de deuda. Esta modalidad permite presentar la declaración a tiempo sin realizar el ingreso monetario en ese preciso instante, generando una obligación posterior. Existen variantes como el reconocimiento de deuda con imposibilidad de pago o la solicitud de aplazamiento, que requieren la validación de la Administración. Si el declarante no posee cuenta en un banco colaborador, puede optar por reconocer la deuda y realizar posteriormente una transferencia bancaria. Otra opción disponible es el ingreso parcial, donde se abona una parte de la cuota y se solicita el aplazamiento por el resto. 

Quienes requieran una flexibilidad mayor al fraccionamiento estándar de dos plazos pueden solicitar el pago en más cuotas bajo condiciones específicas. Esta modalidad exige la aprobación previa de la Agencia Tributaria y conlleva el pago de un interés fijo establecido en el 3,75%. Es fundamental tener en cuenta que solicitar un fraccionamiento de este tipo es totalmente incompatible con pedir un aplazamiento de la deuda. El proceso se gestiona dentro de las otras modalidades de pago disponibles al finalizar el borrador en la herramienta de Renta Web. Cada petición es valorada individualmente por el organismo, considerando las circunstancias alegadas por el ciudadano para justificar la necesidad de la demora. La transparencia en estas solicitudes es clave para evitar sanciones o el inicio del periodo ejecutivo de recaudación forzosa.

En conclusión, enfrentarse a una declaración de la renta con resultado positivo requiere estudiar bien los plazos y las múltiples herramientas que Hacienda facilita. La fecha del 30 de junio de 2026 marca el final del periodo voluntario para la mayoría de las formas de pago inicial o único. El cumplimiento riguroso de estos calendarios evita la aplicación de recargos e intereses de demora que encarecerían la factura fiscal del contribuyente. Tanto si se opta por el fraccionamiento gratuito como por el pago único inmediato, la seguridad jurídica está garantizada por los sistemas digitales. 

La adaptación al nuevo reglamento de programas de facturación será uno de los cambios que muchos autónomos tendrán que tener en el radar durante los próximos meses. Aunque la entrada en vigor de Verifactu se ha aplazado de 2026 a 2027, la norma no afecta por igual a todos. De hecho, la clave no está tanto en la actividad en sí, sino en cómo se emiten las facturas y en si se utiliza algún sistema informático para gestionarlas.

En otras palabras, no todos los autónomos tendrán que hacer cambios, pero sí aquellos que usen herramientas capaces de crear, modificar, almacenar o procesar registros de facturación. Esto hace que dos profesionales con actividades similares puedan tener obligaciones distintas: uno podría quedar fuera si factura a mano, mientras que otro, usando un programa o un TPV, sí tendría que adaptarse. Entre los casos que más dudas generan están el alquiler de inmuebles, el uso de datáfonos, los negocios que trabajan con tiques y ciertos recibos del ámbito agrario.

Arrendamiento de inmuebles

El alquiler de viviendas o locales es uno de los supuestos donde no hay una respuesta automática. En el caso de una persona física, todo depende de si ese alquiler se considera actividad económica en el IRPF. Para que lo sea, normalmente se exige contar con al menos un trabajador contratado a jornada completa.

Si no se cumple ese requisito, el arrendamiento no se considera actividad económica a estos efectos. Esto significa que un propietario que alquila inmuebles sin tener empleados no tendría que adaptarse al reglamento por esta actividad. Es decir, el simple hecho de tener propiedades en alquiler no implica entrar en Verifactu.

La situación cambia si el arrendamiento se realiza a través de una sociedad. Al tributar por el Impuesto sobre Sociedades, la empresa puede quedar dentro del ámbito del reglamento. Aun así, todo vuelve a depender de cómo facture: si utiliza un programa informático, deberá adaptarlo; si emite facturas manualmente, no tendría esa obligación por este motivo.

Uso de TPV o datáfono

Cobrar con tarjeta no implica automáticamente tener que adaptarse a Verifactu. Muchos autónomos utilizan datáfonos en su día a día, pero estos dispositivos no siempre intervienen en la facturación.

Si el terminal se limita únicamente a gestionar el cobro y no crea ni almacena facturas, no se considera un sistema informático de facturación. En ese caso, actúa solo como medio de pago, registrando la transacción pero sin participar en la emisión de documentos fiscales. Por tanto, no habría que adaptarlo si no está conectado a un software de facturación.

El escenario es distinto cuando el TPV forma parte de un sistema más completo. Si está integrado en un programa que genera facturas o tiques con validez fiscal, o que guarda y gestiona datos de facturación, entonces sí podría estar sujeto al reglamento. La diferencia está en si el dispositivo solo cobra o si también interviene en la gestión documental.

Tintorerías y otros negocios que solo expiden tiques

Otro caso frecuente es el de pequeños comercios que funcionan principalmente con tiques. Por ejemplo, una tintorería que tributa en estimación objetiva y recargo de equivalencia, que solo emite facturas completas cuando el cliente las pide y las hace a mano, mientras que el resto de operaciones se documentan con tiques de caja.

En cuanto a las facturas completas, el criterio es claro: si se hacen manualmente y sin software, no obligan a cumplir con el reglamento. La duda surge con los tiques, ya que en algunos casos pueden tener la consideración de factura.

Por eso, no basta con verlos como simples justificantes. Hay que analizar qué tipo de documento se está emitiendo y con qué herramienta. Si los tiques salen de una caja registradora o de un programa que puede generar, almacenar o tratar registros de facturación, ese sistema podría tener que adaptarse. Esto afecta especialmente a negocios que casi nunca emiten facturas tradicionales, pero sí entregan tiques de forma habitual.

Recibos de una cooperativa agroalimentaria

Los recibos de compensación agraria tienen un tratamiento diferente. Aunque están vinculados a operaciones económicas, cuentan con su propia regulación y no se consideran facturas dentro del reglamento de programas de facturación. Por ese motivo, quedan fuera del ámbito de Verifactu. Esta distinción es importante, ya que no todos los documentos relacionados con una actividad profesional tienen el mismo impacto en la normativa. En este caso, la obligación no se activa simplemente por existir una operación económica, sino por la naturaleza del documento y la forma en que se emite.

En definitiva, la obligación de adaptarse al reglamento de programas de facturación no depende tanto del tipo de actividad como de la forma en que se gestionan y emiten las facturas. La clave está en identificar si se utiliza o no un sistema informático que intervenga en ese proceso, ya que esto marcará la diferencia entre estar dentro o fuera de Verifactu. Por ello, más que fijarse solo en el sector o el tamaño del negocio, los autónomos deberán revisar con detalle sus herramientas de facturación para saber si realmente tienen que dar el paso hacia la adaptación.

La campaña de la Renta 2025 avanza hacia su tramo final con la activación progresiva de todos los canales de atención disponibles para los contribuyentes. Aunque la presentación por internet está habilitada desde el pasado 8 de abril de 2026, lo cierto es que no todo el mundo opta por esta vía. Hay perfiles que prefieren contar con apoyo directo antes de presentar su declaración, ya sea por dudas concretas, por la complejidad de su situación o simplemente por falta de hábito en el uso de herramientas digitales.

Entre ellas, la atención presencial en oficinas sigue teniendo un papel relevante dentro de la campaña. Este servicio está dirigido especialmente a quienes necesitan ayuda personalizada para confeccionar su declaración o prefieren resolver sus dudas cara a cara con personal especializado. A pesar del avance de los canales digitales, este tipo de asistencia continúa siendo una opción útil para determinados contribuyentes, especialmente aquellos que buscan mayor seguridad en el proceso o que no se sienten cómodos gestionándolo por su cuenta.

El calendario establece dos fechas clave para quienes quieran utilizar esta modalidad. A partir del 29 de mayo se puede solicitar cita previa para ser atendido en una oficina de la Agencia Tributaria. La atención presencial comenzará el 1 de junio y se mantendrá hasta el 30 de junio, día en el que finaliza la campaña de la Renta. Esto implica que el margen para acudir físicamente es más limitado que en otros canales, como online o por teléfono, por lo que resulta recomendable planificar con antelación para evitar problemas de disponibilidad o falta de citas en determinados horarios.

Cómo solicitar cita para atención presencial

La solicitud de cita previa es un paso obligatorio para poder acceder a la atención presencial en oficinas de la Agencia Tributaria. No basta con acudir dentro del plazo habilitado, ya que el servicio funciona exclusivamente con reserva de día y hora. Además, es importante tener en cuenta que pedir cita no implica ser atendido de forma inmediata, sino que permite elegir un turno dentro del periodo comprendido entre el 1 y el 30 de junio.

Existen varias vías para solicitar esta cita, adaptadas a diferentes preferencias y niveles de familiaridad con la tecnología. La opción más habitual es hacerlo a través de internet, en la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Para completar el proceso, el contribuyente debe identificarse mediante alguno de los sistemas admitidos, como el NIF o NIE junto con el número de referencia, el sistema Cl@ve, el DNI electrónico o un certificado digital.

Otra alternativa es utilizar la aplicación móvil oficial de la Agencia Tributaria, disponible para dispositivos Android e iOS. Esta herramienta permite gestionar la solicitud de cita desde el teléfono móvil de manera sencilla, siempre que el usuario pueda identificarse correctamente. También es posible solicitar la cita por teléfono, a través de los números 91 553 00 71 y 901 22 33 44, con horario de atención de lunes a viernes entre las 9:00 y las 19:00 horas.

Este sistema de cita previa se enmarca dentro de un conjunto más amplio de servicios de asistencia. La atención telefónica para la confección de declaraciones está operativa desde el 6 de mayo y también requiere reserva previa, que puede solicitarse desde el 29 de abril hasta el 29 de junio. Con la incorporación de la atención presencial, la Agencia Tributaria completa así todas las modalidades de ayuda personalizada, orientadas especialmente a quienes no pueden o no desean utilizar exclusivamente los canales digitales.

Datos y documentos necesarios para la cita

Contar con una cita previa es solo una parte del proceso, ya que para que la declaración pueda confeccionarse correctamente en la oficina es imprescindible acudir con toda la documentación necesaria. Si faltan datos relevantes, la atención puede quedar incompleta y el trámite no podrá finalizarse en ese momento, lo que obligaría a solicitar una nueva cita o a aportar la información pendiente en otro momento. Por este motivo, resulta recomendable revisar con antelación toda la documentación antes de acudir a la oficina.

Entre los documentos básicos, es obligatorio llevar el DNI original de la persona titular que acude a la cita. Además, se debe presentar una fotocopia del DNI de todas las personas que figuren en la declaración, algo especialmente importante en el caso de unidades familiares.

También es necesario aportar el número IBAN de la cuenta bancaria, un dato imprescindible para gestionar el resultado de la declaración, tanto si corresponde una devolución como si hay que realizar un pago. Junto a esta información, se deben incluir las referencias catastrales de todos los inmuebles, tanto en propiedad como en alquiler o en otras situaciones, un dato que puede consultarse fácilmente en el recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

En el caso de que una persona acuda a la cita en representación de otra, será necesario presentar una autorización firmada por el titular junto con una copia de su DNI. Sin este requisito, no será posible confeccionar ni presentar la declaración en nombre de terceros, incluso cuando exista una relación familiar.

En plena campaña de la Declaración de la Renta, muchos jóvenes están descubriendo que el Bono Alquiler Joven conlleva consecuencias fiscales. Aunque se trata de una ayuda pensada para facilitar el acceso a la vivienda, la Agencia Tributaria recuerda que esta subvención no está exenta de tributación. Esta circunstancia puede obligar a muchos beneficiarios a presentar su declaración anual aunque su salario sea reducido. Muchos perceptores ignoran que estas ayudas directas deben notificarse formalmente durante el periodo correspondiente, por lo que es fundamental conocer las implicaciones de recibir estos fondos públicos para evitar errores. La Agencia Tributaria ha dejado claro que ignorar esta obligación no exime de posibles sanciones posteriores. Resulta vital que los jóvenes entiendan que esta ayuda tiene un reflejo directo en sus compromisos tributarios.

Por todo ello, el primer paso es revisar los datos fiscales antes de confirmar el borrador. El Bono Alquiler Joven concede hasta 250 euros mensuales, lo que supone un máximo de 3.000 euros anuales para el beneficiario. Esta ayuda puede percibirse durante un periodo de hasta dos años siempre que se cumplan requisitos específicos. Entre estas condiciones destaca tener menos de 35 años y no superar determinados límites de ingresos. Además, la cuantía debe destinarse exclusivamente al pago de la vivienda habitual o al alquiler de una habitación. Es imperativo que el solicitante no tenga una relación familiar directa de primer o segundo grado con el arrendador. El límite de ingresos suele fijarse en tres veces el IPREM para la unidad de convivencia estándar. También existen topes en el precio del alquiler, generalmente 600 euros para viviendas y 300 para habitaciones.

Un aspecto a tener en cuenta es que percibir más de 1.000 euros anuales en ayudas públicas obliga automáticamente a declarar. Esto ocurre sin importar que el salario del joven sea inferior al límite general de 15.876 euros anuales. Según explica la OCU, el bono se considera legalmente como una ganancia patrimonial dentro del sistema impositivo. Si has cobrado el bono durante un año completo, habrás recibido 3.000 euros. Incluso si solo lo has percibido durante seis meses, la ayuda asciende a 1.500 euros y genera la obligación. Recibir cantidades que pueden parecer pequeñas obliga a declarar si el total de subvenciones supera el umbral. 

Esta normativa afecta a quienes perciben rendimientos del trabajo no sujetos a retención o letras del Tesoro. Por tanto, la mayoría de los beneficiarios del bono joven entrarán de lleno en el radar de Hacienda. Es un error común pensar que por tener ingresos bajos se está exento de este trámite fiscal. Técnicamente, el bono de alquiler joven se clasifica como una ganancia patrimonial que no deriva de una transmisión. Esto significa que este ingreso extra afecta directamente a la base imponible general del IRPF del contribuyente. Al no proceder de la venta de ningún bien, se suma a otros ingresos como el salario percibido. Esta distinción es relevante porque determina cómo y dónde debe tributar el dinero recibido de la administración. La naturaleza de esta ayuda pública implica que Hacienda la trata de forma similar a un premio. No es una deducción que reste impuestos, sino un ingreso que podría llegar a aumentar la cuota final. Entender este concepto es clave para no llevarse sorpresas al ver el resultado final de la autoliquidación. 

No obstante, estar obligado a declarar no siempre equivale a tener que realizar un ingreso a Hacienda. En ocasiones, el resultado del ejercicio puede ser neutro o incluso salir a devolver al contribuyente. Para formalizar el trámite, los jóvenes deben incluir el importe en la casilla 0303 del formulario del IRPF. Este apartado corresponde a las ganancias y pérdidas patrimoniales que no derivan de la transmisión de elementos. En la gran mayoría de los casos, la ayuda ya aparecerá incorporada automáticamente en los datos de Renta Web. Sin embargo, es responsabilidad exclusiva del contribuyente verificar que el importe reflejado en el borrador sea el correcto. El sistema Renta Web suele trasladar la información fiscal directamente al lugar que debe ocupar en el formulario. A pesar de esta automatización, conviene revisar manualmente las cuantías para evitar errores de transcripción o datos incompletos. 

Es vital recordar que esta ayuda se debe declarar en el ejercicio fiscal en el que se cobra efectivamente, es decir, no importa el año al que corresponda la mensualidad, sino el del ingreso. Por ejemplo, si la mensualidad de diciembre de 2024 se ingresó en enero de 2025, se declara en la renta de 2025. Así lo establece de forma taxativa el artículo 14.2 c) de la Ley del IRPF vigente en la actualidad. Este desfase temporal puede generar confusión entre quienes esperan tributar por periodos naturales de alquiler devengado. Por ello, se recomienda revisar los extractos bancarios para confirmar las fechas exactas de recepción del dinero. Esta norma evita que se declaren cantidades que aún no han sido puestas a disposición del beneficiario joven. 

Posibles sanciones

La obligación de declarar también puede surgir si se combina el bono alquiler con otras ayudas públicas diferentes. Un caso habitual es la suma del Bono Alquiler Joven con el Bono Cultural Joven de 400 euros. Si se perciben 750 euros de alquiler y se gasta el bono cultural, se superan los 1.000 euros totales. En tal situación, el joven queda obligado a presentar la renta únicamente por la suma de estas subvenciones. Es importante no confundir el bono joven con otras ayudas para inquilinos en situación de especial vulnerabilidad. Estas últimas ayudas suelen estar exentas de IRPF y no requieren ser incluidas en la declaración anual. Sin embargo, el Bono Alquiler Joven estándar carece de esa exención y siempre debe ser computado debidamente. 

No incluir el bono en la declaración puede acarrear serios problemas y sanciones económicas de diversa cuantía. Hacienda tiene la potestad de revisar los datos y exigir la presentación de una declaración complementaria. En estos casos, se aplicarían recargos que oscilan entre el 5% y el 20% sobre la cantidad omitida. Además, si la administración detecta ocultación intencionada, podría imponer multas pecuniarias adicionales al contribuyente. Existe también el riesgo de perder el acceso a otras ayudas o deducciones futuras por incumplimiento fiscal. El bono alquiler joven es una herramienta clave de apoyo, pero conlleva compromisos que no pueden eludirse. Asegurarse de realizar el trámite correctamente evita sustos, recargos innecesarios y posibles inspecciones de la Agencia Tributaria.

La recta final de mayo vuelve a poner el foco en el calendario de las pensiones. Aunque estas prestaciones siguen unas reglas generales de pago, el día en el que el dinero aparece en la cuenta puede cambiar según la entidad bancaria. La diferencia se debe a que muchos bancos adelantan el ingreso respecto al plazo ordinario, lo que permite a buena parte de los beneficiarios recibir la mensualidad antes de que empiece junio.

La Seguridad Social abona las pensiones a mes vencido y el pago ordinario se sitúa en los primeros días del mes siguiente. En concreto, el ingreso debe realizarse desde el primer día hábil y siempre antes del cuarto día natural. Sin embargo, como las entidades ya disponen de la información necesaria para tramitar el abono, lo habitual es que anticipen el dinero a sus clientes durante la última semana del mes.

En mayo de 2026, las fechas previstas se mueven principalmente entre el viernes 22 y el martes 26, aunque en algunos casos pueden acercarse al día 27. Por eso, que unos pensionistas cobren antes que otros no implica necesariamente una incidencia con la prestación. La clave está en comprobar el calendario de cada banco y tener en cuenta que el ingreso puede seguir teniendo lugar dentro del plazo habitual de la entidad.

Cuándo paga cada banco la pensión en mayo de 2026

El calendario de pagos arranca este mes con Bankinter, que tiene previsto ingresar las pensiones el viernes 22 de mayo de 2026. Los clientes con la prestación domiciliada en esta entidad serán, en principio, los primeros en recibir la mensualidad en su cuenta. Después aparece CaixaBank, que sitúa el abono el domingo 24 de mayo. Al tratarse de un día no laborable, la disponibilidad efectiva del dinero puede variar ligeramente según la operativa de cada cuenta o la forma en la que el banco refleje los movimientos.

La mayoría de entidades concentra los pagos el lunes 25 de mayo. Ese día está previsto que cobren los pensionistas de Abanca, BBVA, Ibercaja, ING, Kutxabank, Sabadell y Santander. Lo habitual es que el ingreso esté disponible desde primera hora de la semana, aunque pueden existir pequeñas diferencias dependiendo de los horarios internos de actualización de cada banco. En el caso de Caja Rural, el margen es algo más amplio y el pago podría realizarse entre el lunes 25 y el martes 26 de mayo.

En conjunto, el calendario vuelve a reflejar una práctica ya habitual: la mayoría de bancos adelanta el ingreso de las pensiones antes de las fechas ordinarias de la Seguridad Social, que suelen situarse en los primeros días del mes siguiente. Aun así, conviene recordar que cada entidad aplica su propio calendario y que no existe un único día de cobro común para todos los pensionistas.

Qué hacer si no has recibido el pago de la pensión

Cuando el ingreso no aparece en la fecha esperada, lo primero es comprobar si la entidad ya ha alcanzado su día previsto de abono. No todos los bancos pagan al mismo tiempo, por lo que el hecho de que otros pensionistas hayan cobrado no significa que exista un problema. En muchos casos, el pago puede seguir dentro del calendario habitual de la entidad correspondiente.

También conviene recordar que el adelanto aplicado por los bancos no funciona como una obligación uniforme para todas las entidades. El pago ordinario puede realizarse dentro del margen establecido para los primeros días del mes siguiente, mientras que el ingreso anticipado depende de la práctica comercial de cada banco. Por eso, una pequeña diferencia respecto a otros meses no tiene por qué suponer una incidencia.

Si transcurren varios días y el abono continúa sin reflejarse, la primera comprobación debería hacerse con la entidad financiera. El banco puede revisar si el movimiento está pendiente de contabilización, si existe algún retraso puntual o si se ha producido una incidencia asociada a la cuenta. Esta revisión resulta especialmente útil cuando ha habido cambios recientes en la domiciliación o modificaciones de datos.

Si la entidad no localiza el ingreso o no ofrece una explicación suficiente, el siguiente paso es contactar con la Seguridad Social para comprobar el estado del pago. A través de sus canales de atención se puede verificar si la prestación se ha emitido correctamente y si los datos bancarios asociados al expediente están actualizados. Para hacer esta consulta, resulta recomendable tener a mano la documentación personal, la información de la cuenta y cualquier comunicación reciente relacionada con la pensión.

El reloj marca una cuenta atrás definitiva para el tejido empresarial, que se encuentra a menos de veinte días de un cambio de gran relevancia en cuanto a las relaciones laborales. Y es que el próximo 7 de junio expira el plazo para que España aplique la Directiva Europea de Transparencia Salarial, una norma diseñada para dinamitar la opacidad que ha protegido tradicionalmente la desigualdad retributiva entre hombres y mujeres. Este cambio de paradigma no supone un simple trámite administrativo adicional, sino una transformación profunda en la forma en que las compañías contratan, promocionan y comunican sus estructuras de sueldos. El objetivo final es garantizar que el principio de igual salario por trabajo de igual valor deje de ser una aspiración teórica para convertirse en una realidad tangible y que se pueda auditar.

Una de las novedades más visibles para la ciudadanía se manifestará de inmediato en las ofertas de empleo, donde la clásica e indeterminada mención al salario según valía pasará a la historia. A partir de este mes de junio, las empresas estarán obligadas por ley a indicar la retribución inicial o una banda salarial específica antes de la primera entrevista de selección. Asimismo, quedará terminantemente prohibido preguntar a los candidatos por su historial retributivo previo, una práctica que hasta ahora permitía arrastrar y perpetuar sesgos de género de un puesto a otro. Con esta medida, se busca que la fijación del sueldo se fundamente exclusivamente en las competencias requeridas para la posición y no en la capacidad negociadora individual de cada profesional.

El derecho a la información de los trabajadores se verá reforzado de manera inédita, permitiendo que cualquier persona de la plantilla solicite por escrito los niveles salariales medios de su categoría profesional. Estos datos deberán entregarse desglosados por sexo para permitir la comparación entre quienes realizan el mismo trabajo o funciones de igual valor estratégico dentro de la organización. Paralelamente, la nueva normativa prohíbe explícitamente el uso de cláusulas de confidencialidad salarial en los contratos de trabajo, eliminando cualquier represalia por compartir información sobre sueldos entre compañeros. La transparencia se convierte así en una herramienta de control democrático interno, obligando a los departamentos de recursos humanos a justificar cada euro pagado mediante criterios técnicos y objetivos. 

La ley establece una línea roja muy clara para las organizaciones: la brecha salarial de género no podrá superar el 5% sin una justificación objetiva y verificable. En caso de detectar una desviación superior a este umbral, la empresa estará legalmente obligada a realizar una evaluación retributiva conjunta con los representantes de los trabajadores. Este proceso de análisis exhaustivo deberá identificar las causas del desfase y aplicar medidas correctoras en un plazo máximo de seis meses si no existen motivos legítimos, como la antigüedad o formación específica. El rigor técnico será esencial a partir de ahora, ya que las compañías tendrán que demostrar fehacientemente que sus sistemas de valoración de puestos son neutros y están libres de cualquier sesgo indirecto.

Aunque las exigencias en los procesos de selección y el derecho de información individual afectarán a todas las empresas sin excepción desde 2026, el calendario de informes periódicos es progresivo. Las grandes corporaciones de más de 250 empleados serán las primeras en enfrentarse a la obligación de presentar informes anuales de brecha en junio de 2027. Para las compañías que cuentan con plantillas de entre 150 y 249 personas, el plazo para su primer reporte trienal se extiende hasta el año 2028. Por su parte, las entidades de menor tamaño, situadas entre los 100 y los 149 trabajadores, dispondrán de un margen temporal mayor que finaliza en junio del año 2031.

El incumplimiento de estas nuevas obligaciones conlleva un régimen sancionador severo que puede impactar de forma crítica en la viabilidad financiera de las empresas que ignoren la norma. Las multas podrán alcanzar los 225 mil euros en los casos más graves, sumándose a posibles indemnizaciones íntegras por atrasos salariales para los afectados. Un cambio jurídico fundamental es la inversión de la carga de la prueba, lo que significa que será la empresa quien deba demostrar su inocencia en procesos por discriminación. Además, las entidades que no cumplan con la transparencia salarial corren el riesgo de perder el acceso a ayudas públicas, bonificaciones de contratación o la posibilidad de licitar en contratos con la Administración.

Para navegar esta transformación con éxito, los expertos recomiendan a los departamentos de recursos humanos iniciar auditorías internas de sus sistemas retributivos de manera inmediata y proactiva. Consultoras expertas en recursos humanos como Esofitec creen que esta normativa “obliga a prestar atención a las políticas salariales de la empresa, a trabajar de forma estratégica esta parte no solo pensando en los números, sino también poniendo el foco en la oportunidad de atracción de talento y retención que la transparencia salarial les puede ofrecer”. 

Es imprescindible actualizar los registros retributivos y asegurar que los datos de jornada, como las horas extraordinarias o los complementos de nocturnidad, sean totalmente trazables y veraces. La tecnología jugará un papel crucial, facilitando la generación de informes detallados y el cruce de datos entre nóminas y sistemas de registro horario digital para detectar brechas antes de que generen conflictos. Una estructura de puestos coherente y criterios de promoción documentados permitirán a la dirección gestionar las conversaciones sobre compensación con una narrativa clara, profesional y basada en evidencias.

Fin del hermetismo

Más allá de las obligaciones legales, adelantarse al cumplimiento de esta ley se perfila como una ventaja competitiva estratégica para la reputación de marca y la atracción de nuevo talento. Como asegura Jesús Gabás, consultor de Payroll de Esofitec, “es una palanca para que los departamentos de recursos humanos muestren su posición imprescindible, modificando su imagen de área de soporte a actor estratégico, y se invierta en ellos. Es un proceso de transformación interna que obliga a revisar la arquitectura retributiva, la cultura de la organización, los flujos de información y los sistemas de gestión del talento”.

La transparencia proactiva, por lo tanto, contribuirá a mejorar significativamente el clima laboral y reducirá la rotación de personal, al fomentar una percepción de justicia y equidad dentro de los equipos. España encara este reto con una brecha salarial que, aunque en descenso, todavía ronda el 17% según los datos oficiales más recientes. Con la llegada de esta directiva, se pone fin a décadas de hermetismo que impedían identificar las causas reales de la desigualdad, abriendo una nueva era de justicia retributiva donde el mérito y la capacidad sean los únicos rectores.

La adaptación de pymes y autónomos al nuevo reglamento de facturación que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2027, está obligando a muchos negocios a revisar una parte básica de su gestión diaria. La facturación, que en muchos casos se lleva desde hace años con la misma herramienta, pasará a estar sujeta a nuevos requisitos técnicos dentro del marco conocido como Verifactu. Este cambio no afecta solo al momento de emitir una factura, sino también a la forma en la que los programas registran, conservan y comunican esa información.

Para muchos trabajadores por cuenta propia y pequeñas empresas, el programa de facturación no es una simple aplicación más. En él se acumulan operaciones pasadas, datos de clientes, documentos emitidos y registros que forman parte del archivo administrativo del negocio. Por eso, cualquier cambio de sistema puede generar dudas prácticas, sobre todo cuando la herramienta anterior ha sido utilizada durante años y contiene información que puede seguir siendo necesaria.

En este contexto, una de las preguntas que más se repite tiene que ver con el destino del software antiguo cuando llegue el momento de trabajar con una solución adaptada al nuevo reglamento. La preocupación no está solo en instalar un programa compatible, sino en saber qué ocurre con el que se venía usando hasta ahora, especialmente cuando todavía conserva facturas y datos de ejercicios anteriores.

Qué pasa con el programa antiguo de facturación

Hacienda ha aclarado que pymes y autónomos no tendrán que eliminar necesariamente su antiguo programa de facturación al cambiar a un sistema adaptado a Verifactu. La clave está en el uso que se mantenga de esa herramienta. Si el software anterior queda solo como archivo para consultar facturas ya emitidas o conservar registros antiguos, y deja de tener capacidad para crear nuevos documentos, su mantenimiento no supondría por sí solo un incumplimiento.

El punto principal está en que ese sistema no siga operativo como herramienta de emisión de facturas. Dicho de forma sencilla, el problema no es guardar el historial, sino conservar un programa antiguo que todavía permita seguir facturando cuando ya debería utilizarse una solución adaptada al nuevo marco legal. Por tanto, el cambio a Verifactu no implica perder la información acumulada durante años, pero sí exige separar claramente el archivo de facturas anteriores del sistema que se usará para emitir las nuevas.

Esta diferencia resulta importante para muchos negocios. Un autónomo puede necesitar revisar una factura antigua, comprobar un importe, recuperar los datos de un cliente o consultar una operación cerrada tiempo atrás. Esa necesidad no desaparece por cambiar de sistema. Lo que debe evitarse es que el programa anterior mantenga activa la función de emitir nuevas facturas si no cumple con los requisitos exigidos.

Qué es Verifactu

Verifactu forma parte del nuevo sistema impulsado por la Agencia Tributaria para adaptar los programas de facturación a unas reglas comunes. Su funcionamiento permite que los registros de facturación se remitan a Hacienda de forma inmediata y directa, lo que obliga a que las herramientas utilizadas por empresas y profesionales se ajusten a esos requisitos cuando llegue el momento de aplicarlos.

La Ley General Tributaria contempla una multa fija de 50.000 euros por ejercicio por la tenencia de sistemas o programas informáticos no debidamente certificados. Sin embargo, el riesgo no estaría en conservar una base de datos histórica, sino en mantener en funcionamiento una herramienta no adaptada que todavía pueda generar facturas.

Por eso, una pyme o un autónomo que conserve el programa antiguo solo para acceder a documentos ya emitidos no estaría en la misma situación que quien lo mantiene activo para facturar. En el primer caso, la aplicación funcionaría como un espacio de consulta. En el segundo, seguiría actuando como sistema de facturación, y ahí es donde podría aparecer el problema si no está ajustado al reglamento.

En la práctica, los negocios tendrán que revisar qué funciones conserva su antiguo software. Lo recomendable será asegurarse de que esa posibilidad queda bloqueada o desactivada, de manera que el programa quede limitado al archivo y no pueda utilizarse para crear nuevas facturas. La conclusión es que el paso a Verifactu no obliga a borrar el pasado administrativo del negocio. Pymes y autónomos podrán conservar sus registros anteriores si los necesitan, siempre que el programa antiguo ya no sirva para facturar.

Se ha consolidado como una herramienta fundamental para millones de usuarios que buscan inmediatez y sencillez en sus transacciones financieras diarias. Sin embargo, la popularidad de Bizum no ha pasado inadvertida para los ciberdelincuentes, quienes explotan la agilidad del sistema para ejecutar fraudes cada vez más sofisticados. El Banco de España, de hecho, ha emitido alertas advirtiendo sobre el incremento de estas prácticas delictivas que afectan directamente a la seguridad de los usuarios. 

Los atacantes emplean diversas técnicas con el fin de manipular y presionar a sus víctimas en momentos de distracción o urgencia. Este entorno digital cambiante exige que la ciudadanía esté plenamente informada sobre los riesgos asociados a las nuevas funcionalidades de pago instantáneo. La clave para no caer en el engaño reside en comprender profundamente el funcionamiento técnico de las herramientas que utilizamos en nuestros dispositivos móviles.

Ante la creciente vulnerabilidad, las autoridades financieras insisten en la necesidad de extremar la precaución durante cualquier operación monetaria realizada de forma telemática. El núcleo de esta estafa emergente, conocida como Bizum inverso, reside en un cambio sutil pero letal de la operación financiera estándar. Mientras que en un envío normal el emisor transfiere fondos, en este fraude el delincuente utiliza deliberadamente la opción de solicitud de dinero. La víctima recibe una notificación en su terminal que, a primera vista, parece un ingreso de fondos pendiente de ser aceptado por el usuario. Sin embargo, al pulsar sobre el mensaje para confirmar la acción, el usuario está autorizando realmente un cargo directo en su propia cuenta bancaria. 

El dinero se transfiere de manera instantánea al estafador, dejando al estafado con un saldo negativo inesperado y con pocas posibilidades de reversión. Los criminales aprovechan que muchos usuarios desconocen que Bizum permite tanto enviar como pedir cantidades específicas de dinero a cualquier contacto. Este desconocimiento técnico es el pilar fundamental sobre el que se construye el éxito de esta peligrosa y habitual modalidad de robo digital. Es fundamental leer con extremo detenimiento cada palabra de las notificaciones bancarias antes de proceder a cualquier validación.

Las plataformas de compraventa de artículos de segunda mano son el escenario predilecto donde estos ciberdelincuentes despliegan sus anzuelos más efectivos. Aplicaciones populares suelen ser el canal de comunicación inicial entre el estafador y su víctima potencial. El proceso comienza cuando un supuesto comprador contacta con un vendedor mostrando un interés inmediato y excesivo por un producto anunciado recientemente. Para asegurar la reserva, el atacante propone realizar un pago rápido a través de Bizum como una supuesta señal de buena voluntad. En lugar de efectuar el ingreso prometido, envía una solicitud de cobro bajo el pretexto de que es el trámite necesario para la transacción. El vendedor, ansioso por cerrar la venta, suele actuar con rapidez y acepta la notificación sin revisar los detalles financieros del mensaje. Al finalizar el proceso, la persona descubre con asombro que no ha recibido ninguna señal, sino que ha regalado su propio capital. 

Este tipo de engaño se repite con frecuencia debido a la confianza ciega que los usuarios depositan en la aplicación del banco. La efectividad del Bizum inverso no se debe a un fallo técnico de la aplicación, sino a la manipulación psicológica del individuo. Los estafadores suelen utilizar excusas de urgencia extrema o problemas técnicos ficticios para presionar al usuario y evitar que este reflexione. Al generar una sensación de prisa, logran que la víctima actúe de manera impulsiva sin analizar la veracidad de la notificación recibida. 

Los mensajes a menudo están redactados de forma confusa o contienen enlaces externos que redirigen a sitios web maliciosos y fraudulentos. En ocasiones, los delincuentes incluso suplantan la identidad de empresas conocidas o servicios oficiales para ganar una capa extra de credibilidad. El Banco de España subraya que estos criminales son expertos en detectar la falta de familiaridad de las personas con la tecnología. Por ello, el factor humano sigue siendo el eslabón más débil en la cadena de seguridad de las transacciones financieras online.

Un concepto fundamental que todo usuario debe interiorizar es que recibir dinero mediante este sistema no requiere ninguna acción adicional. Cuando alguien nos envía fondos de forma legítima, el ingreso se refleja automáticamente en nuestro saldo bancario sin intervenciones manuales del receptor. Cualquier notificación que nos inste a aceptar, confirmar o validar un ingreso recibido debe ser tratada de inmediato como una alarma. La aplicación de Bizum únicamente solicita la intervención del usuario cuando este va a realizar un pago o autorizar una solicitud ajena. Por lo tanto, si uno está esperando cobrar una venta, jamás debería tener que pulsar botones de confirmación en su pantalla móvil.

Bloquear y denunciar

Para prevenir estos incidentes, es vital adoptar una serie de hábitos de seguridad robustos en nuestra interacción con las finanzas digitales. Siempre se debe desconfiar de compradores que acepten precios elevados de inmediato sin negociar ni preguntar por el estado del objeto. Es recomendable verificar el perfil, la antigüedad y las valoraciones de cualquier persona que nos contacte en una red de compraventa. Nunca se deben compartir datos personales sensibles ni información bancaria privada con individuos desconocidos a través de chats o llamadas telefónicas. Si un supuesto conocido nos pide dinero, es prudente confirmar su identidad mediante otro canal de comunicación como una llamada directa.

Si desgraciadamente ya se ha producido la estafa, el tiempo de reacción es un factor crítico para intentar mitigar el daño económico. Lo primero que debe hacer el afectado es contactar inmediatamente con su entidad bancaria para informar de la transacción fraudulenta realizada. Es fundamental solicitar el bloqueo preventivo de las cuentas o tarjetas si se sospecha que las credenciales han sido comprometidas seriamente. Aunque las operaciones en este sistema suelen ser irreversibles, el banco evaluará si existe alguna posibilidad legal de recuperar el dinero. El siguiente paso obligatorio es interponer una denuncia formal ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como la Policía. Para que la investigación sea efectiva, se deben aportar todas las pruebas posibles como capturas de mensajes y números de teléfono.

La campaña de la Declaración de la Renta 2025 está abierta desde el 8 de abril. Desde esa fecha y hasta el 30 de junio, los contribuyentes pueden presentar por internet la declaración del IRPF correspondiente al ejercicio anterior. El calendario también contempla la atención telefónica desde el 6 de mayo y la posibilidad de realizar el trámite de forma presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria a partir del 1 de junio.

Dentro de este periodo, algunos ciudadanos empezarán a recibir comunicaciones de Hacienda relacionadas con posibles errores o incoherencias en sus declaraciones. Estas cartas no suponen una sanción automática ni implican que el contribuyente tenga que pagar una cantidad adicional por el simple hecho de recibirlas. Su función es advertir de que puede haber algún dato mal incorporado, omitido o distinto a la información que maneja la Administración.

El envío de estas notificaciones se organizará en dos fases: una primera a partir de mediados de mayo y otra durante el mes de junio. La intención es que las personas afectadas puedan revisar su declaración dentro de la propia campaña y corregirla si detectan algún fallo. Si después de comprobarla, consideran que todo está correctamente presentado, no tendrán que modificar nada.

Por qué Hacienda envía estas cartas

La Agencia Tributaria envía estas comunicaciones cuando aprecia posibles diferencias entre la declaración presentada y la información fiscal que tiene disponible. No se trata de una resolución definitiva ni de una acusación de fraude. Es un aviso para que el contribuyente revise los datos declarados y compruebe si coinciden con los que constan en la Administración.

El objetivo principal es reducir errores en la campaña de la Renta. Puede ocurrir que una declaración incluya datos mal incorporados, que falte información relevante o que se haya producido una omisión. En ese caso, Hacienda ofrece al ciudadano la posibilidad de revisar lo presentado antes de que el expediente avance hacia una comprobación posterior. El borrador de la Renta no siempre recoge toda la información necesaria, por lo que el contribuyente debe comprobarlo antes de confirmar la declaración. Un descuido, aunque parezca pequeño, puede acabar en una regularización más adelante.

La medida también busca evitar consecuencias posteriores. Si el contribuyente corrige voluntariamente un error, puede reducir el riesgo de comprobaciones, intereses o sanciones. La Agencia Tributaria intenta que las incidencias se resuelvan dentro del periodo de campaña, antes de iniciar un procedimiento más formal.

Recibir una carta no siempre implica que el ciudadano esté obligado a cambiar la declaración. Lo que hace es señalar que puede existir una incoherencia y que conviene revisar la autoliquidación. Si el contribuyente entiende que la declaración presentada es correcta, no tiene que volver a acceder a la Renta ni presentar una nueva versión. La comunicación, por tanto, tiene un carácter preventivo. No cierra el asunto ni determina por sí sola que haya una infracción. Sirve para que el contribuyente compruebe si los datos enviados son los adecuados y, en caso contrario, pueda corregirlos antes de que la situación derive en una regularización.

Qué hacer si recibes una de estas cartas

El primer paso es leer la carta y revisar la declaración presentada. No conviene ignorar el aviso, pero tampoco interpretarlo como una sanción automática. La comunicación indica que Hacienda ha detectado una posible diferencia y que el contribuyente debe comprobar si los datos declarados son correctos. La revisión debe centrarse en los apartados que puedan haber generado la incoherencia. Conviene comprobar los ingresos, las deducciones y cualquier dato que pueda haber influido en el resultado de la declaración.

Si después de revisar la declaración el ciudadano considera que todo está bien, no tiene que modificar nada. En ese caso, la carta queda como un aviso preventivo y no obliga a presentar una nueva declaración. El hecho de recibirla no significa que Hacienda haya impuesto una sanción ni que exista una infracción grave. Si, por el contrario, el contribuyente detecta un error u omisión, puede corregirlo mediante una declaración rectificativa. Este trámite permite modificar la declaración ya presentada para ajustar los datos a la información correcta. La finalidad es subsanar el fallo antes de que Hacienda pueda iniciar una actuación más seria.

Corregir la declaración cuando realmente hay un error puede evitar problemas posteriores. Una regularización iniciada más adelante por la Administración puede implicar pagos adicionales, intereses o sanciones, según el caso. Por eso, revisar y corregir dentro de la campaña puede ser una forma de cerrar la incidencia con menos consecuencias.

La recomendación básica es actuar con calma, pero no dejar la carta sin revisar. Recibir una comunicación de este tipo es relativamente habitual y no supone automáticamente una infracción grave. Aun así, sí indica que existe un dato que merece atención. Comprobar la declaración, verificar la información y rectificar si procede es la forma más segura de evitar complicaciones.

El plazo general de la campaña termina el 30 de junio. Hasta entonces, los contribuyentes pueden presentar la declaración y, si ya la han enviado, revisar si deben corregir algún dato. Las cartas que Hacienda enviará entre mayo y junio buscan precisamente eso: que las posibles incoherencias se solucionen antes de que terminen convirtiéndose en un problema mayor.

Con la campaña de la Declaración de la Renta de 2025 ya en marcha, son muchas las preguntas que suelen hacerse los contribuyentes para aprovechar todas las deducciones posibles. En este sentido, para realizar correctamente la presentación del IRPF, es vital conocer bien todos los plazos, los métodos que existen para hacer la declaración y toda la documentación que tenemos que preparar para no fallar y responder de manera correcta a todas nuestras obligaciones fiscales. Es importante informarse bien para evitar cometer errores y ser objeto de sanciones, por lo que tendremos que prestar especial atención a si ha habido cambio de normativas, conocer bien todas las deducciones y beneficios que podamos aprovechar y planificar con anticipación la presentación.

La campaña arrancó el 8 de abril para hacer la presentación del borrador online, y se alargará hasta el próximo 30 de junio. Si quieres hacerla por teléfono tendrás que esperar hasta el 6 de mayo, aunque la cita previa se solicitar ya. Mientras que de forma presencial, y también mediante cita previa, puedes hacerla entre el 1 y el 30 de junio. La cita previa puedes pedirla a partir del 29 de mayo.

Con el calendario claro, otra de las consultas más habituales es a qué deducciones tenemos derecho. Por eso, es recomendable revisar las deducciones que tenemos, por ejemplo, por gastos de compra o alquiler de una vivienda, por hijos a cargo, actividades deportivas o gastos médicos. Si te preguntas si puedes desgravarte el seguro médico, la adquisición de gafas o el dentista la respuesta varía en función de algunas cuestiones como tu situación laboral o la comunidad en la que residas. La deducción no es general para todos los contribuyentes, hay matices y es importante conocerlos para no perder la deducción si tienes derecho a ella.

Seguro médico

En cuanto al seguro médico privado, los asalariados no tienen derecho a desgravarse este gasto a nivel estatal; pero si lo contrata y paga su empresa, sí que pueden obtener un beneficio fiscal.

Sin embargo, los trabajadores por cuenta propia —tal y como se recoge en la Ley 6/2017 de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo—, sí que pueden deducirse tanto su seguro privado como el de sus familiares directos. El límite se establece en un máximo de 500 euros por cada miembro de la familia, que incluye al cónyuge y los hijos menores de 25 años. Si alguno de los miembros de la familia tiene una discapacidad reconocida, ese límite se incrementa hasta los 1.500 euros. La deducción se puede obtener trimestralmente solicitándola con el modelo 130 o en la declaración de forma anual a través del modelo 100.

Deducciones autonómicas

Si resides en Canarias, Cantabria o la Comunitat Valencia estás de enhorabuena, pues en estas comunidades sí que hay deducciones fiscales para los trabajadores por cuenta ajena. En Canarias te puedes desgravar hasta un 12 por ciento de los gastos que hayas tenido tanto por el diagnóstico como por el tratamiento de enfermedades, embarazo, accidentes o salud dental. Ese mismo porcentaje es aplicable también a la inversión en aparatos, gafas si son graduadas o lentillas. El límite está establecido en 500 euros si tributas de forma individual y 700 si lo haces de forma conjunta y se amplía otros cien euros en caso de que el contribuyente sea mayor de los 65 años o si tiene una discapacidad igual o superior a un 65 por ciento.

Ten en cuenta que si has realizado tus pagos en efectivo, no podrás deducírtelos: solo podrás beneficiarte de esta deducción si los has formalizado con un pago mediante tarjeta, cheque, ingreso en cuenta o transferencia y los puedas justificar debidamente. Todos estos gastos van a la casilla 940. Para poder beneficiarte de estas deducciones, no puedes superar los 45.500 euros en tributación individual o los 60.500 euros en tributación conjunta.

En el caso de Cantabria, la deducción es algo menor, de un 10 por ciento por los mismos conceptos que en Canarias. Los límites también son los mismos, 500 para declaración individual y 700 en declaración conjunta, más cien euros adicionales para los contribuyentes mayores de 65 años o con una discapacidad igual o superior a un 65 por ciento. Se establece, sin embargo, que la deducción será posible “siempre y cuando estos honorarios no estén cubiertos por la Se­guridad Social o en su caso por la Mutua o entidad ase­guradora correspondiente del contribuyente”. Y no se contempla específicamente el gasto por aparatos, gafas graduadas o lentillas. Para beneficiarte de esta deducción, tendrás que registrar los gastos en la casilla 954.

Según recoge la Agencia Tributaria, los límites para poder beneficiarte de las deducciones “tiene que ser inferior a 22.946 euros en tributación individual o a 31.485 euros en tributación conjunta”.

En la Comunitat Valenciana el sistema es distinto. En esta región te puedes deducir hasta cien euros “para el tratamiento y cuidado de las personas afectadas por enfermedades crónicas de alta complejidad y las denominadas raras”, según explican desde la Agencia Tributaria, así como el tratamiento y el cuidado de las personas con Alzhéimer o daño cerebral adquirido. En el caso de familias numerosas o monoparentales el límite asciende a 150 euros.

En el caso de los aparatos bucodentales no relacionados con cuestiones estéticas puedes deducirte hasta un 30 por ciento con un máximo de 150 euros o la atención. El mismo porcentaje se aplica a la compra de gafas graduadas o lentillas, te puedes desgravar también has cien euros, y “la atención a personas afectadas por cualquier patología relacionada con la salud mental, con un límite máximo de 150 euros”. Esos tres conceptos no son incompatibles entre sí.

En la Comunitat Valenciana también existen límites de ingresos para beneficiarte de estas deducciones, aunque se han ampliado en esta campaña a 60.000 euros si haces la declaración de forma individual, y 78.000 si la presentas de forma conjunta.

Qué documentación necesitas

Recuerda que los pagos has tenido que satisfacerlos mediante tarjeta bancaria, ingreso en cuenta o transferencia o cheque, y no en metálico. Además, necesitas un informe médico que justifique que ese gasto es compatible con los comprendidos en las deducciones. Y tienes que tener en cuenta que los tratamientos tienen que haber sido prestados por profesionales y centros debidamente registrados.

No olvides archivar bien tu póliza y las facturas de los gastos realizados durante los siguientes cuatro años, plazo que se reserva la Agencia Tributaria para realizar inspecciones.

Los usuarios de los trenes de Cercanías o Rodalies de Catalunya, tras meses de excepcionalidad operativa y financiera, volverán a pagar. Y es que a partir del próximo sábado 9 de mayo, el servicio ferroviario dejará de ser gratuito para los usuarios catalanes, poniendo fin a una medida de compensación que se activó tras el grave accidente ocurrido en la localidad de Gelida el pasado mes de enero. Esta decisión llega en un momento en que Renfe asegura haber restablecido el 96% de la oferta habitual en sus líneas principales.

La recuperación de la normalidad técnica permite, según el Ministerio de Transportes, reactivar un sistema tarifario que busca equilibrar de nuevo las cuentas públicas. Los viajeros de las líneas del entorno metropolitano verán cómo las validadoras vuelven a exigir títulos de transporte válidos para acceder a los andenes. El fin de la gratuidad marca el inicio de una nueva etapa donde la fiabilidad del servicio será examinada por toda la ciudadanía.

La medida de gratuidad total, vigente desde el pasado 26 de enero, ha supuesto un desembolso superior a los 50 millones de euros. El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha justificado el retorno al pago basándose en la recuperación progresiva del pasaje ferroviario en los últimos meses. Actualmente, se estima que el 90% de los usuarios habituales han vuelto a utilizar el tren tras la crisis de principios de año. Los trabajos de emergencia realizados en puntos críticos, como el túnel de Rubí, han sido fundamentales para justificar este cambio de política tarifaria. Aunque todavía persisten limitaciones de velocidad en diversos tramos, la administración considera que el servicio es suficientemente estable para cobrar de nuevo. El viernes 8 de mayo será el último día en que los abonos a coste cero tendrán validez legal en la red.

En el nuevo esquema para lo que queda del año 2026, el abono mensual para el núcleo de Barcelona se fija en un precio de 20 euros mensuales. Este título permite realizar viajes ilimitados durante treinta días naturales y debe cargarse obligatoriamente en la tarjeta sin contacto Renfe y Tú. Para los viajeros menos frecuentes, se recupera el Bonotren de diez viajes, cuyo precio seguirá variando en función de las zonas que se deseen recorrer. Es importante destacar que los abonos gratuitos obtenidos durante la crisis dejarán de ser funcionales de forma automática el próximo sábado. Renfe recomienda a los usuarios no deshacerse de sus soportes físicos, ya que la tarjeta reutilizable tiene un coste de un euro. 

La compra de estos nuevos títulos puede realizarse tanto en las taquillas de las estaciones como en las máquinas de autoventa. El sistema permite programar la fecha de inicio de validez con una antelación de hasta treinta días respecto al momento de compra. Los jóvenes menores de 30 años disfrutarán de condiciones especialmente ventajosas en este regreso a la normalidad tarifaria en toda Catalunya. El Abono Joven tendrá un coste reducido de 10 euros al mes, manteniendo la filosofía de fomentar el transporte público entre los estudiantes. Para acceder a esta tarifa, los beneficiarios deberán obtener un código de registro específico a través de la web oficial del Ministerio. 

Por otro lado, los niños menores de catorce años mantendrán la gratuidad total en sus desplazamientos hasta el 31 de diciembre. Este título infantil también requiere una inscripción previa en el portal gubernamental para ser cargado en la tarjeta personalizada del menor. Se busca así proteger a las familias y asegurar que el impacto económico de la vuelta al pago sea lo más leve posible. La vigilancia sobre el uso correcto de estos abonos nominativos será estricta, con bloqueos previstos para quienes infrinjan las normas.

Los servicios regionales también experimentan cambios notables con descuentos diseñados para paliar el fin de la gratuidad total en las líneas de larga distancia. El Abono Mensual Regional contará con una bonificación del 60% respecto al precio original de los billetes sencillos actuales. En el caso de los jóvenes que utilicen trenes Regionales o Media Distancia, el descuento alcanzará el 70% de la tarifa oficial. El Bono Exprés de diez viajes, válido durante un año completo, ofrecerá un ahorro del 40% para los usuarios ocasionales. Estas rebajas son posibles gracias a la combinación de fondos estatales y aportaciones adicionales de la Generalitat de Catalunya. Para los trayectos hacia el sur, como los que llegan a Torredembarra o Tortosa, el sistema ofrece alternativas competitivas de abonos únicos. El cálculo exacto del precio final dependerá siempre de los kilómetros recorridos entre la estación de origen y la de destino.

La integración tarifaria bajo el paraguas de la T-Mobilitat y la Autoritat del Transport Metropolità continúa siendo una pieza clave del sistema de transporte. Los títulos integrados como la T-Usual y la T-Jove, que permiten combinar tren, metro y autobús, han seguido siendo de pago estos meses. El precio de la T-Usual oscila entre los 22,80 y los 67,65 euros según las zonas. Para los jóvenes, la T-Jove mantiene su tarifa plana de 45,50 euros para todas las zonas durante tres meses. La T-Casual se mantiene como la opción preferida para viajes esporádicos con precios que parten de los 13 euros por diez trayectos. Familias numerosas y monoparentales seguirán disfrutando de sus bonificaciones específicas que pueden reducir el coste de la T-Usual significativamente. 

Aún quedan retos

A pesar del restablecimiento de la mayoría de las frecuencias, la infraestructura ferroviaria catalana todavía presenta retos técnicos importantes que afectan al servicio diario. Actualmente se mantienen activas 47 limitaciones temporales de velocidad, una cifra significativamente menor a las registradas en enero. El túnel de Rubí ha reabierto recientemente para mercancías, pero los trenes de pasajeros de la línea R8 deberán esperar hasta junio. La línea R4 ya circula de punta a punta entre Sant Vicenç de Calders y Manresa tras la eliminación de las lanzaderas. En la R3, se ha recuperado el servicio entre Ripoll y Ribes de Freser, aunque persisten cortes puntuales hacia el norte. La línea R15 también muestra mejoras con la reapertura del tramo entre Reus y Móra la Nova tras meses de trabajos. 

La decisión de cobrar nuevamente por el servicio no ha estado exenta de críticas por parte de los colectivos de usuarios más afectados. La plataforma Dignitat a les Vies ha expresado su rechazo frontal, alegando que primero debería garantizarse un transporte estable, seguro y digno. Consideran que el fin de la gratuidad demuestra una desconexión total con la realidad que viven los pasajeros cada día en los andenes. Los usuarios habituales han aprendido a navegar entre las incidencias recurrentes y las compensaciones económicas temporales que ofrece la administración.

Delegar gestiones ante la Agencia Tributaria es una opción para quienes necesitan que otra persona actúe en su nombre. Esta delegación puede servir siempre que el poder quede registrado y se ajuste al trámite que se quiere autorizar. El procedimiento no sustituye a la persona que otorga el poder, sino que habilita a un tercero a realizar cualquier trámite tributario en su nombre.

El alta de un poder puede formalizarse mediante tres vías distintas. Una es la comparecencia presencial ante las Delegaciones y Administraciones de la Agencia Tributaria. En personas jurídicas o entidades sin personalidad jurídica, la comparecencia debe realizarla su representante legal o alguien con facultades suficientes para conceder esa autorización. Otra posibilidad es presentar un documento público o privado con firma legitimada ante notario. La tercera vía es la tramitación por internet, mediante los sistemas de identificación admitidos para relacionarse electrónicamente con la Administración.

El apoderamiento por vía electrónica permite que un obligado tributario autorice a una persona física o jurídica para realizar por internet determinados trámites tributarios en su nombre. Para ello, quien otorga el poder debe identificarse con certificado electrónico, DNI electrónico, Cl@ve o, si se trata de ciudadanos de la Unión Europea, mediante eIDAS con identificación de otro país. La autorización puede ser general o limitarse a actuaciones concretas, según lo que se necesite.

Cómo dar de alta el poder por internet

El alta se realiza desde el “Registro de apoderamientos”, entrando en la opción orientada a conceder un poder mediante identificación electrónica. Antes de avanzar, conviene revisar el aviso inicial que aparece para conocer si la autorización afecta a la recepción de notificaciones. Cuando se concede un poder para recibir avisos de un trámite concreto, esas comunicaciones se dirigen al destinatario del documento y al apoderado designado específicamente para ese procedimiento, no al representante incluido en el trámite general.

Si se quiere conceder una autorización para todo tipo de trámites tributarios, debe elegirse el alta de poder general. En ese apartado se introduce el NIF o CIF del apoderado y se seleccionan los códigos generales: GENERALLEY58, GENERALDATPE y GENERALNOT. También hay que fijar la fecha de fin de la autorización. Si el usuario no modifica ese apartado, el poder queda establecido por cinco años, que es el periodo máximo previsto.

Después de completar los datos, es necesario marcar la casilla de autorización y firmar el envío. A continuación aparece una pantalla de confirmación, donde debe aceptarse la conformidad antes de completar de nuevo la firma. Cuando el alta queda registrada, se muestra una respuesta con los datos del poderdante, los del apoderado, la relación de poderes concedidos y el Código Seguro de Verificación. Ese código sirve para comprobar el justificante en la sede electrónica.

En los poderes generales relacionados con la recepción de notificaciones puede figurar el estado de notificación telemática. Esa indicación significa que el apoderado tiene que confirmar la autorización para que produzca efectos. En esos supuestos, el alta realizada por el poderdante no basta por sí sola si falta la aceptación de la persona o entidad que va a actuar como representante.

Cuando el poderdante no quiere conceder una autorización general, puede optar por un poder específico. En ese caso debe seleccionar el alta para trámites tributarios concretos, introducir el NIF o CIF del apoderado, indicar la fecha de finalización y escoger las actuaciones para las que se permite intervenir. La página organiza esos trámites por categorías y subcategorías, e incluye un buscador para localizar el procedimiento.

El usuario puede desplegar las carpetas de categoría, seleccionar una sección completa o limitar el poder a una subcategoría determinada. Una vez aceptada la selección, el sistema muestra los trámites incorporados al apoderamiento y permite revisar la fecha de finalización. Si no se cambia el valor indicado previamente, la validez será también de cinco años. Para completar el proceso hay que marcar la autorización, firmar, confirmar la conformidad y enviar de nuevo la solicitud firmada.

La respuesta final recoge la información del poderdante y del apoderado, las autorizaciones dadas de alta y los códigos seguros de verificación. En el caso de poderes específicos, pueden aparecer tanto un código general de la respuesta como códigos vinculados a cada autorización. El poder puede concederse a una o varias personas, físicas o jurídicas. Además, quien lo otorga conserva la posibilidad de consultar y revocar los apoderamientos registrados.

El verano se aproxima y con él llegan decenas de festivales de música que volverán a llenar escenarios de toda España. Sin embargo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), ha lanzado una advertencia tras detectar diversas cláusulas abusivas por parte de estos eventos. Esta organización ha revisado detalladamente las condiciones de contratación de algunos de los espectáculos musicales más grandes y multitudinarios del país y, según sus informes, estas prácticas ilegales se encuentran camufladas bajo un ambiente festivo y de excepción que suele confundir al asistente. 

Los abusos detectados afectan potencialmente a casi dos millones de personas, las que ya tienen sus entradas compradas para la inminente temporada de música en vivo. Y es fundamental, según la OCU, que los consumidores conozcan sus derechos antes de enfrentarse a estas irregularidades que vulneran la normativa vigente y no conformarse con medidas que resulten abusivas durante la estancia en el recinto. Por ello, han iniciado una campaña para que nada amargue la experiencia de los inumerables asistentes.

La lista de los eventos observados por la OCU incluye nombres de gran relevancia en el panorama nacional e internacional de la música actual. Entre ellos destacan el Arenal Sound de Burriana, el Bilbao BBK Live y el festival Boombastic que se celebra en Llanera, Asturias. También figuran en este listado el FIB de Benicàssim, el Medusa Festival de Cullera o el Primavera Sound en Barcelona, además del Resurrection Fest de Viveiro, el Rototom Sunsplash, el Sónar de Barcelona o el Viña Rock. Todos estos festivales han sido objeto de un análisis exhaustivo de sus condiciones legales por parte de los expertos de consumo. 

De hecho, la organización ya ha enviado requerimientos formales a los promotores de estos macroeventos para que corrijan algunas de sus políticas, que ajusten su funcionamiento a la legalidad para garantizar la seguridad jurídica de los usuarios. La OCU ha detectado cláusulas que podrían ser directamente contrarias a la normativa de consumo que protege a los ciudadanos.

Una de las prácticas abusivas más destacadas por la OCU es el cambio repentino del cartel o programa sin previo aviso. Muchos festivales se reservan de forma unilateral el derecho de modificar los artistas invitados sin ofrecer ninguna posibilidad de reembolso. Esta situación se considera un incumplimiento contractual grave, ya que el asistente compra la entrada motivado por una oferta artística específica. Si se produce una modificación sustancial en el programa, el organizador tiene la obligación legal de devolver el precio pagado. La organización denuncia que estas cláusulas de exención de responsabilidad son habituales pero carecen de validez legal frente al consumidor. Es un abuso que el usuario deba soportar la pérdida de sus grupos favoritos sin recibir una compensación económica justa.

La OCU recuerda que, además del precio de la entrada, se podrían reclamar otros perjuicios derivados de estos cambios. El asistente no está indefenso ante las decisiones arbitrarias de las promotoras que solo buscan proteger sus propios beneficios. El uso obligatorio de pulseras ‘cashless’ o monedero es otro de los grandes problemas detectados en los recintos de estos festivales. La OCU critica duramente que se impida el uso de dinero en efectivo o tarjeta de crédito dentro del espacio musical. En muchos casos, se amenaza incluso con la expulsión a aquellos asistentes que intenten utilizar medios de pago legales. 

Se trata de una limitación en los medios de pago que es contraria a las normas vigentes y supone un ‘secuestro’ del dinero del usuario, según la OCU. Además, suelen aplicarse comisiones abusivas tanto por la recarga de saldo como por el reembolso del dinero no consumido. La organización exige que se respete la normativa de consumo y se admita el efectivo como un medio de pago válido y no que se imponga una tecnología específica que dificulta el control del gasto personal a los miles de asistentes. La OCU sigue trabajando para que se limiten estas condiciones abusivas en la carga y el reembolso de las aplicaciones.

La prohibición de acceder al recinto con comida y bebida del exterior es una de las quejas más recurrentes cada año. La OCU defiende firmemente que esta práctica es abusiva e ilegal en la gran mayoría de los supuestos analizados. El argumento principal es que la actividad esencial de un festival de música es el espectáculo y no la hostelería. Al impedir la entrada de alimentos propios, se obliga al asistente a consumir exclusivamente los productos vendidos dentro a precios elevados. Aunque algunas normativas autonómicas permiten ciertas restricciones, la organización considera que no se puede negar este derecho básico, tanto como la falta de puntos de agua potable gratuita en muchos de estos eventos multitudinarios de verano. La OCU ha denunciado activamente a los festivales que imponen estas restricciones para, según la entidad, maximizar sus ingresos por servicios secundarios. 

Otro abuso significativo es el cobro de un suplemento adicional por el simple hecho de salir y volver a entrar al festival. Esta práctica, conocida como cobro por reentrada, busca retener al público dentro del recinto para fomentar el consumo interno. La OCU considera que este tipo de cargos son totalmente injustificados y perjudican económicamente a los asistentes del evento: Se limita la libertad de movimiento de los usuarios que han pagado una entrada para disfrutar de un espectáculo prolongado. La organización reclama que se aprueben normas que permitan la salida y entrada temporal sin coste alguno para el consumidor. Muchos festivales utilizan esta medida para asegurar que el gasto en bebidas y alimentos se realice exclusivamente en sus barras, estrategia comercial que vulnera los derechos fundamentales de los consumidores en este tipo de espectáculos de masas. La OCU insiste en que no se debe aceptar este tipo de imposiciones que solo buscan incrementar la rentabilidad empresarial.

Otras irregularidades 'menores'

Existen otras irregularidades que, aunque parezcan menores, afectan profundamente a la calidad del servicio y al bolsillo del usuario. La OCU ha detectado casos de falso ‘greenwashing’ donde se cobra por vasos reutilizables sin permitir recuperar el dinero. Se pueden llegar a pagar hasta dos euros y medio por un vaso sin opción a devolución. Además, los precios de reventa en plataformas no oficiales suelen multiplicar por tres o cuatro el coste oficial inicial. La falta de infraestructuras adecuadas, como un número suficiente de baños, es otra deficiencia común en estos grandes eventos. También se han reportado problemas de aforo excesivo que ponen en riesgo la seguridad y la movilidad. La organización pide un mayor control para asegurar que se respeten los límites de capacidad permitidos por ley. 

Ante cualquiera de estas situaciones, la OCU recuerda a los ciudadanos que no están indefensos y deben actuar de inmediato. La principal herramienta de defensa es solicitar la hoja de reclamaciones oficial en el mismo recinto del festival. Si la organización se niega a facilitarla, se recomienda llamar a la Policía Local para que deje constancia. Es posible también presentar la reclamación desde casa a través de internet con mayor tranquilidad y documentación. Si el evento se cancela o cambia de forma sustancial, se debe exigir el reembolso total de la entrada. Además del precio del ticket, el consumidor tiene derecho a reclamar daños y perjuicios por gastos ya realizados. 

La campaña de la Renta 2025 comenzó el 8 de abril y estará abierta hasta el 30 de junio. Durante ese periodo, los contribuyentes pueden presentar por internet la declaración del IRPF correspondiente al ejercicio anterior. Más adelante se incorporan otras vías: desde el 6 de mayo quedará habilitada la presentación por teléfono y, a partir del 1 de junio, la atención presencial en oficinas.

En estas semanas, muchas declaraciones terminan con resultado a devolver. Esto ocurre cuando, tras hacer el cálculo del impuesto, la cantidad ya adelantada durante el año supera la cuota final que corresponde pagar. En esos casos, el contribuyente solicita que la Administración le reintegre el importe que proceda. Aun así, que el resultado sea favorable no significa que el dinero vaya a llegar de forma inmediata.

Una vez enviada la declaración, el expediente sigue su curso dentro del sistema de la Agencia Tributaria. El trámite puede avanzar sin incidencias o pasar por revisiones antes de que se ordene el ingreso. Por eso, una de las dudas habituales durante la campaña es dónde consultar la situación de la devolución y qué margen tiene Hacienda para pagar.

Cómo saber en qué punto está la devolución

La consulta debe hacerse desde la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, dentro del espacio de la campaña de Renta 2025. Para entrar en el expediente, el contribuyente tiene que acceder al servicio de tramitación del borrador o declaración, conocido como Renta WEB. Desde ahí se puede revisar la información asociada a la autoliquidación presentada y consultar el apartado en el que aparece la situación del trámite.

El acceso requiere identificación. El sistema permite utilizar certificado electrónico o DNI electrónico, Cl@ve, el número de referencia del borrador o declaración de la Renta 2025, o el sistema eIDAS para ciudadanos de la Unión Europea. La referencia de esta campaña está compuesta por seis caracteres y sirve como una de las vías para entrar al expediente cuando no se emplean otros métodos digitales.

Una vez dentro, el contribuyente debe fijarse en el estado de tramitación. El expediente puede indicar que la declaración sigue en curso, lo que significa que ya ha sido recibida, pero todavía no se ha cerrado el proceso. También puede mostrar que se están comprobando los datos, una fase en la que la Administración revisa la información declarada antes de aceptar la devolución solicitada. Otra posibilidad es que el expediente aparezca ya tramitado y que la cantidad pedida se considere correcta.

Cuando las comprobaciones han terminado y no hay incidencias, el sistema informa de la emisión de la devolución. También pueden aparecer avisos que conviene revisar con más detalle, por ejemplo si la declaración aún no figura correctamente grabada o si el importe solicitado no se acepta en los mismos términos. En esos casos, no hay una única respuesta válida para todos los contribuyentes, porque cada situación depende de los datos incluidos en la declaración y de las actuaciones que se realicen sobre ese expediente.

Cuánto tiempo tiene Hacienda para pagar

La Agencia Tributaria dispone de seis meses para efectuar la devolución o iniciar un procedimiento de comprobación. Si la declaración se presenta dentro del plazo ordinario de la campaña, ese periodo empieza a contar desde el 30 de junio, último día previsto para presentar la Renta. Si se entrega fuera de plazo, los seis meses comienzan en la fecha en la que la declaración queda registrada.

El pago se realiza, con carácter general, mediante transferencia bancaria. Para ello, el contribuyente debe haber indicado una cuenta de su titularidad en el documento de ingreso o devolución. La devolución no se considera completada hasta que la Administración ordena el abono, y antes puede revisar la información incluida en la declaración.

La cantidad que finalmente se ingrese será la que reconozca la Administración tras tramitar el expediente. Puede coincidir con la solicitada al presentar la declaración o cambiar si, durante una comprobación, se determina que procede otro importe. Por ese motivo, dos contribuyentes que presentan la Renta el mismo día pueden recibir el dinero en fechas distintas. El ritmo depende de la situación de cada expediente, no solo del momento de presentación.

Si pasan seis meses sin que se haya ordenado el pago por una causa atribuible a la Administración tributaria, se generan intereses de demora desde el día siguiente al vencimiento de ese plazo. El contribuyente no tiene que reclamarlos de forma expresa. Esos intereses se aplican sobre el importe que finalmente se acuerde devolver, ya sea el solicitado en un primer momento o el que resulte después de una revisión.

La consulta en Renta WEB permite seguir ese recorrido sin esperar a recibir una comunicación adicional. A través del expediente puede saberse si la declaración sigue pendiente, si está siendo comprobada, si ya se ha validado o si la devolución está próxima a emitirse. Para quienes tienen resultado a devolver, revisar ese apartado es la forma más directa de conocer cómo avanza el trámite.