El cobro del paro en junio de 2026 vuelve a generar dudas entre quienes perciben una prestación o un subsidio por desempleo. Aunque el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) fija una fecha de referencia, lo cierto es que el momento en el que el dinero llega a la cuenta no es idéntico para todos. La entidad bancaria juega un papel clave, y por eso no todos los beneficiarios ven reflejado el ingreso el mismo día, aunque la ayuda corresponda al mismo mes.

Por norma general, el SEPE establece el día 10 de cada mes como fecha de pago. Cuando ese día coincide con un festivo o cae en fin de semana, el ingreso se traslada al siguiente día hábil. En junio de 2026, el día 10 cae en miércoles, por lo que no hay cambios en el calendario habitual. Aun así, algunas entidades pueden adelantar el abono, permitiendo a sus clientes disponer del dinero antes de esa fecha.

La protección por desempleo está destinada a personas trabajadoras que han perdido su empleo de forma involuntaria, han visto suspendido su contrato debido a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) o han sufrido una reducción de jornada por este mismo motivo. Estas situaciones permiten acceder a la prestación siempre que se cumplan los requisitos establecidos. Una vez aprobada, el pago se realiza mediante transferencia a la cuenta bancaria indicada por la persona beneficiaria.

Cuándo ingresan el paro los bancos en junio

El pago de las prestaciones por desempleo de junio de 2026 se sitúa el miércoles 10. Esta fecha sirve como referencia general, ya que coincide con el día habitual de abono del SEPE y no se ve afectada por festivos ni fines de semana. Sin embargo, la disponibilidad real del dinero puede variar en función de cada entidad bancaria.

Banco Santander suele abonar la prestación entre el segundo y el tercer día hábil del mes, por lo que sus clientes podrían recibir el ingreso a comienzos de junio. Unicaja, en cambio, tiene previsto realizar el abono el martes 9 de junio. En ambos casos, se trata de ingresos adelantados respecto a la fecha oficial, en línea con la operativa interna de cada banco.

Por su parte, CaixaBank y Bankinter sitúan el cobro en el miércoles 10 de junio. BBVA, Banco Sabadell e ING también prevén reflejar el ingreso a partir de ese mismo día. En cualquier caso, aunque estas fechas orientan sobre cuándo se cobrará, el dinero puede aparecer a distintas horas según los procesos internos de cada entidad. Que el ingreso no se vea a primera hora no implica necesariamente que exista ningún problema.

Qué papel juegan los bancos en el cobro del paro

La fecha en la que los beneficiarios reciben la prestación por desempleo no siempre coincide exactamente con el día señalado por el SEPE. Aunque existe un calendario orientativo, la llegada del dinero a la cuenta depende en buena medida de cómo cada entidad financiera gestiona las transferencias. Esto explica por qué algunas personas ven el ingreso antes de lo previsto, mientras que otras deben esperar al plazo oficial o incluso a días posteriores.

Esta diferencia no responde a cambios en la normativa ni afecta a la cuantía o al derecho a la prestación, sino a decisiones internas de los bancos. Algunas entidades optan por adelantar el abono utilizando sus propios recursos, basándose en la información previa que reciben sobre los pagos. Otras, en cambio, prefieren ceñirse al momento en el que el ingreso se hace efectivo, lo que sitúa el cobro dentro del margen habitual fijado por la administración.

Además, entran en juego factores técnicos y organizativos. La forma en la que cada banco procesa las órdenes de pago, la programación de sus sistemas o sus tiempos operativos pueden acelerar o retrasar la disponibilidad del dinero. Por este motivo, aunque el procedimiento sea el mismo para todos los beneficiarios, la experiencia concreta puede variar de una entidad a otra.

En cualquier caso, hay un aspecto que sí depende directamente del perceptor: mantener sus datos personales y bancarios actualizados y cumplir con las obligaciones administrativas, como renovar la demanda de empleo en plazo. Estos requisitos son esenciales para evitar incidencias y asegurar que la prestación se abone con normalidad, independientemente de cuándo cada banco decida hacer efectivo el ingreso.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) vuelve a colarse entre las ayudas que más dudas generan a final de mes, sobre todo para quienes dependen de este ingreso para organizar pagos, recibos y los gastos del día a día. Aunque hay una fecha oficial marcada en el calendario, lo cierto es que el día exacto en el que el dinero aparece en la cuenta no es el mismo para todo el mundo. Al final, todo depende del banco. Por eso, en junio de 2026 habrá diferencias en el momento de cobro, aunque todos los beneficiarios estén recibiendo la ayuda correspondiente al mismo periodo.

La fecha oficial para el pago de junio se sitúa en el miércoles 1 de julio de 2026, ya que es el primer día hábil del mes siguiente. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, varios bancos optan por adelantar el ingreso para que sus clientes puedan tener el dinero antes de que termine el mes. En esta ocasión, esos adelantos se concentran en la última semana de junio, con fechas que van desde el lunes 22 hasta el jueves 25, dependiendo de cada entidad y de cómo gestione los pagos.

Qué es el Ingreso Mínimo Vital y a quién va dirigido

El Ingreso Mínimo Vital es una ayuda económica que forma parte de la Seguridad Social y está pensada para hogares que no llegan a un nivel mínimo de ingresos. Su objetivo es bastante claro: reducir situaciones de pobreza o exclusión social, tanto en personas que viven solas como en familias que no cuentan con recursos suficientes para cubrir sus necesidades más básicas. No se trata de una ayuda con una cantidad fija para todo el mundo, ya que lo que se cobra depende de la situación económica y familiar de cada caso.

Además, esta prestación tiene en cuenta a colectivos que pueden ser más vulnerables, como los menores o las personas con discapacidad. No solo busca cubrir una parte de la falta de ingresos, sino también facilitar que quienes la reciben puedan ir mejorando su situación con el tiempo y tener más opciones de integrarse a nivel social y laboral. Por eso, para poder acceder a ella es necesario cumplir ciertos requisitos relacionados con los ingresos, la composición del hogar y la residencia.

Pueden solicitar esta ayuda tanto ciudadanos españoles como personas extranjeras con residencia legal en España, siempre que cumplan con las condiciones establecidas. Entre los requisitos generales, por ejemplo, está el haber vivido de forma legal y continuada en el país durante al menos el último año.

Cuándo se cobra el IMV según el banco

El calendario habitual de este tipo de prestaciones establece que el pago se realiza el primer día hábil del mes siguiente. En el caso del IMV correspondiente a junio de 2026, esto sitúa la fecha oficial en el miércoles 1 de julio. Esa es la referencia que se toma, sobre todo para quienes no reciben adelantos o para los bancos que no aplican este sistema.

Aun así, lo más habitual es que muchos bancos adelanten el ingreso unos días para facilitar que sus clientes puedan organizar mejor sus gastos de final de mes. Este adelanto no implica que se cobre más ni que haya un pago extra, simplemente significa que el dinero llega antes de lo previsto en el calendario. Por este motivo, aunque todos tengan reconocida la misma prestación mensual, la fecha de cobro puede variar de una persona a otra.

Según el calendario previsto para junio de 2026, entidades como Banco Santander, Openbank y Bankinter están entre las primeras en adelantar el pago, con ingresos a partir del lunes 22 de junio. A continuación, CaixaBank suele situar el abono en el miércoles 24 de junio. El jueves 25 de junio aparece como fecha de pago en BBVA y también está previsto el ingreso en bancos como Sabadell, ING o Ibercaja. Por su parte, Unicaja lo fija para el martes 30 de junio, cerrando así el calendario orientativo de abonos.

En cualquier caso, estas fechas son orientativas, ya que pueden variar en función de la operativa interna de cada entidad, del tipo de cuenta o incluso de los tiempos de procesamiento de las transferencias. Si el dinero no aparece a primera hora del día previsto, no significa necesariamente que haya un problema con el expediente.

Cómo se efectúa el primer pago del IMV

Las personas que acceden por primera vez al IMV pueden encontrarse con un calendario algo distinto al de quienes ya lo reciben todos los meses. Cuando la resolución que concede la ayuda llega a lo largo de un mes, lo más habitual es que el primer ingreso se realice en el mes siguiente.

Ese primer pago, además, suele incluir las cantidades pendientes desde el momento en el que se reconoce el derecho a la prestación. Es decir, aunque el dinero tarde un poco más en llegar, no se pierde lo correspondiente a ese tiempo.

Esto hace que no todo el mundo cobre por primera vez en las mismas fechas que el resto de beneficiarios. Si la aprobación llega cuando el mes ya está bastante avanzado, la transferencia inicial puede retrasarse al periodo siguiente por cuestiones administrativas. Aun así, ese pequeño retraso no implica perder ninguna de las cuantías reconocidas.

En ese primer abono se incluyen todos los importes acumulados que correspondan al periodo aprobado. A partir de ahí, si la ayuda sigue activa y se mantienen los requisitos, los pagos pasan a hacerse de forma mensual, siguiendo el calendario habitual y, en su caso, los adelantos que aplique cada banco.

La campaña de Renta 2025 ha superado su ecuador. Desde que comenzó el pasado 8 de abril, millones de contribuyentes se han lanzado a rendir sus cuentas con Hacienda. Han pasado casi dos meses desde que la Agencia Tributaria abriese este plazo, pero todavía queda un mes más para que los contribuyentes puedan presentar su declaración. Pese a este margen, muchas persoans pueden tener la tentación de gestionar la Renta a última hora. Pero deben saber que, en función de cómo pretendan afrontar esta campaña de Hacienda, podrían tener menos margen de maniobra.

En general, el plazo para presentar la declaración finaliza el 30 de junio, pero en función de cómo se confirme el borrador los contribuyentes deberán tener en cuenta unos márgenes temporales u otros.

El plazo para presentar la declaración por internet

Desde el momento en el que se lanzó la campaña el 8 de abril ha sido posible declarar el IRPF a través de internet, mediante el servicio de Renta WEB o la aplicación de la Agencia Tributaria. Esta opción estará disponible hasta que finalice el plazo de presentación de la Renta, el 30 de junio. Se trata del método predilecto por muchos para confirmar el borrador, puesto que los contribuyentes pueden consultar, modificar y confirmar su borrador de forma intuitiva.

El usuario solo tendrá que identificarse mediante Cl@ve PIN, certificado digital o número de referencia. Pese a que ofrece un amplio margen de maniobra al contribuyente, no se trata de la mejor opción para los que presentan situaciones fiscales complejas o los que quieren resolver dudas de su declaración de forma directa.

Hasta cuándo se puede hacer la Renta por teléfono

Operativo desde el pasado 6 de mayo, en teoría el servicio para presentar la declaración de la Renta por teléfono se mantendrá hasta el 30 de junio. Pero es preciso tener en cuenta que, para hacer uso de él, será necesario pedir cita, algo que solo es posible hasta el 29 de junio.

El conocido como 'Plan te Llamamos' puede fecharse a través de internet, la aplicación de la Agencia Tributaria o a través del 91 535 73 26 o 901 12 12 24. También se puede pedir cita con atención personal a través de los teléfonos, 91 553 00 71 o 901 22 33 44, de lunes a viernes en horario de nueve de la mañana a siete de la tarde.

Cuándo acaba el servicio de videoasistencia de la Renta

Para algunos municipios de pequeño tamaño, Hacienda ofrece un servicio para presentar la Renta a través de la videoasistencia. Se trata de una opción para formalizar la declaración para la que hay que pedir cita, algo que solo se podrá hacer hasta el 29 de junio. Al igual que con la cita por teléfono, también se puede agendar por internet, la aplicación de la Agencia Tributaria o a través del teléfono 91 553 00 71 o 901 22 33 44.

El sistema de videoasistencia está desplegado en 84 municipios repartidos por 11 comunidades autónomas. Se trata de una herramienta diseñada para salvar las dificultades técnicas con las que se pueda encontrar el declarante y salvar las distancias geográficas que pueden tener hasta su delegación de Hacienda más cercana.

El último día para presentar la declaración en persona

Este viernes 29 de mayo comienza el plazo para que los contribuyentes pidan cita para presentar la declaración de la Renta de forma presencial. Los declarantes tendrán exactamente un mes, hasta el 29 de junio, para asegurarse de que tienen una fecha para presentar la declaración en su delegación de la Agencia Tributaria más cercana. La atención cara al público se extenderá hasta el 30 de junio, fin el plazo para presentar la declaración.

Existen plazos propios para el supuesto en el que el pago se domicilie. Este supuesto se aplica si la declaración sale a pagar y el contribuyente opta por que el cargo se realice automáticamente en cuenta. Para estos casos, Hacienda tiene un plazo límite previo al fin de la campaña. Se trata del 25 de junio, fecha en la que el declarante deberá haber revisado y aportado sus datos bancarios a la Agencia Tributaria.

Con independencia de los plazos, recuerda revisar la información económica que Hacienda ha recopilado sobre ti y procura tener margen de maniobra antes de que venza el plazo de presentación de la Renta, con el fin de evitar que los imprevistos te dejen sin formalizar tus cuentas con la Agencia Tributaria.

La campaña de la Declaración de la Renta 2025 ya se encuentra en pleno funcionamiento tras su inicio el pasado 8 de abril, registrando millones de declaraciones en sus primeras jornadas de actividad. Para muchos contribuyentes, el borrador arroja un resultado positivo, lo que implica la obligación de ingresar dinero a las arcas de la Agencia Tributaria. Este escenario suele derivar de la omisión de ingresos como prestaciones por ERTE, el Ingreso Mínimo Vital o rescates de planes de pensiones no declarados. También influye el olvido de aplicar deducciones estatales o autonómicas que podrían haber reducido significativamente la cuota final a pagar por el declarante. 

En cualquier caso, siempre es más que recomendable revisar cada dato antes de confirmar para evitar sorpresas desagradables o posibles recargos por errores que son muy habituales en este proceso. Ante esta situación, Hacienda dispone de diversos mecanismos para que los ciudadanos puedan cumplir con sus obligaciones fiscales de una manera organizada y segura. El sistema informático guía al usuario a través de los pasos necesarios una vez que se confirma que la declaración resulta a ingresar.

Una de las modalidades más utilizadas a la hora de pagar es el fraccionamiento del pago en dos plazos diferenciados sin intereses ni recargos adicionales. Esta opción permite al contribuyente abonar el 60% del importe total en el momento de presentar la declaración, fijando como límite general el 30 de junio. El 40% restante se pospone hasta el próximo 5 de noviembre, facilitando así la gestión de la liquidez personal de los ciudadanos afectados. Para acogerse a esta ventaja, es requisito indispensable que la declaración se presente dentro del periodo voluntario y no sea una autoliquidación complementaria. Hacienda advierte que el impago de la primera fracción en el plazo estipulado desencadenará el inicio del periodo ejecutivo por la deuda completa.

Es importante recordar que esta división del pago no conlleva costes extra siempre que se cumplan estrictamente las fechas de vencimiento establecidas. Si no se desea domiciliar el segundo plazo, el contribuyente deberá realizar el ingreso manualmente antes de la fecha límite utilizando el modelo oficial 102.

La domiciliación bancaria destaca como el método preferido por su comodidad, ya que los cargos se realizan de forma automática en la cuenta corriente indicada. Si se opta por domiciliar el primer pago o el importe único, el plazo límite improrrogable para presentar la declaración finaliza el 25 de junio. Como novedad relevante, ahora es posible domiciliar el pago en cuentas de entidades no colaboradoras que pertenezcan a la Zona SEPA. En el caso de que el contribuyente solo desee domiciliar el segundo plazo del 40%, el límite de presentación se amplía hasta el día 30 de junio. 

En todo caso, el sistema Renta Web facilita este trámite permitiendo introducir el código IBAN tras marcar la casilla correspondiente de domiciliación del importe. Es esencial que los datos bancarios sean correctos para evitar problemas en el procesamiento del cargo por parte de la Agencia Tributaria. Quienes domicilien el primer plazo tienen además la opción de domiciliar también el segundo cargo hasta el próximo 2 de noviembre de 2026.

El avance tecnológico ha permitido integrar nuevos métodos de pago electrónico que agilizan notablemente el proceso para quienes no desean usar la domiciliación tradicional. Desde la campaña de 2024, se permite el uso de transferencias instantáneas mediante Bizum y el pago directo con tarjetas de crédito o débito seguras. Estas operaciones requieren el acceso a través de sistemas de identificación segura como Cl@ve, DNI electrónico o certificado digital en la plataforma. Para los pagos electrónicos que no sean Bizum o tarjeta, el contribuyente debe obtener previamente el Número de Referencia Completo o NRC. Si se elige cualquiera de estas vías electrónicas para el pago único o el primer plazo, la fecha límite de realización es el 30 de junio. 

Para aquellos que prefieren la gestión presencial, existe la posibilidad de generar un documento de ingreso para pagar directamente en una entidad financiera colaboradora. Al seleccionar esta opción en Renta Web, la declaración queda presentada pero pendiente de ingreso hasta que se efectúe el pago físico en el banco. El contribuyente debe descargar e imprimir el documento de pago que contiene el ejemplar específico para la entidad de crédito elegida. Este trámite debe completarse obligatoriamente también antes del 30 de junio para el pago único o la primera fracción del importe adeudado. Es una vía segura para quienes no se sienten cómodos con las transacciones digitales o no disponen de medios de firma electrónica. 

Otras opciones

Hacienda también contempla escenarios donde el contribuyente no puede afrontar el pago de inmediato, ofreciendo alternativas como el reconocimiento de deuda. Esta modalidad permite presentar la declaración a tiempo sin realizar el ingreso monetario en ese preciso instante, generando una obligación posterior. Existen variantes como el reconocimiento de deuda con imposibilidad de pago o la solicitud de aplazamiento, que requieren la validación de la Administración. Si el declarante no posee cuenta en un banco colaborador, puede optar por reconocer la deuda y realizar posteriormente una transferencia bancaria. Otra opción disponible es el ingreso parcial, donde se abona una parte de la cuota y se solicita el aplazamiento por el resto. 

Quienes requieran una flexibilidad mayor al fraccionamiento estándar de dos plazos pueden solicitar el pago en más cuotas bajo condiciones específicas. Esta modalidad exige la aprobación previa de la Agencia Tributaria y conlleva el pago de un interés fijo establecido en el 3,75%. Es fundamental tener en cuenta que solicitar un fraccionamiento de este tipo es totalmente incompatible con pedir un aplazamiento de la deuda. El proceso se gestiona dentro de las otras modalidades de pago disponibles al finalizar el borrador en la herramienta de Renta Web. Cada petición es valorada individualmente por el organismo, considerando las circunstancias alegadas por el ciudadano para justificar la necesidad de la demora. La transparencia en estas solicitudes es clave para evitar sanciones o el inicio del periodo ejecutivo de recaudación forzosa.

En conclusión, enfrentarse a una declaración de la renta con resultado positivo requiere estudiar bien los plazos y las múltiples herramientas que Hacienda facilita. La fecha del 30 de junio de 2026 marca el final del periodo voluntario para la mayoría de las formas de pago inicial o único. El cumplimiento riguroso de estos calendarios evita la aplicación de recargos e intereses de demora que encarecerían la factura fiscal del contribuyente. Tanto si se opta por el fraccionamiento gratuito como por el pago único inmediato, la seguridad jurídica está garantizada por los sistemas digitales. 

Los casi diez millones de pensionistas en España tienen muy presente la primera semana de julio. No es para menos, está previsto que la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) abone la paga extraordinaria de verano de 2026 entre el miércoles 1 y el viernes 3 de julio. Otros beneficiarios también tienen subrayado en su calendario la última semana de junio, en previsión de recibir antes el dinero gracias al adelanto habitual de las entidades bancarias. Se trata de un año especial, en el que la paga extraordinaria vendrá con subida incluida. Muchos jubilados recibirán una cuantía superior en la paga extraordinaria. El motivo reside en que las pensiones contributivas se han revalorizado un 2,7%, tal y como establece el Real Decreto 39/2026.

De acuerdo con el artículo 46 de Ley General de la Seguridad Social, el sistema de pensiones contempla 14 pagas anuales, doce correspondientes a cada mes del año y dos extraordinarias. De acuerdo con la norma, “estas últimas se devengarán en los meses de junio y noviembre”. No se trata de un complemento adicional al importe mensual, sino parte de una fracción del cálculo total de la pensión. Del mismo modo, el importe a recibir por los pensionistas es equivalente al recibido mes a mes. La peculiaridad de la paga extraordinaria reside en que se abona a mes vencido, por lo que los bancos deberán haber recibido la transferencia por parte de la Seguridad Social a principios de julio. En definitiva, queda poco más de un mes para que los pensionistas reciban su paga extra.

Los pensionistas que hayan comenzado a percibir la pensión después del periodo de devengo —que abarca desde el 1 de diciembre al 31 de mayo— no recibirán la totalidad de la paga extra de verano. En su lugar, recibirán el importe proporcional a lo cotizado. Si, por ejemplo, un usuario es pensionista desde el 31 de mayo, cobrará la mitad de la paga extra, puesto que solo habrá generado tres de los seis meses del periodo. En ese mismo escenario, un pensionista que percibe 1.600 euros recibirá solo 800 euros de paga extraordinaria de verano.

Por su parte, aquellos que empezaron a recibir la pensión después del 31 de mayo de 2026 tendrán que esperar al próximo año para cobrar la paga extraordinaria. Lo mismo ocurrirá con los que la hayan tenido suspendida durante el periodo de devengo en su totalidad.

Por otro lado, existen pensiones en las que, en lugar de contar con paga extraordinaria, el importe está prorrateado. Es el caso de aquellas prestaciones por incapacidad permanente derivadas de accidente laboral o enfermedad profesional.

Cuándo se cobra la paga extra en cada entidad bancaria

No todos los bancos efectúan el ingreso de la paga extra el mismo día. Muchas entidades financieras adelantan el ingreso, por lo que el día de cobro depende de dónde tengan los pensionistas domiciliada su pensión. En general, los bancos que anticipan el ingreso lo suelen hacer entre los días 22 y 25 de junio:

Si antes del 3 de julio el pensionista no ha recibido la paga extraordinaria de verano, lo recomendable es que contacte con su banco y consulte si existe una orden de pago pendiente. En caso contrario y si no consta a la entidad financiera el abono, deberá presentar una reclamación ante la Seguridad Social mediante uno de estos dos cauces:

La adaptación al nuevo reglamento de programas de facturación será uno de los cambios que muchos autónomos tendrán que tener en el radar durante los próximos meses. Aunque la entrada en vigor de Verifactu se ha aplazado de 2026 a 2027, la norma no afecta por igual a todos. De hecho, la clave no está tanto en la actividad en sí, sino en cómo se emiten las facturas y en si se utiliza algún sistema informático para gestionarlas.

En otras palabras, no todos los autónomos tendrán que hacer cambios, pero sí aquellos que usen herramientas capaces de crear, modificar, almacenar o procesar registros de facturación. Esto hace que dos profesionales con actividades similares puedan tener obligaciones distintas: uno podría quedar fuera si factura a mano, mientras que otro, usando un programa o un TPV, sí tendría que adaptarse. Entre los casos que más dudas generan están el alquiler de inmuebles, el uso de datáfonos, los negocios que trabajan con tiques y ciertos recibos del ámbito agrario.

Arrendamiento de inmuebles

El alquiler de viviendas o locales es uno de los supuestos donde no hay una respuesta automática. En el caso de una persona física, todo depende de si ese alquiler se considera actividad económica en el IRPF. Para que lo sea, normalmente se exige contar con al menos un trabajador contratado a jornada completa.

Si no se cumple ese requisito, el arrendamiento no se considera actividad económica a estos efectos. Esto significa que un propietario que alquila inmuebles sin tener empleados no tendría que adaptarse al reglamento por esta actividad. Es decir, el simple hecho de tener propiedades en alquiler no implica entrar en Verifactu.

La situación cambia si el arrendamiento se realiza a través de una sociedad. Al tributar por el Impuesto sobre Sociedades, la empresa puede quedar dentro del ámbito del reglamento. Aun así, todo vuelve a depender de cómo facture: si utiliza un programa informático, deberá adaptarlo; si emite facturas manualmente, no tendría esa obligación por este motivo.

Uso de TPV o datáfono

Cobrar con tarjeta no implica automáticamente tener que adaptarse a Verifactu. Muchos autónomos utilizan datáfonos en su día a día, pero estos dispositivos no siempre intervienen en la facturación.

Si el terminal se limita únicamente a gestionar el cobro y no crea ni almacena facturas, no se considera un sistema informático de facturación. En ese caso, actúa solo como medio de pago, registrando la transacción pero sin participar en la emisión de documentos fiscales. Por tanto, no habría que adaptarlo si no está conectado a un software de facturación.

El escenario es distinto cuando el TPV forma parte de un sistema más completo. Si está integrado en un programa que genera facturas o tiques con validez fiscal, o que guarda y gestiona datos de facturación, entonces sí podría estar sujeto al reglamento. La diferencia está en si el dispositivo solo cobra o si también interviene en la gestión documental.

Tintorerías y otros negocios que solo expiden tiques

Otro caso frecuente es el de pequeños comercios que funcionan principalmente con tiques. Por ejemplo, una tintorería que tributa en estimación objetiva y recargo de equivalencia, que solo emite facturas completas cuando el cliente las pide y las hace a mano, mientras que el resto de operaciones se documentan con tiques de caja.

En cuanto a las facturas completas, el criterio es claro: si se hacen manualmente y sin software, no obligan a cumplir con el reglamento. La duda surge con los tiques, ya que en algunos casos pueden tener la consideración de factura.

Por eso, no basta con verlos como simples justificantes. Hay que analizar qué tipo de documento se está emitiendo y con qué herramienta. Si los tiques salen de una caja registradora o de un programa que puede generar, almacenar o tratar registros de facturación, ese sistema podría tener que adaptarse. Esto afecta especialmente a negocios que casi nunca emiten facturas tradicionales, pero sí entregan tiques de forma habitual.

Recibos de una cooperativa agroalimentaria

Los recibos de compensación agraria tienen un tratamiento diferente. Aunque están vinculados a operaciones económicas, cuentan con su propia regulación y no se consideran facturas dentro del reglamento de programas de facturación. Por ese motivo, quedan fuera del ámbito de Verifactu. Esta distinción es importante, ya que no todos los documentos relacionados con una actividad profesional tienen el mismo impacto en la normativa. En este caso, la obligación no se activa simplemente por existir una operación económica, sino por la naturaleza del documento y la forma en que se emite.

En definitiva, la obligación de adaptarse al reglamento de programas de facturación no depende tanto del tipo de actividad como de la forma en que se gestionan y emiten las facturas. La clave está en identificar si se utiliza o no un sistema informático que intervenga en ese proceso, ya que esto marcará la diferencia entre estar dentro o fuera de Verifactu. Por ello, más que fijarse solo en el sector o el tamaño del negocio, los autónomos deberán revisar con detalle sus herramientas de facturación para saber si realmente tienen que dar el paso hacia la adaptación.

La campaña de la Renta 2025 avanza hacia su tramo final con la activación progresiva de todos los canales de atención disponibles para los contribuyentes. Aunque la presentación por internet está habilitada desde el pasado 8 de abril de 2026, lo cierto es que no todo el mundo opta por esta vía. Hay perfiles que prefieren contar con apoyo directo antes de presentar su declaración, ya sea por dudas concretas, por la complejidad de su situación o simplemente por falta de hábito en el uso de herramientas digitales.

Entre ellas, la atención presencial en oficinas sigue teniendo un papel relevante dentro de la campaña. Este servicio está dirigido especialmente a quienes necesitan ayuda personalizada para confeccionar su declaración o prefieren resolver sus dudas cara a cara con personal especializado. A pesar del avance de los canales digitales, este tipo de asistencia continúa siendo una opción útil para determinados contribuyentes, especialmente aquellos que buscan mayor seguridad en el proceso o que no se sienten cómodos gestionándolo por su cuenta.

El calendario establece dos fechas clave para quienes quieran utilizar esta modalidad. A partir del 29 de mayo se puede solicitar cita previa para ser atendido en una oficina de la Agencia Tributaria. La atención presencial comenzará el 1 de junio y se mantendrá hasta el 30 de junio, día en el que finaliza la campaña de la Renta. Esto implica que el margen para acudir físicamente es más limitado que en otros canales, como online o por teléfono, por lo que resulta recomendable planificar con antelación para evitar problemas de disponibilidad o falta de citas en determinados horarios.

Cómo solicitar cita para atención presencial

La solicitud de cita previa es un paso obligatorio para poder acceder a la atención presencial en oficinas de la Agencia Tributaria. No basta con acudir dentro del plazo habilitado, ya que el servicio funciona exclusivamente con reserva de día y hora. Además, es importante tener en cuenta que pedir cita no implica ser atendido de forma inmediata, sino que permite elegir un turno dentro del periodo comprendido entre el 1 y el 30 de junio.

Existen varias vías para solicitar esta cita, adaptadas a diferentes preferencias y niveles de familiaridad con la tecnología. La opción más habitual es hacerlo a través de internet, en la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Para completar el proceso, el contribuyente debe identificarse mediante alguno de los sistemas admitidos, como el NIF o NIE junto con el número de referencia, el sistema Cl@ve, el DNI electrónico o un certificado digital.

Otra alternativa es utilizar la aplicación móvil oficial de la Agencia Tributaria, disponible para dispositivos Android e iOS. Esta herramienta permite gestionar la solicitud de cita desde el teléfono móvil de manera sencilla, siempre que el usuario pueda identificarse correctamente. También es posible solicitar la cita por teléfono, a través de los números 91 553 00 71 y 901 22 33 44, con horario de atención de lunes a viernes entre las 9:00 y las 19:00 horas.

Este sistema de cita previa se enmarca dentro de un conjunto más amplio de servicios de asistencia. La atención telefónica para la confección de declaraciones está operativa desde el 6 de mayo y también requiere reserva previa, que puede solicitarse desde el 29 de abril hasta el 29 de junio. Con la incorporación de la atención presencial, la Agencia Tributaria completa así todas las modalidades de ayuda personalizada, orientadas especialmente a quienes no pueden o no desean utilizar exclusivamente los canales digitales.

Datos y documentos necesarios para la cita

Contar con una cita previa es solo una parte del proceso, ya que para que la declaración pueda confeccionarse correctamente en la oficina es imprescindible acudir con toda la documentación necesaria. Si faltan datos relevantes, la atención puede quedar incompleta y el trámite no podrá finalizarse en ese momento, lo que obligaría a solicitar una nueva cita o a aportar la información pendiente en otro momento. Por este motivo, resulta recomendable revisar con antelación toda la documentación antes de acudir a la oficina.

Entre los documentos básicos, es obligatorio llevar el DNI original de la persona titular que acude a la cita. Además, se debe presentar una fotocopia del DNI de todas las personas que figuren en la declaración, algo especialmente importante en el caso de unidades familiares.

También es necesario aportar el número IBAN de la cuenta bancaria, un dato imprescindible para gestionar el resultado de la declaración, tanto si corresponde una devolución como si hay que realizar un pago. Junto a esta información, se deben incluir las referencias catastrales de todos los inmuebles, tanto en propiedad como en alquiler o en otras situaciones, un dato que puede consultarse fácilmente en el recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

En el caso de que una persona acuda a la cita en representación de otra, será necesario presentar una autorización firmada por el titular junto con una copia de su DNI. Sin este requisito, no será posible confeccionar ni presentar la declaración en nombre de terceros, incluso cuando exista una relación familiar.

En plena campaña de la Declaración de la Renta, muchos jóvenes están descubriendo que el Bono Alquiler Joven conlleva consecuencias fiscales. Aunque se trata de una ayuda pensada para facilitar el acceso a la vivienda, la Agencia Tributaria recuerda que esta subvención no está exenta de tributación. Esta circunstancia puede obligar a muchos beneficiarios a presentar su declaración anual aunque su salario sea reducido. Muchos perceptores ignoran que estas ayudas directas deben notificarse formalmente durante el periodo correspondiente, por lo que es fundamental conocer las implicaciones de recibir estos fondos públicos para evitar errores. La Agencia Tributaria ha dejado claro que ignorar esta obligación no exime de posibles sanciones posteriores. Resulta vital que los jóvenes entiendan que esta ayuda tiene un reflejo directo en sus compromisos tributarios.

Por todo ello, el primer paso es revisar los datos fiscales antes de confirmar el borrador. El Bono Alquiler Joven concede hasta 250 euros mensuales, lo que supone un máximo de 3.000 euros anuales para el beneficiario. Esta ayuda puede percibirse durante un periodo de hasta dos años siempre que se cumplan requisitos específicos. Entre estas condiciones destaca tener menos de 35 años y no superar determinados límites de ingresos. Además, la cuantía debe destinarse exclusivamente al pago de la vivienda habitual o al alquiler de una habitación. Es imperativo que el solicitante no tenga una relación familiar directa de primer o segundo grado con el arrendador. El límite de ingresos suele fijarse en tres veces el IPREM para la unidad de convivencia estándar. También existen topes en el precio del alquiler, generalmente 600 euros para viviendas y 300 para habitaciones.

Un aspecto a tener en cuenta es que percibir más de 1.000 euros anuales en ayudas públicas obliga automáticamente a declarar. Esto ocurre sin importar que el salario del joven sea inferior al límite general de 15.876 euros anuales. Según explica la OCU, el bono se considera legalmente como una ganancia patrimonial dentro del sistema impositivo. Si has cobrado el bono durante un año completo, habrás recibido 3.000 euros. Incluso si solo lo has percibido durante seis meses, la ayuda asciende a 1.500 euros y genera la obligación. Recibir cantidades que pueden parecer pequeñas obliga a declarar si el total de subvenciones supera el umbral. 

Esta normativa afecta a quienes perciben rendimientos del trabajo no sujetos a retención o letras del Tesoro. Por tanto, la mayoría de los beneficiarios del bono joven entrarán de lleno en el radar de Hacienda. Es un error común pensar que por tener ingresos bajos se está exento de este trámite fiscal. Técnicamente, el bono de alquiler joven se clasifica como una ganancia patrimonial que no deriva de una transmisión. Esto significa que este ingreso extra afecta directamente a la base imponible general del IRPF del contribuyente. Al no proceder de la venta de ningún bien, se suma a otros ingresos como el salario percibido. Esta distinción es relevante porque determina cómo y dónde debe tributar el dinero recibido de la administración. La naturaleza de esta ayuda pública implica que Hacienda la trata de forma similar a un premio. No es una deducción que reste impuestos, sino un ingreso que podría llegar a aumentar la cuota final. Entender este concepto es clave para no llevarse sorpresas al ver el resultado final de la autoliquidación. 

No obstante, estar obligado a declarar no siempre equivale a tener que realizar un ingreso a Hacienda. En ocasiones, el resultado del ejercicio puede ser neutro o incluso salir a devolver al contribuyente. Para formalizar el trámite, los jóvenes deben incluir el importe en la casilla 0303 del formulario del IRPF. Este apartado corresponde a las ganancias y pérdidas patrimoniales que no derivan de la transmisión de elementos. En la gran mayoría de los casos, la ayuda ya aparecerá incorporada automáticamente en los datos de Renta Web. Sin embargo, es responsabilidad exclusiva del contribuyente verificar que el importe reflejado en el borrador sea el correcto. El sistema Renta Web suele trasladar la información fiscal directamente al lugar que debe ocupar en el formulario. A pesar de esta automatización, conviene revisar manualmente las cuantías para evitar errores de transcripción o datos incompletos. 

Es vital recordar que esta ayuda se debe declarar en el ejercicio fiscal en el que se cobra efectivamente, es decir, no importa el año al que corresponda la mensualidad, sino el del ingreso. Por ejemplo, si la mensualidad de diciembre de 2024 se ingresó en enero de 2025, se declara en la renta de 2025. Así lo establece de forma taxativa el artículo 14.2 c) de la Ley del IRPF vigente en la actualidad. Este desfase temporal puede generar confusión entre quienes esperan tributar por periodos naturales de alquiler devengado. Por ello, se recomienda revisar los extractos bancarios para confirmar las fechas exactas de recepción del dinero. Esta norma evita que se declaren cantidades que aún no han sido puestas a disposición del beneficiario joven. 

Posibles sanciones

La obligación de declarar también puede surgir si se combina el bono alquiler con otras ayudas públicas diferentes. Un caso habitual es la suma del Bono Alquiler Joven con el Bono Cultural Joven de 400 euros. Si se perciben 750 euros de alquiler y se gasta el bono cultural, se superan los 1.000 euros totales. En tal situación, el joven queda obligado a presentar la renta únicamente por la suma de estas subvenciones. Es importante no confundir el bono joven con otras ayudas para inquilinos en situación de especial vulnerabilidad. Estas últimas ayudas suelen estar exentas de IRPF y no requieren ser incluidas en la declaración anual. Sin embargo, el Bono Alquiler Joven estándar carece de esa exención y siempre debe ser computado debidamente. 

No incluir el bono en la declaración puede acarrear serios problemas y sanciones económicas de diversa cuantía. Hacienda tiene la potestad de revisar los datos y exigir la presentación de una declaración complementaria. En estos casos, se aplicarían recargos que oscilan entre el 5% y el 20% sobre la cantidad omitida. Además, si la administración detecta ocultación intencionada, podría imponer multas pecuniarias adicionales al contribuyente. Existe también el riesgo de perder el acceso a otras ayudas o deducciones futuras por incumplimiento fiscal. El bono alquiler joven es una herramienta clave de apoyo, pero conlleva compromisos que no pueden eludirse. Asegurarse de realizar el trámite correctamente evita sustos, recargos innecesarios y posibles inspecciones de la Agencia Tributaria.

La recta final de mayo vuelve a poner el foco en el calendario de las pensiones. Aunque estas prestaciones siguen unas reglas generales de pago, el día en el que el dinero aparece en la cuenta puede cambiar según la entidad bancaria. La diferencia se debe a que muchos bancos adelantan el ingreso respecto al plazo ordinario, lo que permite a buena parte de los beneficiarios recibir la mensualidad antes de que empiece junio.

La Seguridad Social abona las pensiones a mes vencido y el pago ordinario se sitúa en los primeros días del mes siguiente. En concreto, el ingreso debe realizarse desde el primer día hábil y siempre antes del cuarto día natural. Sin embargo, como las entidades ya disponen de la información necesaria para tramitar el abono, lo habitual es que anticipen el dinero a sus clientes durante la última semana del mes.

En mayo de 2026, las fechas previstas se mueven principalmente entre el viernes 22 y el martes 26, aunque en algunos casos pueden acercarse al día 27. Por eso, que unos pensionistas cobren antes que otros no implica necesariamente una incidencia con la prestación. La clave está en comprobar el calendario de cada banco y tener en cuenta que el ingreso puede seguir teniendo lugar dentro del plazo habitual de la entidad.

Cuándo paga cada banco la pensión en mayo de 2026

El calendario de pagos arranca este mes con Bankinter, que tiene previsto ingresar las pensiones el viernes 22 de mayo de 2026. Los clientes con la prestación domiciliada en esta entidad serán, en principio, los primeros en recibir la mensualidad en su cuenta. Después aparece CaixaBank, que sitúa el abono el domingo 24 de mayo. Al tratarse de un día no laborable, la disponibilidad efectiva del dinero puede variar ligeramente según la operativa de cada cuenta o la forma en la que el banco refleje los movimientos.

La mayoría de entidades concentra los pagos el lunes 25 de mayo. Ese día está previsto que cobren los pensionistas de Abanca, BBVA, Ibercaja, ING, Kutxabank, Sabadell y Santander. Lo habitual es que el ingreso esté disponible desde primera hora de la semana, aunque pueden existir pequeñas diferencias dependiendo de los horarios internos de actualización de cada banco. En el caso de Caja Rural, el margen es algo más amplio y el pago podría realizarse entre el lunes 25 y el martes 26 de mayo.

En conjunto, el calendario vuelve a reflejar una práctica ya habitual: la mayoría de bancos adelanta el ingreso de las pensiones antes de las fechas ordinarias de la Seguridad Social, que suelen situarse en los primeros días del mes siguiente. Aun así, conviene recordar que cada entidad aplica su propio calendario y que no existe un único día de cobro común para todos los pensionistas.

Qué hacer si no has recibido el pago de la pensión

Cuando el ingreso no aparece en la fecha esperada, lo primero es comprobar si la entidad ya ha alcanzado su día previsto de abono. No todos los bancos pagan al mismo tiempo, por lo que el hecho de que otros pensionistas hayan cobrado no significa que exista un problema. En muchos casos, el pago puede seguir dentro del calendario habitual de la entidad correspondiente.

También conviene recordar que el adelanto aplicado por los bancos no funciona como una obligación uniforme para todas las entidades. El pago ordinario puede realizarse dentro del margen establecido para los primeros días del mes siguiente, mientras que el ingreso anticipado depende de la práctica comercial de cada banco. Por eso, una pequeña diferencia respecto a otros meses no tiene por qué suponer una incidencia.

Si transcurren varios días y el abono continúa sin reflejarse, la primera comprobación debería hacerse con la entidad financiera. El banco puede revisar si el movimiento está pendiente de contabilización, si existe algún retraso puntual o si se ha producido una incidencia asociada a la cuenta. Esta revisión resulta especialmente útil cuando ha habido cambios recientes en la domiciliación o modificaciones de datos.

Si la entidad no localiza el ingreso o no ofrece una explicación suficiente, el siguiente paso es contactar con la Seguridad Social para comprobar el estado del pago. A través de sus canales de atención se puede verificar si la prestación se ha emitido correctamente y si los datos bancarios asociados al expediente están actualizados. Para hacer esta consulta, resulta recomendable tener a mano la documentación personal, la información de la cuenta y cualquier comunicación reciente relacionada con la pensión.

El reloj marca una cuenta atrás definitiva para el tejido empresarial, que se encuentra a menos de veinte días de un cambio de gran relevancia en cuanto a las relaciones laborales. Y es que el próximo 7 de junio expira el plazo para que España aplique la Directiva Europea de Transparencia Salarial, una norma diseñada para dinamitar la opacidad que ha protegido tradicionalmente la desigualdad retributiva entre hombres y mujeres. Este cambio de paradigma no supone un simple trámite administrativo adicional, sino una transformación profunda en la forma en que las compañías contratan, promocionan y comunican sus estructuras de sueldos. El objetivo final es garantizar que el principio de igual salario por trabajo de igual valor deje de ser una aspiración teórica para convertirse en una realidad tangible y que se pueda auditar.

Una de las novedades más visibles para la ciudadanía se manifestará de inmediato en las ofertas de empleo, donde la clásica e indeterminada mención al salario según valía pasará a la historia. A partir de este mes de junio, las empresas estarán obligadas por ley a indicar la retribución inicial o una banda salarial específica antes de la primera entrevista de selección. Asimismo, quedará terminantemente prohibido preguntar a los candidatos por su historial retributivo previo, una práctica que hasta ahora permitía arrastrar y perpetuar sesgos de género de un puesto a otro. Con esta medida, se busca que la fijación del sueldo se fundamente exclusivamente en las competencias requeridas para la posición y no en la capacidad negociadora individual de cada profesional.

El derecho a la información de los trabajadores se verá reforzado de manera inédita, permitiendo que cualquier persona de la plantilla solicite por escrito los niveles salariales medios de su categoría profesional. Estos datos deberán entregarse desglosados por sexo para permitir la comparación entre quienes realizan el mismo trabajo o funciones de igual valor estratégico dentro de la organización. Paralelamente, la nueva normativa prohíbe explícitamente el uso de cláusulas de confidencialidad salarial en los contratos de trabajo, eliminando cualquier represalia por compartir información sobre sueldos entre compañeros. La transparencia se convierte así en una herramienta de control democrático interno, obligando a los departamentos de recursos humanos a justificar cada euro pagado mediante criterios técnicos y objetivos. 

La ley establece una línea roja muy clara para las organizaciones: la brecha salarial de género no podrá superar el 5% sin una justificación objetiva y verificable. En caso de detectar una desviación superior a este umbral, la empresa estará legalmente obligada a realizar una evaluación retributiva conjunta con los representantes de los trabajadores. Este proceso de análisis exhaustivo deberá identificar las causas del desfase y aplicar medidas correctoras en un plazo máximo de seis meses si no existen motivos legítimos, como la antigüedad o formación específica. El rigor técnico será esencial a partir de ahora, ya que las compañías tendrán que demostrar fehacientemente que sus sistemas de valoración de puestos son neutros y están libres de cualquier sesgo indirecto.

Aunque las exigencias en los procesos de selección y el derecho de información individual afectarán a todas las empresas sin excepción desde 2026, el calendario de informes periódicos es progresivo. Las grandes corporaciones de más de 250 empleados serán las primeras en enfrentarse a la obligación de presentar informes anuales de brecha en junio de 2027. Para las compañías que cuentan con plantillas de entre 150 y 249 personas, el plazo para su primer reporte trienal se extiende hasta el año 2028. Por su parte, las entidades de menor tamaño, situadas entre los 100 y los 149 trabajadores, dispondrán de un margen temporal mayor que finaliza en junio del año 2031.

El incumplimiento de estas nuevas obligaciones conlleva un régimen sancionador severo que puede impactar de forma crítica en la viabilidad financiera de las empresas que ignoren la norma. Las multas podrán alcanzar los 225 mil euros en los casos más graves, sumándose a posibles indemnizaciones íntegras por atrasos salariales para los afectados. Un cambio jurídico fundamental es la inversión de la carga de la prueba, lo que significa que será la empresa quien deba demostrar su inocencia en procesos por discriminación. Además, las entidades que no cumplan con la transparencia salarial corren el riesgo de perder el acceso a ayudas públicas, bonificaciones de contratación o la posibilidad de licitar en contratos con la Administración.

Para navegar esta transformación con éxito, los expertos recomiendan a los departamentos de recursos humanos iniciar auditorías internas de sus sistemas retributivos de manera inmediata y proactiva. Consultoras expertas en recursos humanos como Esofitec creen que esta normativa “obliga a prestar atención a las políticas salariales de la empresa, a trabajar de forma estratégica esta parte no solo pensando en los números, sino también poniendo el foco en la oportunidad de atracción de talento y retención que la transparencia salarial les puede ofrecer”. 

Es imprescindible actualizar los registros retributivos y asegurar que los datos de jornada, como las horas extraordinarias o los complementos de nocturnidad, sean totalmente trazables y veraces. La tecnología jugará un papel crucial, facilitando la generación de informes detallados y el cruce de datos entre nóminas y sistemas de registro horario digital para detectar brechas antes de que generen conflictos. Una estructura de puestos coherente y criterios de promoción documentados permitirán a la dirección gestionar las conversaciones sobre compensación con una narrativa clara, profesional y basada en evidencias.

Fin del hermetismo

Más allá de las obligaciones legales, adelantarse al cumplimiento de esta ley se perfila como una ventaja competitiva estratégica para la reputación de marca y la atracción de nuevo talento. Como asegura Jesús Gabás, consultor de Payroll de Esofitec, “es una palanca para que los departamentos de recursos humanos muestren su posición imprescindible, modificando su imagen de área de soporte a actor estratégico, y se invierta en ellos. Es un proceso de transformación interna que obliga a revisar la arquitectura retributiva, la cultura de la organización, los flujos de información y los sistemas de gestión del talento”.

La transparencia proactiva, por lo tanto, contribuirá a mejorar significativamente el clima laboral y reducirá la rotación de personal, al fomentar una percepción de justicia y equidad dentro de los equipos. España encara este reto con una brecha salarial que, aunque en descenso, todavía ronda el 17% según los datos oficiales más recientes. Con la llegada de esta directiva, se pone fin a décadas de hermetismo que impedían identificar las causas reales de la desigualdad, abriendo una nueva era de justicia retributiva donde el mérito y la capacidad sean los únicos rectores.

La adaptación de pymes y autónomos al nuevo reglamento de facturación que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2027, está obligando a muchos negocios a revisar una parte básica de su gestión diaria. La facturación, que en muchos casos se lleva desde hace años con la misma herramienta, pasará a estar sujeta a nuevos requisitos técnicos dentro del marco conocido como Verifactu. Este cambio no afecta solo al momento de emitir una factura, sino también a la forma en la que los programas registran, conservan y comunican esa información.

Para muchos trabajadores por cuenta propia y pequeñas empresas, el programa de facturación no es una simple aplicación más. En él se acumulan operaciones pasadas, datos de clientes, documentos emitidos y registros que forman parte del archivo administrativo del negocio. Por eso, cualquier cambio de sistema puede generar dudas prácticas, sobre todo cuando la herramienta anterior ha sido utilizada durante años y contiene información que puede seguir siendo necesaria.

En este contexto, una de las preguntas que más se repite tiene que ver con el destino del software antiguo cuando llegue el momento de trabajar con una solución adaptada al nuevo reglamento. La preocupación no está solo en instalar un programa compatible, sino en saber qué ocurre con el que se venía usando hasta ahora, especialmente cuando todavía conserva facturas y datos de ejercicios anteriores.

Qué pasa con el programa antiguo de facturación

Hacienda ha aclarado que pymes y autónomos no tendrán que eliminar necesariamente su antiguo programa de facturación al cambiar a un sistema adaptado a Verifactu. La clave está en el uso que se mantenga de esa herramienta. Si el software anterior queda solo como archivo para consultar facturas ya emitidas o conservar registros antiguos, y deja de tener capacidad para crear nuevos documentos, su mantenimiento no supondría por sí solo un incumplimiento.

El punto principal está en que ese sistema no siga operativo como herramienta de emisión de facturas. Dicho de forma sencilla, el problema no es guardar el historial, sino conservar un programa antiguo que todavía permita seguir facturando cuando ya debería utilizarse una solución adaptada al nuevo marco legal. Por tanto, el cambio a Verifactu no implica perder la información acumulada durante años, pero sí exige separar claramente el archivo de facturas anteriores del sistema que se usará para emitir las nuevas.

Esta diferencia resulta importante para muchos negocios. Un autónomo puede necesitar revisar una factura antigua, comprobar un importe, recuperar los datos de un cliente o consultar una operación cerrada tiempo atrás. Esa necesidad no desaparece por cambiar de sistema. Lo que debe evitarse es que el programa anterior mantenga activa la función de emitir nuevas facturas si no cumple con los requisitos exigidos.

Qué es Verifactu

Verifactu forma parte del nuevo sistema impulsado por la Agencia Tributaria para adaptar los programas de facturación a unas reglas comunes. Su funcionamiento permite que los registros de facturación se remitan a Hacienda de forma inmediata y directa, lo que obliga a que las herramientas utilizadas por empresas y profesionales se ajusten a esos requisitos cuando llegue el momento de aplicarlos.

La Ley General Tributaria contempla una multa fija de 50.000 euros por ejercicio por la tenencia de sistemas o programas informáticos no debidamente certificados. Sin embargo, el riesgo no estaría en conservar una base de datos histórica, sino en mantener en funcionamiento una herramienta no adaptada que todavía pueda generar facturas.

Por eso, una pyme o un autónomo que conserve el programa antiguo solo para acceder a documentos ya emitidos no estaría en la misma situación que quien lo mantiene activo para facturar. En el primer caso, la aplicación funcionaría como un espacio de consulta. En el segundo, seguiría actuando como sistema de facturación, y ahí es donde podría aparecer el problema si no está ajustado al reglamento.

En la práctica, los negocios tendrán que revisar qué funciones conserva su antiguo software. Lo recomendable será asegurarse de que esa posibilidad queda bloqueada o desactivada, de manera que el programa quede limitado al archivo y no pueda utilizarse para crear nuevas facturas. La conclusión es que el paso a Verifactu no obliga a borrar el pasado administrativo del negocio. Pymes y autónomos podrán conservar sus registros anteriores si los necesitan, siempre que el programa antiguo ya no sirva para facturar.

Se ha consolidado como una herramienta fundamental para millones de usuarios que buscan inmediatez y sencillez en sus transacciones financieras diarias. Sin embargo, la popularidad de Bizum no ha pasado inadvertida para los ciberdelincuentes, quienes explotan la agilidad del sistema para ejecutar fraudes cada vez más sofisticados. El Banco de España, de hecho, ha emitido alertas advirtiendo sobre el incremento de estas prácticas delictivas que afectan directamente a la seguridad de los usuarios. 

Los atacantes emplean diversas técnicas con el fin de manipular y presionar a sus víctimas en momentos de distracción o urgencia. Este entorno digital cambiante exige que la ciudadanía esté plenamente informada sobre los riesgos asociados a las nuevas funcionalidades de pago instantáneo. La clave para no caer en el engaño reside en comprender profundamente el funcionamiento técnico de las herramientas que utilizamos en nuestros dispositivos móviles.

Ante la creciente vulnerabilidad, las autoridades financieras insisten en la necesidad de extremar la precaución durante cualquier operación monetaria realizada de forma telemática. El núcleo de esta estafa emergente, conocida como Bizum inverso, reside en un cambio sutil pero letal de la operación financiera estándar. Mientras que en un envío normal el emisor transfiere fondos, en este fraude el delincuente utiliza deliberadamente la opción de solicitud de dinero. La víctima recibe una notificación en su terminal que, a primera vista, parece un ingreso de fondos pendiente de ser aceptado por el usuario. Sin embargo, al pulsar sobre el mensaje para confirmar la acción, el usuario está autorizando realmente un cargo directo en su propia cuenta bancaria. 

El dinero se transfiere de manera instantánea al estafador, dejando al estafado con un saldo negativo inesperado y con pocas posibilidades de reversión. Los criminales aprovechan que muchos usuarios desconocen que Bizum permite tanto enviar como pedir cantidades específicas de dinero a cualquier contacto. Este desconocimiento técnico es el pilar fundamental sobre el que se construye el éxito de esta peligrosa y habitual modalidad de robo digital. Es fundamental leer con extremo detenimiento cada palabra de las notificaciones bancarias antes de proceder a cualquier validación.

Las plataformas de compraventa de artículos de segunda mano son el escenario predilecto donde estos ciberdelincuentes despliegan sus anzuelos más efectivos. Aplicaciones populares suelen ser el canal de comunicación inicial entre el estafador y su víctima potencial. El proceso comienza cuando un supuesto comprador contacta con un vendedor mostrando un interés inmediato y excesivo por un producto anunciado recientemente. Para asegurar la reserva, el atacante propone realizar un pago rápido a través de Bizum como una supuesta señal de buena voluntad. En lugar de efectuar el ingreso prometido, envía una solicitud de cobro bajo el pretexto de que es el trámite necesario para la transacción. El vendedor, ansioso por cerrar la venta, suele actuar con rapidez y acepta la notificación sin revisar los detalles financieros del mensaje. Al finalizar el proceso, la persona descubre con asombro que no ha recibido ninguna señal, sino que ha regalado su propio capital. 

Este tipo de engaño se repite con frecuencia debido a la confianza ciega que los usuarios depositan en la aplicación del banco. La efectividad del Bizum inverso no se debe a un fallo técnico de la aplicación, sino a la manipulación psicológica del individuo. Los estafadores suelen utilizar excusas de urgencia extrema o problemas técnicos ficticios para presionar al usuario y evitar que este reflexione. Al generar una sensación de prisa, logran que la víctima actúe de manera impulsiva sin analizar la veracidad de la notificación recibida. 

Los mensajes a menudo están redactados de forma confusa o contienen enlaces externos que redirigen a sitios web maliciosos y fraudulentos. En ocasiones, los delincuentes incluso suplantan la identidad de empresas conocidas o servicios oficiales para ganar una capa extra de credibilidad. El Banco de España subraya que estos criminales son expertos en detectar la falta de familiaridad de las personas con la tecnología. Por ello, el factor humano sigue siendo el eslabón más débil en la cadena de seguridad de las transacciones financieras online.

Un concepto fundamental que todo usuario debe interiorizar es que recibir dinero mediante este sistema no requiere ninguna acción adicional. Cuando alguien nos envía fondos de forma legítima, el ingreso se refleja automáticamente en nuestro saldo bancario sin intervenciones manuales del receptor. Cualquier notificación que nos inste a aceptar, confirmar o validar un ingreso recibido debe ser tratada de inmediato como una alarma. La aplicación de Bizum únicamente solicita la intervención del usuario cuando este va a realizar un pago o autorizar una solicitud ajena. Por lo tanto, si uno está esperando cobrar una venta, jamás debería tener que pulsar botones de confirmación en su pantalla móvil.

Bloquear y denunciar

Para prevenir estos incidentes, es vital adoptar una serie de hábitos de seguridad robustos en nuestra interacción con las finanzas digitales. Siempre se debe desconfiar de compradores que acepten precios elevados de inmediato sin negociar ni preguntar por el estado del objeto. Es recomendable verificar el perfil, la antigüedad y las valoraciones de cualquier persona que nos contacte en una red de compraventa. Nunca se deben compartir datos personales sensibles ni información bancaria privada con individuos desconocidos a través de chats o llamadas telefónicas. Si un supuesto conocido nos pide dinero, es prudente confirmar su identidad mediante otro canal de comunicación como una llamada directa.

Si desgraciadamente ya se ha producido la estafa, el tiempo de reacción es un factor crítico para intentar mitigar el daño económico. Lo primero que debe hacer el afectado es contactar inmediatamente con su entidad bancaria para informar de la transacción fraudulenta realizada. Es fundamental solicitar el bloqueo preventivo de las cuentas o tarjetas si se sospecha que las credenciales han sido comprometidas seriamente. Aunque las operaciones en este sistema suelen ser irreversibles, el banco evaluará si existe alguna posibilidad legal de recuperar el dinero. El siguiente paso obligatorio es interponer una denuncia formal ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como la Policía. Para que la investigación sea efectiva, se deben aportar todas las pruebas posibles como capturas de mensajes y números de teléfono.

La campaña de la Declaración de la Renta 2025 está abierta desde el 8 de abril. Desde esa fecha y hasta el 30 de junio, los contribuyentes pueden presentar por internet la declaración del IRPF correspondiente al ejercicio anterior. El calendario también contempla la atención telefónica desde el 6 de mayo y la posibilidad de realizar el trámite de forma presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria a partir del 1 de junio.

Dentro de este periodo, algunos ciudadanos empezarán a recibir comunicaciones de Hacienda relacionadas con posibles errores o incoherencias en sus declaraciones. Estas cartas no suponen una sanción automática ni implican que el contribuyente tenga que pagar una cantidad adicional por el simple hecho de recibirlas. Su función es advertir de que puede haber algún dato mal incorporado, omitido o distinto a la información que maneja la Administración.

El envío de estas notificaciones se organizará en dos fases: una primera a partir de mediados de mayo y otra durante el mes de junio. La intención es que las personas afectadas puedan revisar su declaración dentro de la propia campaña y corregirla si detectan algún fallo. Si después de comprobarla, consideran que todo está correctamente presentado, no tendrán que modificar nada.

Por qué Hacienda envía estas cartas

La Agencia Tributaria envía estas comunicaciones cuando aprecia posibles diferencias entre la declaración presentada y la información fiscal que tiene disponible. No se trata de una resolución definitiva ni de una acusación de fraude. Es un aviso para que el contribuyente revise los datos declarados y compruebe si coinciden con los que constan en la Administración.

El objetivo principal es reducir errores en la campaña de la Renta. Puede ocurrir que una declaración incluya datos mal incorporados, que falte información relevante o que se haya producido una omisión. En ese caso, Hacienda ofrece al ciudadano la posibilidad de revisar lo presentado antes de que el expediente avance hacia una comprobación posterior. El borrador de la Renta no siempre recoge toda la información necesaria, por lo que el contribuyente debe comprobarlo antes de confirmar la declaración. Un descuido, aunque parezca pequeño, puede acabar en una regularización más adelante.

La medida también busca evitar consecuencias posteriores. Si el contribuyente corrige voluntariamente un error, puede reducir el riesgo de comprobaciones, intereses o sanciones. La Agencia Tributaria intenta que las incidencias se resuelvan dentro del periodo de campaña, antes de iniciar un procedimiento más formal.

Recibir una carta no siempre implica que el ciudadano esté obligado a cambiar la declaración. Lo que hace es señalar que puede existir una incoherencia y que conviene revisar la autoliquidación. Si el contribuyente entiende que la declaración presentada es correcta, no tiene que volver a acceder a la Renta ni presentar una nueva versión. La comunicación, por tanto, tiene un carácter preventivo. No cierra el asunto ni determina por sí sola que haya una infracción. Sirve para que el contribuyente compruebe si los datos enviados son los adecuados y, en caso contrario, pueda corregirlos antes de que la situación derive en una regularización.

Qué hacer si recibes una de estas cartas

El primer paso es leer la carta y revisar la declaración presentada. No conviene ignorar el aviso, pero tampoco interpretarlo como una sanción automática. La comunicación indica que Hacienda ha detectado una posible diferencia y que el contribuyente debe comprobar si los datos declarados son correctos. La revisión debe centrarse en los apartados que puedan haber generado la incoherencia. Conviene comprobar los ingresos, las deducciones y cualquier dato que pueda haber influido en el resultado de la declaración.

Si después de revisar la declaración el ciudadano considera que todo está bien, no tiene que modificar nada. En ese caso, la carta queda como un aviso preventivo y no obliga a presentar una nueva declaración. El hecho de recibirla no significa que Hacienda haya impuesto una sanción ni que exista una infracción grave. Si, por el contrario, el contribuyente detecta un error u omisión, puede corregirlo mediante una declaración rectificativa. Este trámite permite modificar la declaración ya presentada para ajustar los datos a la información correcta. La finalidad es subsanar el fallo antes de que Hacienda pueda iniciar una actuación más seria.

Corregir la declaración cuando realmente hay un error puede evitar problemas posteriores. Una regularización iniciada más adelante por la Administración puede implicar pagos adicionales, intereses o sanciones, según el caso. Por eso, revisar y corregir dentro de la campaña puede ser una forma de cerrar la incidencia con menos consecuencias.

La recomendación básica es actuar con calma, pero no dejar la carta sin revisar. Recibir una comunicación de este tipo es relativamente habitual y no supone automáticamente una infracción grave. Aun así, sí indica que existe un dato que merece atención. Comprobar la declaración, verificar la información y rectificar si procede es la forma más segura de evitar complicaciones.

El plazo general de la campaña termina el 30 de junio. Hasta entonces, los contribuyentes pueden presentar la declaración y, si ya la han enviado, revisar si deben corregir algún dato. Las cartas que Hacienda enviará entre mayo y junio buscan precisamente eso: que las posibles incoherencias se solucionen antes de que terminen convirtiéndose en un problema mayor.

Con la campaña de la Declaración de la Renta de 2025 ya en marcha, son muchas las preguntas que suelen hacerse los contribuyentes para aprovechar todas las deducciones posibles. En este sentido, para realizar correctamente la presentación del IRPF, es vital conocer bien todos los plazos, los métodos que existen para hacer la declaración y toda la documentación que tenemos que preparar para no fallar y responder de manera correcta a todas nuestras obligaciones fiscales. Es importante informarse bien para evitar cometer errores y ser objeto de sanciones, por lo que tendremos que prestar especial atención a si ha habido cambio de normativas, conocer bien todas las deducciones y beneficios que podamos aprovechar y planificar con anticipación la presentación.

La campaña arrancó el 8 de abril para hacer la presentación del borrador online, y se alargará hasta el próximo 30 de junio. Si quieres hacerla por teléfono tendrás que esperar hasta el 6 de mayo, aunque la cita previa se solicitar ya. Mientras que de forma presencial, y también mediante cita previa, puedes hacerla entre el 1 y el 30 de junio. La cita previa puedes pedirla a partir del 29 de mayo.

Con el calendario claro, otra de las consultas más habituales es a qué deducciones tenemos derecho. Por eso, es recomendable revisar las deducciones que tenemos, por ejemplo, por gastos de compra o alquiler de una vivienda, por hijos a cargo, actividades deportivas o gastos médicos. Si te preguntas si puedes desgravarte el seguro médico, la adquisición de gafas o el dentista la respuesta varía en función de algunas cuestiones como tu situación laboral o la comunidad en la que residas. La deducción no es general para todos los contribuyentes, hay matices y es importante conocerlos para no perder la deducción si tienes derecho a ella.

Seguro médico

En cuanto al seguro médico privado, los asalariados no tienen derecho a desgravarse este gasto a nivel estatal; pero si lo contrata y paga su empresa, sí que pueden obtener un beneficio fiscal.

Sin embargo, los trabajadores por cuenta propia —tal y como se recoge en la Ley 6/2017 de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo—, sí que pueden deducirse tanto su seguro privado como el de sus familiares directos. El límite se establece en un máximo de 500 euros por cada miembro de la familia, que incluye al cónyuge y los hijos menores de 25 años. Si alguno de los miembros de la familia tiene una discapacidad reconocida, ese límite se incrementa hasta los 1.500 euros. La deducción se puede obtener trimestralmente solicitándola con el modelo 130 o en la declaración de forma anual a través del modelo 100.

Deducciones autonómicas

Si resides en Canarias, Cantabria o la Comunitat Valencia estás de enhorabuena, pues en estas comunidades sí que hay deducciones fiscales para los trabajadores por cuenta ajena. En Canarias te puedes desgravar hasta un 12 por ciento de los gastos que hayas tenido tanto por el diagnóstico como por el tratamiento de enfermedades, embarazo, accidentes o salud dental. Ese mismo porcentaje es aplicable también a la inversión en aparatos, gafas si son graduadas o lentillas. El límite está establecido en 500 euros si tributas de forma individual y 700 si lo haces de forma conjunta y se amplía otros cien euros en caso de que el contribuyente sea mayor de los 65 años o si tiene una discapacidad igual o superior a un 65 por ciento.

Ten en cuenta que si has realizado tus pagos en efectivo, no podrás deducírtelos: solo podrás beneficiarte de esta deducción si los has formalizado con un pago mediante tarjeta, cheque, ingreso en cuenta o transferencia y los puedas justificar debidamente. Todos estos gastos van a la casilla 940. Para poder beneficiarte de estas deducciones, no puedes superar los 45.500 euros en tributación individual o los 60.500 euros en tributación conjunta.

En el caso de Cantabria, la deducción es algo menor, de un 10 por ciento por los mismos conceptos que en Canarias. Los límites también son los mismos, 500 para declaración individual y 700 en declaración conjunta, más cien euros adicionales para los contribuyentes mayores de 65 años o con una discapacidad igual o superior a un 65 por ciento. Se establece, sin embargo, que la deducción será posible “siempre y cuando estos honorarios no estén cubiertos por la Se­guridad Social o en su caso por la Mutua o entidad ase­guradora correspondiente del contribuyente”. Y no se contempla específicamente el gasto por aparatos, gafas graduadas o lentillas. Para beneficiarte de esta deducción, tendrás que registrar los gastos en la casilla 954.

Según recoge la Agencia Tributaria, los límites para poder beneficiarte de las deducciones “tiene que ser inferior a 22.946 euros en tributación individual o a 31.485 euros en tributación conjunta”.

En la Comunitat Valenciana el sistema es distinto. En esta región te puedes deducir hasta cien euros “para el tratamiento y cuidado de las personas afectadas por enfermedades crónicas de alta complejidad y las denominadas raras”, según explican desde la Agencia Tributaria, así como el tratamiento y el cuidado de las personas con Alzhéimer o daño cerebral adquirido. En el caso de familias numerosas o monoparentales el límite asciende a 150 euros.

En el caso de los aparatos bucodentales no relacionados con cuestiones estéticas puedes deducirte hasta un 30 por ciento con un máximo de 150 euros o la atención. El mismo porcentaje se aplica a la compra de gafas graduadas o lentillas, te puedes desgravar también has cien euros, y “la atención a personas afectadas por cualquier patología relacionada con la salud mental, con un límite máximo de 150 euros”. Esos tres conceptos no son incompatibles entre sí.

En la Comunitat Valenciana también existen límites de ingresos para beneficiarte de estas deducciones, aunque se han ampliado en esta campaña a 60.000 euros si haces la declaración de forma individual, y 78.000 si la presentas de forma conjunta.

Qué documentación necesitas

Recuerda que los pagos has tenido que satisfacerlos mediante tarjeta bancaria, ingreso en cuenta o transferencia o cheque, y no en metálico. Además, necesitas un informe médico que justifique que ese gasto es compatible con los comprendidos en las deducciones. Y tienes que tener en cuenta que los tratamientos tienen que haber sido prestados por profesionales y centros debidamente registrados.

No olvides archivar bien tu póliza y las facturas de los gastos realizados durante los siguientes cuatro años, plazo que se reserva la Agencia Tributaria para realizar inspecciones.

Los usuarios de los trenes de Cercanías o Rodalies de Catalunya, tras meses de excepcionalidad operativa y financiera, volverán a pagar. Y es que a partir del próximo sábado 9 de mayo, el servicio ferroviario dejará de ser gratuito para los usuarios catalanes, poniendo fin a una medida de compensación que se activó tras el grave accidente ocurrido en la localidad de Gelida el pasado mes de enero. Esta decisión llega en un momento en que Renfe asegura haber restablecido el 96% de la oferta habitual en sus líneas principales.

La recuperación de la normalidad técnica permite, según el Ministerio de Transportes, reactivar un sistema tarifario que busca equilibrar de nuevo las cuentas públicas. Los viajeros de las líneas del entorno metropolitano verán cómo las validadoras vuelven a exigir títulos de transporte válidos para acceder a los andenes. El fin de la gratuidad marca el inicio de una nueva etapa donde la fiabilidad del servicio será examinada por toda la ciudadanía.

La medida de gratuidad total, vigente desde el pasado 26 de enero, ha supuesto un desembolso superior a los 50 millones de euros. El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha justificado el retorno al pago basándose en la recuperación progresiva del pasaje ferroviario en los últimos meses. Actualmente, se estima que el 90% de los usuarios habituales han vuelto a utilizar el tren tras la crisis de principios de año. Los trabajos de emergencia realizados en puntos críticos, como el túnel de Rubí, han sido fundamentales para justificar este cambio de política tarifaria. Aunque todavía persisten limitaciones de velocidad en diversos tramos, la administración considera que el servicio es suficientemente estable para cobrar de nuevo. El viernes 8 de mayo será el último día en que los abonos a coste cero tendrán validez legal en la red.

En el nuevo esquema para lo que queda del año 2026, el abono mensual para el núcleo de Barcelona se fija en un precio de 20 euros mensuales. Este título permite realizar viajes ilimitados durante treinta días naturales y debe cargarse obligatoriamente en la tarjeta sin contacto Renfe y Tú. Para los viajeros menos frecuentes, se recupera el Bonotren de diez viajes, cuyo precio seguirá variando en función de las zonas que se deseen recorrer. Es importante destacar que los abonos gratuitos obtenidos durante la crisis dejarán de ser funcionales de forma automática el próximo sábado. Renfe recomienda a los usuarios no deshacerse de sus soportes físicos, ya que la tarjeta reutilizable tiene un coste de un euro. 

La compra de estos nuevos títulos puede realizarse tanto en las taquillas de las estaciones como en las máquinas de autoventa. El sistema permite programar la fecha de inicio de validez con una antelación de hasta treinta días respecto al momento de compra. Los jóvenes menores de 30 años disfrutarán de condiciones especialmente ventajosas en este regreso a la normalidad tarifaria en toda Catalunya. El Abono Joven tendrá un coste reducido de 10 euros al mes, manteniendo la filosofía de fomentar el transporte público entre los estudiantes. Para acceder a esta tarifa, los beneficiarios deberán obtener un código de registro específico a través de la web oficial del Ministerio. 

Por otro lado, los niños menores de catorce años mantendrán la gratuidad total en sus desplazamientos hasta el 31 de diciembre. Este título infantil también requiere una inscripción previa en el portal gubernamental para ser cargado en la tarjeta personalizada del menor. Se busca así proteger a las familias y asegurar que el impacto económico de la vuelta al pago sea lo más leve posible. La vigilancia sobre el uso correcto de estos abonos nominativos será estricta, con bloqueos previstos para quienes infrinjan las normas.

Los servicios regionales también experimentan cambios notables con descuentos diseñados para paliar el fin de la gratuidad total en las líneas de larga distancia. El Abono Mensual Regional contará con una bonificación del 60% respecto al precio original de los billetes sencillos actuales. En el caso de los jóvenes que utilicen trenes Regionales o Media Distancia, el descuento alcanzará el 70% de la tarifa oficial. El Bono Exprés de diez viajes, válido durante un año completo, ofrecerá un ahorro del 40% para los usuarios ocasionales. Estas rebajas son posibles gracias a la combinación de fondos estatales y aportaciones adicionales de la Generalitat de Catalunya. Para los trayectos hacia el sur, como los que llegan a Torredembarra o Tortosa, el sistema ofrece alternativas competitivas de abonos únicos. El cálculo exacto del precio final dependerá siempre de los kilómetros recorridos entre la estación de origen y la de destino.

La integración tarifaria bajo el paraguas de la T-Mobilitat y la Autoritat del Transport Metropolità continúa siendo una pieza clave del sistema de transporte. Los títulos integrados como la T-Usual y la T-Jove, que permiten combinar tren, metro y autobús, han seguido siendo de pago estos meses. El precio de la T-Usual oscila entre los 22,80 y los 67,65 euros según las zonas. Para los jóvenes, la T-Jove mantiene su tarifa plana de 45,50 euros para todas las zonas durante tres meses. La T-Casual se mantiene como la opción preferida para viajes esporádicos con precios que parten de los 13 euros por diez trayectos. Familias numerosas y monoparentales seguirán disfrutando de sus bonificaciones específicas que pueden reducir el coste de la T-Usual significativamente. 

Aún quedan retos

A pesar del restablecimiento de la mayoría de las frecuencias, la infraestructura ferroviaria catalana todavía presenta retos técnicos importantes que afectan al servicio diario. Actualmente se mantienen activas 47 limitaciones temporales de velocidad, una cifra significativamente menor a las registradas en enero. El túnel de Rubí ha reabierto recientemente para mercancías, pero los trenes de pasajeros de la línea R8 deberán esperar hasta junio. La línea R4 ya circula de punta a punta entre Sant Vicenç de Calders y Manresa tras la eliminación de las lanzaderas. En la R3, se ha recuperado el servicio entre Ripoll y Ribes de Freser, aunque persisten cortes puntuales hacia el norte. La línea R15 también muestra mejoras con la reapertura del tramo entre Reus y Móra la Nova tras meses de trabajos. 

La decisión de cobrar nuevamente por el servicio no ha estado exenta de críticas por parte de los colectivos de usuarios más afectados. La plataforma Dignitat a les Vies ha expresado su rechazo frontal, alegando que primero debería garantizarse un transporte estable, seguro y digno. Consideran que el fin de la gratuidad demuestra una desconexión total con la realidad que viven los pasajeros cada día en los andenes. Los usuarios habituales han aprendido a navegar entre las incidencias recurrentes y las compensaciones económicas temporales que ofrece la administración.

Delegar gestiones ante la Agencia Tributaria es una opción para quienes necesitan que otra persona actúe en su nombre. Esta delegación puede servir siempre que el poder quede registrado y se ajuste al trámite que se quiere autorizar. El procedimiento no sustituye a la persona que otorga el poder, sino que habilita a un tercero a realizar cualquier trámite tributario en su nombre.

El alta de un poder puede formalizarse mediante tres vías distintas. Una es la comparecencia presencial ante las Delegaciones y Administraciones de la Agencia Tributaria. En personas jurídicas o entidades sin personalidad jurídica, la comparecencia debe realizarla su representante legal o alguien con facultades suficientes para conceder esa autorización. Otra posibilidad es presentar un documento público o privado con firma legitimada ante notario. La tercera vía es la tramitación por internet, mediante los sistemas de identificación admitidos para relacionarse electrónicamente con la Administración.

El apoderamiento por vía electrónica permite que un obligado tributario autorice a una persona física o jurídica para realizar por internet determinados trámites tributarios en su nombre. Para ello, quien otorga el poder debe identificarse con certificado electrónico, DNI electrónico, Cl@ve o, si se trata de ciudadanos de la Unión Europea, mediante eIDAS con identificación de otro país. La autorización puede ser general o limitarse a actuaciones concretas, según lo que se necesite.

Cómo dar de alta el poder por internet

El alta se realiza desde el “Registro de apoderamientos”, entrando en la opción orientada a conceder un poder mediante identificación electrónica. Antes de avanzar, conviene revisar el aviso inicial que aparece para conocer si la autorización afecta a la recepción de notificaciones. Cuando se concede un poder para recibir avisos de un trámite concreto, esas comunicaciones se dirigen al destinatario del documento y al apoderado designado específicamente para ese procedimiento, no al representante incluido en el trámite general.

Si se quiere conceder una autorización para todo tipo de trámites tributarios, debe elegirse el alta de poder general. En ese apartado se introduce el NIF o CIF del apoderado y se seleccionan los códigos generales: GENERALLEY58, GENERALDATPE y GENERALNOT. También hay que fijar la fecha de fin de la autorización. Si el usuario no modifica ese apartado, el poder queda establecido por cinco años, que es el periodo máximo previsto.

Después de completar los datos, es necesario marcar la casilla de autorización y firmar el envío. A continuación aparece una pantalla de confirmación, donde debe aceptarse la conformidad antes de completar de nuevo la firma. Cuando el alta queda registrada, se muestra una respuesta con los datos del poderdante, los del apoderado, la relación de poderes concedidos y el Código Seguro de Verificación. Ese código sirve para comprobar el justificante en la sede electrónica.

En los poderes generales relacionados con la recepción de notificaciones puede figurar el estado de notificación telemática. Esa indicación significa que el apoderado tiene que confirmar la autorización para que produzca efectos. En esos supuestos, el alta realizada por el poderdante no basta por sí sola si falta la aceptación de la persona o entidad que va a actuar como representante.

Cuando el poderdante no quiere conceder una autorización general, puede optar por un poder específico. En ese caso debe seleccionar el alta para trámites tributarios concretos, introducir el NIF o CIF del apoderado, indicar la fecha de finalización y escoger las actuaciones para las que se permite intervenir. La página organiza esos trámites por categorías y subcategorías, e incluye un buscador para localizar el procedimiento.

El usuario puede desplegar las carpetas de categoría, seleccionar una sección completa o limitar el poder a una subcategoría determinada. Una vez aceptada la selección, el sistema muestra los trámites incorporados al apoderamiento y permite revisar la fecha de finalización. Si no se cambia el valor indicado previamente, la validez será también de cinco años. Para completar el proceso hay que marcar la autorización, firmar, confirmar la conformidad y enviar de nuevo la solicitud firmada.

La respuesta final recoge la información del poderdante y del apoderado, las autorizaciones dadas de alta y los códigos seguros de verificación. En el caso de poderes específicos, pueden aparecer tanto un código general de la respuesta como códigos vinculados a cada autorización. El poder puede concederse a una o varias personas, físicas o jurídicas. Además, quien lo otorga conserva la posibilidad de consultar y revocar los apoderamientos registrados.

El verano se aproxima y con él llegan decenas de festivales de música que volverán a llenar escenarios de toda España. Sin embargo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), ha lanzado una advertencia tras detectar diversas cláusulas abusivas por parte de estos eventos. Esta organización ha revisado detalladamente las condiciones de contratación de algunos de los espectáculos musicales más grandes y multitudinarios del país y, según sus informes, estas prácticas ilegales se encuentran camufladas bajo un ambiente festivo y de excepción que suele confundir al asistente. 

Los abusos detectados afectan potencialmente a casi dos millones de personas, las que ya tienen sus entradas compradas para la inminente temporada de música en vivo. Y es fundamental, según la OCU, que los consumidores conozcan sus derechos antes de enfrentarse a estas irregularidades que vulneran la normativa vigente y no conformarse con medidas que resulten abusivas durante la estancia en el recinto. Por ello, han iniciado una campaña para que nada amargue la experiencia de los inumerables asistentes.

La lista de los eventos observados por la OCU incluye nombres de gran relevancia en el panorama nacional e internacional de la música actual. Entre ellos destacan el Arenal Sound de Burriana, el Bilbao BBK Live y el festival Boombastic que se celebra en Llanera, Asturias. También figuran en este listado el FIB de Benicàssim, el Medusa Festival de Cullera o el Primavera Sound en Barcelona, además del Resurrection Fest de Viveiro, el Rototom Sunsplash, el Sónar de Barcelona o el Viña Rock. Todos estos festivales han sido objeto de un análisis exhaustivo de sus condiciones legales por parte de los expertos de consumo. 

De hecho, la organización ya ha enviado requerimientos formales a los promotores de estos macroeventos para que corrijan algunas de sus políticas, que ajusten su funcionamiento a la legalidad para garantizar la seguridad jurídica de los usuarios. La OCU ha detectado cláusulas que podrían ser directamente contrarias a la normativa de consumo que protege a los ciudadanos.

Una de las prácticas abusivas más destacadas por la OCU es el cambio repentino del cartel o programa sin previo aviso. Muchos festivales se reservan de forma unilateral el derecho de modificar los artistas invitados sin ofrecer ninguna posibilidad de reembolso. Esta situación se considera un incumplimiento contractual grave, ya que el asistente compra la entrada motivado por una oferta artística específica. Si se produce una modificación sustancial en el programa, el organizador tiene la obligación legal de devolver el precio pagado. La organización denuncia que estas cláusulas de exención de responsabilidad son habituales pero carecen de validez legal frente al consumidor. Es un abuso que el usuario deba soportar la pérdida de sus grupos favoritos sin recibir una compensación económica justa.

La OCU recuerda que, además del precio de la entrada, se podrían reclamar otros perjuicios derivados de estos cambios. El asistente no está indefenso ante las decisiones arbitrarias de las promotoras que solo buscan proteger sus propios beneficios. El uso obligatorio de pulseras ‘cashless’ o monedero es otro de los grandes problemas detectados en los recintos de estos festivales. La OCU critica duramente que se impida el uso de dinero en efectivo o tarjeta de crédito dentro del espacio musical. En muchos casos, se amenaza incluso con la expulsión a aquellos asistentes que intenten utilizar medios de pago legales. 

Se trata de una limitación en los medios de pago que es contraria a las normas vigentes y supone un ‘secuestro’ del dinero del usuario, según la OCU. Además, suelen aplicarse comisiones abusivas tanto por la recarga de saldo como por el reembolso del dinero no consumido. La organización exige que se respete la normativa de consumo y se admita el efectivo como un medio de pago válido y no que se imponga una tecnología específica que dificulta el control del gasto personal a los miles de asistentes. La OCU sigue trabajando para que se limiten estas condiciones abusivas en la carga y el reembolso de las aplicaciones.

La prohibición de acceder al recinto con comida y bebida del exterior es una de las quejas más recurrentes cada año. La OCU defiende firmemente que esta práctica es abusiva e ilegal en la gran mayoría de los supuestos analizados. El argumento principal es que la actividad esencial de un festival de música es el espectáculo y no la hostelería. Al impedir la entrada de alimentos propios, se obliga al asistente a consumir exclusivamente los productos vendidos dentro a precios elevados. Aunque algunas normativas autonómicas permiten ciertas restricciones, la organización considera que no se puede negar este derecho básico, tanto como la falta de puntos de agua potable gratuita en muchos de estos eventos multitudinarios de verano. La OCU ha denunciado activamente a los festivales que imponen estas restricciones para, según la entidad, maximizar sus ingresos por servicios secundarios. 

Otro abuso significativo es el cobro de un suplemento adicional por el simple hecho de salir y volver a entrar al festival. Esta práctica, conocida como cobro por reentrada, busca retener al público dentro del recinto para fomentar el consumo interno. La OCU considera que este tipo de cargos son totalmente injustificados y perjudican económicamente a los asistentes del evento: Se limita la libertad de movimiento de los usuarios que han pagado una entrada para disfrutar de un espectáculo prolongado. La organización reclama que se aprueben normas que permitan la salida y entrada temporal sin coste alguno para el consumidor. Muchos festivales utilizan esta medida para asegurar que el gasto en bebidas y alimentos se realice exclusivamente en sus barras, estrategia comercial que vulnera los derechos fundamentales de los consumidores en este tipo de espectáculos de masas. La OCU insiste en que no se debe aceptar este tipo de imposiciones que solo buscan incrementar la rentabilidad empresarial.

Otras irregularidades 'menores'

Existen otras irregularidades que, aunque parezcan menores, afectan profundamente a la calidad del servicio y al bolsillo del usuario. La OCU ha detectado casos de falso ‘greenwashing’ donde se cobra por vasos reutilizables sin permitir recuperar el dinero. Se pueden llegar a pagar hasta dos euros y medio por un vaso sin opción a devolución. Además, los precios de reventa en plataformas no oficiales suelen multiplicar por tres o cuatro el coste oficial inicial. La falta de infraestructuras adecuadas, como un número suficiente de baños, es otra deficiencia común en estos grandes eventos. También se han reportado problemas de aforo excesivo que ponen en riesgo la seguridad y la movilidad. La organización pide un mayor control para asegurar que se respeten los límites de capacidad permitidos por ley. 

Ante cualquiera de estas situaciones, la OCU recuerda a los ciudadanos que no están indefensos y deben actuar de inmediato. La principal herramienta de defensa es solicitar la hoja de reclamaciones oficial en el mismo recinto del festival. Si la organización se niega a facilitarla, se recomienda llamar a la Policía Local para que deje constancia. Es posible también presentar la reclamación desde casa a través de internet con mayor tranquilidad y documentación. Si el evento se cancela o cambia de forma sustancial, se debe exigir el reembolso total de la entrada. Además del precio del ticket, el consumidor tiene derecho a reclamar daños y perjuicios por gastos ya realizados. 

La campaña de la Renta 2025 comenzó el 8 de abril y estará abierta hasta el 30 de junio. Durante ese periodo, los contribuyentes pueden presentar por internet la declaración del IRPF correspondiente al ejercicio anterior. Más adelante se incorporan otras vías: desde el 6 de mayo quedará habilitada la presentación por teléfono y, a partir del 1 de junio, la atención presencial en oficinas.

En estas semanas, muchas declaraciones terminan con resultado a devolver. Esto ocurre cuando, tras hacer el cálculo del impuesto, la cantidad ya adelantada durante el año supera la cuota final que corresponde pagar. En esos casos, el contribuyente solicita que la Administración le reintegre el importe que proceda. Aun así, que el resultado sea favorable no significa que el dinero vaya a llegar de forma inmediata.

Una vez enviada la declaración, el expediente sigue su curso dentro del sistema de la Agencia Tributaria. El trámite puede avanzar sin incidencias o pasar por revisiones antes de que se ordene el ingreso. Por eso, una de las dudas habituales durante la campaña es dónde consultar la situación de la devolución y qué margen tiene Hacienda para pagar.

Cómo saber en qué punto está la devolución

La consulta debe hacerse desde la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, dentro del espacio de la campaña de Renta 2025. Para entrar en el expediente, el contribuyente tiene que acceder al servicio de tramitación del borrador o declaración, conocido como Renta WEB. Desde ahí se puede revisar la información asociada a la autoliquidación presentada y consultar el apartado en el que aparece la situación del trámite.

El acceso requiere identificación. El sistema permite utilizar certificado electrónico o DNI electrónico, Cl@ve, el número de referencia del borrador o declaración de la Renta 2025, o el sistema eIDAS para ciudadanos de la Unión Europea. La referencia de esta campaña está compuesta por seis caracteres y sirve como una de las vías para entrar al expediente cuando no se emplean otros métodos digitales.

Una vez dentro, el contribuyente debe fijarse en el estado de tramitación. El expediente puede indicar que la declaración sigue en curso, lo que significa que ya ha sido recibida, pero todavía no se ha cerrado el proceso. También puede mostrar que se están comprobando los datos, una fase en la que la Administración revisa la información declarada antes de aceptar la devolución solicitada. Otra posibilidad es que el expediente aparezca ya tramitado y que la cantidad pedida se considere correcta.

Cuando las comprobaciones han terminado y no hay incidencias, el sistema informa de la emisión de la devolución. También pueden aparecer avisos que conviene revisar con más detalle, por ejemplo si la declaración aún no figura correctamente grabada o si el importe solicitado no se acepta en los mismos términos. En esos casos, no hay una única respuesta válida para todos los contribuyentes, porque cada situación depende de los datos incluidos en la declaración y de las actuaciones que se realicen sobre ese expediente.

Cuánto tiempo tiene Hacienda para pagar

La Agencia Tributaria dispone de seis meses para efectuar la devolución o iniciar un procedimiento de comprobación. Si la declaración se presenta dentro del plazo ordinario de la campaña, ese periodo empieza a contar desde el 30 de junio, último día previsto para presentar la Renta. Si se entrega fuera de plazo, los seis meses comienzan en la fecha en la que la declaración queda registrada.

El pago se realiza, con carácter general, mediante transferencia bancaria. Para ello, el contribuyente debe haber indicado una cuenta de su titularidad en el documento de ingreso o devolución. La devolución no se considera completada hasta que la Administración ordena el abono, y antes puede revisar la información incluida en la declaración.

La cantidad que finalmente se ingrese será la que reconozca la Administración tras tramitar el expediente. Puede coincidir con la solicitada al presentar la declaración o cambiar si, durante una comprobación, se determina que procede otro importe. Por ese motivo, dos contribuyentes que presentan la Renta el mismo día pueden recibir el dinero en fechas distintas. El ritmo depende de la situación de cada expediente, no solo del momento de presentación.

Si pasan seis meses sin que se haya ordenado el pago por una causa atribuible a la Administración tributaria, se generan intereses de demora desde el día siguiente al vencimiento de ese plazo. El contribuyente no tiene que reclamarlos de forma expresa. Esos intereses se aplican sobre el importe que finalmente se acuerde devolver, ya sea el solicitado en un primer momento o el que resulte después de una revisión.

La consulta en Renta WEB permite seguir ese recorrido sin esperar a recibir una comunicación adicional. A través del expediente puede saberse si la declaración sigue pendiente, si está siendo comprobada, si ya se ha validado o si la devolución está próxima a emitirse. Para quienes tienen resultado a devolver, revisar ese apartado es la forma más directa de conocer cómo avanza el trámite.

El próximo 18 de mayo empezará a estar disponible el pago por Bizum en tiendas físicas en España. Tal y como ha confirmado la entidad financiera, con esta nueva funcionalidad los usuarios podrán realizar transacciones a comercios sin necesidad de efectivo o de tarjetas bancarias. Lo que comenzó como un método de pago de pequeñas operaciones entre amigos ha ido implementándose en otros ámbitos de la vida económica de la población, como el pago del IBI o del impuesto de vehículos. Ahora, también podrá utilizarse en compras físicas, solo será necesario que el teléfono tenga la función de NFC activada.

La plataforma ha adelantado que esta función no llegará a todos los usuarios a la vez. Tendrá una implementación progresiva a lo largo de los primeros meses, debido a que ni todas las entidades bancarias ni todos los comercios estarán preparados para aceptar este tipo de pago. Por el momento, los primeros bancos que lanzarán este servicio serán CaixaBank, Banco Sabadell y Bankinter. Para finales de 2026, se espera que el sistema esté integrado en el resto de entidades españolas. Por tanto, aunque la fecha de inicio sea el 18 de mayo, no todos los clientes podrán usarlo al mismo tiempo. Respecto a los comercios, la mayoría no tendrá que cambiar de datáfono, bastará con que actualicen el dispositivo para que pueda procesar el sistema de Bizum Pay.

Como funcionará el sistema de pago con Bizum en comercios

Los pagos con Bizum serán de la misma naturaleza que las transacciones que ya se pueden hacer desde esta entidad, enviando de forma inmediata el dinero de una cuenta a otra. Los comercios sí que deberán pagar una pequeña comisión, de forma similar a la que deben abonar por recibir pagos a través de tarjetas bancarias. Como ventaja, podrán disponer del dinero recibido justo después de recibir la transacción, en lugar de tener que esperar hasta las 72 horas en las que puede demorarse el abono de dinero por los sistemas electrónicos tradicionales.

También significará que ni los bancos ni los establecimientos deberán depender tanto como hasta ahora de las pasarelas de pago electrónico más habituales en nuestro país, como Visa y MasterCard. De esta forma, la banca española va a poder desprenderse de forma parcial de su dependencia con estos intermediarios.

Los usuarios podrán pagar con Bizum a través de la aplicación de su banco, o desde la aplicación Bizum Pay, una cartera digital ideada para estas transacciones. El sistema funcionará con tecnología NFC (Near Field Communication, que significa comunicación de campo cercano), un sistema de comunicación inalámbrica de corto alcance entre dispositivos, la misma tecnología empleada para los pagos con tarjeta desde el teléfono.

De hecho, pagar con Bizum funcionará de forma similar a este método de pago, tan solo habrá que aproximar el dispositivo móvil al datáfono del establecimiento. A los pocos segundos, la operación se habrá efectuado, sin necesidad de introducir el código PIN ni utilizar dinero en efectivo o tarjetas. Para que las transacciones puedan efectuarse, deberá estar el NFC activado, una función que en dispositivos iPhone está activada por defecto, y que en Android debe habilitarse desde el menú de ajustes.

Expansión a Europa

Creado en España en el año 2016, Bizum cuenta con unos 30 millones de usuarios en nuestro país y ha llegado a 26 entidades bancarias, el 96% de la cuota de mercado nacional: está disponible en BBVA, CaixaBank, Santander, Sabadell, Bankia, Kutxabank, Caja Rural, Unicaja, Ibercaja, Cajamar, Abanca, Bankinter, Liberbank, Laboral Kutxa, EVO, Eurocaja Rural, Caja de Ingenieros, Mediolanum, Cajalmendralejo, Cajasur, Deutsche Bank, Imagin Bank, Openbank y Oficina Directa.

También, desde el año 2024, funciona en Andorra, Portugal e Italia. Se espera que las transacciones sean posibles en el resto del continente gracias a la iniciativa EuroPA, impulsada por Bizum y otras compañías europeas que ofertan servicios similares, como SIBS-MB WAY y Vipps MobilePay. De implementarse este sistema paneuropeo, se espera que el alcance sea masivo. En principio, podría abarcar por el momento a trece países europeos y dar servicio a más de 130 millones de ciudadanos de todo el continente, lo que supondría dar cobertura a aproximadamente el 62% de la población total de la Unión Europea y Noruega.

No se descarta que otros países se unan al proyecto, que cuenta con la participación de España, Portugal, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia, junto con las jurisdicciones de Andorra y Luxemburgo. De implantarse, ciudadanos españoles podrían recibir dinero de forma inmediata desde, por ejemplo, Alemania.

El ingreso de la prestación por desempleo es una de las fechas que muchos beneficiarios miran cada mes con lupa. Aunque se trata de un pago periódico, no existe un día único en el que todo el mundo reciba el dinero. El calendario depende tanto de la organización del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) como de la forma en la que cada entidad bancaria gestiona los abonos.

La referencia general no cambia: el SEPE sitúa el pago dentro de un margen que va del día 10 al 15 de cada mes. Ese rango es el que marca el funcionamiento habitual, pero no impide que haya diferencias en la práctica. De hecho, es frecuente que el ingreso se adelante o se retrase ligeramente según el banco, lo que hace que los beneficiarios no cobren todos a la vez.

En mayo de 2026, además, el calendario añade un matiz que influye en esa distribución. El día 10 cae en domingo, lo que altera la dinámica habitual y lleva a las entidades a reorganizar sus fechas de abono. A partir de ahí, el cobro del paro se reparte en varios días, con situaciones distintas según el banco en el que esté domiciliada la prestación.

Fechas de cobro en mayo según cada banco

Con ese margen de referencia, las entidades financieras aplican sus propios plazos. En mayo, algunas vuelven a adelantar el pago respecto a los días habituales, mientras que la mayoría se mantiene dentro de la segunda semana del mes.

Banco Santander figura entre los que prevén ingresar antes la prestación, con pagos desde el 6 de mayo. Este comportamiento responde a su forma habitual de operar, en la que el abono se sitúa en los primeros días hábiles. CaixaBank también contempla un ingreso previo, el 10 de mayo, coincidiendo con el inicio del periodo en el que suelen concentrarse estos pagos.

El resto de bancos se mueve en fechas posteriores. Banco Sabadell, Bankinter, BBVA, ING, Abanca, Ibercaja, Caja de Ingenieros y Unicaja sitúan el cobro a partir del 11 de mayo. Aun así, no todos funcionan exactamente igual: en algunos casos hay operativas internas que pueden anticipar la gestión, mientras que en otros el ingreso puede demorarse varios días, como ocurre en determinados supuestos en Unicaja, donde el abono puede llegar más avanzado el mes.

Cómo influyen los bancos en la fecha de ingreso del paro

La diferencia entre cobrar antes o después no depende solo del calendario, sino también de cómo actúa cada entidad. El SEPE fija un marco general y envía la información necesaria para realizar los pagos, pero deja margen a los bancos para decidir cuándo reflejan el ingreso en la cuenta del beneficiario.

Algunas entidades optan por adelantar el dinero. Lo hacen con recursos propios, basándose en la información que reciben con antelación sobre los pagos, lo que permite a sus clientes disponer de la prestación antes de las fechas habituales. Este adelanto no es obligatorio ni forma parte de ninguna norma, sino que responde a decisiones internas vinculadas al servicio que cada banco quiere ofrecer.

En otros casos, los bancos prefieren esperar a que el pago se haga efectivo antes de ingresarlo. Esto sitúa el cobro dentro del margen del día 10 al 15 o incluso algo más tarde, en función de los procesos internos. Estas diferencias no afectan al importe de la prestación ni a los derechos del beneficiario, pero sí cambian el momento en el que se puede utilizar ese dinero.

También influyen cuestiones operativas. La forma en la que cada entidad procesa las transferencias o organiza sus sistemas puede hacer que el ingreso se refleje antes o después dentro de ese margen. Por eso, aunque el calendario sea el mismo para todos, la experiencia de cobro no lo es. Mantener los datos actualizados en el SEPE y cumplir con las obligaciones administrativas sigue siendo clave para evitar retrasos que no dependen del banco.

El cobro del Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una de las citas mensuales más relevantes para los miles de hogares que dependen de esta prestación para cubrir sus necesidades básicas. Al acercarse el final de mes, la atención se centra en el calendario de pagos, aunque la disponibilidad del dinero no es uniforme para todos los beneficiarios. La normativa de la Seguridad Social establece unos plazos de gestión, pero el momento real del ingreso varía según la entidad financiera donde se tenga domiciliada la ayuda.

Para conocer el estado de la prestación, el beneficiario puede utilizar el Simulador del Ingreso Mínimo Vital o consultar su expediente en la Sede Electrónica. El momento del cobro también puede verse afectado si existen cobros indebidos previos. La Seguridad Social puede reclamar reintegros de prestaciones percibidas erróneamente durante los últimos cuatro años. No obstante, en 2026 se mantiene la protección para familias con menores: no se exigirá el reintegro de cantidades que no superen el 65% de la cuantía de una pensión no contributiva.

Fechas de abono del ingreso mínimo vital 2026

El derecho a la prestación nace el primer día del mes siguiente a la solicitud, pero el pago efectivo de la nómina lo realiza la Seguridad Social a mes vencido. Oficialmente, la administración ordena los pagos el primer día hábil del mes. Sin embargo, dado que el 1 de mayo de 2026 cae en viernes y es festivo, el cobro oficial podría desplazarse al lunes 4.

La fecha de abono depende directamente de la política de cada banco. El sistema financiero español suele anticipar estas ayudas para que los fondos estén disponibles entre los días 24 y 26 de cada mes. Para la nómina correspondiente de mayo de 2026, las previsiones apuntan a que entidades como CaixaBank o Santander reflejen el ingreso el viernes 24 de abril. Otras como BBVA o Sabadell lo harían a lo largo del fin de semana o el lunes 27.

Durante la tramitación de las nóminas, la entidad gestora puede revisar de oficio los expedientes. Si se detectan cambios en la unidad de convivencia o discrepancias en las rentas anuales computables, la cuantía puede ser modificada o incluso suspendida. Un factor crítico en este periodo es la obligación de presentar la declaración del IRPF: incumplir esta norma durante dos ejercicios seguidos es causa directa de suspensión del derecho.

En definitiva, la fecha de cobro en mayo de 2026 será adelantada por la mayoría de la banca a la semana del 20 de abril. La rapidez en el ingreso está condicionada por la entidad bancaria, mientras que la continuidad de la ayuda depende de la residencia legal efectiva en España y la transparencia en la comunicación de ingresos y cambios patrimoniales a la Seguridad Social.

Requisitos y mantenimiento

El acceso a esta prestación no es universal; está condicionado al cumplimiento estricto de una serie de requisitos que deben mantenerse durante todo el tiempo que se perciba la ayuda. La Seguridad Social pone especial foco en tres pilares: la residencia, la edad y la vulnerabilidad económica.

Obligaciones y seguimiento

El mantenimiento del Ingreso Mínimo Vital no es automático ni permanente; está sujeto a una vigilancia continua por parte de la administración. Para garantizar la continuidad del cobro, el beneficiario debe cumplir con una serie de compromisos ineludibles:

Incidencias en el cobro

Si superado el plazo estimado por la entidad bancaria el abono no se ha hecho efectivo, el beneficiario debe iniciar un proceso de verificación para identificar si se trata de un error técnico o de una decisión administrativa.Para ello, existen tres vías principales de actuación:

La devolución de la declaración de la renta es uno de los momentos más esperados cada año por quienes han obtenido un resultado a su favor. Tras completar el trámite, la atención se centra en el ingreso, pero no siempre llega al mismo tiempo para todos. La Agencia Tributaria sigue un procedimiento con plazos definidos, aunque el ritmo real depende de varios factores que afectan a cada expediente.

En los primeros días de la campaña ya empiezan a registrarse las primeras devoluciones, lo que suele generar la sensación de que el proceso es inmediato. Sin embargo, esa rapidez inicial convive con casos en los que el pago se retrasa durante meses. La diferencia no responde a un criterio único, sino a cómo avanza la tramitación interna de cada declaración.

Por eso, más allá de las fechas generales, lo que marca los tiempos es el funcionamiento del sistema de gestión de Hacienda. La combinación entre automatización y revisiones hace que el calendario no sea uniforme, de modo que entender cómo se organiza ese proceso permite tener una referencia más clara sobre cuándo puede llegar la devolución.

Cuándo devuelve la Agencia Tributaria el dinero de la declaración

Cuando el resultado de la declaración es a devolver, el contribuyente puede hacer un seguimiento del estado de su solicitud a través de su expediente en la plataforma Renta WEB, dentro de la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Este sistema permite comprobar en qué fase se encuentra la tramitación, desde que la declaración ha sido registrada hasta que se ordena el pago.

El abono de la devolución se realiza, por norma general, mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el propio contribuyente en su declaración. Por eso, uno de los aspectos más importantes es asegurarse de que los datos bancarios son correctos, ya que cualquier error en este punto puede retrasar el ingreso.

En cuanto a los plazos, la Agencia Tributaria dispone de un máximo de seis meses para efectuar la devolución. Este periodo empieza a contar desde el final del plazo oficial de presentación, fijado el 30 de junio de 2026, en el caso de las declaraciones presentadas dentro del calendario ordinario. Esto sitúa el límite en el 31 de diciembre de ese mismo año. Si la declaración se presenta fuera de plazo, el cómputo de los seis meses comienza desde la fecha en la que se entrega.

A pesar de este margen legal, lo habitual es que las devoluciones no se demoren tanto. Una parte importante de los contribuyentes recibe el dinero en las semanas posteriores a la presentación, especialmente cuando la declaración se entrega en los primeros compases de la campaña y no presenta errores. En estos casos, el proceso suele resolverse con rapidez gracias a los sistemas automatizados de verificación.

Sin embargo, no todas las devoluciones siguen el mismo ritmo. Algunas pueden tardar varios meses, incluso cuatro o cinco, sin que exista una incidencia concreta. Esto suele estar relacionado con el volumen de expedientes que maneja la Agencia Tributaria o con la necesidad de realizar comprobaciones adicionales en determinados casos.

Durante la tramitación, Hacienda revisa la coherencia de los datos declarados, incluyendo ingresos, deducciones y otra información relevante. Si detecta alguna discrepancia o necesita más información, puede iniciar un procedimiento de comprobación. En estos casos, es posible que se solicite documentación adicional al contribuyente mediante un requerimiento formal. Cuando esto ocurre, el plazo de seis meses queda en suspenso hasta que se aporta la información solicitada.

Para conocer el estado de la devolución, el contribuyente puede consultar su expediente en cualquier momento. Los mensajes que aparecen en el sistema permiten saber si la declaración sigue en tramitación, si está siendo revisada o si la devolución ya ha sido ordenada. Esta herramienta resulta especialmente útil en los casos en los que el ingreso se retrasa más de lo esperado.

Otro aspecto relevante es qué ocurre si Hacienda no cumple con el plazo máximo. En ese caso, la normativa establece que la Administración debe abonar intereses de demora de forma automática, sin que el contribuyente tenga que solicitarlos. Estos intereses se calculan sobre la cantidad finalmente reconocida a devolver, tanto si coincide con la solicitada inicialmente como si ha sido modificada tras una comprobación.

El momento en el que se presenta la declaración también influye en los tiempos. Quienes la entregan en abril o a comienzos de mayo suelen situarse entre los primeros en recibir el ingreso, siempre que su expediente no requiera revisión. A medida que avanza la campaña, se acumulan más solicitudes y también más casos complejos, lo que puede ralentizar el proceso en determinadas fases.

En definitiva, el calendario de devoluciones no responde a una fecha única, sino a un proceso que depende de múltiples variables. Aunque existe un plazo legal que llega hasta final de año, la mayoría de los pagos se realizan antes. La rapidez con la que se recibe el dinero está condicionada por la fecha de presentación, la complejidad de la declaración y las comprobaciones que lleve a cabo la Agencia Tributaria en cada caso.

Se acerca un nuevo paso en el camino de los pagos al hacer una compra, en este caso uno que transformará el comercio de proximidad y las grandes superficies. Y es que, a partir del próximo 18 de mayo, los más de treinta millones de usuarios de Bizum podrán utilizar este servicio para abonar sus compras físicas. Esta fecha supone el salto definitivo de una herramienta que nació para saldar pequeñas deudas entre particulares y amigos. Se rompe así la última gran barrera de entrada para un sistema que ya es imprescindible en la vida cotidiana de millones de ciudadanos. El objetivo, por lo tanto, es que Bizum no se limite únicamente a cenas o regalos, sino que cubra la totalidad del gasto diario de los españoles.

La integración en el punto de venta físico permitirá reducir la brecha digital y unificar todos los movimientos financieros en una sola plataforma bancaria. Esta transición ha sido largamente esperada por un mercado que demanda mayor agilidad en las transacciones presenciales y menos dependencia de plásticos físicos. El funcionamiento técnico de este nuevo sistema se apoyará en la tecnología NFC, garantizando una experiencia de usuario idéntica a la de las tarjetas actuales. Los clientes solo tendrán que acercar su teléfono inteligente al datáfono del establecimiento para completar la operación de manera totalmente segura y sin contacto. 

Para facilitar este proceso en las compras, se han diseñado dos vías principales que se adaptan a las preferencias de cada perfil de consumidor financiero. La primera opción será operar directamente desde la propia aplicación de la entidad bancaria habitual donde el usuario tenga vinculado su perfil personal. La segunda alternativa es el uso de Bizum Pay, una nueva cartera digital o “wallet” creada específicamente para gestionar estos pagos cotidianos. Ambas modalidades buscan ofrecer una solución sencilla e intuitiva que no requiera el aprendizaje de procesos complejos por parte del comprador. La validación del dispositivo servirá habitualmente para autorizar los cargos, eliminando en muchos casos la necesidad de introducir un código PIN.

La llegada de Bizum a las tiendas físicas no se producirá de forma masiva y simultánea en todos los bancos, sino que seguirá un proceso escalonado. En la fase inicial del lanzamiento, prevista para el inminente mes de mayo, solo los clientes de tres conocidas entidades bancarias podrán disfrutar del servicio, que permitirán que sus usuarios sean los pioneros en experimentar este nuevo método de pago presencial. No obstante, se espera que el resto de las entidades financieras españolas se incorporen progresivamente a este sistema a lo largo de los meses. Las previsiones del sector apuntan a que a finales de 2026 la inmensa mayoría de los bancos nacionales habrán integrado ya esta funcionalidad. Los terminales de pago, gestionados mayoritariamente por redes como Redsys, están siendo actualizados para garantizar la compatibilidad con el nuevo protocolo de Bizum. 

Esta implantación gradual asegura que la infraestructura soporte correctamente el enorme volumen de operaciones que se espera recibir diariamente. Este movimiento estratégico trasciende la mera comodidad del usuario y en cierta manera responde a una tendencia dentro de la Unión Europea, que busca activamente reducir la excesiva dependencia que los consumidores y los comercios tienen actualmente de proveedores estadounidenses como Visa o Mastercard. Bizum se posiciona de este modo como una alternativa soberana de pago europeo capaz de competir directamente con los gigantes financieros internacionales. El cambio de paradigma es evidente al ofrecer una tercera vía de pago que rompe el duopolio histórico del dinero en efectivo y las tarjetas.

La simplicidad y la agilidad han sido los pilares fundamentales sobre los que se ha construido esta nueva experiencia de compra digital para el cliente. Los desarrolladores de Bizum son plenamente conscientes de que deben competir contra el hábito ya muy consolidado de pagar con tarjeta de crédito física. Por ello, la plataforma promete una experiencia “sin fricciones”, donde la rapidez sea el valor diferencial para captar la atención del usuario más exigente. Una de las innovaciones más destacadas que incorporará este sistema es la posibilidad de realizar pagos offline o fuera de línea. Esto permitirá que los usuarios puedan completar sus compras incluso en situaciones donde no haya cobertura móvil o exista un fallo de red. Esta característica otorga una capa adicional de seguridad y confianza, especialmente útil en situaciones de emergencia donde otros métodos podrían fallar. 

Los comercios, beneficiados

Los beneficios de esta integración tecnológica no se limitan únicamente al consumidor, sino que los comercios físicos encontrarán ventajas operativas muy significativas de inmediato. La principal diferencia respecto a los sistemas de tarjetas convencionales es que el importe de las ventas se abonará de forma instantánea en su cuenta. Esto mejora drásticamente la liquidez de los negocios, eliminando el decalaje temporal que suele existir. Además, se estima que las comisiones que deberán asumir los establecimientos serán previsiblemente menores a las de los sistemas tradicionales de pago. Las tarifas para los negocios podrían situarse en un rango de entre el 0,2% y el 0,3% por cada transacción realizada con éxito. Este ahorro en los costes de operación es un incentivo poderoso para que desde las pequeñas tiendas de barrio hasta las superficies adopten el sistema. 

El impacto de Bizum en los establecimientos físicos podría suponer el principio del fin para la hegemonía de las tarjetas de plástico tradicionales. Actualmente, el pago a través del teléfono móvil ya representa el 18% de las operaciones totales en el comercio minorista español actual. Esta cifra se ha triplicado desde el año 2022, evidenciando una tendencia imparable hacia la digitalización total de los monederos de los ciudadanos. No obstante, es previsible que las tarjetas tradicionales sigan conviviendo con este sistema durante un tiempo, especialmente en zonas con gran afluencia turística. Los viajeros extranjeros que visitan España seguirán dependiendo mayoritariamente de sus redes internacionales para abonar los gastos de sus estancias y compras. 

El sistema tributario español sigue caminando hacia la transformación digital gracias, en parte, a la factura electrónica obligatoria. La Ley Crea y Crece establece las bases legales para este cambio, buscando reducir la morosidad y fomentar el crecimiento empresarial mediante procesos más transparentes. El borrador de la Orden Ministerial, publicado recientemente, define finalmente el marco técnico y los tiempos de ejecución para todos los profesionales. No se trata de un simple cambio de soporte, sino de una nueva forma de entender la relación administrativa entre las empresas. Este avance sitúa a la factura electrónica como el eje central de la eficiencia operativa y el control fiscal en el ámbito privado.

La fecha marcada en el calendario normativo para la entrada en vigor de esta orden es el 1 de octubre de 2026. A partir de ese momento, comienza el cómputo oficial de los plazos para que la obligatoriedad empiece a ser exigible según el volumen de negocio. Este inicio regulatorio permite a las organizaciones planificar su transición técnica con una referencia temporal clara y definitiva. La administración ha diseñado un despliegue progresivo para evitar el colapso de los sistemas y permitir una adaptación adecuada del tejido empresarial. Es el punto de partida para que los sistemas de gestión empiecen a procesar documentos bajo los nuevos estándares europeos de interoperabilidad.

Las empresas con una facturación anual superior a los 8 millones de euros serán las primeras en asumir el reto. Para este colectivo, la factura electrónica B2B será obligatoria a partir del 1 de octubre de 2027, un año después de la entrada en vigor. El cumplimiento implica que todas sus operaciones comerciales con otros profesionales deberán realizarse íntegramente de forma digital y estructurada. No se permitirá el uso de facturas en papel ni de simples documentos en formato PDF sin datos estructurados. Estas grandes corporaciones deberán tener sus sistemas ERP plenamente integrados para evitar sanciones, que pueden alcanzar los diez mil euros por incumplimiento.

Para el resto de los autónomos y pequeñas empresas con ingresos inferiores a 8 millones, el plazo es más extenso. Su obligatoriedad efectiva se sitúa el 1 de octubre de 2028, otorgándoles un margen de dos años para su total digitalización. Este escalonamiento responde a la necesidad de que los profesionales con menos recursos técnicos encuentren soluciones asequibles en el mercado. Todas las empresas, independientemente de su tamaño, deberán estar dentro del sistema al finalizar este periodo de transición de dos años. La normativa busca que incluso las microempresas se beneficien del ahorro de costes y la mejora en el seguimiento de sus cobros.

El ecosistema de facturación se articulará a través de una solución pública gestionada por la Agencia Tributaria y plataformas privadas. Los empresarios podrán elegir entre utilizar el formulario gratuito de la AEAT o contratar servicios de proveedores tecnológicos homologados. Aquellas entidades que opten por sistemas privados estarán obligadas a remitir una copia fiel de cada factura a la solución pública de forma simultánea. La plataforma pública actuará como un repositorio universal que garantizará que Hacienda tenga acceso permanente a la información de las transacciones. Esta dualidad asegura la libertad de elección tecnológica, manteniendo siempre el control administrativo necesario para combatir la morosidad.

En el plano estrictamente técnico, el estándar que regirá todas las comunicaciones será el modelo europeo EN16931 bajo la sintaxis UBL. Cada factura electrónica generada deberá incluir un código único de identificación basado en el NIF, número, serie y fecha de expedición. Se prohíbe la inclusión de ficheros embebidos en las copias fieles enviadas a la administración para garantizar la limpieza de los datos. La interoperabilidad gratuita entre las diferentes plataformas privadas es un requisito esencial que impone la ley para evitar barreras económicas. De esta forma, se asegura que cualquier factura pueda ser procesada automáticamente por el receptor, sin importar el software que este utilice.

Una de las mayores innovaciones del sistema es la obligación de comunicar los estados de las facturas en tiempo real. El destinatario de un servicio o producto deberá informar sobre la aceptación o rechazo comercial y la fecha del pago efectivo. Específicamente, se debe reportar la fecha de vencimiento y el momento exacto en que se completa el abono de la factura. Estas comunicaciones deben realizarse en un plazo máximo de cuatro días naturales desde que se produce el evento correspondiente. Esta trazabilidad absoluta permitirá al Observatorio de la Morosidad monitorizar el cumplimiento de los plazos de pago legales en todos los sectores.

Diferente a VeriFactu

“Se trata de ver una oportunidad en una obligación. Oportunidad de agilizar las tareas administrativas relacionadas con la facturación de y hacia nuestros proveedores. Todas las empresas estarán utilizando programas que se podrán hablar entre sí”, aseguran desde la consultora tecnológica Esofitec, que también insiste en recordar que lo que plantea la Ley Crea y Crece “no hay que confundirlo con otra normativa que también está en el horizonte, el sistema VeriFactu. Son diferentes, aunque ambas pasan por una solución tecnológica que, en realidad, es una gran oportunidad de profesionalización para las empresas”.

Concretamente, VeriFactu se centra en garantizar la integridad de los registros de facturación enviados a Hacienda para evitar el fraude. El calendario de Verifactu arrancará el 1 de enero de 2027 para empresas y el 1 de julio del mismo año para autónomos. De esta manera, se ha configurado un inicio escalonado para que ambas obligaciones no coincidan exactamente en el tiempo y faciliten la adaptación. Mientras la factura B2B regula el intercambio entre partes, VeriFactu asegura que el software de emisión sea seguro y trazable. La adaptación a este nuevo entorno digital, insisten los expertos, requiere que las empresas revisen sus procesos y la calidad de sus datos actuales. Las implicaciones prácticas son profundas y afectan directamente al ciclo de facturación, desde la emisión hasta la conciliación bancaria final. No prepararse a tiempo podría conllevar no solo sanciones financieras, sino también dificultades operativas para contratar a otras empresas obligadas.

Sufrir un caso de ciberdelincuencia no siempre representa necesariamente el final del calvario para el afectado, sino el inicio de un nuevo riesgo. En muchos casos, este suceso es solo el preámbulo de una estafa secundaria conocida técnicamente como Recovery Room o sala de recuperación. Este método delictivo se ceba con personas que ya han sufrido un quebranto económico previo, buscando explotar su desesperación por recuperar lo perdido, de ahí que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) haya alertado del incremento de estos casos detectados recientemente en el entorno financiero. Los estafadores operan bajo una lógica perversa al convertir la vulnerabilidad emocional de la víctima en su principal herramienta de manipulación y engaño.

No se trata de un contacto fortuito, sino de un ataque dirigido que suele basarse en bases de datos obtenidas de estafas anteriores. En este escenario, la esperanza de recuperar los ahorros perdidos se transforma rápidamente en una nueva trampa económica de difícil salida. Es vital entender que esta práctica busca asestar un segundo golpe financiero a quienes ya se encuentran en una situación crítica y vulnerable.

El funcionamiento de este fraude se basa íntegramente en la falsa promesa de rescatar fondos que ya se consideraban definitivamente perdidos por el usuario. Los delincuentes aseguran poseer medios tecnológicos o legales muy avanzados para rastrear el dinero estafado en primer lugar. Según detalla el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), los atacantes suelen presentarse falsamente como expertos auditores o incluso como abogados de gran prestigio. El contacto inicial con la potencial víctima se realiza de forma proactiva mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos o mensajes privados en redes sociales. La narrativa construida por estos grupos criminales es extremadamente convincente, utilizando un lenguaje técnico que simula una solvencia profesional totalmente inexistente. 

Al dirigirse a víctimas de fraudes previos, los estafadores suelen conocer detalles específicos sobre el engaño original que sufrió el afectado en el pasado. Esta información privilegiada les permite generar una falsa pero potente sensación de confianza y legitimidad desde el primer momento de la charla. Sin embargo, el objetivo final es siempre el mismo: solicitar el pago de cantidades adicionales bajo conceptos que son totalmente inventados.

La OCU subraya con firmeza que ninguna entidad legítima o despacho de abogados serio solicita nunca pagos por adelantado para realizar estas gestiones. Los estafadores justifican estas peticiones de dinero alegando supuestos gastos administrativos, tasas legales de última hora o impuestos de salida pendientes. También es sumamente común que mencionen comisiones bancarias internacionales o costes específicos necesarios para el desbloqueo de los fondos recuperados. Todos estos argumentos carecen de cualquier tipo de base real y forman parte del guion diseñado para extraer el máximo capital posible. 

Una vez que la víctima realiza la transferencia solicitada, los delincuentes suelen desaparecer de forma inmediata rompiendo cualquier vía de contacto. En otras ocasiones, si detectan que el afectado aún posee recursos disponibles, inventan nuevas incidencias burocráticas para seguir pidiendo más fondos. Este ciclo de extorsión económica puede prolongarse mientras la víctima mantenga la esperanza de recuperar su inversión inicial. Es fundamental desconfiar sistemáticamente de cualquier persona que prometa resultados garantizados en la recuperación de estafas digitales complejas.

Para dotar al engaño de una apariencia altamente profesional, los grupos criminales utilizan identidades suplantadas de empresas reales y organismos oficiales. El INCIBE advierte que es habitual el uso fraudulento de logotipos reales, sellos institucionales falsificados y páginas web con un diseño muy sofisticado. Estas plataformas fraudulentas a menudo incluyen testimonios de éxito e historias de recuperación que son completamente ficticias y manipuladas. Los delincuentes también pueden llegar a hacerse pasar por representantes de las fuerzas de seguridad del estado o de agencias gubernamentales. Esta táctica busca intimidar a la víctima o hacerle creer de forma errónea que el proceso cuenta con un respaldo legal oficial. 

La presión psicológica sobre el usuario se intensifica mediante el uso de plazos cortos y una falsa sensación de extrema urgencia. Se advierte al ciudadano que la celeridad demandada es solo un método para forzar decisiones impulsivas y evitar que reflexione. La verificación independiente de la existencia de estas empresas es un paso crítico que nunca debe ser omitido por el consumidor. Existen variantes de esta estafa que van mucho más allá de la simple petición de dinero. En algunos casos, los atacantes solicitan a la víctima que instale software de acceso remoto en sus dispositivos personales bajo pretextos técnicos. El INCIBE señala que esta maniobra permite a los delincuentes observar contraseñas en tiempo real y vaciar las cuentas bancarias directamente. 

También es frecuente que pidan la creación de nuevas billeteras digitales con la excusa de recibir en ellas los supuestos fondos rescatados. En realidad, los estafadores mantienen el control total sobre estas carteras y se apropian de cualquier ingreso que se realice en ellas. Este tipo de intrusión maliciosa compromete no solo las finanzas, sino también toda la seguridad digital y la privacidad del usuario afectado. Los expertos recomiendan encarecidamente no permitir nunca el acceso de terceros desconocidos a ordenadores o teléfonos móviles personales. La protección de las claves privadas y las credenciales bancarias es siempre la última línea de defensa ante estos ataques.

Cortar y bloquear, lo primero

Ante la recepción de una oferta de este tipo, las recomendaciones de los especialistas son claras, directas y eminentemente preventivas para el usuario. En primer lugar, se debe proceder a cortar cualquier tipo de comunicación de forma inmediata con el remitente de la propuesta. No se debe facilitar bajo ningún concepto documentos personales, contraseñas bancarias ni realizar pagos por supuestas tasas o comisiones de gestión. Nunca se debe confiar ciegamente en los datos de contacto o enlaces proporcionados por la misma persona que ha iniciado el contacto. Es prudente bloquear los números de teléfono, los perfiles en redes sociales y marcar los correos electrónicos sospechosos como basura. Además, si se ha llegado a instalar algún programa sugerido por los estafadores, es estrictamente necesario revisar técnicamente el dispositivo. Por último, el cambio inmediato de todas las contraseñas expuestas y la activación de la doble autenticación son ahora pasos de seguridad obligatorios.

La colaboración ciudadana y el reporte activo de estos incidentes son elementos esenciales para combatir la actual impunidad de estas redes. El INCIBE pone a disposición de todos los ciudadanos su Línea de Ayuda en Ciberseguridad gratuita a través del número marcado como 017. Este servicio ofrece una orientación especializada y confidencial para gestionar correctamente situaciones de fraude, robo de datos o extorsión. Es fundamental recopilar todas las pruebas posibles del contacto, como capturas de pantalla de chats, correos recibidos y justificantes de pago. Esta documentación será de vital importancia al presentar la denuncia formal ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Denunciar permite a las autoridades rastrear los patrones delictivos y bloquear los recursos financieros que utilizan habitualmente los estafadores.

La Declaración de la Renta introduce cada año cambios y matices que afectan de forma distinta según el perfil del contribuyente. En el caso de las personas mayores de 65 años, el sistema fiscal recoge un conjunto de medidas específicas que pueden reducir de forma significativa la carga tributaria. Estas ventajas no siempre son evidentes en el borrador, por lo que conviene revisarlas con detalle antes de confirmar la declaración.

En muchos casos, los ingresos de este colectivo proceden principalmente de pensiones o de ahorros acumulados durante su vida laboral. Por ese motivo, la normativa del IRPF contempla exenciones, mínimos más elevados y tratamientos especiales en determinadas operaciones económicas. Conocer estas particularidades permite ajustar correctamente la declaración y evitar pagar más de lo debido.

Rendimientos del trabajo

Dentro del IRPF, se consideran rendimientos del trabajo la mayoría de las prestaciones que perciben los mayores de 65 años. En este apartado se incluyen las pensiones procedentes de los regímenes públicos de la Seguridad Social y de clases pasivas, derivadas de situaciones como jubilación, incapacidad, accidente, enfermedad o viudedad, siempre que no estén exentas.

También forman parte de esta categoría las prestaciones abonadas por mutualidades obligatorias de funcionarios, colegios de huérfanos u otras entidades similares. A esto se suman los importes que reciben los beneficiarios de planes de pensiones, así como los derivados de contratos de seguros vinculados a mutualidades de previsión social. Igualmente, se integran las prestaciones de planes de previsión social empresarial, planes de previsión asegurados y seguros de dependencia regulados en el marco de la atención a la dependencia.

Rentas que no se declaran en el IRPF

Existen determinadas prestaciones y ayudas públicas que no deben incluirse en la declaración. Entre ellas, figuran las relacionadas con el acogimiento de personas mayores de 65 años o con discapacidad.

También están exentas las ayudas económicas concedidas por administraciones públicas a personas con discapacidad igual o superior al 65% o mayores de 65 años destinadas a cubrir gastos de residencia o centros de día, siempre que el resto de sus ingresos no supere los 16.800 euros. A esto se añaden determinadas prestaciones por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez reconocidas por la Seguridad Social o por entidades equivalentes, así como las pensiones por inutilidad o incapacidad permanente en determinados regímenes.

En el caso de personas con discapacidad, tampoco tributan determinadas prestaciones percibidas en forma de renta procedentes de sistemas de previsión social, hasta un máximo anual de 25.200 euros. Las cantidades que superen ese límite sí deben declararse. Además, quedan fuera del IRPF algunas ayudas públicas vinculadas a la dependencia y a cuidados en el entorno familiar.

Venta de la vivienda habitual

Las personas mayores de 65 años no tienen que tributar por la ganancia patrimonial obtenida al vender su vivienda habitual. Este beneficio se aplica siempre que el inmueble tenga esa consideración en el momento de la transmisión o en los dos años anteriores. La exención también se mantiene en los casos en los que se transmite la nuda propiedad y se conserva el usufructo vitalicio sobre la vivienda, lo que permite seguir utilizando el inmueble mientras se ha realizado la operación.

Transmisión de otros bienes y renta vitalicia

En la venta de otros elementos patrimoniales, como pueden ser activos financieros o inmuebles distintos de la vivienda habitual, también existe una ventaja fiscal. Las ganancias pueden quedar exentas si el importe obtenido se destina a constituir una renta vitalicia asegurada. Para ello, la reinversión debe realizarse en un plazo de seis meses desde la transmisión. Además, la cantidad máxima que puede destinarse a este fin es de 240.000 euros por contribuyente. Este mecanismo permite transformar el patrimonio en ingresos periódicos.

Hipoteca inversa

Las cantidades que se perciben a través de una hipoteca inversa no tributan en el IRPF. Este producto permite disponer de dinero utilizando la vivienda habitual como garantía, sin necesidad de venderla. Siempre que la operación se ajuste a la normativa que regula este tipo de instrumentos financieros, las disposiciones realizadas no se consideran renta a efectos fiscales.

Mínimo personal y familiar

El mínimo del contribuyente es, con carácter general, de 5.500 euros anuales. Esta cantidad se incrementa en función de la edad. En el caso de personas mayores de 65 años, el aumento es de 1.150 euros anuales, al que se suman otros 1.400 euros adicionales cuando se superan los 75 años. La normativa prevé que este mínimo se mantenga incluso en el ejercicio en el que se produce el fallecimiento. En declaraciones conjuntas, el otro cónyuge no genera derecho a este mínimo, aunque sí se tiene en cuenta el incremento por edad si corresponde.

El IRPF también contempla reducciones cuando el contribuyente convive con ascendientes, como padres o abuelos. Para aplicar este beneficio, el familiar debe tener más de 65 años —o una discapacidad reconocida—, convivir con el contribuyente al menos la mitad del año y no superar los 8.000 euros de ingresos anuales, excluidas las rentas exentas. Además, no debe presentar declaración con rentas superiores a 1.800 euros. Si se cumplen estos requisitos, el mínimo es de 1.150 euros anuales por cada ascendiente mayor de 65 años, que aumenta en 1.400 euros adicionales si supera los 75 años.

Mínimo por discapacidad

Las personas con discapacidad pueden aplicar reducciones adicionales en función del grado reconocido. Cuando el grado es igual o superior al 33% e inferior al 65%, el mínimo asciende a 3.000 euros. Si además se acredita la necesidad de ayuda de terceras personas o movilidad reducida, se añaden otros 3.000 euros.

En los casos de discapacidad igual o superior al 65%, la cuantía se eleva a 9.000 euros, con un incremento adicional de 3.000 euros por gastos de asistencia, lo que sitúa el total en 12.000 euros. Estas reducciones también pueden aplicarse a ascendientes si generan derecho a ello y cumplen los requisitos establecidos.

La devolución de la declaración de la renta es uno de los momentos más esperados cada año por quienes han obtenido un resultado a su favor. Tras completar el trámite, la atención se centra en el ingreso, pero no siempre llega al mismo tiempo para todos. La Agencia Tributaria sigue un procedimiento con plazos definidos, aunque el ritmo real depende de varios factores que afectan a cada expediente.

En los primeros días de la campaña ya empiezan a registrarse las primeras devoluciones, lo que suele generar la sensación de que el proceso es inmediato. Sin embargo, esa rapidez inicial convive con casos en los que el pago se retrasa durante meses. La diferencia no responde a un criterio único, sino a cómo avanza la tramitación interna de cada declaración.

Por eso, más allá de las fechas generales, lo que marca los tiempos es el funcionamiento del sistema de gestión de Hacienda. La combinación entre automatización y revisiones hace que el calendario no sea uniforme, de modo que entender cómo se organiza ese proceso permite tener una referencia más clara sobre cuándo puede llegar la devolución.

Cuándo devuelve la Agencia Tributaria el dinero de la declaración

Cuando el resultado de la declaración es a devolver, el contribuyente puede hacer un seguimiento del estado de su solicitud a través de su expediente en la plataforma Renta WEB, dentro de la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Este sistema permite comprobar en qué fase se encuentra la tramitación, desde que la declaración ha sido registrada hasta que se ordena el pago.

El abono de la devolución se realiza, por norma general, mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el propio contribuyente en su declaración. Por eso, uno de los aspectos más importantes es asegurarse de que los datos bancarios son correctos, ya que cualquier error en este punto puede retrasar el ingreso.

En cuanto a los plazos, la Agencia Tributaria dispone de un máximo de seis meses para efectuar la devolución. Este periodo empieza a contar desde el final del plazo oficial de presentación, fijado el 30 de junio de 2026, en el caso de las declaraciones presentadas dentro del calendario ordinario. Esto sitúa el límite en el 31 de diciembre de ese mismo año. Si la declaración se presenta fuera de plazo, el cómputo de los seis meses comienza desde la fecha en la que se entrega.

A pesar de este margen legal, lo habitual es que las devoluciones no se demoren tanto. Una parte importante de los contribuyentes recibe el dinero en las semanas posteriores a la presentación, especialmente cuando la declaración se entrega en los primeros compases de la campaña y no presenta errores. En estos casos, el proceso suele resolverse con rapidez gracias a los sistemas automatizados de verificación.

Sin embargo, no todas las devoluciones siguen el mismo ritmo. Algunas pueden tardar varios meses, incluso cuatro o cinco, sin que exista una incidencia concreta. Esto suele estar relacionado con el volumen de expedientes que maneja la Agencia Tributaria o con la necesidad de realizar comprobaciones adicionales en determinados casos.

Durante la tramitación, Hacienda revisa la coherencia de los datos declarados, incluyendo ingresos, deducciones y otra información relevante. Si detecta alguna discrepancia o necesita más información, puede iniciar un procedimiento de comprobación. En estos casos, es posible que se solicite documentación adicional al contribuyente mediante un requerimiento formal. Cuando esto ocurre, el plazo de seis meses queda en suspenso hasta que se aporta la información solicitada.

Para conocer el estado de la devolución, el contribuyente puede consultar su expediente en cualquier momento. Los mensajes que aparecen en el sistema permiten saber si la declaración sigue en tramitación, si está siendo revisada o si la devolución ya ha sido ordenada. Esta herramienta resulta especialmente útil en los casos en los que el ingreso se retrasa más de lo esperado.

Otro aspecto relevante es qué ocurre si Hacienda no cumple con el plazo máximo. En ese caso, la normativa establece que la Administración debe abonar intereses de demora de forma automática, sin que el contribuyente tenga que solicitarlos. Estos intereses se calculan sobre la cantidad finalmente reconocida a devolver, tanto si coincide con la solicitada inicialmente como si ha sido modificada tras una comprobación.

El momento en el que se presenta la declaración también influye en los tiempos. Quienes la entregan en abril o a comienzos de mayo suelen situarse entre los primeros en recibir el ingreso, siempre que su expediente no requiera revisión. A medida que avanza la campaña, se acumulan más solicitudes y también más casos complejos, lo que puede ralentizar el proceso en determinadas fases.

En definitiva, el calendario de devoluciones no responde a una fecha única, sino a un proceso que depende de múltiples variables. Aunque existe un plazo legal que llega hasta final de año, la mayoría de los pagos se realizan antes. La rapidez con la que se recibe el dinero está condicionada por la fecha de presentación, la complejidad de la declaración y las comprobaciones que lleve a cabo la Agencia Tributaria en cada caso.

La campaña de la renta correspondiente al ejercicio 2025 vuelve a situar a los contribuyentes ante un escenario en el que la revisión del borrador resulta determinante. Aunque la Agencia Tributaria facilita una base de datos cada vez más completa, no todos los beneficios fiscales se incorporan automáticamente. Esto obliga a comprobar con detalle cada apartado de la declaración para evitar errores y, sobre todo, para no dejar fuera deducciones que pueden reducir de forma significativa la cuota final.

En este contexto, el sistema fiscal mantiene una estructura compleja en la que conviven incentivos estatales con otros autonómicos, además de deducciones sujetas a requisitos muy concretos. La falta de información clara o la dificultad para interpretar la normativa provoca que muchos declarantes no apliquen correctamente todas las ventajas disponibles. Por ello, identificar las deducciones menos conocidas o que suelen pasar desapercibidas se convierte en un paso clave para ajustar la declaración a la situación real de cada contribuyente.

Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación

El impuesto sobre la renta incluye un incentivo para quienes aportan capital a empresas de nueva creación o con pocos años de actividad. Esta medida permite aplicar una deducción en la cuota estatal por las cantidades invertidas en la suscripción de acciones o participaciones, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la normativa.

Desde 2023, el porcentaje aplicable alcanza el 50% de la inversión realizada, con un límite máximo de base de 100.000 euros anuales. Esto significa que el beneficio fiscal se calcula sobre el valor de adquisición de las participaciones, dentro de ese tope. No obstante, la deducción exige condiciones como mantener la inversión durante un periodo determinado o que la empresa cumpla criterios específicos.

Otro aspecto relevante es que este incentivo no se puede combinar con deducciones autonómicas similares sobre las mismas cantidades. Esta incompatibilidad obliga a elegir qué beneficio aplicar en cada caso. La falta de conocimiento de estas condiciones hace que muchos contribuyentes no incluyan esta deducción, pese a haber realizado inversiones que podrían dar derecho a ella.

Deducciones por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas

Las actuaciones dirigidas a mejorar la eficiencia energética de las viviendas cuentan con varias deducciones específicas en el IRPF. Estas medidas se aplican sobre las cantidades invertidas en obras que reduzcan la demanda energética o mejoren el rendimiento del inmueble, y se han configurado como incentivos temporales.

Existen tres modalidades diferenciadas. La primera permite deducir un 20% del gasto cuando las obras logran reducir la demanda de calefacción o refrigeración, con una base máxima de 5.000 euros. La segunda, orientada a disminuir el consumo de energía primaria no renovable, eleva el porcentaje hasta el 40%, con un límite de 7.500 euros. La tercera modalidad, centrada en la rehabilitación energética de edificios residenciales, alcanza el 60%, también con una base máxima de 5.000 euros.

Para acceder a estas deducciones es imprescindible contar con certificados de eficiencia energética que acrediten la mejora obtenida. Este requisito técnico, junto con los límites y condiciones establecidos, explica que algunos contribuyentes no lleguen a aplicarlas, incluso cuando han realizado obras que podrían encajar en estos supuestos.

Deducción por la adquisición de vehículos eléctricos y puntos de recarga

La normativa también contempla incentivos fiscales para fomentar la movilidad eléctrica. En concreto, se han establecido deducciones temporales que permiten reducir la cuota por la compra de vehículos eléctricos y por la instalación de puntos de recarga.

En el caso de la adquisición de un vehículo, el contribuyente puede deducirse el 15% del importe, siempre que se respeten los límites fijados. La base máxima se sitúa en 20.000 euros, incluyendo el precio, los gastos y los impuestos asociados, y el coste del vehículo no puede superar los 45.000 euros antes de aplicar el IVA.

Por otro lado, también se incluyen las inversiones destinadas a instalar infraestructuras de recarga en viviendas. Ambas medidas están sujetas a plazos concretos y a requisitos específicos, lo que hace necesario revisar cada caso. El desconocimiento de estas condiciones provoca que no siempre se reflejen en la declaración.

Deducciones por donativos

Las donaciones a entidades sin ánimo de lucro constituyen uno de los beneficios fiscales más extendidos, aunque no todos los contribuyentes lo aplican correctamente. Este incentivo permite reducir la cuota en función de las cantidades aportadas a organizaciones acogidas al régimen fiscal correspondiente.

En términos generales, los primeros 250 euros donados permiten aplicar una deducción del 80%. A partir de esa cantidad, el porcentaje se reduce al 40%, siempre dentro de los límites establecidos. Además, el total deducible no puede superar el 10% de la base liquidable del contribuyente.

Para beneficiarse de esta deducción es necesario contar con el certificado emitido por la entidad receptora. La falta de este documento o el desconocimiento de los porcentajes aplicables hace que algunas aportaciones no se incluyan en la declaración, pese a su impacto directo en el resultado.

Sistemas de previsión social

Las aportaciones a sistemas de previsión social, como los planes de pensiones, permiten reducir la base imponible del impuesto, lo que puede traducirse en un ahorro fiscal relevante. Este mecanismo no actúa como una deducción directa, pero sí disminuye la cantidad sobre la que se calcula el IRPF.

En el caso de los planes individuales, el límite de reducción se sitúa en 1.500 euros anuales, siempre que no supere el 30% de los rendimientos del trabajo y de actividades económicas. A esto se suma la posibilidad de aplicar una reducción adicional por aportaciones a planes de empleo, que puede alcanzar hasta 8.500 euros.

Para trabajadores autónomos, el límite adicional es menor, con un máximo de 4.250 euros en determinados supuestos. A pesar de estos incentivos, no todos los contribuyentes aprovechan el margen disponible, lo que reduce el efecto fiscal del ahorro destinado a la jubilación.

Deducciones por alquiler o adquisición de vivienda habitual

En el ámbito de la vivienda existen dos deducciones principales que siguen generando dudas. Por un lado, la deducción por adquisición de vivienda habitual se mantiene únicamente para quienes compraron su vivienda antes de 2013 y continúan pagando el préstamo. Este régimen transitorio permite seguir aplicando el beneficio bajo las condiciones establecidas.

Por otro lado, la deducción por alquiler a nivel estatal se limita a contratos anteriores a 2015 y está sujeta a determinados niveles de renta. En estos casos, se puede deducir un porcentaje de las cantidades pagadas, siempre que se cumplan los requisitos de base imponible y límites fijados.

Además, las comunidades autónomas han desarrollado sus propias deducciones en materia de vivienda, lo que amplía las posibilidades de aplicación. A esto se añade que los propietarios que alquilan inmuebles destinados a vivienda habitual pueden aplicar reducciones sobre el rendimiento neto, que en algunos casos pueden alcanzar porcentajes elevados si se cumplen determinadas condiciones.

El ingreso de las pensiones vuelve a situarse en el tramo final del mes de abril, como viene siendo habitual en los últimos meses. Aunque el calendario oficial establece un margen más amplio para efectuar estos pagos, la mayoría de entidades financieras opta por adelantar el abono, lo que permite a los pensionistas disponer del dinero antes de que termine el mes.

Este adelanto no responde a una única fecha común a todas las entidades bancarias. Cada banco fija su propio día dentro de un periodo relativamente concentrado, lo que provoca que haya diferencias entre clientes en función de la entidad con la que operan. Esa diferencia, que puede ser de varios días, es una de las principales causas de duda entre quienes esperan el ingreso.

Para abril de 2026, las fechas ya están definidas y siguen esa misma lógica: pagos distribuidos entre mediados y finales de la última semana del mes, con algunos bancos adelantando más que otros. Conocer este calendario resulta clave para evitar incertidumbre y saber cuándo se recibirá la prestación.

Cuándo se cobran las pensiones en abril

El calendario arranca el miércoles 22 de abril, día en el que Bankinter tiene previsto realizar el ingreso a sus clientes. En esa misma jornada también se sitúa Unicaja, que adelanta el abono respecto a la mayoría de entidades. A partir de ahí, el grueso de los pagos se concentra en el viernes 24 de abril.

Ese día está fijado como referencia para CaixaBank, Banco Santander, Banco Sabadell, Ibercaja y Caja Rural. Se trata de la fecha en la que más pensionistas recibirán el ingreso. El sábado 25 de abril será cuando BBVA e ING lleven a cabo el abono de las prestaciones, aunque al coincidir con fin de semana no se descarta que el ingreso pueda reflejarse el lunes 27 en algunos casos. En el caso de Kutxabank, el pago se sitúa en ese mismo entorno, con previsión de realizarse entre el 25 y el 27 de abril.

El calendario se cierra el lunes 27 de abril, cuando Abanca comenzará a ingresar las pensiones a sus clientes. De este modo, el conjunto de pagos queda distribuido en un margen de cinco días, en línea con lo que ocurre de forma habitual. En términos generales, todas las fechas se sitúan antes de que finalice el mes, aunque con diferencias claras entre entidades. Esta dispersión es la que explica que no todos los pensionistas cobren al mismo tiempo, pese a tratarse de una misma prestación.

Qué hacer en caso de que no hayas recibido el pago de la pensión

Cuando el ingreso no se ha producido en la fecha en la que normalmente se espera, lo más útil es empezar por situarlo dentro del calendario real de pagos de ese mes. Dado que las entidades no actúan todas a la vez, es posible que el abono aún esté dentro del plazo habitual aunque otros beneficiarios ya lo hayan recibido.

Otro aspecto a tener en cuenta es que estos adelantos no forman parte de una obligación fija. El sistema permite que las pensiones se abonen algo más tarde, por lo que pequeñas variaciones en el día de ingreso pueden darse sin que exista un problema real. Si pasan varios días y el saldo sigue sin actualizarse, lo razonable es consultar directamente con el banco. Las entidades pueden comprobar si el movimiento está en proceso o si se ha producido algún retraso puntual en la contabilización.

También es recomendable revisar la información asociada a la cuenta en la que se recibe la prestación. Cambios recientes o incidencias técnicas pueden influir en el momento en el que el dinero queda disponible. Cuando no se obtiene una aclaración suficiente o la demora se alarga más de lo habitual, el siguiente paso es dirigirse a la Seguridad Social. A través de sus canales de atención es posible confirmar si el pago se ha emitido correctamente y descartar errores en la tramitación.

En la práctica, este tipo de situaciones suele resolverse en poco tiempo y sin necesidad de realizar gestiones complejas. Por eso, antes de iniciar cualquier reclamación, conviene comprobar bien el calendario de la entidad y tener en cuenta el margen en el que se concentran los ingresos cada mes.

La campaña de la renta correspondiente al ejercicio fiscal 2025 se desarrolla, como cada año, con un calendario organizado en varias fases que permiten a los contribuyentes elegir cómo presentar su declaración. El proceso arranca con la vía telemática, que concentra una parte importante de las gestiones, pero a medida que avanza el calendario se habilitan otros canales de asistencia. Entre ellos, la atención telefónica vuelve a ocupar un lugar relevante para quienes necesitan apoyo durante el trámite o prefieren no gestionarlo por su cuenta.

En este contexto, la Agencia Tributaria mantiene el servicio conocido como “Le Llamamos”, un sistema que permite confeccionar la declaración mediante una llamada con personal técnico. Este modelo requiere una planificación previa por parte del contribuyente, ya que solo se puede utilizar con cita previa y dentro de unos plazos concretos. La gestión de este servicio se realiza principalmente a través de la sede electrónica oficial, donde también se detallan los requisitos y condiciones para acceder a esta modalidad dentro de la campaña.

Cuándo se puede solicitar cita para hacer la declaración por teléfono

El servicio telefónico de la Agencia Tributaria tiene su propio calendario dentro de la campaña. Este sistema estará operativo desde el 6 de mayo hasta el 30 de junio, fecha en la que finaliza la campaña de la renta por cualquier vía. No obstante, el acceso a este servicio no es inmediato desde su inicio.

Para poder utilizarlo, es obligatorio reservar cita previa dentro de un plazo concreto. La solicitud podrá realizarse desde el 29 de abril y permanecerá abierta hasta el 29 de junio. Este margen establece el periodo en el que los contribuyentes pueden elegir día y hora para recibir la llamada de la Agencia Tributaria.

La diferencia entre el calendario de solicitud y el de atención implica que la cita debe pedirse con antelación. El sistema asigna las franjas disponibles en función de la demanda, por lo que la disponibilidad de horarios puede variar a medida que avanza la campaña. Esto hace que quienes estén interesados en este canal deban anticiparse para encontrar fechas que se ajusten a su disponibilidad.

El cierre definitivo de la campaña está previsto para el 30 de junio, lo que marca también el final del servicio telefónico. A partir de ese momento, ya no será posible presentar la declaración ni solicitar asistencia por este medio. Este límite afecta a todos los canales, incluidos el presencial y el telemático.

Dentro del mismo calendario, la Agencia Tributaria también contempla otras modalidades de atención. La asistencia en oficinas, por ejemplo, se activa más tarde: las citas pueden solicitarse desde el 29 de mayo y la atención presencial se presta entre el 1 y el 30 de junio. Aunque esta opción sigue disponible, el servicio telefónico se mantiene como una alternativa intermedia entre la gestión autónoma por internet y la atención en oficinas.

Cómo solicitar cita para hacer la declaración por teléfono

El proceso para reservar cita previa se gestiona principalmente a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria. En el apartado habilitado para este trámite, el contribuyente debe identificarse mediante alguno de los sistemas admitidos, como el NIF o NIE, Cl@ve, el número de referencia, el DNI electrónico o el certificado electrónico. También existe la posibilidad de realizar la solicitud por teléfono a través de los números habilitados para la campaña.

Una vez dentro del sistema, es necesario seleccionar el servicio correspondiente a la campaña de la renta y elegir la opción de confección de la declaración por vía telefónica. A continuación, el sistema muestra un calendario con las fechas disponibles, entre las que el usuario puede escoger la que mejor se ajuste a su situación.

Durante la reserva, se solicita un número de teléfono de contacto. Este dato es esencial, ya que será el canal utilizado por la Agencia Tributaria para realizar la llamada en el día y la franja horaria elegidos. La llamada se efectuará desde el número 913 335 333, por lo que se recomienda estar disponible en ese intervalo horario previamente seleccionado.

La gestión de la cita no termina con la reserva inicial. El sistema permite modificar o cancelar la cita por los mismos canales utilizados para solicitarla. En caso de no poder atender la llamada, la Agencia Tributaria indica que se debe anular la cita con al menos 24 horas de antelación. Si no se realiza este trámite, será necesario solicitar una nueva dentro del periodo disponible, siempre que queden huecos libres.

Documentación necesaria para presentar la declaración por teléfono

Para que la atención telefónica se desarrolle correctamente, es imprescindible preparar previamente toda la documentación necesaria. La Agencia Tributaria señala que deben estar presentes las personas titulares de la declaración en el momento de la llamada, ya que será necesario verificar la identidad. En caso de utilizar el sistema Cl@ve, se debe disponer del teléfono asociado al registro; si no, será necesario contar con el número de referencia.

Entre la documentación básica exigida se encuentran el DNI, así como copia del de otros contribuyentes incluidos en la declaración, el número IBAN de la cuenta bancaria y las referencias catastrales de los inmuebles. Esta información es imprescindible para completar el trámite, y su ausencia impide que se pueda elaborar la declaración durante la llamada.

Además, la Agencia Tributaria indica que deben prepararse documentos adicionales en caso de haber percibido determinadas rentas que no figuren en los datos fiscales. Esto incluye ingresos por trabajo, rendimientos de capital, actividades económicas, operaciones con inmuebles o activos financieros, así como posibles deducciones autonómicas u otros beneficios fiscales. La falta de estos datos puede impedir la correcta elaboración de la declaración.

El servicio telefónico funciona en tiempo real, lo que significa que la declaración se confecciona durante la llamada con la información disponible en ese momento. Por este motivo, la preparación previa es un requisito clave para evitar incidencias y completar el proceso en una sola gestión.

La campaña de la Renta 2026, correspondiente al ejercicio fiscal de 2025, ya está en marcha desde el pasado 8 de abril y se prolongará hasta el 30 de junio. Como ocurre cada año, este proceso vuelve a generar dudas entre los contribuyentes, especialmente en torno a qué gastos pueden incluirse en la declaración para intentar mejorar el resultado final. Más allá de los conceptos habituales, existen determinados desembolsos cotidianos que pueden tener encaje en el IRPF, aunque solo en situaciones muy concretas.

El momento de presentar la declaración suele venir acompañado de una revisión detallada de gastos con la intención de reducir la factura fiscal. En ese contexto, conceptos como el seguro del hogar, del coche o de salud aparecen con frecuencia entre las preguntas más habituales. Sin embargo, la normativa no permite su aplicación de forma generalizada y establece límites claros sobre quién puede incluirlos y en qué condiciones, lo que deja fuera a buena parte de los contribuyentes.

Además, cada campaña incorpora matices que obligan a prestar atención a los requisitos vigentes en cada ejercicio. La relación entre estos seguros y la actividad económica o determinadas situaciones personales, es lo que marca la diferencia a la hora de poder incluirlos en la declaración. Por eso, entender en qué casos se pueden aplicar y bajo qué condiciones resulta clave para evitar errores y ajustar correctamente la información presentada ante Hacienda.

Seguros de vivienda

El seguro del hogar solo tiene impacto en la declaración en situaciones muy concretas. Uno de los principales casos es el de la deducción por inversión en vivienda habitual, que se mantiene en vigor de forma transitoria para contribuyentes que adquirieron su vivienda antes del 1 de enero de 2013. En estos supuestos, parte del seguro puede integrarse dentro del límite conjunto de la deducción, que alcanza un máximo anual de 1.356 euros.

Para que esta posibilidad se aplique, deben cumplirse varias condiciones al mismo tiempo: que la vivienda sea la residencia habitual, que la hipoteca esté vinculada a una compra anterior a 2013 y que el seguro esté asociado al préstamo hipotecario desde el momento de la firma o ligado a operaciones de construcción o adecuación del inmueble, siempre dentro de los plazos establecidos por la normativa.

Fuera de este régimen, el seguro del hogar no tiene impacto para la mayoría de contribuyentes. Sin embargo, sí puede tenerlo en otros escenarios. En el caso de autónomos que trabajan desde su vivienda, es posible deducir una parte del seguro, pero únicamente en proporción a la superficie del inmueble utilizada para la actividad profesional.

También se contempla su inclusión cuando la vivienda está destinada al alquiler. En ese caso, el seguro se considera un gasto relacionado con la obtención de ingresos por arrendamiento, por lo que puede incorporarse como parte de los costes deducibles asociados al inmueble.

Seguros del coche

El seguro del vehículo está condicionado de forma estricta a su uso profesional. En términos generales, no es deducible para trabajadores asalariados, ya que se considera un gasto de carácter personal. La excepción se encuentra en los autónomos que utilizan el coche como parte directa de su actividad económica.

En estos casos, el vehículo debe estar afecto a la actividad, es decir, debe utilizarse de forma necesaria para el desarrollo del trabajo. Cuando se cumple esta condición, el seguro puede deducirse al 100%, siempre que el coche esté registrado como elemento vinculado a la actividad profesional.

Esta afectación no solo permite incluir el seguro, sino también otros gastos asociados como reparaciones, mantenimiento, peajes o ITV, siempre dentro del mismo criterio de uso profesional. Además, esta deducción se admite en actividades en las que el vehículo es imprescindible, como el transporte de mercancías, el traslado de clientes o el trabajo de agentes comerciales, entre otros supuestos.

Si el coche no está claramente vinculado a la actividad económica o tiene un uso mixto sin justificación suficiente, el seguro no puede incluirse en la declaración y se mantiene como un gasto personal sin deducción.

Seguros de salud

El seguro de salud tiene un tratamiento diferenciado respecto al resto de pólizas. En términos generales, no es deducible para trabajadores por cuenta ajena, salvo cuando forma parte de sistemas de retribución flexible gestionados a través de la empresa. En estos casos, la contratación debe realizarse mediante la compañía y no de forma individual por el trabajador.

Para los autónomos, en cambio, sí existe la posibilidad de incluir el seguro médico como gasto deducible, siempre que esté vinculado a su actividad y correctamente justificado mediante facturas. Esta deducción tiene además límites concretos: hasta 500 euros por persona asegurada, incluyendo al propio autónomo, su cónyuge e hijos menores de 25 años que convivan en el domicilio familiar.

En situaciones de discapacidad, este límite puede ampliarse hasta los 1.500 euros. En todos los casos, el requisito principal es que el seguro esté correctamente integrado en la actividad económica o en el sistema de retribución correspondiente, ya que no se admite como gasto personal general.

La presente campaña de la Declaración de la Renta, iniciada oficialmente el pasado 8 de abril, representa un periodo crítico tanto para contribuyentes… como para los profesionales de la ciberdelincuencia que buscan lucrarse ilícitamente. Durante estas semanas de trámites fiscales, los ataques de phishing y smishing se multiplican aprovechando el volumen de comunicaciones oficiales y la urgencia de los ciudadanos por cumplir con sus obligaciones. Solo en la campaña anterior, instituciones como el INCIBE gestionaron decenas de miles de incidentes relacionados con fraudes online, confirmando que estas fechas son un señuelo recurrente. Los expertos advierten que la presión psicológica es el arma principal para que el usuario actúe rápido y sin cuestionar la veracidad del mensaje recibido. 

Desde organismos como INCIBE insisten en que es fundamental entender que el engaño puede comenzar con un simple correo electrónico que parece legítimo, pero que en realidad busca robar credenciales de acceso fiscales. Se trata de uno de los cebos más efectivos en la actualidad, un mail que simula una “nueva notificación electrónica”, utilizando un lenguaje administrativo muy convincente. Estos mensajes suelen incluir asuntos alarmistas sobre referencias de expedientes que invitan a una reacción inmediata para evitar supuestos problemas legales. Los ciberdelincuentes redirigen a las víctimas a páginas web clonadas que imitan con precisión milimétrica la sede electrónica de la Agencia Tributaria. En estos entornos fraudulentos, los usuarios introducen datos sensibles como su DNI o claves de acceso, que pasan directamente a manos de los atacantes. 

La rapidez con la que se ejecutan estas campañas dificulta muchas veces la detección por parte de los filtros de seguridad convencionales de los usuarios. Por ello, se recomienda desconfiar de cualquier comunicación que no haya sido esperada o que no siga los cauces habituales de la administración pública. La irrupción de la inteligencia artificial generativa ha elevado la sofisticación de estos ataques a niveles nunca vistos en campañas de años anteriores. Actualmente, los mensajes de fraude ya no contienen los errores gramaticales o de diseño que antes servían como señales de alerta evidentes. La IA permite crear interfaces idénticas a las oficiales y redactar textos con un tono profesional impecable, incluyendo incluso datos personalizados del contribuyente. Esto genera una falsa sensación de seguridad que facilita que incluso los usuarios más prevenidos puedan bajar la guardia ante una supuesta notificación.

Además, los ciberdelincuentes utilizan ahora ataques multicanal, coordinando correos electrónicos, SMS y llamadas telefónicas para construir una historia creíble y coherente. El objetivo final es siempre el mismo: obtener información confidencial o forzar un pago indebido bajo la apariencia de una gestión oficial necesaria. Pero afortunadamente existen señales de advertencia críticas que todo contribuyente debe aprender a identificar para proteger su información personal y bancaria durante este ejercicio fiscal. Entre ellas destaca el uso de un lenguaje alarmista que menciona bloqueos de expedientes, sanciones inminentes o embargos para provocar miedo en el receptor. También son frecuentes las promesas de reembolsos inmediatos de importes exactos, enviadas a través de enlaces acortados en mensajes de texto SMS. 

Desde Hacienda se recuerda de forma insistente que la Agencia Tributaria nunca solicita pagos urgentes ni datos bancarios a través de medios no seguros como el correo electrónico. Es vital revisar siempre el dominio del remitente, buscando variaciones sutiles que intentan imitar la dirección oficial agenciatributaria.gob.es de forma fraudulenta. Cualquier mensaje que incite a descargar archivos adjuntos, como supuestas facturas o PDFs de notificaciones, debe ser tratado con extrema precaución.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también ha alzado la voz para alertar a los ciudadanos sobre la proliferación de estos engaños estacionales. Según la OCU, los argumentos de los estafadores cambian periódicamente, pasando de requerimientos de pago a peticiones de documentación imprescindible para recibir una devolución. La organización insiste en que la primera pista de fraude es el propio mensaje, especialmente si promete una devolución de dinero totalmente inesperada. Recomiendan encarecidamente no hacer clic en los enlaces recibidos y, en su lugar, pasar el cursor por encima para verificar la dirección de destino real. Si la dirección web no coincide con los dominios oficiales del Estado, se debe eliminar el mensaje de inmediato sin interactuar con él. La OCU recalca que mantenerse alerta es la mejor defensa ya que, una vez introducidos los datos, el proceso de reclamación puede ser complejo.

Para operar con total seguridad, es imprescindible conocer cuáles son los únicos dominios y canales oficiales que utiliza la Agencia Tributaria en sus comunicaciones. Las direcciones web legítimas incluyen siempre dominios como sede.agenciatributaria.gob.es o variantes que finalizan estrictamente en aeat.es o agenciatributaria.es. Además, la administración utiliza sistemas de identificación robustos y oficiales como el certificado digital, el DNI electrónico o el sistema Cl@ve Móvil. Hacienda ha dejado claro que nunca utiliza servicios de mensajería instantánea ni solicita información económica personal a través de plataformas como Bizum. Por otro lado, las llamadas telefónicas de supuestos agentes solo se producen si el contribuyente ha solicitado previamente una cita para ser atendido. Cualquier llamada inesperada que solicite datos bancarios o presione para realizar un trámite en el momento debe considerarse un intento de fraude telefónico o vishing.

Rapidez y pruebas

Otros métodos de engaño incluyen la oferta de servicios de pago para gestionar citas previas que, en realidad, son trámites totalmente gratuitos. Páginas web fraudulentas se presentan como intermediarios para aprovechar la saturación del sistema y la urgencia de los usuarios por resolver su situación. Igualmente, la presencia de formularios excesivamente simples que solicitan la contraseña del correo electrónico es una señal inequívoca de que se trata de una estafa. Ningún organismo oficial pedirá jamás las claves de acceso a servicios personales de mensajería o redes sociales bajo ningún concepto. Los delincuentes también utilizan documentos adjuntos maliciosos que, al ser abiertos, instalan malware en el dispositivo de la víctima para monitorizar su actividad bancaria. 

Ante cualquier duda sobre la autenticidad de un documento, lo más seguro es acudir directamente a la sede electrónica para cotejarlo mediante el código seguro de verificación. En el caso de que un ciudadano sospeche que ha podido caer en la trampa o haya introducido datos en un enlace sospechoso, debe actuar con rapidez. Lo primero es recopilar todas las pruebas posibles, como capturas de pantalla, enlaces y mensajes recibidos, para facilitar una posterior denuncia. Es fundamental cambiar de inmediato las contraseñas comprometidas y contactar con la entidad bancaria para solicitar el bloqueo preventivo de tarjetas o cuentas. El incidente debe reportarse a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la propia Agencia Tributaria a través de sus canales de denuncias. Además, el INCIBE pone a disposición de los usuarios la Línea de Ayuda en Ciberseguridad (017) para recibir orientación experta sobre cómo proceder tras el ataque. La celeridad en estas acciones, insisten, es determinante para minimizar el impacto financiero y evitar que los delincuentes hagan un uso extensivo de la información robada. 

Cada año, al hacer la Declaración de la Renta, los contribuyentes deben revisar con detalle la información vinculada a sus inmuebles, un apartado que incluye tanto la vivienda habitual como segundas residencias o propiedades en alquiler. En este procedimiento, la Agencia Tributaria solicita una serie de datos que permiten identificar correctamente cada inmueble, y aunque en muchos casos parte de esa información ya aparece incorporada en el borrador, no siempre consta de forma completa o actualizada.

Dentro de esos datos, la referencia catastral es uno de los elementos que más dudas genera. Se trata de un identificador oficial que permite asociar cada inmueble a su registro correspondiente dentro del Catastro. Su función es facilitar la localización exacta de una vivienda o propiedad dentro del sistema administrativo, y su presencia se ha vuelto habitual en trámites fiscales, especialmente en la Declaración de la Renta y en otros procedimientos relacionados con la propiedad inmobiliaria.

El incremento del uso de plataformas digitales ha simplificado la consulta de esta información, pero todavía es frecuente que los contribuyentes tengan que recurrir a documentos antiguos o a distintos canales para localizarla. En muchos casos, este código ya ha sido utilizado en declaraciones anteriores, aunque no siempre se conserva a mano.

Qué es la referencia catastral y para qué sirve

La referencia catastral es un código alfanumérico formado por 20 caracteres que identifica de manera única cada inmueble registrado en España. Este identificador lo asigna el Catastro, organismo dependiente de la Dirección General del Catastro, y permite diferenciar cada propiedad dentro de su base de datos oficial. No existen dos inmuebles con la misma referencia, lo que convierte este código en un elemento exclusivo para cada vivienda, oficina, garaje, finca o construcción.

Este número funciona como una especie de identificador del inmueble. A través de él, el sistema catastral asocia datos básicos de la propiedad, como su ubicación exacta, su uso, su superficie o determinadas características físicas. En algunos casos también permite consultar información adicional vinculada al inmueble dentro del registro, lo que lo convierte en una pieza habitual en trámites relacionados con la propiedad.

Su uso no se limita a la Declaración de la Renta. La referencia catastral aparece en distintos procedimientos administrativos vinculados a la vivienda, como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, operaciones de compraventa, herencias o contratos de alquiler. En todos estos casos, sirve para identificar sin ambigüedades el bien inmueble al que se hace referencia.

En el ámbito del IRPF, su inclusión es obligatoria en determinados casos cuando se declara una vivienda o cuando el sistema lo requiere para completar los datos del inmueble. Si el contribuyente tiene varios bienes, este código permite distinguir cada uno de ellos de forma precisa dentro del formulario.

Cómo consultar la referencia catastral de una vivienda

Existen varias formas de localizar la referencia catastral sin necesidad de iniciar un trámite complejo. Una de las más habituales es revisar el recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, donde este código suele aparecer reflejado junto a los datos de la vivienda. Este documento es una de las fuentes más directas para acceder a esta información.

Otra vía frecuente es la documentación relacionada con la propiedad. En el caso de viviendas en propiedad, las escrituras de compraventa suelen incluir la referencia catastral dentro de la descripción del inmueble. También puede aparecer en contratos de alquiler, donde se incorpora como parte de los datos identificativos de la vivienda arrendada.

Si no se dispone de estos documentos, la consulta puede realizarse a través de la Sede Electrónica del Catastro. En esta plataforma es posible introducir la dirección del inmueble mediante la opción de búsqueda por calle y número. Una vez localizada la vivienda, el sistema muestra los datos asociados, entre ellos la referencia catastral y otras características básicas del inmueble, como su superficie o su uso. Este método es uno de los más utilizados porque permite acceder directamente a la información sin necesidad de documentación adicional, siempre que se conozca la dirección exacta del inmueble.

Otra alternativa es recurrir a Declaraciones de la Renta de años anteriores. En muchos casos, este dato ya fue incluido en ejercicios previos, por lo que puede recuperarse revisando la documentación presentada en campañas anteriores. Esto resulta útil especialmente cuando no se dispone de otros documentos físicos o digitales.

También es posible consultar la referencia catastral a través de los servicios de atención del Catastro, tanto de forma presencial como telefónica. Este canal se utiliza cuando no es posible localizar el código por medios habituales o cuando existen dudas sobre la correspondencia entre la dirección del inmueble y los datos registrados. En estos casos, suele ser necesario aportar información básica del inmueble para facilitar la búsqueda.