El cobro de las pensiones vuelve a ganar importancia con la llegada de la segunda mitad de octubre. Aunque la mensualidad corresponde al mismo periodo para todos los beneficiarios, el día en el que el dinero aparece disponible en la cuenta puede variar según la entidad financiera. Cada banco aplica su propio calendario de adelantos y eso hace que existan diferencias de varios días entre unos clientes y otros.

En octubre de 2026, las previsiones sitúan los principales abonos entre el jueves 22 y el lunes 26. Dentro de ese margen se reparten las distintas entidades, de manera que algunos pensionistas podrán disponer del dinero antes del fin de semana, mientras que otros tendrán que esperar hasta los días posteriores. La referencia más útil será, por tanto, el banco en el que esté domiciliada la pensión y la fecha que acostumbre a manejar para este tipo de ingresos.

Que el dinero no llegue al mismo tiempo que a otros beneficiarios no significa necesariamente que exista un problema. Antes de considerar que se ha producido un retraso, conviene consultar el día previsto por la propia entidad y esperar a que termine de procesarse el movimiento. Si ese plazo ya ha pasado y la pensión continúa sin aparecer, entonces sí puede ser necesario comprobar tanto la cuenta bancaria como la situación del pago.

Cuándo paga cada banco la pensión en octubre

El calendario previsto para las pensiones de octubre de 2026 comienza el jueves 22. Ese día, Bankinter y Unicaja tienen previsto realizar el ingreso, por lo que sus clientes estarían entre los primeros en disponer de la mensualidad. Un día después, el viernes 23, llegará otro grupo importante: Banco Santander, Banco Sabadell, Ibercaja y Caja Rural manejan esa jornada como referencia.

Los pagos continuarán durante el fin de semana. CaixaBank sitúa el abono el sábado 24 de octubre, mientras que BBVA e ING tienen señalado el domingo 25. Que estas fechas coincidan con sábado y domingo muestra que los adelantos bancarios no se limitan necesariamente a jornadas laborables. Para cada pensionista, lo importante será atender al calendario de su entidad y no tomar como referencia el día en el que haya cobrado otra persona.

El último grupo incluido en estas previsiones efectuaría el ingreso el lunes 26 de octubre. Abanca y Laboral Kutxa manejan esa fecha, con lo que se completaría el periodo comprendido entre el jueves 22 y el lunes 26. De este modo, los abonos quedarían repartidos a lo largo de cinco días consecutivos según el calendario aplicado por cada banco, sin que esa diferencia altere la mensualidad que corresponde a cada beneficiario. La pensión es la misma en todos los casos; lo que cambia es el momento en el que cada banco la pone a disposición de sus clientes.

Estas fechas, en cualquier caso, deben entenderse como una referencia y pueden producirse pequeñas variaciones por cuestiones operativas. También puede cambiar la hora concreta a la que el movimiento se refleja en la cuenta. Por eso, que la pensión no figure a primera hora del día señalado no implica necesariamente que exista una incidencia. Del mismo modo, cobrar unas horas o incluso un día después que otro cliente de una entidad distinta tampoco permite concluir por sí solo que haya un retraso.

Qué comprobar si la pensión no aparece

Si llega el día previsto y el dinero todavía no figura en la cuenta, lo primero es comprobar que no se trate simplemente de una diferencia en los tiempos de procesamiento. Los adelantos no funcionan igual en todas las entidades y comparar el cobro con el de otros pensionistas no permite saber por sí solo si ha surgido un problema. La fecha realmente útil es la que maneja el banco donde está domiciliada la prestación.

Cuando la jornada indicada ya ha pasado y la cantidad sigue sin aparecer, puede ser recomendable contactar con el banco. La entidad podrá revisar si el movimiento continúa pendiente de contabilización, si se ha producido alguna demora o si existe algún inconveniente relacionado con la cuenta. Esta comprobación puede resultar especialmente útil cuando se han realizado cambios recientes en los datos bancarios o en la domiciliación de la pensión.

Si el banco no encuentra ninguna incidencia que explique la ausencia del abono, la consulta puede trasladarse a la Seguridad Social. A través de sus canales de atención es posible comprobar si la orden de pago se ha emitido correctamente y si los datos asociados al expediente están actualizados. Para facilitar la gestión, conviene disponer de la información personal necesaria, los datos de la cuenta y cualquier comunicación reciente relacionada con la prestación.

También merece la pena revisar si existen avisos pendientes o modificaciones que todavía no se hayan incorporado correctamente. Lo importante es distinguir entre un desfase relacionado con el adelanto que aplica cada entidad y una incidencia real en la tramitación. Que la mensualidad no aparezca exactamente en el momento esperado no permite concluir automáticamente que exista un problema, especialmente cuando estas previsiones pueden sufrir pequeños ajustes y el ingreso puede reflejarse a distintas horas del día.

El plazo para solicitar el Bono Cultural Joven 2026 está a punto de terminar. Las personas que cumplen 18 años durante este año tienen hasta el próximo 31 de octubre para pedir los 400 euros que ofrece el Ministerio de Cultura. La ayuda está destinada a facilitar el acceso de los jóvenes a distintas actividades y productos culturales.

El programa alcanza este año su quinta edición y ya ha despertado un notable interés. Según los datos facilitados por el Ministerio de Cultura, se han registrado 337.157 solicitudes en toda España. Andalucía encabeza la lista, con 67.091 peticiones, seguida de Catalunya, con 53.294, y la Comunidad de Madrid, con 52.596.

Quién puede solicitarlo y cómo hacerlo

El requisito principal para acceder al Bono Cultural Joven es haber nacido en 2008, es decir, cumplir 18 años a lo largo de 2026. Los interesados pueden presentar la solicitud por internet, identificándose mediante el sistema Cl@ve, con registro básico o avanzado, o utilizando un certificado digital.

El trámite puede realizarlo el propio beneficiario o un adulto en su representación. En este último caso, es necesario adjuntar el formulario correspondiente firmado por el joven. La solicitud debe completarse antes de que finalice el plazo del 31 de octubre.

Una vez concedida la ayuda, los beneficiarios reciben una tarjeta de prepago de 400 euros, disponible en formato virtual para el teléfono móvil o en formato físico. Esta tarjeta puede utilizarse en los establecimientos y entidades adheridos al programa, que actualmente suman 4.159 en toda España.

En qué se pueden gastar los 400 euros

El dinero del Bono Cultural Joven se reparte en tres categorías. Hasta 200 euros pueden destinarse a actividades culturales en directo, como conciertos, espectáculos, cine, teatro o visitas relacionadas con el patrimonio cultural.

Otros 100 euros están reservados para productos culturales en formato físico, entre ellos libros, revistas, videojuegos, discos de vinilo y CD. Los 100 euros restantes pueden utilizarse para consumo digital, como suscripciones a plataformas musicales y audiovisuales, libros electrónicos o prensa digital.

El programa también permite dedicar toda la ayuda a una única categoría cuando se trata de cursos y talleres de contenido cultural, como actividades de creación artística o aprendizaje musical. Los jóvenes disponen de un año para gastar el dinero desde que se les concede el bono.

El Bono Cultural Joven comenzó a funcionar en 2022 y ha ido aumentando su alcance con el paso de los años. En su primera edición, 277.607 jóvenes recibieron la ayuda, una cifra que ha ido creciendo hasta alcanzar los 363.054 beneficiarios en 2025. En total, el programa ha llegado a 1.298.764 personas durante sus cuatro primeras ediciones, según los datos del Ministerio de Cultura.

La Seguridad Social ha habilitado un nuevo servicio que permite a los ciudadanos consultar y acreditar su edad legal ordinaria de jubilación y la fecha exacta en la que la alcanzarán. El documento puede obtenerse de forma inmediata a través del portal Tu Seguridad Social, sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina. La herramienta, dada a conocer el pasado 30 de septiembre, resulta especialmente útil para quienes necesitan justificar estos datos ante su empresa u otra entidad para realizar trámites relacionados con el final de su vida laboral.

El informe recoge únicamente dos datos: la edad ordinaria de jubilación que corresponde a cada persona y el día en que la cumplirá. Hasta ahora, esta información podía obtenerse mediante el simulador de jubilación, aunque el documento generado también podía incluir otros detalles personales y económicos, como la vida laboral, la pensión estimada o las posibilidades de retrasar la retirada. El nuevo certificado evita compartir información adicional cuando solo es necesario demostrar cuándo se alcanza la edad legal para jubilarse.

Para calcular la fecha, el Instituto Nacional de la Seguridad Social utiliza los antecedentes que constan en sus bases de datos y aplica los mismos criterios que el simulador de pensiones. El cálculo presupone que todas las cotizaciones están ingresadas y que la situación laboral actual del interesado se mantiene hasta alcanzar la edad ordinaria de jubilación. Cuando concurren circunstancias personales relacionadas con los hijos o una discapacidad que pueden modificar esa edad, es necesario incorporarlas mediante el simulador para obtener el informe correspondiente.

Cómo descargar el informe de edad legal de jubilación

Las personas cuya edad de jubilación pueda determinarse exclusivamente a partir de su trayectoria de cotización pueden obtener el documento desde la página principal de Tu Seguridad Social, dentro del apartado “Otras gestiones”. Allí deben seleccionar la opción “Informe de edad legal de jubilación”, que permite generar el certificado sin realizar una simulación completa de la futura pensión. Esta vía está prevista para quienes no necesitan incorporar circunstancias relacionadas con hijos o discapacidad.

Cuando existen factores personales que pueden modificar la edad ordinaria de jubilación, el procedimiento es diferente. En estos casos, es necesario acceder al simulador de pensión de jubilación e introducir la información correspondiente. Una vez completada la simulación, el usuario debe seleccionar “Informe edad legal de jubilación”, una opción situada junto al botón “Informe PDF”. De esta manera, el documento puede reflejar las circunstancias adicionales que influyen en la fecha calculada.

Qué identificación se necesita para obtenerlo

Para descargar el informe mediante cualquiera de las dos vías, es suficiente identificarse utilizando un código de verificación enviado por SMS. Para emplear este sistema, el número de teléfono móvil del interesado debe figurar previamente registrado en las bases de datos de la Seguridad Social, ya que la clave se remite a ese contacto. Quienes no tengan actualizado su número pueden consultar la guía oficial para mantener al día sus datos personales antes de utilizar este procedimiento.

La Seguridad Social también prevé ampliar las funcionalidades del servicio. Entre las mejoras anunciadas figura la posibilidad de acreditar la edad de jubilación cuando existen bonificaciones vinculadas a determinadas actividades profesionales. Además, está previsto desarrollar un documento específico para la jubilación parcial, con el que los trabajadores puedan demostrar ante sus empresas que reúnen la edad y las demás condiciones necesarias para acogerse a un plan de jubilación parcial. Estas prestaciones adicionales todavía se encuentran entre las ampliaciones previstas, por lo que no forman parte de las funcionalidades descritas para el nuevo informe.

La Seguridad Social ha detallado las distintas opciones disponibles en 2026 para compatibilizar el cobro de una pensión de jubilación con una actividad laboral o prolongar voluntariamente la vida profesional. Las modalidades de jubilación activa, parcial y flexible permiten mantener determinados ingresos del trabajo mientras se percibe una prestación, aunque sus requisitos y cuantías son diferentes. A estas alternativas se suma la jubilación demorada, dirigida a quienes prefieren retrasar el acceso a la pensión para mejorar sus condiciones económicas.

Una de las principales posibilidades es la jubilación activa, dirigida a quienes acceden a la pensión al menos un año después de alcanzar su edad ordinaria de jubilación. Para acogerse a ella es necesario haber acreditado el periodo mínimo de cotización exigido en la fecha en que se cumplió dicha edad, mientras que quienes se hayan jubilado anticipadamente quedan excluidos. Esta modalidad permite trabajar por cuenta propia o ajena, tanto a jornada completa como parcial, sin necesidad de abandonar previamente la actividad profesional.

La proporción de pensión compatible con el trabajo depende del tiempo que se haya retrasado la jubilación. Quienes demoren su retirada un año pueden cobrar el 45% de la prestación, porcentaje que aumenta al 55% después de dos años, al 65% tras tres y al 80% después de cuatro. A partir de cinco años de demora se permite percibir el 100%. Además, el porcentaje compatible aumenta cinco puntos por cada doce meses consecutivos de jubilación activa, hasta alcanzar el máximo establecido. Para determinados autónomos existen condiciones específicas que permiten cobrar el 75% de la pensión cuando el retraso ha sido de entre uno y tres años.

Jubilación parcial y flexible: dos formas de reducir la jornada

La jubilación parcial está destinada a trabajadores por cuenta ajena que desean reducir su jornada antes de retirarse definitivamente. Con carácter general, permite disminuir el tiempo de trabajo entre un 25% y un 75% y cobrar la parte de pensión correspondiente a esa reducción. En determinados supuestos puede solicitarse hasta tres años antes de la edad ordinaria, siempre que se cumplan los requisitos establecidos y la empresa formalice simultáneamente un contrato de relevo indefinido y a tiempo completo, que deberá mantenerse al menos hasta dos años después de la finalización de la jubilación parcial. Cuando el anticipo supera los dos años, la reducción de jornada durante el primer año debe situarse entre el 20% y el 33%.

En cambio, la jubilación flexible está pensada para quienes ya cobran una pensión y deciden reincorporarse al mercado laboral. El Real Decreto 416/2026, en vigor desde el 28 de agosto, ha ampliado esta posibilidad a determinadas actividades por cuenta propia, siempre que el pensionista no hubiera estado dado de alta como autónomo durante los tres años anteriores a su jubilación. También permite trabajar por cuenta ajena con una jornada comprendida entre el 33% y el 80% de la correspondiente a un empleo a tiempo completo comparable.

En esta última modalidad, la pensión se reduce en función de la jornada realizada. Por ejemplo, trabajar el 60% de una jornada completa permite percibir, con carácter general, el 40% de la prestación. No obstante, quienes comiencen por primera vez una actividad a tiempo parcial después de seis meses de jubilación pueden beneficiarse de incrementos adicionales sobre el importe de la pensión compatible: del 25% si trabajan entre el 55% y el 80% de la jornada, o del 15% cuando la dedicación se sitúa entre el 33% y menos del 55%. Si la actividad es por cuenta propia, la pensión compatible equivale al 25%.

Retrasar la jubilación también permite aumentar los ingresos

Otra alternativa es la jubilación demorada, que consiste en continuar trabajando después de alcanzar la edad ordinaria sin comenzar todavía a cobrar la pensión. A diferencia de las modalidades anteriores, no permite percibir simultáneamente la prestación y el salario. La Seguridad Social contempla tres fórmulas de compensación: incrementar el importe de la futura pensión, recibir una cantidad mediante un pago único o combinar ambas opciones. La regulación vigente desde finales de agosto de 2026 ha introducido mejoras en el cálculo de la modalidad mixta y permite computar periodos semestrales a partir del segundo año de demora.

Las consecuencias al finalizar la actividad también varían según la modalidad elegida. Tanto en la jubilación activa como en la flexible se restablece el cobro íntegro de la pensión, pero las cotizaciones efectuadas durante estos periodos no mejoran, con carácter general, la prestación reconocida. En la flexible existe una excepción para determinados casos de jubilación anticipada involuntaria, en los que se recalcula la cuantía teniendo en cuenta los nuevos periodos cotizados. Por su parte, quienes opten por la jubilación parcial accederán a la pensión que les corresponda cuando se retiren definitivamente, de acuerdo con sus cotizaciones y las condiciones de cálculo aplicables.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) quiere recordar que los ciudadanos tienen derecho a recuperar la totalidad del dinero invertido en actividades deportivas, culturales o de ocio que resulten canceladas o aplazadas a causa de la convocatoria de las elecciones generales fijadas para el próximo 29 de noviembre. La coincidencia de la cita con las urnas con eventos de gran magnitud obliga a reprogramar múltiples espectáculos que requieren dispositivos especiales de seguridad o la ocupación de espacios públicos, garantizando que el usuario afectado mantenga intactos sus derechos.

Desde el organismo de defensa del consumidor se explica que la convocatoria electoral constituye un supuesto legal de fuerza mayor, al tratarse de una situación sobrevenida, imprevisible e inevitable para organizadores y asistentes. No obstante, la existencia de esta causa no faculta a las entidades promotoras para retener los importes cobrados por prestaciones no ejecutadas en las condiciones pactadas. Si la actividad cambia de fecha u hora y el comprador no puede asistir, el contrato queda resuelto y debe restituirse la totalidad de la suma pagada al usuario.

Las repercusiones del adelanto electoral ya se aprecian en el calendario de numerosos acontecimientos a lo largo de toda la geografía nacional, destacando casos emblemáticos como la Medio Maratón de Sevilla, trasladada al 13 de diciembre. De igual modo, en Canarias se han modificado citas multitudinarias como la Carrera por la Vida en Tenerife o el festival gastronómico Saborea Lanzarote. Además, se estima que al menos diez grandes conciertos en capitales de provincia deberán reestructurar su celebración debido a los requerimientos logísticos y policiales que exige la jornada de votación en cada municipio.

El derecho al reintegro abarca la devolución íntegra de las sumas abonadas por los asistentes, lo que incluye tanto el precio nominal de las entradas, inscripciones o dorsales como las comisiones de gestión. La legislación sobre defensa de los consumidores considera abusiva cualquier cláusula contractual que pretenda penalizar al cliente o retener porcentajes cuando la modificación del servicio es decidida por la entidad organizadora. Aquellos usuarios que acepten voluntariamente la nueva fecha propuesta conservarán la validez del título adquirido previamente para el acceso.

El escenario presenta mayor complejidad cuando se analiza el impacto en las reservas complementarias de hotel o transporte contratados independientemente. La OCU precisa que la suspensión del espectáculo no conlleva la anulación automática de los pasajes ni de las estancias, dado que dichos proveedores pueden continuar prestando sus servicios con normalidad en las fechas acordadas. Por ello, aerolíneas, compañías ferroviarias y establecimientos turísticos no están obligados a realizar devoluciones de manera directa salvo que la tarifa suscrita lo contemple.

Sin embargo, el usuario puede exigir el resarcimiento de estos costes de viaje cuando logre acreditar una vinculación directa entre el evento suspendido y los servicios de traslado o hospedaje contratados. Esta posibilidad cobra fuerza en el caso de paquetes turísticos combinados o de tarifas promocionales para participantes o público del evento. Ante estos supuestos, resulta vital revisar las condiciones particulares de cada contrato, así como las coberturas en las pólizas de seguro de cancelación para determinar el alcance exacto de las indemnizaciones a reclamar.

Cómo reclamar

A fin de tramitar las solicitudes de reembolso con las mayores garantías de éxito, la OCU recomienda a todos los perjudicados guardar de manera sistemática toda la documentación. Es imprescindible conservar comprobantes de pago, entradas, billetes, reservas hoteleras y copia de cualquier comunicado oficial enviado por las promotoras. Las reclamaciones deben formalizarse siempre por escrito ante el canal de venta utilizado, indicando el número de pedido, la fecha original y el importe abonado, verificando que la devolución del dinero se efectúe mediante el mismo método de pago empleado en la transacción inicial.

En aquellos supuestos en los que las empresas organizadoras o las plataformas de venta se nieguen a efectuar la devolución o no ofrezcan una respuesta satisfactoria, los usuarios pueden acudir a las Oficinas Municipales de Información al Consumidor o a la Dirección General de Consumo de cada comunidad autónoma. Asimismo, la OCU recuerda la posibilidad de recurrir al Sistema Arbitral de Consumo, un mecanismo público y gratuito que permite solucionar estos conflictos de forma vinculante y ágil sin necesidad de iniciar costosos procedimientos judiciales ante los tribunales de justicia de la jurisdicción ordinaria.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) han alertado sobre una campaña de estafa digital que trata de suplantar a la Dirección General de Tráfico (DGT). Los ciberdelincuentes distribuyen mensajes SMS y correos electrónicos para engañar exigiendo el pago urgente de una supuesta multa pendiente. La trampa utiliza la autoridad del organismo y la amenaza de sanciones para sembrar pánico. Para lograr credibilidad, los atacantes replican el logotipo institucional, lo que hace que muchas personas accedan al enlace por temor a recargos. Las autoridades recuerdan que la DGT jamás notifica sanciones por estos canales.

El funcionamiento de este fraude combina ingeniería social con páginas web fraudulentas muy elaboradas. La estafa comienza al recibir un aviso sobre una multa cuyo importe aumenta si no se abona de inmediato. Los mensajes advierten que la sanción inicial de 100 euros subirá a 200 y alcanzará 400 en apenas 24 horas. Esta estrategia busca anular la capacidad crítica del receptor para evitar que verifique la autenticidad del mensaje. Al pulsar en el enlace, la víctima llega a un portal malicioso que imita la sede electrónica de la DGT. Una vez dentro, se exige ingresar el nombre y la matrícula para consultar el expediente falso.

Las modalidades incluyen tanto mensajes de texto conocidos como smishing o correos denominados en este caso phishing. En los correos identificados por las autoridades se emplean asuntos engañosos sobre expedientes en curso o recordatorios de recargos. Los SMS suelen mostrar siglas oficiales en el remitente e invitan a revisar el expediente. Al analizar la dirección del remitente, se observa que no pertenece al dominio oficial de la DGT. A pesar de incluir siglas institucionales en el enlace, la URL dirige a servidores maliciosos administrados por ciberdelincuentes. La apariencia profesional confunde a los usuarios, convirtiendo esta campaña en un peligro constante.

Tras acceder a la plataforma fraudulenta e introducir la matrícula, la página muestra una sanción inventada por exceso de velocidad. Para persuadir a la víctima de completar el pago, la web exige una cantidad reducida de 70 euros, una cifra suficientemente baja para no generar alarma. A continuación, el sistema redirige a una pasarela falsa donde se requiere la numeración de la tarjeta, fecha de caducidad y código de seguridad. Algunas versiones muestran pantallas de validación que solicitan claves SMS que nunca llegan. Si la víctima introduce sus credenciales bancarias en esta interfaz, los estafadores obtienen el control absoluto sobre sus fondos.

Detectar este tipo de fraudes resulta fundamental para proteger la privacidad de los conductores frente al ciberdelito. Entre las principales señales destaca la extrema urgencia transmitida, así como plazos desproporcionados exigidos bajo amenaza de severos recargos. Asimismo, la presencia de erratas tipográficas, fallos gramaticales o correos no corporativos debería encender las alarmas de cualquier ciudadano. Desde la DGT aclaran que las sanciones solo se notifican por correo postal, Dirección Electrónica Vial o edictos. Ninguna institución pública solicita datos financieros ni pagos instantáneos mediante enlaces enviados por mensajería.

Medidas a tomar

En caso de recibir un mensaje sospechoso en el móvil o en el correo, se recomienda mantener la calma y no interactuar. Bajo ninguna circunstancia se debe pulsar en los enlaces, descargar archivos ni rellenar formularios. La conducta adecuada consiste en realizar capturas de pantalla como evidencia, bloquear al remitente y eliminar la comunicación. Si existen dudas sobre infracciones reales, el ciudadano debe verificar la información accediendo independientemente a la web oficial de la DGT. Reportar estos incidentes al canal de ciberseguridad ayuda a frenar la propagación de nuevos ataques en el país.

Cuando una persona ha sido engañada y ha facilitado datos bancarios en la web falsa, debe activar un protocolo de emergencia inmediato. Es prioritario contactar con la entidad financiera para solicitar el bloqueo preventivo de la tarjeta y revisar movimientos recientes. Adicionalmente, se deben conservar las pruebas del fraude para presentar una denuncia formal ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Asimismo, conviene acudir a la línea de ayuda en ciberseguridad para recibir asesoramiento ante la suplantación de identidad. Los expertos aconsejan practicar egosurfing periódicamente para comprobar si los datos personales se han publicado.

El Tesoro Público afronta un mes de octubre decisivo para su calendario de emisiones de deuda pública con la celebración de nuevas subastas en el mercado primario. El organismo dependiente del Ministerio de Economía mantiene su estrategia de obtener financiación a corto, medio y largo plazo mediante letras y bonos. Las fechas marcadas son el 6 y el 13 de octubre, dos jornadas clave en las que se ofrecerán diferentes tramos de vencimiento adaptados a la demanda. Estas emisiones coinciden con un creciente interés de los inversores particulares en busca de rentabilidades atractivas.

La primera cita del mes tendrá lugar este próximo martes 6, jornada reservada para la subasta de letras del Tesoro a plazos de 6 y 12 meses. En esta operación, las letras a 6 meses vencerán el 9 de abril de 2027, mientras que los títulos a 12 meses fijan su amortización el 8 de octubre de 2027. La fecha oficial de emisión de los valores adjudicados ha quedado establecida para el viernes 9 de octubre de 2026. Los títulos ofertados en este primer tramo permiten asegurar una rentabilidad fija a corto plazo, contando con el respaldo directo y la máxima garantía que ofrece el Estado.

Respecto a la operativa para acudir a la subasta del 6 de octubre, el plazo para presentar peticiones de forma online finalizó el 29 de septiembre. Sin embargo, los inversores particulares que optan por la vía presencial en las sucursales del Banco de España disponen hasta mañana viernes para registrar sus ofertas. Asimismo, los suscriptores no pertenecientes al Mercado Primario debieron aportar un depósito previo obligatorio del 2% sobre el nominal solicitado. Esta garantía se ajusta tras la subasta, devolviendo el sobrante de forma automática al inversor sin aplicar comisión alguna.

Una semana más tarde, el martes 13, el Tesoro celebrará la segunda subasta de letras del mes, centrada en los plazos de 3 y 9 meses. En este evento financiero, las letras a 3 meses tendrán su amortización el 15 de enero de 2027, mientras que las letras a 9 meses vencerán el 9 de julio de 2027. La fecha de emisión formal para ambos productos se ha fijado para el viernes 16 de octubre. Esta segunda convocatoria ofrece alternativas líquidas de muy corto plazo para aquellos perfiles ahorradores que prefieren flexibilidad y una rápida rotación del capital invertido.

Los plazos administrativos de la subasta del 13 de octubre fijan el límite de peticiones telemáticas en la web del Tesoro para el martes 6. Asimismo, la tramitación presencial en las oficinas del Banco de España permanecerá abierta hasta el mediodía del jueves 8. En el reparto de la deuda, el Tesoro adjudica en primer lugar las ofertas no competitivas, en las que el inversor solicita una cantidad en euros aceptando el precio medio ponderado resultante. A continuación, se ordenan y cubren las ofertas competitivas de mayor a menor precio hasta alcanzar la cantidad deseada.

Junto a las letras a corto plazo, la programación del Tesoro Público incluye subastas de Bonos y Obligaciones del Estado previstas para el 1 y el 15 de octubre de 2026. A diferencia del papel a corto plazo, los bonos y obligaciones son títulos de renta fija emitidos a medio y largo plazo con vencimientos entre dos y treinta años. Estos activos abonan cupones periódicos anuales de interés sobre el nominal adjudicado y comparten la exigencia de una inversión mínima de mil euros. Los detalles relativos al cupón y vencimiento de cada emisión se publican previamente en el Boletín Oficial del Estado.

Gran interés

El sistema de inversión en letras y bonos se basa en un valor nominal estandarizado de mil euros por título, requiriendo solicitudes en múltiplos exactos de dicha cifra. Las letras del Tesoro se emiten al descuento, por lo que el precio desembolsado en la suscripción es inferior al valor nominal recuperado al vencimiento. De este modo, la ganancia bruta del inversor equivale a la diferencia exacta entre los mil euros reembolsados por el Estado al amortizar el título y el importe menor pagado al inicio. Este mecanismo transparente garantiza conocer de antemano el rendimiento final de la operación.

El interés del público minorista por las emisiones del Tesoro se mantiene en niveles récord, impulsado por rendimientos que rondan el 3% anual a un año. Según los últimos datos del Banco de España, el saldo de letras en manos de particulares alcanzó los 22.081 millones de euros tras sumar 822 millones en un solo mes. Esta cifra representa el 26% del total en circulación, consolidando a la deuda pública como el refugio preferido por los ahorradores frente a la inflación previa a la próxima reunión de tipos del Banco Central Europeo.

El pago de la prestación por desempleo vuelve a concentrar buena parte de las consultas con la llegada de octubre. Para quienes dependen de este ingreso, conocer de antemano la previsión de cobro resulta útil para organizar recibos, compras y otros gastos habituales del mes.

Aunque existe un procedimiento común para tramitar estas ayudas, el dinero no aparece al mismo tiempo en todas las cuentas. La entidad bancaria puede adelantar el abono o ajustarse a sus propios tiempos de procesamiento, lo que provoca diferencias de varios días entre unos beneficiarios y otros.

En octubre de 2026, las previsiones vuelven a repartir los ingresos entre distintas jornadas según el banco. A ello se suman posibles desfases en la actualización de los movimientos, por lo que también conviene saber cuándo una demora entra dentro de la operativa habitual y cuándo puede ser necesario revisar el estado de la prestación.

Cuándo se cobra el paro en octubre

Las fechas previstas para recibir la prestación por desempleo en octubre de 2026 vuelven a variar según la entidad bancaria. Algunos bancos mantienen el ingreso alrededor del día 10, mientras que otros anticipan varios días el dinero a sus clientes conforme a su operativa habitual.

Banco Santander suele efectuar estos abonos entre el segundo y el tercer día hábil de cada mes. Teniendo en cuenta el calendario de octubre, esa referencia situaría el ingreso entre el viernes 2 y el lunes 5. Sus clientes podrían, por tanto, encontrarse entre los primeros en disponer de la prestación. Bankinter y Unicaja manejan como referencia el viernes 9 de octubre. En el caso de Unicaja, esta fecha responde a su práctica habitual de realizar el pago de la prestación por desempleo el día 9 de cada mes. CaixaBank, por su parte, sitúa el abono el sábado 10.

Estas jornadas sirven como orientación sobre cuándo podría aparecer el dinero en cada cuenta. El momento exacto puede depender de los procesos internos de cada entidad, por lo que el ingreso no tiene por qué reflejarse a la misma hora para todos los clientes.

Por qué el ingreso del paro puede variar según la entidad

El SEPE reconoce la prestación por desempleo y emite la orden de pago, pero la llegada efectiva del dinero a la cuenta también depende del banco. Cada entidad gestiona sus transferencias con sus propios tiempos, de modo que dos personas con una ayuda similar pueden disponer del importe en jornadas diferentes sin que exista ninguna anomalía.

Algunos bancos optan por adelantar el dinero a sus clientes antes de que se complete el calendario ordinario. Para ello se apoyan en la información previa que reciben sobre las nóminas y anticipan la cantidad con recursos propios. Esta decisión afecta únicamente al momento en el que el importe queda disponible, no a la cuantía reconocida ni a la duración de la prestación.

Las entidades que no aplican este sistema esperan a que el pago siga su curso habitual. Cuando intervienen fines de semana o festivos, el ingreso puede desplazarse al siguiente día laborable. Estas diferencias forman parte de la operativa bancaria y no implican por sí mismas que el expediente se encuentre bloqueado o suspendido.

También puede variar la hora a la que aparece el movimiento. Los procesos internos de actualización, los ciclos de cierre y el tratamiento de las transferencias hacen que el saldo no se renueve al mismo tiempo en todos los bancos. Por eso, que la prestación no figure a primera hora no significa necesariamente que exista un problema.

Qué revisar si el dinero no aparece en la cuenta

Cuando el ingreso no se muestra durante la jornada prevista, conviene comprobar los movimientos de la cuenta a lo largo del día antes de interpretar la ausencia como un impago. En algunos casos, el abono se refleja más tarde debido al propio funcionamiento de la entidad financiera.

Si pasan las fechas habituales y el dinero continúa sin llegar, el siguiente paso es consultar el estado de la prestación a través del SEPE. Esta revisión permite comprobar si el pago sigue aprobado, si existe alguna suspensión o si se ha producido una incidencia relacionada con la información bancaria vinculada al expediente.

Determinados cambios pueden influir en la tramitación, como una modificación reciente de la cuenta de cobro, una revisión administrativa o no haber renovado la demanda de empleo dentro del plazo correspondiente. En estos supuestos, el origen del problema puede estar en la gestión de la prestación y no en el banco.

Mantener actualizados los datos personales y bancarios y cumplir con las obligaciones asociadas a la ayuda reduce el riesgo de incidencias. En cualquier caso, conviene diferenciar entre un simple desfase en la contabilización del ingreso y una situación administrativa que esté impidiendo el pago.

El Ingreso Mínimo Vital afronta una nueva mensualidad en octubre con diferencias en las fechas previstas de cobro según la entidad bancaria. Para muchas personas y hogares, conocer con antelación cuándo puede llegar el dinero resulta útil para organizar los gastos habituales y prever el momento en el que la prestación estará disponible.

Además del calendario de pagos, conviene tener en cuenta que no todos los perceptores se encuentran en la misma situación. El acceso al IMV depende de una serie de requisitos económicos y familiares, mientras que quienes acaban de obtener una resolución favorable pueden seguir unos plazos distintos durante su primer ingreso.

La combinación entre las condiciones de acceso, el momento de concesión y la operativa de cada banco hace que el cobro no funcione de manera idéntica para todos los beneficiarios. Por eso, resulta útil distinguir entre quienes ya reciben la ayuda con normalidad y quienes están a la espera de incorporarse por primera vez al calendario mensual.

A quién está dirigido el Ingreso Mínimo Vital

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación de la Seguridad Social pensada para reforzar los ingresos de personas y hogares que se encuentran por debajo de determinados niveles económicos. No establece una cantidad idéntica para todos los beneficiarios, ya que el importe final depende de la situación de cada unidad de convivencia y de los recursos de los que dispone.

Para reconocer el derecho a esta ayuda se tienen en cuenta distintos factores, entre ellos la renta, el patrimonio, el número de integrantes del hogar y la situación de residencia. Puede solicitarla tanto una persona que viva sola como una familia o unidad de convivencia con varios miembros. Además, con carácter general, se exige haber residido legalmente y de forma continuada en España durante al menos el año anterior, salvo las excepciones previstas.

La cuantía se obtiene comparando los ingresos disponibles con la renta garantizada que corresponda en cada caso. Determinadas circunstancias, como tener hijos menores, las familias monoparentales o la presencia de personas con discapacidad, pueden influir mediante complementos adicionales. El cobro se mantiene mientras sigan reuniéndose las condiciones exigidas, por lo que los cambios económicos, familiares o de residencia que puedan afectar a la prestación deben comunicarse.

Cuándo se cobra el IMV de octubre

El momento en el que la mensualidad del Ingreso Mínimo Vital aparece en la cuenta depende en buena medida de la entidad financiera. Algunos bancos permiten disponer del dinero antes que otros, de modo que el calendario puede repartirse entre varias jornadas aunque todos los pagos correspondan al mismo periodo.

Banco Santander se situaría entre las primeras entidades en efectuar el abono, con ingresos previstos entre el jueves 22 y la noche del viernes 23 de octubre. CaixaBank tendría como referencia el sábado 24, mientras que BBVA mantendría su fecha habitual del día 25, que este mes coincide con domingo. Unicaja seguiría una operativa diferente, ya que por norma general suele realizar el pago durante el último día hábil del mes. En octubre de 2026 esa fecha corresponde al viernes 30, puesto que el día 31 cae en sábado.

En cualquier caso, estas fechas deben entenderse como referencias y pueden sufrir algún ajuste por la gestión interna de cada banco. Además, el movimiento no tiene por qué reflejarse a la misma hora en todas las cuentas, por lo que una demora durante la jornada prevista no implica necesariamente que exista una incidencia con la prestación.

Cómo funciona el primer ingreso del Ingreso Mínimo Vital

El comienzo del cobro del IMV no siempre sigue el mismo calendario que las mensualidades posteriores. En las solicitudes recién aprobadas, el momento en el que se recibe la primera transferencia depende de la fecha de resolución y de si el expediente entra a tiempo en el ciclo de pagos correspondiente.

Cuando la concesión se produce con el mes ya avanzado, el abono inicial puede trasladarse al siguiente periodo. Esto responde al proceso administrativo necesario para incorporar la prestación al sistema de pagos y no implica que el beneficiario pierda las cantidades que le correspondan desde que la ayuda empieza a generar efectos económicos.

Por eso, la fecha en la que se reconoce el derecho y el día en el que el dinero aparece en la cuenta pueden no coincidir. El primer ingreso puede reunir importes acumulados del periodo aprobado, según lo establecido en la resolución recibida.

Una vez efectuado ese abono inicial, la prestación pasa a seguir el calendario mensual habitual siempre que se mantengan los requisitos exigidos. A partir de entonces, el pago podrá ajustarse también a los posibles adelantos que aplique la entidad bancaria donde esté domiciliado.

El sector del transporte público de mercancías por carretera en España se enfrenta a una gran transformación administrativa debido a la obligatoriedad de digitalizar sus documentos de control. A partir del inminente 5 de octubre, las empresas dedicadas al traslado de carga en el ámbito nacional no podrán seguir utilizando el formato físico en papel. La medida, impulsada en la Ley de Movilidad Sostenible y desarrollada por el Ministerio de Transportes, impone el Documento electrónico de Control Administrativo para el transporte público interior.

Esta nueva exigencia legal no altera los contenidos de la norma que regula el documento de control, pero transforma su soporte. El archivo digital deberá ser un PDF generado desde aplicaciones informáticas estructuradas, quedando prohibido el escaneado de impresos manuscritos. Cada documento generado no podrá superar 5 megabytes y tendrá que incorporar un código QR legible desde dispositivos móviles. Dicho código deberá estar vinculado con una dirección web única desde la que la inspección podrá descargar el archivo correspondiente.

La responsabilidad de cumplimentar este certificado recae de manera solidaria sobre las figuras del cargador contractual y el transportista efectivo. La normativa explicita que el cargador responderá por la exactitud de los datos del envío, tales como el origen, el destino, la naturaleza de la carga y el peso de la mercancía. Por su parte, el transportista efectivo asumirá la responsabilidad sobre la ejecución material del viaje, incluyendo la matrícula del vehículo. La falta de emisión del documento antes de iniciar el trayecto supondrá una sanción.

El documento electrónico de control administrativo no requiere firma electrónica obligatoria para ser válido. Sin embargo, en caso de que las empresas decidan formalizar firmas voluntarias, estas deberán ajustarse a las especificaciones del reglamento comunitario europeo. Las opciones válidas suponen firmas electrónicas avanzadas o cualificadas, garantizando la identificación del firmante e integridad. De esta forma, si el documento experimenta cualquier alteración posterior, la firma quedará invalidada.

El ámbito de aplicación de este mandato digital abarca a los transportes públicos nacionales y a las operaciones de cabotaje realizadas en España. Por el contrario, quedan excluidos los transportes privados complementarios organizados por empresas cuya actividad principal no es la logística, aunque estas deberán portar documentación a bordo. Asimismo, los transportes internacionales regidos por el convenio CMR continuarán utilizando sus propios modelos sin que el eCMR sea imperativo en esta fecha. Existen también exenciones para mudanzas, grúas y paquetería.

Durante el desarrollo del viaje, la normativa contempla procedimientos para registrar incidencias o realizar cambios operativos en los datos del transporte. Si resulta necesario modificar elementos como el vehículo tractor o el conductor asignado, la empresa puede actualizar el archivo PDF original indicando los motivos del ajuste. Bajo esta modalidad, la dirección electrónica y el código QR de verificación se mantendrán inalterados para la inspección. Alternativamente, la plataforma podrá generar un nuevo archivo digital con su código QR, conservando el original.

La Administración pública ha simplificado los requisitos técnicos al eliminar la obligación de registrar previamente los dominios web donde se custodian los archivos. Las compañías de transporte no están obligadas a subir su documentación a una plataforma centralizada del Ministerio de Transportes, sino a mantenerla disponible. No obstante, los sistemas utilizados deberán garantizar la conservación de la información durante un plazo mínimo de un año, una arquitectura descentralizada que otorga autonomía a los operadores logísticos.

Regulación continental

Desde Esofitec, empresa especializada en soluciones tecnológicas de facturación, contabilidad, gestión y recursos humanos, creen que esta normativa “vuelve a poner de manifiesto que la digitalización forma parte de la hoja de ruta de las administraciones y que las empresas deben abordarla de forma integrada. Hay que tener cuidado con no ir sumando herramientas independientes cada vez que aparece una nueva obligación -asegura Víctor Bernués, consultor ERP de la compañía-, sino conseguir que el software de gestión acompañe los cambios normativos y permita automatizar procesos que antes requerían intervención manual”.

La digitalización del documento de control constituye el primer paso de un plan de modernización que culminará con la implantación del marco europeo eFTI. Esta regulación continental permitirá la lectura e intercambio armonizado de datos logísticos entre empresas y autoridades de la Unión Europea mediante plataformas certificadas. Mientras se despliega dicha infraestructura técnica comunitaria, la solución nacional mediante PDFs estructurados con código QR garantiza una transición ordenada.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a un nuevo paquete de medidas para afrontar la escalada de los precios energéticos, que continúan disparados siete meses después del inicio del conflicto en Irán. Una subida que impacta de lleno en los conductores que tienen que pasar cada semana por las gasolineras para llenar su depósito y comprueban que el precio no deja de aumentar. 

“Hoy aprobamos en Consejo de Ministros un tercer paquete de medidas para seguir protegiendo a hogares y sectores afectados por la guerra en Irán”, señala el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa a través de sus redes sociales.

Para aliviar esta subida, el ejecutivo ha prorrogado las rebajas fiscales en la gasolina y el gasóleo que vencían este mes de septiembre. Ahora se aplicarán, al menos, hasta finales de diciembre. 

Para mitigar el encarecimiento de los carburantes, el Gobierno sigue apostando por un recorte en el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, que supondrá un alivio de 20 céntimos en el precio de estos carburantes en octubre, de 13 en noviembre y de 6 en diciembre. En cualquier caso, no se descarta que la cuantía vuelva a subir en noviembre y diciembre si el precio del petróleo sigue disparado. 

Nuevo descuento para diésel y gasolina

El borrador del Real Decreto-Ley adelantado por elDiario.es prevé un descuento de 20 céntimos en el precio de estos carburantes en octubre, de 13 en noviembre y de 6 en diciembre. Unas ayudas que irán a la baja, confiando en que el precio del petróleo no siga disparado, aunque no hay garantías de que eso ocurra ni de que Estados Unidos e Irán lleguen a un acuerdo duradero.

De esta forma, el ejecutivo sigue apostando por una rebaja en el Impuesto de Hidrocarburos, una medida que se ha venido aplicando en los últimos meses, también con diferentes descuentos. 

Los cálculos del Gobierno pasaban porque esa situación mejorase a lo largo del año. De hecho, para julio, agosto y septiembre se estimó una rebaja en el precio de gasolina sin plomo y el gasoil de 15, 10 y 5 céntimos por litro, respectivamente. Pero eso no ha ocurrido y los precios energéticos siguen disparados, lo que ha obligado a prorrogar estas medidas económicas. 

Además, dentro de estas medidas y descuentos previstos por el Gobierno para mitigar los efectos de la guerra en Oriente Próximo, se mantiene vigente la cláusula automática de reactivación, por la que se volvería a reducir 20 céntimos por litro si la inflación interanual de los carburantes supera el 15 %.

Desde este mes de septiembre, los operadores de telefonía móvil en España tienen la obligación legal de aplicar un bloqueo automático sobre todos los mensajes SMS, MMS y comunicaciones RCS comerciales cuyo remitente alfanumérico no aparezca inscrito en el Registro de Alias oficial. Esta iniciativa regulatoria, supervisada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), representa el último despliegue del Plan Antiestafas del Gobierno para atajar los fraudes digitales de suplantación de identidad o smishing que afectan diariamente a miles de usuarios en todo el país.

Con la entrada en vigor de este mecanismo, las redes telefónicas españolas filtran de manera continua todo el tráfico de mensajería dirigido a números nacionales. A partir de ahora, cualquier entidad pública o privada —incluyendo bancos, aseguradoras, empresas de transporte, comercios y administraciones públicas— que pretenda remitir avisos utilizando su nombre comercial, marca registrada, denominación social o dominio web deberá haber completado previamente la correspondiente inscripción en la base de datos del regulador estatal para que sus notificaciones puedan ser efectivamente entregadas en los teléfonos móviles de los usuarios receptores.

El procedimiento técnico establece que las compañías operadoras deben consultar diariamente la base de datos pública gestionada por la CNMC para verificar la legitimidad de las cabeceras. Cuando un mensaje intente transmitirse utilizando un identificador alfanumérico que no coincida con la lista oficial de remitentes validados, la red lo interceptará y bloqueará de forma automatizada antes de su recepción. Además, el mecanismo exige garantizar una vinculación directa entre el titular legítimo de la marca y los proveedores de servicios de mensajería o agregadores autorizados para gestionar la transmisión técnica de los envíos comerciales.

Dentro de los protocolos de seguridad estipulados, los proveedores de mensajería habilitados quedan obligados a ejecutar medidas de bloqueo directo en origen siempre que detecten identificadores no registrados, intermediarios no autorizados o envíos que carezcan de la confirmación explícita del titular. De forma complementaria, las empresas operadoras deberán interceptar sistemáticamente todos los mensajes dirigidos a números españoles que procedan de empresas extranjeras no inscritas formalmente en España, estableciéndose como única excepción operativa aquellos supuestos en los que el usuario se encuentre en itinerancia o roaming.

El desarrollo normativo de este sistema se fundamenta en la Orden TDF/149/2025 y en diversas resoluciones de la CNMC. El Registro de Alias quedó constituido en marzo y, posteriormente, se anunció que la base de datos estaría operativa desde el 7 de junio. Sin embargo, la fecha límite para la aplicación del bloqueo se aplazó mediante la Orden Ministerial TDF/558/2026, publicada en el BOE, a petición de los operadores y del propio regulador para gestionar el elevado volumen de solicitudes registradas y testear adecuadamente la compleja integración de los sistemas en red.

Tras vencer esta moratoria técnica, la CNMC ha confirmado que no se otorgarán nuevas prórrogas a las compañías. Aquellas entidades que no hayan registrado sus alias no podrán enviar comunicaciones identificadas con su nombre, aunque conservan la opción de remitir SMS si prescinden de la cabecera comercial. Asimismo, los identificadores de nueva creación pueden tramitarse en cualquier momento a través de la Sede Electrónica del organismo. Como medida de transición, las solicitudes presentadas antes del 14 de septiembre contarán con autorización temporal de hasta tres meses mientras se resuelve su expediente en el registro.

La regulación de las cabeceras alfanuméricas supone un gran cambio en un ámbito informativo que hasta la fecha carecía de control normativo y permitía el uso libre de nombres comerciales por parte de terceros. Según los datos recopilados por las autoridades, el conjunto del Plan Antiestafas ha conseguido bloquear desde marzo un total de 48 millones de llamadas fraudulentas y más de 2,2 millones de SMS engañosos. Esta estrategia de protección digital se reforzará además en octubre, fecha en la que entrará en vigor la obligación para las empresas de utilizar únicamente el prefijo 400 en llamadas comerciales, bajo la misma amenaza de bloqueo en red.

La puesta en marcha de este control ha generado diversas reacciones entre los colectivos de protección al consumidor. La OCU ha valorado la iniciativa como un avance positivo aunque mostró cautela al recordar que medidas previas resultaron insuficientes con el paso del tiempo. Por su parte, FACUA-Consumidores en Acción ha reclamado un esfuerzo decidido de inspección a las administraciones para perseguir los intentos de fraude bloqueados, mientras la CNMC insiste a pymes, autónomos y empresas en la necesidad de revisar notificaciones electrónicas y mantener actualizada la inscripción de sus marcas.

El cobro de las pensiones de septiembre vuelve a situar el calendario bancario entre las principales referencias para quienes reciben esta prestación. Para muchos hogares, conocer con cierta antelación cuándo llegará el ingreso permite organizar los gastos de las últimas semanas del mes, desde recibos pendientes hasta compras habituales relacionadas con la recuperación de la rutina después del verano.

El sistema ordinario establece que las pensiones se pagan a mes vencido. Esto significa que la mensualidad correspondiente a septiembre debería abonarse entre el primer día hábil y el cuarto día natural de octubre. Ese es el margen general previsto, aunque en la práctica una parte importante de los pensionistas no tendrá que esperar hasta entonces para disponer del dinero.

La razón está en la política que aplican numerosas entidades financieras, que acostumbran a anticipar el ingreso a sus clientes antes de que termine el propio mes. Como este adelanto no se produce de manera simultánea en todos los bancos, la pensión de septiembre llegará en distintas jornadas en función de dónde esté domiciliada. Las previsiones disponibles concentran la mayor parte de los pagos entre el 22 y el 25 de septiembre.

Cuándo paga cada banco la pensión en septiembre

El calendario previsto para septiembre de 2026 comienza el martes 22, cuando Bankinter y Unicaja tienen previsto efectuar el ingreso. Sus clientes se situarían así entre los primeros en disponer de la mensualidad, varios días antes de que finalice septiembre y también con antelación respecto al periodo ordinario establecido para los primeros días de octubre.

La siguiente fecha destacada será el jueves 24 de septiembre. CaixaBank y Banco Santander sitúan en esa jornada el pago previsto para sus clientes, por lo que quienes tengan domiciliada la pensión en alguna de estas entidades podrían encontrar el movimiento reflejado en sus cuentas a partir de ese día.

El viernes 25 concentrará buena parte del resto de los abonos. BBVA, Banco Sabadell, Ibercaja, ING, Cajamar, Kutxabank y ABANCA, entre otras entidades, manejan esa fecha como referencia. De esta manera, la mayoría de los pensionistas que reciben un adelanto bancario cobraría entre el martes 22 y el viernes 25 de septiembre.

Estas jornadas deben entenderse como previsiones y pueden registrar pequeñas variaciones por cuestiones relacionadas con la operativa de cada banco. Además, el adelanto aplicado por las entidades no modifica el funcionamiento general de las pensiones, que continúan abonándose a mes vencido. La diferencia es que determinados clientes pueden disponer del importe antes de que llegue el periodo ordinario comprendido entre el primer día hábil y el cuarto día natural del mes siguiente.

Qué revisar si la pensión no llega a la cuenta

Que la mensualidad no aparezca en la fecha esperada no significa automáticamente que exista un problema con la prestación. Antes de iniciar cualquier gestión, conviene comprobar qué jornada ha establecido la propia entidad financiera, ya que cada banco puede aplicar un calendario diferente. El hecho de que otros pensionistas ya hayan cobrado tampoco implica necesariamente que todos los ingresos deban haberse realizado al mismo tiempo.

Si la fecha prevista por el banco ya ha pasado y el dinero continúa sin aparecer, la primera consulta puede hacerse directamente con la entidad. Esta puede comprobar si la transferencia todavía está pendiente de contabilización, si ha surgido algún retraso puntual en el procesamiento o si existe una incidencia relacionada con la cuenta. Esta revisión resulta especialmente útil cuando se han producido cambios recientes en la domiciliación o se han modificado los datos bancarios.

Cuando el banco no detecta ningún problema que explique la ausencia del ingreso, la comprobación puede trasladarse a la Seguridad Social. A través de sus canales de atención se puede consultar si la orden de pago se ha emitido correctamente y si la información asociada al expediente se encuentra actualizada. Para facilitar la gestión, conviene disponer de los datos personales, la cuenta en la que debe recibirse la pensión y cualquier comunicación reciente relacionada con la prestación.

También resulta recomendable revisar si existe algún aviso administrativo pendiente o alguna modificación que todavía no haya terminado de tramitarse. En cualquier caso, es importante diferenciar entre un retraso en el adelanto ofrecido voluntariamente por el banco y una incidencia real con la mensualidad. Ambos calendarios son distintos, por lo que no recibir el dinero en una de las fechas anticipadas no significa por sí solo que la pensión no vaya a abonarse dentro del plazo correspondiente.

Para muchos trabajadores, la llegada de la edad de jubilación no significa necesariamente el fin de su vida laboral. Sin embargo, la incompatibilidad del cobro de la pensión con seguir al frente de un negocio o realizar trabajos por cuenta propia suscita muchas dudas. “En España, el punto de partida es bastante claro: la pensión de jubilación, en su modalidad ordinaria, es incompatible con el trabajo”, asegura Jaime Carrasco del Olmo, fundador de VIPA Asesores.

A pesar de esta norma general, existen excepciones legales que permiten la convivencia de ambas situaciones. El asesor explica a elDiario.es los casos más comunes y los requisitos necesarios para evitar problemas con la Seguridad Social.

La jubilación activa

“La principal vía para compatibilizar pensión y trabajo es la llamada jubilación activa, que permite continuar con una actividad profesional una vez alcanzada la edad ordinaria de jubilación”, señala Carrasco del Olmo. “No obstante, no es automática ni aplicable a cualquier situación: exige, entre otras cosas, haber generado el derecho al 100% de la pensión”, advierte. Otro de los requisitos para poder acogerse es haber accedido a la jubilación a la edad legal y no de manera anticipada. 

En este régimen, generalmente se cobra el 50% de la pensión mientras se sigue trabajando.

Autónomos con empleados

Existe una ventaja significativa para los trabajadores por cuenta propia en el régimen de jubilación activa que cuenten con, al menos, un trabajador contratado, destaca el asesor: “Es posible cobrar el 100% de la pensión mientras se mantiene la actividad”. 

“Eso sí, incluso en estos supuestos, se mantiene la obligación de cotizar, aunque de forma limitada”, avisa Carrasco del Olmo. “Este es un detalle que a menudo se pasa por alto y que también puede generar incidencias si no se tiene en cuenta”.

Actividades puntuales

Existe la creencia popular de que, si los ingresos anuales no superan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), no es necesario darse de alta como autónomo ni declarar la actividad a efectos de la pensión. Pero el asesor aclara que esta idea “no funciona como una regla automática” y que este es “probablemente uno de los escenarios que más confusión genera”.

En el caso de actividades de escasa entidad económica o carácter puntual, el experto afirma que “la compatibilidad no está definida de forma tan clara [como en la jubilación activa] y depende mucho de cómo se interprete la actividad en concreto”.

El riesgo no está solo en cuánto se gana, señala Carrasco del Olmo: “La Seguridad Social no analiza únicamente el nivel de ingresos, sino también la habitualidad de la actividad”. Así, si el organismo detecta una actividad continuada y organizada, puede exigir la devolución de la pensión percibida y el pago de las cuotas de autónomo no ingresadas. 

Cómo evitar las sanciones

“Si hay un patrón común en los casos que acaban en regularización, es la falta de planificación previa”, afirma el asesor. “Muchas veces no hay una intención de incumplir, sino simplemente decisiones tomadas sin conocer bien el encaje legal” añade. La clave para no recibir una notificación de la Seguridad Social exigiendo la devolución de dinero es la previsión.

“Antes de iniciar cualquier actividad tras la jubilación, lo más prudente es analizar el caso concreto: tipo de ingresos, frecuencia de la actividad, estructura… y, a partir de ahí, determinar qué figura es la adecuada”, recomienda Carrasco del Olmo. Lo más sencillo para no equivocarse es consultar con un experto, no fiarse de criterios informales y comunicar correctamente la situación a la administración.

“La compatibilidad entre pensión y trabajo existe, pero no es flexible ni automática: funciona bien cuando se ajusta a las reglas, fuera de ahí es donde empiezan los problemas”, resume el experto.

El cobro de las pensiones de septiembre vuelve a situar el calendario bancario entre las principales referencias para quienes reciben esta prestación. Para muchos hogares, conocer con cierta antelación cuándo llegará el ingreso permite organizar los gastos de las últimas semanas del mes, desde recibos pendientes hasta compras habituales relacionadas con la recuperación de la rutina después del verano.

El sistema ordinario establece que las pensiones se pagan a mes vencido. Esto significa que la mensualidad correspondiente a septiembre debería abonarse entre el primer día hábil y el cuarto día natural de octubre. Ese es el margen general previsto, aunque en la práctica una parte importante de los pensionistas no tendrá que esperar hasta entonces para disponer del dinero.

La razón está en la política que aplican numerosas entidades financieras, que acostumbran a anticipar el ingreso a sus clientes antes de que termine el propio mes. Como este adelanto no se produce de manera simultánea en todos los bancos, la pensión de septiembre llegará en distintas jornadas en función de dónde esté domiciliada. Las previsiones disponibles concentran la mayor parte de los pagos entre el 22 y el 25 de septiembre.

Cuándo paga cada banco la pensión en septiembre

El calendario previsto para septiembre de 2026 comienza el martes 22, cuando Bankinter y Unicaja tienen previsto efectuar el ingreso. Sus clientes se situarían así entre los primeros en disponer de la mensualidad, varios días antes de que finalice septiembre y también con antelación respecto al periodo ordinario establecido para los primeros días de octubre.

La siguiente fecha destacada será el jueves 24 de septiembre. CaixaBank y Banco Santander sitúan en esa jornada el pago previsto para sus clientes, por lo que quienes tengan domiciliada la pensión en alguna de estas entidades podrían encontrar el movimiento reflejado en sus cuentas a partir de ese día.

El viernes 25 concentrará buena parte del resto de los abonos. BBVA, Banco Sabadell, Ibercaja, ING, Cajamar, Kutxabank y ABANCA, entre otras entidades, manejan esa fecha como referencia. De esta manera, la mayoría de los pensionistas que reciben un adelanto bancario cobraría entre el martes 22 y el viernes 25 de septiembre.

Estas jornadas deben entenderse como previsiones y pueden registrar pequeñas variaciones por cuestiones relacionadas con la operativa de cada banco. Además, el adelanto aplicado por las entidades no modifica el funcionamiento general de las pensiones, que continúan abonándose a mes vencido. La diferencia es que determinados clientes pueden disponer del importe antes de que llegue el periodo ordinario comprendido entre el primer día hábil y el cuarto día natural del mes siguiente.

Qué revisar si la pensión no llega a la cuenta

Que la mensualidad no aparezca en la fecha esperada no significa automáticamente que exista un problema con la prestación. Antes de iniciar cualquier gestión, conviene comprobar qué jornada ha establecido la propia entidad financiera, ya que cada banco puede aplicar un calendario diferente. El hecho de que otros pensionistas ya hayan cobrado tampoco implica necesariamente que todos los ingresos deban haberse realizado al mismo tiempo.

Si la fecha prevista por el banco ya ha pasado y el dinero continúa sin aparecer, la primera consulta puede hacerse directamente con la entidad. Esta puede comprobar si la transferencia todavía está pendiente de contabilización, si ha surgido algún retraso puntual en el procesamiento o si existe una incidencia relacionada con la cuenta. Esta revisión resulta especialmente útil cuando se han producido cambios recientes en la domiciliación o se han modificado los datos bancarios.

Cuando el banco no detecta ningún problema que explique la ausencia del ingreso, la comprobación puede trasladarse a la Seguridad Social. A través de sus canales de atención se puede consultar si la orden de pago se ha emitido correctamente y si la información asociada al expediente se encuentra actualizada. Para facilitar la gestión, conviene disponer de los datos personales, la cuenta en la que debe recibirse la pensión y cualquier comunicación reciente relacionada con la prestación.

También resulta recomendable revisar si existe algún aviso administrativo pendiente o alguna modificación que todavía no haya terminado de tramitarse. En cualquier caso, es importante diferenciar entre un retraso en el adelanto ofrecido voluntariamente por el banco y una incidencia real con la mensualidad. Ambos calendarios son distintos, por lo que no recibir el dinero en una de las fechas anticipadas no significa por sí solo que la pensión no vaya a abonarse dentro del plazo correspondiente.

Guardar las nóminas durante años puede convertirse en una precaución importante de cara a la jubilación. Estos documentos permiten comprobar el salario percibido y las bases por las que se ha cotizado y pueden servir como respaldo si, al revisar el historial laboral, aparecen diferencias respecto a la información registrada por la Seguridad Social. Como medida práctica, se recomienda conservarlas durante al menos 10 años, aunque mantenerlas durante más tiempo puede resultar conveniente teniendo en cuenta los periodos utilizados para calcular la futura pensión.

La razón está en la información que contiene cada recibo salarial. Además del importe que finalmente recibe el trabajador, la nómina desglosa conceptos como el salario bruto y las bases de cotización. Comparar periódicamente esos datos con el informe de bases de cotización permite detectar posibles discrepancias antes de que hayan pasado años y estas puedan terminar repercutiendo en una prestación.

La legislación, sin embargo, no establece que el trabajador tenga que guardar sus nóminas durante un número determinado de años. El artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores obliga a que el salario se liquide y pague documentalmente y establece que la empresa debe entregar un recibo individual que justifique ese pago, con las percepciones y deducciones correspondientes. No impone al empleado un periodo concreto durante el que deba conservarlo.

Los plazos legales que sí hay que tener en cuenta

Existen, no obstante, distintos plazos que explican por qué conviene no desprenderse rápidamente de esta documentación. Para reclamar cantidades económicas derivadas de la relación laboral, el artículo 59.2 del Estatuto de los Trabajadores establece un plazo de un año, que comienza a contar desde el momento en que la acción puede ejercitarse. Una nómina puede ser relevante, por ejemplo, para acreditar cantidades que el trabajador considere pendientes.

En materia de Seguridad Social, el horizonte es distinto. El artículo 24 de la Ley General de la Seguridad Social determina que prescriben a los cuatro años tanto el derecho de la Administración para determinar deudas por cuotas como la acción para exigir su pago y para imponer sanciones por incumplimientos de las normas de Seguridad Social. El mismo precepto contempla además circunstancias que interrumpen esa prescripción, entre ellas determinadas actuaciones administrativas dirigidas a liquidar o recaudar la deuda.

También existe una obligación específica para las empresas. La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social considera infracción leve no conservar durante cuatro años la documentación que acredita determinadas obligaciones en materia de Seguridad Social, incluidos los documentos de cotización y los recibos justificativos del pago de salarios. Ese plazo empresarial, sin embargo, no debe confundirse con una obligación equivalente para el empleado.

Por qué la jubilación amplía el horizonte

La jubilación explica por qué puede resultar conveniente mantener un archivo personal durante mucho más tiempo. La Ley General de la Seguridad Social contempla una implantación gradual de la nueva fórmula para calcular la base reguladora. Desde el 1 de enero de 2026, se toman las 302 bases de cotización de mayor importe comprendidas dentro de los 304 meses inmediatamente anteriores al mes previo al hecho causante. Este periodo irá aumentando progresivamente hasta que, desde 2037, se aplique íntegramente la fórmula que selecciona 348 meses consecutivos (29 años) y escoge las 324 bases de mayor importe.

Además, para las jubilaciones causadas después del 31 de diciembre de 2025 y antes del 31 de diciembre de 2040, la entidad gestora aplicará la regulación vigente el 1 de enero de 2023 cuando ese cálculo resulte más favorable que el correspondiente en la fecha de jubilación. Por eso, los 10 años deben entenderse como una recomendación práctica y no como un plazo impuesto al trabajador por la legislación: conservar documentación de periodos anteriores puede proporcionar respaldo si posteriormente se detectan diferencias entre los datos salariales y las bases de cotización registradas.

A partir de hoy martes 15 de septiembre ya se encuentra abierto el plazo oficial para solicitar las nuevas ayudas municipales de 600 euros destinadas a sustituir ciclomotores de combustión por modelos eléctricos en Barcelona. Esta convocatoria pública se dirige a personas físicas y empresas censadas en la capital catalana que hayan adquirido un vehículo eléctrico de categoría L1eB y desguazado uno térmico. Se trata de una línea de subvenciones que permanecerá activa hasta el 30 de septiembre de 2028 o hasta agotar los fondos anuales. La medida busca descarbonizar un segmento clave de la movilidad urbana que había quedado al margen de las ayudas a la renovación.

Para beneficiarse de la ayuda de 600 euros por vehículo nuevo, la normativa municipal establece como requisito indispensable entregar para su desguace un ciclomotor de combustión tradicional. Un aspecto fundamental de la medida es su carácter retroactivo, ya que podrán acogerse todas las operaciones de compra y desguace ejecutadas desde el 1 de marzo de este año. La aportación fija de 600 euros tiene como límite un máximo del 50% del precio del vehículo sin IVA, lo que representa entre un 16% y un 40% del coste total de un ciclomotor eléctrico en el mercado actual. Las solicitudes se otorgarán por orden de entrada hasta agotar el presupuesto de cada ejercicio.

Con el propósito de simplificar la tramitación administrativa para la ciudadanía, el consistorio barcelonés ha reducido la documentación requerida a únicamente dos comprobantes esenciales. Las personas que deseen tramitar la ayuda solo deberán aportar el justificante de compra del ciclomotor eléctrico nuevo y el certificado de desguace del vehículo térmico. Para facilitar el procedimiento, los depósitos de Barcelona de Serveis Municipals prestan el servicio de desguace de forma gratuita para los usuarios y entregan de forma inmediata el certificado oficial válido. El trámite puede realizarse íntegramente a través del portal informático municipal.

La puesta en marcha de este plan responde a un diagnóstico detallado sobre el parque rodante de dos ruedas en la capital catalana. Actualmente, Barcelona registra un censo de 32.000 ciclomotores, de los cuales unos 8.000 son eléctricos y 24.000 funcionan con motores de combustión interna. De estos últimos, los servicios municipales estiman que unos 18.000 circulan de forma habitual por la ciudad, generando aproximadamente 3.000 toneladas de dióxido de carbono cada año. Con este programa se pretende acelerar la sustitución progresiva de estos vehículos contaminantes por alternativas de cero emisiones, mejorando la calidad del aire y reduciendo el ruido.

La dotación destinada específicamente a esta línea de ayudas para el periodo 2026-2028 asciende a 5,2 millones de euros. No obstante, la iniciativa forma parte de una estrategia global más amplia proyectada hasta el año 2030, cuya inversión global alcanzará los 15 millones de euros. Con esta cifra se prevé financiar la renovación de hasta 24.000 ciclomotores de combustión e impulsar la instalación de 64 estaciones públicas de intercambio de baterías en la ciudad. Próximamente, el equipo de gobierno anunciará la aprobación de una convocatoria específica destinada a subvencionar la infraestructura técnica de recarga en estas estaciones para dar servicio diario.

Objetivo, 2030

Esta ambiciosa medida se enmarca formalmente dentro de un plan estratégico para luchar contra el cambio climático e impulsar una transición ecológica justa en Barcelona. El Pla Clima contempla una inversión acumulada de 1.800 millones de euros hasta 2030 en actuaciones de mitigación y adaptación. El objetivo final es alcanzar un parque de ciclomotores 100% eléctrico en 2030, poniendo la salud ciudadana en el centro y reduciendo más de un millón de toneladas de emisiones contaminantes en un horizonte de cinco años. La transición a la movilidad eléctrica no solo descarbonizaría el transporte ligero, sino que transformaría de forma sostenible el entorno urbano diario.

El plan municipal cuenta con el apoyo explícito de las entidades integradas en el Observatori de la Motocicleta, como Anesdor, Motoristes per Barcelona y la P(A)T, reafirmando el compromiso sectorial con la descarbonización. La creación paralela de la red de 64 estaciones de intercambio de baterías permitirá sustituir baterías agotadas por cargadas en pocos segundos, eliminando uno de los principales obstáculos percibidos por los usuarios para dar el salto a la movilidad eléctrica. Con esta visión integral, Barcelona trata de consolidar un modelo pionero que combina incentivos económicos e infraestructuras estratégicas para garantizar un cambio de paradigma efectivo.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y la Policía Nacional han alertado a la ciudadanía de la propagación de una peligrosa modalidad de ciberestafa a través de WhatsApp. Esta amenaza, calificada por expertos en ciberseguridad como un ataque de tipo zero-click, está generando un impacto social más elevado de lo habitual en España. A diferencia de los engaños tradicionales, donde los ciberdelincuentes necesitan convencer al usuario para que pulse un enlace malicioso, escanee un código QR o descargue un archivo adjunto infectado, esta técnica vulnera el perfil de la víctima sin requerir interacción alguna por su parte.

Y es que la peligrosidad radica en que el titular del teléfono sigue utilizando su cuenta con total normalidad, completamente ajeno al fraude que los atacantes están ejecutando de forma paralela a su propio nombre. El origen del problema técnico se encuentra en la explotación en cadena de dos fallos de seguridad que afectan directamente a dispositivos móviles desactualizados. Según los investigadores, las bandas criminales aprovechan una vulnerabilidad crítica presente en anteriores versiones de iOS, combinada con un fallo en la app de mensajería. Este escenario de riesgo se produce principalmente en teléfonos antiguos cuyo software no ha sido renovado por falta de espacio o por omitir las descargas de seguridad.

Los desarrolladores de la plataforma han lanzado parches que corrigen estas brechas, por lo que la exposición al ataque afecta de forma exclusiva a quienes mantienen terminales y aplicaciones en versiones obsoletas desprovistas del código de protección. Una vez que los ciberdelincuentes logran el acceso no autorizado al perfil, despliegan una cuidada estrategia de suplantación de identidad dirigida a los contactos más estrechos de la víctima. Utilizando la cuenta legítima del usuario, los atacantes entran en las conversaciones recientes con familiares o amigos para solicitarles transferencias económicas urgentes.

Los mensajes apelan al vínculo afectivo inventando situaciones de apuro, como la necesidad de abonar un envío contra reembolso o adquirir un móvil por una supuesta rotura del terminal habitual. Al recibir la comunicación desde el número y chat de siempre, las personas del entorno confían plenamente en la veracidad de la petición e ingresan importes elevados en cuentas señaladas por los estafadores sin llegar a sospechar en ningún momento del engaño.

La clave técnica que permite a los estafadores mantener el delito en la absoluta invisibilidad se basa en la sincronización de la cuenta a través de dispositivos vinculados. Los atacantes interactúan mediante la versión web de la plataforma y, tras enviar los textos fraudulentos, seleccionan de inmediato la opción de eliminar solo para mí. Como consecuencia de la sincronización entre el terminal del titular y el equipo del atacante, los mensajes enviados se borran instantáneamente de la pantalla de la víctima pero permanecen intactos en los chats de los destinatarios. De este modo, la persona suplantada no encuentra ningún rastro ni registro de las peticiones en su historial.

Las fuerzas de seguridad y el INCIBE han registrado múltiples casos documentados que demuestran el elevado alcance de este fraude desde sus primeras detecciones en Italia durante el año 2026. Un ejemplo esclarecedor es el de usuarios jóvenes y profesores universitarios cuyos padres y parejas recibieron solicitudes de pago por importes cercanos a los mil euros de manera totalmente inesperada. Las víctimas no llegaron en ningún momento a facilitar códigos SMS de confirmación ni claves PIN, lo que evidencia la eficacia del ataque directo al sistema. La efectividad psicológica reside en la absoluta confianza interpersonal que caracteriza a las conversaciones de WhatsApp, donde el receptor no intuye que tras el perfil habitual se encuentra una red criminal.

Cómo reaccionar

Ante cualquier sospecha de que la cuenta de mensajería ha sido comprometida por este método, las autoridades recomiendan activar de forma inmediata un protocolo estricto de contención de daños. El primer paso consiste en alertar cuanto antes a los contactos más cercanos utilizando medios alternativos, como llamadas de voz, SMS tradicionales o correo electrónico, para que no realicen ninguna transferencia bancaria. Posteriormente, es indispensable acceder a los ajustes de la aplicación para revisar la sección de dispositivos vinculados y cerrar cualquier sesión no reconocida. Asimismo, se aconseja desinstalar y volver a instalar la aplicación.

Para consolidar la protección del teléfono móvil y evitar futuros ciberataques, resulta imprescindible actualizar el sistema operativo iOS y la aplicación a su última versión disponible de manera urgente. Junto a la actualización de software, los especialistas insisten en la activación inmediata de la verificación en dos pasos desde la configuración de seguridad de la app. En el caso de que se haya materializado algún perjuicio económico, es necesario contactar de inmediato con la entidad bancaria para intentar la cancelación del pago y acudir a la Policía Nacional o Guardia Civil para interponer la correspondiente denuncia.

La vuelta al cole supone cada año un importante desembolso para las familias, pero una parte de esos gastos puede traducirse después en un ahorro en el IRPF. Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) recuerdan que las comunidades autónomas cuentan con deducciones vinculadas a libros de texto, material escolar, guarderías, idiomas y otras actividades educativas, aunque las condiciones varían según el lugar de residencia. Los gastos realizados este año podrán deducirse, cuando corresponda, en la declaración de la Renta de 2026, que se presentará entre abril y junio de 2027.

Entre las ventajas más extendidas aparecen las relacionadas con los libros de texto y el material escolar. Canarias, Aragón, Asturias y Baleares permiten deducir el 100% de estos gastos, aunque con diferentes límites y topes de ingresos, mientras que Castilla-La Mancha contempla el 100% exclusivamente para la compra de libros. Extremadura establece una deducción de 15 euros por hijo, Murcia alcanza los 120 euros para material escolar y Madrid permite desgravar el 15% de determinados gastos de escolaridad.

De los libros a las clases de idiomas

Las deducciones pueden extenderse también a academias y actividades extraescolares. Aragón permite deducir el 25% por clases extraescolares, mientras que Andalucía contempla un 15% de las cantidades destinadas a enseñanza escolar o extraescolar de idiomas, informática o ambas materias. Baleares, Madrid y Murcia incorporan igualmente una deducción del 15% por el gasto en clases extraescolares de idiomas.

Las diferencias territoriales afectan asimismo a los gastos de guardería y escolarización privada de los menores de tres años. Gestha señala que este tipo de deducciones autonómicas son habituales, con distintos porcentajes, en Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, La Rioja y la Comunidad Valenciana. La escolarización pública hasta los tres años se fue implantando de forma gratuita y progresiva desde el curso 2022-2023, mientras que los gastos en centros privados pueden complementar la deducción estatal por maternidad.

Hasta 1.000 euros adicionales por gastos de guardería

Al margen de las deducciones autonómicas existe un beneficio estatal para las familias con niños pequeños. La deducción por maternidad puede incrementarse hasta en 1.000 euros anuales cuando quien tenga derecho a ella haya pagado gastos de custodia de un hijo menor de tres años en guarderías o centros de educación infantil autorizados. Este incremento se suma a la deducción estatal por maternidad para quienes cumplan las condiciones que dan acceso a esta última.

Los datos de Gestha muestran, sin embargo, que su utilización es limitada. Según las estadísticas del IRPF de 2024, 796.576 declarantes utilizaron la deducción por maternidad, de los cuales 723.582 fueron madres. En cuanto al incremento por gastos de guardería o centros de educación infantil autorizados, fue aplicado por 437.645 declarantes, de los que 409.718 eran madres. En total se dedujeron 251,8 millones de euros por este concepto, con una cuantía media de 575 euros.

Guardar las facturas para poder aplicar la deducción

Los porcentajes anunciados no implican que todas las familias puedan recuperar automáticamente esas cantidades. Cada comunidad determina los límites máximos deducibles y los umbrales de base imponible que no deben superarse para acceder a sus beneficios fiscales. Por eso, dos contribuyentes con un gasto educativo similar pueden obtener resultados diferentes en función de su residencia y de las condiciones establecidas para cada deducción.

Gestha recomienda, además, conservar las facturas y justificantes de los gastos educativos que puedan generar derecho a deducción. Libros de texto, material escolar, uniformes, idiomas, actividades extraescolares o guarderías reciben un tratamiento distinto según el territorio y no basta con haber realizado el desembolso: el contribuyente debe cumplir los requisitos correspondientes y poder acreditar las cantidades satisfechas cuando llegue el momento de presentar la declaración.

A partir del recién iniciado mes de septiembre la Seguridad Social ha puesto en marcha una reforma que transforma la comunicación con los trabajadores: quienes soliciten o perciban una prestación por incapacidad temporal deberán relacionarse con el organismo por medios electrónicos. Esto supone que las comunicaciones tradicionales en papel desaparecen para este colectivo. Los destinatarios de estas notificaciones, por lo tanto, tendrán que estar muy pendientes a partir de ahora de sus ‘buzones’ digitales para no perder citas, requerimientos o plazos clave de obligado cumplimiento, agilizando así la gestión de los expedientes.

Con esta medida, la administración busca avanzar en la digitalización de los servicios públicos para simplificar los trámites de los ciudadanos. Esta modificación legal viene recogida de forma detallada en la Orden ISM/541/2026, de 27 de mayo, publicada oficialmente en el Boletín Oficial del Estado. El nuevo marco regulatorio amplía significativamente la relación de personas físicas que tienen la obligación de utilizar la vía telemática para sus gestiones con la Seguridad Social. Hasta este momento, dicha obligatoriedad recaía principalmente sobre beneficiarios de prestaciones por nacimiento y cuidado de menor, o riesgos durante el embarazo.

Ahora, la lista incorpora plenamente a quienes se encuentren en procesos de incapacidad temporal, de incapacidad permanente o lesiones permanentes no incapacitantes, afectando a un gran número de trabajadores en activo. El contenido de estas notificaciones electrónicas resulta trascendental para la situación jurídica y económica de cada uno de los trabajadores afectados. A través de este nuevo canal digital, los ciudadanos recibirán resoluciones administrativas de reconocimiento de la prestación, prórrogas de su situación de baja médica o la posible denegación del subsidio.

Asimismo, se enviarán de forma exclusiva por esta vía los requerimientos oficiales para aportar documentación necesaria, las citaciones para someterse a reconocimientos médicos obligatorios y cambios sobre el cobro de la baja. Es por esta razón que resulta indispensable que el usuario incorpore la nueva rutina de revisar de forma periódica su buzón de notificaciones en la plataforma digital. Para acceder a este buzón de notificaciones, las personas interesadas disponen de diversos canales oficiales proporcionados por la propia Administración General del Estado. Podrán consultar toda la información de interés de manera telemática entrando en la Sede Electrónica de la Seguridad Social, en la Dirección Electrónica Habilitada Única o a través de la aplicación móvil de Mi Carpeta Ciudadana.

En cualquiera de estas plataformas, el usuario deberá identificarse de forma electrónica mediante cl@ve, certificado digital o DNI electrónico, asegurando la privacidad total y la validez legal. Estos sistemas de firma electrónica garantizan una entrada segura para que el beneficiario consulte de forma directa y personal el estado real de sus expedientes administrativos. Uno de los puntos clave de este nuevo procedimiento telemático reside en los plazos temporales fijados por la normativa para el acceso a la información. Una vez que la Seguridad Social pone a disposición de un trabajador una notificación electrónica en su sede virtual, se inicia un plazo de diez días naturales para su lectura. En el caso de que la persona no acceda a consultar el documento en ese periodo, la notificación se entenderá legalmente practicada y rechazada. Por lo tanto, no basta con esperar pasivamente un aviso, sino que es obligatoria la consulta activa.

Con el objetivo de evitar descuidos involuntarios en la recepción de estos trámites, la Seguridad Social ha implementado un servicio complementario de alertas. A través de este mecanismo de cortesía, el organismo remitirá un aviso informativo mediante un mensaje de texto corto al teléfono móvil o a la dirección de correo electrónico del usuario. Sin embargo, estas alertas son informativas y carecen de validez jurídica en el procedimiento. Aunque no se reciba el mensaje por un error técnico, el plazo de diez días naturales seguirá computando exactamente igual para el interesado. Por ello, se recomienda actualizar los datos de contacto y realizar revisiones constantes para evitar pérdidas de plazos importantes.

Varias excepciones

Aunque el objetivo de la administración pública es avanzar firmemente en la digitalización, la normativa prevé que el correo en papel tradicional continúe existiendo de forma excepcional. La Seguridad Social mantendrá el envío de cartas ordinarias en aquellos supuestos concretos donde carezca de los datos de contacto telemáticos del ciudadano o cuando la situación exija una intervención urgente. Del mismo modo, se utilizará el papel si el trámite incluye cheques o si es precisa la entrega presencial, facilitándose también apoyo público presencial en las oficinas de los CAISS.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones fundamenta esta decisión digitalizadora señalando que los trabajadores en activo disponen en general de las capacidades y dispositivos electrónicos necesarios. Esta medida pretende optimizar la gestión pública, acortar los plazos administrativos y ofrecer una mayor seguridad jurídica al evitar posibles retrasos o pérdidas de las comunicaciones físicas tradicionales. La relevancia de este cambio es indudable si se tiene en cuenta que en España cerca de 1.200.000 trabajadores se encuentran de baja laboral diariamente en la actualidad, un volumen de personas que justifica plenamente la modernización integral de la gestión burocrática estatal.

El certificado digital se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas para identificarse por internet y poder realizar trámites oficiales. Permite acreditar la identidad de su titular y firmar documentos o formularios electrónicos, de manera que muchas gestiones pueden resolverse sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina. Entre sus usos se encuentran trámites fiscales, consultas administrativas, solicitudes de subvenciones o actuaciones relacionadas con registros públicos.

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre expide el Certificado Electrónico de Ciudadano, también conocido como certificado de persona física. Se trata de un documento digital que incorpora los datos identificativos de su titular y permite realizar operaciones a través de internet con garantías de identificación. Puede solicitarlo cualquier ciudadano español o extranjero, mayor de edad o menor emancipado, siempre que disponga de DNI o NIE. Su obtención es mayoritariamente gratuita, aunque uno de los métodos disponibles para acreditar la identidad sí tiene un coste adicional.

La FNMT ofrece varias formas de conseguirlo como archivo descargable en un ordenador o en un teléfono. Entre ellas se encuentran la identificación por vídeo, la acreditación presencial, el uso del DNI electrónico y el procedimiento específico mediante dispositivo móvil. Esta última opción permite iniciar la solicitud, completar la comprobación de identidad y descargar después el certificado desde la aplicación oficial, evitando desplazamientos cuando se utiliza alguna de las modalidades que pueden realizarse a distancia.

Cómo pedir el certificado digital desde el móvil

El primer paso es instalar la aplicación oficial de la FNMT, disponible de forma gratuita para dispositivos iOS y Android. Una vez abierta, hay que acceder a la opción destinada a solicitar el certificado digital. Desde ahí, la aplicación permite elegir entre tres sistemas diferentes para comprobar la identidad de la persona que realiza la petición: utilizar el DNI electrónico, acudir a una oficina de acreditación o completar una identificación por vídeo.

La opción con DNIe requiere que el documento esté en vigor y que el usuario conozca su PIN. El proceso se completa escaneando el DNI electrónico y realizando después la validación con esa clave personal. Si el titular no recuerda el PIN, puede obtener uno nuevo en los equipos habilitados para ello en dependencias de la Policía Nacional.

La segunda alternativa es presencial. En este caso, la propia aplicación muestra las oficinas en las que puede realizarse la acreditación. El usuario debe acudir a uno de esos puntos para confirmar su identidad antes de continuar con la descarga. Conviene consultar previamente las condiciones de atención, ya que algunas dependencias requieren cita previa para completar este paso.

Quienes prefieran realizar el procedimiento sin desplazarse y no utilicen el DNIe pueden recurrir a la vídeo identificación. Este servicio cuesta 2,99 euros más IVA y permite iniciar la comprobación desde casa. Una vez hecho el proceso, la revisión tarda aproximadamente 48 horas hábiles. Después, la persona recibe un correo electrónico en el que se informa de si la identificación ha sido aprobada o rechazada.

Las tres opciones tienen el mismo objetivo: comprobar la identidad del solicitante antes de emitir el documento electrónico. La diferencia está en la forma de hacerlo. El DNIe permite completar la gestión a distancia si se dispone del documento y del PIN, mientras que la vídeo identificación también evita la visita presencial, aunque tiene coste. La acreditación en oficina es gratuita, pero obliga a desplazarse y, en determinados casos, a reservar una cita.

Qué se puede hacer después y qué hay que tener en cuenta

Cuando la identidad ya ha sido validada, el certificado queda disponible dentro de la aplicación. Para localizarlo, hay que entrar en el apartado de certificados solicitados, desde donde puede descargarse directamente en el teléfono. A partir de ese momento, puede utilizarse en los servicios electrónicos que admitan esta forma de identificación y también para firmar documentos y formularios oficiales por internet.

El certificado permite realizar distintos trámites con administraciones públicas y algunas entidades privadas. Entre sus usos están presentar y liquidar impuestos, formular recursos o reclamaciones, consultar e inscribirse en el padrón municipal, revisar multas de circulación, realizar gestiones relacionadas con subvenciones, consultar la asignación de colegios electorales o cumplimentar determinados datos administrativos. Su utilidad concreta dependerá de que el servicio correspondiente acepte este sistema.

Para quienes necesiten hacer gestiones en línea relacionadas con el empleo, disponer del certificado en el móvil puede evitar parte de los desplazamientos asociados a la identificación electrónica. Aun así, tenerlo instalado no significa que cualquier trámite pueda completarse necesariamente desde el teléfono, ya que cada servicio puede establecer sus propios requisitos técnicos y de acceso.

También hay una condición que conviene conocer antes de iniciar una nueva solicitud desde la aplicación. Si el usuario ya dispone de un certificado de persona física expedido por la FNMT y solicita otro mediante el móvil, el anterior se revoca automáticamente. La nueva emisión sustituye, por tanto, al que estuviera vigente hasta ese momento.

El sistema unificado de Abono Único de transportes, disponible en nuestro país desde el pasado mes de enero, podrá ser utilizado en las redes de transporte que son competencia de las comunidades autónomas y ayuntamientos, según ha anunciado este martes el Ministerio de Transportes. El Abono Único fue implementado a comienzos de año para simplificar la experiencia de viaje y promover un acceso más sencillo a los diferentes servicios de transporte en todo el territorio nacional, al permitir a los viajeros combinarlo con otros títulos y abonos existentes.

Hasta ahora, sin embargo, este abono solo se podía utilizar en los servicios de transporte de titularidad estatal, por lo que el objetivo es que los viajeros puedan utilizar la misma tarifa incluso cuando utilizan servicios que son competencia de diferentes administraciones en un mismo trayecto. El sistema se basa en el reconocimiento mutuo de títulos de viaje entre las administraciones adheridas y los servicios estatales, según la orden publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Ministerio de Transportes ha informado este martes que el Abono Único ha alcanzado los 4,5 millones de viajes en todo el territorio nacional desde su entrada en vigor en enero de este año. Del total, 2 millones se han realizado en autobús interregional (44,3 %), más de 2,1 millones en tren de media distancia (47,3 %) y 377.000 en Cercanías, incluyendo la red catalana de Rodalies (8,23 %).

Qué redes están cubiertas hasta ahora con el Abono Único

A falta de la adhesión de nuevos servicios autonómicos y locales, el Abono Único ya integra las concesiones de transporte regular por carretera, los servicios de Cercanías y Rodalies de Renfe, y varios trayectos de Media Distancia y AVANT (Ourense-A Coruña, Madrid-Salamanca, Alicante-Murcia y Avant Exprés Barcelona-Tortosa, a excepción del tramo Barcelona-Tarragona).

El título unificado no se puede utilizar para servicios de transporte de alta velocidad, de mercancías ni servicios comerciales o turísticos. En fases futuras podrían sumarse transporte marítimo o fluvial metropolitano, transporte por cable y transporte a la demanda en zonas rurales.

La orden publicada este martes en el BOE especifica que la adhesión será voluntaria para comunidades autónomas y entidades locales, las cuales podrán incorporarse mediante convenios donde se detallen los servicios disponibles, sus operadores, así como los títulos de viaje y otros aspectos financieros.

Qué es y cuánto cuesta el Abono Único

El Abono Único es un billete de transporte personal e intransferible, que permite a su titular realizar viajes ilimitados durante 30 días. Con él, los usuarios pueden desplazarse en trenes de Cercanías, Rodalies, Media Distancia y algunos servicios AVANT, así como en autobuses interregionales de titularidad estatal.

Esta característica lo convierte en una herramienta práctica para quienes necesitan movilidad frecuente y un ahorro frente a la compra de billetes individuales. El precio del abono es de 60 euros mensuales, aunque existe una modalidad especial para los jóvenes. Las personas nacidas a partir del 1 de enero de 2000 pueden acceder al Abono Único joven por un precio reducido de 30 euros.

Además, las familias cuentan con beneficios adicionales, ya que se mantiene la gratuidad del transporte para menores de 15 años, conforme a las bonificaciones implementadas por el Ministerio desde junio de 2025. Esta medida asegura que los más jóvenes puedan viajar sin coste adicional, fomentando el uso del transporte y facilitando los desplazamientos familiares.

Cómo activar el Abono Único

Para activar el Abono Único, los usuarios pueden utilizar distintos canales de venta habilitados por los operadores adheridos, incluyendo taquillas, máquinas de venta en estaciones y terminales, y en páginas web oficiales. Al realizar la adquisición, cada abono se identifica con un localizador único, que permite asociar el título de transporte al usuario y validar los viajes que realice durante su periodo de vigencia.

En el caso del Abono Único joven, dirigido a personas menores de 26 años, es necesario completar un registro previo. Una vez registrado, el usuario recibe un código personal que deberá introducir al momento de comprar el abono a través de los canales habilitados. Esto garantiza que la tarifa especial se aplique correctamente.

Después de la compra, el titular del abono puede elegir la fecha de inicio dentro de los 30 días posteriores a la adquisición. A partir de la fecha seleccionada, el Abono Único estará activo durante 30 días naturales, permitiendo viajes ilimitados en los servicios incluidos sin necesidad de adquirir billetes adicionales. Este sistema facilita la planificación de desplazamientos y asegura que el abono se ajuste a las necesidades de cada usuario.

Requisitos, condiciones y sanciones

Para utilizar correctamente el Abono Único, el titular debe llevar siempre su DNI o NIE, ya que el abono es personal e intransferible. Solo la persona registrada puede hacer uso del título, y cualquier intento de compartirlo con otros usuarios se considera un uso indebido que puede generar sanciones.

Aunque el abono permite viajes ilimitados, existen reglas específicas según el tipo de transporte. En los autobuses solo se permite una reserva por sentido y por día, salvo en trayectos cortos, donde algunas empresas autorizan hasta dos reservas por sentido en la misma jornada. En Renfe Media Distancia no se puede encadenar trenes consecutivos si entre las salidas hay menos de 180 minutos o menos del triple de la duración del primer trayecto, ni se pueden realizar más de cuatro viajes de ida o vuelta con reserva de plaza en un mismo día.

El uso incorrecto del abono incluye prestar el título o el código de descuento a otra persona, no anular reservas previamente realizadas, superar los límites de reservas permitidas o utilizar la modalidad joven sin cumplir los requisitos de edad y residencia. En los autobuses, las anulaciones deben hacerse con al menos 24 horas de antelación y en Media Distancia o AVANT, al menos 60 minutos antes de la salida programada.

El incumplimiento de estas normas puede derivar en sanciones, que incluyen el bloqueo temporal del Abono Único o la anulación del código de descuento. El bloqueo implica la pérdida del derecho a devolución y la imposibilidad de adquirir un nuevo abono durante 60 días. Entre las causas de bloqueo se encuentran el uso del abono por un viajero distinto al titular y reservar sin viajar ni anular la reserva hasta tres veces siguiendo los plazos mínimos de antelación establecidos.

Septiembre llega con una nueva mensualidad de la prestación por desempleo para las personas que tienen reconocido este derecho. El ingreso forma parte del sistema de protección gestionado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y se mantiene mientras continúen cumpliéndose las condiciones exigidas para conservar la ayuda.

La vuelta a la rutina tras el verano convierte este pago en una referencia importante para muchos hogares, especialmente en un periodo marcado por el regreso de numerosos gastos habituales. Saber qué días manejan las distintas entidades permite tener una orientación sobre el momento en el que podría estar disponible la cantidad correspondiente.

El calendario de septiembre de 2026 permite concretar varias previsiones según el banco en el que esté domiciliada la prestación. A partir de esas referencias, también resulta útil conocer por qué pueden producirse diferencias entre unas cuentas y otras y qué aspectos conviene revisar cuando el importe esperado no aparece.

Cuándo ingresan los bancos el paro en septiembre

Las fechas de cobro de la prestación por desempleo pueden variar durante septiembre en función de la entidad bancaria. Aunque algunos bancos concentran el ingreso en torno al día 10, otros lo anticipan varios días de acuerdo con su operativa habitual.

Banco Santander suele situar estos abonos entre el segundo y el tercer día hábil de cada mes. En septiembre de 2026, esa referencia correspondería al miércoles 2 o al jueves 3, por lo que sus clientes podrían disponer del dinero durante los primeros días del mes. Unicaja acostumbra a efectuar el pago de la prestación por desempleo el día 9, que en esta ocasión cae en miércoles. CaixaBank y Bankinter, por su parte, fijan como referencia el jueves 10 de septiembre para que el importe quede reflejado en las cuentas de sus beneficiarios.

El momento exacto en el que aparezca el dinero puede depender de los procesos internos de cada entidad. Por ello, incluso entre clientes de un mismo banco, el ingreso puede no mostrarse a la misma hora durante la jornada prevista.

Por qué el paro puede aparecer antes o después según el banco

El SEPE es el organismo encargado de reconocer la prestación por desempleo y ordenar su pago, pero eso no significa que todos los beneficiarios vean el ingreso reflejado en su cuenta al mismo tiempo. La fecha concreta depende también de la entidad financiera y de la forma en la que esta gestione las transferencias recibidas.

Algunos bancos deciden anticipar el dinero antes de que llegue el día habitual de cobro. Para hacerlo, utilizan la información que reciben previamente sobre las nóminas y adelantan el importe con sus propios fondos. Esta práctica responde a una decisión comercial de cada entidad y únicamente afecta al momento en el que el beneficiario puede disponer del dinero, sin modificar la cuantía, la duración ni las condiciones de la ayuda.

Las entidades que no ofrecen este anticipo esperan a que la transferencia siga su tramitación ordinaria. En esos casos, el abono puede producirse alrededor de la fecha establecida o desplazarse cuando intervienen fines de semana y festivos. Por este motivo, que dos personas con la misma prestación cobren en días distintos no implica necesariamente que una de ellas tenga algún problema con su expediente.

También pueden darse diferencias dentro de una misma jornada. Cada banco trabaja con sus propios ciclos de actualización y procesamiento, de manera que el ingreso puede aparecer a distintas horas. Los horarios internos, los sistemas informáticos o el momento en el que se ejecutan las órdenes explican que el saldo no siempre se actualice a primera hora del día previsto.

Qué comprobar si la prestación no aparece en la cuenta

Cuando el abono no se refleja en el momento esperado, conviene revisar primero los movimientos bancarios durante toda la jornada. En ocasiones, la transferencia se incorpora más tarde y la ausencia del dinero durante las primeras horas no significa que exista una incidencia con el pago.

Si transcurre el periodo habitual y la cantidad sigue sin aparecer, el siguiente paso es consultar la situación de la prestación a través de los canales del SEPE. Esta comprobación permite saber si el abono continúa aprobado, si se ha producido alguna suspensión o si existe algún problema relacionado con los datos asociados al expediente.

Hay determinadas circunstancias que también pueden alterar la llegada del dinero, como un cambio reciente de cuenta bancaria, una revisión administrativa o el incumplimiento de alguna obligación vinculada al mantenimiento de la prestación. Entre ellas se encuentra la renovación de la demanda de empleo dentro del plazo correspondiente.

Por ello, es importante distinguir entre una diferencia provocada por la operativa bancaria y una incidencia administrativa. Mantener actualizados los datos personales y financieros, además de cumplir con las obligaciones exigidas, resulta necesario para que el pago pueda tramitarse con normalidad, independientemente del día concreto en el que cada entidad haga disponible el importe.

El Ingreso Mínimo Vital sigue siendo una de las principales prestaciones económicas dirigidas a los hogares con menos recursos. Su funcionamiento combina una serie de requisitos de acceso, una cuantía adaptada a cada caso y un sistema de pagos mensuales que puede variar según el momento en el que se reconoce la ayuda y la entidad bancaria en la que esté domiciliada.

Con la llegada de septiembre, una de las dudas habituales entre quienes ya tienen reconocido el IMV es saber cuándo recibirán la próxima mensualidad. Aunque existe un calendario general, algunos bancos adelantan el ingreso y permiten disponer del dinero antes que otros, por lo que no todos los beneficiarios ven reflejado el pago en su cuenta el mismo día.

A estas diferencias se añade la situación de quienes empiezan a cobrar la prestación por primera vez. En estos casos, el primer ingreso puede seguir unos plazos distintos a los pagos habituales, dependiendo del momento en el que se haya aprobado la solicitud y de cuándo quede incorporada al ciclo de abonos correspondiente.

Quién puede acceder al Ingreso Mínimo Vital y cómo se determina la ayuda

El Ingreso Mínimo Vital forma parte de las prestaciones de la Seguridad Social y está dirigido a personas y familias que no alcanzan determinados niveles de ingresos. Su objetivo es garantizar una base económica mínima a los hogares con menos recursos, aunque la cantidad concedida no es la misma en todos los casos y depende de las circunstancias concretas de cada beneficiario.

Pueden acceder tanto personas que viven solas como unidades de convivencia formadas por varios miembros. Para recibirlo es necesario cumplir una serie de condiciones relacionadas con los ingresos disponibles, el patrimonio, la composición del hogar y la residencia. Como norma general, también se exige haber residido de forma legal y continuada en España durante al menos el año anterior, salvo en los casos que la normativa contempla como excepción.

Para calcular la cuantía se tiene en cuenta la diferencia entre los recursos del hogar y la renta garantizada que corresponda según sus características. Algunos perfiles, como los hogares con menores, las familias monoparentales o aquellos en los que hay personas con discapacidad, pueden tener derecho a complementos adicionales. La prestación se mantiene mientras sigan cumpliéndose las condiciones exigidas, por lo que cualquier cambio en la situación económica, familiar o de residencia debe comunicarse.

Cuándo se cobra el IMV de septiembre

La fecha en la que se recibe el Ingreso Mínimo Vital puede cambiar de una entidad bancaria a otra, ya que algunas adelantan el pago respecto al calendario ordinario. Por este motivo, los beneficiarios no siempre reciben la mensualidad en la misma jornada, aunque se trate de la misma prestación.

Banco Santander sitúa el pago del IMV entre el martes 22 y el jueves 24 de septiembre. CaixaBank, por su parte, tendría como referencia el jueves 24, mientras que BBVA mantendría su fecha habitual y realizaría el ingreso el viernes 25. En el caso de Unicaja, el funcionamiento suele ser distinto. Esta entidad acostumbra a abonar el IMV el último día hábil del mes, que en septiembre de 2026 corresponde al miércoles 30.

Estas fechas pueden variar en función de la gestión interna de cada banco y del procesamiento de los pagos. Por eso, que el dinero no aparezca a primera hora del día previsto no significa necesariamente que exista algún problema con la prestación.

Qué ocurre con el primer cobro del Ingreso Mínimo Vital

Quienes empiezan a recibir el Ingreso Mínimo Vital pueden encontrarse con unos plazos distintos a los de las personas que ya cobran la prestación de forma habitual. La fecha del primer pago depende del momento en el que se resuelva favorablemente la solicitud y de cuándo se incorpore al procedimiento de abonos correspondiente.

Si la aprobación llega cuando el mes ya está en marcha, es posible que el ingreso no se haga efectivo hasta la siguiente nómina. Esta situación puede producirse especialmente cuando la resolución llega cerca del cierre del periodo de tramitación, ya que el expediente debe quedar incluido en el proceso administrativo antes de que se ordene la transferencia.

Ese intervalo entre la concesión y la llegada del dinero a la cuenta no significa que se pierdan las cantidades reconocidas. El primer pago puede incluir los importes que correspondan desde la fecha en la que la prestación empieza a tener efectos económicos, según figure en la resolución recibida por el beneficiario.

A partir de ese primer abono, el IMV pasa a seguir su funcionamiento mensual habitual siempre que continúen cumpliéndose los requisitos. Desde entonces, el ingreso se ajusta al calendario ordinario de la prestación y, cuando corresponda, a los posibles adelantos que aplique la entidad bancaria en la que esté domiciliado el pago.

La Seguridad Social cambiará desde este martes, 1 de septiembre, la forma de comunicar determinadas actuaciones a algunos trabajadores y beneficiarios de prestaciones. La modificación amplía el uso de los canales electrónicos en varios procedimientos. A partir de esa fecha, quienes estén incluidos en los nuevos supuestos tendrán que prestar más atención a la Sede Electrónica para consultar las notificaciones relacionadas con sus expedientes.

La medida está recogida en la Orden ISM/541/2026 y supone un nuevo avance en el uso de las comunicaciones digitales dentro de la Seguridad Social. El cambio no afectará por igual a todos los ciudadanos ni hará obligatoria la vía telemática para cualquier persona que cobre una prestación. Su aplicación se limita a determinados trámites relacionados principalmente con situaciones de incapacidad.

Esto tampoco significa que las cartas vayan a desaparecer por completo. Aunque el canal electrónico pasará a ser el principal para los colectivos afectados, la normativa mantiene varios supuestos en los que la Administración podrá seguir utilizando medios no digitales. El cambio que entra en vigor en septiembre amplía, por tanto, el número de personas que deberán consultar sus comunicaciones por internet, pero conserva otras vías cuando se den determinadas circunstancias.

A quién afecta el cambio desde el 1 de septiembre

Uno de los grupos que se incorpora a esta obligación es el de las personas que hayan solicitado o estén cobrando una prestación por incapacidad temporal. Esto incluye a trabajadores que se encuentren de baja laboral y tengan abierto un procedimiento relacionado con esa situación. Las comunicaciones vinculadas a estos expedientes pasarán a realizarse principalmente por vía electrónica.

La modificación también afecta a las notificaciones relacionadas con una incapacidad permanente y con lesiones permanentes no incapacitantes. En estos casos, la obligación dependerá del procedimiento concreto al que haga referencia la comunicación. Esto no significa que cualquier pensionista tenga que recibir a partir de ahora todas sus notificaciones de manera digital.

El sistema electrónico ya incluye además a quienes solicitan o cobran prestaciones por nacimiento y cuidado de un menor, así como a las personas que reciben ayudas relacionadas con el riesgo durante el embarazo o la lactancia natural. Estos colectivos seguirán sujetos al mismo régimen que tenían hasta ahora. El cambio no pone en marcha un sistema completamente nuevo, sino que amplía el número de personas físicas obligadas a utilizarlo en determinados procedimientos.

Cómo se recibirán las notificaciones y cuándo se mantendrá el papel

Las personas afectadas tendrán que consultar sus comunicaciones a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social. Cuando haya una nueva notificación disponible, el organismo enviará un aviso al correo electrónico o al teléfono móvil que el interesado haya facilitado previamente. Ese mensaje servirá para informar de que existe un documento pendiente de consulta.

Para acceder a su contenido será necesario identificarse mediante alguno de los sistemas habilitados, como el certificado digital, el DNI electrónico o Cl@ve. La notificación se considerará recibida en el momento en el que el destinatario acceda y consulte el documento. Si no lo hace, empezará a contar un plazo máximo de diez días desde que la comunicación quede disponible.

Una vez transcurridos esos diez días sin que el interesado haya entrado al contenido, la notificación se entenderá rechazada. Esto obliga a quienes estén incluidos en este régimen a revisar sus canales electrónicos cuando tengan algún trámite abierto, ya que dejar de recibir una carta en casa no significa que el procedimiento administrativo se detenga.

Aun así, la Seguridad Social podrá seguir utilizando medios no electrónicos en determinados casos. Entre ellos se encuentran las situaciones en las que sea necesaria una entrega presencial para garantizar la eficacia de una actuación administrativa o cuando exista una urgencia que haga incompatible esperar al funcionamiento habitual del canal digital.

También podrá recurrirse a otra forma de comunicación cuando el organismo no disponga del número de teléfono móvil o del correo electrónico del interesado para enviarle el aviso correspondiente. Estas excepciones mantienen la posibilidad de utilizar el papel en situaciones concretas, aunque deje de ser la vía habitual para los nuevos colectivos que pasan a estar obligados a recibir las comunicaciones electrónicamente.

Quiénes no están obligados a recibir las notificaciones por vía electrónica

La reforma no convierte a todos los beneficiarios de la Seguridad Social en usuarios obligatorios de las notificaciones electrónicas. Ser pensionista, por sí solo, no implica quedar incluido en la nueva obligación. Quienes cobren una pensión de jubilación, viudedad u orfandad no pasarán a recibir todas sus comunicaciones exclusivamente por internet únicamente por percibir alguna de estas prestaciones.

Lo mismo ocurre con las personas que reciben el Ingreso Mínimo Vital o determinadas prestaciones familiares. Ser beneficiario de estas ayudas tampoco supone por sí mismo que todas las notificaciones tengan que pasar al canal digital a partir del 1 de septiembre.

La clave está en el tipo de procedimiento al que se refiera cada comunicación. La obligación se aplica únicamente a los supuestos concretos recogidos en la normativa y no a cualquier relación con la Seguridad Social. Por este motivo, una misma persona puede encontrarse dentro o fuera del sistema electrónico en función de la prestación o del expediente que tenga abierto.

Desde septiembre, el principal cambio para los trabajadores afectados será la necesidad de consultar de forma activa la Sede Electrónica cuando tengan una baja por incapacidad temporal o reciban comunicaciones relacionadas con una incapacidad permanente o con lesiones permanentes no incapacitantes. El correo postal seguirá utilizándose en determinadas circunstancias, pero dejará de ser la vía principal para estos procedimientos.

Septiembre arranca con cambios en los precios de los carburantes. La rebaja en el Impuesto de Hidrocarburos se eleva a 20 céntimos por litro en el caso de gasóleo (diésel) desde este 1 de septiembre, frente a los cinco céntimos inicialmente previstos para ese mes, según ha confirmado el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

La decisión llega después de que el precio del gasóleo se haya incrementado un 15,7 % en el mes de julio, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que sirven de referencia para la reactivación de algunas medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno.

La subida se sitúa por encima del umbral del 15 % previsto en el decreto ley de medidas para contener el impacto de la guerra en Oriente Próximo, un conflicto entre Estados Unidos e Irán que está lejos de resolverse. De hecho, en las últimas horas, ambos países han vuelto a intercambiar ataques y las posibilidades de una paz duradera no se vislumbran, pese a las promesas de Donald Trump.

Desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, recuerdan que el decreto ley aprobado tiene “un enfoque protector adaptado a la evolución del conflicto, con un diseño prudente que permite volver a elevar la protección si se reproduce un escenario adverso”. Y ese vuelve a ser el caso.

Descuentos de carburantes en septiembre

El gasóleo, también conocido como diésel, tendrá un descuento de veinte céntimos por litro este mes de septiembre, una ayuda que intenta compensar la subida en los precios por el conflicto en Oriente Próximo. En cambio, no habrá cambios ni mayores descuentos en el caso de la gasolina.

Los usuarios solo se beneficiarán de un descuento de cinco céntimos por litro, lo previsto inicialmente porque este combustible solo se encareció un 7,3 %, muy por debajo del umbral del 15 % fijado en el decreto del ejecutivo.

Reactivación de las medidas

El ministerio dirigido por Carlos Cuerpo insiste en que tanto el primer plan de respuesta puesto en marcha el 20 de marzo como su continuación “están cumpliendo su objetivo principal: ”Amortiguar el impacto del shock externo sobre la inflación y el poder adquisitivo de los hogares“. El departamento defiende que las medidas han contribuido a reducir la inflación en un punto de media en los últimos meses, por lo que ”el Plan de Respuesta ha amortiguado más de un 60 % de la subida de los precios por el shock externo que supone la guerra en Irán“.

Se ha vuelto a detectar una masiva y peligrosa campaña de mensajes de texto fraudulentos que suplanta, de forma directa, a la Tesorería General de la Seguridad Social. Los ciberdelincuentes esta vez envían un SMS al teléfono móvil de los ciudadanos informándoles de que disponen de una supuesta actualización pendiente en el sistema. El mensaje insta de manera urgente a pulsar sobre un enlace de internet adjunto para gestionar dicho trámite administrativo de forma inmediata. Sin embargo, este enlace redirige a una página web falsa que suplanta la identidad de la propia Tesorería General.

Esta estafa ha sido identificada y calificada con un nivel de importancia alta por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), así como por la Guardia Civil, que ha utilizado sus redes oficiales para alertar a la ciudadanía sobre este engaño que busca hacerse con datos confidenciales de los usuarios mediante enlaces maliciosos. Este tipo de ciberataque es conocido bajo la denominación técnica de smishing, una modalidad de fraude que se basa en el envío de mensajes de texto simulando ser una entidad legítima. El objetivo principal de estos mensajes es confundir a los receptores para robarles información privada o realizarles un cargo económico en sus cuentas de forma fraudulenta.

Por lo general, los ciberdelincuentes aprovechan la confianza que los usuarios depositan en las instituciones públicas o de servicios esenciales para hacerlos picar en el anzuelo de manera rápida. La Seguridad Social constituye uno de los cebos más utilizados por estas organizaciones cibernéticas, junto con otras entidades públicas de gran relevancia como la Agencia Tributaria, los ayuntamientos locales o los servicios postales de Correos, con el fin de maximizar el número de víctimas y obtener un mayor impacto económico ilícito. De esta forma, la víctima asume falsamente la autenticidad del remitente.

Una vez que el usuario hace clic en el enlace que acompaña al mensaje de texto, es redirigido a un sitio web fraudulento que copia con gran precisión el portal real. La página falsa imita a la perfección los logotipos de la Seguridad Social, las tipografías corporativas, los colores institucionales y la disposición visual para lograr una apariencia de absoluta verosimilitud ante el público. Con el propósito de dar mayor credibilidad al fraude y tranquilizar al usuario, el sitio web malicioso exige superar un supuesto control de seguridad. Este filtro falso consiste en una verificación para confirmar que la persona no es un robot, lo que imita las medidas habituales que se encuentran en entornos seguros y legítimos en internet, logrando así que la víctima disminuya su nivel de alerta y continúe con los pasos del trámite.

Asimismo, este tipo de mecanismos interactivos pretenden convencer al usuario de la legalidad de las operaciones antes de solicitar datos. En el interior de este portal web falso, se muestra una notificación que informa sobre la disponibilidad de una supuesta prestación económica que está pendiente de revisión. Concretamente, en los casos reportados por los afectados a organizaciones de consumidores como la OCU, se ofrece un total pendiente de cobro de 305 euros. Para supuestamente gestionar el abono y proceder al trámite, la página solicita de manera sucesiva el ingreso de datos personales como el nombre completo y el número del DNI. Una vez introducidos estos datos, el sistema fraudulento solicita de forma obligatoria los datos bancarios completos y el número de la tarjeta de crédito bajo el falso pretexto de realizar un ingreso directo de esa cantidad de dinero. El usuario no sospecha que está entregando sus claves en bandeja.

A pesar del cuidado diseño visual de la página web falsa, existen múltiples elementos técnicos que delatan el engaño si se realiza una observación atenta y analítica. Los enlaces de internet que circulan en esta campaña masiva utilizan diferentes direcciones que imitan dominios legítimos del Estado, pero que en realidad son completamente extraños. Entre los dominios fraudulentos detectados y denunciados por portales de verificación figuran ejemplos con errores ortográficos como portelsegscoial punto click, seg guion social guion gob punto us, portaliseg guion socolsegob punto click o portaeliseg guion socailbgob punto click. Estas direcciones sospechosas no guardan ninguna relación con la única dirección web oficial de la Seguridad Social.

La Seguridad Social ha recordado de manera tajante a todos los ciudadanos que bajo ninguna circunstancia solicita el pago de deudas ni la actualización de datos mediante enlaces recibidos por SMS. Para acceder de manera completamente segura a cualquier tipo de trámite de la Tesorería General y evitar cualquier engaño, es necesario utilizar únicamente las vías oficiales autorizadas. Los usuarios deben abrir de forma directa en sus navegadores la aplicación de Importass, el portal web oficial de la Tesorería General de la Seguridad Social, o bien acceder a su área personal a través de la Sede Electrónica. Desde estas aplicaciones del Estado se pueden consultar de forma verídica todas las notificaciones pendientes sin correr el riesgo de sufrir una estafa financiera ni comprometer los datos de las tarjetas.

Rapidez y capturas

Para aquellas personas que hayan accedido al enlace y facilitado datos de carácter personal o bancario, se recomienda actuar de forma rápida siguiendo un protocolo de seguridad. El primer paso indispensable es ponerse en contacto inmediato con su entidad financiera para proceder al inmediato bloqueo de las tarjetas y evitar cargos económicos no autorizados. En segundo lugar, es muy importante reunir y guardar de manera ordenada todas las evidencias posibles del fraude informático, como capturas de pantalla, los mensajes recibidos y las direcciones web de los enlaces maliciosos. La rapidez en la reacción y el acopio de pruebas digitales resultan cruciales para minimizar el impacto del fraude y reclamar devoluciones bancarias.

Una vez recopiladas todas las evidencias necesarias sobre la estafa, el afectado debe presentar una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Asimismo, es aconsejable reportar el mensaje fraudulento al buzón de incidentes del INCIBE para alertar sobre la campaña activa y evitar que otras personas resulten estafadas. Como medida preventiva adicional, los expertos recomiendan practicar el egosurfing de manera periódica durante los meses posteriores al incidente para verificar que la información personal expuesta no esté siendo utilizada de forma indebida en la red.

La vuelta al cole en este curso escolar que arranca en pocos días se presenta como una de las más costosas de los últimos años. El desembolso medio por alumno podría superar la barrera de los 500 euros. Ante esta situación y según muchos expertos, uno de los errores financieros habituales es tratar el mes de septiembre como un gasto imprevisto y aislado en lugar de integrarlo en el presupuesto anual. Planificar con antelación los gastos de la vuelta al cole distribuyendo aportaciones en meses previos evita errores de financiación de última hora, lo que alivia la temida cuesta postvacacional.

Otro fallo frecuente es lanzarse a las tiendas sin antes revisar los armarios y cajones del propio hogar. Comprar cuadernos, pinturas o tijeras totalmente nuevos sin hacer un inventario previo del material en buen estado genera gastos innecesarios. Asimismo, a veces se desperdicia la gran oportunidad de que los hermanos más pequeños hereden uniformes, libros o estuches de los mayores. Esta vieja pero efectiva costumbre de heredar prendas y materiales escolares en buenas condiciones supone un ahorro directo y automático para el presupuesto familiar.

Llevar a los niños de compras para equipar la vuelta a las aulas suele ser, según muchos expertos en consumo, una trampa costosa. Los más pequeños son sumamente influenciables por la publicidad y se encaprichan fácilmente de artículos llamativos. Al acudir a los establecimientos sin ellos, los padres evitan estas compras compulsivas e innecesarias. En ocasiones también es más sencillo ceñirse a las marcas blancas, que resultan excelentes aliadas de la economía doméstica al ofrecer la misma utilidad que marcas más famosas.

El error de comprar en el primer establecimiento que se visita también priva a las familias de un ahorro sustancial. Comparar tarifas en internet y librerías físicas permite reducir el gasto en libros de texto hasta en un 25%. Igualmente, la falta de previsión a la hora de reservar los manuales con antelación impide aprovechar las promociones y descuentos por reserva anticipada que ofrecen los comercios online y las grandes superficies. Navegar por la red y realizar búsquedas virtuales facilita la comparación de los costes desde la comodidad de casa.

En la adquisición de uniformes se cometen errores como adquirir todas las prendas en el colegio. Comprar la ropa directamente en el centro educativo en lugar de tiendas externas puede encarecer la factura más de 40 euros. Para ahorrar, se deben adquirir en el colegio las prendas con logotipo y comprar los pantalones o polos básicos en tiendas genéricas. Además, no prever el crecimiento de los niños al comprar la ropa ajustada obliga a realizar nuevos desembolsos a mitad de curso por no elegir tallas con margen.

El empeño por estrenar absolutamente todo representa otra fuga de dinero totalmente evitable. Plataformas de economía circular registran cifras récord y permiten ahorrar hasta la mitad del presupuesto en libros y ropa . No recurrir a la segunda mano o al intercambio de material escolar entre particulares puede privar a los hogares de recuperar hasta 200 euros por alumno. Del mismo modo, ignorar los programas de préstamo voluntario y de libros gratuitos que promueven los colegios y comunidades autónomas supone renunciar a un alivio económico directo.

Desgravar gastos

No contemplar el formato digital para los libros de texto es otra oportunidad de ahorro que suele pasarse por alto. Una cesta escolar con libros de texto digitales cuesta menos que una con manuales tradicionales en papel, lo que puede recortar la factura por estudiante. Otro error común es comprar las lecturas obligatorias del curso en lugar de acudir a las bibliotecas públicas o de las asociaciones de familias para conseguirlas en préstamo temporal y gratuito.

Finalmente, caer en la tentación de comprar packs de material innecesario solo porque están de oferta es un error de consumo. Asimismo, muchas familias pierden dinero al no guardar las facturas de libros o uniformes, perdiendo el derecho a desgravar estos gastos en la siguiente declaración de la renta. Tampoco se suele investigar la existencia de becas autonómicas o municipales destinadas a transporte, comedor o material escolar. Consumir con sentido común, comparar y planificar son las herramientas definitivas para una vuelta al cole más barata.

El cobro de las pensiones vuelve a ser una de las cuestiones que muchos beneficiarios tienen en cuenta durante agosto. Aunque la Seguridad Social establece un calendario para abonar estas prestaciones, el día exacto en el que el dinero aparece en la cuenta puede cambiar según la entidad financiera. Lo habitual es que los bancos adelanten el ingreso respecto al plazo ordinario, de modo que buena parte de los pensionistas recibe la mensualidad antes de que empiece el mes siguiente. Ese adelanto no responde a una obligación general, sino a la política de cada entidad.

La normativa establece que las pensiones se pagan a mes vencido y que el importe debe estar disponible entre el primer día hábil del mes y, como máximo, el cuarto día natural. El Instituto Nacional de la Seguridad Social abona las cantidades a las entidades financieras dentro de ese periodo. A partir de ese momento, cada banco decide si adelanta el dinero a sus clientes y en qué fecha lo hace. Por eso, no todos los beneficiarios reciben el ingreso al mismo tiempo, aunque cobren una prestación perteneciente al mismo sistema.

Estas diferencias forman parte del funcionamiento habitual del pago de las pensiones. Los bancos suelen mantener una pauta parecida cada mes, aunque el calendario puede cambiar cuando coinciden fines de semana o festivos. También influyen la operativa interna de cada entidad y la recepción de los ficheros de pago. Las fechas anticipadas afectan a las pensiones contributivas domiciliadas en una cuenta bancaria y el ingreso se realiza de manera automática, sin que el beneficiario tenga que realizar ningún trámite adicional.

Cuándo paga cada banco la pensión en agosto

Unicaja tiene previsto adelantar la mensualidad el viernes 21 de agosto de 2026. Será la primera de las entidades incluidas en este calendario en poner el dinero a disposición de sus clientes. La fecha queda justo antes del fin de semana del 22 y 23, por lo que quienes tengan domiciliada allí su prestación podrán recibir el importe antes que los usuarios de otros bancos. Este adelanto no modifica el calendario de la Seguridad Social, sino que depende de la operativa propia de la entidad.

Banco Santander y CaixaBank sitúan el ingreso el lunes 24 de agosto. Las dos entidades concentran el pago después del fin de semana y un día antes que varios bancos incluidos en el listado. Que un pensionista reciba el dinero esa jornada mientras otro todavía no lo tenga disponible no significa que exista una incidencia. La fecha concreta depende del banco en el que esté domiciliada la prestación y de la política de adelanto que aplique cada entidad.

El martes 25 de agosto será la fecha de referencia para BBVA, Banco Sabadell, Abanca y Kutxabank. Las cuatro entidades coinciden ese día para realizar el abono anticipado de la mensualidad. De esta forma, las fechas previstas para agosto quedan repartidas entre el viernes 21, el lunes 24 y el martes 25. La Seguridad Social no fija una jornada concreta para estos adelantos, por lo que cada banco puede organizar el ingreso según sus propios criterios.

La diferencia de uno o varios días entre unas entidades y otras es habitual. La referencia para cada pensionista debe ser la fecha comunicada por su propio banco y no la correspondiente a otra compañía. En general, estos abonos suelen situarse entre los días 21 y 26 de cada mes, aunque esa pauta puede cambiar. Por este motivo, una variación respecto a meses anteriores no significa necesariamente que exista un problema con la prestación si el ingreso continúa dentro del calendario previsto.

Qué hacer si no has recibido el pago de la pensión

Si el ingreso no aparece cuando se esperaba, lo primero es comprobar si el banco ya ha llegado a la fecha prevista para realizarlo. No todas las entidades siguen el mismo calendario y que otros pensionistas hayan recibido ya la mensualidad no significa necesariamente que exista un retraso. También hay que tener en cuenta que el adelanto no es una obligación común para todos los bancos y que el pago ordinario puede efectuarse dentro del margen legal establecido para los primeros días del mes siguiente.

Cuando han pasado varios días desde la fecha prevista y el dinero sigue sin aparecer en la cuenta, la primera consulta debería hacerse con la entidad financiera. El banco puede comprobar si el movimiento está pendiente de contabilizarse, si se ha producido un retraso puntual o si existe alguna incidencia relacionada con la cuenta. Esta comprobación resulta especialmente útil cuando se han realizado cambios recientes en la domiciliación o modificaciones de datos que puedan afectar a la recepción de la prestación.

Si el banco no encuentra el ingreso o no puede explicar la demora, el siguiente paso es ponerse en contacto con la Seguridad Social. Sus canales de atención permiten comprobar si la prestación se ha emitido correctamente y si los datos bancarios asociados al expediente están actualizados. Para facilitar la consulta, conviene disponer de la documentación personal, los datos de la cuenta en la que se espera recibir el dinero y cualquier comunicación reciente relacionada con la pensión o con cambios administrativos.

También es recomendable revisar si existen avisos pendientes, modificaciones de domiciliación que no se hayan completado o incidencias con la cuenta bancaria. Tanto la entidad financiera como el Instituto Nacional de la Seguridad Social pueden informar sobre el estado del pago y ayudar a localizar el origen del problema. Antes de considerar que existe una falta de abono, conviene diferenciar entre la fecha de adelanto aplicada por cada banco y el plazo ordinario de la Seguridad Social, ya que son calendarios distintos y el primero puede variar de una entidad a otra.

Cada vez más empresas abandonan el tradicional sistema de claves alfanuméricas para adoptar las denominadas passkeys como nuevo estándar de seguridad. Esta tecnología surge para solucionar el eslabón más débil de la ciberseguridad corporativa: las contraseñas que los empleados olvidan, reutilizan o comparten inadecuadamente. Las passkeys representan una revolución en la autenticación que ya están integrando algunos gigantes tecnológicos en sus plataformas. El cambio no es meramente estético, sino una respuesta directa a la creciente vulnerabilidad de los sistemas tradicionales frente a ataques masivos.

Actualmente, millones de trabajadores utilizan este método para acceder a sus herramientas diarias sin tener que memorizar complejos códigos de acceso. Es el inicio de una era sin contraseñas donde la comodidad y la protección avanzada convergen finalmente para el usuario. La adopción masiva está transformando la manera en que las organizaciones protegen sus activos digitales más críticos y confidenciales. El éxito de esta transición depende de entender que la seguridad informática ha cambiado para siempre gracias a esta solución.

Una passkey es fundamentalmente una credencial criptográfica diseñada para sustituir definitivamente a las contraseñas tradicionales en el entorno laboral. En lugar de teclear una clave, el trabajador confirma su identidad utilizando los mismos métodos que ya emplea para desbloquear su smartphone personal. Esto incluye el reconocimiento facial, la huella dactilar o un número PIN específico configurado previamente en su dispositivo de trabajo. Al eliminar la necesidad de memorizar caracteres complejos, se reduce drásticamente el error humano que suele comprometer la seguridad de la red.

El proceso de inicio de sesión se vuelve mucho más ágil, pasando de minutos de espera a apenas unos pocos segundos. Este método se basa en estándares globales para garantizar una interoperabilidad total entre diferentes sistemas y navegadores. Los dispositivos modernos ya están listos para implementar esta tecnología de forma nativa. Así, la biometría se convierte en la llave digital definitiva que abre las puertas de las aplicaciones y servicios corporativos.

El funcionamiento técnico de estas credenciales se asienta sobre un sistema robusto de criptografía asimétrica basado en dos claves distintas. Cuando un empleado crea una passkey, su dispositivo genera automáticamente una clave pública y otra clave privada que están interconectadas. La clave pública se almacena de forma segura en el servidor de la empresa o del servicio al que se desea acceder. Por el contrario, la clave privada nunca abandona el dispositivo del usuario y permanece protegida en componentes de hardware aislados. Durante el inicio de sesión, el servidor envía un desafío que solo puede resolverse mediante el uso de la clave privada local. Esta validación se realiza internamente en el equipo tras verificar la identidad del trabajador mediante su biometría o su código PIN.

Es importante destacar que el servicio externo nunca recibe la huella dactilar ni la imagen del rostro del usuario durante este proceso. Este aislamiento garantiza que la información sensible del empleado permanezca siempre bajo su control directo y fuera de servidores externos. Uno de los mayores atractivos de las passkeys empresariales es su resistencia absoluta frente a los ataques de phishing más convencionales. Una passkey está vinculada intrínsecamente al dominio específico para el que fue creada, impidiendo su uso en sitios web fraudulentos o imitaciones.

Aunque un ciberdelincuente logre engañar al trabajador para que acceda a una URL falsa, la credencial simplemente no funcionará allí. Además, al no existir un texto que memorizar, el empleado no puede entregar accidentalmente sus datos de acceso a terceros malintencionados. Por otro lado, este sistema elimina el riesgo asociado a las filtraciones masivas de bases de datos de contraseñas corporativas. Los servidores solo guardan claves públicas que resultan inútiles para un atacante sin acceso físico al dispositivo donde reside la clave privada. Esto neutraliza los ataques de fuerza bruta y el uso de credenciales robadas que circulan masivamente en la internet oscura. La seguridad ya no depende de la complejidad de una palabra, sino de la robustez de un algoritmo criptográfico avanzado.

La implementación de passkeys conlleva beneficios operativos significativos que van más allá de la mera protección de los datos de la empresa. El departamento de soporte técnico suele dedicar una gran parte de su tiempo a gestionar incidencias relacionadas con el olvido de claves. Al adoptar este nuevo método, las solicitudes de restablecimiento de contraseñas disminuyen drásticamente, liberando recursos valiosos para tareas de mayor impacto. La productividad de la plantilla también mejora, ya que el acceso a las herramientas de trabajo es mucho más rápido y fluido. El ahorro en costes administrativos y de soporte justifica por sí solo la inversión tecnológica necesaria para realizar esta importante transición. Además, las empresas pueden cumplir más fácilmente con las normativas europeas de protección de datos que exigen métodos de autenticación fuertes.

Dos modalidades

Y es que, como afirma Jordi Alarcón, responsable de IT de Esofitec, empresa especializada en soluciones tecnológicas de facturación, contabilidad, gestión y recursos humanos, “cuando hablamos de contraseñas siempre existe la vulnerabilidad. Este sistema las elimina, ofrece más seguridad y hace el acceso más sencillo. Desde el punto de vista de un departamento de IT son un gran avance, ya que reduce el problema que suponen los errores humanos, el eslabón más débil en las estructuras de ciberseguridad”.

Dentro del ámbito empresarial, existen dos modalidades principales de passkeys que las empresas deben evaluar según sus políticas de seguridad internas. Las passkeys sincronizadas permiten utilizar la misma credencial en varios dispositivos autorizados a través de servicios en la nube de confianza. Esta opción ofrece una gran comodidad y flexibilidad para empleados que cambian constantemente entre su ordenador portátil, su tablet y su móvil. Sin embargo, para entornos con requisitos de seguridad extremos, existen las passkeys vinculadas estrictamente a un único dispositivo físico. Estas credenciales no pueden copiarse ni sincronizarse, actuando como guardianes de fortaleza que exigen el uso exclusivo de un hardware concreto. Muchas empresas optan por estas últimas para proteger accesos críticos a infraestructuras sensibles o datos financieros de alta confidencialidad.

La llegada de agosto vuelve a situar la fecha de cobro de la prestación por desempleo entre las principales consultas de quienes reciben esta ayuda. Conocer con cierta antelación cuándo estará disponible el dinero resulta especialmente importante para organizar los gastos del hogar, atender recibos y afrontar otros pagos habituales durante un mes en el que muchas familias también modifican sus rutinas por las vacaciones.

El paro constituye una fuente de ingresos esencial para las personas que han perdido su empleo y cumplen los requisitos establecidos para acceder a esta protección. Su abono se mantiene mientras el beneficiario conserve el derecho reconocido y atienda las obligaciones asociadas, entre ellas renovar la demanda de empleo dentro del plazo correspondiente y comunicar cualquier cambio que pueda afectar a su situación.

A pesar de que existe un procedimiento común para tramitar estas prestaciones, el dinero no siempre aparece en las cuentas durante las primeras jornadas del mes. Esta circunstancia suele generar dudas entre quienes consultan su saldo y todavía no encuentran reflejada la cantidad esperada, aunque en muchos casos se debe únicamente al funcionamiento habitual del proceso de pago.

En agosto de 2026 puede establecerse una referencia aproximada para el ingreso, pero la jornada concreta no será necesariamente idéntica para todos los perceptores. El calendario del mes y las distintas formas de gestionar los abonos permiten elaborar previsiones que ayudan a saber cuándo podría recibirse la prestación y a identificar si existe realmente alguna incidencia.

Fechas de cobro del paro en agosto según cada banco

El pago de las prestaciones por desempleo tendrá como fecha general de referencia el lunes 10 de agosto de 2026. Al coincidir el día 10 con una jornada laborable, el calendario no obliga a trasladar el ingreso. Sin embargo, el momento exacto en el que el dinero aparecerá en la cuenta dependerá de la política aplicada por cada entidad financiera.

El SEPE abona las prestaciones por mensualidades vencidas y realiza el ingreso en la cuenta bancaria facilitada por el beneficiario. A partir de ahí, algunos bancos esperan a la fecha ordinaria, mientras que otros anticipan la cantidad una vez que reciben la información necesaria para tramitar el pago.

En el caso de Unicaja, la previsión es que la prestación quede disponible el domingo 9 de agosto, siempre que la entidad haya recibido previamente los datos requeridos para efectuar el abono. De este modo, sus clientes podrían disponer del dinero un día antes de la fecha general establecida. CaixaBank mantendría el lunes 10 de agosto como jornada prevista para realizar el ingreso. Una fecha similar se contempla para los clientes de BBVA, que podrían empezar a ver reflejada la prestación en sus cuentas a partir de ese mismo lunes.

Por qué la prestación no llega el mismo día a todas las cuentas

El SEPE se encarga de reconocer la prestación por desempleo y tramitar la orden correspondiente, pero la fecha en la que el importe queda disponible también está condicionada por la actuación de cada entidad financiera. Esta intervención explica que dos beneficiarios con el mismo tipo de ayuda puedan recibir el dinero en jornadas diferentes.

Determinados bancos anticipan el abono antes de que llegue la fecha habitual. Para ello utilizan la información sobre las nóminas que reciben previamente y ponen la cantidad a disposición de sus clientes con recursos propios. Se trata de una política comercial voluntaria, por lo que no modifica las condiciones de la prestación, su duración ni el importe reconocido.

Las entidades que no aplican este adelanto incorporan el dinero a las cuentas cuando la transferencia se procesa conforme al calendario ordinario. En esos casos, el ingreso puede aparecer en la fecha prevista o trasladarse al siguiente día laborable cuando coinciden fines de semana o festivos. Esta diferencia no supone necesariamente que exista una incidencia en el expediente.

La hora concreta en la que se actualiza el saldo tampoco es idéntica en todos los bancos. Los ciclos de procesamiento, los horarios internos y el funcionamiento de los sistemas informáticos pueden provocar que el movimiento se muestre por la mañana, por la tarde o incluso más adelante dentro de la misma jornada. Antes de comunicar un posible impago, conviene comprobar que la cuenta registrada es correcta y que se han cumplido obligaciones como mantener activa la demanda de empleo.

El Ingreso Mínimo Vital se ha convertido en un apoyo económico relevante para las personas y familias cuyos recursos no alcanzan los niveles establecidos por la Seguridad Social. La prestación busca asegurar unos ingresos básicos, aunque tanto la cantidad reconocida como las condiciones de acceso dependen de la situación particular de cada solicitante, del número de integrantes del hogar, así como de los ingresos y el patrimonio disponibles.

De cara al mes de agosto, una de las cuestiones que más interés genera es la fecha en la que se recibirá la mensualidad. El día concreto puede variar según la entidad bancaria, ya que algunas adelantan el abono respecto al calendario ordinario. También existen diferencias en el caso de quienes acaban de obtener una resolución favorable, puesto que el primer ingreso puede seguir unos plazos distintos a los pagos habituales.

En qué consiste el IMV y cuáles son sus beneficiarios

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación de la Seguridad Social destinada a garantizar unos recursos básicos a personas y hogares que atraviesan dificultades económicas. Pueden acceder tanto quienes viven de manera independiente como las unidades de convivencia formadas por varios integrantes, siempre que su nivel de renta y patrimonio se encuentre por debajo de los límites establecidos.

La cantidad reconocida varía en cada expediente. Para determinarla, se compara el conjunto de ingresos de los beneficiarios con el umbral de renta garantizada asignado según el número de miembros y las características del hogar. La normativa también prevé incrementos en determinados supuestos, entre ellos la existencia de menores, las familias monoparentales o la presencia de personas con discapacidad.

La solicitud está abierta a ciudadanos españoles y extranjeros que residan legalmente en España y reúnan las condiciones exigidas. Con carácter general, se requiere haber permanecido en el país de forma legal y continuada durante el año anterior, aunque existen algunas excepciones. El derecho a cobrar la prestación se conserva mientras continúe la situación que permitió su concesión, por lo que cualquier modificación familiar, económica o residencial debe comunicarse a la Seguridad Social.

Cuándo se cobra el IMV de agosto

El día en el que el IMV aparece reflejado en la cuenta puede cambiar según la entidad en la que esté domiciliada la prestación. Aunque existe un calendario general para estos abonos, algunos bancos anticipan el dinero varios días y otros esperan hasta el cierre del mes para efectuar la transferencia.

Banco Santander se encuentra habitualmente entre las entidades que permiten disponer antes de la mensualidad, por lo que sus clientes podrían recibir el ingreso a partir del sábado 22 de agosto. CaixaBank tendría como fecha de referencia el lunes 24, mientras que BBVA mantendría su jornada habitual de pago, fijada en esta ocasión para el martes 25.

Unicaja sigue una operativa diferente y, por norma general, abona el IMV durante el último día hábil del mes. En agosto de 2026, esta fecha corresponde al lunes 31, de modo que sus beneficiarios tendrían que esperar algunos días más que los clientes de las entidades que aplican adelantos.

Estas previsiones pueden experimentar modificaciones debido a los procedimientos internos de cada banco o al tiempo necesario para procesar la transferencia. Además, el ingreso no siempre se refleja a la misma hora en todas las cuentas, por lo que una demora dentro del propio día señalado no implica necesariamente que exista un problema con la prestación.

Cuándo llega el primer ingreso del IMV

El estreno en el cobro del IMV no siempre coincide con las fechas habituales de quienes ya reciben la prestación con regularidad. En los expedientes recién aprobados, el momento del abono depende de cuándo se comunica la resolución favorable y de si esta puede incorporarse a tiempo al proceso de pagos del mes en curso.

Si la concesión se formaliza una vez iniciado el mes, la transferencia puede quedar incluida en la siguiente nómina. Esta situación es más frecuente cuando la aprobación se produce cerca del cierre del periodo de pago, ya que la Administración necesita completar la tramitación antes de ordenar el ingreso.

El hecho de que el dinero llegue más tarde no supone necesariamente una reducción de la cantidad reconocida. El primer abono puede reunir las mensualidades o importes generados desde la fecha en la que la ayuda comienza a tener efectos económicos, de acuerdo con lo indicado en la resolución.

Por ello, conviene diferenciar el día desde el que nace el derecho a percibir el IMV de la fecha exacta en la que la entidad bancaria refleja la transferencia. Una vez efectuado este pago inicial, las siguientes mensualidades se incorporan al funcionamiento ordinario, siempre que continúen cumpliéndose las condiciones exigidas para mantener la prestación.

La Unión Europea quiere implementar ya el primer marco jurídico integral del mundo destinado a regular el desarrollo y uso de la inteligencia artificial. Conocida técnicamente como el Reglamento (UE) 2024/1689, esta normativa pionera busca fomentar una tecnología fiable que respete siempre los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos. Su enfoque no es punitivo por definición, sino que se basa en una clasificación de riesgos que adapta las exigencias legales al peligro potencial de cada sistema.

Desde los inicios de esta ley, el calendario de aplicación ha avanzado de forma escalonada para permitir que el tejido empresarial se adapte. Esta ley afecta a todos los actores de la cadena de valor, desde desarrolladores hasta simples usuarios profesionales. El eje de esta regulación reside en su estructura basada en cuatro niveles de riesgo que determinan las obligaciones específicas para cada herramienta tecnológica utilizada hoy día. En el escalón más alto se sitúan las prácticas inaceptables que suponen una amenaza clara para la seguridad o los derechos de las personas, quedando totalmente prohibidas. Por debajo encontramos los sistemas de alto riesgo, que abarcan áreas críticas como la salud, la educación o la gestión de infraestructuras esenciales. Para la mayoría de las empresas, los niveles de riesgo limitado o mínimo serán los más habituales en sus operaciones cotidianas de oficina. Esta distinción permite que aplicaciones sencillas como los filtros de correo no deseado sigan operando sin cargas burocráticas excesivamente pesadas.

Una de las fechas más críticas para las empresas que utilizan inteligencia artificial es precisamente este inminente 2 de agosto, momento en que la transparencia se vuelve obligatoria. A partir de esta fecha, las empresas deben garantizar que cualquier interacción con un sistema automatizado sea plenamente identificable para el usuario final o cliente. Esto implica que los asistentes virtuales y los populares chatbots de atención al cliente deberán revelar su naturaleza artificial desde el inicio del contacto establecido. No bastará con ocultar esta información en las condiciones de uso, sino que el aviso debe ser claro y accesible durante toda la conversación. El objetivo es preservar la confianza del público al asegurar que los humanos sepan siempre si están tratando con una máquina.

La obligación de etiquetado se extiende también a la creación y difusión de contenidos generados o manipulados artificialmente, como imágenes, audios y piezas de vídeo hiperrealistas. Los proveedores de sistemas generativos deben incorporar marcas de agua digitales o metadatos legibles por máquina que permitan detectar el origen sintético del archivo. Por su parte, las empresas que publiquen estos materiales en sus redes sociales tienen la responsabilidad legal de incluir avisos visibles y explícitos. Esta medida es especialmente rigurosa con los llamados deepfakes, donde la alteración del rostro o la voz de una persona podría inducir a engaño. El reglamento busca evitar la desinformación en un entorno digital donde la realidad y la ficción son ya difíciles de separar.

En el ámbito de la comunicación, la ley introduce reglas específicas para los textos publicados que informen sobre asuntos que resulten de interés público general. Si una empresa utiliza modelos de lenguaje para redactar noticias, crónicas financieras o análisis electorales de forma automatizada, deberá identificar claramente dicha autoría artificial. Existe una excepción importante para aquellos artículos que, aunque utilicen herramientas de apoyo, pasen por una edición humana real donde se asuma la responsabilidad editorial final. Esto permite que la inteligencia artificial siga siendo un asistente valioso para corregir ortografía o mejorar el estilo sin necesidad de etiquetas. Sin embargo, la publicación directa de reportes sin supervisión humana sí requerirá un marcado transparente ante la audiencia.

No todo el uso de la inteligencia artificial en la actividad diaria de una oficina estará sujeto a estas exigentes medidas de marcado o transparencia pública obligatoria. La normativa excluye específicamente las comunicaciones internas de la empresa, como la redacción de correos corporativos, manuales de formación o resúmenes de reuniones privadas. Igualmente, la generación de código fuente por equipos de desarrollo de software o la creación de eslóganes publicitarios y textos comerciales no requieren avisos legales. Estas excepciones están diseñadas para no entorpecer la eficiencia operativa interna ni penalizar la creatividad en el marketing digital de productos básicos. Las empresas pueden así integrar la tecnología en sus flujos de trabajo administrativos sin temor a incurrir en infracciones graves.

Sanciones considerables

Para navegar por este escenario regulatorio, muchas compañías están recurriendo a soluciones especializadas de gobernanza que permiten registrar y auditar cada sistema tecnológico empleado. Estas herramientas facilitan la clasificación de los riesgos asociados a cada departamento y definen las medidas de cumplimiento exactas que deben aplicarse según la finalidad. Además de la parte técnica, la ley exige a las empresas adoptar medidas de alfabetización para que su personal esté formado en el uso de estas herramientas. No se trata solo de cumplir con un trámite legal, sino de integrar una cultura de responsabilidad que evite resultados discriminatorios o errores técnicos.

Ignorar las nuevas directrices europeas conlleva sanciones considerables que podrían poner en peligro la viabilidad de muchas organizaciones en el mercado único. Las multas por incumplir las obligaciones de transparencia pueden alcanzar cifras astronómicas de hasta 15 millones de euros o el 3% del volumen de negocio. Para las infracciones más graves relacionadas con prácticas prohibidas, las sanciones se elevan incluso hasta los 35 millones de euros o el 7% anual. Más allá de la sanción económica, el daño reputacional de ser percibido como una empresa opaca o poco ética puede ser devastador para la marca.