La vuelta al cole supone cada año un importante desembolso para las familias, pero una parte de esos gastos puede traducirse después en un ahorro en el IRPF. Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) recuerdan que las comunidades autónomas cuentan con deducciones vinculadas a libros de texto, material escolar, guarderías, idiomas y otras actividades educativas, aunque las condiciones varían según el lugar de residencia. Los gastos realizados este año podrán deducirse, cuando corresponda, en la declaración de la Renta de 2026, que se presentará entre abril y junio de 2027.

Entre las ventajas más extendidas aparecen las relacionadas con los libros de texto y el material escolar. Canarias, Aragón, Asturias y Baleares permiten deducir el 100% de estos gastos, aunque con diferentes límites y topes de ingresos, mientras que Castilla-La Mancha contempla el 100% exclusivamente para la compra de libros. Extremadura establece una deducción de 15 euros por hijo, Murcia alcanza los 120 euros para material escolar y Madrid permite desgravar el 15% de determinados gastos de escolaridad.

De los libros a las clases de idiomas

Las deducciones pueden extenderse también a academias y actividades extraescolares. Aragón permite deducir el 25% por clases extraescolares, mientras que Andalucía contempla un 15% de las cantidades destinadas a enseñanza escolar o extraescolar de idiomas, informática o ambas materias. Baleares, Madrid y Murcia incorporan igualmente una deducción del 15% por el gasto en clases extraescolares de idiomas.

Las diferencias territoriales afectan asimismo a los gastos de guardería y escolarización privada de los menores de tres años. Gestha señala que este tipo de deducciones autonómicas son habituales, con distintos porcentajes, en Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, La Rioja y la Comunidad Valenciana. La escolarización pública hasta los tres años se fue implantando de forma gratuita y progresiva desde el curso 2022-2023, mientras que los gastos en centros privados pueden complementar la deducción estatal por maternidad.

Hasta 1.000 euros adicionales por gastos de guardería

Al margen de las deducciones autonómicas existe un beneficio estatal para las familias con niños pequeños. La deducción por maternidad puede incrementarse hasta en 1.000 euros anuales cuando quien tenga derecho a ella haya pagado gastos de custodia de un hijo menor de tres años en guarderías o centros de educación infantil autorizados. Este incremento se suma a la deducción estatal por maternidad para quienes cumplan las condiciones que dan acceso a esta última.

Los datos de Gestha muestran, sin embargo, que su utilización es limitada. Según las estadísticas del IRPF de 2024, 796.576 declarantes utilizaron la deducción por maternidad, de los cuales 723.582 fueron madres. En cuanto al incremento por gastos de guardería o centros de educación infantil autorizados, fue aplicado por 437.645 declarantes, de los que 409.718 eran madres. En total se dedujeron 251,8 millones de euros por este concepto, con una cuantía media de 575 euros.

Guardar las facturas para poder aplicar la deducción

Los porcentajes anunciados no implican que todas las familias puedan recuperar automáticamente esas cantidades. Cada comunidad determina los límites máximos deducibles y los umbrales de base imponible que no deben superarse para acceder a sus beneficios fiscales. Por eso, dos contribuyentes con un gasto educativo similar pueden obtener resultados diferentes en función de su residencia y de las condiciones establecidas para cada deducción.

Gestha recomienda, además, conservar las facturas y justificantes de los gastos educativos que puedan generar derecho a deducción. Libros de texto, material escolar, uniformes, idiomas, actividades extraescolares o guarderías reciben un tratamiento distinto según el territorio y no basta con haber realizado el desembolso: el contribuyente debe cumplir los requisitos correspondientes y poder acreditar las cantidades satisfechas cuando llegue el momento de presentar la declaración.

A partir del recién iniciado mes de septiembre la Seguridad Social ha puesto en marcha una reforma que transforma la comunicación con los trabajadores: quienes soliciten o perciban una prestación por incapacidad temporal deberán relacionarse con el organismo por medios electrónicos. Esto supone que las comunicaciones tradicionales en papel desaparecen para este colectivo. Los destinatarios de estas notificaciones, por lo tanto, tendrán que estar muy pendientes a partir de ahora de sus ‘buzones’ digitales para no perder citas, requerimientos o plazos clave de obligado cumplimiento, agilizando así la gestión de los expedientes.

Con esta medida, la administración busca avanzar en la digitalización de los servicios públicos para simplificar los trámites de los ciudadanos. Esta modificación legal viene recogida de forma detallada en la Orden ISM/541/2026, de 27 de mayo, publicada oficialmente en el Boletín Oficial del Estado. El nuevo marco regulatorio amplía significativamente la relación de personas físicas que tienen la obligación de utilizar la vía telemática para sus gestiones con la Seguridad Social. Hasta este momento, dicha obligatoriedad recaía principalmente sobre beneficiarios de prestaciones por nacimiento y cuidado de menor, o riesgos durante el embarazo.

Ahora, la lista incorpora plenamente a quienes se encuentren en procesos de incapacidad temporal, de incapacidad permanente o lesiones permanentes no incapacitantes, afectando a un gran número de trabajadores en activo. El contenido de estas notificaciones electrónicas resulta trascendental para la situación jurídica y económica de cada uno de los trabajadores afectados. A través de este nuevo canal digital, los ciudadanos recibirán resoluciones administrativas de reconocimiento de la prestación, prórrogas de su situación de baja médica o la posible denegación del subsidio.

Asimismo, se enviarán de forma exclusiva por esta vía los requerimientos oficiales para aportar documentación necesaria, las citaciones para someterse a reconocimientos médicos obligatorios y cambios sobre el cobro de la baja. Es por esta razón que resulta indispensable que el usuario incorpore la nueva rutina de revisar de forma periódica su buzón de notificaciones en la plataforma digital. Para acceder a este buzón de notificaciones, las personas interesadas disponen de diversos canales oficiales proporcionados por la propia Administración General del Estado. Podrán consultar toda la información de interés de manera telemática entrando en la Sede Electrónica de la Seguridad Social, en la Dirección Electrónica Habilitada Única o a través de la aplicación móvil de Mi Carpeta Ciudadana.

En cualquiera de estas plataformas, el usuario deberá identificarse de forma electrónica mediante cl@ve, certificado digital o DNI electrónico, asegurando la privacidad total y la validez legal. Estos sistemas de firma electrónica garantizan una entrada segura para que el beneficiario consulte de forma directa y personal el estado real de sus expedientes administrativos. Uno de los puntos clave de este nuevo procedimiento telemático reside en los plazos temporales fijados por la normativa para el acceso a la información. Una vez que la Seguridad Social pone a disposición de un trabajador una notificación electrónica en su sede virtual, se inicia un plazo de diez días naturales para su lectura. En el caso de que la persona no acceda a consultar el documento en ese periodo, la notificación se entenderá legalmente practicada y rechazada. Por lo tanto, no basta con esperar pasivamente un aviso, sino que es obligatoria la consulta activa.

Con el objetivo de evitar descuidos involuntarios en la recepción de estos trámites, la Seguridad Social ha implementado un servicio complementario de alertas. A través de este mecanismo de cortesía, el organismo remitirá un aviso informativo mediante un mensaje de texto corto al teléfono móvil o a la dirección de correo electrónico del usuario. Sin embargo, estas alertas son informativas y carecen de validez jurídica en el procedimiento. Aunque no se reciba el mensaje por un error técnico, el plazo de diez días naturales seguirá computando exactamente igual para el interesado. Por ello, se recomienda actualizar los datos de contacto y realizar revisiones constantes para evitar pérdidas de plazos importantes.

Varias excepciones

Aunque el objetivo de la administración pública es avanzar firmemente en la digitalización, la normativa prevé que el correo en papel tradicional continúe existiendo de forma excepcional. La Seguridad Social mantendrá el envío de cartas ordinarias en aquellos supuestos concretos donde carezca de los datos de contacto telemáticos del ciudadano o cuando la situación exija una intervención urgente. Del mismo modo, se utilizará el papel si el trámite incluye cheques o si es precisa la entrega presencial, facilitándose también apoyo público presencial en las oficinas de los CAISS.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones fundamenta esta decisión digitalizadora señalando que los trabajadores en activo disponen en general de las capacidades y dispositivos electrónicos necesarios. Esta medida pretende optimizar la gestión pública, acortar los plazos administrativos y ofrecer una mayor seguridad jurídica al evitar posibles retrasos o pérdidas de las comunicaciones físicas tradicionales. La relevancia de este cambio es indudable si se tiene en cuenta que en España cerca de 1.200.000 trabajadores se encuentran de baja laboral diariamente en la actualidad, un volumen de personas que justifica plenamente la modernización integral de la gestión burocrática estatal.

El certificado digital se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas para identificarse por internet y poder realizar trámites oficiales. Permite acreditar la identidad de su titular y firmar documentos o formularios electrónicos, de manera que muchas gestiones pueden resolverse sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina. Entre sus usos se encuentran trámites fiscales, consultas administrativas, solicitudes de subvenciones o actuaciones relacionadas con registros públicos.

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre expide el Certificado Electrónico de Ciudadano, también conocido como certificado de persona física. Se trata de un documento digital que incorpora los datos identificativos de su titular y permite realizar operaciones a través de internet con garantías de identificación. Puede solicitarlo cualquier ciudadano español o extranjero, mayor de edad o menor emancipado, siempre que disponga de DNI o NIE. Su obtención es mayoritariamente gratuita, aunque uno de los métodos disponibles para acreditar la identidad sí tiene un coste adicional.

La FNMT ofrece varias formas de conseguirlo como archivo descargable en un ordenador o en un teléfono. Entre ellas se encuentran la identificación por vídeo, la acreditación presencial, el uso del DNI electrónico y el procedimiento específico mediante dispositivo móvil. Esta última opción permite iniciar la solicitud, completar la comprobación de identidad y descargar después el certificado desde la aplicación oficial, evitando desplazamientos cuando se utiliza alguna de las modalidades que pueden realizarse a distancia.

Cómo pedir el certificado digital desde el móvil

El primer paso es instalar la aplicación oficial de la FNMT, disponible de forma gratuita para dispositivos iOS y Android. Una vez abierta, hay que acceder a la opción destinada a solicitar el certificado digital. Desde ahí, la aplicación permite elegir entre tres sistemas diferentes para comprobar la identidad de la persona que realiza la petición: utilizar el DNI electrónico, acudir a una oficina de acreditación o completar una identificación por vídeo.

La opción con DNIe requiere que el documento esté en vigor y que el usuario conozca su PIN. El proceso se completa escaneando el DNI electrónico y realizando después la validación con esa clave personal. Si el titular no recuerda el PIN, puede obtener uno nuevo en los equipos habilitados para ello en dependencias de la Policía Nacional.

La segunda alternativa es presencial. En este caso, la propia aplicación muestra las oficinas en las que puede realizarse la acreditación. El usuario debe acudir a uno de esos puntos para confirmar su identidad antes de continuar con la descarga. Conviene consultar previamente las condiciones de atención, ya que algunas dependencias requieren cita previa para completar este paso.

Quienes prefieran realizar el procedimiento sin desplazarse y no utilicen el DNIe pueden recurrir a la vídeo identificación. Este servicio cuesta 2,99 euros más IVA y permite iniciar la comprobación desde casa. Una vez hecho el proceso, la revisión tarda aproximadamente 48 horas hábiles. Después, la persona recibe un correo electrónico en el que se informa de si la identificación ha sido aprobada o rechazada.

Las tres opciones tienen el mismo objetivo: comprobar la identidad del solicitante antes de emitir el documento electrónico. La diferencia está en la forma de hacerlo. El DNIe permite completar la gestión a distancia si se dispone del documento y del PIN, mientras que la vídeo identificación también evita la visita presencial, aunque tiene coste. La acreditación en oficina es gratuita, pero obliga a desplazarse y, en determinados casos, a reservar una cita.

Qué se puede hacer después y qué hay que tener en cuenta

Cuando la identidad ya ha sido validada, el certificado queda disponible dentro de la aplicación. Para localizarlo, hay que entrar en el apartado de certificados solicitados, desde donde puede descargarse directamente en el teléfono. A partir de ese momento, puede utilizarse en los servicios electrónicos que admitan esta forma de identificación y también para firmar documentos y formularios oficiales por internet.

El certificado permite realizar distintos trámites con administraciones públicas y algunas entidades privadas. Entre sus usos están presentar y liquidar impuestos, formular recursos o reclamaciones, consultar e inscribirse en el padrón municipal, revisar multas de circulación, realizar gestiones relacionadas con subvenciones, consultar la asignación de colegios electorales o cumplimentar determinados datos administrativos. Su utilidad concreta dependerá de que el servicio correspondiente acepte este sistema.

Para quienes necesiten hacer gestiones en línea relacionadas con el empleo, disponer del certificado en el móvil puede evitar parte de los desplazamientos asociados a la identificación electrónica. Aun así, tenerlo instalado no significa que cualquier trámite pueda completarse necesariamente desde el teléfono, ya que cada servicio puede establecer sus propios requisitos técnicos y de acceso.

También hay una condición que conviene conocer antes de iniciar una nueva solicitud desde la aplicación. Si el usuario ya dispone de un certificado de persona física expedido por la FNMT y solicita otro mediante el móvil, el anterior se revoca automáticamente. La nueva emisión sustituye, por tanto, al que estuviera vigente hasta ese momento.

El sistema unificado de Abono Único de transportes, disponible en nuestro país desde el pasado mes de enero, podrá ser utilizado en las redes de transporte que son competencia de las comunidades autónomas y ayuntamientos, según ha anunciado este martes el Ministerio de Transportes. El Abono Único fue implementado a comienzos de año para simplificar la experiencia de viaje y promover un acceso más sencillo a los diferentes servicios de transporte en todo el territorio nacional, al permitir a los viajeros combinarlo con otros títulos y abonos existentes.

Hasta ahora, sin embargo, este abono solo se podía utilizar en los servicios de transporte de titularidad estatal, por lo que el objetivo es que los viajeros puedan utilizar la misma tarifa incluso cuando utilizan servicios que son competencia de diferentes administraciones en un mismo trayecto. El sistema se basa en el reconocimiento mutuo de títulos de viaje entre las administraciones adheridas y los servicios estatales, según la orden publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Ministerio de Transportes ha informado este martes que el Abono Único ha alcanzado los 4,5 millones de viajes en todo el territorio nacional desde su entrada en vigor en enero de este año. Del total, 2 millones se han realizado en autobús interregional (44,3 %), más de 2,1 millones en tren de media distancia (47,3 %) y 377.000 en Cercanías, incluyendo la red catalana de Rodalies (8,23 %).

Qué redes están cubiertas hasta ahora con el Abono Único

A falta de la adhesión de nuevos servicios autonómicos y locales, el Abono Único ya integra las concesiones de transporte regular por carretera, los servicios de Cercanías y Rodalies de Renfe, y varios trayectos de Media Distancia y AVANT (Ourense-A Coruña, Madrid-Salamanca, Alicante-Murcia y Avant Exprés Barcelona-Tortosa, a excepción del tramo Barcelona-Tarragona).

El título unificado no se puede utilizar para servicios de transporte de alta velocidad, de mercancías ni servicios comerciales o turísticos. En fases futuras podrían sumarse transporte marítimo o fluvial metropolitano, transporte por cable y transporte a la demanda en zonas rurales.

La orden publicada este martes en el BOE especifica que la adhesión será voluntaria para comunidades autónomas y entidades locales, las cuales podrán incorporarse mediante convenios donde se detallen los servicios disponibles, sus operadores, así como los títulos de viaje y otros aspectos financieros.

Qué es y cuánto cuesta el Abono Único

El Abono Único es un billete de transporte personal e intransferible, que permite a su titular realizar viajes ilimitados durante 30 días. Con él, los usuarios pueden desplazarse en trenes de Cercanías, Rodalies, Media Distancia y algunos servicios AVANT, así como en autobuses interregionales de titularidad estatal.

Esta característica lo convierte en una herramienta práctica para quienes necesitan movilidad frecuente y un ahorro frente a la compra de billetes individuales. El precio del abono es de 60 euros mensuales, aunque existe una modalidad especial para los jóvenes. Las personas nacidas a partir del 1 de enero de 2000 pueden acceder al Abono Único joven por un precio reducido de 30 euros.

Además, las familias cuentan con beneficios adicionales, ya que se mantiene la gratuidad del transporte para menores de 15 años, conforme a las bonificaciones implementadas por el Ministerio desde junio de 2025. Esta medida asegura que los más jóvenes puedan viajar sin coste adicional, fomentando el uso del transporte y facilitando los desplazamientos familiares.

Cómo activar el Abono Único

Para activar el Abono Único, los usuarios pueden utilizar distintos canales de venta habilitados por los operadores adheridos, incluyendo taquillas, máquinas de venta en estaciones y terminales, y en páginas web oficiales. Al realizar la adquisición, cada abono se identifica con un localizador único, que permite asociar el título de transporte al usuario y validar los viajes que realice durante su periodo de vigencia.

En el caso del Abono Único joven, dirigido a personas menores de 26 años, es necesario completar un registro previo. Una vez registrado, el usuario recibe un código personal que deberá introducir al momento de comprar el abono a través de los canales habilitados. Esto garantiza que la tarifa especial se aplique correctamente.

Después de la compra, el titular del abono puede elegir la fecha de inicio dentro de los 30 días posteriores a la adquisición. A partir de la fecha seleccionada, el Abono Único estará activo durante 30 días naturales, permitiendo viajes ilimitados en los servicios incluidos sin necesidad de adquirir billetes adicionales. Este sistema facilita la planificación de desplazamientos y asegura que el abono se ajuste a las necesidades de cada usuario.

Requisitos, condiciones y sanciones

Para utilizar correctamente el Abono Único, el titular debe llevar siempre su DNI o NIE, ya que el abono es personal e intransferible. Solo la persona registrada puede hacer uso del título, y cualquier intento de compartirlo con otros usuarios se considera un uso indebido que puede generar sanciones.

Aunque el abono permite viajes ilimitados, existen reglas específicas según el tipo de transporte. En los autobuses solo se permite una reserva por sentido y por día, salvo en trayectos cortos, donde algunas empresas autorizan hasta dos reservas por sentido en la misma jornada. En Renfe Media Distancia no se puede encadenar trenes consecutivos si entre las salidas hay menos de 180 minutos o menos del triple de la duración del primer trayecto, ni se pueden realizar más de cuatro viajes de ida o vuelta con reserva de plaza en un mismo día.

El uso incorrecto del abono incluye prestar el título o el código de descuento a otra persona, no anular reservas previamente realizadas, superar los límites de reservas permitidas o utilizar la modalidad joven sin cumplir los requisitos de edad y residencia. En los autobuses, las anulaciones deben hacerse con al menos 24 horas de antelación y en Media Distancia o AVANT, al menos 60 minutos antes de la salida programada.

El incumplimiento de estas normas puede derivar en sanciones, que incluyen el bloqueo temporal del Abono Único o la anulación del código de descuento. El bloqueo implica la pérdida del derecho a devolución y la imposibilidad de adquirir un nuevo abono durante 60 días. Entre las causas de bloqueo se encuentran el uso del abono por un viajero distinto al titular y reservar sin viajar ni anular la reserva hasta tres veces siguiendo los plazos mínimos de antelación establecidos.

Septiembre llega con una nueva mensualidad de la prestación por desempleo para las personas que tienen reconocido este derecho. El ingreso forma parte del sistema de protección gestionado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y se mantiene mientras continúen cumpliéndose las condiciones exigidas para conservar la ayuda.

La vuelta a la rutina tras el verano convierte este pago en una referencia importante para muchos hogares, especialmente en un periodo marcado por el regreso de numerosos gastos habituales. Saber qué días manejan las distintas entidades permite tener una orientación sobre el momento en el que podría estar disponible la cantidad correspondiente.

El calendario de septiembre de 2026 permite concretar varias previsiones según el banco en el que esté domiciliada la prestación. A partir de esas referencias, también resulta útil conocer por qué pueden producirse diferencias entre unas cuentas y otras y qué aspectos conviene revisar cuando el importe esperado no aparece.

Cuándo ingresan los bancos el paro en septiembre

Las fechas de cobro de la prestación por desempleo pueden variar durante septiembre en función de la entidad bancaria. Aunque algunos bancos concentran el ingreso en torno al día 10, otros lo anticipan varios días de acuerdo con su operativa habitual.

Banco Santander suele situar estos abonos entre el segundo y el tercer día hábil de cada mes. En septiembre de 2026, esa referencia correspondería al miércoles 2 o al jueves 3, por lo que sus clientes podrían disponer del dinero durante los primeros días del mes. Unicaja acostumbra a efectuar el pago de la prestación por desempleo el día 9, que en esta ocasión cae en miércoles. CaixaBank y Bankinter, por su parte, fijan como referencia el jueves 10 de septiembre para que el importe quede reflejado en las cuentas de sus beneficiarios.

El momento exacto en el que aparezca el dinero puede depender de los procesos internos de cada entidad. Por ello, incluso entre clientes de un mismo banco, el ingreso puede no mostrarse a la misma hora durante la jornada prevista.

Por qué el paro puede aparecer antes o después según el banco

El SEPE es el organismo encargado de reconocer la prestación por desempleo y ordenar su pago, pero eso no significa que todos los beneficiarios vean el ingreso reflejado en su cuenta al mismo tiempo. La fecha concreta depende también de la entidad financiera y de la forma en la que esta gestione las transferencias recibidas.

Algunos bancos deciden anticipar el dinero antes de que llegue el día habitual de cobro. Para hacerlo, utilizan la información que reciben previamente sobre las nóminas y adelantan el importe con sus propios fondos. Esta práctica responde a una decisión comercial de cada entidad y únicamente afecta al momento en el que el beneficiario puede disponer del dinero, sin modificar la cuantía, la duración ni las condiciones de la ayuda.

Las entidades que no ofrecen este anticipo esperan a que la transferencia siga su tramitación ordinaria. En esos casos, el abono puede producirse alrededor de la fecha establecida o desplazarse cuando intervienen fines de semana y festivos. Por este motivo, que dos personas con la misma prestación cobren en días distintos no implica necesariamente que una de ellas tenga algún problema con su expediente.

También pueden darse diferencias dentro de una misma jornada. Cada banco trabaja con sus propios ciclos de actualización y procesamiento, de manera que el ingreso puede aparecer a distintas horas. Los horarios internos, los sistemas informáticos o el momento en el que se ejecutan las órdenes explican que el saldo no siempre se actualice a primera hora del día previsto.

Qué comprobar si la prestación no aparece en la cuenta

Cuando el abono no se refleja en el momento esperado, conviene revisar primero los movimientos bancarios durante toda la jornada. En ocasiones, la transferencia se incorpora más tarde y la ausencia del dinero durante las primeras horas no significa que exista una incidencia con el pago.

Si transcurre el periodo habitual y la cantidad sigue sin aparecer, el siguiente paso es consultar la situación de la prestación a través de los canales del SEPE. Esta comprobación permite saber si el abono continúa aprobado, si se ha producido alguna suspensión o si existe algún problema relacionado con los datos asociados al expediente.

Hay determinadas circunstancias que también pueden alterar la llegada del dinero, como un cambio reciente de cuenta bancaria, una revisión administrativa o el incumplimiento de alguna obligación vinculada al mantenimiento de la prestación. Entre ellas se encuentra la renovación de la demanda de empleo dentro del plazo correspondiente.

Por ello, es importante distinguir entre una diferencia provocada por la operativa bancaria y una incidencia administrativa. Mantener actualizados los datos personales y financieros, además de cumplir con las obligaciones exigidas, resulta necesario para que el pago pueda tramitarse con normalidad, independientemente del día concreto en el que cada entidad haga disponible el importe.

El Ingreso Mínimo Vital sigue siendo una de las principales prestaciones económicas dirigidas a los hogares con menos recursos. Su funcionamiento combina una serie de requisitos de acceso, una cuantía adaptada a cada caso y un sistema de pagos mensuales que puede variar según el momento en el que se reconoce la ayuda y la entidad bancaria en la que esté domiciliada.

Con la llegada de septiembre, una de las dudas habituales entre quienes ya tienen reconocido el IMV es saber cuándo recibirán la próxima mensualidad. Aunque existe un calendario general, algunos bancos adelantan el ingreso y permiten disponer del dinero antes que otros, por lo que no todos los beneficiarios ven reflejado el pago en su cuenta el mismo día.

A estas diferencias se añade la situación de quienes empiezan a cobrar la prestación por primera vez. En estos casos, el primer ingreso puede seguir unos plazos distintos a los pagos habituales, dependiendo del momento en el que se haya aprobado la solicitud y de cuándo quede incorporada al ciclo de abonos correspondiente.

Quién puede acceder al Ingreso Mínimo Vital y cómo se determina la ayuda

El Ingreso Mínimo Vital forma parte de las prestaciones de la Seguridad Social y está dirigido a personas y familias que no alcanzan determinados niveles de ingresos. Su objetivo es garantizar una base económica mínima a los hogares con menos recursos, aunque la cantidad concedida no es la misma en todos los casos y depende de las circunstancias concretas de cada beneficiario.

Pueden acceder tanto personas que viven solas como unidades de convivencia formadas por varios miembros. Para recibirlo es necesario cumplir una serie de condiciones relacionadas con los ingresos disponibles, el patrimonio, la composición del hogar y la residencia. Como norma general, también se exige haber residido de forma legal y continuada en España durante al menos el año anterior, salvo en los casos que la normativa contempla como excepción.

Para calcular la cuantía se tiene en cuenta la diferencia entre los recursos del hogar y la renta garantizada que corresponda según sus características. Algunos perfiles, como los hogares con menores, las familias monoparentales o aquellos en los que hay personas con discapacidad, pueden tener derecho a complementos adicionales. La prestación se mantiene mientras sigan cumpliéndose las condiciones exigidas, por lo que cualquier cambio en la situación económica, familiar o de residencia debe comunicarse.

Cuándo se cobra el IMV de septiembre

La fecha en la que se recibe el Ingreso Mínimo Vital puede cambiar de una entidad bancaria a otra, ya que algunas adelantan el pago respecto al calendario ordinario. Por este motivo, los beneficiarios no siempre reciben la mensualidad en la misma jornada, aunque se trate de la misma prestación.

Banco Santander sitúa el pago del IMV entre el martes 22 y el jueves 24 de septiembre. CaixaBank, por su parte, tendría como referencia el jueves 24, mientras que BBVA mantendría su fecha habitual y realizaría el ingreso el viernes 25. En el caso de Unicaja, el funcionamiento suele ser distinto. Esta entidad acostumbra a abonar el IMV el último día hábil del mes, que en septiembre de 2026 corresponde al miércoles 30.

Estas fechas pueden variar en función de la gestión interna de cada banco y del procesamiento de los pagos. Por eso, que el dinero no aparezca a primera hora del día previsto no significa necesariamente que exista algún problema con la prestación.

Qué ocurre con el primer cobro del Ingreso Mínimo Vital

Quienes empiezan a recibir el Ingreso Mínimo Vital pueden encontrarse con unos plazos distintos a los de las personas que ya cobran la prestación de forma habitual. La fecha del primer pago depende del momento en el que se resuelva favorablemente la solicitud y de cuándo se incorpore al procedimiento de abonos correspondiente.

Si la aprobación llega cuando el mes ya está en marcha, es posible que el ingreso no se haga efectivo hasta la siguiente nómina. Esta situación puede producirse especialmente cuando la resolución llega cerca del cierre del periodo de tramitación, ya que el expediente debe quedar incluido en el proceso administrativo antes de que se ordene la transferencia.

Ese intervalo entre la concesión y la llegada del dinero a la cuenta no significa que se pierdan las cantidades reconocidas. El primer pago puede incluir los importes que correspondan desde la fecha en la que la prestación empieza a tener efectos económicos, según figure en la resolución recibida por el beneficiario.

A partir de ese primer abono, el IMV pasa a seguir su funcionamiento mensual habitual siempre que continúen cumpliéndose los requisitos. Desde entonces, el ingreso se ajusta al calendario ordinario de la prestación y, cuando corresponda, a los posibles adelantos que aplique la entidad bancaria en la que esté domiciliado el pago.

La Seguridad Social cambiará desde este martes, 1 de septiembre, la forma de comunicar determinadas actuaciones a algunos trabajadores y beneficiarios de prestaciones. La modificación amplía el uso de los canales electrónicos en varios procedimientos. A partir de esa fecha, quienes estén incluidos en los nuevos supuestos tendrán que prestar más atención a la Sede Electrónica para consultar las notificaciones relacionadas con sus expedientes.

La medida está recogida en la Orden ISM/541/2026 y supone un nuevo avance en el uso de las comunicaciones digitales dentro de la Seguridad Social. El cambio no afectará por igual a todos los ciudadanos ni hará obligatoria la vía telemática para cualquier persona que cobre una prestación. Su aplicación se limita a determinados trámites relacionados principalmente con situaciones de incapacidad.

Esto tampoco significa que las cartas vayan a desaparecer por completo. Aunque el canal electrónico pasará a ser el principal para los colectivos afectados, la normativa mantiene varios supuestos en los que la Administración podrá seguir utilizando medios no digitales. El cambio que entra en vigor en septiembre amplía, por tanto, el número de personas que deberán consultar sus comunicaciones por internet, pero conserva otras vías cuando se den determinadas circunstancias.

A quién afecta el cambio desde el 1 de septiembre

Uno de los grupos que se incorpora a esta obligación es el de las personas que hayan solicitado o estén cobrando una prestación por incapacidad temporal. Esto incluye a trabajadores que se encuentren de baja laboral y tengan abierto un procedimiento relacionado con esa situación. Las comunicaciones vinculadas a estos expedientes pasarán a realizarse principalmente por vía electrónica.

La modificación también afecta a las notificaciones relacionadas con una incapacidad permanente y con lesiones permanentes no incapacitantes. En estos casos, la obligación dependerá del procedimiento concreto al que haga referencia la comunicación. Esto no significa que cualquier pensionista tenga que recibir a partir de ahora todas sus notificaciones de manera digital.

El sistema electrónico ya incluye además a quienes solicitan o cobran prestaciones por nacimiento y cuidado de un menor, así como a las personas que reciben ayudas relacionadas con el riesgo durante el embarazo o la lactancia natural. Estos colectivos seguirán sujetos al mismo régimen que tenían hasta ahora. El cambio no pone en marcha un sistema completamente nuevo, sino que amplía el número de personas físicas obligadas a utilizarlo en determinados procedimientos.

Cómo se recibirán las notificaciones y cuándo se mantendrá el papel

Las personas afectadas tendrán que consultar sus comunicaciones a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social. Cuando haya una nueva notificación disponible, el organismo enviará un aviso al correo electrónico o al teléfono móvil que el interesado haya facilitado previamente. Ese mensaje servirá para informar de que existe un documento pendiente de consulta.

Para acceder a su contenido será necesario identificarse mediante alguno de los sistemas habilitados, como el certificado digital, el DNI electrónico o Cl@ve. La notificación se considerará recibida en el momento en el que el destinatario acceda y consulte el documento. Si no lo hace, empezará a contar un plazo máximo de diez días desde que la comunicación quede disponible.

Una vez transcurridos esos diez días sin que el interesado haya entrado al contenido, la notificación se entenderá rechazada. Esto obliga a quienes estén incluidos en este régimen a revisar sus canales electrónicos cuando tengan algún trámite abierto, ya que dejar de recibir una carta en casa no significa que el procedimiento administrativo se detenga.

Aun así, la Seguridad Social podrá seguir utilizando medios no electrónicos en determinados casos. Entre ellos se encuentran las situaciones en las que sea necesaria una entrega presencial para garantizar la eficacia de una actuación administrativa o cuando exista una urgencia que haga incompatible esperar al funcionamiento habitual del canal digital.

También podrá recurrirse a otra forma de comunicación cuando el organismo no disponga del número de teléfono móvil o del correo electrónico del interesado para enviarle el aviso correspondiente. Estas excepciones mantienen la posibilidad de utilizar el papel en situaciones concretas, aunque deje de ser la vía habitual para los nuevos colectivos que pasan a estar obligados a recibir las comunicaciones electrónicamente.

Quiénes no están obligados a recibir las notificaciones por vía electrónica

La reforma no convierte a todos los beneficiarios de la Seguridad Social en usuarios obligatorios de las notificaciones electrónicas. Ser pensionista, por sí solo, no implica quedar incluido en la nueva obligación. Quienes cobren una pensión de jubilación, viudedad u orfandad no pasarán a recibir todas sus comunicaciones exclusivamente por internet únicamente por percibir alguna de estas prestaciones.

Lo mismo ocurre con las personas que reciben el Ingreso Mínimo Vital o determinadas prestaciones familiares. Ser beneficiario de estas ayudas tampoco supone por sí mismo que todas las notificaciones tengan que pasar al canal digital a partir del 1 de septiembre.

La clave está en el tipo de procedimiento al que se refiera cada comunicación. La obligación se aplica únicamente a los supuestos concretos recogidos en la normativa y no a cualquier relación con la Seguridad Social. Por este motivo, una misma persona puede encontrarse dentro o fuera del sistema electrónico en función de la prestación o del expediente que tenga abierto.

Desde septiembre, el principal cambio para los trabajadores afectados será la necesidad de consultar de forma activa la Sede Electrónica cuando tengan una baja por incapacidad temporal o reciban comunicaciones relacionadas con una incapacidad permanente o con lesiones permanentes no incapacitantes. El correo postal seguirá utilizándose en determinadas circunstancias, pero dejará de ser la vía principal para estos procedimientos.

Septiembre arranca con cambios en los precios de los carburantes. La rebaja en el Impuesto de Hidrocarburos se eleva a 20 céntimos por litro en el caso de gasóleo (diésel) desde este 1 de septiembre, frente a los cinco céntimos inicialmente previstos para ese mes, según ha confirmado el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

La decisión llega después de que el precio del gasóleo se haya incrementado un 15,7 % en el mes de julio, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que sirven de referencia para la reactivación de algunas medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno.

La subida se sitúa por encima del umbral del 15 % previsto en el decreto ley de medidas para contener el impacto de la guerra en Oriente Próximo, un conflicto entre Estados Unidos e Irán que está lejos de resolverse. De hecho, en las últimas horas, ambos países han vuelto a intercambiar ataques y las posibilidades de una paz duradera no se vislumbran, pese a las promesas de Donald Trump.

Desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, recuerdan que el decreto ley aprobado tiene “un enfoque protector adaptado a la evolución del conflicto, con un diseño prudente que permite volver a elevar la protección si se reproduce un escenario adverso”. Y ese vuelve a ser el caso.

Descuentos de carburantes en septiembre

El gasóleo, también conocido como diésel, tendrá un descuento de veinte céntimos por litro este mes de septiembre, una ayuda que intenta compensar la subida en los precios por el conflicto en Oriente Próximo. En cambio, no habrá cambios ni mayores descuentos en el caso de la gasolina.

Los usuarios solo se beneficiarán de un descuento de cinco céntimos por litro, lo previsto inicialmente porque este combustible solo se encareció un 7,3 %, muy por debajo del umbral del 15 % fijado en el decreto del ejecutivo.

Reactivación de las medidas

El ministerio dirigido por Carlos Cuerpo insiste en que tanto el primer plan de respuesta puesto en marcha el 20 de marzo como su continuación “están cumpliendo su objetivo principal: ”Amortiguar el impacto del shock externo sobre la inflación y el poder adquisitivo de los hogares“. El departamento defiende que las medidas han contribuido a reducir la inflación en un punto de media en los últimos meses, por lo que ”el Plan de Respuesta ha amortiguado más de un 60 % de la subida de los precios por el shock externo que supone la guerra en Irán“.

Se ha vuelto a detectar una masiva y peligrosa campaña de mensajes de texto fraudulentos que suplanta, de forma directa, a la Tesorería General de la Seguridad Social. Los ciberdelincuentes esta vez envían un SMS al teléfono móvil de los ciudadanos informándoles de que disponen de una supuesta actualización pendiente en el sistema. El mensaje insta de manera urgente a pulsar sobre un enlace de internet adjunto para gestionar dicho trámite administrativo de forma inmediata. Sin embargo, este enlace redirige a una página web falsa que suplanta la identidad de la propia Tesorería General.

Esta estafa ha sido identificada y calificada con un nivel de importancia alta por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), así como por la Guardia Civil, que ha utilizado sus redes oficiales para alertar a la ciudadanía sobre este engaño que busca hacerse con datos confidenciales de los usuarios mediante enlaces maliciosos. Este tipo de ciberataque es conocido bajo la denominación técnica de smishing, una modalidad de fraude que se basa en el envío de mensajes de texto simulando ser una entidad legítima. El objetivo principal de estos mensajes es confundir a los receptores para robarles información privada o realizarles un cargo económico en sus cuentas de forma fraudulenta.

Por lo general, los ciberdelincuentes aprovechan la confianza que los usuarios depositan en las instituciones públicas o de servicios esenciales para hacerlos picar en el anzuelo de manera rápida. La Seguridad Social constituye uno de los cebos más utilizados por estas organizaciones cibernéticas, junto con otras entidades públicas de gran relevancia como la Agencia Tributaria, los ayuntamientos locales o los servicios postales de Correos, con el fin de maximizar el número de víctimas y obtener un mayor impacto económico ilícito. De esta forma, la víctima asume falsamente la autenticidad del remitente.

Una vez que el usuario hace clic en el enlace que acompaña al mensaje de texto, es redirigido a un sitio web fraudulento que copia con gran precisión el portal real. La página falsa imita a la perfección los logotipos de la Seguridad Social, las tipografías corporativas, los colores institucionales y la disposición visual para lograr una apariencia de absoluta verosimilitud ante el público. Con el propósito de dar mayor credibilidad al fraude y tranquilizar al usuario, el sitio web malicioso exige superar un supuesto control de seguridad. Este filtro falso consiste en una verificación para confirmar que la persona no es un robot, lo que imita las medidas habituales que se encuentran en entornos seguros y legítimos en internet, logrando así que la víctima disminuya su nivel de alerta y continúe con los pasos del trámite.

Asimismo, este tipo de mecanismos interactivos pretenden convencer al usuario de la legalidad de las operaciones antes de solicitar datos. En el interior de este portal web falso, se muestra una notificación que informa sobre la disponibilidad de una supuesta prestación económica que está pendiente de revisión. Concretamente, en los casos reportados por los afectados a organizaciones de consumidores como la OCU, se ofrece un total pendiente de cobro de 305 euros. Para supuestamente gestionar el abono y proceder al trámite, la página solicita de manera sucesiva el ingreso de datos personales como el nombre completo y el número del DNI. Una vez introducidos estos datos, el sistema fraudulento solicita de forma obligatoria los datos bancarios completos y el número de la tarjeta de crédito bajo el falso pretexto de realizar un ingreso directo de esa cantidad de dinero. El usuario no sospecha que está entregando sus claves en bandeja.

A pesar del cuidado diseño visual de la página web falsa, existen múltiples elementos técnicos que delatan el engaño si se realiza una observación atenta y analítica. Los enlaces de internet que circulan en esta campaña masiva utilizan diferentes direcciones que imitan dominios legítimos del Estado, pero que en realidad son completamente extraños. Entre los dominios fraudulentos detectados y denunciados por portales de verificación figuran ejemplos con errores ortográficos como portelsegscoial punto click, seg guion social guion gob punto us, portaliseg guion socolsegob punto click o portaeliseg guion socailbgob punto click. Estas direcciones sospechosas no guardan ninguna relación con la única dirección web oficial de la Seguridad Social.

La Seguridad Social ha recordado de manera tajante a todos los ciudadanos que bajo ninguna circunstancia solicita el pago de deudas ni la actualización de datos mediante enlaces recibidos por SMS. Para acceder de manera completamente segura a cualquier tipo de trámite de la Tesorería General y evitar cualquier engaño, es necesario utilizar únicamente las vías oficiales autorizadas. Los usuarios deben abrir de forma directa en sus navegadores la aplicación de Importass, el portal web oficial de la Tesorería General de la Seguridad Social, o bien acceder a su área personal a través de la Sede Electrónica. Desde estas aplicaciones del Estado se pueden consultar de forma verídica todas las notificaciones pendientes sin correr el riesgo de sufrir una estafa financiera ni comprometer los datos de las tarjetas.

Rapidez y capturas

Para aquellas personas que hayan accedido al enlace y facilitado datos de carácter personal o bancario, se recomienda actuar de forma rápida siguiendo un protocolo de seguridad. El primer paso indispensable es ponerse en contacto inmediato con su entidad financiera para proceder al inmediato bloqueo de las tarjetas y evitar cargos económicos no autorizados. En segundo lugar, es muy importante reunir y guardar de manera ordenada todas las evidencias posibles del fraude informático, como capturas de pantalla, los mensajes recibidos y las direcciones web de los enlaces maliciosos. La rapidez en la reacción y el acopio de pruebas digitales resultan cruciales para minimizar el impacto del fraude y reclamar devoluciones bancarias.

Una vez recopiladas todas las evidencias necesarias sobre la estafa, el afectado debe presentar una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Asimismo, es aconsejable reportar el mensaje fraudulento al buzón de incidentes del INCIBE para alertar sobre la campaña activa y evitar que otras personas resulten estafadas. Como medida preventiva adicional, los expertos recomiendan practicar el egosurfing de manera periódica durante los meses posteriores al incidente para verificar que la información personal expuesta no esté siendo utilizada de forma indebida en la red.

La vuelta al cole en este curso escolar que arranca en pocos días se presenta como una de las más costosas de los últimos años. El desembolso medio por alumno podría superar la barrera de los 500 euros. Ante esta situación y según muchos expertos, uno de los errores financieros habituales es tratar el mes de septiembre como un gasto imprevisto y aislado en lugar de integrarlo en el presupuesto anual. Planificar con antelación los gastos de la vuelta al cole distribuyendo aportaciones en meses previos evita errores de financiación de última hora, lo que alivia la temida cuesta postvacacional.

Otro fallo frecuente es lanzarse a las tiendas sin antes revisar los armarios y cajones del propio hogar. Comprar cuadernos, pinturas o tijeras totalmente nuevos sin hacer un inventario previo del material en buen estado genera gastos innecesarios. Asimismo, a veces se desperdicia la gran oportunidad de que los hermanos más pequeños hereden uniformes, libros o estuches de los mayores. Esta vieja pero efectiva costumbre de heredar prendas y materiales escolares en buenas condiciones supone un ahorro directo y automático para el presupuesto familiar.

Llevar a los niños de compras para equipar la vuelta a las aulas suele ser, según muchos expertos en consumo, una trampa costosa. Los más pequeños son sumamente influenciables por la publicidad y se encaprichan fácilmente de artículos llamativos. Al acudir a los establecimientos sin ellos, los padres evitan estas compras compulsivas e innecesarias. En ocasiones también es más sencillo ceñirse a las marcas blancas, que resultan excelentes aliadas de la economía doméstica al ofrecer la misma utilidad que marcas más famosas.

El error de comprar en el primer establecimiento que se visita también priva a las familias de un ahorro sustancial. Comparar tarifas en internet y librerías físicas permite reducir el gasto en libros de texto hasta en un 25%. Igualmente, la falta de previsión a la hora de reservar los manuales con antelación impide aprovechar las promociones y descuentos por reserva anticipada que ofrecen los comercios online y las grandes superficies. Navegar por la red y realizar búsquedas virtuales facilita la comparación de los costes desde la comodidad de casa.

En la adquisición de uniformes se cometen errores como adquirir todas las prendas en el colegio. Comprar la ropa directamente en el centro educativo en lugar de tiendas externas puede encarecer la factura más de 40 euros. Para ahorrar, se deben adquirir en el colegio las prendas con logotipo y comprar los pantalones o polos básicos en tiendas genéricas. Además, no prever el crecimiento de los niños al comprar la ropa ajustada obliga a realizar nuevos desembolsos a mitad de curso por no elegir tallas con margen.

El empeño por estrenar absolutamente todo representa otra fuga de dinero totalmente evitable. Plataformas de economía circular registran cifras récord y permiten ahorrar hasta la mitad del presupuesto en libros y ropa . No recurrir a la segunda mano o al intercambio de material escolar entre particulares puede privar a los hogares de recuperar hasta 200 euros por alumno. Del mismo modo, ignorar los programas de préstamo voluntario y de libros gratuitos que promueven los colegios y comunidades autónomas supone renunciar a un alivio económico directo.

Desgravar gastos

No contemplar el formato digital para los libros de texto es otra oportunidad de ahorro que suele pasarse por alto. Una cesta escolar con libros de texto digitales cuesta menos que una con manuales tradicionales en papel, lo que puede recortar la factura por estudiante. Otro error común es comprar las lecturas obligatorias del curso en lugar de acudir a las bibliotecas públicas o de las asociaciones de familias para conseguirlas en préstamo temporal y gratuito.

Finalmente, caer en la tentación de comprar packs de material innecesario solo porque están de oferta es un error de consumo. Asimismo, muchas familias pierden dinero al no guardar las facturas de libros o uniformes, perdiendo el derecho a desgravar estos gastos en la siguiente declaración de la renta. Tampoco se suele investigar la existencia de becas autonómicas o municipales destinadas a transporte, comedor o material escolar. Consumir con sentido común, comparar y planificar son las herramientas definitivas para una vuelta al cole más barata.

El cobro de las pensiones vuelve a ser una de las cuestiones que muchos beneficiarios tienen en cuenta durante agosto. Aunque la Seguridad Social establece un calendario para abonar estas prestaciones, el día exacto en el que el dinero aparece en la cuenta puede cambiar según la entidad financiera. Lo habitual es que los bancos adelanten el ingreso respecto al plazo ordinario, de modo que buena parte de los pensionistas recibe la mensualidad antes de que empiece el mes siguiente. Ese adelanto no responde a una obligación general, sino a la política de cada entidad.

La normativa establece que las pensiones se pagan a mes vencido y que el importe debe estar disponible entre el primer día hábil del mes y, como máximo, el cuarto día natural. El Instituto Nacional de la Seguridad Social abona las cantidades a las entidades financieras dentro de ese periodo. A partir de ese momento, cada banco decide si adelanta el dinero a sus clientes y en qué fecha lo hace. Por eso, no todos los beneficiarios reciben el ingreso al mismo tiempo, aunque cobren una prestación perteneciente al mismo sistema.

Estas diferencias forman parte del funcionamiento habitual del pago de las pensiones. Los bancos suelen mantener una pauta parecida cada mes, aunque el calendario puede cambiar cuando coinciden fines de semana o festivos. También influyen la operativa interna de cada entidad y la recepción de los ficheros de pago. Las fechas anticipadas afectan a las pensiones contributivas domiciliadas en una cuenta bancaria y el ingreso se realiza de manera automática, sin que el beneficiario tenga que realizar ningún trámite adicional.

Cuándo paga cada banco la pensión en agosto

Unicaja tiene previsto adelantar la mensualidad el viernes 21 de agosto de 2026. Será la primera de las entidades incluidas en este calendario en poner el dinero a disposición de sus clientes. La fecha queda justo antes del fin de semana del 22 y 23, por lo que quienes tengan domiciliada allí su prestación podrán recibir el importe antes que los usuarios de otros bancos. Este adelanto no modifica el calendario de la Seguridad Social, sino que depende de la operativa propia de la entidad.

Banco Santander y CaixaBank sitúan el ingreso el lunes 24 de agosto. Las dos entidades concentran el pago después del fin de semana y un día antes que varios bancos incluidos en el listado. Que un pensionista reciba el dinero esa jornada mientras otro todavía no lo tenga disponible no significa que exista una incidencia. La fecha concreta depende del banco en el que esté domiciliada la prestación y de la política de adelanto que aplique cada entidad.

El martes 25 de agosto será la fecha de referencia para BBVA, Banco Sabadell, Abanca y Kutxabank. Las cuatro entidades coinciden ese día para realizar el abono anticipado de la mensualidad. De esta forma, las fechas previstas para agosto quedan repartidas entre el viernes 21, el lunes 24 y el martes 25. La Seguridad Social no fija una jornada concreta para estos adelantos, por lo que cada banco puede organizar el ingreso según sus propios criterios.

La diferencia de uno o varios días entre unas entidades y otras es habitual. La referencia para cada pensionista debe ser la fecha comunicada por su propio banco y no la correspondiente a otra compañía. En general, estos abonos suelen situarse entre los días 21 y 26 de cada mes, aunque esa pauta puede cambiar. Por este motivo, una variación respecto a meses anteriores no significa necesariamente que exista un problema con la prestación si el ingreso continúa dentro del calendario previsto.

Qué hacer si no has recibido el pago de la pensión

Si el ingreso no aparece cuando se esperaba, lo primero es comprobar si el banco ya ha llegado a la fecha prevista para realizarlo. No todas las entidades siguen el mismo calendario y que otros pensionistas hayan recibido ya la mensualidad no significa necesariamente que exista un retraso. También hay que tener en cuenta que el adelanto no es una obligación común para todos los bancos y que el pago ordinario puede efectuarse dentro del margen legal establecido para los primeros días del mes siguiente.

Cuando han pasado varios días desde la fecha prevista y el dinero sigue sin aparecer en la cuenta, la primera consulta debería hacerse con la entidad financiera. El banco puede comprobar si el movimiento está pendiente de contabilizarse, si se ha producido un retraso puntual o si existe alguna incidencia relacionada con la cuenta. Esta comprobación resulta especialmente útil cuando se han realizado cambios recientes en la domiciliación o modificaciones de datos que puedan afectar a la recepción de la prestación.

Si el banco no encuentra el ingreso o no puede explicar la demora, el siguiente paso es ponerse en contacto con la Seguridad Social. Sus canales de atención permiten comprobar si la prestación se ha emitido correctamente y si los datos bancarios asociados al expediente están actualizados. Para facilitar la consulta, conviene disponer de la documentación personal, los datos de la cuenta en la que se espera recibir el dinero y cualquier comunicación reciente relacionada con la pensión o con cambios administrativos.

También es recomendable revisar si existen avisos pendientes, modificaciones de domiciliación que no se hayan completado o incidencias con la cuenta bancaria. Tanto la entidad financiera como el Instituto Nacional de la Seguridad Social pueden informar sobre el estado del pago y ayudar a localizar el origen del problema. Antes de considerar que existe una falta de abono, conviene diferenciar entre la fecha de adelanto aplicada por cada banco y el plazo ordinario de la Seguridad Social, ya que son calendarios distintos y el primero puede variar de una entidad a otra.

Cada vez más empresas abandonan el tradicional sistema de claves alfanuméricas para adoptar las denominadas passkeys como nuevo estándar de seguridad. Esta tecnología surge para solucionar el eslabón más débil de la ciberseguridad corporativa: las contraseñas que los empleados olvidan, reutilizan o comparten inadecuadamente. Las passkeys representan una revolución en la autenticación que ya están integrando algunos gigantes tecnológicos en sus plataformas. El cambio no es meramente estético, sino una respuesta directa a la creciente vulnerabilidad de los sistemas tradicionales frente a ataques masivos.

Actualmente, millones de trabajadores utilizan este método para acceder a sus herramientas diarias sin tener que memorizar complejos códigos de acceso. Es el inicio de una era sin contraseñas donde la comodidad y la protección avanzada convergen finalmente para el usuario. La adopción masiva está transformando la manera en que las organizaciones protegen sus activos digitales más críticos y confidenciales. El éxito de esta transición depende de entender que la seguridad informática ha cambiado para siempre gracias a esta solución.

Una passkey es fundamentalmente una credencial criptográfica diseñada para sustituir definitivamente a las contraseñas tradicionales en el entorno laboral. En lugar de teclear una clave, el trabajador confirma su identidad utilizando los mismos métodos que ya emplea para desbloquear su smartphone personal. Esto incluye el reconocimiento facial, la huella dactilar o un número PIN específico configurado previamente en su dispositivo de trabajo. Al eliminar la necesidad de memorizar caracteres complejos, se reduce drásticamente el error humano que suele comprometer la seguridad de la red.

El proceso de inicio de sesión se vuelve mucho más ágil, pasando de minutos de espera a apenas unos pocos segundos. Este método se basa en estándares globales para garantizar una interoperabilidad total entre diferentes sistemas y navegadores. Los dispositivos modernos ya están listos para implementar esta tecnología de forma nativa. Así, la biometría se convierte en la llave digital definitiva que abre las puertas de las aplicaciones y servicios corporativos.

El funcionamiento técnico de estas credenciales se asienta sobre un sistema robusto de criptografía asimétrica basado en dos claves distintas. Cuando un empleado crea una passkey, su dispositivo genera automáticamente una clave pública y otra clave privada que están interconectadas. La clave pública se almacena de forma segura en el servidor de la empresa o del servicio al que se desea acceder. Por el contrario, la clave privada nunca abandona el dispositivo del usuario y permanece protegida en componentes de hardware aislados. Durante el inicio de sesión, el servidor envía un desafío que solo puede resolverse mediante el uso de la clave privada local. Esta validación se realiza internamente en el equipo tras verificar la identidad del trabajador mediante su biometría o su código PIN.

Es importante destacar que el servicio externo nunca recibe la huella dactilar ni la imagen del rostro del usuario durante este proceso. Este aislamiento garantiza que la información sensible del empleado permanezca siempre bajo su control directo y fuera de servidores externos. Uno de los mayores atractivos de las passkeys empresariales es su resistencia absoluta frente a los ataques de phishing más convencionales. Una passkey está vinculada intrínsecamente al dominio específico para el que fue creada, impidiendo su uso en sitios web fraudulentos o imitaciones.

Aunque un ciberdelincuente logre engañar al trabajador para que acceda a una URL falsa, la credencial simplemente no funcionará allí. Además, al no existir un texto que memorizar, el empleado no puede entregar accidentalmente sus datos de acceso a terceros malintencionados. Por otro lado, este sistema elimina el riesgo asociado a las filtraciones masivas de bases de datos de contraseñas corporativas. Los servidores solo guardan claves públicas que resultan inútiles para un atacante sin acceso físico al dispositivo donde reside la clave privada. Esto neutraliza los ataques de fuerza bruta y el uso de credenciales robadas que circulan masivamente en la internet oscura. La seguridad ya no depende de la complejidad de una palabra, sino de la robustez de un algoritmo criptográfico avanzado.

La implementación de passkeys conlleva beneficios operativos significativos que van más allá de la mera protección de los datos de la empresa. El departamento de soporte técnico suele dedicar una gran parte de su tiempo a gestionar incidencias relacionadas con el olvido de claves. Al adoptar este nuevo método, las solicitudes de restablecimiento de contraseñas disminuyen drásticamente, liberando recursos valiosos para tareas de mayor impacto. La productividad de la plantilla también mejora, ya que el acceso a las herramientas de trabajo es mucho más rápido y fluido. El ahorro en costes administrativos y de soporte justifica por sí solo la inversión tecnológica necesaria para realizar esta importante transición. Además, las empresas pueden cumplir más fácilmente con las normativas europeas de protección de datos que exigen métodos de autenticación fuertes.

Dos modalidades

Y es que, como afirma Jordi Alarcón, responsable de IT de Esofitec, empresa especializada en soluciones tecnológicas de facturación, contabilidad, gestión y recursos humanos, “cuando hablamos de contraseñas siempre existe la vulnerabilidad. Este sistema las elimina, ofrece más seguridad y hace el acceso más sencillo. Desde el punto de vista de un departamento de IT son un gran avance, ya que reduce el problema que suponen los errores humanos, el eslabón más débil en las estructuras de ciberseguridad”.

Dentro del ámbito empresarial, existen dos modalidades principales de passkeys que las empresas deben evaluar según sus políticas de seguridad internas. Las passkeys sincronizadas permiten utilizar la misma credencial en varios dispositivos autorizados a través de servicios en la nube de confianza. Esta opción ofrece una gran comodidad y flexibilidad para empleados que cambian constantemente entre su ordenador portátil, su tablet y su móvil. Sin embargo, para entornos con requisitos de seguridad extremos, existen las passkeys vinculadas estrictamente a un único dispositivo físico. Estas credenciales no pueden copiarse ni sincronizarse, actuando como guardianes de fortaleza que exigen el uso exclusivo de un hardware concreto. Muchas empresas optan por estas últimas para proteger accesos críticos a infraestructuras sensibles o datos financieros de alta confidencialidad.

La llegada de agosto vuelve a situar la fecha de cobro de la prestación por desempleo entre las principales consultas de quienes reciben esta ayuda. Conocer con cierta antelación cuándo estará disponible el dinero resulta especialmente importante para organizar los gastos del hogar, atender recibos y afrontar otros pagos habituales durante un mes en el que muchas familias también modifican sus rutinas por las vacaciones.

El paro constituye una fuente de ingresos esencial para las personas que han perdido su empleo y cumplen los requisitos establecidos para acceder a esta protección. Su abono se mantiene mientras el beneficiario conserve el derecho reconocido y atienda las obligaciones asociadas, entre ellas renovar la demanda de empleo dentro del plazo correspondiente y comunicar cualquier cambio que pueda afectar a su situación.

A pesar de que existe un procedimiento común para tramitar estas prestaciones, el dinero no siempre aparece en las cuentas durante las primeras jornadas del mes. Esta circunstancia suele generar dudas entre quienes consultan su saldo y todavía no encuentran reflejada la cantidad esperada, aunque en muchos casos se debe únicamente al funcionamiento habitual del proceso de pago.

En agosto de 2026 puede establecerse una referencia aproximada para el ingreso, pero la jornada concreta no será necesariamente idéntica para todos los perceptores. El calendario del mes y las distintas formas de gestionar los abonos permiten elaborar previsiones que ayudan a saber cuándo podría recibirse la prestación y a identificar si existe realmente alguna incidencia.

Fechas de cobro del paro en agosto según cada banco

El pago de las prestaciones por desempleo tendrá como fecha general de referencia el lunes 10 de agosto de 2026. Al coincidir el día 10 con una jornada laborable, el calendario no obliga a trasladar el ingreso. Sin embargo, el momento exacto en el que el dinero aparecerá en la cuenta dependerá de la política aplicada por cada entidad financiera.

El SEPE abona las prestaciones por mensualidades vencidas y realiza el ingreso en la cuenta bancaria facilitada por el beneficiario. A partir de ahí, algunos bancos esperan a la fecha ordinaria, mientras que otros anticipan la cantidad una vez que reciben la información necesaria para tramitar el pago.

En el caso de Unicaja, la previsión es que la prestación quede disponible el domingo 9 de agosto, siempre que la entidad haya recibido previamente los datos requeridos para efectuar el abono. De este modo, sus clientes podrían disponer del dinero un día antes de la fecha general establecida. CaixaBank mantendría el lunes 10 de agosto como jornada prevista para realizar el ingreso. Una fecha similar se contempla para los clientes de BBVA, que podrían empezar a ver reflejada la prestación en sus cuentas a partir de ese mismo lunes.

Por qué la prestación no llega el mismo día a todas las cuentas

El SEPE se encarga de reconocer la prestación por desempleo y tramitar la orden correspondiente, pero la fecha en la que el importe queda disponible también está condicionada por la actuación de cada entidad financiera. Esta intervención explica que dos beneficiarios con el mismo tipo de ayuda puedan recibir el dinero en jornadas diferentes.

Determinados bancos anticipan el abono antes de que llegue la fecha habitual. Para ello utilizan la información sobre las nóminas que reciben previamente y ponen la cantidad a disposición de sus clientes con recursos propios. Se trata de una política comercial voluntaria, por lo que no modifica las condiciones de la prestación, su duración ni el importe reconocido.

Las entidades que no aplican este adelanto incorporan el dinero a las cuentas cuando la transferencia se procesa conforme al calendario ordinario. En esos casos, el ingreso puede aparecer en la fecha prevista o trasladarse al siguiente día laborable cuando coinciden fines de semana o festivos. Esta diferencia no supone necesariamente que exista una incidencia en el expediente.

La hora concreta en la que se actualiza el saldo tampoco es idéntica en todos los bancos. Los ciclos de procesamiento, los horarios internos y el funcionamiento de los sistemas informáticos pueden provocar que el movimiento se muestre por la mañana, por la tarde o incluso más adelante dentro de la misma jornada. Antes de comunicar un posible impago, conviene comprobar que la cuenta registrada es correcta y que se han cumplido obligaciones como mantener activa la demanda de empleo.

El Ingreso Mínimo Vital se ha convertido en un apoyo económico relevante para las personas y familias cuyos recursos no alcanzan los niveles establecidos por la Seguridad Social. La prestación busca asegurar unos ingresos básicos, aunque tanto la cantidad reconocida como las condiciones de acceso dependen de la situación particular de cada solicitante, del número de integrantes del hogar, así como de los ingresos y el patrimonio disponibles.

De cara al mes de agosto, una de las cuestiones que más interés genera es la fecha en la que se recibirá la mensualidad. El día concreto puede variar según la entidad bancaria, ya que algunas adelantan el abono respecto al calendario ordinario. También existen diferencias en el caso de quienes acaban de obtener una resolución favorable, puesto que el primer ingreso puede seguir unos plazos distintos a los pagos habituales.

En qué consiste el IMV y cuáles son sus beneficiarios

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación de la Seguridad Social destinada a garantizar unos recursos básicos a personas y hogares que atraviesan dificultades económicas. Pueden acceder tanto quienes viven de manera independiente como las unidades de convivencia formadas por varios integrantes, siempre que su nivel de renta y patrimonio se encuentre por debajo de los límites establecidos.

La cantidad reconocida varía en cada expediente. Para determinarla, se compara el conjunto de ingresos de los beneficiarios con el umbral de renta garantizada asignado según el número de miembros y las características del hogar. La normativa también prevé incrementos en determinados supuestos, entre ellos la existencia de menores, las familias monoparentales o la presencia de personas con discapacidad.

La solicitud está abierta a ciudadanos españoles y extranjeros que residan legalmente en España y reúnan las condiciones exigidas. Con carácter general, se requiere haber permanecido en el país de forma legal y continuada durante el año anterior, aunque existen algunas excepciones. El derecho a cobrar la prestación se conserva mientras continúe la situación que permitió su concesión, por lo que cualquier modificación familiar, económica o residencial debe comunicarse a la Seguridad Social.

Cuándo se cobra el IMV de agosto

El día en el que el IMV aparece reflejado en la cuenta puede cambiar según la entidad en la que esté domiciliada la prestación. Aunque existe un calendario general para estos abonos, algunos bancos anticipan el dinero varios días y otros esperan hasta el cierre del mes para efectuar la transferencia.

Banco Santander se encuentra habitualmente entre las entidades que permiten disponer antes de la mensualidad, por lo que sus clientes podrían recibir el ingreso a partir del sábado 22 de agosto. CaixaBank tendría como fecha de referencia el lunes 24, mientras que BBVA mantendría su jornada habitual de pago, fijada en esta ocasión para el martes 25.

Unicaja sigue una operativa diferente y, por norma general, abona el IMV durante el último día hábil del mes. En agosto de 2026, esta fecha corresponde al lunes 31, de modo que sus beneficiarios tendrían que esperar algunos días más que los clientes de las entidades que aplican adelantos.

Estas previsiones pueden experimentar modificaciones debido a los procedimientos internos de cada banco o al tiempo necesario para procesar la transferencia. Además, el ingreso no siempre se refleja a la misma hora en todas las cuentas, por lo que una demora dentro del propio día señalado no implica necesariamente que exista un problema con la prestación.

Cuándo llega el primer ingreso del IMV

El estreno en el cobro del IMV no siempre coincide con las fechas habituales de quienes ya reciben la prestación con regularidad. En los expedientes recién aprobados, el momento del abono depende de cuándo se comunica la resolución favorable y de si esta puede incorporarse a tiempo al proceso de pagos del mes en curso.

Si la concesión se formaliza una vez iniciado el mes, la transferencia puede quedar incluida en la siguiente nómina. Esta situación es más frecuente cuando la aprobación se produce cerca del cierre del periodo de pago, ya que la Administración necesita completar la tramitación antes de ordenar el ingreso.

El hecho de que el dinero llegue más tarde no supone necesariamente una reducción de la cantidad reconocida. El primer abono puede reunir las mensualidades o importes generados desde la fecha en la que la ayuda comienza a tener efectos económicos, de acuerdo con lo indicado en la resolución.

Por ello, conviene diferenciar el día desde el que nace el derecho a percibir el IMV de la fecha exacta en la que la entidad bancaria refleja la transferencia. Una vez efectuado este pago inicial, las siguientes mensualidades se incorporan al funcionamiento ordinario, siempre que continúen cumpliéndose las condiciones exigidas para mantener la prestación.

La Unión Europea quiere implementar ya el primer marco jurídico integral del mundo destinado a regular el desarrollo y uso de la inteligencia artificial. Conocida técnicamente como el Reglamento (UE) 2024/1689, esta normativa pionera busca fomentar una tecnología fiable que respete siempre los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos. Su enfoque no es punitivo por definición, sino que se basa en una clasificación de riesgos que adapta las exigencias legales al peligro potencial de cada sistema.

Desde los inicios de esta ley, el calendario de aplicación ha avanzado de forma escalonada para permitir que el tejido empresarial se adapte. Esta ley afecta a todos los actores de la cadena de valor, desde desarrolladores hasta simples usuarios profesionales. El eje de esta regulación reside en su estructura basada en cuatro niveles de riesgo que determinan las obligaciones específicas para cada herramienta tecnológica utilizada hoy día. En el escalón más alto se sitúan las prácticas inaceptables que suponen una amenaza clara para la seguridad o los derechos de las personas, quedando totalmente prohibidas. Por debajo encontramos los sistemas de alto riesgo, que abarcan áreas críticas como la salud, la educación o la gestión de infraestructuras esenciales. Para la mayoría de las empresas, los niveles de riesgo limitado o mínimo serán los más habituales en sus operaciones cotidianas de oficina. Esta distinción permite que aplicaciones sencillas como los filtros de correo no deseado sigan operando sin cargas burocráticas excesivamente pesadas.

Una de las fechas más críticas para las empresas que utilizan inteligencia artificial es precisamente este inminente 2 de agosto, momento en que la transparencia se vuelve obligatoria. A partir de esta fecha, las empresas deben garantizar que cualquier interacción con un sistema automatizado sea plenamente identificable para el usuario final o cliente. Esto implica que los asistentes virtuales y los populares chatbots de atención al cliente deberán revelar su naturaleza artificial desde el inicio del contacto establecido. No bastará con ocultar esta información en las condiciones de uso, sino que el aviso debe ser claro y accesible durante toda la conversación. El objetivo es preservar la confianza del público al asegurar que los humanos sepan siempre si están tratando con una máquina.

La obligación de etiquetado se extiende también a la creación y difusión de contenidos generados o manipulados artificialmente, como imágenes, audios y piezas de vídeo hiperrealistas. Los proveedores de sistemas generativos deben incorporar marcas de agua digitales o metadatos legibles por máquina que permitan detectar el origen sintético del archivo. Por su parte, las empresas que publiquen estos materiales en sus redes sociales tienen la responsabilidad legal de incluir avisos visibles y explícitos. Esta medida es especialmente rigurosa con los llamados deepfakes, donde la alteración del rostro o la voz de una persona podría inducir a engaño. El reglamento busca evitar la desinformación en un entorno digital donde la realidad y la ficción son ya difíciles de separar.

En el ámbito de la comunicación, la ley introduce reglas específicas para los textos publicados que informen sobre asuntos que resulten de interés público general. Si una empresa utiliza modelos de lenguaje para redactar noticias, crónicas financieras o análisis electorales de forma automatizada, deberá identificar claramente dicha autoría artificial. Existe una excepción importante para aquellos artículos que, aunque utilicen herramientas de apoyo, pasen por una edición humana real donde se asuma la responsabilidad editorial final. Esto permite que la inteligencia artificial siga siendo un asistente valioso para corregir ortografía o mejorar el estilo sin necesidad de etiquetas. Sin embargo, la publicación directa de reportes sin supervisión humana sí requerirá un marcado transparente ante la audiencia.

No todo el uso de la inteligencia artificial en la actividad diaria de una oficina estará sujeto a estas exigentes medidas de marcado o transparencia pública obligatoria. La normativa excluye específicamente las comunicaciones internas de la empresa, como la redacción de correos corporativos, manuales de formación o resúmenes de reuniones privadas. Igualmente, la generación de código fuente por equipos de desarrollo de software o la creación de eslóganes publicitarios y textos comerciales no requieren avisos legales. Estas excepciones están diseñadas para no entorpecer la eficiencia operativa interna ni penalizar la creatividad en el marketing digital de productos básicos. Las empresas pueden así integrar la tecnología en sus flujos de trabajo administrativos sin temor a incurrir en infracciones graves.

Sanciones considerables

Para navegar por este escenario regulatorio, muchas compañías están recurriendo a soluciones especializadas de gobernanza que permiten registrar y auditar cada sistema tecnológico empleado. Estas herramientas facilitan la clasificación de los riesgos asociados a cada departamento y definen las medidas de cumplimiento exactas que deben aplicarse según la finalidad. Además de la parte técnica, la ley exige a las empresas adoptar medidas de alfabetización para que su personal esté formado en el uso de estas herramientas. No se trata solo de cumplir con un trámite legal, sino de integrar una cultura de responsabilidad que evite resultados discriminatorios o errores técnicos.

Ignorar las nuevas directrices europeas conlleva sanciones considerables que podrían poner en peligro la viabilidad de muchas organizaciones en el mercado único. Las multas por incumplir las obligaciones de transparencia pueden alcanzar cifras astronómicas de hasta 15 millones de euros o el 3% del volumen de negocio. Para las infracciones más graves relacionadas con prácticas prohibidas, las sanciones se elevan incluso hasta los 35 millones de euros o el 7% anual. Más allá de la sanción económica, el daño reputacional de ser percibido como una empresa opaca o poco ética puede ser devastador para la marca.

Hubo un tiempo, no hace tanto, en que los teléfonos plegables parecían más un ejercicio de ingeniería que un producto realmente pensado para el gran público. Eran llamativos, pero también caros, voluminosos y rodeados de dudas sobre su resistencia y utilidad real.

Siete generaciones después, Samsung considera que esa etapa ha quedado atrás. La compañía surcoreana presentó en Madrid su nueva familia Galaxy Z con un mensaje claro: los plegables ya no son una rareza tecnológica, sino una gama con modelos pensados para perfiles de usuario muy distintos. Los nuevos Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Fold8 Ultra no buscan reinventar el concepto, sino perfeccionarlo.

La estrategia consiste en ofrecer tres experiencias diferenciadas: un modelo compacto pensado para la movilidad, otro orientado al consumo de contenidos y un tercero dirigido a quienes buscan convertir el móvil en una auténtica herramienta de productividad. Todo ello acompañado de una nueva generación de funciones de Galaxy AI y de los relojes Galaxy Watch Ultra2 y Galaxy Watch9.

Los dispositivos fueron mostrados durante una presentación celebrada en las oficinas de Samsung en Madrid ante un reducido grupo de periodistas. Allí la compañía puso el foco en mejoras menos llamativas que un nuevo diseño, pero probablemente más importantes para el usuario: dispositivos más finos y ligeros, bisagras reforzadas, un pliegue menos visible y una inteligencia artificial más integrada en el uso diario.

Un Flip más inteligente

Samsung espera que el Galaxy Z Flip8 siga siendo el modelo más popular de la familia. Su formato compacto continúa siendo la puerta de entrada al universo de los plegables y, en esta generación, gana funciones sin perder su principal atractivo.

Con 180 gramos de peso y 6,1 milímetros de grosor cuando está desplegado, la compañía asegura que es el Flip más fino y ligero hasta la fecha. Incorpora el nuevo procesador Exynos 2600, pensado para mejorar el rendimiento y sacar mayor partido a Galaxy AI.

Durante la demostración, Samsung mostró cómo el diseño plegable permite utilizar las cámaras principales de 50 megapíxeles para hacerse selfies o apoyar el teléfono parcialmente abierto sobre una superficie para grabar vídeos o realizar videollamadas sin necesidad de trípode.

Entre las novedades destaca Auto Zoom, que detecta automáticamente a las personas presentes en la escena y reajusta el encuadre, así como Horizontal Lock, un sistema de estabilización heredado de la familia Galaxy S26 que mantiene el horizonte nivelado durante la grabación.

Otra mejora importante afecta a la FlexWindow, la pantalla exterior, que ahora permite responder mensajes, consultar información o utilizar determinadas aplicaciones sin necesidad de abrir el dispositivo.

Tres plegables para tres usuarios

Si el Flip8 representa la movilidad, los Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Fold8 Ultra son la apuesta de Samsung por quienes buscan una experiencia más cercana a la de una tableta.

La principal novedad es precisamente el Fold8, un nuevo modelo intermedio pensado para quienes consideran demasiado pequeño el Flip o excesivamente orientado al trabajo el Ultra. Con 201 gramos de peso, es el Galaxy Fold más ligero hasta la fecha y apuesta por una pantalla interior en formato 4:3, especialmente pensada para leer, navegar, jugar o consumir contenido multimedia.

Por encima se sitúa el Galaxy Z Fold8 Ultra, el modelo más ambicioso de la gama. Samsung ha reducido su grosor hasta los 4,1 milímetros cuando está desplegado, manteniendo un peso de 215 gramos pese a incorporar una pantalla interior de ocho pulgadas.

Su principal atractivo continúa siendo la productividad. Durante la presentación, la compañía mostró cómo el dispositivo permite trabajar con hasta tres aplicaciones abiertas al mismo tiempo, copiar textos e imágenes entre ellas y aprovechar el espacio adicional para consultar información mientras se redactan documentos o correos electrónicos.

El Ultra incorpora además una cámara principal de 200 megapíxeles y funciones avanzadas de fotografía y vídeo pensadas para la creación de contenidos.

Los tres dispositivos comparten una nueva estructura denominada Flex Titanium, que combina titanio y un rediseño de la bisagra para aumentar la resistencia del panel y hacer que el pliegue resulte mucho menos perceptible.

Galaxy AI gana peso

Más allá del hardware, buena parte de la presentación estuvo dedicada a Galaxy AI, que Samsung considera el auténtico elemento diferenciador de esta generación.

Entre las novedades figura My FanCam, una herramienta capaz de seguir automáticamente a una persona dentro de un vídeo y adaptar el encuadre, incluso transformándolo de horizontal a vertical para facilitar su publicación en redes sociales.

La inteligencia artificial también permite modificar fotografías mediante instrucciones escritas, eliminando objetos, añadiendo nuevos elementos o transformando completamente una escena.

Las funciones más orientadas a la productividad llegan de la mano de Samsung Notes, capaz de transcribir reuniones, identificar a los distintos interlocutores, resumir conversaciones, reorganizar el contenido o traducir automáticamente las notas a otros idiomas. A ello se suma Samsung DeX, que permite utilizar el teléfono como si fuera un ordenador al conectarlo a un monitor.

Samsung completó la presentación con los Galaxy Watch Ultra2 y Galaxy Watch9, que amplían las funciones relacionadas con la actividad física, el sueño y la salud y refuerzan la integración con el resto del ecosistema Galaxy.

Con esta nueva generación, Samsung parece haber dejado atrás la etapa en la que los plegables buscaban simplemente sorprender. Después de siete generaciones, la compañía da por consolidado el formato y centra ahora sus esfuerzos en ofrecer tres propuestas claramente diferenciadas. El reto ya no consiste en demostrar que un teléfono puede doblarse, sino en convencer de que ese diseño aporta ventajas reales en el día a día, ya sea para trabajar, consumir contenidos o, simplemente, llevar un móvil más compacto en el bolsillo.

El periodo estival suele asociarse a la desconexión y al descanso vacacional, pero para los departamentos de tecnología representa una etapa de máxima alerta. Los expertos en ciberseguridad advierten que los ataques informáticos a empresas experimentan un incremento aproximado del 30% durante estos meses de calor. Esta tendencia responde a una estrategia deliberada de los ciberdelincuentes, quienes aprovechan que las organizaciones operan con personal reducido y protocolos de vigilancia menos estrictos. No bajar la guardia resulta fundamental para garantizar la continuidad del negocio tras el regreso de las vacaciones.

Y es que la ciberdelincuencia no descansa cuando el resto de la sociedad se toma un respiro necesario, intensificando sus campañas de intrusión. Por ello, el nivel de protección debe ser una prioridad estratégica dentro del cumplimiento corporativo de cualquier empresa. Mantener la vigilancia activa es la única forma de evitar que un descanso merecido se transforme en una crisis reputacional. La vulnerabilidad de las compañías aumenta sobre todo debido a la combinación de plantillas bajo mínimos y una relajación general de las medidas preventivas. Durante el verano, muchos empleados trabajan de forma remota desde ubicaciones poco habituales, lo que multiplica los vectores de entrada para posibles intrusiones. Los atacantes son plenamente conscientes de que el departamento de informática puede estar vacío o con menos recursos técnicos disponibles.

Esta situación crea un entorno perfecto para que los intentos maliciosos tengan una mayor probabilidad de éxito que en otros meses del año. Es común que los protocolos de acceso se vuelvan más laxos para facilitar la operatividad de quienes cubren las ausencias. Además, la contratación de personal temporal para sustituciones añade un riesgo extra si no existe una formación de seguridad adecuada. Por tanto, la seguridad no debe verse como algo técnico, sino como un pilar organizacional fundamental. La concienciación debe ser el primer cortafuegos ante cualquier amenaza que busque explotar el factor humano.

Entre las amenazas más recurrentes en esta temporada, el phishing se posiciona como la técnica preferida debido a su alta efectividad. Se estima que los intentos de suplantación de identidad por correo electrónico aumentan significativamente, especialmente los dirigidos a individuos específicos. Los delincuentes utilizan ganchos relacionados con reservas de hoteles, billetes de avión y ofertas turísticas para engañar a los trabajadores desprevenidos. Además del fraude al consejero delegado y el robo de identidad, el ransomware sigue siendo una preocupación crítica para los expertos. Estos ataques buscan cifrar la información sensible de la empresa para exigir un rescate económico por su posterior liberación. La sofisticación de estos mensajes maliciosos hace que incluso el personal más experimentado pueda caer en la trampa.

Para mitigar estos riesgos, implementar la autenticación multifactor en todas las cuentas corporativas se considera una medida de primer orden. Este sistema añade una capa de verificación adicional que dificulta enormemente el acceso no autorizado a los recursos críticos. Asimismo, es imperativo realizar una actualización exhaustiva de todos los sistemas y software antes de iniciar el periodo de vacaciones. Los parches de seguridad corrigen vulnerabilidades conocidas que los hackers intentarán explotar si no están debidamente cerradas. La automatización de las copias de seguridad es otro pilar fundamental para asegurar la recuperación de datos ante un desastre.

El uso de conexiones remotas seguras es indispensable para aquellos trabajadores que mantienen su actividad laboral durante el periodo estival. Desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad recuerdan que “durante las vacaciones de verano se visitan aeropuertos, hoteles, etc. En casi todos estos lugares existe la posibilidad de conectarse a Internet a través de redes Wi-Fi públicas. Como no sabemos quién las gestiona, ni quién puede estar conectado, es preferible no conectarse a ellas. Antes de acceder a servicios online con usuario y contraseña, asegurarse de que la dirección empieza por ”https“, y mucho mejor emplear una ”VPN“.

Además, se debe ejercer un control estricto sobre los dispositivos móviles que se utilizan para fines laborales. Implementar políticas de cifrado, contraseñas robustas y la capacidad de borrado remoto es vital en caso de pérdida o robo. Limitar los accesos al personal estrictamente autorizado reduce significativamente el radio de impacto de una posible brecha. El principio de mínimo privilegio asegura que cada usuario solo acceda a lo que realmente necesita.

“La seguridad depende, sobre todo, de las personas”, afirma Jordi Alarcón, responsable de IT de Esofitec, empresa especializada en soluciones tecnológicas de facturación, contabilidad, gestión y recursos humanos: “Nos relajamos, asumimos la carga de compañeros de vacaciones o seguimos revisando el correo corporativo desde el móvil, sin estar tan alerta, lo que facilita que acabemos haciendo clic en enlaces maliciosos. Por eso, si vas a teletrabajar desde un entorno no habitual, evita conectarte a wifis abiertas y mantén el Bluetooth o el AirDrop desactivados. Y, si eres responsable de ciberseguridad, aprovecha para revisar el protocolo de copias de seguridad y activar protocolos de ciberresiliencia.”

Cómo reaccionar

La formación del personal, incluyendo a los sustitutos temporales, constituye una de las mejores inversiones en materia de seguridad informática. Es crucial que los nuevos empleados conozcan los protocolos de la empresa y sepan identificar los ataques más comunes. No descargar aplicaciones de origen dudoso ni archivos adjuntos sospechosos son pautas básicas que deben reforzarse constantemente. La curiosidad por ofertas vacacionales o guías de viaje en formato PDF puede esconder virus informáticos altamente peligrosos. Además, se recomienda moderar la información que los empleados publican en sus perfiles personales de redes sociales. Compartir la ubicación en tiempo real o las fechas exactas del viaje puede dar pistas valiosas a los atacantes.

Contar con un plan de respuesta ante incidentes bien definido permite actuar con rapidez si ocurre una intrusión accidental. Todos los miembros de la organización deben saber a quién contactar y qué pasos iniciales seguir de forma inmediata. La detección temprana de comportamientos anómalos en los equipos puede evitar un desastre de mayor impacto reputacional. Antes de cerrar por vacaciones, realizar una búsqueda proactiva de brechas de seguridad ayuda a blindar el entorno digital. Por eso, en verano la ciberseguridad sigue siendo una necesidad imperativa para la supervivencia empresarial. Proteger la infraestructura tecnológica significa salvaguardar la confianza de los clientes y la reputación de la marca. Los ciberdelincuentes no se toman vacaciones y su actividad se intensifica precisamente cuando detectan una menor vigilancia.

Los más de diez millones de pensionistas que cobran una prestación contributiva de la Seguridad Social volverán a recibir este mes el ingreso antes de la fecha oficial en la mayoría de las entidades bancarias. Como ocurre habitualmente, los bancos adelantan el abono de las pensiones a sus clientes para facilitar su liquidez y fidelizar a quienes tienen domiciliada la prestación.

En julio de 2026 el calendario presenta una particularidad: el día 25, fecha en la que muchas entidades acostumbran a realizar el ingreso, cae en sábado. Esta circunstancia provoca que algunas entidades adelanten el pago al jueves 23 o al viernes 24 de julio, mientras que otras mantienen el ingreso el propio día 25 o lo retrasan al lunes 27.

¿Cuál es la fecha oficial de pago de las pensiones?

La normativa de la Seguridad Social establece que las pensiones contributivas se abonan a mes vencido, entre el primer día hábil y, como máximo, el cuarto día natural del mes siguiente. En el caso de la nómina correspondiente a julio, la fecha oficial de pago se sitúa, por tanto, entre los primeros días hábiles de agosto.

Sin embargo, desde hace años la práctica totalidad de las entidades financieras opta por anticipar el ingreso varios días. Para ello utilizan recursos propios, ya que conocen con antelación el importe que recibirán de la Tesorería General de la Seguridad Social, lo que les permite poner el dinero a disposición de sus clientes antes de la fecha oficial.

Este adelanto se ha consolidado como un servicio habitual y es uno de los aspectos que muchos pensionistas tienen en cuenta a la hora de elegir banco.

Calendario previsto de cobro en cada banco

Aunque las fechas pueden sufrir ligeras modificaciones por razones operativas, este es el calendario orientativo que manejan las principales entidades para el ingreso de las pensiones correspondientes a julio de 2026:

Las entidades que tradicionalmente más adelantan el ingreso vuelven a ser Bankinter y Unicaja, mientras que otras mantienen el pago el día 24. BBVA, ING y Kutxabank prevén realizar el abono el sábado 25, y Abanca lo efectuaría el lunes 27 al coincidir el fin de semana con la fecha habitual de pago.

¿Por qué cada banco paga un día distinto?

La Seguridad Social no fija una fecha concreta para que los bancos ingresen anticipadamente las pensiones. Cada entidad decide cuándo adelanta el dinero a sus clientes dentro de su política comercial.

En algunos casos, el adelanto depende de la recepción de los ficheros de pago por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social; en otros, responde a criterios internos o a la operativa de los fines de semana y festivos. Por ese motivo es habitual que existan diferencias de uno o varios días entre entidades y que el calendario cambie cuando el día 25 coincide con un sábado o un domingo, como ocurre este mes.

¿Quiénes cobran este ingreso?

Las fechas afectan a todas las pensiones contributivas abonadas por la Seguridad Social mediante domiciliación bancaria. Entre ellas figuran las pensiones de jubilación, las de viudedad, las de incapacidad permanente, las de orfandad o las pensiones en favor de familiares.

En todos los casos, el ingreso se realiza automáticamente en la cuenta donde el beneficiario tenga domiciliada la prestación, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

¿Qué ocurre si el dinero no aparece en la cuenta?

Aunque los bancos suelen cumplir con las fechas anunciadas, pueden producirse pequeños retrasos por incidencias técnicas o por la operativa interna de cada entidad.

Si llegada la fecha prevista el pensionista no ha recibido el ingreso, lo recomendable es comprobar primero el movimiento de la cuenta a lo largo del día, ya que algunas entidades realizan los abonos en diferentes franjas horarias. Si el dinero sigue sin aparecer, conviene contactar con el banco para confirmar que no existe ninguna incidencia antes de dirigirse a la Seguridad Social. En la inmensa mayoría de los casos, los retrasos responden a cuestiones operativas y quedan resueltos en pocas horas.

Un calendario que ya es habitual

El adelanto del pago de las pensiones comenzó a generalizarse durante los primeros meses de la pandemia y, desde entonces, se ha convertido en una práctica habitual del sistema financiero español.

Lo que en un principio fue una medida excepcional para garantizar liquidez a los pensionistas terminó consolidándose como un servicio permanente. Hoy prácticamente todas las grandes entidades adelantan el cobro respecto a la fecha oficial, aunque cada una mantiene su propio calendario.

Por ello, salvo cambios de última hora comunicados por los bancos, los pensionistas podrán empezar a recibir la nómina de julio desde el 23 de julio, mientras que la mayoría habrá cobrado antes de finalizar el día 25, pese a que la fecha oficial de abono por parte de la Seguridad Social se produzca ya en los primeros días de agosto.

Solicitar el subsidio por desempleo podría dejar de ser sinónimo de citas imposibles, llamadas eternas o papeleo interminable en las oficinas públicas. Desde esta semana, entran en vigor nuevos métodos de identificación oficial que prometen agilizar los trámites de manera definitiva: si necesitas solicitar tu ayuda o prestación por desempleo, solo necesitas tu móvil, una nueva vía de acceso con las que podrás realizar todo el proceso de forma cómoda y con total validez legal.

La Administración se moderniza así para ponerlo más fácil, permitiendo verificar la identidad de forma rápida, segura y sin moverte de casa, ya sea a través de una pantalla o con una llamada de teléfono. Este gesto de modernización no es una decisión casual, sino un paso regulado por ley que da cobertura jurídica a lo que muchos usuarios llevaban tiempo reclamando.

El marco legal de este cambio se recoge en la Resolución de 2 de junio de 2026, de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), publicada oficialmente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el miércoles 15 de julio de 2026, y cuya entrada en vigor se produce al día siguiente de su publicación. Esta norma se apoya además en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, la cual consagra el derecho de los ciudadanos a relacionarse de forma electrónica con la Administración.

Sin embargo, esta nueva resolución va un paso más allá al regular específicamente la habilitación de trámites y actuaciones a través de los canales telefónicos y telemáticos, dándoles exactamente la misma validez y los mismos efectos jurídicos que si te presentaras físicamente en una oficina de empleo. Según detalla el propio texto del BOE, los pilares y objetivos de esta reforma son muy claros:

Con esta cobertura normativa, el SEPE no solo actualiza sus herramientas digitales (cuya sede electrónica nació en 2011), sino que abre la puerta una relación más directa, flexible y segura, adaptando la gestión de las prestaciones por desempleo a las tecnologías y necesidades de nuestro tiempo.

La evolución digital del SEPE: las dos nuevas formas de identificarte

El SEPE ya contaba en su sede electrónica con herramientas muy útiles que se pueden gestionar directamente desde el móvil. Hasta ahora, era habitual utilizar el portal para usar su simulador virtual (con el que calcular la cuantía de la prestación que te corresponde), sellar el paro o incluso descargar el certificado del IRPF para la declaración de la Renta.

Sin embargo, el gran cuello de botella siempre surgía a la hora de formalizar una solicitud oficial de subsidio, un trámite que obligaba a disponer de un certificado digital avanzado, usar el DNI electrónico o, en su defecto, conseguir una cita presencial para firmar a mano en la oficina. Con la nueva resolución de 2026, el SEPE amplía el catálogo de gestiones no presenciales para que puedas resolver prácticamente todo el proceso desde casa y sin necesidad de ser un experto en informática.

A las vías de acceso tradicionales (el certificado digital, el DNIe y el sistema Cl@ve), el SEPE incorpora dos nuevos métodos de verificación muy sencillos para que cualquier persona pueda identificarse rápidamente por teléfono o internet:

Adiós al papel: así se firma la solicitud desde casa

El verdadero salto de gigante de esta reforma es la validación legal de la “firma a distancia”. Ya no tendrás que acudir a una oficina a plasmar tu firma manuscrita; ahora el consentimiento se expresa y se registra de manera digital mediante dos canales diferenciados:

Para garantizar la seguridad jurídica del ciudadano y evitar cualquier intento de suplantación de identidad, todo el proceso telefónico quedará registrado mediante grabación de voz o una diligencia formal, incorporándose al expediente de forma que se garantice la trazabilidad y la validez legal del trámite.

¿Qué gestiones se pueden hacer con este sistema?

Este modelo simplificado de identificación y firma se aplica a todo el ecosistema de protección por desempleo. Esto incluye trámites clave como:

Dado que la implantación de estas facilidades será progresiva, el SEPE irá actualizando de forma continua el listado de trámites específicos que admiten estas nuevas vías de firma directamente en su Sede Electrónica.

Esta reforma supone una excelente noticia para quienes residen en zonas rurales alejadas de las oficinas de empleo, personas mayores con dificultades de desplazamiento o cualquier trabajador que no disponga de tiempo para acudir presencialmente.

Sin embargo, para que todo funcione como un reloj, hay un requisito indispensable: debes asegurarte de que el SEPE tenga actualizados tu número de teléfono móvil y tu dirección de correo electrónico actuales. Si estos datos no coinciden con los que conservan en su base de datos, no podrás recibir los códigos de verificación indispensables para firmar tus solicitudes y se bloqueará el trámite a distancia.

La Agencia Tributaria ha efectuado un cambio en el sistema de corrección de errores fiscales que afecta directamente a autónomos y pequeñas empresas. Con la entrada en vigor de la nueva autoliquidación rectificativa, Hacienda busca simplificar un trámite que históricamente resultaba lento y farragoso para los contribuyentes. Este cambio normativo se introdujo inicialmente mediante la Ley 13/2023 y ha culminado con la aprobación de los nuevos modelos de declaración. A partir de ahora, cualquier fallo detectado en la presentación del Impuesto sobre Sociedades deberá gestionarse bajo este mecanismo único y estandarizado.

Se trata de una medida que pretende reducir la carga administrativa y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en todo el tejido empresarial. De esta forma, se inicia una etapa de modernización administrativa que obliga a los negocios a modificar sus rutinas de gestión. Los obligados tributarios deben estar atentos a estas novedades para evitar errores en las próximas liquidaciones fiscales. Durante décadas, el procedimiento para subsanar un error dependía de si el fallo perjudicaba a la empresa o a las arcas públicas. Si el negocio dejaba de ingresar dinero, debía presentar una complementaria, mientras que si pagaba de más, solicitaba una rectificación.

Esta dualidad administrativa obligaba a realizar una evaluación previa antes de poder comunicar cualquier tipo de modificación. Sin embargo, la nueva autoliquidación rectificativa unifica ambos trámites en un solo paso, eliminando la estrategia previa condicionada por el resultado. Hacienda ha decidido que todos los escenarios se solucionen exactamente igual, independientemente de quién resulte finalmente perjudicado por el error. Ya sea por olvidar un gasto deducible o por omitir un ingreso, la vía de actuación será ahora siempre la misma. Este cambio elimina una distinción con la que el tejido empresarial llevaba conviviendo prácticamente toda su vida laboral.

El despliegue de esta figura tributaria no se limita únicamente al Impuesto sobre Sociedades, sino que se ha extendido gradualmente a otras figuras impositivas. El proceso comenzó con el IVA a finales de 2024 y continuó con su implementación en la reciente campaña del IRPF de 2024. En el ámbito societario, la Orden HAC/657/2025 aprobó los modelos 200 y 220, adaptando el primero específicamente para este fin. Es fundamental destacar que esta herramienta se aplica a los períodos impositivos iniciados durante el ejercicio fiscal del año 2024. Las entidades que tributan en el régimen de consolidación fiscal también deben tener en cuenta estas importantes modificaciones normativas.

Aunque el modelo 220 mantiene ciertas casillas tradicionales, las entidades dependientes deben usar el modelo 200 para sus rectificaciones. La normativa propia de cada tributo es la que marca el momento exacto en el que esta vía resulta obligatoria. El Real Decreto 117/2024 fue el encargado de desarrollar reglamentariamente la aplicación de este sistema en cinco impuestos diferentes.

Para utilizar de manera efectiva este nuevo sistema, el contribuyente debe realizar una anotación expresa en el modelo de declaración. Concretamente, en la primera página del modelo 200 se han habilitado casillas específicas para dejar constancia de la rectificación. Resulta imprescindible consignar el número de justificante de la autoliquidación anterior que se pretende corregir o completar en ese momento. Además, el declarante tiene la obligación de indicar de forma clara cuál es el motivo que justifica la presentación de la nueva. Se distinguen principalmente dos causas: las rectificaciones generales y las derivadas de una discrepancia de criterio administrativo.

En el caso de discrepancia, se ha habilitado una casilla especial para detallar el importe de la corrección correspondiente. Es importante notar que el formulario actual no permite adjuntar documentación adicional o alegaciones extensas de forma directa. La autoliquidación rectificativa debe contener tanto los datos que se mantienen como los que son objeto de nueva inclusión.

La principal ventaja que defiende la Agencia Tributaria con este cambio es la agilidad en la tramitación de las posibles devoluciones. Antes, la solicitud de rectificación se gestionaba como un recurso, lo que implicaba plazos de resolución mucho más dilatados. Ahora, al ser el propio contribuyente quien realiza la corrección, el proceso se vuelve mucho más directo para ambas partes. Esta inmediatez beneficia especialmente a las pymes que necesitan recuperar saldos a su favor de forma rápida y sencilla. Hacienda argumenta que este mecanismo evita procedimientos farragosos y reduce la burocracia innecesaria en la gestión de los impuestos. La simplificación técnica permite que un descuido contable no se convierta en un problema administrativo de larga duración. Al unificar los criterios, se dota de una mayor seguridad jurídica al obligado tributario en su relación con la administración.

En definitiva, el objetivo es que la corrección de errores sea un trámite ordinario y no un proceso excepcional. A pesar de la generalidad del nuevo sistema, la normativa contempla una excepción muy específica para ciertos supuestos de rectificación. Las empresas podrán seguir utilizando el método tradicional de solicitud de rectificación en casos de discrepancia jurídica de rango superior. Esto ocurre cuando se alega una vulneración de la Constitución, del Derecho de la Unión Europea o de tratados internacionales. En estos escenarios de batalla legal, la pyme tiene la libertad de elegir entre el sistema nuevo o el antiguo.

Menos tiempos de espera

No obstante, esta flexibilidad desaparece si el motivo de la rectificación se mezcla con un error contable o material. Si existen fallos comunes junto a la discrepancia jurídica, Hacienda obliga a tramitar todo mediante la autoliquidación rectificativa. Por tanto, sigue siendo vital identificar correctamente el origen del error antes de iniciar cualquier tipo de trámite. Esta salvedad protege el derecho del contribuyente a discutir la interpretación de la norma en instancias superiores de justicia.

El éxito de esta transición dependerá en gran medida de la capacidad de los negocios para adoptar las nuevas rutinas. Hacienda confía en que la reducción de los tiempos de espera mejore la satisfacción general de los obligados tributarios. Aunque el cambio puede generar dudas iniciales, la simplificación del procedimiento es una noticia positiva para la mayoría de autónomos. El sistema tributario avanza hacia una mayor transparencia y agilidad, adaptándose a las necesidades de un entorno empresarial dinámico. En conclusión, la rectificativa llega para quedarse como la vía preferente de comunicación de fallos ante la Agencia Tributaria.

Afrontar la jubilación con una mayor tranquilidad económica es el objetivo de cualquier trabajador que finaliza su etapa laboral. Sin embargo, lo que muchos futuros pensionistas desconocen es que haber tenido hijos a lo largo de su vida laboral puede traducirse en un ingreso extra mensual en su cuenta bancaria.

La Seguridad Social ofrece mecanismos específicos para premiar la aportación demográfica y compensar el perjuicio laboral que a menudo supone el cuidado de los hijos, permitiendo elevar notablemente la cuantía final de la prestación.

A pesar de ser un derecho consolidado, la normativa que regula estas ayudas genera en ocasiones un mar de dudas debido a los cambios legislativos recientes y a los requisitos específicos de acceso. No todos los complementos son iguales, ni se aplican de la misma forma para todo el mundo.

El Complemento para la Reducción de la Brecha de Género

Este beneficio económico llegó para sustituir al antiguo complemento por maternidad por aportación demográfica. Su objetivo principal es reparar el perjuicio que han sufrido la mayoría de las mujeres a lo largo de su carrera profesional por haber asumido de forma principal el cuidado de los hijos, un parón laboral que a la larga merma la cuantía de sus pensiones. Por este motivo, en su origen la ley exigía requisitos diferentes a hombres y mujeres.

Sin embargo, el escenario legal ha cambiado por completo tras una importantísima sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE) del 15 de mayo de 2025. La justicia europea determinó que la ley española discriminaba al progenitor varón, por lo que dictaminó que este complemento debe aplicarse a los hombres exactamente en los mismos términos previstos para las mujeres. En la práctica, esto significa que a los padres ya no se les exige cumplir con requisitos adicionales de cotización ni demostrar lagunas laborales particulares; si han tenido hijos y causan una pensión, tienen las mismas facilidades de acceso.

Los beneficiarios directos son todas aquellas mujeres y hombres con uno o más hijos que accedan a una pensión contributiva de jubilación ordinaria o anticipada (quedando fuera únicamente la jubilación parcial), de incapacidad permanente o de viudedad, siempre que dicha pensión se haya originado a partir del 4 de febrero de 2021. No obstante, la ley estipula que cada hijo da derecho a un solo complemento, por lo que es incompatible que lo cobren ambos progenitores a la vez.

En el caso de que los dos lo soliciten, el derecho se le concederá automáticamente a aquel que tenga la suma de pensiones públicas de menor cuantía. Asimismo, existen causas de exclusión muy estrictas: no se reconocerá este dinero a quienes hayan sido privados de la patria potestad o cuenten con condenas por violencia de género o violencia ejercida contra sus propios hijos. Para conocer cómo funciona su cuantía, sus efectos económicos y los canales de tramitación, es útil resumir sus condiciones clave:

Por último, es fundamental aclarar qué ocurre con quienes ya percibían el antiguo complemento por maternidad antes del 4 de febrero de 2021. La legislación garantiza que estas personas mantendrán el cobro de dicha ayuda de forma transitoria. No obstante, ambos incentivos son completamente incompatibles entre sí, por lo que si el interesado causa una nueva pensión pública con derecho al complemento de brecha de género, deberá optar por uno de los dos. Además, si el otro progenitor solicita ahora el nuevo complemento y le corresponde por tener una cuantía de pensión inferior, el importe que se le reconozca a este último se deducirá directamente del antiguo complemento de maternidad que venía cobrando el primero.

Beneficios de cotización por cuidado de hijos o menores

Existe otra ventaja fundamental para los padres y madres que a menudo pasa desapercibida, pero que resulta de gran utilidad para mejorar la pensión. Está regulada en el artículo 236 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. A diferencia del complemento de brecha de género, este mecanismo no añade un dinero extra directo a la mensualidad, sino que actúa sumando días de cotización ficticios a la vida laboral del trabajador para cubrir aquellos periodos en los que tuvo que dejar de trabajar o buscar empleo para dedicarse a la crianza de sus hijos.

Este beneficio reconoce como periodo cotizado a todos los efectos, con la única excepción de servir para alcanzar el periodo mínimo de cotización exigido por ley (cómputo de carencia), el tiempo en el que se haya interrumpido la cotización tras la extinción de un contrato de trabajo o tras finalizar el cobro de las prestaciones por desempleo.

Para poder acogerse a esta medida, es requisito indispensable que dicho parón laboral o el fin del paro hayan ocurrido en un momento muy concreto: entre los nueve meses anteriores al nacimiento del hijo (o los tres meses anteriores en caso de adopción o acogimiento permanente) y la finalización del sexto año posterior a esa situación. Para comprender los límites, la duración y la aplicación práctica de estos días de cotización regalados por la Seguridad Social, se deben tener en cuenta las siguientes reglas esenciales:

Días de cotización por parto

El tercer gran mecanismo que ofrece la normativa, y que suele confundirse a menudo con la bonificación por cuidado de menores, es el reconocimiento de días cotizados por parto. Este derecho viene regulado en el artículo 235 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y consiste en una cotización asimilada que el Estado otorga para compensar el impacto laboral e inmediato del alumbramiento. Al tratarse de un beneficio ligado estrictamente a la situación biológica del nacimiento, se concede única y exclusivamente a las mujeres y se aplica de cara a las pensiones contributivas de jubilación y de incapacidad permanente.

La gran ventaja de esta medida es que influye directamente en el bolsillo de la futura pensionista por una doble vía. Por un lado, a diferencia de los días por cuidado de hijos, estos periodos por parto sí computan para alcanzar el mínimo de 15 años exigidos para poder jubilarse. Por el otro, sirven para engrosar el número total de años cotizados en tu expediente. Cuantos más años acumulados presentes a la Seguridad Social, mayor será el porcentaje que se aplicará a tu base reguladora y, por lo tanto, más alta será la cuantía de tu pensión mensual.

La campaña de la Renta 2025 ha terminado oficialmente este pasado 30 de junio, dejando a miles de contribuyentes en una situación de irregularidad fiscal. A partir de ahora, cualquier presentación se considera fuera de plazo y activa automáticamente el régimen sancionador de la Agencia Tributaria. Hacienda dispone de diversos mecanismos para penalizar este retraso, que van desde recargos porcentuales hasta multas fijas, dependiendo de cada caso. El impacto económico varía sustancialmente según si el resultado de la autoliquidación es a ingresar o a devolver. Es fundamental entender que el tiempo es ahora el peor enemigo del ciudadano rezagado.

La Administración distingue entre quienes actúan por voluntad propia y quienes esperan un requerimiento oficial. Por ello, conocer las consecuencias financieras es el primer paso para minimizar el daño al bolsillo. No cumplir con esta obligación tributaria puede acarrear costes imprevistos que superan con creces la deuda original. La normativa española establece una diferencia clave entre la regularización voluntaria y la que se produce tras un requerimiento administrativo. Si decides presentar la declaración ahora sin haber recibido una notificación previa, las consecuencias serán notablemente más leves. En este escenario de buena fe, se aplican recargos por extemporaneidad que sustituyen a las sanciones más graves. 

Sin embargo, si es Hacienda quien detecta la omisión y envía una carta al respecto, se abre un proceso sancionador. En tales circunstancias, las multas dejan de ser pequeños porcentajes para convertirse en castigos financieros de gran calado. La rapidez en la respuesta del contribuyente es determinante para evitar que el expediente escale a mayores. Un simple descuido puede transformarse en una pesadilla fiscal si se decide esperar a que el fisco actúe. Por lo tanto, la mejor estrategia actual es realizar el trámite de forma inmediata tras el vencimiento.

Para las declaraciones con resultado a ingresar, se aplica un sistema de recargos mensuales que incentiva la presentación voluntaria de los ciudadanos. El recargo inicial es de tan solo un 1% si el trámite se completa durante el presente mes de julio. A esta cifra se le añade un 1% adicional por cada mes completo de retraso acumulado. De este modo, si la presentación se demora hasta agosto, la penalización sube al 2%, y en septiembre será del 3%. Este mecanismo busca que el contribuyente no dilate su deuda con el erario de manera indefinida. Aunque es una carga extra, resulta menos costosa que las sanciones derivadas de una infracción tributaria formal. El cálculo se efectúa sobre la base de la cantidad que el ciudadano debía haber ingresado inicialmente. Debes tener en cuenta que estos importes pagados por demora no son deducibles en futuros ejercicios fiscales.

Si el retraso supera los doce meses, la presión financiera sobre el contribuyente aumenta significativamente de forma inmediata y automática. En este punto, el recargo fijo se eleva hasta el 15% del total de la deuda que estaba pendiente de pago. Además, una vez sobrepasado el año de demora, comienzan a aplicarse los intereses de demora correspondientes por ley. Actualmente, este interés legal se sitúa en el 4,0625% anual, encareciendo el pago de forma progresiva. La Agencia Tributaria cuenta con un plazo de prescripción de cuatro años para reclamar estos cobros. Esto implica que el riesgo de ser detectado y sancionado persiste durante un periodo de tiempo muy prolongado. 

El escenario más peligroso ocurre cuando Hacienda envía el requerimiento oficial o la denominada “carta del miedo” al domicilio. Si la Administración detecta el incumplimiento antes que el ciudadano, las sanciones pueden oscilar entre el 50% y el 150%. La cuantía final dependerá de la gravedad de la falta y de si existe ocultación de datos relevantes. Si la deuda no supera los 3.000 euros y no hay dolo, la infracción se suele calificar como leve. Sin embargo, el uso de métodos fraudulentos dispara la sanción al rango de muy grave con costes máximos. Es posible reducir la multa un 30% si se acepta la sanción sin presentar alegaciones posteriores. También se puede obtener un descuento adicional del 40% por el pronto pago de la deuda notificada. Sin una reacción rápida, la factura final con el fisco puede llegar a triplicar la cantidad inicial.

Existe la creencia errónea de que, si la declaración sale a devolver, no existen multas por el retraso. No obstante, la obligación de declarar existe independientemente del resultado final de la autoliquidación presentada. Si el contribuyente presenta voluntariamente el trámite fuera de plazo, la multa fija es de 100 euros. Si media un requerimiento oficial por parte de Hacienda, esta sanción obligatoria asciende hasta los 200 euros. Este castigo se impone por el mero incumplimiento del deber administrativo de informar en el periodo establecido. En caso de que Hacienda deba devolver dinero, restará automáticamente la multa de dicho importe total. Así, incluso los ciudadanos con derecho a devolución pueden ver mermados sus ingresos por no ser puntuales. 

Diferentes penalizaciones

Muchos optan por el fraccionamiento de pago en dos plazos para aliviar la carga económica del impuesto. El primer pago del 60% se cobra el 1 de julio, mientras que el 40% restante se pospone hasta noviembre. Si no se dispone de fondos en la cuenta para el segundo pago, se activan recargos ejecutivos. Si el ingreso se hace voluntariamente antes del requerimiento, el recargo es del 5% sobre lo pendiente. Si Hacienda debe enviar una notificación para reclamar el pago, la penalización sube al 10% del total. En situaciones de impago persistente tras el requerimiento, el recargo de apremio puede alcanzar el 20%. A estas cifras se sumarán nuevamente los intereses de demora del 4,0625% sobre la cantidad no satisfecha. Mantener la vigilancia sobre los saldos bancarios en las fechas de cobro es crucial para evitar estos recargos. El sistema automatizado de cobros no admite demoras sin aplicar las penalizaciones legales.

Consultoras expertas en fiscalidad como Esofitec consideran que “antes de asumir que un error en la renta es irreversible, conviene revisar si aún se está a tiempo de una rectificativa”, asegura Óscar Mateo, T&A Business Unit Manager de Esofitec, quien considera que, “en muchos casos, lo que el contribuyente cree perdido en realidad se puede recuperar con la Agencia Tributaria”.

En definitiva, el fin de la campaña de la Renta 2025 marca el inicio de un período de riesgos financieros. Actuar con celeridad es la única herramienta eficaz para evitar que las penalizaciones escalen sin control. El apoyo de expertos o plataformas especializadas puede simplificar enormemente este trámite fuera de plazo. La Agencia Tributaria dispone de sistemas para localizar a los no declarantes en los próximos cuatro años. No presentar el documento a tiempo resulta siempre más caro que afrontar la cuota en el periodo voluntario. Los contribuyentes deben recordar que el coste de la demora crece cada mes que pasa sin regularizar.

El cobro de la prestación por desempleo volverá a tener como referencia el día 10 en julio de 2026. Esa es la fecha que establece el Servicio Público de Empleo Estatal para abonar estas ayudas cada mes, salvo cuando coincide con un festivo, en cuyo caso el ingreso se traslada al siguiente día hábil. En esta ocasión, el 10 de julio cae en viernes, por lo que el calendario oficial no prevé cambios ni ajustes en el pago.

Ahora bien, que el SEPE marque una fecha concreta no implica que todos los beneficiarios reciban el dinero al mismo tiempo. La prestación se canaliza a través de la entidad bancaria que cada persona tiene registrada, y cada banco aplica sus propios tiempos de gestión. Esto explica que algunos clientes puedan disponer del importe antes del día 10, mientras que otros lo vean reflejado ese mismo día o incluso en jornadas posteriores.

El abono de julio corresponde a la prestación generada durante el mes de junio, ya que el paro se paga a mes vencido. Para cobrar con normalidad, es necesario que la ayuda esté reconocida, que no existan suspensiones activas y que los datos bancarios estén correctamente actualizados. Además, la persona beneficiaria debe haber cumplido con sus obligaciones, como renovar la demanda de empleo dentro del plazo establecido.

Cuándo ingresan los bancos el paro de junio en julio

La fecha oficial de referencia para el pago de las prestaciones en julio de 2026 será el viernes 10. A partir de ahí, las entidades pueden reflejar el ingreso en momentos distintos, en función de su propia operativa. Las fechas disponibles deben entenderse como referencias bancarias, no como un calendario oficial único para todos los perceptores.

En el Banco Santander se producirá los primeros días hábiles del mes. La entidad señala que, en los últimos pagos, el ingreso vinculado al SEPE suele recibirse entre el segundo y el tercer día laborable. Con el calendario de julio de 2026, esa referencia situaría el abono en torno al jueves 2 o viernes 3 de julio, con fecha de operación y valor al día siguiente.

CaixaBank fija como referencia el viernes 10 de julio, coincidiendo con el día oficial de pago del SEPE. En este caso, el ingreso se ajustaría al calendario general previsto para las prestaciones por desempleo, aunque la hora concreta en la que aparezca disponible puede variar según la actualización de la cuenta. Unicaja, por su parte, sitúa normalmente el abono de la prestación el día 9 de cada mes. Si mantiene esa operativa en julio de 2026, sus clientes podrían recibir el dinero el jueves 9 de julio, un día antes de la fecha general marcada por el SEPE.

Cómo influyen los bancos en la fecha de ingreso del paro

Cobrar el paro unos días antes o después no depende solo del SEPE. Aunque este organismo fija la fecha oficial y ordena el pago, son los bancos quienes determinan cuándo el dinero se refleja realmente en la cuenta. Por eso no todos los beneficiarios lo reciben el mismo día.

Algunas entidades optan por adelantar el ingreso. Lo hacen basándose en la información previa que reciben sobre los pagos, lo que permite a ciertos clientes disponer del dinero antes del día 10. Este adelanto no afecta ni al derecho a la prestación ni a la cantidad, solo al momento en que el dinero está disponible.

Otros bancos, en cambio, prefieren ceñirse al calendario habitual. En estos casos, el ingreso suele verse en torno al día 10 o en el siguiente día hábil si coincide con festivos o fines de semana. No se trata de un retraso, sino de la operativa interna de cada entidad. Además, hay factores técnicos que también influyen: horarios de cierre, procesamiento de transferencias o actualización de saldos. Estos detalles pueden hacer que el dinero aparezca a distintas horas, incluso dentro del mismo día. Por eso, que no esté a primera hora no implica necesariamente un problema.

Qué hacer si no aparece el ingreso

Si el dinero no se ha abonado en la fecha prevista, lo primero es revisar los movimientos de la cuenta a lo largo del día, ya que en muchos casos el ingreso se actualiza más tarde. Si pasan los días habituales y sigue sin aparecer, conviene consultar el estado de la prestación en los canales del SEPE. Así se puede comprobar si el pago está aprobado, si hay alguna suspensión o si existe un problema con los datos bancarios.

También pueden producirse retrasos si se ha cambiado recientemente la cuenta, si el expediente está en revisión o si no se ha renovado la demanda de empleo a tiempo. En estas situaciones, el banco no puede resolver la incidencia, ya que depende de la gestión administrativa. En definitiva, es importante diferenciar entre un desfase en la operativa del banco y un problema con la prestación. En julio de 2026, la fecha oficial de referencia será el viernes 10, pero el día exacto en que el dinero esté disponible variará según la entidad y el estado del expediente.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) vuelve a colocarse entre las prestaciones que más dudas generan a final de mes, sobre todo entre quienes dependen de esta ayuda para cuadrar el alquiler, los recibos o los gastos del día a día. Aunque la Seguridad Social fija una fecha concreta para el pago, el dinero no se ingresa en todas las cuentas a la vez, ya que el momento exacto depende del funcionamiento interno de cada banco.

En el caso del IMV de julio de 2026, el calendario oficial sitúa los pagos entre el primer y el cuarto día hábil del mes. Aun así, como viene siendo habitual, algunas entidades deciden adelantar el ingreso a los últimos días del mes, de forma que sus clientes puedan contar antes con ese dinero. Este adelanto no implica un pago extra ni altera la cuantía de la prestación, sino que simplemente anticipa el acceso a un importe ya reconocido.

Por ello, conviene distinguir entre la fecha oficial que marca la Administración y el día en que cada entidad realiza el abono en cuenta. Esta diferencia explica que no todos los beneficiarios cobren al mismo tiempo, pese a tratarse de la misma mensualidad, y hace que el calendario de cada banco sea una referencia útil para quienes organizan su economía doméstica en función de esta ayuda.

Cómo funciona el Ingreso Mínimo Vital y quién puede recibirlo

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación económica dirigida a personas o unidades de convivencia con ingresos limitados. Su objetivo es garantizar un nivel mínimo de renta a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. La cuantía no es fija, ya que se adapta a las circunstancias económicas y familiares de cada caso.

Puede solicitarlo tanto una persona que vive sola como un hogar con varios miembros. Para acceder, es necesario cumplir requisitos relacionados con los ingresos, el patrimonio, la composición familiar y la residencia en España. Entre las condiciones generales se incluye haber residido legalmente en el país durante al menos un año, salvo excepciones previstas en la normativa.

El importe se calcula en función de la diferencia entre los ingresos del hogar y la renta garantizada que le corresponde. Además, el sistema contempla situaciones específicas —como la presencia de menores, familias monoparentales o personas con discapacidad— que pueden dar lugar a complementos. La ayuda se mantiene mientras se sigan cumpliendo los requisitos, por lo que es obligatorio comunicar cualquier cambio relevante.

Cuándo se cobra el IMV según el banco

La mensualidad correspondiente a julio de 2026 se abona, por norma general, en los primeros días hábiles de agosto. La Seguridad Social fija el pago entre el primer y el cuarto día hábil del mes, aunque muchas entidades bancarias optan por adelantarlo, permitiendo así que sus clientes tengan acceso al dinero antes de ese plazo.

En cuanto a las fechas previstas, el Banco Santander situaría el abono en la noche del 23 de julio, con fecha de operación y valor del día 24. CaixaBank tomaría como referencia el viernes 24 de julio, mientras que en BBVA el ingreso se produciría el día 25. Por su parte, Unicaja suele efectuar el pago el último día hábil del mes, que en julio de 2026 cae en viernes 31.

Cómo se efectúa el primer pago del IMV

El primer pago del Ingreso Mínimo Vital puede seguir un calendario distinto al de las mensualidades ordinarias. Las personas que acceden por primera vez a la prestación no siempre cobran en las mismas fechas que quienes ya la tienen reconocida desde meses anteriores. El momento del primer ingreso depende de cuándo se aprueba la solicitud y de cuándo entra esa resolución en el circuito de pagos.

Cuando la concesión llega a lo largo de un mes, lo más habitual es que la primera transferencia se realice en el periodo siguiente. Si la aprobación se produce cuando el mes ya está avanzado, el abono inicial puede demorarse por razones administrativas. Esa demora no implica por sí misma que se pierdan las cantidades reconocidas, ya que el primer pago puede incluir importes acumulados desde la fecha en la que la prestación genera efectos económicos.

Por este motivo, quienes reciben una resolución favorable deben distinguir entre la fecha en la que se reconoce el derecho y el día en que el dinero aparece en la cuenta. La primera determina desde cuándo corresponde la ayuda; la segunda depende del proceso de pago y de la entidad financiera. Esa diferencia puede generar dudas, sobre todo en los expedientes nuevos, pero no significa necesariamente que exista una incidencia.

Una vez realizado el primer ingreso, si la prestación sigue activa y se mantienen los requisitos, los pagos pasan a efectuarse de forma mensual. A partir de ese momento, la persona beneficiaria entra en el calendario habitual: abono de la Seguridad Social en los primeros días hábiles del mes siguiente y posibles adelantos si el banco donde está domiciliado el IMV aplica esa práctica.

La campaña de la Renta 2025 llega a su fin este martes 30 de junio. Los contribuyentes obligados a presentar la declaración tienen hasta el cierre del día para completar el trámite dentro del plazo ordinario y evitar posibles consecuencias económicas por presentarla fuera de tiempo. A partir del día siguiente, seguirá siendo posible entregarla, pero ya se considerará fuera de plazo y la Agencia Tributaria podrá aplicar recargos, intereses o sanciones en función de cada situación concreta.

El importe que Hacienda puede reclamar no es igual en todos los casos. Depende, sobre todo, de si el resultado de la declaración es a pagar o a devolver, y de si el contribuyente regulariza su situación por iniciativa propia o lo hace tras recibir una notificación oficial. No presentar el IRPF dentro del calendario fijado puede implicar desde una multa fija hasta un porcentaje sobre la cantidad que se dejó de ingresar.

La clave está en el momento en el que se corrige el incumplimiento. Si la declaración se presenta fuera de plazo, pero antes de que Hacienda haga cualquier requerimiento, el impacto suele ser menor. En cambio, si es la Agencia Tributaria la que detecta la falta de presentación y envía una notificación, las sanciones pueden incrementarse de forma notable, especialmente cuando el resultado es a ingresar.

Las posibles sanciones por presentar la Renta fuera de plazo

Cuando la declaración sale a pagar y se entrega tarde de forma voluntaria, sin requerimiento previo, se aplica un recargo sobre la cantidad pendiente. Este recargo aumenta con el paso del tiempo. Durante los primeros meses, se calcula con un 1% por cada mes completo de retraso desde el fin de la campaña. Así, si se presenta en julio, el recargo será del 1% sobre la deuda; si se retrasa hasta septiembre, alcanzará el 3%.

Este sistema hace que aplazar el trámite encarezca progresivamente el importe final. Aunque finalmente se presente la declaración, la deuda puede aumentar si pasan los meses. Por eso, en cuanto se detecta el incumplimiento, regularizar la situación cuanto antes permite reducir el impacto económico y evitar que la cantidad siga creciendo.

El escenario cambia si ha pasado más de un año desde el final de la campaña. A partir de ese momento, el recargo sube al 15% y se añaden intereses de demora, que actualmente se sitúan en el 4,0625%. En estos casos, el importe final puede ser bastante más elevado que la deuda inicial, ya que no solo se aplica un recargo fijo, sino también intereses por el tiempo transcurrido.

La situación se complica si es Hacienda quien reclama la presentación mediante una comunicación oficial. Si el contribuyente estaba obligado a declarar, no lo hizo y el resultado es a pagar, la Agencia Tributaria puede exigir la deuda pendiente e iniciar un procedimiento sancionador. En estos supuestos, la multa puede partir del 50% de la cantidad no ingresada y llegar hasta el 150%, según las circunstancias.

Cuando la declaración sale a devolver o el resultado es cero, también puede haber penalización por incumplir el plazo. En estos casos no existe deuda con Hacienda, pero sí se ha incumplido la obligación formal de presentar la declaración en tiempo. Si se entrega de forma voluntaria antes de cualquier requerimiento, la sanción habitual es de 100 euros. Si es Hacienda quien exige la presentación, la multa puede ascender a 200 euros, aunque pueden aplicarse reducciones en determinados casos.

Qué son las cartas de requerimiento de Hacienda

Las cartas de requerimiento son las comunicaciones formales que la Agencia Tributaria envía a un contribuyente cuando necesita que presente una declaración, corrija una situación, aporte documentación o justifique determinados datos. Suelen estar vinculadas a posibles incidencias detectadas por la Administración al cruzar información o ante la ausencia de una declaración obligatoria.

No todas las comunicaciones tienen el mismo alcance. Hacienda también puede enviar avisos preventivos a contribuyentes que ya han presentado su declaración, pero han modificado datos respecto a la información fiscal disponible. En estos casos, el objetivo es que se revise si la declaración es correcta o si conviene presentar una complementaria.

Este tipo de avisos busca facilitar la corrección voluntaria de errores u omisiones antes de que sea necesaria una regularización posterior. Si se considera que la declaración es correcta y se pueden justificar los datos, no es necesario modificarla. En cambio, si se detecta un error, existe la posibilidad de corregirlo antes de que el problema avance.

Un requerimiento formal tiene más consecuencias. Cuando Hacienda solicita documentación o exige una actuación concreta, es necesario responder en el plazo indicado. Ignorar la notificación puede complicar el proceso y aumentar el riesgo de sanciones. Además, una vez recibido el requerimiento, la regularización ya no se considera espontánea. Por ello, presentar la declaración dentro de plazo permite evitar recargos, reduce el riesgo de sanciones y cierra el trámite dentro del calendario previsto.

El Tesoro Público español se prepara para afrontar un mes de julio cargado de actividad financiera con el objetivo de captar liquidez en los mercados. Tras cerrar las operaciones de junio, el organismo ya ha fijado en su calendario las fechas clave para la emisión de nuevos valores de deuda pública a corto plazo. En este contexto, los inversores particulares y grandes instituciones centran su mirada en las próximas subastas que tendrán lugar durante las dos primeras semanas del mes estival. Estas emisiones son especialmente seguidas por quienes buscan refugio en activos de bajo riesgo ante la volatilidad económica actual. 

El organismo emisor mantiene una transparencia absoluta en su planificación anual, permitiendo que los ciudadanos conozcan con antelación los días exactos de las operaciones. De hecho, ya se ha iniciado la cuenta atrás para que los interesados preparen sus peticiones de suscripción. La popularidad de estos instrumentos no ha dejado de crecer debido a la atractiva rentabilidad que vienen ofreciendo en los últimos tiempos. Es un momento crucial para aquellos que desean rentabilizar sus ahorros con la máxima seguridad que ofrece el Estado español.

La primera de las grandes citas en el calendario de julio está programada para el día 7, momento en que se subastarán dos tipos de valores. Se trata de las letras a seis y doce meses, que representan una de las opciones favoritas para el ahorro con vencimiento a medio plazo. Para participar en esta puja, el Tesoro establece fechas límite muy estrictas que los ahorradores deben tener presentes para no quedar fuera. En el caso de realizar la solicitud de forma telemática, el plazo máximo para presentar las peticiones online expira el 3 de julio. Quienes prefieran acudir de manera presencial a las sucursales del Banco de España tienen un margen similar, requiriendo siempre una cita previa. 

El valor nominal mínimo para entrar en esta subasta se mantiene en los 1.000 euros, permitiendo así el acceso a pequeños ahorradores. Es fundamental recordar que estas inversiones se realizan en tramos múltiplos de dicha cantidad, asegurando una estructura de deuda organizada. Estas letras a seis y doce meses suelen atraer el mayor volumen de capital en las subastas del Estado. Exactamente una semana después, el 14 de julio, el Tesoro Público volverá a abrir sus puertas para subastar los otros dos tipos de letras. En esta ocasión, el protagonismo recaerá sobre los títulos con vencimientos más breves e intermedios, concretamente las letras a tres y nueve meses. Esta segunda vuelta mensual completa el cuarteto de instrumentos de deuda a corto plazo que el Estado pone a disposición de los ciudadanos. 

Para esta subasta específica, los inversores disponen de un margen adicional, pudiendo presentar sus peticiones online hasta el día 10 de julio inclusive. Al igual que en la emisión anterior, el proceso garantiza que tanto minoristas como grandes fondos puedan competir en igualdad de condiciones técnicas. Las letras a tres meses son valoradas por su extrema liquidez, mientras que las de nueve meses ofrecen un equilibrio temporal muy demandado. El calendario oficial muestra que la emisión efectiva de estos títulos se producirá el 17 de julio, cerrando el ciclo. Resulta vital para el inversor coordinar sus fondos, ya que el pago de las adjudicaciones debe realizarse en las fechas señaladas.

El funcionamiento técnico de estos valores del Estado se basa en un sistema de emisión al descuento que resulta muy sencillo de comprender. A diferencia de otros productos financieros, las letras del Tesoro no pagan un cupón periódico o intereses anuales de forma explícita. La rentabilidad real para el comprador se genera a través de la diferencia entre el precio de compra y el valor de reembolso. Esto significa que el inversor adquiere cada letra por un importe inferior a su valor nominal de 1.000 euros en el momento inicial. Al llegar la fecha de vencimiento o amortización de la deuda, el Estado abona la totalidad de los 1.000 euros al titular. 

Es decir, si por ejemplo se adquiere un título por 970 euros, la ganancia bruta al finalizar el periodo será de 30 euros por unidad. Este método permite conocer de antemano la rentabilidad mínima que se obtendrá, aportando una gran seguridad al plan de ahorro. Para el cálculo preciso de estos rendimientos se aplican fórmulas financieras estandarizadas que consideran los días exactos hasta el vencimiento. El mercado secundario también permite negociar estos valores antes de que se cumpla su plazo de vencimiento final.

Al participar en una subasta, el inversor tiene la posibilidad de elegir entre realizar una oferta de carácter competitivo o no competitivo. En las ofertas no competitivas, el interesado simplemente indica la cantidad de dinero que desea invertir sin especificar un precio concreto. Bajo esta modalidad, el suscriptor acepta el precio medio ponderado que resulte de la subasta una vez que se hayan resuelto todas las pujas. Por el contrario, en las ofertas competitivas se debe indicar tanto el montante económico como el precio que se está dispuesto a pagar. El Tesoro Público emplea el sistema holandés combinado con el método de subasta convencional para determinar las adjudicaciones finales. Este proceso implica que las ofertas se clasifican de mayor a menor precio, aceptando aquellas que superan el mínimo fijado por el emisor. 

Las peticiones no competitivas son las primeras en ser atendidas por el organismo oficial, asegurando así su colocación prioritaria. Una vez cubierto el volumen previsto, se calcula el tipo de interés medio que regirá para el resto de los participantes. Este mecanismo busca optimizar el coste de la deuda para el Estado y ofrecer condiciones de mercado justas.

Vías para comprarlas

Existen diversas vías para tramitar la compra de estas cuatro letras del Estado, adaptándose a las necesidades de cada perfil de usuario. La opción más ágil actualmente es el servicio de compraventa de valores a través de la página web oficial del Tesoro Público. No obstante, este canal requiere que la suscripción se realice con al menos siete días de antelación respecto a la fecha de subasta. Concretamente, el plazo online se cierra a las 23:00 horas del séptimo día anterior para garantizar la correcta gestión de los fondos. Otra alternativa clásica es acudir físicamente a una de las sucursales del Banco de España distribuidas por todo el territorio nacional. Es indispensable concertar una cita previa y respetar el horario de atención, que suele ser de 8:30 a 14:00 horas. Además, las entidades bancarias privadas también actúan como intermediarios, facilitando el proceso a sus clientes a cambio de posibles comisiones. Para los inversores particulares que no son miembros del mercado primario, se exige a veces un depósito previo como garantía. 

En definitiva, las próximas subastas de julio representan una oportunidad clave para consolidar el ahorro en un producto con respaldo estatal. La tendencia alcista de los intereses en las letras del Tesoro, que han alcanzado niveles máximos desde 2024, justifica el interés masivo. Comparadas con los bonos y obligaciones a largo plazo, las letras ofrecen una flexibilidad temporal que se adapta mejor a la incertidumbre. El inversor conservador valora especialmente la garantía de recuperar su capital principal íntegro junto con la rentabilidad pactada en el proceso. Además, la sencillez del producto evita sorpresas desagradables ligadas a la volatilidad de los mercados de renta variable. 

El Banco Central Europeo (BCE) trabaja desde hace años en la creación del euro digital, una versión electrónica del dinero en efectivo con la que aspira a adaptar la moneda común a un entorno donde los pagos digitales ganan terreno a gran velocidad. Esta iniciativa, que no reemplazará al efectivo pero sí lo complementará, busca dar una respuesta pública, segura y gratuita a la transformación que vive el sistema de pagos, hoy dominado en parte por operadores privados no europeos.

La propuesta parte del reconocimiento de que el uso del efectivo está disminuyendo progresivamente, especialmente en algunos países del norte de la eurozona. Frente a la expansión de soluciones de pago digitales desarrolladas por grandes plataformas tecnológicas, el BCE pretende asegurar que el público mantenga acceso directo a una forma de dinero del banco central en la era digital. Al igual que las monedas y billetes actuales, el euro digital estaría respaldado por el BCE, lo que garantiza su valor y estabilidad.

Aunque todavía no hay una fecha oficial de lanzamiento, el proyecto ha entrado en una fase de preparación que podría extenderse varios años. Entre sus principales desafíos se encuentran el diseño técnico, la protección de la privacidad y la definición del papel que jugarán los intermediarios, como bancos comerciales y operadores de servicios de pago. Paralelamente, su puesta en marcha depende también del visto bueno legislativo, que deberá ser otorgado por las instituciones europeas tras analizar la propuesta del BCE.

Una nueva forma de dinero público

El euro digital se plantea como una forma de dinero público electrónico, accesible a todos los ciudadanos de la eurozona. A diferencia de las cuentas bancarias tradicionales, el dinero depositado en un monedero digital en euros estaría directamente garantizado por el banco central, eliminando el riesgo asociado a posibles quiebras bancarias. No se trata de una criptomoneda ni de un activo volátil: su valor será siempre equivalente al del euro físico.

En su diseño actual, el euro digital permitiría realizar pagos en tiendas físicas, en línea o entre particulares, utilizando un teléfono móvil u otros dispositivos electrónicos.

Según detalla el Banco Central Europeo en su web oficial, también se prevé la posibilidad de pagos sin conexión a Internet, lo que garantizaría su uso incluso en entornos rurales o en momentos de caída de red. Además, su uso básico sería gratuito para los ciudadanos, y se contempla que las entidades financieras desarrollen servicios adicionales sobre esta infraestructura.

El Banco de España, a través de su portal Cliente Bancario, ha señalado que el euro digital no será un sustituto del efectivo ni un instrumento para controlar los hábitos de consumo.

Se espera que las operaciones realizadas con él respeten altos estándares de privacidad, si bien su diseño final deberá encontrar el equilibrio entre anonimato y prevención del fraude. Esta característica lo diferencia de otros medios de pago digitales privados, que pueden recopilar y explotar los datos de los usuarios.

¿Cómo funcionaría el euro digital?

El euro digital permitiría realizar pagos inmediatos y seguros tanto en comercios físicos como en plataformas en línea, así como entre particulares, sin importar el país de la zona euro ni el proveedor de servicios utilizado. Para usar esta nueva forma de dinero electrónico, el primer paso sería crear un monedero digital en euros a través de una entidad financiera o una oficina de correos.

Una vez abierto el monedero, los usuarios podrían cargar dinero desde una cuenta bancaria vinculada o incluso mediante la conversión de efectivo. A partir de ese momento, los pagos se efectuarían utilizando el saldo disponible en ese monedero, que también podría recibir ingresos en euros digitales que los usuarios podrían conservar hasta un límite establecido o transferir a su cuenta bancaria, ya sea de manera manual o automática.

El sistema garantizaría transacciones seguras y rápidas en cualquier situación, incluyendo la posibilidad de realizar pagos sin conexión a internet. En estos casos, solo las partes involucradas conocerían los detalles de la operación, lo que asegura un nivel de privacidad comparable al del dinero en efectivo. Estas características buscan combinar la seguridad y accesibilidad del dinero público con la flexibilidad que demandan los usuarios en un mundo cada vez más digital.

Los casi diez millones de pensionistas en España tienen muy presente la primera semana de julio. No es para menos, está previsto que la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) abone la paga extraordinaria de verano de 2026 entre el miércoles 1 y el viernes 3 de julio. Otros beneficiarios también tienen subrayado en su calendario la última semana de junio, en previsión de recibir antes el dinero gracias al adelanto habitual de las entidades bancarias. Se trata de un año especial, en el que la paga extraordinaria vendrá con subida incluida. Muchos jubilados recibirán una cuantía superior en la paga extraordinaria. El motivo reside en que las pensiones contributivas se han revalorizado un 2,7%, tal y como establece el Real Decreto 39/2026.

De acuerdo con el artículo 46 de Ley General de la Seguridad Social, el sistema de pensiones contempla 14 pagas anuales, doce correspondientes a cada mes del año y dos extraordinarias. De acuerdo con la norma, “estas últimas se devengarán en los meses de junio y noviembre”. No se trata de un complemento adicional al importe mensual, sino parte de una fracción del cálculo total de la pensión. Del mismo modo, el importe a recibir por los pensionistas es equivalente al recibido mes a mes. La peculiaridad de la paga extraordinaria reside en que se abona a mes vencido, por lo que los bancos deberán haber recibido la transferencia por parte de la Seguridad Social a principios de julio. En definitiva, queda poco más de un mes para que los pensionistas reciban su paga extra.

Los pensionistas que hayan comenzado a percibir la pensión después del periodo de devengo —que abarca desde el 1 de diciembre al 31 de mayo— no recibirán la totalidad de la paga extra de verano. En su lugar, recibirán el importe proporcional a lo cotizado. Si, por ejemplo, un usuario es pensionista desde el 31 de mayo, cobrará la mitad de la paga extra, puesto que solo habrá generado tres de los seis meses del periodo. En ese mismo escenario, un pensionista que percibe 1.600 euros recibirá solo 800 euros de paga extraordinaria de verano.

Por su parte, aquellos que empezaron a recibir la pensión después del 31 de mayo de 2026 tendrán que esperar al próximo año para cobrar la paga extraordinaria. Lo mismo ocurrirá con los que la hayan tenido suspendida durante el periodo de devengo en su totalidad.

Por otro lado, existen pensiones en las que, en lugar de contar con paga extraordinaria, el importe está prorrateado. Es el caso de aquellas prestaciones por incapacidad permanente derivadas de accidente laboral o enfermedad profesional.

Cuándo se cobra la paga extra en cada entidad bancaria

No todos los bancos efectúan el ingreso de la paga extra el mismo día. Muchas entidades financieras adelantan el ingreso, por lo que el día de cobro depende de dónde tengan los pensionistas domiciliada su pensión. En general, los bancos que anticipan el ingreso lo suelen hacer entre los días 22 y 25 de junio:

Si antes del 3 de julio el pensionista no ha recibido la paga extraordinaria de verano, lo recomendable es que contacte con su banco y consulte si existe una orden de pago pendiente. En caso contrario y si no consta a la entidad financiera el abono, deberá presentar una reclamación ante la Seguridad Social mediante uno de estos dos cauces:

La campaña de la Renta 2025 está entrando en su recta final con cifras que demuestran una gran agilidad por parte de los ciudadanos. Según los datos más recientes facilitados por la Agencia Tributaria, 6 de cada 10 contribuyentes ya han cumplido con sus obligaciones fiscales ante Hacienda. Este porcentaje representa a más de quince millones de personas que han preferido no esperar al último momento para ajustar sus cuentas anuales. La mayoría de estos declarantes ya han recibido las devoluciones correspondientes, cerrando así un proceso que comenzó el pasado mes de abril.

Sin embargo, todavía queda un volumen significativo de población que debe realizar el trámite antes de que expiren los plazos legales establecidos. El ritmo de presentación es notablemente superior al del ejercicio anterior, consolidando una tendencia de anticipación digital constante. Para aquellos que aún no han dado el paso, es fundamental conocer las fechas clave que marcarán el cierre definitivo de este importante periodo impositivo.

El volumen total de declaraciones presentadas hasta la fecha asciende a 15.202.000, lo que supone un incremento del 4,7% respecto al mismo periodo de la campaña anterior. Este crecimiento es especialmente llamativo si se tiene en cuenta que el proceso arrancó con seis días de retraso en comparación con el calendario del año pasado. Hacienda estima que, una vez finalice el periodo, se habrán tramitado más de 25.251.000 declaraciones en total. Este aumento global del 2,1% en la participación se atribuye directamente al impulso en la creación de empleo registrado a lo largo del año 2025. Los contribuyentes están haciendo uso masivo de las herramientas telemáticas, lo que ha permitido gestionar un flujo de información sin precedentes de manera eficiente.

De las declaraciones recibidas hasta ahora, la gran mayoría han resultado con derecho a devolución, siguiendo la tónica habitual de las campañas de IRPF. De hecho, la Agencia Tributaria ya ha devuelto 5.710 millones de euros a un total de 8.277.000 contribuyentes en estos dos meses iniciales. Esta cifra supone que el 75,5% de las solicitudes de devolución presentadas ya han sido abonadas efectivamente en las cuentas bancarias de los ciudadanos. El ritmo de pagos ha experimentado una evolución positiva del 4,1% interanual, alineándose con el incremento en el número de solicitudes recibidas. 

Por su parte, la propia Hacienda prevé ingresar unos 24.628 millones de euros, lo que representa un aumento considerable del 18,4% respecto al ejercicio anterior. En contraste, se espera que el importe total a devolver sea un 3,2% inferior, situándose en el entorno de los 13.271 millones de euros. Estos datos reflejan la solidez de la recaudación y la eficacia de los sistemas de procesamiento automático de los borradores. Para el contribuyente medio, la rapidez en la obtención del reembolso sigue siendo el principal incentivo para presentar la documentación durante las primeras semanas.

Pero es cierto que a estas alturas el calendario aprieta y los contribuyentes que aún no han presentado su declaración deben marcar dos fechas fundamentales en rojo para evitar posibles recargos o sanciones. El plazo general de presentación finalizará el próximo 30 de junio para todos los supuestos, ya sea con resultado a ingresar o a devolver. Sin embargo, existe una excepción crucial para quienes tengan que pagar y deseen hacerlo mediante domiciliación bancaria en su cuenta corriente. En este caso específico, la fecha límite se adelanta al 25 de junio, otorgando un margen menor para completar el trámite de forma automatizada. 

Es importante recordar que domiciliar el pago no significa un desembolso inmediato del dinero, sino que el cargo se efectuará el último día de campaña. Aquellos que presenten una declaración positiva después del día 25 deberán realizar el ingreso por otros medios antes de confirmar el envío. No agotar los plazos es la mejor estrategia para evitar incidencias técnicas de última hora que puedan surgir por saturación.

Atención personalizada

Para quienes prefieren una atención personalizada o tienen dudas complejas, la Agencia Tributaria ofrece diversas vías de asistencia. Desde el pasado 1 de junio, las oficinas físicas están abiertas para confeccionar declaraciones de forma presencial, sumándose así al canal telefónico. Es imprescindible solicitar cita previa para ambos servicios, un proceso que puede realizarse a través de la sede electrónica o de los teléfonos oficiales. El plazo para pedir estas citas finalizará el 29 de junio, solo un día antes del cierre definitivo de la campaña de Renta 2025. El plan “Le llamamos” sigue siendo la opción preferida de asistencia personalizada, con más de un millón de solicitudes registradas hasta el momento. Además, existe un plan especial de videoasistencia para pequeños municipios que no cuentan con delegaciones propias de la Agencia Tributaria. 

Como recomendación final para el 40% de los declarantes que aún están pendientes, los expertos sugieren no demorar más la revisión del borrador fiscal. Es vital comprobar que se están aprovechando todas las deducciones autonómicas vigentes para el ejercicio 2025, ya que Hacienda no siempre las aplica por defecto. En el caso de que la declaración salga a pagar, el pago puede fraccionarse en dos plazos: el 60% al presentarla y el 40% restante en noviembre. Asegurarse de tener saldo suficiente el día 30 de junio evitará problemas con las entidades bancarias y con la propia administración tributaria. La documentación necesaria debe estar preparada antes de iniciar el trámite, especialmente si se opta por la vía telefónica o la presencial. Con la campaña llegando a su fin, la previsión y el conocimiento de los plazos son las mejores herramientas para cerrar el año.

La campaña de la Renta 2025 ha llegado a su recta final. Han pasado dos meses desde la apertura del plazo para que los contribuyentes rindiesen cuentas con la Agencia Tributaria y, en estos momentos, queda menos de un mes para poder presentar la declaración. El próximo 30 de junio será el último día de la campana del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF). Aún queda margen, por lo que es tentador apurar los plazos a última hora, algo que puede ser arriesgado, especialmente para aquellos declarantes con un resultado positivo en su declaración.

El resultado de la declaración es la culminación del proceso de declaración de la renta que nos indica si el balance ha salido positivo (a pagar) o negativo (a devolver en nuestro favor). Esto se calcula aplicando la siguiente fórmula: casillas ([550] - [551] + [552] - [562] + [563] - [575] + [576] - [589] + [590] - [591] + [592]). Si el resultado es positivo, es necesario abonar este importe a la Agencia Tributaria. En el caso de que, por el contrario, salga negativo, Hacienda deberá ingresarnos esta cantidad.

En términos generales, la declaración suele salir a pagar porque Hacienda estima que el contribuyente ha pagado menos IRPF del que corresponde por sus ingresos totales. En consecuencia, hace una regularización y reclama el dinero. El cálculo del IRPF está sujeto a múltiples variables, puesto que afecta a numerosos tipos de ingresos:

El fenómeno más común que propicia que el IRPF salga a pagar es que no se han aplicado las tarifas que corresponden a la nómina que percibe el contribuyente. Otro error habitual es que el declarante no se sujete a deducciones a las que tiene derecho.

Fecha límite para presentar la declaración si el resultado es positivo

En general, el plazo para presentar la declaración finaliza el 30 de junio, pero para aquellos que les sale la declaración a pagar deberán presentarla algo antes. Y es que, para el 25 de junio, los contribuyentes deberán tener el pago domiciliado.

Más tarde de esa fecha, existen estos plazos por los que Hacienda reclamará el importe de la regularización, en función de si el pago está o no fraccionado y la proporción que se domicilie. Es posible fraccionar el pago en dos plazos de proporción de 60/40. En otras palabras, existe un primer pago del 60% del importe total a pagar, y un segundo pago del 40%.

Para optar a un fraccionamiento, la declaración debe presentarse dentro del plazo establecido y no debe tratarse de una autoliquidación complementaria. Además, en el momento en el que se confirma la declaración debe efectuarse el ingreso del 60% del importe resultante de la misma:

Podrán optar a domiciliar su declaración aquellos contribuyentes que confirmen su borrador a través de la sede online de la Agencia Tributaria, por teléfono, o por la aplicación de Hacienda. También en el caso de que la autoliquidación se efectúe a través de los servicios de ayuda prestados en las oficinas de la Agencia Estatal de la Agencia Tributaria.

La aerotermia se está consolidado como una de las inversiones más inteligentes para quienes buscan climatizar su hogar de forma sostenible y económica. Este sistema utiliza una bomba de calor para extraer energía térmica del aire exterior, proporcionando calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria con un alto rendimiento. Más allá del ahorro directo en las facturas mensuales, se han impulsado potentes incentivos fiscales para promover la eficiencia energética en las viviendas españolas.

De hecho y gracias a la normativa vigente, los contribuyentes pueden recuperar una parte significativa del desembolso total a través de su declaración de la renta. Instalar esta tecnología no solo reduce drásticamente las emisiones de CO2, sino que se traduce en un alivio fiscal inmediato. El marco legal actual permite a los propietarios deducirse hasta un 60% del coste total de la instalación. Este beneficio se incluye dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para modernizar el parque inmobiliario nacional. Es, sin duda, la herramienta de ahorro más potente disponible para transformar hoy mismo cualquier vivienda residencial.

Existen diversos tramos de deducción según el tipo de obra y la mejora energética que se alcance finalmente en el inmueble intervenido. El porcentaje más elevado, que alcanza el 60%, está reservado para viviendas unifamiliares o edificios residenciales completos. Para acceder a este beneficio máximo, es necesario acreditar una reducción del consumo de energía primaria no renovable de al menos un 30%. También se concede esta desgravación si la vivienda logra obtener una calificación energética de tipo A o tipo B tras la obra. 

La base máxima acumulada sobre la que se aplica este porcentaje puede llegar hasta los quince mil euros en total. Esto supone que un propietario podría llegar a ahorrar hasta nueve mil euros reales en su factura fiscal tras completar la instalación. Si la inversión supera el límite anual de cinco mil euros, la ley permite repartir el excedente en los años siguientes. Esta planificación fiscal a medio plazo garantiza que no se pierda ni un solo euro de la bonificación generada inicialmente.

Un requisito indispensable para validar cualquier derecho a la deducción es la presentación de dos certificados de eficiencia energética obligatorios. El primero de ellos debe haber sido emitido antes del inicio de las obras para establecer el punto de partida del inmueble. El segundo certificado debe expedirse una vez finalizada la instalación de aerotermia para demostrar objetivamente la mejora conseguida. Este documento final debe estar registrado oficialmente antes del 1 de enero de 2028 para ser aceptado por Hacienda. La normativa exige que la bomba de calor instalada cuente con una eficiencia técnica certificada superior a dos con cinco puntos. Sin esta acreditación técnica específica, el sistema no sería considerado legalmente como una fuente de energía renovable deducible.

Además, el pago de la factura debe realizarse mediante métodos totalmente trazables como transferencias bancarias o tarjetas. Cualquier pago efectuado en efectivo invalida automáticamente la posibilidad de desgravar la inversión realizada en la vivienda habitual. Las obras de mejora energética que dan derecho a estos beneficios fiscales deben finalizarse como muy tarde el 31 de diciembre de 2026. La deducción es aplicable tanto si la vivienda es la residencia habitual del contribuyente como si está destinada al alquiler. Sin embargo, la normativa es muy clara al excluir expresamente las segundas residencias de uso vacacional de estos incentivos. 

Tampoco se admiten deducciones para aquellas partes de la casa que estén afectas a actividades económicas o despachos profesionales. El inmueble debe estar situado en territorio español y las mejoras no deben cubrir zonas comunes ajenas a la eficiencia. Por ejemplo, quedan excluidos los anexos como garajes o piscinas, centrándose la ley estrictamente en el confort térmico interior. Es fundamental que el propietario sea quien sufrague los costes y que estos queden debidamente documentados con facturas legales. Este marco temporal y de uso busca priorizar la rehabilitación del parque de viviendas principales en todo el país.

Compatible con otras ayudas

Una de las grandes ventajas de la deducción por aerotermia en 2026 es el mecanismo conocido como ventaja del arrastre fiscal. Si la inversión total es elevada y la deducción resultante supera el límite máximo anual permitido, el contribuyente no pierde el exceso. La ley permite aplicar las cantidades restantes durante los cuatro ejercicios fiscales siguientes a la realización de la obra. Por ejemplo, en una instalación de dieciocho mil euros, se podría deducir el máximo anual permitido de forma recurrente. Esto permite alcanzar el ahorro acumulado de nueve mil euros de manera progresiva, aliviando la carga fiscal durante varios años. Gracias a este sistema, la rentabilidad económica de la aerotermia se maximiza independientemente de la renta anual del propietario. Es una medida diseñada para que las grandes inversiones en climatización eficiente sean accesibles para una mayoría de hogares. 

La deducción en el IRPF es totalmente compatible con otras ayudas públicas, como los fondos europeos Next Generation o las subvenciones locales. No obstante, existe una regla contable esencial: hay que restar el importe de la ayuda recibida del coste total de la factura. Por ejemplo, si una instalación cuesta diez mil euros y se recibe una ayuda de tres mil, la base deducible será de siete mil. Sobre esa cantidad resultante es sobre la que se aplicará el porcentaje de deducción que corresponda según el caso técnico. Además, muchos municipios ofrecen bonificaciones adicionales en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles que pueden llegar al 50%. También es posible beneficiarse de la reducción en tasas urbanísticas y licencias de obra al tratarse de mejoras sostenibles. Los Certificados de Ahorro Energético suponen otra vía de ingresos extra al ser comprados por las comercializadoras eléctricas. Todo este ecosistema de ayudas reduce el coste neto de la aerotermia en más de un 80%. Invertir en aerotermia durante este año, por lo tanto, representa toda una oportunidad para mejorar el valor y la eficiencia de cualquier inmueble.

Verifactu ya tiene fecha y va a obligar a muchas empresas y autónomos a cambiar la forma en la que trabajan con sus facturas. No es un ajuste menor, porque afecta a algo que forma parte del día a día de cualquier negocio: el programa con el que se registran las ventas y se generan los documentos fiscales.

La medida se enmarca en el plan de Hacienda para tener un mayor control sobre la facturación y avanzar en la digitalización del sistema tributario. La idea es que cada factura deje un rastro claro, que no pueda modificarse después de emitirla sin dejar constancia y que la Agencia Tributaria tenga más margen para detectar irregularidades.

El cambio no llegará al mismo tiempo para todos, pero sí va a tocar a una parte muy amplia del tejido empresarial. Las empresas y los autónomos tendrán plazos distintos para adaptarse, así que la clave está en no dejarlo para el final y revisar con tiempo si el software que se usa cumple o no con lo que pide la norma.

Los plazos de entrada en vigor de Verifactu

Verifactu es el reglamento que define las condiciones que deben cumplir los programas de facturación de empresas y profesionales. Su alcance no se limita a las facturas completas, sino que también incluye las facturas simplificadas y los tickets que emiten muchos pequeños negocios. Lo que quiere la norma es que cada operación quede registrada de forma segura, con trazabilidad y sin posibilidad de que los datos se alteren después sin que quede constancia.

El calendario ya está cerrado tras el aplazamiento aprobado con el Real Decreto-ley 15/2025, de 2 de diciembre. La primera fecha clave es el 1 de enero de 2027, cuando la obligación entra para las empresas que tributan por el Impuesto sobre Sociedades, incluidas las sociedades patrimoniales. A partir de ahí, esas compañías deberán hacer sus facturas con programas adaptados a los requisitos del sistema.

La segunda fecha es el 1 de julio de 2027. En ese momento, la obligación se extiende al resto de obligados: autónomos en IRPF, comunidades de bienes y otros profesionales que emiten facturas habitualmente. Ese margen extra busca dar más tiempo a los pequeños negocios y a los trabajadores por cuenta propia para que puedan revisar sus sistemas sin ir a la última.

A lo largo de 2026, tanto empresas como autónomos pueden ir adelantando la transición. No hace falta esperar al último momento para cambiar el programa o para actualizar el que ya se tiene. Lo más sensato es mirar con tiempo si el software actual puede adaptarse o si es mejor buscar una solución nueva que ya esté preparada para cumplir con la norma.

Cómo saber si empresas y autónomos deben usar el nuevo sistema

Uno de los puntos claves es que el programa de facturación no puede estar limitado a hacer facturas y nada más. El sistema debe generar un registro por cada factura que se emita y conservarlo con garantías técnicas. Ese registro puede enviarse a Hacienda o dejarlo preparado para su envío cuando la Agencia Tributaria lo pida. En cualquier caso, la factura debe ir vinculada a un sistema que asegure que los datos no se pueden alterar después.

Para eso, el software tiene que tener controles que impidan borrar o modificar datos sin dejar rastro. También debe generar una huella digital única por cada factura y, en muchos casos, un código QR que permita verificar la información. Con estas medidas, Hacienda quiere que cada factura quede bien identificada y que no sea posible alterar la contabilidad de forma opaca.

Verifactu afecta, en la práctica, a cualquier negocio que usa un programa informático para facturar, salvo las excepciones concretas que prevé la normativa. Esto incluye a pymes, autónomos, sociedades y comunidades de bienes que facturan con sistemas electrónicos. No es algo pensado solo para grandes empresas, sino para buena parte de quienes emiten facturas en el día a día.

Para los autónomos, el cambio implica revisar si el programa actual cumple con los nuevos requisitos o si tendrá que ser sustituido. Para las empresas, la adaptación también lleva revisar procesos internos, proveedores tecnológicos y la forma en la que se generan y se conservan los registros. En ambos casos, el objetivo es que la facturación esté alineada con el sistema de control de la Agencia Tributaria.

Qué ocurre si no se utiliza Verifactu

El incumplimiento puede tener consecuencias económicas importantes. La normativa prevé sanciones para quienes usan software que no está adaptado, para quienes manipulan los registros o para quienes impiden que los datos se generen y se conserven correctamente. En los casos más graves, las multas pueden pasar de los 50.000 euros.

Y el riesgo no se queda en una sola infracción. Si la obligación no se cumple cuando llega la fecha, las sanciones pueden aplicarse por ejercicio o por periodo incumplido. Por eso, la adaptación no debería dejarse para el final, porque el problema no es solo técnico: también es fiscal y económico.

En paralelo, Hacienda quiere que este nuevo sistema sirva para mejorar el control automatizado de la facturación y reducir las opciones de fraude. Por eso la norma insiste tanto en la inalterabilidad de los datos, en la trazabilidad de cada operación y en la conservación segura de los registros. No es solo cambiar de software, sino trabajar con una forma distinta de registrar la actividad económica.

La recomendación, en este escenario, es anticiparse. Revisar el programa de facturación, consultar al proveedor si será compatible con Verifactu y resolver cambios con tiempo puede evitar problemas cuando la obligación sea definitiva. A partir de ahí, cada negocio tendrá que ajustar su operativa a un sistema que busca más control, más trazabilidad y menos margen para la alteración de facturas.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), ha lanzado una alerta de importancia alta debido a una nueva campaña de fraude digital. Esta vez la amenaza se basa en una técnica denominada smishing, donde los ciberdelincuentes utilizan mensajes de texto para engañar a los ciudadanos. El objetivo principal de estos atacantes es suplantar la identidad de la Agencia Tributaria. Mediante el envío masivo de estos SMS, los estafadores buscan que las víctimas entreguen información delicada de carácter personal y financiero. Es fundamental que los usuarios estén al tanto de esta maniobra para proteger sus cuentas bancarias. El INCIBE subraya que la sofisticación de estos ataques está aumentando para atrapar a los más desprevenidos.  

De hecho, la prevención es actualmente la mejor herramienta de defensa disponible para toda la ciudadanía afectada. El impacto de este tipo de estafas puede ser devastador para la economía de los usuarios. La mecánica del fraude es directa y engañosa, aprovechando la autoridad que proyecta una institución pública como la Agencia Tributaria. Los mensajes recibidos por las víctimas suelen informar sobre un supuesto comunicado pendiente de consultar o una devolución. Para acceder a dicha información, se incluye un enlace que redirige a una página web fraudulenta. Este sitio web está diseñado cuidadosamente para imitar la apariencia visual de la sede electrónica oficial de Hacienda. 

Una vez que el usuario se encuentra en el portal falso, se le solicita que introduzca datos bancarios. Es común que pidan números de tarjetas de crédito o credenciales de acceso a la banca electrónica. Sin embargo, se trata simplemente de un anzuelo para capturar información confidencial de forma ilícita. La rapidez con la que operan estos sitios temporales dificulta en ocasiones su cierre inmediato. Por ello, el INCIBE insiste en la importancia de verificar siempre el origen de cualquier enlace.

Uno de los puntos clave para detectar el engaño reside en analizar detenidamente la dirección URL del enlace proporcionado. Los expertos señalan que las páginas oficiales de la administración pública siempre terminan en dominios .gob.es o .es. En cambio, las plataformas utilizadas por los ciberdelincuentes suelen emplear extensiones mucho más genéricas. Dominios acabados en .top o .click son señales claras de que nos encontramos ante una web de estafa. Estas extensiones son preferidas por los atacantes porque permiten crear y descartar sitios web de forma muy rápida. Cualquier carácter extraño o extensión inusual debe ponernos inmediatamente en estado de máxima alerta. La vigilancia del navegador puede ser la primera barrera efectiva para evitar caer en esta trampa.

Otro elemento que induce al error es el nombre del remitente que aparece en la pantalla del teléfono móvil. Los atacantes emplean una técnica conocida como SMS spoofing para camuflar el número de teléfono de origen. Esto permite que en el dispositivo del usuario aparezca el nombre legítimo de la AEAT como remitente. Lo más peligroso es que el mensaje fraudulento puede colarse en el mismo hilo de mensajes auténticos. Ver mensajes anteriores legítimos en la misma conversación genera una falsa sensación de seguridad en la víctima. No obstante, el INCIBE advierte que no debemos fiarnos únicamente de la etiqueta que identifica al remitente. Esta suplantación técnica es una de las razones por las que este fraude está teniendo éxito. 

Es imperativo desconfiar incluso si el mensaje parece provenir de una fuente de confianza habitual. La tecnología actual permite estas manipulaciones con relativa sencillez para los grupos de ciberdelincuencia organizada. La redacción y el nivel de personalización del mensaje son otros indicadores fundamentales que delatan la falsedad de la comunicación. Las notificaciones reales de la administración pública suelen incluir el nombre, apellidos o parte del NIF. En esta campaña de smishing, los mensajes son extremadamente genéricos y carecen de cualquier identificación personal. Se utilizan expresiones extrañas como “dirigida a usted” o “que usted recibe en calidad de titular”. 

Además, es frecuente encontrar errores tipográficos, como espacios innecesarios antes de los signos de puntuación. La redacción suele ser redundante, artificial y alejada de los estándares comunicativos de la Agencia Tributaria. Estos fallos son típicos en plantillas automatizadas que se traducen o generan de manera masiva por atacantes. Si el tono del mensaje suena forzado o no incluye sus datos básicos, es casi seguro un fraude. La observación detallada de la gramática puede salvarnos de un problema financiero mayor.

Es vital recordar la política oficial de comunicación que sigue la Agencia Tributaria. La AEAT ha reiterado en numerosas ocasiones que jamás solicitará información confidencial por SMS o correo electrónico. Esto incluye números de tarjetas bancarias, claves de acceso o cualquier dato sensible de cuentas corrientes. Tampoco se envían enlaces directos para cobrar devoluciones de impuestos o consultar expedientes específicos. Todas las gestiones relacionadas con devoluciones se tramitan exclusivamente a través de la sede electrónica oficial. Otro canal legítimo es la declaración de la renta presentada formalmente por los cauces establecidos cada año. Cualquier mensaje que prometa un reembolso rápido mediante un simple clic en un enlace es falso.

Actuar rápido

Para aquellos que reciban el mensaje pero aún no hayan interactuado con el enlace, existen pasos preventivos recomendados. Lo más aconsejable es reportar el mensaje al buzón de incidentes del INCIBE para su análisis. Esta acción colaborativa permite recopilar datos que sirven para alertar y proteger a otros usuarios vulnerables. Posteriormente, se debe proceder a bloquear al remitente en el dispositivo móvil de forma permanente. El último paso preventivo es la eliminación definitiva del mensaje para evitar pulsaciones accidentales en el futuro. Si existe alguna duda real sobre una deuda o comunicación, se debe contactar por canales oficiales. Acceder directamente a la web de la Agencia Tributaria sin usar enlaces externos es la mejor práctica. 

En el caso de que un usuario ya haya facilitado sus datos en la web fraudulenta, debe actuar con celeridad. Lo primero es contactar con la entidad bancaria para bloquear tarjetas y movimientos no autorizados. Es fundamental reunir todas las evidencias posibles, como capturas de pantalla de los mensajes y enlaces. Se recomienda presentar una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con estas pruebas. Además, el INCIBE aconseja realizar egosurfing periódicamente para comprobar si nuestra información ha sido expuesta. Actuar con rapidez puede minimizar el impacto del robo de identidad y de los fondos bancarios. La concienciación ciudadana sigue siendo el pilar fundamental para erradicar estas prácticas delictivas en internet.