El sistema tributario español sigue caminando hacia la transformación digital gracias, en parte, a la factura electrónica obligatoria. La Ley Crea y Crece establece las bases legales para este cambio, buscando reducir la morosidad y fomentar el crecimiento empresarial mediante procesos más transparentes. El borrador de la Orden Ministerial, publicado recientemente, define finalmente el marco técnico y los tiempos de ejecución para todos los profesionales. No se trata de un simple cambio de soporte, sino de una nueva forma de entender la relación administrativa entre las empresas. Este avance sitúa a la factura electrónica como el eje central de la eficiencia operativa y el control fiscal en el ámbito privado.

La fecha marcada en el calendario normativo para la entrada en vigor de esta orden es el 1 de octubre de 2026. A partir de ese momento, comienza el cómputo oficial de los plazos para que la obligatoriedad empiece a ser exigible según el volumen de negocio. Este inicio regulatorio permite a las organizaciones planificar su transición técnica con una referencia temporal clara y definitiva. La administración ha diseñado un despliegue progresivo para evitar el colapso de los sistemas y permitir una adaptación adecuada del tejido empresarial. Es el punto de partida para que los sistemas de gestión empiecen a procesar documentos bajo los nuevos estándares europeos de interoperabilidad.

Las empresas con una facturación anual superior a los 8 millones de euros serán las primeras en asumir el reto. Para este colectivo, la factura electrónica B2B será obligatoria a partir del 1 de octubre de 2027, un año después de la entrada en vigor. El cumplimiento implica que todas sus operaciones comerciales con otros profesionales deberán realizarse íntegramente de forma digital y estructurada. No se permitirá el uso de facturas en papel ni de simples documentos en formato PDF sin datos estructurados. Estas grandes corporaciones deberán tener sus sistemas ERP plenamente integrados para evitar sanciones, que pueden alcanzar los diez mil euros por incumplimiento.

Para el resto de los autónomos y pequeñas empresas con ingresos inferiores a 8 millones, el plazo es más extenso. Su obligatoriedad efectiva se sitúa el 1 de octubre de 2028, otorgándoles un margen de dos años para su total digitalización. Este escalonamiento responde a la necesidad de que los profesionales con menos recursos técnicos encuentren soluciones asequibles en el mercado. Todas las empresas, independientemente de su tamaño, deberán estar dentro del sistema al finalizar este periodo de transición de dos años. La normativa busca que incluso las microempresas se beneficien del ahorro de costes y la mejora en el seguimiento de sus cobros.

El ecosistema de facturación se articulará a través de una solución pública gestionada por la Agencia Tributaria y plataformas privadas. Los empresarios podrán elegir entre utilizar el formulario gratuito de la AEAT o contratar servicios de proveedores tecnológicos homologados. Aquellas entidades que opten por sistemas privados estarán obligadas a remitir una copia fiel de cada factura a la solución pública de forma simultánea. La plataforma pública actuará como un repositorio universal que garantizará que Hacienda tenga acceso permanente a la información de las transacciones. Esta dualidad asegura la libertad de elección tecnológica, manteniendo siempre el control administrativo necesario para combatir la morosidad.

En el plano estrictamente técnico, el estándar que regirá todas las comunicaciones será el modelo europeo EN16931 bajo la sintaxis UBL. Cada factura electrónica generada deberá incluir un código único de identificación basado en el NIF, número, serie y fecha de expedición. Se prohíbe la inclusión de ficheros embebidos en las copias fieles enviadas a la administración para garantizar la limpieza de los datos. La interoperabilidad gratuita entre las diferentes plataformas privadas es un requisito esencial que impone la ley para evitar barreras económicas. De esta forma, se asegura que cualquier factura pueda ser procesada automáticamente por el receptor, sin importar el software que este utilice.

Una de las mayores innovaciones del sistema es la obligación de comunicar los estados de las facturas en tiempo real. El destinatario de un servicio o producto deberá informar sobre la aceptación o rechazo comercial y la fecha del pago efectivo. Específicamente, se debe reportar la fecha de vencimiento y el momento exacto en que se completa el abono de la factura. Estas comunicaciones deben realizarse en un plazo máximo de cuatro días naturales desde que se produce el evento correspondiente. Esta trazabilidad absoluta permitirá al Observatorio de la Morosidad monitorizar el cumplimiento de los plazos de pago legales en todos los sectores.

Diferente a VeriFactu

“Se trata de ver una oportunidad en una obligación. Oportunidad de agilizar las tareas administrativas relacionadas con la facturación de y hacia nuestros proveedores. Todas las empresas estarán utilizando programas que se podrán hablar entre sí”, aseguran desde la consultora tecnológica Esofitec, que también insiste en recordar que lo que plantea la Ley Crea y Crece “no hay que confundirlo con otra normativa que también está en el horizonte, el sistema VeriFactu. Son diferentes, aunque ambas pasan por una solución tecnológica que, en realidad, es una gran oportunidad de profesionalización para las empresas”.

Concretamente, VeriFactu se centra en garantizar la integridad de los registros de facturación enviados a Hacienda para evitar el fraude. El calendario de Verifactu arrancará el 1 de enero de 2027 para empresas y el 1 de julio del mismo año para autónomos. De esta manera, se ha configurado un inicio escalonado para que ambas obligaciones no coincidan exactamente en el tiempo y faciliten la adaptación. Mientras la factura B2B regula el intercambio entre partes, VeriFactu asegura que el software de emisión sea seguro y trazable. La adaptación a este nuevo entorno digital, insisten los expertos, requiere que las empresas revisen sus procesos y la calidad de sus datos actuales. Las implicaciones prácticas son profundas y afectan directamente al ciclo de facturación, desde la emisión hasta la conciliación bancaria final. No prepararse a tiempo podría conllevar no solo sanciones financieras, sino también dificultades operativas para contratar a otras empresas obligadas.

Sufrir un caso de ciberdelincuencia no siempre representa necesariamente el final del calvario para el afectado, sino el inicio de un nuevo riesgo. En muchos casos, este suceso es solo el preámbulo de una estafa secundaria conocida técnicamente como Recovery Room o sala de recuperación. Este método delictivo se ceba con personas que ya han sufrido un quebranto económico previo, buscando explotar su desesperación por recuperar lo perdido, de ahí que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) haya alertado del incremento de estos casos detectados recientemente en el entorno financiero. Los estafadores operan bajo una lógica perversa al convertir la vulnerabilidad emocional de la víctima en su principal herramienta de manipulación y engaño.

No se trata de un contacto fortuito, sino de un ataque dirigido que suele basarse en bases de datos obtenidas de estafas anteriores. En este escenario, la esperanza de recuperar los ahorros perdidos se transforma rápidamente en una nueva trampa económica de difícil salida. Es vital entender que esta práctica busca asestar un segundo golpe financiero a quienes ya se encuentran en una situación crítica y vulnerable.

El funcionamiento de este fraude se basa íntegramente en la falsa promesa de rescatar fondos que ya se consideraban definitivamente perdidos por el usuario. Los delincuentes aseguran poseer medios tecnológicos o legales muy avanzados para rastrear el dinero estafado en primer lugar. Según detalla el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), los atacantes suelen presentarse falsamente como expertos auditores o incluso como abogados de gran prestigio. El contacto inicial con la potencial víctima se realiza de forma proactiva mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos o mensajes privados en redes sociales. La narrativa construida por estos grupos criminales es extremadamente convincente, utilizando un lenguaje técnico que simula una solvencia profesional totalmente inexistente. 

Al dirigirse a víctimas de fraudes previos, los estafadores suelen conocer detalles específicos sobre el engaño original que sufrió el afectado en el pasado. Esta información privilegiada les permite generar una falsa pero potente sensación de confianza y legitimidad desde el primer momento de la charla. Sin embargo, el objetivo final es siempre el mismo: solicitar el pago de cantidades adicionales bajo conceptos que son totalmente inventados.

La OCU subraya con firmeza que ninguna entidad legítima o despacho de abogados serio solicita nunca pagos por adelantado para realizar estas gestiones. Los estafadores justifican estas peticiones de dinero alegando supuestos gastos administrativos, tasas legales de última hora o impuestos de salida pendientes. También es sumamente común que mencionen comisiones bancarias internacionales o costes específicos necesarios para el desbloqueo de los fondos recuperados. Todos estos argumentos carecen de cualquier tipo de base real y forman parte del guion diseñado para extraer el máximo capital posible. 

Una vez que la víctima realiza la transferencia solicitada, los delincuentes suelen desaparecer de forma inmediata rompiendo cualquier vía de contacto. En otras ocasiones, si detectan que el afectado aún posee recursos disponibles, inventan nuevas incidencias burocráticas para seguir pidiendo más fondos. Este ciclo de extorsión económica puede prolongarse mientras la víctima mantenga la esperanza de recuperar su inversión inicial. Es fundamental desconfiar sistemáticamente de cualquier persona que prometa resultados garantizados en la recuperación de estafas digitales complejas.

Para dotar al engaño de una apariencia altamente profesional, los grupos criminales utilizan identidades suplantadas de empresas reales y organismos oficiales. El INCIBE advierte que es habitual el uso fraudulento de logotipos reales, sellos institucionales falsificados y páginas web con un diseño muy sofisticado. Estas plataformas fraudulentas a menudo incluyen testimonios de éxito e historias de recuperación que son completamente ficticias y manipuladas. Los delincuentes también pueden llegar a hacerse pasar por representantes de las fuerzas de seguridad del estado o de agencias gubernamentales. Esta táctica busca intimidar a la víctima o hacerle creer de forma errónea que el proceso cuenta con un respaldo legal oficial. 

La presión psicológica sobre el usuario se intensifica mediante el uso de plazos cortos y una falsa sensación de extrema urgencia. Se advierte al ciudadano que la celeridad demandada es solo un método para forzar decisiones impulsivas y evitar que reflexione. La verificación independiente de la existencia de estas empresas es un paso crítico que nunca debe ser omitido por el consumidor. Existen variantes de esta estafa que van mucho más allá de la simple petición de dinero. En algunos casos, los atacantes solicitan a la víctima que instale software de acceso remoto en sus dispositivos personales bajo pretextos técnicos. El INCIBE señala que esta maniobra permite a los delincuentes observar contraseñas en tiempo real y vaciar las cuentas bancarias directamente. 

También es frecuente que pidan la creación de nuevas billeteras digitales con la excusa de recibir en ellas los supuestos fondos rescatados. En realidad, los estafadores mantienen el control total sobre estas carteras y se apropian de cualquier ingreso que se realice en ellas. Este tipo de intrusión maliciosa compromete no solo las finanzas, sino también toda la seguridad digital y la privacidad del usuario afectado. Los expertos recomiendan encarecidamente no permitir nunca el acceso de terceros desconocidos a ordenadores o teléfonos móviles personales. La protección de las claves privadas y las credenciales bancarias es siempre la última línea de defensa ante estos ataques.

Cortar y bloquear, lo primero

Ante la recepción de una oferta de este tipo, las recomendaciones de los especialistas son claras, directas y eminentemente preventivas para el usuario. En primer lugar, se debe proceder a cortar cualquier tipo de comunicación de forma inmediata con el remitente de la propuesta. No se debe facilitar bajo ningún concepto documentos personales, contraseñas bancarias ni realizar pagos por supuestas tasas o comisiones de gestión. Nunca se debe confiar ciegamente en los datos de contacto o enlaces proporcionados por la misma persona que ha iniciado el contacto. Es prudente bloquear los números de teléfono, los perfiles en redes sociales y marcar los correos electrónicos sospechosos como basura. Además, si se ha llegado a instalar algún programa sugerido por los estafadores, es estrictamente necesario revisar técnicamente el dispositivo. Por último, el cambio inmediato de todas las contraseñas expuestas y la activación de la doble autenticación son ahora pasos de seguridad obligatorios.

La colaboración ciudadana y el reporte activo de estos incidentes son elementos esenciales para combatir la actual impunidad de estas redes. El INCIBE pone a disposición de todos los ciudadanos su Línea de Ayuda en Ciberseguridad gratuita a través del número marcado como 017. Este servicio ofrece una orientación especializada y confidencial para gestionar correctamente situaciones de fraude, robo de datos o extorsión. Es fundamental recopilar todas las pruebas posibles del contacto, como capturas de pantalla de chats, correos recibidos y justificantes de pago. Esta documentación será de vital importancia al presentar la denuncia formal ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Denunciar permite a las autoridades rastrear los patrones delictivos y bloquear los recursos financieros que utilizan habitualmente los estafadores.

La Declaración de la Renta introduce cada año cambios y matices que afectan de forma distinta según el perfil del contribuyente. En el caso de las personas mayores de 65 años, el sistema fiscal recoge un conjunto de medidas específicas que pueden reducir de forma significativa la carga tributaria. Estas ventajas no siempre son evidentes en el borrador, por lo que conviene revisarlas con detalle antes de confirmar la declaración.

En muchos casos, los ingresos de este colectivo proceden principalmente de pensiones o de ahorros acumulados durante su vida laboral. Por ese motivo, la normativa del IRPF contempla exenciones, mínimos más elevados y tratamientos especiales en determinadas operaciones económicas. Conocer estas particularidades permite ajustar correctamente la declaración y evitar pagar más de lo debido.

Rendimientos del trabajo

Dentro del IRPF, se consideran rendimientos del trabajo la mayoría de las prestaciones que perciben los mayores de 65 años. En este apartado se incluyen las pensiones procedentes de los regímenes públicos de la Seguridad Social y de clases pasivas, derivadas de situaciones como jubilación, incapacidad, accidente, enfermedad o viudedad, siempre que no estén exentas.

También forman parte de esta categoría las prestaciones abonadas por mutualidades obligatorias de funcionarios, colegios de huérfanos u otras entidades similares. A esto se suman los importes que reciben los beneficiarios de planes de pensiones, así como los derivados de contratos de seguros vinculados a mutualidades de previsión social. Igualmente, se integran las prestaciones de planes de previsión social empresarial, planes de previsión asegurados y seguros de dependencia regulados en el marco de la atención a la dependencia.

Rentas que no se declaran en el IRPF

Existen determinadas prestaciones y ayudas públicas que no deben incluirse en la declaración. Entre ellas, figuran las relacionadas con el acogimiento de personas mayores de 65 años o con discapacidad.

También están exentas las ayudas económicas concedidas por administraciones públicas a personas con discapacidad igual o superior al 65% o mayores de 65 años destinadas a cubrir gastos de residencia o centros de día, siempre que el resto de sus ingresos no supere los 16.800 euros. A esto se añaden determinadas prestaciones por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez reconocidas por la Seguridad Social o por entidades equivalentes, así como las pensiones por inutilidad o incapacidad permanente en determinados regímenes.

En el caso de personas con discapacidad, tampoco tributan determinadas prestaciones percibidas en forma de renta procedentes de sistemas de previsión social, hasta un máximo anual de 25.200 euros. Las cantidades que superen ese límite sí deben declararse. Además, quedan fuera del IRPF algunas ayudas públicas vinculadas a la dependencia y a cuidados en el entorno familiar.

Venta de la vivienda habitual

Las personas mayores de 65 años no tienen que tributar por la ganancia patrimonial obtenida al vender su vivienda habitual. Este beneficio se aplica siempre que el inmueble tenga esa consideración en el momento de la transmisión o en los dos años anteriores. La exención también se mantiene en los casos en los que se transmite la nuda propiedad y se conserva el usufructo vitalicio sobre la vivienda, lo que permite seguir utilizando el inmueble mientras se ha realizado la operación.

Transmisión de otros bienes y renta vitalicia

En la venta de otros elementos patrimoniales, como pueden ser activos financieros o inmuebles distintos de la vivienda habitual, también existe una ventaja fiscal. Las ganancias pueden quedar exentas si el importe obtenido se destina a constituir una renta vitalicia asegurada. Para ello, la reinversión debe realizarse en un plazo de seis meses desde la transmisión. Además, la cantidad máxima que puede destinarse a este fin es de 240.000 euros por contribuyente. Este mecanismo permite transformar el patrimonio en ingresos periódicos.

Hipoteca inversa

Las cantidades que se perciben a través de una hipoteca inversa no tributan en el IRPF. Este producto permite disponer de dinero utilizando la vivienda habitual como garantía, sin necesidad de venderla. Siempre que la operación se ajuste a la normativa que regula este tipo de instrumentos financieros, las disposiciones realizadas no se consideran renta a efectos fiscales.

Mínimo personal y familiar

El mínimo del contribuyente es, con carácter general, de 5.500 euros anuales. Esta cantidad se incrementa en función de la edad. En el caso de personas mayores de 65 años, el aumento es de 1.150 euros anuales, al que se suman otros 1.400 euros adicionales cuando se superan los 75 años. La normativa prevé que este mínimo se mantenga incluso en el ejercicio en el que se produce el fallecimiento. En declaraciones conjuntas, el otro cónyuge no genera derecho a este mínimo, aunque sí se tiene en cuenta el incremento por edad si corresponde.

El IRPF también contempla reducciones cuando el contribuyente convive con ascendientes, como padres o abuelos. Para aplicar este beneficio, el familiar debe tener más de 65 años —o una discapacidad reconocida—, convivir con el contribuyente al menos la mitad del año y no superar los 8.000 euros de ingresos anuales, excluidas las rentas exentas. Además, no debe presentar declaración con rentas superiores a 1.800 euros. Si se cumplen estos requisitos, el mínimo es de 1.150 euros anuales por cada ascendiente mayor de 65 años, que aumenta en 1.400 euros adicionales si supera los 75 años.

Mínimo por discapacidad

Las personas con discapacidad pueden aplicar reducciones adicionales en función del grado reconocido. Cuando el grado es igual o superior al 33% e inferior al 65%, el mínimo asciende a 3.000 euros. Si además se acredita la necesidad de ayuda de terceras personas o movilidad reducida, se añaden otros 3.000 euros.

En los casos de discapacidad igual o superior al 65%, la cuantía se eleva a 9.000 euros, con un incremento adicional de 3.000 euros por gastos de asistencia, lo que sitúa el total en 12.000 euros. Estas reducciones también pueden aplicarse a ascendientes si generan derecho a ello y cumplen los requisitos establecidos.

La devolución de la declaración de la renta es uno de los momentos más esperados cada año por quienes han obtenido un resultado a su favor. Tras completar el trámite, la atención se centra en el ingreso, pero no siempre llega al mismo tiempo para todos. La Agencia Tributaria sigue un procedimiento con plazos definidos, aunque el ritmo real depende de varios factores que afectan a cada expediente.

En los primeros días de la campaña ya empiezan a registrarse las primeras devoluciones, lo que suele generar la sensación de que el proceso es inmediato. Sin embargo, esa rapidez inicial convive con casos en los que el pago se retrasa durante meses. La diferencia no responde a un criterio único, sino a cómo avanza la tramitación interna de cada declaración.

Por eso, más allá de las fechas generales, lo que marca los tiempos es el funcionamiento del sistema de gestión de Hacienda. La combinación entre automatización y revisiones hace que el calendario no sea uniforme, de modo que entender cómo se organiza ese proceso permite tener una referencia más clara sobre cuándo puede llegar la devolución.

Cuándo devuelve la Agencia Tributaria el dinero de la declaración

Cuando el resultado de la declaración es a devolver, el contribuyente puede hacer un seguimiento del estado de su solicitud a través de su expediente en la plataforma Renta WEB, dentro de la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Este sistema permite comprobar en qué fase se encuentra la tramitación, desde que la declaración ha sido registrada hasta que se ordena el pago.

El abono de la devolución se realiza, por norma general, mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el propio contribuyente en su declaración. Por eso, uno de los aspectos más importantes es asegurarse de que los datos bancarios son correctos, ya que cualquier error en este punto puede retrasar el ingreso.

En cuanto a los plazos, la Agencia Tributaria dispone de un máximo de seis meses para efectuar la devolución. Este periodo empieza a contar desde el final del plazo oficial de presentación, fijado el 30 de junio de 2026, en el caso de las declaraciones presentadas dentro del calendario ordinario. Esto sitúa el límite en el 31 de diciembre de ese mismo año. Si la declaración se presenta fuera de plazo, el cómputo de los seis meses comienza desde la fecha en la que se entrega.

A pesar de este margen legal, lo habitual es que las devoluciones no se demoren tanto. Una parte importante de los contribuyentes recibe el dinero en las semanas posteriores a la presentación, especialmente cuando la declaración se entrega en los primeros compases de la campaña y no presenta errores. En estos casos, el proceso suele resolverse con rapidez gracias a los sistemas automatizados de verificación.

Sin embargo, no todas las devoluciones siguen el mismo ritmo. Algunas pueden tardar varios meses, incluso cuatro o cinco, sin que exista una incidencia concreta. Esto suele estar relacionado con el volumen de expedientes que maneja la Agencia Tributaria o con la necesidad de realizar comprobaciones adicionales en determinados casos.

Durante la tramitación, Hacienda revisa la coherencia de los datos declarados, incluyendo ingresos, deducciones y otra información relevante. Si detecta alguna discrepancia o necesita más información, puede iniciar un procedimiento de comprobación. En estos casos, es posible que se solicite documentación adicional al contribuyente mediante un requerimiento formal. Cuando esto ocurre, el plazo de seis meses queda en suspenso hasta que se aporta la información solicitada.

Para conocer el estado de la devolución, el contribuyente puede consultar su expediente en cualquier momento. Los mensajes que aparecen en el sistema permiten saber si la declaración sigue en tramitación, si está siendo revisada o si la devolución ya ha sido ordenada. Esta herramienta resulta especialmente útil en los casos en los que el ingreso se retrasa más de lo esperado.

Otro aspecto relevante es qué ocurre si Hacienda no cumple con el plazo máximo. En ese caso, la normativa establece que la Administración debe abonar intereses de demora de forma automática, sin que el contribuyente tenga que solicitarlos. Estos intereses se calculan sobre la cantidad finalmente reconocida a devolver, tanto si coincide con la solicitada inicialmente como si ha sido modificada tras una comprobación.

El momento en el que se presenta la declaración también influye en los tiempos. Quienes la entregan en abril o a comienzos de mayo suelen situarse entre los primeros en recibir el ingreso, siempre que su expediente no requiera revisión. A medida que avanza la campaña, se acumulan más solicitudes y también más casos complejos, lo que puede ralentizar el proceso en determinadas fases.

En definitiva, el calendario de devoluciones no responde a una fecha única, sino a un proceso que depende de múltiples variables. Aunque existe un plazo legal que llega hasta final de año, la mayoría de los pagos se realizan antes. La rapidez con la que se recibe el dinero está condicionada por la fecha de presentación, la complejidad de la declaración y las comprobaciones que lleve a cabo la Agencia Tributaria en cada caso.

La campaña de la renta correspondiente al ejercicio 2025 vuelve a situar a los contribuyentes ante un escenario en el que la revisión del borrador resulta determinante. Aunque la Agencia Tributaria facilita una base de datos cada vez más completa, no todos los beneficios fiscales se incorporan automáticamente. Esto obliga a comprobar con detalle cada apartado de la declaración para evitar errores y, sobre todo, para no dejar fuera deducciones que pueden reducir de forma significativa la cuota final.

En este contexto, el sistema fiscal mantiene una estructura compleja en la que conviven incentivos estatales con otros autonómicos, además de deducciones sujetas a requisitos muy concretos. La falta de información clara o la dificultad para interpretar la normativa provoca que muchos declarantes no apliquen correctamente todas las ventajas disponibles. Por ello, identificar las deducciones menos conocidas o que suelen pasar desapercibidas se convierte en un paso clave para ajustar la declaración a la situación real de cada contribuyente.

Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación

El impuesto sobre la renta incluye un incentivo para quienes aportan capital a empresas de nueva creación o con pocos años de actividad. Esta medida permite aplicar una deducción en la cuota estatal por las cantidades invertidas en la suscripción de acciones o participaciones, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la normativa.

Desde 2023, el porcentaje aplicable alcanza el 50% de la inversión realizada, con un límite máximo de base de 100.000 euros anuales. Esto significa que el beneficio fiscal se calcula sobre el valor de adquisición de las participaciones, dentro de ese tope. No obstante, la deducción exige condiciones como mantener la inversión durante un periodo determinado o que la empresa cumpla criterios específicos.

Otro aspecto relevante es que este incentivo no se puede combinar con deducciones autonómicas similares sobre las mismas cantidades. Esta incompatibilidad obliga a elegir qué beneficio aplicar en cada caso. La falta de conocimiento de estas condiciones hace que muchos contribuyentes no incluyan esta deducción, pese a haber realizado inversiones que podrían dar derecho a ella.

Deducciones por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas

Las actuaciones dirigidas a mejorar la eficiencia energética de las viviendas cuentan con varias deducciones específicas en el IRPF. Estas medidas se aplican sobre las cantidades invertidas en obras que reduzcan la demanda energética o mejoren el rendimiento del inmueble, y se han configurado como incentivos temporales.

Existen tres modalidades diferenciadas. La primera permite deducir un 20% del gasto cuando las obras logran reducir la demanda de calefacción o refrigeración, con una base máxima de 5.000 euros. La segunda, orientada a disminuir el consumo de energía primaria no renovable, eleva el porcentaje hasta el 40%, con un límite de 7.500 euros. La tercera modalidad, centrada en la rehabilitación energética de edificios residenciales, alcanza el 60%, también con una base máxima de 5.000 euros.

Para acceder a estas deducciones es imprescindible contar con certificados de eficiencia energética que acrediten la mejora obtenida. Este requisito técnico, junto con los límites y condiciones establecidos, explica que algunos contribuyentes no lleguen a aplicarlas, incluso cuando han realizado obras que podrían encajar en estos supuestos.

Deducción por la adquisición de vehículos eléctricos y puntos de recarga

La normativa también contempla incentivos fiscales para fomentar la movilidad eléctrica. En concreto, se han establecido deducciones temporales que permiten reducir la cuota por la compra de vehículos eléctricos y por la instalación de puntos de recarga.

En el caso de la adquisición de un vehículo, el contribuyente puede deducirse el 15% del importe, siempre que se respeten los límites fijados. La base máxima se sitúa en 20.000 euros, incluyendo el precio, los gastos y los impuestos asociados, y el coste del vehículo no puede superar los 45.000 euros antes de aplicar el IVA.

Por otro lado, también se incluyen las inversiones destinadas a instalar infraestructuras de recarga en viviendas. Ambas medidas están sujetas a plazos concretos y a requisitos específicos, lo que hace necesario revisar cada caso. El desconocimiento de estas condiciones provoca que no siempre se reflejen en la declaración.

Deducciones por donativos

Las donaciones a entidades sin ánimo de lucro constituyen uno de los beneficios fiscales más extendidos, aunque no todos los contribuyentes lo aplican correctamente. Este incentivo permite reducir la cuota en función de las cantidades aportadas a organizaciones acogidas al régimen fiscal correspondiente.

En términos generales, los primeros 250 euros donados permiten aplicar una deducción del 80%. A partir de esa cantidad, el porcentaje se reduce al 40%, siempre dentro de los límites establecidos. Además, el total deducible no puede superar el 10% de la base liquidable del contribuyente.

Para beneficiarse de esta deducción es necesario contar con el certificado emitido por la entidad receptora. La falta de este documento o el desconocimiento de los porcentajes aplicables hace que algunas aportaciones no se incluyan en la declaración, pese a su impacto directo en el resultado.

Sistemas de previsión social

Las aportaciones a sistemas de previsión social, como los planes de pensiones, permiten reducir la base imponible del impuesto, lo que puede traducirse en un ahorro fiscal relevante. Este mecanismo no actúa como una deducción directa, pero sí disminuye la cantidad sobre la que se calcula el IRPF.

En el caso de los planes individuales, el límite de reducción se sitúa en 1.500 euros anuales, siempre que no supere el 30% de los rendimientos del trabajo y de actividades económicas. A esto se suma la posibilidad de aplicar una reducción adicional por aportaciones a planes de empleo, que puede alcanzar hasta 8.500 euros.

Para trabajadores autónomos, el límite adicional es menor, con un máximo de 4.250 euros en determinados supuestos. A pesar de estos incentivos, no todos los contribuyentes aprovechan el margen disponible, lo que reduce el efecto fiscal del ahorro destinado a la jubilación.

Deducciones por alquiler o adquisición de vivienda habitual

En el ámbito de la vivienda existen dos deducciones principales que siguen generando dudas. Por un lado, la deducción por adquisición de vivienda habitual se mantiene únicamente para quienes compraron su vivienda antes de 2013 y continúan pagando el préstamo. Este régimen transitorio permite seguir aplicando el beneficio bajo las condiciones establecidas.

Por otro lado, la deducción por alquiler a nivel estatal se limita a contratos anteriores a 2015 y está sujeta a determinados niveles de renta. En estos casos, se puede deducir un porcentaje de las cantidades pagadas, siempre que se cumplan los requisitos de base imponible y límites fijados.

Además, las comunidades autónomas han desarrollado sus propias deducciones en materia de vivienda, lo que amplía las posibilidades de aplicación. A esto se añade que los propietarios que alquilan inmuebles destinados a vivienda habitual pueden aplicar reducciones sobre el rendimiento neto, que en algunos casos pueden alcanzar porcentajes elevados si se cumplen determinadas condiciones.

El ingreso de las pensiones vuelve a situarse en el tramo final del mes de abril, como viene siendo habitual en los últimos meses. Aunque el calendario oficial establece un margen más amplio para efectuar estos pagos, la mayoría de entidades financieras opta por adelantar el abono, lo que permite a los pensionistas disponer del dinero antes de que termine el mes.

Este adelanto no responde a una única fecha común a todas las entidades bancarias. Cada banco fija su propio día dentro de un periodo relativamente concentrado, lo que provoca que haya diferencias entre clientes en función de la entidad con la que operan. Esa diferencia, que puede ser de varios días, es una de las principales causas de duda entre quienes esperan el ingreso.

Para abril de 2026, las fechas ya están definidas y siguen esa misma lógica: pagos distribuidos entre mediados y finales de la última semana del mes, con algunos bancos adelantando más que otros. Conocer este calendario resulta clave para evitar incertidumbre y saber cuándo se recibirá la prestación.

Cuándo se cobran las pensiones en abril

El calendario arranca el miércoles 22 de abril, día en el que Bankinter tiene previsto realizar el ingreso a sus clientes. En esa misma jornada también se sitúa Unicaja, que adelanta el abono respecto a la mayoría de entidades. A partir de ahí, el grueso de los pagos se concentra en el viernes 24 de abril.

Ese día está fijado como referencia para CaixaBank, Banco Santander, Banco Sabadell, Ibercaja y Caja Rural. Se trata de la fecha en la que más pensionistas recibirán el ingreso. El sábado 25 de abril será cuando BBVA e ING lleven a cabo el abono de las prestaciones, aunque al coincidir con fin de semana no se descarta que el ingreso pueda reflejarse el lunes 27 en algunos casos. En el caso de Kutxabank, el pago se sitúa en ese mismo entorno, con previsión de realizarse entre el 25 y el 27 de abril.

El calendario se cierra el lunes 27 de abril, cuando Abanca comenzará a ingresar las pensiones a sus clientes. De este modo, el conjunto de pagos queda distribuido en un margen de cinco días, en línea con lo que ocurre de forma habitual. En términos generales, todas las fechas se sitúan antes de que finalice el mes, aunque con diferencias claras entre entidades. Esta dispersión es la que explica que no todos los pensionistas cobren al mismo tiempo, pese a tratarse de una misma prestación.

Qué hacer en caso de que no hayas recibido el pago de la pensión

Cuando el ingreso no se ha producido en la fecha en la que normalmente se espera, lo más útil es empezar por situarlo dentro del calendario real de pagos de ese mes. Dado que las entidades no actúan todas a la vez, es posible que el abono aún esté dentro del plazo habitual aunque otros beneficiarios ya lo hayan recibido.

Otro aspecto a tener en cuenta es que estos adelantos no forman parte de una obligación fija. El sistema permite que las pensiones se abonen algo más tarde, por lo que pequeñas variaciones en el día de ingreso pueden darse sin que exista un problema real. Si pasan varios días y el saldo sigue sin actualizarse, lo razonable es consultar directamente con el banco. Las entidades pueden comprobar si el movimiento está en proceso o si se ha producido algún retraso puntual en la contabilización.

También es recomendable revisar la información asociada a la cuenta en la que se recibe la prestación. Cambios recientes o incidencias técnicas pueden influir en el momento en el que el dinero queda disponible. Cuando no se obtiene una aclaración suficiente o la demora se alarga más de lo habitual, el siguiente paso es dirigirse a la Seguridad Social. A través de sus canales de atención es posible confirmar si el pago se ha emitido correctamente y descartar errores en la tramitación.

En la práctica, este tipo de situaciones suele resolverse en poco tiempo y sin necesidad de realizar gestiones complejas. Por eso, antes de iniciar cualquier reclamación, conviene comprobar bien el calendario de la entidad y tener en cuenta el margen en el que se concentran los ingresos cada mes.

La campaña de la renta correspondiente al ejercicio fiscal 2025 se desarrolla, como cada año, con un calendario organizado en varias fases que permiten a los contribuyentes elegir cómo presentar su declaración. El proceso arranca con la vía telemática, que concentra una parte importante de las gestiones, pero a medida que avanza el calendario se habilitan otros canales de asistencia. Entre ellos, la atención telefónica vuelve a ocupar un lugar relevante para quienes necesitan apoyo durante el trámite o prefieren no gestionarlo por su cuenta.

En este contexto, la Agencia Tributaria mantiene el servicio conocido como “Le Llamamos”, un sistema que permite confeccionar la declaración mediante una llamada con personal técnico. Este modelo requiere una planificación previa por parte del contribuyente, ya que solo se puede utilizar con cita previa y dentro de unos plazos concretos. La gestión de este servicio se realiza principalmente a través de la sede electrónica oficial, donde también se detallan los requisitos y condiciones para acceder a esta modalidad dentro de la campaña.

Cuándo se puede solicitar cita para hacer la declaración por teléfono

El servicio telefónico de la Agencia Tributaria tiene su propio calendario dentro de la campaña. Este sistema estará operativo desde el 6 de mayo hasta el 30 de junio, fecha en la que finaliza la campaña de la renta por cualquier vía. No obstante, el acceso a este servicio no es inmediato desde su inicio.

Para poder utilizarlo, es obligatorio reservar cita previa dentro de un plazo concreto. La solicitud podrá realizarse desde el 29 de abril y permanecerá abierta hasta el 29 de junio. Este margen establece el periodo en el que los contribuyentes pueden elegir día y hora para recibir la llamada de la Agencia Tributaria.

La diferencia entre el calendario de solicitud y el de atención implica que la cita debe pedirse con antelación. El sistema asigna las franjas disponibles en función de la demanda, por lo que la disponibilidad de horarios puede variar a medida que avanza la campaña. Esto hace que quienes estén interesados en este canal deban anticiparse para encontrar fechas que se ajusten a su disponibilidad.

El cierre definitivo de la campaña está previsto para el 30 de junio, lo que marca también el final del servicio telefónico. A partir de ese momento, ya no será posible presentar la declaración ni solicitar asistencia por este medio. Este límite afecta a todos los canales, incluidos el presencial y el telemático.

Dentro del mismo calendario, la Agencia Tributaria también contempla otras modalidades de atención. La asistencia en oficinas, por ejemplo, se activa más tarde: las citas pueden solicitarse desde el 29 de mayo y la atención presencial se presta entre el 1 y el 30 de junio. Aunque esta opción sigue disponible, el servicio telefónico se mantiene como una alternativa intermedia entre la gestión autónoma por internet y la atención en oficinas.

Cómo solicitar cita para hacer la declaración por teléfono

El proceso para reservar cita previa se gestiona principalmente a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria. En el apartado habilitado para este trámite, el contribuyente debe identificarse mediante alguno de los sistemas admitidos, como el NIF o NIE, Cl@ve, el número de referencia, el DNI electrónico o el certificado electrónico. También existe la posibilidad de realizar la solicitud por teléfono a través de los números habilitados para la campaña.

Una vez dentro del sistema, es necesario seleccionar el servicio correspondiente a la campaña de la renta y elegir la opción de confección de la declaración por vía telefónica. A continuación, el sistema muestra un calendario con las fechas disponibles, entre las que el usuario puede escoger la que mejor se ajuste a su situación.

Durante la reserva, se solicita un número de teléfono de contacto. Este dato es esencial, ya que será el canal utilizado por la Agencia Tributaria para realizar la llamada en el día y la franja horaria elegidos. La llamada se efectuará desde el número 913 335 333, por lo que se recomienda estar disponible en ese intervalo horario previamente seleccionado.

La gestión de la cita no termina con la reserva inicial. El sistema permite modificar o cancelar la cita por los mismos canales utilizados para solicitarla. En caso de no poder atender la llamada, la Agencia Tributaria indica que se debe anular la cita con al menos 24 horas de antelación. Si no se realiza este trámite, será necesario solicitar una nueva dentro del periodo disponible, siempre que queden huecos libres.

Documentación necesaria para presentar la declaración por teléfono

Para que la atención telefónica se desarrolle correctamente, es imprescindible preparar previamente toda la documentación necesaria. La Agencia Tributaria señala que deben estar presentes las personas titulares de la declaración en el momento de la llamada, ya que será necesario verificar la identidad. En caso de utilizar el sistema Cl@ve, se debe disponer del teléfono asociado al registro; si no, será necesario contar con el número de referencia.

Entre la documentación básica exigida se encuentran el DNI, así como copia del de otros contribuyentes incluidos en la declaración, el número IBAN de la cuenta bancaria y las referencias catastrales de los inmuebles. Esta información es imprescindible para completar el trámite, y su ausencia impide que se pueda elaborar la declaración durante la llamada.

Además, la Agencia Tributaria indica que deben prepararse documentos adicionales en caso de haber percibido determinadas rentas que no figuren en los datos fiscales. Esto incluye ingresos por trabajo, rendimientos de capital, actividades económicas, operaciones con inmuebles o activos financieros, así como posibles deducciones autonómicas u otros beneficios fiscales. La falta de estos datos puede impedir la correcta elaboración de la declaración.

El servicio telefónico funciona en tiempo real, lo que significa que la declaración se confecciona durante la llamada con la información disponible en ese momento. Por este motivo, la preparación previa es un requisito clave para evitar incidencias y completar el proceso en una sola gestión.

La campaña de la Renta 2026, correspondiente al ejercicio fiscal de 2025, ya está en marcha desde el pasado 8 de abril y se prolongará hasta el 30 de junio. Como ocurre cada año, este proceso vuelve a generar dudas entre los contribuyentes, especialmente en torno a qué gastos pueden incluirse en la declaración para intentar mejorar el resultado final. Más allá de los conceptos habituales, existen determinados desembolsos cotidianos que pueden tener encaje en el IRPF, aunque solo en situaciones muy concretas.

El momento de presentar la declaración suele venir acompañado de una revisión detallada de gastos con la intención de reducir la factura fiscal. En ese contexto, conceptos como el seguro del hogar, del coche o de salud aparecen con frecuencia entre las preguntas más habituales. Sin embargo, la normativa no permite su aplicación de forma generalizada y establece límites claros sobre quién puede incluirlos y en qué condiciones, lo que deja fuera a buena parte de los contribuyentes.

Además, cada campaña incorpora matices que obligan a prestar atención a los requisitos vigentes en cada ejercicio. La relación entre estos seguros y la actividad económica o determinadas situaciones personales, es lo que marca la diferencia a la hora de poder incluirlos en la declaración. Por eso, entender en qué casos se pueden aplicar y bajo qué condiciones resulta clave para evitar errores y ajustar correctamente la información presentada ante Hacienda.

Seguros de vivienda

El seguro del hogar solo tiene impacto en la declaración en situaciones muy concretas. Uno de los principales casos es el de la deducción por inversión en vivienda habitual, que se mantiene en vigor de forma transitoria para contribuyentes que adquirieron su vivienda antes del 1 de enero de 2013. En estos supuestos, parte del seguro puede integrarse dentro del límite conjunto de la deducción, que alcanza un máximo anual de 1.356 euros.

Para que esta posibilidad se aplique, deben cumplirse varias condiciones al mismo tiempo: que la vivienda sea la residencia habitual, que la hipoteca esté vinculada a una compra anterior a 2013 y que el seguro esté asociado al préstamo hipotecario desde el momento de la firma o ligado a operaciones de construcción o adecuación del inmueble, siempre dentro de los plazos establecidos por la normativa.

Fuera de este régimen, el seguro del hogar no tiene impacto para la mayoría de contribuyentes. Sin embargo, sí puede tenerlo en otros escenarios. En el caso de autónomos que trabajan desde su vivienda, es posible deducir una parte del seguro, pero únicamente en proporción a la superficie del inmueble utilizada para la actividad profesional.

También se contempla su inclusión cuando la vivienda está destinada al alquiler. En ese caso, el seguro se considera un gasto relacionado con la obtención de ingresos por arrendamiento, por lo que puede incorporarse como parte de los costes deducibles asociados al inmueble.

Seguros del coche

El seguro del vehículo está condicionado de forma estricta a su uso profesional. En términos generales, no es deducible para trabajadores asalariados, ya que se considera un gasto de carácter personal. La excepción se encuentra en los autónomos que utilizan el coche como parte directa de su actividad económica.

En estos casos, el vehículo debe estar afecto a la actividad, es decir, debe utilizarse de forma necesaria para el desarrollo del trabajo. Cuando se cumple esta condición, el seguro puede deducirse al 100%, siempre que el coche esté registrado como elemento vinculado a la actividad profesional.

Esta afectación no solo permite incluir el seguro, sino también otros gastos asociados como reparaciones, mantenimiento, peajes o ITV, siempre dentro del mismo criterio de uso profesional. Además, esta deducción se admite en actividades en las que el vehículo es imprescindible, como el transporte de mercancías, el traslado de clientes o el trabajo de agentes comerciales, entre otros supuestos.

Si el coche no está claramente vinculado a la actividad económica o tiene un uso mixto sin justificación suficiente, el seguro no puede incluirse en la declaración y se mantiene como un gasto personal sin deducción.

Seguros de salud

El seguro de salud tiene un tratamiento diferenciado respecto al resto de pólizas. En términos generales, no es deducible para trabajadores por cuenta ajena, salvo cuando forma parte de sistemas de retribución flexible gestionados a través de la empresa. En estos casos, la contratación debe realizarse mediante la compañía y no de forma individual por el trabajador.

Para los autónomos, en cambio, sí existe la posibilidad de incluir el seguro médico como gasto deducible, siempre que esté vinculado a su actividad y correctamente justificado mediante facturas. Esta deducción tiene además límites concretos: hasta 500 euros por persona asegurada, incluyendo al propio autónomo, su cónyuge e hijos menores de 25 años que convivan en el domicilio familiar.

En situaciones de discapacidad, este límite puede ampliarse hasta los 1.500 euros. En todos los casos, el requisito principal es que el seguro esté correctamente integrado en la actividad económica o en el sistema de retribución correspondiente, ya que no se admite como gasto personal general.

La presente campaña de la Declaración de la Renta, iniciada oficialmente el pasado 8 de abril, representa un periodo crítico tanto para contribuyentes… como para los profesionales de la ciberdelincuencia que buscan lucrarse ilícitamente. Durante estas semanas de trámites fiscales, los ataques de phishing y smishing se multiplican aprovechando el volumen de comunicaciones oficiales y la urgencia de los ciudadanos por cumplir con sus obligaciones. Solo en la campaña anterior, instituciones como el INCIBE gestionaron decenas de miles de incidentes relacionados con fraudes online, confirmando que estas fechas son un señuelo recurrente. Los expertos advierten que la presión psicológica es el arma principal para que el usuario actúe rápido y sin cuestionar la veracidad del mensaje recibido. 

Desde organismos como INCIBE insisten en que es fundamental entender que el engaño puede comenzar con un simple correo electrónico que parece legítimo, pero que en realidad busca robar credenciales de acceso fiscales. Se trata de uno de los cebos más efectivos en la actualidad, un mail que simula una “nueva notificación electrónica”, utilizando un lenguaje administrativo muy convincente. Estos mensajes suelen incluir asuntos alarmistas sobre referencias de expedientes que invitan a una reacción inmediata para evitar supuestos problemas legales. Los ciberdelincuentes redirigen a las víctimas a páginas web clonadas que imitan con precisión milimétrica la sede electrónica de la Agencia Tributaria. En estos entornos fraudulentos, los usuarios introducen datos sensibles como su DNI o claves de acceso, que pasan directamente a manos de los atacantes. 

La rapidez con la que se ejecutan estas campañas dificulta muchas veces la detección por parte de los filtros de seguridad convencionales de los usuarios. Por ello, se recomienda desconfiar de cualquier comunicación que no haya sido esperada o que no siga los cauces habituales de la administración pública. La irrupción de la inteligencia artificial generativa ha elevado la sofisticación de estos ataques a niveles nunca vistos en campañas de años anteriores. Actualmente, los mensajes de fraude ya no contienen los errores gramaticales o de diseño que antes servían como señales de alerta evidentes. La IA permite crear interfaces idénticas a las oficiales y redactar textos con un tono profesional impecable, incluyendo incluso datos personalizados del contribuyente. Esto genera una falsa sensación de seguridad que facilita que incluso los usuarios más prevenidos puedan bajar la guardia ante una supuesta notificación.

Además, los ciberdelincuentes utilizan ahora ataques multicanal, coordinando correos electrónicos, SMS y llamadas telefónicas para construir una historia creíble y coherente. El objetivo final es siempre el mismo: obtener información confidencial o forzar un pago indebido bajo la apariencia de una gestión oficial necesaria. Pero afortunadamente existen señales de advertencia críticas que todo contribuyente debe aprender a identificar para proteger su información personal y bancaria durante este ejercicio fiscal. Entre ellas destaca el uso de un lenguaje alarmista que menciona bloqueos de expedientes, sanciones inminentes o embargos para provocar miedo en el receptor. También son frecuentes las promesas de reembolsos inmediatos de importes exactos, enviadas a través de enlaces acortados en mensajes de texto SMS. 

Desde Hacienda se recuerda de forma insistente que la Agencia Tributaria nunca solicita pagos urgentes ni datos bancarios a través de medios no seguros como el correo electrónico. Es vital revisar siempre el dominio del remitente, buscando variaciones sutiles que intentan imitar la dirección oficial agenciatributaria.gob.es de forma fraudulenta. Cualquier mensaje que incite a descargar archivos adjuntos, como supuestas facturas o PDFs de notificaciones, debe ser tratado con extrema precaución.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también ha alzado la voz para alertar a los ciudadanos sobre la proliferación de estos engaños estacionales. Según la OCU, los argumentos de los estafadores cambian periódicamente, pasando de requerimientos de pago a peticiones de documentación imprescindible para recibir una devolución. La organización insiste en que la primera pista de fraude es el propio mensaje, especialmente si promete una devolución de dinero totalmente inesperada. Recomiendan encarecidamente no hacer clic en los enlaces recibidos y, en su lugar, pasar el cursor por encima para verificar la dirección de destino real. Si la dirección web no coincide con los dominios oficiales del Estado, se debe eliminar el mensaje de inmediato sin interactuar con él. La OCU recalca que mantenerse alerta es la mejor defensa ya que, una vez introducidos los datos, el proceso de reclamación puede ser complejo.

Para operar con total seguridad, es imprescindible conocer cuáles son los únicos dominios y canales oficiales que utiliza la Agencia Tributaria en sus comunicaciones. Las direcciones web legítimas incluyen siempre dominios como sede.agenciatributaria.gob.es o variantes que finalizan estrictamente en aeat.es o agenciatributaria.es. Además, la administración utiliza sistemas de identificación robustos y oficiales como el certificado digital, el DNI electrónico o el sistema Cl@ve Móvil. Hacienda ha dejado claro que nunca utiliza servicios de mensajería instantánea ni solicita información económica personal a través de plataformas como Bizum. Por otro lado, las llamadas telefónicas de supuestos agentes solo se producen si el contribuyente ha solicitado previamente una cita para ser atendido. Cualquier llamada inesperada que solicite datos bancarios o presione para realizar un trámite en el momento debe considerarse un intento de fraude telefónico o vishing.

Rapidez y pruebas

Otros métodos de engaño incluyen la oferta de servicios de pago para gestionar citas previas que, en realidad, son trámites totalmente gratuitos. Páginas web fraudulentas se presentan como intermediarios para aprovechar la saturación del sistema y la urgencia de los usuarios por resolver su situación. Igualmente, la presencia de formularios excesivamente simples que solicitan la contraseña del correo electrónico es una señal inequívoca de que se trata de una estafa. Ningún organismo oficial pedirá jamás las claves de acceso a servicios personales de mensajería o redes sociales bajo ningún concepto. Los delincuentes también utilizan documentos adjuntos maliciosos que, al ser abiertos, instalan malware en el dispositivo de la víctima para monitorizar su actividad bancaria. 

Ante cualquier duda sobre la autenticidad de un documento, lo más seguro es acudir directamente a la sede electrónica para cotejarlo mediante el código seguro de verificación. En el caso de que un ciudadano sospeche que ha podido caer en la trampa o haya introducido datos en un enlace sospechoso, debe actuar con rapidez. Lo primero es recopilar todas las pruebas posibles, como capturas de pantalla, enlaces y mensajes recibidos, para facilitar una posterior denuncia. Es fundamental cambiar de inmediato las contraseñas comprometidas y contactar con la entidad bancaria para solicitar el bloqueo preventivo de tarjetas o cuentas. El incidente debe reportarse a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la propia Agencia Tributaria a través de sus canales de denuncias. Además, el INCIBE pone a disposición de los usuarios la Línea de Ayuda en Ciberseguridad (017) para recibir orientación experta sobre cómo proceder tras el ataque. La celeridad en estas acciones, insisten, es determinante para minimizar el impacto financiero y evitar que los delincuentes hagan un uso extensivo de la información robada. 

Cada año, al hacer la Declaración de la Renta, los contribuyentes deben revisar con detalle la información vinculada a sus inmuebles, un apartado que incluye tanto la vivienda habitual como segundas residencias o propiedades en alquiler. En este procedimiento, la Agencia Tributaria solicita una serie de datos que permiten identificar correctamente cada inmueble, y aunque en muchos casos parte de esa información ya aparece incorporada en el borrador, no siempre consta de forma completa o actualizada.

Dentro de esos datos, la referencia catastral es uno de los elementos que más dudas genera. Se trata de un identificador oficial que permite asociar cada inmueble a su registro correspondiente dentro del Catastro. Su función es facilitar la localización exacta de una vivienda o propiedad dentro del sistema administrativo, y su presencia se ha vuelto habitual en trámites fiscales, especialmente en la Declaración de la Renta y en otros procedimientos relacionados con la propiedad inmobiliaria.

El incremento del uso de plataformas digitales ha simplificado la consulta de esta información, pero todavía es frecuente que los contribuyentes tengan que recurrir a documentos antiguos o a distintos canales para localizarla. En muchos casos, este código ya ha sido utilizado en declaraciones anteriores, aunque no siempre se conserva a mano.

Qué es la referencia catastral y para qué sirve

La referencia catastral es un código alfanumérico formado por 20 caracteres que identifica de manera única cada inmueble registrado en España. Este identificador lo asigna el Catastro, organismo dependiente de la Dirección General del Catastro, y permite diferenciar cada propiedad dentro de su base de datos oficial. No existen dos inmuebles con la misma referencia, lo que convierte este código en un elemento exclusivo para cada vivienda, oficina, garaje, finca o construcción.

Este número funciona como una especie de identificador del inmueble. A través de él, el sistema catastral asocia datos básicos de la propiedad, como su ubicación exacta, su uso, su superficie o determinadas características físicas. En algunos casos también permite consultar información adicional vinculada al inmueble dentro del registro, lo que lo convierte en una pieza habitual en trámites relacionados con la propiedad.

Su uso no se limita a la Declaración de la Renta. La referencia catastral aparece en distintos procedimientos administrativos vinculados a la vivienda, como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, operaciones de compraventa, herencias o contratos de alquiler. En todos estos casos, sirve para identificar sin ambigüedades el bien inmueble al que se hace referencia.

En el ámbito del IRPF, su inclusión es obligatoria en determinados casos cuando se declara una vivienda o cuando el sistema lo requiere para completar los datos del inmueble. Si el contribuyente tiene varios bienes, este código permite distinguir cada uno de ellos de forma precisa dentro del formulario.

Cómo consultar la referencia catastral de una vivienda

Existen varias formas de localizar la referencia catastral sin necesidad de iniciar un trámite complejo. Una de las más habituales es revisar el recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, donde este código suele aparecer reflejado junto a los datos de la vivienda. Este documento es una de las fuentes más directas para acceder a esta información.

Otra vía frecuente es la documentación relacionada con la propiedad. En el caso de viviendas en propiedad, las escrituras de compraventa suelen incluir la referencia catastral dentro de la descripción del inmueble. También puede aparecer en contratos de alquiler, donde se incorpora como parte de los datos identificativos de la vivienda arrendada.

Si no se dispone de estos documentos, la consulta puede realizarse a través de la Sede Electrónica del Catastro. En esta plataforma es posible introducir la dirección del inmueble mediante la opción de búsqueda por calle y número. Una vez localizada la vivienda, el sistema muestra los datos asociados, entre ellos la referencia catastral y otras características básicas del inmueble, como su superficie o su uso. Este método es uno de los más utilizados porque permite acceder directamente a la información sin necesidad de documentación adicional, siempre que se conozca la dirección exacta del inmueble.

Otra alternativa es recurrir a Declaraciones de la Renta de años anteriores. En muchos casos, este dato ya fue incluido en ejercicios previos, por lo que puede recuperarse revisando la documentación presentada en campañas anteriores. Esto resulta útil especialmente cuando no se dispone de otros documentos físicos o digitales.

También es posible consultar la referencia catastral a través de los servicios de atención del Catastro, tanto de forma presencial como telefónica. Este canal se utiliza cuando no es posible localizar el código por medios habituales o cuando existen dudas sobre la correspondencia entre la dirección del inmueble y los datos registrados. En estos casos, suele ser necesario aportar información básica del inmueble para facilitar la búsqueda.

En la Declaración de la Renta correspondiente al ejercicio fiscal 2025, que se presenta en 2026, los autónomos y las pequeñas y medianas empresas (PYMES) disponen de diferentes mecanismos fiscales que permiten aliviar su carga tributaria, siempre que los gastos estén debidamente justificados y vinculados a la actividad económica. En un contexto de aumento de costes, estas deducciones se han convertido en una herramienta esencial para mejorar la liquidez y la viabilidad de los negocios, aunque su aplicación requiere un conocimiento preciso de la normativa para evitar errores ante la administración tributaria.

En términos generales, tanto autónomos como sociedades pueden deducir gastos corrientes como suministros, alquileres o servicios profesionales, además de beneficiarse de incentivos ligados a la inversión, el empleo o la innovación. No obstante, existen diferencias relevantes entre ambos regímenes fiscales que condicionan el alcance de estas ventajas y su impacto real en la tributación.

En esta campaña, además, se mantienen determinados límites que afectan a la actividad económica. Entre ellos, los relativos al volumen de ingresos y operaciones, que siguen funcionando como referencia para distintas obligaciones fiscales: 250.000 euros en el caso de rendimientos íntegros, 125.000 euros cuando existen operaciones con obligación de facturar a otros empresarios y otros 250.000 euros en el volumen de compras.

Deducciones para autónomos

En el caso de los trabajadores por cuenta propia, la deducción de gastos sigue estando condicionada a su vinculación directa con la actividad económica. Solo pueden incluirse aquellos que estén relacionados con el desarrollo del negocio y que tengan impacto en la obtención de ingresos.

Para que un gasto sea aceptado, es necesario que esté respaldado por documentación válida. Esto implica disponer de facturas completas que cumplan los requisitos legales, ya que los tickets o justificantes simplificados no suelen ser suficientes en el ámbito empresarial. Junto a ello, los gastos deben poder acreditarse y estar correctamente relacionados con la actividad, de forma que resulten coherentes con el trabajo desarrollado.

Entre los gastos más habituales se encuentra la cuota de autónomos, que puede deducirse íntegramente en el IRPF. También se mantiene la deducción del alquiler de locales cuando estos se destinan de forma exclusiva a la actividad, en cuyo caso el gasto puede deducirse al 100%.

Cuando el trabajo se realiza desde el domicilio habitual, los suministros como electricidad, agua, gas, internet o telefonía pueden deducirse aplicando un criterio específico. En estos casos, se toma el 30% de la proporción existente entre la superficie destinada a la actividad y el total de la vivienda, lo que determina la parte deducible del gasto.

También se incluyen como gastos deducibles los servicios profesionales externos, como asesorías, gestorías, servicios jurídicos o consultorías. A ello se suman otros costes habituales del día a día del negocio, como material de oficina, equipos informáticos, software, mobiliario o cualquier recurso necesario para el desarrollo de la actividad.

En el ámbito comercial, entran igualmente los gastos vinculados al marketing y la publicidad, como campañas digitales, anuncios en plataformas o la creación y mantenimiento de páginas web. En el caso de los vehículos, la deducción queda limitada a los supuestos en los que se pueda acreditar un uso exclusivamente profesional, de manera que los desplazamientos deben estar directamente relacionados con la actividad y se excluye cualquier utilización personal o no justificada.

Una de las novedades de este ejercicio es la incorporación de ajustes vinculados a las cotizaciones a la Seguridad Social. Tras la implantación del sistema de cotización en función de ingresos, pueden producirse regularizaciones posteriores de cuotas. Estas variaciones podrán reflejarse en la declaración mediante nuevas casillas específicas, lo que permitirá incorporarlas como gasto o ingreso según corresponda.

En este ejercicio también se introduce una reducción del 30% sobre determinados rendimientos netos procedentes de actividades artísticas, científicas, literarias o escénicas cuando estos ingresos se obtienen de forma excepcional. Esta medida se aplica sobre un máximo de 150.000 euros anuales.

A ello se suma la actualización de los límites de otra reducción destinada a contribuyentes con ingresos más bajos. Podrán acogerse quienes tengan rendimientos netos inferiores a 19.747,50 euros, siempre que no dispongan de otras rentas superiores a 6.500 euros. En este caso, la reducción alcanza hasta 6.498 euros anuales para los tramos más bajos, mientras que en niveles intermedios se aplica una fórmula progresiva en función del rendimiento obtenido.

En estimación directa simplificada, se mantiene además la reducción del 5% por gastos de difícil justificación, con un límite máximo de 2.000 euros anuales. Este beneficio no es compatible con otros incentivos específicos en determinados supuestos de dependencia económica. En estimación objetiva, por su parte, se conserva una reducción del 5% sobre el rendimiento neto de módulos.

Deducciones para pymes

En el caso de las pequeñas y medianas empresas, los gastos deducibles son aquellos que pueden restarse de los ingresos para determinar el beneficio sobre el que se aplica el Impuesto sobre Sociedades. Para ello, deben cumplirse una serie de requisitos que garantizan su validez fiscal.

En primer lugar, los gastos deben estar directamente relacionados con la actividad económica de la empresa y contribuir al desarrollo del negocio. A esto se suma la obligación de contar con documentación justificativa adecuada, lo que implica disponer de facturas completas que cumplan los requisitos legales, ya que los tickets o justificantes simplificados no suelen ser suficientes en el ámbito empresarial.

Además, los gastos deben estar correctamente registrados en la contabilidad de la empresa, lo que permite su seguimiento y control dentro del ejercicio fiscal correspondiente. También es necesario que se imputen en el periodo en el que realmente se producen, sin trasladarlos a otros ejercicios, ya que esto podría alterar el resultado fiscal.

Dentro de este marco, las pymes pueden deducir gastos habituales como suministros, alquileres de locales, servicios profesionales externos, inversiones en tecnología o software y otros costes asociados al funcionamiento diario del negocio. También se incluyen las amortizaciones de bienes de inversión, que permiten repartir el coste de determinados activos a lo largo de varios ejercicios.

Como cada año, la campaña de la Renta viene acompañada de deducciones autonómicas. Una de ellas es de especial interés para las familias madrileñas, relativa a la adquisición de vivienda habitual por nacimiento o adopción de hijos. Ideada con el propósito de dar un respiro a aquellos contribuyentes que están empezando una nueva etapa en su vida familiar, esta medida pretende aliviar parte de la carga fiscal que asumen los contribuyentes que adquieren una vivienda tras la llegada de un hijo.

La deducción se rige bajo los artículos 13 y 18.2, relativos a las disposiciones legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 21 octubre. En total, las familias podrán deducirse hasta 1.546,50 euros.

Cómo solicitar la deducción por nacimiento o adopción

Para poder solicitar la deducción por adquisición de vivienda habitual por nacimiento o adopción de hijos en Madrid, el contribuyente deberá presentar la siguiente documentación junto a su declaración de la renta:

Requisitos para la deducción por nacimiento o adopción

Con o sin cargas familiares, el momento de adquirir una vivienda es especialmente delicado para el contribuyente, pero castiga con especial fuerza a aquellos con hijos. Con esta deducción los declarantes pueden beneficiarse de una reducción significativa en su cuota autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Para poder acogerse a esta deducción, es necesario cumplir cuatro requisitos:

Límite máximo de la deducción, cuantía y ámbito temporal de aplicación

El límite máximo anual de esta deducción asciende a los 1.546,50 euros, tanto en tributación individual como en tributación conjunta, siguiendo estas variables:

Pérdida del derecho a deducir

Existen una serie de circunstancias que pueden provocar la pérdida del derecho a acogerse a esta deducción:

También hay que tener en cuenta que esta deducción es incompatible, para las mismas inversiones, con la aplicación de la deducción autonómica “Por adquisición de vivienda habitual en municipios en riesgo de despoblación”.

En la declaración de la renta, una parte importante del resultado final no depende únicamente del Estado, sino también de las comunidades autónomas. Estas pueden establecer deducciones propias dentro del IRPF que, en muchos casos, no se tienen en cuenta, pese a que pueden suponer un ahorro relevante: reducen la cantidad a pagar o incrementan la devolución según el caso. Se trata de un conjunto de beneficios fiscales que se aplican en situaciones muy diversas, especialmente vinculadas a la vivienda, y que abarcan desde el alquiler y la compra hasta la rehabilitación o el apoyo a determinados colectivos como jóvenes o familias.

Para poder acceder a estas ventajas es necesario cumplir un requisito clave: haber tenido la residencia fiscal en una misma comunidad durante la mayor parte del año, lo que en la práctica supone haber permanecido en ese territorio al menos 183 días durante el ejercicio. Solo entonces pueden aplicarse las deducciones autonómicas correspondientes. La campaña de la renta del ejercicio 2025 podrá presentarse entre el 8 de abril de 2026 y el 30 de junio, por lo que conviene tener presentes estas medidas antes de realizar la declaración.

A continuación, se recogen las deducciones aprobadas para el IRPF en cada comunidad autónoma para el ejercicio 2025:

Andalucía

Los contribuyentes que hayan desarrollado su residencia habitual en la Comunidad Autónoma de Andalucía durante 2025 podrán beneficiarse de las siguientes deducciones fiscales autonómicas:

Aragón

En Aragón, quienes hayan fijado allí su residencia habitual durante 2025 podrán acogerse a las siguientes deducciones autonómicas:

Principado de Asturias

Durante 2025, los contribuyentes con residencia habitual en el Principado de Asturias podrán acceder a estas deducciones autonómicas:

Illes Balears

En las Illes Balears, los residentes habituales durante 2025 podrán beneficiarse de las siguientes medidas fiscales autonómicas:

Canarias

Quienes hayan residido en la Comunidad Autónoma de Canarias durante el ejercicio 2025 podrán aplicar estas deducciones autonómicas:

Cantabria

Los residentes en Cantabria durante 2025 tendrán acceso a estas deducciones autonómicas:

Castilla-La Mancha

En Castilla-La Mancha, quienes hayan mantenido su residencia habitual durante 2025 podrán beneficiarse de las siguientes deducciones fiscales:

Castilla y León

Durante 2025, los contribuyentes con residencia habitual en Castilla y León podrán acceder a estas deducciones autonómicas:

Catalunya

En Catalunya, los contribuyentes residentes en 2025 podrán acogerse a las siguientes deducciones:

Extremadura

Quienes hayan tenido su residencia habitual en Extremadura durante 2025 podrán beneficiarse de estas deducciones autonómicas:

Galicia

En Galicia, durante 2025, los contribuyentes residentes podrán acceder a las siguientes deducciones:

Comunidad de Madrid

En la Comunidad de Madrid, quienes hayan residido durante 2025 podrán beneficiarse de estas deducciones fiscales:

Región de Murcia

En la Región de Murcia, los contribuyentes con residencia habitual durante 2025 podrán aplicar estas deducciones:

La Rioja

En La Rioja, quienes hayan residido durante 2025 podrán beneficiarse de las siguientes deducciones autonómicas:

Comunitat Valenciana

En la Comunitat Valenciana, durante 2025, los contribuyentes residentes podrán acceder a estas deducciones:

Acaba de arrancar la campaña correspondiente al año 2025. Desde el 8 de abril los declarantes pueden consultar y confirmar su borrador a través de internet, un plazo que se extiende hasta el próximo 30 de junio. Aunque para algunos contribuyentes presentar la declaración de la renta es una opción, aquellos que reciban 22.000 euros brutos anuales de un pagador o 15.876 euros de dos o más pagadores deben formalizarla. Lo mismo ocurre con los trabajadores por cuenta propia, estén bajo el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. También deberán presentar la declaración los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Diseñado por la Seguridad Social para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social, el IMV es una ayuda que busca garantizar un nivel mínimo de renta a ciudadanos en situación de vulnerabilidad económica. Se trata de una renta exenta, el grueso de sus beneficiarios no tendrán que incluirla en su declaración. Pero sí que están obligados a presentar la declaración correspondiente al IRPF, con independencia a la cuantía total que perciban estos usuarios. En caso de no formalizar la renta, el SEPE podría suspender de forma temporal el ingreso de esta prestación.

Para la mayoría de los contribuyentes que reciben el IMV, será una declaración fácil de presentar y sin ingresos que declarar. En el grueso de los casos, la cuota será a cero, el ciudadano no tendrá que pagar ni Hacienda le tendrá que devolver ningún importe.

Sí que deberán declararse las cuantías que superen los 12.600 euros, en otras palabras, el importe equivalente a 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). En el caso de que se supere este umbral por recibir ayudas a colectivos con riesgo de exclusión social como la renta mínima de inserción, rentas garantizadas y ayudas de comunidades autónomas y ayuntamientos de naturaleza similar, solo se debe tributar por el exceso de esta cuantía.

Qué beneficiarios del IMV tienen que presentar la declaración

Tal y como establece la Agencia Tributaria, con el fin de mantener esta prestación deben presentar la declaración de la renta “las personas titulares del ingreso mínimo vital y todas las personas integrantes de la unidad de convivencia”.

De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, se entienden por unidad de convivencia la constituida por “todas las personas que residan en un mismo domicilio y que estén unidas entre sí por vínculo matrimonial, como pareja de hecho o por vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad, adopción, y otras personas con las que convivan en virtud de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente”. Todas ellos, con independencia de si reúnen requisitos que a priori podrían eximirles de presentar la declaración, deberán presentar la declaración de la renta si se encuentran en una unidad de convivencia que se beneficia del IMV.

Qué ocurre si los beneficiarios del IMV son menores

En el supuesto de la existencia de menores en la unidad de convivencia, estos también tendrán que presentar la declaración, de forma individual o conjunta con sus progenitores, aunque Hacienda recomienda esto último. Si los padres están casados, podrá presentarse la declaración del menor junto a la de la pareja. Si este no es el caso, uno de los dos progenitores podrá presentar declaración conjunta con los hijos, y el otro declaración individual. En cualquiera de estos escenarios, se deberá consignar el NIF del menor a la hora de cumplimentar la declaración.

Existen casos en los que es preciso que el menor presente la declaración por separado, por ejemplo si recibe una renta. De ser asi puede autenticarse al menor en el servicio de RENTA WEB mediante dos métodos:

Requisitos para recibir el IMV

De no ser beneficiario del IMV, es contribuyente puede solicitarlo si cumple una serie de requisitos. Se trata de unas condiciones sencillas de comprobar a través del portal web para solicitar esta ayuda, puesto que cuenta con un simulador que comprueba si el candidato es apto. En general, las condiciones para poder optar al IMV son las siguientes:

Los alumnos que vayan a cursar Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas, deportivas, de idiomas o estudios universitarios, entre otros, pueden solicitar, hasta el próximo 18 de mayo, la beca para el curso 2026-27. Las ayudas cuentan con un presupuesto récord de 2.559 millones de euros que beneficiará a cerca de un millón de alumnos y alumnas, según cálculos del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

No todo el mundo puede solicitar las becas MEC 2026-27. Solo aquellos estudiantes que no superen una determinada renta o patrimonio familiar y que cumplan unos determinados requisitos de aprovechamiento académico, además de matricularse en las enseñanzas universitarias y no universitarias comprendidas en la convocatoria. 

Si el alumno cumple con estos tres requisitos, deberá iniciar un proceso de solicitud de la beca a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación y Formación Profesional. A partir de ahí, el departamento encabezado por Milagros Tolón evaluará cada solicitud y la resolverá, detallando la cuantía que finalmente se le ha asignado. 

Sin embargo, si el alumno no está de acuerdo con la resolución de su beca o con las cuantías que se le han asignado, puede presentar una reclamación dentro de los plazos establecidos. El ministerio distingue tres: alegaciones, recurso de reposición y recurso contencioso-administrativo.

Plazos para presentar una reclamación de la beca 

En el caso de las alegaciones, estas se hacen respecto a la resolución provisional de la beca. Se deben presentar en diez días hábiles (sin contar sábados, domingos ni festivos), desde el día siguiente a la fecha en que la que se consulta o descarga la notificación. Sin embargo, a veces, el ministerio da otro plazo diferente en la propia notificación, con lo que recomienda fijarse en esta. 

Por otra parte, está el recurso de reposición, que se hace respecto a la resolución definitiva de las becas de ayuda al estudio. Se puede presentar y se tiene de plazo un mes. La vía: la cumplimentación del documento y la presentación del mismo en la Unidad de Becas correspondiente. 

Por último, la última reclamación posible pasa por la imposición de un recurso contencioso-administrativo. Este está disponible siempre y cuando el recurso de reposición haya sido resuelto previamente. Además, se trata de un procedimiento judicial sometido a ciertas formalidades y costes. El plazo: dos meses desde el día siguiente a la publicación de la resolución definitiva. 

El Tesoro Público español ha diseñado un intenso calendario de subastas para este mes de abril con el objetivo de cubrir sus necesidades de financiación anuales en un entorno marcado por la incertidumbre macroeconómica global y la persistente escalada de la inflación en la eurozona. Esta situación ha provocado que el mercado anticipe posibles subidas en los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, lo que se traduce directamente en una mayor rentabilidad exigida por los inversores en los títulos de deuda pública española emitidos recientemente por el organismo. El compromiso del Ministerio de Economía para este ejercicio se mantiene firme en la responsabilidad presupuestaria, buscando aprovechar el buen momento de la economía nacional para atraer capital tanto de grandes instituciones como de pequeños ahorradores particulares que buscan seguridad y rendimientos atractivos en el corto y largo plazo.

La actividad financiera de este cuarto mes del año comenzó el pasado martes con una importante emisión de letras del Tesoro con plazos de amortización fijados en seis y doce meses, respectivamente. A lo largo de la jornada, el organismo dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa logró colocar un importe total que ascendió a los 6.439 millones de euros, situándose en el rango máximo de lo previsto inicialmente para dicha operación. La demanda conjunta superó con creces los 8.600 millones de euros, demostrando que el papel español sigue siendo un activo de gran atractivo para los inversores internacionales. Las letras de doce meses lideraron la adjudicación con más de 4.300 millones de euros colocados en el mercado.

Siguiendo con la planificación establecida, el organismo público vuelve a los mercados hoy mismo para realizar una subasta de bonos y obligaciones del Estado con objetivos de adjudicación ambiciosos. El rango previsto para esta operación oscila entre los 5.250 millones y los 6.750 millones de euros, buscando captar capital a medio y largo plazo para financiar la estrategia estatal. Esta segunda cita del mes es crucial para evaluar la confianza de los grandes tenedores de deuda ante los títulos que ofrecen cupones fijos anuales y que representan la mayor parte de las emisiones netas programadas para todo el año. Los inversores estarán atentos para comprobar si se mantiene la tendencia alcista de los tipos marginales de referencia vista en las emisiones anteriores.

Los valores que se subastan este jueves incluyen bonos del Estado a tres años con un cupón del 2,35% y bonos a cinco años con un cupón del 2,60% anual. Además, la oferta se completa con obligaciones del Estado a diez años con un cupón del 3,30 y una referencia especial de obligaciones indexadas a la inflación de la zona euro a diez años con un cupón del 1,15%. Para estas últimas, el principal de la inversión varía según la evolución de un índice de precios, protegiendo así el poder adquisitivo del inversor frente a escenarios de escalada de costes energéticos. Estas emisiones tienen fechas de vencimiento que se extienden hasta el año 2036 para los títulos de mayor duración ofertados actualmente.

La programación del Tesoro Público para la segunda quincena del mes de abril continuará el próximo martes 14 con una nueva convocatoria dirigida a los tramos más cortos de la curva de tipos mediante la emisión de letras. En esta ocasión se subastarán títulos con vencimientos a tres y nueve meses, complementando la oferta de papel comercial realizada al inicio de abril y permitiendo a los ahorradores diversificar sus carteras con plazos inferiores al año. Las peticiones para esta subasta pueden tramitarse tanto de forma competitiva, indicando el tipo de interés deseado, como no competitiva, aceptando el precio medio resultante de la operación según el procedimiento oficial. Esta subasta es tradicionalmente muy seguida por el inversor minorista, que utiliza las letras como una alternativa segura de ahorro frente a otros productos bancarios tradicionales.

Para cerrar el ciclo de subastas ordinarias del mes, el organismo financiero ha fijado una última cita el jueves 16 de abril dedicada nuevamente a los bonos y obligaciones del Estado. Con esta operación se completa el despliegue de deuda previsto para el periodo, buscando consolidar la posición financiera de España y asegurar los fondos necesarios para los compromisos de gasto del Estado. Al igual que en las citas anteriores, las referencias exactas que se emitirán en esta subasta final serán anunciadas oficialmente el viernes inmediatamente anterior a la celebración de la misma para información de los mercados. Es el broche final a un mes de intensa actividad en el que el Tesoro ha navegado con éxito la volatilidad mientras mantiene sus objetivos de captación de capital a medio y largo plazo.

Un trámite sencillo

Dentro de este marco de financiación, el Tesoro continúa impulsando su programa de bonos verdes soberanos, que ya cuenta con un volumen considerable en circulación para proyectos sostenibles. Estos valores son asimilables al resto de la deuda pública, pero están vinculados nocionalmente a gastos en actividades que favorecen la transición ecológica y la protección del medio ambiente bajo criterios muy estrictos. La gran demanda de este tipo de activos sostenibles ha ayudado históricamente al organismo a reducir sus costes de emisión y a ampliar su base de inversores hacia perfiles comprometidos.

Los ciudadanos interesados en participar en estas subastas de abril disponen de diversos canales para adquirir deuda pública de forma sencilla, destacando la posibilidad de abrir cuentas directas en las sucursales del Banco de España. Asimismo, el Tesoro ofrece un servicio de compra y venta a través de su página web oficial para residentes en el territorio nacional que posean un certificado digital o DNI electrónico reconocido. Es importante recordar que el importe mínimo para cualquier petición es de 1.000 euros y que para cantidades superiores se debe operar siempre en múltiplos de esa misma cifra nominal establecida por la normativa vigente. Con estos mecanismos, el Estado garantiza la transparencia y el acceso equitativo a sus valores de renta fija, fomentando la participación del ahorro privado en la financiación pública del país.

La campaña de la Renta 2025 comienza este miércoles 8 de abril, por lo que los declarantes ya pueden presentar a través de internet la declaración de los ingresos generados el pasado ejercicio fiscal. No todos los contribuyentes están en la obligación de rendir cuentas con Hacienda a través de la Renta. Existen unos límites que pueden eximir al usuario de presentar la declaración por el IRPF del pasado 2025. Se trata de límites relativos a los ingresos por los rendimientos del trabajo, la naturaleza del empleo, o haber optado a ciertos subsidios o deducciones.

Cuál es el mínimo de ingresos que obliga a hacer la declaración

Por supuesto, todos aquellos que quieran optar a la devolución derivada de la normativa del IRPF deberán presentar la declaración de la Renta. Respecto al resto de contribuyentes, en general existen los siguientes grupos de personas físicas que están obligadas a presentar la declaración de la renta este 2025:

Quién no tiene que presentar la declaración de 2025

Por otro lado, hay una serie de criterios excluyentes que eximen al contribuyente de presentar la declaración de la renta 2025:

Cuál es la deducción por la subida del SMI

Una de las novedades que introduce la campaña de la renta de este año afecta precisamente a los perceptores del salario mínimo interprofesional (SMI), que estarán obligados a presentar la declaración si quieren que la Agencia Tributaria les devuelva las retenciones adicionales que se les haya realizado durante el año pasado. Así, los trabajadores que percibieron el SMI en 2025 (16.576 euros anuales) y aquellos que ganaron rentas por valor de hasta 18.276 euros anuales, tendrán derecho a una deducción nueva.

En el caso de que los rendimientos del trabajo sean iguales a los del SMI del año pasado, la deducción será de 340 euros, por lo que verán compensada la parte que dejaron de recibir de la subida de este sueldo base. Para aquellas rentas entre 16.576 euros anuales y 18.276 euros, la deducción será de 340 euros menos el resultado de multiplicar por 0,2 la diferencia entre los rendimientos íntegros del trabajo y 16.576 euros anuales.

Fechas de la declaración de la renta 2025

Una vez abierta la campaña de la Renta del ejercicio fiscal del pasado 2025, estas son sus fechas clave:

El Gobierno ha confirmado oficialmente la prórroga de la deducción del IRPF para incentivar la compra de vehículos eléctricos durante todo el año 2026 y, tras varios intentos fallidos en los que previos decretos ley no consiguieron el respaldo necesario en el Congreso, la medida ha encontrado finalmente su encaje legal definitivo. Este incentivo fiscal, que ya estuvo vigente en ejercicios anteriores con una acogida notable, busca ahora dar continuidad a la estrategia de descarbonización del transporte nacional. De ahí que los conductores que decidan adquirir un automóvil de bajas emisiones entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de este año podrán beneficiarse de este importante ahorro. Se trata de una noticia muy esperada por el sector automovilístico de cara a mantener el ritmo de ventas de los modelos electrificados, una pieza clave para aquellos que están valorando dar el salto definitivo hacia las tecnologías de propulsión eléctrica y la movilidad sostenible.

El marco jurídico se encuentra recogido en el nuevo Real Decreto-ley 7/2026, diseñado para mitigar los efectos de la crisis energética derivada del conflicto en Oriente Medio. Dentro de este paquete de medidas urgentes, el Ejecutivo ha incluido el retorno de las ayudas fiscales para el mercado de la automoción en nuestro país. La normativa no solo contempla la rebaja en la declaración de la renta, sino que también responde a la necesidad de reducir la dependencia de los combustibles fósiles tradicionales. Con esta legislación se busca amortiguar el impacto que los precios del diésel y la gasolina tienen sobre la economía familiar, seguridad jurídica necesaria para que el contribuyente pueda planificar su inversión sin temor a cambios legislativos inesperados. La urgencia de la crisis energética ha facilitado esta vez el consenso necesario para que la ayuda sea una realidad palpable durante todo el ejercicio fiscal de 2026. Este decreto supone un compromiso firme con la modernización tecnológica del parque móvil español en los próximos meses.

El beneficio consiste en una deducción del 15% sobre el valor total de adquisición del vehículo que se declare formalmente en la campaña de la Renta. Para realizar este cálculo, se toma como referencia una base máxima de inversión de 20.000 euros, incluyendo los impuestos y gastos propios de la compra. De esta manera, el montante que un comprador particular puede recuperar a través de su declaración de impuestos asciende hasta los 3.000 euros. Esta cantidad supone un alivio financiero considerable que se aplica directamente sobre la cuota íntegra estatal del impuesto de las personas físicas. El objetivo primordial es que el esfuerzo económico inicial que requiere la compra de un coche eléctrico sea mucho más asumible para el ciudadano medio. De este modo, el precio final de los coches cero emisiones resulta cada vez más competitivo frente a los modelos convencionales de combustión interna. El acceso a esta ayuda fiscal es directo y no requiere de procesos administrativos previos tan complejos como otros planes directos.

Los vehículos beneficiarios deben contar obligatoriamente con la etiqueta CERO de la Dirección General de Tráfico para ser considerados aptos para esta desgravación. Esto incluye principalmente a los turismos eléctricos puros, conocidos como BEV, y a los modelos eléctricos de autonomía extendida o de pila de combustible de hidrógeno. Asimismo, los híbridos enchufables o PHEV pueden acogerse a la deducción siempre que acrediten una autonomía eléctrica superior a los 40 kilómetros recorridos. La medida también extiende su cobertura a otras categorías de movilidad, como es el caso de las motocicletas eléctricas y los cuadriciclos tanto ligeros como pesados. Para el caso concreto de las motos, estas deben poseer baterías de litio y una potencia nominal de al menos 3 kW para entrar en el programa. 

Es imprescindible que el modelo elegido figure correctamente en la base oficial de vehículos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Con este abanico de opciones, el Gobierno pretende cubrir la mayor parte de las necesidades de movilidad urbana e interurbana actuales. Esta diversidad de vehículos asegura que diferentes perfiles de usuarios puedan encontrar una opción que se ajuste a su presupuesto y necesidades.

Existen además requisitos que los contribuyentes deben cumplir para asegurar que su solicitud de deducción no sea rechazada por la Agencia Tributaria al revisar su declaración. En primer lugar, la compra debe ser realizada por un particular para su uso privado, quedando excluidos todos aquellos vehículos destinados a actividades económicas. El vehículo debe ser matriculado antes de que finalice el año 2026, aunque existe la posibilidad de practicar la deducción si se abona un anticipo del 25%. En este último caso, el resto del pago y la adquisición definitiva deben completarse antes de que termine el segundo periodo impositivo posterior al pago inicial. La normativa también establece un límite de precio de venta, similar al de otros programas públicos, que no puede superar los 45.000 euros sin IVA. Para los modelos eléctricos de ocho o nueve plazas, este tope se eleva ligeramente hasta alcanzar los 53.000 euros para facilitar el transporte familiar. No se permite aplicar esta deducción si el usuario ya se ha beneficiado de ella en ejercicios fiscales previos, garantizando un reparto equitativo de los fondos. 

Puntos de carga

Se mantiene también la deducción fiscal del 15% para la instalación de infraestructuras de recarga de baterías en inmuebles de propiedad del contribuyente. Cualquier ciudadano que instale un punto de carga en su domicilio, ya sea en un garaje privado o en uno comunitario, podrá desgravar parte del coste. La base máxima permitida para este concepto es de 4.000 euros anuales, lo que permite una deducción máxima efectiva de 600 euros en la declaración. Los gastos que se pueden incluir en esta base abarcan desde la compra de los equipos y materiales hasta las obras necesarias para su correcto funcionamiento. Es importante destacar que el pago al instalador profesional debe realizarse siempre por medios trazables como transferencia bancaria, tarjeta o cheque nominativo. La instalación debe quedar totalmente finalizada y operativa antes del 31 de diciembre del año 2026 para que sea computable en el ejercicio. De esta forma, el Gobierno atiende a una de las principales barreras para el usuario, que es la disponibilidad de carga doméstica.

Esta deducción del IRPF es totalmente compatible con el nuevo Plan Auto+, que actúa como sucesor directo del antiguo Plan Moves III en el territorio nacional. Esta combinación de ayudas directas y beneficios fiscales permite reducir drásticamente la inversión neta necesaria para acceder a la movilidad eléctrica de última generación. Sin embargo, para calcular correctamente la base de la deducción del 15%, es obligatorio restar previamente cualquier otra subvención pública que se haya recibido. Por ejemplo, si un comprador obtiene una ayuda directa del Plan Auto+, debe descontar ese importe del precio total del coche antes de aplicar el porcentaje. Esta regla se aplica de la misma manera para las ayudas concedidas por las distintas comunidades autónomas o entidades locales dentro de sus propios programas de incentivos. Esto significa que las compras realizadas desde enero podrán beneficiarse de ambos incentivos si cumplen con todos los criterios técnicos y administrativos. La suma de estas palancas fiscales convierte a 2026 en un año clave para la renovación del parque móvil nacional.

La campaña de la Declaración de la Renta 2026 ha comenzado este 8 de abril y se extenderá hasta el próximo 30 de junio, período en el que los contribuyentes podrán presentar su declaración correspondiente al ejercicio fiscal. La Agencia Tributaria mantiene su plataforma digital Renta WEB como principal herramienta de acceso, ofreciendo un método seguro y centralizado para gestionar el borrador y la declaración sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina.

Durante esta campaña, y a partir del próximo 6 de mayo al 30 de junio, quienes prefieran atención directa también podrán realizar la declaración por teléfono con personal de la Agencia Tributaria. Este servicio permite resolver dudas concretas sobre el borrador y facilita la tramitación para quienes necesiten orientación sin desplazarse, combinando eficiencia y asistencia profesional.

Además, del 1 al 30 de junio quedará habilitado el plazo para confeccionar la declaración de forma presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria. Esta opción asegura que todos los contribuyentes tengan acceso a asistencia personalizada, garantizando la correcta presentación de la declaración dentro de los plazos establecidos y adaptándose a distintos perfiles y necesidades.

Cómo solicitar el borrador de la Declaración de la Renta

Los contribuyentes que deseen acceder al borrador de la declaración pueden hacerlo a través de varias opciones de identificación electrónica que garantiza la Agencia Tributaria. Una de las formas más utilizadas es mediante certificado electrónico o DNI electrónico, ambos válidos y emitidos por entidades oficiales. Tras disponer de uno de estos medios, el usuario debe ingresar al servicio de Renta WEB en el apartado de “Gestiones destacadas” y seleccionar la opción correspondiente para identificarse con su firma electrónica, lo que permite acceder de forma segura a los datos fiscales y al borrador de la declaración.

Otra alternativa es el sistema Cl@ve Móvil, antes conocido como Cl@ve PIN, que combina una clave personal elegida por el usuario con un PIN temporal enviado por SMS. Para utilizar esta opción, es necesario registrarse previamente, ya sea de forma presencial en una oficina de la Agencia Tributaria o mediante procedimientos en línea. Una vez registrado, el contribuyente puede acceder al borrador desde Renta WEB pulsando en el apartado destinado a Cl@ve Móvil, identificándose con la combinación de clave y PIN, disponible durante un tiempo limitado.

Finalmente, también se puede recurrir al número de referencia de Renta, un código que se obtiene introduciendo el NIF, la fecha de caducidad del DNI o el número de soporte del NIE, y ciertos datos de la declaración del año anterior, o en su defecto, un IBAN si no se presentó declaración previamente. Con esta referencia válida, el acceso al borrador se realiza de manera similar a las otras opciones: desde Renta WEB, seleccionando la opción correspondiente y completando la autenticación. Cada uno de estos métodos asegura la confidencialidad de la información y facilita la consulta, modificación y confirmación del borrador de la declaración de manera íntegra y segura.

Cómo acceder a tus datos fiscales

Los datos fiscales del contribuyente incluyen toda la información fiscal del ejercicio 2025 que le consta a la Agencia Tributaria y que son la base fundamental del borrador de la Declaración de la Renta. Entre la información que puede recopilar la Agencia Tributaria se encuentra, por ejemplo, el domicilio fiscal y los datos personales, los rendimientos del trabajo o de actividades económicas, rendimientos de cuentas bancarias, amortización de bienes inmuebles e ingresos por alquileres.

Se trata de una compilación de datos que interesa revisar, puesto que es responsabilidad del contribuyente subsanar cualquier error que puedan presentar, o actualizar datos antiguos. Esta responsabilidad también se traslada al borrador de la Renta. De estar incompleto, recae sobre el contribuyente el deber de introducir las modificaciones que sean pertinentes y aportar la información necesaria. Confirmar a ciegas el borrador de la Declaración de la Renta, sin consultarlo, puede acabar acarreando una sanción posterior si los datos son incorrectos.

Para consultar estos datos fiscales del contribuyente, es necesario acceder a través de la sede electrónica o mediante la aplicación de la Agencia Tributaria. Si lleva a cabo esta consulta desde el ordenador, deberá acceder a la sede electrónica de la Agencia Tributaria al apartado de 'Datos fiscales' e identificarse con uno de los sistemas que ofrece la plataforma, Cl@ve Móvil, certificado electrónico o DNI electrónico. En el caso de carecer de ellos, se puede solicitar a la Agencia Tributaria un número de referencia para iniciar la declaración.

Cuáles son las grandes novedades de este año

La campaña de 2025 ha arrancado con importantes novedades para los contribuyentes, especialmente aquellos trabajadores que hayan percibidio el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Los trabajadores que percibieron el SMI en 2025 (16.576 euros anuales) y aquellos que ganaron rentas por valor de hasta 18.276 euros anuales tendrán derecho a una deducción nueva en la declaración de la renta. Además, las personas que hayan estado en el paro no tendrán la obligación de declarar.

Otras novedades afectan a aquellos perceptores de ayudas por los efectos de la dana y los incendios. La Generalitat Valenciana ha aprobado unas deducciones de hasta el 100% de los gastos de reparación de la vivienda, mientras que los afectados por la oleada de incendios del pasado verano contarán con deducciones para compensar las pérdidas sufrudas en ¡ explotaciones agrarias.

En cuanto al abono del resultado de la declaración, en el caso de que salga a pagar, los contribuyentes podrán realizarlo mediante tarjeta o a través de Bizum, con la posiblidad de fraccionarlo en dos pagos.

Este miércoles ha arrancado la campaña de la Renta correspondiente al pasado 2025. Desde este 8 de abril de 2026 hasta el día 30 de junio será posible presentar la declaración a través de internet. Más tarde se abrirán por teléfono o de manera presencial los plazos para esta campaña de la renta y patrimonio. Aunque se trata de un trámite sencillo, un evento fiscal programado año tras año, es habitual que surjan dudas sobre la cumplimentación de la declaración.

Plazos de la campaña de la Renta 2025

En estos momentos es posible solicitar y confirmar el borrador a través de internet, y pronto estará disponible la opción de tramitar la declaración por teléfono o de forma presencial:

Aunque la declaración a través de internet ya puede formalizarse, pero si buscas presentarla a través del teléfono o de forma presencial, deberás pedir cita previa:

Cómo presentar la declaración a través de internet

Con el plazo abierto para la campaña de este 2025, ya es posible presentarla a través de internet. A través del portal Renta WEB de la Agencia Tributaria o desde la aplicación móvil, los contribuyentes pueden consultar y revisar su borrador y aquellos datos fiscales que Hacienda ha recopilado del pasado ejercicio. Por último, podrán confirmar o modificar la información antes de enviar la declaración. Para ello, deberán seguir estos pasos:

Cómo saber si es necesario presentar la declaración

Por lo general, tienen la obligación de presentar la declaración de la renta los autónomos, los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital y aquellos que reciban anualidades por alimentos.

Fuera de estos grupos, no todos los contribuyentes deben presentar la declaración de la renta. Existen una serie de requisitos que el declarante debe cumplir, como el límite de ingresos por el trabajo:

Como novedad, en el ejercicio fiscal de 2025 se ha suprimido la obligatoriedad de presentar la renta para aquellos declarantes que reciban prestaciones no contributivas o subsidios del SEPE. Esto solo se aplica, eso sí, si el contribuyente carece de otra fuente de ingresos como alquileres o beneficios en bolsa.

Más allá del trabajo, existen otros tipos de rentas o rendimientos que pueden obligar al contribuyente de presentar la declaración. Se trata de los rendimientos íntegros de capital mobiliario sujetos a retención o ingreso a cuentas, que no podrán exceder los 1.600 euros. Por otro lado, también deberán declarar aquellos con rentas inmobiliarias imputadas, ayudas públicas y subvenciones para la adquisición de vivienda que superen los 1.000 euros.

La Agencia Tributaria abrirá próximamente el plazo de su campaña de la renta y patrimonio correspondiente al ejercicio pasado, con la recaudación del Impuesto de la Renta para las Personas Físicas (IRPF) que cada año deben afrontar los contribuyentes, por lo que están a punto de comenzar los plazos para pedir cita en las diferentes modalidades disponibles para los ciudadanos: a través de internet, por teléfono o presencialmente.

Plazos de presentación online

Así, según recuerda la Agencia Tributaria en su página web, el plazo para confeccionar la Declaración de la Renta del ejercicio pasado comienza este próximo 8 de abril de 2026 y estará abierto hasta el 30 de junio de 2026, último día hábil para la presentación por internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2025.

A través del servicio Renta WEB, los contribuyentes podrán consultar su borrador, revisar los datos fiscales que Hacienda tiene registrados y confirmar o modificar la información antes de enviar la declaración. El acceso se realiza mediante Cl@ve PIN, certificado digital o número de referencia, y puede hacerse tanto desde la sede electrónica como desde la aplicación móvil oficial.

Más allá de descargar y comprobar el borrador que elabora automáticamente la Agencia Tributaria con los datos disponibles de cada contribuyente (que recomienda revisar para evitar errores o incluir aspectos que no se hayan tenido en cuenta sobre aspectos como deducciones a las que se pueda acoger cada persona), también hay disponible un asistente virtual de la renta al que se pueden formular preguntas, que se responderán de forma personalizada, así como las dudas más habituales de la campaña de la renta.

Además, la Agencia Tributaria recuerda que, a través de este asistente, si se necesita información adicional se puede acceder al Informador de Renta que permite ir seleccionando entre distintas opciones hasta llegar a la respuesta que se busca, o bien al chat atendido por especialistas de la Administración Digital Integral. Eso sí, desde Hacienda aclaran que la contestación tiene carácter meramente informativo, dado que se apoya en sistemas de Inteligencia Artificial (IA) “para un mejor entendimiento y clasificación de las preguntas”.

Otras fechas relevantes de la Renta 2025

En el caso de que un contribuyente quiera ser atendido telefónicamente, deberá antes concertar su cita con la Agencia Tributaria desde el 29 de abril y hasta el 29 de junio de 2026, ambos días incluidos, aunque el periodo en el que se concederán estas citas por teléfono para la presentación de la Declaración de la Renta del pasado ejercicio estarán disponibles únicamente entre el 6 de mayo y el 30 de junio de 2026.

Además, la Agencia Tributaria podrá confeccionar la Declaración de la Renta de cualquier contribuyente que lo solicite de forma presencial en sus oficinas (siempre en función de la ubicación de la persona que lo reclame) entre el 1 de junio y hasta el 30 de junio de 2026. Para las personas que opten por esta alternativa, la solicitud de cita debe realizarse desde el 29 de mayo y hasta el 29 de junio.

Es importante tener en cuenta que, para ser atendido por la Agencia Tributaria, tanto por teléfono como presencialmente en sus oficinas, se puede concertar la cita de forma telemática, a través de la web oficial, en la sede electrónica de la Agencia Tributaria, o llamando a los siguientes números de teléfono: 91 553 00 71 y 901 22 33 44.

Novedades de la campaña de la Renta

Entre las principales novedades de la campaña de la renta que está a punto de comenzar destaca las que introdujo un reciente Real Decreto Ley aprobado el pasado mes de febrero en el Congreso de los Diputados por el que se adoptaban medidas urgentes para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, en materia tributaria, y relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial.

En este texto se ha introducido la supresión de la obligación de presentar la declaración del IRPF a los beneficiarios de la prestación por desempleo, algo que hasta ahora era una obligación anual. Esto significa que, si cumplen con los requisitos que eximen de presentar la declaración (límites, fuentes de ingresos, rendimientos, rentas, etcétera), no tendrán por qué hacerlo simplemente por cobrar el paro.

Sin embargo, los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV) sí estarán obligados a presentar la Declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2025. Aunque se trata de una renta exenta y en la mayoría de los casos el resultado será igual a cero, sus beneficiarios deberán presentar la declaración por el mero hecho de percibir este subsidio.

También se han dispuesto diferentes exenciones para las ayudas por daños personales en zonas afectadas gravemente como consecuencia de los incendios forestales o las ayudas concedidas por la Comunitat Valenciana dirigidas a las personas trabajadoras autónomas y para facilitar la contratación en zonas afectadas por la DANA.

El Real Decreto-ley 8/2026, publicado el pasado 21 de marzo en el BOE, ha introducido una medida de urgencia para intentar paliar la crisis del alquiler que atraviesa España en la actualidad. Esta normativa, que entró en vigor el 22 de marzo, busca ofrecer un respiro a los arrendatarios frente a la escalada de precios y la alta inflación que dificulta el acceso a la vivienda. El objetivo primordial es garantizar la estabilidad habitacional de miles de familias cuyos contratos están próximos a expirar en un mercado tensionado. A pesar de que su vigencia definitiva depende de la convalidación por el Congreso de los Diputados, sus efectos legales son ya plenamente operativos para los ciudadanos. Esta intervención legislativa responde a la necesidad de proteger el derecho constitucional a una vivienda digna en un contexto de emergencia social y económica.

Se calcula que más de un millón de contratos podrían verse afectados por esta nueva disposición legal que ha generado un intenso debate político y jurídico. Los beneficiarios de esta prórroga extraordinaria son los inquilinos de viviendas habituales cuyos contratos estén sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos y lleguen a su fin próximamente. Específicamente, la norma ampara a aquellos arrendamientos cuya finalización de la prórroga obligatoria o tácita se produzca entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. Quedan excluidos de esta medida los alquileres de temporada, los contratos por habitaciones o aquellas viviendas consideradas suntuarias por su gran tamaño o elevada renta anual. 

También se incluyen los contratos entre inquilinos en situación de vulnerabilidad y grandes tenedores que agoten prórrogas excepcionales previas. Es fundamental que los interesados verifiquen la fecha exacta de vencimiento de su contrato para confirmar si pueden acogerse a este derecho legal. El derecho nace directamente de la ley y no requiere que el propietario haya notificado previamente su intención de no renovar el vínculo contractual.

El funcionamiento de la medida es sencillo en su planteamiento pero profundo en sus efectos jurídicos para ambas partes del contrato de alquiler vigente. Una vez solicitada, la prórroga permite extender la duración del arrendamiento por un periodo adicional de hasta dos años, manteniendo inalterados los términos pactados originalmente. Durante este tiempo, el arrendador está obligado a mantener la vivienda en condiciones óptimas de habitabilidad, mientras que el inquilino debe seguir cumpliendo con el pago de la renta. No se pueden introducir modificaciones en las cláusulas del contrato ni imponer nuevas condiciones que no estuvieran presentes antes de la solicitud de esta extensión extraordinaria. La estabilidad es el eje central, permitiendo que las personas planifiquen su vida personal y familiar sin la amenaza inmediata de un vencimiento de contrato. 

Uno de los aspectos más relevantes de la nueva normativa es el límite impuesto a la actualización anual de la renta durante el periodo prorrogado. La ley establece que cualquier incremento de precio quedará topado al 2%, evitando así subidas desproporcionadas vinculadas al IPC en momentos de alta inflación. En el caso de los grandes tenedores, definidos como aquellos que poseen diez o más inmuebles, este límite del 2% se aplica de forma automática y sin excepciones. Para los pequeños propietarios, existe la posibilidad de negociar un porcentaje diferente con el inquilino, aunque el resultado nunca podrá superar el IPC oficial. 

Comunicación expresa

En ausencia de un acuerdo específico entre las partes, el tope legal del 2% prevalecerá para proteger la capacidad económica del arrendatario durante la prórroga. Esta medida busca equilibrar el derecho del propietario a actualizar su renta con la necesidad de evitar que los precios del alquiler se disparen. Para activar este derecho, el inquilino debe seguir un procedimiento formal que garantice la validez jurídica de su solicitud frente al arrendador del inmueble. Es imprescindible enviar una comunicación expresa y por escrito donde se manifieste la voluntad de acogerse a la prórroga extraordinaria recogida en el decreto ley. 

Los expertos recomiendan utilizar medios fehacientes que proporcionen un comprobante de entrega y contenido, como el burofax con acuse de recibo o el correo electrónico certificado. En el escrito deben constar los datos identificativos del contrato, la dirección de la vivienda y una referencia explícita al Real Decreto-ley 8/2026. No existe un plazo mínimo de preaviso para realizar este trámite, lo que permite al inquilino actuar incluso si su contrato vence dentro de varios meses. Dada la provisionalidad de la norma, la recomendación general es cursar la solicitud con la máxima celeridad para blindar el derecho.

El arrendador está obligado por ley a aceptar la solicitud del inquilino, siempre que se cumplan los requisitos temporales y de forma mencionados anteriormente. Sin embargo, el decreto contempla tres excepciones muy concretas en las que el propietario podría negarse legítimamente a conceder la prórroga de dos años. La primera de ellas ocurre cuando el arrendador comunica su necesidad de ocupar la vivienda para uso propio o de familiares directos, según la ley vigente. También se exceptúa el caso en el que ambas partes lleguen voluntariamente a un nuevo acuerdo de renovación o firmen un contrato de alquiler distinto. Por último, si ya existía un pacto previo sobre la resolución del contrato antes de la entrada en vigor del decreto, este podría prevalecer según algunas interpretaciones. Fuera de estos supuestos tasados, la aceptación es imperativa y cualquier cláusula de renuncia a prórrogas futuras se considera nula.

La campaña de la Renta 2025 está a punto de comenzar para millones de ciudadanos que deben ajustar sus cuentas con la Agencia Tributaria. A partir del próximo 8 de abril se abre el plazo oficial para presentar las declaraciones correspondientes al ejercicio anterior mediante la plataforma digital Renta WEB. En este contexto, surge una oportunidad de ahorro fiscal que resulta desconocida para gran parte de la población residente en territorios específicos. Se trata de las deducciones autonómicas por gastos odontológicos, una ventaja que permite recuperar una parte de la inversión realizada en salud bucodental. Dependiendo de la comunidad autónoma de residencia, los contribuyentes podrían llegar a deducirse cuantías que oscilan significativamente entre los 150 y los 840 euros.

Es fundamental entender que, según la normativa vigente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, estos gastos no son deducibles a nivel estatal. La ley general y el criterio actual de la Agencia Tributaria excluyen las facturas del dentista, psicólogos o fisioterapeutas de las desgravaciones comunes para todo el país. Sin embargo, el sistema fiscal español permite que las comunidades autónomas establezcan sus propios incentivos para aliviar la carga económica de sus ciudadanos en áreas sensibles. Por ello, solo aquellos contribuyentes que tengan su residencia habitual en Canarias, Cantabria o la Comunitat Valenciana podrán beneficiarse de este alivio fiscal específico. Esta distinción territorial subraya la importancia de revisar detalladamente el tramo autonómico antes de confirmar el borrador para no perder dinero.

Para poder acceder a estos beneficios, existen requisitos comunes y estrictos que Hacienda exige cumplir rigurosamente en todas las regiones mencionadas anteriormente. En primer lugar, los tratamientos realizados no deben estar cubiertos por la Seguridad Social ni por aseguradoras privadas o mutuas de salud. Además, es obligatorio que el pago se haya realizado mediante métodos bancarios trazables, como tarjetas de débito, crédito o transferencias. Hacienda prohíbe explícitamente el uso de dinero en efectivo para estas deducciones, buscando así combatir el fraude y asegurar la transparencia total. Asimismo, el contribuyente debe conservar la factura original detallada del servicio prestado para justificar el gasto en caso de requerimiento.

Las Islas Canarias presentan una de las normativas más generosas en cuanto a la cuantía que los ciudadanos pueden recuperar por sus visitas al dentista. En el archipiélago, se permite desgravar el 12% de las cantidades satisfechas por la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades dentales. La normativa establece un límite máximo de deducción fijado en 600 euros anuales para quienes opten por realizar una declaración de carácter individual. Sin embargo, este tope se incrementa hasta los 840 euros en el caso de las declaraciones conjuntas, representando un alivio financiero de gran calado. Esta medida busca compensar el elevado coste que suponen ciertos tratamientos complejos que quedan fuera del sistema público de salud.

El acceso a esta deducción canaria está vinculado a determinados umbrales de renta que el contribuyente no debe sobrepasar bajo ninguna circunstancia legal. Específicamente, la suma de la base imponible general y la del ahorro no puede superar los 42.900 euros en tributación individual. Para las unidades familiares que presenten la declaración de forma conjunta, el límite de ingresos se sitúa en los 57.200 euros anuales. Por otro lado, existe una protección adicional para personas con discapacidad igual o superior al 65%, quienes ven incrementados sus límites en 100 euros. Es vital que los residentes en las islas verifiquen que cumplen estos baremos económicos antes de incluir los gastos en su borrador definitivo.

Cantabria es otra de las regiones que ha decidido apostar por el apoyo fiscal a la salud dental de sus contribuyentes durante este ejercicio fiscal. En esta comunidad, la deducción permitida alcanza el 10% de los honorarios abonados a profesionales sanitarios por servicios de salud bucodental. Los límites máximos de devolución se sitúan en 500 euros para las declaraciones individuales y en 700 euros para aquellas que se presenten conjuntamente. Al igual que en otras zonas, se requiere que los servicios no hayan sido reembolsados previamente por ninguna entidad de seguro médico privado. Esta política fiscal cántabra pretende facilitar el acceso a tratamientos preventivos y correctivos esenciales para el bienestar general de la población.

Los requisitos de renta en Cantabria son algo más restrictivos que en el caso canario, enfocándose en perfiles de ingresos medios y bajos. Para beneficiarse del ahorro, la base liquidable total no debe exceder los 22.946 euros en el caso de tributación individual o los 31.485 euros conjunta. También se contempla una mejora del incentivo para los contribuyentes que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 65%. En estos casos particulares, los límites de la deducción se incrementan automáticamente en 100 euros adicionales, llegando a los 600 u 800 euros según la modalidad. Resulta imprescindible contar con todos los justificantes bancarios que demuestren que el dinero salió de una cuenta o tarjeta del titular.

Revisar bien el borrador

Por último, la Comunitat Valenciana ofrece un porcentaje de deducción mucho más elevado, aunque con un límite máximo por contribuyente más reducido. Los valencianos pueden desgravarse hasta el 30% de los gastos derivados de servicios bucodentales, siempre que no tengan una finalidad estética. El tope máximo de esta deducción se establece en 150 euros anuales por cada contribuyente, una cifra que se comparte con otros gastos de salud. Los límites de renta para acceder al beneficio son de 32.000 euros en individual y 48.000 en conjunta, con una aplicación íntegra si no se superan los 29.000 o 45.000 euros respectivamente. Es una ayuda enfocada a cubrir limpiezas, empastes o tratamientos de ortodoncia necesarios.

El proceso para reclamar estas cantidades se realizará a través de la plataforma Renta WEB, donde los usuarios deben buscar el apartado de deducciones autonómicas. Es aconsejable revisar el borrador con calma, ya que a menudo Hacienda no incluye automáticamente estos gastos privados si no detecta la factura previamente. El plazo para realizar este trámite finalizará el 30 de junio de 2026, por lo que los contribuyentes tienen tiempo suficiente para recopilar su documentación. 

El arranque de la campaña de la renta 2026, correspondiente a los ingresos de 2025, es inminente: comenzará el 8 de abril con la apertura del plazo para la presentación telemática a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria y se prolongará hasta el 30 de junio de 2026.

Afrontar este trámite exige conocer bien las obligaciones fiscales, así como los documentos y plazos necesarios para presentar el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). También conviene revisar posibles cambios normativos y las deducciones disponibles, con el fin de evitar errores que puedan derivar en sanciones. Esta atención es aún más relevante en el caso de padres separados, cuya declaración presenta un mayor grado de complejidad.

¿Quién puede hacer la declaración conjunta?

Una de las principales dudas entre padres separados es quién puede presentar la declaración conjunta con los hijos. La norma es clara: solo uno de los progenitores puede hacerlo, incluso en casos de custodia compartida.

Por lo general, podrá optar por la tributación conjunta el progenitor con el que convivan los hijos. En situaciones de custodia exclusiva, no suele haber margen de duda. Sin embargo, cuando la custodia es compartida, la elección depende de un acuerdo entre ambos.

En estos casos, lo más habitual es que los progenitores se alternen cada año o que decidan quién se beneficia en función de cuál obtiene un mayor ahorro fiscal. La clave está en coordinarse, ya que si ambos presentan declaración conjunta con los mismos hijos, la Agencia Tributaria detectará la duplicidad y puede iniciar una revisión.

La importancia de revisar el borrador

Más allá de la modalidad de declaración, uno de los errores más frecuentes es aceptar el borrador sin revisarlo. Aunque la Agencia Tributaria facilita los datos fiscales, estos no siempre están actualizados, especialmente cuando ha habido cambios recientes en la situación familiar.

Separaciones, cambios en la custodia o modificaciones en las pensiones son aspectos que pueden no reflejarse correctamente. Por eso, revisar cada dato con detenimiento es fundamental para evitar fallos que puedan tener consecuencias económicas.

Incluir a los hijos correctamente

Otro punto clave es comprobar si se cumplen los requisitos para incluir a los hijos en la declaración. No basta con tener hijos: para aplicar determinadas ventajas fiscales, deben cumplirse condiciones concretas.

Entre ellas, que el menor conviva con el progenitor durante más de la mitad del año y que no supere ciertos niveles de ingresos. En caso contrario, aplicar deducciones asociadas puede ser incorrecto y derivar en reclamaciones posteriores por parte de Hacienda.

Custodia compartida: cómo repartir las deducciones

La custodia compartida introduce una de las mayores dificultades en la declaración de la renta. Ambos progenitores tienen derecho a beneficiarse de ciertas ventajas fiscales, pero no pueden hacerlo de forma íntegra e independiente.

En la práctica, esto implica que deben repartirse las deducciones o alternarlas. Lo mismo ocurre con el mínimo por descendiente, que debe prorratearse entre ambos. La falta de acuerdo o de conocimiento en este punto es una de las principales causas de error.

Coordinarse no es solo recomendable, sino necesario para evitar discrepancias con la Agencia Tributaria.

Individual o conjunta: elegir bien importa

Elegir entre declaración individual o conjunta puede marcar una diferencia importante en el resultado final. En el caso de padres separados, esta decisión cobra aún más relevancia, ya que solo uno puede beneficiarse de la tributación conjunta con los hijos.

No siempre la opción conjunta es la más ventajosa, por lo que conviene hacer cálculos previos antes de decidir. En algunos casos, la declaración individual puede resultar más favorable, especialmente si ambos progenitores tienen ingresos similares.

No confundir pensiones: alimentos y compensatoria

Otro de los errores habituales es no diferenciar correctamente entre las pensiones alimenticias y las compensatorias. Aunque ambas son comunes tras una separación, su tratamiento fiscal es distinto.

Las pensiones de alimentos destinadas a los hijos, siempre que estén fijadas judicialmente, tienen un tratamiento específico en el IRPF. Por su parte, la pensión compensatoria —la que se abona al excónyuge— sigue otra regulación.

Confundirlas o declararlas de forma incorrecta puede alterar el resultado de la renta y generar problemas con Hacienda.

Mantener los datos actualizados

Un aspecto que a menudo se pasa por alto es la obligación de mantener actualizada la información personal en la Agencia Tributaria. Cambios en el estado civil, el domicilio o el régimen de custodia deben comunicarse cuanto antes.

Si estos datos no están actualizados, es posible que el borrador contenga errores o que no se apliquen correctamente determinadas deducciones.

No perder deducciones por desconocimiento

Más allá de los errores, también es habitual dejar pasar oportunidades de ahorro fiscal. Deducciones como la de maternidad o los gastos de guardería pueden suponer un beneficio importante, pero no siempre se aplican correctamente.

El desconocimiento o la falta de información hace que muchos contribuyentes no las incluyan en su declaración, perdiendo así ventajas a las que tienen derecho.

Un trámite que exige coordinación

La declaración de la renta en casos de padres separados no solo depende de conocer la normativa, sino también de la coordinación entre ambos progenitores. Especialmente en situaciones de custodia compartida, tomar decisiones conjuntas puede marcar la diferencia entre una declaración correcta y un problema con Hacienda.

En un contexto en el que este modelo familiar es cada vez más frecuente, entender bien las reglas del juego se vuelve imprescindible. Revisar el borrador, informarse sobre las deducciones y, en caso de duda, recurrir a un asesor son pasos clave para evitar errores.

La prestación por desempleo, conocida comúnmente como el paro, sigue un calendario relativamente estable en España, aunque no siempre se refleja de la misma forma en la cuenta bancaria de todos los beneficiarios. Cada mes, miles de personas esperan el ingreso procedente del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), pero lo cierto es que la fecha exacta depende de dos factores: el día oficial de pago y la política de cada banco.

De cara a abril de 2026, esta situación se repite. Saber cuándo se cobra el paro implica entender cómo funciona el sistema y por qué algunos beneficiarios reciben el dinero antes que otros.

La fecha oficial del SEPE

El punto de partida es claro: el SEPE establece que las prestaciones por desempleo se abonan a partir del día 10 de cada mes, siempre a mes vencido.

Esto significa que el paro correspondiente al mes de marzo se paga en abril. En concreto, en 2026 el día 10 de abril cae en viernes, por lo que ese es el momento en el que se ordena el pago de forma general.

En condiciones normales, ese sería el día en el que todos los beneficiarios deberían recibir el ingreso. Sin embargo, en la práctica no siempre ocurre así.

Por qué no todos cobran el mismo día

Aunque el SEPE fija esa fecha oficial, el dinero no llega automáticamente a todas las cuentas en ese mismo momento. La clave está en el papel de las entidades financieras.

Cada banco gestiona la recepción de la transferencia y decide cuándo hacerla efectiva en la cuenta del cliente. Esto provoca diferencias que pueden ir desde unas horas hasta varios días.

Además, en los últimos años se ha consolidado una práctica cada vez más habitual: el adelanto del paro. Algunas entidades optan por ingresar la prestación antes del día 10 como estrategia comercial para fidelizar clientes.

Este adelanto no es obligatorio ni está regulado, por lo que depende exclusivamente de cada banco y puede cambiar con el tiempo.

Cuándo se cobra el paro en abril de 2026

Con estos elementos sobre la mesa, la previsión para abril de 2026 combina tanto la fecha oficial como el comportamiento habitual de las entidades. La fecha oficial del SEPE es el viernes 10 de abril; el cobro adelantado (según cada banco) será entre el 5 y el 9 de abril aproximadamente, mientras que el cobro habitual sin adelanto se realizará entre el 10 y el 15 de abril.

En términos generales, el ingreso se moverá dentro de ese margen. De hecho, lo habitual es que el paro se reciba entre los días 6 y 15 del mes, dependiendo de la entidad bancaria y de posibles ajustes administrativos.

Fechas orientativas según el banco

Aunque las fechas pueden variar ligeramente cada mes, el comportamiento de los principales bancos suele ser bastante predecible, siguiendo patrones similares a los observados en meses anteriores.

Así, Banco Santander y Openbank suelen adelantar el pago a partir de los primeros días del mes, en torno al 5 o 6 de abril; Bankinter puede situar el ingreso en torno al día 9 o cercano a la fecha oficial; BBVA y CaixaBank normalmente abonan el paro el mismo día 10, de igual modo ING, Abanca, Sabadell o Unicaja, que suelen mantener el pago en torno al día 10, aunque con ligeras variaciones.

Estas diferencias responden a decisiones internas de cada entidad y no a cambios en el calendario del SEPE.

Aunque el calendario de abril de 2026 es bastante claro, hay algunos factores que pueden alterar el día de cobro, como los festivos o fines de semana. Así, si el día 10 cae en un día no laborable, el pago se traslada al siguiente día hábil. En este caso concreto, al caer el 10 de abril en viernes, no se esperan grandes alteraciones en el calendario.

Cómo funciona el pago del paro

El paro se abona siempre mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el beneficiario. No existe un pago en efectivo salvo en situaciones muy concretas.

Además, el sistema funciona a mes vencido: es decir, lo que se cobra en abril corresponde al mes de marzo. Este detalle es importante para entender el calendario y evitar confusiones, especialmente en los primeros meses de cobro.

Qué hacer si no se recibe el ingreso

Si llegada la fecha prevista el paro no aparece en la cuenta, lo primero es mantener la calma. En muchos casos, el retraso se debe simplemente a la operativa del banco.

Aun así, hay una serie de pasos recomendables como: revisar la cuenta durante varios días, especialmente si el banco no adelanta el pago; consultar la sede electrónica del SEPE para comprobar el estado de la prestación; contactar con la entidad bancaria para confirmar si ha recibido la orden o bien, en caso necesario, solicitar información al SEPE.

La mayoría de los retrasos se resuelven en pocos días y no suelen implicar la pérdida de la prestación.

A pesar de las diferencias entre bancos, el sistema de pago del paro en España es bastante estable. La referencia siempre es el día 10, y a partir de ahí se producen pequeñas variaciones en función de cada entidad.

En abril de 2026, ese patrón se mantiene sin cambios: algunos beneficiarios cobrarán antes, otros justo en la fecha oficial y algunos unos días después.

En definitiva, más que una única fecha, lo que existe es una ventana de cobro. Conocerla permite anticiparse y gestionar mejor la economía personal, algo especialmente importante para quienes dependen de esta prestación.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se ha consolidado como una de las principales ayudas sociales en España, destinada a garantizar unos ingresos mínimos a los hogares en situación de vulnerabilidad. Cada mes, miles de beneficiarios esperan el ingreso en su cuenta bancaria, pero lo cierto es que no existe una única fecha exacta de cobro: depende tanto del calendario oficial como de la entidad financiera.

De cara a abril de 2026, la pregunta vuelve a repetirse: ¿cuándo se cobra el IMV? La respuesta combina normativa, práctica bancaria y algunas variaciones habituales que conviene tener en cuenta para no llevarse sorpresas.

El calendario oficial de la Seguridad Social

Según establece la normativa de la Seguridad Social, el Ingreso Mínimo Vital se abona en los primeros días de cada mes. En concreto, el reglamento fija que las prestaciones deben pagarse entre el día 1 y el 4 del mes correspondiente.

Esto significa que, en condiciones normales, el ingreso correspondiente a abril de 2026 debería recibirse entre el 1 y el 4 de mayo. No obstante, esta es solo la referencia oficial: en la práctica, la fecha real puede variar.

Además, el IMV se paga en 12 mensualidades mediante transferencia bancaria, lo que implica que cada mes sigue el mismo patrón general de abono.

Por qué no todos cobran el mismo día

Aunque la Seguridad Social ordena el pago dentro de ese margen de días, el momento en que el dinero llega a la cuenta depende directamente de cada banco. Es decir, la fecha final no es única para todos los beneficiarios.

En los últimos años, muchas entidades financieras han optado por adelantar el abono de prestaciones como el IMV. Esta práctica, que se generalizó durante la pandemia, se ha mantenido y hace que algunos usuarios reciban el dinero incluso antes de que comience el mes.

Por ejemplo, en meses recientes como marzo de 2026, algunas entidades han adelantado el ingreso a los días 23, 24 o 25 de febrero, mientras que otras lo han realizado más cerca de final de mes o ya en los primeros días de marzo.

Este patrón permite anticipar qué puede ocurrir en abril: habrá beneficiarios que vean el dinero en su cuenta durante la última semana de marzo y otros que lo reciban en los primeros días de abril.

Previsión de pago del IMV en abril de 2026

Respecto a la previsión para el cobro del IMV en abril de 2026, se prevé que Bankinter realice el abono a partir del día 23 de abril; CaixaBank y Banco Santander se espera que realicen el ingreso el viernes 24 de abril; BBVA y Banco Sabadell es previsible que lo hagan los días 24 y 25 de abril; ING, Abanca y Cajasur, por su parte, a partir del día 25 de abril y Unicaja el último día hábil del mes, que en este caso sería el jueves 30 de abril.

En definitiva, lo más habitual será recibir el ingreso entre finales de abril y los primeros días de mayo, dependiendo de la entidad financiera. También hay que tener en cuenta que si los primeros días del mes coinciden con festivos o fines de semana, como en esta ocasión, siendo el viernes 1 de mayo festivo nacional, el pago puede retrasarse ligeramente hasta el siguiente día hábil.

Qué ocurre si es la primera vez que se cobra

En el caso de nuevos beneficiarios, el funcionamiento del IMV introduce una particularidad importante: el primer pago puede incluir atrasos. Cuando la Seguridad Social aprueba la solicitud, el derecho al cobro se genera desde el mes siguiente a la fecha de presentación. Esto implica que el primer ingreso puede ser superior al habitual, al incluir cantidades acumuladas de meses anteriores.

Por ejemplo, si una solicitud se resuelve en marzo pero corresponde a meses previos, el beneficiario puede recibir en abril tanto la mensualidad ordinaria como los atrasos correspondientes.

Una ayuda clave para miles de hogares

El IMV nació en 2020 con el objetivo de reducir la pobreza y la exclusión social, y desde entonces se ha convertido en una prestación esencial para cientos de miles de familias en España.

En 2026, la cuantía base para un beneficiario individual supera los 8.800 euros anuales, aumentando en función del número de miembros de la unidad de convivencia. Además, la ayuda puede complementarse con el denominado complemento de ayuda a la infancia, que incrementa la prestación en función de la edad de los menores a cargo.

Obligaciones para mantener el IMV

Más allá de las fechas de cobro, los beneficiarios deben cumplir una serie de requisitos para mantener la ayuda. Uno de los más importantes es la obligación de presentar la declaración de la renta cada año, incluso si no se alcanza el mínimo exigido en otros casos.

El incumplimiento de esta obligación puede suponer la suspensión o incluso la pérdida definitiva de la prestación, lo que convierte este trámite en un elemento clave dentro del calendario anual del IMV.

También es necesario comunicar cualquier cambio en la situación personal o económica, como variaciones en los ingresos, cambios de domicilio o modificaciones en la unidad de convivencia.

Un calendario flexible pero previsible

Aunque a primera vista puede parecer confuso, el calendario del IMV sigue una lógica bastante estable. La clave está en diferenciar entre la fecha oficial —marcada por la Seguridad Social— y la fecha real de ingreso, que depende del banco.

Para abril de 2026, esa diferencia vuelve a ser determinante: mientras algunos beneficiarios cobrarán antes de que termine abril, otros tendrán que esperar a los primeros días de mayo.

En cualquier caso, el patrón se repite mes a mes, lo que permite anticipar el cobro con bastante precisión. Y, en un contexto en el que esta ayuda resulta fundamental para muchas familias, conocer estas fechas no es solo una cuestión práctica, sino también una forma de organizar mejor la economía doméstica.

A menos de dos semanas de que arranque oficialmente la campaña de la Declaración de la Renta de 2025, son muchas las preguntas que suelen hacerse los contribuyentes para aprovechar todas las deducciones posibles. En este sentido, para realizar correctamente la presentación del IRPF, es vital conocer bien todos los plazos, los métodos que existen para hacer la declaración y toda la documentación que tenemos que preparar para no fallar y responder de manera correcta a todas nuestras obligaciones fiscales. Es importante informarse bien para evitar cometer errores y ser objeto de sanciones, por lo que tendremos que prestar especial atención a si ha habido cambio de normativas, conocer bien todas las deducciones y beneficios que podamos aprovechar y planificar con anticipación la presentación.

La campaña actual arranca el 8 de abril para hacer la presentación del borrador online, y se alargará hasta el próximo 30 de junio. Si quieres hacerla por teléfono tendrás que esperar hasta el 6 de mayo, aunque la cita previa puedes empezar a solicitarla el 9 de abril. Mientras que de forma presencial, y también mediante cita previa, puedes hacerla entre el 1 y el 30 de junio. La cita previa puedes pedirla a partir del 29 de mayo.

Con el calendario claro, otra de las consultas más habituales es a qué deducciones tenemos derecho. Por eso, es recomendable revisar las deducciones que tenemos, por ejemplo, por gastos de compra o alquiler de una vivienda, por hijos a cargo, actividades deportivas o gastos médicos. Si te preguntas si puedes desgravarte el seguro médico, la adquisición de gafas o el dentista la respuesta varía en función de algunas cuestiones como tu situación laboral o la comunidad en la que residas. La deducción no es general para todos los contribuyentes, hay matices y es importante conocerlos para no perder la deducción si tienes derecho a ella.

Seguro médico

En cuanto al seguro médico privado, los asalariados no tienen derecho a desgravarse este gasto a nivel estatal; pero si lo contrata y paga su empresa, sí que pueden obtener un beneficio fiscal.

Sin embargo, los trabajadores por cuenta propia —tal y como se recoge en la Ley 6/2017 de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo—, sí que pueden deducirse tanto su seguro privado como el de sus familiares directos. El límite se establece en un máximo de 500 euros por cada miembro de la familia, que incluye al cónyuge y los hijos menores de 25 años. Si alguno de los miembros de la familia tiene una discapacidad reconocida, ese límite se incrementa hasta los 1.500 euros. La deducción se puede obtener trimestralmente solicitándola con el modelo 130 o en la declaración de forma anual a través del modelo 100.

Deducciones autonómicas

Si resides en Canarias, Cantabria o la Comunitat Valencia estás de enhorabuena, pues en estas comunidades sí que hay deducciones fiscales para los trabajadores por cuenta ajena. En Canarias te puedes desgravar hasta un 12 por ciento de los gastos que hayas tenido tanto por el diagnóstico como por el tratamiento de enfermedades, embarazo, accidentes o salud dental. Ese mismo porcentaje es aplicable también a la inversión en aparatos, gafas si son graduadas o lentillas. El límite está establecido en 500 euros si tributas de forma individual y 700 si lo haces de forma conjunta y se amplía otros cien euros en caso de que el contribuyente sea mayor de los 65 años o si tiene una discapacidad igual o superior a un 65 por ciento.

Ten en cuenta que si has realizado tus pagos en efectivo, no podrás deducírtelos: solo podrás beneficiarte de esta deducción si los has formalizado con un pago mediante tarjeta, cheque, ingreso en cuenta o transferencia y los puedas justificar debidamente. Todos estos gastos van a la casilla 940. Para poder beneficiarte de estas deducciones, no puedes superar los 45.500 euros en tributación individual o los 60.500 euros en tributación conjunta.

En el caso de Cantabria, la deducción es algo menor, de un 10 por ciento por los mismos conceptos que en Canarias. Los límites también son los mismos, 500 para declaración individual y 700 en declaración conjunta, más cien euros adicionales para los contribuyentes mayores de 65 años o con una discapacidad igual o superior a un 65 por ciento. Se establece, sin embargo, que la deducción será posible “siempre y cuando estos honorarios no estén cubiertos por la Se­guridad Social o en su caso por la Mutua o entidad ase­guradora correspondiente del contribuyente”. Y no se contempla específicamente el gasto por aparatos, gafas graduadas o lentillas. Para beneficiarte de esta deducción, tendrás que registrar los gastos en la casilla 954.

Según recoge la Agencia Tributaria, los límites para poder beneficiarte de las deducciones “tiene que ser inferior a 22.946 euros en tributación individual o a 31.485 euros en tributación conjunta”.

En la Comunitat Valenciana el sistema es distinto. En esta región te puedes deducir hasta cien euros “para el tratamiento y cuidado de las personas afectadas por enfermedades crónicas de alta complejidad y las denominadas raras”, según explican desde la Agencia Tributaria, así como el tratamiento y el cuidado de las personas con Alzhéimer o daño cerebral adquirido. En el caso de familias numerosas o monoparentales el límite asciende a 150 euros.

En el caso de los aparatos bucodentales no relacionados con cuestiones estéticas puedes deducirte hasta un 30 por ciento con un máximo de 150 euros o la atención. El mismo porcentaje se aplica a la compra de gafas graduadas o lentillas, te puedes desgravar también has cien euros, y “la atención a personas afectadas por cualquier patología relacionada con la salud mental, con un límite máximo de 150 euros”. Esos tres conceptos no son incompatibles entre sí.

En la Comunitat Valenciana también existen límites de ingresos para beneficiarte de estas deducciones, aunque se han ampliado en esta campaña a 60.000 euros si haces la declaración de forma individual, y 78.000 si la presentas de forma conjunta.

Qué documentación necesitas

Recuerda que los pagos has tenido que satisfacerlos mediante tarjeta bancaria, ingreso en cuenta o transferencia o cheque, y no en metálico. Además, necesitas un informe médico que justifique que ese gasto es compatible con los comprendidos en las deducciones. Y tienes que tener en cuenta que los tratamientos tienen que haber sido prestados por profesionales y centros debidamente registrados.

No olvides archivar bien tu póliza y las facturas de los gastos realizados durante los siguientes cuatro años, plazo que se reserva la Agencia Tributaria para realizar inspecciones.

La campaña de la Declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2025 comienza oficialmente en 2026 y se desarrollará de manera escalonada para facilitar su presentación. Los contribuyentes podrán cumplimentarla por internet desde el 8 de abril, mientras que la opción de hacerlo por teléfono estará disponible a partir del 9 de mayo. La presentación presencial en oficinas de Hacienda se podrá realizar desde el 1 de junio. En cualquiera de los tres casos, el plazo máximo para presentar la declaración será el 30 de junio, lo que permite a los ciudadanos organizar sus trámites con suficiente margen y ajustarse a sus preferencias de presentación.

Además de las fechas, esta campaña incorpora cambios relevantes tanto para familias como para autónomos y otros colectivos. Entre ellos se incluyen mejoras en la forma de incluir a descendientes y ascendientes en la declaración, así como la prórroga de deducciones vinculadas a la sostenibilidad y la eficiencia energética. También se incorpora una nueva deducción dirigida a trabajadores con ingresos más bajos. Estas novedades reflejan un esfuerzo por hacer la declaración más precisa y accesible para todos los contribuyentes.

Deducciones familiares

La declaración de 2025 mantiene y aclara diversas deducciones vinculadas a los hijos y otros familiares a cargo. La deducción por maternidad sigue disponible para madres trabajadoras con hijos menores de tres años, pudiendo alcanzar hasta 1.200 euros anuales, con la opción de recibir pagos anticipados de 100 euros al mes. La deducción por familia numerosa varía según la categoría: 1.200 euros para familias de categoría general y 2.400 euros para familias especiales, con incrementos adicionales por cada hijo extra.

También se mantiene la deducción por ascendientes con dos hijos, destinada a progenitores que no conviven con la otra parte y que no reciben pensión alimenticia, siempre que cumplan los requisitos de actividad laboral. La aplicación Renta Web, la propia plataforma detecta si los ascendientes o descendientes tienen rentas entre 1.800 y 8.000 euros y si están marcados como no obligados a declarar. Esto permite que los datos se incluyan automáticamente en la declaración cuando proceda, evitando la duplicidad de información y garantizando que las deducciones se apliquen correctamente.

Deducciones para autónomos

El modelo 100 para la declaración de la Renta incorpora novedades para los trabajadores autónomos. Entre ellas se incluyen nuevas casillas que permiten reflejar de manera más precisa las regularizaciones de cotizaciones en estimación directa, así como un desglose más detallado en las declaraciones de módulos. También se contemplan campos para ajustar la devolución de subvenciones, garantizando que los datos reflejen correctamente la situación económica de cada contribuyente.

La deducción por el uso de un vehículo habitual es posible, pero únicamente si se demuestra que el coche está afecto a la actividad profesional y que su uso tiene un fin laboral justificable. Esto significa que los desplazamientos deben estar vinculados de manera clara a la actividad del autónomo y no a fines personales, asegurando que la deducción se aplique de forma legítima y transparente.

Subvenciones, premios y fondos

Por otra parte, la declaración incorpora herramientas para consignar ganancias patrimoniales derivadas de premios, fondos cotizados (ETFs) y sociedades de inversión de capital variable (SICAV). La aplicación Renta Web facilita el registro de estas operaciones y permite trasladar automáticamente los datos a las casillas correspondientes, simplificando el proceso y reduciendo posibles errores.

Asimismo, se han actualizado los tramos de la base liquidable del ahorro dentro del IRPF. Los rendimientos del capital mobiliario, como intereses, dividendos y ganancias patrimoniales por la venta de acciones, fondos, criptomonedas o inmuebles, se ven afectados por el incremento del tipo marginal máximo estatal del 14 % al 15 % para la parte de la base que supere los 300.000 euros. Para quienes residen en el extranjero, este tipo máximo sube al 30 %, frente al 28 % anterior, adaptando la tributación a los cambios normativos y ofreciendo mayor claridad sobre los límites fiscales aplicables.

Otras novedades de la declaración de Renta 2025

Una de las principales novedades para los trabajadores con ingresos más bajos es la deducción recientemente incorporada. Quienes perciban rendimientos del trabajo inferiores a 18.276 euros anuales y no tengan otras rentas superiores a 6.500 euros podrán aplicarla de forma automática. La reducción fiscal alcanza un máximo de 340 euros para quienes reciben el salario mínimo y disminuye progresivamente hasta desaparecer cuando se llega al límite superior de ingresos. Esta medida tiene como objetivo compensar parcialmente el efecto de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en la renta disponible de los trabajadores.

En paralelo, los contribuyentes que realicen mejoras energéticas en sus viviendas seguirán pudiendo aplicar deducciones fiscales. Esto incluye la instalación de sistemas de eficiencia energética, rehabilitación de edificios o puntos de recarga para vehículos eléctricos. La continuidad de estos beneficios permite a los contribuyentes invertir en soluciones sostenibles y reducir su carga fiscal al mismo tiempo, alineando la política fiscal con objetivos medioambientales.

Cuando se planifica una boda se suelen tomar decisiones sobre el menú, las flores o el destino de la luna de miel, pero hay un tema fundamental que a veces queda relegado al olvido o al silencio: el régimen económico matrimonial que se va a constituir. Decidir entre gananciales o separación de bienes es, sin embargo, una de las decisiones más importantes que una pareja debe tomar antes de dar el ‘sí, quiero’.

“Muchas parejas no lo hablan por incomodidad o por pensar que ya se verá, pero la realidad es que hablarlo evita malentendidos, permite tomar decisiones conscientes y protege a ambos en caso de cualquier tipo de problemas”, asegura el asesor fiscal Jaime Carrasco del Olmo, de VIPA Asesores. “Para mí hablarlo es cuidar la relación”, valora.

Aunque hablar de dinero en la pareja está cada vez más normalizado, todavía persisten falsas creencias, como asociar la separación de bienes al mal augurio o a la desconfianza. Para Carrasco del Olmo, abordar esta cuestión no es un síntoma de falta de fe en la relación, sino todo lo contrario: “Al final, no va de desconfiar, sino de hacer las cosas bien desde el principio”. 

La elección del régimen afecta directamente a la gestión del dinero y el patrimonio durante la relación y, en su caso, también después, pero ¿en qué se diferencian?

Régimen de gananciales

“En este modelo, todo lo que se gana durante el matrimonio, como sueldos, ahorros o compras, pasa a ser de los dos, independientemente de quién lo haya generado, por lo que en caso de separación normalmente se reparte al 50%”, afirma el experto. “Es decir, en gananciales todo pasa a ser de ambos”, resume. 

Pero hay una excepción: las herencias o donaciones, que se consideran bienes personales en ambos regímenes. “Es decir, si uno recibe una herencia, es solo suya, no se comparte automáticamente con la pareja”, aclara Carrasco del Olmo.

Separación de bienes

“Aquí, cada miembro de la pareja mantiene la titularidad y gestión de sus propios ingresos y propiedades, y solo se comparte aquello que ambos decidan comprar de forma conjunta y expresa”, explica el asesor. 

Uno de los puntos donde más se percibe la diferencia es en lo referente a la vivienda habitual. “Si estáis en gananciales y compráis una casa durante el matrimonio, lo normal es que sea de los dos, aunque solo uno aporte el dinero”, expone el experto. “Sin embargo, si estáis en separación de bienes, la vivienda será de quien la compre o del porcentaje que cada uno tenga si la adquirís juntos”, compara.

La elección del régimen se vuelve especialmente importante en caso de separación. Mientras que en gananciales el trámite puede ser más complejo debido a la necesidad de liquidar y repartir todo lo generado durante años, en separación de bienes “cada uno mantiene lo suyo, por lo que el proceso suele ser más sencillo”.

Si la decisión se ha pasado por alto a la hora de contraer matrimonio, no hay que alarmarse, porque el régimen económico se puede cambiar en cualquier momento mediante la firma de capitulaciones matrimoniales ante notario, que posteriormente deben inscribirse en el Registro Civil, confirma el asesor. Carrasco del Olmo recomienda este cambio especialmente cuando las circunstancias de la pareja varían, como al emprender un negocio o cuando surgen diferencias significativas en los ingresos.

España avanza un paso más en la digitalización de los servicios públicos. A partir del 2 de abril de 2026, los ciudadanos podrán utilizar el Documento Nacional de Identidad en formato digital directamente desde el móvil. Se trata de una opción que complementa al DNI físico y que tendrá la misma validez legal para identificarse ante administraciones públicas y entidades privadas.

La medida forma parte del proceso de modernización impulsado por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, que han desarrollado una aplicación oficial llamada MiDNI. Con ella, el documento de identidad se “virtualiza” en el teléfono mediante una conexión segura con los servidores oficiales, permitiendo mostrar los datos de identidad sin necesidad de llevar la tarjeta física.

Este sistema, regulado por el Real Decreto 255/2025, busca facilitar la identificación cotidiana de los ciudadanos y adaptarse a un contexto en el que cada vez más trámites se realizan de forma digital o mediante dispositivos móviles.

Aunque la aplicación ya se puso en marcha en fase inicial en 2025, el 2 de abril de 2026 marca un punto clave: desde esa fecha, las entidades públicas y privadas estarán obligadas a aceptar el DNI digital como medio válido de identificación, en los mismos términos que el documento físico.

Esto significa que, si un ciudadano decide utilizar su DNI desde el móvil, una empresa, hotel, banco o administración no podrá rechazarlo alegando que solo acepta el formato en tarjeta.

El uso del sistema, sin embargo, seguirá siendo voluntario. Es decir, quien prefiera seguir utilizando el DNI tradicional podrá hacerlo sin ningún problema.

El DNI en el móvil no sustituye al físico

El llamado DNI digital no es un documento nuevo que sustituya al físico, sino una versión virtual del DNI tradicional, accesible desde el teléfono a través de la app oficial MiDNI.

El funcionamiento es relativamente sencillo: cuando el usuario abre la aplicación, puede generar una credencial digital que muestra sus datos personales y que puede ser verificada en tiempo real por la Policía Nacional. De esta forma, el sistema garantiza la autenticidad de la identidad sin necesidad de almacenar permanentemente la información en el dispositivo.

Además, la aplicación permite mostrar solo la información necesaria según el trámite. Por ejemplo, si solo es necesario acreditar la mayoría de edad, el sistema puede ocultar otros datos personales.

Este mecanismo responde también a las recomendaciones de protección de datos, evitando que las empresas o administraciones tengan acceso a información que no necesitan.

Cómo obtener el DNI digital en el móvil

Para utilizar el DNI en el teléfono móvil es necesario completar un proceso de registro previo. El sistema se basa en dos pasos principales: vincular el DNI a un número de teléfono y descargar la aplicación oficial.

En primer lugar, el ciudadano debe disponer de un DNI electrónico en vigor, con sus certificados digitales activos. Después puede registrar su teléfono mediante tres vías principales:

Una vez completado el registro, basta con descargar la aplicación MiDNI desde Google Play o la App Store y acceder con los datos de identificación correspondientes.

El sistema permite establecer medidas de seguridad adicionales, como contraseña, huella dactilar o reconocimiento facial, para evitar accesos no autorizados en caso de pérdida del teléfono.

Para qué se podrá usar el DNI digital

En la práctica, el DNI en el móvil servirá para identificarse en la mayoría de situaciones cotidianas en las que hasta ahora era necesario mostrar el documento físico.

Entre los usos más habituales se incluyen:

También podrá utilizarse para identificarse en procesos electorales o en gestiones relacionadas con la administración pública, siempre que el sistema de verificación esté disponible.

No obstante, el DNI digital no sustituye completamente al documento físico en todos los contextos. Por ejemplo, no se puede utilizar como documento de viaje en fronteras ni fuera de España.

Códigos temporales para mayor seguridad

Una de las claves del nuevo DNI digital es su sistema de seguridad. La aplicación genera códigos QR temporales que permiten verificar la identidad del usuario en tiempo real, evitando que los datos personales queden almacenados o puedan ser reutilizados.

Cuando una persona necesita identificarse, la app muestra el código y los datos necesarios para el trámite. El receptor puede escanearlo y comprobar su autenticidad mediante los sistemas oficiales de verificación.

Este modelo pretende reducir uno de los problemas habituales del uso del DNI físico: la copia o almacenamiento de datos personales por parte de terceros.

Precauciones y recomendaciones

Las autoridades han advertido de que MiDNI es la única aplicación oficial para llevar el DNI en el móvil. Por ello recomiendan descargarla únicamente desde las tiendas oficiales de aplicaciones y evitar apps no autorizadas que puedan intentar suplantarla.

Además, al igual que ocurre con cualquier documento de identidad, es importante proteger el acceso al teléfono mediante sistemas de bloqueo y mantener actualizadas las medidas de seguridad del dispositivo.

Un paso más hacia la identidad digital

La llegada del DNI al móvil forma parte de una estrategia más amplia para impulsar la identidad digital en España. En los últimos años, la administración ha desarrollado herramientas como el sistema Cl@ve o la aplicación Carpeta Ciudadana para simplificar los trámites con el sector público.

El DNI digital representa un nuevo avance en ese proceso, al trasladar el documento de identificación más utilizado del país al dispositivo que la mayoría de ciudadanos lleva siempre encima.

Para muchos usuarios, el cambio será sobre todo una cuestión de comodidad: poder acreditar quiénes son sin necesidad de buscar la cartera o preocuparse por olvidar el documento físico.

Para la administración, en cambio, supone un paso más hacia un modelo de identidad digital segura, en el que la ciudadanía pueda interactuar con instituciones y empresas con mayor facilidad y control sobre sus propios datos.

La Tesorería General de la Seguridad Social ha puesto en marcha un proceso fundamental dentro del nuevo sistema de cotización por ingresos reales que afecta a miles de trabajadores autónomos de toda España. Durante las últimas fechas, estos profesionales han comenzado a recibir notificaciones oficiales que informan sobre la regularización de sus cuotas correspondientes a los ejercicios pasados, basándose en lo ganado. Esta comunicación no debe interpretarse como una sanción o multa, sino como un ajuste necesario para equilibrar lo aportado mensualmente. Es el resultado directo de la transición hacia un modelo más equitativo donde cada autónomo contribuye según su capacidad económica real.

El procedimiento se basa en un cruce automatizado de datos entre la Agencia Tributaria y la Seguridad Social para verificar los rendimientos netos. La administración compara las previsiones de ingresos que el trabajador hizo al elegir su tramo de cotización con la información fiscal real del IRPF. Este análisis permite detectar desajustes entre la base elegida inicialmente y la que realmente correspondía según el nivel de beneficios obtenidos. Se trata de una fase sensible del sistema que busca eliminar las diferencias prolongadas entre lo que se declara y lo que finalmente se ingresa. Al ser un proceso automático, no requiere de una inspección individual. Este mecanismo garantiza que la base definitiva se ajuste a la realidad.

Como consecuencia de esta revisión, el autónomo puede encontrarse ante dos escenarios posibles. Si el trabajador cotizó por una base inferior a sus ingresos reales, tendrá que abonar la diferencia económica correspondiente a la administración. Por el contrario, si las cuotas pagadas superan lo que correspondía según los beneficios finales, la Seguridad Social procederá a una devolución. Este ajuste afecta especialmente a quienes no modificaron sus tramos durante el año ante cambios en su volumen de negocio o incrementos de ingresos. El objetivo final es garantizar que la aportación sea proporcional al ingreso. La regularización actúa así como un balance de equidad para el colectivo de trabajadores autónomos.

Las cartas detallan minuciosamente el periodo que se está regularizando, los rendimientos computados y la diferencia exacta resultante del cálculo. Dichas notificaciones se envían por correo certificado o a través del sistema de notificaciones telemáticas de la Seguridad Social y el portal DEHú. Los interesados pueden consultar todos los detalles de su expediente mediante el portal Import@ss, dentro del apartado específico de pagos y deudas. Se recomienda encarecidamente revisar que los datos de la carta coincidan con lo presentado previamente en la declaración de la renta para evitar errores. En caso de discrepancia, el autónomo puede presentar sus alegaciones. 

Una vez recibida la notificación, el trabajador dispone de una serie de plazos para actuar, comenzando por los diez días naturales para leer el aviso. Si el resultado es a ingresar, el pago debe realizarse antes del último día del mes siguiente al de la notificación para evitar consecuencias: En caso de no cumplir con el periodo voluntario, la deuda conllevará recargos automáticos de entre el 10% y el 20%. Incluso se podrían iniciar procedimientos de apremio que deriven en futuros embargos o retenciones sobre devoluciones de otros impuestos estatales. No obstante, la Seguridad Social permite solicitar ciertos fraccionamientos. El cumplimiento de estos tiempos es vital para evitar sobrecostes por mora.

El sistema también contempla supuestos de flexibilidad para los autónomos que deseen mantener una base superior a la mínima que les correspondería. Si alguien ha cotizado por encima de sus rendimientos desde diciembre de 2022, puede optar por conservar esa base superior ejerciendo la opción online. Para realizar esta gestión, se dispone de un plazo que termina el último día del mes siguiente a la notificación de la Tesorería General del Estado. Es fundamental que los datos bancarios y el correo electrónico estén siempre actualizados en la plataforma para recibir avisos y cobros correctamente. Estas herramientas permiten un mayor control sobre la protección social.

Los perfiles más afectados por estas reclamaciones de cuotas suelen ser los autónomos que eligieron bases mínimas a pesar de tener ingresos altos. También se encuentran en esta situación aquellos autónomos con ingresos muy irregulares que superaron los umbrales previstos en momentos puntuales. La reforma ha supuesto un cambio estructural profundo, pasando de un modelo de libre elección a uno vinculado estrictamente a la realidad económica. Son miles los trabajadores autónomos que ya han adaptado su base al menos una vez, demostrando la importancia de realizar ajustes periódicos durante el año. Anticiparse a estos cambios permite evitar desembolsos elevados imprevistos. El ajuste constante es la mejor defensa frente a deudas por regularización.

30 de noviembre, fecha límite

El calendario de regularización ya está definido, comenzando en febrero con las notificaciones relativas a los ingresos percibidos durante el año 2023. Se estima que entre marzo y abril se completen la mayoría de los pagos y las devoluciones automáticas en las cuentas de los beneficiarios. Posteriormente, el próximo mes de julio se iniciará el proceso para el ejercicio de 2024, una vez que Hacienda comunique los datos definitivos de la Renta. Todo este ciclo de ajustes y comunicaciones de ambos años deberá quedar cerrado antes del 30 de noviembre. Este cronograma permite gestionar las obligaciones de forma planificada. 

Este nuevo modelo contribuirá a mejorar las prestaciones futuras de los autónomos, como las pensiones o la incapacidad. Al cotizar por ingresos reales, la base reguladora será más alta para muchos, lo que se traduce en una mayor red de seguridad ante contingencias vitales. La recomendación de algunos expertos es revisar periódicamente el portal de Import@ss y ajustar el tramo varias veces al año si es necesario. Estar atentos a la evolución de los rendimientos evita sorpresas finales. La información constante será el pilar del nuevo régimen de los trabajadores autónomos.

La campaña de la Renta 2025, que se desarrolla en 2026, marca el periodo en el que los contribuyentes deben preparar y presentar su declaración del IRPF. Es importante conocer los plazos, los métodos de presentación y la documentación necesaria para cumplir correctamente con las obligaciones fiscales.

Además, estar al tanto de las deducciones, beneficios y cambios en la normativa permite optimizar la declaración y evitar posibles errores o sanciones. Contar con la información adecuada facilita planificar la presentación y aprovechar todas las ventajas fiscales disponibles.

Fechas clave para presentar la Declaración de la Renta

El calendario establecido por la Agencia Tributaria recoge las siguientes fechas clave:

Quiénes están obligados a presentar la Declaración de la Renta

No todos los contribuyentes deben presentar el IRPF. Están obligados quienes superen estos límites o cumplan determinadas condiciones:

Novedades en la campaña de la Renta 2025-2026

Este año, la Agencia Tributaria ha añadido diferentes novedades:

Cómo solicitar el borrador de la Renta

Los contribuyentes pueden acceder al borrador a través de Renta WEB y revisarlo antes de presentarlo.

El borrador incluye los datos fiscales disponibles y puede modificarse antes de su presentación.

¿Presentar la declaración de forma individual o conjunta?

Elegir entre tributación conjunta o individual depende principalmente del nivel de ingresos y de la composición familiar. La declaración conjunta suele ser más beneficiosa cuando solo uno de los miembros obtiene rentas o estas son bajas, ya que permite aplicar la reducción por unidad familiar y aprovechar mejor situaciones como hijos con ingresos reducidos, que apenas incrementan la base imponible.

Por el contrario, la declaración individual suele compensar cuando ambos contribuyentes tienen ingresos elevados. Declarar por separado evita que la suma total eleve el tipo impositivo al pasar a tramos superiores y, además, permite mantener determinadas deducciones personales que podrían reducirse o perderse en una declaración conjunta.

Deducciones por hijos a cargo que puedes aplicar

Contar con hijos permite aplicar distintas deducciones que reducen la carga fiscal en la declaración de la Renta. La deducción por maternidad está dirigida a madres trabajadoras con hijos menores de tres años dadas de alta en la Seguridad Social o mutualidad, y puede alcanzar hasta 1.200 euros anuales, ya sea en la propia declaración o de forma anticipada (100 euros al mes).

Por su parte, la deducción por familia numerosa asciende a 1.200 euros en familias de categoría general y a 2.400 euros en las especiales, con incrementos adicionales por cada hijo extra, y puede cobrarse también de forma anticipada. A estas se suma la deducción por ascendiente con dos hijos, pensada para progenitores separados o sin vínculo matrimonial con dos hijos a cargo, siempre que no perciban pensión alimenticia y cumplan ciertos requisitos de actividad o situación laboral.

Cómo descargar el certificado de IRPF para hacer la Declaración de la Renta

El certificado de IRPF es un documento oficial de la Agencia Tributaria que refleja los ingresos obtenidos y las retenciones aplicadas durante el año fiscal. Disponer de este certificado permite revisar y verificar los datos antes de presentar la declaración de la Renta, ayudando a evitar errores que podrían generar requerimientos adicionales o sanciones.

Usar el simulador para conocer el resultado de la declaración

El simulador de la Agencia Tributaria permite estimar de manera anticipada si la declaración de la Renta resultará a pagar o a devolver. Aunque no tiene validez legal, es útil para prever el resultado y detectar posibles deducciones antes de presentar la declaración oficial. Esta herramienta facilita planificar con antelación sin necesidad de realizar el trámite definitivo.

Multas por presentar la declaración fuera del plazo

Si presentas la declaración después de la fecha límite sin que Hacienda te lo haya requerido, se trata de una declaración extemporánea, y se aplican recargos si la declaración resulta a pagar. El recargo es del 1% inicial más 1% adicional por cada mes completo de retraso respecto al plazo de presentación, sin incluir sanciones ni intereses devengados hasta ese momento. Si la presentación se realiza tras 12 meses desde el fin del plazo, el recargo fijo será del 15 %, y se devengarán intereses de demora por el periodo que transcurra desde el día siguiente al término de esos 12 meses hasta la presentación efectiva.

En los casos en que la declaración resulte a devolver y se presente fuera de plazo con requerimiento previo, se aplica una sanción de 200 euros. Si se presenta fuera de plazo sin requerimiento previo, la sanción se reduce a la mitad, es decir, 100 euros.

La campaña de la Declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2025 se presenta este año con una combinación de novedades fiscales y un calendario de presentación que los contribuyentes deben conocer para planificar su declaración. Cada ejercicio, Hacienda actualiza aspectos relacionados con la tributación y las obligaciones de los contribuyentes, incluyendo cambios en deducciones, tramos de IRPF y procedimientos de presentación, con el objetivo de reflejar la situación económica real de los contribuyentes y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

Conocer con antelación las modificaciones introducidas y los plazos de presentación resulta clave para evitar errores, aprovechar beneficios fiscales y cumplir con las obligaciones tributarias dentro de los periodos establecidos. La campaña mantiene distintas formas de presentación —digital, telefónica y presencial— que ofrecen a los contribuyentes flexibilidad para gestionar su declaración según sus necesidades y preferencias.

Novedades de la Declaración de la Renta 2025

Deducción para trabajadores con ingresos más bajos

Desde enero de 2025, quienes perciban rendimientos del trabajo inferiores a 18.276 euros anuales y no tengan otras rentas superiores a 6.500 euros podrán aplicar una nueva deducción. Esta medida está pensada para compensar el efecto que la subida del Salario Mínimo Interprofesional, fijado en 16.576 euros, podría tener sobre la renta disponible. La reducción fiscal alcanza un máximo de 340 euros para los que perciban el salario mínimo y disminuye gradualmente hasta desaparecer en el límite superior de ingresos.

Incentivos fiscales relacionados con la sostenibilidad

Durante todo el año 2025 se mantienen los beneficios vinculados a la transición ecológica. Los contribuyentes que adquieran vehículos eléctricos, instalen puntos de recarga o realicen mejoras de eficiencia energética en sus viviendas continuarán accediendo a deducciones fiscales. Esta continuidad permite que quienes inviertan en soluciones sostenibles reduzcan su carga tributaria mientras apoyan iniciativas ambientales.

Mayor tributación para las rentas del ahorro más altas

Los ingresos procedentes de capital, como dividendos, intereses o ganancias patrimoniales, que superen los 300.000 euros estarán sujetos a un tipo marginal máximo del 30 %. Este ajuste incrementa la carga fiscal sobre los tramos más elevados de la base del ahorro y refuerza la progresividad del impuesto, afectando especialmente a quienes obtienen ingresos significativos por inversiones y capital.

La escala de gravamen aplicable a la base liquidable del ahorro queda distribuida de la siguiente manera:

Tramos del IRPF y particularidades autonómicas

A nivel estatal, la estructura de tramos de la base imponible general se mantiene respecto al ejercicio anterior, aunque se han introducido ligeros cambios en la escala aplicada a la base del ahorro, elevando el último tramo del 14 % al 15 %. Asimismo, se contemplan ajustes específicos para contribuyentes residentes en el extranjero. En algunas comunidades autónomas podrían producirse modificaciones adicionales en los tipos aplicables, lo que puede repercutir en la cuota final según la residencia fiscal del contribuyente.

Fechas clave para presentar la Declaración de la Renta

La campaña para la Declaración de la Renta de 2025 se desarrollará durante el primer semestre de 2026 y presenta plazos diferenciados según la modalidad elegida por cada contribuyente: