El aterrizaje del turismo estadounidense en Balears empezó siendo una promesa y es cada vez más una realidad que se impone. El perfil del turista de esta nacionalidad, muy atractivo para el sector por sus estancias largas y mayor capacidad de gasto, ha hecho que el archipiélago vire hacia una estrategia turística para captar a este visitante. La expresión de esta intención –que coincidía con un mercado cada vez más consolidado– tuvo lugar en el año 2022, con la apertura de una ruta directa entre la capital balear y el aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey, para llegar a la ciudad que nunca duerme: Nueva York. 

Poco a poco, la nacionalidad ha ido acaparando un lugar cada vez más central en la promoción turística de las islas, en un momento en que la comunidad busca diversificar su tradicional dependencia del mercado europeo y parte de la ciudadanía estadounidense vive, simultáneamente, un desencanto con el panorama político de Donald Trump. Escenario que también ha provocado una regresión del turismo a la inversa: cada vez menos ciudadanos baleares tienen interés en pasar sus vacaciones en territorio estadounidense debido a las dificultades burocráticas que supone.

En datos, el mercado estadounidense ha ganado peso en Balears en volumen pero, sobre todo, en gasto. Según estimaciones del Instituto de Turismo de España (Turespaña) a partir de datos del INE, EEUU cerró 2025 como noveno país emisor, con 333.562 visitantes —un 19,7% más que el año anterior—, superando a mercados como Bélgica y Suecia y acercándose a Polonia. Sin embargo, donde más se nota el avance es en el impacto económico –en 2024 ya hizo el sorpasso al gasto británico–: en total, se alcanzaron los 844 millones de euros, un 21,6% más, lo que sitúa a Estados Unidos como sexto mercado en ingresos turísticos, solo por detrás de Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Países Bajos. En términos absolutos, los turistas estadounidenses dejaron 150 millones más que en 2024, cuando los norteamericanos ya se habían convertido en el primer mercado de Balears de fuera de Europa. Por su parte, la comunidad autónoma en el segundo destino español preferido para los ciudadanos de Estados Unidos, solo por detrás de Catalunya (especialmente por el tirón de Barcelona como puerta de entrada y destino urbano).

En 2025, los turistas estadounidenses dejaron 150 millones más que en 2024, cuando los norteamericanos ya se habían convertido en el primer mercado de Balears de fuera de Europa. El archipiélago es el segundo destino español preferido para los ciudadanos de Estados Unidos

La creciente demanda en la ruta Palma-Nueva York –el año pasado incrementó en un 30% sus plazas, en datos de Turespaña– ha hecho que la compañía aérea United Airlines haya decidido reforzar su apuesta por la conexión con aviones de mayor capacidad, más frecuencias -ahora hay entre tres y cuatro vuelos semanales- y un calendario de vuelos que abarca ampliamente la temporada (del 22 de mayo al 24 de octubre) y que se mantendrá este 2026, como adelantó Última Hora. 

Un mercado que se extiende a Eivissa

En cuanto a Eivissa –junto a Mallorca experimenta una demanda in crescendo desde Estados Unidos–, la temporada pasada el sector del lujo de la isla sufrió una tendencia de decrecimiento inesperada –en parte provocada por el aumento exagerado de precios y por la realización de reservas a última hora que impidieron una planificación–. Este sector del lujo se salvó por el gasto de turistas extranjeros, principalmente norteamericanos, que sí podían permitirse lo que se pedía por ciertos productos. 

Una trabajadora de la empresa de alquiler de yates Ibiza Boat Charters explicó a elDiario.es para este reportaje de 2025 que, a pesar del interés de los turistas en seguir viviendo experiencias, la carestía de los servicios en la pitiusa ya no estaban al alcance del turista medio (entre ellos, se encuentra el español), que había prácticamente desaparecido ya el año pasado en favor de otros con un poder adquisitivo más elevado. Especialmente el estadounidense, con muy buena fama entre los empresarios por sus propinas generosas, su fidelidad –cuatro de cada diez visitantes repiten– y una estancia generalmente superior a los siete días. 

El sector del lujo se salvó en Eivissa la temporada pasada gracias, en parte, al turista estadounidense

Eso no elimina, explica el investigador y profesor de turismo de la Universidad de les Illes Balears (UIB), Macià Blàzquez, el mercado europeo, que sigue siendo el principal músculo turístico de las islas: alemanes, italianos, franceses, holandeses, belgas y británicos, entre otros. En el caso de la pitiusa, los estadounidenses no pueden volar directamente, sino que lo hacen hasta Mallorca –a veces antes han volado a Barcelona– y luego cogen un vuelo interislas (de una duración de tan solo media hora) para saltar a Eivissa. 

“Menos cantidad, más calidad” turística

El intercambio hizo que el balance económico del sector se mantuviera el verano de 2025 casi en equilibrio: el pequeño porcentaje de turistas con alto poder adquisitivo estaba dispuesto a pagar los precios desorbitados de la isla y compensaba una bajada de demanda. En una estrategia por la que ya lleva apostando unos años el principal motor económico del archipiélago. Este interés se resume en la frase de la presidenta del Govern, Marga Prohens, del Partido Popular (PP), en una entrevista reciente concedida a Forbes Woman: “Debemos crecer en valor y no en volumen para garantizar el bienestar de nuestros ciudadanos”.

La apuesta aparentemente transformadora por un turismo de mayor capacidad económica bajo esta premisa de “menos cantidad, más calidad” plantea interrogantes sobre sus efectos sociales y territoriales, en un contexto y un territorio donde el acceso a la vivienda, el encarecimiento del suelo o la presión sobre los recursos son ya cuestiones centrales.

“Es un simple lavado de cara”, considera José Manilla, antropólogo urbano y profesor de la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB). El experto valora, además, que enfocarse tan solo a un cliente de alto poder adquisitivo tiene rasgos “discriminatorios” y contribuye a la desigualdad social. Otro factor para lo que es importante el mercado estadounidense es la desestacionalización. “Es interesante por eso y por su contribución al aumento en el gasto turístico”, subraya José Antonio Rosselló, vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB).

La puerta a la inversión inmobiliaria

Pero el creciente interés en este nicho no puede entenderse solo desde el turismo, sino también desde la inversión y la atracción residencial, asegura Blàzquez. Ambos fenómenos están estrechamente conectados: el turismo actúa, en muchos casos, como puerta de entrada a procesos posteriores de compra de vivienda o inversión inmobiliaria. 

A esta conclusión llega tras un estudio realizado en 2013 junto a la investigadora Angela Hof, en el que analizaron la relación entre actividad turística y mercado inmobiliario de las islas, especialmente a partir de la expansión de los alquileres turísticos desde mediados de los 2000.

A ello se suma el papel de la inversión extranjera directa en el sector inmobiliario, con un gran peso de capitales internacionales, incluidos los estadounidenses, en la adquisición de propiedades en Balears. El fenómeno se puede ver sobre el terreno, con las vistosas mansiones de famosos como Michael Douglas, Claudia Schiffer o la del entrenador Lionel Scaloni, en el Toro, en el municipio de Calviá. 

Este proceso se enmarca –detalla Blàzquez– en una lógica global: inversores con alta capacidad adquisitiva buscan nuevos espacios donde obtener rentabilidad, ya sea a través del uso turístico, el alquiler o la revalorización de la propiedad. 

Otro factor clave: el cultural

Por otro lado, Balears aparece como un enclave especialmente atractivo, tanto por sus condiciones ambientales como sociales. El factor cultural influye mucho en esta atracción: los estadounidenses perciben en territorios mediterráneos como Balears una calidad de vida asociada a mayor seguridad, cohesión social y formas de vida más flexibles, lo que refuerza tanto el interés turístico como el residencial. 

“España es un país sólido, no un estado fallido como por ejemplo Costa Rica, que podría ser equiparable a Suiza cerca de los Estados Unidos, sin tener la misma seguridad”, pormenoriza Blàzquez. Respondiendo a esta lógica –el interés por un visitante que, además de su gasto, interesa por su potencial como inversor o residente futuro–, el sector turístico se ha ido interesando, cada vez más, hacia este perfil de visitante. 

La Audiencia Provincial de Balears ha confirmado la condena de prisión (un año y nueve meses) impuesta a un empresario por su responsabilidad en el accidente que sufrió uno de sus trabajadores -que estaba sin contrato- al ordenarle desinfectar un aljibe de ocho metros de profundidad en un hotel de Palma sin arnés, línea de vida ni equipos de protección adecuados. La sentencia lanza un mensaje claro: el empresario es el garante último de la seguridad laboral, incluso frente a posibles errores o imprudencias de sus empleados, y los incumplimientos en materia de seguridad laboral no son solo sancionables administrativamente, sino que pueden constituir delito.

La resolución declara probado que el acusado, en su calidad de administrador de la empresa de limpieza Illes Control, incurrió en una grave negligencia al instar al empleado, el 21 de junio de 2021, a descender al depósito mientras otro de los trabajadores grababa la maniobra, ausentándose el gerente del lugar a pesar de que su presencia era obligatoria por tratarse de un espacio confinado.

La operación se realizó con una precariedad de medios, utilizando una escalera enrollable sin fijación y sustituyendo los sistemas de seguridad reglamentarios por una cuerda atada entre los cinturones de ambos trabajadores, sin arneses, líneas de vida ni equipos de protección adecuados. Durante el procedimiento, el trabajador perdió el pie y cayó en una primera ocasión, lesionándose el brazo, y posteriormente volvió a precipitarse de espaldas desde una altura superior a los dos metros al intentar salir del aljibe debido al dolor y a la falta de un sistema de frenado o anclaje independiente.

Como consecuencia, la víctima sufrió diversas contusiones que requirieron 93 días de tratamiento médico y rehabilitador. La resolución concluye que el acusado no garantizó la seguridad de sus empleados al no proporcionar formación, instrucciones ni los equipos de protección individual necesarios, creando “un grave riesgo para la vida e integridad física del trabajador accidentado y del otro trabajador” al obligarles a utilizar métodos de contrapeso manual totalmente inseguros.

Durante el proceso judicial, el gerente alegó que no fue él quien ordenó al trabajador bajar, que sí existían medidas de seguridad e incluso que, en todo caso, la responsabilidad era del propio empleado al sostener que, si éste no utilizó guantes, fue por decisión propia.

La Audiencia rechaza estos argumentos amparándose en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que establece que la efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador y señala que, para su adopción, deben tenerse en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas. Asimismo, recuerda una de las sentencias del Tribunal Supremo en la que se señala “el deber de cuidado” que los responsables de la empresa asumen “en cuanto garantes de la indemnidad del trabajador, no sólo en su actuación ordinaria sino incluso cuando ésta llega a ser descuidada por la confianza y la rutina”.

El empresario, consciente del peligro

El tribunal introduce, en este sentido, una idea clave: el empresario no puede escudarse en la conducta del trabajador cuando no ha puesto los medios necesarios para evitar el riesgo. Por ello, descarta que se trate de una simple imprudencia: los magistrados concluyen que el empresario actuó con dolo eventual, es decir, que era consciente del peligro extremo de la situación y aun así permitió que el trabajo se realizara.

La resolución judicial confirma así la sentencia de instancia al considerar acreditado que el acusado es responsable de un delito contra la seguridad de los trabajadores. Tras analizar las versiones contradictorias, la Sala determina que existe una base lógica y racional para concluir que el empresario no cumplió con sus deberes básicos de prevención, omitiendo tanto la formación técnica como la información sobre los riesgos específicos del puesto a sus empleados.

La prueba de cargo, sustentada principalmente en el testimonio coherente de la víctima y en el informe de Inspección de Trabajo, revela deficiencias de seguridad críticas. Entre ellas destaca la ausencia de un recurso preventivo durante la operación en el aljibe, la falta de puntos de anclaje seguros para las escaleras y el suministro de equipos de protección individual totalmente insuficientes e inadecuados, ya que solo se facilitaron elementos básicos como botas y casco, pero no arneses anticaída ni las líneas de vida necesarias para trabajos en altura.

Finalmente, el tribunal subraya la gravedad de la situación al constatar que uno de los operarios carecía incluso de contrato laboral. Al considerar que el relato de los hechos probados se ajusta estrictamente a la prueba practicada en el juicio oral, se desestima el recurso del acusado y se ratifica íntegramente la condena original por haber puesto en riesgo la vida y la integridad física de sus trabajadores.

Además de la pena de prisión, el condenado deberá indemnizar al trabajador con más de 5.000 euros, cantidad incrementada en un 20% por tratarse de un accidente laboral, además de intereses. La aseguradora de la empresa ya había consignado la cantidad.

La sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Tres furgones con quince agentes de la Policía Nacional han llegado esta mañana, a las 8.30 horas, con material antidisturbios para desalojar a trabajadores de Eivissa del asentamiento de sa Joveria. Es uno de los más significativos que han ido proliferando en la periferia de la ciudad desde que empezó y empeoró la crisis de vivienda, creando imágenes insólitas. 

Se trata del mayor núcleo chabolista que se ha ido configurando en los alrededores de la urbe y también en la isla. Exceptuando el desahucio masivo de mil personas en un terreno privado de Can Rova el verano de 2024, muchas de ellas estafadas por un caseo pirata que les alquilaba parcelas por precios desorbitados para que instalaran sus caravanas, chabolas o incluso embarcaciones.

La escena se repite desde hace por lo menos un año y medio: residentes y empleados, algunos fijos y otros de temporada, se ven obligados a marchar de las infraviviendas construidas con sus propias manos por la falta de alternativas que deja la carencia habitacional en espacios abiertos del territorio insular. Se escurren entre las manos de instituciones y autoridades en la misma dinámica que siguen el ratón y el gato.

La mayoría de personas que hasta hoy han residido en sa Joveria, de origen saharaui, vivían antes en el antiguo asentamiento de Can Raspalls, en Sant Jordi, de donde también les echaron, en otoño de 2024, tras el abandono del fondo de inversión que lo poseía y después de que las autoridades municipales alegasen “suciedad” y el alquiler de chabolas en Airbnb para intervenir.

El cuerpo nacional de seguridad, así como diez agentes de la Policía Local de Vila, han irrumpido esta mañana en el terreno de sa Joveria a partir de las 10 horas, cuando un dron ha empezado a sobrevolar el recinto del asentamiento, ubicado entre el hospital Can Misses y el recinto ferial. Desde allí, se ve el castillo, símbolo de promoción turística en una isla -antes tierra de oportunidad laboral- cada vez más carcomida por las desigualdades sociales y económicas. 

“Cuando han entrado -los policías nacionales- parecía una escena de la Casa de Papel”, dice Ahmed, trabajador del sector de la construcción, mientras sale junto a tres compañeros suyos. No saben dónde dormirán esta noche y lamentan el escenario en el que se encuentran: “El alquiler es muy caro: una habitación para una persona vale 750 euros al mes”. Su fuente de ingresos está ligado a factores variables que no dependen de la decisión propia, como la lluvia o los días festivos, cuando no se trabaja y por lo tanto, no se cobra. 

Llevan consigo tan solo su DNI -son de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental-, la tarjeta sanitaria de Balears y la tarjeta de crédito. El resto de sus pertenencias, continúan en el interior de la chabola que les servía de hogar. Se trasladaron a la isla buscando un mejor salario que el que les ofrecía la recolecta de la aceituna en Andalucía, pero se encontraron con peor calidad de vida. 

Antes, habían estado viviendo en otro solar detrás de la central eléctrica de Gesa hasta que los echaron. Ahora se plantean medio en serio medio en broma buscar un trabajo de noche porque de momento dormirán en la calle: “¿Dónde vamos si no?”, se preguntan.

Una intervención pacífica

La intervención se ha desarrollado de manera pacífica, tal y como estaba previsto, sin que se hayan producido incidentes ni detenidos. De las cerca de 400 personas que había inicialmente, quedaban unas 60 que han ido saliendo a cuentagotas. Sí se ha percibido el descontento de los ocupantes, que lamentan ser el foco de atención de responsables políticos y medios de comunicación solo “cuando son el problema, sin que nadie ofrezca una solución”.

Algunos de ellos se han acercado a primera hora de la mañana a las oficinas municipales para gestionar el certificado de vulnerabilidad. Los agentes, a su llegada, han asegurado el perímetro y controlado los accesos a la finca para evitar alteraciones del orden público y garantizar la seguridad de todas las personas implicadas.

Una patrulla ha identificado a uno de los informadores que cubría el desalojo y le ha indicado, tanto a él como al resto de periodistas presentes, que debían retirarse y dirigirse a la carpa habilitada para los medios en la zona del aparcamiento, junto al acceso próximo al recinto ferial. Un punto que, por otro lado, carecía de visibilidad sobre el terreno público donde se encuentran una treintena de caravanas y autocaravanas -más cerca del colegio Can Misses- y que, como ha explicado el alcalde Rafael Triguero durante una comparecencia, se desalojará en los próximos días por incumplimiento de las ordenanzas, aunque no ha especificado cuándo.

El Ayuntamiento de Eivissa intenta desalojar el solar desde finales de 2024, cuando comenzaron a asentarse los primeros trabajadores -una de ellas, María, trabaja como limpiadora en el hospital, situado justo al lado-, mediante medidas disuasorias. Entre ellas, la instalación de un gálibo para impedir el paso de vehículos de más de cierta altura, que durante la jornada de hoy permanece abierto para facilitar la salida voluntaria, y la presión constante mediante la amenaza de multas. 

Al menos dos menores de edad

Cuando aparece un furgón de la Policía Nacional de Fronteras en la zona, comienza a respirarse cierta tensión, en torno a las once de la mañana. Un grupo de unas quince personas —una de ellas con un bebé en brazos— se reúne en un cercado dentro del terreno cuando dos policías se acercan y les comunican una noticia positiva, aunque temporal: por el momento, podrán seguir pernoctando en el lugar. “Nos han explicado que primero tienen que notificarnos para poder echarnos”, detalla Sara a elDiario.es.

Algunos de ellos son migrantes en proceso de regularizar su situación, como la familia de Camilo, de Colombia. En esta área, acordonada con grandes piedras, hay al menos dos menores, alguno de ellos adolescente. Los servicios sociales, presentes durante toda la mañana, no han podido concretar una cifra exacta.

El punto donde se encuentran las caravanas —que por ahora se han librado del desalojo— está separado por una valla del resto del terreno, de propiedad privada, donde se habían instalado principalmente trabajadores de origen saharaui. De allí han salido esta mañana tan solo siete personas. Una de ellas, un hombre marroquí que, mientras abandonaba el lugar, no podía contener las lágrimas ante la situación de precariedad en la que se encuentra.

Parte del asentamiento, en un solar privado

El desalojo de esta propiedad se puso en marcha después de que la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Palma autorizara al Ayuntamiento a entrar, desmontar y limpiar el asentamiento, dado que la propiedad no disponía de medios para hacerlo. La actuación —establecía el juez— debía finalizar antes del 26 de mayo.

Ahora, el alcalde —que ha asegurado que ha sido uno de los momentos más difíciles de su mandato— ha detallado que el propietario deberá encargarse de retirar los enseres y escombros que han quedado en el solar (como palés y restos de chabolas), uno de los motivos que ha llevado a la intervención.

“Era una bomba de relojería”, ha añadido el edil, recordando un trágico suceso ocurrido hace años en el asentamiento: dos incendios simultáneos que acabaron con la vida de una persona. No ha sido el único episodio de este tipo en núcleos chabolistas de la isla, ya que en Can Rova 2 ocurrió algo similar.

Por ello, técnicos municipales de medio ambiente han accedido a la parcela para controlar la gestión de los residuos. Han encontrado electrodomésticos, placas solares, baterías, partes de cocinas y otros objetos peligrosos que suponían un riesgo tanto para el entorno como para las personas que residían en el lugar.

Ante la pregunta al equipo municipal —con la concejala de Bienestar Social, Lola Penín, presente— sobre si se había valorado habilitar otro solar para ofrecer una alternativa habitacional a los desalojados, la respuesta ha sido afirmativa, aunque sin éxito: “La vivienda pública no se construye de la noche a la mañana”, ha señalado Triguero.

Por otra parte, ha asegurado que en el interior del ya desmantelado asentamiento de sa Joveria —donde hacia las 13.30 horas dos retroexcavadoras trabajaban en la demolición de cerca de un centenar de infraviviendas— había personas que cobraban entre 200 y 500 euros a otras en situación de necesidad. Unos hechos que la Policía Local prevé sancionar y para los que ya tiene identificados a los responsables.

Siete ubicaciones temporales de alojamiento

De momento, se han habilitado alojamientos de emergencia para siete unidades familiares y siete plazas para adultos sin cargas familiares. Además, el Ayuntamiento ha detallado que existen actualmente diez expedientes abiertos en servicios sociales relacionados con personas que residían en estos asentamientos.

A lo largo de la mañana, técnicos de la UTS Eixample también estaban disponibles para atender a las personas derivadas desde el punto de atención y tramitar prestaciones en los casos necesarios, es decir, en situaciones de vulnerabilidad. En el caso de personas trabajadoras con ingresos superiores —aunque insuficientes para acceder a una vivienda digna— deberán buscar alternativas por su cuenta.

A media mañana, una pareja abandona el lugar con varias maletas, mirando con el ceño fruncido a quienes fotografían su situación. Mientras la mujer apoya sus pertenencias sobre unas piedras, él explica que su familia, procedente de la península, llegó a Eivissa con una vivienda. Entre tristeza e incredulidad por el cambio de la isla, se adentra de nuevo en el bosque, hacia un lugar ya vacío.

Adrián Amaya es uno de los residentes del otro lado que, por ahora, podrá quedarse. En su momento ya fue desalojado del problemático bloque de los Don Pepe, en Sant Josep, y ahora teme volver a verse en la misma situación: “Todos nos merecemos un techo bajo el que vivir”.

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha anulado parcialmente el currículo de Educación Primaria aprobado por el anterior Govern de izquierdas. Aunque aquel texto ha sido sustituido por nuevas normativas, la sentencia fija un límite claro al margen autonómico: la asignatura de religión debe mantenerse como materia integrada en el currículo conforme a la normativa estatal.

El fallo, que estima parcialmente el recurso presentado por Escuela Católica y los obispados de Mallorca, Menorca y Eivissa, invalida el artículo 8 del decreto curricular -que no incluía la religión entre la relación de materias a cursar en la etapa de Primaria, quedando aquella regulada en una disposición adicional- y fuerza a la Administración a revisar cómo se configura la asignatura en los centros educativos. La resolución exige que su encaje normativo respete las condiciones fijadas por la legislación básica, lo que puede tener efectos en su organización dentro del horario escolar o en su tratamiento como asignatura.

Con todo, Escuela Católica ha anunciado que nuevas impugnaciones contra los textos educativos impulsados por el actual Ejecutivo del PP, al considerar que las modificaciones introducidas continúan sin ajustarse plenamente a la legislación vigente, tal como señala en un comunicado.

La Ley Orgánica de Educación (LOE) establece que la asignatura de religión debe ofertarse obligatoriamente en los centros y ser de elección voluntaria para el alumnado, en desarrollo del derecho de los padres a que sus hijos reciban formación religiosa conforme a sus convicciones. Este marco se apoya, en el caso de la religión católica, en el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede de 1979, y se extiende a otras confesiones -como la islámica, la judía o la evangélica- a través de otros acuerdos. En todos los casos, la Administración educativa está obligada a facilitar su enseñanza cuando exista demanda suficiente, lo que refuerza el carácter garantizado -aunque no obligatorio- de estas materias dentro del sistema educativo.

Un precedente reciente en Secundaria

En Balears, la resolución del TSJIB no es un hecho aislado. Llega después de que la misma Sala ya cuestionara el currículo de Secundaria balear por motivos similares. En aquella sentencia, dictada en abril de 2025, la máxima instancia judicial de las islas concluía que la asignatura había quedado fuera del currículo real: aunque el texto la mencionaba en una disposición adicional, no la incluía entre las materias que el alumnado podía cursar.

Para los magistrados, no se trata de un detalle técnico, sino de una vulneración del marco legal. La Ley Orgánica de Educación (LOE), en su redacción vigente tras la LOMLOE, establece que la religión debe incluirse como área o materia, ser de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para el alumnado. Esta previsión se remite, además, al Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede de 1979, que exige que la asignatura se imparta en condiciones equiparables al resto de disciplinas fundamentales.

La doctrina del Supremo y el Constitucional

La sentencia del TSJIB se apoya en varias resoluciones del Tribunal Supremo en las que avala el modelo educativo derivado de la LOMLOE, estableciendo que la asignatura de religión debe ofertarse obligatoriamente como materia, aunque su elección sea voluntaria y sin necesidad de una alternativa evaluable. En la misma línea, el Tribunal Constitucional, en su sentencia 34/2023, confirmó la constitucionalidad del sistema actual y subrayó que el marco legal garantiza tanto el derecho de las familias a la formación religiosa como el carácter no obligatorio de la asignatura. Esta jurisprudencia fija un equilibrio claro: permite a las administraciones educativas modular el tratamiento de la religión, pero no hasta el punto de eliminarla o vaciarla de su condición de materia dentro del currículo.

Según el TSJIB, el decreto balear incumplía estos requisitos al no integrarla como materia propiamente dicha, sino relegarla a una regulación secundaria que no garantiza su estatus académico. Aunque la sentencia se centra en un punto concreto del decreto, el conflicto es de fondo. Las entidades religiosas sostienen que la Administración ha tratado de reducir el peso de la asignatura en el sistema educativo, mientras que el Govern defendía que el decreto no excluía en ningún caso la enseñanza de la religión del sistema educativo. No en vano, la asignatura sí estaba contemplada en la norma a través de su inclusión en una disposición adicional -la cuarta-, en la que se regulaba su oferta y se preveía, además, una actividad alternativa para el alumnado que no optara por cursarla.

En esa línea, la Administración autonómica alegaba que la regulación impugnada no solo respetaba la legislación estatal, sino que prácticamente la reproducía. En concreto, defendía que el decreto se ajustaba tanto a la LOE como al Real Decreto 217/2022, que fija las enseñanzas mínimas de la ESO, incluyendo el modelo de oferta obligatoria de la asignatura y la organización de una atención educativa alternativa. El Ejecutivo también argumentaba que el diseño del currículo garantizaba el cumplimiento de la doctrina del Tribunal Supremo, al establecer que el alumnado debía cursar obligatoriamente una de las dos opciones: Religión o atención educativa. De este modo, según el Govern, se evitaba cualquier situación de discriminación y se aseguraba el equilibrio entre quienes elegían la asignatura y quienes no.

El Govern defiende su modelo

Además, el Ejecutivo autonómico defendía que el modelo adoptado respetaba los principios de igualdad y seguridad jurídica, al alinearse con resoluciones previas y con la normativa básica estatal. En este sentido, invocó la necesidad de mantener una interpretación coherente con otros pronunciamientos judiciales y con el marco educativo vigente, insistiendo en que el decreto no vaciaba de contenido la asignatura, sino que la integraba conforme a los criterios establecidos por la legislación.

El TSJIB rechaza de forma clara la tesis del Govern y considera insuficiente que la Religión aparezca únicamente en una disposición adicional. Para los magistrados, esa forma de regulación no garantiza que la asignatura tenga el estatus de materia dentro del currículo, tal y como exige la legislación estatal. La sentencia subraya que no basta con reconocer formalmente su existencia: debe figurar de manera expresa entre las asignaturas que el alumnado puede cursar.

Lejos de ser un caso aislado, el conflicto en Balears se inscribe en una oleada de litigios en distintas comunidades autónomas sobre el encaje de la asignatura de religión en el sistema educativo tras la LOMLOE. En territorios como Catalunya, Cantabria o Asturias, los tribunales han avalado modelos que reducen su peso académico -por ejemplo, evitando que compute en determinados procesos o estableciendo alternativas no evaluables-, al considerar que no vulneran la normativa estatal siempre que la materia siga existiendo como tal dentro del currículo.

La diferencia en el caso balear, según el TSJIB, es cualitativa: no se trata solo de una reducción de su relevancia, sino de una configuración que la deja sin encaje real como asignatura. Al no figurar en el listado de materias que el alumnado puede cursar, la religión queda, en la práctica, fuera del sistema de asignaturas, lo que -a juicio del tribunal- desborda el margen autonómico y vulnera la obligación legal de incluirla como área en condiciones equiparables al resto.

El precio de la vivienda en Balears continúa desbocado. En marzo, el coste medio -tanto de obra nueva como de segunda mano- se disparó un 20,3% interanual, muy por encima de la media estatal (+14,7%), según los últimos datos publicados por Tinsa.

El archipiélago se consolida así como uno de los territorios donde más se encarece el acceso a la vivienda en un contexto de fuerte presión del mercado y escasez de oferta. En términos mensuales, los precios también continúan al alza: en marzo subieron un 1% respecto a febrero, en línea con Canarias, dos mercados tradicionalmente influidos por la demanda extranjera.

A nivel estatal, el incremento fue incluso ligeramente superior, con una subida del 1,1% mensual, acelerándose respecto al 0,8% registrado el mes anterior. Este repunte se produce en un escenario marcado por el aumento de la inflación, vinculado en parte a la inestabilidad internacional y la guerra en Oriente Medio.

En el conjunto de España, el precio de la vivienda acumula un incremento del 14,7% en el último año, situándose 11,1 puntos por encima de la inflación, lo que evidencia una creciente desconexión entre el mercado inmobiliario y la evolución de los salarios y el coste de la vida.

En Balears, la combinación de la presión turística, la expansión del alquiler vacacional, la escasez de vivienda pública y el peso de la inversión extranjera continúa reduciendo la oferta disponible para residentes, lo que está expulsando progresivamente a población local del mercado, dificultando tanto el acceso a la compra como al alquiler y agravando la brecha entre quienes pueden asumir los precios y quienes quedan fuera.

Bartolo Torres, ibicenco de 61 años, recuerda cuando Ku no solo era su discoteca favorita, sino también la de todos sus amigos: “Era la que más me gustaba, la más bonita de todas”. Corrían los ochenta y una casa payesa en el corazón de una urbanización, la del Club Sant Rafel, construida sobre una ladera, iba camino de convertirse en una de las discotecas –a techo descubierto con jardín, terraza y piscina– más cotizadas a nivel mundial. 

Pronto se convirtió en ambiente de rostros conocidos, desde Sara Montiel a Roman Polanski, pasando por el diseñador Jean Paul Gaultier. Su peak fue cuando, en el 87, Freddy Mercury y Montserrat Caballé tocaron el ‘Barcelona’ que después representaría las Olimpiadas. La fiebre por acudir al irrepetible espectáculo terminó colapsando la carretera principal de la isla.

Los ibicencos adoraban aquel local donde se mezclaban con el nuevo mundo que ya hacía décadas había empezado a aparecer en Eivissa y ahora empezaba a sufrir una transformación: el ocio nocturno cogía fuerza como principal motor económico y se profesionalizaba. Cada vez llegaba más gente a la pitiusa con ese propósito; el de liberarse en casas tradicionales convertidas en templos de la música disco y, cada vez más, de la electrónica. 

Ese era el escenario cuando los vecinos, no solo del núcleo de viviendas que albergaba Ku, sino de toda la isla, protestaron. No podían seguir soportando el ruido y la administración local tomó una decisión: había que cubrir e insonorizar todos los establecimientos. Esa misma norma cambió casi una década más tarde, en 2012, con la Ley Turística que la Asociación Empresarial de Ocio Nocturno Noches de Ibiza (AEON) –agrupación de empresarios del West End, núcleo del turismo de borrachera en el municipio de Sant Antoni– pide ahora reformar al Govern, al Consell d’Eivissa y a los ayuntamientos insulares. 

La intención: frenar el intrusismo y la desregulación que, a su juicio, existe entre el ocio diurno y nocturno desde la proliferación de beach clubs y hoteles en zonas turísticas como Platja d’en Bossa o Sant Antoni que operan como espacios festivos, en ocasiones sin las mismas condiciones de control que las discotecas tradicionales. Incluso dentro de espacios naturales protegidos y a plena luz del día.

Estos establecimientos, exentos de cumplir las mismas condiciones de horarios, aforos o licencias que las discotecas tradicionales, alimentan a su juicio la masificación y generan una competencia desleal creciente en el territorio insular. Por ello, piden ahora un marco normativo “claro y equitativo” que diferencie las actividades y garantice igualdad de condiciones para los negocios que operan con licencia. 

La fiesta diurna: una guerra perpetua

La evolución de los saraos en Eivissa ha sido vertiginosa. No hacía mucho –antes de la llegada de los 2000– que el sector del ocio nocturno había empezado la guerra contra los after cuando inaugurado el milenio empezaron a consolidarse en la isla los primeros beach clubs, como el ya extinto Bora Bora. En ese contexto, y con la aprobación de la polémica ley de Actividades, nació en 2011, en este vértice de la isla junto al local con nombre de isla polinesia, Ushuaïa. 

En otro vértice, más al oeste –de la mano de la misma normativa– el británico Andy McKay daba forma a su propio proyecto, el Ibiza Rocks Hotel: un hotel-discoteca en cuyo escenario se empezaron a subir artistas del panorama anglosajón Ed Sheeran o The Kooks y que después tuvo su gemelo mallorquín, que terminó por claudicar. Poco después aparecieron a poca distancia, en la bahía de Portmany, negocios de carácter similar más centrados en el espectáculo.

Inaugurado Ushuaïa, impulsado por Yann Pissenem -también creador de UNVRS-, el modelo de ocio de la isla con grandes eventos musicales al aire libre ya había hecho click. La propuesta se consolidó rápido, al trasladar al horario diurno una oferta hasta entonces ligada casi exclusivamente a la noche. En 2013, con la inauguración de Ushuaïa Tower, la marca de Matutes reforzó su posicionamiento como marca global a la vez que cogía fama por su acogida de una ristra de los mejores dj’s del circuito internacional. 

David Guetta, Martin Garrix o Solomun, entre otros, han pinchado entre el humo, los acróbatas y el espectáculo de luces del recinto. A todo esto se sumaba otra novedad: los huéspedes del hotel accedían a las fiestas sin coste adicional, pero además se vendían –y siguen vendiendo– entradas para el público general que oscilan habitualmente entre los 40 y los 50 euros y, en meses como agosto, el pico de la temporada, llegan a superarlos.

El origen, los clubs al aire libre

Bartolo conoció el ocio nocturno cuando empezó a emerger sobre todo en su zona, en la de Sant Antoni, donde al principio tenía marcado el carácter local, pero empezaba a ser, a finales de los ochenta, mucho más heterogéneo. Espacios como el antiguo Star Club, más tarde reconvertido en Kaos y finalmente en el actual Eden, formaban parte de un circuito al aire libre frecuentado tanto por residentes como por turistas europeos. 

Los jóvenes de la isla, como él y su grupo, alternaban entre locales sin demasiadas distinciones, mientras que algunos operadores turísticos internacionales como Air Tours o el Club 18-30, que gestionó durante años el turismo británico –y donde se esconden los orígenes del turismo de borrachera que predomina hoy en el West End– comenzaban a canalizar a visitantes extranjeros hacia grandes discotecas. 

Entre ellas Ku (luego Privilege, ahora UNVRS) y Amnesia, bautizada por su fundador, el madrileño Antonio Escohotado, como Taller del Olvido, que empezaban a despuntar. Todas ellas seguían la arquitectura tradicional ibicenca y el perfil del público variaba según el local: británicos en estos tours nocturnos organizados, escandinavos en salas como Chuck Mule, o franceses, alemanes y holandeses en espacios como Es Paradís.

Aquel ecosistema encerraba propuestas más icónicas y otras más informales, como una discoteca en Cala de Bou con parrilla al aire libre por la que, recuerda Bartolo, si no pagabas entrada para el club no podías comer en el restaurante. “Luego también íbamos a las discotecas de los hoteles, todos tenían pista de baile, dj y hasta dos barras para retener a sus clientes”. Con el tiempo esos espacios fueron abandonados por los jóvenes y los aprovechaba la gente más mayor.

Algunas iniciativas, como el Éxtasis -otra casa payesa reconvertida en sala a la entrada de Sant Antoni- cerraron a finales de los 80 en un contexto de transformación y modernización. Con la profesionalización del sector en los años 90 y la irrupción de una nueva industria del ocio, muchos de estos espacios fueron desapareciendo o quedaron relegados. A mitades de la década, además, se consolidó el modelo de música electrónica junto al amanecer y empezaron a ganar popularidad negocios como Café del Mar, con música chill out y después más hard.

La fiebre por los ‘beach clubs’

El pasado y el presente se funden todavía a través de algunos locales que sobreviven pero han tenido que reconvertirse desde que la masificación es inminente. Fundado en la década de los 70 y convertido con el paso del tiempo en uno de los chiringuitos más emblemáticos de Ibiza, Sa Trinxa dejó de acoger el verano pasado sesiones de DJ en su ubicación de ses Salines para cumplir con la normativa del Parque Natural, como publicó El Periódico de Ibiza.

Sa Trinxa, uno de los chiringuitos más emblemáticos, dejó de acoger el verano pasado sesiones de DJ para cumplir con la normativa del Parque Natural de Ses Salines. La clientela organizó una campaña en Change.org que superó las 2.000 firmas en pocas horas en defensa de lo que consideraban un símbolo de la “diversidad cultural” y del “espíritu” de la isla

Esto provocó una rápida reacción entre parte de su clientela habitual: en apenas unas horas, una campaña en Change.org superó las 2.000 firmas en defensa de lo que consideran un símbolo de la “diversidad cultural” y del “espíritu” de la isla. “Dentro de un lugar como Ses Salines sólo debería haber naturaleza”, valora Naor Shaharabani, guía de senderismo y educador ambiental. “Se debería tener más conciencia acerca de cómo interferimos en estos espacios. Cada vez más se intentan instaurar limitaciones que protejan mínimamente nuestros entornos y a la gran mayoría esto les suena extremo”, añade.

El alto volumen de la música, igual que las luces por la noche, el ruido de los vehículos a motor, los humos y más factores impactan directamente en el comportamiento y salud de las especies que allí habitan. “Las medidas de protección no deberían verse como una pérdida, sino como una forma de preservar aquello que, precisamente, atrae de la isla”, añade el experto.

Desde el Govern recordaron que el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural de ses Salines —vigente desde 2005 y pendiente de actualización— prohíbe la celebración de fiestas, conciertos o eventos en este entorno protegido, incluso en establecimientos ubicados en suelo rústico o dominio público, salvo en casos muy concretos vinculados a actividades tradicionales o institucionales. No era el caso.

Una situación extendida a Formentera

Esto sucedía en junio y lo mismo ocurrió, en agosto, con el supuesto restaurante de Formentera Cala Dúo, que era más un chiringuito donde se organizaban fiestas que superaban los decibelios luego plagaban stories en Instagram. Por incumplimiento de la normativa, el Consell impuso a los propietarios una sanción de 150.000 euros: se cobraba entrada y, además, el aforo superaba las 50 personas, el máximo permitido, como pudieron comprobar los técnicos de la institución insular, los agentes medioambientales del Govern y la Policía Local de Formentera durante una inspección. 

Los socios son los que fundaron en 2012, en la zona de Ses Illetes (a solo un kilómetro, también dentro del Parque Natural de ses Salines), el famosísimo Beso Beach, que tardó poco en contar con un homólogo en Eivissa, en Cala Jondal [allí donde brotaron los primeros beach clubs, como Blue Marlin]. En ese mismo enclave se ve, verano tras verano, aparecer en las zodiacs procedentes de los yates a rostros tan conocidos como Jeff Bezos o Leonardo DiCaprio.

La asociación de Eivissa ha puesto como modelo a seguir esta actuación del Consell de Formentera y reclaman lo mismo para Eivissa: “Supondría una cascada de sanciones a establecimientos que incurren en irregularidades similares”. Para ello es necesario reforzar las inspecciones, establecer horarios diferenciados —regular el ocio nocturno entre las 22 y las 6 horas y limitar la actividad diurna hasta las 20 horas— y aprobar un plan específico contra el intrusismo. ¿El objetivo? Combatir las 25.000 nuevas plazas diarias aproximadas, parte de una oferta descontrolada con efectos en el mercado laboral, la vivienda o el medio ambiente.

“Parte del rechazo –de los turistas a las limitaciones– viene de una idea romántica de la Eivissa de ‘antes’ asociada a estos beach clubs y a una supuesta libertad sin límites. Es cierto que la isla ha cambiado (hemos virado a un lujo extravagante), pero por eso más que nunca es hora de establecer márgenes y dar prioridad a algunos aspectos que antes pasaban por alto, sobre todo habiendo un impacto demográfico y turístico mucho mayor que en el pasado”, observa Shaharabani.

La campaña de la declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2025 ha comenzado este miércoles, 8 de abril, y se prolongará hasta el 30 de junio. En el caso de Balears, los contribuyentes podrán aplicar hasta 24 deducciones autonómicas, un paquete fiscal que incorpora nuevas medidas y ajustes con especial foco en la vivienda -como la deducción por gastos asociados a viviendas okupadas-, el refuerzo de los incentivos al trabajo autónomo y la ampliación de los límites de renta en determinados supuestos, como familias numerosas o monoparentales, con el objetivo de extender el acceso a estos beneficios.

En concreto, los límites de renta para acceder a las deducciones autonómicas se mantienen, con carácter general, en los 33.000 euros en tributación individual y en los 52.800 de forma conjunta, mientras que en el caso de las familias numerosas y monoparentales los umbrales se elevan hasta los 39.600 y los 63.360 euros, respectivamente.

En estos momentos ya es posible solicitar y confirmar el borrador a través de internet, mientras que el 6 de mayo se abrirá la opción de tramitar la declaración por teléfono y, desde el 1 de junio, de forma presencial, para las cuales deberá solicitarse cita previa. Estas son las deducciones que los contribuyentes pueden aplicarse en Balears:

Vivienda

En materia de vivienda, los contribuyentes pueden deducirse el 15% del alquiler de la vivienda habitual, con un límite máximo de 530 euros anuales, porcentaje que se eleva al 20% con un máximo de 650 euros en determinados colectivos, como jóvenes, personas con discapacidad o familias con cargas. Para los propietarios que alquilan, se permite deducir hasta el 75% de determinados gastos asociados al arrendamiento, con un límite de 1.500 euros, mientras que las inversiones en mejora de la sostenibilidad de la vivienda pueden beneficiarse de deducciones que alcanzan hasta el 50% del gasto realizado, dentro de los límites establecidos.

La principal novedad de esta campaña es la creación de una deducción específica para propietarios afectados por la ocupación de viviendas o por la suspensión judicial de desahucios por vulnerabilidad. Esta medida permite deducir hasta el 40% de los gastos asociados al inmueble, con un máximo de 500 euros, incluyendo costes como tributos, suministros, gastos comunitarios o procedimientos judiciales siempre que estén debidamente acreditados.

Educación y familia

El bloque de educación incluye deducciones por libros de texto -que pueden alcanzar el 100% del gasto con límites por hijo-, por clases extraescolares de idiomas -con porcentajes en torno al 15% y topes específicos- y por estudios superiores fuera de la isla de residencia, con deducciones que pueden llegar hasta los 1.800 euros anuales en determinados supuestos.

En el ámbito de la familia y la conciliación, las deducciones por nacimiento o adopción alcanzan los 800 euros por hijo, cifra que puede incrementarse en casos de discapacidad. Los gastos de guardería o cuidado de menores permiten deducir el 40% del coste, con un máximo de 660 euros anuales. Las familias numerosas pueden aplicar deducciones de entre 400 y 800 euros, según categoría, mientras que las monoparentales cuentan con beneficios similares. Además, los contribuyentes con discapacidad pueden acceder a deducciones de hasta 150 euros, que aumentan en función del grado reconocido.

Empleo y actividad económica

El tercer gran bloque es el de empleo y actividad económica, donde Balears ha reforzado los incentivos al autoempleo. Se mantiene la deducción de hasta 1.000 euros por inicio de actividad para nuevos autónomos, así como una deducción del 30% de la inversión en empresas de nueva creación, con un límite de 6.000 euros. También existen beneficios para quienes ocupan puestos de difícil cobertura, con deducciones que pueden alcanzar los 2.000 euros en función de las circunstancias.

Junto a estos ejes principales, el sistema autonómico incluye otras deducciones más específicas, como las vinculadas al mecenazgo, que permiten deducir entre el 15% y el 25% de las donaciones, o las relacionadas con situaciones de emergencia, que contemplan deducciones variables según el tipo de ayuda percibida.

En conjunto, el diseño de las deducciones en Balears refleja una doble lógica: por un lado, aliviar la carga fiscal en ámbitos sensibles como la vivienda o la crianza; por otro, utilizar el IRPF como herramienta para incentivar determinadas políticas públicas, desde el acceso al alquiler hasta el impulso del trabajo autónomo o la fijación de población en el territorio.

Cómo presentar la declaración a través de internet

Con el plazo abierto para la campaña de este 2025, ya es posible presentarla a través de internet. A través del portal Renta WEB de la Agencia Tributaria o desde la aplicación móvil, los contribuyentes pueden consultar y revisar su borrador y aquellos datos fiscales que Hacienda ha recopilado del pasado ejercicio. Por último, podrán confirmar o modificar la información antes de enviar la declaración. Para ello, deberán seguir estos pasos:

Cómo saber si es necesario presentar la declaración

Por lo general, tienen la obligación de presentar la declaración de la renta los autónomos, los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y aquellos que reciban anualidades por alimentos. Fuera de estos grupos, no todos los contribuyentes deben presentar la declaración de la renta. Existen una serie de requisitos que el declarante debe cumplir, como el límite de ingresos por el trabajo:

Como novedad a nivel estatal, en el ejercicio fiscal de 2025 se ha suprimido la obligatoriedad de presentar la renta para aquellos declarantes que reciban prestaciones no contributivas o subsidios del SEPE. Esto solo se aplica, eso sí, si el contribuyente carece de otra fuente de ingresos como alquileres o beneficios en bolsa.

Pago por Bizum o fraccionado

Si la declaración es a pagar, se podrá domiciliar el abono, hacerlo por tarjeta o a través de Bizum. Se podrá fraccionar en dos pagos: el primero del 60% del importe al presentar la declaración y el segundo del 40% que si también se domicilia se pagará el 5 de noviembre.

En el caso de que salga a devolver, la Agencia Tributaria tiene de margen hasta el 31 de diciembre para efectuar los reintegros sin intereses.

Siete años de trámites burocráticos, quejas de la ciudadanía y las necesidades de una isla con una red de transporte público deficiente han llegado, este 1 de abril, a su fin. La nueva flota de autobuses para Eivissa circula desde entonces por las carreteras insulares, con 62 líneas nuevas y más de 60 vehículos —entre eléctricos e híbridos— de la marca china Yutong, que prometen recorrer más kilómetros, reforzar las conexiones entre núcleos urbanos y mejorar el servicio durante todo el año, y no solo durante los meses de verano con el pico de la temporada turística, como hasta ahora.

Paralelamente, y a la espera de ver consolidado el nuevo sistema, los pasajeros recuerdan los años de deficiencias: asientos rotos, sistemas de climatización averiados y, sobre todo, suciedad, problemas que han generalizado una sensación de malestar durante los trayectos. “La falta de higiene es evidente, incluso a primera hora de la mañana, y la flota está generalmente en muy mal estado”, denuncia Nieves, una residente. “Me fastidia mucho la conexión —por lo menos la que había hasta ahora— entre Sant Antoni y Santa Eulària; ya no te digo a es Canar”, donde vive su hija y es casi imposible llegar, lamenta. La renovación, añade, era “necesaria”.

“Yo ahora hace tiempo que no cojo el bus, pero los últimos que he cogido ya eran nuevos y desde Vila salían muy puntuales”, asegura Conchi, otra ciudadana de 60 años que cuenta con la tarjeta gratuita. La primera jornada de estreno de los vehículos se desarrolló con un caos que, se espera, no sea muy duradero. Sobre todo, por la supresión de la línea que conectaba es Cubells con Cala d’Hort y que ha dejado desprovistos a varios usuarios.

Una titánica inversión de 88,8 millones

La “transformación integral” —como la ha calificado el Consell— se produce después de que la institución insular haya hecho una inversión de 88,8 millones de euros en el servicio, adjudicado a la empresa de transportes ALSA por un periodo de diez años. La nueva red de autobuses se estructurará en dos grandes áreas. La primera —correspondiente al primer lote de la adjudicación— abarca el entorno metropolitano de Vila, con 17 líneas urbanas gestionadas por 38 autobuses eléctricos, que podrán recorrer más de 1,8 millones de kilómetros al año y dar servicio a casi 1,9 millones de pasajeros, según las estimaciones del Consell.

La segunda área (el Lote 2) cubrirá el resto de la isla, con 44 líneas y 62 vehículos que, en conjunto, sumarán más de cuatro millones de kilómetros anuales y atenderán a cerca de cuatro millones de viajeros, ampliando así la cobertura y la conectividad de un sistema hasta ahora limitado en invierno y en las zonas periféricas. 

La renovación implica la desaparición total del sistema anterior, con cambios en nombres, rutas y horarios. Lo que, de momento, solo ha generado confusión entre los usuarios que para facilitar la adaptación [dice el Consell] pueden consultar la información a través de la aplicación Alsa Mobi4U o mediante la web del servicio, que permiten conocer en tiempo real la llegada de los autobuses. Aunque ciertos sectores poblacionales, como la gente de avanzada edad, desconocen del uso de estas herramientas. Además, los nuevos vehículos serán accesibles, dispondrán de wifi, puntos de carga USB y sistemas de información a bordo, presume el Consell.

En esta línea de transformación 2.0 también se puede, desde el pasado 1 de abril, pagar con tarjeta y adquirir los billetes en máquinas y canales digitales. Una reclamación que sí habían hecho los ciudadanos y que ya se incorporó hace unos meses en la línea del aeropuerto con Sant Jordi y la ciudad de Eivissa.

Quejas por “insalubridad”

Usuarios y trabajadores que pusieron a finales del pasado verano el foco sobre la “insalubridad” de los autobuses, como publicó El Periódico de Ibiza, esperan ahora que con la reforma también se dé una transformación en los hábitos de higiene. Sobre todo, en la línea 8, que conecta Vila, Sant Josep y Sant Antoni y es una de las más frecuentadas de la isla. 

Los pasajeros llevan años denunciando la precariedad de los vehículos, con sistemas de climatización averiados, filtraciones de humedad y acumulación de basura, entre otros. A estas deficiencias se suman (o sumaban) retrasos constantes en las rutas, marquesinas en mal estado que en los meses más calurosos hacen tortuosas las esperas o aglomeraciones [debido a estos retrasos] que hacen incómodos los desplazamientos, especialmente en hora punta.

En el momento pico de las quejas estaba previsto que la nueva concesión se pusiera en marcha el pasado 1 de noviembre, cuando -prometía la administración- se produciría un “cambio radical” en el servicio. Al confirmarse en otoño el retraso de la modernización de los autobuses -que se llevaba años postergando- el PSIB criticó que el Consell había prometido el nuevo servicio por primera vez en 2022. 

La institución, en respuesta, aclaró que había habido dos paralizaciones en el procedimiento de adjudicación debido a la presentación de dos recursos. “Los contratos estaban caducados desde hace 15 años y ahora que hemos conseguido materializar la adjudicación, la renovación es importante”, señala el conseller de Movilidad, Mariano Juan. 

La más importante es la electrificación, añade ante elDiario.es. El nuevo servicio de transporte público forma parte -señala el conseller- de un proyecto mucho más amplio: “Un plan de adecuación de la capacidad de carga de los servicios insulares para la población residente y la visitante”. Desde el Consell reconocen que hasta ahora la red de transporte “no estaba a la altura de una isla como Eivissa” y por eso impulsaron -antes de lanzar la nueva flota- un paquete con 20 mejoras en las líneas para una mayor cobertura y frecuencia.

Un incendio a finales de 2023

A las críticas generales, en 2023, se sumó la presentación de unos vehículos que el Ayuntamiento de Almeida, en Madrid, había descartado por contaminantes. Así como la instalación de 190 tótems inteligentes en varias paradas —con un código QR que debía enlazar con la página informativa de movilidad— y que presentaron desde el primer día problemas de conectividad. 

De hecho, actualmente continúan inoperativos. Esta última medida estaba incluida en el proyecto Ibiza Smart Land, contratado a través del organismo estatal Red.es, y prometía ser el inicio de la modernización del sistema.

En diciembre del mismo año, un incendio de un autobús de transporte público que cubría la línea 3, entre Sant Antoni y Vila, obligó a evacuar a todos los pasajeros a bordo. Afortunadamente, no hubo daños personales, pero el suceso se enmarcó inevitablemente en un contexto de vehículos envejecidos y fallos de mantenimiento y actuó como detonante de la necesidad urgente de renovar la flota. 

Pese a que autoridades y empresas insistieron en su carácter fortuito. Según el informe encargado por el Consell, el vehículo afectado, de la compañía ALSA y matriculado en 2004, se incendió por una causa “difícilmente detectable”, publicó Diario de Ibiza. 

Tarifas “demasiado elevadas”

El transporte público en Eivissa, además, no ha tenido nunca tarifas baratas —hasta la implementación del bono gratuito en 2022—. El billete estándar para hacer el trayecto de Sant Antoni a la ciudad de Vila cuesta, por ejemplo, 2,20 euros. En verano, en caso de tener que cogerlo más tarde de medianoche o antes de las seis de la mañana, el único servicio disponible es el denominado Discobus —porque realiza paradas en las principales discotecas— y la tarifa es aún más elevada: entre tres y cinco euros dependiendo de la ruta. Si es necesario hacer transbordo, el coste del trayecto de ida puede superar los cuatro euros.

De hecho, desde que entró en vigor la gratuidad impulsada por el Consell, el número de pasajeros creció un 45%, con picos diarios que superaron los 23.000 usuarios, según datos de la institución. Tres años más tarde, se ha excluido de esta medida, a la que podían acceder todos los residentes en la isla, a las personas migrantes sin una situación regularizada en España, pero que sí contaban con el padrón. La medida, defendida como un ajuste para prevenir fraudes, ha sido calificada por asociaciones y partidos de la oposición como discriminatoria hacia quienes viven y trabajan en Eivissa sin contar todavía con DNI o NIE.

Los residentes siguen expectantes -pero incrédulos- ante la promesa de un transporte más moderno en la isla aún días después de que haya arrancado el nuevo servicio. Los técnicos competentes ya advirtieron que durante las primeras jornadas podrían producirse “ajustes puntuales” y pedían paciencia a los usuarios para un cambio de “gran envergadura”.

Roberto (nombre ficticio para este reportaje a petición propia) no pensaba la temporada pasada, cuando se marchó de Eivissa para volver a Madrid, su ciudad, que el próximo verano no iba a poder volver. Tras dos años residiendo en la isla decidió trasladarse de nuevo a la capital para profesionalizarse en su sector, el de la carpintería, con un grado de Formación Profesional (FP). Una formación, además, complementaria para el puesto de trabajo que llevaba desempeñando desde marzo de 2025 en uno de los hoteles más lujosos de la pitiusa. 

Tras firmar un contrato de fijo indefinido, en octubre se marchó para emprender su formación académica, dejando el piso de alquiler de Sant Antoni en el que vivía y con el plan de residir, al año siguiente, en un domicilio familiar de su pareja con el que finalmente no puede contar. Tras ponerse en contacto con el hotel, cada vez ve más difícil la posibilidad de mantener su contrato: no hay vivienda, no hay trabajo. Y, en su caso, tampoco paro para poder seguir estudiando sin tirar de sus ahorros el curso que viene.

La crisis habitacional se ha convertido en los últimos años en una de las principales amenazas para el funcionamiento del sector turístico balear. Encontrar un techo o un lugar de residencia a precios asequibles es la primera dificultad con la que los trabajadores y también para los empresarios para mantener plantillas año tras año de cara a la temporada, lo que afecta también a la calidad del servicio. No es ninguna novedad. “Es un problema general que en el archipiélago se agrava por la limitación del territorio”, observa Maria Costa, presidenta de la Federación Hotelera de Eivissa y Formentera. La problemática –continúa– está enquistada desde hace tiempo. Tanto, que los hoteleros han aprendido a lidiar con ella temporada tras temporada “con esfuerzo y cabeza”.

Este escenario ha obligado al sector a improvisar soluciones para mantener su personal que van desde el ofrecimiento de habitaciones a cambio de que los empleados trabajen parte de sus días libres, descuentos en nómina a cambio de una vivienda o el alquiler de camas en habitaciones compartidas (dentro de pisos compartidos también) por las que la cadena hotelera que contrató a Roberto cobra unos 480 euros mensuales. 

La cadena que contrató a Roberto alquila camas en una habitación compartida por unos 480 euros mensuales

La empresa dispone de varios pisos destinados a este fin entre los municipios más cercanos a la ubicación del hotel de cinco estrellas, Santa Eulària y Sant Joan. Aunque, de momento, desde el departamento de Recursos Humanos, con el que se ha puesto en contacto en las últimas semanas, no le han ofrecido ninguna solución, menos, una que incluya también a su pareja. “Les he explicado la situación, pero dicen que no me pueden ayudar”, lamenta Roberto. Mientras tanto, tendría que seguir pagando su alquiler en Madrid (la mitad de 850 euros más gastos) , donde es casi tan difícil conseguir una vivienda como en la isla. Aunque quisiera, no le darían las cuentas.

Otro de los empleados de este hotel de Portinatx explica que todavía están a la espera de incorporar a más personal y que, por ahora, no pueden concretar cómo se organizará el alojamiento este año. Sí recuerda que en temporadas anteriores el establecimiento disponía de apartamentos destinados a personal en prácticas –mayoritariamente, alumnos de escuelas turísticas suizas–, pero desconoce el número exacto de plazas disponibles. ElDiario.es se ha intentado poner en contacto en dos ocasiones con la empresa a través de correo electrónico, sin obtener ningún tipo de respuesta por su parte.

Habitaciones gratuitas dentro del hotel

El Parador de Ibiza, que ha abierto este mes sus puertas al público, lo ha hecho con 25 de las 66 habitaciones de las que dispone en total no disponibles. Las estancias se han destinado a los trabajadores del establecimiento, una medida que la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ya señaló en la presentación que se contemplaba “desde el primer momento” en que se puso en marcha el parador, el “buque insignia” de la cadena hotelera estatal, ubicado en Dalt Vila, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

La misma medida se adopta en el aparthotel de cuatro estrellas de Cala de Bou (Sant Josep) donde Tomeu, de 26 años, ha trabajado como recepcionista las últimas seis temporadas y que es parte de una cadena con presencia en otros puntos turísticos de España como Madrid, Valencia o Maspalomas. El alojamiento para empleados es gratuito en la mayoría de los casos. En algunos sí se descuenta una parte de la nómina para cubrir este gasto, pero no era lo habitual. Esta fórmula permite a muchos camareros, vigilantes y personal de recepción, entre otros, asumir la temporada turística sin el peso añadido del alquiler y con la capacidad de ahorro que había atraído, hasta el momento en que las rentas empezaron a rozar precios inasumibles, a los temporeros a Eivissa. 

En la otra punta de la bahía de Portmany, en uno de los hoteles más grandes de Sant Antoni, ubicado frente al mítico monumento del huevo en honor a Cristóbal Colón, trabaja Marta –persona que tampoco quiere identificarse– como administrativa. El casi mastodóntico complejo turístico cogió fama, hace alrededor de una década, por tratarse –o esa voz se corrió– de uno de los lugares donde se había originado el famoso y terrorífico balconing. Su público mayoritario, al igual que en la mayoría de hospedajes de Sant Antoni, es el turismo joven británico. 

Para captar plantilla (ahora mismo buscan dos recepcionistas) la cadena ofrece habitaciones. El trato es renunciar a parte de los dos días libres establecidos por el convenio de Hostelería, aunque en función de la necesidad de la empresa, se ofrecen de manera gratuita. El perfil que persiguen para ciertos puestos, además, es el de un trabajador medianamente cualificado, con conocimiento de idiomas –como mínimo, inglés– y cierta experiencia de cara al público.

En un hotel en la bahía de Portmany ofrecen habitaciones para trabajadores a cambio de renunciar a parte de los dos días libres

Los empleados que residen en el hotel cuentan también con manutención completa, lo que, según explican desde el sector, facilita cierto ahorro y contribuye a retener plantilla en un contexto marcado por la falta de vivienda y la dificultad para cubrir puestos durante la temporada alta.

En otro alojamiento turístico en el corazón del mismo pueblo, destino del turismo de borrachera por excelencia en Eivissa, Maria –una trabajadora que prefiere no dar su nombre real– detalla que no se suele dar vivienda, pero la situación, añade, depende de la trayectoria profesional dentro de la empresa. Hay a fijos a los que se les ayuda, con precios asequibles. Uno de ellos explica a elDiario.es que, en un punto determinado de su vida, cuando necesitó una vivienda, le alquilaron una habitación por la que pagaba 500 euros mensuales, aunque no es la tónica habitual para todos los empleados que necesiten este recurso. Tampoco es el caso de los extras, muchos provenientes de Reino Unido. 

El efecto de la lucha contra el intrusismo

La presidenta de la Federación Hotelera sitúa el problema de la vivienda para trabajadores en un plano estructural que va más allá del propio sector turístico. Aunque reconoce que muchos establecimientos llevan años ofreciendo casa a sus empleados “en la medida en que pueden”, insiste en que no se trata de una responsabilidad [la de proporcionar alojamiento a los empleados] que deba recaer exclusivamente sobre los hoteles. 

Desde la Federación defienden que el sector ya viene haciendo esfuerzos sostenidos en el tiempo, pero advierten de que estos tienen un límite. “No es nuestra obligación, pero sí tratamos de facilitar habitaciones o soluciones habitacionales siempre que es posible”, señala Costa. En su opinión, el reto pasa por encontrar un equilibrio entre garantizar recursos para los trabajadores y mantener la capacidad operativa de los establecimientos, algo clave para poder ofrecer los servicios que demanda la temporada turística.

No es nuestra obligación, pero sí tratamos de facilitar habitaciones o soluciones habitacionales siempre que es posible

Maria Costa — Presidenta de la Federación Hotelera de Eivissa y Formentera

La dirigente hotelera confía en que las medidas impulsadas desde las instituciones empiecen a tener efecto. Apunta, en concreto, a la lucha del Consell contra el alquiler turístico ilegal como una de las vías que podrían contribuir a aliviar la tensión sobre la vivienda. “Confiamos en que poco a poco eso permita que el acceso sea más asequible”, sostiene, al tiempo que defiende, por ahora, una actuación coordinada entre administraciones y sector privado.

Por otro lado, subraya que no todas las empresas parten de la misma situación. Mientras las grandes cadenas hoteleras cuentan con más recursos y margen de maniobra para facilitar alojamiento a sus plantillas, los pequeños establecimientos, como hostales o pymes, disponen de menos herramientas para hacerlo, aunque también manejan equipos más reducidos y menos especializados. “No tendrán tantos recursos para garantizar el acceso a la vivienda a sus posibles trabajadores, pero tampoco plantillas tan grandes”, señala Costa.

Una Semana Santa muy prematura, junto al escenario bélico en Oriente Medio, preocupan esta primavera a los empresarios pitiusos. De hecho, el sector se prepara para afrontar el encarecimiento del combustible y no descartan que este aumento termine repercutiendo en el precio final de los productos y servicios que consumen los turistas. Las patronales siguen ahora con atención la evolución del contexto internacional y advierten de que el impacto real sobre la temporada turística dependerá, sobre todo, de la duración del conflicto, que por el momento resulta imposible de prever.

Para el periodo festivo abrirán sus puertas alrededor de 170 alojamientos turísticos, entre hoteles, apartamentos turísticos con licencia y agroturismos. Luego irán abriendo progresivamente hasta las primeras semanas de mayo, cuando se prevé que ya estén todos en funcionamiento. En cuanto a los trabajadores, cada compañía hace la estimación de los que necesita para dar un buen servicio, teniendo en cuenta sus características y la cantidad de reservas realizadas o que estiman hacer. Roberto, de momento, ha decidido que no volverá a su rutina en el hotel: “Estoy alargando lo máximo para volver a contactar con ellos, pero, si no me ofrecen una solución, no puedo volver”.

Suenan dos chasquidos. Manuel y José acaban de abrirse unas latas de cerveza. Empiezan a beberlas mientras cuentan que una madrugada escucharon golpes en la puerta de la caravana. La misma puerta sobre la que uno de ellos se apoya ahora mientras el otro, sentado en una silla, fuma y mira el móvil. “¡Sabemos que estáis ahí!”, dicen que les gritaron para amedrentarlos. La pantalla y la bombilla que hay dentro del remolque son los dos únicos puntos de luz que iluminan a estos dos hombres. No se les distinguen las facciones de la cara. Así lo quieren. De alguna manera, están señalados. El 29 de abril –si no se han ido antes– tendrán que marcharse del solar en el que llevan meses viviendo junto a varias decenas de personas. Muchos son migrantes y tienen trabajo. Como Manuel y José: colombianos y albañiles. Algunos de sus vecinos también tienen hijos.

Ya hay orden judicial para desalojar una parcela situada en el municipio de Eivissa: casi dos hectáreas y media en la periferia burguesa de la ciudad. En julio, este terreno de forma rectangular empezó a llenarse de caravanas, furgonetas, tiendas de campaña y alguna barraca. Otros desahucios –Can Rova, Can Raspalls, es Gorg o Cas Bunets– empujaron a estos ibicencos sin hogar hacia otro sitio donde plantar su campamento. Entonces encontraron estas feixes, antiguas tierras de cultivo, un pedazo del barrio de Can Misses todavía por construir. 

Allí terminaron el verano, pasaron el otoño y resistieron el invierno: con la llegada de la primavera tienen las horas contadas. Los propietarios –entre los que se encuentra Inmo Sirenis, una empresa hotelera que también posee el Teatro Pereyra– han solicitado la expulsión y el Tribunal de Primera Instancia número 5 de la isla se lo ha concedido. “Pusimos la demanda hace un año. Ya había gente allí dentro. Imagino que después, durante el verano, entraron más. El riesgo de incendio al okupar un terreno con masa boscosa en el que se hacen conexiones, se cocina y se fuma es inevitable”, dice Mariano Ramón. Este abogado representa a Inmo Sirenis como ya hiciera con los dueños de Can Rova o Cas Bunets. En apenas dos años, tres desalojos multitudinarios.

“Desde el primer momento en que se detecta cualquier asentamiento, el Ayuntamiento, a través de Servicios Sociales, interviene para abordar la situación y tratar de reconducirla ofreciendo acompañamiento, orientación e intervención. Asimismo, los equipos municipales estarán presentes antes y durante el desalojo para informar, valorar cada caso y tramitar las prestaciones o recursos sociales que puedan corresponder a las personas afectadas”, explican desde el Ajuntament d’Eivissa, que en los últimos años ha cerrado –con gálibos– la entrada a vehículos altos para evitar que aparcamientos y descampados se llenen de furgonetas y roulottes.

Almuerzo entre colombianos

“¡Sombra, dentro!”. Una voz recoge a una hembra de american stanford que ha salido tras unos matojos para recibir a los extraños. Olisquea botas y zapatos, ofrece el lomo a manos desconocidas y vuelve junto a su amo, un joven que remueve un cazo recibiendo el calor de un hornillo. Dos planchas de metal evitan que la llama del gas prenda algo inapropiado. Dentro del guiso hay cachos de patata y bolas de carne picada. El cocinero añade a la salsa un chorro de ketchup. Tras el culo de la caravana que el cocinero tiene a sus espaldas aparecen los comensales. Son otros dos veinteañeros subidos a patinetes eléctricos. Desmontan, se sientan en círculo, van pasándose el cazo y comen todos de él. En silencio. Son las siete de la tarde: podría ser una cena temprana o, quizás, un almuerzo a destiempo.

–Mis vecinos son colombianos, como yo. El día que vuelva p’allá seguro que me recochan [fastidian] porque voy a tener palabras de acá. Como el ¡venga!: al principio lo decía para joder y ya se me pegó. Pero el acento colombiano no lo voy a perder: los más fuertes son el paisa, de Medellín, y el nuestro: yo soy de Cali Valle, la sucursal de la salsa: allá hablamos muy pesado, muy remarcado.

Dice Jonathan. Su caravana está a sólo unos metros de la caravana de los tres jóvenes que están comiendo. Invirtió “3.000 euros” para comprar un cubículo de unos pocos metros cuadrados al que en la mayoría de países de América Latina llaman casa-rodante, remarcando el sentido que tiene la palabra en francés: roulotte. En el caso de este hombre de treinta y dos años, su casa-rodante es –literalmente– un domicilio nómada. Y Can Misses, la tercera parcela en la que aparca, siempre “expulsado” por las circunstancias. 

“Llegué hace dos años y medio porque mi ex pareja ya estaba acá”, cuenta Jonathan. “Primero viví en un piso, pero te suben la renta y no lo puedes pagar. Luego alquilé la caravana. 300 al mes pagaba. Me ofrecieron comprarla, reuní la plata y la pagué. El problema es que no tengo sitio donde parquear. ¡Ya me sacaron de dos lugares! ¡Y en esta isla no hay campings! Me dijeron de un lugar, en San Antonio, y fui a chequearlo: me encontré un camping, sí, pero de lujo; sin espacio para caravanas”.

Primero viví en un piso, pero te suben la renta y no lo puedes pagar. Luego alquilé la caravana. 300 al mes pagaba. Me ofrecieron comprarla, reuní la plata y la pagué. El problema es que no tengo sitio donde parquear. ¡Ya me sacaron de dos lugares! ¡Y en esta isla no hay campings! Me dijeron de un lugar, en San Antonio, y fui a chequearlo: me encontré un camping, sí, pero de lujo; sin espacio para caravanas

Jonathan — Resiente en una caravana

–¿Y tú tienes trabajo todo el año, Jonathan?

–No, por temporadas, lo que va saliendo.

–¿En invierno se pone dura la cosa?

–Lo que se activa en la época, pero poco más. En verano sí hay más trabajo de mantenimiento y jardinería. Los que tengan papeles trabajan con contrato, y los que no… al negro me imagino. Por lo regular, todo funciona por conexiones. Yo te conozco, tú me conoces y me dices que allí necesitan a uno que sepa hacer algo. P’allá que vamos. En Colombia tenía otra vida totalmente diferente: trabajé como operario en una imprenta, pero lo mío eran las ventas: yo te vendo eso [señala una bici oxidada en el suelo] si hace falta. A la construcción siempre le tuve mucho respeto, pero aquí he tenido que trabajarla.

–¿Aguantarás aquí hasta el 29 de abril?

–Espero que no, pero si no encuentro otra cosa… A mí no me notificaron nada oficialmente, pero sé que nos van a sacar. Y sé cómo funciona. Al final uno conoce gente que vivió lo de Can Rova.

Hasta que lo desahucien, Jonathan seguirá dando de comer a Cati –una mezcla muy curiosa: malinois con podenco–; vaciando la sentina en un punto limpio; duchándose con cazos de agua caliente; viendo la silueta de la catedral de Eivissa recortada en el horizonte cada vez que entra a casa; escuchando salsa y cumbia los sábados por la tarde y los domingos al mediodía, cuando se encienden parrillas, se torra carne y los habitantes de la parcela celebran el fin de semana. Como las urbanizaciones de adosados con piscina que los rodean. Al fin y al cabo, todos forman parte del mismo vecindario. Igual que los residentes censados, los nómadas de Can Misses viven en tiempo real los goles de la Unión Deportiva Ibiza. El estadio de fútbol municipal está en la acera de enfrente.

La niñez dentro de una ‘roulotte’

Elena está sentada al volante de su cochecito de baterías como quien se para en un área de servicio a escuchar la radio. Del altavoz del cochecito suena una canción infantil –en castellano con acento argentino– que repasa los nombres de los dedos de la mano. Elena se baja del cochecito y señala la carrocería de plástico. Señala después su bicicleta y un muñeco tirado por el suelo. Señala también su propia ropa y dice una palabra: “Rosa”. Las pertenencias más preciadas de esta niña que en unos días cumplirá tres años son todas del mismo color. Hecha la aclaración, Elena corretea junto a la caravana en la que vive desde que tiene memoria. “Uno podría pensarse”, dice su padre, “que para ella esto es pura vida. Y lo es, claro que lo es. ¿Pero qué futuro podemos darle a la niña si no encontramos una casa? No estamos aquí de acampada y tenemos a los servicios sociales acá [se señala al cogote], haciéndonos preguntas todo el rato”.

'Uno podría pensarse', dice el padre de Elena, de tres años, 'que para ella esto es pura vida'. 'Y lo es, claro que lo es. ¿Pero qué futuro podemos darle a la niña si no encontramos una casa? No estamos aquí de acampada y tenemos a los servicios sociales acá [se señala al cogote], haciéndonos preguntas todo el rato'

El padre de Elena –que no se llama así– es también colombiano, pero no tuvo que regularizar sus papeles cuando llegó hace siete años a Eivissa. Con doce emigró junto a su familia en busca de la prosperidad que prometía la Unión Europea. Elena tiene a sus abuelos en Milán y su padre guarda en el bolsillo un pasaporte con una estrella de cinco puntas: el de la República de Italia. “En la isla no nos fueron mal las cosas al principio”, prosigue el hombre, con un castellano en el que se cruzan dejes latinos e itálicos. “Acá, mi mujer y yo pudimos alquilar, pero después de la pandemia se puso todo muy caro. Tuvimos que salir de la ciudad e irnos a Isla Blanca, una urbanización que queda bastante lejos, en el norte de la isla. Allí vivíamos cuando vino Elena (que nació en el hospital que tenemos acá, muy cerca), subieron el precio y salimos otra vez. No encontramos nada. Con niños, no te alquilan. Y con perros –tenemos uno, ¿qué tengo que hacer: abandonarlo, llevarlo a la perrera?–, tampoco”.

Con niños, no te alquilan. Y con perros –tenemos uno, ¿qué tengo que hacer: abandonarlo, llevarlo a la perrera?–, tampoco

Padre de Elena — Residente en una caravana

Entonces, como Jonathan, como muchos de sus vecinos, los padres de Elena soltaron un puñado de miles de euros para comprar una casa rodante. Pasear por la parcela de Can Misses es recorrer un museo del caravanismo. Lord Münsterland, Lunar Premiere 51, Senator, Hymer, Knaus… Marcas y modelos míticos de fabricación británica o alemana. Algún remolque conserva la matrícula extranjera. ¿A qué vehículos estuvieron enganchadas? ¿Durante cuántos veranos recorrieron las carreteras europeas? ¿En qué campings de postal pernoctaron? ¿Por cuántos propietarios pasaron? ¿Cómo y cuándo llegaron a Eivissa, el territorio insular donde estacionar una roulotte en una zona no autorizada puede suponer 30.000 euros de multa? El torrente de preguntas es inevitable. Lo interrumpe el padre de Elena con una afirmación categórica:

–Al final, tendremos que irnos de Ibiza.

–¿Pero usted y su mujer tienen trabajo aquí, verdad?

–Sí, todo el año. Pero no nos da. Encontrar una vivienda por menos de 2.500 ó 3.000 euros al mes es imposible. Y súmele luego todos los gastos. Acá somos todos trabajadores. Todos. Los paraguayos, en la obra. Los colombianos, por lo general, jardinería y mantenimiento. Las señoras cuidan. No somos gente mala y los comentarios duelen. Aunque queramos irnos de acá, no podemos.

–¿Han buscado algún abogado?

–No. ¿Para qué? Sé que en otros lugares consiguieron retrasar el desahucio pero, al final, terminaron saliendo.

Acá somos todos trabajadores. Todos. Los paraguayos, en la obra. Los colombianos, por lo general, jardinería y mantenimiento. Las señoras cuidan. No somos gente mala y los comentarios duelen. Aunque queramos irnos de acá, no podemos

Padre de Elena — Residente de una caravana

Una intimidad minúscula

El padre de Elena –como Manolo y José, como Jonathan y sus vecinos– no quiere aparecer en las fotos a cara descubierta, pero permite al fotógrafo entrar en la caravana para retratar un rincón de su casa. Sobre la mesa, un barreño, un vaso con una cola por terminar, una flor rojiza encima de un plato blanco lleno de piñas. Es un adorno de las Navidades pasadas, como los adhesivos de nieve en el cristal de una ventana que cruza una cuerda de la que cuelgan pinzas de colores. En los espacios minúsculos la intimidad se mide en milímetros. A esta familia sólo le resta un consuelo: cuando se vayan rodando a otro sitio no perderán euros ni horas invertidas en levantar una barraca –listones, chapa, pladur–: en Can Misses son muchas menos que las que hubo en Can Rova o Cas Bunets. Alguna hay, sin embargo. La chabola que más destaca recicla los despojos de las discotecas: las lonas de Cocoon, una fiesta que lleva un cuarto de siglo celebrándose en la isla, cubre de punta a punta el tejado.

“Salutati, dai”. Despídete, venga. Elena escucha la orden y mueve una mano en el aire. Su padre la mete en casa agarrándola con dulzura por las axilas. El sol ya se ha ocultado. Mañana, la niña se despertará, se pondrá una mochila (rosa), la montarán en el portabebés de una bicicleta de paseo y la bajarán a la escuela. Hay dos colegios públicos a menos de un kilómetro de distancia.

Hace ya cinco veranos, el sector del ocio nocturno y las instituciones ibicencas empezaron a detectar algo sospechoso en las Pitiusas. Las quejas vecinales y el boca a boca apuntaban en una misma dirección: el contexto de pandemia —sin oferta de discotecas, con amplias restricciones y en plena temporada turística— había propiciado la aparición de una nueva oferta. Se trataba de fiestas privadas en espacios generalmente cerrados, aunque en ocasiones el despliegue llegaba a parajes naturales paradisíacos como ses Illetes.

Estas celebraciones escapaban al control de las autoridades por varios motivos. En primer lugar, por una legislación laxa. En segundo lugar, porque la Policía no podía irrumpir en una propiedad privada sin orden judicial o sin permiso del propietario. Y, por último, porque la presencia de estos promotores en la isla apenas se había detectado hasta que el fenómeno se convirtió en un elefante en la habitación.

El Consell Insular lleva ahora un lustro combatiendo estas actividades ilegales, impulsadas por empresarios piratas de fuera de la isla que aprovecharon que, en un contexto de emergencia sanitaria, había surgido una nueva demanda. Y, como suele ocurrir, a esa demanda le siguió rápidamente una oferta. Los ayuntamientos, que son los competentes para otorgar licencias de actividades de pública concurrencia —es decir, eventos abiertos al público general, sin lista cerrada de invitados—, recurrieron al Consell, que hoy da por erradicada esta actividad.

Las fiestas ilegales, recuerda el conseller de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, “siempre han existido y siempre las ha combatido la Policía Local”, en buena medida porque se celebran en horarios en los que los funcionarios de actividades no están trabajando. Sin embargo, durante la pandemia la situación se desbordó: el cierre de las discotecas en las Pitiusas como medida de contención dio lugar a una industria profesional, clandestina y paralela.

El perfil del organizador se definió pronto: personas de fuera de las islas que no arriesgan su patrimonio porque están de paso. Estas impulsaban actividades lúdicas —reguladas por la Ley de Actividades— en viviendas turísticas en algunos casos, pero sobre todo en construcciones como garajes o locales sin licencia de vivienda que funcionaban como auténticos espacios de ocio nocturno.

La mayoría de organizadores eran personas de fuera de las islas que no arriesgaban su patrimonio porque estaban de paso y que hacían las fiestas en garajes o locales sin licencia

La situación empezó a generar molestias entre los vecinos, que recurrieron a las instituciones cuando las fiestas alcanzaron su auge, durante el segundo verano tras el confinamiento. Un momento en el que los clubes no tenían prohibido abrir, pero optaron por no hacerlo ante la dificultad de controlar posibles brotes en espacios de gran capacidad.

Una nueva demanda, una nueva oferta

“Había turistas que llegaban y ni siquiera se habían preocupado de averiguar si había ocio o no, y cuando ya estaban aquí, lo buscaban”, detalla el conseller. Ante la llamada de auxilio de los ayuntamientos —no formal, pero convertida ya en vox populi— se adoptaron dos vías de actuación: una política y otra administrativa.

En el plano político, se recurrió al Govern al considerar que la legislación era insuficiente. De ahí surgió un Decreto Ley de Fiestas que endureció las sanciones y las tipificó mejor. La norma distingue, por ejemplo, si la actividad ilegal se desarrolla en un espacio protegido y, sobre todo, amplía la responsabilidad a todos los implicados: no solo el organizador, sino también suministradores de alcohol, equipos de sonido, DJs, porteros e, incluso, los participantes.

Con este cambio, la Policía podía activar el protocolo una vez detectada la fiesta ilegal. Sin embargo, surgieron dos problemas. Uno estructural —el déficit en los cuerpos policiales en la isla y la consecuente sobrecarga laboral— y otro jurídico —el temor de los agentes a acceder a propiedades privadas sin autorización o sin orden judicial—-

Para salvar este obstáculo, se puso en marcha una medida administrativa inédita: la contratación de detectives privados de fuera de Eivissa, para evitar que fueran reconocidos en un territorio pequeño. El servicio, licitado y adjudicado cada año a una empresa distinta, comenzó como un proyecto piloto cuyo anuncio provocó la llegada de currículums incluso desde Argentina. El trabajo de estos detectives —unos cuatro, que se turnaban para pasar desapercibidos— consistía en localizar estos eventos a través de redes sociales, WhatsApp y de unos interesados a otros, especialmente en zonas como el puerto de Vila y Sant Antoni, que sí estaban abiertas en ese momento.

Los detectives, que venían de la Península, se turnaban para pasar desapercibidos y localizaban estos eventos a través de redes sociales, WhatsApp y de unos interesados a otros

Sanciones de hasta 300.000 euros

Cuando detectaban las fiestas con antelación, se coordinaban con la Policía Local para “reventarlas” antes de que comenzaran. Sin embargo, lo habitual era que los organizadores facilitaran la ubicación y los detalles poco antes del inicio, por lo que los detectives tenían que infiltrarse, recabar imágenes e información y dejar el expediente listo para que el cuerpo de seguridad pudiera actuar e imponer las sanciones correspondientes.

Entre los casos más llamativos figura el de un okupa que utilizaba una vivienda propiedad del Ayuntamiento de Sant Antoni para organizar fiestas ilegales; otro en el que la infiltración permitió desmantelar una organización criminal; y un tercero en un agroturismo de Sant Joan que acogía eventos neohippies sin licencia. Los organizadores no eran, en ningún caso, empresarios locales. Se trataba de empresas de fuera de Eivissa que incluso traían sus propios equipos de sonido para organizar eventos con un alto grado de profesionalización. “Empezaron a desembarcar en la isla mafias —porque son mafias— que vendían el concepto de la ‘Ibiza privada’”, explica José Luis Benítez, de la Asociación Ocio de Ibiza.

Empezaron a desembarcar en la isla mafias —porque son mafias— que vendían el concepto de la 'Ibiza privada'

José Luis Benítez — Asociación Ocio de Ibiza

Habitualmente, quienes promocionan esta idea —al margen de la pandemia— son multimillonarios o marcas que buscan lanzar productos. En ese sentido, en junio de 2024, el Govern sancionó con 6.001 euros a la empresa propietaria de un espacio privatizado en el Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera donde la marca Loewe celebró un acto promocional. “De pronto empezaron a proliferar fiestas clandestinas por las que se cobraba entrada y que suponían una competencia emergente brutal para todos los negocios”, añade Benítez. El representante señala, además, el riesgo para la seguridad de asistentes y trabajadores que, en un entorno sin control, supone el consumo de estupefacientes, como posibles abusos o problemas de salud.

El entramado iba más allá: incluía redes de transporte ilegal —los llamados taxis pirata— que trasladaban a los clientes hasta villas privadas, casi siempre el escenario de estas fiestas, y una cadena de suministro completa. En muchos casos, los propietarios de las viviendas desconocían lo que ocurría en su interior, donde podían concentrarse incluso más de mil personas.

Uno de los últimos casos se dio en junio de 2025, cuando la Policía Local de Santa Eulària destapó una fiesta ilegal en una villa de Cala Olivera. La intervención comenzó tras detectar un punto de encuentro en Jesús, desde donde varios vehículos trasladaban a los asistentes. Nueve agentes se desplazaron al lugar y utilizaron un dron para recabar pruebas de una celebración que se desarrollaba en el sótano del inmueble, aparentemente acondicionado para evitar que la música trascendiera al exterior, según informó Nou Diari.

Algunos asistentes confirmaron que habían pagado hasta 130 euros por una pulsera que incluía acceso y dos consumiciones. En total, se estimó la presencia de unas 100 personas en una vivienda sin licencia turística. El Ayuntamiento abrió entonces un expediente sancionador por actividad con ánimo de lucro sin autorización, con multas de entre 30.000 y 300.000 euros, y trasladó el caso al Consell por una posible infracción turística.

En una fiesta ilegal, los asistentes confirmaron que habían pagado hasta 130 euros por una pulsera que incluía acceso y dos consumiciones. En total, se estimó la presencia de unas 100 personas en una vivienda sin licencia turística

Benítez también lamenta que el intrusismo dañe la imagen de los empresarios que operan dentro de la legalidad, lo que refuerza la necesidad de una actuación institucional coordinada. Los informes de los detectives, aunque no tienen el mismo valor que los de un cuerpo policial, se han utilizado como peritajes cualificados ante los juzgados y como base para imponer sanciones.

Temor a la consolidación

Uno de los principales temores de las instituciones era que este fenómeno, surgido durante la pandemia, se consolidara una vez finalizada. Sin embargo, tras varios años de trabajo, constataron una reducción tanto en número como en calidad de estas fiestas. “Nos dimos cuenta de que habían ido a menos”, señala Juan. La reapertura del ocio nocturno y la disminución de las quejas vecinales contribuyeron a este descenso.

A partir de ese momento, el Consell decidió redirigir el servicio de detectives hacia otro ámbito: el intrusismo en el transporte, una competencia también municipal. Para ello, se infiltran en canales de Telegram con el objetivo de detectar conversaciones y denunciar estas prácticas. Paralelamente, los ayuntamientos también emplean detectives para combatir el alquiler turístico ilegal.

La institución insular aumentó el verano pasado las sanciones contra los taxistas ilegales, con multas de hasta 15.000 euros para quienes operen sin licencia desde el aeropuerto u otros puntos de la isla. Además, cuenta con un equipo de 14 inspectores —entre instructores y auxiliares— desplegados en el aeropuerto para detectar estas actividades, como ya publicó elDiario.es.

En la actualidad, la proliferación de fiestas ilegales no se percibe como un problema especialmente extendido, por lo menos en el municipio de Vila. Desde el Ayuntamiento señalan que, cuando se detectan, la respuesta sigue recayendo en la Policía Local y que este tipo de eventos se concentra sobre todo en villas aisladas, menos frecuentes en un entorno urbano. El foco municipal está ahora en el alquiler turístico ilegal, con cinco expedientes sancionadores ya tramitados y actuaciones conjuntas con el Govern en viviendas de protección oficial.

El hecho de que la Policía no pueda acceder a propiedades privadas sin autorización o sin orden judicial dificulta la intervención inmediata

El escenario cambia ligeramente en Santa Eulària, donde el Ayuntamiento no descarta recurrir a detectives privados y ha abierto dos expedientes sancionadores en 2025. Aun así, reconoce las limitaciones legales: el hecho de que la Policía no pueda acceder a propiedades privadas sin autorización o sin orden judicial dificulta la intervención inmediata. En Sant Joan, la estrategia se mantendrá sin cambios. El municipio ha explicado a este diario que continuará abordando estos casos a través de la actuación policial, en línea con otros puntos de la isla donde el fenómeno, aunque presente, es ya más puntual.

El plan anticrisis aprobado por el Gobierno central para hacer frente a los efectos de la guerra de Irán tendrá un impacto superior a los 70 millones de euros en Balears, tal como ha asegurado este lunes en Palma la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, tras reunirse con agentes sociales y económicos de las Islas.

Según ha explicado, esta cifra deriva principalmente de la rebaja fiscal sobre la electricidad y de las ayudas de 20 céntimos por litro de combustible dirigidas a sectores como la ganadería, la agricultura, la pesca o el transporte, incluidas en el plan estatal de 80 medidas dotado con 5.000 millones de euros.

El alcance del paquete no se limita al tejido productivo. Sánchez ha destacado también el impacto de medidas como la ampliación del bono eléctrico y térmico, así como la prórroga de los contratos de alquiler hasta dos años, que se prevé que beneficie a unas 24.000 viviendas en Balears.

Durante el encuentro, en el que también ha participado el delegado del Gobierno en las Islas, Alfonso Rodríguez, el Ejecutivo central ha instado al Govern a adoptar medidas propias. Rodríguez ha reclamado al Ejecutivo autonómico que actúe “cuanto antes” con iniciativas “complementaria para proteger el sector productivo y de las familias”.

En la misma línea, ha pedido a PP y Vox que respalden en el Congreso los dos decretos anticrisis aprobados por el Gobierno, cuya convalidación considera “urgente y necesaria”. El primero incluye reducciones fiscales y ayudas a los carburantes, mientras que el segundo recoge la congelación temporal de los contratos de alquiler. Según ha señalado, las comunidades autónomas deben desarrollar también medidas propias “que apoyen el decreto que blinda a las familias que pueden ver su alquiler renovado en 2026 en Balears”.

Rechazo empresarial y amenaza de movilizaciones

Frente al respaldo institucional, el plan ha sido recibido con críticas por parte de organizaciones empresariales, especialmente del sector del transporte. La Federación de Pequeñas y Medianas Empresas de Mallorca (Pimem) ha calificado las ayudas al combustible de “decepcionantes y perjudiciales” y ha advertido de movilizaciones “si no hay una reacción” por parte del Ejecutivo antes de que acabe marzo.

El presidente de la Asociación de Transportistas de Pimem (Astam), Jeroni Valcaneras, ha ido más allá al considerar “falso” que las medidas estén orientadas a apoyar a los sectores profesionales. Según ha denunciado, las ayudas “premian más a los vehículos privados que a los profesionales” y apenas compensarán el 50% del sobrecoste real que afronta el sector.

“La bonificación anunciada para los transportistas es de 20 céntimos por litro, en la práctica se verá reducida en un 25 por ciento al eliminar del Decreto la figura del gasóleo profesional que venían disfrutando los transportistas desde el año 2007”, ha señalado la asociación. En este contexto, Pimem ha advertido de posibles movilizaciones a nivel nacional si no se modifican las medidas. “El sector no puede aceptar un Decreto que, en la práctica, les deja en una situación más desfavorable que antes de su aprobación”, ha concluido Valcaneras.

También el presidente de la Agrupación empresarial de transporte de Mercancías de Balears, Ezequiel Horrach, ha considerado “insuficientes” las medidas para el tejido empresarial y ha augurado una evolución “complicada” del sector.

Desde la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), su vicepresidente José Antonio Roselló ha señalado que existe consenso en que el paquete está enfocado principalmente a los ciudadanos y no a las empresas. “En las empresas la situación es más diversa y estamos ante una primera toma de contacto de posibles futuras medidas que dependerá si la situación se complica o no”, ha apuntado.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Gasolineras de Pimem, Rafael Matas, ha reclamado que se tenga en cuenta la insularidad en los costes del transporte y en los periodos de liquidación.

En el sector primario, el secretario general de Unió de Pagesos, Joan Gaià, ha advertido de que las ayudas no devolverán el precio del combustible a niveles previos a la guerra y ha reclamado un acuerdo estable para reducir la “incertidumbre”.

A diferencia de las patronales, CCOO ha mostrado su respaldo al paquete de medidas y ha defendido especialmente el decreto sobre vivienda. “La vivienda es un factor determinante en el empobrecimiento de la parte trabajadora de este país”, han subrayado.

El sindicato ha reclamado además que las medidas vayan acompañadas de mecanismos de control de precios para evitar que el impacto de las ayudas acabe “engrosando los márgenes de ninguna empresa”.

Nueva reunión con el sector turístico

En paralelo, la secretaria de Estado de Turismo ha anunciado una nueva reunión con el sector turístico tras Semana Santa, en la que participarán representantes de Exteriores, Economía, la Organización Mundial del Turismo (OMT) y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC).

Sánchez ha recomendado a las empresas que “no suban precios” hasta comprobar la evolución del conflicto en las próximas semanas. Según ha defendido, el paquete de medidas permitirá amortiguar tanto el impacto sobre “la ciudadanía de a pie” como sobre los costes empresariales.

“El sector turístico se va a adaptar a esta nueva situación, con la esperanza de que la gente no perciba un incremento del coste de la vida, además de favorecer que nuestras empresas puedan operar con normalidad”, ha concluido.

Manu es un joven de 29 años que trabaja como profesor de alemán en Eivissa. Llegó a la isla desde Cartagena, después de haber vivido cinco años en Múnich, donde trabajó como auxiliar educativo en un colegio de educación especial. Después de haber terminado el máster de profesorado –que da acceso a trabajar en colegios públicos y concertados de la ESO, Bachillerato y FP– en julio de 2025, le ofrecieron una plaza como interino de profesor de alemán: dos medias jornadas. Una en el IES Quartó des Rei (Santa Eulària des Riu) y otra en la Escuela Oficial de Idiomas.

“Juntaron dos medias jornadas para hacer una completa, aunque en dos sitios distintos”, explica. Aterrizó en la isla en octubre, apenas un día antes de empezar a trabajar. “Llegué un domingo y empecé un lunes”, afirma. No tenía dónde quedarse, así que pasó sus primeras noches en un hotel hasta que, en cuestión de días, encontró una habitación en un piso cerca de Can Misses. “Estuve en un hotel cuatro días y luego encontré una habitación”, recuerda. Pagaba 850 euros por un piso que compartía con dos personas más y que costaba en total 1.200 euros. Es decir, las otras dos personas pagaban 350 euros entre las dos y le subarrendaban la otra habitación a él. El casero desconocía la situación.

El trilerismo inmobiliario de la isla tiene muchas aristas. Están los propietarios que al socaire del mercado tensionado que hay ponen alquileres a precios desbocados, pero también quienes sufren la entrada y salida de personas de sus inmuebles mientras sus otros inquilinos se aprovechan y acaban pagando mucho menos del precio estipulado en el contrato. En un conocido portal inmobiliario digital, en estos momentos los dos pisos más baratos que se alquilan por la zona del ensanche de Can Misses están a 1.470 y 1.500 euros, respectivamente.

El primer piso que se oferta consta de tres habitaciones (una doble y dos individuales). Son 93 metros cuadrados con balcón. En la oferta se especifica que el inquilino debe pagar tasa de la basura y gastos de la comunidad, pese a que son gastos que deben correr a cargo del casero. Esta oferta está incluida en el programa de Alquiler Seguro del Govern balear que preside Marga Prohens (PP), que consiste en que la administración autonómica hace de intermediaria para facilitar que los pisos salgan al mercado inmobiliario y los propietarios tengan garantía de pago en caso de que hubiera problemas. Una fórmula público-privada que puede terminar por sufragar con dinero público intereses privados.

El segundo piso, de 135 metros cuadrados, se alquila solo de temporada: del 1 de noviembre al 30 de abril. Consta de tres habitaciones dobles, un baño, una cocina independiente y un balcón con vistas a la ciudad. Piden un mes de fianza y otro de agencia más IVA. “Ideal para empresas o particulares con temporalidad justificada”, detalla el anuncio. El anuncio, por cierto, prohíbe fumar en el interior. El incumplimiento de esta restricción conlleva “al pago de la pintura total de la propiedad y limpieza extra”. La limpieza final también se cobra cuando se abandona la vivienda: 484 euros.

Le realquilaban la habitación

Éste es, precisamente, el problema con el que Manu se ha encontrado tres veces. Todos los pisos en los que ha estado han sido temporales. En el primero, donde pagaba 850 euros por compartir con dos personas más que le subarrendaban la habitación, duró apenas dos meses. Aunque en un principio podía quedarse hasta abril, se marchó en diciembre debido a la situación en la que se encontró. “Tuve que hacer yo el contrato porque los que subarrendaban no querían”, explica.

Tampoco pudo empadronarse. “Decían que tenía que vivir un año allí, pero es mentira”. En realidad, añade, el problema era otro: “Era un subarriendo y no querían que el propietario lo supiera”. Esos 850 euros que pagaba durante los meses de otoño e invierno, ascendían a 1.100 euros para quienes alquilaban en primavera y verano. El piso entero se alquilaba por 1.200 euros. Es decir, una persona paga prácticamente el alquiler a las otras dos durante la temporada turística.

En su primer piso, donde no le dejaban empadronarse, Manu pagaba 850 euros por compartir con dos personas más que le subarrendaban la habitación. El piso entero se alquilaba por 1.200 euros. Es decir, él pagaba prácticamente el alquiler a las otras dos durante la temporada turística

No tardó mucho en encontrar piso una vez abandonó el anterior, pero no duró ni dos semanas. También estaba situado cerca de Can Misses. “Al principio bien, pero no me hicieron contrato”, explica. Trece días después de instalarse, le pidieron que abandonara la vivienda. Iba a pagar 750 euros al mes. “Me lo dijeron la noche antes de irme de vacaciones de Navidad”, lamenta. En este caso, el piso era de la hermana de quien vivía en el piso con él. La situación le sobrepasó. 

“Mi idea era volver en enero, recoger mis cosas y marcharme a Cartagena”, reconoce. La gincana habitacional le estaba pesando demasiado, así que estuvo a punto de renunciar a su trabajo. Su familia le pidió que lo intentara, así que se dio cuatro días de margen, mientras vivía en un hotel (cuyo coste era, asegura, unos 100 euros la noche). “Es muchísimo estrés y dinero”, se queja. El problema no es solamente “buscar el piso”. “Es que el trabajo sigue adelante, tengo que seguir preparando las clases, hacer exámenes, etc.”, añade.

A los pocos días de regresar a la isla, encontró un nuevo alquiler en la zona de la milla de oro, una de las más caras de Eivissa, cerca de Pachá. Hay promociones de viviendas de pisos que se venden entre 2 y 10 millones de euros. “Volví el 5 de enero y el 10 o el 11 ya tenía piso”, asegura. Ahora vive solo en un apartamento de dos habitaciones por el que paga 1.100 euros al mes. En esa zona no hay ningún piso ofertado por debajo de 2.200 euros. El doble. También es un alquiler de temporada. “Estoy hasta junio”, señala. En verano no lo alquilan porque los caseros, que viven fuera, quieren disfrutar del piso en verano. Como profesor interino no cobra durante los meses de verano, así que tampoco tenía otra solución que la de marcharse a Cartagena en julio y agosto. “Les viene genial a los caseros porque saben que pueden alquilar su piso de septiembre a junio”, reconoce.

Ahora vive solo en un apartamento de dos habitaciones por el que paga 1.100 euros al mes. Es un alquiler de temporada y estará hasta junio

Lamenta la falta de “movimiento por la vivienda”

Manu no sabe si volverá a Eivissa en septiembre. “En teoría sí [me vuelven a contratar], pero no sé cuántas horas serían, ni qué plaza. Empezaría de cero”, lamenta. Cuando decidió aceptar la plaza, pensó incluso que le resultaría más difícil alquilar. “Pensaba que sería más caro, pero no que no hubiera viviendas”, admite. Comparado con la península, le sorprendió que “aquí directamente no hay pisos que se alquilen”. “No hay habitaciones, no hay nada, todo el mundo espera a la temporada turística para alquilar”, atestigua.

[En comparación con la Península] Aquí no hay habitaciones, no hay nada, todo el mundo espera a la temporada turística para alquilar

Manu — Profesor

Más allá del alquiler, considera que el coste de la vida es más caro que en la península. “Hacer la compra es igual, pero bares y restaurantes, transporte y menús son más caros”. El transporte público, por ejemplo, le costaba más de cuatro euros al día. “Pago 4,20 euros diarios”, detalla, los lunes y los miércoles, cuando se desplaza de Vila a Santa Eulària. En realidad, el transporte público es gratuito para la población residente. Pero hace falta un requisito para conseguir esa tarjeta de transporte: el empadronamiento. Y a Manu no se lo hacían.

Para moverse hacia la Escuela Oficial de Idiomas, opta por una alternativa más económica y sostenible: “Voy en patinete”. Lo que más le sorprende, sin embargo, no es solo la dificultad para encontrar vivienda, sino la ausencia de movimientos sociales y asociativos. “No hay un movimiento fuerte pese a la situación”, concluye.

“La base de operaciones se encuentra en España y, siendo residente fiscal español, deberá tributar a la Hacienda española por la totalidad de sus rentas”. Se trata de una de las conclusiones alcanzadas por el Tribunal Superior de Justicia de Balears en relación a un piloto de Ryanair que reclamaba quedar exento del pago del IRPF al alegar que trabaja para una empresa con sede en Irlanda y realiza su actividad, en gran medida, en vuelos internacionales. La Justicia, sin embargo, desestima su petición y avala el criterio defendido por la Agencia Tributaria, cada vez más extendido en este tipo de resoluciones: aunque la actividad se proyecte fuera de España, su centro de trabajo sigue estando en el aeropuerto de Palma y, en consecuencia, dentro del territorio nacional.

Lejos de ser un litigio aislado, el fallo, al que ha tenido acceso elDiario.es, se inserta en una línea cada vez más asentada que busca garantizar que los contribuyentes con arraigo laboral en España tributen por el conjunto de sus rentas, incluso cuando su actividad tenga una dimensión claramente internacional. El conflicto, además, no solo afecta a los trabajadores que operan fuera de España, pero cuya estructura laboral o retributiva permanece anclada al país. Tal como se desprende de las distintas resoluciones dictadas en esta materia, consultadas por este medio, en los últimos años -especialmente entre 2024 y 2025-, el Tribunal Supremo (TS) ha estudiado casos relativos a tripulantes de buques de la Armada desplegados en misiones en el extranjero -como operaciones de la OTAN- en los que la Justicia ha rechazado la aplicación de la exención pese a que el trabajo se desarrollaba en aguas internacionales.

La razón es similar a la que se aplica en el caso de los pilotos: Hacienda sostiene que el buque no supone un verdadero desplazamiento fiscal al extranjero, al considerarse bajo jurisdicción española, y que no existe un beneficiario real no residente de los servicios. En la práctica, el tribunal traslada la misma lógica: no basta con trabajar fuera de España si la estructura en la que se integra esa actividad sigue radicada en el país.

La controversia pivota en torno al artículo 7.p de la Ley del IRPF, que permite dejar exentos de impuestos hasta 60.100 euros anuales cuando el trabajo se realiza efectivamente en el extranjero. Pero la norma no es automática: exige que concurran tres requisitos fundamentales –que la actividad se desarrolle fuera de España, que el destinatario de los servicios sea una entidad no residente y que el país de destino cumpla determinadas condiciones fiscales–. La clave, en la práctica, está en acreditarlos.

En el caso del piloto de Ryanair, la disputa giraba precisamente en torno a esa interpretación. El trabajador defendía que debía aplicarse la exención por los servicios prestados en el extranjero en 2018, alegando que trabajaba para una compañía con sede en Irlanda y que su actividad se desarrollaba, en gran medida, en vuelos internacionales. Pero tanto la Agencia Tributaria como el tribunal rechazan esta lectura y subrayan que no basta con operar en el extranjero si la estructura laboral permanece vinculada con España.

El piloto de Ryanair reclamaba que se le aplicara la exención por los servicios prestados en el extranjero, alegando que trabajaba para una compañía con sede en Irlanda y que su actividad se desarrollaba, en gran medida, en vuelos internacionales fuera de España. La Agencia Tributaria y el tribunal rechazan y subrayan que no basta con operar en el extranjero si la estructura laboral permanece vinculada a territorio nacional

El elemento decisivo fue la base de operaciones, el lugar desde donde empieza y termina la jornada, se organizan los turnos y se asignan los vuelos. El piloto la tenía fijada en el aeropuerto de Palma, lo que lleva al tribunal a considerar que su centro de trabajo se encontraba en España, aunque parte de su actividad se desarrollara en vuelos internacionales. A falta de pruebas que acreditaran un traslado efectivo de esa base o que los servicios se prestaban directamente para la matriz extranjera –y no para su estructura en España–, la Justicia concluye que debe tributar íntegramente en el país.

No en vano, durante años, Ryanair defendió que los conflictos laborales debían resolverse en Irlanda, donde cuenta con su sede formal. Sin embargo, esta estrategia quedó en gran parte desactivada tras varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), especialmente las dictadas en 2017, en las que el alto tribunal estableció que el elemento determinante no es la ubicación jurídica de la empresa, sino el lugar desde el que el trabajador desempeña habitualmente su actividad. En el caso de los tripulantes aéreos, ese criterio se identifica con la base de operaciones. Esta doctrina permitió a pilotos y personal de cabina reclamar sus derechos ante los tribunales de los países en los que están destinados, consolidando un enfoque que pone el acento en la realidad laboral por encima de las estructuras societarias.

Yates de lujo y paraísos fiscales

La cuestión en torno a la aplicación o no artículo 7.p de la Ley del IRPF adquiere especial relevancia en Balears, cuya economía es una de las más internacionalizadas de España, con un peso muy elevado del turismo extranjero y de actividades vinculadas a mercados globales, lo que ha generado perfiles laborales cada vez más móviles, desde tripulaciones aéreas hasta trabajadores del sector náutico. Palma es, además, una de las principales bases operativas de varias aerolíneas europeas, entre ellas Ryanair, lo que implica la presencia de numerosas tripulaciones residentes fiscales en España pero con actividad internacional. En este contexto, la jurisprudencia insiste en la necesidad de acreditar de forma rigurosa tanto dónde se realiza efectivamente el trabajo como quién es el beneficiario de los servicios.

La cuestión en torno a la aplicación o no artículo 7.p de la Ley del IRPF adquiere especial relevancia en Balears, cuya economía es una de las más internacionalizadas de España, con un peso muy elevado del turismo extranjero y de actividades vinculadas a mercados globales, lo que ha generado perfiles laborales cada vez más móviles

No en vano, en una sentencia de 2022, el TSJIB analizó la situación de un capitán de yate que trabajaba para una empresa con sede en el paraíso fiscal de Guernsey y desarrollaba su actividad en aguas internacionales: la embarcación se dedicaba al chárter para clientes privados en destinos como Francia, Italia o Grecia, una operativa habitual en un segmento, el de los yates de lujo, ampliamente presente en el archipiélago y dirigido a clientes de alto poder adquisitivo. De hecho, el barco estaba vinculado a sociedades domiciliadas en territorios considerados paraísos fiscales, lo que refuerza el carácter globalizado -y fiscalmente complejo- de este tipo de actividad.

En su sentencia, el tribunal concluía que, pese a esa aparente proyección exterior, el capitán, que contaba con unos ingresos mensuales de 7.000 euros, debía tributar en España la totalidad de sus ingresos al considerar acreditada su residencia fiscal en las islas. El criterio determinante, por tanto, no residía tanto en dónde navegaba el barco como en los vínculos del contribuyente con España: el propio interesado reconoció que, cuando no estaba embarcado, vivía en España, donde además tenía una vivienda en propiedad y su puerto base se encontraba en Palma.

Con estos mimbres, la Sala entiende que concurrían los criterios del artículo 9 de la Ley del IRPF, que establece que una persona es residente fiscal en España en función de dos ejes principales. El primero es la permanencia, que se considera acreditada si el contribuyente permanece más de 183 días durante el año natural en territorio español, computándose también las ausencias esporádicas salvo que se demuestre la residencia fiscal en otro país. El segundo es el del centro de intereses económicos, que atiende a dónde se concentra la base principal o el núcleo de las actividades económicas o profesionales del contribuyente, directa o indirectamente. En la práctica, basta con que se cumpla uno de estos dos elementos para que Hacienda entienda que existe residencia fiscal en España y, por tanto, la obligación de tributar por la totalidad de las rentas obtenidas en todo el mundo.

La Justicia balear rechazó aplicar la exención en el caso de un capitán de yate residente en Palma que trabajaba para una empresa con sede en el paraíso fiscal de Guernsey y desarrollaba su actividad en aguas internacionales: alquilaba el barco a clientes con elevado poder adquisitivo para desplazarse por Francia, Italia y Grecia

Militares desplegados en Líbano

La evolución de la jurisprudencia del TS en este sentido apunta a una aplicación algo más flexible de la exención con la finalidad de favorecer la movilidad internacional de los trabajadores, aunque sigue manteniendo límites bastante claros. En febrero de 2021, el Alto Tribunal estableció que el artículo 7.p puede aplicarse incluso cuando los desplazamientos al extranjero sean breves o no continuados, descartando la necesidad de una estancia prolongada fuera de España. Un criterio que los magistrados han reforzado en resoluciones posteriores, en las que el Supremo ha extendido la exención a perfiles como directivos o empleados desplazados a organismos internacionales e incluso a trabajos de coordinación o supervisión.

Mientras tanto, en dos sentencias de febrero de 2026, el TS analizó el caso de varios militares españoles desplegados en el Líbano en misiones de Naciones Unidas. Pese a que los recurrentes alegaban haber trabajado durante meses en el extranjero, el Alto Tribunal rechazó la exención al entender que las retribuciones eran abonadas por el Ministerio de Defensa y no por una entidad no residente.

En dos recientes sentencias, el Supremo analizó el caso de varios militares españoles desplegados en el Líbano en misiones de Naciones Unidas. Pese a que los recurrentes alegaban haber trabajado durante meses en el extranjero, el Alto Tribunal rechazó la exención al entender que las retribuciones eran abonadas por el Ministerio de Defensa

No solo eso. En sendas resoluciones, los magistrados de la Sala de lo Contencioso–Administrativo recuerdan que la República Libanesa se encontraba, en los ejercicios analizados, dentro de la relación de países y territorios calificados como paraísos fiscales, lo que excluye automáticamente la aplicación de la exención. Se trata de una lista determinada por el Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, que identifica aquellas jurisdicciones que, a efectos fiscales, presentan una baja o nula tributación, falta de transparencia o ausencia de mecanismos efectivos de intercambio de información con la Administración española. La inclusión en este listado -que históricamente ha incorporado territorios como Gibraltar, Islas Caimán o Guernsey- conlleva un tratamiento fiscal más restrictivo y limita el acceso a beneficios como la exención por trabajos realizados en el extranjero prevista en el IRPF.

En paralelo, los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos están aplicando estos criterios con matices en distintos sectores. En otra reciente sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia analiza el caso de un trabajador embarcado en un buque de la Armada en misiones internacionales y rechaza la exención al no acreditarse que los servicios generasen una utilidad real para una entidad extranjera distinta de la mera participación en una organización internacional. El tribunal insiste en que no basta con trabajar fuera de España: es necesario probar que el trabajo se realiza para un destinatario extranjero concreto y que produce una ventaja efectiva para este.

Empleados del Banco de España

En cambio, otras resoluciones muestran una aplicación más flexible cuando se cumplen esos requisitos. En una sentencia dictada el pasado mes de enero, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid estudia la pretensión de varios empleados del Banco de España desplazados temporalmente al Banco Central Europeo en el marco de diversos proyectos y tareas de coordinación técnica. En este supuesto, los trabajadores mantenían su vínculo laboral con la institución española, pero desarrollaban parte de su actividad en el extranjero, participando en funciones que beneficiaban directamente a un organismo internacional.

Otras resoluciones muestran una aplicación más flexible. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid otorgó la exención a varios empleados del Banco de España desplazados temporalmente al Banco Central Europeo al considerar que sus proyectos generan una utilidad real para una entidad no residente

La Sala recoge la doctrina del Tribunal Supremo y concluye que la exención prevista en el artículo 7.p del IRPF puede aplicarse en estos casos, incluso aunque los desplazamientos no sean permanentes o se combinen con trabajo en España. El elemento clave, según el tribunal, es que los servicios se presten materialmente fuera del país y generen una utilidad real para una entidad no residente, en este caso el Banco Central Europeo, con independencia de que también exista un beneficio indirecto para el empleador español. La resolución refuerza así la idea de que la exención no queda descartada por la mera existencia de vínculos con España, siempre que se acredite de forma suficiente la dimensión internacional efectiva del trabajo.

El mismo tribunal aplicó en otro procedimiento judicial un matiz relevante: incluso cuando se cumplen los requisitos para aplicar la exención, ésta no opera de forma automática ni total, sino que debe calcularse de manera proporcional en función del tiempo real de trabajo en el extranjero. Lo hizo constar en una sentencia del pasado mes de diciembre, relativa a un tripulante que trabajaba como capitán y primer oficial en un yate con base en el extranjero y que reclamó la aplicación de la exención del artículo 7.p del IRPF por trabajos realizados fuera de España.

Según consta en la resolución, el trabajador prestó servicios durante 152 días en aguas internacionales y en distintos países europeos, percibiendo unos ingresos anuales superiores a 82.000 euros. En este caso, el tribunal no cuestiona que el trabajo se realizara efectivamente en el extranjero ni que la empresa empleadora fuera no residente, sino que centra el debate en el alcance de la exención: por ello, rechaza que pueda aplicarse a la totalidad de los ingresos y confirma el criterio de la Agencia Tributaria, que limitó su aplicación únicamente a los días efectivamente trabajados fuera de España y determinó que solo quedaban exentos unos 34.168 euros de los más de 82.000 percibidos. El resto debía tributar en España.

El mercado turístico de las Balears observa con preocupación la escalada del conflicto en Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. El encarecimiento del petróleo —con el barril Brent, de referencia internacional, alcanzando la semana pasada los 120 dólares, su máximo— amenaza con elevar los costes de las cadenas de suministro de las que dependen restaurantes, hoteles y otros establecimientos. Un factor especialmente sensible en un territorio insular, donde gran parte de los productos llegan por vía marítima o aérea y donde muchos negocios prevén abrir sus puertas en abril, en una temporada que este año arranca más tarde debido a que la Semana Santa cae en fechas muy tempranas. Para este periodo vacacional, cuando muchos turistas ya optan por viajar a las islas, tan solo los hoteleros más “valientes” y con mayor capacidad logística o estructuras más flexibles han decidido abrir sus puertas, arriesgándose a que la jugada les salga rentable. La apuesta es aún más incierta si se tiene en cuenta el escenario global.

De hecho, los empresarios ya se preparan para afrontar el encarecimiento del combustible y no descartan que este aumento termine repercutiendo en el precio final de los productos y servicios que consumen los turistas. El factor precio ya generó tensiones durante la pasada temporada, especialmente en algunos segmentos como el del lujo, donde el sector reconoce que se produjo un desequilibrio entre calidad y precio que acabó afectando a parte de la demanda. Las patronales siguen ahora con atención la evolución del contexto internacional y advierten de que el impacto real sobre la temporada turística dependerá, sobre todo, de la duración del conflicto, que por el momento resulta imposible de prever.

Si el conflicto se prolonga, es probable que los destinos más próximos a la zona de guerra tengan mayores dificultades para recibir turistas y se produzca un trasvase hacia lugares considerados más seguros. Países como Egipto o Turquía podrían verse especialmente afectados por este cambio de tendencia. De hecho, los operadores turísticos ya registran las primeras cancelaciones de viajes en la región, según informaciones de El País, y se estima que a corto plazo parte de la demanda podría desplazarse hacia destinos del Mediterráneo que compiten directamente con estos mercados.

Las Pitiusas: un destino seguro

En ese contexto, la situación podría beneficiar a enclaves percibidos como especialmente seguros, como Eivissa. Así lo señala la presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Eivissa y Formentera, Maria Costa, quien destaca que “España —igual que Italia o Portugal— aparece como un lugar seguro, está muy alejada [del conflicto] y para los turistas europeos es muy accesible”.

Aun así, el sector insiste en que no se trata de una circunstancia que deseen aprovechar. El presidente de la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Eivissa y Formentera (PIMEEF), Alfonso Rojo, subraya que la industria turística de Baleares es “muy madura y está saneada”, por lo que no necesita “desgracias” de este tipo para atraer visitantes. Con todo, reconoce que la experiencia de crisis anteriores demuestra que algunos viajeros terminan optando por destinos percibidos como más estables, aunque recuerda que no se trata de destinos fácilmente intercambiables.

Los empresarios afirman que algunos viajeros terminan optando por destinos percibidos como más estables, aunque no se trata de destinos fácilmente intercambiables

Todavía es pronto para confirmar esta tendencia. El último informe de Mabrian, empresa española especializada en el análisis del rastro digital de millones de turistas en tiempo real, apunta a que la escalada del conflicto ya empieza a alterar los flujos de viajeros. La percepción de inseguridad en los países del Golfo y en destinos cercanos está provocando cambios en la demanda procedente de Estados Unidos y de algunos de los principales mercados europeos, entre ellos Alemania y Reino Unido, especialmente relevantes para el turismo pitiuso.

En Eivissa, de hecho, ya se ha detectado un aumento del 4% en las búsquedas de vuelos desde el inicio del conflicto, según datos del Sistema de Inteligencia Turística (SIT) puesto en marcha recientemente por el Consell Insular. Con todo, el sector prefiere mostrarse prudente. “Aún es pronto para saber si esto tendrá un impacto significativo en los flujos turísticos de Balears”, señala el vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) en las Pitiusas, José Antonio Rosselló, a elDiario.es.

En Eivissa ya se ha detectado un aumento del 4% en las búsquedas de vuelos desde el inicio del conflicto, pero el sector prefiere mostrarse prudente

En paralelo, el conflicto también está teniendo efectos inmediatos en el transporte aéreo internacional. El cierre del espacio aéreo en Oriente Medio tras los ataques a Irán ha generado caos en el tráfico aéreo mundial y ha afectado a más de un centenar de residentes baleares que tenían vuelos de regreso a España. Aeropuertos estratégicos como los de Dubai, Abu Dabi, Doha o Kuwait permanecen cerrados, lo que ha obligado a numerosos viajeros a asumir estancias adicionales en hoteles y buscar alternativas para regresar a las islas.

Entre los afectados ha habido turistas ibicencos bloqueados en Tailandia, Sudáfrica o Emiratos Árabes Unidos por la cancelación de vuelos y la pérdida de conexiones aéreas para llegar a territorio insular. Estos problemas logísticos en el transporte –si los bombardeos se prolongan– también podrían limitar la llegada de visitantes en sentido contrario, hacia las islas, aunque el flujo de turistas es menor desde el hemisferio Oriental.

Posible subida de los billetes aéreos

De darse este supuesto de que el conflicto se prolongue, el presidente de la Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares (AVIBA), Pedro Fiol, explica que las agencias deberán notificar a sus clientes posibles recargos por combustible en algunos billetes de avión. Un suplemento que afectaría tan sólo a las reservas que aún no se han emitido —es decir, aquellas que siguen en estado de reserva—, y a las que las aerolíneas pueden aplicar el incremento del carburante hasta 21 días antes de la fecha del vuelo.

Más allá de estos ajustes en el transporte, el sector da por seguro un primer impacto económico derivado del aumento del precio de la energía, provocado por el encarecimiento del petróleo y del gas natural. “Esto afectará [y ya está afectando] a la operativa interna de las empresas”, señala el vicepresidente de la CAEB. El encarecimiento energético puede trasladarse al conjunto de la economía a través de la inflación, incrementando los costes de producción en distintos sectores. En el caso del turismo, los más expuestos serían hoteles, transporte, restauración y comercio. “Pase lo que pase, este impacto ya se ha producido y, si no se detiene, irá a más”, advierte Rosselló.

El encarecimiento energético puede trasladarse al conjunto de la economía a través de la inflación, incrementando los costes de producción en distintos sectores. En el caso del turismo, los más expuestos serían hoteles, transporte, restauración y comercio

El aumento del precio del combustible ya se está trasladando a los costes del transporte, un factor crítico para las Pitiusas, especialmente para Formentera, donde la insularidad triple hace que la dependencia logística sea mayor. Según la naviera Baleària, llenar los camiones que llegan a los puertos baleares supondrá entre 80 y 100 euros más por trayecto, mientras que Trasmed ha confirmado a elDiario.es un incremento del 10 al 15% en el transporte de mercancías, que podría trasladarse a los precios finales si la tendencia alcista se mantiene.

Según la naviera Baleària, llenar los camiones que llegan a los puertos baleares supondrá entre 80 y 100 euros más por trayecto, mientras que Trasmed confirma un incremento del 10 al 15% en el transporte de mercancías, que podría trasladarse a los precios finales

Menor beneficio que otras temporadas

“Las empresas isleñas somos muy sensibles a esto, porque prácticamente todo llega por vía aérea o marítima”, apunta Rojo. El aumento de los carburantes también preocupa al sector hotelero, aunque por el momento mantiene una actitud optimista. “Está subiendo mucho, pero podría favorecer los viajes de proximidad”, añade por su parte la presidenta de la Federación Hotelera de las Pitiusas.

Está subiendo mucho [el precio del carburante], pero podría favorecer los viajes de proximidad

Maria Costa — Presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Eivissa y Formentera

El incremento de costes ya está afectando la rentabilidad de muchas empresas en las Pitiusas. Algunas patronales apuntan que, en comparación con años anteriores, los beneficios podrían ser menores, e incluso existe la duda de si será posible “empatar” económicamente con otras temporadas. La opción de repercutir estos costes al precio final aún no se ha planteado de forma generalizada, debido al riesgo de afectar la demanda: “En destinos como Eivissa, donde los precios ya son elevados, el margen de maniobra es limitado. Muchas veces no queda otra que asumir parte de los costes”, explica Rosselló.

Además, las pymes muestran especial preocupación por el posible impacto económico del conflicto internacional y la llegada de una recesión de gran magnitud, que podría afectar a España y a la Unión Europea (UE). No obstante, recuerdan que el turismo suele resentirse menos que otros sectores y que las vacaciones continúan siendo una prioridad para muchas familias, aunque podrían ajustarse los días de estancia o buscar opciones más económicas. La principal inquietud es que la situación genere incertidumbre entre los viajeros europeos, lo que podría retraer la demanda incluso dentro del continente.

En destinos como Eivissa, donde los precios ya son elevados, el margen de maniobra es limitado. Muchas veces no queda otra que asumir parte de los costes”, explica .

José Antonio Rosselló — Vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) en las Pitiusas

Ayudas del Gobierno

Las principales patronales del sector, la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas (Fetave) y la Unión Nacional de Agencias de Viajes (UNAV), han solicitado al Gobierno un paquete urgente de ayudas de unos 400 millones de euros para paliar el impacto del conflicto en Oriente Medio. Las organizaciones, que agrupan más de 5.000 puntos de venta en toda España, plantean medidas como una línea extraordinaria de financiación del ICO de 250 millones de euros a tipo preferente, un fondo de compensación de 120 millones para cubrir pérdidas derivadas de cancelaciones y reembolsos, así como ERTE específicos y ajustes fiscales para las agencias afectadas. Según explican, la crisis no solo afecta a los destinos directamente implicados en el conflicto, sino que también está alterando la conectividad aérea hacia Asia, África y Oceanía.

Por su parte, el Gobierno ha comunicado que este viernes aprobará en un Consejo de Ministros extraordinario un plan de respuesta integral ante la guerra en Oriente Medio, con medidas estructurales y coyunturales destinadas a proteger a los sectores más afectados por la subida de precios y a los colectivos más vulnerables. El Ejecutivo mantiene además contactos con los grupos parlamentarios, los agentes sociales y los sectores expuestos a las consecuencias económicas del conflicto.

Un escenario muy inestable

Las patronales coinciden en que todo dependerá de la evolución del conflicto y de la recuperación del tráfico internacional. “Ahora mismo una parte importante de la flota aérea mundial no está operando con normalidad, especialmente las compañías que conectan con Asia desde Oriente Medio”, señalan, por lo que el impacto final todavía es difícil de prever. Desde el sector hotelero reconocen que la situación es “muy cambiante” y que, por el momento, más que preocupación hay “expectación”: “Una parte importante de nuestras reservas se suele hacer más adelante, así que quizás esto también nos beneficie. En las próximas semanas tendremos más información sobre qué pasa, porque ahora mismo está todo en el aire”, añaden.

De momento, los efectos del conflicto en Oriente Medio sobre la temporada turística todavía son una incógnita, añade en la misma línea Rosselló: “Siendo realistas, en este momento cualquier valoración es muy incierta, porque esto no ha hecho más que empezar”. A esta incertidumbre se suma otro factor: la Semana Santa temprana de este año y muchos establecimientos están demorando la apertura, lo que dificulta por ahora tener datos claros sobre el comportamiento del inicio de temporada.

El presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, quiso trasladar durante la feria turística ITB Berlín, la primera semana de marzo, un mensaje de “tranquilidad” al sector turístico ante la escalada del conflicto en Oriente Medio y aseguró que la situación no estaba afectando a las expectativas de negocio para la isla. Sin embargo, la guerra se ha intensificado en los últimos días y es muy difícil determinar cuánto se prolongará. 

6 de diciembre de 2024. La mañana se presenta como otra más en este hotel de cinco estrellas de Portals Nous, considerada la zona turística más exclusiva de Mallorca. Sin embargo, al acudir a su puesto de trabajo en el restaurante del establecimiento, los empleados se encuentran una escena inesperada: la sociedad que explota el negocio lo ha cerrado y su interior ha sido prácticamente vaciado. Al cabo de un momento, la plantilla, unas 50 personas entre camareros, cocineros y personal de servicio, recibe un mensaje del consejero delegado de la empresa que los tenía contratados: “Hola, equipo. Escribo esto con mucho pesar para informaros de que, a pesar de todos los esfuerzos que hemos realizado, hemos tenido que tomar la difícil decisión de cesar las operaciones [...] con efecto inmediato”. Y añade: “Con los problemas de flujo de caja actuales, simplemente no es viable seguir adelante”. La plantilla acaba de descubrir que la mercantil, Merchants by Five, ha cerrado de forma abrupta el restaurante y que su trabajo ha desaparecido.

“Fue una locura, nadie sabía nada. Todo el mundo se enteró ese mismo día”, relata Óscar, uno de los empleados del hotel que vivió el episodio desde dentro. A las afueras del espacio que antes ocupaba The Merchants by the Sea -como se llamaba el restaurante-, el trabajador recuerda que una clienta bajó a desayunar como cualquier otro día y se dirigió a recepción: “Preguntó por el desayuno y le dijeron que no había, que ya no se servía porque el restaurante había cerrado”. Fue la espita que hizo saltar las primeras alarmas. El restaurante, que gestionaba el servicio de desayunos del hotel, dejó de funcionar de un día para otro y obligó al establecimiento a reorganizar sobre la marcha el servicio de restauración para los huéspedes alojados en él.

“De repente no había desayuno. Tuvimos que improvisar y hasta la recepción y los botones acabaron sirviendo los cafés”, recuerda Óscar, entonces presidente del comité de empresa. Algunos días, añade, el establecimiento hotelero optó incluso por trasladar a sus huéspedes a desayunar a un club de pádel próximo. La situación se volvió aún más tensa cuando los responsables de Merchants by Five, vinculada al proyecto gastronómico Five Senses Hospitality, comenzaron a llevarse los materiales. “Ese mismo día empezaron a sacar cosas de allí. Mercancía, equipamiento… parecía que lo estaban desvalijando”, relata el trabajador. elDiario.es ha intentado ponerse en contacto con la empresa, pero no ha obtenido respuesta.

De repente no había desayuno. Tuvimos que improvisar y hasta la recepción y los botones acabaron sirviendo los cafés"

Óscar — Presidente el comité de empresa en el momento de los hechos

La Justicia da la razón a la plantilla

Un año y un mes después, la Justicia ha dado la razón a la plantilla. El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha declarado nulos los despidos al concluir que la empresa Merchants by Five extinguió de facto los contratos de todos los trabajadores sin seguir el procedimiento legal previsto para un despido colectivo contemplado en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. Es decir, cerró el negocio y prescindió de la plantilla sin abrir el pertinente periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, previsto con el objetivo de negociar, durante al menos 30 días, posibles medidas para evitar o reducir los despidos o mejorar las condiciones de salida, como indemnizaciones o recolocaciones. La empresa tampoco justificó documentalmente las causas económicas que motivaban el cierre del restaurante. Simplemente echó la persiana, extinguió los contratos de los empleados y los dio de baja de la seguridad social.

La empresa cerró el restaurante y prescindió de la plantilla sin abrir el pertinente periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, previsto con el objetivo de negociar, durante al menos 30 días, posibles medidas para evitar o reducir los despidos o mejorar las condiciones de salida, como indemnizaciones o recolocaciones. Tampoco justificó documentalmente las causas económicas que motivaban el cierre

No solo eso. La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, subraya que el restaurante no era un negocio aislado, sino parte de lo que la jurisprudencia laboral denomina un “grupo patológico de empresas”: aunque formalmente independientes, funcionan en la práctica como una sola organización empresarial. En este caso, los trabajadores prestaban servicios para distintas mercantiles del grupo, elaboraban en la misma cocina productos para vender, servir o ser utilizados en otros centros de ocio y restauración del conglomerado y contaban con una dirección empresarial común, además de mantener relaciones económicas entre las distintas sociedades, elementos que llevan a los magistrados a extender la responsabilidad laboral a varias empresas vinculadas a Five Senses Hospitality: Merchants by Five SLU, Mediterasian by Five SL, Five Senses Lifestyle SL, Number 1 HO by Five SL, Five Senses Hospitality SL. y Five Senses Catering & Events SL.

“Todo lo anterior nos permite apreciar que estamos ante un uso abusivo de la dirección unitaria, pues sin forma definida se instrumentaliza este entramado societario para deslindar responsabilidades en el uso abusivo de la contratación de los trabajadores, y bajo una dirección unitaria indescifrable y confusa, con los perjuicios que ello supone para los trabajadores en cuanto a sus condiciones de trabajo, con modificaciones impuestas del lugar de prestación de servicios, horarios, identificación del verdadero empleador, impidiendo recibir la formación adecuada -tanto para la correcta prestación de servicios, como efectos de prevención de riesgos para cada centro de trabajo. Y, finalmente, incluso para eludir responsabilidades como en caso de un despido colectivo”, subraya la sentencia dictada por la Sala de lo Social.

La sentencia subraya que el restaurante no era un negocio aislado, sino parte de lo que la jurisprudencia laboral denomina un "grupo patológico de empresas": aunque formalmente independientes, funcionan en la práctica como una sola organización empresarial

El tribunal se apoya en varias sentencias del Tribunal Supremo que establecen que un grupo deja de ser una organización empresarial neutra o legítima cuando sus sociedades funcionan en la práctica como una sola estructura para eludir responsabilidades laborales, pasando a convertirse en un instrumento para cometer fraude o abuso de derecho.

De Londres a Mallorca

Tras el grupo Five Senses se encuentran los empresarios Edgar Lagassi, Andrius Kulbokas y Mariusz Szymecki, quienes han desarrollado buena parte de su carrera en el sector de la restauración de lujo en Londres antes de trasladar su proyecto a Mallorca. Allí trabajaron en restaurantes y clubes privados de alto nivel vinculados al ocio y la hostelería de gama alta, un entorno que en la última década ha servido de escuela para numerosos empresarios del sector gastronómico internacional. Tras esa etapa en Reino Unido, los tres socios impulsaron en Palma un proyecto orientado a crear conceptos gastronómicos vinculados al turismo premium y a hoteles boutique, abriendo en 2020 el restaurante The Merchants–Steak & Grill, situado en el hotel Palacio Can Marqués, en el casco histórico de Palma, y dirigido al turismo internacional y a una clientela de alto poder adquisitivo. También cuentan con el restaurante Canela, el asiático KOH Palma, el espacio gastronómico Wineing o el Beatnik.

Caviar a 125 euros y wagyu a 180

En Portals Nous, Five Sense presentó The Merchants by the Sea como la versión costera de The Merchants. Abrió sus puertas en 2024 con una carta que reflejaba su apuesta por un público con alto poder adquisitivo: caviar Oscietra a partir de 125 euros, wagyu japonés por 180, torres de marisco por 140 euros y botellas de champán que superaban los 500 euros. La apuesta respondía a una tendencia creciente en destinos turísticos como Mallorca, donde hoteles y empresas gastronómicas externalizan su restauración a grupos que suelen crear sociedades distintas para cada proyecto o establecimiento, lo que permite separar la gestión de cada negocio y limitar riesgos empresariales. Apenas unos meses después, The Merchants by the Sea cesaba por completo su actividad sin más explicación que un mensaje de texto. Pese al conflicto laboral y el cese de la actividad, la web del establecimiento sigue activa y en ella puede leerle: “Cerrado por temporada”.

Rafa Huete, representante de UGT que participó en el caso, recuerda que el sindicato se enteró de lo ocurrido cuando recibió una llamada de Óscar. “Me llamó y me dijo: 'Vente para acá, que tenemos un problema con los trabajadores'”, relata. Cuando llegó al establecimiento se encontró con decenas de empleados del restaurante sentados en las escaleras del hotel. “Había unas 35 personas allí porque les habían cerrado las puertas y no podían entrar a trabajar”. Sin embargo, los trabajadores ya sospechaban que algo estaba pasando: en recepción habían visto entrar a primera hora a varias personas que cargaban cajas en una furgoneta: “Estaban sacando todo: la vajilla, el material… hasta la lechuga de las neveras”.

“Los dejaron a su suerte sin ningún tipo de explicación”, lamenta Huete, responsable del departamento de Servicios, Movilidad y Consumo (SMC) de UGT en Calvià. Tras aquel episodio, el sindicato mantuvo una reunión con los trabajadores para decidir cómo actuar y decidieron denunciar. Para el representante sindical, el cierre del negocio y el despido de la plantilla se produjeron sin transparencia por parte de la empresa y dejaron a los trabajadores en una situación de gran incertidumbre. Sin embargo, el paso del tiempo ha cambiado la situación de muchos afectados. Algunos de ellos comenzaron a trabajar en otros lugares y, ahora, el propio hotel que subcontrató los servicios del restaurante, The Donna Portals, se encuentra conversando en la actualidad con algunos de los antiguos trabajadores para que puedan cubrir el servicio de restauración tras la desaparición del restaurante externalizado.

El Grupo Damm ha comunicado este martes a la plantilla su intención de cerrar en 2026 la histórica industria láctea mallorquina Agama, aunque sin concretar una fecha definitiva para el cese de la actividad. El anuncio llega meses después de que la cervecera comunicase que dejaría de comprar leche a las tres vaquerías mallorquinas que distribuyen a Agama, una decisión que ya encendió todas las alarmas entre trabajadores y ganaderos.

La compañía ha trasladado a la representación legal de los trabajadores el inicio de un procedimiento de despido colectivo conforme a la normativa vigente, aunque asegura que trabaja en un plan de recolocación para los 16 empleados de la planta de Palma en distintas empresas del grupo con el objetivo de minimizar el impacto laboral. Los empleados, por su parte, han lamentado la decisión adoptada, aunque admiten con resignación que se trata de un anuncio que “se veía venir”.

Durante los últimos meses, los trabajadores han trabajado en una propuesta que consideraban viable: dejar Agama en manos de la plantilla mediante un puente financiero de 1,2 millones de euros, equivalente a los fondos públicos que Damm debe devolver si cesa su actividad, y que los trabajadores proponían reinvertir en dar continuidad a la marca bajo un modelo cooperativo. Sin embargo, el delegado de Personal y Prevención de CCOO de Agama, Jesús Ávila, lamenta que no ha habido reuniones conjuntas que permitieran hacer realidad la propuesta, lo que ha impedido construir y defender adecuadamente la iniciativa.

“Así es inviable”, recrimina Ávila en declaraciones a elDiario.es, convencido de que había fórmulas para intentar sostener el proyecto. En esta línea, lamenta la falta de respuesta por parte de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en las últimas semanas, asegurando que se ha trabajado en la fórmula de una empresa público-privada que permitiera reforzar la cadena de valor y sostener las explotaciones lecheras vinculadas a la industria.

“Nos hemos volcado con la empresa. Hay personas que entraron con 18 años y se iban a jubilar aquí. Es un oficio que se va a perder”, incide, ilustrando el impacto que supone el cierre de una marca que durante décadas ha formado parte de la memoria colectiva obrera y campesina de Mallorca. En cuanto a los ERE, Ávila señala que algunos trabajadores podrían acogerse a las recolocaciones ofrecidas, aunque advierte de que el expediente podría ser impugnado.

Desde el grupo, por su parte, atribuyen el cierre al incremento sostenido de los costes de producción, la caída del consumo de marcas de mayor precio y las dificultades logísticas derivadas de la insularidad, lo que, aseguran, ha erosionado la competitividad de la industria local y ha impactado de forma directa en la inviabilidad económica de Agama tras 10 años de gestión.

Uno de los elementos clave, según señalan fuentes de Damm a Europa Press, es la estructura del mercado: el precio del litro de leche de kilómetro cero -con origen en Mallorca- es aproximadamente un 50% superior al de la marca blanca y un 18% más caro que la marca de fabricante líder, ambas procedentes de la Península. Como consecuencia, más del 95% de la leche que se consume actualmente en Mallorca procede de fuera de la isla, lo que ha ido arrinconando a la producción local.

“¿Qué pueblo se permite cerrar su industria lechera?”

En 2017, Agama fue adquirida por el grupo cervecero y, tras años de subidas y bajadas, el pasado 26 de septiembre la empresa comunicó a las tres vaquerías de Mallorca que abastecen a la marca su intención de dejar de comprarles leche a partir de diciembre de 2026. “¿Qué pueblo se permite cerrar su industria lechera? Si cierra Agama, será un atentado contra la soberanía alimentaria de Balears”, recriminan entonces las asociaciones que representan a los payeses de Mallorca.

La empresa asegura haber intentado revertir esta tendencia promoviendo el consumo de producto local y apoyando al sector primario, invirtiendo más de ocho millones de euros en la modernización y digitalización de la fábrica de Palma, mejorando la eficiencia y sostenibilidad de la cadena productiva. Sin embargo, tras una década de gestión, el grupo considera que el proyecto ha dejado de ser viable económicamente.

Agama nació en 1958 como una asociación de productores locales con el objetivo de industrializar la leche mallorquina, pasteurizarla y distribuirla bajo una marca reconocida. El boom turístico registrado en la mayor de las Balears, el incremento de la población y la modernización de la agricultura generaron el contexto perfecto para poner en marcha una cooperativa que integrase producción, recogida y distribución, de modo que los ganaderos de distintas zonas de la isla decidieron unirse para impulsar una industria que asegurara precios estables y control sanitario. Agama trajo consigo la tecnificación del proceso (centrifugado, pasteurización, envasado en botella de vidrio) y la centralización de la recogida, convirtiéndose en un símbolo de modernización del campo mallorquín.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 706 personas en febrero en Balears en relación al mes anterior (-2,52%) y en 2.068 personas en relación al segundo mes del año pasado (-7,03%) y se sitúa en los 27.339 parados, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En febrero, los sectores con más parados son Servicios (20.357 con 862 menos que en diciembre), Construcción (3.095 con 7 más), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (330 y 23 menos) e Industria (1.187 y 22 parados menos).

En cuanto a sexos, de los 27.339 desempleados registrados en febrero, 15.560 fueron mujeres y 11.779, hombres. El paro entre los jóvenes menores de 25 años se situó en 3.697 personas de los cuales 2.024 son hombres y 1.673 son mujeres.

En el segundo mes del año, el paro entre los extranjeros se situó en 6.173 personas tras bajar un 6,71% respecto a enero y un 4,50% en comparación con el año anterior.

Contratación

En febrero se registraron 22.553 contratos en Balears, un 5,45% menos que el año anterior. De todos ellos, 15.514 fueron contratos indefinidos (-2,60%) y 7.039, contratos temporales (un 11,19% menos).

Por otro lado, el archipiélago registró en el pasado mes de febrero 505.280 afiliados a la Seguridad Social, 13.529 más que el mes anterior (+2,75%), según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En términos interanuales, la afiliación en la Comunidad Autónoma se ha incrementado en 9.742 trabajadores respecto a febrero de 2025, un 1,97% más.

En Balears, el régimen general de la Seguridad Social cuenta con 401.866 cotizantes, de los cuales 7.874 están registrados como trabajadores del hogar y 2.266 como trabajadores agrarios. Además, hay 101.550 personas inscritas en el régimen de autónomos y 1.864 en el de trabajadores del mar.

Por otro lado, en febrero había en el archipiélago balear 122 trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), 61 mujeres y 61 hombres.

En el conjunto de España, el número de afiliados a la Seguridad Social ha sido de 21.670.636 afiliados medios. El mercado laboral ha sumado 474.482 trabajadores en el último año, 97.004 solo en el último mes.

La crisis de vivienda como consecuencia de la gentrificación urbanística tiene singularidades propias en Eivissa y Formentera que no existen o son residuales en otras regiones del territorio nacional. Desde hace unos años, la patronal de la Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa i Formentera (PIMEEF), que aglutina a unas 1.500 empresas de ambas islas, se ha convertido en una especie de “avalista” para garantizar que sus trabajadores tengan una vivienda digna en la que vivir. Es una realidad contemplada también –en algunos casos– por las empresas públicas. El Parador de Ibiza –que depende del Ministerio de Industria y Turismo– destinará 25 de las 66 habitaciones del hotel para sus trabajadores y trabajadoras, como señalan fuentes del Ministerio.

La patronal de la pequeña y mediana empresa da empleo a 8.000 trabajadores en otoño e invierno, una cifra que aumenta hasta los 13.000 empleados cuando llega la temporada turística. La fórmula es la siguiente: la patronal se encarga de alquilar directamente pisos como asociación empresarial, que a su vez destina a quienes no pueden lidiar ante las condiciones abusivas a las que se enfrentan debido a un mercado desbocado. El año pasado, el 35% de las empresas asociadas proporcionaban alojamiento propio para sus trabajadores o alquilaban pisos que ponían a su disposición, según datos de la patronal.

El año pasado, el 35% de las empresas asociadas proporcionaban alojamiento propio para sus trabajadores o alquilaban pisos que ponían a su disposición

Alfonso Rojo, presidente de la PIMEEF, es un empresario con muchas décadas de experiencia en el sector de la alimentación, que en los últimos años ha redoblado sus críticas tanto ante la inacción política como contra la especulación ilimitada.

–¿Hace cuánto tiempo que ofrecen esta “solución” (parche) a sus trabajadores?

–En primer lugar, hay que decir que los problemas de vivienda se agravan en Formentera por la triple insularidad, que en Eivissa es doble. Si un empresario alquila un piso por 1.500 euros –para luego alquilarlo a sus trabajadores–, en Formentera podemos hablar de 2.400 euros.

En el mes de febrero, el precio de la vivienda de segunda mano ha aumentado un 0,5% respecto al mes anterior, así como un 9,9% en relación al mismo mes del año anterior, según los datos de un portal inmobiliario. En cuanto al alquiler, el precio ha subido un 7,9% en febrero respecto al mismo mes del año anterior, como recoge otra conocida empresa del sector. Los datos apuntan a que el metro cuadrado está en torno a los 19,5 euros. Es decir, cerca de 1.600 euros por un piso de 80 metros cuadrados. Sin embargo, en los portales inmobiliarios citados, por ese precio o debajo solo hay 66 pisos en alquiler ahora mismo. Todos son de temporada. No parece haber solución para ambas islas hasta que se aborde la turistificación desde su raíz.

Rojo conoce la evolución turística al dedillo y sabe demasiado bien cuáles son los principales problemas que arrastran las dos islas que están más al sur del archipiélago balear. Empieza a enumerar qué es lo que puede ofrecer cada empresa a sus trabajadores, como complemento relacionado con el servicio que ofrece a sus clientes. Un hotel puede ofrecer (y lo hacía históricamente) alojamiento a sus trabajadores. Un restaurante puede ofrecer al menos una comida por día trabajado, durante el descanso entre turno y turno. Un taller mecánico puede ofrecer algún tipo de reparación de su vehículo. “Hay sectores muy concretos que pueden ofrecer esas actividades”, añade.

Desde hace un tiempo el sector de la restauración, detalla el empresario, también empezó a ofrecer vivienda a sus trabajadores, sobre todo cuando necesitaba mucha mano de obra de fuera. “Esta situación ya se ha generalizado”, analiza el portavoz de la patronal. “Hemos detectado que antes de la pandemia, en 2018 y 2019, los trabajadores de temporada ya tenían muchos problemas para alquilar una vivienda”, asegura.

Rojo detalla que ese problema se empieza a intensificar como consecuencia del alquiler turístico ilegal. “Viviendas que no tenían licencia, pero se alquilaban a turistas”, afirma. Cabe señalar que Eivissa es la única isla de las cuatro que prohíbe totalmente el alquiler turístico en viviendas plurifamiliares. Es decir, en pisos que forman parte de un bloque residencial. Las excepciones son las casas, normalmente en el campo, si disponen de una licencia que debe otorgar el Consell Insular, además de los bloques enteros de apartamentos vacacionales, que también están regulados. El resto de islas limita, pero no prohíbe.

Eivissa es la única isla de las cuatro que prohíbe totalmente el alquiler turístico en viviendas plurifamiliares. Es decir, en pisos que forman parte de un bloque residencial. Las excepciones son las casas, normalmente en el campo, además de los bloques enteros de apartamentos vacacionales

Para dar una imagen general sobre la situación, apunta a una evidencia: las pequeñas empresas, al tener menos de 50 trabajadores, tienen un funcionamiento en el que hay más cercanía entre empleados, cargos medios y jefes. “¿Qué es lo que pasa? Que te enteras de sus problemas. Te das cuenta de que un piso que antes se alquilaba por 800 euros ha pasado a costar 1500. La gente ya no puede acceder a esas condiciones”, valora Rojo. Las dificultades aumentan también para los trabajadores extranjeros, aunque su situación esté regularizada en España y cuenten con un permiso de trabajo. “Tenemos trabajadores senegaleses, colombianos o argentinos que llevan entre seis y ocho años trabajando con nosotros. Pues normalmente los propietarios suelen ser reticentes a alquilar”, lamenta el empresario.

Tenemos trabajadores senegaleses, colombianos o argentinos que llevan entre seis y ocho años trabajando con nosotros. Pues normalmente los propietarios suelen ser reticentes a alquilar

Alfonso Rojo — Presidente de la PIMEEF

Dificultades para cerrar la plantilla

El Parador de Turismo de Ibiza –situado en Dalt Vila, en pleno corazón del centro histórico, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco– abrirá sus puertas la semana que viene: el 10 de marzo. Es un complejo hotelero que pertenece a la cadena pública estatal: un establecimiento de 66 habitaciones, de las cuales 41 se destinarán a los clientes y 25 a sus trabajadores. Fuentes del Parador responden a este diario que el dato concreto de los trabajadores alojados en el hotel “dependerá de la demanda”. Es decir, de su ocupación. Las obras empezaron en 2008, aunque se han ido retrasando debido a sucesivos problemas, sobre todo relacionados con los descubrimientos de restos arqueológicos, como informó este diario.

El Parador de Turismo de Ibiza, de 66 habitaciones, dedicará 41 a los clientes y 25 a sus trabajadores

En lo que se refiere al personal, Turespaña –el organismo público que depende del Ministerio– tuvo problemas al principio para cerrar su plantilla. En mayo de 2025, solo consiguió cubrir 17 de los 41 puestos de trabajo, tras haber lanzado una Oferta de Empleo Público. Sin embargo, fuentes de la Secretaría de Estado de Turismo señalaron a finales de año que se estaban confirmando todas las incorporaciones –algunas de ellas en puestos clave– y que se estaba ajustando el personal definitivo a las necesidades operativas de cara a la apertura durante el mes de marzo.

El Parador de Ibiza se inauguró el 23 de febrero, aunque hasta el 10 de marzo no acogerá a huéspedes entre sus paredes y habitaciones. Las obras han tenido un coste final de 43,2 millones de euros, debido a los descubrimientos arqueológicos, que ha supuesto “una de las mayores excavaciones arqueológicas de los últimos años en España”, además de “la rehabilitación de patrimonio histórico de Dalt Vila, que ahora se abrirá al público gracias a su musealización en un centro de interpretación”.

“No será un parador más, será el primero que se abre en Balears y su apertura lo convertirá además en una de las grandes joyas de la red de Paradores en España”, destacó Rosario Sánchez, secretaria de Estado de Turismo, que añadió que, por sus características, “este establecimiento será un nuevo referente turístico, patrimonial de la isla y abrirá con una clara vocación de fomentar este interés en Ibiza y atraer un turismo cultural respetuoso con el entorno y el legado histórico”.

Rojo: “Nuestros trabajadores tienen dificultades”

Pese a que hace años que empresarios de diferentes sectores ofrecen o buscan viviendas para sus trabajadores, fue en 2022, cuando el país estaba saliendo de la pandemia de coronavirus, cuando PIMEEF se organizó como patronal de la pequeña y mediana empresa para hacer un llamamiento. “Nos estamos encontrando con que nuestros trabajadores tienen dificultades para alquilar. Si usted tiene el piso vacío, nos interesa alquilarlo”, fue el anuncio. “Recibimos casi medio centenar de llamadas de gente que tenía pisos vacíos y estaba dispuesta a alquilar el suyo a una empresa”, atestigua el presidente de la patronal. 

En 2022, la patronal puso un anuncio: 'Nos estamos encontrando con que nuestros trabajadores tienen dificultades para alquilar. Si usted tiene el piso vacío, nos interesa alquilarlo'. 'Recibimos casi medio centenar de llamadas de gente que tenía pisos vacíos y estaba dispuesta a alquilar el suyo a una empresa', atestigua el presidente

Según este pequeño empresario, una de las razones es que a ojos de los caseros las empresas ofrecen “mayor seguridad jurídica”. “Alquilo mi piso a una empresa que conozco desde hace 20 años y de la cual me fío”, es el razonamiento, indica Rojo. Esto ha generado también más tranquilidad entre los empleados que se han podido beneficiar de esta iniciativa. “Así nuestros trabajadores no están siendo ninguneados, ni se enfrentan a la piratería de la gente que se dedica al realquiler de habitaciones”, afirma enfadado.

–¿Por qué está fallando el programa Alquiler Seguro del Govern balear? Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo ofrecer confianza y seguridad a propietarios e inquilinos, así como de sacar al mercado laboral los pisos que ahora mismo están vacíos.

–Creo que es una herramienta válida, lo que pasa es que la administración es menos ágil que una empresa privada, debido a los plazos burocráticos. Además, no olvidemos que mucha gente prefiere sacar un rendimiento económico muy superior en el “mercado negro”, responde Rojo.

En algunos casos, algunas empresas prefieren perder dinero antes que quedarse sin trabajadores. Es decir, ofrecen las habitaciones a un precio inferior al que correspondería si quisieran cubrir gastos, como ya contó una trabajadora a este diario, que va saltando de piso en piso por la especulación en torno a la vivienda.

–Me dijo que los 500 o 600 euros restantes los pagaba la empresa.

–Si alquilamos un piso de tres habitaciones por 1.500 euros, cobramos 400 a cada trabajador que entra en cada habitación. A veces también asumimos gastos de agua, luz e internet. Es habitual cobrar un 70 u 80% del precio total del piso.

En los portales inmobiliarios, ahora mismo no hay alquileres de pisos de tres habitaciones a ese precio. El propio empresario afirma que en ocasiones las viviendas están en torno a los 2.000 euros, cuando hace cinco o seis años se podían alquilar por mucho menos.

–¿No hay propietarios que se están pasando, que solo piensan en ganar dinero?

–Alquilar una propiedad puede ser legítimo. Pero se ha pasado de cobrar 1.200 a 1.800 o más. E incluso más de 2.000 euros al mes. Estamos en un bucle. Son horquillas que no son normales.

Si alquilamos un piso de tres habitaciones por 1.500 euros, cobramos 400 a cada trabajador que entra en cada habitación. A veces también asumimos gastos de agua, luz e internet. Es habitual cobrar un 70 u 80% del precio total del piso

Alfonso Rojo — Presidente de la PIMEEF

Rojo aporta otra derivada más. En sus declaraciones públicas, a menudo exige mayor implicación de las administraciones públicas para asegurar una vivienda digna a los trabajadores públicos: del sector educativo y sanitario, pero también policías, funcionarios de justicia, y de otros sectores. “Si no tenemos buenos servicios públicos, vamos a tener todas las carencias”, advierte.

“Hay muchos responsables, no uno solo. Todo aquel que realquila o está en el alquiler turístico ilegal, no tributa. Eso no puede ser. Todas nuestras empresas tributan y pagan impuestos. Hay pisos alquilados sin contrato, que no están fiscalizados”, lamenta. “Por eso también pedimos un plus de insularidad justo y equilibrado, de 450 euros, en Balears”, dirigido a los funcionarios públicos. “Si en Madrid alguien no entiende esto, el problema es de nuestros políticos locales que no han sabido explicarlo bien”, apostilla.

Una temporada turística temprana

Eivissa y Formentera son dos islas cuyas dinámicas son muy estacionales, por lo que entre noviembre y marzo se viven los meses más calmados y tranquilos. Hasta que llega la Semana Santa. Con ella, la apertura de muchos negocios que solo abren durante la primavera y el verano, unidos a las aperturas de las grandes discotecas, el gran reclamo de centenares de miles de personas para las que las islas son un espacio de desmadre y libertinaje. Y de grandes beneficios para empresarios locales, nacionales y extranjeros que viven de exprimir a la gallina de los huevos de oro.

“Quienes tenemos abierto todo el año ya estamos en la dinámica [de trabajo]. Tendremos nuestras plantillas, con fijos discontinuos, casi operativas para el inicio. Los negocios de temporada es fácil que estén al 50% [de su plantilla final]”, analiza Rojo. El presidente de PIMEEF pone otra fecha clave, más allá de la Semana Santa, que marcará el inicio del turismo en la isla: los openings de las grandes discotecas. “En mayo todos los negocios estarán abiertos, pero los de temporada tendrán las plantillas a medio gas. Yo animo a contratar cuanto antes porque puede pasar que lleguemos a mediados de mayo y ya no encuentres trabajadores disponibles”, advierte el empresario.

Yo animo a contratar cuanto antes porque puede pasar que lleguemos a mediados de mayo y ya no encuentres trabajadores disponibles

Alfonso Rojo — Presidente de la PIMEEF

Por otro lado, considera que, cuanto más tiempo de contrato ofrece el empresario a un trabajador, mayores posibilidades tiene de que el empleado quiera mantenerse en la empresa. En una isla donde el volumen de negocio oscila en función de los visitantes que hay en ella, algunos optan por incrementar en los meses de mayor actividad, aunque el presidente de PIMEEF cree que “hay que ofrecer mayor calidad de empleo a base de ofrecer un tiempo más largo de contratación”.

Tú te esfuerzas para generar empleo y dar calidad a un servicio. Y luego ves a los sinvergüenzas del realquiler y es injusto. No podemos permitir esto como sociedad

Alfonso Rojo — Presidente de la PIMEEF

“Todo el mundo quiere ganar mucho dinero, pero en las pequeñas empresas, donde hay más proximidad con el empleado, sabemos que los trabajadores valoran más a los negocios que también se preocupan por ellos”, sostiene. “Los empresarios estamos sujetos a muchas obligaciones. Dedicamos esfuerzo a hacer las cosas bien. Me duele ver cuando otros se aprovechan de los trabajadores en la economía sumergida”, lamenta Rojo. “Tú te esfuerzas para generar empleo y dar calidad a un servicio. Y luego ves a los sinvergüenzas del realquiler y es injusto. No podemos permitir esto como sociedad”, señala. Y vuelve a destacar el problema del alquiler turístico ilegal. De ambas situaciones se benefician lamentablemente tanto los propietarios como los inquilinos que subalquilan.

Lorenzo Frau montó su Nikon sobre el trípode y empezó a disparar en ráfaga hasta que una nube de polvo lo envolvió. Era el 17 de febrero de 1996 y en el carrete había capturado unas imágenes que nada tenían que ver con los encargos que recibía a diario en la redacción de Diario de Mallorca. Quinientos detonadores y sesenta kilos de Goma-2 habían convertido al Atlantic en una montaña de escombros. Cinco plantas cayeron a plomo y un grupo de políticos –autoridades estatales, insulares, municipales– aplaudieron cuando cesó el ruido. Horas más tarde, al revelar las fotografías, Frau –todo un veterano del periodismo– ya podía intuir que tenía entre manos unos documentos históricos: había visto desaparecer el primer hotel que construyeron en Magaluf. 

“Allí donde estaba el hotel había una pineda que los de mi generación, que ya tenemos más de ochenta, recordamos bien porque los niños que crecimos en Calvià pueblo bajábamos a esas playas con la bicicleta y nadábamos cuando empezaba a hacer calor. Había algún chalé, alguna possessió, una tía mía abrió un bar, que fue el primero que hubo en la zona… pero no había hoteles en los cincuenta. El primero, en la playa de al lado, fue el Playa de Palmanova, en el 58, y un año y pico más tarde abrieron el Atlantic”, explica Toni Pellicer. 

Después de ver cómo construían el Atlantic durante el comienzo de su adolescencia, este jubilado estuvo involucrado en su demolición. Pellicer era concejal en el gobierno socialista que decidió entrar en el mercado inmobiliario para comprar un hotel que se había quedado “obsoleto”. El objetivo era “esponjar” –“Un verbo que no se utilizaba hasta entonces”, precisa Pellicer– unas playas que en menos de dos décadas se habían llenado de cemento. Se invirtieron 265 millones de pesetas para ganar un espacio de 6.500 cuadrados. Hoy –a pesar de un abandono que duró años– es una plaza. Dice Pellicer: “En los noventa, era imposible devolver a Magaluf a su estado original, pero creo que algo se consiguió con aquellas demoliciones. Un año antes habíamos hecho la misma operación con el Playa de Palmanova”. 

Para repetir la jugada, el Ajuntament de Calvià ha esperado tres décadas: el actual equipo, del PP, tiró el pasado diciembre dos hoteles que no se explotaban para ganar aparcamiento y abrir espacios a la ciudadanía. La medida despertó críticas entre la oposición por no aprovechar los inmuebles para destinarlos a alquiler social. Cuando cayó el Atlantic –dos años antes de que el primer Gobierno de José María Aznar impulsara la liberalización del suelo– el acceso a la vivienda no era un drama colectivo en Mallorca.

Un “mamotreto” sobre la arena

El impacto que provocó el Atlantic en aquel paisaje mediterráneo aparece mencionado en Magaluf, més enllà del mite (Lleonard Muntaner Editor, 2020). Los historiadores Tomeu Canyelles y Gabriel Vives escribieron un libro fundamental para entender cómo una orilla virgen desde la que se podía ver con nitidez las primeras estribaciones de la Serra de Tramuntana se convirtió en apenas unas décadas en el kilómetro cero de la balearización. Pub crawls, boat parties, balconing, happy hour, hooligans.

De alguna manera, el Atlantic abrió la veda, fue la primera piedra del camino. Un asunto que, como apunta Canyelles, levanta ampollas: cuando Vives y él dirigieron un recorrido a pie por Magaluf narrando las historias que aparecen en su libro hubo “una situación tensa”. Estaban plantados en mitad de la playa, justo frente al lugar donde estuvo el Atlantic. Entonces, se refirieron al hotel “como un mamotreto blanco sobre la arena”. Al escucharlo, hubo personas que se sintieron “terriblemente insultadas” y abandonaron la visita guiada diciendo que los historiadores “promovían la turismofobia”. 

Independientemente del enfoque con el que se analice la industria turística, Calvià es un buen ejemplo para entender cómo los hoteles giraron la manera de vivir de toda una comunidad. La población se multiplicó con la llegada de los inmigrantes que alimentaban las plantillas de aquellos negocios y los oficios de los propios calvianers se adaptaron. Una transformación colectiva. Pellicer recuerda, por ejemplo, a su tío Joan, un hermano de su padre, dirigiendo a los obreros que trabajaban en el Playa de Palmanova, y a Toni Barceló –de apodo, Ferra– haciendo lo propio en el Atlantic. Unos años antes, el segundo era oficial del primero y se dedicaban a construir o arreglar casas.

Pero el dinero fluía y los jóvenes también se apuntaron al turismo. “Yo tenía catorce o quince años cuando empecé a trabajar en el hotel Playa de Palmanova, que en aquel momento era de primera categoría B. Luego lo subieron a primera categoría A y, la verdad, en aquel momento, años sesenta, el turismo que venía a los primeros hoteles que tuvo Calvià era de muchísima calidad. Y, ya desde el principio, casi todo británico: particulares o a través del turoperador Thomas Cook”, cuenta Pellicer.

Yo tenía catorce o quince años cuando empecé a trabajar en el hotel Playa de Palmanova, que en aquel momento era de primera categoría B. Luego lo subieron a primera categoría A y, la verdad, en aquel momento, años sesenta, el turismo que venía a los primeros hoteles que tuvo Calvià era de muchísima calidad. Y, ya desde el principio, casi todo británico: particulares o a través del turoperador Thomas Cook

Toni Pellicer

Aquella época empapa muchas de las conversaciones –una tertulia que dura setenta años– que el ex político mantiene con dos amigos de la infancia con los que sigue almorzando cada semana. Mateu Palmer y Julià Verger iban sólo un curso por detrás de Toni Pellicer en la escuela de Calvià. Los tres se criaron juntos y, un verano después de que el mayor cobrara sus primeras pesetas en el Playa de Palmanova, los dos pequeños integraron la plantilla que abrió las puertas del Atlantic para atender a los primeros huéspedes. Palmer, de camarero. Verger, de botones. Tenían catorce años.

“Recuerdo que me daban veinticinco pesetas de propina por llevar las maletas. Con ese dinero en el bolsillo, cuando volvía a Calvià tenía suficiente para invitar a todos mis amigos en el bar”, explica Verger, haciendo memoria al otro lado del teléfono sin mucha dificultad. Fueron veranos dorados. Los hoteles –como apuntaba Pellicer– funcionaban de forma muy diferente a la actual. “En el Atlantic”, sigue Verger, “había muchísimo personal, casi todo mallorquín y, entre los mallorquines, los de Calvià éramos mayoría, claro. Los departamentos estaban muy bien separados, cada uno se encargaba de lo suyo. Una cosa era la recepción, por ejemplo, donde se cobraban facturas y se recibía a los clientes, y otra muy diferente la conserjería, donde se encargaban de las maletas. No estaban mezcladas. El servicio del restaurante era en mesa. La comida, recién hecha y muy buena. Y un camarero, un buen camarero que supiera despiezar un pollo delante de los clientes o preparar un cóctel, se convertía en toda una personalidad para aquellos turistas”. Las fotografías antiguas del Atlantic transpiran esa elegancia que describe Verger.

Retorno a un hotel diferente

Después de aprender a chapurrear idiomas, disfrutar la primera juventud con dinero en el bolsillo, tontear con extranjeras, el botones creció y se buscó los garbanzos en otras empresas. A finales de los setenta, sin embargo, volvió como jefe de recepción al hotel donde empezó todo cuando era apenas un adolescente. Según recuerda, ocurrió algo paradójico: Verger conocía como la palma de su mano aquel edificio y, al mismo tiempo, se sentía un extraño. El Atlantic ya no era el Atlantic.

Excepto dos o tres personas, ya no quedaba nadie de la época anterior entre el personal. Sus nuevos compañeros no hablaban catalán sino castellano y habían nacido lejos de Mallorca. Los turistas se levantaban de la mesa para cargar sus platos y llenar sus vasos en un bufete menos apetecible que las recetas que había visto salir de la cocina veinte años antes. Aunque los contratos duraran más o menos los mismos meses –desde Semana Santa a noviembre– que antes los sueldos que se ganaban ya no eran tan generosos. Las propinas tampoco. Todo parecía ir más rápido y los gastos se miraban con lupa. Los hoteles se habían multiplicado en Magaluf, la competencia era muchísimo más grande, el neoliberalismo se desperezaba.

“En esos años recortaron mucho el personal, algo que pasó en muchísimos hoteles”, dice Verger: “Se quería rentabilizar cada peseta y el tipo de turista que empezó a venir era a lo mejor de otra clase. El servicio que dábamos al principio era muy costoso de mantener. Está claro que Magaluf fue hacia otro modelo y, aunque creo que ahora hay cierta intención de arreglarlo, ha tenido un turismo de espardenyeta, como digo yo. Muy malo. Durante años, la policía y la Guardia Civil no han dejado de actuar en esta zona por todos los problemas que se producían. Es una pena”.

El servicio que dábamos al principio era muy costoso de mantener. Está claro que Magaluf ha ido hacia otro modelo y, aunque creo que ahora hay cierta intención de arreglarlo, ha tenido un turismo muy malo. Durante años, la policía y la Guardia Civil no han dejado de actuar en esta zona por todos los problemas que se producían. Es una pena

Julià Verger — Trabajador del hotel

La caída en desgracia del tipo de negocio turístico que había representado el Atlantic durante sus primeros años influyó en la decadencia del propio hotel. Así se explica Pellicer que los dueños de un establecimiento situado en primerísima línea de mar quisieran deshacerse de un inmueble que llegó a contar con ciento cincuenta habitaciones: “Los propietarios eran los Guasp, una familia que tenía una possessió, sa Torrasa, cerca de Magaluf, y que para construir el hotel compró los terrenos junto a la playa a los marqueses de La Torre, la familia Trullol. Durante muchos años, el Atlantic se gestionó muy bien, pero llegó un momento en que el miembro de la familia, Fernando Guasp, que realmente sabía de gestión hotelera porque había estudiado en Suiza, se fue a dirigir otro negocio. Y lo notaron. Si un hotel deja de renovarse periódicamente se queda obsoleto y no puede competir”.