Casi 15.000 plazas turísticas irregulares -concretamente, 14.532- han desaparecido de las principales plataformas digitales en Eivissa entre marzo de 2019 y el mismo mes de 2026, según datos del Consell, la máxima institución insular. La oferta habitacional ilegal con fines turísticos es uno de los principales escollos de la pitiusa, sobre todo, desde el dificilísimo acceso a la vivienda por los precios desorbitados que se achacan, en parte, a la existencia de estos recursos para turistas y al intrusismo en el sector, muy regulado en las islas.

Detrás de esa cifra no hay necesariamente un aumento del fraude respecto a ejercicios anteriores, sino un cambio en la estrategia basada en detectar y bloquear los anuncios prácticamente en tiempo real para impedir que la oferta ilegal llegue a consolidarse en Internet. Solo este año se han bloqueado más de 4.000 anuncios asociados a oferta ilegal en la isla, según datos aportados por el Consell.

La presión del alquiler turístico ilegal sobre la isla continúa siendo elevada. Para reforzar la detección de estas viviendas, el Consell mantiene abierto un formulario de denuncias confidenciales dirigido tanto a vecinos afectados como a cualquier ciudadano que tenga conocimiento de una actividad irregular.

“¿Vives en un edificio residencial donde se alquilan pisos turísticos de forma ilegal?, ¿Estás harto de las molestias de los turistas en tu edificio?, ¿Quieres denunciar alguna casa donde alquilan a turistas sin licencia?”, formula la institución, dirigiéndose a cualquier ciudadano que pueda comunicar casos de alquiler vacacional ilegal.

El formulario anónimo del Consell Insular pregunta a los residentes: '¿Vives en un edificio residencial donde se alquilan pisos turísticos de forma ilegal?, ¿Estás harto de las molestias de los turistas en tu edificio?, ¿Quieres denunciar alguna casa donde alquilan a turistas sin licencia?'

En el mismo apartado sobre Intrusismo de su portal web, el Consell recoge información acerca del marco normativo que prohíbe el alquiler turístico ilegal en edificios residenciales plurifamiliares de la isla. Esto es, La Ley 8/2012, de Turismo de las Islas Baleares, que prevé, además, sanciones para los que pueden alcanzar los 400.000 euros. Aunque ahora ya no se persigue solo al infractor, sino que se intenta prevenir para que el anuncio ni siquiera llegue a materializarse rastreando quién está detrás de la oferta.

Oferta escasa y elitista

Si uno ojea Airbnb en plena temporada alta en búsqueda de alojamiento vacacional para dos personas, por ejemplo, a finales de julio, la oferta es limitada: algunos hospedajes en Sant Joan -que rondan los 2.000 euros por tres noches- y en otras zonas turísticas del norte de la isla, como Cala Llenya, Sa Trenca o es Canar. Uno de ellos es una tienda de campaña que se alquila por casi 500 euros del 23 al 26 de julio en “primera línea de mar”, en el reconocido camping La Playa, cerca de Cala Martina.

En Airbnb, una tienda de campaña se alquila por casi 500 euros del 23 al 26 de julio en 'primera línea de mar'

También hay alojamientos en Vila -como se conoce a la ciudad de Eivissa- y en pueblos de alrededores como Sant Jordi, donde la media de precio es 1.500 euros, así como en núcleos poblacionales de interés turístico como Sant Antoni y Sant Josep. La oferta comprende un abanico que va desde pequeños estudios o apartamentos cerca de la playa propiedad de particulares a apartahoteles, hoteles y villas de lujo que en algunos casos rozan los 15.000 euros por un fin de semana largo en agosto. Eso sí, con capacidad para entre seis y ocho personas.

La oferta comprende un abanico que va desde pequeños estudios o apartamentos cerca de la playa propiedad de particulares a apartahoteles, hoteles y villas de lujo que en algunos casos rozan los 15.000 euros por un fin de semana largo en agosto

Los datos del sistema SIT Eivissa, la herramienta del Consell encargada de gestionar la información estadística generada en torno al turismo en la isla y del conocimiento y la inteligencia de los distintos mercados, muestran que la oferta de viviendas de Eivissa anunciadas en Airbnb se ha reducido un 36,5% en el último año, al pasar de 3.171 anuncios en junio de 2025 a 2.014 en el mismo mes de 2026. Sin embargo, la caída se explica casi exclusivamente por la desaparición de los alojamientos sin licencia. Hace un año, el 35,8% de los anuncios publicados en la plataforma correspondían a viviendas irregulares (1.135 en total), mientras que desde diciembre Airbnb ya no registra ninguna oferta sin número de registro turístico válido.

En la práctica, el volumen de alojamientos legales apenas ha variado: los anuncios con licencia han pasado de 2.036 a 2.014 en el periodo de un año. Paralelamente, la oferta que permanece en la plataforma corresponde cada vez más a viviendas de mayor capacidad y precio, mientras que disminuyen especialmente los anuncios de habitaciones privadas y otros alojamientos de menor tamaño.

Alianza con Airbnb

La retirada de los anuncios responde primordialmente a la colaboración con las plataformas de alquiler turístico. Airbnb, que no ha respondido a la petición de información de este diario, anunció en septiembre de 2025 que eliminará todos los anuncios de viviendas que no dispongan de un número de registro válido, una medida que presentó durante la Mesa de Lucha contra el Intrusismo de Eivissa.

La decisión culminaba un proceso de colaboración iniciado en 2019 entre la plataforma y el Consell que se reforzó en 2024 con un memorándum que permitió agilizar la detección y retirada de la oferta irregular. En junio del año siguiente [2025], la institución y la plataforma habitacional volvían a consolidar su acuerdo para combatir la oferta de alojamiento turístico no reglado.

Avisaban: “En virtud de este acuerdo voluntario, cualquier alojamiento catalogado como alquiler de corta duración que se anuncie en Eivissa a través de Airbnb y no muestre su número de registro -ahora, número de alquiler de corta duración- será dado de baja de la plataforma”. Eivissa se convirtió así en un territorio “pionero” -en palabras del presidente del Consell, Vicent Marí- en la lucha contra las actividades turísticas ilegales, al ser uno de los primeros territorios en instaurar este tipo de iniciativas.

Las medidas, por otro lado, responden en parte a la entrada en vigor del nuevo marco regulador europeo y español -el reglamento sirve para que los Estados miembros tengan acceso a todos los datos de actividad que se han realizado en estos inmuebles anunciados en las plataformas-, que refuerza el control sobre las viviendas comercializadas a través de plataformas digitales y exige una mayor trazabilidad de la oferta turística. En el caso de España, la competencia en ordenación turística corresponde a las comunidades autónomas.

Redes organizadas

La vía sancionadora para los infractores es uno de los aspectos que ha cambiado de forma significativa. Desde el segundo semestre de 2025, el Consell inicia los expedientes por una sanción media de 275.000 euros, junto con la orden de cese de la actividad y la clausura del inmueble, en lugar de partir de la multa mínima de 40.000 euros, como ocurría antes de la reforma legal.

El cambio permite además dirigir los expedientes directamente contra los propietarios de las viviendas, sin depender de los datos facilitados por las plataformas digitales. De momento, la recaudación derivada de sanciones por alquiler turístico ilegal ha pasado de 77.672 euros en 2016 a 1,37 millones de euros en 2025. En cuanto a este año, a fecha de 17 de julio de 2026, la recaudación acumulada supera ya los 604.000 euros, según datos oficiales.

La recaudación derivada de sanciones por alquiler turístico ilegal ha pasado de 77.672 euros en 2016 a 1,37 millones de euros en 2025

La mitad de las infracciones corresponden a propietarios que comercializan directamente sus viviendas sin autorización y el resto se reparte entre inquilinos que subarriendan los inmuebles —con o sin conocimiento del propietario—, intermediarios profesionales y otras fórmulas.

Además, se han detectado patrones propios de redes organizadas, con anuncios que reutilizan las mismas fotografías, descripciones o números de registro, e incluso cuentas que llegan a publicar decenas de anuncios en pocos minutos en distintos puntos del sur de Europa, algo que apunta más a una posible estafa, pero que también se daba cabida en las plataformas que se utilizan para el alquiler turístico.

Desaparición de anuncios

La caída de la oferta -según muestra el SIT- no ha sido uniforme en toda la isla: el descenso más acusado se ha registrado en el término municipal de Vila, donde el número de anuncios publicados en Airbnb se ha reducido un 67% entre junio de 2025 y junio de 2026. La cifra asciende a un 78% en el caso de las casas ofertadas enteras. Esto deja solo 136 inmuebles disponibles.

Las infracciones, sin embargo, no cesan: en una de las últimas actuaciones, la Policía Local de Eivissa detectó un inmueble que, según la investigación municipal, funcionaba como un establecimiento hotelero encubierto, con cuatro apartamentos comercializados a través de una plataforma digital. La intervención dio lugar a una nueva denuncia, la décima de este tipo en lo que va de 2026.

Apenas un mes antes, en junio, el Ayuntamiento de Vila confirmaba una multa de 793.443 euros por transformar una vivienda residencial en alojamiento turístico sin autorización, una de las sanciones más elevadas impuestas hasta ahora por este tipo de infracciones urbanísticas.

Después de Vila, el mayor descenso se registra en Sant Josep, donde el número de anuncios en Airbnb se ha reducido un 36% en el último año. En Santa Eulària y Sant Joan la caída alcanza el 32%, mientras que Sant Antoni presenta el retroceso más moderado, con un 22%, en datos del SIT.

Alquilar una vivienda junto al mar cuesta hoy hasta el doble que hace cinco años. La escalada de precios ha situado a Baleares como el principal exponente de la tensión del mercado residencial en la costa española: Sant Josep de sa Talaia, Calvià y Santa Eulària des Riu ocupan los tres primeros puestos del ranking nacional de municipios con el alquiler de playa más caro, según el Índice Inmobiliario de Fotocasa correspondiente a junio de 2026.

El municipio ibicenco de Sant Josep de sa Talaia encabeza la clasificación con un precio medio de 25,56 euros por metro cuadrado al mes, seguido de Calvià (24,64 euros) y Santa Eulària des Riu (23,53 euros). Tras ellos figuran Barcelona (21,71 euros), Mogán (21,55 euros), San Bartolomé de Tirajana (21,49 euros), Sitges (21,43 euros), Palamós (20,72 euros), Laredo (20,53 euros), La Oliva (19,94 euros), Arona (19,93 euros), Adeje (19,87 euros), Estepona (19,59 euros), Llucmajor (19,52 euros) y Badalona (19,32 euros).

Según el portal inmobiliario, cuatro de cada diez municipios costeros analizados ya superan el precio medio del alquiler en España, que en junio se situó en 14,79 euros por metro cuadrado al mes. El informe atribuye esta evolución al creciente atractivo de las zonas litorales no solo como destino vacacional, sino también como lugar de residencia permanente, en un contexto marcado por una oferta insuficiente para absorber el aumento de la demanda.

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, sostiene que el mercado del alquiler en la costa atraviesa “una de las mayores tensiones de su historia”. A su juicio, la combinación entre el auge del turismo residencial, el creciente interés por vivir junto al mar durante todo el año y la escasez de vivienda disponible ha convertido estos municipios en algunos de los mercados más tensionados del país.

“Este aumento del precio no solo encarece las estancias vacacionales, sino que también dificulta el acceso a la vivienda para la población residente”, señala Matos.

Los datos refuerzan la presión que desde hace años soporta el mercado residencial balear, donde el incremento de los alquileres se ha convertido en uno de los principales factores que dificultan el acceso a la vivienda para trabajadores y residentes, especialmente en los municipios con mayor atractivo turístico.

Mientras los residentes y los agentes sociales debaten sobre cómo hacer frente a la saturación y al consumo de recursos que provoca el turismo masivo en el archipiélago balear, la industria turística, gracias a diferentes leyes aprobadas por gobiernos de distintos colores políticos, ha hecho una apuesta clara por el turismo de calidad y de alto nivel adquisitivo, que desplaza a la clase media, pero que permite contener la llegada de más visitantes. Una alternativa que no convence a las entidades ecologistas y del tercer sector, que apuestan por un progresivo “decrecimiento”, así como por una economía menos dependiente del turismo, pero que es toda una realidad.

Eivissa y Formentera son dos ejemplos claros de cómo las Islas han orientado su modelo turístico hacia el lujo. En el caso de la mayor de las Pitiüses, el sector hotelero se ha orientado mayoritariamente hacia la subida de categoría de los establecimientos, que ya suma veinticuatro de cinco estrellas y otros ocho de cinco estrellas gran lujo, según datos del Consell d'Eivissa. En el año 2024, según el Instituto de Estadística de las Islas Baleares (IBESTAT), 46 de los 129 hoteles de la isla eran de cuatro estrellas o cuatro estrellas superior, casi un 38% de la planta hotelera. Formentera, por su parte, ha triplicado el número de hoteles desde 2004 a 2024 y un tercio de ellos son de cuatro estrellas, según el IBESTAT.

Tras la crisis económica de 2008, tanto gobiernos autonómicos progresistas como conservadores aprobaron decretos o modificaciones legislativas que promovieron la subida de categoría de los establecimientos, que se fueron orientando hacia el lujo. El pistoletazo de salida lo dieron el Aguas de Ibiza e Ibiza Gran Hotel en 2008. Más tarde, en 2011, Ushuaïa, la joya de la corona del imperio de los Matutes.

Bajo el Govern progresista de Francesc Antich (2003-2011), se aprobó el Decreto Ley 1/2009, de 30 de enero, de medidas urgentes para el impulso de la inversión en las Illes Balears. El conseller de Turismo era el conservador Miquel Nadal, de la extinta Unió Mallorquina. En la siguiente legislatura, con el Govern conservador de José Ramón Bauzá (2011-2015), se hizo una modificación de la ley turística balear siendo Carlos Delgado el conseller del ramo. La salida escogida a la recesión económica en Balears fue una apuesta por la subida de categoría de los hoteles, así como por el lujo. En palabras de Macià Blázquez, catedrático en Geografía de la Universitat de les Illes Balears (UIB), hubo una “una reconversión”. “Una mejora de la calidad de la oferta que tiende a la elitización” con el objetivo de “atraer capitales y dar mayores tasas de beneficio a los inversores”.

“Lo que está pasando es que Eivissa se está equiparando a otras zonas turísticas de España”, valora Maria Costa, presidenta de la Federación Hotelera d’Eivissa i Formentera (FEHIF). Costa reconoce que antes había más hoteles de dos y tres estrellas y que ahora el sector se ha orientado hacia la calidad y los establecimientos de cuatro y cinco. Esta transformación ha conllevado un cambio en zonas turísticas tradicionalmente orientadas al turismo familiar, con precios asequibles.

Es Canar, ejemplo paradigmático

Es el caso, por ejemplo, de Es Canar (un antiguo diseminado reconvertido en núcleo turístico), que también está virando hacia el lujo. “Era una zona bastante normalita, con souvenirs, bares, restaurantes, servicios de playa, hoteles, hostales y apartamentos”, explica Maurici Cuesta, geógrafo y experto en turismo de las Pitiüses. “Ahora ha cambiado de escala, con muchos establecimientos reconvertidos o con nuevos nombres para adaptarse a otros tipos de turismo”, añade. La presidenta de la patronal hotelera de las Pitiüses, en cambio, considera que “sigue habiendo espacio para las familias en Eivissa”. “Aunque sí es verdad que se ha reducido porque ha crecido la otra parte del sector, de cuatro y cinco estrellas”, añade.

En esta primera fase de la temporada turística, la valoración que hace la patronal es “positiva”. Sitúa la ocupación media en las Pitiüses en el mes de junio en el 85,5%, con una mejora de algo más de medio punto porcentual respecto al mismo mes del año pasado. Además, las previsiones para el resto del mes de julio, así como agosto, septiembre y octubre son también “positivas”. La presidenta de FEHIF, no obstante, prefiere ser prudente debido a los “posibles cambios en los mercados emisores y al contexto económico general”. El último hotel de cinco estrellas se inauguró en junio de este año, frente a Platja d’en Bossa. Es el Bless The Site Ibiza, también creado por Palladium Hotel Group, de los Matutes. Platja d’en Bossa es también uno de los epicentros del ocio de la isla, donde se ubican varias de las discotecas más importantes.

El Bless The Site Ibiza, de la familia Matutes, es el último hotel de cinco estrellas, inaugurado en junio de este año

En la misma línea, la CAEB (Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares) coincide en que la temporada ha empezado “francamente bien”. José Antonio Roselló, vicepresidente de la patronal en Eivissa y Formentera, reconoce que al principio hubo “una situación dispar como consecuencia de la fecha de la Semana Santa”. “Pero, aparte de esto, las sensaciones han sido buenas”, aclara. Consultado sobre la evolución turística de las Pitiüses, en relación al aumento de la categoría de los hoteles, argumenta que “se corresponde con la política que ya se inició años atrás en el conjunto de Baleares, cuyo objetivo era y es aumentar la calidad”. El vicepresidente de la CAEB analiza que se trata de un fenómeno “que se corresponde con el cambio de la demanda y la sociedad”.

“Conforme las nuevas generaciones han ido entrando en el mercado como demandantes, la exigencia de mayores estándares de calidad ha sido frecuente”, insiste. Roselló cree que también tiene que ver con el fenómeno –estamos inmersos en la era de Instagram y TikTok– de la imagen, cada vez “más presente en nuestras sociedades”. En definitiva, según el vicepresidente de la patronal balear, el aumento de la calidad “ha ido en consonancia con las exigencias de la demanda”.

“Los hoteleros son los beneficiados”

Otras voces, en cambio, son más críticas con este modelo, como es el caso de las entidades ecologistas. “Los legisladores sabían lo que estaba haciendo y creo que fue una estrategia diseñada para cambiar el modelo que tuvimos antes”, explica Hazel Morgan, presidenta de Amics de la Terra en Eivissa. La portavoz de los ecologistas cree que la conversión hacia un modelo más orientado hacia el lujo beneficia “directamente a los hoteleros”. En su opinión, esta transformación se hizo sin que hubiera un debate social en torno al cambio de modelo.

Morgan cree que la elitización del sector hotelero ha afectado también a otras empresas turísticas, como los bares y restaurantes, que en algunos casos se han adaptado a la conversión. “Si fue una apuesta para recibir menos turismo de masas y borrachera, puede haber parecido positivo, pero los impactos colaterales no los vimos venir”, valora. Así, los ecologistas apuestan por un modelo “respetuoso, independientemente de su aportación económica a la isla”. A su juicio, el actual es “totalmente insostenible” debido a que se pondría en peligro la capacidad de carga y las infraestructuras públicas, además de que hay mucha presión sobre los espacios naturales terrestres y marinos, así como sobre los recursos naturales. “Afecta a los costes de vida, a nuestros hábitos, costumbres y comunidades”, apunta.

Si [subir la categoría de los hoteles] fue una apuesta para recibir menos turismo de masas y borrachera, puede haber parecido positivo, pero los impactos colaterales no los vimos venir

Hazel Morgan — Presidenta de Amics de la Terra en Eivissa

Roselló, vicepresidente de CAEB en las Pitiüses, cree que las clases medias y trabajadoras siguen considerando las islas un destino atractivo. Dos tercios de la planta hotelera son de tres y cuatro estrellas en Eivissa, aunque las diferencias entre estas categorías, señala, pueden ser “una cuestión de grado más que de fondo”. “Las tres estrellas también se mueven dentro de la calidad y también han evolucionado y mejorado mucho”, asegura. El vicepresidente de la patronal balear considera que hay suficiente oferta para todos y que no hay constancia de que “nadie se quede sin vacaciones por no tener una oferta determinada”. “Esta caída del número de los establecimientos de tres estrellas está en la evolución natural de las cosas”, argumenta.

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares considera que las clases medias y trabajadoras siguen teniendo cabida en la isla: 'Nadie se queda sin vacaciones por no tener una oferta determinada'

En la misma línea, Costa afirma que la forma de viajar de las familias “ha cambiado porque los modelos también lo han hecho en estos 20 años”. Por ello, la patronal hotelera valora “muy positivamente la apuesta por la calidad y la excelencia” que ha guiado la inversión en muchos proyectos hoteleros de Eivissa y Formentera porque “contribuye a reforzar la competitividad del destino y a mejorar la experiencia de nuestros visitantes”.

Las grandes aperturas de hoteles

A partir del año 2015 la isla avanza en el proceso de elitización hotelera. Si años atrás se había inaugurado Ushuaïa, así como dos Grand Palladium en 2014, los Matutes abren otro Grand Hotel Palladium en 2015. Al siguiente lo hacen el One Ibiza Suites y el Gran Hotel Montesol; en 2017, el Insotel Tarida y Nobu Hotel en 2018, el 7Pines Resort en 2018 y el Bless en 2019. En Formentera, el primer hotel cinco estrellas se inauguró en 2019 bajo el nombre de Five Flowers Hotel. Desde 2025, está integrado en el grupo Meliá. Esta reorientación del sector hacia el segmento del lujo seguirá en los años siguientes, siendo clave el 2020, año especialmente sensible para el sector debido a la pandemia de coronavirus.

El segundo Ejecutivo progresista de Francina Armengol aprobó en ese contexto la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa. La consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores era Rosario Sánchez. En su artículo 7, de incentivos para la mejora de los establecimientos turísticos, la ley impulsaba que los establecimientos pudieran presentar proyectos para subir su calidad y categoría.

Estos proyectos quedaban excepcionalmente excluidos del cumplimiento de parámetros de planeamiento territorial y urbanístico que normalmente impedirían su ejecución. Además, el artículo preveía expresamente que las obras de modernización tuvieran por objeto el aumento de categoría del establecimiento. Para ello, solo se exigía presentar una autoevaluación acreditativa de que el hotel resultante alcanzaría la nueva categoría superior. Por tanto, la ley proporcionó un marco legal excepcional que permitió a los hoteleros elevar la categoría de sus establecimientos superando restricciones urbanísticas previas y con trámites administrativos mucho más ágiles.

Con el Ejecutivo de Francina Armengol, la ley proporcionó un marco legal excepcional que permitió a los hoteleros elevar la categoría de sus establecimientos superando restricciones urbanísticas previas y con trámites administrativos mucho más ágiles

En estos años hubo varios proyectos de reforma y nuevas aperturas de hoteles cinco estrellas o cinco estrellas gran lujo. Mongibello, en 2020; OKU Ibiza, OKU Ibiza (II), Six Senses, The Standard (I) y The Standard (II), en 2021, y TRS Hotel Ibiza (I) y TRS Hotel Ibiza (II), en 2022. En los últimos tres años el proceso ha continuado con otros diez establecimientos hoteleros de lujo en Eivissa.

Por último, se aprobó la Ley 3/2022, de 15 de junio, de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad del turismo, para implementar la economía circular, impulsada por la Conselleria de Modelo Económico, Turismo y Trabajo. El conseller era Iago Negueruela. Entre las medidas positivas, incluye la obligación de los hoteles de instalar camas elevables para facilitar el trabajo de las camareras de piso; establece la obligación de que los establecimientos turísticos consuman un porcentaje mínimo –entre el 3 y el 5%, según la categoría– de producto local y fomenta la descarbonización al exigir la sustitución de instalaciones de calefacción de fueloil o gasóleo por alternativas más limpias. Además, introduce planes de circularidad para reducir el desperdicio de alimentos y el consumo de recursos naturales. Desde una perspectiva más crítica, Blázquez observa que no hay un decrecimiento real tras la implementación de esta normativa.

El reto de las instituciones de las Islas en los próximos años está, precisamente, en fijar cuál será su política turística teniendo en cuenta la capacidad de carga real de cada territorio –en función de su tamaño y de la presión sobre sus recursos naturales e hídricos–; la relación entre la gentrificación turística y la especulación inmobiliaria, y en cómo equilibrar la economía turística –sustento principal y mayoritario de la ciudadanía balear– con el impacto social y territorial, en unas islas en las que cada día es más difícil vivir debido a que los precios de la vivienda –y de la vida– son cada vez más caros.

El calendario de fiestas de Eivissa comienza el 1 de junio y termina a finales de octubre. En esa horquilla temporal, es fácil encontrar en la isla cualquier tipo de evento donde ingerir alcohol mientras en los oídos retumba música electrónica. No solo en las discotecas tradicionales, sino también en alta mar, donde las party boats llevan por lo menos una década irrumpiendo en la calma mediterránea a pesar de las críticas de vecinos y las denuncias del sector del ocio nocturno. Los empresarios han protestado por un trato desigual respecto a las discotecas convencionales y reclaman a las administraciones, una vez más, que pongan coto.

La página que oferta actividades en las Pitiusas Ibiza Spotlight, una de las más consolidadas que recoge este tipo de servicios, ofrece todos los días de la semana viajes en este tipo de catamaranes, a lo largo de toda la temporada turística, a la hora de la puesta de sol. Los puntos para embarcar, acicalados, a uno de estos barcos que prometen cuatro horas de experiencia idílica son el puerto de Sant Antoni y Platja d’en Bossa, con opción de elegir entre varias compañías.

“Primero por tierra (en una fiesta previa junto a la piscina) y más tarde por mar, mézclate con otros fiesteros afines todos los lunes, viernes y domingos desde Playa d’en Bossa”, vende uno de los anuncios. Y añade: “Tú y el resto de asistentes crearéis vínculos mientras compartís una pista de baile flotante sobre las tranquilas aguas del Mediterráneo”. A todo esto, le acompaña una barra libre de cerveza, sangría y otras bebidas durante las tres horas de navegación.

Una de estas empresas, que opera desde la primera de estas dos zonas, da además la posibilidad de añadir, como extra, una entrada abierta para ir al O Beach -un híbrido entre discoteca y beach club con espectáculos incluidos ubicado en la bahía de Sant Antoni-, que la iniciativa ecologista Salvem Sa Badia ha denunciado recientemente al Ayuntamiento por contaminar con plásticos y serpentinas la playa vecina de s’Arenal. Desde O Beach rechazan dar declaraciones al respecto a elDiario.es.

El pack también incluye el acceso cualquier noche a elegir por el visitante a Amnesia, ubicada en el mismo término municipal. El abanico es aún más amplio: otra compañía ofrece una excursión para llegar hasta la paradisíaca Formentera sin necesidad de desaprovechar cualquier momento de fiesta por 180 euros en una excursión que dura desde las diez y media de la mañana a las nueve de la noche. El resto de tickets van desde los 50 hasta los 90 euros por un paseo marítimo de cuatro horas, en función de la experiencia.

Uno de los anuncios, que ofrece barra libre durante las tres horas de navegación, asegura: 'Primero por tierra (en una fiesta previa junto a la piscina) y más tarde por mar, mézclate con otros fiesteros afines todos los lunes, viernes y domingos desde Playa d’en Bossa. Tú y el resto de asistentes crearéis vínculos mientras compartís una pista de baile flotante sobre las tranquilas aguas del Mediterráneo'

Una batalla institucional

El alcalde de la ciudad de Eivissa, Rafael Triguero, trasladó su preocupación por la situación de las party boats el pasado octubre durante una reunión mantenida con la Marina Mercante -con competencias sobre seguridad, navegación y ordenación del tráfico marítimo- para intentar limitar la actividad de estas embarcaciones. El primer edil puntualizó que se trata de barcas autorizadas para hacer excursiones marítimas, pero no “fiestas en su interior”.

Por lo tanto, no existe una licencia específica para esta actividad, sino que los barcos dedicados a ella deben estar inscritos en el Registro Insular de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos del Consell d'Eivissa; un registro público que puede consultarse en la web oficial de la institución y donde actualmente solo aparecen once embarcaciones. La Conselleria de Turismo del Govern también tiene potestad para conceder estas licencias.

De los cinco ayuntamientos de la isla, tan solo el Consistorio de Sant Antoni tendría competencias para sancionar este tipo de actividades a través del Decreto de Excesos (ahora, Decreto por el turismo responsable y la mejora de la calidad de las zonas turísticas, desde la modificación de 2024), al tratarse del único término municipal de Eivissa que se encuentra dentro de esta normativa.

Por medio de esta modificación quedó prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública y las embarcaciones con fiestas o eventos multitudinarios; así como la venta de alcohol a bordo. Sin embargo, este tipo de servicios se siguen promocionando.

Únicamente el Ayuntamiento de Sant Antoni tiene competencias para sancionar este tipo de actividades a través del Decreto de Excesos. Los barcos deben estar inscritos en el Registro Insular de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos del Consell d'Eivissa, donde solo aparecen once embarcaciones

Modelo turístico de excesos

El desarrollo de estas experiencias en el litoral ibicenco forma parte de un turismo de excesos que se está intentando dejar de lado sin conseguirlo. De hecho, los dos puntos principales de partida de este tipo de barcos -Sant Antoni y Platja d’en Bossa- son los más entregados desde hace décadas a este modelo turístico.

En el caso de Platja d’en Bossa -donde están las discotecas Hï y Ushuaïa-, la primera línea de playa está cada vez más plagada de beach clubs elitistas para pasar el día. El crecimiento de la zona despegó, aún más, con la apertura de la discoteca diurna y al aire libre propiedad de la familia Matutes. Su escenario acoge verano tras verano a artistas internacionales como Ozuna, Martin Garrix o Dimitri Vegas & Like Mike y las entradas superan en temporada alta los cien euros por persona.

El nuevo formato hotel-discoteca que supone Ushuaïa (inaugurado en 2011) significó una revolución del ocio en Eivissa y durante unos años este nuevo modelo convivió con sesiones de dj’s al atardecer en la playa, en chiringuitos como Bora Bora. A pesar de no ser un entorno protegido, sí es una de las zonas recreativas más cercanas al aeropuerto y al Parque Natural de ses Salines, ubicado solo a seis kilómetros y diez minutos en coche, aunque no por eso ha dejado de explotarse.

El problema de las party boats no es nuevo ni en esta parte del litoral ni tampoco en Sant Antoni, donde recién estrenada la tarde el paisaje empieza a incorporar grupos de turistas, la mayoría británicos, vestidos al estilo resort wear y preparados para subirse a uno de los barcos de las infinitas compañías que ofrecen este servicio.

La demanda de este tipo de turismo impide en horario nocturno el descanso de los vecinos del casco antiguo y sus alrededores, porque cuando bajan del barco la fiesta no cesa, sino que continúa en los bares de la bahía o en el histórico West End, una especie de meca del ocio nocturno del pueblo. El edil del municipio, Marcos Serra, intentó en vano reformular esta arteria principal con la obra de arte horizontal de Okuda bautizada como ‘Arcoíris Infinito’, sin que por el momento la acción política haya dado resultados.

La demanda de este tipo de turismo impide en horario nocturno el descanso de los vecinos del casco antiguo y sus alrededores, porque cuando bajan del barco la fiesta no cesa, sino que continúa en los bares de la bahía o en el histórico West End

Un ocio descontrolado

Las party boats en Sant Antoni las promocionan relaciones públicas que reparten flyers en el paseo marítimo. Aún así, los puntos de venta de tickets ocupan buena parte del puerto. Del mismo salen otras embarcaciones hacia las calas más populares de Sant Josep -municipio fronterizo-, como Cala Bassa, Cala Tarida o Cala Comte, todas ellas masificadas en temporada alta.

La Conselleria de la Mar ha aclarado que en el caso de las party boats, para poder comercializarse, deben contar con una autorización, ya que no se trata de una actividad libre ni que pueda desarrollarse al margen de los permisos sectoriales exigidos. Respecto a la venta de comida y bebida a bordo sólo puede autorizarse en embarcaciones habilitadas para ello, como las llamadas golondrinas de lista segunda.

Además, cuando la actividad incluye entretenimiento a bordo, debe contar con la autorización o etiqueta específica de ‘Excursión con Entretenimiento’, cuya expedición corresponde al Consell competente. Es decir, el servicio debe disponer de la autorización turística correspondiente y, además, cumplir con los permisos vinculados a la actividad que desarrollan a bordo, especialmente si incluyen estos servicios de ocio.

Las party boats no están prohibidas, pero deben contar con distintas autorizaciones, entre ellas, para vender comida y bebida a bordo

“Discotecas flotantes”

La Asociación Empresarial de Ocio Nocturno de Ibiza (AEON) ha reclamado recientemente al Govern, al Consell d'Eivissa y a los diferentes ayuntamientos que regulen estas “discotecas flotantes” a las que acusa de operar sin estar sometidas a las mismas exigencias legales que los locales de ocio.

La patronal sostiene que estas embarcaciones generan una competencia desleal al ofrecer música, barra, restauración y fiestas a bordo sin cumplir, según denuncia, con las mismas obligaciones en materia de licencias, seguridad, aforos, fiscalidad o inspecciones.

La AEON -conformada para actuar en contra de este nuevo modelo de ocio que nació y creció al amparo de la Ley Turística de 2012, que piden que se modifique- también ha reprochado a las administraciones que no se haya desarrollado la regulación que se comprometieron a impulsar.

Además, ha recordado el impacto de estas fiestas sobre la convivencia vecinal, la contaminación acústica, la seguridad y el medio ambiente. En el caso de Platja d’en Bossa, Hazel Morgan, portavoz de Amics de la Terra, reconoce que en el área externa al Parque Natural “ya no queda mucho rastro de vida”, mientras que en el caso de la bahía de Portmany, donde sí queda posidonia viva, el fondeo es lo que más preocupa.

Pero el problema es que estas embarcaciones llegan, desde allí, hasta zonas protegidas como es Vedrà, donde se han percibido restos de basura derivada de la actividad de estos barcos, como vasos de plástico, esto es lo que tiene “más impacto”, lamenta.

Grupos de personas acicaladas, jóvenes, prácticamente escalan, a pie, por un camino de tierra que les conduce a una villa recóndita: algunos han pagado más de cien euros para acceder. Buenos djs, altavoces con potencia, servicio de bus lanzadera desde varios puntos de la isla y un fin de noche (y comienzo de día) prometedores. En Eivissa, la fiesta no tiene que terminar con el amanecer. Al delirio vivido en los principales clubes nocturnos lo sigue, si se quiere, el de cualquier evento privado de las mismas características que ofrecen promotores de forma ilegal en mansiones que llevan, en algunos casos, funcionando así durante años.

Esta oferta, molesta para los vecinos que sufren las consecuencias de ruidos y masificación desordenada, se ha colado esta temporada con urgencia en la agenda política insular. El desmantelamiento de una macrofiesta de más de mil personas en Sant Mateu -con tiovivo y servicio de ambulancias incluido- en una vivienda situada en suelo rústico hizo saltar las alarmas de los representantes institucionales.

El problema, era evidente, no se había remitido como prometía el Consell d'Eivissa, que cesó de cara a este verano el servicio de detectives privados que había contratado los años posteriores a la pandemia, cuando el despliegue de este tipo de fiestas -ante el cierre de las discotecas y para terror del sector del ocio nocturno- empezó a crecer como un monstruo.

La institución insular había decidido contratar a estos profesionales, de fuera de la isla, para averiguar el modus operandi de los promotores e infiltrarse en los eventos para recabar información y terminar con ellos. Pero la competencia de mantener a rajatabla las fiestas ilegales ha pasado este año a los ayuntamientos después de que el Consell haya decidido este 2026 destinar el servicio a otras prioridades como el intrusismo en el sector del transporte privado por carretera.

Santa Gertrudis: un punto caliente

Uno de los puntos calientes ahora mismo está en el término municipal de Santa Eulària. Las quejas vecinales se acumulan especialmente en Santa Gertrudis, una parroquia con un núcleo poblacional reducido: una iglesia y alrededor varias casas y bares que, sin embargo, más allá, en el campo, no tiene nada de calmado.

Los vecinos están preocupados porque las fiestas clandestinas se han convertido en el principal foco de conflicto este verano: unas 200 personas salían el 1 de julio de una casa a la que habían llegado con buses lanzadera, con recogida en dos aparcamientos de distintos pueblos -Sant Rafel y el tranquilo centro de Santa Gertrudis-.

Los vecinos están preocupados porque las fiestas clandestinas se han convertido en el principal foco de conflicto este verano: unas 200 personas salían el 1 de julio de una casa a la que habían llegado con buses lanzadera

El despliegue de un dispositivo formado por tres patrullas de la Policía Local, tres agentes de la Unidad de Atestados, una unidad del Grupo de Acción Preventiva (GAP) -que ha recibido recursos este año viendo que el problema “se mantendrá”- y el destacamento de Tráfico de la Guardia Civil se cerró con la retirada de seis vehículos y levantó 15 actas por tenencia de drogas. Además, cuatro conductores dieron positivo en el control por consumo de sustancias.

Demostrar que una fiesta es ilegal es complicado: tiene que ser de pública concurrencia y ofrecer venta de comida y bebidas o catering, entre otras cosas, explica el concejal de Seguridad de Santa Eulària, Juan Carlos Rosselló. El primer signo -para darse cuenta de que se está germinando- son los problemas de convivencia, a través del aparcamiento, la perturbación de cultivos o el ruido.

Demostrar que una fiesta es ilegal es complicado: tiene que ser de pública concurrencia y ofrecer venta de comida y bebidas o catering, entre otras cosas

La proliferación ha conducido a plantear por parte del Ayuntamiento redadas preventivas en Santa Gertrudis que está previsto que se mantengan todo el verano después de que así lo solicitara a la alcaldesa, Carmen Ferrer, la Asociación de Vecinos. La presidencia de la asociación entregó más de 300 firmas en señal de protesta para exigir que se tomaran medidas que garanticen la convivencia y el derecho al descanso y han recibido respuesta.

El primer control se realizó a finales de junio en Santa Gertrudis, en coordinación con el Equipo ROCA -especializado en robos en el campo- y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic) de la Guardia Civil. Los agentes vigilaron zonas sensibles por la mañana y por la tarde-noche con el objetivo de frenar cualquier evento de este tipo antes de su celebración.

Una mansión problemática desde 2017

A finales de junio, en es Puig de sa Creu, entre Jesús y Cala Llonga (en el mismo municipio de Santa Eulària), se detectó otro macro evento similar en una mansión a la que se accede por un camino estrecho, con pendiente y lleno de curvas, según informó Diario de Ibiza. La desafiante vereda hasta el delirio de un after ibicenco tras una larga noche entregada a la música electrónica fue escenario de un accidente de tráfico entre dos vehículos.

Uno de ellos iba a toda velocidad en dirección contraria y terminó colisionando con el que circulaba en el sentido correcto. Hacía apenas cuatro días habían vivido la misma situación, con coches y furgonetas llegando en masa a las cuatro de la madrugada y gente armando jaleo.

No es la primera aglomeración de este tipo que sufre el vecindario, que lleva años viendo cómo llega y se marcha gente, la mayoría turistas, en estado de ebriedad -o bajo el efecto de las drogas- y dejando residuos en las zonas boscosas de los alrededores.

A finales de junio, tras una fiesta ilegal en una mansión, hubo un accidente de tráfico: uno de los vehículos circulaba a toda velocidad en dirección contraria

De hecho, los residentes han ingeniado incluso un sistema de vigilancia propio para avisar unos a otros cuando el ambiente se empieza a desmadrar. No solo por el ruido, también por los residuos que dejan en el campo y el orín y los excrementos que a veces se encuentran en lugares de paso.

En agosto de 2017, la vivienda ya apareció en el radar de las fuerzas de seguridad. La Guardia Civil instaló allí, en esa vivienda en concreto, un control antidroga tras recibir el aviso de que se estaba desarrollando una de estas fiestas clandestinas en un recinto compuesto por cuatro chalés.

Al parecer, estos eventos están organizados por una promotora israelí, según publicaciones de Diario de Ibiza, y han contado con djs tan renombrados como Solomun, así como con ‘transfers’ para trasladar a los clientes hasta la villa. Durante el control, los agentes requisaron distintas sustancias, entre ellas, pastillas y varias bolsas con cocaína.

A pesar de la versión de las instituciones, vecinos han denunciado que esta temporada es un “desmadre” y el PSOE de Sant Joan ha reclamado “mano dura” contra las fiestas ilegales en el norte ante el aumento de las quejas vecinales por ruido, problemas en la movilidad y un claro impacto medioambiental negativo.

Mil asistentes a una fiesta ilegal

El problema no se limita solo a esta parte del litoral, sino que se extiende a zonas diseminadas del municipio de Sant Antoni. De hecho, la fiesta de mayores dimensiones se ha dado esta temporada en este término municipal cuyo casco histórico se entregó -ya en los 60- al turismo hooligan de Reino Unido.

La Policía desmanteló el 10 de junio una macrofiesta con más de mil asistentes y una sofisticada organización, aunque las autoridades de la localidad aseguran tener el fenómeno “muy controlado” que ha ido disminuyendo desde su apogeo, tras la crisis sanitaria de 2020.

Sobre la finca del evento, ubicada en el camí Vell de Sant Mateu, se habían diferenciado espacios según el propósito: zona de comida, lavabos, un área sanitaria con ambulancias incluidas y hasta un tiovivo portátil. Contaba además con medios de transporte organizados para llegar hasta el terreno y en el cartel promocional se incluía a hasta 15 djs. Algunos de ellos aparecen también en los lineups de las discotecas más potentes de la isla.

La oposición denunció durante el pleno municipal de ese mes que el consistorio “actuó tarde” para frenar la macrofiesta ilegal en la que la Policía Local desalojó a más de un millar de personas que se encontraban en el interior de la finca.

La Policía Local de Sant Antoni desalojó a más de un millar de personas de una fiesta ilegal en junio que reunió a los lineups de las discotecas más potentes de la isla

Ahora, el Ayuntamiento ya ha tramitado un expediente sancionador de 300.000 euros de multa para los promotores, el máximo según el Decreto-Ley 5/2022, de 16 de mayo, la organización de fiestas que incluyan cobro de entradas, transporte de pasajeros y publicidad.

‘Piratas’ con ventaja sobre la Policía

La patronal del ocio nocturno ha denunciado, por su parte, que los organizadores se trata de mafias organizadas, “piratas” que van varios “pasos por delante de la Policía”, con competencias limitadas. “Naturalmente estamos en contra y pedimos más medidas para que dejen de realizarse estas fiestas”, defiende José Luis Benítez, portavoz de la Asociación Ocio de Ibiza, al ser preguntado por elDiario.es.

“No es la imagen que queremos para Eivissa ni para el sector, porque al final a todos nos meten en el mismo saco”, lamenta. Se trata de una actividad no regulada y penalizada a través del Decreto Ley de Fiestas impulsado por el Consell y aprobado por el Govern, que endureció las sanciones y las tipificó mejor en un contexto sensible post confinamiento con medidas muy estrictas para las discotecas.

No es la imagen que queremos para Eivissa ni para el sector, porque al final a todos nos meten en el mismo saco

José Luis Benítez — portavoz de la Asociación Ocio de Ibiza

La norma distingue si la actividad ilegal se desarrolla en un espacio protegido y, sobre todo, amplía la responsabilidad a todos los implicados: no solo el organizador, sino también suministradores de alcohol, equipos de sonido, djs, porteros e, incluso, los participantes.

Con este cambio, la Policía podía activar el protocolo una vez detectada la fiesta ilegal. Sin embargo, surgían desde el principio dos inconvenientes para aplicar la nueva normativa. Uno estructural -el déficit en los cuerpos policiales en la isla y la consecuente sobrecarga laboral- y otro jurídico -el temor de los agentes a acceder a propiedades privadas sin autorización o sin orden judicial-.

Un problema estancado

La percepción de la patronal es que, a pesar de todo, este verano la presión quizá no es tan fuerte como otros años, aunque para hacerle frente, los ayuntamientos están “colapsados” y no cuentan con los suficientes recursos.

Por su parte, desde el Consell han explicado que la contratación de detectives fue una “medida puntual” adoptada en un contexto “muy concreto” y que no está previsto recuperarla. De momento, siguen apoyando a los consistorios en la lucha contra el intrusismo con financiación y coordinación permanente, dentro del ámbito de sus competencias, pero no han especificado a elDiario.es de qué manera.

Los cuerpos de seguridad ya reconocieron hace alrededor de una década la dificultad para actuar dentro de fincas privadas, clave para perseguir un fenómeno que se mueve por el boca a boca y cuya persecución resulta compleja si no puede demostrarse el cobro de entradas o la venta de alcohol. “La implicación de los vecinos es fundamental”, señala Rosselló.

Los avisos vecinales han sido hasta ahora la némesis de esta actividad. Aun así, diez años más tarde, las fiestas ilegales siguen adaptándose a los controles mientras vecinos y administraciones siguen en busca de una fórmula para contener el problema, que vuelve a ganar intensidad.

El mes de julio empezó en Casa Lola con la denuncia de una agresión sexual. El presunto agresor también roció con gasolina a otra persona, le prendió fuego y le causó varias quemaduras, según el testimonio de una testigo. La Policía Local de Sant Josep de sa Talaia envió una patrulla el pasado miércoles por la noche para poner orden y aclarar qué había sucedido en una propiedad más que conocida para cualquier ibicenco. Casa Lola es un neotopónimo que lleva mucho tiempo apareciendo en la prensa, también en la nacional e internacional. Durante una época alternó las páginas de sociedad con las que informaban sobre la política local. La mansión donde se celebraban las fiestas que reunían al famoseo y a la alta sociedad que veraneaba en Eivissa era ilegal. Nadie pidió una licencia para construirla.

Sobre aquellos 9.326 metros cuadrados –bungalows, piscinas, terrazas– pendía una orden de demolición municipal que tardó doce años en cumplirse. Cuando, al fin, entraron las máquinas –9 de agosto de 2022–, la parcela entró en una especie de letargo. Hasta la última primavera. En abril, tras dos desahucios de campamentos chabolistas en la periferia de la capital de la isla, Periódico de Ibiza publicó unas fotos que evidenciaban una realidad: Casa Lola estaba llena de barracas. Fue una villa de lujo. Ahora es una villa miseria.

El Ajuntament de Sant Josep lamenta que la propietaria de la finca no haya denunciado su okupación a la Justicia. Sin ese trámite, no se podría iniciar el enésimo desahucio de infraviviendas en Eivissa. En los últimos dos años, se han producido más de media docena. El próximo ya tiene fecha y lugar: 24 de julio, hotel en ruinas de Punta d’en Xinxó, también en el municipio de Sant Josep. Pero la dueña de Casa Lola parece practicar otro juego: Francisca Sánchez Ordóñez ya ha sufrido el mismo problema y, varias veces, ha contratado los servicios de D&S Desokupa para vaciar sus posesiones.

Una promotora asidua a los tribunales

“¡Tengo okupas en casi todas mis propiedades! Vamos a ver, tú ves como tengo la casa, me gustan las cosas bellas. Yo ahora cuando voy a Casa Lola, que voy muy poco porque me provoca ansiedad, porque se lo han cargado todo, se han llevado todo, me robaron de todo cuando entraron las máquinas. Esa casa era una belleza ¿Ahora qué? Decadencia total. Eso es lo que ha hecho la Administración. Decadencia, porque es lo que quiere la Administración. Porque el ser humano es vanidoso, tengo el mejor coche, la mejor casa. Pero gracias también a esas vanidades la Administración vive de nosotros. Porque nosotros mantenemos a la Administración. Si no hubiera ilusión estaría todo muerto, como pasa en Venezuela”.

La cita corresponde a una entrevista –doble– que Paquita Marsan –el apodo por el que conocen a esta mujer, malagueña del 49, promotora inmobiliaria en los años salvajes de Marbella durante la alcaldía de Jesús Gil y Gil– concedió a Periódico de Ibiza. Era agosto de 2025 y se quedó a gusto. Pese a presumir de amigos como los ex presidentes González y Aznar, cargó contra las instituciones democráticas: “Tenemos que vivir de la gente que viene a Ibiza (...) ¡Que se dejen ya de tanta pluma y que dejen a los sitios abrir pronto y rápido, que eso trae dinero y no hacen nada más que poner impedimentos!”. Responsabilizó de todos sus problemas judiciales a un abogado que la engañó: “Me sacó un millón de euros, pero no lo he denunciado. Yo le he perdonado porque no te puedes quedar en la vida con el resentimiento”. Y como ya había hecho en otras ocasiones en el mismo medio de comunicación, se excusó:

–No soy una mafiosa.

Un currículo judicial interminable

El currículo judicial de Paquita Marsan es interminable y no deja de crecer. Hace menos de un mes, el 18 de junio, el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJB) anuló por un defecto de forma una multa de 200.000 euros por una fiesta que se celebró en Casa Lola en julio de 2020, plena pandemia. La empresaria, sin embargo, no siempre ha tenido tanta suerte. Resultó mediática su entrada en prisión por defraudar al fisco 867.469 euros. La Policía Nacional y la Agencia Tributaria fueron a buscarla a Pacha una noche ibicenca de agosto de 2013. Vivió entre rejas unos meses hasta que obtuvo el tercer grado en junio de 2014.

La mayoría de los problemas judiciales de Francisca Sánchez Ordóñez empezaron siendo, sin embargo, infracciones urbanísticas. El pasado 6 de marzo, el TSJB confirmó la condena que se le impuso a la empresaria por no cumplir la orden de derribar las construcciones ilegales de Casa Lola. Aquel 9 de agosto de 2022, el equipo de gobierno –entonces, una coalición entre PSOE y fuerzas de izquierda– inició el derrumbe por su cuenta, pero ajustándose a la ley. En tiempo y en forma, según un tribunal que desestimó las apelaciones. La condena obliga a la promotora a pagar el medio millón de euros que salió de las arcas públicas para costear la demolición. La escena pilló por sorpresa a los sesenta inquilinos que habían dormido allí la noche anterior. La última de Casa Lola como agroturismo sin papeles. Terminaba una historia que venía de lejos.

Desde 2011, la empresaria ignoró los expedientes disciplinarios que se le abrieron en el Ajuntament de Sant Josep. Entre medias –noviembre de 2018–, la Audiencia Provincial de Palma había condenado a Paquita Marsan y Rocío Martín –su hija y socia– a una multa de apenas 2.920 euros. ¿El delito? Emplear a obreros que no estaban dados de alta en la Seguridad Social. La Fiscalía pidió sin éxito dos años de cárcel. Otro proceso lento. La inspección que destapó el pastel se había realizado cinco años y medio antes, en febrero de 2013. En octubre de 2025, las dos mujeres volvieron a declarar en la Audiencia Provincial acusadas por la misma práctica. Con el matiz de que los trabajadores no tenían permiso de residencia. La Fiscalía volvió a solicitar dos años de prisión. No hay sentencia de momento.

Paquita Marsan sí colaboró en el derribo de Casa Paola, otro hotel encubierto. En febrero de 2025, ya con el PP al frente del Ajuntament de Sant Josep, cumplió una orden de demolición dictada en septiembre de 2022, todavía con las fuerzas progresistas al frente del Consistorio. Esta villa de lujo no se podía acoger a ninguna amnistía al levantarse sobre suelo protegido. Cayó. Meses después, en cuanto llegó el verano, regresaron los saraos a aquella finca. Vicent Roig Tur, el alcalde de un municipio entregado al crecimiento sin límite, reconoció que se había reconstruido la superficie demolida de Casa Paola.

Para comentar todas estas cuestiones, elDiario.es intentó contactar con la empresaria malagueña por teléfono. También con su empresa –Inversiones Hoteleras Faro SL– a través de correo electrónico. No obtuvo respuesta.

La vida se abre camino en las barracas

La villa miseria no es muy diferente a otras que surgieron antes en Eivissa. Tiendas de campaña unidas a roulottes; ocho maderos y un par de chapas para poner firme algo que se parezca a una caseta; coches y furgonetas aparcados; bombonas de butano, mancuernas, macetas, materiales de construcción, basura, ropa tendida; carritos de bebé y juguetes infantiles; mesas y sillas de plástico; barbacoas y fogones humeantes, respuestas esquivas, pero dulces –“lo siento, corazón, pero no te puedo decir nada”–; historias de inmigrantes que no tienen papeles aunque tengan trabajo. Pero, al levantarse sobre la cuadrícula de una antigua villa de lujo en vez de sobre un descampado, no tiene nada que ver.

Es como si el fotograma de Mad Max se hubiera pintado de verde jurásico. Ante el silencio de la dueña, en Casa Lola la vida se abre camino. Hay caminos pavimentados, un vallado que otorga intimidad, árboles que dan sombra, palmeras que quieren crecer, matorrales selváticos y una cierta lógica para que los habitantes que han ido llegando encuentren su lugar, como en los campings donde aquellas viejas caravanas –matrículas holandesas, alemanas, francesas– debieron pasar sus días de gloria, a inicios de los noventa. Hay, incluso, alguna vivienda de hormigón y cemento que sobrevivió al derrumbe –o que se reconstruyó sin permiso después– y tiene nuevos inquilinos. Hay tarifas de alquiler, o, al menos eso dicen alguno de los moradores. Así en Casa Lola como en Can Rova, quizás, el kilómetro 0 del chabolismo ibicenco.

¿Alguien se está lucrando en Casa Lola?

“Una pareja vive en esta casa. Parece que pagan 700 euros, de ahí y de acá, las dos juntas”, explica Julia. “Ahí” es una tienda de campaña que se entrevé en la maleza. “Acá”, una casa rectangular de unos cuarenta o cincuenta metros cuadrados. Pladur, listones, el techo reforzado por una malla verde. En muchos pueblos de España sería un corral para las gallinas. Dentro, sin embargo, se alojan tres personas. Entre ellas, esta mujer de aspecto maduro que acaba de llegar a Eivissa.

–A mí me están hospedando, no más. Puede que sea más allá quien entiende la cosa de aquí, yo ni idea porque recién llegué de Paraguay, no te puedo decir nada.

–¿Y a quién le pagan el alquiler?

–Ahí de arriba está el encargado. Escuché que es colombiano.

Una residente asegura que una pareja paga 700 euros por una 'casa' más similar a un corral para gallinas que a una vivienda

Los primeros okupas duermen bajo techo

Baudi y Renato charlan en portugués. Son de Goiás, puro interior brasileño, la transición entre los ricos valles de Minas Gerais y el Mato Grosso, la entrada a la Amazonia. “Un estado sin favelas porque a diferencia de otros lugares de Brasil, quizás más ricos, allí los gobernantes no permiten la delincuencia”, dice Bai. “Por eso nuestras familias no se creen que esta finca esté así, llena de gente que no tiene otro lugar donde vivir. Claro, la televisión sólo cuenta lo bueno de Ibiza. Y saben que a nosotros nos va bien en el trabajo. Porque aquí en la isla hay trabajo para quien quiere trabajar. Y se puede ganar dinero”, continúa Renato. Una furgoneta aparcada a pocos metros de distancia confirma que trabajo no les falta a los brasileños. Está llena de herramientas y cubos de pintura. Ellos, “sobre todo en invierno”, “ponen a punto villas”, dice Bai. Desde encalar una pared a colocar unas baldosas a reconstruir estructuras. “Mantenimiento general”, resume Renato.

Nuestras familias no se creen que esta finca esté así, llena de gente que no tiene otro lugar donde vivir. Claro, la televisión sólo cuenta lo bueno de Ibiza. Y saben que a nosotros nos va bien en el trabajo. Porque aquí en la isla hay trabajo para quien quiere trabajar. Y se puede ganar dinero

Renato — Residente en Casa Lola

–¿Vosotros pagáis alquiler por vivir en Casa Lola?

–No, nosotros no –responde Baudi.

–¿Pero vivís en la casa que tenemos detrás?

–Sí, tenemos unas habitaciones. En esta parte vive gente desde hace mucho tiempo –contesta su compañero.

–¿Y cómo pudisteis entrar?

–El portón estaba abierto –sigue Baudi– y, viendo los precios que había en la isla, decidimos quedarnos aquí. Se estaba muy bien y llevamos tres años. Nunca hemos tenido ningún problema. Somos personas buenas, trabajadoras, hemos pedido la regularización, estamos esperando los papeles. Desde entonces no hemos vuelto a casa. Pero desde que vino esta gente [señala la zona alta de Casa Lola, donde están muchas de las barracas]... muchos problemas. Nosotros no pagamos nada, pero allí arriba sí. Hay alguien que está haciendo negocio. Hay una puerta en la parte de atrás de la finca por donde les dejan entrar y salir.

–¿Quién está cobrando allí arriba?

–No lo sé, pero nos van a crear un problema.

El portón estaba abierto y, viendo los precios que había en la isla, decidimos quedarnos aquí. Se estaba muy bien y llevamos tres años. Nunca hemos tenido ningún problema. Somos personas buenas, trabajadoras, hemos pedido la regularización, estamos esperando los papeles. Pero desde que vino esta gente [señala la zona alta de Casa Lola, donde están muchas de las barracas] hay muchos problemas

Baudi — Residente en Casa Lola

Sin luz

El nombre de la zona no engaña: Davall sa Serra, debajo de la sierra. Casa Lola se construyó en la falda de un agujero delimitado por montañas bajas a la que le han brotado los pinos –la Serra d’en Calaveres– y varios cerros: Pujol d’en Puvil, Puig Redó, Puig d’en Camarles. Varios torrentes –des Jondal, de Can Berris– atraviesan un pequeño territorio que debió ser muy fértil en el pasado (en el Mediterráneo, donde hubo agua, hubo alegría). Hoy, los nombres de las antiguas fincas agrícolas –Can Cantó, Can Forn, Ca na Pepa d’en Xic, Can Miquel Francesc– se mezclan con casoplones dotados de piscinas del tamaño de un apartamento. Un vecindario diseminado que ha levantado la voz en las últimas semanas por lo que está sucediendo en la finca de Paquita Marsan. Desde el anonimato, una persona denunciaba en Periódico de Ibiza “la okupación de una vivienda” para abastecer de electricidad a la villa miseria “con un tendido eléctrico ilegal”.

Al chamizo de Daniel no llega la luz. Por eso, fríe a gas unos trozos de pollo rebozado. Cuando los saque de la sartén y los seque en papel de cocina, se los llevará a su madre y a su hermana pequeña, una niña que corretea frente a la roulotte donde duerme este paraguayo –“de Asunción”– que lleva un año en la isla: “Vine porque ellas ya estaban acá. Mi madre y la niña pudieron encontrar un alquiler en otro lado, lo que pasa es que yo no lo encontré”. Daniel trabaja “en villas”. “Albañilería y reparaciones”. Para aliviarse del calor, bebe tereré. El mate en frío de los guaraníes. Compartirlo para divagar es todo un rito social.

El Ministerio de Función Pública ha acordado con los sindicatos UGT y CSIF el aumento de la indemnización por residencia del personal de la Administración del Estado destinado en las Illes Balears, que alcanzará desde los 105 euros a 697 euros al mes, según el caso, recoge el acuerdo alcanzado este lunes al que ha accedido elDiario.es.

El alza, que no ha suscrito CCOO, tendrá efectos desde el 1 de julio, aunque aún tiene que ser aprobada por el Consejo de Ministros. La subida afecta a “aproximadamente 11.200 empleados públicos” de la Administración central destinados en Balears, cifran en UGT.

El Ministerio de Óscar López ha celebrado el acuerdo, por el que se elevan “las indemnizaciones por residencia un 100% en Mallorca y más de un 300% en el resto de las islas de Baleares”, han subrayado desde su departamento.

El aumento de esta indemnización por residencia busca facilitar la ocupación de los puestos públicos estatales en Balears y compensar a los empleados destinados en la región, una de las que afronta un mayor tensionamiento de los precios de la vivienda.

“La Administración se compromete, previa negociación colectiva en el plazo de seis meses, a tramitar las modificaciones normativas necesarias para hacer efectiva esta actualización, incluyendo los incrementos retributivos vinculados a la antigüedad que formen parte del mismo”, destacan en CSIF.

CCOO ha valorado el incremento de la cuantía para Balears, pero ha considerado el paso como “insuficiente”, por lo que se abstuvo en la votación.

Entre 56 y 570 euros más al mes respecto a ahora

El incremento supone “entre 56 y 100 euros” más al mes para el personal destinado en Mallorca, según su grupo o categoría profesional, y “entre 195 y 570 euros” más al mes para quienes prestan servicio en Menorca, Ibiza y Formentera, destaca UGT.

Así, en la actualidad la menor indemnización (del agrupaciones profesionales grupo E) se sitúa en casi 59 euros en Mallorca y se ha acordado que se sitúe en 105 euros.

En el caso del plus en Menorca, Ibiza y Formentera de trabajadores y trabajadoras de la categoría A1, ahora situado en 127 euros, subirá hasta los 697 euros al mes.

El Ministerio de Función Pública ha explicado que “en dicha actualización de las cantidades han tenido que ver los actuales problemas de acceso a la vivienda y la necesidad de adecuarlas a la realidad socioeconómica”.

El sindicato CSIF ha difundido una tabla donde recoge las cuantías actuales y pactadas, por regiones y categorías profesionales.

Negociación para Canarias, Ceuta y Melilla

UGT y CSIF han coincidido en situar este acuerpo como un primer paso, de una negociación que continúa y que debe alcanzar a más territorios.

El pacto recoge el compromiso de negociar en “el último cuatrimestre” de este año, tras el verano, las indemnización por razón de destino de otras regiones particulares, como Canarias, Ceuta y Melilla, subrayan los sindicatos.

El acuerdo recoge el objetivo de aprobar estas cuantías se aprueben “en el primer trimestre de 2027”.

“La situación geográfica de estos territorios les otorga unas características especiales que los convierte en destinos con muchas dificultades para su cobertura. Esta circunstancia perjudica el mantenimiento de los servicios públicos por la falta de atractivo para los profesionales públicos y provoca una fuga constante de talento”, recuerdan desde CSIF.

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha avalado el despido de un camarero de un hotel de Eivissa que publicó un vídeo en TikTok en el que criticaba el margen de beneficios de la empresa -aseguraba que un café cuyo coste era de 20 céntimos se vendía por cinco euros- y denunciaba que los trabajadores estaban “mal pagados”.

La resolución, que confirma íntegramente la sentencia que en primera instancia declaró procedente el despido disciplinario, asevera que las manifestaciones del extrabajador suponen un “importante daño reputacional” para la empresa, Fiesta Hotels & Resorts SL, propiedad de los Matutes y uno de los mayores conglomerados turísticos de Balears.

La misma empresa ya protagonizó otro episodio relevante en 2023, cuando tuvo que abonar 38,9 millones de euros a Hacienda tras una inspección de la Agencia Tributaria relativa al Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios 2016 a 2019.

En el caso del camarero despedido, los magistrados consideran acreditado que el entonces empleado grabó el vídeo desde su puesto de trabajo y durante su horario laboral utilizando su teléfono móvil personal. En las imágenes aparecía el sistema interno de gestión y cobro (TPV Room Service) de la empresa, lo que, a juicio del tribunal, permitía identificar al establecimiento, un extremo que negaba el extrabajador. El camarero denunciaba que el coste de un café era de apenas 20 céntimos mientras se vendía por cinco euros, mientras que los empleados cobraban únicamente 1.400 euros.

El demandante alegaba que el despido era desproporcionado e improcedente, ya que en el video no se identificaba a la empresa ni se causó un daño real a la empresa. Sostenía además que, aun de existir una conducta reprochable, la mercantil obvió la graduación de las faltas al imponer la sanción más gravosa sin atender a las circunstancias. Por su parte, la compañía señaló que, aunque no hubiera un daño económico directo cuantificado, la difusión de tales mensajes suponía un importante daño a su reputación, prestigio y credibilidad exterior.

Uno de los aspectos más relevantes del fallo es que la Sala considera que no es necesario demostrar un daño económico efectivo para justificar un despido disciplinario cuando la conducta del trabajador compromete la confianza y la reputación de la empresa.

Según el tribunal, la difusión en TikTok de información sobre el funcionamiento interno de la empresa y las críticas públicas a su política de precios y salarios constituyen “un ataque directo a la reputación y crédito profesional” de la mercantil. Los magistrados añaden que basta con que la conducta sea objetivamente apta para quebrar la buena fe contractual y la lealtad debida al empleador.

La resolución también rechaza que la sanción fuera desproporcionada pese a que el trabajador alegó carecer de antecedentes disciplinarios y llevar casi cinco años en la empresa. Para la Sala, el hecho de difundir en redes sociales, durante la jornada laboral, un vídeo que exhibía sistemas internos de la compañía y contenía manifestaciones despectivas constituye una infracción suficientemente grave como para justificar la máxima sanción prevista por la normativa laboral.

Asimismo, el TSJIB descarta las alegaciones del empleado sobre supuestos defectos formales en la comunicación del despido. La sentencia concluye que la empresa entregó correctamente la carta de despido y que esa circunstancia quedó acreditada durante el procedimiento, por lo que no aprecia vulneración alguna de las garantías legales. Contra la resolución cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge este martes el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se renueva al catedrático de Historia e Instituciones Económicas Carles Manera como miembro del Consejo de Gobierno del Banco de España por otro periodo de seis años.

Según ha informado el Banco de España a través de un comunicado, Carles Manera fue nombrado inicialmente para el cargo en julio de 2020. Desde 2023 ha presidido la comisión de Auditoría del Banco de España.

Ahora, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, ha aprobado su renovación como consejero no nato del Consejo de Gobierno del Banco de España por otro periodo de seis años.

Nacido en 1957 en Palma, Manera es doctor en Economía por la Universidad de Barcelona y en Historia por la Universitat de les Illes Balears, de la que fue vicerrector de Planificación Económica y Administrativa.

Entre 2007 y 2011 fue consejero de Economía, Hacienda e Innovación del Govern balear y presidió el Consell Economic i Social de les Illes Balears entre 2017 y 2020.

Es autor de 11 libros y ha publicado más de 255 trabajos especializados en economía e historia económica. Ha obtenido diversos reconocimientos, como el Premio Extraordinario de Licenciatura y de Doctorado, el Premio Catalunya de Economía y el Premio Ciudad de Palma de Investigación.

El empresario Matthias Kühn sigue en la lista de deudores de Hacienda: lo hace a través de la sociedad unipersonal Matthias Kuhn Inversiones, con una deuda que aumenta de los 1,1 a los 1,3 millones de euros. El magnate es conocido en el archipiélago balear, principalmente, por los negocios que llevó a cabo en su momento ligados a la inversión inmobiliaria y al turismo. Durante años, el grupo empresarial del magnate explotó económicamente el islote protegido -y privado- de Tagomago, de 600.000 metros cuadrados y ubicado en el noreste de Ibiza, cobrando entre 100.000 y 160.000 euros por alquilar durante una semana la lujosa villa construida en la isla.

El empresario alemán está siendo paralelamente investigado por presuntamente ocultar 24,7 millones de euros al fisco. Según su versión, Hacienda actúa contra él de forma “sesgada”, pretende “pervertir el proceso penal” y e instrumentaliza el procedimiento judicial “con fines puramente recaudatorios”. En concreto, sobre el empresario pesan delitos de alzamiento de bienes, estafa procesal e insolvencia punible.

Tanto Hacienda como la Fiscalía Anticorrupción sostienen que, a lo largo de varios años, se estuvieron traspasando activos entre las distintas sociedades del entramado empresarial de Kühn con la intención de ocultarlos mientras estas se iban declarando en concurso. Los investigadores señalan así a una red de empresas que habrían sido constituidas con el único fin de camuflar los beneficios procedentes de las operaciones inmobiliarias del magnate y poder así eludir sus obligaciones tributarias. 

Cuando fue a declarar, el magnate ha justificó su silencio ante el juez en el hecho de haber aportado, a través de su letrado, Jaime Campaner, multitud de escritos procesales con documentación que, defendía, evidencian el carácter “sesgado, por unidireccional y parcial”, de la investigación auspiciada por la Agencia Tributaria, en la medida en que tales escritos y documentos no han sido valorados. Bajo su punto de vista, no habría nada más que pudiera añadir porque todas las cuestiones están explicadas y documentadas.

El empresario insistió en que el supuesto fraude fiscal cometido a través de sociedades pantalla se refiere a la deuda dejada por las sociedades del grupo que se encuentran en concurso de acreedores desde 2016 y 2019 y de las que, aseguró, cesó como administrador. Kühn insistió en que ni él ni nadie de su entorno o de su grupo empresarial han intentado nunca ocultar la indemnización de 96 millones de euros que la entidad Birdie Son Vida SL tenía pendiente de recibir del Govern a raíz de la recalificación como suelo rústico protegido de una de sus propiedades, conocida como Muleta.

“Este edificio residencial totalmente reformado ofrece una oportunidad única destinada exclusivamente a la ocupación corporativa”. Así se anuncia un inmueble en Palma dirigido a “satisfacer las necesidades empresariales modernas”. El precio de uno de sus pisos, 13.500 euros al mes. Mientras los alquileres de Balears se sitúan entre los más caros del país y cientos de personas subsisten en infraviviendas, caravanas, tiendas de campaña y edificios abandonados, una parte creciente del mercado inmobiliario ya no se dirige a familias ni residentes habituales, sino a compañías que necesitan alojar temporalmente a trabajadores desplazados, directivos o profesionales internacionales. La oferta forma parte de una tendencia cada vez más visible en el mercado inmobiliario: la transformación de viviendas residenciales en productos específicamente diseñados para la movilidad laboral y empresarial.

“Ideal para empresas que buscan alojamiento de primera calidad, listo para usar, para sus equipos y ejecutivos”, reza el mismo anuncio. Se trata de una vivienda ubicada en un edificio de siete apartamentos situado en la zona de la calle Aragón. Todos ellos, señala la publicación, “cuentan con espacios exteriores privados, que incluyen terrazas y un solárium en el ático de hasta 30 metros cuadrados”. Lo comercializa una de las mayores plataformas inmobiliarias especializadas en vivienda de lujo y comprador internacional de España.

En paralelo, miles de residentes compiten por una oferta cada vez más escasa en uno de los mercados inmobiliarios más tensionados del Estado. De acuerdo al último informe de Idealista, el precio medio del alquiler alcanzó en mayo los 20,1 euros por metro cuadrado en Balears, un 2,2% más que un año antes, situando al archipiélago como la segunda comunidad autónoma con las rentas más elevadas de España, únicamente por detrás de Madrid. En Palma, donde, según el mismo portal, por cada piso que se anuncia se interesan 69 familias, el precio se ha disparado hasta los 19,2 euros por metro cuadrado tras encarecerse un 8,2% en solo doce meses, situando a la capital balear como la tercera más cara del país para arrendar una vivienda.

'Ideal para empresas que buscan alojamiento de primera calidad, listo para usar, para sus equipos y ejecutivos', reza un anuncio. Se trata de un edificio de Palma en el que se comercializan siete viviendas por 13.500 euros exclusivamente para empresas

La vivienda convertida en infraestructura laboral

El contraste ilustra la profunda transformación que atraviesa el mercado residencial balear. Mientras una parte creciente de la población residente queda expulsada del acceso a la vivienda, inmobiliarias especializadas en lujo y comprador internacional comercializan edificios enteros para empresas, ejecutivos y trabajadores desplazados. La coexistencia entre un mercado orientado al capital internacional y unos alquileres que baten récord tras récord ha convertido las islas en uno de los ejemplos más extremos de la brecha entre la vivienda como activo de inversión y la vivienda como derecho residencial.

Otros anuncios ejemplifican con claridad esta tendencia. Otra empresa comercializa por 2.574 euros mensuales un ático de dos dormitorios y dos baños en Palma bajo una condición destacada en mayúsculas: “ALQUILER EXCLUSIVO PARA EMPRESAS”. La vivienda, completamente amueblada y equipada, dispone de una terraza privada de 25 metros cuadrados, climatización por aerotermia y forma parte de una finca rehabilitada integralmente hace apenas tres años. El anuncio se dirige expresamente a compañías que necesiten alojar empleados o directivos desplazados y culmina con un reclamo revelador: “Tu nuevo hogar en Palma”.

Mientras una parte creciente de la población residente queda expulsada del acceso a la vivienda y se ve abocada a subsistir en infraviviendas, caravanas, tiendas de campaña y edificios abandonados, inmobiliarias especializadas en lujo y comprador internacional comercializan edificios enteros para empresas, ejecutivos y trabajadores desplazados

El fenómeno no se limita a la capital balear. En Eivissa, un anuncio en Playa d'en Bossa ofrece un apartamento de obra nueva por 5.000 euros mensuales, especificando en la primera línea que se trata de un “alquiler de temporada” y que es “solo para empresas”. La vivienda, que cuenta con 62 metros cuadrados, terraza de 30 metros y dos habitaciones dobles, además de acceso a piscina, gimnasio y sala gourmet, forma parte de la lujosa urbanización Aguamarina, desarrollada por la promotora Vía Célere, uno de los principales actores del negocio promotor español.

La mercantil se encuentra controlada, a su vez, por el fondo estadounidense Värde Partners, fondo internacional especializado en inversión inmobiliaria y activos financieros. elDiario.es se ha puesto en contacto con Vía Célere para conocer su su valoración sobre el impacto de estas fórmulas en el acceso a la vivienda de la población residente, pero no ha obtenido respuesta hasta la publicación de este reportaje.

Mientras tanto, en Santa Eulària des Riu, uno de los municipios de Balears con el alquiler más caro -1.107 euros mensuales de media, según datos recientes del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares (COAPI)-, otro anuncio ofrece una vivienda por 2.100 euros orientada expresamente al mercado corporativo y temporal. La propiedad, comercializada por un perfil particular, se presenta como una solución para estancias profesionales y perfiles de alto poder adquisitivo en línea con una tendencia cada vez más visible en las Pitïuses: viviendas que dejan de dirigirse a residentes permanentes para orientarse a clientes temporales, empresas y profesionales desplazados.

Aunque no existen estadísticas oficiales específicas sobre el peso del alquiler corporativo en Balears, diversos indicadores apuntan a una creciente empresarialización de la vivienda. Una encuesta de la Pequeña y Mediana Empresa de Eivissa y Formentera (PIMEEF) revela que el 60% de las pequeñas y medianas empresas de Formentera ofrece alojamiento a sus trabajadores y que, entre las mercantiles que alquilan vivienda para sus empleados, la mitad destina entre 2.000 y 4.000 euros mensuales a ese concepto y un 11% supera los 8.000 euros al mes. En 2024, la misma patronal denunciaba que la carestía de la vivienda está llegando en Eivissa “a niveles que rozan lo delictivo”. “Hablamos de economía sumergida y de especulación. Ya no es sólo un asunto de oferta y demanda. Parece que da igual pedir 2.000 euros que 3.000, porque después no se tributa por ello”, aseveraba

Mientras tanto, los sindicatos alertan de que la falta de vivienda se ha convertido en uno de los principales obstáculos para contratar personal: UGT ha llegado a proponer destinar el impuesto de turismo sostenible, un gravamen destinado a las pernoctaciones hoteleras, a comprar o alquilar establecimientos para alojar a los trabajadores.

Una encuesta revela que el 60% de las pequeñas y medianas empresas de Formentera ofrece alojamiento a sus trabajadores y que, entre las que alquilan vivienda para sus empleados, la mitad destina entre 2.000 y 4.000 euros mensuales a ese concepto y un 11% supera los 8.000 euros al mes

Un cliente 'más rentable' que el residente

No se trata de casos aislados. En paralelo ha surgido toda una industria especializada en el denominado corporate housing o alojamiento corporativo que explican cómo, para muchos propietarios, resulta más atractivo alquilar a una empresa que a una familia: el pagador deja de ser un particular para convertirse en una sociedad considerada solvente, los contratos suelen ser temporales, la rotación es mayor y los precios pueden situarse muy por encima de los que podría soportar buena parte de la población local. Las propias plataformas de alquiler corporativo destacan como ventajas la reducción del riesgo de impago, la flexibilidad contractual y la simplificación de la gestión.

El pagador deja de ser un particular para convertirse en una sociedad considerada solvente, los contratos suelen ser temporales, la rotación es mayor y los precios pueden situarse muy por encima de los que podría soportar buena parte de la población local

Plataformas como Rentaborg destacan cómo el mercado del alquiler corporativo en España ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años, “creando una oportunidad única para los propietarios que buscan maximizar la rentabilidad de sus inmuebles” al acceder a rentas más elevadas -“entre un 20% y 40%” más altas que las del alquiler residencial tradicional- y simplificar la gestión del arrendamiento mediante contratos firmados por sociedades mercantiles. Esa mayor rentabilidad, según las mismas empresas, compensan sobradamente la posible pérdida de ventajas fiscales a las que podrían acogerse si el arrendamiento se destinase a vivienda habitual.

Palma, una ciudad “vibrante”

Algunas empresas se dedican específicamente a intermediar entre empresas y propietarios, como una que comercializa directamente “apartamentos corporativos” para profesionales desplazados. El lenguaje que utiliza es revelador: “Palma es una ciudad vibrante, agradable y eficiente para cualquier tipo de alquiler corporativo. Un destino que combina oportunidades profesionales, servicios de calidad y un estilo de vida que aporta equilibrio a cada estancia”. Es decir, ya no se habla de vivienda habitual, vecinos o arraigo residencial, sino de soluciones habitacionales para empresas, movilidad laboral y alojamiento temporal para profesionales. Por su parte, según webs como Weguest, las compañías valoran la disponibilidad inmediata, la ubicación estratégica y los servicios incluidos, factores que justifican las tarifas premium.

La consecuencia es que una parte creciente del parque residencial deja de competir por atraer residentes para hacerlo por captar empresas. Allí donde una familia busca una vivienda para vivir de forma estable, los propietarios encuentran clientes capaces de pagar más, asumir alquileres de corta o media duración y aceptar precios inasumibles para gran parte de la población local. El resultado es una progresiva transformación de la vivienda en infraestructura para la movilidad laboral y empresarial, especialmente visible en ciudades tensionadas como Palma.

Allí donde una familia busca una vivienda para vivir de forma estable, los propietarios encuentran clientes capaces de pagar más, asumir alquileres de corta o media duración y aceptar precios inasumibles para gran parte de la población local

El modelo conecta además con otros fenómenos que ya están transformando el mercado residencial balear: el auge del coliving, el alquiler flexible y la segmentación de viviendas por habitaciones en los que imperan condiciones como “no menores”, “no mascotas”, “no empadronamiento”, “parejas y amigas, fuera de casa”... Las publicaciones no hablan de vecinos, alquiler estable o vivienda habitual: en su lugar proliferan conceptos como “co-living premium”, “community living”, “hotel ambience”, “digital nomads”, “expats” o “remote workers”, evidenciando cómo el archipiélago ha dejado progresivamente de alquilar casas para empezar a comercializar experiencias habitacionales temporales dirigidas a población móvil global y perfiles internacionales de poder adquisitivo medio-alto. En muchos casos, empresas especializadas comercializan habitaciones para “digital nomads”, trabajadores remotos y perfiles internacionales con precios que alcanzan los 1.300, 1.600 o incluso 2.400 euros mensuales durante la temporada alta.

Mientras tanto, el Govern de Marga Prohens (PP) ha dado luz verde, a través de su recién aprobada ley ómnibus, a que empresas, sociedades y otras personas jurídicas adquieran viviendas protegidas de precio tasado para destinarlas al alquiler. Mientras la izquierda le acusa de poner la “alfombra roja” a los fondos buitre y a los grandes capitales, el Ejecutivo insiste en asegurar que la iniciativa ampliará la oferta residencial asequible. Para las entidades sociales, sin embargo, las medidas impulsadas por el Ejecutivo autonómico con el apoyo de Vox no atacan las causas reales de la crisis habitacional y se limitan a rebajas fiscales como la supresión del impuesto de sucesiones.

Cada vez más jóvenes con empleo estable descubren que el salario ya no es suficiente para acceder a una vivienda. La imposibilidad de ahorrar para la entrada de un piso, el encarecimiento del alquiler y la dificultad para obtener financiación están retrasando la emancipación y desplazando el acceso a la propiedad hacia fórmulas cada vez más dependientes del patrimonio familiar, las herencias o el endeudamiento a largo plazo.

“La única manera que encuentro ahora mismo de independizarme es echando de casa a mi madre”, expresa con humor Lucía, de Eivissa. Tiene 25 años, trabaja como enfermera en el Hospital de la isla y, a pesar de que lleva un tiempo barajando la posibilidad de comprarse una casa, sigue viviendo en el domicilio familiar porque, de momento, no puede permitírselo. 

Durante el último año ha seguido viendo anuncios inmobiliarios y ha explorado distintas opciones para comprar. Sin embargo, pese a contar con un empleo estable, no ha conseguido ahorrar lo suficiente para afrontar la entrada que exigen la mayoría de las operaciones. “Sería para comprar, pero obviamente es imposible”, resume.

La opción del alquiler tampoco entra en sus planes. Consciente de los precios que se manejan actualmente en la isla, considera que destinar una parte tan importante de su salario a la renta supondría una pérdida de poder adquisitivo difícil de asumir. Así que, por ahora, como tantos otros jóvenes ibicencos, sigue aplazando la emancipación a la espera de que el mercado ofrezca alguna oportunidad que encaje con sus posibilidades económicas.

La crisis de la vivienda está hundiendo la tasa de emancipación a mínimos históricos desde el año 2006, cuando se tienen los primeros registros. Un 85% de los españoles de entre 16 y 29 años no ha podido independizarse aunque trabajan porque no pueden permitirse los precios ni de compra ni de alquiler, según datos recientes del Consejo de la Juventud de España.

El nivel educativo, fuera de la ecuación

El informe donde se recoge el análisis resalta que el nivel educativo y el empleo ya no garantizan ni la emancipación ni la estabilidad y plasma que la edad media de emancipación a nivel nacional es de 30 años. De hecho, solo uno de cada cuatro jóvenes con trabajo está independizado, es decir, un 14,5%. 

Otro de los datos impactantes del documento es que la oferta de alquiler de habitaciones ha crecido en cuatro años un 85% porque a los arrendadores les sale más rentable, lo que ha transformado considerablemente el mercado residencial.

La baja tasa de emancipación se produce a pesar de una mejora general de los indicadores laborales. Sin embargo, mientras el salario de la juventud se situó en 2025 en los 1.191 euros al mes (14.292,22 euros anuales), a finales del mismo año, alquilar una vivienda libre costaba de media 1.176 euros mensuales, el precio más alto de las últimas dos décadas.

Este es el panorama a nivel nacional y aún empeora en Balears, donde hacen falta alrededor de siete años de salario íntegro para empezar a soñar con tener una casa propia. Según datos de 2024 del Observatorio de Juventud de les Illes Balears, si en España los jóvenes necesitaban cuatro años de sueldo íntegro en ese periodo para la entrada de un piso, en el archipiélago los jóvenes necesitaban una serie de años más, en concreto 7,1 años. En cuanto a la hipoteca, supondría —en caso de haber podido adelantar la entrada— un 111% del salario medio neto. Así es que solo el 10,9% de los jóvenes ocupados en Balears vivían en el segundo semestre de 2024 fuera del hogar familiar. O, dicho de otra forma, nueve de cada diez jóvenes con trabajo no se pudieron emancipar a pesar de tener ingresos. 

Si en España los jóvenes necesitan cuatro años de sueldo íntegro en ese periodo para la entrada de un piso, en el archipiélago los jóvenes necesitan 7,1 años más

La situación, en el último año, solo ha ido a peor, porque el precio de la vivienda no ha dejado de aumentar: el precio medio se sitúa en el segundo trimestre de 2026 en 4.173 euros por metro cuadrado, con una subida interanual del 10,3% y nuevos máximos históricos, según datos del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Balears. Dentro del archipiélago, Eivissa concentra los precios más elevados.

“Esclavizarse” con dos trabajos

“No es nada nuevo que el alquiler aquí [en las islas] te cuesta el salario entero y tienes que elegir: o comer o vivir emancipado. Ahora mismo tengo dos trabajos para poder irme de casa”, cuenta José Vingut, ibicenco de 26 años. “Si quieres independizarte te cuesta eso, duplicar la jornada laboral para —no conseguir, sino intentar— tener una vida independiente”, sigue. De momento, continúa viviendo con su madre.

No es nada nuevo que el alquiler aquí [en las islas] te cuesta el salario entero y tienes que elegir: o comer o vivir emancipado. Ahora mismo tengo dos trabajos para poder irme de casa

José Vingut — Ibicenco de 26 años

Vingut trabaja en el concesionario de Mercedes, en Eivissa, de lunes a viernes de siete de la mañana a cuatro de la tarde y cinco días a la semana. Cuando termina, se va hasta el aeropuerto donde su jornada laboral se suele alargar hasta las doce de la noche. Aunque su horario varía dependiendo, entre otros factores, de los vuelos programados por Aena.

Desde el año pasado ojea pisos para comprar, pero desde finales del año pasado busca desde una perspectiva “realista” [solo mirando inmuebles que se ajusten a sus posibilidades pecuniarias]. “He visto estudios de 35 metros cuadrados por más de 275.000 euros, me parece súper desorbitado. Pisos hechos una pena. Los de una habitación que están en verdaderas condiciones ya llegan a los 300.000”, explica el ibicenco.

José Vingut trabaja en el concesionario de Mercedes de lunes a viernes de siete de la mañana a cuatro de la tarde. Cuando termina, se va hasta el aeropuerto donde su jornada laboral se suele alargar hasta las doce de la noche

Este punto de vista “realista” involucra, por otro lado, una visión a futuro que pasa por formar una familia muy difícil de materializar y que entra en conflicto con las características de los inmuebles que se puede permitir.

Ayudas con condiciones imposibles

Una de las opciones de Vingut es lograr beneficiarse de los avales ICO para primeras viviendas que ha sacado el Gobierno para jóvenes de hasta 35 años. Se trata de una garantía pública ofrecida por el Instituto de Crédito Oficial español que respalda parte de la hipoteca concedida por el banco y que permite hasta el 100% del valor del inmueble en algunos casos. Esto permite a los bancos, en algunos casos, conceder hipotecas de hasta el 100% del valor del inmueble en lugar del habitual 80%.

La ayuda tiene un pero porque está sujeta a varias condiciones. Entre ellas, un tope máximo en el precio de la vivienda que se quiere comprar que fija cada comunidad autónoma, a pesar de que la prestación sea estatal. En el caso de Balears, este precio límite es de unos 275.000 euros. “Es ridículo porque los pisos o casas decentes se empiezan a encontrar a partir de ese mínimo”, lamenta Vingut.

El precio límite para acogerse a un aval ICO para primeras viviendas es en Balears de 275.000, un precio que 'es ridículo porque los pisos o casas decentes se empiezan a encontrar a partir de ese mínimo', comenta José Vingut

“Por otro lado, los alquileres no bajan de los mil y pico, que es la letra de una hipoteca. Por eso muchos residentes de las islas preferimos destinar en el momento en que sea posible ese dinero a una hipoteca para una casa que por lo menos vaya a ser suya. Pero no es fácil”, valora. Cuando le comentó a su padre que se quería independizar, la respuesta de su progenitor fue franca, directa: “Me dijo: no digas tonterías porque eso es imposible”. Acto seguido, le explicó que cuando pudieran heredar el piso de su abuela materna, sería para él.

Lo que ha hecho es meterse en esa agridulce espera de un fallecimiento en su familia para poder independizarse y llegar a esta firme conclusión: hay que tirar de herencias, ya sea en vida o post mortem. Maria Antonia, de la misma edad y nacida en Mallorca, explica que la mayor parte de sus amigos están en ese mismo escenario: o están en casas de sus familias o han heredado viviendas de sus abuelos donde tienen previsto mudarse.

“Echaba de menos la isla”

María Peña (Eivissa, 30 años) se considera, dentro de lo que cabe, una de las afortunadas de su generación, aunque no corre esa suerte de la posible transmisión de un patrimonio familiar. Profesora de Primaria, pasó varios años viviendo en Madrid, donde asegura que podía pagar el alquiler con su sueldo e incluso ahorrar parte de sus ingresos. Sin embargo, cuando regresó a Eivissa para incorporarse al curso escolar 2025-2026 se encontró con una realidad conocida que ahora le afecta de lleno. Acceder a una vivienda en propiedad es casi ilusorio.

“No puedo quejarme de mi sueldo y sé que hay gente en una situación mucho más complicada que la mía, pero tengo 30 años y quiero vivir sola”, explica. Aunque podría asumir el coste de un alquiler, la compra de un inmueble está totalmente fuera de su alcance. “He estado mirando pisos, pero si vas sola al banco, no te conceden hipotecas tan altas y al final te quedas igual”, resume.

No puedo quejarme de mi sueldo y sé que hay gente en una situación mucho más complicada que la mía, pero tengo 30 años y quiero vivir sola

María Peña — Ibicenca de 30 años

Peña decidió volver a la isla porque la echaba de menos y porque las condiciones laborales de los docentes son mejores que en la capital. Su intención era establecerse cerca de los lugares donde ha crecido, en la zona de Sant Antoni y Cala de Bou, pero la búsqueda ha terminado chocando con los precios del mercado: “He intentado mirar algo por allí y es imposible”.

Hipotecas que llegan a los 40

Rebeca, de Palma, empezó a trabajar a los 16 años -“súper joven”- con una autorización de sus padres y cuando tenía casi 18 se mudó a Madrid, a un piso compartido y empezó a pagar alquiler. Ahora, a sus 41, recuerda cómo estudiando Sociología tenía que compaginar dos trabajos para poder pagar la renta, cubrir sus gastos y que le quedara margen suficiente para ahorrar. “Vamos, lo que hemos tenido que hacer alguna vez todos para sobrevivir”, observa.

Era ‘sabadera’ en el Sfera —así se conocía en la tienda textil a los empleados que trabajaban el fin de semana— de la calle Preciados, cerca de Sol, y algunos días llegaba a echar jornadas de diez horas seguidas. Luego, por la noche, trabajaba sirviendo copas: “Me sacaba mil euros de un lado y mil del otro”. Fue a los 29, con tres trabajos, cuando “por fin” pudo empezar a ahorrar; luego consiguió un buen puesto en un canal de televisión y con él se terminó el pluriempleo, a los 31. “Entonces vivía con mi pareja y aunque seguía pagando alquiler, entre los dos era más fácil”.

Fue después de separarse de él cuando empezó a mirar opciones, mientras vivía en casa de sus padres, y a los 39, justo antes de cumplir los 40, se lanzó a la hipoteca. Entonces era 2024 y ser propietario en Balears ya era muy difícil, aunque en el último par de años los precios han vuelto a subir vertiginosamente. 

En el proceso de compra se encontró con un montón de cosas: pisos destrozados, edificios enteros ocupados… pero, si subía el precio de compra -a alrededor de 300.000 euros-, la hipoteca ascendía a más de mil. “Una letra tan alta, habiendo dado un 20% de entrada, era una locura. Miré varios que me gustaban y le di muchas vueltas, pero al final los descarté porque tenía que asumirlo sola y si algo salía mal no quería verme en escenarios complicados”.

Finalmente encontró una opción más económica y la reformó de manera casi integral, para lo que se vio obligada a ahorrar otros años después de una década de empleos precarios: “Me he pegado unas buenas palizas trabajando”, asegura la trabajadora. 

Ahora, el esfuerzo laboral se ha desligado por completo de la capacidad de adquisición porque con la subida continuada de los precios, la emancipación se retrasa y despedirse del hogar familiar sólo es factible para aquellos que poseen patrimonio familiar. “Es lo que está sucediendo -dice Vingut- en Eivissa. Si no, emanciparse es prácticamente imposible”.

El grupo financiero alemán Sparkassen-Finanzgruppe, impulsor del polémico cartel publicitario instalado hace varios días en el aeropuerto de Palma, ha anunciado que retirará la lona y ha pedido disculpas después de que el Govern balear denunciara que el mensaje “Was auf Malle passiert, wird auf Malle beglichen” (“Lo que pasa en Mallorca se paga en Mallorca”) proyecta una imagen “denigrante” de Mallorca asociada al turismo de excesos.

La controversia se desató a raíz del lenguaje utilizado por la campaña: “Malle” es la forma coloquial con la que muchos turistas alemanes se refieren a Mallorca y forma parte del conocido eslogan “Was auf Malle passiert, bleibt auf Malle” (“Lo que pasa en Mallorca se queda en Mallorca”), integrado desde hace años en el imaginario festivo alemán asociado a la isla. La frase, inspirada a su vez en el célebre lema estadounidense “Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas”, aparece de hecho en pegatinas, artículos de merchandising e incluso en canciones y vídeos vinculados a la cultura del 'Ballermann', el turismo de fiesta y los excesos nocturnos en zonas turísticas de Mallorca.

“Lamentamos profundamente que el mensaje que pretendíamos transmitir no haya tenido éxito y se haya percibido en Mallorca como una falta de respeto”, ha señalado la entidad financiera en un comunicado, en el que pde disculpas por ello y atribuye la polémica a que determinados matices humorísticos pueden interpretarse de manera diferente según el idioma y generar “percepciones no deseadas”. El anuncio promocionaba Wero, una nueva plataforma europea de pagos digitales impulsada por bancos y entidades financieras para competir con sistemas como PayPal o Bizum.

La campaña provocó la inmediata reacción del Govern. En la mañana del pasado jueves, la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes anunció que su titular, Jaume Bauzà, había remitido una carta al presidente de AENA, Maurici Lucena, en la que reclamaba la retirada inmediata de la publicidad por considerar que proyectaba una imagen “denigrante” de la isla y contribuía a reforzar estereotipos vinculados al turismo de excesos. El Ejecutivo autonómico sostiene que resulta “absolutamente inaceptable” que la principal puerta de entrada a Balears difunda mensajes que contradicen los esfuerzos institucionales para combatir este fenómeno.

Por la tarde, el organismo aeroportuario difundió su reacción a los medios: “Ante las informaciones publicadas referentes a un cartel publicitario localizado en el edificio parking del Aeropuerto de Palma de Mallorca, en las que se afirma que dicha campaña incentiva el turismo de excesos en Mallorca, Aena quiere aclarar que el anuncio al que se hace referencia -cuya traducción seria ”lo que pasa en Mallorca se paga en Mallorca, envía dinero entre amigos de forma fácil y rápida“- forma parte de una campaña comercial de una caja de ahorros alemana. La entidad está promocionando el uso de wero (plataforma de pago digital similar a bizum). Por tanto, no se trata de ninguna campaña que incentive el turismo de excesos en la isla. El aeropuerto no es generador de la demanda turística, es decir, la afluencia de visitantes depehabía rnde fundamentalmente del destino y de la oferta turística de la isla”, remarcaban desde Aena.

Desde hace décadas, espacios como la Playa de Palma constituyen uno de los principales destinos del turismo alemán en el Mediterráneo y uno de los símbolos históricos del modelo de sol y playa de Balears. Precisamente por ello, las instituciones autonómicas e insulares han impulsado durante los últimos años diversas medidas para combatir el turismo de excesos, entre ellas restricciones a las promociones de alcohol, la prohibición de determinadas ofertas de barra libre y sanciones más severas para conductas incívicas.

El precio del alquiler continúa marcando máximos en Balears. La renta media alcanzó en mayo los 20,1 euros por metro cuadrado, un 2,2% más que hace un año, lo que sitúa al archipiélago como la segunda comunidad autónoma con los alquileres más caros de España, solo por detrás de Madrid, según datos de Idealista.

En Palma, los precios han aumentado un 8,2% en el último año hasta los 19,2 euros por metro cuadrado, consolidando a la capital balear como la tercera más cara del país para arrendar una vivienda.

Los datos de Idealista reflejan que el mercado del alquiler continúa tensionado tanto en Balears como en el conjunto de España. A nivel estatal, las rentas alcanzaron en mayo una media de 15,1 euros por metro cuadrado, el precio más alto registrado por el portal inmobiliario desde el inicio de su serie histórica en el año 2000.

La creciente dificultad para acceder a una vivienda también se refleja en el esfuerzo económico que deben realizar los residentes de las Islas. Según un estudio de Fotocasa e InfoJobs, los baleares destinaron en 2025 una media del 64% de su salario al pago del alquiler, tres puntos más que el año anterior. Se trata del tercer porcentaje más elevado de España y evidencia que el encarecimiento de las rentas continúa avanzando a un ritmo superior al de los salarios.

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, adviierte de que 2025 supuso un punto de inflexión en la crisis de acceso a la vivienda. Según explica, el año pasado fue en el que el esfuerzo salarial destinado al alquiler alcanza el nivel más alto de la serie histórica. “Destinar el 50% del sueldo al pago de la vivienda supone una situación de auténtica emergencia habitacional, ya que se encuentra 20 puntos por encima de lo recomendado por los organismos oficiales de control”, sentencia.

Organismos oficiales como el Banco de España o la OCDE señalan que una vivienda deja de ser asequible cuando un hogar debe destinar más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler o la hipoteca. Este umbral se utiliza habitualmente como referencia para medir la sobrecarga financiera derivada del acceso a la vivienda: los expertos advierten de que cuando el coste de la vivienda absorbe una parte tan elevada de los ingresos, los hogares ven reducida su capacidad para afrontar otros gastos esenciales, como la alimentación, el transporte, la energía, el ahorro o posibles imprevistos, lo que aumenta el riesgo de vulnerabilidad económica y exclusión residencial.

La apuesta institucional y empresarial por atraer a un turismo de mayor poder adquisitivo ha situado a Balears en el radar de nuevos perfiles internacionales, especialmente estadounidenses, interesados no solo en las islas como destino vacacional, sino también como lugar de residencia e inversión. Un fenómeno que conecta el auge del turismo de lujo con la presión inmobiliaria y el encarecimiento del acceso a la vivienda en el archipiélago.

Desde la inauguración en 2022 de la conexión aérea directa entre Palma y Nueva York, el mercado estadounidense ha reforzado su presencia en las islas tanto en gasto turístico como en operaciones inmobiliarias, en un contexto en el que las políticas turísticas buscan atraer visitantes con mayor capacidad adquisitiva.

El interés norteamericano por Balears va más allá del turismo: en muchos casos actúa como puerta de entrada a procesos de inversión o adquisición de vivienda con fines de rentabilidad. “El turismo funciona como un goteo de gente que viene a las islas para ver si puede fijar sus ahorros”, señala Macià Blázquez, investigador de la Universitat de les Illes Balears (UIB), a elDiario.es.

La estrategia institucional que busca un viraje estratégico hacia el turista de alto poder adquisitivo bajo la idea de “menos cantidad, más calidad”, plantea el impacto consecuencias sociales y territoriales en un contexto en el que el acceso a la vivienda, el encarecimiento del suelo y la presión sobre los recursos -sobre todo los hídricos- son, desde hace tiempo, problemas centrales.

Objetivo: el turista con perfil premium

El mercado estadounidense ha ganado peso en Balears en los últimos años, en volumen y, sobre todo, en gasto. Según estimaciones del Instituto de Turismo de España (Turespaña) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), EEUU cerró 2025 como noveno país emisor, con 333.562 visitantes —un 19,7% más que el año anterior—, superando a mercados como Bélgica y Suecia y acercándose a Polonia. 

Pero donde más se nota el avance es en el impacto económico –en 2024 el gasto de los estadounidenses ya hizo el sorpasso al de los británicos–: en total, se alcanzaron los 844 millones de euros, un 21,6% más, lo que sitúa al país como sexto mercado para las islas en ingresos turísticos, solo por detrás de Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Países Bajos. 

Los visitantes norteamericanos dejaron el año pasado en la comunidad autónoma 150 millones más que en 2024, cuando ya se habían convertido en el primer mercado del archipiélago fuera de Europa. Balears se convertía así -solo por detrás de Catalunya- en el segundo destino de España preferido de los ciudadanos de la tierra de Donald Trump.

En cuanto a las inversiones, han crecido a la par. El pico máximo de las mismas se produjo en 2023, cuando se rozaron los 40 millones de euros de inversión estadounidense en activos físicos en el archipiélago, según datos oficiales del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. El otro pico -de los últimos 30 años- se alcanzó en 2016, un año récord para el mercado turístico balear y en el que se experimentó una explosión en el sector inmobiliario de lujo. De hecho, Baleares lideró en 2016 la inversión extranjera en la compra de inmuebles, como publicó Última Hora en ese momento.

Un destino con “atractivo”

En este interés por las islas pesa también el componente cultural: parte del público estadounidense asocia territorios mediterráneos a una mayor calidad de vida. Entre los factores de peso están la percepción de seguridad -en comparación con América en general- y una mayor cohesión social. Así como una manera de ser de la gente [más abierta] que refuerza tanto el atractivo turístico como el residencial, valora Blàzquez.

“En España existe un estado de bienestar y más libertad: es un país sólido, no un estado fallido como por ejemplo Costa Rica, un territorio que [cerca de Estados Unidos] podría ser equiparable a Suiza, sin tener claramente la misma seguridad”, detalla el investigador. “Son cosas que nosotros -los isleños- no valoramos, pero ellos sí”. 

En España existe un estado de bienestar y más libertad: es un país sólido, no un estado fallido como por ejemplo Costa Rica, un territorio que [cerca de Estados Unidos] podría ser equiparable a Suiza, sin tener claramente la misma seguridad

Macià Blazquez — Investigador de la UIB

En un estudio que realizó en 2013 junto a la investigadora Angela Hof, ambos concluyeron que existe una vinculación muy estrecha entre la actividad turística y el mercado inmobiliario. Es una de las perspectivas desde las que ahora, en una de las asignaturas que imparte como docente universitario, se aproxima y analiza el turismo. “Si una persona [con capital acumulado] visita las islas griegas, a Bahamas o a Mallorca y encima ve que hay un atractivo inversor, pondrá su dinero”, asegura Blàzquez.

El “juego psicológico” 

En octubre de 2024, el escaparate de una agencia inmobiliaria del carrer Bonaire, en el barrio de Sant Jaume de Palma, ofrecía mansiones a precios exageradísimos: entre el millón y medio y los siete millones. Pero el elevado precio por el que se vendía un piso de 200 metros cuadrados en Mallorca no era lo que más llamaba la atención, sino la información, justo al lado, de lo que valdría el condominio de un inmueble de las mismas características en Nueva York: un tipo de propiedad muy común en Estados Unidos donde compras una vivienda individual, pero compartes áreas comunes con otros propietarios. 

Evidentemente los anuncios de la inmobiliaria estaban en inglés, no en español. “La intención era que cada turista norteamericano que pasase por allí vinculase de inmediato una inversión de lujo a 25 años permanente en Mallorca o un condominio -por el mismo precio, pero distinto valor- en EEUU”, argumenta Eduard Vila, abogado y experto inmobiliario.

Hacía apenas dos años desde la inauguración de la ruta directa entre la capital balear y el aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey, la alternativa a la terminal [más cara] de JFK para llegar a Nueva York. Desde su inauguración, la conexión no ha hecho más que fortalecerse. 

La temporada pasada, United Airlines, compañía responsable de la conectividad, aumentó un 50% la oferta de asientos para verano y prolongó los trayectos durante un mes más que el año anterior. Además, existe la línea directa Barcelona-Boston: saltar de la capital catalana a las islas es solo cuestión de 40 minutos. También la aerolínea Air France anunció en febrero que este 2026 conectaría Nueva York desde Palma y Eivissa (y otros siete aeropuertos españoles) con tan solo una escala intermedia en el aeródromo París-Charles de Gaulle.

Inversión extranjera en vivienda

Bajo esta lógica -la de atraer a un visitante que, además de su capacidad de gasto, es visto como potencial inversor o futuro residente-, el sector turístico ha orientado cada vez más el modelo turístico hacia este perfil. Por otro lado, en el sector inmobiliario de Balears tienen un gran peso los capitales internacionales, incluidos los estadounidenses.

El proceso se enmarca -detalla Blàzquez- en una lógica global: inversores con alta capacidad adquisitiva buscan nuevos espacios donde obtener rentabilidad, ya sea a través del uso turístico, el alquiler o la revalorización de la propiedad. Es un fenómeno que no se limita a Balears. sino que se repite en todo el territorio español. 

En Madrid, entre los inversores de mayor perfil -los que compran y venden pisos por encima del millón de euros, en barrios como Chamberí, Salamanca o el Retiro-, hay muchos extranjeros, la mayoría provenientes de Venezuela, Argentina y México. 

Pero el Mediterráneo es un destino todavía más atractivo, si cabe, por su buen clima, su cercanía al mar y su estilo de vida distendido y más conectado con la naturaleza. Los estadounidenses de regiones como California, por ejemplo, se sienten más atraídos y más cercanos a este ecosistema y a la población mediterránea que a la de las capitales o el norte de Europa, señala el investigador.

El Mediterráneo es un destino todavía más atractivo, si cabe, por su buen clima, su cercanía al mar y su estilo de vida distendido y más conectado con la naturaleza

En Balears, la guerra de Irán incluso ha aumentado el interés por la inversión, lo que podría derivar en un encarecimiento aún más significativo de la vivienda, indica por su parte Vila. Inversores que tenían en el punto de mira ciudades de Oriente Próximo, como Dubái, para meter su dinero han encontrado en las islas una alternativa factible. “La Unión Europea (UE), en general, tiene ventajas: seguridad jurídica, territorial y una seguridad general que no existe en otros países”.

Un decrecimiento “falso”

El interés de los turistas en fijar sus ahorros en territorio balear es -considera Blàzquez- una especie de land grabbing. Este fenómeno supone la apropiación privada y acumulación del control de grandes extensiones de terrenos, incluidos sus recursos naturales y agua. “En Balears -señala el experto- pasa con los usos turísticos, residenciales y en definitiva, especulativos. Da igual que sea suelo rústico, un espacio natural o que estén al lado del mar”, lamenta. 

En otra de sus investigaciones Blàzquez analizó el incremento de categoría de los establecimientos hoteleros en el archipiélago desde la aprobación del Decreto Ley 1/2009, de 30 de enero, de medidas urgentes para el impulso de la inversión en Balears, tras la crisis económica de 2008. Además de la regularización de plazas turísticas, el decreto incluía un mecanismo específico para subir categoría de establecimientos turísticos a partir de relajar ciertos requisitos turísticos y urbanísticos. 

También se aprobó, en 2022, la Ley 3/2022, de 15 de junio, de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad del turismo, para implementar la economía circular. “Todo esto va vinculado a un falso decrecimiento”, observa Blàzquez. 

Este enfoque turístico, hacia un perfil premium, esconde, según el antropólogo urbano José Manilla, rasgos “discriminatorios”. Contribuye, así, en una desigualdad social ya muy presente en las islas. Aunque Balears tiene uno de los PIB más altos del territorio español y una alta tasa de empleo, el 15,2% de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social, según datos del INE.

Por lo que, mientras se consolida su atractivo para visitantes con alto potencial inversor, lo hacen también las dudas sobre el impacto social y territorial del modelo turístico. El encarecimiento de la vivienda, la presión sobre el territorio y la pérdida progresiva de espacios accesibles para la población residente -sobre todo en Eivissa y Formentera, con doble y triple insularidad- parecen algunas de las principales consecuencias.

“Was auf Malle passiert, wird auf Malle beglichen” (“Lo que pasa en Mallorca se paga en Mallorca”). Es el mensaje que luce un gran cartel publicitario instalado a la salida del aeropuerto de Palma y que ha provocado la indignación del Govern balear, que ha solicitado a AENA su retirada inmediata al considerar que proyecta una imagen “denigrante” de la isla al asociarla con el turismo de excesos, un fenómeno que las instituciones llevan años intentando combatir mediante restricciones y campañas.

La controversia radica en que “Malle” es la forma coloquial con la que muchos turistas alemanes se refieren a Mallorca y forma parte del conocido eslogan “Was auf Malle passiert, bleibt auf Malle” (“Lo que pasa en Mallorca se queda en Mallorca”), integrado desde hace años en el imaginario festivo alemán asociado a la isla. La frase, inspirada a su vez en el célebre lema estadounidense “Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas”, aparece de hecho en pegatinas, artículos de merchandising e incluso en canciones y vídeos vinculados a la cultura del 'Ballermann', el turismo de fiesta y los excesos nocturnos en zonas turísticas de Mallorca.

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha remitido una carta oficial dirigida al presidente de AENA, Maurici Lucena -con copia al director del aeropuerto de Son Sant Joan-, para trasladarle la “profunda indignación y preocupación” del Ejecutivo balear ante esta campaña. En la misiva, Bauzà califica de “absolutamente inaceptable” que una infraestructura estratégica y la principal puerta de entrada a la comunidad autónoma proyecte mensajes que perpetúan estereotipos profundamente dañinos para la imagen de Mallorca y para el modelo turístico de las islas.

La campaña está impulsada por la red de cajas de ahorro Sparkasse, integrada en Sparkassen-Finanzgruppe, el principal grupo financiero de Alemania. La acción publicitaria promociona además Wero, una nueva plataforma europea de pagos digitales puesta en marcha por bancos y entidades financieras para competir con sistemas como PayPal o Bizum. La propia agencia responsable de la campaña, Jung von Matt SPORTS, explica en LinkedIn que el objetivo de la misma es dirigirse específicamente a los turistas alemanes que aterrizan en “uno de sus destinos vacacionales favoritos” y jugar con el imaginario festivo asociado a “Malle”.

En su carta, el conseller recuerda que la sociedad balear en su conjunto -incluyendo a las instituciones, el sector privado y la ciudadanía- lleva años realizando un “importante esfuerzo político, social y económico” para erradicar los comportamientos incívicos que perjudican la reputación internacional, la convivencia y la calidad del destino. Este compromiso se traduce, recuerda, en regulaciones específicas, campañas de concienciación, el refuerzo de la inspección y actuaciones coordinadas con los consells insulares, ayuntamientos y sectores implicados.

Por ello, considera “especialmente incomprensible” que un espacio gestionado por AENA “actúe en dirección contraria, permitiendo una campaña que banaliza y refuerza exactamente aquello que se está intentando erradicar desde el archipiélago”.

En un mensaje difundido a través de la red social 'X', el conseller ya recriminó este miércoles que la gestora aeroportuaria permita una publicidad que, a su juicio, “banaliza” precisamente uno de los principales problemas que afronta el archipiélago. “No puede ser que mientras aquí intentamos impulsar un modelo turístico más responsable, sostenible y compatible con la vida de los residentes, Aena permita campañas como esta en la fachada de nuestro aeropuerto”, subraya en esta línea. Para Bauzà, “lo más grave” es el mensaje que transmite el cartel de que “aquí todo vale” y que Mallorca “es un parque temático para excesos”.

Respuesta de Aena

En la tarde este jueves, el organismo aeroportuario ha remitido su respuesta a los medios: “Ante las informaciones publicadas referentes a un cartel publicitario localizado en el edificio parking del Aeropuerto de Palma de Mallorca, en las que se afirma que dicha campaña incentiva el turismo de excesos en Mallorca, Aena quiere aclarar que el anuncio al que se hace referencia –cuya traducción seria ”lo que pasa en Mallorca se paga en Mallorca, envía dinero entre amigos de forma fácil y rápida“– forma parte de una campaña comercial de una caja de ahorros alemana. La entidad está promocionando el uso de wero (plataforma de pago digital similar a bizum). Por tanto, no se trata de ninguna campaña que incentive el turismo de excesos en la isla. El aeropuerto no es generador de la demanda turística, es decir, la afluencia de visitantes depende fundamentalmente del destino y de la oferta turística de la isla”.

Campañas contra el turismo de excesos

La Playa de Palma es el gran epicentro histórico del turismo alemán en Mallorca y uno de los símbolos del modelo de sol y playa que impulsó el boom turístico de las islas. Alemania continúa siendo además uno de los principales mercados emisores para Balears. En 2025, cerca de cinco millones de turistas germanos visitaron el archipiélago, según datos turísticos difundidos en los últimos meses por instituciones y organismos del sector. Mallorca concentra, de hecho, alrededor del 41% de todos los turistas alemanes que viajan a España y uno de cada tres visitantes germanos que llegan al país elige la isla como destino vacacional.

Durante los últimos años, las instituciones autonómicas e insulares han aprobado medidas para combatir el turismo de excesos, especialmente en la Playa de Palma y en Magaluf, donde se han impuesto restricciones a la venta de alcohol, promociones de barra libre o rutas organizadas de consumo de alcohol.

En 2020, el anterior Ejecutivo autonómico progresista aprobó un decreto pionero para limitar este tipo de prácticas en determinadas áreas turísticas de Mallorca y Eivissa. La norma prohibió las ofertas de barra libre, las fiestas en barcos, la publicidad de rutas etílicas y endureció las sanciones por conductas incívicas.

El debate se ha intensificado todavía más en los últimos años por las crecientes protestas ciudadanas contra la saturación turística, el aumento del precio de la vivienda y la presión sobre los servicios públicos y el territorio. En este contexto, distintas instituciones baleares han defendido la necesidad de cambiar el relato internacional de Mallorca y abandonar la identificación de la isla con el ocio descontrolado y el turismo de borrachera.

Fe de errores: en una primera versión de este artículo se afirmaba erróneamente que la traducción de la frase contenida en el cartel publicitario era “Lo que pasa en Mallorca se queda en Mallorca”.

El pleno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este jueves de manera definitiva la modificación del Plan General para extender la prohibición de nuevas plazas de alquiler turístico. La modificación ha contado con el voto favorable, aunque con críticas, de MÉS y el PSIB.

El regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, ha subrayado que la intención de la reforma del Plan General es reforzar el uso residencial y proteger el acceso de los ciudadanos a la vivienda.

Fidalgo ha señalado que el actual sistema no ha podido contener la expansión del fenómeno ni contener sus efectos sobre el mercado residencial, al tiempo que ha criticado que la expansión de esta modalidad entre 2015 y 2023 redujo la disponibilidad de usos residenciales y provocó subidas de precios.

Desde MÉS per Palma, el regidor Miquel Àngel Contreras, a pesar del voto favorable, ha acusado al PP de “llegar tarde” porque en los últimos años siempre votó en contra de cualquier limitación. “Cuando decíamos que el alquiler turístico expulsaba residentes, nos llamaban radicales”, ha indicado.

El regidor del PSIB Pepe Martínez también ha acusado al equipo de gobierno de “llegar tarde”. El socialista ha criticado la incoherencia del PP de extender la prohibición de las plazas de alquiler turístico mientras permite la creación de plazas en edificios BIC.

El portavoz de Vox, Fulgencio Coll, ha justificado que su grupo no apoye la medida y la ha calificado como un intento de blanquear el problema de la vivienda. Coll ha lamentado que no se haya perseguido con dureza el alquiler turístico ilegal.

“No menores”, “no mascotas”, “no empadronamiento”, “parejas y amigas, fuera de casa”, “máximo cuatro meses”... Mientras el acceso a una vivienda digna se ha convertido en una carrera imposible para miles de residentes en Balears, abocados a subsistir en infraviviendas, caravanas, tiendas de campaña y edificios abandonados, los principales portales inmobiliarios acumulan anuncios que reflejan hasta qué punto se ha normalizado la imposición de condiciones abusivas en una de las comunidades más tensionadas del país. Las publicaciones, además, ya no hablan de vecinos, alquiler estable o vivienda habitual: en su lugar proliferan conceptos como “co-living premium”, “community living”, “hotel ambience”, “digital nomads”, “expats” o “remote workers”, evidenciando cómo el archipiélago ha dejado progresivamente de alquilar casas para empezar a comercializar experiencias habitacionales temporales dirigidas a población móvil global y perfiles internacionales de poder adquisitivo medio-alto.

La crisis habitacional está devolviendo formas de vida compartida que parecían propias de otra época: habitaciones minúsculas, baños colectivos y ausencia de espacio privado. Uno de los anuncios localizados en Palma, concretamente en la zona de Marquès de la Fontsanta, condensa buena parte de las nuevas dinámicas del alquiler precario y altamente restrictivo que prolifera en las islas. La habitación, ofertada por 450 euros mensuales en un piso compartido “solo para mujeres”, se presenta como “ideal para azafatas (cero ruido)” y acumula una larga lista de condiciones impuestas a la futura inquilina: “No se hace empadronamiento”, “estancias cortas”, “parejas y amigas, fuera de casa”, “no se comparte el salón” y “dos lavados en semana: uno de blanco, otro de oscuro”. El anuncio exige además contrato laboral “en vigencia”, define el piso como “tranquilo” y pide a las interesadas que envíen “una breve descripción”.

Algunas publicaciones introducen filtrados sexistas como en el caso de una habitación en s'Arenal: la anuncia un particular hombre que apenas unas horas después de darla de alta en Idealista tuvo que modificar el contenido, que inicialmente señalaba que busca una “mujer sola” de entre 26 y 36 años, añadiendo entre exclamaciones “HOMBRES NO”. El propietario explica, además, que el baño es en suite y que la futura inquilina deberá compartirlo con él -“por eso el precio”, señala, planteando el importe, 450 euros, como una compensación por las limitaciones-. Exigía además que la joven “hable español” y sea “seria y amable”. El anunciante prohíbe expresamente traer invitados o mascotas y llega incluso a presentar como una concesión el acceso a espacios básicos de la vivienda como la cocina.

Tras una denuncia particular por discriminación, el propietario reformuló parcialmente el anuncio, eliminando algunas de las referencias más explícitas, como la de “HOMBRES NO” y suavizando el lenguaje con un “preferiblemente chica”. Sin embargo, conserva condiciones como el criterio de edad, el uso compartido del baño y la prohibición de invitados y mantiene como un valor añadido el “derecho a cocina y zonas comunes”.

Algunas publicaciones introducen filtrados sexistas como en el caso de una habitación en s'Arenal: la oferta un particular hombre que apenas unas horas después de darla de alta en Idealista tuvo que modificar el contenido, que señalaba que busca una "mujer sola" de entre 26 y 36 años, añadiendo entre exclamaciones "HOMBRES NO". El propietario señala que el baño es en suite y que la futura inquilina deberá compartirlo con él

En otro anuncio se ofrece una habitación en la calle Josep Darder de Palma por 1.200 euros mensuales, a los que se añaden otros 250 euros al mes por suministros y 90 euros adicionales por la entrega de llaves. El anuncio presenta la vivienda en términos propios de alojamiento temporal o turístico: “La vivienda dispone de un pequeño balcón con mesa y sillas, ideal para relajarse. Los acabados en madera, suelos modernos y detalles decorativos crean un ambiente cálido y agradable”. Las condiciones vuelven a reflejar el creciente nivel de filtrado y segmentación del mercado: la estancia mínima es de dos meses y la máxima de seis; el inquilino debe tener entre 20 y 40 años, no se aceptan mascotas y el empadronamiento queda “a consultar”. El anuncio fija además horarios concretos de “check-in” y “check-out”, reproduciendo dinámicas más propias de apartamentos turísticos u hospedaje temporal que de un alquiler residencial convencional.

Precisamente, un informe elaborado por el Observatori DESCA en colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales alerta de que muchas de las prácticas que se están normalizando en el mercado del alquiler pueden considerarse cláusulas abusivas o incluso infracciones en materia de consumo, aseverando que las administraciones tienen herramientas legales para perseguir estas prácticas. El documento señala expresamente como potencialmente abusivas las penalizaciones “desproporcionadamente altas” por retrasarse en abandonar una vivienda, las cláusulas que limitan derechos básicos del inquilino, la imposición de servicios accesorios no solicitados o los obstáculos “onerosos o desproporcionados” para ejercer derechos reconocidos legalmente. El informe también advierte sobre la proliferación de contratos de adhesión donde el consumidor “no ha podido influir sobre su contenido”, especialmente en contextos de fuerte tensión residencial como Balears, donde muchas personas aceptan condiciones cada vez más restrictivas ante la falta de alternativas habitacionales.

El estudio pone además el foco en el papel de las agencias inmobiliarias y empresas intermediarias y menciona expresamente prácticas como el cobro encubierto de gastos de gestión al inquilino mediante supuestos “servicios integrales”, la imposición de prestaciones accesorias no solicitadas o las conductas discriminatorias en el acceso a la vivienda.

El “no empadronamiento” como exclusión

Uno de los aspectos más controvertidos es la normalización de cláusulas como el “no empadronamiento”, muy frecuentes en anuncios de habitaciones y alquiler temporal pese a que el padrón constituye un derecho administrativo ligado a la residencia efectiva y no a la voluntad del propietario. La práctica choca frontalmente con la propia normativa estatal sobre el padrón municipal. La resolución publicada en 2020 por el Instituto Nacional de Estadística y la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local recuerda expresamente que “toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente”, con independencia de la situación contractual o de los derechos existentes sobre la vivienda.

Uno de los aspectos más controvertidos es la normalización de cláusulas como el "no empadronamiento", muy frecuentes en anuncios de habitaciones y alquiler temporal pese a que el padrón constituye un derecho administrativo ligado a la residencia efectiva y no a la voluntad del propietario

Colectivos sociales, abogados y sindicatos de vivienda alertan de que esta práctica afecta especialmente a población migrante, trabajadores precarizados y personas en situación vulnerable, dificultando el acceso a sanidad, escolarización, ayudas sociales, arraigo o regularización administrativa. Joan Segura, portavoz de SOS Desahucios Mallorca, considera que la proliferación de anuncios donde se prohíbe el empadronamiento responde en gran medida al auge del alquiler temporal y de contratos utilizados de forma fraudulenta para evitar los derechos del alquiler residencial.

En declaraciones a elDiario.es, el activista relata casos recientes atendidos por el colectivo en los que el rechazo al padrón ha derivado en situaciones de presión y coacciones sobre familias vulnerables. Entre ellos menciona el de una mujer embarazada que alquilaba una habitación y cuyo propietario llegó a negar ante el inspector municipal que residiera allí para impedir su inscripción en el padrón.

Segura asevera, además, que el padrón se ha convertido en un elemento clave dentro de los conflictos relacionados con los contratos de temporada. “La mayoría de arrendamientos de temporada son un fraude”, asegura, señalando que muchos alquileres supuestamente temporales encubren en realidad residencias habituales que deberían regirse por la Ley de Arrendamientos Urbanos y reconocer derechos como la estabilidad contractual o el empadronamiento. A su juicio, impedir que el inquilino se empadrone dificulta posteriormente que pueda acreditar judicialmente que reside de forma permanente en la vivienda.

La mayoría de arrendamientos de temporada son un fraude

Joan Segura — Portavoz de Stop Desahucios Mallorca

Contratos temporales y penalizaciones

Por su parte, el abogado Eduard Vila señala a este periódico que muchos propietarios alquilan viviendas “para todo el año” bajo fórmulas temporales y tratan de impedir que el inquilino se empadrone para dificultar posteriormente que pueda acreditar que reside allí de forma habitual. Según Vila, el padrón se ha convertido en una prueba clave en los conflictos judiciales vinculados al alquiler flexible y los falsos contratos de temporada. “La no prohibición del empadronamiento viene por aquí porque es una prueba muy importante para luego desahuciar a esa persona”, afirma.

La propia normativa estatal deja claro, además, que los ayuntamientos “no [tienen] ninguna competencia para juzgar cuestiones de propiedad, de arrendamientos urbanos o, en general, de naturaleza jurídico-privada” y contempla incluso el empadronamiento de personas en situaciones precarias, infraviviendas o sin contrato formal si puede acreditarse la residencia efectiva. Diversas sentencias y estudios jurídicos consultados por este periódico alertan asimismo de la proliferación de cláusulas penales en contratos de alquiler temporal que imponen indemnizaciones diarias al inquilino si no abandona la vivienda al finalizar el contrato. Un informe sobre cláusulas abusivas elaborado por organismos de consumo recoge resoluciones judiciales que llegaron a analizar penalizaciones equivalentes “al triple de la renta diaria por día de retraso” y otras indemnizaciones superiores al precio ordinario del alquiler.

Vila advierte de que algunos propietarios utilizan este tipo de cláusulas para presionar a los inquilinos. “Muchos propietarios enchufan un contrato de temporada por contrato de año y luego reclaman la penalización como si fuera contrato de temporada”, denuncia. Según explica, algunos contratos llegan a establecer sanciones de hasta 75 euros diarios si el arrendatario no abandona la vivienda al finalizar el periodo pactado, lo que puede traducirse en reclamaciones de decenas de miles de euros. “Te dicen que tienen derecho a reclamarte 20.000 euros para meterte el miedo en el cuerpo”, resume.

Muchos propietarios enchufan un contrato de temporada por contrato de año y luego reclaman la penalización como si fuera contrato de temporada con penalizaciones de hasta 75 euros diarios

Eduard Vila — Abogado

El auge del “coliving” y el alquiler flexible

El fenómeno coincide, además, con la expansión del “coliving”, el alquiler corporativo y nuevas fórmulas de alojamiento flexible orientadas principalmente a trabajadores remotos, perfiles internacionales y población temporal de alto poder adquisitivo. Detrás de este negocio emergen particulares, empresas y entramados societarios cada vez más profesionalizados. Entre ellos figura SOMOS Coliving, que comercializa Palma como destino para “digital nomads” y “remote workers” y oferta habitaciones desde 1.300 euros mensuales -hasta 2.400 euros en verano- en un edificio con coworking, limpieza, internet, terrazas y zonas comunes compartidas, previo proceso de selección mediante videollamadas de quince minutos para determinar si el residente “encaja” dentro de la comunidad.

“Aquí no solo compartes un edificio, sino una forma de vivir. Un lugar donde puedes socializar cuando quieras y encontrar tu rincón de calma cuando lo necesites”, puede leerse en la propia web de la empresa. La sociedad, sin embargo, no nació originalmente vinculada al “coliving”, sino como promotora inmobiliaria bajo el nombre de Obras Son Forteza SL antes de reconvertirse, en plena emergencia habitacional, al negocio del alojamiento flexible. Sus administradores solidarios son Leonor Oliver Vicens y Miguel Zourab Oliver Vicens, vinculados además a múltiples sociedades inmobiliarias y patrimoniales relacionadas con promoción, arrendamiento y explotación de activos residenciales en Mallorca, como Xebros SL, Holding Alberto 2021 SL, Son Espanyolet Gardens SL o Brastone Invest SL. elDiario.es se ha puesto en contacto con SOMOS Coliving para conocer su visión sobre el impacto del “coliving” en la transformación del mercado residencial de Palma, pero no ha obtenido respuesta.

Detrás de este negocio emergen particulares, empresas y entramados societarios cada vez más profesionalizados. Entre ellos figura SOMOS Coliving, que comercializa Palma como destino para 'digital nomads' y 'remote workers' y oferta habitaciones desde 1.300 euros mensuales y hasta 2.400 euros en verano

Redes empresariales y rentabilidad por habitación

Otro ejemplo es Almado Immoinvest, una firma inmobiliaria radicada en Palma y constituida en 2018 cuyo objeto social incluye arrendamiento de inmuebles, gestión inmobiliaria y alojamiento turístico. La empresa se presenta como una “small international living & working community in Palma” (“pequeña comunidad internacional para vivir y trabajar en Palma”) y comercializa habitaciones bajo fórmulas de alquiler flexible y alojamiento temporal orientadas a perfiles internacionales y trabajadores desplazados. En algunos de sus anuncios aparecen pisos compartidos entre hasta siete personas, alquileres temporales estructurados casi como productos turísticos y restricciones explícitas como “parejas sin menores”.

Detrás de Almado Immoinvest SL aparece además una red empresarial vinculada al negocio inmobiliario, el arrendamiento y el alojamiento flexible en Palma. La sociedad tiene como administradores solidarios a Antoine Werner Beinhoff e Ines Melina Hoerner y como apoderada a Sarah Persephonie Kotsobolos. Los mismos responsables figuran vinculados a otras mercantiles prácticamente idénticas, como Calmado Immoinvest SL, registrada en la misma dirección de Palma y dedicada igualmente al “arrendamiento de toda clase de bienes inmuebles”, la promoción inmobiliaria y el “establecimiento de alojamiento turístico”. Registros empresariales internacionales sitúan además a Beinhoff conectado a sociedades patrimoniales e inmobiliarias fuera de España, especialmente en el ámbito germano-suizo. Tampoco Almado ha respondido a las preguntas formuladas por este periódico.

Otro ejemplo es Almado Immoinvest, que se presenta como una 'pequeña comunidad internacional para vivir y trabajar en Palma' y comercializa habitaciones con restricciones explícitas como 'parejas sin menores'

En otro anuncio difundido por otra empresa puede leerse: “¿Buscas una habitación moderna, luminosa y con todas las comodidades en pleno centro de la ciudad? ¡Este coliving recién reformado es justo lo que necesitas!”. El anuncio ofrece habitaciones individuales “desde 625 euros al mes” y habitaciones dobles “con baño privado en suite” por 825 euros mensuales, dirigidas específicamente a “jóvenes profesionales”, “trabajadores en remoto” y “nómadas digitales”, con contratos flexibles “desde 1 mes hasta un máximo de 11 meses” y prohibición expresa de mascotas.

Vivienda fragmentada, máxima rentabilidad

El negocio detrás de estos modelos resulta especialmente lucrativo. Un piso que en alquiler residencial convencional podría arrendarse por 1.500 euros mensuales puede acabar generando más de 4.000 euros si se divide en seis o siete habitaciones alquiladas individualmente. Cuanto más se fragmenta la vivienda, mayor es la rentabilidad potencial. En paralelo, proliferan en redes sociales y páginas especializadas comunidades dirigidas específicamente a teletrabajadores internacionales, “digital nomads” y población temporal desplazada a Balears.

Una de las páginas que mejor ejemplifica este fenómeno es Casa Aire Mallorca, que se presenta como un espacio de “coliving” orientado a perfiles internacionales y temporales. El lenguaje utilizado refleja perfectamente la transformación del mercado residencial en Palma: ya no se habla de vecinos, hogares o alquiler estable, sino de “experiencias”, “comunidad”, “flexibilidad” y estilos de vida compartidos vinculados al trabajo remoto y la movilidad global.

Un piso que en alquiler residencial convencional podría arrendarse por 1.500 euros mensuales puede acabar generando más de 4.000 euros si se divide en seis o siete habitaciones alquiladas individualmente

Los datos reflejan la magnitud de la crisis habitacional que atraviesa Palma y el conjunto de Balears. Según el Barómetro del Observatorio del Alquiler, las Islas registran el precio medio del alquiler más elevado de toda España, con 1.676 euros mensuales, por delante incluso de Barcelona y Madrid. A ello se suma una presión de demanda extrema: 147 personas interesadas por cada vivienda disponible en apenas diez días, una cifra que multiplica por casi diez el umbral que los expertos consideran compatible con un mercado equilibrado. En este contexto, el auge del “coliving”, el alquiler flexible y la fragmentación extrema de viviendas refleja una transformación mucho más profunda: la vivienda deja progresivamente de concebirse como un hogar estable para convertirse en alojamiento temporal, activo financiero y negocio de máxima rentabilidad habitación por habitación.

Las dificultades para acceder a una vivienda digna en Balears han llevado a miles de personas, entre ellas familias con menores, personas mayores, migrantes e incluso trabajadores excluidos del mercado inmobiliario, a buscar alternativas para poder sobrevivir. Vivir en una autocaravana es un fenómeno cada vez más extendido en el archipiélago, mientras en el aeropuerto de Palma, por ejemplo, se cifraba el año pasado en unas cuarenta el número de personas que pasan la noche a diario en el aeropuerto de Palma, de acuerdo a un recuento realizado en por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS). Otros isleños se han visto expulsados de las islas y reemplazados por extranjeros de elevado poder adquisitivo -procedentes sobre todo de Alemania y del norte de Europa- mientras grandes grupos inversores -suecos, franceses y alemanes, principalmente- se expanden por ciudades y pueblos en busca de edificios de los que extraer el máximo rendimiento.

Desde la planta donde se concentran los despachos de los directivos que gestionan el día a día del Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera se ven puntos naranjas, azules y grises. Son los colores de las tiendas de campaña que se han plantado en un terreno que linda con el Hospital Can Misses. Desde principios de mayo hay decenas de infraviviendas –también barracas alzadas con madera y pladur– en una lengua de tierra situada entre el complejo hospitalario y el segundo cinturón que circunvala la capital ibicenca. Suelo público que pertenece al Ajuntament d’Eivissa. Hace años, el Consistorio firmó un convenio con el Ib-Salut –el servicio sanitario de las Illes Balears– para cederle el uso de una parcela que permaneció vacía durante un largo período. Ahora hace falta. ¿La razón? Las obras que durante dos años trasladarán el trabajo de un centro de salud hasta el hospital público. 

Es Viver es uno de los tres centros de salud situados en Vila, el topónimo popular del municipio de Eivissa, el más poblado de la isla: 56.000 habitantes. Para absorber el gran flujo de pacientes –al menos, 25.000 tarjetas sanitarias– que se moverán hasta Can Misses, la gerencia de la sanidad pitiusa tiene previsto ubicar un aparcamiento en el terreno municipal. No bastará con desbrozar esa hectárea y media repleta de pinos y matorrales de sabinas, aplanar el firme, volcar unos camiones de grava. Los puntos naranjas, azules y grises que colorean la maleza confirman que la finca se ha convertido en un refugio. De personas sin hogar. También será necesario desahuciarlas.

La vida en una tienda de campaña

Lo primero que hizo A. al pisar Eivissa fue acercarse al Decathlon a comprar una tienda de campaña. Es, según la descripción que se lee en la web del centro comercial, una carpa plegable con un habitáculo pensado para que seis personas se repartan sus seis metros cuadrados. Por poco más de cien euros, confort en la naturaleza en caso de acampada, otro cuento si la tienda es un hogar: 1,75 metros de altura que permiten estar de pie, ocho kilos de peso que se pueden transportar con facilidad, suelo anti insectos, ventanas y puertas con mosquitera, lonas impermeabilizadas.

Por si acaso, A. ha colocado una capa extra –moteada con manchas de vaca lechera– sobre el único techo que podía permitirse. Él no tenía ni los contactos ni los materiales para construirse una barraca de madera que se apoyara en el tronco y las ramas de un algarrobo. Así lo han hecho algunos de sus vecinos. Ahora, A. tendrá que fiarse de la resistencia que asegura el fabricante –aguanta hasta 50 kilómetros por hora– y cruzar los dedos cuando el helicóptero del hospital vuele bajo en sus despegues y aterrizajes. Buscar un alquiler no es una opción.

A. es saharaui. Pasó tres veranos en Andalucía porque era uno de los niños apadrinados en vacaciones por una familia española. Después se mudó a la isla, donde compró en Decathlon una tienda de campaña por poco más de 100 euros al no poder hacer frente al alquiler. Tiene que confiar en que resista los vuelos del helicóptero del hospital

Aunque disponga de permiso de residencia por ser propietario de un carné de apátrida, A. no podría firmar un contrato. Los ingresos no le alcanzan: 

–Cuando vi los precios de las habitaciones me di cuenta de que tenía que ganar mucho, muchísimo dinero, para pagarme una habitación y que me quedaran más de mil euros para pasar el resto del mes. Por eso me vine aquí con la tienda de campaña… y me encontré a otras personas que me dijeron que antes vivían en otros terrenos que están muy cerca, pero que llegó la policía y los echaron. Algunos son paisanos míos.

A. es saharaui. Nació en Dakhla, una ciudad fundada por los españoles en 1884 con el nombre de Villa Cisneros para que fuera la capital de la colonia y uno de sus principales puertos pesqueros. Hoy es territorio bajo dominio marroquí. A., que tiene veintinueve años, lo abandonó “hace tres”. Para emigrar a Andalucía, una tierra que conoce bien porque él fue, según cuenta, uno de los niños apadrinados en vacaciones por una familia española. “Estuve tres veranos en Sevilla, mantenemos el contacto, esas personas son como mi padre y mi madre… pero antes de venir a estas islas, mi pueblo era San Fernando”, explica en un castellano más que fluido donde el deje gaditano es innegable.

Estuve tres veranos en Sevilla, mantenemos el contacto, esas personas son como mi padre y mi madre… pero antes de venir a estas islas, mi pueblo era San Fernando

A. — Residente en una tienda de campaña

El problema crónico del chabolismo ibicenco

Es un efecto Guadiana: desaparece una villa miseria, surge otra villa miseria en el espacio libre que quede más próximo. Sin opciones realistas de vivienda en un mercado necrosado por precios que doblan la media nacional, el barraquismo y los campamentos de caravanas y furgonetas llevan años esparciéndose a la vista de todo el mundo. El poblado en el que vive A. –por ejemplo– creció cuando se desahuciaron a principios y finales de abril dos campamentos que estaban sólo unos pocos metros. 

“Como norma general ante un desalojo mantenemos un dispositivo especial de vigilancia permanente en zonas calientes susceptibles de que se instalen en ellas. Si detectamos que se hace un acopio de materiales para presuntamente construir casetas o infraviviendas se retiran. Y hay presencia policial constante. Es lo que se puede hacer. Eso, e instar a los propietarios de terrenos a que los vallen”, insisten desde el Ajuntament d’Eivissa, gobernado con mayoría absoluta por el Partido Popular. 

Cercar la finca fue lo que hizo el Ib-Salut días después de la okupación. El perímetro no se cerró del todo porque las chabolas ya habían aparecido, se dejó un hueco para que sus habitantes pudieran entrar y salir. El vallado “no ha tenido nada que ver” con la aparición de las chabolas, sino “con los preparativos para convertir la zona en aparcamiento”, explican desde el Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera. ¿Se podrá hacer esa reconversión si el solar está habitado? En casos similares y cercanos –en el tiempo y en el espacio–, los propietarios han tenido que esperar hasta un año y dos meses para conseguir la orden judicial que autorice a desahuciar un terreno lleno de barracas.

Para iniciar el proceso, es necesario presentar una demanda en los juzgados. Ni el Ajuntament d’Eivissa ni el Ib-Salut lo han hecho todavía. Desde el equipo de gobierno entienden que debe ser la gerencia del hospital quien mueva ficha al tener la cesión de uso. Desde Can Misses responden que “los servicios jurídicos están valorando cómo proceder”. Dos especialistas en derecho urbanístico consultados por elDiario.es coinciden en que el proceso judicial podría iniciarlo tanto el Consistorio como la gerencia del hospital.

La recalificación del terreno okupado

Entre medias, la política sigue su curso, dilata los tempos. En marzo, antes de que los otros dos desahucios crearan el nuevo poblado, el pleno de Vila acordó dejar en manos del Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) el mismo terreno que tiene cedido al Ib-Salut. Objetivo: construir doscientas VPO destinadas a funcionarios. Para ello, el PP, con el apoyo de PSOE, Vox y Unides Podem –toda la oposición–, recalificó la parcela para que pueda urbanizarse en un futuro cercano. La condición es que la vivienda barata para trabajadores públicos se construya en un plazo máximo de cinco años. Desde la Conselleria d’Habitatge aseguran que “se está tramitando la cesión del solar” al IBAVI desde el Ib-Salut. Pero, antes, el organismo sanitario tendría que conseguir el desalojo del terreno y habilitar un aparcamiento. El posible retraso del traslado del centro de salud Es Viver a Can Misses podría conceder algo de margen. 

Fuentes sanitarias que prefieren no identificarse cuentan que la fecha de la mudanza al hospital “se ha cambiado varias veces” y no tiene visos de empezar “hasta finales de año”. Debía ocurrir durante el segundo semestre de 2026, como consta en la página web de la Conselleria de Salut. Al cierre de esta edición, la Conselleria de Salud, que dirige la popular Manuela García Romero –de oficio, anestesióloga–, no había respondido a la pregunta de si las obras del nuevo centro de salud comenzarían en los plazos estimados. Si fuera así, la necesidad de un aparcamiento extra para agilizar el tráfico en un barrio –dos colegios próximos al hospital, instalaciones deportivas, salida del casco urbano– que se colapsa de vehículos en las horas punta no sería tan urgente. 

Ahora, quien aparca en un descampado –aún– abierto a la calle para dejar a los niños en el cole a las nueve de la mañana o recogerlos a las dos de la tarde deja el coche frente a una ristra de caravanas y furgonetas industriales. Perfectamente visibles desde las ventanas de las habitaciones de los pacientes que están ingresados en el hospital. En uno de esos vehículos vivió, según apunta la investigación policial, el individuo que la semana pasada burló los controles de seguridad de Can Misses para agredir sexualmente a una enferma de cáncer.

Los pacientes del hospital ven desde su ventana una ristra de caravanas y furgonetas industriales

“Los temporeros van a seguir siendo necesarios”

“Hace ya muchos años los temporeros sabían que tenían alojamiento dentro del hotel en el que trabajaban. Ahora no hay dónde meterse. La gente va a seguir siendo necesaria, hay que encontrar una solución. Hay un estudio publicado en febrero de 2023 que indicaba que sólo en la ciudad de Ibiza había mil viviendas vacías. ¿Qué pasa, que se mantienen cerradas durante todo el año y se guardan para alquilarlas en verano a turistas aunque esté prohibido? En Ibiza ha habido sólo cuatro viviendas que se han adherido al programa de alquiler seguro del Govern. Por un lado, tenemos a propietarios que dicen que necesitan más seguridad jurídica para alquilar, pero, cuando se la dan, no salen las viviendas”, explica Gloria Corral Joven a través de una nota de voz. Representante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, esta jubilada con experiencia en política institucional –fue concejala por la coalición de izquierdas Guanyem en el Ajuntament d’Eivissa entre 2015 y 2019– habla con conocimiento de causa. Sabe bien cómo funciona el verano ibicenco: durante cuatro décadas trabajó para la Touristik Union International, el turoperador alemán TUI. 

Corral plantea una dicotomía para resolver “el drama social”: “El Consell ha hecho una ley para que no puedan estar las caravanas en sitios que no sean parkings, pero no he visto que se haya planteado ninguna zona de pago con los servicios necesarios y habituales de un camping (duchas, tratamiento aguas sucias, servicios, una lavandería…) por parte de ningún ayuntamiento o del propio Consell. A mí me parece la solución más lógica… aunque sea a la vez ilógico que se normalice que la gente tenga que vivir en caravanas, campers, chabolas o tiendas de campaña. Es un problema muy complejo, pero sabiendo que hay personas que se mueven de unas comunidades autónomas a otras para poder trabajar… ¿la solución es ponerle 20.000 euros de multa a alguien que vive en una caravana?”.

Regreso a Cádiz

A. sale de la tienda para dejar un vasito de té a medio beber encima de la bandeja que tiene junto a la cremallera de la tienda, la puerta de su hogar. Sobre el metal plateado hay dos teteras, otros dos vasos de pie, el charco que desparramó un tercer vaso cuando perdió el equilibrio. A dos pasos del rinconcito donde prepara sus infusiones descansan un par de zapatillas y un calzador. Al entrar en casa, A. se las quita religiosamente, nunca pisa con la suela las toallas que le sirven de alfombra. Al salir de casa, el gesto contrario. La cuña va al talón y el pie resbala empeine abajo hacia la puntera. 

–¿Por qué viniste a Ibiza? ¿No tenías trabajo en Cádiz?

–Sí. Allí me gano con una empresa 1.800 euros al mes, tengo también la vivienda y la comida. Sólo me pago el tabaco [ríe] y el transporte.

–¿Entonces por qué viniste?

–En Dahkla tengo un hijo pequeño. Me gustaría traerlo algún día a España, pero cuando sea más grande, cuando tenga ocho o nueve años lo traeré y le haré los papeles. Un primo mío trabajaba en Mallorca me dijo que fuera para allá: seis meses de temporada y los otros seis meses podía ir al Sáhara a estar con mi hijo.

–¿Y qué pasó?

–Que en el hotel donde me puse a trabajar de friegaplatos sólo pagaban 1.500 euros. Compartíamos una casa entre varios, pagábamos 250 euros de alquiler cada uno, pero me enteré que en Ibiza había trabajo y se pagaba mejor. Así es. Aquí me puedo ganar 2.500, 3.000 si trabajo seis días a la semana, diez horas cada día. Es dinero, ¿pero dónde vivo? Sé que hay casas en Ibiza donde viven veinte o veinticinco personas. Muy bien, el alquiler es más barato, pero ¿dónde vas a ducharte, dónde vas a lavar la ropa, dónde vas a comer…?

En Dahkla tengo un hijo pequeño. Me gustaría traerlo algún día a España, pero cuando sea más grande. Aquí me puedo ganar 2.500, 3.000 si trabajo seis días a la semana, diez horas cada día. Es dinero, ¿pero dónde vivo?

Calzado, A. estira la espalda y mira al horizonte. Tras las copas de los árboles el saharaui vislumbra la silueta del hospital. Lleva unos pantalones cargo, con varios bolsillos, ideales para guardar herramientas ligeras. A. mete las manos en los bolsillos que le quedan más cerca de la cintura y dice:

–En San Fernando me dedicaba a instalar placas fotovoltaicas. Es un trabajo duro físicamente, la obra, pero, al final, era de ocho de la mañana a cuatro de la tarde, con media hora para el bocadillo y media hora para comer. Pensaba que en el turismo, en la hostelería, iba a estar mejor… pero si no hacen algo con la vivienda, esta isla no funciona… Creo que me volveré a Cádiz en unas semanas. ¡Allí los menús cuestan 11 euros y aquí bajé al centro para ir a la lavandería, compré cuatro cosas, comí por algo por ahí y no veas! ¡Vaya agujero, hermano! [ríe]

Toallas limpias, sábanas recién cambiadas, cápsulas de café, lavandería industrial, limpieza “diaria”, pequeños kits de baño... En los últimos años, propietarios y empresas dedicadas al alquiler turístico han intentado “colar” a Hacienda gastos y deducciones propios de la industria hotelera. El objetivo: lograr un tratamiento fiscal mucho más favorable, acceder a ventajas en el IVA y ampliar las desgravaciones posibles en el IRPF. Los tribunales, sin embargo, han estrechado el cerco sobre quienes intentan equiparar pisos turísticos y villas vacacionales con hoteles, desmontando uno por uno argumentos basados en cambios de toallas, servicios de lavandería y desayunos de cortesía.

La 'batalla' fiscal se libra en pleno auge del alquiler vacacional. Mientras colectivos sociales denuncian que el boom de plataformas de alquiler turístico y la presión inversora ligada al negocio vacacional han transformado barrios enteros, disparado el precio de la vivienda y multiplicado la rentabilidad de pisos, chalés y villas turísticas, provocando con ello que numerosos residentes se vean expulsados de sus barrios como consecuencia de la imparable gentrificación, la patronal del alquiler turístico recrimina que se utilice este sector como “cabeza de turco” de la crisis habitacional y que se “estigmatice” a un ámbito que reclama mayor seguridad jurídica.

Según los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), en noviembre de 2025 había en España 329.764 viviendas turísticas -más de 1,6 millones de plazas en total- anunciadas en plataformas digitales como Airbnb, Booking o Vrbo, lo que equivale al 1,24% del parque total de viviendas del país. En Balears, el INE contabilizaba 19.398 viviendas turísticas y más de 124.000 plazas vacacionales, equvalente a casi el 3% de todas las viviendas del archipiélago. Mientras tanto, las administraciones han intensificado las inspecciones y sanciones contra las viviendas turísticas que operan de forma ilegal.

En paralelo a la expansión de este fenómeno, otro frente ha ido creciendo silenciosamente: el de cómo deben tributar estos alojamientos y hasta dónde puede llegar la Agencia Tributaria (AEAT) a la hora de aceptar deducciones vinculadas a una actividad que intenta acercarse fiscalmente al modelo hotelero. El fenómeno ha atraído tanto a pequeños propietarios como a sociedades especializadas en la explotación de alojamientos turísticos, algunas convertidas ya en auténticas gestoras de viviendas repartidas por distintos enclaves vacacionales.

Ni las toallas ni la limpieza ocasional bastan

Una de las sentencias más recientes, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB), afecta a dos particulares que habían declarado los ingresos de su vivienda turística como rendimientos de actividad económica para ampliar las deducciones en el IRPF. Entre los gastos que pretendían computar figuraban costes vinculados al mantenimiento del inmueble, la limpieza o la reposición de ropa de cama y toallas. La clave del litigio estaba en demostrar que el piso no era un simple alquiler vacacional, sino una actividad equiparable a un negocio hotelero. Para ello, los propietarios alegaban “refuerzos puntuales de limpieza”, atención permanente las 24 horas y servicios de lavandería y cambio de sábanas, fundas de almohada y trapos de cocina.

Frente a ello, el tribunal desmonta uno por uno esos argumentos. La sentencia concluye que no existe una estructura empresarial ni la prestación de servicios equiparables a los del sector hotelero, aseverando que la atención al cliente “no es distinta de la que todo arrendador debe dispensar” ante incidencias normales en una vivienda alquilada y subrayando que la limpieza únicamente puede equipararse a la de un hotel cuando se presta “a diario o con una periodicidad fija”, no cuando se limita a la entrada y salida de huéspedes o a limpiezas ocasionales solicitadas por algunos clientes.

La resolución afecta, en la práctica, a la forma en que tributan miles de viviendas vacacionales en el IRPF. El TSJIB avala el criterio de Hacienda y determina que, si no existen verdaderos servicios hoteleros, los ingresos deben declararse como rendimientos del capital inmobiliario y no como actividad económica, lo que limita de forma notable las posibles deducciones. El tribunal rechaza, asimismo, otro de los argumentos habituales en este tipo de litigios: deducirse gastos durante todo el tiempo en que la vivienda estuvo anunciada o disponible en plataformas turísticas. La Sala fija que los gastos solo pueden prorratearse en función de los días en que el inmueble estuvo efectivamente alquilado.

El TSJIB avala el criterio de Hacienda y determina que, si no existen verdaderos servicios hoteleros, los ingresos deben declararse como rendimientos del capital inmobiliario y no como actividad económica, lo que limita de forma notable las posibles deducciones

Té, café y jabón de manos bajo la lupa

La máxima instancia judicial ya se había pronunciado en términos similares en enero de 2025 a raíz de un litigio impulsado por Inversiones y Promociones Fonseca Nieto S.L., una sociedad que defendía que la vivienda turística que explotaba ofrecía auténticos servicios hoteleros y, por tanto, podía deducirse el IVA: llegó a alegar que ofrecía “té, café, azúcar, jabón de manos y papel higiénico”, además de atención 24 horas y limpiezas durante las estancias. El conflicto afectaba, en concreto, a una regularización de 63.309 euros. Los magistrados examinaron los registros de limpieza aportados por la mercantil y concluyeron que la mayoría eran posteriores a la salida de los huéspedes y no comparables a las limpiezas diarias de la industria hotelera.

Se trata de una diferencia que cambia por completo el resultado fiscal: si el alquiler turístico se considera una mera cesión de vivienda, la actividad queda exenta de IVA y las deducciones son mucho más limitadas. Si, por el contrario, existen verdaderos servicios hoteleros, el propietario puede desgravar más gastos y compensar las cuotas soportadas. La cuestión pivota sobre un precepto concreto de la Ley del IVA: el artículo 20. Uno. 23º, que establece que el alquiler de viviendas está exento de este impuesto, pero introduce una excepción: deja de estar exento cuando el arrendador presta “servicios complementarios propios de la industria hotelera”.

De este modo, para un propietario convencional, el alquiler de vivienda está exento de IVA y, por tanto, no puede deducirse el impuesto soportado en reformas, obras, mobiliario, mantenimiento o construcción. Pero si logra acreditar que explota el inmueble como un alojamiento hotelero -con servicios equivalentes a los de un hotel- la actividad pasa a tributar al 10% de IVA y se abre la puerta a elevadas deducciones.

Para un propietario convencional, el alquiler de vivienda está exento de IVA y, por tanto, no puede deducirse el impuesto soportado en reformas, obras, mobiliario, mantenimiento o construcción. Pero si logra acreditar que explota el inmueble como un alojamiento hotelero, la actividad pasa a tributar al 10% de IVA y se abre la puerta a elevadas deducciones

La misma batalla se está librando en otras comunidades autónomas. En Andalucía, el Tribunal Superior de Justicia analizó el caso de Riad del Ciprés SL, empresa que alegaba que sus apartamentos turísticos funcionaban realmente como alojamientos hoteleros y que, por tanto, podía beneficiarse de un tratamiento fiscal más favorable en el IVA. Para sostenerlo, aseguró que ofrecía desayunos, limpieza diaria, lavandería industrial, cambio de sábanas y toallas, artículos de aseo (los llamados amenities ) y atención permanente las 24 horas, e incluso aportó facturas de lavandería industrial y referencias en plataformas turísticas para acreditar esos servicios.

El litigio afectaba a cuotas de 5.015 euros, pero el tribunal desmontó buena parte de las pruebas. La sentencia subraya que “la puesta a disposición del cliente de cafés, azúcar y otros productos no constituye servicios propios de restauración” y añade que “el cambio de ropa y su limpieza prestado a la entrada y salida del período contratado” tampoco basta para hablar de servicios complementarios propios de la industria hotelera. Los magistrados incluso repararon en el reducido importe de las facturas de lavandería -unos 85 euros en total durante varios meses- para concluir que no demostraban la existencia de un auténtico servicio hotelero de cambio diario de ropa de cama y toallas.

Tickets de supermercado y villas de lujo

También la Audiencia Nacional ha tenido que dirimir este tipo de conflictos fiscales. El pasado febrero analizó el caso de la mercantil Ogladenis S.L.U., enfrentada con Hacienda por la explotación de tres villas turísticas de lujo situadas en Catalunya y valoradas en más de cinco millones de euros. La empresa defendía que no gestionaba simples viviendas vacacionales, sino alojamientos equiparables a pequeños hoteles, y alegaba, como en los demás casos, ofrecer limpieza periódica, cambio de sábanas, atención permanente las 24 horas, desayunos, servicio de transfer, catering y asistencia continuada al huésped.

Con ello pretendía mantener importantes deducciones de IVA vinculadas tanto a la construcción como a la explotación de los inmuebles. Para 'acreditar' que realmente prestaba servicios hoteleros, la mercantil llegó a aportar facturas modificadas, publicidad online, comentarios de clientes y conversaciones con huéspedes. En algunas facturas aparecía incluso la frase “con servicio de desayuno y limpieza diaria incluidos”.

La AEAT frenó las pretensiones de la empresa al aseverar que las viviendas funcionaban realmente como arrendamientos exentos de IVA y que, por tanto, no podía deducirse esas cuotas. En su sentencia, la AN detectó además contradicciones entre distintas versiones de las facturas y la actividad efectivamente demostrada, además de inconsistencias entre la publicidad de las villas y los servicios que realmente podían prestarse.

Hacienda revisó incluso tickets del supermercado, el número de trabajadores contratados, las horas materiales necesarias para limpiar las propiedades y las dimensiones de las villas, que sumaban 18 habitaciones, 12 baños y más de 400 metros cuadrados cada una. El tribunal considera “física y materialmente imposible” que la empresa pudiera prestar el servicio de limpieza diaria que afirmaba realizar, especialmente teniendo en cuenta que durante parte de la temporada solo había una limpiadora para atender todas las propiedades.

La AN va más allá y analiza una cuestión mucho más compleja: el llamado “autoconsumo por cambio de afectación”, es decir, promociones inmobiliarias concebidas inicialmente para la venta o para una actividad económica con derecho a deducirse el IVA, pero que finalmente acaban destinándose al alquiler de viviendas exento de ese impuesto.

La Audiencia Nacional va más allá y analiza una cuestión más compleja: el llamado "autoconsumo por cambio de afectación", es decir, promociones inmobiliarias concebidas inicialmente para la venta o para una actividad económica con derecho a deducirse el IVA, pero que finalmente acaban destinándose al alquiler de viviendas exento de ese impuesto

El del “autoconsumo por cambio de afectación” es, precisamente, uno de los frentes que también afloran en una sentencia dictada en 2024 por el Tribunal Superior de Murcia sobre SC2 Patrimonios S.L., vinculada a Proyectos y Promociones Vistas Mágicas S.L. En ese caso, Hacienda sostuvo que una vivienda inicialmente ligada a una promoción inmobiliaria había terminado utilizándose como arrendamiento residencial, lo que obligaba a regularizar las deducciones de IVA practicadas durante la construcción. El conflicto acabó derivando en una liquidación de más de 80.000 euros y una sanción adicional de más de 43.000 euros.