“Este edificio residencial totalmente reformado ofrece una oportunidad única destinada exclusivamente a la ocupación corporativa”. Así se anuncia un edificio de siete viviendas en Palma “para satisfacer las necesidades empresariales modernas”. El precio, 13.500 euros al mes. Mientras los alquileres de Balears se sitúan entre los más caros del país y cientos de personas subsisten en infraviviendas, caravanas, tiendas de campaña y edificios abandonados, una parte creciente del mercado inmobiliario ya no se dirige a familias ni residentes habituales, sino a compañías que necesitan alojar temporalmente a trabajadores desplazados, directivos o profesionales internacionales. La oferta forma parte de una tendencia cada vez más visible en el mercado inmobiliario: la transformación de viviendas residenciales en productos específicamente diseñados para la movilidad laboral y empresarial.

“Ideal para empresas que buscan alojamiento de primera calidad, listo para usar, para sus equipos y ejecutivos”, reza el mismo anuncio. Se trata de un edificio situado en la zona de la calle Aragón cuyas viviendas “cuentan con espacios exteriores privados, que incluyen terrazas y un solárium en el ático de hasta 30 metros cuadrados”. Lo comercializa una de las mayores plataformas inmobiliarias especializadas en vivienda de lujo y comprador internacional de España.

En paralelo, miles de residentes compiten por una oferta cada vez más escasa en uno de los mercados inmobiliarios más tensionados del Estado. De acuerdo al último informe de Idealista, el precio medio del alquiler alcanzó en mayo los 20,1 euros por metro cuadrado en Balears, un 2,2% más que un año antes, situando al archipiélago como la segunda comunidad autónoma con las rentas más elevadas de España, únicamente por detrás de Madrid. En Palma, donde, según el mismo portal, por cada piso que se anuncia se interesan 69 familias, el precio se ha disparado hasta los 19,2 euros por metro cuadrado tras encarecerse un 8,2% en solo doce meses, situando a la capital balear como la tercera más cara del país para arrendar una vivienda.

'Ideal para empresas que buscan alojamiento de primera calidad, listo para usar, para sus equipos y ejecutivos', reza un anuncio. Se trata de un edificio de Palma en el que se comercializan siete viviendas por 13.500 euros exclusivamente para empresas

La vivienda convertida en infraestructura laboral

El contraste ilustra la profunda transformación que atraviesa el mercado residencial balear. Mientras una parte creciente de la población residente queda expulsada del acceso a la vivienda, inmobiliarias especializadas en lujo y comprador internacional comercializan edificios enteros para empresas, ejecutivos y trabajadores desplazados. La coexistencia entre un mercado orientado al capital internacional y unos alquileres que baten récord tras récord ha convertido las islas en uno de los ejemplos más extremos de la brecha entre la vivienda como activo de inversión y la vivienda como derecho residencial.

Otros anuncios ejemplifican con claridad esta tendencia. Otra empresa comercializa por 2.574 euros mensuales un ático de dos dormitorios y dos baños en Palma bajo una condición destacada en mayúsculas: “ALQUILER EXCLUSIVO PARA EMPRESAS”. La vivienda, completamente amueblada y equipada, dispone de una terraza privada de 25 metros cuadrados, climatización por aerotermia y forma parte de una finca rehabilitada integralmente hace apenas tres años. El anuncio se dirige expresamente a compañías que necesiten alojar empleados o directivos desplazados y culmina con un reclamo revelador: “Tu nuevo hogar en Palma”.

Mientras una parte creciente de la población residente queda expulsada del acceso a la vivienda y se ve abocada a subsistir en infraviviendas, caravanas, tiendas de campaña y edificios abandonados, inmobiliarias especializadas en lujo y comprador internacional comercializan edificios enteros para empresas, ejecutivos y trabajadores desplazados

El fenómeno no se limita a la capital balear. En Eivissa, un anuncio en Playa d'en Bossa ofrece un apartamento de obra nueva por 5.000 euros mensuales, especificando en la primera línea que se trata de un “alquiler de temporada” y que es “solo para empresas”. La vivienda, que cuenta con 62 metros cuadrados, terraza de 30 metros y dos habitaciones dobles, además de acceso a piscina, gimnasio y sala gourmet, forma parte de la lujosa urbanización Aguamarina, desarrollada por la promotora Vía Célere, uno de los principales actores del negocio promotor español.

La mercantil se encuentra controlada, a su vez, por el fondo estadounidense Värde Partners, fondo internacional especializado en inversión inmobiliaria y activos financieros. elDiario.es se ha puesto en contacto con Vía Célere para conocer su su valoración sobre el impacto de estas fórmulas en el acceso a la vivienda de la población residente, pero no ha obtenido respuesta hasta la publicación de este reportaje.

Mientras tanto, en Santa Eulària des Riu, uno de los municipios de Balears con el alquiler más caro -1.107 euros mensuales de media, según datos recientes del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares (COAPI)-, otro anuncio ofrece una vivienda por 2.100 euros orientada expresamente al mercado corporativo y temporal. La propiedad, comercializada por un perfil particular, se presenta como una solución para estancias profesionales y perfiles de alto poder adquisitivo en línea con una tendencia cada vez más visible en las Pitïuses: viviendas que dejan de dirigirse a residentes permanentes para orientarse a clientes temporales, empresas y profesionales desplazados.

Aunque no existen estadísticas oficiales específicas sobre el peso del alquiler corporativo en Balears, diversos indicadores apuntan a una creciente empresarialización de la vivienda. Una encuesta de la Pequeña y Mediana Empresa de Eivissa y Formentera (PIMEEF) revela que el 60% de las pequeñas y medianas empresas de Formentera ofrece alojamiento a sus trabajadores y que, entre las mercantiles que alquilan vivienda para sus empleados, la mitad destina entre 2.000 y 4.000 euros mensuales a ese concepto y un 11% supera los 8.000 euros al mes. En 2024, la misma patronal denunciaba que la carestía de la vivienda está llegando en Eivissa “a niveles que rozan lo delictivo”. “Hablamos de economía sumergida y de especulación. Ya no es sólo un asunto de oferta y demanda. Parece que da igual pedir 2.000 euros que 3.000, porque después no se tributa por ello”, aseveraba

Mientras tanto, los sindicatos alertan de que la falta de vivienda se ha convertido en uno de los principales obstáculos para contratar personal: UGT ha llegado a proponer destinar el impuesto de turismo sostenible, un gravamen destinado a las pernoctaciones hoteleras, a comprar o alquilar establecimientos para alojar a los trabajadores.

Una encuesta revela que el 60% de las pequeñas y medianas empresas de Formentera ofrece alojamiento a sus trabajadores y que, entre las que alquilan vivienda para sus empleados, la mitad destina entre 2.000 y 4.000 euros mensuales a ese concepto y un 11% supera los 8.000 euros al mes

Un cliente 'más rentable' que el residente

No se trata de casos aislados. En paralelo ha surgido toda una industria especializada en el denominado corporate housing o alojamiento corporativo que explican cómo, para muchos propietarios, resulta más atractivo alquilar a una empresa que a una familia: el pagador deja de ser un particular para convertirse en una sociedad considerada solvente, los contratos suelen ser temporales, la rotación es mayor y los precios pueden situarse muy por encima de los que podría soportar buena parte de la población local. Las propias plataformas de alquiler corporativo destacan como ventajas la reducción del riesgo de impago, la flexibilidad contractual y la simplificación de la gestión.

El pagador deja de ser un particular para convertirse en una sociedad considerada solvente, los contratos suelen ser temporales, la rotación es mayor y los precios pueden situarse muy por encima de los que podría soportar buena parte de la población local

Plataformas como Rentaborg destacan cómo el mercado del alquiler corporativo en España ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años, “creando una oportunidad única para los propietarios que buscan maximizar la rentabilidad de sus inmuebles” al acceder a rentas más elevadas -“entre un 20% y 40%” más altas que las del alquiler residencial tradicional- y simplificar la gestión del arrendamiento mediante contratos firmados por sociedades mercantiles. Esa mayor rentabilidad, según las mismas empresas, compensan sobradamente la posible pérdida de ventajas fiscales a las que podrían acogerse si el arrendamiento se destinase a vivienda habitual.

Palma, una ciudad “vibrante”

Algunas empresas se dedican específicamente a intermediar entre empresas y propietarios, como una que comercializa directamente “apartamentos corporativos” para profesionales desplazados. El lenguaje que utiliza es revelador: “Palma es una ciudad vibrante, agradable y eficiente para cualquier tipo de alquiler corporativo. Un destino que combina oportunidades profesionales, servicios de calidad y un estilo de vida que aporta equilibrio a cada estancia”. Es decir, ya no se habla de vivienda habitual, vecinos o arraigo residencial, sino de soluciones habitacionales para empresas, movilidad laboral y alojamiento temporal para profesionales. Por su parte, según webs como Weguest, las compañías valoran la disponibilidad inmediata, la ubicación estratégica y los servicios incluidos, factores que justifican las tarifas premium.

La consecuencia es que una parte creciente del parque residencial deja de competir por atraer residentes para hacerlo por captar empresas. Allí donde una familia busca una vivienda para vivir de forma estable, los propietarios encuentran clientes capaces de pagar más, asumir alquileres de corta o media duración y aceptar precios inasumibles para gran parte de la población local. El resultado es una progresiva transformación de la vivienda en infraestructura para la movilidad laboral y empresarial, especialmente visible en ciudades tensionadas como Palma.

Allí donde una familia busca una vivienda para vivir de forma estable, los propietarios encuentran clientes capaces de pagar más, asumir alquileres de corta o media duración y aceptar precios inasumibles para gran parte de la población local

El modelo conecta además con otros fenómenos que ya están transformando el mercado residencial balear: el auge del coliving, el alquiler flexible y la segmentación de viviendas por habitaciones en los que imperan condiciones como “no menores”, “no mascotas”, “no empadronamiento”, “parejas y amigas, fuera de casa”... Las publicaciones no hablan de vecinos, alquiler estable o vivienda habitual: en su lugar proliferan conceptos como “co-living premium”, “community living”, “hotel ambience”, “digital nomads”, “expats” o “remote workers”, evidenciando cómo el archipiélago ha dejado progresivamente de alquilar casas para empezar a comercializar experiencias habitacionales temporales dirigidas a población móvil global y perfiles internacionales de poder adquisitivo medio-alto. En muchos casos, empresas especializadas comercializan habitaciones para “digital nomads”, trabajadores remotos y perfiles internacionales con precios que alcanzan los 1.300, 1.600 o incluso 2.400 euros mensuales durante la temporada alta.

Mientras tanto, el Govern de Marga Prohens (PP) ha dado luz verde, a través de su recién aprobada ley ómnibus, a que empresas, sociedades y otras personas jurídicas adquieran viviendas protegidas de precio tasado para destinarlas al alquiler. Mientras la izquierda le acusa de poner la “alfombra roja” a los fondos buitre y a los grandes capitales, el Ejecutivo insiste en asegurar que la iniciativa ampliará la oferta residencial asequible. Para las entidades sociales, sin embargo, las medidas impulsadas por el Ejecutivo autonómico con el apoyo de Vox no atacan las causas reales de la crisis habitacional y se limitan a rebajas fiscales como la supresión del impuesto de sucesiones.

Cada vez más jóvenes con empleo estable descubren que el salario ya no es suficiente para acceder a una vivienda. La imposibilidad de ahorrar para la entrada de un piso, el encarecimiento del alquiler y la dificultad para obtener financiación están retrasando la emancipación y desplazando el acceso a la propiedad hacia fórmulas cada vez más dependientes del patrimonio familiar, las herencias o el endeudamiento a largo plazo.

“La única manera que encuentro ahora mismo de independizarme es echando de casa a mi madre”, expresa con humor Lucía, de Eivissa. Tiene 25 años, trabaja como enfermera en el Hospital de la isla y, a pesar de que lleva un tiempo barajando la posibilidad de comprarse una casa, sigue viviendo en el domicilio familiar porque, de momento, no puede permitírselo. 

Durante el último año ha seguido viendo anuncios inmobiliarios y ha explorado distintas opciones para comprar. Sin embargo, pese a contar con un empleo estable, no ha conseguido ahorrar lo suficiente para afrontar la entrada que exigen la mayoría de las operaciones. “Sería para comprar, pero obviamente es imposible”, resume.

La opción del alquiler tampoco entra en sus planes. Consciente de los precios que se manejan actualmente en la isla, considera que destinar una parte tan importante de su salario a la renta supondría una pérdida de poder adquisitivo difícil de asumir. Así que, por ahora, como tantos otros jóvenes ibicencos, sigue aplazando la emancipación a la espera de que el mercado ofrezca alguna oportunidad que encaje con sus posibilidades económicas.

La crisis de la vivienda está hundiendo la tasa de emancipación a mínimos históricos desde el año 2006, cuando se tienen los primeros registros. Un 85% de los españoles de entre 16 y 29 años no ha podido independizarse aunque trabajan porque no pueden permitirse los precios ni de compra ni de alquiler, según datos recientes del Consejo de la Juventud de España.

El nivel educativo, fuera de la ecuación

El informe donde se recoge el análisis resalta que el nivel educativo y el empleo ya no garantizan ni la emancipación ni la estabilidad y plasma que la edad media de emancipación a nivel nacional es de 30 años. De hecho, solo uno de cada cuatro jóvenes con trabajo está independizado, es decir, un 14,5%. 

Otro de los datos impactantes del documento es que la oferta de alquiler de habitaciones ha crecido en cuatro años un 85% porque a los arrendadores les sale más rentable, lo que ha transformado considerablemente el mercado residencial.

La baja tasa de emancipación se produce a pesar de una mejora general de los indicadores laborales. Sin embargo, mientras el salario de la juventud se situó en 2025 en los 1.191 euros al mes (14.292,22 euros anuales), a finales del mismo año, alquilar una vivienda libre costaba de media 1.176 euros mensuales, el precio más alto de las últimas dos décadas.

Este es el panorama a nivel nacional y aún empeora en Balears, donde hacen falta alrededor de siete años de salario íntegro para empezar a soñar con tener una casa propia. Según datos de 2024 del Observatorio de Juventud de les Illes Balears, si en España los jóvenes necesitaban cuatro años de sueldo íntegro en ese periodo para la entrada de un piso, en el archipiélago los jóvenes necesitaban una serie de años más, en concreto 7,1 años. En cuanto a la hipoteca, supondría —en caso de haber podido adelantar la entrada— un 111% del salario medio neto. Así es que solo el 10,9% de los jóvenes ocupados en Balears vivían en el segundo semestre de 2024 fuera del hogar familiar. O, dicho de otra forma, nueve de cada diez jóvenes con trabajo no se pudieron emancipar a pesar de tener ingresos. 

Si en España los jóvenes necesitan cuatro años de sueldo íntegro en ese periodo para la entrada de un piso, en el archipiélago los jóvenes necesitan 7,1 años más

La situación, en el último año, solo ha ido a peor, porque el precio de la vivienda no ha dejado de aumentar: el precio medio se sitúa en el segundo trimestre de 2026 en 4.173 euros por metro cuadrado, con una subida interanual del 10,3% y nuevos máximos históricos, según datos del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Balears. Dentro del archipiélago, Eivissa concentra los precios más elevados.

“Esclavizarse” con dos trabajos

“No es nada nuevo que el alquiler aquí [en las islas] te cuesta el salario entero y tienes que elegir: o comer o vivir emancipado. Ahora mismo tengo dos trabajos para poder irme de casa”, cuenta José Vingut, ibicenco de 26 años. “Si quieres independizarte te cuesta eso, duplicar la jornada laboral para —no conseguir, sino intentar— tener una vida independiente”, sigue. De momento, continúa viviendo con su madre.

No es nada nuevo que el alquiler aquí [en las islas] te cuesta el salario entero y tienes que elegir: o comer o vivir emancipado. Ahora mismo tengo dos trabajos para poder irme de casa

José Vingut — Ibicenco de 26 años

Vingut trabaja en el concesionario de Mercedes, en Eivissa, de lunes a viernes de siete de la mañana a cuatro de la tarde y cinco días a la semana. Cuando termina, se va hasta el aeropuerto donde su jornada laboral se suele alargar hasta las doce de la noche. Aunque su horario varía dependiendo, entre otros factores, de los vuelos programados por Aena.

Desde el año pasado ojea pisos para comprar, pero desde finales del año pasado busca desde una perspectiva “realista” [solo mirando inmuebles que se ajusten a sus posibilidades pecuniarias]. “He visto estudios de 35 metros cuadrados por más de 275.000 euros, me parece súper desorbitado. Pisos hechos una pena. Los de una habitación que están en verdaderas condiciones ya llegan a los 300.000”, explica el ibicenco.

José Vingut trabaja en el concesionario de Mercedes de lunes a viernes de siete de la mañana a cuatro de la tarde. Cuando termina, se va hasta el aeropuerto donde su jornada laboral se suele alargar hasta las doce de la noche

Este punto de vista “realista” involucra, por otro lado, una visión a futuro que pasa por formar una familia muy difícil de materializar y que entra en conflicto con las características de los inmuebles que se puede permitir.

Ayudas con condiciones imposibles

Una de las opciones de Vingut es lograr beneficiarse de los avales ICO para primeras viviendas que ha sacado el Gobierno para jóvenes de hasta 35 años. Se trata de una garantía pública ofrecida por el Instituto de Crédito Oficial español que respalda parte de la hipoteca concedida por el banco y que permite hasta el 100% del valor del inmueble en algunos casos. Esto permite a los bancos, en algunos casos, conceder hipotecas de hasta el 100% del valor del inmueble en lugar del habitual 80%.

La ayuda tiene un pero porque está sujeta a varias condiciones. Entre ellas, un tope máximo en el precio de la vivienda que se quiere comprar que fija cada comunidad autónoma, a pesar de que la prestación sea estatal. En el caso de Balears, este precio límite es de unos 275.000 euros. “Es ridículo porque los pisos o casas decentes se empiezan a encontrar a partir de ese mínimo”, lamenta Vingut.

El precio límite para acogerse a un aval ICO para primeras viviendas es en Balears de 275.000, un precio que 'es ridículo porque los pisos o casas decentes se empiezan a encontrar a partir de ese mínimo', comenta José Vingut

“Por otro lado, los alquileres no bajan de los mil y pico, que es la letra de una hipoteca. Por eso muchos residentes de las islas preferimos destinar en el momento en que sea posible ese dinero a una hipoteca para una casa que por lo menos vaya a ser suya. Pero no es fácil”, valora. Cuando le comentó a su padre que se quería independizar, la respuesta de su progenitor fue franca, directa: “Me dijo: no digas tonterías porque eso es imposible”. Acto seguido, le explicó que cuando pudieran heredar el piso de su abuela materna, sería para él.

Lo que ha hecho es meterse en esa agridulce espera de un fallecimiento en su familia para poder independizarse y llegar a esta firme conclusión: hay que tirar de herencias, ya sea en vida o post mortem. Maria Antonia, de la misma edad y nacida en Mallorca, explica que la mayor parte de sus amigos están en ese mismo escenario: o están en casas de sus familias o han heredado viviendas de sus abuelos donde tienen previsto mudarse.

“Echaba de menos la isla”

María Peña (Eivissa, 30 años) se considera, dentro de lo que cabe, una de las afortunadas de su generación, aunque no corre esa suerte de la posible transmisión de un patrimonio familiar. Profesora de Primaria, pasó varios años viviendo en Madrid, donde asegura que podía pagar el alquiler con su sueldo e incluso ahorrar parte de sus ingresos. Sin embargo, cuando regresó a Eivissa para incorporarse al curso escolar 2025-2026 se encontró con una realidad conocida que ahora le afecta de lleno. Acceder a una vivienda en propiedad es casi ilusorio.

“No puedo quejarme de mi sueldo y sé que hay gente en una situación mucho más complicada que la mía, pero tengo 30 años y quiero vivir sola”, explica. Aunque podría asumir el coste de un alquiler, la compra de un inmueble está totalmente fuera de su alcance. “He estado mirando pisos, pero si vas sola al banco, no te conceden hipotecas tan altas y al final te quedas igual”, resume.

No puedo quejarme de mi sueldo y sé que hay gente en una situación mucho más complicada que la mía, pero tengo 30 años y quiero vivir sola

María Peña — Ibicenca de 30 años

Peña decidió volver a la isla porque la echaba de menos y porque las condiciones laborales de los docentes son mejores que en la capital. Su intención era establecerse cerca de los lugares donde ha crecido, en la zona de Sant Antoni y Cala de Bou, pero la búsqueda ha terminado chocando con los precios del mercado: “He intentado mirar algo por allí y es imposible”.

Hipotecas que llegan a los 40

Rebeca, de Palma, empezó a trabajar a los 16 años -“súper joven”- con una autorización de sus padres y cuando tenía casi 18 se mudó a Madrid, a un piso compartido y empezó a pagar alquiler. Ahora, a sus 41, recuerda cómo estudiando Sociología tenía que compaginar dos trabajos para poder pagar la renta, cubrir sus gastos y que le quedara margen suficiente para ahorrar. “Vamos, lo que hemos tenido que hacer alguna vez todos para sobrevivir”, observa.

Era ‘sabadera’ en el Sfera —así se conocía en la tienda textil a los empleados que trabajaban el fin de semana— de la calle Preciados, cerca de Sol, y algunos días llegaba a echar jornadas de diez horas seguidas. Luego, por la noche, trabajaba sirviendo copas: “Me sacaba mil euros de un lado y mil del otro”. Fue a los 29, con tres trabajos, cuando “por fin” pudo empezar a ahorrar; luego consiguió un buen puesto en un canal de televisión y con él se terminó el pluriempleo, a los 31. “Entonces vivía con mi pareja y aunque seguía pagando alquiler, entre los dos era más fácil”.

Fue después de separarse de él cuando empezó a mirar opciones, mientras vivía en casa de sus padres, y a los 39, justo antes de cumplir los 40, se lanzó a la hipoteca. Entonces era 2024 y ser propietario en Balears ya era muy difícil, aunque en el último par de años los precios han vuelto a subir vertiginosamente. 

En el proceso de compra se encontró con un montón de cosas: pisos destrozados, edificios enteros ocupados… pero, si subía el precio de compra -a alrededor de 300.000 euros-, la hipoteca ascendía a más de mil. “Una letra tan alta, habiendo dado un 20% de entrada, era una locura. Miré varios que me gustaban y le di muchas vueltas, pero al final los descarté porque tenía que asumirlo sola y si algo salía mal no quería verme en escenarios complicados”.

Finalmente encontró una opción más económica y la reformó de manera casi integral, para lo que se vio obligada a ahorrar otros años después de una década de empleos precarios: “Me he pegado unas buenas palizas trabajando”, asegura la trabajadora. 

Ahora, el esfuerzo laboral se ha desligado por completo de la capacidad de adquisición porque con la subida continuada de los precios, la emancipación se retrasa y despedirse del hogar familiar sólo es factible para aquellos que poseen patrimonio familiar. “Es lo que está sucediendo -dice Vingut- en Eivissa. Si no, emanciparse es prácticamente imposible”.

El grupo financiero alemán Sparkassen-Finanzgruppe, impulsor del polémico cartel publicitario instalado hace varios días en el aeropuerto de Palma, ha anunciado que retirará la lona y ha pedido disculpas después de que el Govern balear denunciara que el mensaje “Was auf Malle passiert, wird auf Malle beglichen” (“Lo que pasa en Mallorca se paga en Mallorca”) proyecta una imagen “denigrante” de Mallorca asociada al turismo de excesos.

La controversia se desató a raíz del lenguaje utilizado por la campaña: “Malle” es la forma coloquial con la que muchos turistas alemanes se refieren a Mallorca y forma parte del conocido eslogan “Was auf Malle passiert, bleibt auf Malle” (“Lo que pasa en Mallorca se queda en Mallorca”), integrado desde hace años en el imaginario festivo alemán asociado a la isla. La frase, inspirada a su vez en el célebre lema estadounidense “Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas”, aparece de hecho en pegatinas, artículos de merchandising e incluso en canciones y vídeos vinculados a la cultura del 'Ballermann', el turismo de fiesta y los excesos nocturnos en zonas turísticas de Mallorca.

“Lamentamos profundamente que el mensaje que pretendíamos transmitir no haya tenido éxito y se haya percibido en Mallorca como una falta de respeto”, ha señalado la entidad financiera en un comunicado, en el que pde disculpas por ello y atribuye la polémica a que determinados matices humorísticos pueden interpretarse de manera diferente según el idioma y generar “percepciones no deseadas”. El anuncio promocionaba Wero, una nueva plataforma europea de pagos digitales impulsada por bancos y entidades financieras para competir con sistemas como PayPal o Bizum.

La campaña provocó la inmediata reacción del Govern. En la mañana del pasado jueves, la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes anunció que su titular, Jaume Bauzà, había remitido una carta al presidente de AENA, Maurici Lucena, en la que reclamaba la retirada inmediata de la publicidad por considerar que proyectaba una imagen “denigrante” de la isla y contribuía a reforzar estereotipos vinculados al turismo de excesos. El Ejecutivo autonómico sostiene que resulta “absolutamente inaceptable” que la principal puerta de entrada a Balears difunda mensajes que contradicen los esfuerzos institucionales para combatir este fenómeno.

Por la tarde, el organismo aeroportuario difundió su reacción a los medios: “Ante las informaciones publicadas referentes a un cartel publicitario localizado en el edificio parking del Aeropuerto de Palma de Mallorca, en las que se afirma que dicha campaña incentiva el turismo de excesos en Mallorca, Aena quiere aclarar que el anuncio al que se hace referencia -cuya traducción seria ”lo que pasa en Mallorca se paga en Mallorca, envía dinero entre amigos de forma fácil y rápida“- forma parte de una campaña comercial de una caja de ahorros alemana. La entidad está promocionando el uso de wero (plataforma de pago digital similar a bizum). Por tanto, no se trata de ninguna campaña que incentive el turismo de excesos en la isla. El aeropuerto no es generador de la demanda turística, es decir, la afluencia de visitantes depehabía rnde fundamentalmente del destino y de la oferta turística de la isla”, remarcaban desde Aena.

Desde hace décadas, espacios como la Playa de Palma constituyen uno de los principales destinos del turismo alemán en el Mediterráneo y uno de los símbolos históricos del modelo de sol y playa de Balears. Precisamente por ello, las instituciones autonómicas e insulares han impulsado durante los últimos años diversas medidas para combatir el turismo de excesos, entre ellas restricciones a las promociones de alcohol, la prohibición de determinadas ofertas de barra libre y sanciones más severas para conductas incívicas.

El precio del alquiler continúa marcando máximos en Balears. La renta media alcanzó en mayo los 20,1 euros por metro cuadrado, un 2,2% más que hace un año, lo que sitúa al archipiélago como la segunda comunidad autónoma con los alquileres más caros de España, solo por detrás de Madrid, según datos de Idealista.

En Palma, los precios han aumentado un 8,2% en el último año hasta los 19,2 euros por metro cuadrado, consolidando a la capital balear como la tercera más cara del país para arrendar una vivienda.

Los datos de Idealista reflejan que el mercado del alquiler continúa tensionado tanto en Balears como en el conjunto de España. A nivel estatal, las rentas alcanzaron en mayo una media de 15,1 euros por metro cuadrado, el precio más alto registrado por el portal inmobiliario desde el inicio de su serie histórica en el año 2000.

La creciente dificultad para acceder a una vivienda también se refleja en el esfuerzo económico que deben realizar los residentes de las Islas. Según un estudio de Fotocasa e InfoJobs, los baleares destinaron en 2025 una media del 64% de su salario al pago del alquiler, tres puntos más que el año anterior. Se trata del tercer porcentaje más elevado de España y evidencia que el encarecimiento de las rentas continúa avanzando a un ritmo superior al de los salarios.

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, adviierte de que 2025 supuso un punto de inflexión en la crisis de acceso a la vivienda. Según explica, el año pasado fue en el que el esfuerzo salarial destinado al alquiler alcanza el nivel más alto de la serie histórica. “Destinar el 50% del sueldo al pago de la vivienda supone una situación de auténtica emergencia habitacional, ya que se encuentra 20 puntos por encima de lo recomendado por los organismos oficiales de control”, sentencia.

Organismos oficiales como el Banco de España o la OCDE señalan que una vivienda deja de ser asequible cuando un hogar debe destinar más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler o la hipoteca. Este umbral se utiliza habitualmente como referencia para medir la sobrecarga financiera derivada del acceso a la vivienda: los expertos advierten de que cuando el coste de la vivienda absorbe una parte tan elevada de los ingresos, los hogares ven reducida su capacidad para afrontar otros gastos esenciales, como la alimentación, el transporte, la energía, el ahorro o posibles imprevistos, lo que aumenta el riesgo de vulnerabilidad económica y exclusión residencial.

La apuesta institucional y empresarial por atraer a un turismo de mayor poder adquisitivo ha situado a Balears en el radar de nuevos perfiles internacionales, especialmente estadounidenses, interesados no solo en las islas como destino vacacional, sino también como lugar de residencia e inversión. Un fenómeno que conecta el auge del turismo de lujo con la presión inmobiliaria y el encarecimiento del acceso a la vivienda en el archipiélago.

Desde la inauguración en 2022 de la conexión aérea directa entre Palma y Nueva York, el mercado estadounidense ha reforzado su presencia en las islas tanto en gasto turístico como en operaciones inmobiliarias, en un contexto en el que las políticas turísticas buscan atraer visitantes con mayor capacidad adquisitiva.

El interés norteamericano por Balears va más allá del turismo: en muchos casos actúa como puerta de entrada a procesos de inversión o adquisición de vivienda con fines de rentabilidad. “El turismo funciona como un goteo de gente que viene a las islas para ver si puede fijar sus ahorros”, señala Macià Blázquez, investigador de la Universitat de les Illes Balears (UIB), a elDiario.es.

La estrategia institucional que busca un viraje estratégico hacia el turista de alto poder adquisitivo bajo la idea de “menos cantidad, más calidad”, plantea el impacto consecuencias sociales y territoriales en un contexto en el que el acceso a la vivienda, el encarecimiento del suelo y la presión sobre los recursos -sobre todo los hídricos- son, desde hace tiempo, problemas centrales.

Objetivo: el turista con perfil premium

El mercado estadounidense ha ganado peso en Balears en los últimos años, en volumen y, sobre todo, en gasto. Según estimaciones del Instituto de Turismo de España (Turespaña) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), EEUU cerró 2025 como noveno país emisor, con 333.562 visitantes —un 19,7% más que el año anterior—, superando a mercados como Bélgica y Suecia y acercándose a Polonia. 

Pero donde más se nota el avance es en el impacto económico –en 2024 el gasto de los estadounidenses ya hizo el sorpasso al de los británicos–: en total, se alcanzaron los 844 millones de euros, un 21,6% más, lo que sitúa al país como sexto mercado para las islas en ingresos turísticos, solo por detrás de Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Países Bajos. 

Los visitantes norteamericanos dejaron el año pasado en la comunidad autónoma 150 millones más que en 2024, cuando ya se habían convertido en el primer mercado del archipiélago fuera de Europa. Balears se convertía así -solo por detrás de Catalunya- en el segundo destino de España preferido de los ciudadanos de la tierra de Donald Trump.

En cuanto a las inversiones, han crecido a la par. El pico máximo de las mismas se produjo en 2023, cuando se rozaron los 40 millones de euros de inversión estadounidense en activos físicos en el archipiélago, según datos oficiales del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. El otro pico -de los últimos 30 años- se alcanzó en 2016, un año récord para el mercado turístico balear y en el que se experimentó una explosión en el sector inmobiliario de lujo. De hecho, Baleares lideró en 2016 la inversión extranjera en la compra de inmuebles, como publicó Última Hora en ese momento.

Un destino con “atractivo”

En este interés por las islas pesa también el componente cultural: parte del público estadounidense asocia territorios mediterráneos a una mayor calidad de vida. Entre los factores de peso están la percepción de seguridad -en comparación con América en general- y una mayor cohesión social. Así como una manera de ser de la gente [más abierta] que refuerza tanto el atractivo turístico como el residencial, valora Blàzquez.

“En España existe un estado de bienestar y más libertad: es un país sólido, no un estado fallido como por ejemplo Costa Rica, un territorio que [cerca de Estados Unidos] podría ser equiparable a Suiza, sin tener claramente la misma seguridad”, detalla el investigador. “Son cosas que nosotros -los isleños- no valoramos, pero ellos sí”. 

En España existe un estado de bienestar y más libertad: es un país sólido, no un estado fallido como por ejemplo Costa Rica, un territorio que [cerca de Estados Unidos] podría ser equiparable a Suiza, sin tener claramente la misma seguridad

Macià Blazquez — Investigador de la UIB

En un estudio que realizó en 2013 junto a la investigadora Angela Hof, ambos concluyeron que existe una vinculación muy estrecha entre la actividad turística y el mercado inmobiliario. Es una de las perspectivas desde las que ahora, en una de las asignaturas que imparte como docente universitario, se aproxima y analiza el turismo. “Si una persona [con capital acumulado] visita las islas griegas, a Bahamas o a Mallorca y encima ve que hay un atractivo inversor, pondrá su dinero”, asegura Blàzquez.

El “juego psicológico” 

En octubre de 2024, el escaparate de una agencia inmobiliaria del carrer Bonaire, en el barrio de Sant Jaume de Palma, ofrecía mansiones a precios exageradísimos: entre el millón y medio y los siete millones. Pero el elevado precio por el que se vendía un piso de 200 metros cuadrados en Mallorca no era lo que más llamaba la atención, sino la información, justo al lado, de lo que valdría el condominio de un inmueble de las mismas características en Nueva York: un tipo de propiedad muy común en Estados Unidos donde compras una vivienda individual, pero compartes áreas comunes con otros propietarios. 

Evidentemente los anuncios de la inmobiliaria estaban en inglés, no en español. “La intención era que cada turista norteamericano que pasase por allí vinculase de inmediato una inversión de lujo a 25 años permanente en Mallorca o un condominio -por el mismo precio, pero distinto valor- en EEUU”, argumenta Eduard Vila, abogado y experto inmobiliario.

Hacía apenas dos años desde la inauguración de la ruta directa entre la capital balear y el aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey, la alternativa a la terminal [más cara] de JFK para llegar a Nueva York. Desde su inauguración, la conexión no ha hecho más que fortalecerse. 

La temporada pasada, United Airlines, compañía responsable de la conectividad, aumentó un 50% la oferta de asientos para verano y prolongó los trayectos durante un mes más que el año anterior. Además, existe la línea directa Barcelona-Boston: saltar de la capital catalana a las islas es solo cuestión de 40 minutos. También la aerolínea Air France anunció en febrero que este 2026 conectaría Nueva York desde Palma y Eivissa (y otros siete aeropuertos españoles) con tan solo una escala intermedia en el aeródromo París-Charles de Gaulle.

Inversión extranjera en vivienda

Bajo esta lógica -la de atraer a un visitante que, además de su capacidad de gasto, es visto como potencial inversor o futuro residente-, el sector turístico ha orientado cada vez más el modelo turístico hacia este perfil. Por otro lado, en el sector inmobiliario de Balears tienen un gran peso los capitales internacionales, incluidos los estadounidenses.

El proceso se enmarca -detalla Blàzquez- en una lógica global: inversores con alta capacidad adquisitiva buscan nuevos espacios donde obtener rentabilidad, ya sea a través del uso turístico, el alquiler o la revalorización de la propiedad. Es un fenómeno que no se limita a Balears. sino que se repite en todo el territorio español. 

En Madrid, entre los inversores de mayor perfil -los que compran y venden pisos por encima del millón de euros, en barrios como Chamberí, Salamanca o el Retiro-, hay muchos extranjeros, la mayoría provenientes de Venezuela, Argentina y México. 

Pero el Mediterráneo es un destino todavía más atractivo, si cabe, por su buen clima, su cercanía al mar y su estilo de vida distendido y más conectado con la naturaleza. Los estadounidenses de regiones como California, por ejemplo, se sienten más atraídos y más cercanos a este ecosistema y a la población mediterránea que a la de las capitales o el norte de Europa, señala el investigador.

El Mediterráneo es un destino todavía más atractivo, si cabe, por su buen clima, su cercanía al mar y su estilo de vida distendido y más conectado con la naturaleza

En Balears, la guerra de Irán incluso ha aumentado el interés por la inversión, lo que podría derivar en un encarecimiento aún más significativo de la vivienda, indica por su parte Vila. Inversores que tenían en el punto de mira ciudades de Oriente Próximo, como Dubái, para meter su dinero han encontrado en las islas una alternativa factible. “La Unión Europea (UE), en general, tiene ventajas: seguridad jurídica, territorial y una seguridad general que no existe en otros países”.

Un decrecimiento “falso”

El interés de los turistas en fijar sus ahorros en territorio balear es -considera Blàzquez- una especie de land grabbing. Este fenómeno supone la apropiación privada y acumulación del control de grandes extensiones de terrenos, incluidos sus recursos naturales y agua. “En Balears -señala el experto- pasa con los usos turísticos, residenciales y en definitiva, especulativos. Da igual que sea suelo rústico, un espacio natural o que estén al lado del mar”, lamenta. 

En otra de sus investigaciones Blàzquez analizó el incremento de categoría de los establecimientos hoteleros en el archipiélago desde la aprobación del Decreto Ley 1/2009, de 30 de enero, de medidas urgentes para el impulso de la inversión en Balears, tras la crisis económica de 2008. Además de la regularización de plazas turísticas, el decreto incluía un mecanismo específico para subir categoría de establecimientos turísticos a partir de relajar ciertos requisitos turísticos y urbanísticos. 

También se aprobó, en 2022, la Ley 3/2022, de 15 de junio, de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad del turismo, para implementar la economía circular. “Todo esto va vinculado a un falso decrecimiento”, observa Blàzquez. 

Este enfoque turístico, hacia un perfil premium, esconde, según el antropólogo urbano José Manilla, rasgos “discriminatorios”. Contribuye, así, en una desigualdad social ya muy presente en las islas. Aunque Balears tiene uno de los PIB más altos del territorio español y una alta tasa de empleo, el 15,2% de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social, según datos del INE.

Por lo que, mientras se consolida su atractivo para visitantes con alto potencial inversor, lo hacen también las dudas sobre el impacto social y territorial del modelo turístico. El encarecimiento de la vivienda, la presión sobre el territorio y la pérdida progresiva de espacios accesibles para la población residente -sobre todo en Eivissa y Formentera, con doble y triple insularidad- parecen algunas de las principales consecuencias.

“Was auf Malle passiert, wird auf Malle beglichen” (“Lo que pasa en Mallorca se paga en Mallorca”). Es el mensaje que luce un gran cartel publicitario instalado a la salida del aeropuerto de Palma y que ha provocado la indignación del Govern balear, que ha solicitado a AENA su retirada inmediata al considerar que proyecta una imagen “denigrante” de la isla al asociarla con el turismo de excesos, un fenómeno que las instituciones llevan años intentando combatir mediante restricciones y campañas.

La controversia radica en que “Malle” es la forma coloquial con la que muchos turistas alemanes se refieren a Mallorca y forma parte del conocido eslogan “Was auf Malle passiert, bleibt auf Malle” (“Lo que pasa en Mallorca se queda en Mallorca”), integrado desde hace años en el imaginario festivo alemán asociado a la isla. La frase, inspirada a su vez en el célebre lema estadounidense “Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas”, aparece de hecho en pegatinas, artículos de merchandising e incluso en canciones y vídeos vinculados a la cultura del 'Ballermann', el turismo de fiesta y los excesos nocturnos en zonas turísticas de Mallorca.

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha remitido una carta oficial dirigida al presidente de AENA, Maurici Lucena -con copia al director del aeropuerto de Son Sant Joan-, para trasladarle la “profunda indignación y preocupación” del Ejecutivo balear ante esta campaña. En la misiva, Bauzà califica de “absolutamente inaceptable” que una infraestructura estratégica y la principal puerta de entrada a la comunidad autónoma proyecte mensajes que perpetúan estereotipos profundamente dañinos para la imagen de Mallorca y para el modelo turístico de las islas.

La campaña está impulsada por la red de cajas de ahorro Sparkasse, integrada en Sparkassen-Finanzgruppe, el principal grupo financiero de Alemania. La acción publicitaria promociona además Wero, una nueva plataforma europea de pagos digitales puesta en marcha por bancos y entidades financieras para competir con sistemas como PayPal o Bizum. La propia agencia responsable de la campaña, Jung von Matt SPORTS, explica en LinkedIn que el objetivo de la misma es dirigirse específicamente a los turistas alemanes que aterrizan en “uno de sus destinos vacacionales favoritos” y jugar con el imaginario festivo asociado a “Malle”.

En su carta, el conseller recuerda que la sociedad balear en su conjunto -incluyendo a las instituciones, el sector privado y la ciudadanía- lleva años realizando un “importante esfuerzo político, social y económico” para erradicar los comportamientos incívicos que perjudican la reputación internacional, la convivencia y la calidad del destino. Este compromiso se traduce, recuerda, en regulaciones específicas, campañas de concienciación, el refuerzo de la inspección y actuaciones coordinadas con los consells insulares, ayuntamientos y sectores implicados.

Por ello, considera “especialmente incomprensible” que un espacio gestionado por AENA “actúe en dirección contraria, permitiendo una campaña que banaliza y refuerza exactamente aquello que se está intentando erradicar desde el archipiélago”.

En un mensaje difundido a través de la red social 'X', el conseller ya recriminó este miércoles que la gestora aeroportuaria permita una publicidad que, a su juicio, “banaliza” precisamente uno de los principales problemas que afronta el archipiélago. “No puede ser que mientras aquí intentamos impulsar un modelo turístico más responsable, sostenible y compatible con la vida de los residentes, Aena permita campañas como esta en la fachada de nuestro aeropuerto”, subraya en esta línea. Para Bauzà, “lo más grave” es el mensaje que transmite el cartel de que “aquí todo vale” y que Mallorca “es un parque temático para excesos”.

Respuesta de Aena

En la tarde este jueves, el organismo aeroportuario ha remitido su respuesta a los medios: “Ante las informaciones publicadas referentes a un cartel publicitario localizado en el edificio parking del Aeropuerto de Palma de Mallorca, en las que se afirma que dicha campaña incentiva el turismo de excesos en Mallorca, Aena quiere aclarar que el anuncio al que se hace referencia –cuya traducción seria ”lo que pasa en Mallorca se paga en Mallorca, envía dinero entre amigos de forma fácil y rápida“– forma parte de una campaña comercial de una caja de ahorros alemana. La entidad está promocionando el uso de wero (plataforma de pago digital similar a bizum). Por tanto, no se trata de ninguna campaña que incentive el turismo de excesos en la isla. El aeropuerto no es generador de la demanda turística, es decir, la afluencia de visitantes depende fundamentalmente del destino y de la oferta turística de la isla”.

Campañas contra el turismo de excesos

La Playa de Palma es el gran epicentro histórico del turismo alemán en Mallorca y uno de los símbolos del modelo de sol y playa que impulsó el boom turístico de las islas. Alemania continúa siendo además uno de los principales mercados emisores para Balears. En 2025, cerca de cinco millones de turistas germanos visitaron el archipiélago, según datos turísticos difundidos en los últimos meses por instituciones y organismos del sector. Mallorca concentra, de hecho, alrededor del 41% de todos los turistas alemanes que viajan a España y uno de cada tres visitantes germanos que llegan al país elige la isla como destino vacacional.

Durante los últimos años, las instituciones autonómicas e insulares han aprobado medidas para combatir el turismo de excesos, especialmente en la Playa de Palma y en Magaluf, donde se han impuesto restricciones a la venta de alcohol, promociones de barra libre o rutas organizadas de consumo de alcohol.

En 2020, el anterior Ejecutivo autonómico progresista aprobó un decreto pionero para limitar este tipo de prácticas en determinadas áreas turísticas de Mallorca y Eivissa. La norma prohibió las ofertas de barra libre, las fiestas en barcos, la publicidad de rutas etílicas y endureció las sanciones por conductas incívicas.

El debate se ha intensificado todavía más en los últimos años por las crecientes protestas ciudadanas contra la saturación turística, el aumento del precio de la vivienda y la presión sobre los servicios públicos y el territorio. En este contexto, distintas instituciones baleares han defendido la necesidad de cambiar el relato internacional de Mallorca y abandonar la identificación de la isla con el ocio descontrolado y el turismo de borrachera.

Fe de errores: en una primera versión de este artículo se afirmaba erróneamente que la traducción de la frase contenida en el cartel publicitario era “Lo que pasa en Mallorca se queda en Mallorca”.

El pleno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este jueves de manera definitiva la modificación del Plan General para extender la prohibición de nuevas plazas de alquiler turístico. La modificación ha contado con el voto favorable, aunque con críticas, de MÉS y el PSIB.

El regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, ha subrayado que la intención de la reforma del Plan General es reforzar el uso residencial y proteger el acceso de los ciudadanos a la vivienda.

Fidalgo ha señalado que el actual sistema no ha podido contener la expansión del fenómeno ni contener sus efectos sobre el mercado residencial, al tiempo que ha criticado que la expansión de esta modalidad entre 2015 y 2023 redujo la disponibilidad de usos residenciales y provocó subidas de precios.

Desde MÉS per Palma, el regidor Miquel Àngel Contreras, a pesar del voto favorable, ha acusado al PP de “llegar tarde” porque en los últimos años siempre votó en contra de cualquier limitación. “Cuando decíamos que el alquiler turístico expulsaba residentes, nos llamaban radicales”, ha indicado.

El regidor del PSIB Pepe Martínez también ha acusado al equipo de gobierno de “llegar tarde”. El socialista ha criticado la incoherencia del PP de extender la prohibición de las plazas de alquiler turístico mientras permite la creación de plazas en edificios BIC.

El portavoz de Vox, Fulgencio Coll, ha justificado que su grupo no apoye la medida y la ha calificado como un intento de blanquear el problema de la vivienda. Coll ha lamentado que no se haya perseguido con dureza el alquiler turístico ilegal.

“No menores”, “no mascotas”, “no empadronamiento”, “parejas y amigas, fuera de casa”, “máximo cuatro meses”... Mientras el acceso a una vivienda digna se ha convertido en una carrera imposible para miles de residentes en Balears, abocados a subsistir en infraviviendas, caravanas, tiendas de campaña y edificios abandonados, los principales portales inmobiliarios acumulan anuncios que reflejan hasta qué punto se ha normalizado la imposición de condiciones abusivas en una de las comunidades más tensionadas del país. Las publicaciones, además, ya no hablan de vecinos, alquiler estable o vivienda habitual: en su lugar proliferan conceptos como “co-living premium”, “community living”, “hotel ambience”, “digital nomads”, “expats” o “remote workers”, evidenciando cómo el archipiélago ha dejado progresivamente de alquilar casas para empezar a comercializar experiencias habitacionales temporales dirigidas a población móvil global y perfiles internacionales de poder adquisitivo medio-alto.

La crisis habitacional está devolviendo formas de vida compartida que parecían propias de otra época: habitaciones minúsculas, baños colectivos y ausencia de espacio privado. Uno de los anuncios localizados en Palma, concretamente en la zona de Marquès de la Fontsanta, condensa buena parte de las nuevas dinámicas del alquiler precario y altamente restrictivo que prolifera en las islas. La habitación, ofertada por 450 euros mensuales en un piso compartido “solo para mujeres”, se presenta como “ideal para azafatas (cero ruido)” y acumula una larga lista de condiciones impuestas a la futura inquilina: “No se hace empadronamiento”, “estancias cortas”, “parejas y amigas, fuera de casa”, “no se comparte el salón” y “dos lavados en semana: uno de blanco, otro de oscuro”. El anuncio exige además contrato laboral “en vigencia”, define el piso como “tranquilo” y pide a las interesadas que envíen “una breve descripción”.

Algunas publicaciones introducen filtrados sexistas como en el caso de una habitación en s'Arenal: la anuncia un particular hombre que apenas unas horas después de darla de alta en Idealista tuvo que modificar el contenido, que inicialmente señalaba que busca una “mujer sola” de entre 26 y 36 años, añadiendo entre exclamaciones “HOMBRES NO”. El propietario explica, además, que el baño es en suite y que la futura inquilina deberá compartirlo con él -“por eso el precio”, señala, planteando el importe, 450 euros, como una compensación por las limitaciones-. Exigía además que la joven “hable español” y sea “seria y amable”. El anunciante prohíbe expresamente traer invitados o mascotas y llega incluso a presentar como una concesión el acceso a espacios básicos de la vivienda como la cocina.

Tras una denuncia particular por discriminación, el propietario reformuló parcialmente el anuncio, eliminando algunas de las referencias más explícitas, como la de “HOMBRES NO” y suavizando el lenguaje con un “preferiblemente chica”. Sin embargo, conserva condiciones como el criterio de edad, el uso compartido del baño y la prohibición de invitados y mantiene como un valor añadido el “derecho a cocina y zonas comunes”.

Algunas publicaciones introducen filtrados sexistas como en el caso de una habitación en s'Arenal: la oferta un particular hombre que apenas unas horas después de darla de alta en Idealista tuvo que modificar el contenido, que señalaba que busca una "mujer sola" de entre 26 y 36 años, añadiendo entre exclamaciones "HOMBRES NO". El propietario señala que el baño es en suite y que la futura inquilina deberá compartirlo con él

En otro anuncio se ofrece una habitación en la calle Josep Darder de Palma por 1.200 euros mensuales, a los que se añaden otros 250 euros al mes por suministros y 90 euros adicionales por la entrega de llaves. El anuncio presenta la vivienda en términos propios de alojamiento temporal o turístico: “La vivienda dispone de un pequeño balcón con mesa y sillas, ideal para relajarse. Los acabados en madera, suelos modernos y detalles decorativos crean un ambiente cálido y agradable”. Las condiciones vuelven a reflejar el creciente nivel de filtrado y segmentación del mercado: la estancia mínima es de dos meses y la máxima de seis; el inquilino debe tener entre 20 y 40 años, no se aceptan mascotas y el empadronamiento queda “a consultar”. El anuncio fija además horarios concretos de “check-in” y “check-out”, reproduciendo dinámicas más propias de apartamentos turísticos u hospedaje temporal que de un alquiler residencial convencional.

Precisamente, un informe elaborado por el Observatori DESCA en colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales alerta de que muchas de las prácticas que se están normalizando en el mercado del alquiler pueden considerarse cláusulas abusivas o incluso infracciones en materia de consumo, aseverando que las administraciones tienen herramientas legales para perseguir estas prácticas. El documento señala expresamente como potencialmente abusivas las penalizaciones “desproporcionadamente altas” por retrasarse en abandonar una vivienda, las cláusulas que limitan derechos básicos del inquilino, la imposición de servicios accesorios no solicitados o los obstáculos “onerosos o desproporcionados” para ejercer derechos reconocidos legalmente. El informe también advierte sobre la proliferación de contratos de adhesión donde el consumidor “no ha podido influir sobre su contenido”, especialmente en contextos de fuerte tensión residencial como Balears, donde muchas personas aceptan condiciones cada vez más restrictivas ante la falta de alternativas habitacionales.

El estudio pone además el foco en el papel de las agencias inmobiliarias y empresas intermediarias y menciona expresamente prácticas como el cobro encubierto de gastos de gestión al inquilino mediante supuestos “servicios integrales”, la imposición de prestaciones accesorias no solicitadas o las conductas discriminatorias en el acceso a la vivienda.

El “no empadronamiento” como exclusión

Uno de los aspectos más controvertidos es la normalización de cláusulas como el “no empadronamiento”, muy frecuentes en anuncios de habitaciones y alquiler temporal pese a que el padrón constituye un derecho administrativo ligado a la residencia efectiva y no a la voluntad del propietario. La práctica choca frontalmente con la propia normativa estatal sobre el padrón municipal. La resolución publicada en 2020 por el Instituto Nacional de Estadística y la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local recuerda expresamente que “toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente”, con independencia de la situación contractual o de los derechos existentes sobre la vivienda.

Uno de los aspectos más controvertidos es la normalización de cláusulas como el "no empadronamiento", muy frecuentes en anuncios de habitaciones y alquiler temporal pese a que el padrón constituye un derecho administrativo ligado a la residencia efectiva y no a la voluntad del propietario

Colectivos sociales, abogados y sindicatos de vivienda alertan de que esta práctica afecta especialmente a población migrante, trabajadores precarizados y personas en situación vulnerable, dificultando el acceso a sanidad, escolarización, ayudas sociales, arraigo o regularización administrativa. Joan Segura, portavoz de SOS Desahucios Mallorca, considera que la proliferación de anuncios donde se prohíbe el empadronamiento responde en gran medida al auge del alquiler temporal y de contratos utilizados de forma fraudulenta para evitar los derechos del alquiler residencial.

En declaraciones a elDiario.es, el activista relata casos recientes atendidos por el colectivo en los que el rechazo al padrón ha derivado en situaciones de presión y coacciones sobre familias vulnerables. Entre ellos menciona el de una mujer embarazada que alquilaba una habitación y cuyo propietario llegó a negar ante el inspector municipal que residiera allí para impedir su inscripción en el padrón.

Segura asevera, además, que el padrón se ha convertido en un elemento clave dentro de los conflictos relacionados con los contratos de temporada. “La mayoría de arrendamientos de temporada son un fraude”, asegura, señalando que muchos alquileres supuestamente temporales encubren en realidad residencias habituales que deberían regirse por la Ley de Arrendamientos Urbanos y reconocer derechos como la estabilidad contractual o el empadronamiento. A su juicio, impedir que el inquilino se empadrone dificulta posteriormente que pueda acreditar judicialmente que reside de forma permanente en la vivienda.

La mayoría de arrendamientos de temporada son un fraude

Joan Segura — Portavoz de Stop Desahucios Mallorca

Contratos temporales y penalizaciones

Por su parte, el abogado Eduard Vila señala a este periódico que muchos propietarios alquilan viviendas “para todo el año” bajo fórmulas temporales y tratan de impedir que el inquilino se empadrone para dificultar posteriormente que pueda acreditar que reside allí de forma habitual. Según Vila, el padrón se ha convertido en una prueba clave en los conflictos judiciales vinculados al alquiler flexible y los falsos contratos de temporada. “La no prohibición del empadronamiento viene por aquí porque es una prueba muy importante para luego desahuciar a esa persona”, afirma.

La propia normativa estatal deja claro, además, que los ayuntamientos “no [tienen] ninguna competencia para juzgar cuestiones de propiedad, de arrendamientos urbanos o, en general, de naturaleza jurídico-privada” y contempla incluso el empadronamiento de personas en situaciones precarias, infraviviendas o sin contrato formal si puede acreditarse la residencia efectiva. Diversas sentencias y estudios jurídicos consultados por este periódico alertan asimismo de la proliferación de cláusulas penales en contratos de alquiler temporal que imponen indemnizaciones diarias al inquilino si no abandona la vivienda al finalizar el contrato. Un informe sobre cláusulas abusivas elaborado por organismos de consumo recoge resoluciones judiciales que llegaron a analizar penalizaciones equivalentes “al triple de la renta diaria por día de retraso” y otras indemnizaciones superiores al precio ordinario del alquiler.

Vila advierte de que algunos propietarios utilizan este tipo de cláusulas para presionar a los inquilinos. “Muchos propietarios enchufan un contrato de temporada por contrato de año y luego reclaman la penalización como si fuera contrato de temporada”, denuncia. Según explica, algunos contratos llegan a establecer sanciones de hasta 75 euros diarios si el arrendatario no abandona la vivienda al finalizar el periodo pactado, lo que puede traducirse en reclamaciones de decenas de miles de euros. “Te dicen que tienen derecho a reclamarte 20.000 euros para meterte el miedo en el cuerpo”, resume.

Muchos propietarios enchufan un contrato de temporada por contrato de año y luego reclaman la penalización como si fuera contrato de temporada con penalizaciones de hasta 75 euros diarios

Eduard Vila — Abogado

El auge del “coliving” y el alquiler flexible

El fenómeno coincide, además, con la expansión del “coliving”, el alquiler corporativo y nuevas fórmulas de alojamiento flexible orientadas principalmente a trabajadores remotos, perfiles internacionales y población temporal de alto poder adquisitivo. Detrás de este negocio emergen particulares, empresas y entramados societarios cada vez más profesionalizados. Entre ellos figura SOMOS Coliving, que comercializa Palma como destino para “digital nomads” y “remote workers” y oferta habitaciones desde 1.300 euros mensuales -hasta 2.400 euros en verano- en un edificio con coworking, limpieza, internet, terrazas y zonas comunes compartidas, previo proceso de selección mediante videollamadas de quince minutos para determinar si el residente “encaja” dentro de la comunidad.

“Aquí no solo compartes un edificio, sino una forma de vivir. Un lugar donde puedes socializar cuando quieras y encontrar tu rincón de calma cuando lo necesites”, puede leerse en la propia web de la empresa. La sociedad, sin embargo, no nació originalmente vinculada al “coliving”, sino como promotora inmobiliaria bajo el nombre de Obras Son Forteza SL antes de reconvertirse, en plena emergencia habitacional, al negocio del alojamiento flexible. Sus administradores solidarios son Leonor Oliver Vicens y Miguel Zourab Oliver Vicens, vinculados además a múltiples sociedades inmobiliarias y patrimoniales relacionadas con promoción, arrendamiento y explotación de activos residenciales en Mallorca, como Xebros SL, Holding Alberto 2021 SL, Son Espanyolet Gardens SL o Brastone Invest SL. elDiario.es se ha puesto en contacto con SOMOS Coliving para conocer su visión sobre el impacto del “coliving” en la transformación del mercado residencial de Palma, pero no ha obtenido respuesta.

Detrás de este negocio emergen particulares, empresas y entramados societarios cada vez más profesionalizados. Entre ellos figura SOMOS Coliving, que comercializa Palma como destino para 'digital nomads' y 'remote workers' y oferta habitaciones desde 1.300 euros mensuales y hasta 2.400 euros en verano

Redes empresariales y rentabilidad por habitación

Otro ejemplo es Almado Immoinvest, una firma inmobiliaria radicada en Palma y constituida en 2018 cuyo objeto social incluye arrendamiento de inmuebles, gestión inmobiliaria y alojamiento turístico. La empresa se presenta como una “small international living & working community in Palma” (“pequeña comunidad internacional para vivir y trabajar en Palma”) y comercializa habitaciones bajo fórmulas de alquiler flexible y alojamiento temporal orientadas a perfiles internacionales y trabajadores desplazados. En algunos de sus anuncios aparecen pisos compartidos entre hasta siete personas, alquileres temporales estructurados casi como productos turísticos y restricciones explícitas como “parejas sin menores”.

Detrás de Almado Immoinvest SL aparece además una red empresarial vinculada al negocio inmobiliario, el arrendamiento y el alojamiento flexible en Palma. La sociedad tiene como administradores solidarios a Antoine Werner Beinhoff e Ines Melina Hoerner y como apoderada a Sarah Persephonie Kotsobolos. Los mismos responsables figuran vinculados a otras mercantiles prácticamente idénticas, como Calmado Immoinvest SL, registrada en la misma dirección de Palma y dedicada igualmente al “arrendamiento de toda clase de bienes inmuebles”, la promoción inmobiliaria y el “establecimiento de alojamiento turístico”. Registros empresariales internacionales sitúan además a Beinhoff conectado a sociedades patrimoniales e inmobiliarias fuera de España, especialmente en el ámbito germano-suizo. Tampoco Almado ha respondido a las preguntas formuladas por este periódico.

Otro ejemplo es Almado Immoinvest, que se presenta como una 'pequeña comunidad internacional para vivir y trabajar en Palma' y comercializa habitaciones con restricciones explícitas como 'parejas sin menores'

En otro anuncio difundido por otra empresa puede leerse: “¿Buscas una habitación moderna, luminosa y con todas las comodidades en pleno centro de la ciudad? ¡Este coliving recién reformado es justo lo que necesitas!”. El anuncio ofrece habitaciones individuales “desde 625 euros al mes” y habitaciones dobles “con baño privado en suite” por 825 euros mensuales, dirigidas específicamente a “jóvenes profesionales”, “trabajadores en remoto” y “nómadas digitales”, con contratos flexibles “desde 1 mes hasta un máximo de 11 meses” y prohibición expresa de mascotas.

Vivienda fragmentada, máxima rentabilidad

El negocio detrás de estos modelos resulta especialmente lucrativo. Un piso que en alquiler residencial convencional podría arrendarse por 1.500 euros mensuales puede acabar generando más de 4.000 euros si se divide en seis o siete habitaciones alquiladas individualmente. Cuanto más se fragmenta la vivienda, mayor es la rentabilidad potencial. En paralelo, proliferan en redes sociales y páginas especializadas comunidades dirigidas específicamente a teletrabajadores internacionales, “digital nomads” y población temporal desplazada a Balears.

Una de las páginas que mejor ejemplifica este fenómeno es Casa Aire Mallorca, que se presenta como un espacio de “coliving” orientado a perfiles internacionales y temporales. El lenguaje utilizado refleja perfectamente la transformación del mercado residencial en Palma: ya no se habla de vecinos, hogares o alquiler estable, sino de “experiencias”, “comunidad”, “flexibilidad” y estilos de vida compartidos vinculados al trabajo remoto y la movilidad global.

Un piso que en alquiler residencial convencional podría arrendarse por 1.500 euros mensuales puede acabar generando más de 4.000 euros si se divide en seis o siete habitaciones alquiladas individualmente

Los datos reflejan la magnitud de la crisis habitacional que atraviesa Palma y el conjunto de Balears. Según el Barómetro del Observatorio del Alquiler, las Islas registran el precio medio del alquiler más elevado de toda España, con 1.676 euros mensuales, por delante incluso de Barcelona y Madrid. A ello se suma una presión de demanda extrema: 147 personas interesadas por cada vivienda disponible en apenas diez días, una cifra que multiplica por casi diez el umbral que los expertos consideran compatible con un mercado equilibrado. En este contexto, el auge del “coliving”, el alquiler flexible y la fragmentación extrema de viviendas refleja una transformación mucho más profunda: la vivienda deja progresivamente de concebirse como un hogar estable para convertirse en alojamiento temporal, activo financiero y negocio de máxima rentabilidad habitación por habitación.

Las dificultades para acceder a una vivienda digna en Balears han llevado a miles de personas, entre ellas familias con menores, personas mayores, migrantes e incluso trabajadores excluidos del mercado inmobiliario, a buscar alternativas para poder sobrevivir. Vivir en una autocaravana es un fenómeno cada vez más extendido en el archipiélago, mientras en el aeropuerto de Palma, por ejemplo, se cifraba el año pasado en unas cuarenta el número de personas que pasan la noche a diario en el aeropuerto de Palma, de acuerdo a un recuento realizado en por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS). Otros isleños se han visto expulsados de las islas y reemplazados por extranjeros de elevado poder adquisitivo -procedentes sobre todo de Alemania y del norte de Europa- mientras grandes grupos inversores -suecos, franceses y alemanes, principalmente- se expanden por ciudades y pueblos en busca de edificios de los que extraer el máximo rendimiento.

Desde la planta donde se concentran los despachos de los directivos que gestionan el día a día del Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera se ven puntos naranjas, azules y grises. Son los colores de las tiendas de campaña que se han plantado en un terreno que linda con el Hospital Can Misses. Desde principios de mayo hay decenas de infraviviendas –también barracas alzadas con madera y pladur– en una lengua de tierra situada entre el complejo hospitalario y el segundo cinturón que circunvala la capital ibicenca. Suelo público que pertenece al Ajuntament d’Eivissa. Hace años, el Consistorio firmó un convenio con el Ib-Salut –el servicio sanitario de las Illes Balears– para cederle el uso de una parcela que permaneció vacía durante un largo período. Ahora hace falta. ¿La razón? Las obras que durante dos años trasladarán el trabajo de un centro de salud hasta el hospital público. 

Es Viver es uno de los tres centros de salud situados en Vila, el topónimo popular del municipio de Eivissa, el más poblado de la isla: 56.000 habitantes. Para absorber el gran flujo de pacientes –al menos, 25.000 tarjetas sanitarias– que se moverán hasta Can Misses, la gerencia de la sanidad pitiusa tiene previsto ubicar un aparcamiento en el terreno municipal. No bastará con desbrozar esa hectárea y media repleta de pinos y matorrales de sabinas, aplanar el firme, volcar unos camiones de grava. Los puntos naranjas, azules y grises que colorean la maleza confirman que la finca se ha convertido en un refugio. De personas sin hogar. También será necesario desahuciarlas.

La vida en una tienda de campaña

Lo primero que hizo A. al pisar Eivissa fue acercarse al Decathlon a comprar una tienda de campaña. Es, según la descripción que se lee en la web del centro comercial, una carpa plegable con un habitáculo pensado para que seis personas se repartan sus seis metros cuadrados. Por poco más de cien euros, confort en la naturaleza en caso de acampada, otro cuento si la tienda es un hogar: 1,75 metros de altura que permiten estar de pie, ocho kilos de peso que se pueden transportar con facilidad, suelo anti insectos, ventanas y puertas con mosquitera, lonas impermeabilizadas.

Por si acaso, A. ha colocado una capa extra –moteada con manchas de vaca lechera– sobre el único techo que podía permitirse. Él no tenía ni los contactos ni los materiales para construirse una barraca de madera que se apoyara en el tronco y las ramas de un algarrobo. Así lo han hecho algunos de sus vecinos. Ahora, A. tendrá que fiarse de la resistencia que asegura el fabricante –aguanta hasta 50 kilómetros por hora– y cruzar los dedos cuando el helicóptero del hospital vuele bajo en sus despegues y aterrizajes. Buscar un alquiler no es una opción.

A. es saharaui. Pasó tres veranos en Andalucía porque era uno de los niños apadrinados en vacaciones por una familia española. Después se mudó a la isla, donde compró en Decathlon una tienda de campaña por poco más de 100 euros al no poder hacer frente al alquiler. Tiene que confiar en que resista los vuelos del helicóptero del hospital

Aunque disponga de permiso de residencia por ser propietario de un carné de apátrida, A. no podría firmar un contrato. Los ingresos no le alcanzan: 

–Cuando vi los precios de las habitaciones me di cuenta de que tenía que ganar mucho, muchísimo dinero, para pagarme una habitación y que me quedaran más de mil euros para pasar el resto del mes. Por eso me vine aquí con la tienda de campaña… y me encontré a otras personas que me dijeron que antes vivían en otros terrenos que están muy cerca, pero que llegó la policía y los echaron. Algunos son paisanos míos.

A. es saharaui. Nació en Dakhla, una ciudad fundada por los españoles en 1884 con el nombre de Villa Cisneros para que fuera la capital de la colonia y uno de sus principales puertos pesqueros. Hoy es territorio bajo dominio marroquí. A., que tiene veintinueve años, lo abandonó “hace tres”. Para emigrar a Andalucía, una tierra que conoce bien porque él fue, según cuenta, uno de los niños apadrinados en vacaciones por una familia española. “Estuve tres veranos en Sevilla, mantenemos el contacto, esas personas son como mi padre y mi madre… pero antes de venir a estas islas, mi pueblo era San Fernando”, explica en un castellano más que fluido donde el deje gaditano es innegable.

Estuve tres veranos en Sevilla, mantenemos el contacto, esas personas son como mi padre y mi madre… pero antes de venir a estas islas, mi pueblo era San Fernando

A. — Residente en una tienda de campaña

El problema crónico del chabolismo ibicenco

Es un efecto Guadiana: desaparece una villa miseria, surge otra villa miseria en el espacio libre que quede más próximo. Sin opciones realistas de vivienda en un mercado necrosado por precios que doblan la media nacional, el barraquismo y los campamentos de caravanas y furgonetas llevan años esparciéndose a la vista de todo el mundo. El poblado en el que vive A. –por ejemplo– creció cuando se desahuciaron a principios y finales de abril dos campamentos que estaban sólo unos pocos metros. 

“Como norma general ante un desalojo mantenemos un dispositivo especial de vigilancia permanente en zonas calientes susceptibles de que se instalen en ellas. Si detectamos que se hace un acopio de materiales para presuntamente construir casetas o infraviviendas se retiran. Y hay presencia policial constante. Es lo que se puede hacer. Eso, e instar a los propietarios de terrenos a que los vallen”, insisten desde el Ajuntament d’Eivissa, gobernado con mayoría absoluta por el Partido Popular. 

Cercar la finca fue lo que hizo el Ib-Salut días después de la okupación. El perímetro no se cerró del todo porque las chabolas ya habían aparecido, se dejó un hueco para que sus habitantes pudieran entrar y salir. El vallado “no ha tenido nada que ver” con la aparición de las chabolas, sino “con los preparativos para convertir la zona en aparcamiento”, explican desde el Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera. ¿Se podrá hacer esa reconversión si el solar está habitado? En casos similares y cercanos –en el tiempo y en el espacio–, los propietarios han tenido que esperar hasta un año y dos meses para conseguir la orden judicial que autorice a desahuciar un terreno lleno de barracas.

Para iniciar el proceso, es necesario presentar una demanda en los juzgados. Ni el Ajuntament d’Eivissa ni el Ib-Salut lo han hecho todavía. Desde el equipo de gobierno entienden que debe ser la gerencia del hospital quien mueva ficha al tener la cesión de uso. Desde Can Misses responden que “los servicios jurídicos están valorando cómo proceder”. Dos especialistas en derecho urbanístico consultados por elDiario.es coinciden en que el proceso judicial podría iniciarlo tanto el Consistorio como la gerencia del hospital.

La recalificación del terreno okupado

Entre medias, la política sigue su curso, dilata los tempos. En marzo, antes de que los otros dos desahucios crearan el nuevo poblado, el pleno de Vila acordó dejar en manos del Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) el mismo terreno que tiene cedido al Ib-Salut. Objetivo: construir doscientas VPO destinadas a funcionarios. Para ello, el PP, con el apoyo de PSOE, Vox y Unides Podem –toda la oposición–, recalificó la parcela para que pueda urbanizarse en un futuro cercano. La condición es que la vivienda barata para trabajadores públicos se construya en un plazo máximo de cinco años. Desde la Conselleria d’Habitatge aseguran que “se está tramitando la cesión del solar” al IBAVI desde el Ib-Salut. Pero, antes, el organismo sanitario tendría que conseguir el desalojo del terreno y habilitar un aparcamiento. El posible retraso del traslado del centro de salud Es Viver a Can Misses podría conceder algo de margen. 

Fuentes sanitarias que prefieren no identificarse cuentan que la fecha de la mudanza al hospital “se ha cambiado varias veces” y no tiene visos de empezar “hasta finales de año”. Debía ocurrir durante el segundo semestre de 2026, como consta en la página web de la Conselleria de Salut. Al cierre de esta edición, la Conselleria de Salud, que dirige la popular Manuela García Romero –de oficio, anestesióloga–, no había respondido a la pregunta de si las obras del nuevo centro de salud comenzarían en los plazos estimados. Si fuera así, la necesidad de un aparcamiento extra para agilizar el tráfico en un barrio –dos colegios próximos al hospital, instalaciones deportivas, salida del casco urbano– que se colapsa de vehículos en las horas punta no sería tan urgente. 

Ahora, quien aparca en un descampado –aún– abierto a la calle para dejar a los niños en el cole a las nueve de la mañana o recogerlos a las dos de la tarde deja el coche frente a una ristra de caravanas y furgonetas industriales. Perfectamente visibles desde las ventanas de las habitaciones de los pacientes que están ingresados en el hospital. En uno de esos vehículos vivió, según apunta la investigación policial, el individuo que la semana pasada burló los controles de seguridad de Can Misses para agredir sexualmente a una enferma de cáncer.

Los pacientes del hospital ven desde su ventana una ristra de caravanas y furgonetas industriales

“Los temporeros van a seguir siendo necesarios”

“Hace ya muchos años los temporeros sabían que tenían alojamiento dentro del hotel en el que trabajaban. Ahora no hay dónde meterse. La gente va a seguir siendo necesaria, hay que encontrar una solución. Hay un estudio publicado en febrero de 2023 que indicaba que sólo en la ciudad de Ibiza había mil viviendas vacías. ¿Qué pasa, que se mantienen cerradas durante todo el año y se guardan para alquilarlas en verano a turistas aunque esté prohibido? En Ibiza ha habido sólo cuatro viviendas que se han adherido al programa de alquiler seguro del Govern. Por un lado, tenemos a propietarios que dicen que necesitan más seguridad jurídica para alquilar, pero, cuando se la dan, no salen las viviendas”, explica Gloria Corral Joven a través de una nota de voz. Representante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, esta jubilada con experiencia en política institucional –fue concejala por la coalición de izquierdas Guanyem en el Ajuntament d’Eivissa entre 2015 y 2019– habla con conocimiento de causa. Sabe bien cómo funciona el verano ibicenco: durante cuatro décadas trabajó para la Touristik Union International, el turoperador alemán TUI. 

Corral plantea una dicotomía para resolver “el drama social”: “El Consell ha hecho una ley para que no puedan estar las caravanas en sitios que no sean parkings, pero no he visto que se haya planteado ninguna zona de pago con los servicios necesarios y habituales de un camping (duchas, tratamiento aguas sucias, servicios, una lavandería…) por parte de ningún ayuntamiento o del propio Consell. A mí me parece la solución más lógica… aunque sea a la vez ilógico que se normalice que la gente tenga que vivir en caravanas, campers, chabolas o tiendas de campaña. Es un problema muy complejo, pero sabiendo que hay personas que se mueven de unas comunidades autónomas a otras para poder trabajar… ¿la solución es ponerle 20.000 euros de multa a alguien que vive en una caravana?”.

Regreso a Cádiz

A. sale de la tienda para dejar un vasito de té a medio beber encima de la bandeja que tiene junto a la cremallera de la tienda, la puerta de su hogar. Sobre el metal plateado hay dos teteras, otros dos vasos de pie, el charco que desparramó un tercer vaso cuando perdió el equilibrio. A dos pasos del rinconcito donde prepara sus infusiones descansan un par de zapatillas y un calzador. Al entrar en casa, A. se las quita religiosamente, nunca pisa con la suela las toallas que le sirven de alfombra. Al salir de casa, el gesto contrario. La cuña va al talón y el pie resbala empeine abajo hacia la puntera. 

–¿Por qué viniste a Ibiza? ¿No tenías trabajo en Cádiz?

–Sí. Allí me gano con una empresa 1.800 euros al mes, tengo también la vivienda y la comida. Sólo me pago el tabaco [ríe] y el transporte.

–¿Entonces por qué viniste?

–En Dahkla tengo un hijo pequeño. Me gustaría traerlo algún día a España, pero cuando sea más grande, cuando tenga ocho o nueve años lo traeré y le haré los papeles. Un primo mío trabajaba en Mallorca me dijo que fuera para allá: seis meses de temporada y los otros seis meses podía ir al Sáhara a estar con mi hijo.

–¿Y qué pasó?

–Que en el hotel donde me puse a trabajar de friegaplatos sólo pagaban 1.500 euros. Compartíamos una casa entre varios, pagábamos 250 euros de alquiler cada uno, pero me enteré que en Ibiza había trabajo y se pagaba mejor. Así es. Aquí me puedo ganar 2.500, 3.000 si trabajo seis días a la semana, diez horas cada día. Es dinero, ¿pero dónde vivo? Sé que hay casas en Ibiza donde viven veinte o veinticinco personas. Muy bien, el alquiler es más barato, pero ¿dónde vas a ducharte, dónde vas a lavar la ropa, dónde vas a comer…?

En Dahkla tengo un hijo pequeño. Me gustaría traerlo algún día a España, pero cuando sea más grande. Aquí me puedo ganar 2.500, 3.000 si trabajo seis días a la semana, diez horas cada día. Es dinero, ¿pero dónde vivo?

Calzado, A. estira la espalda y mira al horizonte. Tras las copas de los árboles el saharaui vislumbra la silueta del hospital. Lleva unos pantalones cargo, con varios bolsillos, ideales para guardar herramientas ligeras. A. mete las manos en los bolsillos que le quedan más cerca de la cintura y dice:

–En San Fernando me dedicaba a instalar placas fotovoltaicas. Es un trabajo duro físicamente, la obra, pero, al final, era de ocho de la mañana a cuatro de la tarde, con media hora para el bocadillo y media hora para comer. Pensaba que en el turismo, en la hostelería, iba a estar mejor… pero si no hacen algo con la vivienda, esta isla no funciona… Creo que me volveré a Cádiz en unas semanas. ¡Allí los menús cuestan 11 euros y aquí bajé al centro para ir a la lavandería, compré cuatro cosas, comí por algo por ahí y no veas! ¡Vaya agujero, hermano! [ríe]

Toallas limpias, sábanas recién cambiadas, cápsulas de café, lavandería industrial, limpieza “diaria”, pequeños kits de baño... En los últimos años, propietarios y empresas dedicadas al alquiler turístico han intentado “colar” a Hacienda gastos y deducciones propios de la industria hotelera. El objetivo: lograr un tratamiento fiscal mucho más favorable, acceder a ventajas en el IVA y ampliar las desgravaciones posibles en el IRPF. Los tribunales, sin embargo, han estrechado el cerco sobre quienes intentan equiparar pisos turísticos y villas vacacionales con hoteles, desmontando uno por uno argumentos basados en cambios de toallas, servicios de lavandería y desayunos de cortesía.

La 'batalla' fiscal se libra en pleno auge del alquiler vacacional. Mientras colectivos sociales denuncian que el boom de plataformas de alquiler turístico y la presión inversora ligada al negocio vacacional han transformado barrios enteros, disparado el precio de la vivienda y multiplicado la rentabilidad de pisos, chalés y villas turísticas, provocando con ello que numerosos residentes se vean expulsados de sus barrios como consecuencia de la imparable gentrificación, la patronal del alquiler turístico recrimina que se utilice este sector como “cabeza de turco” de la crisis habitacional y que se “estigmatice” a un ámbito que reclama mayor seguridad jurídica.

Según los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), en noviembre de 2025 había en España 329.764 viviendas turísticas -más de 1,6 millones de plazas en total- anunciadas en plataformas digitales como Airbnb, Booking o Vrbo, lo que equivale al 1,24% del parque total de viviendas del país. En Balears, el INE contabilizaba 19.398 viviendas turísticas y más de 124.000 plazas vacacionales, equvalente a casi el 3% de todas las viviendas del archipiélago. Mientras tanto, las administraciones han intensificado las inspecciones y sanciones contra las viviendas turísticas que operan de forma ilegal.

En paralelo a la expansión de este fenómeno, otro frente ha ido creciendo silenciosamente: el de cómo deben tributar estos alojamientos y hasta dónde puede llegar la Agencia Tributaria (AEAT) a la hora de aceptar deducciones vinculadas a una actividad que intenta acercarse fiscalmente al modelo hotelero. El fenómeno ha atraído tanto a pequeños propietarios como a sociedades especializadas en la explotación de alojamientos turísticos, algunas convertidas ya en auténticas gestoras de viviendas repartidas por distintos enclaves vacacionales.

Ni las toallas ni la limpieza ocasional bastan

Una de las sentencias más recientes, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB), afecta a dos particulares que habían declarado los ingresos de su vivienda turística como rendimientos de actividad económica para ampliar las deducciones en el IRPF. Entre los gastos que pretendían computar figuraban costes vinculados al mantenimiento del inmueble, la limpieza o la reposición de ropa de cama y toallas. La clave del litigio estaba en demostrar que el piso no era un simple alquiler vacacional, sino una actividad equiparable a un negocio hotelero. Para ello, los propietarios alegaban “refuerzos puntuales de limpieza”, atención permanente las 24 horas y servicios de lavandería y cambio de sábanas, fundas de almohada y trapos de cocina.

Frente a ello, el tribunal desmonta uno por uno esos argumentos. La sentencia concluye que no existe una estructura empresarial ni la prestación de servicios equiparables a los del sector hotelero, aseverando que la atención al cliente “no es distinta de la que todo arrendador debe dispensar” ante incidencias normales en una vivienda alquilada y subrayando que la limpieza únicamente puede equipararse a la de un hotel cuando se presta “a diario o con una periodicidad fija”, no cuando se limita a la entrada y salida de huéspedes o a limpiezas ocasionales solicitadas por algunos clientes.

La resolución afecta, en la práctica, a la forma en que tributan miles de viviendas vacacionales en el IRPF. El TSJIB avala el criterio de Hacienda y determina que, si no existen verdaderos servicios hoteleros, los ingresos deben declararse como rendimientos del capital inmobiliario y no como actividad económica, lo que limita de forma notable las posibles deducciones. El tribunal rechaza, asimismo, otro de los argumentos habituales en este tipo de litigios: deducirse gastos durante todo el tiempo en que la vivienda estuvo anunciada o disponible en plataformas turísticas. La Sala fija que los gastos solo pueden prorratearse en función de los días en que el inmueble estuvo efectivamente alquilado.

El TSJIB avala el criterio de Hacienda y determina que, si no existen verdaderos servicios hoteleros, los ingresos deben declararse como rendimientos del capital inmobiliario y no como actividad económica, lo que limita de forma notable las posibles deducciones

Té, café y jabón de manos bajo la lupa

La máxima instancia judicial ya se había pronunciado en términos similares en enero de 2025 a raíz de un litigio impulsado por Inversiones y Promociones Fonseca Nieto S.L., una sociedad que defendía que la vivienda turística que explotaba ofrecía auténticos servicios hoteleros y, por tanto, podía deducirse el IVA: llegó a alegar que ofrecía “té, café, azúcar, jabón de manos y papel higiénico”, además de atención 24 horas y limpiezas durante las estancias. El conflicto afectaba, en concreto, a una regularización de 63.309 euros. Los magistrados examinaron los registros de limpieza aportados por la mercantil y concluyeron que la mayoría eran posteriores a la salida de los huéspedes y no comparables a las limpiezas diarias de la industria hotelera.

Se trata de una diferencia que cambia por completo el resultado fiscal: si el alquiler turístico se considera una mera cesión de vivienda, la actividad queda exenta de IVA y las deducciones son mucho más limitadas. Si, por el contrario, existen verdaderos servicios hoteleros, el propietario puede desgravar más gastos y compensar las cuotas soportadas. La cuestión pivota sobre un precepto concreto de la Ley del IVA: el artículo 20. Uno. 23º, que establece que el alquiler de viviendas está exento de este impuesto, pero introduce una excepción: deja de estar exento cuando el arrendador presta “servicios complementarios propios de la industria hotelera”.

De este modo, para un propietario convencional, el alquiler de vivienda está exento de IVA y, por tanto, no puede deducirse el impuesto soportado en reformas, obras, mobiliario, mantenimiento o construcción. Pero si logra acreditar que explota el inmueble como un alojamiento hotelero -con servicios equivalentes a los de un hotel- la actividad pasa a tributar al 10% de IVA y se abre la puerta a elevadas deducciones.

Para un propietario convencional, el alquiler de vivienda está exento de IVA y, por tanto, no puede deducirse el impuesto soportado en reformas, obras, mobiliario, mantenimiento o construcción. Pero si logra acreditar que explota el inmueble como un alojamiento hotelero, la actividad pasa a tributar al 10% de IVA y se abre la puerta a elevadas deducciones

La misma batalla se está librando en otras comunidades autónomas. En Andalucía, el Tribunal Superior de Justicia analizó el caso de Riad del Ciprés SL, empresa que alegaba que sus apartamentos turísticos funcionaban realmente como alojamientos hoteleros y que, por tanto, podía beneficiarse de un tratamiento fiscal más favorable en el IVA. Para sostenerlo, aseguró que ofrecía desayunos, limpieza diaria, lavandería industrial, cambio de sábanas y toallas, artículos de aseo (los llamados amenities ) y atención permanente las 24 horas, e incluso aportó facturas de lavandería industrial y referencias en plataformas turísticas para acreditar esos servicios.

El litigio afectaba a cuotas de 5.015 euros, pero el tribunal desmontó buena parte de las pruebas. La sentencia subraya que “la puesta a disposición del cliente de cafés, azúcar y otros productos no constituye servicios propios de restauración” y añade que “el cambio de ropa y su limpieza prestado a la entrada y salida del período contratado” tampoco basta para hablar de servicios complementarios propios de la industria hotelera. Los magistrados incluso repararon en el reducido importe de las facturas de lavandería -unos 85 euros en total durante varios meses- para concluir que no demostraban la existencia de un auténtico servicio hotelero de cambio diario de ropa de cama y toallas.

Tickets de supermercado y villas de lujo

También la Audiencia Nacional ha tenido que dirimir este tipo de conflictos fiscales. El pasado febrero analizó el caso de la mercantil Ogladenis S.L.U., enfrentada con Hacienda por la explotación de tres villas turísticas de lujo situadas en Catalunya y valoradas en más de cinco millones de euros. La empresa defendía que no gestionaba simples viviendas vacacionales, sino alojamientos equiparables a pequeños hoteles, y alegaba, como en los demás casos, ofrecer limpieza periódica, cambio de sábanas, atención permanente las 24 horas, desayunos, servicio de transfer, catering y asistencia continuada al huésped.

Con ello pretendía mantener importantes deducciones de IVA vinculadas tanto a la construcción como a la explotación de los inmuebles. Para 'acreditar' que realmente prestaba servicios hoteleros, la mercantil llegó a aportar facturas modificadas, publicidad online, comentarios de clientes y conversaciones con huéspedes. En algunas facturas aparecía incluso la frase “con servicio de desayuno y limpieza diaria incluidos”.

La AEAT frenó las pretensiones de la empresa al aseverar que las viviendas funcionaban realmente como arrendamientos exentos de IVA y que, por tanto, no podía deducirse esas cuotas. En su sentencia, la AN detectó además contradicciones entre distintas versiones de las facturas y la actividad efectivamente demostrada, además de inconsistencias entre la publicidad de las villas y los servicios que realmente podían prestarse.

Hacienda revisó incluso tickets del supermercado, el número de trabajadores contratados, las horas materiales necesarias para limpiar las propiedades y las dimensiones de las villas, que sumaban 18 habitaciones, 12 baños y más de 400 metros cuadrados cada una. El tribunal considera “física y materialmente imposible” que la empresa pudiera prestar el servicio de limpieza diaria que afirmaba realizar, especialmente teniendo en cuenta que durante parte de la temporada solo había una limpiadora para atender todas las propiedades.

La AN va más allá y analiza una cuestión mucho más compleja: el llamado “autoconsumo por cambio de afectación”, es decir, promociones inmobiliarias concebidas inicialmente para la venta o para una actividad económica con derecho a deducirse el IVA, pero que finalmente acaban destinándose al alquiler de viviendas exento de ese impuesto.

La Audiencia Nacional va más allá y analiza una cuestión más compleja: el llamado "autoconsumo por cambio de afectación", es decir, promociones inmobiliarias concebidas inicialmente para la venta o para una actividad económica con derecho a deducirse el IVA, pero que finalmente acaban destinándose al alquiler de viviendas exento de ese impuesto

El del “autoconsumo por cambio de afectación” es, precisamente, uno de los frentes que también afloran en una sentencia dictada en 2024 por el Tribunal Superior de Murcia sobre SC2 Patrimonios S.L., vinculada a Proyectos y Promociones Vistas Mágicas S.L. En ese caso, Hacienda sostuvo que una vivienda inicialmente ligada a una promoción inmobiliaria había terminado utilizándose como arrendamiento residencial, lo que obligaba a regularizar las deducciones de IVA practicadas durante la construcción. El conflicto acabó derivando en una liquidación de más de 80.000 euros y una sanción adicional de más de 43.000 euros.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santa Eulària ha aprobado una propuesta de sanción de 59.500 euros por el cambio de uso de residencial a turístico sin título habilitante en una vivienda unifamiliar situada en suelo rústico.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, el expediente se inició a raíz de un acta de control de alquiler vacacional levantada por la Policía Local el 13 de julio de 2025, así como de un informe posterior fechado el 14 de julio, constatando que el inmueble se estaba comercializando como estancia turística a través de una plataforma digital durante el periodo estival.

Según el expediente, los agentes comprobaron la existencia de una reserva de cuatro noches, del 13 al 17 de julio, por un importe de 1.065 euros, confirmada por el turista que se encontraba en la vivienda en el momento de la inspección. El informe también recoge que la vivienda podía encontrarse en otros portales de comercialización turística.

La vivienda inspeccionada se encuentra en una edificación unifamiliar ubicada en suelo rústico común. En este tipo de suelo el uso turístico puede ser compatible, pero requiere la correspondiente inscripción en el Registro de Actividades Turísticas. En este caso, según recoge el informe jurídico municipal, no constaba la existencia de título habilitante que amparara el cambio de uso detectado.

La propuesta de resolución plantea la imposición de la sanción en el tramo medio previsto por la Ley 12/2017 de Urbanismo de Balears (LUIB) para los cambios de uso legalizables, equivalente al 32,5 por ciento del valor de la edificación.

Confirmada otra sanción

El Ayuntamiento ha confirmado las alegaciones de otro expediente sancionador por un cambio de uso de residencial a turístico sin título habilitante en una vivienda situada en la zona de es Coloms, también en suelo rústico.

La Junta de Gobierno Local aceptó las alegaciones de la propiedad por no tener responsabilidad sobre la infracción, aunque desestimó las de la persona que comercializó la estancia y confirmó la multa de 46.361,60 euros.

La actuación se inició tras una inspección de la Policía Local realizada el 25 de mayo de 2025 en la que se constató la comercialización de la vivienda como alojamiento turístico a través de Airbnb. Durante la inspección se verificó una reserva de una noche, del 24 al 25 de mayo, por un importe de 160 euros, así como la prestación de servicios propios de la actividad turística, entre ellos recambio de toallas y servicio de habitaciones.

“Immer mehr deutsche Immobilienbesitzer auf Mallorca interessieren sich für den Pacto Sucesorio” (“cada vez más propietarios alemanes en Mallorca se interesan por el Pacto Sucesorio”). La afirmación la realiza uno de los bufetes especializados en clientes extranjeros con propiedades en Balears, que resume de este modo la transformación de una antigua institución del derecho civil balear, la definición sucesoria –ligada desde la Edad Media a las herencias familiares y a la transmisión tradicional del patrimonio mallorquín–, en una sofisticada herramienta de “optimización” fiscal y “planificación sucesoria transfronteriza”. Mientras miles de residentes afrontan precios de compra y alquiler inasumibles para la gran mayoría, parte del ecosistema jurídico-fiscal promociona la isla como el escenario ideal para “Erben & Schenken” (“heredar y donar”).

La definición sucesoria –nacida siglos atrás para ordenar el reparto familiar de bienes y preservar la continuidad patrimonial– permite adelantar la herencia en vida siempre que el heredero renuncie anticipadamente a la legítima que le correspondería en el futuro. La importancia de esta figura reside en un tratamiento fiscal que, en muchos casos, resulta más favorable que el de las donaciones tradicionales y en un elevado blindaje jurídico que dificulta revertir o impugnar la transmisión una vez formalizada. A través de estos pactos, las familias pueden decidir en vida quién recibe qué, evitar incertidumbres futuras y ordenar la sucesión con precisión, transformando la herencia, en la práctica, en una operación planificada y ejecutada antes del fallecimiento.

El elevado peso del comprador extranjero en Balears, sin embargo, ha impulsado el interés internacional –especialmente europeo– por la definición sucesoria: con el auge de los pactos hereditarios, Mallorca ha visto proliferar un ecosistema de asesorías internacionales, family offices y despachos especializados en planificación fiscal y transmisión patrimonial dirigidos a propietarios extranjeros con patrimonio e inversiones en las islas, sobre todo alemanes, británicos, suizos y austríacos.

La propia terminología utilizada por estos despachos refleja el grado de refinamiento alcanzado por el negocio patrimonial en Mallorca: algunas firmas ofrecen directamente servicios de “Steuer–und Vermögensplanung für deutsche Familien” (“planificación fiscal y patrimonial para familias alemanas”), prometen “maximale Kontrolle über ihr Erbe” (“máximo control sobre la herencia”) y anuncian estrategias para “reducir la carga fiscal de forma legal y eficiente”. Una de estas ellas llega a señalar que la mayor de las Balears se ha convertido en un “Steuerparadies” (“paraíso fiscal”) para conservar, transmitir y blindar patrimonio inmobiliario entre generaciones, consolidándose como “un centro estratégico para la planificación patrimonial”.

El elevado peso del comprador extranjero en Balears, las ventajas fiscales asociadas a estas operaciones y el fuerte blindaje jurídico que dificulta revertir o impugnar la transmisión una vez formalizada han impulsado el interés internacional -especialmente europeo- por la definición sucesoria

La expansión internacional de estas fórmulas sucesorias se produce en un contexto marcado por la creciente presión inmobiliaria sobre Balears, donde el encarecimiento sostenido de la vivienda, el incremento de los inversores inmobiliarios, la concentración de propiedades en manos de grandes tenedores, la expansión del alquiler vacacional y la escasez de vivienda pública han convertido el acceso residencial en uno de los principales problemas sociales de las islas.

Desde hace años, ciudadanos de otros países –alemanes, británicos y franceses a la cabeza– con elevada capacidad adquisitiva compiten en el mercado inmobiliario balear por propiedades cuyos precios resultan inasumibles para gran parte de la población residente. En 2025, el 29,8% de las operaciones de compraventa y el 15,2% de las hipotecas estuvieron protagonizadas por compradores internacionales, muy por encima de la media estatal: la demanda se incrementó hasta las 97.500 transacciones, frente a las cerca de 93.000 de 2024, de acuerdo a los datos recién publicados por el Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles.

En este contexto, Mallorca ha dejado de ser únicamente un destino residencial o turístico para convertirse también en un espacio de planificación patrimonial internacional ligado a grandes revalorizaciones inmobiliarias. Algunas publicaciones dirigidas a propietarios europeos destacan precisamente el atractivo de utilizar pactos sucesorios sobre inmuebles con “elevadas plusvalías aún no gravadas”, consolidando una lógica en la que la vivienda aparece no solo como residencia, sino también como activo hereditario y fiscal. Una situación a la que se suma el giro tributario impulsado PP y Vox en su batalla por reducir al máximo la recaudación fiscal. Nada más arrancar la actual legislatura, el Govern de Marga Prohens suprimió el impuesto de sucesiones y donaciones, una medida con la que los más ricos han dejado de pagar a las arcas públicas cerca de 400 millones de euros.

El atractivo fiscal balear

En los últimos años, la jurisprudencia balear ha reforzado la definición sucesoria como una figura especialmente sólida y difícil de revertir. Lo refleja, entre otras resoluciones consultadas por elDiario.es, una sentencia dictada en 2024 por la Audiencia Provincial de Palma, que rechazó que una mujer de 91 años pudiera recuperar los inmuebles entregados a su hijo mediante definición sucesoria tras acusarle de apropiarse de su dinero. El tribunal concluyó que el pacto no podía revocarse como una donación ordinaria precisamente por su naturaleza contractual. En otro caso, los magistrados rechazaron la reclamación de un hijo que exigía más de 67.000 euros al considerar que una finca transmitida en vida a su hermana mediante definición sucesoria había alterado el equilibrio hereditario familiar.

La Audiencia Provincial de Palma rechazó que una mujer de 91 años pudiera recuperar los inmuebles entregados a su hijo mediante definición sucesoria tras acusarle de apropiarse de su dinero. El tribunal concluyó que el pacto no podía revocarse como una donación ordinaria precisamente por su naturaleza contractual

La amplitud de estas figuras llega incluso a los menores de edad. En una sentencia del pasado mes de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) concluyó que un menor de edad mayor de 16 años puede renunciar válidamente a su legítima en un pacto sucesorio aunque no esté emancipado. El caso partía de una liquidación del impuesto sobre sucesiones y donaciones realizada por la Agencia Tributaria autonómica (ATIB), que consideró que una escritura de definición otorgada en favor de una menor debía tributar como donación ordinaria. La Administración entendía que, al no estar emancipada, la menor carecía de capacidad para renunciar a sus derechos sucesorios. Sin embargo, el tribunal rechaza esta interpretación y señala que la normativa balear no prohíbe expresamente este supuesto. Ante ese silencio, sostiene que debe aplicarse de forma supletoria el Código Civil, en concreto el artículo 166, que permite a los menores mayores de 16 años actuar con consentimiento en documento público y con la asistencia de sus representantes legales.

De la Edad Media a las herencias “optimizadas”

La definición sucesoria hunde sus raíces en el derecho civil mallorquín medieval, consolidado tras la conquista de Jaume I y desarrollado por la Corona de Aragón como un mecanismo para ordenar la transmisión del patrimonio familiar y evitar conflictos hereditarios. En una sociedad tradicionalmente basada en la continuidad de la casa y la propiedad, estos pactos permitían distribuir bienes en vida y asegurar la estabilidad del linaje. Hoy, siglos después, aquella institución histórica ha saltado de las notarías locales a las publicaciones dirigidas a clientes extranjeros de elevado poder adquisitivo, a quienes ofrecen servicios de nachfolgeplanung –planificación sucesoria– y detallan incluso cómo utilizar esta figura evitando determinadas cargas fiscales asociadas a las donaciones convencionales.

La definición sucesoria hunde sus raíces en el derecho civil mallorquín medieval, consolidado tras la conquista de Jaume I y desarrollado por la Corona de Aragón como un mecanismo para ordenar la transmisión del patrimonio familiar y evitar conflictos hereditarios

Uno de los despachos especializados en clientes alemanes, Stein & Partner –entre cuyas especialidades se encuentra la “estructuración de inversiones y empresas para la optimización fiscal”– describe los pactos sucesorios baleares como herramientas de “planificación sucesoria transfronteriza” y admite que “muchos ciudadanos europeos” están utilizando estas fórmulas para transferir en vida inmuebles a sus hijos en Mallorca. En una de sus publicaciones, asegura que “muchas familias en Baleares utilizan esta posibilidad de planificación fiscal especialmente para inmuebles con elevadas plusvalías aún no gravadas”. Otra de las webs, Mallorca Tax, encabeza uno de sus post con el título The Balearic Pacto Sucesorio Explained for Foreign Property Owners.

El contraste fiscal entre Alemania y Balears aparece de forma recurrente en este tipo de publicaciones. Parte del 'atractivo' que estos despachos otorgan a los pactos sucesorios en las islas se alimenta también de la comparación fiscal con otros países europeos. Algunas publicaciones jurídicas alemanas destacan que las herencias y donaciones entre familiares directos en las islas disfrutan de bonificaciones prácticamente inexistentes en Alemania, presentando el archipiélago como un territorio prácticamente libre de impuestos para heredar o donar.

La batalla jurídica por los extranjeros residentes

Uno de los grandes puntos de inflexión de estas operaciones se produjo en 2016, cuando el Tribunal Supremo (TS) estableció que la transmisión de bienes mediante pacto sucesorio no generaba ganancia patrimonial en el IRPF para quien los cedía, equiparándola fiscalmente a una herencia y reforzando así su atractivo frente a las donaciones tradicionales. La decisión convirtió la definición balear en una fórmula mucho más ventajosa que la donación tradicional, especialmente para transmitir inmuebles revalorizados. “Es así desde el momento en que el donatario tributará al tipo del 0% –y, en algunos casos, al 1%– por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, mientras que el donante está exento de tributar por el IRPF”, explica a elDiario.es el vicedecano del Colegio Notarial de Balears, Bartolomé Bibiloni. El notario admite que la reducida fiscalidad ha sido uno de los factores decisivos en el auge reciente de estas operaciones.

Uno de los grandes puntos de inflexión de estas operaciones se produjo en 2016, cuando el Tribunal Supremo (TS) estableció que la transmisión de bienes mediante pacto sucesorio no generaba ganancia patrimonial en el IRPF para quien los cedía, equiparándola fiscalmente a una herencia y reforzando así su atractivo frente a las donaciones tradicionales

En cuanto al acceso de extranjeros a esta figura, la Compilación del Derecho Civil balear –la normativa civil propia de las islas– exigía tradicionalmente que quien otorgara una definición sucesoria tuviera “vecindad civil mallorquina”, una condición jurídica vinculada al arraigo en un territorio con derecho civil propio y que los ciudadanos extranjeros no podían adquirir formalmente. Ese requisito limitaba el acceso a los pactos sucesorios a quienes ostentaban esa vinculación civil específica.

La controversia estalló en 2019, cuando la Dirección General de los Registros y del Notariado rechazó la inscripción de una definición sucesoria otorgada por una ciudadana francesa residente en Mallorca a favor de sus hijos al considerar precisamente que una extranjera no podía tener vecindad civil mallorquina.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Palma y posteriormente el TSJIB desmontaron esa interpretación al aplicar el Reglamento Europeo de Sucesiones, que sitúa la residencia habitual -y no la vecindad civil- como principal criterio de conexión. La decisión ampliaba de facto el alcance de los pactos sucesorios baleares: los extranjeros considerados residentes en las islas, es decir, que Balears constituyera su principal centro de vida personal o familiar-, también podían acogerse a estas figuras históricas del derecho civil balear. Lo que durante siglos había funcionado como una institución ligada a familias mallorquinas pasaba así a convertirse en una herramienta accesible para residentes internacionales con patrimonio inmobiliario en Balears.

La controversia estalló en 2019, cuando la Dirección General de los Registros y del Notariado rechazó la inscripción de una definición sucesoria otorgada por una mujer francesa residente en Mallorca a favor de sus hijos al considerar que una extranjera no podía tener vecindad civil mallorquina. Los tribunales desmontaron esa interpretación al aplicar el Reglamento Europeo de Sucesiones, que sitúa la residencia habitual como principal criterio de conexión

La ley que consolidó el fenómeno

El alcance internacional de esta figura terminó de consolidarse con la aprobación de la ley 8/2022 de sucesión voluntaria paccionada o contractual de las Illes Balears, una norma que reconoció expresamente la necesidad de adaptar los pactos sucesorios a su “protagonismo actual”. La reforma modernizó y amplió la regulación de estas históricas figuras, clarificó aspectos que habían generado conflictos interpretativos e introdujo nuevas posibilidades –como los pactos entre abuelos y nietos– para responder a su creciente utilización como herramienta de planificación patrimonial y sucesoria.

A juicio de Bibiloni, la normativa ha representado un “hito importante” importante en el Derecho civil balear “al ser la primera y, posiblemente, la única ley sectorial que trata de los pactos sucesorios en todo el territorio nacional”. “El mérito de la ley ha sido regular [la definición sucesoria] con más detalle, desarrollar algunos de sus aspectos y dejar alguna ideas perfectamente claras a fin de evitar las confusiones que se producían, en especial en el ámbito fiscal”, subraya el notario, quien fue presidente del Consell Asesor del Derecho civil de las Illes Balears entre los años 2018 y 2023, periodo durante el cual se aprobó la norma. Es autor, además, del Manual Civil y Fiscal de los pactos sucesorios en el Derecho Civil de las Illes Balears.

La Ley balear 8/2022 de sucesión paccionada o contractual ha representado un hito importante en nuestro Derecho civil, al ser la primera y, posiblemente, la única ley sectorial que trata de los pactos sucesorios en todo el territorio nacional

Bartolomé Bibiloni — Vicedecano del Colegio Notarial de Balears

La internacionalización de los pactos sucesorios baleares generó un profundo debate dentro del ámbito jurídico. El catedrático de Derecho Civil de la Universitat de les Illes Balears (UIB) Pedro Antonio Munar considera que el fenómeno debe analizarse con matices y rechaza interpretar la apertura de la definición sucesoria a residentes extranjeros como una anomalía jurídica. En declaraciones a elDiario.es, recuerda que el Reglamento Europeo de Sucesiones introdujo precisamente el criterio de la residencia habitual para determinar la ley aplicable a las herencias en contextos de movilidad internacional. “No es que un señor diga: ‘Tengo una casa en Mallorca’ y ya está. Tiene que acreditar una residencia habitual real en Balears”.

Munar subraya, además, una paradoja jurídica: mientras un ciudadano alemán o estadounidense residente habitual en Mallorca puede acogerse al derecho civil balear y utilizar pactos sucesorios, un español con vecindad civil común –“de Guadalajara, por ejemplo”– no puede hacerlo aunque viva temporalmente en las islas, porque su sucesión continúa rigiéndose por el Código Civil estatal. No existe una discriminación, sostiene, porque la ley aplicable no es la misma para el europeo que para el español que no tenga vecindad civil balear. El jurista insiste además en que el auge actual no puede explicarse únicamente por razones fiscales: “Hoy en Balears las donaciones entre padres e hijos también están prácticamente bonificadas”, apunta, señalando que en algunos casos “incluso es más fácil hacer una donación que un pacto sucesorio”.

El catedrático de Derecho Civil de la UIB Pedro Antonio Munar subraya una paradoja jurídica: mientras un ciudadano alemán o estadounidense residente habitual en Mallorca puede acogerse al derecho civil balear y utilizar pactos sucesorios, un español con vecindad civil común no puede hacerlo aunque viva temporalmente en las islas, porque su sucesión continúa rigiéndose por el Código Civil estatal

Herencias en vida y crisis de vivienda

El vicedecano del Colegio Notarial señala, por su parte, que las “importantes ventajas” que ofrecen los pactos sucesorios “también benefician a los extranjeros”. “Los extranjeros residentes en nuestras islas, de la nacionalidad que sea, pueden otorgar un pacto sucesorio, de definición o de finiquito, como los naturales de las mismas, es decir, como quien ostenta la vecindad civil balear. Las discusiones que pudieron plantearse en un momento anterior quedaron zanjadas, primero, por el TSJIB y, después, por la propia Ley 8/2022, ya de forma definitiva”, recalca.

El notario, sin embargo, rechaza que exista un uso generalizado de estas figuras en respuesta a una “estrategia determinada” por parte de los compradores extranjeros. Según señala, se trata de una “tendencia por la que se inclinan aquellos que llevan viviendo o habitando por periodos una propiedad que poseen en las islas, y que, al tener ya una avanzada edad, desean cederla a sus hijos”. “No es frecuente que se compren los inmuebles pensando en esa futura posibilidad”, sentencia.

Bibiloni concluye que el auge de los pactos sucesorios también ha incidido “en la mejoría de las relaciones familiares”: “No es lo mismo reunir a todos los miembros de una familia viviendo los padres que cuando ha fallecido alguno de ellos –o ambos–”, afirma. A su juicio, la creciente utilización de estas fórmulas se relaciona además con el problema de acceso a la vivienda, especialmente entre los más jóvenes. “Con los pactos sucesorios los padres están dispuestos a desprenderse de alguna propiedad para facilitar que los hijos puedan permitirse una residencia a bajo coste”, sentencia.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 1.972 personas en abril en Balears en relación al mes anterior (-7,44%) y en 2.080 personas en relación al cuarto mes del año pasado (-7,81%) y se sitúa en los 24.546 parados, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En abril, los sectores con más parados son Servicios (17.797 con 1.665 menos que en abril) y Construcción (2.954 con 113 menos), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (303 y 18 menos) e Industria (1.138 y 51 parados menos).

En cuanto a sexos, de los 24.546 desempleados registrados en abril, 14.024 son mujeres y 10.522, hombres. El paro entre los jóvenes menores de 25 años se situó en 2.640 personas, de los cuales 1.497 son hombres y 1.143 son mujeres.

En el cuarto mes del año, el paro entre los extranjeros se situó en 5.089 personas tras bajar un 11,99% respecto a marzo y un 5,88% en comparación con el año anterior.

Por islas, el paro interanual cae principalmente en Formentera (-18,5%), seguida de Menorca (-14,7%), Mallorca (-7,5%) y Eivissa (-5,2 %).

En comparación con marzo, el paro cae en todas las islas y sobre todo en Eivissa (-16,3%), seguida de Formentera (-11,8%), Menorca (-11,2%) y Mallorca (-6,1%).

Por su parte, el número total de demandantes de empleo en las Islas fue en abril de 62.329 personas, lo que supone un descenso de 3.789 personas (-5,7%) respecto del mes de abril de 2025.

Los demandantes experimentan un descenso en todas las islas y especialmente en las Pitiusas: Eivissa (-8,4%) y Formentera (-9,1%), seguidas de Menorca (-7,1%) y Mallorca (-5,1%).

Contratación

En abril se registraron 43.725 contratos en Balears, un 8,4% más que el año anterior. De todos ellos, 32.803 fueron contratos indefinidos (+2,38%) y 10.922, contratos temporales (un 31,64% más).

La contratación sube en todas las islas, salvo Menorca (-0,5%), y sobre todo en Eivissa (+19,4%), seguida de Mallorca (+6,7%) y Formentera (+2,4%). La contratación aumenta sobre todo entre las mujeres (+9,0%), los menores de 25 años (+9,5%) y los extranjeros no comunitarios (+13,1%).

“Tu escapada soñada comienza a bordo del Catamarán Helia 44. Descubre Ibiza y Formentera desde Santa Pola, explora calas inaccesibles por tierra y conquista la magia de nuestras islas”, describe un anuncio en Airbnb. En él aparece un yate de lujo con tres dormitorios y tripulación incluida para fondear en calas inaccesibles por más de 34.000 euros al mes. No tiene reseñas. Tampoco licencia turística. Es solo un ejemplo de un negocio en expansión que el Govern balear intenta frenar sin éxito y que ni siquiera el refuerzo de las inspecciones ha logrado contener.

“Balears arrastra desde hace años una sobredemanda de chárter náutico y un elevado nivel de intrusismo”. Son palabras de Eva Cokes, propietaria de una empresa familiar de chárter en Sant Antoni de Portmany (Eivissa). La profesional de la industria náutica asegura que abundan los anuncios en las páginas web de embarcaciones que operan sin licencia “para actuar con fines lucrativos o con bandera extranjera”. Ahora, el Ejecutivo balear ha abierto dos diligencias previas contra Mcontra Lista Séptima (unión de un grupo de empresas de los sectores náutico, legal, digital y turístico) y otra contra Airbnb por el alquiler irregular de yates y barcos, como avanzó UH y han confirmado a elDiario.es fuentes del Govern.

Para entender el conflicto hay que a 2025, cuando el Gobierno central modificó, a instancias de la Marina Mercante, el Reglamento de Ordenación de la Navegación Marítima para permitir que embarcaciones de uso privado operen con fines lucrativos hasta tres meses al año. La medida se pensó para zonas con escasa actividad de chárter, como Galicia, donde no resulta viable crear empresas específicas para unas pocas salidas.

Apenas unas semanas después, el Ejecutivo balear aprobó un decreto que, en la práctica, impide que el ‘Airbnb náutico’ opere en Balears. La norma prohíbe que los amarres concedidos para uso particular en los puertos de gestión autonómica puedan dedicarse al alquiler turístico mediante el cambio temporal de uso, actividad para la que exige expresamente su inscripción en la denominada Lista Sexta –categoría del Registro de Buques y Empresas Navieras reservada a las embarcaciones de recreo con fines lucrativos–. 

En 2025, el Gobierno modificó el Reglamento de Ordenación de la Navegación Marítima para permitir que embarcaciones de uso privado operen con fines lucrativos hasta tres meses al año. Apenas unas semanas después, el Ejecutivo balear aprobó un decreto que, en la práctica, impide que el ‘Airbnb náutico’ opere en las islas

“Locales de moda y restaurantes”

Mientras el conflicto regulatorio se enquista, el viaje a bordo del Helia 44 promete visitas a “locales de moda, restaurantes y zonas históricas” junto a una “tripulación experimentada”. “Además, podrás disfrutar de nuestras áreas comunes, incluyendo un espacioso salón y una cocina completamente equipada”, señala el servicio. El exterior cuenta con “tres terrazas con cómodas camas para tomar el sol y relajarte tanto en la proa como en la popa y en la cubierta superior”. El precio para alquilarlo un mes entero en julio o agosto cuesta 34.024 euros. El yate cuenta con tres dormitorios, seis camas y tres baños, barbacoa y zonas de descanso. Pero no dispone de reseñas en la plataforma digital.

Mientras el conflicto regulatorio se enquista, el viaje a bordo del Helia 44 promete visitas a "locales de moda, restaurantes y zonas históricas" junto a una “tripulación experimentada”. “Además, podrás disfrutar de nuestras áreas comunes, incluyendo un espacioso salón y una cocina completamente equipada”, señala el servicio

Un anuncio similar en la misma plataforma ofrece un camarote doble en un yate con baño privado. Julio y agosto ya tienen las reservas casi al completo. El precio supera los 5.000 euros al mes, que es el tiempo mínimo que se puede alquilar este barco, anclado en el municipio menorquín de Ferreries, en Cala Galdana (Menorca). “Para subir y bajar del barco, te llevamos en nuestro bote a la playa o al muelle de botes cerca de Passatge Riu. Puedes saltar del barco para nadar en cualquier momento y disfrutar de las puestas de sol desde la cubierta de Arrow”, detalla el servicio. El yate cuenta con cuatro camarotes con ducha y baño en suite, mientras que la cabina y el salón se comparten con la tripulación y otros clientes, igual que los espacios de la cubierta. Sin embargo, el servicio ofrece espacio tanto en los armarios como en la nevera para cada cliente, según el anuncio. Este diario no ha encontrado anuncios similares en la web de Lista Séptima.

El embrollo legal

El reglamento aprobado el año pasado por la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua –Decreto 44/2025, de 1 de agosto, por el cual se regula la actividad de alquiler de embarcaciones y buques de recreo– fue recurrido mediante un recurso contencioso-administrativo por la Asociación de Propietarios de Embarcaciones de Lista Séptima. El objetivo es mantener la posibilidad de operar durante unos meses al año sin cambiar definitivamente de lista, amparándose en la reforma estatal que permite a las embarcaciones de recreo llevar a cabo actividades comerciales durante un máximo de tres meses. Lista Séptima agrupa a propietarios de embarcaciones de recreo de uso privado, es decir, barcos que están pensados para uso particular y no para uso comercial.

El Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB), sin embargo, ha desestimado –en forma, no en fondo– el recurso mediante un auto en el que recuerda que la Sala, en octubre, ya había rechazado una petición similar por parte de otra asociación. En su resolución, a la que tuvo acceso este diario, el tribunal vuelve a poner el foco en el “potente interés público” de la normativa autonómica y rechaza suspenderla provisionalmente: por un lado, porque para conceder la cautelar debería apreciarse previamente la nulidad del decreto, y por otro, porque los actos impugnados “son idénticos a otros que ya fueron jurisdiccionalmente anulados”.

El reglamento aprobado el año pasado por el Govern fue recurrido por la Asociación de Propietarios de Embarcaciones de Lista Séptima. Su objetivo es mantener la posibilidad de operar durante unos meses al año sin cambiar definitivamente de lista, amparándose en la reforma estatal

El alto tribunal autonómico argumenta que los posibles perjuicios derivados de aplicar el decreto balear serían únicamente económicos y, por tanto, “resarcibles”, además de “insuficientes” para contrarrestar el interés general “ligado a la inmediata ejecución de cualquier disposición de carácter general”. En este contexto, las ofertas consultadas a través de la plataforma global con sede en San Francisco se sitúan en el centro de un conflicto normativo todavía sin resolver.

El resultado es un escenario de inseguridad jurídica: mientras el Govern intenta cerrar la puerta al llamado “Airbnb náutico”, la normativa estatal sigue abriendo esa posibilidad. En medio, las ofertas activas en plataformas digitales continúan operando en una zona gris aún sin resolver.

La versión de Lista Séptima

Fuentes de Lista Séptima -la unión del grupo de empresas de los sectores náutico, legal, digital y turístico contra la que el Govern ha abierto dos diligencias basándose en el decreto autonómico- defienden que la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM), que es la autoridad competente en materia marítima en todo el territorio español, autoriza explícitamente el alquiler de embarcaciones particulares en toda la costa española.

En respuesta a la consulta de este diario, señalan que es “importante precisar que el decreto del Govern balear cuenta ya con cinco recursos contencioso-administrativos en su contra, al entrar en conflicto directo con la normativa estatal aprobada y en vigor”. La asociación de empresas del sector náutico afirma que la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM) es “la autoridad competente en materia marítima en todo el territorio español” y que es este el organismo que “autoriza explícitamente el alquiler de embarcaciones particulares en toda la costa española”.

Por tanto, si bien Lista Séptima reconoce que el Govern ha abierto dos diligencias en su contra basándose en el Decreto 44/2025, sostiene que el Ejecutivo balear “carece de competencias para invalidar una norma de rango estatal”. De hecho, tras más de un año intentando restringir esta actividad en las islas sin éxito, la propia DGMM “ha declinado avalar la posición del Govern balear, confirmando que se trata de una invasión de competencias estatales”.

La unión de empresas del sector náutico opina que la normativa estatal es “muy beneficiosa para todos los intereses implicados” porque eliminará por completo “el alquiler irregular de embarcaciones de Lista 7ª, muy extendido actualmente y desde hace muchos años en todas las islas del archipiélago balear”. Por otro lado, señalan que abre una vía “a los propietarios de pequeñas embarcaciones privadas para obtener recursos de forma legítima que ayuden a la sostenibilidad, mantenimiento y mejora de sus embarcaciones”. Es un negocio que, asimismo, generará “ingresos públicos adicionales en forma de tasas, autonómicas y estatales, que podrán destinarse a políticas medioambientales de conservación del litoral”, argumenta Lista Séptima.

La unión de empresas del sector náutico señala que la normativa estatal es “muy beneficiosa para todos los intereses implicados” porque eliminará por completo "el alquiler irregular de embarcaciones de Lista 7ª"

En este sentido, afirman que, tras una “fase inicial de ajustes”, en estos momentos funcionan “con absoluta normalidad en todo el litoral”. Así, sostienen que cumplen rigurosamente con la legislación nacional, la cual ampara el arrendamiento “sin excepciones por comunidad autónoma”. Sin embargo, con la finalidad de evitar conflictos administrativos, aclaran que han optado por “no publicar anuncios en puertos de titularidad autonómica en Baleares”. “No obstante, seguimos operando con total legalidad y bajo el amparo de la DGMM en los puertos de interés general (estatales), tales como Palma, Alcudia, Mahón, Ibiza y el Puerto de la Savina y en los puertos privados que permiten la actividad”, aseguran.

El choque entre la normativa estatal y la autonómica mantiene, por ahora, en una zona gris un negocio en expansión en el litoral balear. Mientras el Govern trata de limitar su actividad, parte del sector sostiene que no tiene competencias para hacerlo. El conflicto se produce en un contexto en el que la turistificación también se extiende al mar.

Durante años, Air Berlin se consolidó como una de las principales aerolíneas europeas, con miles de empleados y una amplia red de rutas por todo el continente, hasta que su elevado endeudamiento y la retirada del respaldo financiero de su principal accionista, Etihad Airways, precipitaron su quiebra en 2017. Su colapso dio lugar a un complejo entramado concursal y dejó más de 40 despidos y salarios pendientes de abonar en Mallorca, donde la empresa tenía fijada su sucursal española. Sin embargo, para cuando la Audiencia Nacional declaró nulo el despido colectivo, generando créditos por salarios de tramitación y reconociendo indemnizaciones con prioridad de cobro, los empleados se encontraron con que el dinero ya no estaba: más de un millón de euros había salido de España rumbo al procedimiento concursal en Alemania.

La operación llevó a varios de los trabajadores a exigir en los tribunales la recuperación de los fondos y que éstos fuesen destinados al pago de sus créditos laborales, pero, tras varios años de litigio, la Audiencia Provincial de Balears acaba de dar carpetazo a sus pretensiones: el tribunal considera que no se ha probado que la transferencia de 1.061.291 euros que la empresa efectuó para integrarlos en el procedimiento concursal alemán se realizara con intención de perjudicarles.

La resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es y fechada el pasado mes de febrero, choca con lo dictaminado en primera instancia por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Palma, que consideró que el traslado del dinero debía rescindirse, ordenando que fuera devuelto a la sucursal española de Air Berlin para atender el pago de los créditos laborales. El juez apreciaba que concurrían los elementos necesarios para dejar sin efecto la operación, dado que ésta habría privado a los acreedores locales -los trabajadores- de la posibilidad de cobrar con preferencia. La Audiencia, sin embargo, corrige ese criterio: el tribunal sostiene que el traslado del dinero fue legal y se produjo dentro de las facultades del administrador concursal. Y va más allá: subraya que no basta con que los empleados resultaran perjudicados, sino que era necesario acreditar que la transferencia de los fondos se hizo con la finalidad de frustrar el cobro por parte de todos ellos.

Para cuando la justicia laboral declaró nulo el despido colectivo de los 43 trabajadores de Air Berlin en España, reconociendo indemnizaciones con prioridad de cobro, los empleados se encontraron con que el dinero ya no estaba: más de un millón de euros había salido de España rumbo al procedimiento concursal en Alemania

El origen del millón de euros

La procedencia del dinero en disputa añade, además, un elemento relevante: los fondos no procedían directamente de la actividad de Air Berlin en España, sino de otro concurso. La aerolínea tenía reconocido un crédito con privilegio especial en el proceso de quiebra de CR Aeropuertos S.L., vinculada a uno de los mayores iconos del despilfarro de la burbuja inmobiliaria en España: el aeropuerto de Ciudad Real. El proyecto, impulsado en plena expansión económica, acabó acumulando deudas millonarias y sin tráfico suficiente para sostenerse, lo que condujo a su quiebra y posterior liquidación.

En ese proceso, Air Berlin figuraba como acreedor con privilegio especial sobre determinados activos: varias fincas cuya venta, en el marco del concurso de acreedores de CR Aeropuertos, le permitió recuperar más de un millón de euros con cargo preferente frente a otros acreedores. Sin embargo, lejos de quedarse en España, la cantidad se transfirió en 2019 a la cuenta del administrador concursal en Alemania, donde se tramitaba el concurso principal de Air Berlin. Un año antes de que, en 2020, se abriera el procedimiento concursal secundario en España. Este desfase temporal es el que la Audiencia Provincial considera determinante: el tribunal señala que la masa de bienes del procedimiento español solo incluye los activos que estaban en el país en el momento de su apertura. Y cuando ese momento llegó, el dinero ya había salido del alcance de los trabajadores y del propio concurso en España.

La aerolínea recuperó el millón de euros tras la quiebra de CR Aeropuertos S.L., vinculada a uno de los mayores iconos del despilfarro de la burbuja inmobiliaria en España: el aeropuerto de Ciudad Real

Sin empleo y sin cobrar

Para los empleados, el caso no era una cuestión técnica, sino de supervivencia. Tras el cierre de la sucursal en Mallorca, la aerolínea despidió a los 43 trabajadores de su sucursal española con el mínimo legal de indemnización de 20 días por año trabajado. Sin empleo y con salarios pendientes en un contexto de incertidumbre prolongada, muchos vieron en la nulidad del despido colectivo la garantía de que, tarde o temprano, podrían recuperar lo que se les debía.

Parte de las cantidades pendientes se canalizó a través del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), el organismo público que cubre salarios e indemnizaciones cuando una empresa se declara insolvente: la entidad abonó a la plantilla más de un millón de euros, una cantidad que no llegó a cubrir la totalidad de las deudas reconocidas judicialmente. El resto quedó condicionado al resultado del concurso de acreedores en Alemania.

Siete de los trabajadores, algunos de los cuales llevaban décadas en la compañía, decidieron demandar a la compañía para reclamar la recuperación de los fondos transferidos a Alemania y el pago de sus créditos laborales, que en su caso ascendían a un total de 924.760 euros. La reciente sentencia de la Audiencia Provincial responde precisamente a esa reclamación. En sus alegatos, los empleados sostenían que la salida del dinero había vulnerado la normativa concursal europea, en particular el Reglamento (UE) 2015/848: a su juicio, se habían trasladado fuera de España bienes que podían haber servido para atender sus créditos.

Alegaban que el movimiento se realizó de forma abusiva y en su perjuicio, frustrando, pese a que las deudas habían sido reconocidas judicialmente -e incluso con medidas cautelares como embargos preventivos-, la posibilidad de que sus créditos pudieran ser satisfechos en España en caso de que posteriormente se abriese un procedimiento de insolvencia secundario.

Los trabajadores reclamaban que la transferencia fuese anulada al considerar que había vulnerado la normativa concursal europea. Recriminaban que el movimiento se realizó de forma abusiva y en su perjuicio al frustrar sus posibilidades de cobro pese a que ya contaban con créditos laborales reconocidos judicialmente

Frente a ello, la administración concursal de Air Berlin negó cualquier irregularidad y defendió que la transferencia no obedeció a una decisión arbitraria, sino al resultado de un procedimiento judicial en el concurso de otra sociedad -el de CR Aeropuertos-, limitándose a facilitar una cuenta para recibir el pago. Asimismo, rechazó que se hubiera producido un trato discriminatorio respecto a la plantilla española, al señalar que también en Alemania cientos de trabajadores habían reclamado judicialmente sin que se hubieran podido satisfacer sus créditos. En esta línea, la aerolínea manifestó que los créditos laborales de los empleados españoles habían sido reconocidos en el procedimiento concursal alemán y que parte de ellos ya habían sido abonados a través del Fogasa.

La administración concursal de Air Berlin negó cualquier irregularidad y defendió que la transferencia no obedeció a una decisión arbitraria. Asimismo, rechazó que se hubiera producido un trato discriminatorio respecto a la plantilla española

Durante el desarrollo del procedimiento, el caso dio incluso el salto a Europa. Ante las dudas sobre la legalidad del traslado del dinero, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Palma, encargado de tramitar el concurso secundario en España, decidió en 2022 elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El magistrado planteó si el administrador concursal podía sacar bienes del país en esas circunstancias y qué activos debían integrar la masa del concurso secundario. La respuesta llegó en 2024 y acabó marcando el desenlace del caso: el TJUE avaló que el administrador del procedimiento principal puede trasladar bienes entre países incluso cuando existan acreedores locales con créditos reconocidos, siempre que no actúe de forma abusiva. Esa interpretación es la que ahora asume la Audiencia Provincial de Balears para cerrar la puerta a la reclamación de los trabajadores.

De los vuelos chárter a operar más de 140 destinos

Nacida como aerolínea chárter en 1978 y transformada años después en compañía de red con operaciones regulares en toda Europa, Air Berlin Air Berlin llegó a convertirse en uno de los grandes nombres de la aviación europea. Tras su salida a bolsa en 2006 y la compra de LTU en 2007, la aerolínea aceleró su expansión hasta situarse en la segunda compañía aérea de Alemania, solo por detrás de Lufthansa. En su punto álgido superó los 8.000 empleados, operó más de 140 destinos y transportó en torno a 30 millones de pasajeros anuales, combinando rutas de bajo coste con conexiones de medio y largo radio.

Mallorca fue uno de sus enclaves estratégicos. La isla, uno de los principales destinos turísticos del mercado alemán, funcionó como base operativa clave dentro de su red, con múltiples conexiones regulares hacia Alemania y otros puntos de Europa. Aunque su estructura en España era reducida -con una plantilla de 43 trabajadores, 41 de ellos en Mallorca, uno en Madrid y otro en Barcelona-, su presencia era fundamental para sostener el flujo turístico que alimentaba buena parte de su negocio. Durante años, Air Berlin fue una de las aerolíneas que transportó un mayor volumen de pasajeros entre Alemania y Balears.

Mallorca fue uno de los enclaves estratégicos de Air Berlin. La isla, uno de los principales destinos turísticos del mercado alemán, funcionó como base operativa clave dentro de su red, con múltiples conexiones regulares hacia Alemania y otros puntos de Europa

Una de las figuras clave en la consolidación de la aerolínea en el mercado turístico isleño fue Álvaro Middelmann, durante años la cara visible de Air Berlin en España. De origen alemán pero profundamente vinculado a Mallorca, defendió el papel estratégico de Air Berlin en Balears hasta los últimos momentos de la compañía. Su perfil público, sin embargo, no estuvo exento de polémica: continuas eran sus advertencias sobre el impacto que sobre la conectividad aérea podían tener determinadas políticas como la subida de tasas aeroportuarias: “Vamos a matar la gallina de los huevos de oro, que no es otra que el turismo”, llegó a aseverar en rueda de prensa.

Rechazo del catalán

Otra de las controversias más significativas la protagonizó a raíz de la negativa de la aerolínea a incorporar el catalán en su atención al cliente: “La implantación de un idioma cuesta mucho dinero”, señaló en una entrevista con la agencia EFE. En otras declaraciones, el empresario calificó esa posibilidad de “económicamente inviable” y de coste “inasumible” en un contexto de aumento del combustible. Por su parte, el presidente de la compañía, Joachim Hunold, publicó un editorial en la revista Air Berlin Magazin en el que rechazaba la política lingüística del Ejecutivo balear -gobernado entonces por el socialista Francesc Antich- después de que éste le pidiera, al igual que al resto de aerolíneas que operan en Balears, “garantizar el uso de las lenguas oficiales de la comunidad”.

Una de las controversias más significativas protagonizadas por Air Berlin en Balears tuvo lugar a raíz de la negativa de la aerolínea a incorporar el catalán en su atención al cliente: "La implantación de un idioma cuesta mucho dinero", despachó el entonces director general de Air Berlin para España y Portugal, Álvaro Middelmann

Tras años de expansión, el modelo comenzó a resquebrajarse. La compañía comenzó a encadenar pérdidas, atrapada entre una deuda creciente y la pérdida de competitividad en un mercado cada vez más presionado por las aerolíneas de bajo coste. El declive no fue repentino, sino una caída lenta que comenzó a hacerse visible a partir de 2012. Cada vez más dependiente del respaldo financiero de Etihad Airways -que llegó a controlar cerca del 29% del capital-, Air Berlin fue perdiendo margen de maniobra. Cuando en 2017 la aerolínea emiratí retiró su apoyo, la estructura se desplomó: sin liquidez ni capacidad para sostener su operativa, la compañía entró en insolvencia.

El colapso

La aerolínea recibió un préstamo puente de hasta 150 millones de euros del Gobierno alemán para evitar un colapso inmediato del tráfico aéreo en plena temporada alta y mantener operativos los vuelos durante unas semanas mientras se buscaban compradores para sus activos. Finalmente, parte de su negocio fue vendido a otras aerolíneas como Lufthansa y easyJet en una liquidación que puso fin definitivo a su actividad.

La compañía comenzó a encadenar pérdidas, atrapada entre una deuda creciente y la pérdida de competitividad en un mercado cada vez más presionado por las aerolíneas de bajo coste. Tras la retirada del respaldo financiero de Etihad Airways -que llegó a controlar cerca del 29% del capital-, la estructura de Air Berlin acabó desplomándose

En 2018, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional analizó el despido colectivo aplicado por Air Berlin a la totalidad de su plantilla en España. El tribunal constató que la aerolínea atravesaba una situación económica “insostenible”, con pérdidas millonarias acumuladas durante años y un colapso financiero que llevó al cese total de su actividad en octubre de 2017. La empresa alegó que no disponía de liquidez ni siquiera para abonar las indemnizaciones mínimas legales, extremo que quedó reflejado en las cartas de despido, en las que reconocía expresamente la imposibilidad de pago pese a generar el correspondiente crédito en el concurso de acreedores.

Con todo, la AN estimó parcialmente la demanda sindical y declaró nulo el despido colectivo al apreciar irregularidades relevantes en su tramitación. Entre ellas, la falta de entrega de documentación esencial a la representación de los trabajadores -en muchos casos facilitada en alemán sin traducir- y la insuficiente información sobre posibles operaciones de transmisión de activos o actividad a otras aerolíneas. El tribunal consideró que estas deficiencias impedían una negociación real durante el periodo de consultas y podían haber generado indefensión, lo que justificaba la nulidad del expediente, más allá de la grave situación económica de la compañía.

Un año antes, el 27 de octubre de 2017, el último vuelo de Air Berlin había aterrizado en la capital que le daba nombre tras 39 años de operaciones. La llegada de la aeronave fue seguida como un acontecimiento en Alemania, con trabajadores y aficionados concentrados en el aeropuerto de Tegel para despedir a la que había sido la segunda compañía del país. A bordo y en tierra, el ambiente mezclaba emoción y resignación: no era solo el cierre de una aerolínea, sino el final de una etapa para miles de empleados y para una compañía que durante años había conectado destinos clave como Mallorca con el corazón de Europa.

El 2025, el archipiélago balear cerró la temporada turística con varios récords. En los aeropuertos de Palma, Menorca y Eivissa hubo más pasajeros que nunca. En el caso del primero, 33,8 millones; en el segundo, 4,2 millones, y en el tercero, 9,1 millones. En la última década, Mallorca ha aumentado un 42,3% el número; Menorca, un 50,1%, y Eivissa, un 41,1%. A pesar de que Menorca tiene 129 kilómetros cuadrados más que Eivissa, los movimientos por vía aérea son menos de la mitad que en la Pitiüsa del norte. Esto supone que, en diez años (2015-2025), el archipiélago pasó de gestionar 33 a 47,1 millones de pasajeros. Es decir, hubo un aumento del 42,8%.

“Al final, la estrategia de Aena es seguir ampliando frecuencias y crear nuevas rutas aéreas. El objetivo es sacar el máximo rendimiento a estas infraestructuras y alimentar la economía turística”, afirma a elDiario.es Pere Joan Femenia, fundador de Fridays for Future Mallorca y miembro de la Plataforma contra la ampliación del aeropuerto de Palma.

Por islas, Eivissa estableció su récord el 9 de agosto de 2016, con 336.038 personas, una cifra a la que se acercó el 13 de agosto del año pasado, cuando se estimó en 333.667 personas. Mallorca, en cambio, batió su récord en 2025, cuando el 4 de agosto hubo casi 1,5 millones de personas. Diez años antes, en el mismo mes de agosto, el pico se fijó en 1.423.534 personas. “Se han recuperado los niveles prepandemia e incluso con creces”, valora José Antonio Roselló, vicepresidente de la CAEB (Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears) en Eivissa.

“Sin embargo, es un hecho que la estancia media de los turistas ha ido disminuyendo, lo cual compensa los movimientos de personas”, matiza. El aumento del movimiento de pasajeros en los aeropuertos no se ha visto reflejado de la misma manera en el pico máximo de personas que hay un mismo día en las islas, y que se calcula mediante el Índice de Presión Humana (IPH), que mide la carga demográfica real sobre el territorio.

“Si la densidad no ha aumentado, tenemos que suponer que algunas de estas personas son las mismas y sobre todo porque las estancias también son más cortas”, afirma Hazel Morgan, presidenta de Amics de la Terra en Eivissa. Menorca, en su pico máximo que se produjo en agosto de 2024, alcanzó las 231.254 personas. Sobre esta cuestión, Morgan sostiene que “además de las políticas de conservación del territorio que tiene, Menorca no es tan popular como Eivissa”. “Menorca no tiene el reclamo turístico de la fiesta sino que es un destino más enfocado a disfrutar de la tranquilidad del paisaje”.

“Todo esto es insuficiente para rebajar la sensación de presión en nuestros territorios insulares, en todos, además”, asegura Roselló. El economista y empresario analiza que el año pasado se produjo “un cierto punto de inflexión”. “El turismo internacional aumentó levemente y el nacional disminuyó palmariamente. En el caso de Ibiza, por ejemplo, (...) cayó el turismo alemán; el turismo británico fue un carrusel con meses sucesivos de subidas y bajadas, para al final casi quedarse igual; y el turismo internacional aumentó levemente”, explica.

Se han recuperado los niveles prepandemia e incluso con creces. Sin embargo, es un hecho que la estancia media de los turistas ha ido disminuyendo, lo cual compensa los movimientos de personas

José Antonio Roselló — Vicepresidente de la CAEB

Así, Roselló desgrana otro dato relevante que es lo que ha definido como la “cuarta nacionalidad”. “No es otra cosa que una amalgama de nacionalidades nuevas, que no son las clásicas, que empiezan a estar presentes en la isla, dándose el fenómeno de que muchos pocos hacen un mucho”. “Esta situación, que en unos casos es de caída y en otros de freno, ya se empezó a producir en algunos segmentos de turistas en 2024”, detalla.

Aumento de la crisis de vivienda

Entre 2015 y 2025, los aeropuertos de Balears han incrementado en un 42,8% el número de pasajeros. Sin embargo, lamenta Femenia, las nuevas ampliaciones en los aeropuertos del archipiélago amenazan con, en su opinión, aumentar “la crisis de vivienda y la turistificación”. El portavoz de la Plataforma señala que el DORA III (Documento de Regulación Aeroportuaria), que desgrana el plan de inversiones de Aena para 2027-2031, ofrece nuevas rutas aéreas que “agravarán la crisis de vivienda” en Balears. “Queremos transmitir una grave preocupación social ante las políticas aeroportuarias que impulsa Aena con el beneplácito del Gobierno y Govern”, afirman.

En el caso del aeropuerto de Palma se invertirán 622 millones de euros, dentro del conjunto de los casi 13.000 de inversión global, como informó este diario. En el caso de Eivissa, se prevé un gasto de 229,7 millones, lo que supone una ampliación de la infraestructura en un 30%, mientras que en el de Menorca se destinarán 170,7 millones y un aumento del 25 por ciento de la superficie del aeropuerto.

“Es una incongruencia porque no puedes prever una inversión de 622 millones de euros y esperar que no se incremente la capacidad del aeropuerto”, responde Femenia cuando se le pregunta sobre lo que decía la anterior presidenta del Govern, Francina Armengol, sobre la ampliación del aeropuerto de Palma. En este sentido, recuerda que desde 2022 se han abierto unas quince nuevas rutas aéreas con Palma (Zúrich, Dubai, Andorra, Bournemouth, Montreal, Dinamarca, Washington, Bremen, Lisboa, Abu Dhabi, Nápoles, Budapest, Varsovia, Kassel y Bruselas, lo cual ha supuesto, según su análisis, “una fuerte entrada del mercado extranjero”.

Pere Joan Femenia, fundador de Fridays for Future Mallorca, recuerda que desde 2022 se han abierto unas quince nuevas rutas aéreas con Palma (Zúrich, Dubai, Andorra, Bournemouth, Montreal, Dinamarca, Washington, Bremen, Lisboa, Abu Dhabi, Nápoles, Budapest, Varsovia, Kassel y Bruselas

En el caso de Eivissa, el aeropuerto se sitúa dentro del Parque Natural de ses Salines, uno de los ecosistemas más ricos del Mediterráneo. Este espacio natural también es un área de descanso y nidificación para las aves, como los flamencos, así como de especial interés por sus valores ecológicos, paisajísticos, históricos y culturales. “Depende de cómo sea la ampliación, podría darse una situación como la del aeropuerto de El Prat en Barcelona, donde hubo muchísima polémica porque el humedal de La Ricarda se verá afectado”, analiza. En el caso de la Pitiusa del norte, podría haber nuevos impactos acústicos o de contaminación.

Además, pese a que las inversiones aeroportuarias a menudo se venden como “remodelaciones para mejorar el confort de los pasajeros, así como mejorar en eficiencia energética y sostenibilidad”, según Femenia, se trata de “una estrategia de greenwashing porque es verdad que se mejora la eficiencia energética pero, realmente, el foco principal es el consumo energético de los aeropuertos, que viene del combustible de los aviones”. El aumento del número de vuelos se podría dar, dice el portavoz de la Plataforma, en temporada baja o media. “Estamos incumplimiento los retos de sostenibilidad”, lamenta, en el contexto de crisis climática. “La parte energética es bastante ínfima en cuanto al consumo energético total de los aeropuertos, pero les interesa más hablar de infraestructura que del coste [total]”, asevera.7

En el caso de Eivissa, el aeropuerto se sitúa dentro del Parque Natural de ses Salines, uno de los ecosistemas más ricos del Mediterráneo

El incremento en el número de pasajeros prevé alcanzar los 36 millones para 2031 en el caso de Palma, tres millones más que en 2025. “Este hecho es responsabilidad directa del Consell [de Mallorca] y del Govern, que fomentan en las negociaciones de las ferias de turismo para la apertura de nuevas rutas aéreas”, advierte. “Esto ha supuesto una gran adquisición de propiedades por parte de fondos extranjeros, creando una presión más elevada del mercado y un incremento de los precios”.

De hecho, el 38% de las viviendas vendidas entre 2007 y 2025 fueron adquiridas por ciudadanos no residentes, como informó este diario. “Un ejemplo paradigmático fue el vuelo directo entre Palma y Nueva York, que aumentó en un 300% la venta de vivienda de lujo en Mallorca”, destaca. Según los datos analizados por la Plataforma a través de Aena, también ha habido un incremento en las frecuencias con destinos ya existentes de Alemania, Reino Unido y Francia, entre otros. Por estos motivos, la Plataforma pide limitar y decrecer en el número de vuelos y pasajeros; no abrir nuevas rutas; eliminar los vuelos nocturnos; prohibir los jets privados; eliminar las subvenciones a los carburantes de la aviación; frenar la promoción turística y promover la cogestión aeroportuaria entre el Gobierno y el Govern.

Sube el gasto turístico

Uno de los datos económicos más relevantes en lo que se refiere al turismo balear es que el gasto medio de los visitantes sigue aumentando. “Este es uno de los aspectos que más sorprende de manera positiva y que se da en todo el archipiélago, incluyendo incluso nacionalidades que experimentan caídas en los movimientos de personas”, sostiene Roselló, vicepresidente de CAEB en Eivissa. El empresario considera que este aspecto tiene que ver con “el cambio de pautas de consumo” que se ha dado desde la pandemia. Es, en su opinión, “una especie de cambio de la cesta de la compra, donde han primado servicios y experiencias sobre la adquisición de bienes materiales”.

En este sentido, el vicepresidente de la patronal empresarial balear cree que se ha instaurado la idea de que “hay que vivir la vida” y eso explicaría que “aún cayendo una nacionalidad, como en Ibiza el caso de los alemanes, el gasto turístico aumente”. Esta tendencia, apunta Roselló, iría en la línea de lo que aspira una parte del tejido empresarial balear, en cuanto a “crecer en valor y no en cantidad”. “Esta tendencia ha empezado y de ahí la sorpresa sobre los datos del IPH (que mide la carga demográfica real sobre el territorio), aunque hay que ser cautos y esperar a tener una serie estadística más amplia y prolongada en el tiempo para sacar conclusiones”, matiza.

El combustible y el precio de los vuelos

En el contexto de la guerra de Irán, 53 países han unido fuerzas para reducir su dependencia de los combustibles fósiles. Por otro lado, el presidente de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, ha afirmado recientemente que a Europa le quedan “quizás seis semanas de combustible para aviones” y ha advertido que “pronto” podría haber cancelaciones de vuelos si los suministros de petróleo siguen bloqueados.

Esta situación podría terminar afectando a la temporada turística. “Estamos a las puertas de una temporada con una gran incertidumbre. Hay varias zonas de guerra en el mundo, lo que hace tambalear la economía de muchas familias y de muchos países”, afirma José Luis Benítez, presidente de Ocio de Ibiza. En este sentido, Alicia Reina, presidenta de la Asociación Española de Directores de Hoteles en Balears, aseguró en el programa Al Dia Pitiüses, de IB3 Ràdio, que “los incrementos de las tarifas y los costes se van a trasladar al cliente final”.

“Es innegable que, si suben las mercancías, suben los costes de transporte o suministros, evidentemente eso se va a tener que trasladar al precio final que tiene que pagar el viajero”, sostuvo. En su opinión, el reto es mantener la percepción que tiene el cliente de que “lo que paga se ajusta a lo que recibe”. “Ese equilibrio tenemos que salvaguardarlo de alguna manera, no solo como hoteles independientes cada uno de nosotros, sino como destino”, advirtió. Asimismo, cree que hay un tipo de turista “al que vamos muy encaminados en la isla, que es de alto poder adquisitivo, que no va a estar tan afectado por todas estas cuestiones geopolíticas y el incremento de costes y de precios”.

Roselló conoce bien determinadas zonas de Centroamérica, tras una experiencia laboral que pasó por México, República Dominicana y Costa Rica. La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que derrocó a Nicolás Maduro, ha generado efectos también en la industria turística. La nueva Doctrina Monroe que está aplicando Donald Trump en América Latina está golpeando especialmente a Cuba, que ha vivido una grave crisis de combustibles fósiles debido a su dependencia del crudo venezolano.

“Hay quién así lo cree y puede ser que acabe teniendo razón. Yo prefiero ser algo cauto y no incurrir en análisis tan ‘mecánicos’ y que parecen muy lógicos”, sostiene Roselló, preguntado sobre si Balears podría recibir más turistas debido a la delicada situación que hay en otros destinos turísticos. En su opinión, puede darse este fenómeno, pero también puede haber “efectos económicos en sentido contrario, como que la población de nuestros mercados emisores tienda de por sí a retraerse y veranear en su propio país, como elemento de prudencia”.

Asimismo, matiza que entre los fenómenos adversos puede darse que la evolución de los precios de los combustibles “vaya a más y esto encarezca el transporte y, por extensión, el precio de las vacaciones; o que simplemente haya dificultades de stocks en el tema del keroseno y esto obligue a ajustar trayectos, con su efecto directo en el turismo”. “En realidad, no sabemos nada y cada día desayunamos con una noticia que contradice la del día anterior”, advierte el vicepresidente de CAEB en Eivissa.

Apuesta por el segmento de lujo

Tras la crisis económica de 2008, y en medio de la crisis de la eurozona, el Govern conservador de José Ramón Bauzá introdujo cambios en la ley turística (2012), promovida por el conseller del ramo, Carlos Delgado (PP), y que supuso, según Macià Blázquez, catedrático en Geografía de la Universitat de les Illes Balears (UIB), “una reconversión”. “Una mejora de la calidad de la oferta que tiende a la elitización” con el objetivo de “atraer capitales y dar mayores tasas de beneficio a los inversores”, afirmó a elDiario.es.

Para Morgan, presidenta de Amics de la Terra, tiene “muchos impactos que son muy negativos”. “Aumento del precio de la vivienda, del consumo de recursos como agua y energía y transformación del suelo en las villas y mansiones de lujo que se convierten en grandes jardines tropicales, lo que también afecta a la biodiversidad”. Además, se produce un “aumento de emisiones, lo que afecta al cambio climático”. Por otro lado, lamenta que la gentrificación turística “afecta a toda la población”. “La más joven no puede planificar su futuro [en la isla] porque no tiene acceso a la vivienda”.7

El silencio de la sala lo rompe un murmullo colectivo. Cientos de bocas cuchichean, en el patio de butacas no cabe un alfiler. Cuando entra el hombre que todos esperan lo hace rodeado por una corte de treintañeros y veinteañeros, millennials y miembros de la generación Z, sus empleados de confianza. Le hacen fotos, tratan de tocarlo, alguien sube a la tarima para robarle un abrazo. A la escena le encajarían como un guante las trompetas de la Marcia trionfale de Aida. Yann Pissenem no es un personaje de la ópera que Giuseppe Verdi ambientó en el Antiguo Egipto, pero no resultaría descabellado nombrarlo faraón de la fiesta ibicenca. O, al menos, válido con plenos poderes. Suyo es el cerebro que ha tomado las decisiones que durante los últimos quince años han transformado de arriba a abajo el sector económico que condiciona la temporada turística –y la vida de los habitantes– de la isla.

No es caprichoso que la conversación que Pissenem mantuvo el pasado jueves con Pete Tong –mítico DJ y locutor de la BBC– en el International Music Summit –el congreso anual de la industria de la música electrónica que se celebra en Eivissa– causara tanta euforia. Pissenem habla poco en público y apenas concede entrevistas. La comunicación que acompaña a sus negocios está medida al milímetro. Sin ir más lejos, su responsable de prensa rechazó la posibilidad de que elDiario.es charlara con él unos minutos tras un acto en el que tampoco se abrió turno de preguntas entre el público.

El ocio representa un tercio del PIB ibicenco y Pissenem controla las tres discotecas más potentes de la isla: Ushuaïa, Hï, UNVRS. En 2010, cuando este francés apenas tenía canas en la barba y el pelo, su nombre y la marca de su primer negocio eran –casi– desconocidos. Ahora cuenta con 251.000 seguidores en su perfil de Instagram personal –su primer negocio, 1,6 millones– y más de mil quinientos trabajadores a sus órdenes. En 2024, The Night League –así se llama su empresa– repartió, según El Confidencial, 40 millones de dividendos por los beneficios acumulados durante los cinco años anteriores. Ni siquiera el COVID hizo temblar los cimientos de una pirámide basada en ofrecer música electrónica desde las seis de la tarde hasta las seis de la mañana durante ciento cincuenta días al año. De mayo a octubre no hay descanso para Pissenem.

Pissenem controla las tres discotecas más potentes de la isla –Ushuaïa, Hï, UNVRS– y da trabajo a más de mil quinientas personas

“Ibiza va a seguir siendo siempre Ibiza”

–¿Es la temporada demasiado larga?

Pregunta Pete Tong. Como si implorara una tregua, Yann Pissenem, que en un reportaje publicado por El Mundo en octubre de 2024 confesó que mientras sus discotecas ibicencas mantienen la música prendida él rara vez se va a dormir antes de las ocho de la mañana y se despierta más tarde las once y media, contesta:

–Me encanta el invierno en Ibiza. Para mí, a veces la temporada se me hace demasiado larga porque me gusta tener mi tiempo libre. La isla necesita respirar. Pero claro, que la temporada se alargue es bueno para mucha gente y es más fácil para mucha gente tener más trabajo. Es bueno para la industria y para la gente que viene aquí. Hay que encontrar un balance. Al final, la isla sigue llena hasta Halloween y hasta esa fecha se puede llenar una discoteca fácilmente. (...) La temporada va a ser muy buena, somos una destinación en mitad de Europa a la que puede venir fácilmente todo el mundo. Ibiza va a seguir siendo siempre Ibiza.

Colapso sobre la arena

Sin disimular su acento francés, Pissenem razona de forma muy fluida en inglés, la misma lengua que enseñaba su madre –profesora de idiomas– y en la que se comunica la industria de la electrónica en Eivissa. El empresario también podría hablar en castellano: vivió en Barcelona de 1994 –cuando llegó para estudiar una carrera que no terminó: Turismo– a 2008 –cuando se mudó a la isla– y aprendió a jugar al Monopoly del ocio nocturno “trabajando de camarero” y “organizando afters” que arrancaban cuando el sol ya estaba alto en el cielo.

A los treinta y cuatro –es de la quinta del 74–, Pissenem dio un volantazo: alquiló un bar de playa al final de Platja d’en Bossa, no muy lejos de Space, la discoteca más famosa del momento y donde él recuerda “una de las mejores fiestas” que disfrutó en una de sus primeras a la isla donde años después nacerían sus hijas. Pissenem ha contado alguna vez que en su nueva vida quería dedicarse a servir zumos y tostadas con aguacate, pero, por lo que sea, en aquel negocio playero se dedicó a imitar lo que ya ocurría en otros chiringuitos de la costa: bafles, beats, copazos; una farra sobre la arena. Sus caseros eran los portadores del apellido más poderoso en el microcosmos ibicenco.

–¿Tu socio era la familia Matutes?

Le pregunta Pete Tong.

–Exacto. Yo les alquilaba el beach club.

Responde Yann Pissenem.

–¿Ya se llamaba Ushuaïa?

–Sí, porque aquel rincón de la playa era como el fin del mundo, por eso lo llamé Ushuaïa.

–¿Cómo te diste cuenta de que aquello tan especial se podía convertir en algo más grande?

–Antes de ver al DJ a las tres o cuatro de la mañana dentro de una discoteca, la gente quería disfrutar de una fiesta al aire libre después de comer. Cuando la cola que se formaba era muy larga, larguísima; la playa se empezó a colapsar algunos días y empezó a haber jaleo. Tuve problemas con mi socio: había un hotel detrás, un dos estrellas, de los de todo incluido. Sufrí presiones.

Yann Pissenem no se dejó aplastar. Se reunió con los Matutes, hubo “buenas conversaciones”, “cooperación” y una mudanza para evitar “problemas legales”.

El 28 de mayo de 2011, el hotel Fiesta Club Playa d’en Bossa –un complejo de bungalows– reabrió transformado en una discoteca diurna al aire libre con capacidad de pabellón deportivo: aforo de 7.886 personas. El recinto –rebautizado como Ushuaïa Ibiza Beach Hotel– seguía vendiendo habitaciones, pero en vez de alojar a familias hospedaba a clubbers. Los balcones se habían reconvertido en palcos VIP para disfrutar del sarao desde una atalaya. “Swedish House Mafia y Avicii fueron dos de los primeros grandes nombres que se atrevieron a pinchar por la tarde”, le explicó Pissenem a Pete Tong cuando le preguntó en el IMS por aquellos comienzos. El éxito fue rotundo; los cambios en la manera de entender la fiesta ibicenca, profundos; los beneficios, pingües. Hace dos años, según El Confidencial, los Matutes recibieron otros 40 millones como beneficio de la actividad de Ushuaïa Entertainment, la sociedad que tienen a pachas con The Night League. La familia Matutes ha declinado hacer declaraciones a este periódico.

A la alianza no le faltaron detractores desde el primer momento. Dos ejemplos claros son los Farré, dueños de Amnesia, o la Asociación Noches de Ibiza, dirigida por Pepe Roselló, antiguo gestor de Space, antiguo inquilino de los Matutes: desde que apareció Yann Pissenem, un rey destronado. Amnesia ha acabado abandonando la patronal Ocio de Ibiza por la entrada de UNVRS, una competencia situada a apenas un kilómetro de distancia. Roselló ha sido más incisivo: según su punto de vista, sin la ascendencia política de Abel Matutes Juan –antiguo comisario europeo y ministro de Exteriores con Aznar–, las ambiciones de Abel Matutes Prats –su único hijo varón y principal valedor del francés ante el emporio hotelero– no se hubieran cumplido. Según una carta publicada por Roselló en el digital Noudiari, las influencias de los Matutes que beneficiaron sus proyectos con Pissenem se extendían tanto a derecha como izquierda.

Cuando abrió, Ushuaïa Beach Club Hotel lo hizo sin licencia de sala de fiestas, tal y como reconoció en la prensa local el alcalde de la época, Josep Marí Ribas, Agustinet. Así funcionó durante toda su primera temporada sin que la Administración tomase cartas en el asunto. El equipo de sonido sólo se apagó una tarde. La del 4 de septiembre de 2011. Fue en señal de luto por Abel Ureña, un temporero de veintiocho años que murió tras quedar en coma durante dos semanas después de que José Pereira Sousa, uno de los empleados de seguridad de la discoteca, le diera un puñetazo. El agresor resultó ser un prófugo de la justicia portuguesa que había entrado en la isla con identidad falsa: se llamaba realmente Paulo César Martins Baptista y le cayeron cinco años de condena por homicidio intencionado con la atenuante de “arrebato”. Supuestamente, golpeó a la víctima porque estaba flirteando con su novia.

Ni siquiera ante aquellos hechos violentos, el Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia –gobernado por una coalición progresista que encabezaba Josep Marí Ribas, Agustinet, diez años más tarde, conseller de Territori con Francina Armengol en el Govern balear– decretó el cierre. En 2012, el mallorquín Carlos Delgado, conseller de Turisme con José Ramón Bauzá, aprobó una ley que sirvió como paraguas a las actividades complementarias de los hoteles. Es decir, a las fiestas junto a la piscina como las que ya celebraba Ushuaïa.

Lo que ocurrió durante el verano de 2011 fue la semilla de la que creció el imperio que gestiona actualmente Pissenem. En las temporadas sucesivas, ficharía a su compatriota David Guetta dejando tocado al grupo Pacha; finiquitaría la historia de Space para alumbrar en el mismo lugar la discoteca Hï; invertiría 8 millones de euros en “excavar y reformar desde los cimientos” el viejo Privilege; convencería a Will Smith para promocionar su nuevo juguete: la macrodiscoteca UNVRS.

Ushuaïa Beach Club Hotel abrió sin licencias, pero se vio beneficiado por la ley de turismo del PP de 2012 que sirvió como paraguas para las fiestas junto a la piscina como las que ya celebraba el recinto

Entrar este fin de semana al club nocturno más grande de Europa –aforo legal, 10.000 personas– son 160 euros. La tarifa incluye viaje en bus, pero no consumición. “Los costes son mucho más elevados ahora que hace veinte años, cuando empezamos a hacer las primeras fiestas. Intentamos lanzar 4.000 o 5.000 entradas a 60 euros, un precio asequible, y luego vamos ajustando: escalamos precios, optimizamos... Utilizamos muchas herramientas para calcular el precio de las entradas”, se justificó Pissenem en la charla del IMS.

‘Selfies’ con “el pez gordo”

Yann Pissenem suelta el micrófono y se levanta de la silla. Como suele ocurrir en el IMS, la charla ha sido a favor de obra. Pete Tong sólo le buscó las cosquillas cuando le preguntó por “el elefante en la habitación” de “las caravanas acampando ilegalmente en Ibiza: ”¿Cómo estáis lidiando con el hecho de encontrar personal, traerlo a la isla, darles visados...? ¿Has pensado en construir vivienda para los trabajadores?“. ”Sí. Pero tengo que ser mucho más rico para poder hacer eso“, contestó Pissenem antes de exhalar una carcajada.

Escapar del hall en el que se celebra el congreso de música electrónica –dentro del hotel de lujo que Mondrian tiene en la isla– es más complicado para el padre de Ushuaïa. Los admiradores bloquean la salida y el ídolo no rehuye el tête-à-tête: autorretratos, tarjetas de visita, manos que quieren tocar la camiseta negra que –como los genios de Silicon Valley– viste el francés.

“Yann Pissenem es el Steve Jobs del ocio nocturno”, sentencia Deniz Reno. Podría decirse que esta DJ y productora canadiense ha volado desde Toronto a Eivissa sólo para presentarse al empresario. Y no es una cualquiera: su música acumula cientos de miles de reproducciones en Spotify y, el verano pasado, el sudafricano Black Coffee –uno de los rostros que aparecen en los carteles con los que The Night League empapela media isla cuando se acercan las aperturas de las discotecas– pinchó uno de sus temas. Acercarse a Pissenem le ha permitido, de rebote, conocer a un abogado de Los Ángeles. Se llama Dorsey E. Hairston, está especializado en “representar a profesionales música dance” y ha viajado por primera vez a la isla con un objetivo entre ceja y ceja:

–Mi bufete se llama Safari porque este mundillo es una jungla. Un puñado de personas manejan todo el negocio, ¡es lo que hay! Para tratar con mis clientes tengo que tratar de entender qué es lo que hacen los tipos más exitosos de la industria. Cada día miles de profesionales envían correos para conseguir lo que he conseguido ahora: darle la mano y mi contacto a un tipo como él. Para eso he venido aquí. Ibiza es algo que se escapa de lo común, no hay otra escena de electrónica como la de esta isla.

–¿Ni siquiera en Las Vegas?

–Ni siquiera en Las Vegas.

“Siempre me han interesado menos las celebrities que se ponen delante de los focos”, añade Deniz Reno, “que los personajes que mueven los hilos en el backstage: ellos levantan la estructura para que todo el negocio funcione. Son constructores, los arquitectos de esta industria. De sus decisiones dependen cientos, miles de empleos. Yann Pissenem es como un big kahuna; el pez gordo. ¿Te has fijado que estaba todo su equipo aquí con él? Son los peces que nadan alrededor de la ballena”.

El aterrizaje del turismo estadounidense en Balears empezó siendo una promesa y es cada vez más una realidad que se impone. El perfil del turista de esta nacionalidad, muy atractivo para el sector por sus estancias largas y mayor capacidad de gasto, ha hecho que el archipiélago vire hacia una estrategia turística para captar a este visitante. La expresión de esta intención –que coincidía con un mercado cada vez más consolidado– tuvo lugar en el año 2022, con la apertura de una ruta directa entre la capital balear y el aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey, para llegar a la ciudad que nunca duerme: Nueva York. 

Poco a poco, la nacionalidad ha ido acaparando un lugar cada vez más central en la promoción turística de las islas, en un momento en que la comunidad busca diversificar su tradicional dependencia del mercado europeo y parte de la ciudadanía estadounidense vive, simultáneamente, un desencanto con el panorama político de Donald Trump. Escenario que también ha provocado una regresión del turismo a la inversa: cada vez menos ciudadanos baleares tienen interés en pasar sus vacaciones en territorio estadounidense debido a las dificultades burocráticas que supone.

En datos, el mercado estadounidense ha ganado peso en Balears en volumen pero, sobre todo, en gasto. Según estimaciones del Instituto de Turismo de España (Turespaña) a partir de datos del INE, EEUU cerró 2025 como noveno país emisor, con 333.562 visitantes —un 19,7% más que el año anterior—, superando a mercados como Bélgica y Suecia y acercándose a Polonia. Sin embargo, donde más se nota el avance es en el impacto económico –en 2024 ya hizo el sorpasso al gasto británico–: en total, se alcanzaron los 844 millones de euros, un 21,6% más, lo que sitúa a Estados Unidos como sexto mercado en ingresos turísticos, solo por detrás de Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Países Bajos. En términos absolutos, los turistas estadounidenses dejaron 150 millones más que en 2024, cuando los norteamericanos ya se habían convertido en el primer mercado de Balears de fuera de Europa. Por su parte, la comunidad autónoma en el segundo destino español preferido para los ciudadanos de Estados Unidos, solo por detrás de Catalunya (especialmente por el tirón de Barcelona como puerta de entrada y destino urbano).

En 2025, los turistas estadounidenses dejaron 150 millones más que en 2024, cuando los norteamericanos ya se habían convertido en el primer mercado de Balears de fuera de Europa. El archipiélago es el segundo destino español preferido para los ciudadanos de Estados Unidos

La creciente demanda en la ruta Palma-Nueva York –el año pasado incrementó en un 30% sus plazas, en datos de Turespaña– ha hecho que la compañía aérea United Airlines haya decidido reforzar su apuesta por la conexión con aviones de mayor capacidad, más frecuencias -ahora hay entre tres y cuatro vuelos semanales- y un calendario de vuelos que abarca ampliamente la temporada (del 22 de mayo al 24 de octubre) y que se mantendrá este 2026, como adelantó Última Hora. 

Un mercado que se extiende a Eivissa

En cuanto a Eivissa –junto a Mallorca experimenta una demanda in crescendo desde Estados Unidos–, la temporada pasada el sector del lujo de la isla sufrió una tendencia de decrecimiento inesperada –en parte provocada por el aumento exagerado de precios y por la realización de reservas a última hora que impidieron una planificación–. Este sector del lujo se salvó por el gasto de turistas extranjeros, principalmente norteamericanos, que sí podían permitirse lo que se pedía por ciertos productos. 

Una trabajadora de la empresa de alquiler de yates Ibiza Boat Charters explicó a elDiario.es para este reportaje de 2025 que, a pesar del interés de los turistas en seguir viviendo experiencias, la carestía de los servicios en la pitiusa ya no estaban al alcance del turista medio (entre ellos, se encuentra el español), que había prácticamente desaparecido ya el año pasado en favor de otros con un poder adquisitivo más elevado. Especialmente el estadounidense, con muy buena fama entre los empresarios por sus propinas generosas, su fidelidad –cuatro de cada diez visitantes repiten– y una estancia generalmente superior a los siete días. 

El sector del lujo se salvó en Eivissa la temporada pasada gracias, en parte, al turista estadounidense

Eso no elimina, explica el investigador y profesor de turismo de la Universidad de les Illes Balears (UIB), Macià Blàzquez, el mercado europeo, que sigue siendo el principal músculo turístico de las islas: alemanes, italianos, franceses, holandeses, belgas y británicos, entre otros. En el caso de la pitiusa, los estadounidenses no pueden volar directamente, sino que lo hacen hasta Mallorca –a veces antes han volado a Barcelona– y luego cogen un vuelo interislas (de una duración de tan solo media hora) para saltar a Eivissa. 

“Menos cantidad, más calidad” turística

El intercambio hizo que el balance económico del sector se mantuviera el verano de 2025 casi en equilibrio: el pequeño porcentaje de turistas con alto poder adquisitivo estaba dispuesto a pagar los precios desorbitados de la isla y compensaba una bajada de demanda. En una estrategia por la que ya lleva apostando unos años el principal motor económico del archipiélago. Este interés se resume en la frase de la presidenta del Govern, Marga Prohens, del Partido Popular (PP), en una entrevista reciente concedida a Forbes Woman: “Debemos crecer en valor y no en volumen para garantizar el bienestar de nuestros ciudadanos”.

La apuesta aparentemente transformadora por un turismo de mayor capacidad económica bajo esta premisa de “menos cantidad, más calidad” plantea interrogantes sobre sus efectos sociales y territoriales, en un contexto y un territorio donde el acceso a la vivienda, el encarecimiento del suelo o la presión sobre los recursos son ya cuestiones centrales.

“Es un simple lavado de cara”, considera José Manilla, antropólogo urbano y profesor de la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB). El experto valora, además, que enfocarse tan solo a un cliente de alto poder adquisitivo tiene rasgos “discriminatorios” y contribuye a la desigualdad social. Otro factor para lo que es importante el mercado estadounidense es la desestacionalización. “Es interesante por eso y por su contribución al aumento en el gasto turístico”, subraya José Antonio Rosselló, vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB).

La puerta a la inversión inmobiliaria

Pero el creciente interés en este nicho no puede entenderse solo desde el turismo, sino también desde la inversión y la atracción residencial, asegura Blàzquez. Ambos fenómenos están estrechamente conectados: el turismo actúa, en muchos casos, como puerta de entrada a procesos posteriores de compra de vivienda o inversión inmobiliaria. 

A esta conclusión llega tras un estudio realizado en 2013 junto a la investigadora Angela Hof, en el que analizaron la relación entre actividad turística y mercado inmobiliario de las islas, especialmente a partir de la expansión de los alquileres turísticos desde mediados de los 2000.

A ello se suma el papel de la inversión extranjera directa en el sector inmobiliario, con un gran peso de capitales internacionales, incluidos los estadounidenses, en la adquisición de propiedades en Balears. El fenómeno se puede ver sobre el terreno, con las vistosas mansiones de famosos como Michael Douglas, Claudia Schiffer o la del entrenador Lionel Scaloni, en el Toro, en el municipio de Calviá. 

Este proceso se enmarca –detalla Blàzquez– en una lógica global: inversores con alta capacidad adquisitiva buscan nuevos espacios donde obtener rentabilidad, ya sea a través del uso turístico, el alquiler o la revalorización de la propiedad. 

Otro factor clave: el cultural

Por otro lado, Balears aparece como un enclave especialmente atractivo, tanto por sus condiciones ambientales como sociales. El factor cultural influye mucho en esta atracción: los estadounidenses perciben en territorios mediterráneos como Balears una calidad de vida asociada a mayor seguridad, cohesión social y formas de vida más flexibles, lo que refuerza tanto el interés turístico como el residencial. 

“España es un país sólido, no un estado fallido como por ejemplo Costa Rica, que podría ser equiparable a Suiza cerca de los Estados Unidos, sin tener la misma seguridad”, pormenoriza Blàzquez. Respondiendo a esta lógica –el interés por un visitante que, además de su gasto, interesa por su potencial como inversor o residente futuro–, el sector turístico se ha ido interesando, cada vez más, hacia este perfil de visitante. 

La Audiencia Provincial de Balears ha confirmado la condena de prisión (un año y nueve meses) impuesta a un empresario por su responsabilidad en el accidente que sufrió uno de sus trabajadores -que estaba sin contrato- al ordenarle desinfectar un aljibe de ocho metros de profundidad en un hotel de Palma sin arnés, línea de vida ni equipos de protección adecuados. La sentencia lanza un mensaje claro: el empresario es el garante último de la seguridad laboral, incluso frente a posibles errores o imprudencias de sus empleados, y los incumplimientos en materia de seguridad laboral no son solo sancionables administrativamente, sino que pueden constituir delito.

La resolución declara probado que el acusado, en su calidad de administrador de la empresa de limpieza Illes Control, incurrió en una grave negligencia al instar al empleado, el 21 de junio de 2021, a descender al depósito mientras otro de los trabajadores grababa la maniobra, ausentándose el gerente del lugar a pesar de que su presencia era obligatoria por tratarse de un espacio confinado.

La operación se realizó con una precariedad de medios, utilizando una escalera enrollable sin fijación y sustituyendo los sistemas de seguridad reglamentarios por una cuerda atada entre los cinturones de ambos trabajadores, sin arneses, líneas de vida ni equipos de protección adecuados. Durante el procedimiento, el trabajador perdió el pie y cayó en una primera ocasión, lesionándose el brazo, y posteriormente volvió a precipitarse de espaldas desde una altura superior a los dos metros al intentar salir del aljibe debido al dolor y a la falta de un sistema de frenado o anclaje independiente.

Como consecuencia, la víctima sufrió diversas contusiones que requirieron 93 días de tratamiento médico y rehabilitador. La resolución concluye que el acusado no garantizó la seguridad de sus empleados al no proporcionar formación, instrucciones ni los equipos de protección individual necesarios, creando “un grave riesgo para la vida e integridad física del trabajador accidentado y del otro trabajador” al obligarles a utilizar métodos de contrapeso manual totalmente inseguros.

Durante el proceso judicial, el gerente alegó que no fue él quien ordenó al trabajador bajar, que sí existían medidas de seguridad e incluso que, en todo caso, la responsabilidad era del propio empleado al sostener que, si éste no utilizó guantes, fue por decisión propia.

La Audiencia rechaza estos argumentos amparándose en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que establece que la efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador y señala que, para su adopción, deben tenerse en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas. Asimismo, recuerda una de las sentencias del Tribunal Supremo en la que se señala “el deber de cuidado” que los responsables de la empresa asumen “en cuanto garantes de la indemnidad del trabajador, no sólo en su actuación ordinaria sino incluso cuando ésta llega a ser descuidada por la confianza y la rutina”.

El empresario, consciente del peligro

El tribunal introduce, en este sentido, una idea clave: el empresario no puede escudarse en la conducta del trabajador cuando no ha puesto los medios necesarios para evitar el riesgo. Por ello, descarta que se trate de una simple imprudencia: los magistrados concluyen que el empresario actuó con dolo eventual, es decir, que era consciente del peligro extremo de la situación y aun así permitió que el trabajo se realizara.

La resolución judicial confirma así la sentencia de instancia al considerar acreditado que el acusado es responsable de un delito contra la seguridad de los trabajadores. Tras analizar las versiones contradictorias, la Sala determina que existe una base lógica y racional para concluir que el empresario no cumplió con sus deberes básicos de prevención, omitiendo tanto la formación técnica como la información sobre los riesgos específicos del puesto a sus empleados.

La prueba de cargo, sustentada principalmente en el testimonio coherente de la víctima y en el informe de Inspección de Trabajo, revela deficiencias de seguridad críticas. Entre ellas destaca la ausencia de un recurso preventivo durante la operación en el aljibe, la falta de puntos de anclaje seguros para las escaleras y el suministro de equipos de protección individual totalmente insuficientes e inadecuados, ya que solo se facilitaron elementos básicos como botas y casco, pero no arneses anticaída ni las líneas de vida necesarias para trabajos en altura.

Finalmente, el tribunal subraya la gravedad de la situación al constatar que uno de los operarios carecía incluso de contrato laboral. Al considerar que el relato de los hechos probados se ajusta estrictamente a la prueba practicada en el juicio oral, se desestima el recurso del acusado y se ratifica íntegramente la condena original por haber puesto en riesgo la vida y la integridad física de sus trabajadores.

Además de la pena de prisión, el condenado deberá indemnizar al trabajador con más de 5.000 euros, cantidad incrementada en un 20% por tratarse de un accidente laboral, además de intereses. La aseguradora de la empresa ya había consignado la cantidad.

La sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Tres furgones con quince agentes de la Policía Nacional han llegado esta mañana, a las 8.30 horas, con material antidisturbios para desalojar a trabajadores de Eivissa del asentamiento de sa Joveria. Es uno de los más significativos que han ido proliferando en la periferia de la ciudad desde que empezó y empeoró la crisis de vivienda, creando imágenes insólitas. 

Se trata del mayor núcleo chabolista que se ha ido configurando en los alrededores de la urbe y también en la isla. Exceptuando el desahucio masivo de mil personas en un terreno privado de Can Rova el verano de 2024, muchas de ellas estafadas por un caseo pirata que les alquilaba parcelas por precios desorbitados para que instalaran sus caravanas, chabolas o incluso embarcaciones.

La escena se repite desde hace por lo menos un año y medio: residentes y empleados, algunos fijos y otros de temporada, se ven obligados a marchar de las infraviviendas construidas con sus propias manos por la falta de alternativas que deja la carencia habitacional en espacios abiertos del territorio insular. Se escurren entre las manos de instituciones y autoridades en la misma dinámica que siguen el ratón y el gato.

La mayoría de personas que hasta hoy han residido en sa Joveria, de origen saharaui, vivían antes en el antiguo asentamiento de Can Raspalls, en Sant Jordi, de donde también les echaron, en otoño de 2024, tras el abandono del fondo de inversión que lo poseía y después de que las autoridades municipales alegasen “suciedad” y el alquiler de chabolas en Airbnb para intervenir.

El cuerpo nacional de seguridad, así como diez agentes de la Policía Local de Vila, han irrumpido esta mañana en el terreno de sa Joveria a partir de las 10 horas, cuando un dron ha empezado a sobrevolar el recinto del asentamiento, ubicado entre el hospital Can Misses y el recinto ferial. Desde allí, se ve el castillo, símbolo de promoción turística en una isla -antes tierra de oportunidad laboral- cada vez más carcomida por las desigualdades sociales y económicas. 

“Cuando han entrado -los policías nacionales- parecía una escena de la Casa de Papel”, dice Ahmed, trabajador del sector de la construcción, mientras sale junto a tres compañeros suyos. No saben dónde dormirán esta noche y lamentan el escenario en el que se encuentran: “El alquiler es muy caro: una habitación para una persona vale 750 euros al mes”. Su fuente de ingresos está ligado a factores variables que no dependen de la decisión propia, como la lluvia o los días festivos, cuando no se trabaja y por lo tanto, no se cobra. 

Llevan consigo tan solo su DNI -son de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental-, la tarjeta sanitaria de Balears y la tarjeta de crédito. El resto de sus pertenencias, continúan en el interior de la chabola que les servía de hogar. Se trasladaron a la isla buscando un mejor salario que el que les ofrecía la recolecta de la aceituna en Andalucía, pero se encontraron con peor calidad de vida. 

Antes, habían estado viviendo en otro solar detrás de la central eléctrica de Gesa hasta que los echaron. Ahora se plantean medio en serio medio en broma buscar un trabajo de noche porque de momento dormirán en la calle: “¿Dónde vamos si no?”, se preguntan.

Una intervención pacífica

La intervención se ha desarrollado de manera pacífica, tal y como estaba previsto, sin que se hayan producido incidentes ni detenidos. De las cerca de 400 personas que había inicialmente, quedaban unas 60 que han ido saliendo a cuentagotas. Sí se ha percibido el descontento de los ocupantes, que lamentan ser el foco de atención de responsables políticos y medios de comunicación solo “cuando son el problema, sin que nadie ofrezca una solución”.

Algunos de ellos se han acercado a primera hora de la mañana a las oficinas municipales para gestionar el certificado de vulnerabilidad. Los agentes, a su llegada, han asegurado el perímetro y controlado los accesos a la finca para evitar alteraciones del orden público y garantizar la seguridad de todas las personas implicadas.

Una patrulla ha identificado a uno de los informadores que cubría el desalojo y le ha indicado, tanto a él como al resto de periodistas presentes, que debían retirarse y dirigirse a la carpa habilitada para los medios en la zona del aparcamiento, junto al acceso próximo al recinto ferial. Un punto que, por otro lado, carecía de visibilidad sobre el terreno público donde se encuentran una treintena de caravanas y autocaravanas -más cerca del colegio Can Misses- y que, como ha explicado el alcalde Rafael Triguero durante una comparecencia, se desalojará en los próximos días por incumplimiento de las ordenanzas, aunque no ha especificado cuándo.

El Ayuntamiento de Eivissa intenta desalojar el solar desde finales de 2024, cuando comenzaron a asentarse los primeros trabajadores -una de ellas, María, trabaja como limpiadora en el hospital, situado justo al lado-, mediante medidas disuasorias. Entre ellas, la instalación de un gálibo para impedir el paso de vehículos de más de cierta altura, que durante la jornada de hoy permanece abierto para facilitar la salida voluntaria, y la presión constante mediante la amenaza de multas. 

Al menos dos menores de edad

Cuando aparece un furgón de la Policía Nacional de Fronteras en la zona, comienza a respirarse cierta tensión, en torno a las once de la mañana. Un grupo de unas quince personas —una de ellas con un bebé en brazos— se reúne en un cercado dentro del terreno cuando dos policías se acercan y les comunican una noticia positiva, aunque temporal: por el momento, podrán seguir pernoctando en el lugar. “Nos han explicado que primero tienen que notificarnos para poder echarnos”, detalla Sara a elDiario.es.

Algunos de ellos son migrantes en proceso de regularizar su situación, como la familia de Camilo, de Colombia. En esta área, acordonada con grandes piedras, hay al menos dos menores, alguno de ellos adolescente. Los servicios sociales, presentes durante toda la mañana, no han podido concretar una cifra exacta.

El punto donde se encuentran las caravanas —que por ahora se han librado del desalojo— está separado por una valla del resto del terreno, de propiedad privada, donde se habían instalado principalmente trabajadores de origen saharaui. De allí han salido esta mañana tan solo siete personas. Una de ellas, un hombre marroquí que, mientras abandonaba el lugar, no podía contener las lágrimas ante la situación de precariedad en la que se encuentra.

Parte del asentamiento, en un solar privado

El desalojo de esta propiedad se puso en marcha después de que la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Palma autorizara al Ayuntamiento a entrar, desmontar y limpiar el asentamiento, dado que la propiedad no disponía de medios para hacerlo. La actuación —establecía el juez— debía finalizar antes del 26 de mayo.

Ahora, el alcalde —que ha asegurado que ha sido uno de los momentos más difíciles de su mandato— ha detallado que el propietario deberá encargarse de retirar los enseres y escombros que han quedado en el solar (como palés y restos de chabolas), uno de los motivos que ha llevado a la intervención.

“Era una bomba de relojería”, ha añadido el edil, recordando un trágico suceso ocurrido hace años en el asentamiento: dos incendios simultáneos que acabaron con la vida de una persona. No ha sido el único episodio de este tipo en núcleos chabolistas de la isla, ya que en Can Rova 2 ocurrió algo similar.

Por ello, técnicos municipales de medio ambiente han accedido a la parcela para controlar la gestión de los residuos. Han encontrado electrodomésticos, placas solares, baterías, partes de cocinas y otros objetos peligrosos que suponían un riesgo tanto para el entorno como para las personas que residían en el lugar.

Ante la pregunta al equipo municipal —con la concejala de Bienestar Social, Lola Penín, presente— sobre si se había valorado habilitar otro solar para ofrecer una alternativa habitacional a los desalojados, la respuesta ha sido afirmativa, aunque sin éxito: “La vivienda pública no se construye de la noche a la mañana”, ha señalado Triguero.

Por otra parte, ha asegurado que en el interior del ya desmantelado asentamiento de sa Joveria —donde hacia las 13.30 horas dos retroexcavadoras trabajaban en la demolición de cerca de un centenar de infraviviendas— había personas que cobraban entre 200 y 500 euros a otras en situación de necesidad. Unos hechos que la Policía Local prevé sancionar y para los que ya tiene identificados a los responsables.

Siete ubicaciones temporales de alojamiento

De momento, se han habilitado alojamientos de emergencia para siete unidades familiares y siete plazas para adultos sin cargas familiares. Además, el Ayuntamiento ha detallado que existen actualmente diez expedientes abiertos en servicios sociales relacionados con personas que residían en estos asentamientos.

A lo largo de la mañana, técnicos de la UTS Eixample también estaban disponibles para atender a las personas derivadas desde el punto de atención y tramitar prestaciones en los casos necesarios, es decir, en situaciones de vulnerabilidad. En el caso de personas trabajadoras con ingresos superiores —aunque insuficientes para acceder a una vivienda digna— deberán buscar alternativas por su cuenta.

A media mañana, una pareja abandona el lugar con varias maletas, mirando con el ceño fruncido a quienes fotografían su situación. Mientras la mujer apoya sus pertenencias sobre unas piedras, él explica que su familia, procedente de la península, llegó a Eivissa con una vivienda. Entre tristeza e incredulidad por el cambio de la isla, se adentra de nuevo en el bosque, hacia un lugar ya vacío.

Adrián Amaya es uno de los residentes del otro lado que, por ahora, podrá quedarse. En su momento ya fue desalojado del problemático bloque de los Don Pepe, en Sant Josep, y ahora teme volver a verse en la misma situación: “Todos nos merecemos un techo bajo el que vivir”.