El Govern balear de Marga Prohens (PP) estudia recurrir ante los tribunales el reparto de 180 millones de euros en subvenciones estatales destinadas a las comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado, a pesar de que hace apenas dos semanas PP y Vox rechazaron en el Parlament una propuesta para habilitar a los ayuntamientos a solicitar esa misma declaración, que permitiría activar medidas para contener las subidas de los alquileres. El Ejecutivo considera que excluir de estas ayudas a territorios como Balears supone una “discriminación” y rompe el principio de igualdad territorial.

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha explicado este viernes, tras la reunión del Consell de Govern, que la Abogacía de la Comunidad Autónoma está analizando la posibilidad de presentar un recurso contra el decreto que regula estas ayudas. Según ha señalado, la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad presentó alegaciones durante la tramitación de la norma, pero éstas fueron “ignoradas” por el Gobierno de España. Costa sostiene que los fondos públicos destinados a vivienda deberían distribuirse en función de las necesidades de cada territorio y no de si sus gobiernos han optado por declarar zonas tensionadas.

El también conseller de Economía, Hacienda e Innovación ha defendido, en esta línea, que el reparto debería atender a indicadores como la evolución de los precios del alquiler y de compraventa, el esfuerzo económico que realizan los hogares para pagar una vivienda, la escasez de oferta residencial y la presión demográfica. A su juicio, el decreto no responde a estos criterios objetivos y adopta decisiones “discrecionales”.

En concreto, los 180 millones aprobados por el Gobierno central se distribuyen entre las cinco comunidades que han declarado zonas de mercado residencial tensionado: Catalunya, País Vasco, Navarra, Asturias y Galicia. Las ayudas, repartidas en función de la población afectada, podrán destinarse a construir, rehabilitar o adquirir viviendas para alquiler social o asequible, urbanizar suelo residencial, promover vivienda protegida y ofrecer garantías frente a posibles impagos. Catalunya recibirá más de 119 millones de euros; el País Vasco, 31 millones; Navarra, 13,3 millones; Galicia, 10,2 millones, y Asturias, 5,9 millones.

PP y Vox vuelven a cerrar la puerta a las zonas tensionadas

El pasado 6 de octubre, PP y Vox tumbaron una proposición de ley del PSIB-PSOE que buscaba permitir a los municipios de Balears solicitar la declaración de zonas tensionadas. La iniciativa fue rechazada por 33 votos frente a los 24 de los grupos de la oposición. El texto contemplaba que los ayuntamientos o el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) pudieran iniciar el procedimiento cuando se cumplieran los requisitos de la ley estatal, y establecía que los consells insulares prestaran apoyo técnico a los municipios para elaborar la documentación necesaria.

La propuesta socialista buscaba incorporar a la legislación autonómica un procedimiento para activar en las islas una figura prevista en la Ley estatal de Vivienda de 2023. Su aplicación permite adoptar medidas específicas de contención de rentas en áreas donde exista un riesgo especial de oferta insuficiente y dificultades para acceder a una vivienda asequible.

La estrategia del Ejecutivo de Prohens apuesta, por el contrario, a incrementar la oferta, liberalizar suelo, impulsar proyectos residenciales estratégicos y promover viviendas a precio limitado, además de ofrecer incentivos fiscales a los propietarios. El Govern sostiene que limitar los alquileres puede provocar la retirada de viviendas del mercado y acabar encareciendo los pisos disponibles.

El límite de gasto para 2027 aumenta en 598 millones respecto a los presupuestos vigentes y supera en más de 1.200 millones el de la pasada legislatura | El Ejecutivo de Prohens confía en Vox para aprobar las cuentas y descarta negociar cuestiones ajenas a la materia presupuestaria

El Consell de Govern ha aprobado este viernes un techo de gasto de 7.160,88 millones de euros para 2027, un 9,1% más que el contemplado en los presupuestos autonómicos vigentes. El incremento asciende a 598 millones de euros y supera los 1.200 millones respecto al límite de gasto de la pasada legislatura. El Ejecutivo de Marga Prohens vuelve así a fijar, según ha destacado el portavoz del Govern, Antoni Costa, el techo de gasto más alto de la historia de Balears.

El acuerdo es el paso previo a la elaboración y negociación de las cuentas autonómicas del próximo ejercicio. Costa, que también es conseller de Economía, Hacienda e Innovación, ha defendido que el Govern lleva cuatro años presentando presupuestos con déficit cero y ha señalado que el escenario previsto para 2027 mantiene el equilibrio presupuestario, con un déficit de referencia del 0% del producto interior bruto (PIB).

El anteproyecto de los presupuestos de 2027 ya está redactado e incluye las medidas fiscales anunciadas por Prohens durante el Debate de Política General. Según Costa, estas iniciativas tendrán un impacto estimado de 55 millones de euros. El documento incorpora también el segundo paquete de 125 millones de euros para compensar el encarecimiento de los hidrocarburos a pequeñas empresas y trabajadores autónomos, otra de las medidas anunciadas por la presidenta.

En materia de transporte público, las cuentas prevén una aportación estatal de 63 millones de euros para financiar la gratuidad, además de la contribución que la Comunidad Autónoma viene realizando desde el primer año de aplicación de esta medida.

Vox, el socio más probable para aprobar las cuentas

El Govern iniciará la próxima semana una ronda de reuniones con los grupos parlamentarios para negociar tanto el techo de gasto como los presupuestos. Costa ha reiterado la voluntad del Ejecutivo de aprobar las cuentas de 2027, aunque ha limitado el margen de negociación a las cuestiones estrictamente presupuestarias.

“Si con lo que hay incluido [en los presupuestos] hay voluntad de negociación, nos podremos entender. Si se mezclan otras cuestiones, no hay nada que negociar”, ha advertido el conseller. Con estas palabras, ha cerrado la puerta a incorporar a la negociación otros asuntos políticos, una posición similar a la que mantuvo el Govern durante la negociación de las cuentas de 2025, que finalmente no prosperaron.

Costa ha señalado a Vox como el socio con más posibilidades de facilitar la aprobación de los presupuestos. Ha recordado que la formación ha respaldado dos presupuestos del Ejecutivo autonómico y ha considerado que, por ese antecedente, es “bastante más probable” que las cuentas salgan adelante con su apoyo que con el de los demás grupos. “Vox dijo que no veía con malos ojos las medidas fiscales. A partir de A partir de aquí, veremos”, ha añadido. La negociación queda así abierta, aunque el Govern parte de la disposición expresada por la formación de Santiago Abascal a estudiar las rebajas tributarias.

Más ingresos por impuestos

El techo de gasto se apoya en una previsión de ingresos no financieros de 6.707,47 millones de euros para 2027. La cifra representa un aumento del 16,2% respecto a los ingresos previstos inicialmente para 2025. Los 453,4 millones restantes hasta completar el techo de gasto corresponden a los ajustes de contabilidad nacional.

Las previsiones de recaudación por impuestos directos e indirectos -los capítulos uno y dos del presupuesto- pasan de 5.938,57 millones de euros en 2025 a 6.666,85 millones en 2027. Son 728,28 millones más, un incremento que Costa ha atribuido a la evolución de los indicadores de actividad económica.

El Govern calcula que ingresará 2.844,04 millones de euros por el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), un 11% más que en 2025. En el caso del impuesto sobre el valor añadido (IVA), la previsión asciende a 1.950,16 millones, un 18,63% más que dos años antes.

Entre los tributos cedidos, el Ejecutivo prevé recaudar 950,64 millones de euros por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITP y AJD), un 12,35% más. Los ingresos previstos por el impuesto sobre sucesiones y donaciones alcanzan los 84,05 millones de euros, un 28,48% más.

Las cuentas contemplan, además, una recaudación de 149,41 millones de euros por el impuesto sobre estancias turísticas, calculada a partir de unas perspectivas de actividad turística similares a las de 2026.

Menor aportación neta al sistema de financiación

Costa también ha informado de que la aportación neta de Balears al sistema de financiación autonómica disminuye en 80,04 millones de euros. El cálculo tiene en cuenta los fondos que afectan al archipiélago: el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, el Fondo de Suficiencia Global y el Fondo de Convergencia. En conjunto, la Comunidad Autónoma mantiene una aportación neta de signo negativo de 545,97 millones de euros.

Por otra parte, las transferencias corrientes y de capital previstas a favor de la Comunidad Autónoma, excluidas las procedentes del sistema de financiación autonómica, aumentan un 25,8% respecto a 2025, hasta los 470,78 millones de euros.

De esta cantidad, 286,89 millones corresponden a ingresos procedentes de conferencias sectoriales y otras aportaciones del Estado; 152,27 millones, al Factor de Insularidad, y 31,62 millones, a aportaciones de la Unión Europea.

El techo de gasto aprobado este viernes marca el punto de partida de la negociación presupuestaria. El Govern aspira a convertir el incremento previsto de recursos en las cuentas de 2027, pero necesitará apoyos parlamentarios para sacarlas adelante. Por ahora, Costa sitúa a Vox como el socio más probable y mantiene que las conversaciones deben limitarse al contenido económico de los presupuestos.

José Carmelo Cuartero está jubilado. Tiene 68 años y es natural de Osuna. Lleva sombrero y bastón, camina con dificultad, y aunque lleva “toda la vida” en Menorca, tiene un deje inconfundiblemente andaluz en su forma de hablar. El pasado 6 de octubre decidió ponerse en huelga de hambre a las puertas del Ayuntamiento de Sant Lluís tras ser expulsado de la casa que alquilaba en una finca rústica en la urbanización de S’Algar, en el sureste insular. “Llegué a Menorca en 1976. Desde los 17 años he trabajado como pescador en una barca de arrastre. Hace unos veinte años sufrí una lesión medular en el trabajo que me dejó con un 35% de discapacidad”, explica el afectado, quien recuerda que llegó al terreno hace más de dos décadas tras llegar a un acuerdo con el anterior dueño. “El propietario falleció hace poco y en 2024 sus herederos me anunciaron que venderían la finca y que debía marcharme”, cuenta. 

Carmelo escribió su historia en un cartón grande que le acompaña en su protesta silenciosa. Señala que, tras el fallecimiento del anterior dueño, los nuevos propietarios le llevaron un acta por la cual debía abandonar el domicilio al cabo de cuatro meses, momento en el que finalizaba el contrato de alquiler. Asegura que aceptó firmarlo, pero advirtió de que, si llegado ese momento no encontraba otro lugar donde vivir, permanecería allí hasta tener una alternativa habitacional.

“Como no he encontrado nada que pueda pagar con mi escasa pensión, me quedé. Los propietarios me denunciaron y, aunque intenté acogerme a la Ley de Arrendamiento Rústico, al final no pude hacer nada”, explica el afectado, quien sostiene que el juzgado que llevaba su caso debía reconocer que su contrato de alquiler se regía por la Ley 26/2005 de Arrendamiento Rústico, en virtud de la cual se establece que “los propietarios de inmuebles alquilados bajo esa modalidad deben avisar con un año de antelación de la voluntad de poner fin al contrato; de lo contrario, este se renueva automáticamente por cinco años”.

Como no he encontrado nada que pueda pagar con mi escasa pensión, me quedé

José Carmelo — Desahuciado

Consultado sobre el caso, el abogado de oficio que asiste legalmente a José Carmelo ha declinado la propuesta de hacer declaraciones sobre las reivindicaciones de su representado. La cuestión del preaviso depende, en cualquier caso, del tipo de contrato que regía el alquiler. Si bien es cierto que la Ley de Arrendamientos Rústicos establece un plazo de un año para comunicar la no renovación de determinados contratos sujetos a esa normativa, esta disposición no se aplica automáticamente a cualquier vivienda situada en suelo rústico, por lo que su aplicación al caso de Carmelo depende de la naturaleza del contrato. Según narra en su cartón y explica a quien quiera escucharle, el acuerdo con el anterior dueño era “de palabra, como se hacían las cosas antes”. 

Pocos días después del desalojo, uno de los herederos de la finca de S’Algar denunció a José Carmelo ante la Guardia Civil por presuntas amenazas, insultos e intimidación, que, asegura, se produjeron cuando Carmelo acudió al inmueble tras el lanzamiento mientras el nuevo propietario retiraba enseres. El denunciante sostiene que Carmelo fue debidamente notificado de la no renovación del contrato y asegura que se le ofreció una compensación económica para evitar que el desahucio se ejecutara por la vía judicial. 

A pesar de que se trataba de una vivienda muy humilde, durante más de dos décadas Carmelo convirtió la finca en su hogar. “Era apenas poco más que una casa de aperos, pero yo la amoblé, la cuidé, la pinté, le puse electrodomésticos. Tenía mi huerto y hasta traje olivos de Andalucía”, lamenta el afectado, quien insiste en que la pérdida más grande es la de sus animales: un conejo, dos gatos, siete gallos y seis gallinas, que en su mayoría han quedado en manos de vecinos hasta que su amo encuentre dónde vivir. 

“Era apenas poco más que una casa de aperos, pero yo la amoblé, la cuidé, la pinté, le puse electrodomésticos. Tenía mi huerto y hasta traje olivos de Andalucía”

José Carmelo — Desahuciado

Carmelo pasó tres días viviendo en su vehículo sin poder asearse y manteniendo la huelga de hambre “Estuve ahí plantado frente al Ayuntamiento y frente a la Iglesia exigiendo alguna solución”, asegura, e insiste en la falta de disposición del Consistorio, cuyos funcionarios le ofrecieron pagarle un trastero para guardar sus cosas durante dos meses después del lanzamiento, según su versión. “Desde los servicios sociales no me pueden ofrecer nada porque dicen que tengo la posibilidad de vivir con mis hijos o con mi exmujer a quienes no veo hace décadas. No quiero volver a Andalucía. Nadie me tiene que decir a mí dónde tengo que vivir”, afirma. 

Carmelo ha dejado sus animales con unos vecinos mientras se resuelve la situación: un conejo, dos gatos, siete gallos y seis gallinas

Consultado por este medio, el Ayuntamiento de Sant Lluís ha declinado hacer declaraciones sobre el caso, alegando que “existen cuestiones que afectan a información privada protegida por la normativa de protección de datos”. 

Pasadas las primeras 72 horas de huelga, Carmelo ha confirmado que finalmente desde el municipio le consiguieron un alojamiento provisional durante 15 días. La solución temporal no resuelve, por ahora, su problema de acceso a una vivienda estable y asequible, aunque reconoce que “algo es algo”. Mientras deambula por Sant Lluís, el pueblo que le ha acogido durante veinte años, el anciano andaluz reflexiona sobre la crisis de vivienda. “Yo sé que esto no me pasa sólo a mí, todo esto es una sinrazón. No lo entiendo, pero me da igual. Ya me da igual hasta morirme”, se lamenta. 

Desde la Plataforma per l'Habitatge de Menorca advierten de que los casos de José Carmelo no son situaciones aisladas, sino una muestra de las dificultades que afrontan quienes no pueden asumir los precios del mercado inmobiliario en Menorca. Siguiendo la reflexión de Carmelo, la entidad alerta de que la falta de acceso a una vivienda puede llevar a las personas “al borde del suicidio”, debido al impacto que estas situaciones tienen en la salud física y mental, con consecuencias como ansiedad, depresión, deficiencias nutricionales y condiciones de vida insalubres. Subrayan, además, que el problema afecta a perfiles muy diversos y no únicamente a personas mayores o migrantes.

La acampada de Maó

Según datos del partido judicial de Maó, antes de la entrada en vigor el pasado 1 de octubre del decreto ley de vivienda que suspende temporalmente los desahucios, había 63 lanzamientos judiciales previstos. Dos de ellos se llegaron a ejecutar: el de Carmelo y el de una familia de origen subsahariano que, al igual que el andaluz, iniciaron una protesta frente al Ayuntamiento, en este caso, el de Maó. “No nos vamos de aquí hasta que nos den soluciones habitacionales. No pueden echarnos a la calle como perros”, declaró Thais, originaria de Guinea Ecuatorial y madre de un menor, tras ser desahuciada de una vivienda en Camí des Castell, en el centro de la capital insular. 

El desalojo de Thais y su familia puso de manifiesto las condiciones de precariedad en las que vivían entre 15 y 20 personas en el inmueble, que carecía de agua potable y presentaba graves deficiencias de salubridad. El procedimiento judicial se había iniciado en 2021, después de que los nuevos propietarios emprendieran acciones para recuperar la finca. Tras el lanzamiento, Thais y su marido de origen senegalés instalaron la primera carpa de un acampe que llegó a sumar hasta veinte vecinos en emergencia habitacional frente al Ayuntamiento de Maó para reclamar soluciones urgentes a la crisis de vivienda. 

La acampada finalmente se levantó tras una semana de actividades abiertas, jornadas de reflexión pública y mesas redondas. “Levantamos el acampe con la intención de concentrar esfuerzos de cara a la huelga general por la vivienda convocada para el próximo 11 de noviembre”, Explicaron los voceros de la Plataforma Menorca per l’Habitatge, que permanecieron acompañando a los afectados en sucesivos encuentros con los servicios sociales. Thais confirmó que provisionalmente se aloja en dependencias de Cáritas de Maó, aunque se trata de un albergue transitorio e insiste en que la falta de alternativa habitacional la obliga irremediablemente a “quedarse en la calle”. 

Finalmente, el colectivo de militantes por el derecho a la vivienda de la isla atribuye parte de esta situación a la presión de la demanda externa. “Desde hace años Menorca recibe una demanda de vivienda por parte de sectores cuya capacidad adquisitiva es muy superior a la de la población residente, lo que dificulta tanto el alquiler como la compra”, explican. Frente a esta situación defienden la implementación de medidas como “la expropiación y rehabilitación de inmuebles vacíos para destinarlos posteriormente al alquiler social”. Según el colectivo, existen hasta 156 apartamentos abandonados en el municipio de Es Castell y más de 580 viviendas vacías en Maó. “No queremos más gente sin casas, ni casas sin gente”, concluyen. 

Una inversión de 170,7 millones de euros para modernizar el Aeropuerto de Menorca ha desatado la polémica entre los trabajadores del aeródromo y Aena debido a una ausencia en la ejecución del presupuesto: a pesar de que llevan años reclamando, la empresa ha ignorado nuevamente, según los trabajadores, la necesidad de construir una nueva torre de control que sustituya a la actual –la más vieja de España en funcionamiento–. Por otra parte, las organizaciones ecologistas de la isla alertan de las consecuencias que las actuaciones pueden tener sobre la presión turística en la isla y señalan que crecerá el número de visitantes que, año a año, bate récords de afluencia. 

Las obras forman parte del DORA III, el marco que regula las inversiones y tarifas de los aeropuertos españoles, que prevé movilizar 13.000 millones de euros en todo el Estado con la promesa de “mantener la estabilidad tarifaria, la recuperación del tráfico aéreo pospandemia y la sostenibilidad medioambiental”, según la compañía. Este medio se ha contactado con AENA para conocer su versión sobre las actuaciones previstas en el Aeropuerto de Menorca y, en particular, sobre la ausencia de una nueva torre de control entre las inversiones planificadas. Al cierre de este artículo, la compañía no había respondido a las preguntas planteadas.

Según figura en el BOE, las actuaciones incluyen “mejoras en los controles de seguridad, la terminal y el campo de vuelo”, pero en ningún ítem aparece la ansiada renovación de la torre. La noticia ha sido recibida con estupor por los principales sindicatos del aeropuerto, que reclaman desde hace varios años esta mejora edilicia. Se trata de una reivindicación, que ha sido motivo de disputa entre el personal del Aeropuerto de Menorca y AENA en varias ocasiones –ha habido huelgas, paros e incluso alguna intervención performática en los últimos años–. Tras enterarse de la inversión prevista, los representantes de CCOO y USCA han vuelto a reclamar públicamente la construcción de una nueva torre y alertan de que el estado de la actual puede acabar comprometiendo la operatividad del aeropuerto. 

“El problema no es solo que la torre es vieja, sino que condiciona también la modernización de los equipos y genera limitaciones en la visibilidad”, comenta Cristina Llobet, delegada de USCA en Menorca. La controladora explica que las características físicas de la torre impiden sustituir y actualizar parte de la tecnología necesaria para controlar el tráfico aéreo y que algunos equipos son tan antiguos que ya no disponen de repuestos. La torre fue inaugurada en 1968. Se trata de la infraestructura aérea en uso más vieja del país. Según un estudio realizado en 2014 por la empresa Investigación y Control S.A. (Incosa) a petición de AENA, la vida útil de la torre de control del Aeropuerto de Menorca finalizó en 2019 con una prórroga in extremis hasta 2024. Desde entonces se han anunciado diversos planes para sustituirla, incluyendo una torre virtual dirigida con Inteligencia Artificial, aunque nunca se llegó a concretar nada. 

La torre fue inaugurada en 1968 y, según la controladora Cristina Llobet, sus características físicas impiden sustituir y actualizar parte de la tecnología necesaria para controlar el tráfico aéreo y algunos equipos son tan antiguos que ya no disponen de repuestos

El deterioro de la infraestructura no es solamente un reclamo histórico y una necesidad estructural del Aeropuerto, sino una cuestión de salud pública. Según han denunciado los trabajadores, en lo que va de año la torre ha sufrido varios incidentes: en febrero, un temporal provocó el desprendimiento de varias placas de su fachada, en mayo una fuga de aguas fecales durante unas obras en el baño reveló antiguas tuberías de uralita con amianto, una sustancia cancerígena. “La presencia de amianto en estas instalaciones supone un riesgo grave para la salud de los trabajadores que desempeñan sus funciones en el recinto”, aseguran desde CCOO a través de un comunicado. Más recientemente, en septiembre, las lluvias provocaron filtraciones de agua que llegaron hasta equipos electrónicos y posiciones de control, obligando a AENA a realizar reparaciones urgentes en la cubierta.

Consenso político

Pero las exigencias y pedidos sobre una nueva torre de control no se quedan sólo en el plano sindical. El pasado mes de septiembre la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso aprobó, con 31 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, una Proposición No de Ley presentada por el diputado de Sumar, Fèlix Alonso Cantorné, para reclamar al Gobierno y a Aena la construcción de una nueva torre física. “El problema no es el dinero: el próximo DORA III contempla más de 170 millones de euros en mejoras, cuando el coste de la torre es de 7 millones”, destaca Alonso, quien considera que “las modificaciones aéreas, los avances tecnológicos y el volumen de vuelos hacen imprescindible construir una nueva torre de control”. El diputado insiste en que la sustitución de la torre no responde a una cuestión estética, sino de “seguridad operativa”, especialmente después de la fuerte tormenta del pasado 21 de agosto. 

Poco después de la votación en el Congreso de los Diputados, representantes de CCOO y USCA se reunieron con el presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca. Sindicatos y gobierno local también coincidieron en reclamar una nueva torre de control física y en cuestionar que esta infraestructura no figure entre las actuaciones previstas en el plan de mejoras, mientras sí se contemplan obras destinadas a ampliar distintas capacidades del aeropuerto. “No podemos entender que se planteen inversiones para aumentar la capacidad del aeropuerto mientras una demanda tan importante para Menorca como es una nueva torre de control física continúa sin respuesta”, afirmó el presidente tras el encuentro.

Por otro lado, a nivel autonómico el consenso también parece total. El Parlament ha aprobado este martes por unanimidad reclamar al Gobierno central la construcción de la torre, a través de una proposición no de ley presentada por el diputado de Unidas Podemos José María García. La iniciativa ha contado con el respaldo de todos los grupos parlamentarios. La diputada socialista Verónica Llufriu ha defendido que la torre está obsoleta y que su rehabilitación no es viable, mientras que el popular Salomé Cabrera ha advertido de que una avería podría obligar a interrumpir el tráfico aéreo. Desde MÉS per Mallorca, Ferran Rosa ha criticado el desinterés del Gobierno central, y Vox ha respaldado la construcción al considerar la torre una infraestructura estratégica para la isla. “No es un lujo, es una necesidad”, ha concluido Cabrera.

Cabe destacar que, en 2019, a poco de cumplirse el plazo que marcaba el fin de la vida útil de la torre actual, AENA anunció un proyecto para reemplazarla por una “torre remota”. Se trataba de un sistema de “visión artificial autónoma” que evitaría la construcción de un edificio de control tradicional y la sustituiría por un sofisticado equipo de cámaras e inteligencia artificial, con el que se monitorizaría la entrada y salida de aviones de forma virtual. En 2023, AENA reconoció que el proyecto se encontraba en fase de prueba, aunque finalmente no prosperó y, hasta la fecha, no ha sido implementado ni existe una propuesta concreta sobre qué hacer con la torre de control.

Polémica ambiental

Las dudas y críticas en lo que se refiere a las actuaciones previstas por Aena no se quedan sólo en el plano sindical o edilicio. El GOB de Menorca también ha denunciado que las inversiones del Plan DORA III van mucho más allá de satisfacer las necesidades de conectividad y seguridad que esgrime la gestión del aeródromo. “Las inversiones aumentan objetivamente la capacidad operativa del aeropuerto”, ha señalado Miquel Camps, coordinador territorial de la entidad. La organización señala que las reformas generarán “un incremento de 4.283.900 pasajeros –los recibidos en la temporada 2027– a 4.449.300 en 2031, es decir, unos 165.000 pasajeros más al año, además de unas 1.700 operaciones adicionales”, aducen los ecologistas citando cifras del ministerio de Transportes. 

[Las reformas de AENA generarán] un incremento de unos 165.000 pasajeros más al año, además de unas 1.700 operaciones adicionales

Miquel Camps — GOB Menorca

Aena por su parte publicó un comunicado señalando que las actuaciones “no crean la demanda” que aumentaría el número de pasajeros, sin embargo, el GOB advierte que las mismas facilitan la masificación, al igual que ocurre con los aparcamientos de las playas de la isla. Asimismo, los ecologistas distinguen entre las inversiones necesarias por motivos de seguridad o comodidad y aquellas destinadas a atender un eventual mayor flujo de pasajeros.

Finalmente, los ecologistas también cuestionan el argumento de AENA de que su actividad responde “únicamente a la demanda existente” y apunta a los intereses económicos vinculados al crecimiento del tráfico aéreo. Según Miquel Camps, el tráfico tiene un peso significativo en los resultados de AENA y limitar el crecimiento previsto en los aeropuertos de Balears supondría, según una estimación del Ministerio citada por la organización, una reducción de ingresos aeroportuarios de 231 millones de euros entre 2027 y 2031.

En este sentido, el coordinador territorial de la organización ecologista considera que el debate sobre las inversiones aeroportuarias está condicionado por “fuertes intereses económicos que, como es evidente, no siempre concuerdan con los de la población local”. En este contexto, reclama que las inversiones del aeropuerto eliminen las actuaciones orientadas a atender un mayor flujo de pasajeros y que Menorca deje de incrementar la presión turística sobre recursos como el agua, la vivienda y los residuos.

Un juez ha suspendido a última hora el lanzamiento de una familia con tres menores de edad en Palma, después de que Stop Desahucios Mallorca alertara de su situación. Una de las niñas tiene diagnosticado trastorno del espectro autista (TEA) de grado tres y el menor de los hijos está siendo evaluado por la misma condición, según ha explicado el portavoz de la entidad, Joan Segura.

Una docena de activistas se ha concentrado esta mañana para acompañar a la familia ante el lanzamiento previsto. La suspensión judicial se ha confirmado con escaso margen, como ha denunciado Segura, que ha recriminado las dificultades que afrontan las familias vulnerabilizadas ante los procedimientos de desahucio.

El proceso se inició después de que uno de los miembros de la familia perdiera su empleo. La indemnización por despido llegó una vez vencido el plazo para abonar el alquiler, lo que derivó en la resolución del contrato y en el procedimiento para recuperar la vivienda.

El inmueble está arrendado por una empresa que, según Stop Desahucios, está vinculada a un empresario propietario de una academia de idiomas y de otros pisos. La entidad cuestiona que la sociedad haya sido considerada pequeña tenedora y sostiene que la fragmentación de las propiedades entre distintas personas jurídicas permite eludir la consideración de gran tenedor.

La empresa se personó en el procedimiento como pequeña tenedora y aportó un certificado del Registro de la Propiedad para acreditar que no tiene viviendas a su nombre. Segura asegura, sin embargo, que el inmueble se alquila como vivienda pese a tratarse de un local, una situación que, según afirma, podría ser sancionable por la Administración autonómica.

Stop Desahucios reclama mediación y una alternativa habitacional

Stop Desahucios Mallorca sostiene que el procedimiento debería continuar suspendido al amparo de las medidas extraordinarias de protección frente a los desahucios aprobadas en 2020. La entidad invoca la disposición adicional tercera y defiende que la reanudación del lanzamiento debe ir precedida de un proceso de mediación que permita alcanzar un acuerdo entre las partes o encontrar una alternativa habitacional.

“No se están haciendo mediaciones ni ofreciendo alternativas”, ha denunciado Segura. El portavoz asegura que, en algunos casos en los que se consigue paralizar un desahucio de un gran tenedor, la propiedad opta por vender el inmueble en lugar de abrir una negociación con los inquilinos.

La organización considera que este caso debería permanecer suspendido hasta 2030 y plantea también la posibilidad de que la familia pueda acogerse a las nuevas medidas de protección en materia de vivienda, a las que Segura se ha referido como el 'decreto Maricarmen'. No obstante, ha advertido de que todavía es pronto para determinar cómo podrían aplicarse a esta situación.

El portavoz de Stop Desahucios considera que los nuevos decretos aprobados por el Gobierno pueden ofrecer cierto alivio a las familias afectadas, aunque advierte de sus limitaciones: “Probablemente sean de los mejores paliativos que ha ofrecido el Gobierno durante la legislatura, pero no dejan de ser paliativos”.

El Pacto Social y Político por la Sostenibilitat Económica, Social y Ambiental de Balears nació el 22 de mayo de 2024 con una puesta en escena a la altura de la transformación que prometía. Aquel gran acuerdo destinado, según el Govern, a cambiar el rumbo de las islas reunió en su presentación a representantes de más de 140 entidades políticas, sociales y económicas que, bajo el mismo techo, se conjuraban para convertir en realidad una hoja de ruta llamada a conducir el archipiélago hacia la sostenibilidad y el bienestar como nunca antes se había hecho. “Aquello parecía una boda”, recuerda con ironía uno de los participantes que aún continúa dentro del proceso. La imagen no era menor: la ceremonia escenificaba un compromiso colectivo que aspiraba, al menos sobre el papel, a marcar un antes y un después en la historia de las islas.

Dos años después, y a pesar de los grandes anuncios y de la solemnidad con la que se presentó aquella alianza, la fotografía ha cambiado radicalmente: partidos, organizaciones sociales y entidades que participaron en su lanzamiento han abandonado el proceso y miles de personas se han echado a las calles en multitudinarias e históricas movilizaciones para protestar contra la turistificación y el creciente deterioro de las condiciones de vida de la población residente. Pese a ello, el Ejecutivo de Marga Prohens (PP) continúa defendiendo la vigencia de aquel acuerdo y reivindica un proceso que nació como un gran espacio de consenso. La lista de quienes se han descolgado y el rastro de lo que ha quedado por hacer, sin embargo, cuentan otra historia.

En una comunidad autónoma donde la escalada de precios que está expulsando a cientos de residentes, hacinando a otros en infraviviendas y caravanas y transformando barrios enteros, y donde la creciente presión turística tensiona infraestructuras, playas, recursos hídricos y espacios naturales, el Pacto por la Sostenibilidad afronta el reproche de haber quedado en un ejercicio de diagnóstico y participación sin traducción en políticas clave dirigidas a avanzar hacia el decrecimiento. No en vano, unas 70.000 personas -según cifras de los organizadores- salieron a la calle el pasado 26 de julio para denunciar un modelo económico que consideran cada vez más incompatible con el derecho a una vivienda hogar, la conservación del territorio y el bienestar de quienes viven en las islas.

El hermetismo que rodea el estado actual del Pacto por la Sostenibilidad es otra de las críticas que planean sobre el proceso. Ante la ausencia de un balance público que permita evaluar su recorrido y sus efectos, la oposición quiso poner negro sobre blanco en qué punto se encuentra el proceso y reclamó la comparecencia del director general de Diálogo Social y Transición Económica, José Antonio Caldés, para que diera explicaciones en el Parlament. El pasado mes de septiembre, PP y Vox votaron en contra de la solicitud de cursada por el Grupo Socialista, bloqueando así la posibilidad de que el Govern rindiera cuentas ante la Cámara.

La factura del Pacto

El Pacto por la Sostenibilidad no solo ha dejado tras de sí anuncios, reuniones y documentos estratégicos. También ha generado una factura con cargo a las arcas públicas. Aunque no existe un balance público que permita conocer cuánto ha costado en conjunto el proceso, la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es permite reconstruir el gasto de al menos 230.729 euros en publicidad y contratos directamente vinculados al proceso, a los que se añaden otros 55.000 euros en subvenciones.

La documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es permite reconstruir el gasto de al menos 230.729 euros en publicidad y contratos directamente vinculados al proceso, a los que se añaden otros 55.000 euros en subvenciones

La primera factura llegó antes de que existiera una hoja de ruta definitiva. El Govern adjudicó a Wireless DNA SL el desarrollo de la plataforma digital para recoger las aportaciones ciudadanas por 14.700 euros sin IVA, 17.787 euros en total. El portal estuvo operativo entre julio y octubre de 2024 y canalizó cerca de 500 aportaciones de la ciudadanía hacia los grupos de trabajo. Fue una de las herramientas centrales de participación de la primera fase y uno de los gastos que pueden atribuirse directamente a la puesta en marcha del Pacto.

Pero la partida más abultada no fue la de participación, sino la de publicidad. Los registros de contratación permiten identificar 206.517 euros destinados a anuncios y acciones publicitarias en prensa escrita, radio, televisión y medios digitales. La inversión en difusión supera ampliamente el coste de la plataforma ciudadana y constituye el principal desembolso identificado hasta ahora. La cifra permite dimensionar el esfuerzo económico dedicado a dar visibilidad al proceso, aunque no acredita por sí sola su alcance ni sus resultados.

Otra de las partidas documentadas corresponde a la impresión de las 'Bases de la Agenda de la Transición', el documento de más de 350 páginas presentado en febrero de 2025 como resultado del trabajo desarrollado durante la primera fase del Pacto. El contrato para imprimir 300 ejemplares se adjudicó a la fundación Amadip Esment por 6.425,10 euros, IVA incluido. El documento recogía los objetivos estratégicos y de desarrollo que el Ejecutivo presentó como hoja de ruta para avanzar hacia la transformación del modelo económico balear.

El Govern ha concedido, además, 55.000 euros en subvenciones a la Universitat de les Illes Balears (UIB) para las dos convocatorias de los Premios Agenda de Transición: 30.000 euros en 2025 y otros 25.000 en 2026. Si se incorporan a la cifra anterior, el dinero público directamente identificable relacionado con el proceso y sus actuaciones derivadas asciende a 285.729 euros.

A finales de 2024, cuando la oposición preguntó al Govern por las contrataciones realizadas para poner en marcha el Pacto, el Ejecutivo aseguró que el trabajo de las mesas con las entidades se había desarrollado con “recursos internos” y que la única contratación efectuada hasta entonces era la asistencia informática para la plataforma de participación. Sin embargo, el uso de personal propio no significa que esa parte del proceso careciera de coste: la Administración no ha publicado una estimación de las horas de trabajo dedicadas ni de su importe económico.

El Ejecutivo ha gastado 17.787 euros para el desarrollo de una plataforma digital activa durante varios meses, 206.517 euros en acciones publicitarias en medios de comunicación, 6.425,10 euros en imprimir las 'Bases de la Agenda de la Transición' y 55.000 euros para la UIB para dos convocatorias de los Premios Agenda de Transición

La factura publicitaria, además, deja una incógnita. En su respuesta al Parlament, el Ejecutivo explicó que los criterios para seleccionar los medios -audiencia, coste económico y alcance territorial- habían sido definidos por la agencia de comunicación contratada por la Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balears (AETIB). Esta disponía de un contrato general de imagen y comunicación para 2024, con un presupuesto base de 1,67 millones de euros, que incluía servicios como la compra de espacios publicitarios y la gestión de medios.

El propio sistema de contratación pública introduce una dificultad para reconstruir el coste global del Pacto. Los registros no permiten conocer necesariamente todos los gastos inferiores a 5.000 euros que pueden tramitarse como gastos menores y quedar fuera de la publicación ordinaria, lo que impide determinar si hubo desembolsos específicos para trabajos de diseño, producción audiovisual, fotografía, maquetación, organización de actos, alquiler de espacios u otros servicios puntuales relacionados con el proceso.

elDiario.es se ha puesto en contacto con el Govern para conocer qué medidas concretas se han aprobado o puesto en marcha como consecuencia directa del Pacto y qué resultados tangibles pueden atribuirse exclusivamente a este proceso, pero no ha obtenido respuesta en el momento de publicación de este reportaje. Entre otras cuestiones, este periódico preguntaba al Ejecutivo solicitaba información sobre la composición actual del Pacto, sobre el coste global del proceso y posibles gastos adicionales, y si considera necesario que el responsable político directo del Pacto dé cuenta públicamente de su desarrollo y resultados después de que PP y Vox bloquearan su comparecencia.

Los registros no permiten conocer necesariamente todos los gastos inferiores a 5.000 euros que pueden tramitarse como gastos menores y quedar fuera de la publicación ordinaria

El proceso se desinfla

El contraste entre el lanzamiento y la situación actual es especialmente significativo. En mayo de 2024, el Govern hablaba de la participación de más de 140 entidades. Antoni Riera, catedrático de Economía Aplicada de la UIB y director técnico de la Fundació Impulsa, fue presentado como coordinador técnico del proceso. Un mes después, Prohens presentó las líneas de trabajo de las mesas con la voluntad de convertir el proceso en una estructura estable.

La primera fase se articuló en 12 grupos de trabajo y culminó en febrero de 2025 con la presentación de las 'Bases de la Agenda de Transición', un documento de más de 350 páginas que identificaba 247 factores determinantes y fijaba 59 objetivos estratégicos y 65 objetivos de desarrollo para avanzar, en palabras de la presidenta del Govern, hacia la “sostenibilidad económica, social y ambiental” de Balears.

Prohens convirtió el documento en la principal carta de presentación del Pacto y llegó a entregárselo al rey durante su visita a Palma. En declaraciones a los medios tras el encuentro con el monarca, reivindicó “esta manera pionera que tenemos de trabajar y de pensar más allá de una legislatura” y calificó el proceso de transformación de “único en toda España y pionero en el resto de regiones europeas”.

No hizo mención en ningún momento del diagnóstico integral que el archipiélago ya tenía trazado en 2019, avalado por más de 60 científicos (biólogos, físicos, economistas, juristas, ingenieros, especialistas en inteligencia artificial y geógrafos, entre otros) de la Universitat de les Illes Balears (UIB) que, con el visto bueno de reconocidos asesores externos, pusieron sobre la mesa los retos a los que se enfrentaban las islas a nivel económico, laboral, social y medioambiental y sentaron las bases para afrontarlos. Aquel documento, que contó con la participación de más de 400 personas, fue, además, refrendado por el Consejo Económico y Social (CES) en Bruselas.

Desbandada de organizaciones sociales y civiles

Para cuando Prohens presentó las 'Bases de la Agenda de Transición', el Pacto ya había perdido gran parte de la pluralidad política y social con la que había arrancado. El Fòrum de la Societat Civil suspendió su participación, el GOB -una de las principales entidades ecologistas de Balears- abandonó el proceso y, posteriormente, hicieron lo propio los principales partidos de la oposición de izquierdas. El PSIB-PSOE justificó su salida por la falta de ambición, diálogo y transparencia, Més per Mallorca cuestionó la metodología y Més per Menorca se desvinculó justo antes de la presentación de las conclusiones.

La desbandada dejó el acuerdo huérfano de las organizaciones sociales, ecologistas y políticas que debían dar contenido a su vocación de consenso, y abrió interrogantes sobre su capacidad para representar una visión verdaderamente compartida del futuro de las islas. El gran pacto de país que Prohens había presentado como una apuesta transversal para transformar el modelo económico llegaba así a su primera gran culminación con una fractura cada vez más evidente entre la ambición proclamada y la participación real.

La segunda fase, concebida para convertir los objetivos del diagnóstico en medidas concretas, arrancó el 24 de marzo de 2025 y reorganizó los 12 grupos iniciales en cinco grupos más reducidos. El Govern anunció, además, que dotaría al proceso de una estructura permanente. Desde entonces, parte de las actuaciones difundidas por el Govern bajo el paraguas del Pacto son medidas o iniciativas sectoriales propias, en palabras de la oposición, de la actividad ordinaria de una Administración.

Entre ellas aparecen programas de empleo, ayudas, proyectos de formación, actuaciones en playas, políticas de economía circular, iniciativas empresariales o la gestión de fondos turísticos que contrastan con la ambición con la que nació el proceso. El Pacto debía servir para acordar cómo cambiar el modelo económico, social y ambiental de las islas; dos años después, su rastro comunicativo aparece más ligado a decisiones fragmentadas que a grandes decisiones nacidas de este espacio.

El Pacto debía servir para acordar cómo cambiar el modelo económico, social y ambiental de las islas; dos años después, su rastro comunicativo aparece más ligado a decisiones fragmentadas que a grandes decisiones nacidas de este espacio

“Mucho papel, pero pocas soluciones para los trabajadores”

Uno de los representantes que continúa dentro del Pacto es José García-Relucio, secretario general de la Federación de Servicios de UGT en Balears, quien, en declaraciones a elDiario.es, lamenta que la segunda fase del Pacto por la Sostenibilidad está paralizada desde hace meses. “Desde antes del verano no ha habido ninguna reunión, ninguna noticia ni ningún avance”, señala el responsable sindical, quien expresa su “decepción” por el desinflamiento de un proceso llamado a transformar la economía de las islas.

Desde antes del verano no ha habido ninguna reunión, ninguna noticia ni ningún avance

José García-Relucio — Secretario general de la Federación de Servicios de UGT en Balears

García-Relucio asevera que el proceso ha acumulado “mucho papel e intercambio de información”, pero no ha servido para avanzar en cuestiones fundamentales para los trabajadores, entre las que la emergencia habitacional, especialmente grave en el sector turístico, donde los empleados que llegan a las islas para incorporarse a sus puestos de trabajo, incluidos trabajadores temporales, se encuentran con enormes dificultades para acceder a una vivienda. “Se les acaba dando una cama en una habitación compartida, sin unas condiciones mínimas que les permitan tener privacidad”, denuncia. El sindicato plantea que el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) se destine prioritariamente a paliar esta situación y financiar vivienda para los trabajadores, pero el Govern no ha atendido a su propuesta.

Aunque reconoce algunas iniciativas, como los 600.000 euros con cargo al ITS destinados a fomentar la contratación de personas con discapacidad en el sector turístico, recuerda que se trata de una obligación que ya contempla la legislación. “No se está haciendo lo que se debería hacer para atender la realidad actual de los trabajadores”, lamenta. García Relucio se muestra especialmente crítico con las dificultades para conciliar la vida laboral y familiar y apunta que, en algunos casos, las alternativas pasan por pagar 600 euros o renunciar a días libres. “Estamos muy decepcionados”, resume.

La patronal: “Necesitamos acuerdos globales”

Desde la patronal, la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (Pimem) respaldó el Pacto desde el principio porque, a juicio de su presidente, Toni Fuster, afrontar el cambio de modelo y los retos turísticos, ambientales y climáticos exige un acuerdo amplio, tanto político como social. En declaraciones a elDiario.es, explica que participó en las distintas mesas y considera que el proceso permitió alcanzar “un diagnóstico más o menos consensuado”. Pero ahí, sostiene Fuster, terminó lo que debía ser el principio de la transformación: “A partir de este diagnóstico no ha servido para lo más importante, para tomar decisiones”. En su opinión, el Pacto ha quedado atrapado entre el diagnóstico y la acción, cuando precisamente su razón de ser era convertir ese consenso en medidas concretas.

A partir de este diagnóstico no ha servido para lo más importante, para tomar decisiones. Este último año, prácticamente no se han tomado decisiones, seguramente también por falta de consenso político

Toni Fuster — Presidente de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (Pimem)

Fuster atribuye el estancamiento del último año también a la falta de acuerdo político y reclama un esfuerzo tanto al Govern como a la oposición: “Este último año, prácticamente no se han tomado decisiones, seguramente también por falta de consenso político”. Pese al desgaste del proceso, Pimem no plantea darlo por zanjado: “El origen, el germen de este Pacto por la Sostenibilidad, ha de seguir adelante”, ya sea con la misma estructura o con otra. Pero el mensaje de Fuster es de urgencia: “Necesitamos acuerdos globales para tomar decisiones. Las tenemos que tomar ya y las tenemos que hacer de manera consensuada”.

elDiario.es se ha puesto en contacto con la otra patronal presente en el proceso, la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), pero prefieren mostrarse cautelosos a la espera de la próxima reunión del Pacto.

Antoni Riera reivindica el trabajo de diagnóstico

Preguntado sobre el desarrollo del proceso, Antoni Riera, quien coordinó la primera fase del Pacto, reivindica el trabajo de diagnóstico y planificación recogido en las 'Bases de la Agenda de Transición'. Su argumentación se apoya en los factores identificados, los objetivos formulados y las posibles líneas de actuación, pero no entra a valorar qué medidas se han puesto efectivamente en marcha, cuáles han quedado en el papel ni hasta qué punto han condicionado las decisiones del Govern. El economista defiende que el trabajo desarrollado debe valorarse a partir de aquel documento y no únicamente por la existencia de mesas sectoriales o por las decisiones políticas adoptadas posteriormente.

Riera sostiene que las Bases se diseñaron desde una perspectiva sistémica, en lugar de dividir las políticas públicas en ámbitos estancos, para abordar las interdependencias entre turismo, economía, sociedad y medio ambiente. “Las Bases abandonan la planificación y gestión desde compartimentos estancos y, con esta finalidad, integran las 12 áreas de reflexión-acción bajo un enfoque sistémico que alinea objetivos y prioridades, evita la fragmentación y fomenta la complementariedad de estrategias y planes de acción”, señala, citando el documento. A su juicio, por tanto, la ausencia de una mesa específica sobre una determinada materia no significa necesariamente que esta quedara fuera del análisis.

El director de la Fundación Impulsa subraya que cuestiones como la saturación turística y el acceso a la vivienda sí aparecen recogidas en la hoja de ruta. Entre los cinco grandes objetivos de transición, las Bases incluyen “establecer mecanismos para controlar la capacidad de carga y evitar la saturación de recursos básicos”. También incorporan como objetivo estratégico “garantizar un acceso equitativo a la vivienda” y plantean medidas transversales como “la limitación de la conversión de viviendas en alojamientos turísticos, la regulación del crecimiento de la oferta hotelera y mecanismos de redistribución”. Riera defiende que estas referencias permiten identificar el alcance del diagnóstico elaborado, aunque insiste en que la formulación de objetivos no debe confundirse con su aplicación efectiva: una cosa es que las medidas figuren en el documento y otra, distinta, que se traduzcan en decisiones políticas.

Como resultado concreto de la primera fase, Riera destaca la identificación de 247 factores determinantes en las 12 áreas de trabajo, el análisis de sus interrelaciones y la formulación de 59 objetivos estratégicos y 65 objetivos de desarrollo. “La combinación de participación multiactor, análisis basado en evidencia y evaluación de interdependencias permitió construir una propuesta integrada que trasciende los planteamientos sectoriales habituales”, sostiene.

El propio documento, recuerda, dejaba para etapas posteriores la definición de líneas de acción concretas y el desarrollo de mecanismos de seguimiento y revisión. Por ello, considera que la valoración de las decisiones adoptadas después, el grado de ejecución de los objetivos y la evolución de la participación corresponde a un análisis distinto del trabajo técnico que coordinó.

Desde el Govern responden a las críticas reivindicando que el Pacte sigue “vivo” y “abierto a todo el mundo”. Lo manifestó la semana pasada la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, quien, a preguntas del diputado socialista Llorenç Pou, manifestó que “decenas de entidades” siguen trabajando “semana tras semana” en un proceso que, según sostuvo, ha permitido realizar un análisis “con rigor”. Cabrer situó entre sus resultados la tramitación de la ley de protección del litoral y el proyecto de ley agraria, además de debates sobre ayudas para prevenir la siniestralidad laboral, contratar a personas con discapacidad o impulsar la desestacionalización.

“Crecimiento cero” mientras se libera suelo

El Govern reivindicó también como uno de los frutos del Pacte el decreto de contención turística, al que Cabrer atribuyó una “importancia fundamental” por plantear un “crecimiento cero” de las plazas turísticas y combatir la oferta ilegal. La consellera sostuvo además que Balears debe “poner límites” porque “no puede crecer en volumen”, pero “sí en valor”.

Las explicaciones del Ejecutivo contrastan, sin embargo, con las medidas a las que PP y Vox han dado luz verde a lo largo de la legislatura, como la ley de liberalización del suelo, que permite transformar determinadas áreas de transición -hasta ahora rústicas- en urbanizables y facilita nuevas edificaciones en determinados municipios. La misma norma abrió además la puerta a legalizar construcciones irregulares prescritas en suelo rústico de la Serra de Tramuntana, incluso en áreas de máxima protección.

En cuanto al decreto de contención, el texto prohíbe nuevas plazas en viviendas plurifamiliares y endurece la persecución de la oferta ilegal, pero blinda un enorme parque de plazas existentes, cuyo auge, a juicio de las entidades sociales, ha disparado -junto a la especulación inmobiliaria, la compra masiva por parte de extranjeros de alto poder adquisitivo y la avidez de los fondos buitre- los precios de la vivienda, provocando que numerosos residentes se vean expulsados de sus barrios.

En paralelo, el PP llegó a plantear subir el ITS entre un 66% y un 200% en verano, pero la presión de los hoteleros y Vox tumbó la medida. A cambio de su apoyo al decreto, los populares ampliaron hasta 500 las plazas turísticas permitidas en edificios catalogados situados en suelo urbano o rústico común.

El PSIB-PSOE acusa al Govern de convertir el Pacto de Sostenibilidad en su “proyecto estrella” sin ofrecer explicaciones sobre su funcionamiento y resumió su balance con una expresión especialmente contundente: “se cogió la bandera del decrecimiento para después abandonarla”.

Por su parte, Més per Mallorca y Més per Menorca han terminado situándose fuera de un proceso que consideran incapaz de traducir el diagnóstico en medidas concretas. El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, reclama un “cambio económico sostenible que deje de favorecer a unos pocos”, políticas de vivienda y avanzar hacia el decrecimiento “en un territorio en que los recursos naturales no bastan”.

La historia de Casa Lola, una villa propiedad de la polémica empresaria Paquita Sánchez Ordóñez, parece interminable si se rebobina hacia el pasado y si se proyecta hacia el futuro: los líos judiciales derivados de las infracciones urbanísticas, las operaciones policiales y la intrahistoria entre sus paredes –un incendio mortal y una denuncia por agresión sexual– se asemejan a una tergiversada novela con personajes dostoievskianos. 

Sobre la puerta cuelga ahora mismo un candado, dorado, reluciente, de considerables dimensiones que cierra el paso. Desde abril –cuando se produjeron varios desalojos en la isla–, la mansión había estado ocupada por más de 200 personas. Hasta hace diez días, cuando el Juzgado de Instrucción número 2 de Eivissa ordenó el desmantelamiento de las barracas.

El nombre de Casa Lola lleva mucho tiempo apareciendo en la prensa local, nacional e incluso internacional. Durante una temporada, la casa donde se celebraban las fiestas que reunían al famoseo y a la alta sociedad que veraneaba en Eivissa aparecía en las páginas de distintas secciones. Sobre todo, cuando se descubrió que era ilegal y que no se había pedido licencia para construirla. Esto motivó, años más tarde, en una orden de demolición que se hizo efectiva –tras años de proceso judicial– el 9 de agosto de 2022. 

Así, su propietaria Francisca Sánchez Ordóñez –o Paquita Marsan, como más se la conoce– ha sido bautizada como la “casera de los famosos”. Esta empresaria del sector inmobiliario y turístico, que también es una 'celebrity' en su lugar natal, Málaga, ha alcanzado un patrimonio económico elevado gracias a la actividad de alquiler, en algunos casos irregularmente –según el Consell d'Eivissa– sus villas a gente reconocida y adinerada. También ha presumido en varias ocasiones de mantener una amistad con los expresidentes Felipe González y José María Aznar. Este diario se ha intentado poner en contacto con la propietaria por vía telefónica sin recibir respuesta en el momento en que se publica esta información.

Solo 17 personas en el interior

“Ahora [desde que la Justicia anunció el desalojo] cerramos cada día la puerta”, señala Pablo, un trabajador de origen uruguayo y de los pocos que sigue viviendo en el interior de la antigua villa de lujo. Las infraviviendas se fueron extendiendo en el interior hasta albergar a más de dos centenares de moradores de distintas nacionalidades. Principalmente, paraguayos, españoles, ecuatorianos y marroquíes, señala este interlocutor a elDiario.es. “De 220, solo quedamos 17”, asegura el hombre.

Se trata de una finca de 9.326 metros cuadrados con diversas instalaciones: bungalows, piscinas y terrazas sobre las que pende una orden de demolición. Todos estos servicios, pero, han quedado relegados en los últimos años en los que el lugar ha sido sometido a un estado de semiabandono. De hecho, los moradores dicen que hay mucha basura dentro. Desde el exterior, es imposible de testificar, solo se aprecia una silla de camping al lado de la caravana donde aún hay restos de comfort; alguien la utilizaba hasta hace poco de hogar. 

El desvío desde la carretera deja claro donde se ubica la finca. Sobre una piedra, en pintura negra, se lee: “Lola”. La nomenclatura se rodea de varios corazones dibujados sobre el mismo objeto natural. Pablo lleva cuatro meses viviendo en el interior de este inmueble. Su amigo, quien le recomendó el sitio para instalarse mientras ejercía sus funciones como peón en una empresa de construcción en el puerto de Eivissa, llevaba dentro dos años. 

No tienen ni idea de cuándo se producirá el desalojo, lo que sí saben es que la mayoría de los inquilinos –que pagaban un importe de entre 200 y 300 euros por vivir en el terreno, aunque se desconoce exactamente a quién– se han marchado a otro territorio que no ubica muy bien en el mapa. “Cerca del kilómetro 4 [de la carretera de Sant Josep], después de la rotonda, a unos 150 metros girando por ahí a la izquierda”, indica dubitativo.

Los inquilinos pagaban un importe de entre 200 y 300 euros por vivir en el terreno, aunque se desconoce exactamente a quién

De mansión de lujo a asentamiento

Es lo que lleva sucediendo en la isla desde que se iniciara, hace unos años, el drama de la vivienda que no remite: tras un desalojo, se produce una migración a otro lugar –público o privado– donde se vuelven a reproducir las infraviviendas. Pablo desconoce, sin embargo, si este otro terreno donde están ahora sus antiguos compañeros pertenece a la propietaria de Casa Lola. 

Por otro lado, esta villa de es Cubells no es el único lugar en propiedad que la malagueña tiene ocupado. Si no que el problema que sacude la mansión también lo tenía, la temporada pasada, en unos antiguos apartamentos de es Canar conocidos como ‘El Rancho’ y este verano en un solar de Cala de Bou donde proyecta por lo menos una veintena de pisos. El pasado julio, además, la Policía desmanteló una fiesta ilegal con más de 250 personas organizada en otro de sus inmuebles, Casa Paola, ubicado en el mismo municipio de Sant Josep.

Sánchez Ordóñez no ha hablado directamente con los habitantes de la antigua villa. Es uno de los ocupantes, de origen colombiano, que continúa instalado allí, quien gestiona —o gestionaba— un alquiler ilegal con los habitantes del interior del asentamiento, señala el abogado de la empresaria, Juan Carlos Rodríguez Tur, a elDiario.es. Rodríguez explica que todavía no hay una fecha fijada para el desalojo, una tarea que corresponde a la Policía Judicial de la Guardia Civil y a la Policía Local de Sant Josep. Ahora mismo, ambos cuerpos de seguridad están preparando el dispositivo policial, «nada fácil».

De momento, las 17 personas que continúan en la propiedad de Marsan pasan la noche en un domicilio situado justo a la izquierda del portón de entrada. En la planta superior hay una terraza junto a la que todavía hay aparcada una caravana. Justo al lado, hay una nevera en el exterior. «Ya no duerme nadie allí, nos ha prohibido vivir en los vehículos o en las tiendas de campaña», aclara Pablo, aunque no especifica quién. La petición llegó después de recibir la orden de desalojo del juez, hace menos de dos semanas.

'Nos han prohibido vivir en los vehículos o en las tiendas de campaña', aclara Pablo

Un incendio mortal posiblemente intencionado

Las campanas de desalojo sonaron inmediatamente después de que se produjera un incendio –que la Guardia Civil investiga si fue intencionado–, en una de las chabolas el pasado domingo 27 de septiembre que acabó con la vida de un hombre de 48 años. Los agentes mantienen, de momento, abiertas todas las hipótesis y no han descartado la vía criminal, señalan a elDiario.es.

Las llamas se produjeron la madrugada de un domingo, cuando los servicios de seguridad y de emergencia, tras recibir el aviso sobre las 7 horas, se dirigieron de inmediato a la villa de es Cubells. Horas después, alrededor de las cinco de la tarde, la víctima, de nacionalidad paraguaya, falleció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Can Misses. 

Las heridas críticas provocadas durante el fuego, que afectaron al 90% de su cuerpo, le hicieron ingresar en el centro hospitalario con diagnóstico de gran quemado, lo que impidió que se pudiera hacer nada para salvarle la vida.

El auto del desalojo fue dictado el pasado miércoles por el juez sustituto José Antonio Martínez Moya. Entonces, el juzgado de la Sección de Instrucción 2 del Tribunal de Instancia de Eivissa estableció, como medida cautelar, la expulsión de los ocupantes de la villa y la restitución de la posesión a la empresa propietaria, Inversiones Hoteleras Faro S.L., la sociedad limitada que gestiona Marsan junto a su hija, Rocío Sánchez. 

Previamente, el 2 de julio –después de que se produjera en el terreno una agresión sexual– el bufete Rodríguez Tur Abogados denunció un delito leve de usurpación por los “problemas de convivencia”. Por eso, el juez ha considerado ahora que existen indicios sólidos de una ocupación del inmueble con “vocación de permanencia”, sin que ninguno de los ocupantes disponga de un título que “legitime su posesión, sin autorización de la propietaria y contra su voluntad”. La resolución señala, además, que las personas que ocupan la finca han ido cambiando con el tiempo, con abandonos y nuevas ocupaciones a las que el titular atribuye varios incidentes.

A la espera de la notificación del juez

Aunque la ejecución del desalojo no se ha llevado a cabo formalmente, la semana pasada se corrió la voz de que el operativo policial tendría lugar este martes, una información que después desmintió el juzgado competente. El abogado de Sánchez Ordóñez detalló que la Guardia Civil había hecho saber a los ocupantes de que el desalojo “sería inminente” para que abandonaran Casa Lola. Pero en ningún caso se concretó una fecha exacta, matizan desde el cuerpo de seguridad.  Desde que se produjo el comunicado, los agentes se acercan a distintas horas a la villa. Incluso, asegura Pablo a elDiario.es, tocan la puerta para comunicarse directamente con ellos: “A las siete de la mañana, a las dos, a las cinco de la tarde… quieren comprobar que todo está bien”.

De momento, Pablo no tiene intención de marcharse. Esta mañana prepara una bolsa para limpiar el terreno y dejarlo lo más limpio posible. “La propietaria nos ha dicho que cuando nos desalojen nos podremos quedar en calidad de empleados”, afirma. Una afirmación que ha sido desmentida por la defensa legal de la empresaria: “No quedará ninguna persona como empleada ni en general. Después del desalojo la tapiaremos y la cerraremos para que no pueda entrar nadie más. De hecho, estamos considerando poner seguridad y una valla eléctrica”.

Encontrar una vivienda de alquiler por menos de 700 euros al mes se ha convertido en Balears en misión imposible. En todo el archipiélago, apenas existen una docena de pisos o casas por debajo de ese precio: un umbral que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera ya el máximo asumible para que una persona con un salario estándar de 2.000 euros netos no destine más del 35% de sus ingresos a la vivienda. 

El problema se extiende a todas las islas, pero se agudiza aún más en las Pitiusas, donde la insularidad y la presión turística han llevado los precios a niveles que dejan fuera del mercado incluso a trabajadores con empleo. Los portales inmobiliarios se convierten así en una trampa sin salida para todo aquel que busque vivienda en Mallorca, Menorca, Eivissa o Formentera.

La OCU fija dos umbrales de esfuerzo. El primero, estos 700 euros al mes, que suponen más de un tercio de un sueldo bastante por encima del salario mínimo interprofesional en España –1.221 euros brutos mensuales repartidos en 14 pagas–, y un desembolso económico considerado por los expertos como “sostenible”. El segundo, de mil euros –en este caso la oferta asciende a unas 40 viviendas en todo el territorio insular–, supone destinar la mitad del sueldo –en caso de una persona sola– al pago de un alquiler. 

El estudio de la organización de consumidores parte del siguiente perfil: un ciudadano medio, con contrato indefinido e intención de alquilar una residencia habitual. No es un caso de exclusión social ni de emergencia habitacional, sino un trabajador de clase media y en muchas ocasiones dependiente de la hostelería, principal motor de la industria turística balear y principal activo del PIB autonómico.

Alquiler de temporada y condiciones infames

Por otro lado, el sacrificio económico no se traduce en una calidad de vida real. Si la búsqueda se filtra por el primer umbral identificado por la OCU en el rango de precios, por ejemplo, en Idealista, la mayoría de inmuebles que arroja el resultado son bajos de máximo 80 metros cuadrados y ubicados en la parte forana de Mallorca o en la isla de Menorca. En Eivissa y Formentera no hay ni rastro de viviendas a ese precio. 

De los seis anuncios que existen por este importe en el portal inmobiliario, cuatro son alquileres temporales. Es decir, los inquilinos se ven obligados a marcharse al comienzo de la temporada turística, cuando los propietarios deciden generalmente subir el precio del alquiler por la alta demanda. 

Si se hace la misma búsqueda en Fotocasa, aparecen otros cinco anuncios de inmuebles: todos menos uno, también de alquiler temporal. En este caso, sí se registran dos en Eivissa: uno en el término municipal de Sant Joan, por 500 euros al mes, y otro en Sant Antoni, por 420, sujetos a las mismas condiciones; llegado el verano, el arrendatario se ve forzado a buscar una alternativa habitacional.

De elevarse el importe de renta al segundo umbral establecido por la UCO, mil euros mensuales, y seleccionar el filtro de alquiler de larga duración, el primer portal inmobiliario muestra en el archipiélago 32 resultados y el segundo, solo catorce. La regulación del alquiler está especialmente condicionada en las islas por las medidas adoptadas para limitar el uso turístico de las viviendas, entendido como una de las principales causas de la grave crisis habitacional que afecta a todo el país. 

La limitación del alquiler turístico

La normativa balear –en concreto, la Ley 8/2012 de Turismo de las Illes Balears– establece límites a la comercialización de viviendas para estancias turísticas y atribuye a los Consells insulares y a los ayuntamientos competencias para determinar las zonas y el número de plazas turísticas. El Consell Insular también ha firmado acuerdos con Airbnb para controlar que todos los propietarios con pisos comercializados en la plataforma cuentan con las correspondientes licencias.

En cuanto a los alquileres de temporada, uno de los dos decretos que el Gobierno aprobó el 29 de septiembre y que luego tumbó el Congreso pretendía evitar, según el Ejecutivo, que esta modalidad se llegara a utilizar para reducir la oferta de vivienda habitual. La norma exige justificar la causa temporal del contrato, establece una duración general de entre 31 días y 12 meses y contempla que la relación contractual pase a considerarse de vivienda habitual si no existe una causa que acredite la temporalidad. 

Balears no es la única comunidad que sufre este problema, sino que en grandes ciudades como Madrid y Barcelona hay también escasa oferta por debajo del umbral crítico de esfuerzo que contempla la OCU: 13 viviendas en la capital y en la ciutat comtal, nueve. El escenario se reproduce en otras zonas de costa donde las condiciones de vida son atractivas y donde existe, además de la renta temporal, ese alquiler turístico que, sin limitaciones, consigue reventar el mercado habitacional de larga estancia.

Sinhogarismo y riesgo de exclusión social

Desde la Federación de Servicios de Balears de Comisiones Obreras (CCOO) han señalado que el parque de vivienda de Balears se ha encarecido alrededor de un 30% en los últimos años, mientras que los salarios “desgraciadamente, no han aumentado en la misma línea”. “La economía principal de las islas es el turismo, sujeto a una estacionalidad fortísima, lo que significa que la mayoría de los trabajadores son fijos discontinuos con las consecuentes implicaciones salariales”, señala Cati Pons, secretaria de la Acción Sindical.

Pones también indica que los salarios medianos de comercio son de 1.200 euros brutos mensuales y en la hostelería, 1.700 euros. “El coste de vida, ya no solo en materia habitacional, sino también la cesta de la compra, el combustible… no son proporcionales a lo que cobra la clase trabajadora. Es una problemática muy grave”, lamenta. Ni siquiera, teniendo un contrato a jornada completa, estos trabajadores pueden “llegar a final de mes” o encontrar “una vivienda digna”.

Esto afecta, por otra parte, a las empresas, que tienen dificultades para encontrar mano de obra porque incluso los propios residentes se marchan a otros lugares donde puedan vivir. No en cuanto a rentabilidad, en lo que este año se “ha batido un nuevo récord”. “El problema no es que no haya dinero, sino en cómo se distribuyen y en que no llegan en forma de un aumento de sueldo a la plantilla”, apunta Pons

El Instituto Nacional de Estadística (INE) muestra que en 2024 hasta el 11% de la población balear tenía un gasto “elevado” en vivienda. La renta neta media por hogar fue ese año de 42.232 euros que aumentaron a 44.457 euros en 2025, cuando se tienen los últimos datos disponibles. Los alquileres que cuestan de media mil euros al mes (alrededor de un tercio de ese ingreso neto medio por hogar) son estudios o cuentan con una o máximo, dos habitaciones. Eso sí, con ese hándicap: la mayoría no dejan de ser alquileres de temporada que ponen como condición in extremis marcharse en verano, con la llegada de los primeros turistas.

Los alquileres que cuestan de media mil euros al mes tienen un hándicap: la mayoría son alquileres de temporada que ponen como condición in extremis marcharse en verano

Así, en el archipiélago, uno de cada cinco trabajadores está en riesgo de exclusión social: 223.000 ciudadanos residentes, según datos recientes recogidos en el Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en las Illes Balears. Esto significa que, a pesar de ocupar un puesto de trabajo activo, los residentes no pueden, generalmente, costearse el nivel de vida de las islas y están atrapados en procesos de vulnerabilidad.  

No pocas de las personas atendidas por organizaciones humanitarias, como Cáritas Diocesana, están afectadas por las dificultades generadas por el elevado precio del alquiler. “Muchas viven con lo justo y casi todo marcado por el tema de vivienda”, lamenta Gustavo Gómez, coordinador de la organización en Eivissa. “Por desgracia, la brecha entre los que más y menos tienen cada día es mayor y la clase media cada vez toca más dimensiones de la exclusión”. 

Muchas viven con lo justo y casi todo marcado por el tema de vivienda. Por desgracia, la brecha entre los que más y menos tienen cada día es mayor y la clase media cada vez toca más dimensiones de la exclusión

Gustavo Gómez — Coordinador de Cáritas Ibiza

En Balears, un 34,2% de las personas sin hogar lo están por problemas derivados de la crisis de vivienda. De este porcentaje, un 20,1% se vieron en este crítico escenario tras ser desahuciados, un 3,6% porque se les terminó el contrato de alquiler que tenían hasta el momento y el 10,5% restante porque no pudieron seguir pagando el alojamiento. También según datos del INE.

De hecho, en la comunidad, el 37,8% de la ciudadanía llegó en 2025 a final de mes haciendo malabares económicos. Por hogares, un 36,1% de las familias terminaron el mes con algún tipo de dificultad económica -un 5,1% con “mucha dificultad”; un 8,5% con “dificultad” y un 23% con “cierta dificultad”. El problema afecta en gran medida a la población joven: el 44,3% de los jóvenes de 26 a 34 años convivía el año pasado con sus padres y, entre ellos, el 47,3% por no poder costearse un lugar al que independizarse.

Estas semanas, miles de personas acampan en la puerta del Sol en una protesta por la crisis habitacional que en Balears se ha reproducido con tiendas de campaña en la plaça d’Espanya de Palma. Los manifestantes permanecen a la espera, entre otras cosas, de que la Diputación Permanente, que necesita menos representación para votar los decretos que el Congreso tras el adelanto de las elecciones generales, apruebe las normativas que tumbaron PP, Vox y Junts el pasado viernes. 

Las patronales, sindicatos y administraciones han acordado por unanimidad los diez domingos y festivos de apertura comercial autorizada para 2027, que deja fuera el 26 de diciembre al considerarlo una fiesta tradicional arraigada en Balears.

El calendario ha recibido el visto bueno en la reunión de la Comisión Interinsular de Comercio celebrada este miércoles, según ha informado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Comercio.

Han asistido representantes de Afedeco, Pimeco, Ascome, Pimef, Pime Formentera, Anged, UGT, los cuatro consells insulares, la Dirección General de Consumo del Govern y la Federación de Entidades Locales de Balears (Felib).

Las fechas de apertura autorizada serán el 3 y el 17 de enero, el 1 y el 25 de marzo, el 2 de mayo, el 1 y el 28 de noviembre, y el 6, el 12 y el 19 de diciembre.

El 26 de diciembre --sustituida por el 12 del mismo mes, como pidieron los empresarios-- ha quedado finalmente fuera del calendario porque se considera una fiesta tradicional arraigada en el archipiélago.

Los ayuntamientos podrán sustituir dos de las fechas de apertura autorizada para incorporar fiestas locales, de acuerdo con el procedimiento previsto. El 17 de enero y el 1 de marzo han sido las fechas que han tenido más aceptación como opciones de sustitución municipal.

Unos terrenos de Eivissa donde se tenía planificado construir residencias para trabajadores de temporada y vivienda social han vuelto a manos de inversores privados que proyectan construir en ellos villas y casas residenciales de alto standing después de que el Consell Insular haya dejado decaer las Normas Provisionales de Plegamiento aprobadas en 2024 por el Ayuntamiento de Sant Josep. La iniciativa para construir viviendas de protección oficial, de precio tasado e incluso un lugar de residencia para empleados de la industria turística no se convertirá, de momento, en una realidad al no haberse producido la aprobación definitiva de las normas dentro del plazo legalmente establecido, que dependía del Consell.

Así, parte de la superficie insular se destinará, una vez más, a la promoción inmobiliaria de lujo para compradores con elevado poder adquisitivo. El mercado es tan jugoso que hasta hoteles de lujo y discotecas de Eivissa se han lanzado en los últimos años a la mercantilización de este tipo de activos habitacionales de alta categoría.

Sobre las 572 hectáreas que tiene la pitiusa, es decir, unos 57.200 metros cuadrados, se han construido a lo largo de la historia un total de 171 viviendas públicas. Según el Govern, las promociones impulsadas durante esta legislatura elevarán esta cifra hasta unas 600, sin que todavía se hayan materializado.

En la isla se han construido a lo largo de la historia un total de 171 viviendas públicas

De hecho, la institución autonómica acaba de iniciar la construcción de una promoción de 48 viviendas públicas destinadas al alquiler a precio asequible, la primera que pone en marcha en las Pitiusas durante este mandato político, como publicó Radio Ibiza. Los pisos se construirán en el barrio de Can Cantó, en la periferia de la ciudad, con una inversión de 9,8 millones de euros y un plazo de ejecución de 19 meses. Para acceder a estas viviendas, uno de los requisitos para los beneficiarios es acreditar al menos una década de residencia en el término municipal de Eivissa. 

En cuanto al resto de municipios, nada por el momento. Aunque todos los ayuntamientos han anunciado durante su mandato la proyección de vivienda social. En el caso de Sant Antoni -que según Fotocasa, ha registrado una subida interanual del 22,5%, una de las más elevadas de la isla-, el alcalde Marcos Serra aseguró en la primavera de 2025 que su equipo municipal trabajaría la línea urbanística “para intentar paliar la subida de precios”. Y recordó: “Faltan VPL -Viviendas de Precio Limitado- o VPO -Vivienda de Protección Oficial- sobre el terreno”. También recordó que para resolver la enorme crisis habitacional que se vive a nivel nacional, pero que se agrava en las islas, hay que luchar contra la vivienda turística ilegal. 

Dentro de la situación de Balears, Eivissa sigue teniendo el precio más alto de vivienda de alquiler a pesar de la bajada del 5% en el último año, según datos del portal inmobiliario Idealista. La ciudad de Eivissa es el municipio más caro y le siguen Sant Josep y Santa Eulària.

Vuelta a la normativa de 1986

El decaimiento de las Normas Provisionales de Sant Josep permitirá que los proyectos residenciales -de viviendas de alta categoría- de quince propietarios de terrenos en el municipio salgan adelante. Así lo ha explicado el despacho Soriano i Piqueras, representante de los mismos, que había recurrido el instrumento urbanístico ante el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB). Se recupera así la vigencia de las Normas Subsidiarias de 1986, hasta ahora parcialmente suspendidas.

El bufete de abogados interpuso el recurso contencioso-administrativo ante el máximo órgano judicial balear al interpretar que la aprobación de las Normas Provisionales suponían un perjuicio para los proyectos. Unos de sus portavoces, el abogado Víctor Soriano, ha especificado que no se trata, “en ninguno de los casos”, de complejos hoteleros, sino de propietarios de suelo que pretenden construir en la isla villas y otras casas de lujo.

El recurso del despacho contra la aprobación de las nuevas normas temporales había sido admitido a trámite y se encontraba pendiente de sustanciación cuando transcurrió el plazo para culminar la aprobación definitiva por parte del Consell Insular. Ha sido el vencimiento de este tiempo lo que ha provocado el decaimiento de las normas, que dejan de producir efectos en el ordenamiento jurídico, detalla Soriano.

A la espera de un nuevo plan general

El bufete comunicará ahora formalmente al TSJIB acerca del decaimiento del instrumento urbanístico y solicitará la declaración de satisfacción extraprocesal y la terminación del procedimiento contencioso-administrativo. Hasta la entrada en vigor de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), Sant Josep volverá a regirse por las normas de 1986, que el Consistorio había considerado obsoletas ante las necesidades actuales del municipio.

Se trata del mismo término municipal -al sudeste de la isla de Eivissa- que en las últimas semanas ha vivido cómo varias personas sin hogar, entre ellas trabajadores, se han visto obligadas a buscar un sitio para vivir en la superficie fría y dura en el cementerio de una de sus localidades; Sant Jordi. La situación motivó a las instituciones -tras las quejas de familiares de fallecidos y vecinos- a poner un horario de acceso al camposanto, que de las nueve de la noche a las nueve de la mañana permanece cerrado para que nadie pueda acceder para pernoctar en el interior. 

Es el mismo término municipal donde había personas durmiendo en el cementerio

Casi simultáneamente, miles de personas acampan estos días en la puerta del Sol -en una protesta que en Balears se ha reproducido con tiendas de campaña en la plaça d’Espanya de Palma-, después del desahucio de Maricarmen, que ha empujado al Gobierno a impulsar los dos Reales Decreto con medidas habitacionales que tumbó el pasado viernes el Congreso con el voto en contra de PP, Vox y Junts.

El equipo de gobierno municipal ha presentado, una semana después de conocerse el decaimiento de las Normas Provisionales, un plan con el que pretende avanzar en la gestión urbanística mientras continúa pendiente el nuevo PGOU. El alcalde, Vicent Roig, ha explicado que los servicios municipales han auditado unos 350 sectores poblacionales y 10,4 millones de metros cuadrados de suelo, de los que han identificado 244 ámbitos con distintas circunstancias o carencias. El Consistorio prevé actuar sobre ellos mediante seis grupos de gestión y una unidad técnica específica con personal funcionario, asegura.

Una de las intenciones es “resolver deficiencias estructurales y regularizar urbanizaciones” -palabras del edil- sin esperar a que los promotores privados planteen proyectos. Por su parte, el Consell Insular ha informado a elDiario.es que, junto al Ayuntamiento, están pendientes de que la Ciotupha (Comisión Insular de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico-Artístico), órgano colegiado de la institución encargado de decidir y emitir dictámenes sobre planeamiento urbanístico, gestión del territorio y protección del patrimonio cultural e histórico, determine si decae el planeamiento urbanístico.

Otras afectaciones

El portavoz adjunto y candidato del PSOE a la Alcaldía, Vicent Roselló, acusa al Ayuntamiento en un comunicado de intentar “disfrazar este fracaso de gestión” con un nuevo plan mientras el municipio vuelve a las normas de 1986. Los socialistas también advierten además de que el decaimiento de las normas provisionales deja sin efecto medidas como la prohibición del alquiler turístico en edificios plurifamiliares y determinadas reservas de suelo para vivienda protegida.

Los socialistas añaden que la vuelta al planeamiento de las normas antiguas afecta a otras previsiones de las normas provisionales. Entre ellas la reserva de suelo industrial en torno al aeropuerto y la delimitación de terrenos para equipamientos públicos como el futuro cuartel de la Guardia Civil de Can Burgos, instalaciones culturales y deportivas en Cala de Bou o la ampliación del centro educativo de Sant Jordi.

La formación Ara Eivissa responsabiliza igualmente al alcalde y al conseller insular de Territorio, Mariano Juan, del “fracaso” de las Normas Provisionales. También ha recordado que fueron tramitadas conjuntamente por el Ayuntamiento y el Consell y que recibieron el respaldo de PP, PSOE, Vox y Unidas Podemos y critican a Sant Josep por “acumular” -denuncian- tres años sin avances en su planificación urbanística.

Miles de personas han salido a la calle este sábado en Palma para reivindicar el derecho a la vivienda en una marcha bajo el lema 'Feim de l'habitatge un dret' (Hagamos de la vivienda un derecho), un día después de que el Congreso haya tumbado los dos decretos aprobados por el Gobierno. La presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, ha participado en la marcha.

La protesta, convocada por Sindicat de Llogateres de Mallorca, el Sindicat d'Habitatge de Palma y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, ha arrancado poco antes de las 12.30 horas en la plaza de España, donde se mantiene la acampada por la vivienda. Desde este punto, unas 3.000 personas, según la Policía Nacional, han recorrido las calles de la ciudad bajo gritos de 'Rentista despierta, se te ha acabado la fiesta', 'Fuera fondos buitres y especuladores' o 'No hay otra manera, todas las casas para la clase obrera'.

Desde las tres organizaciones, que han cifrado la participación en 10.000 personas, han puesto en valor la movilización ciudadana en todo el país durante esta semana y han apostado por continuar reclamando medidas, con la mirada puesta en la convocatoria de huelga general por la vivienda.

Los convocantes y manifestantes han arremetido contra la clase política en general, por un lado, contra PP, Vox y Junts por tumbar los decretos, pero también contra la política de vivienda del Gobierno a gritos de “vergüenza” frente a la Delegación del Gobierno.

Para el portavoz del Sindicat de Llogateres, Óscar Martínez, “el verdadero problema que existe es la falta de voluntad política” y, en consecuencia, “se abre clarísimamente el escenario de una huelga general por la vivienda”.

En esta línea, desde el Sindicat d'Habitatge de Palma, su portavoz Miquel Durán ha destacado que las medidas presentadas son “insuficientes” y ha reclamado que la vivienda deje de ser un bien de mercado con el que especular.

Por su parte, la portavoz de la PAH Mallorca, Àngela Pons, ha reprochado a la derecha el voto en contra a los decretos: “Espero que la ciudadanía sepa que PP, Vox y Junts trabajan por el dinero y no para los ciudadanos”.

Con pancartas con los lemas 'Vergonya me faria desnonar a una padrina' (Vergüenza me daría desahuciar a una abuela), 'Ni gente sin casas, ni casas sin gente' o 'Mallorca unida por una vivienda digna', los manifestantes han seguido la marcha hasta llegar a la Delegación del Gobierno.

Los sindicatos han leído un manifiesto en el que han reclamado una reducción de los precios de los alquileres, argumentando que “no se pueden quedar congelados en las nubes”, parar los desahucios, un parque público de viviendas de calidad y prohibir la venta acumulativa de viviendas.

Igualmente, han puesto en valor la movilización ciudadana y han apostado por demostrar “la unidad en la lucha por la vivienda”. En concreto, han celebrado, esta semana se ha conseguido salir a la calle “con fuerza”, para después hacer un llamamiento a la huelga general.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 841 personas en septiembre en Balears en relación al mes anterior (+3,27%) y lo hizo igualmente en 493 personas en relación al noveno mes del año pasado (+1,89%) y se sitúa en los 26.547 parados, según datos publicados este viernes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En septiembre, los sectores con más parados son Servicios (18.521 con 474 más que en agosto), Construcción (3.463 con 54 más), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (299 y 16 menos) e Industria (1.194 y 7 parados más).

En cuanto a sexos, de los 26.547 desempleados registrados en septiembre, 14.755 son mujeres y 11.792, hombres. El paro entre los jóvenes menores de 25 años se situó en 3.562 personas de los cuales 1.938 son hombres y 1.624 son mujeres.

En el noveno mes del año, el paro entre los extranjeros en Balears se situó en 6.568 personas tras subir un 14,48% respecto a agosto y un 29,52% en comparación con el año anterior.

En septiembre se registraron 36.120 contratos en Baleares, un 10,79% más que el año anterior. De todos ellos, 23.340 fueron contratos indefinidos y 12.780, contratos temporales.

Por otro lado, Balears ha registrado en septiembre 682.486 afiliados a la Seguridad Social, 29.079 más respecto al mismo mes de 2025 y un 4,45% más.

Respecto al mes anterior, el archipiélago pierde 11.326 afiliados, un -1,63%, según los datos hechos públicos este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En Balears el régimen general de la Seguridad Social cuenta con 568.541 cotizantes, de los cuales 9.685 están registrados como trabajadores del hogar y 2.911 como trabajadores agrarios.

Además, hay 110.291 personas inscritas en el régimen de autónomos y 3.654 en el de trabajadores del mar.

En el noveno mes del año, había en Baleares 104 trabajadores afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), de los cuales 58 son mujeres y 46 son hombres.

–¿Quieres decir algo, verdad?

–Vuestras emociones y nuestro amor y nuestra amistad quedan aquí selladas y firmadas para siempre, queridos amigos. Gracias a todos, gracias.

Son las doce del mediodía del lunes 3 de octubre de 2016. Ante las cámaras que los rodean, Carl Cox le pasa el micrófono a Pepe Roselló. Después de las palabras del jefe, el DJ pincha un remix a ritmo de R&B: Wish I Didn't Miss You, ojalá no te extrañara. La voz de la estadounidense Angie Stones derrama lágrimas durante el último baile. Los miles de personas que aguantan de pie frente a la mesa de mezclas saben que no es un closing party al uso, un “ya nos reencontraremos el próximo verano”, sino el cierre definitivo del club de electrónica al que la revista DJ Mag premió siete veces con el título de mejor discoteca del mundo. Atrás quedan veinte horas de fiesta. Millones de beats y alguna catarsis. Como cuando el coro de góspel de Can Blau –una escuela de música de la isla– entone el Imagine. Space Ibiza se va para siempre.

Los versos pacifistas de John Lennon y Yoko Ono no evitaron que ardiera Troya. El mismo fin de semana en el que el Comité Federal del PSOE echaba de la secretaría general a Pedro Sánchez, en Eivissa estallaba una guerra que va camino de durar más que la Iliada y la Odisea. Juntas. Diez años después aún no ha terminado, quizás porque llevaba casi una década larvándose. A un lado, la familia Matutes –la propietaria de la discoteca. Al otro, el empresario Roselló –el promotor que llevaba veintisiete años alquilándola. En medio, la marca Space. ¿Quién puede utilizarla? El Juzgado Mercantil número 1 de Valencia sentenció el 28 de junio de 2024 que Space Ibiza, el nombre que Roselló había registrado en 2008, podía generar “una confusión de carácter nominativo y gráfico” con Space Ibiza Dance. Esa fue la fórmula con la que Fiesta Hotels & Resorts –el antiguo nombre de la hotelera fundada por la saga más poderosa de Eivissa, reconvertida en Palladium Hotel Group– había acudido al registro allá por 1991. En 2019, de hecho, la Audiencia Provincial de las Illes Balears había ordenado a Space Beach Club SA –empresa creada por Roselló en 1989– a transferir el uso de la marca Space Ibiza Dance a sus propietarios.

El histórico empresario Pepe Rosselló registró la marca Space Ibiza, pero la Justicia determinó que podría generar confusión con otra marca registrada anteriormente por la poderosa familia Matutes

Terminaba un litigio que se había fundido con otro proceso que sigue vivo. En diciembre de 2020, el Grupo de Empresas Matutes presentó una querella contra su antiguo inquilino. La reclamación ronda los dos millones de euros y está apoyada en una auditoría externa de Deloitte. La consultora revisó los números que arrojaron las dos últimas temporadas que Roselló explotó la discoteca. Según los demandantes, los informes presentados en el Juzgado número 4 de Instrucción de Eivissa, demuestran que el arrendatario incumplió supuestamente el contrato. En beneficio propio.

Las dos partes siguen a la espera de una fecha para celebrar el juicio, indica un portavoz del conglomerado de sociedades que preside Abel Matutes Juan –alcalde de Eivissa durante la dictadura franquista; comisario europeo en los tiempos de Alianza Popular; ministro de Exteriores en el primer Gobierno Aznar; enemigo acérrimo de Pepe Roselló. Ambos se han lanzado pullas en los medios de comunicación locales.

“No quiero citar nombres, pero la persona que impulsa la competencia entre el ocio nocturno y diurno es alguien que cuando estaba en activo se presumía de incumplir todas las leyes que existían”: fruto de estas declaraciones realizadas por el antiguo político en la Televisió d’Eivissa i Formentera, en mayo de 2021 se celebró un acto de conciliación. Roselló acudió en compañía de su abogado y cubierto por una mascarilla –la covid amenazaba–, pero Matutes le dio plantón. Desde su holding no han querido hacer declaraciones para este reportaje. El hombre que apagó la luz de Space, Pepe Rosselló, sí se ha sentado con elDiario.es para conversar sobre la historia de la discoteca. La entrevista ha sido larga: más de una hora y media.

Abel Matutes Juan acusó a Pepe Rosselló de incumplir la ley cuando estaba en activo, motivo por el cual está pendiente de juicio

En el despacho de Pepe Roselló

Josep Roselló Prats observa el mar gris de la Badia de Portmany. Acaba de caer una tormenta. Las paredes de un despacho sin ordenador –ni de sobremesa ni portátil– están llenas de marcos. Son los carteles de las fiestas que se celebraron Space Ibiza, la discoteca que murió a la edad de Robert Johnson, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse. Junto a los carteles, fotos del empresario y amigos, recortes de prensa, un diploma de profesor mercantil firmado por Juan Carlos I y un fragmento –en italiano– de los diálogos de Platón.

En esa habitación pasa las mañanas un hombre que cuenta las horas para celebrar su cumpleaños. Unos días más tarde, rodeado de personas de diferentes generaciones festejará nueve décadas de vida: nació el día que terminó el verano en que estalló la Guerra Civil española. La figura de este veterano de la noche –no tiene planes de retirarse– que se enamoró de la música escuchando a su madre tocar el piano en la casa familiar y que, huérfano de padre, pasó por internados mallorquines y murcianos antes de regresar a Sant Antoni, su pueblo, justo antes del boom turístico, ya resulta interesante por todo lo que hizo antes de ponerse a los mandos del club que le dio fama internacional.

Entre otras cosas, Pepe Roselló se disputa el mérito con Ricardo Urgell, creador de Pacha, de abrir la primera discoteca que hubo en Eivissa. Es decir, el primer garito donde en vez de una banda o un solista tocando canciones en directo había un pinchadiscos colocando la aguja sobre el vinilo. La del ibicenco se llamó Capri. Más conocida como Playboy fue un meeting point para la jet set que visitaba la isla a finales de los sesenta. Luego vendría el Playboy 2, un local que sufrió en los ochenta “el desembarco de los pub crawls ingleses”, el turismo hooligan. Aquella decadencia hizo que Roselló considerara la propuesta de alquilar Space en la primavera de 1989.

Pepe Roselló se disputa el mérito con Ricardo Urgell, creador de Pacha, de abrir la primera discoteca que hubo en Eivissa

Ya con ese nombre, la discoteca había abierto tres años antes en Platja d’en Bossa, un arenal virgen que se llenó de hoteles y cemento en los sesenta y setenta. La puesta de largo de Space coincidió con la inauguración de otro proyecto de los Matutes: Aguamar, uno de los parques acuáticos pioneros en España, hoy abandonado. La discoteca compartía un enorme aparcamiento con los toboganes y ocupaba un edificio “precioso, porque lo diseñó el cuñado de Abel” [el arquitecto Víctor Rahola i Aguadé], pero que no acababa de dar rendimiento a sus propietarios porque, dice Roselló, “siempre fueron ajenos a todo lo relacionado con la música”. “Pensaban convertir aquello en un mixto: congresos, eventos, fiesta, un todo en uno, y alimentarlo con los clientes de sus hoteles. No les funcionó. Entonces, gran parte de la fiesta estaba concentrada en el puerto de Vila, el espectáculo más grande que he visto jamás: vestidos elegantes, ibicencas vestidas de payesa, hippies que iban como les daba la gana…”.

Roselló alquiló Space a los Matutes en la primavera de 1989. Tres años antes, la discoteca había abierto en Platja d'en Bossa

–Releyendo Balearic, una obra de referencia para sumergirse en la historia de la fiesta y, sobre todo, de la música electrónica en la isla, uno llega a la conclusión que sus inicios en Space tampoco fueron fáciles.

–Para nada. Antonio Matutes, hermano de Abel, prometió ayudarnos dejando que los relaciones públicas entraran en los hoteles de su familia a repartir flyers e invitaciones, y a vender tiques…

–Cuenta la leyenda que aquel fue el primer trabajo que tuvo en Eivissa un tal David Guetta. ¿No funcionó ese método?

–Los hoteleros, y no sólo los Matutes, empezaron a protestar. Creían que les estábamos sacando la clientela. Eso creó un aislamiento alrededor de Space del que nos costó salir.

Los hoteleros, y no sólo los Matutes, empezaron a protestar. Creían que les estábamos sacando la clientela. Eso creó un aislamiento alrededor de Space del que nos costó salir

Pepe Roselló — Empresario

–La discoteca no se puso de moda hasta que sus DJ residentes no empezaron a pinchar en la terraza, al aire libre y bajo los aviones que aterrizaban y despegaban del aeropuerto, que estaba a dos pasos.

–Cuando abríamos por la mañana, los DJ eran Óscar Colorado, Reche, Soldado, jóvenes nacidos o criados en Eivissa porque en mis negocios siempre he intentado dar la oportunidad al talento local. En la terraza no había montajes especiales, pero se creaba un ambiente único, que conectaba tanto con el público como con otros DJ que aparecían por allí. Así nos conoció Carl Cox, que ya estaba en la isla y pinchaba en Star Club, la discoteca que luego se llamaría Edén. En el 97 o 98 vino a Space… y hasta el final. Me parece muy merecido que recientemente le hayan nombrado Oficial de la Orden del Imperio Británico. Nunca hubo contratos por escrito, todo era verbal. Él fue un caso único entre los DJ ingleses, que tuvieron una lucha interna con los DJ ibicencos y españoles; una guerra que incluso calificaría de racista. Los ingleses son tribales.

–Los críticos, que los tuvo entre su competencia más directa, consideraron que aquella terraza fue una ventaja para Space porque a principios de los noventa el resto de grandes discotecas habían tenido que cubrirse. En su origen, todas fueron grandes espacios al aire libre. 

–Correcto. Cuando las discotecas se taparon lo pasaron mal. Ku quebró, en parte por construir aquella cúpula que todavía sigue en pie. Nosotros llegamos los últimos, nos iban poniendo delante todas las barreras posibles. Yo había sido durante veinte años, entre los sesenta y los ochenta, presidente de la asociación de locales de ocio y tenía un conocimiento de lo que se podía hacer y de lo que no se podía hacer.

–Había sido también concejal en el Ajuntament de Sant Antoni al inicio de la democracia, conocía la Administración pública por dentro.

–Sí. Los horarios y los aforos siempre han sido un cacao. Ya entonces, los bares también querían tener las terrazas llenas todo el tiempo posible y algún hotel quería organizar fiestas, pero las ordenanzas, que marcaban el horario de cierre de una discoteca a las seis de la mañana, no especificaban, en cambio, a qué hora podía abrir una discoteca. Al final, éramos una empresa turística que quería dar servicio en un horario que no estaba desarrollado por las ordenanzas municipales. Fue el enganche que encontré para empezar a abrir a las ocho de la mañana. A las dos de la tarde cortábamos.

La leyenda del ‘after’

La terraza de Space terminaría desapareciendo hacia el cambio de siglo. Para tapar la pista de baile exterior, el inquilino tuvo que meterse en una reforma que no le pasaría factura. Al revés: se amplió la discoteca y el aforo se triplicó hasta superar las 3.000 personas. El negocio se multiplicaba, el mito se forjaba. Con una cola interminable esperando bajo la luz del sol para a la hora del café y el cruasán, cuando Space se convirtió en la discoteca favorita de muchos, en el motivo para viajar hasta Eivissa. Los clubbers se cruzaban con las familias y los grupos de chavales que entraban en Aguamar.

Con el cambio de siglo, Space triunfó: se convirtió en la discoteca favorita de muchos, en el motivo para viajar hasta Eivissa

Amnesia o Glory’s ya habían practicado el mismo juego en los ochenta, pero lo que ocurrió en Platja d’en Bossa fue diferente. Las Matinées contaban con una producción alucinante, digna de un gran espectáculo teatral. Los domingos, el club se saltaba sus reglas para mantener las puertas abiertas hasta el lunes por la mañana. We Love Sundays: así bautizaron aquella juerga de veintidós horas sin pausa. “Aquí me aproveché. Hicimos una transgresión importante, o molesta, o llámala como quieras”, reconoce Roselló. El after aguantaría hasta 2007, poco antes de que el Consell Insular obligara al sector del ocio a abrir pasado el mediodía –una medida que hizo caer en picado los decomisos de droga en los garitos.

Techno y house. Openings y closings. Richie Hawtin, Eric Morillo, Danny Tenaglia, Fat Boy Slim o, por supuesto, Carl Cox. Estilos, fechas señaladas y nombres propios que situaron a Space en lo alto del ranking. En 2001, Roselló voló a Londres para meter en la maleta su primer gran galardón, el de mejor club del mundo en los DanceStar Music Awards. La estatuilla se conserva en el despacho de Pepe Roselló dentro de una vitrina. Con ella entre las manos, el empresario dice:

–Fue el despegue real de Space. En la misma gala, Carl Cox se llevó dos premios: el de mejor DJ y el de personalidad más relevante. Estábamos surfeando una gran ola, pero hasta ese momento yo no me di cuenta. Space, Carl Cox y Pepe Roselló se convirtió en un tridente mágico para la sociedad ibicenca.

–Durante los años dorados de Space puso en marcha una red de mecenazgo: lo mismo esponsorizaba a un club o una prueba deportiva que organizaba recitales de ópera, su gran pasión, o compraba increíbles falsificaciones de Elmir de Hory, o montaba galas juveniles o para la tercera edad.

–La clave del éxito fue implicar a los ibicencos: nos daba igual que fueran ilustrados o picapedreros, podían recoger su tarjeta para entrar en Space sin pasar por caja. Para mí las personas que trabajaron en la discoteca fueron como una familia: canto gloria cuando los recuerdo. Mi lema fue comportarme como un cliente más… estando con los clientes, no rodeándome de famosos. Incluso los famosos se movían de otra forma en la discoteca.

La clave del éxito fue implicar a los ibicencos: nos daba igual que fueran ilustrados o picapedreros, podían recoger su tarjeta para entrar en Space sin pasar por caja

Pepe Roselló — Empresario

–Carl Cox cuenta en Balearic que cuando empezó a pinchar en Space le impactó ver a Naomi Campbell bebiendo Dom Perignon con unos amigos. Y no en un reservado para gente VIP, sino en la escalera de la discoteca.

–Mira, lo que ocurre ahora no tiene nada que ver con lo que he vivido. [hace una pausa y eleva la voz] Cero. Estamos en un supermercado donde todo está tasado. Se ve en Eivissa perfectamente: cada uno elige lo que quiere ver y no se mueve un milímetro de su plan. El ocio se come una parte demasiado grande del pastel. No es algo banal, las cifras son bestiales. Los hoteles-discoteca absorben buena parte del turismo y nos ha convertido en una isla de tránsito. De cuatro noches [de estancia media], pasamos a tres, a dos, a una e incluso hay quien ni duerme. Es un non-stop cada vez más desvinculado de la cultura ibicenca.

–¿Se imagina cómo será la isla dentro de diez años?

–¡Buf! [suelta un silbido] Y no me gusta nada lo que intuyo. Habrá una implosión. ¿La reforma del aeropuerto? Desde AEON [la patronal de pubs y café concierto que preside] nos hemos pronunciado en contra. La federación hotelera no lo ha hecho. Ocio de Ibiza [la patronal que representa a los múltiples negocios de música electrónica donde Matutes tiene intereses], tampoco. No tengo ninguna duda de que el aeropuerto se ampliará. Y que será un desastre. Muchos ibicencos ya se están quedando en la cuneta. La isla está dejando de ser nuestra. Yo he tenido que vender Can Gasparó, una finca preciosa de mi familia, donde se alojaba Carl Cox cuando venía a pinchar.

No tengo ninguna duda de que el aeropuerto se ampliará. Y que será un desastre. Muchos ibicencos ya se están quedando en la cuneta. La isla está dejando de ser nuestra

Pepe Roselló — Empresario

Irrumpe Ushuaïa, decae Space

Es fácil tener la impresión de que con Pepe Roselló sería posible mantener una tertulia infinita. “Yo todo me lo tomo con entusiasmo… no sé pararla”, confiesa, y se señala la cabeza. Sólo un almuerzo que ya tenía en la agenda detiene una grabación en la que el entrevistado tan sólo dejará una pregunta por responder: “¿Cuánto llegó a facturar Space en su mejor momento?”. La aprovechará para atacar a un rival al que dice que ha merecido enfrentarse aunque haya perdido –hasta el momento– todas las batallas judiciales:

–“Yo, desde que di mis primeros pasos, siempre he tenido una licencia municipal: es el DNI de cualquier negocio. Ahora se han inventado las declaraciones responsables para justificar las aberraciones más innobles que se puedan llegar a concebir. Francina Armengol, cuando era presidenta del Govern, me preguntó un día al respecto: ”Senyor Roselló, això només passa a Eivissa?“ Pues sí, señora, sólo ocurre aquí. Ella pudo cambiar la ley, pero no lo hizo. Y antes de que entrara en vigor, Ushuaïa ya había pasado de ser un beach club donde cobraban entrada por bailar sobre la arena a un hotel que organizaba fiestas… sin dejar de pagar el IVA de los hoteles, que es del 10%; las discotecas, igual que las floristerías, pagamos el 21%, algo que nunca he entendido”.

Ahora se han inventado las declaraciones responsables para justificar las aberraciones más innobles que se puedan llegar a concebir. Ushuaïa ya había pasado de ser un beach club donde cobraban entrada por bailar sobre la arena a un hotel que organizaba fiestas… sin dejar de pagar el IVA de los hoteles, que es del 10%; las discotecas, igual que las floristerías, pagamos el 21%

Pepe Roselló — Empresario

Bajo la batuta de Yann Pissenem –creador de la marca Ushuaïa–, los Matutes empezaron a copar el ocio ibicenco entre 2011 y 2016, cuando recuperaron Space y la transformaron en Hï Ibiza. ¿Cómo? Reconvirtiendo hoteles familiares en hoteles donde el alojamiento parecía lo de menos. El Fiesta Club Playa d’en Bossa se convirtió en The Ushuaïa Club; el Fiesta Hotel Playa d’en Bossa, en The Ushuaïa Tower; y el Don Toni, en el Hard Rock Hotel, actualmente conocido como BLESS Ibiza The Site. Los tres sumaban más de novecientas habitaciones, pero las discotecas nocturnas creían que los Matutes sacaban la parte del león de la música electrónica que sonaba por la tarde en torno a la piscina, de nuevo al aire libre.

Bajo la batuta de Yann Pissenem –creador de la marca Ushuaïa–, los Matutes empezaron a copar el ocio ibicenco entre 2011 y 2016, cuando recuperaron Space y la transformaron en Hï Ibiza. ¿Cómo? Reconvirtiendo hoteles familiares en hoteles-discoteca

La Llei del Turisme de les Illes Balears amparó aquellas macrofrarras. Más conocida por el apellido del conseller que la impulsó –el popular Carlos Delgado Truyols–, la norma autonómica entró en vigor el 19 de julio de 2019. Entonces, el primer hotel-discoteca de los Matutes ya llevaba una temporada y media funcionando. “Cuando aparece Ushuaïa, Space estaba en la cima de su reconocimiento, pero empezó a menguar como empresa. Nos obligaron a invertir más y más porque subieron los cachés y los costes de producción. También nos enviaron un burofax, dos años antes de cerrar, para que no utilizáramos el parking (desvincularlo de la discoteca es como pretender sacar el agua de esta botella y que quede flotando). Antes, había habido un incidente con el hijo [de Matutes, Abel Matutes Prats] en el aparcamiento”, dice Pepe Roselló. 

Cuando aparece Ushuaïa, Space estaba en la cima de su reconocimiento, pero empezó a menguar como empresa. Nos obligaron a invertir más y más porque subieron los cachés y los costes de producción. También nos enviaron un burofax, dos años antes de cerrar, para que no utilizáramos el parking

Pepe Roselló — Empresario

Habría denuncias motivadas por esa sensación de “competencia desleal”, como la define Roselló, que no tuvieron recorrido. El 2 de junio de 2021, el Juzgado de lo Mercantil de Palma desestimó un informe pericial que sostenía que tres cuartas partes de la facturación de Ushuaïa provenían de los ingresos relacionados con las fiestas. Es decir, según el análisis realizado por varios profesores universitarios de economía y marketing, las sesiones de los DJ no podían considerarse una actividad complementaria dentro del hotel. Aquellos papeles los presentó José María Etxaniz Aizpuru a través de Baltanxa SA, la empresa con la que este empresario donostiarra gestionaba la discoteca Privilege… asociado con los Matutes.

Más que una paradoja, estos divorcios no son extraños en un lugar donde la fiesta mueve, al menos, 770 millones de euros cada año y representa el 35% del PIB que genera una isla de apenas 572 kilómetros cuadrados. Teóricamente, el Consell Insular prohibirá abrir nuevas discotecas mientras se siguen transformando hoteles que auguran juerga. Una década después del cierre de Space, resulta jugoso imaginar una ucronía: ¿qué habría sucedido si Pepe Roselló hubiera abierto el Hotel Space? En un artículo titulado La guerra del ocio, Periódico de Ibiza y Formentera aseguraba que “en 2010” Matutes le propuso la reconversión del Club Playa d’en Bossa. Sin éxito: “La invitación fue declinada y dio pie al exitoso Ushuaïa, local que es el origen de las hostilidades”.

La fiesta mueve, al menos, 770 millones de euros cada año y representa el 35% del PIB que genera una isla de apenas 572 kilómetros cuadrados

–¿La familia Matutes le hizo esa propuesta, señor Roselló?

–Para renovar por segunda vez el contrato [de alquiler], Matutes me dijo: “Si quieres que firmemos tienes que cederme la marca”. Luego firmamos otra vez, en 2006, por diez años. En paralelo, firmamos otro contrato en el que él se comprometía a crear el Hotel Space. Eso no se ha cumplido. Si no está fuera de plazo, todavía le pediremos que lo haga.

–¿Y habría participado del modelo de ocio que tanto critica? ¿Qué idea tenía? También quiso abrir un hotel en Sant Antoni, pero el ayuntamiento –entonces, 2015, con una coalición de centroizquierda en el poder– no aprobó el proyecto. Hubo presión vecinal en contra.

–¡Mira qué disparate! Poner a Carl Cox –y a otros DJ emblemáticos– a pinchar en el hotel, pero sólo para los clientes. A mí me parecía una gran idea hacer una cosa más exclusiva, algo más selecto. Era mi ilusión. Lo otro ya lo hacía Space.

Carl Cox estuvo quince años consecutivos levantando a las masas en Space. En el documental que guardó el último fin de semana de la discoteca, antes de sudar una camisa blanquísima que sustituyó por una camiseta negra donde se leía Nights Into Mornings, noches que se convierten en mañanas, el DJ dijo que no se veía pinchando cada semana su colección de centenares de miles de discos en otro club ibicenco. Su templo ya no existía. Mantuvo su palabra durante nueve veranos.

El año pasado, su fichaje fue el bombazo de [UNVRS]. En el establecimiento con tamaño de hangar que Pissenem y los Matutes han resucitado tras la muerte de Privilege, el Carl Cox & Friends ahora se llama Carl Cox Invites. La fiesta sigue una lógica parecida. El gran tótem de la electrónica ríe, disfruta y vibra convidando a colegas a ponerse tras los platos con él, contagiando la energía caribeña –sus padres eran de las islas Barbados– que trajo a Eivissa desde Oldham, el paisaje de fábricas y chimeneas situado en la periferia industrial del Gran Manchester donde se crió. Pese a haber aceptado la oferta de su enemigo, la amistad con Pepe Roselló continúa. Carl Cox no faltó en su cumpleaños.

La proyectada promoción de 532 viviendas públicas que el Ministerio de Vivienda impulsará a partir de 2027 en la zona de Ca n’Escandell, en la capital de Eivissa, se ha convertido en uno de los principales escenarios del enfrentamiento entre las instituciones ibicencas y el Gobierno central. El proyecto contempla una inversión estatal de 131 millones de euros para 362 pisos en parcelas 100% públicas, junto a una aportación adicional de 14 millones de euros para desarrollar otros 170 inmuebles en colaboración con las administraciones autonómica y local.

La disputa por la vivienda llega además en un momento de creciente presión social sobre el Gobierno central. El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba siete décadas viviendo en la misma casa, ha provocado una movilización impulsada por el Sindicato de Inquilinas, con una manifestación este sábado en Madrid y una acampada posterior en la Puerta del Sol que se mantendrá al menos hasta este martes, cuando está prevista una votación en el Consejo de Ministros para aprobar un nuevo decreto de vivienda.

El caso ha convertido la vivienda en uno de los principales frentes políticos de estos días y ha acelerado la negociación de este nuevo decreto que el Gobierno de PSOE y Sumar pretende aprobar este martes. Para sacarlo adelante después en el Congreso necesitará reunir una mayoría parlamentaria que, además de sus socios progresistas –ERC, Compromís, EH Bildu, BNG o Podemos–, pasa por conseguir también el respaldo de fuerzas conservadoras como PNV y Junts. El Gobierno reconoce que las conversaciones continúan abiertas y que la concreción de las medidas todavía está en negociación.

La prioridad para los residentes abre el choque

La disputa se centra en los criterios de acceso a las viviendas. El alcalde de la ciudad, Rafa Triguero (PP), reclamó ante la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que los vecinos residentes de la isla tuvieran prioridad absoluta en el acceso a las viviendas. La posición inicial de la ministra rechazó fijar un criterio estricto de arraigo territorial, defendiendo que la oferta pública estatal también debe atender a los profesionales sanitarios, docentes y de servicios que se desplazan temporalmente a la isla para trabajar.

Desde la dirección del PP insular, el vicesecretario de Política Insular, Mariano Juan, tildó de incomprensible que el Ejecutivo reconozca la emergencia habitacional de Eivissa y, al mismo tiempo, descarte mecanismos para priorizar a los jóvenes y familias que intentan desarrollar su proyecto de vida en el municipio. Según Juan, no se entiende que el Gobierno sea consciente de “la excepcional gravedad del problema de acceso a la vivienda que existe en la isla y, al mismo tiempo, descarte establecer algún mecanismo que priorice a quienes ya viven, trabajan y desarrollan su proyecto de vida en Eivissa”.

El choque inicial en torno a los criterios de adjudicación colisionó de lleno con la legislación autonómica en materia de vivienda. El artículo 70.8 de la Ley 5/2018 de vivienda de las Illes Balears establece de forma explícita que, para acceder a una vivienda protegida de promoción pública, el beneficiario debe acreditar un periodo mínimo de residencia de cinco años en el archipiélago. Tras las duras críticas del Consistorio ibicenco –donde se recordó que el suelo municipal se cedió para ayudar a la población local y no para aspirantes sin vinculación con la isla–, fuentes de Casa 47 (la Entidad Estatal de Vivienda y Suelo dependiente del Ministerio) aclaran a elDiario.es que la adjudicación respetará estrictamente la normativa de vivienda protegida vigente en la comunidad autónoma, precisando así la posición del Ministerio. Esta puntualización fue celebrada por el Ayuntamiento de Eivissa como una rectificación forzada por las exigencias municipales, solicitando que se formalice en el convenio correspondiente.

La Ley 5/2018 de vivienda de las Illes Balears establece de forma explícita que, para acceder a una vivienda protegida de promoción pública, el beneficiario debe acreditar un periodo mínimo de residencia de cinco años en el archipiélago

Sin embargo, el compromiso de aplicar la ley autonómica no ha frenado las demandas del PP ibicenco, que ha decidido elevar la exigencia. Las instituciones ibicencas –los cinco alcaldes de la isla y el presidente del Consell Insular– reclaman que el requisito de residencia previa no se quede en los cinco años fijados por la norma balear, sino que se incremente hasta los diez años. “La legislación balear tiene fijados cinco años. Si quieren diez, lo tiene que cambiar su mayoría parlamentaria”, responden fuentes de los socialistas ibicencos. Toni Costa, portavoz del Govern, en cambio, recuerda que la normativa de vivienda balear fija un mínimo de cinco años de residencia para acceder a una promoción de vivienda pública.

El PP ibicenco, para defender su postura, valora que la isla “tiene un problema de crecimiento demográfico”. El presidente del Consell Insular, Vicent Marí, explica que durante las últimas décadas la isla prácticamente ha duplicado su población y que construir viviendas para que siga llegando más gente “no resuelve el problema de los residentes, sino que aumenta la presión sobre la vivienda, el territorio, las infraestructuras y los servicios públicos”, señala. Por estas razones, considera que la vivienda pública “debe permitir que las personas que ya viven en Eivissa puedan quedarse”. “Si construimos para seguir generando nueva demanda sin atender antes la que ya existe, agravamos el problema en lugar de resolverlo”.

La vivienda entra en precampaña

La disputa por las viviendas de Ca n’Escandell se enmarca en un clima de precampaña política con la vista puesta en los comicios municipales y autonómicos de 2027. Durante una entrevista en Cadena SER Ibiza, la ministra Isabel Rodríguez calificó la crisis de alquiler en la isla de “dramática” y situó a Eivissa como el “epicentro” del problema. No obstante, Rodríguez responsabilizó directamente a la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), acusándola de negarse a aplicar las herramientas que contempla la Ley estatal de Vivienda, como la declaración de zonas de mercado residencial tensionado para topar los precios de los arrendamientos. La ministra contrapuso las medidas socialistas (construcción de parque público, congelación de precios y combate a la especulación) con la gestión conservadora, citando además las directrices de la Comisión Europea impulsadas por Ursula von der Leyen para limitar los alquileres turísticos de corta duración.

En este contexto estatal se entiende también la presión que el Sindicato de Inquilinas está ejerciendo sobre el Gobierno con el llamado “Decreto Maricarmen”. La organización reclama que el nuevo decreto incluya cinco medidas: medidas estructurales para impedir los desahucios; una regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones; la congelación de los precios actuales del alquiler; prórrogas efectivas de los contratos y, como principal reivindicación, la renovación automática de todos los contratos para que pasen a ser indefinidos. El sindicato sostiene que el objetivo es evitar que puedan repetirse casos como el de Maricarmen y que los inquilinos tengan garantizada una mayor estabilidad residencial.

El paquete que el Gobierno negocia para llevar este martes al Consejo de Ministros comparte algunos de esos objetivos, aunque no todas las reivindicaciones del Sindicato de Inquilinas están asumidas. Sobre la mesa están medidas de protección frente a los desahucios, la estabilización de los contratos de alquiler, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones y una mayor regulación de los pisos turísticos.

El Ejecutivo contempla además bonificaciones fiscales para inquilinos y para propietarios que bajen el precio del alquiler, ayudas para la compra de la primera vivienda, el blindaje del parque estatal de vivienda y una posible reducción del IVA para la construcción de vivienda protegida. También se negocia una fórmula para proteger a los inquilinos vulnerables frente a desahucios en viviendas propiedad de fondos buitre. El Gobierno prevé asimismo que los inquilinos puedan solicitar una prórroga de sus contratos durante dos años manteniendo el mismo precio, pero la renovación automática e indefinida que reclama el Sindicato de Inquilinas no forma, de momento, parte de la posición de los socialistas.

Por su parte, el cruce entre ambas formaciones ha adquirido un fuerte tono de acusaciones hacia sus rivales políticos conservadores. Así, Rodríguez ha deslizado que históricamente algunas promociones públicas han terminado “en manos de los concejales del PP, o del alcalde del PP o de los amigos de los dirigentes del PP”.

Rodríguez no ha mencionado directamente a Triguero. Tampoco ha quedado claro si se refería o no a él. Aunque nunca ha sido adjudicatario de una vivienda pública, el alcalde ha estado en el foco durante los últimos meses después de haber realizado una operación urbanística que perseguía, presuntamente y según ha denunciado la oposición, obtener irregularmente una vivienda de precio limitado (VPL). Una VPL es una figura creada por la ley balear de vivienda que permite convertir locales y oficinas en viviendas con límites de precio y requisitos de acceso para ampliar la oferta residencial.

Detrás de la pugna institucional subyacen unos datos económicos que reflejan la dificultad de acceso al hogar en el archipiélago. De acuerdo con el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio de la vivienda libre en Balears registró un incremento interanual del 13,7% en el segundo trimestre de 2026, situándose como la octava mayor subida de todo el país.

Esta tendencia prolonga la escalada del ejercicio anterior, cuando el coste de la vivienda nueva subió un 13,4% y el de segunda mano un 11,8% en las islas. Este escenario de precios al alza hace que trabajadores con empleo estable sigan sin encontrar viviendas asequibles, convirtiendo la política residencial en la principal batalla política en el archipiélago balear.

Batuel Bayarri es de origen valenciano. Lleva trece años viviendo en Menorca y los últimos seis y medio trabajando en hostelería, siempre en cocina, a pesar de tener una amplia trayectoria en el ámbito de las Bellas Artes. Es pintor de formación con varias becas importantes a sus espaldas y un máster en Arte y Creación por la Complutense de Madrid. Ha expuesto en salas y galerías de todo el Estado. Hoy, la posibilidad de compatibilizar el arte con el trabajo que le sustenta está en una delgada línea roja. 

“He tenido que ir asumiendo responsabilidades cada vez mayores para poder adaptarme al aumento del coste de vida en la isla, eso significa dedicar más horas al restaurante y menos a la pintura”. Según señala, el encarecimiento de la vivienda ha sido otro factor clave en los últimos años para decidir hacer más horas de cocina y fogón que de talleres y óleos. “En los dos últimos años me he tenido que mudar tres veces. Cada vez que cambias de casa tienes que volver a montar el estudio y eso afecta a la producción y a lo creativo”. 

Posa junto al grafiti de una cocina. Bajo el reloj que marca las horas, los turnos, los pases de servicio, hay —pintado con rotulador— un dibujo sobre el azulejo. Cada día que pasa, los trabajadores del hotel dibujan una nueva cifra. Hoy dice: “Quedan 40 días”. Mientras el reloj cuenta turnos, el grafiti cuenta las jornadas que quedan para que termine la temporada 2026. Todos los años, la llegada del otoño marca una desaceleración en la vida cotidiana de Menorca; es el ritmo de la estacionalidad.

Con una diferencia de pocos días, la isla pasa de la ocupación desbordante al vacío turístico. De la agitación del verano a la quietud otoñal. De la apertura y el frenesí, a la calma y el sosiego y —también, claro— a la desaceleración económica. En las primeras semanas de septiembre, decenas de hoteles, bares, restaurantes y chiringuitos de playa dan inicio al operativo de cierre hasta el año que viene. El dato del paro de los últimos tres años es ilustrativo en este sentido: con la llegada de octubre el desempleo ha subido alrededor de un 10% cada año en los últimos dos años —un 9,5% en 2024 y un 9,4% en 2025, según datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)—. Todo parece indicar que este año no será una excepción. 

En las primeras semanas de septiembre, decenas de hoteles, bares, restaurantes y chiringuitos de playa dan inicio al operativo de cierre hasta el año que viene

“Cuando termina el contrato es un cambio abrupto”

Tras sus lentes de marco grueso, los ojos miopes de Batuel cuentan los días que faltan para el final de su temporada número 8 como jefe de cocina mientras espera con ansias el regreso a los bastidores y las acuarelas. “Cuando termina el contrato es un cambio bastante abrupto. Pasas de nueve meses pensando en pedidos, platos y clientes a parar de golpe”. Según explica, el arte es el cable a tierra para conectar con un ritmo menos exigente y más creativo. “Utilizo esos cuatro meses para trabajar mi obra y mis proyectos. Es la manera que tengo de subsistir en la isla”.

Utilizo esos cuatro meses [de paro] para trabajar mi obra y mis proyectos. Es la manera que tengo de subsistir en la isla

Batuel Bayarri — Artista y trabajador de un restaurante

A pesar de todo, este valenciano de 38 años confiesa que la posibilidad de abandonar la isla ha estado presente en distintos momentos de los últimos años. “Me lo he planteado muchas veces”, admite. Sin embargo, asegura que la paternidad cambió por completo esa perspectiva. “Ser padre es lo que ha hecho que me quede en Menorca”. Con el tiempo, explica, ha aprendido a valorar aspectos de la vida en la isla que antes pasaban más desapercibidos. “Ahora disfruto mucho más de Menorca porque he asumido que voy a vivir aquí. Pero si no hubiera tenido una hija, probablemente me habría marchado hace cinco o diez años”.

Ahora disfruto mucho más de Menorca porque he asumido que voy a vivir aquí. Pero si no hubiera tenido una hija, probablemente me habría marchado hace cinco o diez años

Batuel Bayarri — Artista y trabajador de un restaurante

“Durante seis meses generas todo el dinero”

Similar a la de Batuel es la historia de Aleix Solá García, quien lleva once años trabajando como cocinero en Menorca, aunque este barcelonés vive exclusivamente de los ingresos que obtiene entre primavera y otoño. Asegura que, tal y como está, el modelo estacional cada vez es más difícil de sostener: “Los primeros seis o siete años se podía vivir bastante bien, pero desde hace unos tres años he tenido que alargar las temporadas uno o dos meses más para poder cobrar el paro y llegar a la siguiente temporada”.

Con la llegada del invierno, Aleix depende de los meses cotizados, del paro y de una gestión muy ajustada de sus ahorros. “Durante seis o siete meses generas todo el dinero del año. Si no te organizas, puede llegar marzo o abril y no llegas”. En algunos momentos ha necesitado apoyarse en la devolución de la renta o en ayuda familiar para cubrir los últimos meses antes de volver a trabajar.

Según explica, la estacionalidad condiciona por completo su forma de vida. “El contraste es muy grande. En verano no tengo tiempo para nada porque trabajo muchísimo. En invierno tengo tiempo, pero no tengo dinero. Es difícil equilibrar”. Pese al cambio de condiciones laborales, Aleix no se plantea marcharse de la isla. “Prefiero vivir en Menorca todo el año. Lo que me gustaría es que mi profesión fuera más estable, poder trabajar de lo que me gusta sin tener que depender exclusivamente del turismo”, explica, al tiempo que reconoce que el aumento del coste de vida y de la vivienda está poniendo en cuestión la viabilidad del trabajo de temporada. “Yo puedo seguir porque tengo un cargo de responsabilidad, pero si no asumes ciertas responsabilidades o no tienes unos ingresos más altos, ser temporero ya no es viable”, comenta.

El contraste es muy grande. En verano no tengo tiempo para nada porque trabajo muchísimo. En invierno tengo tiempo, pero no tengo dinero. Es difícil equilibrar

Aleix Solá García — Cocinero

Un paro históricamente bajo

A pesar del fuerte contraste social y económico que impone el cambio de estación en la isla, Menorca mantiene tasas de paro históricamente bajas. La población desempleada se situó, hacia el final del cuarto trimestre de 2025, en 1.873 personas, lo que implica una reducción del -3,1% interanual y una caída acumulada del -59,5% respecto a 2019, según datos del Observatorio Social y Ambiental de Menorca (OBSAM).

Con todo, el OBSAM señala que uno de los principales retos de la economía insular sigue siendo la concentración temporal de la actividad turística y la falta de diversificación. La combinación de estacionalidad, falta de vivienda asequible y dificultades para captar mano de obra aparece señalada como uno de los principales límites para el crecimiento futuro de la isla en el Informe de Coyuntura Económica de Menorca que elabora cada año el instituto. 

Pero no todos los empresarios deciden resignarse a mandar a sus trabajadores al paro y profundizar la brecha entre alta actividad y cierre total. Patricia y Daniel son una pareja de emprendedores que, a diferencia de buena parte de la restauración menorquina, apuestan por mantener su negocio abierto durante los doce meses del año. “No fue una decisión premeditada. Se fue dando. Cuando empezamos a gestionar el local nos dimos cuenta de que, por la ubicación en el centro de Maó y por el tipo de negocio que tenemos, era viable abrir todo el año”, explican.

Con el tiempo, la elección también adquirió una dimensión más personal. “Nos gusta poder aportar algo a la gente que vive aquí. Que no sea un negocio que solo abre cuando llega un montón de turistas y cierra cuando se van”, cuenta Patricia. Aunque reconocen que económicamente es más sencillo concentrar la actividad en los meses de verano, consideran que mantener la persiana levantada durante el invierno tiene un valor que va más allá de la rentabilidad inmediata.

Entre las ventajas destacan la posibilidad de atraer trabajadores que buscan estabilidad laboral y la oportunidad de construir una relación más sólida con la clientela local. “Abrir todo el año es un plus a la hora de encontrar personal. Hay mucha gente que quiere trabajar durante toda la temporada, pero también mucha que busca un empleo estable”. Además, sostienen que el invierno permite desarrollar una propuesta gastronómica diferente. “Es una época mucho más íntima, más tranquila. A nivel de producto, otoño, invierno y primavera son estaciones muy interesantes para cocinar”.

Abrir todo el año es un plus a la hora de encontrar personal. Hay mucha gente que quiere trabajar durante toda la temporada, pero también mucha que busca un empleo estable

Patricia — Dueña de un restaurante en Menorca

Mantener el negocio abierto todo el año exige, sin embargo, una capacidad constante de adaptación. “Son prácticamente dos negocios distintos. No tiene nada que ver servir 150 comensales en pleno agosto que atender 35 o 40 personas en invierno”. La gestión de plantillas, horarios, compras y oferta gastronómica cambia por completo según la época del año. “Tienes que ser imaginativo y adaptarse continuamente a las necesidades de cada momento”, afirma ella.

Otra variable cada vez más común entre el sector empresarial de Menorca a la hora de garantizar una plantilla estable es ofrecer vivienda además de trabajo –temporal o no– a sus empleados. Los “temporeros” como Daniel Poleo –treinta años, venezolano y chef ejecutivo– finalmente deciden quedarse en la isla por posibilidades como esta: “Yo llegué a Menorca en 2021 para cubrir una suplencia de verano. Venía de trabajar en Barcelona en condiciones precarias y la diferencia fue inmediata”.

Explica que aquel verano post pandemia fue la primera vez que le pagaron bien. Finalmente, un acuerdo con sus actuales empleadores que incluye una vivienda a pocos metros de su puesto de trabajo inclinó la balanza a favor de Menorca, a pesar de la estacionalidad. “Poder trabajar ocho meses y que eso me permita vivir doce me da la vida. Aunque julio y agosto son especialmente duros, el balance sigue siendo favorable. Me quedo aquí”, concluye.  

Las Illes Balears generan cada vez más riqueza. Pero ese crecimiento general de los rendimientos económicos y el poder adquisitivo no se traduce, a efectos reales, en una mejora del bienestar de sus habitantes. Al contrario: el encarecimiento de la vivienda, la presión sobre los servicios públicos y los bajos salarios han perfilado en el archipiélago en los últimos años un escenario en el que trabajar no garantiza poder vivir en el territorio. 

Es una de las principales conclusiones del informe Fénix, elaborado por el doctor en Economía de la Universitat de Barcelona (UB), Miquel Puig, junto al catedrático en Economía de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Guillem López, entre otros. El documento advierte de que el modelo económico -ergo, turístico- de las islas crece sin mejorar la renta por habitante y acentúa las desigualdades. Un fenómeno que se agrava aún más -por su doble, en el caso de Eivissa, y triple insularidad, en el caso de Formentera- en las Pitiusas.

Prueba de ello es que en las últimas semanas se ha visto cómo varias personas sin hogar, entre ellas trabajadores, se han visto obligadas a buscar un sitio para vivir en la superficie fría y dura en el cementerio de Sant Jordi. Una situación que ha motivado -tras las quejas de familiares de fallecidos y vecinos- el establecimiento de un horario de acceso al camposanto, que de las nueve de la noche a las nueve de la mañana permanece cerrado para que nadie pueda acceder para pernoctar en el interior.

El informe de los dos economistas catalanes, presentado en la sede ibicenca de la Universitat de les Illes Balears (UIB) a modo de llamamiento, también de advertencia: el modelo económico actual pitiuso -igual que el de todo Balears-, enfocado en el turismo de masas y sostenido por trabajadores con salarios bajos, no es sostenible “ni social ni económicamente”, reitera Puig, justo antes de la ponencia, en atención a elDiario.es.

Trabajadores en riesgo de exclusión social

El análisis económico se desarrolló desde la realidad turística de Catalunya -muy afectada por la saturación, la existencia de pisos turísticos y una preocupante gentrificación- y es “totalmente extrapolable” a las islas, explica Puig en conversación con elDiario.es. En los últimos 25 años, continúa el experto, todos estos territorios han aumentado mucho más que las regiones de su entorno en cuanto a Producto Interior Bruto (PIB), mientras que el PIB per cápita ha crecido “muy poco”, situándose actualmente en 36.000 euros (según los últimos datos del INE, de 2023). 

En el archipiélago, uno de cada cinco trabajadores está en riesgo de exclusión social: 223.000 ciudadanos residentes, según datos recientes recogidos en el Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en las Islas Baleares. Esto significa que, a pesar de ocupar un puesto de trabajo activo, no pueden costearse el nivel de vida de las islas y están atrapados, por contra, en procesos de vulnerabilidad. Además, en el archipiélago un 34,2% de las personas sin hogar están en esta tesitura por problemas relacionados con la vivienda, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Hasta el año 2000, Balears tenía un PIB nominal que convergía con el de Francia -históricamente un poco más elevado que el español-, pero en los últimos años ha ido divergiendo, quedando por encima. El PIB a precios de mercado -también según datos del INE- se ha triplicado en la región en el último cuarto de siglo, pasando de los 16 millones y medio de euros a principios de década a los 44 millones de 2024, cuando se tienen las últimas cifras. 

Disgregado por sectores, el ámbito que incluye la hostelería ha pasado de los 6,1 millones a los 15 millones de hace dos años y las actividades inmobiliarias de rozar el millón a superar los seis millones. En cuanto a la remuneración de los asalariados se ha duplicado, pasando de los 7,5 millones en los 2000 a los 19 millones de la actualidad. Sin embargo, en ese lapso de tiempo también ha habido un crecimiento poblacional inusitado. 

Un destino atractivo para residir

“El motivo principal es que la comunidad -en la región mediterránea, con buen clima- atrae una gran cantidad de población”, señala Puig. Por lo que el número de habitantes se incrementa. Así, Balears, Catalunya, la Comunitat Valenciana o Canarias forman parte de un conjunto de economías caracterizadas, desde principios del siglo XXI, por un excepcional crecimiento demográfico protagonizado por la inmigración y este comportamiento “pobrísimo” de la renta per cápita. Siendo, entre todas ellas, Balears, la que protagonizó a partir de los 2000 un flujo migratorio “enorme”.

En julio de 2022, las Illes Balears contaban con algo más de 1,23 millones de residentes. De ellos, unos 886.500 eran de origen español, mientras que alrededor de 345.700 eran población extranjera. Desde entonces, la población residente ha seguido creciendo y ya alcanza en el archipiélago los 1.251.747 habitantes, según el INE. La cifra sitúa a las islas como la tercera comunidad autónoma con mayor crecimiento poblacional de toda España, solo por detrás de Aragón (0,91 %) y la región valenciana (0,50 %).  

La mayor parte de los residentes extranjeros provienen de países europeos: unos 106.900 tienen nacionalidades de otros países de la Unión Europea (UE) y alrededor de 36.400 proceden de países europeos que no forman parte de la UE, según la misma fuente estatal. Por detrás se sitúa la población procedente de América Latina, con unos 137.800 residentes entre Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. También hay unos 41.000 africanos; 17.500 asiáticos; 4.600 americanos del Norte y unas 800 personas originarias de Oceanía.

Mientras la población crece, la productividad del territorio baja, arroja el informe Fénix. Esto sucede porque los salarios se mantienen relativamente bajos frente al estándar de vida general, lo que repercute en una pérdida de capacidad económica por parte de la clase media. La manifestación más clara de este fenómeno es la dificultad o la imposibilidad de encontrar una vivienda por los desorbitados precios, y unos servicios públicos cada vez más “colapsados” debido a la alta demanda. 

El turismo ‘low cost’ y Airbnb

También se relaciona con un exceso de plazas turísticas tanto en Balears -especialmente en las Pitiusas- como en Catalunya y otras comunidades con municipios muy entregados a la industria del turismo de masas. A partir del 2000, el número de turistas se dispara por razones diversas, como el modelo de turismo ‘low cost’ y la aparición de plataformas como ‘Airbnb’, lo que generó una vasta oferta turística irregular no sujeta a los convenios colectivos del sector de la hostelería. Esto provocó que desapareciera el impacto positivo que el turismo había tenido en la productividad hasta el momento.

Este impacto positivo se mantuvo durante el periodo en que personas subocupadas en sectores muy poco productivos –como la agricultura– accedieran a un puesto de trabajo remunerado de acuerdo con estos convenios. En las últimas décadas, por el contrario, la creación de puestos de trabajo por parte del turismo se ha hecho en base a convenios que establecen salarios demasiado bajos si se tiene en cuenta lo alta que es la productividad de la economía en general.

Esto repercute, además de en un empeoramiento de la calidad de vida de la clase trabajadora, que no se puedan generar los recursos necesarios para financiar el buen mantenimiento y la expansión de los servicios públicos insulares. En ese sentido, el informe incluye el concepto de los sectores subvencionados, que son precisamente los sectores económicos que tienen unos salarios tan bajos que no llegan a pagar los impuestos para cubrir sus propios gastos al sistema público. En el caso balear, la hostelería; el principal músculo de la economía.

El acto durante el que se presentó el informe corrió a cargo del empresario y economista Joan Serra Mayans, también exconseller de Política Empresarial i Activitats del Consell d'Eivissa. Allí se arrojó una conclusión nada sorprendente: que las islas están siguiendo un camino “equivocado” y que, por lo tanto, se tiene que revertir el modelo turístico para convertirlo en un sector más productivo, lo que pasaría por reducir el número de plazas turísticas y por incrementar el salario de los trabajadores. 

Marga Torres (Eivissa, 2002) es una de las caras visibles de una nueva generación que quiere revertir los procesos más nocivos de la turistificación en Eivissa. La Asociación de Jóvenes de la isla que preside convocó este domingo una manifestación contra el proyecto de ampliación del aeropuerto, que movilizó a más de 5.000 personas. Se trata de una de las manifestaciones más importantes de las últimas décadas, junto a las que sacaron a la calle también a miles de personas en contra de los proyectos de plataformas petroleras frente a las costas pitiusas, así como las que protestaron contra las autopistas que ahora unen diferentes puntos de la isla.

Torres atiende a elDiario.es para analizar el proyecto de Aena y desgranar algunos de los principales problemas que, a su juicio, afronta la isla. Desde la dificultad de los jóvenes para emanciparse hasta la pérdida del catalán, pasando por la presión turística, la degradación ambiental y la dependencia del vehículo privado. “Al final, la vivienda es el principal factor que marca la desigualdad en Eivissa”, sostiene. Y añade: “Hemos crecido en un territorio que no es demasiado amable con los jóvenes”.

¿Por qué deciden crear la Associació Joves d’Eivissa?

La idea surgió hace un año y medio, básicamente porque un par de amigas que éramos de Sant Rafel (municipio de Sant Antoni de Portmany) estábamos en contra de un proyecto que planteaba hacer una especie de ronda de circunvalación del pueblo y una nueva carretera que uniera dos rotondas. Querían crear nuevas carreteras, además una donde la velocidad máxima era de 100 kilómetros por hora y que tenía que pasar por suelo rústico y junto a viviendas.

Simplemente fue una conversación entre amigas de toda la vida. Éramos cuatro o cinco y dijimos: “Nos están destrozando nuestro territorio”. Quizá fue un proyecto que nos tocaba tan de cerca que nos hizo despertar y pensar: “¿Por qué no creamos una asociación de jóvenes?” Al principio nos planteamos si hacerlo de Sant Rafel o de toda Eivissa. Vimos que era mejor idea hacerlo de toda Eivissa.

La asociación nació porque un par de amigas de toda la vida estábamos en contra de un proyecto para crear nuevas carreteras. Dijimos: 'Nos están destrozando nuestro territorio'

El otro día hubo una manifestación histórica contra el proyecto de ampliación del aeropuerto. Es curioso porque este tipo de protestas las han convocado históricamente grupos más arraigados en el territorio. En este caso, una asociación de jóvenes como la suya ha liderado la convocatoria y protesta. ¿Qué valoración hacen?

Hacemos una valoración muy positiva. Vino muchísima gente y, lo más importante de todo, es que había mucha gente joven, pero también personas de todas las edades: mayores, adultos... Había de todo. Además, no era gente de un único espectro político. No era solo gente de izquierdas, sino que estaba muy bien representada toda la sociedad ibicenca. No solo personas nacidas en Eivissa, sino también gente de otras procedencias. La Policía Nacional cifró la participación de 2.000 personas, pero éramos más de 5.000 seguro.

Se ha comentado que este proyecto de Aena probablemente debería pasar por una evaluación de impacto ambiental, que no se ha presentado. ¿Se han planteado presentar alegaciones o actuar por esta vía?

Primero estamos a la espera de ver si Aena reacciona. De momento, creo que esta mañana [este miércoles] he leído que hay silencio sepulcral por parte de Aena. Pero ya se había empezado a actuar contra los vertidos de fecales en el Parc Natural de ses Salines y en la playa de es Codolar por parte de Alianza por el Agua y de las asociaciones de vecinos de la zona. La Fiscalía lo está investigando. Obviamente, si siguen saliendo noticias así, nosotros daremos apoyo a estas entidades y, si hace falta, también lo denunciaremos.

¿Cuál es la propuesta de la Associació Joves d’Eivissa para el aeropuerto?

Simplemente somos conscientes de que se tienen que mejorar muchas infraestructuras internas de Aena. Primero de todo, el sistema de saneamiento. También los trabajadores del propio aeropuerto, especialmente las limpiadoras, se quejan mucho de cómo funcionan los baños. La infraestructura interna, obviamente, se tiene que actualizar porque es muy precaria y no funciona. Pero, obviamente, nosotros estamos totalmente en contra de ampliar las puertas, de todo lo que suponga ampliar hacia el exterior y también de ampliar la zona VIP y crear una zona para vuelos de fuera, una zona Schengen.

Estamos totalmente en contra de ampliar las puertas, de todo lo que suponga ampliar hacia el exterior y también de ampliar la zona VIP y crear una zona para vuelos de fuera, una zona Schengen

A partir de 2011-2012, con una modificación de la ley turística conocida como Ley Delgado, empiezan a promoverse las actividades complementarias en los hoteles. Llegan los hoteles-discoteca y proliferan los beach clubs. Con este tipo de establecimientos hoteleros se intensifica esa idea de una Eivissa orientada hacia el lujo. Por otro lado, ahora mismo parece que incluso sectores conservadores, empresariales y patronales hoteleras empiezan a ser conscientes de que existe una saturación turística importante. Se habla mucho de “calidad y no cantidad”, siendo calidad sinónimo de lujo. ¿Qué piensan de esta transformación?

Nosotras pensamos que no tiene nada que ver turismo de calidad con turismo de lujo. Al final, el turismo de lujo va dirigido a un perfil muy concreto: personas con una alta capacidad económica, personas que vienen totalmente desarraigadas del territorio. Gente que simplemente va a un hotel de cinco estrellas o a un agroturismo carísimo en medio de la nada y paga un dineral. Al final, todos estos beneficios que, como muy bien dicen las administraciones, hacen que cada vez vengan menos turistas, pero que el gasto sea más alto por visitante. Esto no se puede mirar solo en valores absolutos. Hay que ver si esos beneficios, esa riqueza que se está creando, se están repartiendo entre la población.

Lo que se está viendo es que hace 30 años que los salarios de los trabajadores turísticos no están subiendo al mismo nivel que el gasto. Así que lo que está pasando es que este turismo de calidad o lujo, esta estrategia de subir los precios, no se está reflejando en los salarios de los trabajadores turísticos. Entonces, ¿turismo de calidad para quién? ¿Para los trabajadores? ¿Para la gente que visita? Ya sabemos que el turismo de lujo y los hoteles son los que más recursos hidráulicos consumen, los que más territorio ocupan y los que más privatizan también espacios públicos. Así que nosotros estamos totalmente en contra.

Hace 30 años que los salarios de los trabajadores turísticos no están subiendo al mismo nivel que el gasto. Así que lo que está pasando es que este turismo de calidad o lujo, esta estrategia de subir los precios, no se está reflejando en los salarios de los trabajadores turísticos. Entonces, ¿turismo de calidad para quién?

¿Qué impacto piensan que tiene sobre la vivienda?

Nosotras pensamos que son procesos de gentrificación. Al final, si llegan visitantes con un poder económico mucho más alto, lo que hacen es desplazar a la gente que no se lo puede permitir. Y si se van ocupando cada vez más espacios a los que hay que acceder pagando un precio alto, la gente que no puede acceder se ve fuera.

Muchos visitantes que suelen venir a Eivissa en verano ya no pagan un dineral por un hotel, sino que directamente se compran una segunda residencia porque se lo pueden permitir. Y estas segundas residencias, obviamente, salen del mercado para los residentes, porque no se lo pueden permitir, y lo que genera es una expulsión de residentes y de trabajadores ibicencos.

¿Piensan que se deberían explorar fórmulas para prohibir la compra masiva de vivienda por parte de capital extranjero?

Sí, totalmente. En Eivissa se invierte demasiado y se especula demasiado con la vivienda. Al final tenemos los precios por metro cuadrado más altos de prácticamente toda Europa y de España. Se tiene que limitar. Las administraciones públicas tienen competencias para hacerlo, pero lo que creemos es que no interesa parar toda esta especulación, por toda la inversión que genera. Nosotras creemos que se debería declarar Eivissa como zona tensionada de vivienda y que se debería establecer un precio límite.

En Eivissa se invierte demasiado y se especula demasiado con la vivienda. Al final tenemos los precios por metro cuadrado más altos de prácticamente toda Europa y de España

De la mayoría de los integrantes de la asociación, ¿pueden vivir en Eivissa de forma independiente o sin ayuda de los padres?

De forma independiente, ninguno de nosotros. Cuando venimos en verano, lo que hacemos es vivir en casa de nuestros padres y después ir a estudiar o trabajar fuera. Sí que hay un par de personas que se han quedado en Eivissa, pero viven con sus padres. No vemos la oportunidad de irnos de casa o simplemente de ir a un piso de alquiler para compartir con un par de amigos. Eso ya ni se busca, porque lo vemos imposible.

La única opción que tienes es haber tenido suerte, haber tenido una herencia o que tus padres tengan más de una casa y no la pongan en alquiler turístico. Yo creo que, al final, la vivienda es el principal factor que marca la desigualdad en Eivissa. Seas joven, seas mayor o seas adulto, si tienes más de una vivienda disponible, te cambia la vida en Eivissa. Puedes tener mucha más capacidad económica y vivir más tranquilo.

La única opción que tienes es haber tenido suerte, haber tenido una herencia o que tus padres tengan más de una casa y no la pongan en alquiler turístico

Además de los problemas de vivienda, ¿qué otros temas les preocupan más?

Por ejemplo, la cultura y la lengua. Nos preocupa mucho cómo se está perdiendo el catalán en Eivissa, porque cada vez nos más sentimos extranjeros en nuestra propia casa. Que no puedas ni dirigirte a alguien en ibicenco –dialecto del catalán– y que te miren mal.

Nos preocupa mucho cómo se está perdiendo el catalán en Eivissa, porque cada vez nos más sentimos extranjeros en nuestra propia casa. Que no puedas ni dirigirte a alguien en ibicenco –dialecto del catalán– y que te miren mal

También el tema del medio ambiente, que está muy relacionado con el turismo. Es verdad que cada vez hay más degradación de los espacios naturales en Eivissa. Las playas están menos cuidadas, las dunas desaparecen y no parece que haya nadie detrás. Incluso en el Parc Natural. Nosotras creemos que el parque natural también debería tener un (mejor) órgano de gestión, porque vemos que está medio abandonado. Por ejemplo, en el tema de los vertidos, no se está denunciando desde la propia Administración o desde la gestión del Parque, sino que lo tienen que hacer los propios vecinos.

La movilidad también nos preocupa mucho. Al ser jóvenes, si no tienes coche no te puedes mover por Eivissa. Es un lugar donde, desgraciadamente, se depende mucho del vehículo privado y todavía falta mucho tejido de transporte público y muchas frecuencias.

También las condiciones laborales. Estaría bien hacer algunas jornadas e invitar a gente que hable sobre cómo podemos gestionar nuestros primeros trabajos, por ejemplo, hacer más formación. No solo sobre condiciones laborales, sino también formación contra el racismo, contra la xenofobia y contra el machismo. Tenemos muchas ganas de poder hacer charlas y conferencias con un objetivo más educativo.

¿Faltan espacios para los jóvenes en Eivissa?

Sí, totalmente. De hecho, es que no tenemos ninguno. Nos encantaría tener un local propio, pero no creo que se pueda hacer. Al final hemos crecido en un territorio que no es demasiado amable con los jóvenes.

También lo vemos mucho en el ocio. Al final, cuando sales de Eivissa, muchas de nosotras hemos visto que es posible tener una vida de barrio: poder salir a la calle, ir a una tienda, crear proyectos para la gente joven y tener espacios que podamos utilizar. Aquí hemos visto que no. Sí que está el C19 (Centro de Creación Joven) y un par de oficinas de atención a la juventud, pero no están muy concurridas.

Nosotras tampoco tenemos espacios para quedar como tal, ni tenemos ateneos públicos o lugares así que en otras zonas de Balears y de Catalunya, por ejemplo, sí que hay.

Usted es geógrafa. ¿De qué manera influye su profesión a la hora de montar una asociación como esta y de analizar la realidad social de Eivissa?

Creo que me ha influido mucho porque, al final, parece que no, pero Geografía es una carrera que mezcla territorio y sociedad. Aprendes muchas cosas del territorio desde una visión más física, de entender la biodiversidad, pero también ves que en este territorio coexisten personas que viven en sociedad y desarrollan sus dinámicas sobre el territorio.

Esta carrera creo que me ha ayudado bastante a entender las dinámicas territoriales que se llevan a cabo en Eivissa desde un punto de vista ambiental y urbanístico. Me ha ayudado a entender cómo funcionan los planes territoriales y a entender que Eivissa debería tener ya un plan estratégico de turismo a nivel insular y que se tiene que hacer una reunificación de los usos turísticos.

También me ha ayudado mucho a reclamar que se tiene que incorporar la participación ciudadana en los procesos públicos. Lo que veo mucho en Eivissa es que se van haciendo planes, se publican y entonces se presentan alegaciones, pero cuesta mucho que esta participación ciudadana esté presente en una fase todavía de planificación de los proyectos.

Y creo que es algo que al final tiene mucho que ver con el modelo de turismo de masas que hemos tenido desde el principio, desde los años 60, cuando se programó todo sin ningún tipo de planificación y mucho menos con la participación de la gente que vivía allí.

Si mañana pudieran llevar a cabo tres medidas que se aplicaran de forma inmediata en Eivissa, ¿cuáles serían?

Declarar Eivissa zona tensionada (para poder fijar topes en los alquileres) y crear viviendas de protección oficial que no sean de compraventa, sino de alquiler, y que no puedan salir al mercado libre. Estamos en contra de la ampliación del aeropuerto y de todo lo que suponga aumentar las infraestructuras de acceso a la isla. Porque todo lo que sea construir para que venga más gente es como si construimos más carreteras: vendrán más coches.

Además, queremos parar también todo lo relacionado con los proyectos de peatonalización que se están empezando a llevar a cabo en los pueblos de Eivissa. Porque, desde un punto de vista más geográfico, al final todas estas obras públicas que generan unas inversiones gigantescas lo que hacen es gentrificar la zona. Esta era la principal razón por la que estábamos en contra de la nueva rotonda de Sant Rafel: porque querían peatonalizar el pueblo. Cuando, como ha pasado en Santa Gertrudis, lo que ha ocurrido es que se ha gentrificado totalmente.

Y es algo que el Consell Insular quiere ir haciendo en todos los pueblos. Al final no es que quieran crear una vida de pueblo donde no ha habido vida de pueblo como tal por cómo están territorialmente creados los pueblos. Y, evidentemente, beneficia a un par. Y esos pares están muy claros.

El Govern balear inspeccionará 74 promociones de vivienda protegida y de precio limitado hasta 2027 para detectar posibles fraudes, situaciones de sobreocupación e infraviviendas, así como incumplimientos relacionados con los alquileres y la compraventa de estos inmuebles.

El plan contempla actuar sobre 60 promociones en Mallorca, diez en las Pitiusas y cuatro en Menorca, según ha explicado este miércoles el director general de Vivienda y Arquitectura, José Francisco Reynés. Las promociones ubicadas en municipios turísticos tendrán prioridad durante la temporada alta, con el objetivo de detectar también posibles casos de uso turístico ilegal de viviendas protegidas.

Una de las prioridades del Ejecutivo será perseguir la sobreocupación y las infraviviendas, especialmente en el parque residencial libre. Según ha explicado Reynés, el Govern ya ha detectado casos de trasteros y locales comerciales utilizados como viviendas, así como inmuebles en los que una sala de estar ha sido dividida en cuatro habitaciones para alojar a más personas.

En concreto, la sobreocupación se produce cuando en una vivienda reside un número de personas superior al permitido por su cédula de habitabilidad. La infravivienda, por su parte, incluye situaciones en las que espacios que no tienen consideración de dormitorio -como determinadas estancias, locales o trasteros- se transforman en habitaciones o se alquilan como tales. Ambas situaciones pueden coincidir en una misma vivienda, según el Govern.

El director general ha señalado que estos problemas son especialmente frecuentes en las islas en las que el crecimiento de la población ha sido superior al aumento del parque residencial. Eivissa concentra el mayor número de casos detectados.

Multas de hasta 30.000 euros

La Administración asegura que en los primeros seis meses de este año ha realizado 40 inspecciones, más que las efectuadas durante los cinco años anteriores. Desde 2022, el número acumulado asciende a 120 viviendas inspeccionadas. Las infracciones pueden ser calificadas como graves o muy graves y conllevar multas de entre 3.000 y 30.000 euros, en función de su gravedad.

Las inspecciones no se limitarán a comprobar quién ocupa cada vivienda. Los técnicos revisarán el visado de los contratos, los precios de alquiler y compraventa, los requisitos que deben cumplir los adjudicatarios y el cumplimiento de los derechos de tanteo y retracto cuando se produzca una transmisión. El Govern prevé además inspeccionar al menos diez viviendas de precio limitado que ya figuran inscritas en el registro correspondiente.

La campaña también pretende comprobar el cumplimiento de las condiciones de habitabilidad y detectar posibles infracciones relacionadas con grandes tenedores, el pago de los gastos de las comunidades de propietarios, la normativa de los agentes inmobiliarios o el depósito de las fianzas de alquiler.

Aunque el grueso de las actuaciones se dirigirá a viviendas protegidas y de precio limitado, también podrán inspeccionarse viviendas libres cuando exista una denuncia previa de particulares o de alguna administración.

Más controles sobre la vivienda protegida

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha defendido la necesidad de reforzar la vigilancia sobre el parque residencial protegido y ha asegurado que el Govern es “consciente” del desafío que supone el acceso a la vivienda en las Islas.

Mateo ha reivindicado las inspecciones como una herramienta para controlar la oferta residencial y garantizar que las viviendas protegidas cumplen la función para la que fueron calificadas. El Ejecutivo sostiene que la campaña pretende proteger a quienes cumplen con sus obligaciones y perseguir los incumplimientos.

El plan incluye además una campaña informativa sobre la normativa de vivienda, las infracciones y las sanciones previstas, así como la difusión del canal de denuncias habilitado por el Govern para que los ciudadanos puedan comunicar posibles irregularidades.

La Policía Local de Sant Josep (Eivissa) ha precintado dos apartamentos que se estaban destinando al alquiler turístico ilegal.

En sus redes sociales, la Policía ha explicado que estas actuaciones forman parte del trabajo que desarrolla de manera constante y coordinada con el Departamento de Intrusismo del Consell Insular d'Eivissa.

Se trata, según ha afirmado, de una colaboración “imprescindible” para detectar, comprobar y actuar frente a aquellas actividades que se desarrollan al margen de la normativa.

Desde la Policía han reiterado que el uso irregular de viviendas como alojamientos turísticos puede contribuir a reducir el número de inmuebles disponibles para residencia habitual.

Varios establecimientos de hostelería de Manacor han sido sancionados con un total de 9.000 euros por tener a tres trabajadores sin estar dados de alta en la Seguridad Social.

Así lo ha explicado la Policía Nacional que detalla que el Grupo Operativo de Extranjeros realizó el pasado 17 de septiembre tres inspecciones en establecimientos de este municipio mallorquín, en el marco de las actuaciones destinadas a prevenir la explotación laboral y comprobar la situación administrativa de los trabajadores.

Durante estas inspecciones, se localizó a tres personas trabajando sin estar dadas de alta en la Seguridad Social, por lo que la Inspección de Trabajo inició los correspondientes expedientes sancionadores, con una cuantía mínima de 3.000 euros por trabajador.

Además, en uno de los establecimientos se localizó una cantidad importante de dinero en efectivo, mientras que en otro se levantó un acta por tenencia de sustancias estupefacientes.

Las actuaciones se realizaron en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con el objetivo de comprobar las condiciones laborales y administrativas de los trabajadores y prevenir posibles situaciones de explotación laboral.