La odisea de Alejandra, entre contratos temporales y subalquileres en Ibiza: “No pido nada por miedo”

Diciembre de 2020. El mundo vivía una de las peores crisis sanitarias por la pandemia de coronavirus. En este contexto, Alejandra (nombre ficticio), de 31 años, cambió el archipiélago canario por el balear en busca de oportunidades laborales. Tuvo que abandonar Gran Canaria por falta de trabajo como consecuencia de la COVID-19. En Eivissa viven sus primos y sus tíos. “Suponía mi lugar más seguro”, explica. Así empezó su odisea por la vivienda: cinco mudanzas en cinco años. Prácticamente, ningún casero le ofreció un contrato de alquiler, por lo que su seguridad habitacional es inexistente. Este es el motivo por el que decide hablar, pero con la condición de preservar su identidad.

Llegó a España viajando desde Argentina. Sus abuelos son italianos, por lo que nunca ha tenido problemas para trabajar legalmente en el país. Contable de profesión, en Canarias estuvo trabajando como camarera. Al aterrizar en Eivissa, se quedó en casa de sus tíos. Más tarde, encontró un piso en Talamanca —zona turística con playa urbana que separa el municipio de Santa Eulària de la capital—. Mejor dicho, una habitación por la que pagaba 350 euros.

Era otro contexto, condicionado por la pandemia: es un precio que ahora consideraríamos muy asequible. Lo muestra una visita rápida por uno de los portales inmobiliarios más famosos: solo se alquila un piso por menos de 1.100 euros. Son 80 metros cuadrados por dos habitaciones. El problema es que solo se ofrece por tres meses, a partir de este mes de enero.

“Vivíamos cuatro personas en un piso de tres habitaciones: una pareja, un chico y yo. Pagaba 350 euros por la habitación, que era la más pequeña. Era una habitación mediana tirando a pequeña”, afirma Alejandra. El contrato estaba a nombre del chico, por lo que ella no aparecía. “No me lo plantearon, pero tampoco lo pedí”, atestigua.

Es una situación muy común: los inquilinos, por miedo a molestar al casero, suelen pedir cuanto menos mejor, pese a que un caso como este se resuelve redactando un anexo al contrato principal. “Creo que muchas veces no se hace por miedo: miedo a molestar al propietario, a que te suban el alquiler o te pidan que te vayas”. “Se intenta pedir lo menos posible para no generar problemas”, reconoce. En este caso, quien “subalquilaba” era amigo suyo, por lo que no lo hacía con una finalidad lucrativa, como ocurre en otros casos.

Muchas veces no se pide contrato por miedo a molestar al propietario, a que te suban el alquiler o te pidan que te vayas

Alejandra — Residente en la isla

“Me dijo que quería mudarse con su familia”

Pasó un año y medio en ese piso. En diciembre de 2022, el propietario anunció que no renovaría el contrato. “Explicó que quería reformarlo para mudarse con su familia”, narra Alejandra. Es una de las excusas clásicas que utilizan quienes especulan con la vivienda: se liquida el contrato para poner el piso en el mercado a un precio más alto. “La reforma se hizo, pero él nunca llegó a ocuparlo. Fue alquilado de nuevo”, atestigua.

Tras esa primera mudanza, encontró una habitación en la capital ibicenca, en un piso donde la propietaria vivía con su hija. Alejandra pagaba 450 euros por la habitación. El espacio era amplio y tenía un baño solo para ella. Esta fue la única vez que tuvo un contrato a su nombre, pero era temporal: la condición era que en abril de 2023 tenía que abandonar el piso. Solo pudo estar cuatro meses. 

—¿Por qué alquilaba solo cuatro meses?.

—Porque la dueña quería recuperar la habitación en verano para alquilarla a turistas.

Sin embargo, la legislación autonómica prohíbe el alquiler turístico en edificios residenciales en la isla de Eivissa. Solo se pueden alquilar turísticamente las casas y apartamentos vacacionales que dispongan de la licencia que otorga el Consell Insular. Los propietarios que alquilan —turísticamente— sus viviendas saben que es ilegal, pero se benefician en ocasiones de la falta de inspectores. O de la imposibilidad de poner a un funcionario detrás de cada ilegalidad que se comete en materia de vivienda.

La legislación prohíbe el alquiler turístico en edificios residenciales en la isla de Eivissa, pero los propietarios se benefician de la falta de inspectores

La empresa le alquiló una habitación

En abril de 2023, Alejandra se muda a Sant Antoni de Portmany, municipio ubicado en el centro-oeste de la isla. La empresa para la que trabajaba tenía un piso alquilado —esta es otra práctica cada vez más habitual— y ofrecía habitaciones a sus trabajadores, lo que le permitió mudarse a una de ellas de forma temporal. “En octubre tenía que dejarla porque la dueña vivía en el piso durante el invierno”, explica. Durante esos meses, pagó 600 euros por su cuarto: muy pequeño en comparación con el tamaño de la vivienda. Compartía con dos personas más. El alquiler total ascendía a unos 2.400 euros. La empresa asumió una parte de él.

Cuando finaliza este contrato, Alejandra inicia otra mudanza. En este caso, a Cala de Bou, una zona turística cercana al núcleo de Sant Antoni, pero que pertenece al municipio vecino, Sant Josep de Sa Talaia. “Es un piso de una mujer, que también es dueña de la casa, y alquila dos habitaciones”, comenta. La casa, detalla, era muy grande. Tanto los espacios comunes como las habitaciones y la terraza. La propietaria también vivía en la vivienda. Sin embargo, no había contrato y el pago se hacía en efectivo. Es una estrategia habitual para evitar declarar la renta ante la Agencia Tributaria. 600 euros en metálico.

850 euros por subalquilar

“Dejé la habitación porque encontré un piso en Sant Antoni para vivir sola”, comenta. Eso ocurrió en noviembre de 2024. Se trata de un estudio de 40 metros cuadrados. El precio inicial era de 670 euros, gastos aparte. Un monto por debajo de mercado, teniendo en cuenta que la especulación inmobiliaria no cesa. En un conocido portal inmobiliario digital solo se ofertan siete pisos en el municipio, todos de temporada, por 1.000 euros o menos. Todos, excepto uno, tienen una habitación. La mayoría de ellos cuentan con cláusulas abusivas o ilegales.

Alejandra tampoco tiene contrato de alquiler en el piso en el que vive ahora. Otra persona, que tampoco es la titular de la vivienda, se lo realquila. “Me avisó hace un mes –el mismo que vencía el contrato— de que se renovaba el contrato a su nombre y que yo podía seguir”, manifiesta. A partir de enero, el precio es de 850 euros, gastos aparte. Ni siquiera ha podido leer el contrato, por lo que no sabe si esos 850 euros son la cifra exacta que figura en el documento. Tampoco negoció nada con la propiedad.

Alejandra tampoco tiene contrato de alquiler en el piso en el que vive ahora. Otra persona, que tampoco es la titular de la vivienda, se lo realquila. A partir de enero, el precio es de 850 euros, gastos aparte

A diferencia del primer piso en el que vivió, en Talamanca, donde la habitación se la subalquilaba un amigo, en este caso no tiene trato con la subarrendadora, más allá del acuerdo verbal de pagar, mes a mes, la cantidad pactada. “Ella siempre me ha dejado muy claro que si necesita volver al piso, me tengo que ir”, lamenta. La otra gran diferencia son los precios: de los 350 euros que pagó en su primer piso a los 850 euros actuales. 500 euros más en pocos años.

“Personalmente, he notado un cambio muy brusco en estos cinco años”, asegura. Y, pese a todo, se siente afortunada por vivir sola y pagar un precio que todavía se puede permitir. “Me encanta Ibiza”, reconoce, pero se pregunta cuál es el coste máximo que está dispuesta a pagar para seguir viviendo en la isla. En sus primeros cinco años ha pasado por cinco pisos, la mayoría de ellos temporales, o, cuando no lo eran, en condiciones irregulares o sin garantías de seguridad. “Tengo claro que no pagaría cualquier precio. Tampoco estoy segura de si estaría dispuesta a volver a compartir piso a estas alturas de mi vida”. “La vivienda es la razón principal por la que podría irme de la isla”, reconoce.

Precios disparados

Balears es la segunda provincia con los precios de la vivienda más caros: 3.518,2 euros por metro cuadrado, según datos del último informe del Observatorio de Vivienda y Suelo, elaborado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Encabeza Madrid, con 3.630,9 euros por metro cuadrado; tras Balears, aparece Gipuzkoa, con 3.115,7 euros por metro cuadrado; Barcelona, con 2.920,9 euros por metro cuadrado y Bizkaia, con 2.728,8 euros por metro cuadrado. En los últimos diez años, Balears es la región en la que los precios se han incrementado más: un 82,4%, según los mismos datos.

Los precios de la vivienda se han vuelto a disparar en el último trimestre de 2025: un 12,8% en todo el territorio nacional, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Por comunidades autónomas, los precios han experimentado una mayor subida en términos interanuales en Murcia (15% más), Aragón (14,6%), Castilla y León (14,4%), Madrid (14,2%) y La Rioja (14,1%), como informó elDiario.es. En Asturias, Galicia y València las subidas también han estado por encima de la media, con un 13,5, un 13,4 y un 13,1%. Balears registró una subida de un 12,8%, respecto al mismo periodo del año anterior. El resto son Cantabria (12,6%), Extremadura (12,5%), Andalucía (12,4%), Canarias (12,2%), Castilla-La Mancha y Euskadi (11,6%), Catalunya (11,3%) y Navarra (10,9%).